Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)POR TANTO
Se acoge el allanamiento expresado por la parte demandada, declarándose en consecuencia la demanda parcialmente con lugar, en los siguientes términos: se procede a declarar que: 1.- El inmueble que se identifica con el Plano de Catastro A-259229-1995 (a nombre de José Luis Matamoros Araya), tiene una afectación de área de reserva de dominio según lo normado en el artículo 31 de la Ley de Aguas, por encontrarse localizado en un área de fragilidad ambiental en la sección superior de la cuenca del Río Barranca, se encuentra limitado para la realización de actividades que pongan en riesgo dicha fuente, de ahí que se estime de relevancia notificar la presente sentencia al Juzgado Agrario del III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) para lo de su competencia. 2- Existe un traslape entre el plano utilizado para la información posesoria N° A-259229-1995 (a nombre de José Luis Matamoros Araya) y el plano N°A-501573-1983 (del AyA), lo que en resguardo del principio de legalidad de no afectación de un bien de dominio público que, en este caso, es perteneciente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, finca inscrita en el Registro Público de la Provincia de Alajuela, matrícula folio real N°371602-000, cuya naturaleza es terreno para área de protección de la fuente Barrantes, no podría ser objeto de titulación por parte de un particular.
English (translation)THEREFORE
The acquiescence expressed by the defendant is accepted, and consequently the claim is partially granted, as follows: it is hereby declared: 1.- The property identified by Cadastral Map A-259229-1995 (under the name of José Luis Matamoros Araya) is affected by a reserve domain area under Article 31 of the Water Law, and because it is located in an environmentally fragile area in the upper basin of the Barranca River, it is restricted from any activities that could endanger that source; therefore, it is considered relevant to notify this ruling to the Agrarian Court of the III Judicial Circuit of Alajuela (San Ramón) for its consideration. 2.- There is an overlap between the map used for the possessory information No. A-259229-1995 (under the name of José Luis Matamoros Araya) and map No. A-501573-1983 (from AyA), which, in order to safeguard the principle of legality and prevent the impairment of a public domain asset that, in this case, belongs to the Costa Rican Water and Sewerage Institute, a property registered at the Public Registry of the Province of Alajuela, real folio entry No. 371602-000, whose nature is land for the protection of the Barrantes spring, cannot be titled to a private party.
Partially granted
Grande Normal Pequeña Tribunal Contencioso Administrativo Resolución Nº 10221 - 2025 Fecha de la Resolución: 29 de Octubre del 2025 a las 08:23 Expediente: 21-000179-0296-CI Redactado por: Manuela Guillen Salazar Texto de la resolución EXPEDIENTE: 21-000179-0296-CI - 2 PROCESO: Conocimiento ACTOR/A: AYA DEMANDADO/A: LAS GUIGUISAS N° 2025010221 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las ocho horas con veintitres minutos del veintinueve de octubre del dos mil veinticinco.- Proceso de conocimiento, interpuesto por Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados contra Las Guiguisas S.A. Intervienen en representación de la parte actora, como apoderado especial judicial, Álvaro Carballo Arce. En representación de la demandada, Luis Gonzalo Rodríguez Mora. Se dicta esta sentencia por unanimidad, previa deliberación. Redacta la Jueza Guillén Salazar, con el voto afirmativo de los jueces Reyes Castillo y Baltodano Gómez. CONSIDERANDO I.- ANTECEDENTES PROCESALES. - Historia procesal del expediente: 1. El 21 de julio del 2021, la parte actora presentó escrito de demanda solicitando las siguientes pretensiones: “1- Que se declare que el inmueble que se identifica con el Plano de Catastro A-259229-1995 (a nombre de José Luis Matamoros Araya), tiene una afectación de área de reserva de dominio según lo normado en el artículo 31 de la Ley de Aguas. Que dicho inmueble, por encontrarse localizado en un área de fragilidad ambiental en la sección superior de la cuenca del Río Barranca, se encuentra limitado para la realización de actividades que pongan en riesgo dicha fuente, por lo que debe denegarse el otorgamiento de la Información Posesoria en favor de Las Guiguisas, S. A. y, en consecuencia, debe ordenarse al Juzgado Agrario del III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) su archivo definitivo. 2- Que se declare la existencia de un traslape entre el plano utilizado para la información posesoria N° A-259229-1995 (a nombre de José Luis Matamoros Araya) y el plano N°A-501573-1983 (del AyA), que genera la imposibilidad de otorgamiento de la Información Posesoria solicitada, en acatamiento del principio de legalidad de no afectación de un bien de dominio público que, en este caso, es perteneciente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, finca inscrita en el Registro Público de la Provincia de Alajuela, matrícula folio real N°371602-000, cuya naturaleza es terreno para área de protección de la fuente Barrantes. 3.- Que se condene en ambas costas a la parte demandada (i. 393 a 409, 426 a 429, 434 a 439). 2. En auto de las diez horas veinticinco minutos del tres de junio de dos mil veintidós, se dio el traslado a la demandada (i. 448 a 449). 3. Al contestar, la parte demandada, se allana a las pretensiones 1 y 2 y solicita se le exonere del pago de costas (i. 479). 4. Ante consulta del Juez de Trámite, la parte demandada confirma el allanamiento a las pretensiones de la parte actora (i. 498). 5. Mediante resolución de las las diecisiete horas treinta y seis minutos del diecisiete de febrero de dos mil veinticinco, la persona juzgadora de trámite dispuso: "Tomando en cuenta que la parte demandada LAS GUIGUISAS se allanó las pretensiones de la parte actora, se procede a remitir este asunto al Tribunal de fondo para lo que en derecho corresponda”. En razón de lo cual no se realizó audiencia preliminar (i. 502). 6. Se dicta esta sentencia, previa deliberación de los integrantes del Tribunal, sin que se observen causales capaces de invalidar lo actuado. II.- ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA. Las Guiguisas S.A., por medio de su apoderada, presentó diligencias de Información Posesoria ante el Juzgado Agrario del III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, en fecha 8 de febrero del año 2021, las cuales se tramitan bajo el expediente número 21-00009-0993-AG. En dichas diligencias se pretende titular un área de TRECE MIL CIENTO SEIS METROS CON NOVENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS, de conformidad con el plano de catastro número A-DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE-1995. La propiedad que se pretende titular, identificada con el Plano de Catastro A-259229-1995, es colindante con la Naciente Bajo Barrantes 1 que se encuentra en propiedad AyA y es aprovechada para abastecimiento poblacional de agua potable. Según lo normado en el artículo 31 de la Ley de Aguas, y en consideración de la fragilidad ambiental que presenta la zona, por encontrarse en la sección superior de la cuenca del Río Barranca, y dada la conexión hidrogeológica superficial y subterránea, genera una afectación de área de reserva de dominio que incluye el inmueble de interés; tal y como se desprende del informe N° UEN-GA-2021-00616, de fecha 18 de marzo de 2021 del Área funcional de Cuencas Hidrográficas de la UEN Gestión Ambiental. En audiencia que se confiere a esta representación, nos apersonamos al proceso mediante gestión en línea en fecha 9 de abril de 2021 y por ampliación de dicho apersonamiento en fecha 11 de mayo del año en curso. En dichas gestiones se presentan los memorandos número UEN-GA-2021-00616 y UEN-PyC-2021-00745, respectivamente, mediante los cuales se manifiesta lo siguiente: a) Memorando UEN-GA-2021-00616 "(...) De acuerdo con nuestro criterio, esta propiedad presenta una alta fragilidad hídrica producto de que: 1.- El inmueble se encuentra en la sección superior de la cuenca de Río Barranca. 2.- La propiedad se encuentra afectada en su totalidad por la Zona de Reserva de Dominio] (artículo 31 Ley 276) de la naciente Bajo Barrantes N°1 de Piedades Sur de San Ramón de Alajuela, captada y aprovechada por el AyA. Por tanto, debido a las características biofísicas del inmueble descritas anteriormente, no se recomienda la titulación de este a particulares, sino por el contrario, se sugiere que se titule a nombre del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en resguardo a la normativa vigente en material ambiental, se hagan respetar y proteger las aguas y sus zonas de recarga y protección.” Memorando N° UEN-PC-2021-00745 "... Con base en lo indicado en el oficio de referencia, los estudios catastrales y registrales y montaje de plano y levantamiento realizado en el sitio, se indica lo siguiente: -El plano para información posesoria A-259229-1995, colinda al Norte con la finca 2-371602-000 propiedad de AyA, representada por el plano A-501573-1983. De acuerdo con el montaje, realizado utilizando como referencia el levantamiento de linderos existentes en sitio y ortofotos, existe traslape entre ambos planos. El lindero sur del plano A-501573-1983, finca 2-371602-000, propiedad de AyA, debe ser replanteado. Esto con el fin de que se ubique correctamente la cerca, ajustando el área en el sitio con lo indicado en dicho plano y con la información registral de la propiedad. -Al oeste del plano A-259229-1995, el colindante es el plano A-475333-1998, el cual no genero título, pero se realizó con el fin de reunir varias fincas propiedad de AyA y de representar el Área de Protección de las fuentes Bajo Barrantes. Entre estos planos no existe traslape, y no aparece haber afectación del plano A-259229-1995 sobre el área representada por el plano A-475333-1998. Por lo tanto, se indica que el plano A-259229-1995, en trámite de información posesoria promovido por Las Guiguisas S.A., afecta propiedad del AyA, todo de acuerdo con el montaje de los plano y el levantamiento de linderos en sitio. Por resolución de las ocho horas y cuarenta y tres minutos del nueve de junio de dos mil veintiuno, el Juzgado Agrario del III Circuito Judicial de Alajuela, ordena a esta representación dentro del término de un mes se presente Ordinario de Oposición para que las partes diriman sus derechos. Dicha resolución se notificó a esta representación en fecha 16 de junio del año en curso. La oposición fundada de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Información Posesoria, obedece al hecho de que por criterios técnicos la titulación a favor de la sociedad Las Guiguisas S.A., del área de terreno que dice poseer, se encuentra afectada a zona de reserva en un 100% de conformidad con lo expuesto en memorando UEN-GA-2021-00616 y a las características biofísicas del terreno. Además, se da una afectación directa a bienes de dominio público en parte del área que se pretende titular, esto de conformidad con lo expuesto en memorando UEN-PC-2021-745, el cual señala la existencia de un traslape entre el plano utilizado para la información posesoria, N° A-259229-1995 y el plano del AyA N°A-501573-1983, con lo cual se afecta un bien de dominio público perteneciente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, finca inscrita en el Registro Público de la Provincia de Alajuela, matrícula folio real N°371602-000, cuya naturaleza es terreno para área de protección de fuente Barrantes. Nos encontramos ante una afectación a bienes de dominio público de conformidad con el artículo 261 del Código Civil. El cual refiere que los bienes públicos se encuentran permanentemente destinados a un servicio de utilidad general, para que su provecho lo sea para todos y no para unos cuantos. De igual forma el artículo 262 del Código Civil dispone que los bienes de dominio público no se encuentran dentro del comercio de los hombres. En su propia naturaleza los bienes demaniales gozan de los principios de libertad, gratuidad, impersonalidad e igualdad, inmatriculación, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. También debe considerarse la normativa susceptible de aplicación al caso, sobre el carácter de dominio público de los terrenos circundantes a las fuentes o tomas de captación de agua potable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 inciso c) de la Ley de Tierras y Colonización, artículos 31 de la Ley de Aguas, numeral 2 de la Ley General de Agua Potable y artículo 18 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. "Artículo 31.- Se declaran como reserva de dominio a favor de la a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menos de doscientos metros de radio(…) "2.- Artículo 7 inciso C) de la Ley de Tierras y Colonización, Ley N° 2825. "Artículo 7°.- (.…) Se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo el domino privado, con título legítimo, los siguientes: c) Los terrenos ... situados en las márgenes de los ríos, arroyos y, en general, de todas las fuentes que estén en cuencas u hoyas hidrográficas en que broten manantiales, o en que tengan sus orígenes o cabeceras cualesquiera cursos de agua de los cuales se surta alguna población, o que convenga reservar con igual fin. En terrenos planos o de pequeño declive se considerará inalienable una faja de doscientos metros a uno y otro lados de dichos ríos, manantiales o arroyos; y en las cuencas u hoyas hidrográficas, una faja de terreno de trescientos metros a uno y otro lados de la depresión máxima, en toda la línea, a contar de la mayor altura inmediata" 3.- Ley General de Agua Potable, N° 1634 del 18 de setiembre de 1953: "Artículo 2°- Son del dominio público todas aquellas tierras que tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Ministerio de Salubridad Pública, consideren indispensables para construir o para situar cualquiera parte o partes de los sistemas de abastecimiento de aguas potables, así como para asegurar la protección sanitaria y física, y caudal necesario de las mismas. Corresponde al Ministerio de Salubridad Pública conocer de las solicitudes formuladas para construcción, ampliación y modificación de los sistemas de agua potable y recomendar al Ministerio de Obras Públicas la construcción, ampliación o modificación de aquellas de mayor necesidad, previo estudio de índices de mortalidad, parasitismo y otros". A esos fines, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados sustituye los Ministerios de Obras Públicas y Salubridad Pública. (Ley 2726, art. 2°, incisos f y h. 4.- La Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, N° 2726 de 14 de abril de 1961: "Artículo 18.- Todas las propiedades e instalaciones de los organismos del Estado que estén destinadas a la prestación de servicios relativos a la captación, tratamiento y distribución de aguas potables y evacuación de aguas servidas o pluviales en el país, son patrimonio nacional…" Con relación a esta clase de bienes la Sala Constitucional mediante los votos números 2000-10466 y 2002-038219, ha reiterado que gozan de especial protección, de manera que no son susceptibles de ser apropiados por particulares y ni siquiera por la Administración Pública. También mediante sentencia de dicho Tribunal Constitucional N.º 2006-005606, resolvió que tales bienes son de dominio público, inalienables, imprescriptibles e inembargables y fuera del tráfico jurídico. Con el croquis que se adjunta elaborado por el Área de Topografía de AyA, se realiza montaje mediante el cual se determina el traslape que tiene el plano de catastro número A-259229-1995. Dicho plano es el que pretende utilizar la sociedad Las Guiguisas S.A. para que se titule a su favor mediante la Información Posesoria que tramita bajo el expediente número 21-00009-0993-AG-4. Dicho montaje logra evidenciar la afectación sobre la finca propiedad del AyA, del Partido de Alajuela, matrícula Folio Real N° 371602-0000, representada por el plano A-501573 (i. 393 a 409). III.- ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA. La parte demandada, se allana a las pretensiones 1 y 2 y solicita se le exonere del pago de costas (i. 479). Ante consulta del Juez de Trámite, la parte demandada confirma el allanamiento a las pretensiones de la parte actora (i. 498) IV.- HECHOS PROBADOS. De importancia para resolver este asunto, se tienen como probados los siguientes hechos de interés: 1.- Que el inmueble que se identifica con el Plano de Catastro A-259229-1995 (a nombre de José Luis Matamoros Araya), tiene una afectación de área de reserva de dominio según lo normado en el artículo 31 de la Ley de Aguas. Que dicho inmueble, por encontrarse localizado en un área de fragilidad ambiental en la sección superior de la cuenca del Río Barranca, se encuentra limitado para la realización de actividades que pongan en riesgo dicha fuente (ver informe técnico UEN-GA-2021-00616, UEN-PC-2021-745, certificación literal finca 2-371602-000, planos catastros A-259229-1995, A-501573-1983 y A-475333-1998). 2- Que existe un traslape entre el plano utilizado para la información posesoria N° A-259229-1995 (a nombre de José Luis Matamoros Araya) y el plano N°A-501573-1983 (del AyA), es perteneciente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, finca inscrita en el Registro Público de la Provincia de Alajuela, matrícula folio real N°371602-000, cuya naturaleza es terreno para área de protección de la fuente Barrantes (ver informe técnico UEN-GA-2021-00616, UEN-PC-2021-745, certificación literal finca 2-371602-000, planos catastros A-259229-1995, A-501573-1983 y A-475333-1998). V.- SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Tal y como se detalló en el considerando primero de esta sentencia, la parte actora solicita: “1- Que se declare que el inmueble que se identifica con el Plano de Catastro A-259229-1995 (a nombre de José Luis Matamoros Araya), tiene una afectación de área de reserva de dominio según lo normado en el artículo 31 de la Ley de Aguas. Que dicho inmueble, por encontrarse localizado en un área de fragilidad ambiental en la sección superior de la cuenca del Río Barranca, se encuentra limitado para la realización de actividades que pongan en riesgo dicha fuente, por lo que debe denegarse el otorgamiento de la Información Posesoria en favor de Las Guiguisas, S. A. y, en consecuencia, debe ordenarse al Juzgado Agrario del III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) su archivo definitivo. 2- Que se declare la existencia de un traslape entre el plano utilizado para la información posesoria N° A-259229-1995 (a nombre de José Luis Matamoros Araya) y el plano N°A-501573-1983 (del AyA), que genera la imposibilidad de otorgamiento de la Información Posesoria solicitada, en acatamiento del principio de legalidad de no afectación de un bien de dominio público que, en este caso, es perteneciente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, finca inscrita en el Registro Público de la Provincia de Alajuela, matrícula folio real N°371602-000, cuya naturaleza es terreno para área de protección de la fuente Barrantes. 3.- Que se condene en ambas costas a la parte demandada”. Respecto de lo cual, la parte demandada expresó su allanamiento a las pretensiones 1 y 2 y solicitó ser exonerada del pago de las costas. Así las cosas, procedemos a analizar los presupuestos del allanamiento para el presente caso, teniendo en cuenta que el objeto de esta jurisdicción, tal y como se establece en el numeral primero del Código que rige la materia, es garantizar la legalidad de la función administrativa y la tutela de las situaciones jurídicas que puedan verse afectadas en el marco de las relaciones jurídico-administrativas. En el caso concreto del allanamiento, el Código de referencia establece en su artículo 114, requisitos que determinan su procedencia. Como primer aspecto, cuando la parte que expresa el allanamiento sea una Administración Pública, se impone como requisito sine qua non la presentación del acuerdo o resolución adoptada por el órgano competente, lo cual no viene al caso, debido a que el allanamiento procede de un particular. Por las implicaciones de esta figura, la intencionalidad del allanamiento debe ser expresa e inequívoca, de modo que pueda desprenderse de manera contundente el deseo de aceptar las pretensiones del actor. Incluso esa manifestación debe detallar si el allanamiento es total o parcial a fin de establecer la terminación íntegra o fragmentada del proceso. Al respecto es clara e inequívoca la voluntad de la parte demandada de allanarse a las pretensiones 1 y 2 de la actora, así lo indicó expresamente en su escrito de contestación de demanda y reiteró en escrito visible a imagen 498, respecto de lo cual este Tribunal no tiene duda alguna. Por otro lado, el inciso 4) del artículo 114 del CPCA, establece que la sola manifestación de aceptar las pretensiones del actor, no presupone de manera automática, la estimación del marco petitorio. En efecto, según lo dispone esa norma: "En caso de allanamiento, el Tribunal, sin más trámite, dictará sentencia, la cual será emitida de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si se infringe el ordenamiento jurídico". Lo anterior es derivación lógica del control de legalidad que por imperativo constitucional debe realizar esta jurisdicción contencioso administrativa. No podría ser de otra forma, pues a tono con esta finalidad de control, el juzgador no podría autorizar allanamientos que en el fondo, conlleven o supongan infracciones sustanciales al ordenamiento jurídico o dislocaciones al interés público, dado que ello se traduciría en el abandono de ese control de legalidad y el aval de conductas públicas contrarias a derecho, en beneficio de terceros, cuando es la Administración Pública quien se allana. Consecuentemente, ante la manifestación expresa de allanamiento, el Tribunal ha ponderado que lo pretendido en el fondo y constituye el objeto del proceso, se ajusta al parámetro de juridicidad. De la prueba presentada a los autos y lo dicho por la parte actora, lo cual ha sido aceptado y reconocido por la parte demandada se tiene que efectivamente el inmueble que se identifica con el Plano de Catastro A-259229-1995 (a nombre de José Luis Matamoros Araya), tiene una afectación de área de reserva de dominio según lo normado en el artículo 31 de la Ley de Aguas. Que dicho inmueble, por encontrarse localizado en un área de fragilidad ambiental en la sección superior de la cuenca del Río Barranca, se encuentra limitado para la realización de actividades que pongan en riesgo dicha fuente, por lo que al respecto considera este Tribunal que lo correspondiente es notificar al Juzgado Agrario del III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) la presente sentencia, para lo que corresponda respecto a su jurisdicción. De la misma forma se ha constatado la existencia de un traslape entre el plano utilizado para la información posesoria N° A-259229-1995 (a nombre de José Luis Matamoros Araya) y el plano N°A-501573-1983 (del AyA), lo que en resguardo del principio de legalidad de no afectación de un bien de dominio público que, en este caso, es perteneciente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, finca inscrita en el Registro Público de la Provincia de Alajuela, matrícula folio real N°371602-000, cuya naturaleza es terreno para área de protección de la fuente Barrantes, no podría ser objeto de titulación por parte de un particular. En razón de lo anterior, es criterio de este Tribunal, que en el presente caso, concurren todos los presupuestos normativos para que sea admitido el allanamiento, en tanto consta que la demanda es presentada por el AyA, entidad claramente legitimada para accionar en el presente caso y lo pretendido por la misma, se encuentra dentro de lo que permite el citado cuerpo normativo, sin que se vislumbre contradicción alguna con el ordenamiento jurídico. De ahí que, al amparo de lo peticionado por la parte actora en su escrito inicial, se procede a declarar que: 1.- El inmueble que se identifica con el Plano de Catastro A-259229-1995 (a nombre de José Luis Matamoros Araya), tiene una afectación de área de reserva de dominio según lo normado en el artículo 31 de la Ley de Aguas, por encontrarse localizado en un área de fragilidad ambiental en la sección superior de la cuenca del Río Barranca, se encuentra limitado para la realización de actividades que pongan en riesgo dicha fuente, de ahí que se estime de relevancia notificar la presente sentencia al Juzgado Agrario del III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) para lo de su competencia. 2- Existe un traslape entre el plano utilizado para la información posesoria N° A-259229-1995 (a nombre de José Luis Matamoros Araya) y el plano N°A-501573-1983 (del AyA), lo que en resguardo del principio de legalidad de no afectación de un bien de dominio público que, en este caso, es perteneciente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, finca inscrita en el Registro Público de la Provincia de Alajuela, matrícula folio real N°371602-000, cuya naturaleza es terreno para área de protección de la fuente Barrantes, no podría ser objeto de titulación por parte de un particular. En los extremos que no fueron expresamente concedidos, ha de entenderse denegadas las pretensiones de forma parcial. VI.- SOBRE LAS PRETENSIONES.- Por todas las consideraciones expuestas, lo que procede es acoger el allanamiento de la parte demandada y declarar parcialmente con lugar las pretensiones 1 y 2 en los términos indicados en el considerando anterior. La pretensión 3 se resolverá en considerando aparte. VII.- SOBRE LAS COSTAS. De conformidad con el artículo 197 inciso 1, no habrá condenatoria en costas para ninguna de las partes. POR TANTO Se acoge el allanamiento expresado por la parte demandada, declarándose en consecuencia la demanda parcialmente con lugar, en los siguientes términos: se procede a declarar que: 1.- El inmueble que se identifica con el Plano de Catastro A-259229-1995 (a nombre de José Luis Matamoros Araya), tiene una afectación de área de reserva de dominio según lo normado en el artículo 31 de la Ley de Aguas, por encontrarse localizado en un área de fragilidad ambiental en la sección superior de la cuenca del Río Barranca, se encuentra limitado para la realización de actividades que pongan en riesgo dicha fuente, de ahí que se estime de relevancia notificar la presente sentencia al Juzgado Agrario del III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) para lo de su competencia. 2- Existe un traslape entre el plano utilizado para la información posesoria N° A-259229-1995 (a nombre de José Luis Matamoros Araya) y el plano N°A-501573-1983 (del AyA), lo que en resguardo del principio de legalidad de no afectación de un bien de dominio público que, en este caso, es perteneciente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, finca inscrita en el Registro Público de la Provincia de Alajuela, matrícula folio real N°371602-000, cuya naturaleza es terreno para área de protección de la fuente Barrantes, no podría ser objeto de titulación por parte de un particular. En lo no concedido expresamente entiéndase denegada la demanda. Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas procesales ni personales. Notifíquese. MANUELA GUILLÉN SALAZAR. JUDITH REYES CASTILLO. ELÍAS BALTODANO GÓMEZ. - Código Verificador - UMC8VZWYOVY61 Documento firmado por: MANUELA GUILLEN SALAZAR, JUEZ/A DECISOR/A JUDITH REYES CASTILLO, JUEZ/A DECISOR/A ELIAS BALTODANO GOMEZ, JUEZ/A DECISOR/A EXP: 21-000179-0296-CI Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected] Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:39:04. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Resolución Nº 10221 - 2025 Date of Resolution: October 29, 2025 at 08:23 Expediente: 21-000179-0296-CI Drafted by: Manuela Guillen Salazar Text of the resolution EXPEDIENTE: 21-000179-0296-CI - 2 PROCEEDING: Knowledge PLAINTIFF: AYA DEFENDANT: LAS GUIGUISAS N° 2025010221 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eight hours and twenty-three minutes of October twenty-ninth, two thousand twenty-five.- Knowledge proceeding, filed by Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados against Las Guiguisas S.A. Appearing on behalf of the plaintiff, as special judicial attorney, Álvaro Carballo Arce. On behalf of the defendant, Luis Gonzalo Rodríguez Mora. This judgment is issued unanimously, after deliberation. Drafted by Judge Guillén Salazar, with the affirmative vote of judges Reyes Castillo and Baltodano Gómez. CONSIDERANDO I.- PROCEDURAL BACKGROUND. - Procedural history of the case file: 1. On July 21, 2021, the plaintiff filed a complaint seeking the following claims: “1- That it be declared that the property identified with Cadastral Map A-259229-1995 (in the name of José Luis Matamoros Araya), is subject to a restriction for a domain reserve area (área de reserva de dominio) as provided in Article 31 of the Ley de Aguas. That said property, being located in an area of environmental fragility in the upper section of the Río Barranca basin, is limited for carrying out activities that endanger said source, therefore the granting of the Possessory Information (Información Posesoria) in favor of Las Guiguisas, S. A. must be denied and, consequently, the Juzgado Agrario del III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) must be ordered to definitively archive it. 2- That the existence of an overlap between the map used for the possessory information N° A-259229-1995 (in the name of José Luis Matamoros Araya) and map N°A-501573-1983 (of AyA) be declared, which makes it impossible to grant the requested Possessory Information, in compliance with the principle of legality of not affecting a public domain property (bien de dominio público) that, in this case, belongs to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, property registered in the Registro Público of the Province of Alajuela, real folio registration number N°371602-000, whose nature is land for the protection area of the Barrantes spring (fuente). 3.- That the defendant be ordered to pay both costs (i. 393 to 409, 426 to 429, 434 to 439). 2. In the order of ten hours twenty-five minutes of June three, two thousand twenty-two, the defendant was served with the complaint (i. 448 to 449). 3. In its response, the defendant acquiesces (se allana) to claims 1 and 2 and requests to be exempted from the payment of costs (i. 479). 4. Upon consultation by the Case Management Judge, the defendant confirms the acquiescence to the plaintiff's claims (i. 498). 5. By resolution of seventeen hours thirty-six minutes of February seventeen, two thousand twenty-five, the case management judge ordered: "Considering that the defendant LAS GUIGUISAS acquiesced to the plaintiff's claims, this matter is hereby referred to the Trial Court for whatever is legally appropriate.” Consequently, no preliminary hearing was held (i. 502). 6. This judgment is issued after deliberation by the members of the Tribunal, without observing any grounds capable of invalidating the proceedings. II.- PLAINTIFF'S ARGUMENTS. Las Guiguisas S.A., through its attorney, filed Possessory Information proceedings (diligencias de Información Posesoria) before the Juzgado Agrario del III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, on February 8, 2021, which are being processed under expediente number 21-00009-0993-AG. These proceedings seek to title an area of THIRTEEN THOUSAND ONE HUNDRED SIX SQUARE METERS AND NINETY-THREE SQUARE DECIMETERS, in accordance with cadastral map number A-TWO HUNDRED FIFTY-NINE THOUSAND TWO HUNDRED TWENTY-NINE-1995. The property sought to be titled, identified with Cadastral Map A-259229-1995, is adjacent to the Bajo Barrantes 1 Spring (Naciente Bajo Barrantes 1) which is on AyA property and is used for public drinking water supply. As provided in Article 31 of the Ley de Aguas, and considering the environmental fragility of the area, being located in the upper section of the Río Barranca basin, and given the surface and underground hydrogeological connection, it generates a domain reserve area restriction that includes the property of interest; as shown in report N° UEN-GA-2021-00616, dated March 18, 2021, from the Functional Area of Hydrographic Basins of the UEN Gestión Ambiental. In the hearing granted to this representation, we appeared in the process via online procedure on April 9, 2021, and by extension of said appearance on May 11 of this year. In said procedures, memoranda number UEN-GA-2021-00616 and UEN-PyC-2021-00745 are presented, respectively, through which the following is stated: a) Memorandum UEN-GA-2021-00616 "(...) In our opinion, this property presents high water fragility resulting from: 1.- The property is located in the upper section of the Río Barranca basin. 2.- The property is entirely affected by the Domain Reserve Zone (Zona de Reserva de Dominio)] (Article 31 Law 276) of the Bajo Barrantes N°1 spring of Piedades Sur de San Ramón de Alajuela, captured and used by AyA. Therefore, due to the biophysical characteristics of the property described above, the titling of this to private parties is not recommended, but on the contrary, it is suggested that it be titled in the name of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), in order to safeguard the environmental regulations in force, and to have the waters and their recharge and protection zones respected and protected.” Memorandum N° UEN-PC-2021-00745 \"... Based on what is indicated in the reference official letter, the cadastral and registry studies, map assembly, and survey carried out on the site, the following is indicated: -The map for possessory information A-259229-1995 borders to the North with property 2-371602-000 owned by AyA, represented by map A-501573-1983. According to the assembly, carried out using the survey of existing boundary markers on site and orthophotos as a reference, there is an overlap between both maps. The southern boundary of map A-501573-1983, property 2-371602-000, owned by AyA, must be replotted. This is so that the fence is correctly located, adjusting the area on the site with what is indicated in said map and with the registry information of the property. -To the west of map A-259229-1995, the adjacent property is map A-475333-1998, which did not generate a title, but was made to bring together several properties owned by AyA and to represent the Protection Area (Área de Protección) of the Bajo Barrantes springs. There is no overlap between these maps, and there does not appear to be any encroachment of map A-259229-1995 over the area represented by map A-475333-1998. Therefore, it is indicated that map A-259229-1995, in the possessory information process promoted by Las Guiguisas S.A., affects AyA property, all according to the map assembly and the boundary survey on site. By resolution of eight hours and forty-three minutes of June ninth, two thousand twenty-one, the Juzgado Agrario del III Circuito Judicial de Alajuela ordered this representation, within one month, to file an Ordinary Opposition (Ordinario de Oposición) so that the parties may settle their rights. Said resolution was notified to this representation on June 16 of this year. The founded opposition, in accordance with Article 8 of the Ley de Información Posesoria, is due to the fact that, based on technical criteria, the titling in favor of the company Las Guiguisas S.A. of the land area it claims to possess is 100% affected by a reserve zone according to memorandum UEN-GA-2021-00616 and the biophysical characteristics of the land. Furthermore, there is a direct encroachment on public domain property (bienes de dominio público) in part of the area sought to be titled, this in accordance with memorandum UEN-PC-2021-745, which points out the existence of an overlap between the map used for the possessory information, N° A-259229-1995, and the AyA map N°A-501573-1983, thereby affecting public domain property belonging to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, property registered in the Registro Público of the Province of Alajuela, real folio registration number N°371602-000, whose nature is land for the protection area of the Barrantes spring. We are facing an encroachment on public domain property in accordance with Article 261 of the Civil Code. Which states that public property is permanently destined for a service of general utility, so that its benefit is for everyone and not for a few. Likewise, Article 262 of the Civil Code provides that public domain property is not within the commerce of men. By their very nature, public domain properties enjoy the principles of freedom, gratuity, impersonality and equality, initial registration (inmatriculación), inalienability, imprescriptibility, and unattachability. The regulations applicable to the case must also be considered, regarding the public domain character of the lands surrounding drinking water catchment sources or intakes (fuentes o tomas de captación de agua potable), in accordance with the provisions of Articles 7 subsection c) of the Ley de Tierras y Colonización, Article 31 of the Ley de Aguas, numeral 2 of the Ley General de Agua Potable, and Article 18 of the Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. \"Article 31.- The following are declared as domain reserves (reserva de dominio) in favor of: a) The lands that surround the catchment sites or drinking water supply intakes, within a perimeter of no less than two hundred meters in radius(...) \"2.- Article 7 subsection C) of the Ley de Tierras y Colonización, Law N° 2825. \"Article 7°.- (.…) The following shall be considered inalienable and not susceptible to acquisition by claim (denuncio) or possession, except for those that were under private domain, with a legitimate title: c) The lands ... situated on the banks of rivers, streams, and in general, all sources that are in basins or hydrographic watersheds where springs (manantiales) arise, or where any water courses from which a population is supplied have their origins or headwaters, or that it is advisable to reserve for the same purpose. On flat or slightly sloping land, a strip of two hundred meters on both sides of said rivers, springs, or streams shall be considered inalienable; and in the basins or hydrographic watersheds, a strip of land of three hundred meters on both sides of the maximum depression, along the entire line, counting from the nearest highest elevation\" 3.- Ley General de Agua Potable, N° 1634 of September 18, 1953: \"Article 2°- All those lands that both the Ministerio de Obras Públicas and the Ministerio de Salubridad Pública consider indispensable for constructing or locating any part or parts of the potable water supply systems, as well as for ensuring the sanitary and physical protection and necessary flow of the same, are public domain. It is the responsibility of the Ministerio de Salubridad Pública to hear requests made for the construction, expansion, and modification of potable water systems and to recommend to the Ministerio de Obras Públicas the construction, expansion, or modification of those of greatest need, after studying mortality, parasitism, and other rates.\" For these purposes, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados replaces the Ministerios de Obras Públicas and Salubridad Pública. (Law 2726, Art. 2°, subsections f and h). 4.- The Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, N° 2726 of April 14, 1961: \"Article 18.- All properties and installations of State bodies that are destined for the provision of services related to the catchment, treatment, and distribution of potable water and the evacuation of sewage or storm water in the country are national heritage…\" In relation to this type of property, the Sala Constitucional, through votes numbers 2000-10466 and 2002-038219, has reiterated that they enjoy special protection, so that they are not susceptible to appropriation by private parties, nor even by the Public Administration. Also, through judgment of said Constitutional Court N.º 2006-005606, it resolved that such property is public domain, inalienable, imprescriptible, and unattachable (inembargables) and outside of legal commerce. With the attached sketch prepared by AyA's Topography Area, an assembly is carried out to determine the overlap that cadastral map number A-259229-1995 has. Said map is the one that the company Las Guiguisas S.A. intends to use to be titled in its favor through the Possessory Information processed under expediente number 21-00009-0993-AG-4. Said assembly demonstrates the encroachment on the property owned by AyA, of the Partido de Alajuela, registration Real Folio N° 371602-0000, represented by map A-501573 (i. 393 to 409). III.- DEFENDANT'S ARGUMENTS. The defendant acquiesces to claims 1 and 2 and requests to be exempted from the payment of costs (i. 479). Upon consultation by the Case Management Judge, the defendant confirms the acquiescence to the plaintiff's claims (i. 498). IV.- PROVEN FACTS. Relevant to resolving this matter, the following facts of interest are deemed proven: 1.- That the property identified with Cadastral Map A-259229-1995 (in the name of José Luis Matamoros Araya), is subject to a domain reserve area restriction as provided in Article 31 of the Ley de Aguas. That said property, being located in an area of environmental fragility in the upper section of the Río Barranca basin, is limited for carrying out activities that endanger said source (see technical report UEN-GA-2021-00616, UEN-PC-2021-745, literal certification property 2-371602-000, cadastral maps A-259229-1995, A-501573-1983, and A-475333-1998). 2- That there is an overlap between the map used for the possessory information N° A-259229-1995 (in the name of José Luis Matamoros Araya) and map N°A-501573-1983 (of AyA), it belongs to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, property registered in the Registro Público of the Province of Alajuela, real folio registration number N°371602-000, whose nature is land for the protection area of the Barrantes spring (see technical report UEN-GA-2021-00616, UEN-PC-2021-745, literal certification property 2-371602-000, cadastral maps A-259229-1995, A-501573-1983, and A-475333-1998). V.- ON THE MERITS OF THE MATTER. As detailed in the first considerando of this judgment, the plaintiff requests: “1- That it be declared that the property identified with Cadastral Map A-259229-1995 (in the name of José Luis Matamoros Araya), is subject to a domain reserve area restriction as provided in Article 31 of the Ley de Aguas. That said property, being located in an area of environmental fragility in the upper section of the Río Barranca basin, is limited for carrying out activities that endanger said source, therefore the granting of the Possessory Information in favor of Las Guiguisas, S. A. must be denied and, consequently, the Juzgado Agrario del III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) must be ordered to definitively archive it. 2- That the existence of an overlap between the map used for the possessory information N° A-259229-1995 (in the name of José Luis Matamoros Araya) and map N°A-501573-1983 (of AyA) be declared, which makes it impossible to grant the requested Possessory Information, in compliance with the principle of legality of not affecting a public domain property that, in this case, belongs to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, property registered in the Registro Público of the Province of Alajuela, real folio registration number N°371602-000, whose nature is land for the protection area of the Barrantes spring. 3.- That the defendant be ordered to pay both costs”. Regarding this, the defendant expressed its acquiescence to claims 1 and 2 and requested to be exonerated from the payment of costs. Accordingly, we proceed to analyze the prerequisites for acquiescence in the present case, bearing in mind that the purpose of this jurisdiction, as established in Article one of the Code governing the matter, is to guarantee the legality of the administrative function and the protection of legal situations that may be affected within the framework of legal-administrative relations. In the specific case of acquiescence, the referenced Code establishes in its Article 114 requirements that determine its admissibility. As a first aspect, when the party expressing acquiescence is a Public Administration, the presentation of the agreement or resolution adopted by the competent body is imposed as a sine qua non requirement, which is not relevant here because the acquiescence comes from a private party. Due to the implications of this figure, the intention of acquiescence must be express and unequivocal, so that the desire to accept the plaintiff's claims can be conclusively deduced. That manifestation must even detail whether the acquiescence is total or partial in order to establish the complete or fragmented termination of the process. In this regard, the will of the defendant to acquiesce to claims 1 and 2 of the plaintiff is clear and unequivocal, as it expressly indicated in its statement of defense and reiterated in the filing visible at image 498, regarding which this Tribunal has no doubt whatsoever. On the other hand, subsection 4) of Article 114 of the CPCA establishes that the mere manifestation of accepting the plaintiff's claims does not automatically presuppose the granting of the petitionary framework. Indeed, according to that provision: \"In the event of acquiescence (allanamiento), the Tribunal, without further proceedings, shall issue a judgment, which shall be issued in accordance with the plaintiff's claims, unless it infringes the legal order.\" This is a logical derivation of the legality control that this contentious-administrative jurisdiction must carry out by constitutional imperative. It could not be otherwise, because in line with this control purpose, the judge could not authorize acquiescences that, in substance, entail or imply substantial infringements of the legal order or dislocations to the public interest, given that this would result in the abandonment of that legality control and the endorsement of public conducts contrary to law, for the benefit of third parties, when it is the Public Administration that acquiesces. Consequently, in view of the express manifestation of acquiescence, the Tribunal has weighed that what is claimed in substance and constitutes the object of the process conforms to the parameter of legality. From the evidence presented to the case file and what was stated by the plaintiff, which has been accepted and acknowledged by the defendant, it is indeed the case that the property identified with Cadastral Map A-259229-1995 (in the name of José Luis Matamoros Araya), is subject to a domain reserve area restriction as provided in Article 31 of the Ley de Aguas. That said property, being located in an area of environmental fragility in the upper section of the Río Barranca basin, is limited for carrying out activities that endanger said source, therefore, in this regard, this Tribunal considers that the appropriate action is to notify the Juzgado Agrario del III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) of the present judgment, for whatever corresponds within its jurisdiction. In the same manner, the existence of an overlap between the map used for the possessory information N° A-259229-1995 (in the name of José Luis Matamoros Araya) and map N°A-501573-1983 (of AyA) has been verified, which, in safeguarding the principle of legality of not affecting a public domain property that, in this case, belongs to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, property registered in the Registro Público of the Province of Alajuela, real folio registration number N°371602-000, whose nature is land for the protection area of the Barrantes spring, could not be subject to titling by a private party. Therefore, it is the opinion of this Tribunal that, in the present case, all the normative prerequisites for the acquiescence to be admitted are met, insofar as it is recorded that the complaint is filed by AyA, an entity clearly legitimized to take action in this case, and what is claimed by it falls within what the cited body of law permits, without any contradiction with the legal order being discernible. Hence, under the protection of what was petitioned by the plaintiff in its initial filing, it is hereby declared that: 1.- The property identified with Cadastral Map A-259229-1995 (in the name of José Luis Matamoros Araya), is subject to a domain reserve area restriction as provided in Article 31 of the Ley de Aguas, as it is located in an area of environmental fragility in the upper section of the Río Barranca basin, it is limited for carrying out activities that endanger said source; therefore, it is deemed relevant to notify the Juzgado Agrario del III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) of this judgment for whatever is within its competence. 2- There is an overlap between the map used for the possessory information N° A-259229-1995 (in the name of José Luis Matamoros Araya) and map N°A-501573-1983 (of AyA), which, in safeguarding the principle of legality of not affecting a public domain property that, in this case, belongs to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, property registered in the Registro Público of the Province of Alajuela, real folio registration number N°371602-000, whose nature is land for the protection area of the Barrantes spring, could not be subject to titling by a private party. In the aspects not expressly granted, the claims are to be understood as partially denied. VI.- ON THE CLAIMS.- For all the considerations set forth, what is appropriate is to accept the acquiescence of the defendant and partially grant claims 1 and 2 in the terms indicated in the preceding considerando. Claim 3 will be resolved in a separate considerando. VII.- ON COSTS. In accordance with Article 197 subsection 1, there shall be no award of costs for either party. POR TANTO The acquiescence expressed by the defendant is accepted, and consequently, the complaint is declared partially with merit, in the following terms: it is hereby declared that: 1.- The property identified with Cadastral Map A-259229-1995 (in the name of José Luis Matamoros Araya), is subject to a domain reserve area restriction as provided in Article 31 of the Ley de Aguas, as it is located in an area of environmental fragility in the upper section of the Río Barranca basin, it is limited for carrying out activities that endanger said source; therefore, it is deemed relevant to notify the Juzgado Agrario del III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) of this judgment for whatever is within its competence. 2- There is an overlap between the map used for the possessory information N° A-259229-1995 (in the name of José Luis Matamoros Araya) and map N°A-501573-1983 (of AyA), which, in safeguarding the principle of legality of not affecting a public domain property that, in this case, belongs to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, property registered in the Registro Público of the Province of Alajuela, real folio registration number N°371602-000, whose nature is land for the protection area of the Barrantes spring, could not be subject to titling by a private party. In what is not expressly granted, the complaint shall be understood as denied. This matter is resolved without special award of procedural or personal costs. Notify. MANUELA GUILLÉN SALAZAR. JUDITH REYES CASTILLO. ELÍAS BALTODANO GÓMEZ. - Código Verificador - UMC8VZWYOVY61 Document signed by: MANUELA GUILLEN SALAZAR, DECISION-MAKING JUDGE JUDITH REYES CASTILLO, DECISION-MAKING JUDGE ELIAS BALTODANO GOMEZ, DECISION-MAKING JUDGE EXP: 21-000179-0296-CI Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, across from Café Dorado. Teléfonos: 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. E-mail: [email protected] Faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 05-08-2026 12:39:04.