Res. 10636-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — Administrative Court declares main claims inadmissible but admits ASADAS' financial claim for aquifer contaminationTribunal Contencioso declara inadmisibles pretensiones principales pero admite reclamo patrimonial de ASADAS por contaminación de acuíferos

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 10636 - 2025

Fecha de la Resolución: 13 de Noviembre del 2025 a las 10:37

Expediente: 19-004749-1027-CA

Redactado por: Cynthia Abarca Gómez





Texto de la resolución

1

 

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EXPEDIENTE:

	

19-004749-1027-CA - 0




PROCESO:

	

Conocimiento




ACTORAS:

	

ACTORAS: ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTO RURAL DE SANTA RITA, LA TABLA y SANTA ISABEL-SAN RAFAEL, DEL CANTÓN DE RÍO CUARTO




DEMANDADOS:

	

EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EL ESTADO, EL SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO. 

 

 N° 2025010636

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diez horas con treinta y siete minutos del trece de noviembre del dos mil veinticinco.-

 

Proceso con trámite de juicio oral establecido por: a) La ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RURAL DE SANTA RITA DE RÍO CUARTO, cédula jurídica 3-002-292690, representada por su presidente, Asdrúbal Campos Mora, casado, ebanista, cédula de identidad 1-596-226, quien actúan en condición de apoderado generalísimo sin límite de suma. b) La ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RURAL DE SANTA ISABEL-SAN RAFAEL DE RÍO CUARTO, cédula jurídica 3-002-199116, representada por su presidente, Benjamín Rodríguez Ávila, cédula de identidad 2-342-472, actuando como apoderado generalísimo sin límite de suma. c) La ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RURAL DE LA TABLA DE RÍO CUARTO, cédula jurídica 3-002-340901, representada por su presidente, Edwin Gerardo Chaves Murillo, casado, ganadero, cédula de identidad 1-596-225, quien también actúa como apoderado generalísimo sin límite de suma (en adelante las ASADAS); en contra de: a) EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (en adelante AyA) representado por su apoderada general judicial, Kathya Ramírez Barrera, divorciada, abogada, cédula de identidad 1-836-261 y vecina del Coyol de Alajuela. b) El ESTADO, ente que ha venido siendo representado por las procuradoras Susana Fallas Cubero, cédula de identidad 1-873-022, vecina de San José; Heylin Saénz Calderón, cédula de identidad 7-121-163, vecina de Heredia y últimamente por Silvia Quesada Casares, cédula de identidad 1-964-571 y vecina de San José. c) El SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO (en adelante SFE) representado por Luis Antonio Jiménez Brenes, cédula de identidad 1-992-781, vecino de Alajuela; Gerardo Castro Salazar cédula de identidad 1-652-589, vecino de Orotina y Dahianna Mora Sandí, cédula de identidad 1-1362-0376, vecina de San José; todos casados (as) y actuando en condición de apoderados especiales judiciales. Intervienen los (as) Licenciados (as) Alejandro Vargas Alfaro y Daniela Ávila Bolaños, en condición de apoderados (as) especiales judiciales de la parte actora y del AyA, respectivamente.  

 CONSIDERANDO

 I.- Aspectos preliminares. Se efectúan las siguientes advertencias en relación con la forma en que se dicta esta sentencia:

1.- Esta resolución se emite atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento sobre Expediente Judicial Electrónico ante el Poder Judicial, aprobado por Corte Plena, en el artículo XXXI de la sesión N° 22-13, celebrada el 20 de mayo de 2013.

2.- Según consta en el Sistema Escritorio Virtual, en virtud de lo dispuesto por parte del Consejo Superior del Poder Judicial en los acuerdos números XXVIII de la Sesión N° 84-2021 del 28 de setiembre de 2021 y XXXIX de la Sesión N° 95-2021 del 04 de noviembre de 2021, en los cuales se ordenó el rediseño del Despacho y lo ordenado por la Comisión de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en los acuerdos No.2.VI.2023, 11.VI.2023 y 12.VI.2023, adoptados en la sesión celebrada el 27 de julio del 2023, en los artículos X y XI de la sesión celebrada el 24 de agosto de 2023 (Oficios 001- CCACH-2023 y 003-CCACH-2023, respectivamente) y el artículo III de la sesión celebrada el 6 de setiembre de 2023 (Oficio 017-CCACH-2023), este proceso fue turnado a este Tribunal Colegiado VI el 12 de setiembre del 2024 proveniente de la Sección V y se procedió a dictar el  señalamiento de juicio, según se indicará infra. Por tal motivo, se hace saber a las partes que el tiempo que ha transcurrido hasta la realización efectiva de la audiencia de juicio y las diversas gestiones o trámite que ello conlleve, así como el dictado de esta sentencia o los inconvenientes que le genere a las partes, no es producto de una decisión y/o mora atribuible al Tribunal Colegiado VI; y se deja formulado el descargo de responsabilidad correspondiente (imágenes 2824 a 2849 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).  

3.- En los procedimientos ante este Tribunal se han cumplido las formalidades de ley y no se observan nulidades que subsanar o que generen indefensión.

4.- Previa deliberación y dentro del plazo establecido en el artículo 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA), se dicta esta sentencia por unanimidad, con redacción de la jueza ponente Abarca Gómez, con el voto afirmativo y concurrente de la jueza Fernández Brenes y el juez  Aguilar Méndez.

 II.- Antecedentes procesales relevantes. Para una mayor comprensión de lo que aquí se debate, se estima pertinente efectuar el siguiente recuento en relación con el íter procesal de esta causa.

1.- Las ASADAS accionantes interpusieron esta demanda, formulando las siguientes pretensiones: "(…) PRIMERO: Se declare la total disconformidad con el ordenamiento jurídico de la conducta omisiva que propició la contaminación de los acuíferos administrados por las ASADAS actoras, omisión realizada por el Estado, el ICAA y el SFE en cuanto a su deber de garantizar, respetar y proteger el medio ambiente y de dar cumplimiento a la normativa ambiental; en cuanto a su deber de garantizar, respetar, y proteger la salud, la vida y la integridad física de los usuarios y de dar cumplimiento a la normativa dictada en materia de salud; y en cuanto a su deber de control en materia de sustancias químicas nocivas para el medio ambiente y la salud, y de dar cumplimiento a la normativa dictada en ese sentido, es decir, de respetar, de proteger, y de hacer cumplir los derechos de las ASADAS que se indican a continuación:/ 1.- Se omitió efectuar la coordinación interadministrativa, para que las entidades competentes tales como las demandadas, previeran e impidieran la contaminación de los acuíferos administrados por las ASADAS. / 2.- Se ignoró y omitió el derecho de las ASADAS de acceso a la información ambiental, sobre todo lo relativo a la contaminación de los acuíferos que administran. / 3.- Se ignoró y omitió el derecho de las ASADAS de obtener una justicia pronta y cumplida en cuanto a las denuncias que interpusieron por contaminación ambiental, así como se ignoró y omitió su derecho de ser parte integrante de los grupos que se conformaron para la solución del problema referente a la contaminación de los acuíferos que administran, y de participar en la discusión y toma de decisiones en la solución del mismo. / 4.- Se ignoró y omitió el derecho de las ASADAS de fungir como garantes del saneamiento del agua, en cuanto los demandados omitieron su deber de proteger la salud, la integridad física y la vida de los usuarios, al no advertirles que estaban suministrando agua contaminada. / 5.- Se ignoró y omitió el derecho de las ASADAS a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que les permita mantener la disponibilidad del agua para continuar prestando, por delegación, el servicio de abastecimiento y saneamiento en forma continua, eficiente, de calidad, accesible y en la cantidad suficiente y requerida para garantizar el desarrollo sostenible de las comunidades. / SEGUNDA: Se declare, reconozca y restablezca el derecho que poseen las ASADAS de ser parte integrante de los grupos que se conformen para la solución del problema referente a la contaminación de los acuíferos que administran; de tener acceso a la información referente a la contaminación; de participar en la discusión y en la toma de decisiones en la solución de dicho problema; y se le ordene a los demandados que procedan a inmediato a incorporar un representante de cada ASADA a los mismos, tanto a los que existan actualmente como a los que se creen a futuro. / TERCERA: Se le ordene al Estado, al ICAA y el SFE que cumplan en forma efectiva con su deber de garantizar, respetar y proteger el medio ambiente y de dar cumplimiento a la normativa ambiental para solucionar el problema de contaminación en la zona geográfica específica donde las ASADAS actoras brindan el servicio público; se les ordene que cumplan en forma efectiva con su deber de garantizar, respetar, y proteger la salud, la vida y la integridad física de los usuarios de las ASADAS actoras, y de dar cumplimiento a la normativa dictada en materia de salud; y se les ordene que cumplan en forma efectiva con su deber de control en materia de sustancias químicas nocivas para el medio ambiente y la salud, y de dar cumplimiento a la normativa dictada en ese sentido, con el fin de solucionar el problema de contaminación de los acuíferos en la zona geográfica específica donde las ASADAS brindan el servicio público. / CUARTA: Este aparte contiene una petitoria principal y otra subsidiaria, tal como lo exponemos de seguido: / 1.- PETITORIA PRINCIPAL: Se declare que las ASADAS asumirán la labor de descontaminación y restauración in situ e in integrum de los suelos y de los acuíferos de la zona geográfica específica en donde prestan el servicio; se le ordene a los demandados que en forma solidaria deben presupuestar y depositar las sumas a las que se les condene en una cuenta especial a nombre de las ASADAS, dirigida exclusivamente a esos efectos; y se le ordene a los demandados que deben brindarle a las ASADAS todo el asesoramiento técnico y científico que se requiera para revertir la contaminación, retornando el medio ambiente en el estado que se encontraba antes que ésta ocurriera. / 2.- PETITORIA SUBSIDIARIA: Como petitoria subsidiaria, en caso de que los juzgadores no le asignen dicha labor a las ASADAS, entonces solicitamos se le ordene a los demandados que en forma solidaria deben de proceder de inmediato a realizar labores reales y efectivas para la eliminación de la contaminación en la zona geográfica específica donde las ASADAS brindan el servicio público, restituyendo el medio ambiente al estado en que se encontraba antes de que se produjera dicha contaminación; procedan de inmediato a presupuestar y a depositar los montos a los que se les condene en una cuenta destinada exclusivamente para ese fin; y se les ordene, con el fin de garantizar el cumplimiento de todo lo anterior, que deben presentar informes regularmente ante ésta Autoridad Jurisdiccional, durante el tiempo necesario hasta lograr la descontaminación del medio ambiente en las zonas geográficas específicas en las cuales las ASADAS brindan el servicio público, con el fin de que demuestren que están actuando en forma real y efectiva, es decir, solucionando el fondo del problema y no brindando soluciones paliativas al mismo. / QUINTO: Se condene al Estado y al AyA en forma solidaria, a cancelarle a casa ASADA los daños que le ha ocasionado, de la siguiente manera: / ASADA LA TABLA: / 1. Daños por costos de restauración de las fuentes afectadas: ₡58.699.614.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor. / 2. Daño o pérdida económica debido al cierre de las fuentes como materia prima para prestar el servicio público: ₡323.558.593.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor. / 3.Daños derivados de inversiones que fue o es necesario efectuar para mantener la prestación del servicio público: ₡37.764.000.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor. / 4. Costos por daños a la salud de los usuarios ante el riesgo al que estuvieron expuestos por tomar agua contaminada: ₡39.375.000.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor. / 5. Daños por costos de gestión de todas las actividades que tuvieron que realizar las ASADAS y por pago de asesorías para la defensa de las fuentes hídricas: ₡4.254.667.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor. / 6. Daño moral objetivo: ₡50.000.000.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor. / MONTO TOTAL DEL DAÑO OCASIONADO A LA ASADA LA TABLA: ₡513.651.874.00. / ASADA SANTA RITA: / 1. Daños por costos de restauración de las fuentes afectadas: ₡77.934.984.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor. / 2. Daño o pérdida económica debido al cierre de las fuentes como materia prima para prestar el servicio público: ₡460.351.495.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor. / 3.Daños derivados de inversiones que fue o es necesario efectuar para mantener la prestación del servicio público: ₡1.434.367.845.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor. / 4. Costos por daños a la salud de los usuarios ante el riesgo al que estuvieron expuestos por tomar agua contaminada: ₡48.750.000.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor. / 5. Daños por costos de gestión de todas las actividades que tuvieron que realizar las ASADAS y por pago de asesorías para la defensa de las fuentes hídricas: ₡5.754.667.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor. / 6. Daño moral objetivo: ₡50.000.000.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor. / MONTO TOTAL DEL DAÑO OCASIONADO A LA ASADA SANTA RITA: ₡2.007.158.991.00.   / ASADA SANTA ISABEL-SAN RAFAEL: / 1. Daños por costos de restauración de las fuentes afectadas: ₡97.170.354.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor. / 2. Daño o pérdida económica debido al cierre de las fuentes como materia prima para prestar el servicio público: ₡702.565.415.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor./ 3.Daños derivados de inversiones que fue o es necesario efectuar para mantener la prestación del servicio público: ₡776.000.000.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor. / 4. Costos por daños a la salud de los usuarios ante el riesgo al que estuvieron expuestos por tomar agua contaminada: ₡103.500.000.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor. / 5. Daños por costos de gestión de todas las actividades que tuvieron que realizar las ASADAS y por pago de asesorías para la defensa de las fuentes hídricas: ₡5.754.667.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor. / MONTO TOTAL DEL DAÑO OCASIONADO A LA ASADA SANTA ISABEL-SAN RAFAEL: ₡1.684.990.435.00. / Se efectuaron las siguientes aclaraciones durante la audiencia preliminar: a) En cuanto a los daños identificados con los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 correspondientes a cada una de las ASADAS, debe entenderse que corresponden a daños materiales. b) En cuanto al daño identificado como número 6 correspondiente al daño moral objetivo (ASADA LA TABLA Y ASADA SANTA RITA) se aclaró que el motivo que los origina es la pérdida de confianza y credibilidad por parte de los usuarios con relación a las ASADAS. / SEXTA: Se condene al Estado y al AyA a pagar en forma solidaria los perjuicios ocasionados, que en este caso equivaldría al monto de los intereses pasados, presentes y futuros que, al tipo bancario de acuerdo a la ley, se generan sobre la totalidad de las sumas aludidas, mismos que deben ser calculados desde el 20 de julio del 2018 (fecha de cierre de las fuentes de agua con las que se prestaba el servicio) y hasta su efectivo pago. Se estimó prudencialmente los perjuicios en la suma de cincuenta millones de colones. / SÉTIMO: Se condene al Estado y al AyA a pagar en forma solidaria, la indexación sobre las sumas reclamadas, pero en especial sobre el monto de las inversiones que es necesario efectuar para la construcción de nuevos acueductos, y sobre el monto que es necesario invertir para lograr una recuperación (reparación in integrum) de las fuentes de agua. / OCTAVA: Se condene al Estado y al AyA en forma solidaria al pago de las costas personales y procesales generadas con el presente proceso. (...)"  (pretensiones visibles en las imágenes 935 a 955 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF, así ajustadas y fijadas durante la audiencia preliminar).

2.- La representante del AyA contestó la demanda y formuló las defensas de demanda improponible y cosa juzgada constitucional, así como las excepciones de falta de legitimación activa, falta de interés actual y falta de derecho. Pidió, se declare sin lugar la acción y se condene a la parte actora al pago de las costas y los intereses que se generen (imágenes 972 a 1031 y 1921 a 1923 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).

3.- La representante del Estado contestó la demanda y formuló las defensas de falta de integración de la litis consorcio pasivo necesario a efectos de que se trajera como demandado al SFE y cosa juzgada constitucional, así como las excepciones de falta de legitimación activa y falta de derecho. Pidió, se declare sin lugar la acción y se condene a la parte actora al pago de las costas (imágenes 1928 a 1953 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).

4.- En escrito presentado el 14 de abril del 2020, el representante de la parte actora amplió la acción en contra del SFE, de modo que en auto dictado a las 17 horas 48 minutos 2020, se cursó la demanda en su contra (imágenes 1979 a 1986 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).

5.- El representante del SFE contestó la acción y formuló la defensa de  cosa juzgada constitucional, así como las excepciones de falta de legitimación en su doble modalidad y falta de derecho. Pidió, se declare sin lugar la demanda  y se condene a la parte actora al pago de las costas con sus respectivos intereses (imágenes 2001 a 2020, 2102 y 2103 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).

6.- La audiencia preliminar establecida en el ordinal 90 del CPCA inició el 25 de enero del 2021, pero fue suspendida debido a que las personerías de las accionantes se encontraban vencidas, algunas de las pruebas documentales ofrecidas resultaban ilegibles y para otorgar audiencia de réplica a las demandantes sobre la contestación de algunos de los hechos de la acción. La audiencia continuó el 16 de febrero del 2021, pero también fue suspendida para otorgar audiencia en relación con un ajuste efectuado a las pretensiones.

7.- La audiencia preliminar continuó el 28 de enero del 2022. Ahí se fijaron las pretensiones de la forma indicada ut supra y la representante del Estado alegó la incompetencia del Tribunal para conocer de este proceso. En resolución No. 122-2022, la jueza tramitadora rechazó las defensas de incompetencia, demanda improponible y cosa juzgada constitucional. También se determinó que todos los hechos eran controvertidos y de seguido la audiencia fue suspendida. No consta en autos que se hubiera presentado inconformidad en relación con la decisión de rechazar la defensa de incompetencia.

8.- La audiencia preliminar continuó el primero de marzo del 2022. En lo relevante, se admitió la prueba documental pertinente de todas partes y las siguientes probanzas para evacuar en la audiencia complementaria: a) A las ASADAS actoras se les admitió la declaración de José Luis Vargas Mejía, en condición de testigo perito, así como la de Renán Solano Gómez, Marvin Soro Miranda, Luis Solano Alfaro y José Miguel Baltodano Rojas, todos en condición de testigos. b) Al AyA se le admitió la declaración de Bernal Alfaro Sánchez, en condición de testigo perito. 

9.- Después de que este proceso fuera turnado al Tribunal Colegiado VI, se citó a audiencia de juicio para los días 20, 21 y 22 de febrero del 2024, iniciando en la fecha convocada. En la sala de juicio estuvo presente el Tribunal, integrado por las personas juzgadoras Silvia Consuelo Fernández Brenes, Daniel Aguilar Méndez y Cynthia Abarca Gómez, así como los representantes de la parte actora y del AyA, mientras que los representantes del Estado y el SFE participaron virtualmente. Ahí se revisaron cuestiones de saneamiento, el Tribunal se pronunció sobre prueba nueva ofrecida por la parte actora, el A y A, el Estado y el SFE en la audiencia preliminar, pero cuya admisión fue dejada a este Tribunal de conformidad con el artículo 50.2 del CPCA y se dio audiencia a las partes sobre probanzas documentales que, para mejor resolver, ofreció la representante del AyA. Los (as) representantes de las partes efectuaron alegatos de apertura, durante los cuales el Estado opuso defensa de incompetencia, misma que fue apoyada por los demás accionados. Luego de la audiencia respectiva, en resolución dictada en forma oral No. 2024001009, el Tribunal rechazó la defensa opuesta, pero ingresó a conocer de oficio su competencia. En lo medular, se declaró incompetente para conocer las siguientes pretensiones: 1) La pretensión quinta únicamente en cuanto se pedía que se condenara al Estado y al AyA en forma solidaria, a cancelarle a cada ASADA accionante lo siguiente: a) Daños por costos de restauración de las fuentes afectadas.  b) Los costos por daños a la salud de los usuarios ante el riesgo al que estuvieron expuestos por tomar agua contaminada. c) Los daños por costos de gestión de todas las actividades que tuvieron que realizar las ASADAS y por pago de asesorías para la defensa de las fuentes hídricas (extremos 1, 4 y 5 de la petitoria fijada en la preliminar). 2) En relación con las pretensiones sexta y sétima, referidas al pago de intereses e indexación, por accesoriedad, se declaró la incompetencia parcial respecto de estos extremos, en el tanto refieran al reclamo de daños sobre el cual ya hubo una declaratoria de incompetencia. Para las demás pretensiones, el Tribunal se declaró competente y ordenó que firme esa resolución, se desacumularan las pretensiones para las que resultábamos incompetentes a efectos de que se remitieran al Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y este proceso continuara su tramitación. Posteriormente la audiencia fue suspendida, pues las partes demandadas manifestaron que formularían inconformidad en contra de lo resuelto.

10.- El Estado y el AyA formularon inconformidad ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, al estimar que el Tribunal era incompetente para conocer de las pretensiones segunda, tercera y cuarta. En resolución 685-C-S1-2024 dictada a las 15 horas 11 minutos del 13 de junio del 2024, la Sala Primera rechazó la inconformidad indicada y declaró que este Tribunal era competente para conocer de este proceso.

11.- En resolución N° 2025009859 dictada a las 15 horas 35 minutos del 14 de octubre de este año, se ordenó la desacumulación de las siguientes pretensiones: "(...) QUINTA: Se condene al Estado y al AyA en forma solidaria, a cancelarle a casa ASADA los daños que le ha ocasionado, de la siguiente manera: ASADA LA TABLA: 1. Daños por costos de restauración de las fuentes afectadas, por la suma de 58.699.614.00. (...) 4. Costos por daños a la salud de los usuarios ante el riesgo al que estuvieron expuestos por tomar agua contaminada, por la suma de ¢39.375.000.00. (...) 5. Daños por costos de gestión de todas las actividades que tuvieron que realizar las ASADAS y por pago de asesorías para la defensa de las fuentes hídricas, por la suma de ¢4.254.667.00. (...) / ASADA SANTA RITA: 1. Daños por costos de restauración de las fuentes afectadas por la suma de ¢77.934.984.00. (...) / 4. Costos por daños a la salud de los usuarios ante el riesgo al que estuvieron expuestos por tomar agua contaminada por la suma de ¢48.750.000.00. (...) / 5. Daños por costos de gestión de todas las actividades que tuvieron que realizar las ASADAS y por pago de asesorías para la defensa de las fuentes hídricas, por la suma de ¢5.754.667.00. (...) / ASADA SANTA ISABEL-SAN RAFAEL: / 1. Daños por costos de restauración de las fuentes afectadas por la suma de ¢97.170.354.00. (...) / 4. Costos por daños a la salud de los usuarios ante el riesgo al que estuvieron expuestos por tomar agua contaminada por la suma de ¢103.500.000.00. (...) / 5. Daños por costos de gestión de todas las actividades que tuvieron que realizar las ASADAS y por pago de asesorías para la defensa de las fuentes hídricas, por la suma de ¢5.754.667.00. (...) b) En relación con las pretensiones SEXTA y SÉTIMA referidas la condena al pago de perjuicios e indexación, respecto de los daños reclamados en la pretensión QUINTA ya indicados. Se ordena la conformación de un legajo separado que se remitirá al Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil, para que se conforme un nuevo expediente y se prosiga con su tramitación conforme corresponda en Derecho.- (...)" (imágenes 3451 a 3455 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).

12.- La audiencia de juicio continuó los días 22, 23 y 24 de octubre del 2025 y fue llevada a cabo por el Tribunal Colegiado VI, integrado por las personas juzgadoras Silvia Consuelo Fernández Brenes, Daniel Aguilar Méndez y Cynthia Abarca Gómez, esta última en condición de jueza ponente, con el auxilio de la técnica judicial Adriana Artavia Murillo; quienes estuvieron presencialmente en la sala de juicio. En el Despacho también se contó con la presencia de la parte actora y su apoderado especial judicial; así como las representantes del AyA y su consultor técnico. Las representantes del Estado y el SFE participaron de la audiencia en forma virtual, por la herramienta de Teams. De inicio, el Tribunal efectuó un recuento de lo acontencido desde la anterior audiencia complementaria y, al estar firme la resolución No. 2024001009 citada, ajustó y fijó la conducta objeto de este proceso de la siguiente manera: "(...) PRETENSIONES / "(...) PRIMERO: Se declare la total disconformidad con el ordenamiento jurídico de la conducta omisiva que propició la contaminación de los acuíferos administrados por las ASADAS actoras, omisión realizada por el Estado, el ICAA y el SFE en cuanto a su deber de garantizar, respetar y proteger el medio ambiente y de dar cumplimiento a la normativa ambiental; en cuanto a su deber de garantizar, respetar, y proteger la salud, la vida y la integridad física de los usuarios y de dar cumplimiento a la normativa dictada en materia de salud; y en cuanto a su deber de control en materia de sustancias químicas nocivas para el medio ambiente y la salud, y de dar cumplimiento a la normativa dictada en ese sentido, es decir, de respetar, de proteger, y de hacer cumplir los derechos de las ASADAS que se indican a continuación: / 1.- Se omitió efectuar la coordinación interadministrativa, para que las entidades competentes tales como las demandadas, previeran e impidieran la contaminación de los acuíferos administrados por las ASADAS. / 2.- Se ignoró y omitió el derecho de las ASADAS de acceso a la información ambiental, sobre todo lo relativo a la contaminación de los acuíferos que administran. / 3.- Se ignoró y omitió el derecho de las ASADAS de obtener una justicia pronta y cumplida en cuanto a las denuncias que interpusieron por contaminación ambiental, así como se ignoró y omitió su derecho de ser parte integrante de los grupos que se conformaron para la solución del problema referente a la contaminación de los acuíferos que administran, y de participar en la discusión y toma de decisiones en la solución del mismo. / 4.- Se ignoró y omitió el derecho de las ASADAS de fungir como garantes del saneamiento del agua, en cuanto los demandados omitieron su deber de proteger la salud, la integridad física y la vida de los usuarios, al no advertirles que estaban suministrando agua contaminada. / 5.- Se ignoró y omitió el derecho de las ASADAS a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que les permita mantener la disponibilidad del agua para continuar prestando, por delegación, el servicio de abastecimiento y saneamiento en forma continua, eficiente, de calidad, accesible y en la cantidad suficiente y requerida para garantizar el desarrollo sostenible de las comunidades. / SEGUNDA: Se declare, reconozca y restablezca el derecho que poseen las ASADAS de ser parte integrante de los grupos que se conformen para la solución del problema referente a la contaminación de los acuíferos que administran; de tener acceso a la información referente a la contaminación; de participar en la discusión y en la toma de decisiones en la solución de dicho problema; y se le ordene a los demandados que procedan a inmediato a incorporar un representante de cada ASADA a los mismos, tanto a los que existan actualmente como a los que se creen a futuro. / TERCERA: Se le ordene al Estado, al ICAA y el SFE que cumplan en forma efectiva con su deber de garantizar, respetar y proteger el medio ambiente y de dar cumplimiento a la normativa ambiental para solucionar el problema de contaminación en la zona geográfica específica donde las ASADAS actoras brindan el servicio público; se les ordene que cumplan en forma efectiva con su deber de garantizar, respetar, y proteger la salud, la vida y la integridad física de los usuarios de las ASADAS actoras, y de dar cumplimiento a la normativa dictada en materia de salud; y se les ordene que cumplan en forma efectiva con su deber de control en materia de sustancias químicas nocivas para el medio ambiente y la salud, y de dar cumplimiento a la normativa dictada en ese sentido, con el fin de solucionar el problema de contaminación de los acuíferos en la zona geográfica específica donde las ASADAS brindan el servicio público. / CUARTA: Este aparte contiene una petitoria principal y otra subsidiaria, tal como lo exponemos de seguido: / 1.- PETITORIA PRINCIPAL: Se declare que las ASADAS asumirán la labor de descontaminación y restauración in situ e in integrum de los suelos y de los acuíferos de la zona geográfica específica en donde prestan el servicio; se le ordene a los demandados que en forma solidaria deben presupuestar y depositar las sumas a las que se les condene en una cuenta especial a nombre de las ASADAS, dirigida exclusivamente a esos efectos; y se le ordene a los demandados que deben brindarle a las ASADAS todo el asesoramiento técnico y científico que se requiera para revertir la contaminación, retornando el medio ambiente en el estado que se encontraba antes que ésta ocurriera. / 2.- PETITORIA SUBSIDIARIA: Como petitoria subsidiaria, en caso de que los juzgadores no le asignen dicha labor a las ASADAS, entonces solicitamos se le ordene a los demandados que en forma solidaria deben de proceder de inmediato a realizar labores reales y efectivas para la eliminación de la contaminación en la zona geográfica específica donde las ASADAS brindan el servicio público, restituyendo el medio ambiente al estado en que se encontraba antes de que se produjera dicha contaminación; procedan de inmediato a presupuestar y a depositar los montos a los que se les condene en una cuenta destinada exclusivamente para ese fin; y se les ordene, con el fin de garantizar el cumplimiento de todo lo anterior, que deben presentar informes regularmente ante ésta Autoridad Jurisdiccional, durante el tiempo necesario hasta lograr la descontaminación del medio ambiente en las zonas geográficas específicas en las cuales las ASADAS brindan el servicio público, con el fin de que demuestren que están actuando en forma real y efectiva, es decir, solucionando el fondo del problema y no brindando soluciones paliativas al mismo. / QUINTO: Se condene al Estado y al AyA en forma solidaria, a cancelarle a casa ASADA los daños que le ha ocasionado, de la siguiente manera: ASADA LA TABLA: (...) / 2. Daño o pérdida económica debido al cierre de las fuentes como materia prima para prestar el servicio público: ₡323.558.593.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor. / 3.Daños derivados de inversiones que fue o es necesario efectuar para mantener la prestación del servicio público: ₡37.764.000.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor. (...) / 6. Daño moral objetivo: ₡50.000.000.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor. / ASADA SANTA RITA: (...) / 2. Daño o pérdida económica debido al cierre de las fuentes como materia prima para prestar el servicio público: ₡460.351.495.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor. / 3. Daños derivados de inversiones que fue o es necesario efectuar para mantener la prestación del servicio público: ₡1.434.367.845.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor. (...) / 6. Daño moral objetivo: ₡50.000.000.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor./ ASADA SANTA ISABEL-SAN RAFAEL: (...) / 2. Daño o pérdida económica debido al cierre de las fuentes como materia prima para prestar el servicio público: ₡702.565.415.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor. / 3. Daños derivados de inversiones que fue o es necesario efectuar para mantener la prestación del servicio público:  ₡776.000.000.00, sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor. / Se efectuaron las siguientes aclaraciones durante la audiencia preliminar:  a) En cuanto a los daños identificados con los puntos 2 y 3 correspondientes a cada una de las ASADAS, debe entenderse que corresponden a daños materiales. / b) En cuanto al daño identificado como número 6 correspondiente al daño moral objetivo (ASADA LA TABLA Y ASADA SANTA RITA) se aclaró que el motivo que los origina es la pérdida de confianza y credibilidad por parte de los usuarios con relación a las ASADAS. / SEXTA: Se condene al Estado y al AyA a pagar en forma solidaria los perjuicios ocasionados, que en este caso equivaldría al monto de los intereses pasados, presentes y futuros que, al tipo bancario de acuerdo a la ley, se generan sobre la totalidad de las sumas aludidas, mismos que deben ser calculados desde el 20 de julio del 2018 (fecha de cierre de las fuentes de agua con las que se prestaba el servicio) y hasta su efectivo pago. Se estimó prudencialmente los perjuicios en la suma de cincuenta millones de colones. / SÉTIMO: Se condene al Estado y al AyA a pagar en forma solidaria, la indexación sobre las sumas reclamadas, pero en especial sobre el monto de las inversiones que es necesario efectuar para la construcción de nuevos acueductos, y sobre el monto que es necesario invertir para lograr una recuperación (reparación in integrum) de las fuentes de agua. / OCTAVA: Se condene al Estado y al AyA en forma solidaria al pago de las costas personales y procesales generadas con el presente proceso. (...)". La parte actora manifestó su conformidad con las pretensiones establecidas. También se hizo un recuento de las excepciones opuestas por los accionados, el cual fue confirmado por sus representantes. Durante la fase de saneamiento, se efectuaron algunas aclaraciones relacionadas con la prueba documental admitida a las partes. De seguido, los (as) representantes de las partes formularon sus alegatos de apertura y posteriormente se ingresó a la fase de evacuación de la prueba, en la cual se recibieron las declaraciones testimoniales admitidas; todas las cuales fueron sometidas al contradictorio. Lo anterior con excepción del testigo perito José Luis Vargas Mejía, pues la parte actora desistió de su declaración. Finalizada la evacuación de esas probanzas, el Tribunal admitió prueba nueva de la parte actora, el Estado y para mejor resolver ofrecida por la representante del AyA. Posteriormente los (as) representantes de las partes rindieron conclusiones orales, luego de lo cual el Tribunal les informó que se ingresaba en fase de deliberación y justificó las razones por las cuales declaraba este proceso como uno muy complejo, de modo que, de conformidad con el artículo 111 del CPCA, la sentencia sería dictada dentro de los quince días hábiles siguientes, luego de lo cual les sería notificada a los medios señalados y en el plazo establecido por la Ley de Notificaciones Judiciales para tales efectos; y se cerró la audiencia complementaria. 

 III.- Objeto del proceso. Las ASADAS actoras formulan distintas pretensiones declarativas dirigidas a que este Tribunal efectúe una serie de pronunciamientos. Entre éstas, piden que se establezca que los entes y el órgano demandados han incurrido en una serie de omisiones que describe y que, en su criterio, resultan sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico porque propiciaron la contaminación de los acuíferos por ellas administrados, incumplieron su deber de garantizar, respetar y proteger el medio ambiente, la salud, la vida y la integridad física de los usuarios; así como porque desatendieron sus deberes de dar cumplimiento a la normativa ambiental y ejercer un control en materia de sustancias químicas nocivas para el medio ambiente y la salud, incumpliendo con ello su obligación de respetar, de proteger, y de hacer cumplir los derechos de las ASADAS (pretensión primera). También solicitan que se declare, reconozca y restablezca su derecho de ser parte integrante de los grupos que se conformen para la solución del problema referente a la contaminación de los acuíferos que administran; de tener acceso a la información referente a la contaminación; de participar en la discusión y en la toma de decisiones en la solución de dicho problema; y se le ordene a los demandados que procedan a inmediato a incorporar un representante de cada ASADA a los mismos, tanto a los que existan actualmente como a los que se creen a futuro (pretensión segunda). Además, requieren que se le ordene al Estado, al AyA y el SFE que cumplan en forma efectiva con su deber de garantizar, respetar y proteger el medio ambiente y de dar cumplimiento a la normativa ambiental, de salud y en materia de sustancias químicas nocivas, para solucionar el problema de contaminación en la zona geográfica específica donde las ASADAS actoras brindan el servicio público, así como la salud, la vida y la integridad física de los usuarios de las ASADAS actoras (pretensión tercera). Piden también que se declare que las ASADAS asumirán la labor de descontaminación y restauración in situ e in integrum de los suelos y de los acuíferos de la zona geográfica específica en donde prestan el servicio; se le ordene a los demandados que en forma solidaria deben presupuestar y depositar las sumas a las que se les condene en una cuenta especial a nombre de las ASADAS, dirigida exclusivamente a esos efectos; y se le ordene a los demandados que deben brindarles todo el asesoramiento técnico y científico que se requiera para revertir la contaminación, retornando el medio ambiente en el estado que se encontraba antes que ésta ocurriera (pretensión cuarta principal). En caso de que los juzgadores estimásemos que el anterior pedimento es improcedente porque dicha labor no puede asignarse a las ASADAS, solicitan que se le ordene a los demandados que, en forma solidaria, deben de proceder de inmediato a realizar labores reales y efectivas para la eliminación de la contaminación en la zona geográfica específica donde las brindan el servicio público, restituyendo el medio ambiente al estado en que se encontraba antes de que se produjera dicha contaminación; procedan de inmediato a presupuestar y a depositar los montos a los que se les condene en una cuenta destinada exclusivamente para esos efectos; y se les ordene, con el fin de garantizar el cumplimiento de todo lo anterior, que deben presentar informes regularmente ante ésta Autoridad Jurisdiccional, durante el tiempo necesario hasta lograr la descontaminación del medio ambiente en las zonas geográficas específicas en las cuales brindan el servicio público, para que demuestren que están actuando en forma real y efectiva, es decir, solucionando el fondo del problema y no brindando soluciones paliativas al mismo (pretensión cuarta subsidiaria). Por otra parte, también formulan una pretensión de condena patrimonial dirigida a que se condene al Estado y al AyA en forma solidaria, a cancelarle a cada ASADA los daños que le ha ocasionado en los siguientes términos. En el caso de la ASADA La Tabla y la ASADA Santa Rita se requiere el pago de: 1) Daño material consistente en: a) La pérdida económica debido al cierre de las fuentes como materia prima para prestar el servicio público; el cual estiman en la suma de ₡323.558.593.00 y de ₡460.351.495.00, respectivamente. b) Las inversiones que fue o es necesario efectuar para mantener la prestación del servicio público, el cual fijan en la suma de ₡37.764.000.00 y de ₡1.434.367.845.00, respectivamente. 2) Daño moral objetivo, el cual cada una lo cuantifica en ₡50.000.000.00. El motivo que lo origina es la pérdida de confianza y credibilidad por parte de los usuarios con relación a las ASADAS. Por su parte, la ASADA Santa Isabel - San Rafael requiere únicamente el pago del daño material consistente en la pérdida económica debido al cierre de las fuentes como materia prima para prestar el servicio público, el cual estima en la suma de ₡702.565.415.00 y las inversiones que fue o es necesario efectuar para mantener la prestación del servicio público, por la suma de ₡776.000.000.00. Todos esos montos se estiman sin perjuicio de que los jueces establezcan una cantidad mayor (pretensión quinta). Las ASADAS también requieren el pago de perjuicios los ocasionados y que consisten en el monto de los intereses pasados, presentes y futuros al tipo bancario de acuerdo a la ley, que se generan sobre la totalidad de las sumas aludidas, mismos que deben ser calculados desde el 20 de julio del 2018 (fecha de cierre de las fuentes de agua con las que se prestaba el servicio) y hasta su efectivo pago. Se estimaron prudencialmente los perjuicios en la suma de cincuenta millones de colones (pretensión sexta). Finalmente, piden que se condene al Estado y al AyA a pagar en forma solidaria, la indexación sobre las sumas reclamadas, pero en especial sobre el monto de las inversiones que es necesario efectuar para la construcción de nuevos acueductos, y sobre el monto que es necesario invertir para lograr una recuperación (reparación in integrum) de las fuentes de agua (pretensión sétima). Todos los demandados se opusieron a la acción y formularon las excepciones de falta de legitimación activa y falta de derecho. El SFE y el AyA opusieron, además las defensas de legitimación pasiva y falta de interés actual, respectivamente; y durante sus conclusiones todos los representantes de los accionados reiteraron la defensa de cosa juzgada constitucional. A partir de lo expuesto, para el Tribunal es necesario advertir que, como se deduce que la conducta objeto descrita, en este proceso no se está reclamando ninguna indemnización por daño ambiental. Lo anterior es relevante no solo porque se admitieron probanzas documentales en ese sentido, sino además porque en sus argumentaciones y durante la evacuación de algunas de las probanzas admitidas (como por ejemplo, la declaración de Bernal Alvarado Sánchez), los representantes de los accionados hicieron múltiples referencias a este tipo de daño, el cual claramente no forma parte de lo debatido en esta causa; razón por la cual las probanzas admitidas y argumentaciones referidas a este extremo no serán valoradas por este Tribunal. En ese sentido y para lo que se considera un mejor orden, se abordará el examen de lo debatido atendiendo a cada una de las pretensiones y defensas de las partes contendientes, en relación con las probanzas y argumentaciones que resulten pertinentes, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, con el correspondiente análisis, claro está, de todo lo argüido.

 IV.- Hechos probados. De relevancia para efectos del presente proceso, se tienen por acreditados los siguientes: 1) El 30 de octubre del 2001, la Sub Gerente del AyA y el presidente de la ASADA de Santa Rita de Río Cuarto de Grecia, suscribieron un Convenio de Delegación de Administración del Acueducto y Alcantarillado Sanitario, en el cual se convino que ese ente público delegaba en la ASADA la administración, operación y mantenimiento del Sistema de Acueducto de y Alcantarillado Sanitario de Santa Rita de Río Cuarto, en ese entonces, de Grecia. Lo anterior a partir de distintas estipulaciones en las cuales se regularon, en lo relevante, deberes y obligaciones de la ASADA (cláusula segunda) entre ellas: "(...) a.- Administrar, operar, desarrollar y mantener los sistemas de Acueductos y Alcantarillados y cuencas hidrográficas, así como velar por el control de la contaminación, cumpliendo al efecto las leyes, los reglamentos y las directrices o dictámenes técnicos, económicos o legales que emita el AyA. (...) c.- Autorizar los nuevos servicios, conexiones y reconexiones, así como el control de los tanques sépticos, y cobrar las tarifas correspondientes. d.- Elaborar y someter a la aprobación de AyA los pliegos tarifarios de sus servicios, tasas, derechos de conexión, reconexión, el cual hará las modificaciones que estime oportunas y los enviará para su trámite correspondiente a la ARESEP. e.- Adquirir, inventariar, custodiar y utilizar los bienes, materiales y equipos necesarios para la administración y operación de los sistemas, velando porque se cumplan las normas democráticas de mejor oferta en precio y calidad de los mismos. (...) v.- Aplicar obligatoriamente las tarifas que apruebe la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, de conformidad con el artículo segundo inciso d) del Reglamento vigente. (...)". En la cláusula Décimo Primera se indicó que el contrato era de naturaleza indefinida, sin perjuicio de la potestad del AyA de rescindir o resolver en forma unilateral el convenio; mientras que en la cláusula Décimo Segunda se dispuso que el convenio regiría a partir del refrendo de la Contraloría General de la República, lo que aconteció el 30 de enero del 2002 (imágenes 119 a 125 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF). 2) El 13 de febrero del 2004, el Gerente del AyA y el presidente de la ASADA Santa Isabel-San Rafael de Río Cuarto de Grecia, suscribieron un Convenio de Delegación de Administración del Acueducto y Alcantarillado Sanitario, en el cual se convino que ese ente público delegaba en la ASADA la administración, operación y mantenimiento del Sistema de Acueducto y de Alcantarillado Sanitario de Santa Isabel-San Rafael de Río Cuarto, en ese entonces, de Grecia. Lo anterior a partir de distintas estipulaciones en las cuales se regularon, en lo relevante, deberes y obligaciones de la ASADA (cláusula segunda) entre ellas: "(...) a.- Administrar, operar, desarrollar y mantener los sistemas de Acueductos y Alcantarillados y cuencas hidrográficas, así como velar por el control de la contaminación, cumpliendo al efecto las leyes, los reglamentos y las directrices o dictámenes técnicos, económicos o legales que emita el AyA. (...) c.- Autorizar los nuevos servicios, conexiones y reconexiones, así como el control de los tanques sépticos, y cobrar las tarifas correspondientes. d.- Elaborar y someter a la aprobación de AyA los pliegos tarifarios de sus servicios, tasas, derechos de conexión, reconexión, el cual hará las modificaciones que estime oportunas y los enviará para su trámite correspondiente a la ARESEP. e.- Adquirir, inventariar, custodiar y utilizar los bienes, materiales y equipos necesarios para la administración y operación de los sistemas, velando porque se cumplan las normas democráticas de mejor oferta en precio y calidad de los mismos. (...) v.- Aplicar obligatoriamente las tarifas que apruebe la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, de conformidad con el artículo segundo inciso d) del Reglamento vigente. (...)". En las cláusula Décimo Primera se indicó que el contrato era de naturaleza indefinida, sin perjuicio de la potestad del AyA de rescindir o resolver en forma unilateral el convenio; mientras que en la cláusula Décimo Segunda se dispuso que el convenio regiría a partir del refrendo de la Contraloría General de la República, lo que aconteció el 13 de marzo del 2004 (imágenes 133 a 137 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF). 3) El 14 de diciembre del 2004, el Gerente del AyA y el presidente de la ASADA de La Tabla de Río Cuarto de Grecia, suscribieron un Convenio de Delegación de Administración del Acueducto y Alcantarillado Sanitario, en el cual se convino que ese ente público delegaba en la ASADA la administración, operación y mantenimiento del Sistema de Acueducto de y Alcantarillado Sanitario de La Tabla de Río Cuarto, en ese entonces, de Grecia. Lo anterior a partir de distintas estipulaciones en las cuales se regularon, en lo relevante, deberes y obligaciones de la ASADA (cláusula segunda) entre ellas: "(...) a.- Administrar, operar, desarrollar y mantener los sistemas de Acueductos y Alcantarillados y cuencas hidrográficas, así como velar por el control de la contaminación, cumpliendo al efecto las leyes, los reglamentos y las directrices o dictámenes técnicos, económicos o legales que emita el AyA. (...) c.- Autorizar los nuevos servicios, conexiones y reconexiones, así como el control de los tanques sépticos, y cobrar las tarifas correspondientes. d.- Elaborar y someter a la aprobación de AyA los pliegos tarifarios de sus servicios, tasas, derechos de conexión, reconexión, el cual hará las modificaciones que estime oportunas y los enviará para su trámite correspondiente a la ARESEP. e.- Adquirir, inventariar, custodiar y utilizar los bienes, materiales y equipos necesarios para la administración y operación de los sistemas, velando porque se cumplan las normas democráticas de mejor oferta en precio y calidad de los mismos. (...) v.- Aplicar obligatoriamente las tarifas que apruebe la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, de conformidad con el artículo segundo inciso d) del Reglamento vigente. (...)". En las cláusula Décimo Primera se indicó que el contrato era de naturaleza indefinida, sin perjuicio de la potestad del AyA de rescindir o resolver en forma unilateral el convenio; mientras que en la cláusula Décimo Segunda se dispuso que el convenio regiría a partir del refrendo de la Contraloría General de la República (imágenes 126 a 132 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF). 4)  El 10 de mayo de 2011, con ocasión a una denuncia ante el Área de Salud de Grecia que refería que “…. la Hacienda La Flor está alistando terreno para sembrar piña encima de los mantos acuíferos”, se realizó una inspección en presencia de funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía sede Sarapiquí y de la Municipalidad de Grecia, realizaron una inspección en el sitio denunciado y, por oficio DARSG-313-2017 de 11 de mayo de 2011, el Departamento de Regulación del Área de Salud de Grecia le recomendó a la Directora de la institución que: “1. Que se debe realizar de forma urgente por parte de las entidades responsables, un estudio para que se identifiquen las nacientes en ese sector, y así lograr que se respeten las distancias de protección establecidas por ley. 2. Es importante y urgente que se realice de parte de las entidades responsables la realización de un Estudio Hidrogeológico en ese sector para que se determine con exactitud de la ubicación de los mantos acuíferos y el Tubo de Flujo de las aguas subterráneas” (hecho probado 2 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 5) El 7 de junio de 2011, la Junta Directiva de la Asociación Administradora del Acueducto Santa Rita de Río Cuarto remitió un correo electrónico al Tribunal Ambiental Administrativo para denunciar tala de bosque, destrucción ambiental, cambio de uso de suelo de bosques a siembra de piña y contaminación de acuíferos con agroquímicos presuntamente por la empresa entonces denominada Piñera La Flor, ubicada en La Flor de Río Cuarto. Además requirieron que se les tomara en cuenta en el momento de realización de las correspondientes inspecciones de campo. Denuncia a la que se le asignó el expediente N° 228-11-01-TAA (hecho probado 1 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 6) El 5 de julio de 2011, por resolución N° 655-11-TAA, el Tribunal Ambiental Administrativo efectuó una inspección de campo en el inmueble denunciado por la Junta Directiva de la Asociación Administradora del Acueducto Santa Rita de Río Cuarto (hecho probado 3 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 7) El 12 de agosto de 2011, por nota ASADA-38-2011 de 19 de julio de 2011, el Administrador de la ASADA de Santa Isabel-San Rafael le solicitó a la Directora del Área de Salud de Grecia, investigar la siembra de piña a ciento setenta metros de distancia de la naciente La Culebra y la Flor y Santa Rita, por el riesgo de que las nacientes se contaminaran con agroquímicos (hecho probado 4 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 8) El 18 de agosto de 2011, el Área Rectora de Salud de Grecia realizó una inspección en las nacientes La Culebra y La Tabla, ubicadas cerca de los cultivos de piña realizados por Hacienda La Flor y se concluyó “Que la siembra de piña que se encontraba sembrada en el radio de protección de las nacientes fue arrancada por parte de los propietarios (Hacienda La Flor)” y, en ese momento, se estaban sembrando árboles, como parte de su programa de reforestación y protección (hecho probado 5 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 9) El 2 de noviembre de 2011, por oficio DA-5064-2011, la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía trasladó al Tribunal Ambiental Administrativo, su posición con respecto al dictamen sobre cuerpos de agua del lugar de interés -sobre la visita de campo en atención a la resolución N°655-11-TAA (hecho probado 7 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 10) El 12 de diciembre de 2011, el Tribunal Ambiental Administrativo confeccionó el acta de inspección ocular y el informe de inspección TAA-DT-2012-11, por medio de los cuales, se valoraron las posibles afectaciones a recursos naturales de la empresa piñera Ganadera La Flor S.A. (hecho probado 8 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 11) El 26 de febrero de 2013, la Directora Ejecutiva del Servicio Sanitario del Estado y el Rector de la Universidad de Costa Rica, firmaron el contrato denominado: “Contrato entre el Servicio Fitosanitario del Estado y la Universidad de Costa Rica. Contratación Directa 2012 CD-00287-10803 “Servicio de Análisis Químico”, para el análisis de residuos de plaguicidas en muestras vegetales, agua y suelo, con el fin de realizar los servicios de laboratorio de análisis de residuos de agroquímicos (hecho probado 9 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 12 ) El 24 de mayo de 2017, por oficio N° PRE-2017, la Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le solicitó al Servicio Fitosanitario del Estado que realizara análisis físico químicos de la calidad de agua en pozos de la ASADA Veracruz y Pital de San Carlos (hecho probado 10 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 13) El 12 de junio de 2017, el Director Ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Estado, le comunicó a la Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que en atención a la solicitud de realización de análisis físico químicos de la calidad del agua en pozos de la ASADA Veracruz y Pital de San Carlos “... Se adjunta a esta misiva lo solicitado, indicando que dichos análisis corresponden a los resultados preliminares del estudio “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de piña, para la implementación de buenas prácticas agrícolas (BPA)” (hecho probado 11 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 14) El 23 de agosto de 2017, por oficio DSFE.483.2017, el Director Ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Estado, le comunicó al Director de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica, las acciones tomadas en relación al resultado del proyecto “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de la piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA)”, en el siguiente sentido: “1- Su servidor le envió al Sr. Ministro la información de los resultados del proyecto con el objeto de establecer acciones inmediatas, de donde, se derivó por recomendación de su representada el Decreto Ejecutivo 40423 MAG-MINAE-S de prohibición de ingrediente activo BROMACIL y su sal litio. 2- Su servidor ha coordinado reunión con el Sr. Ministro Dr. Luis Felipe Arauz Cavallini y la Sra. Viceministra, ambos de Agricultura y Ganadería, la cual, se programó para el 4 de setiembre, a las 10 am., con el objeto de que ustedes presenten los resultados del trabajo y los puntos calientes donde se deben tomar acciones con prontitud. 3. El Dr. Luis Felipe Arauz Cavallini ha propuesto llevar el tema a la Comisión Ambiental, en el cual, participan las autoridades de gobierno relacionadas con este tema, asunto el cual, se analizaría en esa reunión”. Finalmente, refirió que “… ante los resultados generados que pueden afectar a la salud y el ambiente y la necesidad de acometer estos con la prontitud del caso, es indispensable comunicar estos hallazgos ante las instancias correspondientes, para no dar posibilidad de mayores afectaciones por el retraso en el traslado de la información contra personas o animales. Si hay aspectos, los cuales, no se puede esperar hasta la reunión del 4 de setiembre con el fin de tomar decisiones los instamos a hacer las comunicaciones correspondientes y se den las alertas del caso y no exponernos a más afectación, sobre todo si está en juego la salud y el ambiente”. Lo anterior, con copia al Ministerio de Agricultura y Ganadería –entregada al Despacho Ministro y del Viceministro el 29 de agosto de 2017 (hecho probado 12 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 15) El 27 de setiembre de 2017, por oficio N° DM-MAG-680-2017 de 26 de setiembre de 2017, el Ministro de Agricultura y Ganadería trasladó a la Ministra de Salud el informe final del proyecto “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de la piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA)”, que se desarrolló en diferentes fuentes de agua en algunas áreas de la Zona Norte, que arrojó resultados de concentraciones de plaguicidas, para que se tomaran las acciones necesarias para proteger la salud de las personas. Copia de ese documento se entregó ante el Departamento Fitosanitario del Estado y la Viceministra del mismo MAG, el 28 de setiembre de 2017 (hecho probado 10 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 16) Por oficio N° PRE-2018-00517 de 15 de junio de 2018, la Directora de Despacho de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, le solicitó al Director del Servicio Fitosanitario del Estado una copia del documento “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de la piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA)” (hecho probado 17 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 17) El 18 de junio de 2018, el Director de Salud Ambiental del Ministerio de Salud le solicitó al Director del Servicio Fitosanitario del Estado una copia del documento “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de la piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA)”, para hacer un análisis del mismo (hecho probado 16 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 18) El 19 de junio de 2018, el Director Ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Estado le comunicó al Director a.i. de la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, que en atención al oficio DSA-D-234-2018 de 18 de 2018, se resaltaba que por oficio DM-MAG-680-2018 de 26 de setiembre de 2017, el Ministro de Agricultura y Ganadería le había enviado a la Ministra de Salud el informe del proyecto “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de la piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA)”. Además, le indicó que según oficio DSFE-483-2017 de 23 de agosto de 2017, se autorizó al Director de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica realizar las comunicaciones correspondientes y dar las alertas del caso a las instancias que se consideraran necesarias para proteger la salud y el ambiente (hecho probado 14 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 19) El 19 de junio de 2018, por oficio DSFE-472-2018 de 19 de junio de 2018, el Director Ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Estado le comunicó a la Directora de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, que en atención al oficio DSA-D-234- 2018 de 18 de junio de 2018, el cual hace referencia al Proyecto “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de la piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA)”, que por oficio N° DM-MAG-680-2017 de 26 de setiembre de 2017, el Ministro de Agricultura y Ganadería le había enviado a la Ministra de Salud el informe de dicho proyecto para su análisis (hecho probado 15 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 20) El 20 de junio de 2018, por oficio DSFE-474-2018 de 19 de junio de 2018, el Director Ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Estado le comunicó a la Directora del Despacho de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que en atención al oficio PRE-2018-00517 de 15 de junio de 2018, se resaltaba que por oficio DSFE.301.2017 de 8 de junio de 2017, recibida el día 12 de junio siguiente, el Director del Servicio Fitosanitario del Estado envió los análisis físico químicos de la calidad de agua producto de los resultados preliminares del estudio “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de la piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA)”, para su análisis. Escrito presentado el 21 de junio de 2018, ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (hecho probado 18 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 21) El 20 de julio de 2018, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados sacó de operación por la aparición de bromacil las siguientes nacientes: Brenes del Acueducto La Tabla, con un caudal de producción aproximado de 24 l/s, Nicrodal del Acueducto de Santa Rita, con un caudal de producción aproximado de 24 l/s, La Flor del Acueducto de Santa Rica con un caudal de producción aproximado de 8 l/s, La Flor del Acueducto de Santa Isabel, con un caudal aproximado de 16 l/s. Además, por riesgo de contaminación, la ASADA Santa Isabel sacó de operación las nacientes La Culebra y Nicolás Rodríguez (hecho probado 19 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 22) Entre el 23 de julio del 2018 y el 26 de junio del 2019, la ASADA La Tabla incurrió en costos de mantenimiento e inversiones para poder prestar el servicio público que le había sido encomendado (facturas y recibos visibles en las imágenes 778 a 788, 790 a 797, 801 a 805, 810 a  814, 817, 819, 822 a 825 y 827 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF, declaraciones de Luis Solano Alfaro). 23) A mediados del 2018, el Área Rectora de Salud de Grecia con ocasión a información en cuanto a contaminación por bromacil suministrada por el Director del Área Rectora de Salud de Aguas Zarcas, inició la atención de la emergencia de las comunidades afectadas. Además, el Área Rectora de Salud de Aguas Zarcas –liderada por Dioniso Sibaja Anchía, en su condición de Director de esa Área-, creó una Comisión Nacional, que en coordinación con otras instituciones del Estado –MAG, SETENA, Dirección de Aguas, Control Fitosanitario, SENASA y SINAC-, se encuentra realizando una evaluación de cada una de las actividades productivas de las fincas que se encuentran en los alrededores de las nacientes de dichas asadas (hecho probado 20 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 24) El 23 de agosto de 2018, la Comisión Nacional creada por el Área Rectora de Salud de Aguas Zarcas, realizó una inspección a la finca ganadera La Flor y a varias de las nacientes captadas, entre ellas, naciente La Flor inscrita bajo el expediente 406 R ASADA de Santa Isabel San Rafael de Rio Cuarto, naciente Nicrodal inscrita bajo el expediente 158 R ASADA Santa Rita de Río Cuarto y, Naciente La Flor inscrita bajo el expediente 158 R ASADA Santa Rita de Río Cuarto y no se observó en los puntos evaluados la tala de bosque -se determinó la existencia en algunos sectores cobertura boscosa y, en otros, pastos producto de la actividad ganadera (hecho probado 21 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 25) El 23 de agosto de 2018, la Comisión Nacional creada por el Área Rectora de Salud de Aguas Zarcas, realizó una visita a la ASADA La Tabla y se realizó un recorrido por los alrededores de una de las nacientes donde actualmente se está tomando agua para abastecer a la comunidad. En esa oportunidad, no se observó tala de bosque y, por el contrario, se determinó que los alrededores de la toma de agua que coincide con el área de protección, están cubiertas de bosque (hecho probado 22 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 26) Entre el 31 de agosto del 2018 y el 29 de mayo del 2019, la ASADA Santa Isabel-San Rafael incurrió en costos de mantenimiento e inversiones para poder prestar el servicio público que le había sido encomendado (facturas y recibos visibles en las imágenes 838 a 842 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF). 27) Entre el 14 de setiembre del 2018 y el 21 de junio del 2019, la ASADA Santa Rita incurrió en costos de mantenimiento e inversiones para poder prestar el servicio público que le había sido encomendado (facturas y recibos visibles en las imágenes 633, 634 a 645, 661 a 663 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF, declaraciones de  Renán Solano Gómez y Marvin Soro Miranda). 28) El 24 de setiembre de 2018, por resolución de las 11:17 horas, la Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental dictó acto de secuestro del expediente administrativo “tramitado en el Servicio Fitosanitario del Estado, así como toda la documentación relacionada de alguna manera con el proyecto de “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de piña, para la implementación de buenas prácticas agrícolas (BPA)” desarrollado por el SFE y la Universidad de Costa Rica ” (hecho probado 23 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 29) El 22 de octubre del 2018, los representantes de las ASADAS aquí accionantes, interpusieron un recurso de amparo en contra del Ministro de Ambiente y Energía, el presidente del Tribunal Ambiental Administrativo, la Ministra y la Directora del Área Rectora de Salud de Grecia, ambas del Ministerio de Salud, el presidente ejecutivo del AyA, el director del SFE y el Ministro de Agricultura y Ganadería; el cual se tramitó bajo el expediente No. 18-016614-007-CO. En lo fundamental, acusaron que "(...) el 7 de junio de 2011 enviaron un correo electrónico al Tribunal Ambiental Administrativo, solicitando su intervención ante los actos de tala de bosque con maquinaria pesada y destrucción ambiental, cambio de uso del suelo de bosques y reforestaciones para siembra de piña; así como, contaminación de los acuíferos con agroquímicos, realizados por la empresa, que en ese momento se denominaba Piñera Ganadera La Flor y, posteriormente, creen que fue comprada por la empresa Dole Santa Fe, Agroindustriales del Bosque S.A., cédula jurídica N° 3-101-2017209. No obstante, reclaman que después de más de siete años, siguen a la espera de conocer las medidas cautelares adoptadas por ese Tribunal, ante su denuncia. Reclaman, que actualmente como consecuencia de la falta de celeridad en el procedimiento administrativo, están sufriendo contaminación con agroquímicos en las aguas que utilizan para el consumo humano. / Refieren, que mediante oficio Sub-GSD-2018-00975 de 20 de julio de 2018, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se vio en la obligación de clausurar y sacar de operación las principales fuentes de abastecimiento de las comunidades de La Tabla, sea la naciente Brenes, que producía más de treinta y siete litros por segundo, en Santa Isabel, las nacientes La Flor, Nicolás y La Culebra, con una producción de agua de más de cincuenta y cinco litros por segundo y, en el caso de Santa Rita, se cerraron las únicas dos nacientes que tenían en operación, La Flor y Nicrodal, con más de cincuenta y dos litros por segundo, por lo que piden agua prestada a otras comunidades con un alto costo económico. Lo anterior, con base en los muestreos de laboratorio realizados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, posterior a junio de 2018, donde aparecen altas dosis del herbicida bromacil. / Por otra parte acusan, que pese a la investigación con fondos públicos realizada por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica, denominada "Proyecto de Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA)", estudio donde se confirmaba la presencia de agroquímicos como el bromacil, ametrina, diurón, microbutanil y oxamil, en las aguas captadas para el consumo humano de sus comunidades. Sin embargo, el Servicio Fitosanitario del Estado nunca les alertó ni comunicó a los administradores de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios, lo que estaba sucediendo. / Por ende, ante el desconocimiento, continuaron suministrando a sus comunidades por más de tres años agua contaminada. Además, acusan que esa institución no cumplió con fiscalizar y controlar las sustancias químicas utilizadas en los cultivos de piña ubicados en los alrededores de las nacientes ni que contaminaran con productos químicos que se permitió que fueran importados y utilizados por las piñeras. / Por otra parte, destacan que por oficio DARSG.313.2011 de 11 de mayo de 2011, dirigido a la Directora del Área Rectora de Salud de Grecia, el Gestor Ambiental de la Unidad de Regulación del Ministerio de Salud de Grecia certificó que las inspecciones a la piñera las realizó acompañado por funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía de Sarapiquí. Indican, que conforme a ese documento, se demuestra que esos funcionarios tenían pleno conocimiento de lo que ha estado sucediendo por años con las piñeras, que han afectado las zonas de recarga acuífera y las zonas de descarga. Pese a esto, alegan que esas autoridades no han intervenido ni han girado los respectivos actos administrativos para proteger las reservas de dominio a favor del Estado. / Aducen que el Ministerio de Ambiente y Energía ha permitido el cambio de uso del suelo en zonas de alta vulnerabilidad hídrica, pese a que desde el 11 de noviembre de 2011, fue publicado en La Gaceta N° 217, el decreto N° 36818-MINAE, que oficializó con alcance nacional los mapas del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo). Además, alegan que no tienen conocimiento que el Ministerio de Ambiente y Energía haya realizado una efectiva investigación preliminar para identificar a los presuntos responsables de la deforestación y contaminación con sustancias químicas, que permita a las autoridades correspondientes realizar una intimación. Afirman que mediante nota ASADA-38-2011, solicitaron a la Dra. Gabriela Miranda Murillo, Directora del Área Rectora de Salud de Grecia, investigar la siembra de piña a escasos ciento setenta metros de distancia de las nacientes La Culebra, La Flor y Santa Rita. En la visita de inspección realizada por el Lic. Olman Alfaro Rojas, gestor ambiental de la unidad de regulación, este comprobó lo solicitado y mediante oficio DARSG-313-2011, de 11 de mayo de 2011, dirigido a la Directora de esa Área Rectora de Salud, le solicitó que realizara las coordinaciones pertinentes para que se hiciera un estudio urgente por parte de las entidades responsables, para que se identificaran las nacientes en el sector y se respetaran las distancias de protección por parte de las piñeras. Además, el gestor ambiental solicitó que se realizara un estudio hidrogeológico para determinar con exactitud la ubicación de los mantos acuíferos y el tubo de flujo de las aguas subterráneas. No obstante, reclaman que nunca se les comunicó el seguimiento dado a esa gestión. Explican, que al no actuar las autoridades recurridas a tiempo, en este momento las nacientes están contaminadas con agroquímicos. Alegan que las autoridades recurridas han sido omisas en intervenir en la situación acusada, lo cual es contrario al principio precautorio y jurisprudencia de esta Sala en materia ambiental. (...)" (imágenes 2 a 91 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614" que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba, sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional). 30) El 26 de octubre de 2018, por resolución N° 1140-18-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo, se solicitó información a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental respecto a la viabilidad ambiental del proyecto desarrollado en el sitio denunciado, que se tramita bajo el expediente N° 228-11-01-TAA (hecho probado 25 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 31) El 30 de octubre de 2018, por resolución N° 1147-18-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo se le solicitó información a la parte denunciada en el expediente tramitado bajo el N° 228-11-01-TAA (hecho probado 26 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 32) A raíz de la emergencia presentada por la salida de operación de las nacientes Brenes, Nicrodal, La Flor del Acueducto de Santa Rica, La Flor del Acueducto de Santa Isabel, La Culebra y Nicolás Rodríguez, la ORAC Huetar Norte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha gestionado conexiones para continuar brindando el servicio en las comunidades afectadas –especialmente Santa Rita y La Tabla, que fueron las más afectadas-, se gestionó compra de materiales y de tanques de almacenamiento para Santa Rita y La Tabla (hecho probado 27 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 33) En sentencia No. 2019000695 dictada a las 9 horas 15 minutos del 18 de enero del 2019, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo tramitado bajo el expediente No. 18-016614-0007-CO. En lo relevante, la parte dispositiva de esta resolución se indicó: "(...) POR TANTO: / Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Manuel Antonio Salas Pereira, en su condición de Gerente General con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a Ruth Solano Vásquez, en su condición de Presidenta a.i. del Tribunal Ambiental Administrativo, a Guiselle Amador Muñoz, en su condición de Ministra de Salud, Gabriela Miranda Murillo, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Grecia, a Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, a Fernando Araya Alpízar, en su condición de Director del Servicio Fitosanitario del Estado y a Luis Renato Alvarado Rivera, en su condición de Ministro de Agricultura y Ganadería, o a quienes en sus lugares ejerzan los (sic) cargos, que en forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas objeto de este amparo, de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela. Se les advierte que cada órgano y ente recurrido, determinará conforme con sus propias competencias legales, las acciones individuales que obligatoriamente le corresponde efectuar, dentro de un PLAN ÚNICO que como partes de la Administración del Estado deben realizar en forma conjunta, que debe redactarse en un plazo no mayor de seis meses a partir de la notificación de esta sentencia y cuyos avances, deberán ser informados a este Tribunal cada seis meses. Lo anterior, bajo apercibimiento de que, de no acatar esta orden, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta Jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Como principal responsable de ese plan y de su completo cumplimiento, se designa a la Ministra de Salud, lo que significa que la Jerarca de Salud deberá informar inmediatamente a esta Sala, si surgiere algún obstáculo en su labor de coordinador para cumplir el objetivo aquí ordenado. Se advierte a los accionados que en razón del objetivo aquí dispuesto, deberán ordenar todas las actuaciones que sean técnica y científicamente conducentes a la completa limpieza y purificación del agua de esas fuentes, lo que implica ordenarle a quienes resulten responsables, los retiros que legalmente correspondan, e inclusive, de ser necesario, prohibirle absolutamente el uso de agroquímicos contaminantes en sus plantaciones y hasta ordenar el cierre inmediato de las empresas o la prohibición de las actividades productivas, si se incumpliere de cualquier forma las órdenes e instrucciones que se le dieren. Además, mientras el proceso de saneamiento concluye, deberán dictar las órdenes necesarias, dentro del marco de sus competencias, para mantener la continuidad del servicio de agua potable a las poblaciones afectadas. Se condena al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese esta sentencia en forma personal a los funcionarios antes indicados, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos. (...)" (consulta en el Sistema Nexus del Poder Judicial, imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 34) Al 18 de enero del 2019, todas las comunidades afectadas contaban con el servicio de agua potable: el acueducto Santa Isabel cuenta con una naciente que permite abastecer a todos los usuarios, la comunidad de Santa Rita es abastecida por las ASADAS de Santa Isabel y Río Cuarto, la comunidad de La Tabla abastecida con el agua de la naciente La Flor y apoyada por un camión cisterna y, la comunidad de Santa Isabel, abastecida por su naciente Pata de Gallo  (hecho probado 28 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 35) Al 18 de enero del 2019, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados inició el proceso de discusión con las Juntas Directivas de las ASADAS de las comunidades afectadas, respecto a la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos a través de otras fuentes y se han señalado las principales acciones que se deben seguir para iniciar el proceso de diseño de proyectos  (hecho probado 29 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 36) Al 18 de junio del 2019, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, no recomendaba que los acueductos de La Tabla y Santa Rita, continuaran otorgando nuevos servicios debido al caudal disponible -el caudal actual garantizaba únicamente el servicio a la cantidad de previstas existentes-. En cuanto a la comunidad de Santa Isabel, la producción de la naciente Pata de Gallo les permite continuar otorgando nuevos servicios  (hecho probado 30 de la sentencia No. 2019000695 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Sistema Nexus del Poder Judicial y visible en las imágenes 211 a 265 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 37) En escrito presentado ante la Sala Constitucional el 11 de marzo del 2019, los representantes de las ASADAS aquí actoras acusaron desobediencia a lo ordenado por esta Sala en la Sentencia N° 2019-0695 citada. En lo fundamental, indicaron que desde el 28 de enero de 2019, solicitaron a Manuel Antonio Salas Pereira, Gerente General de AyA, la colaboración con el seguimiento de lo ordenado y asesorías técnicas necesarias para lograr captar otras fuentes de agua y que no han obtenido respuesta alguna. Explicaron que de igual forma ha sucedido con otras instituciones a las cuales han solicitado por escrito ayuda para agilizar el proceso de limpieza. Lo anterior, con el agravante de que se seguían aplicando productos químicos por parte de los piñeros en la zona de recarga acuífera, por ejemplo, el bromacil que es tóxico para los seres humanos y para el ambiente. Finalmente, aseguraron que a esa fecha desconocían si las instituciones responsables habían realizado análisis de agroquímicos en las aguas que actualmente están suministrando a sus comunidades, a fin de descartar que estuvieran contaminadas (imágenes 285 a 288 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 38) Entre el 28 de marzo y el 4 de abril del 2019, la Directora del Área Rectora de Salud de Grecia y el  Ministro de Salud, el Ministro de Agricultura y Ganadería y el Director del SFE, el Gerente General del AyA, el Tribunal Ambiental Administrativo y el Ministro de Ambiente y Energía, comunicaron a la Sala Constitucional las acciones emprendidas para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia  N° 2019-0695 citada (imágenes 301 a 367 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 39) En resolución Nº 2019008133 dictada a las 9 horas 20 minutos del 10 de mayo del 2019, la Sala Constitucional señaló que de los informes rendidos por diferentes órganos del Estado y el AyA, así como las pruebas que constaban en el expediente No. 18-016614-0007-CO, se desprendían las siguientes actuaciones: "(...)  Un vez que se verificó que las fuentes contaminadas estaban fuera de circulación, el coordinador de inspecciones, Dr. Sibaja, inició en coordinación con todas las instituciones involucradas (ese Ministerio-Dirección de Protección al Ambiente Humano, Área Rectora de Salud de Aguas Zarzas y el Área Rectora de Salud de Grecia-, Ministerio de Ambiente y Energía (Viceministro de Agua y Mares), DIGECA (Dirección de Agua y SETENA), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Agricultura y Ganadería (Servicio Fitosanitario del Estado e INTA) y la Comisión Nacional del Ambiente-, diferentes visitas de campo a aquellas industrias agropecuarias que estaban alrededor de las áreas afectas y, en los establecimientos en los se encontraron inconsistencias sanitarias, se giró la respectiva orden sanitaria, solicitando un Plan de Acciones Correctivas que contemplara lazos y responsables para la solución de las disconformidades. Adicionalmente, se mantienen reuniones técnicas y políticas de la Dirección Regional de Grecia y, las visitas de seguimiento, están programadas para realizarse cada dos meses y, si bien aún no se han establecido cuáles serán los requerimientos necesarios para sanear el agua de las nacientes afectadas, aún se encuentran dentro de los plazos dictados en la sentencia de cita para proceder en ese sentido. Incluso, en cuanto a la documentación entregada por los recurrentes el 4 de febrero de 2019 ante el Ministerio de Salud, según informa el Ministro de la cartera, efectivamente brindaron recomendaciones para el Plan Único y, las mismas, fueron vistas y valoradas oportunamente. Así, en cuanto a este extremo, no considera este Tribunal, que a la fecha, exista un incumplimiento por parte de las autoridades recurridas respecto al inicio del proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas, de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela, por lo que se desestima la gestión presentada. Adicionalmente, por oficio N° DM-0382-2019, suscrito por el Ministro de Ambiente y Energía, a los gestionantes se les explicaron las actuaciones desarrolladas hasta ese momento, en aras de solucionar el problema de contaminación detectado. / Finalmente, los gestionantes hacen referencia un documento presentado el 28 de enero de 2019 y dirigido al Gerente General de Acueductos y Alcantarillados, explican que solicitaron la colaboración con el seguimiento de lo ordenado por este Tribunal y, además, las asesorías técnicas necesarias para lograr captar otras fuentes de agua, sin embargo, no ha obtenido respuesta. En cuanto a este extremo, al momento que acude a este Tribunal-12 de marzo de 2019-, el plazo para contestar esa gestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 261, de la Ley General de la Administración Pública, estaba vigente, ya que apenas había trascurrido un mes y doce días y, la normativa citada, hace referencia, en términos generales a un plazo de dos meses para brindar respuesta a ese tipo de solicitudes, por lo que no corresponde desglosar ese escrito por hechos nuevos, ya que la acusación resulta prematura. (...)". En consecuencia, declaró no ha lugar la gestión de inejecución planteada por las ASADAS demandantes en este proceso (imágenes 370 a 405 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 40) En escrito presentado el 18 de julio de 2019, el Ministro de Salud, el Ministro de Ambiente y Energía, el Ministro de Agricultura y Ganadería, la Presidenta Ejecutiva del AyA, el Director a.i. de Protección al Ambiente Humano, el Director del Área de Salud de Aguas Zarcas, la Directora del Área Rectora de Salud de Grecia, el Director del SFE y el Director de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, informaron a la Sala Constitucional las gestiones que habían realizado para el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia N° 2019-0695 citada (imágenes 415 a 446 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 41) En resolución dictada a las 10 horas 48 minutos del 23 de julio del 2019, la Sala Constitucional tomó nota de las gestiones relacionadas con el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia N° 2019-0695 citada por los órganos y entes recurridos en el recurso de amparo tramitado bajo el expediente No. 18-016614-0007-CO, con relación a las fuentes de agua de las ASADAS de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel, en los siguientes términos: "(...) Explican, que se continuó con las acciones que se venían desarrollando desde el mes de agosto de 2018 en el cantón de Río Cuarto y los distritos de Aguas Zarcas, Venecia y Pital, del cantón de San Carlos, por parte de los Equipos de Trabajo conformados (Equipo de Estudio Hidrogeológico, Equipo de monitoreo, Equipo de Inspecciones y Equipo de Comunicación); así como, con las reuniones mensuales del Equipo de Jerarcas, en donde se cuenta con la participación del Ministro de Agricultura y Ganadería, Ministro de Ambiente y Energía, Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Director del Servicio Fitosanitario del Estado y Liderado por el Ministerio de Salud: 1) realización de un estudio hidrogeológico, cuya finalización está prevista para finales del año 2020; 2) se documentaron los pozos sin inscribir, se revisaron los inscritos y propusieron rutas de trabajo para todos ellos; 3) se están desarrollando planes de mitigación, así como, de contención y control de la contaminación. Refieren, que a la fecha, la investigación presenta importantes avances en la mitigación como el sacar de operación las fuentes contaminadas, el levantamiento de campo, y caracterización geológica, meteorológica, características hidrogeológicas generales, identificación de sitios de muestreo (suelos, agua), definición de sitios para aforos, gestión de permisos de propietarios. Todo con el fin de aportar la información base para la elaboración de un mapa de vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación. Considerando que el origen de la contaminación por residuos de plaguicidas en los acueductos de la zona es, presuntamente, producto de fuentes difusas por el uso de estas sustancias en las actividades agropecuarias en los alrededores de las fuentes, la estrategia a seguir puede enmarcarse en las siguientes acciones: A) Identificar el origen de la contaminación. Para ella se requiere identificar las actividades agropecuarias que se realizan, así como los plaguicidas que se utilizan en dichas actividades. B) Con base en los resultados de los monitoreos de residuos de las fuentes, identificar las sustancias que están contaminando y sus características de comportamiento ambiental. C) Una vez se finalicen los estudios y mapas hidrogeológicos, las autoridades competentes, con base en insumo técnico, deberán tomas las acciones para atender y prevenir la contaminación de los acuíferos y fuentes de agua. 4) Por otra parte, en relación con la disposición de la Sala Constitucional con relación a las comunidades de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel y Veracruz de Pital de San Carlos y la continuidad del servicio de agua potable, señalan lo siguiente: se sacaron de operación algunas fuentes de las ASADAS Santa Isabel Santa Rita y La Tabla. Específicamente, las siguientes nacientes ubicadas en: Finca Don Nicolás, Finca Mil Amores y Finca La Flor. Además, se realizaron diversas actuaciones y, en consecuencia, se garantizó el abastecimiento de agua apta para consumo humano en cantidad, calidad y continuidad para la población actual de las comunidades relacionadas con estas ASADAS. No obstante, se continúa dando seguimiento al abastecimiento de agua de la población para garantizar la calidad del servicio.  En vista de lo anterior, se toma nota de las gestiones relacionadas con el cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia N° 2019-695 de las 9:15 horas de 18 de enero de 2019 -según lo informado por los actores involucrados y la prueba que aportan- y, finalmente, se agregan esas manifestaciones a los antecedentes del expediente.- (...)" (imágenes 447 a 449 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 42) El 5 de marzo del 2020, el Ministro de Salud, el Ministro de Ambiente y Energía, el Ministro de Agricultura y Ganadería, la Presidenta Ejecutiva del AyA y el Director del SFE presentaron informe a la Sala Constitucional en relación con las gestiones que habían realizado para el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia N° 2019-0695 citada (imágenes 460 a 486 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 43) En resolución dictada a las 12 horas 47 minutos del 13 de marzo del 2020, la Sala Constitucional señaló que en el informe solicitado respecto al proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas objeto del amparo tramitado bajo el expediente No. 18-016614-0007-CO, los órganos y entes recurridos "(...) Explicaron las actuaciones realizadas, en las localizadas en el cantón de Río Cuarto: ASADA Santa Rita, ASADA Santa Isabel y ASADA La Tabla; y además, las realizadas en Pital de San Carlos, en concreto, en la ASADA Veracruz de Pital y ASADA Pital. Entre otras, se indican nuevas fuentes de captación para garantizar el abastecimiento del servicio hídrico a las habitantes de las ASADAS mencionadas. Por otra parte, como parte de las acciones incorporadas en el PLAN ÚNICO presentado en el mes de julio de 2019, indican que se han continuado desarrollando las acciones en los distritos de Santa Cecilia, Santa Isabel y La Tabla del Cantón Río Cuarto y en los distritos de Aguas Zarcas, Venecia y Pital del Cantón San Carlos, por parte de los Equipos de Trabajo conformados (Equipo de Estudio Hidrogeológico, Equipo de monitoreo, Equipo de Inspecciones y Equipo de Comunicación), para tales efectos desarrolla qué actuaciones ha realizado cada uno de esos equipos. En atención a lo anterior, concluyen que se han logrado los siguientes avances: 1) Se ha garantizado el suministro de agua en cantidad, calidad y continuidad a los habitantes de las ASADAS del cantón Río Cuarto (Santa Isabel, Santa Rita La Tabla) y del cantón San Carlos (Pital y Veracruz de Pital); 2) Apoyo a ASADAS en la búsqueda de soluciones permanentes para garantizar el abastecimiento de agua potable a corto, mediano y largo plazo; 3) Se ha dado seguimiento a las inspecciones realizadas en el primer semestre 2019 y se han realizado visitas a nuevas actividades ubicadas en la zona de intervención dedicadas a la actividad agrícola y pecuaria con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa legal, incluyendo lo relacionado con el Decreto Ejecutivo N° 40423-MAG-MINAE-S, publicado en La Gaceta N° 124 del 5 de junio de 2017 el cual prohibió en todos sus extremos y versiones el uso del bromacil; 4) Se han georefenciado por parte del SINAC, un total de dieciocho fuentes captadas para consumo humano, con el fin de poder delimitar las áreas de protección y hacer las coordinaciones pertinentes para que se cumpla con lo estipulado en la Ley de Aguas; 5) Se ha dado seguimiento a la divulgación y se ha promovido la socialización de la Amnistía para pozos perforados, con el fin de lograr el mayor número de pozos perforados que se encontraban con un status irregular o ilegal se pongan a derecho; 6) Se ha socializado el Manual de Buenas Prácticas en el cultivo de Piña, en diferentes escenarios (pequeños y medianos productores de piña, sociedad en general); 7) Se han logrado avances en la construcción del Decreto de Aplicaciones Terrestres (no hay legislación que regule las distancias entre los cultivos y las viviendas uni o multifamiliares); 8) Se cumplió con el monitoreo de fuentes contaminadas, según lo programado, por lo que se monitorearon cuarenta y tres fuentes para monitorear la eventual presencia de noventa y dos diferentes moléculas, además del bromacil; 9) Se cumplió con el monitoreo de fuentes no contaminadas, según lo programado, por lo que se monitorearon cuarenta fuentes para determinar la eventual presencia de noventa y dos diferentes moléculas, además del bromacil; 10) Se recolectaron once muestras de suelo en fincas ubicadas en la periferia de las fuentes utilizadas para consumo humano, lo que permitió determinar la vulnerabilidad de algunas fuentes captadas y definir las estrategias a seguir para prevenir la contaminación de las mismas; 11) Se realizaron un total de veintidós análisis de laboratorio en once puntos de cuerpos de agua superficial y con base en los resultados obtenidos se está elaborando una estrategia de intervención; 12) La Comisión Técnica Interinstitucional para la Gestión de Acuíferos conocido como CTI, definido y entregó a la Coordinación de la Comisión de Plan Único los términos de referencia para el estudio hidrogeológico (setiembre 2019); 13) Se han identificado a los representantes legales de los terrenos donde se ubicarán estructuras (piezómetros etc) requeridas para poder realizar el estudio hidrogeológico; 14) Se han realizado dos reuniones con el Director Regional del INDER, Región Huetar Norte, para el análisis y pertinencia de contar con un Proyecto para la compra de terrenos para apoyar a productores que se verán afectados por la no autorización de cultivos en áreas que generan un riesgo de contaminación para las fuentes captadas para consumo humano. Finalmente, aseguran que se continuará desarrollando las actividades según lo programado por los equipos de Inspecciones, Monitoreo, Estudio Hidrogeológico y Equipo Técnico, para el año 2020 y atendiendo, con base en las competencias de cada institución, las necesidades de intervención que se logre evidenciar durante el desarrollo de este Plan Único. Vistas las manifestaciones rendidas por las autoridades recurridas, en atención al cumplimiento de lo ordenado por este Tribunal en la Sentencia N° 2019-695 de las 9:15 horas de 18 de enero de 2019, lo procedente es agregar ese escrito a los antecedentes y proceder al archivo del expediente.- (...)" (imágenes 487 a 490 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 44) En escrito presentado ante la Sala Constitucional el 21 de octubre del 2020, los representantes de las ASADAS aquí actoras acusaron desobediencia a lo ordenado en la sentencia N° 2019-0695 citada y explicaron las razones por las cuales se mostraban inconformes con las acciones ejecutadas por los entes y el órgano aquí demandados en el Plan Único dispuesto en la resolución citada; así como de que no se les tome en consideración, ni las hayan integrado en el equipo del Plan Único (imágenes 493 a 506 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 45) El 11 y 12 de noviembre del 2020, el Director del SFE, la Ministra de Ambiente y Energía, el Ministro de Salud y la Directora del Área Rectora de Salud de Grecia, en cumplimiento de lo ordenado por la  Sala Constitucional en auto de las 10 horas 16 minutos del 29 de octubre de 2020, comunicaron a ese Alto Tribunal las acciones emprendidas para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia  N° 2019-0695 citada (imágenes 524 a 728 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 46) En resolución N° 2020-22767 dictada a las 10 horas 5 minutos del 27 de noviembre del 2020, la Sala Constitucional concluyó, en lo relevantes que "(...) de los informes rendidos por las autoridades recurridas y la prueba aportada en autos, que a la fecha, no existe un incumplimiento por parte de las autoridades recurridas respecto al proceso de mitigación, contención, control de la contaminación y no detección de agroquímicos en las fuentes de agua que abastecen a las comunidades de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela, por lo que se desestima la gestión de inejecución presentada. (...)" (imágenes 730 a 774 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 47) El 15 de diciembre del 2020, los Ministros (as) de Salud, Ambiente y Energía, Agricultura y Ganadería y la Presidenta Ejecutiva del AyA, el Director del SFE, la Ministra de Ambiente y Energía y la Directora del Área Rectora de Salud de Grecia, en cumplimiento de lo ordenado por la  Sala Constitucional en auto de las 10 horas 16 minutos del 29 de octubre de 2020, presentaron a la Sala Constitucional el tercer informe de cumplimiento del Plan Único de la Zona Norte, según lo ordenado en la sentencia N° 2019-0695 citada (imágenes 780 a 823 del archivo PDF titulado "Certificación 18-16614 que consta en las carpetas Disco 4 y 10 del CD de prueba). 48) El 22 de febrero de 2022, los entes y órgano aquí demandados presentaron ante la Sala Constitucional el cuarto informe de cumplimiento del Plan Único de la Zona Norte, según lo ordenado en la sentencia N° 2019-0695 citada  (así se infiere de la sentencia No. Nº 2024-013694 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Nexus). 49) El 22 de marzo del 2022, el AyA habilitó el uso de la naciente Nicrodal a la ASADA Santa Rita,  lo que que ha permitido a dicha ASADA autorizar nuevos servicios de disponibilidad de agua (declaración de Renán Solano Gómez y Luis Solano Alfaro). 50) En escrito presentado el 5 de diciembre de 2023 ante la Sala Constitucional, el Presidente y la Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Rita de Río Cuarto, acusaron el incumplimiento de lo ordenado en la sentencia N° 2019-0695 citada de parte de los entes y el órgano aquí demandados en el Plan Único dispuesto en la resolución citada. En lo fundamental, recriminaron que se seguía contaminado con agroquímicos los acueductos que les suministran el agua de consumo humano, como se evidenciaba con la reciente clausura por parte del Ministerio de Salud del Acueducto de La Tabla; se permitió el cambio de uso de suelo de repastos al cultivo de piña y se autorizó el funcionamiento de estas empresas en medio de una zona de recarga y descarga acuífera de nacientes utilizadas para el consumo humano y, en definitiva, que se mantenía la violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, mediante la protección y conservación de la calidad y cantidad del agua para consumo humano lo que permite mantener el equilibrio ecológico (así se infiere de la sentencia No. Nº 2024-013694 dictada por la Sala Constitucional, consultada en Nexus). 51) Los Ministros (as) de Salud, Ambiente y Energía, Agricultura y Ganadería, el Director del SFE y la Presidenta Ejecutiva del AyA, contestaron la audiencia concedida por la Sala Constitucional en auto de las 14 horas 46 minutos del 21 de diciembre del 2023 y explicaron las acciones ejecutadas en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia N° 2019-0695 citada y los avances que se habían logrado en el desarrollo del Plan Único (así se infiere de la sentencia No. Nº 2024-013694 dictada por la Sala Constitucional). 52) En resolución Nº 2024-013694 dictada a las 13 horas 32 minutos del 17 de mayo del 2024, concluyó que "(...) a la fecha no se ha incumplido la orden emitida por Sentencia N° 2019-695 de las 9:15 horas de 18 de enero de 2019 y, además, en vista de que las tres ASADAS referidas en el recurso de amparo, actualmente abastecen a sus usuarios en condiciones de cantidad, calidad y continuidad, se desestima la gestión de desobediencia planteada. (...)" (consulta a NEXUS). 53) La ASADA Santa Rita nunca dejó de cobrar tarifas a los usuarios por la prestación del servicio de agua (declaración de Renán Solano Gómez). 54) Algunos usuarios de las ASADAS aquí accionantes, las culpaban por el cierre de las nacientes, por vender agua contaminada, por cobrar las tarifas a pesar de los racionamientos (declaraciones de Renán Solano Gómez, Marvin Soro Miranda, José Miguel Baltodano Rojas y Luis Solano Alfaro).

 V.- Hechos no probados. De trascendencia para la resolución del presente caso y por haberse aportado probanzas útiles y pertinentes, se tiene por indemostrado lo siguiente: 1) Al día de hoy exista contaminación en alguna de las nacientes que utilizan las ASADAS actoras para prestar el servicio de agua. 2) El servicio público que prestan las ASADAS actoras haya desmejorado. 3) La existencia de escasez de agua en Río Cuarto. 4) El balance de ingresos y gastos de las ASADAS demandantes en los años 2018 y 2019. 5) Los ingresos de las ASADAS accionantes en los años 2018 y 2019 hayan sido insuficientes para enfrentar los gastos ordinarios y extraordinarios de su actividad prestataria del servicio público de agua. 6) Las ASADAS actoras hayan solicitado al AyA o a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (en adelante ARESEP) el ajuste de la tarifa de prestación del servicio de agua potable, ante los costos extraordinarios en los tuvieron que incurrir por la inhabilitación de las nacientes Nicrodal, La Flor, Brenes y La Culebra. 7) Durante los años 2018 y 2019, las ASADAS actoras hubieran disminuido la cantidad de sus usuarios. 8) Durante los años 2018 y 2019, los usuarios de las ASADAS demandantes hubiesen dejado de cancelar sus tarifas por la prestación del servicio de agua. 9) La percepción de los usuarios de las ASADAS accionantes hubiese impactado en su esfera patrimonial. 10) La existencia de denuncias o procesos interpuestos por los usuarios en contra de las ASADAS actoras. 11) La ARESEP hubiese rechazado a las ASADAS alguna solicitud de reajuste tarifario con ocasión de los costos en que incurrieron mientras las nacientes de agua estuvieron fuera de servicio.  

 VI.- Sobre la defensa de cosa juzgada constitucional. Durante las conclusiones, las representantes de los entes y el órgano demandados reiteraron la defensa de cosa juzgada constitucional, a efectos de que fuera analizada por el Tribunal al dictar sentencia. Debe tenerse presente que estamos ante una defensa de las privilegiadas, que conforme al artículo 67 del CPCA, puede oponerse hasta antes de concluido el juicio oral. En este caso, ciertamente los demandados la opusieron y fue rechazada durante la audiencia preliminar. Sin embargo, los artículos 92.7 y 120.1 del CPCA habilitan a este Tribunal a reexaminar, precisamente, las defensas previas que hubieran sido desestimadas en audiencia preliminar, máxime cuando se trata de una que, reiteramos, es privilegiada y fue alegada por las partes demandadas en sus conclusiones. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia explica esta potestad del Tribunal Decisor, entre otras, en la resolución No.  964-F-S1-2022 dictada a las 8 horas 44 minutos del 5 de mayo de 2022, en la medida que el rechazo de estas defensas por parte del juez (a) tramitador (a) "(...) dejó en indefensión a las partes, al privarlas de poder impugnar lo decidido, ante la falta de un pronunciamiento de fondo -sobre el punto- que pudiera ser revisado en alzada. En relación a este último aspecto, tómese en cuenta, los Juzgadores están obligados a resolver en sentencia sobre todas las pretensiones y excepciones opuestas por las partes (precepto 119 del CPCA), además; conforme al mandato 120 ibid: “(…) 2) Si el Tribunal determina la existencia del supuesto contemplado en el apartado 1) del artículo 66, procederá conforme al artículo 5, ambas normas de este Código, aun cuando por resolución interlocutoria se haya rechazado alguna defensa previa interpuesta (…)”. De ambas normas se colige, las defensas previas rechazadas preliminarmente, a pesar de no tener ulterior recurso, no eximen al Juez de volverse a pronunciar sobre el fondo del asunto, permitiendo el control vertical sobre lo dispuesto, toda vez que la voluntad del legislador ha sido otorgar recurso contra la resolución final. Cabe destacar, el CPCA parte de la premisa de que los fallos interlocutorios no causan estado, motivo por el cual el Juez debe referirse nuevamente sobre el punto. Téngase claro, cuando la extinción del derecho reclamado afecta la sentencia de fondo el Juzgador está obligado a conocer el tema nuevamente (por el principio de taxatividad de la impugnación), pues como se indicó, con el rechazo interlocutorio se dejó a las partes sin oportunidad de impugnar lo resuelto (…)” (el resaltado no corresponde al original). Se trata, además, de una cuestión que, por su naturaleza, debe ser abordada de previo a ingresar a conocer, por el fondo, la conducta objeto de este este proceso. A partir de lo expuesto y tomando que todas las partes han podido referirse ampliamente a esta defensa, tanto durante la audiencia preliminar como en el juicio oral, este Tribunal estima que, en efecto, el tema de la cosa juzgada amerita ser analizado nuevamente. En ese sentido, debe tenerse presente que, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional (en adelante LJC), la jurisprudencia y precedentes de la Sala Constitucional tienen eficacia vinculante erga omnes y por ende, no pueden ser desconocidos por los restantes órganos jurisdiccionales y operadores jurídicos. En ese sentido, el artículo 8.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ), impone a los Tribunales ordinarios un impedimento expreso para interpretar o aplicar fallos constitucionales de manera que pudieran contrariar lo dispuesto por la Sala Constitucional en los siguientes términos :“(…) Artículo 8.- Los funcionarios que administran justicia no podrán: / 1.- Aplicar leyes u otras normas o actos de cualquier naturaleza que sean contrarios a la Constitución Política. / Si tuvieren duda sobre la constitucionalidad de esas normas o actos, deberán hacer la consulta correspondiente a la jurisdicción constitucional. Tampoco podrán interpretarlos o aplicarlos de manera contraria a los precedentes o jurisprudencia de la Sala Constitucional (…)” (el resaltado no corresponde al original). En ese sentido,  ya en la sentencia N° 2024009714 dictada por este Tribunal a las 14 horas 19 minutos del 20 de diciembre del 2024, se indicó que desde la sentencia No. 1185-95 de las 14 horas 33 minutos del 2 de marzo de 1995, la Sala Constitucional determinó el alcance jurídico de sus pronunciamientos, en relación con las facultades de los jueces ordinarios a la hora de aplicar, interpretar e integrar el Derecho, en los siguientes términos: “(…) Asimismo, tal y como lo dispone el párrafo final del artículo 8.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando existan precedentes o jurisprudencia constitucional para resolver el caso, el juez está obligado a interpretar y aplicar las normas o actos propios del asunto, conforme con tales precedentes o jurisprudencia incluso si para hacerlo haya de desaplicar leyes u otras normas que resulten incompatibles con ellos, siempre y cuando, claro está, se trate de las mismas hipótesis o supuestos, de modo que la situación bajo el conocimiento del Juez resulta idéntica a la resuelta por el precedente o la jurisprudencia constitucional. Esto es así, además, por virtud de que el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que "la jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes", dado que ofrecen la forma en que los actos sujetos al derecho público y la normativa en general, pueden entenderse conforme con el Derecho de la Constitución (…)” (el resaltado no corresponde al original). En la misma línea, mediante sentencia No.  2014-12825 de las 15 horas 5 minutos del 6 de agosto del 2014, la Sala Constitucional desarrolló la figura de la “Cosa Juzgada Constitucional”, indicando expresamente que: “(…) Ningún Tribunal o juez ordinario de legalidad tiene competencia, so pena de infringir palmariamente la Constitución y la Ley de la Jurisdicción Constitucional de definir cuándo o bajo que circunstancias una sentencia vertida por la Sala Constitucional tiene efectos de cosa juzgada material o eficacia vinculante ante terceros, tales extremos deben ser determinados, exclusivamente, por el intérprete último y definitivo de la Constitución, el derecho internacional de los derechos humanos y la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Cualquier tribunal o juez de legalidad ordinaria que pretenda definir tales alcances quebranta los artículos 9, 10 y 48 constitucionales al arrogarse y usurpar, a contrapelo de la Constitución y la ley, competencias que no tiene y lesionando, gravemente, el principio constitucional de la separación de funciones que distingue, nítidamente, entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción de mera legalidad. En definitiva, todo tribunal o juez de legalidad ordinaria tiene prohibición expresa de definir en sus propias sentencias de legalidad los alcances y efectos de una sentencia vertida por el intérprete último y definitivo de la constitución que conoce y resuelve, excluyentemente, los procesos constitucionales. El único órgano habilitado por la Constitución y por la ley para definir la eficacia de sus sentencias constitucionales es la propia Sala Constitucional, con exclusión de cualquier órgano jurisdiccional ordinario (…)” (el resaltado no corresponde al original). En ese fallo, la Sala Constitucional distinguió entre dos tipos de cosa juzgada: la de legalidad ordinaria y la constitucional, así como también delimitó las características particulares de ésta última. Dispuso así ese Alto Tribunal: “(…) es necesario distinguir entre el derecho a la cosa juzgada de legalidad ordinaria y el derecho a la cosa juzgada constitucional. El primero -derecho a la cosa juzgada de legalidad- debe ser invocado y resuelto ante las instancias de legalidad ordinaria y los tribunales comunes, mediante los cauces que prevé el ordenamiento jurídico (v. gr. excepción privilegiada de cosa juzgada), puesto que, no es competencia de este Tribunal Constitucional determinar cuando un asunto de legalidad ordinaria fue resuelto o no con autoridad de cosa juzgada de legalidad ordinaria, dado que, se trata de cotejar criterios de mera legalidad. Distinto sucede tratándose del derecho fundamental a la cosa juzgada constitucional, por cuanto, se trata de establecer los verdaderos y exactos alcances de una sentencia constitucional respecto de lo que ha sido resuelto en la sede de la legalidad ordinaria. En esta hipótesis sólo la Sala Constitucional tiene competencia -exclusiva y excluyente- para determinar los alcances y contenido de sus sentencias estimatorias y desestimatorias. Debe tomarse en consideración que la cosa juzgada constitucional tiene una especial relevancia desde la perspectiva constitucional, por cuanto, las competencias de fiscalización constitucional le fueron exclusivamente atribuidas a la Sala Constitucional y este Tribunal en sus sentencias zanja y dirime, definitivamente, sin posibilidad de ulterior recurso, si fue quebrantado o no un derecho fundamental, humano o bien un valor, principio o precepto constitucional. La cosa juzgada constitucional tiene singularidades propias y especiales que la distinguen de la cosa juzgada de legalidad, que son las siguientes: a) No cabe ningún recurso, ni siquiera el extraordinario de revisión contra una sentencia constitucional; b) la cosa juzgada constitucional se extiende a la parte dispositiva (por tanto) como a la parte considerativa o razonamientos de hecho y de derecho expuestos por la Sala Constitucional; c) la eficacia de la cosa juzgada constitucional no es relativa -relatividad de la cosa juzgada de legalidad- sino absoluta y general, se extiende a cualquier sujeto de derecho, tanto los que intervinieron como partes principales o accesorias como a los que no fueron parte en el proceso constitucional. En particular, en el proceso de amparo, a través de sus sentencias, este Tribunal Constitucional declara de manera última y definitiva si hubo o no una amenaza o violación efectiva de un derecho fundamental o humano. […] La definición de la cosa juzgada constitucional como un derecho fundamental por el constituyente originario, no es una cuestión menor o irrelevante, por el contrario reviste la mayor trascendencia desde la óptica de la hermenéutica y aplicación constitucional, por cuanto, hace posible que cualquier persona puede aducir su infracción en la sede del proceso de amparo y, por consiguiente, este Tribunal Constitucional tiene plena y absoluta competencia para conocer y resolver ese extremo en el cauce procesal indicado. En definitiva, la cosa juzgada constitucional cumple un doble rol de derecho fundamental y de garantía institucional de los principios y valores apuntados (seguridad jurídica y paz social), condición que comparte con otras figuras reguladas en la parte dogmática de la Constitución (…)” (el resaltado no corresponde al original). Finalmente,  tratándose de sentencias en procesos constitucionales de garantía de derechos fundamentales y humanos (recursos de amparo y de hábeas corpus), el Alto Tribunal Constitucional distinguió diversos grados de eficacia de la cosa juzgada constitucional o vinculatoriedad erga omnes de sus pronunciamientos, según el tipo de resolución que fuera emitido. Distinguió así tres grandes supuestos: efectos de las resoluciones de rechazo ad limine (de plano o por el fondo), de las  sentencias estimatorias y de las desestimatorias en los siguientes términos:  “(…) Dentro de la tipología de las sentencias de amparo dictadas por la Sala Constitucional, debe distinguirse entre las denominadas absolutorias de la instancia, sea que no entran a conocer el mérito del asunto y que ad limine litis resuelven el asunto como lo son los rechazos de plano y por el fondo. En el rechazo de plano, la Sala Constitucional no vierte pronunciamiento en cuanto al fondo, por cuanto, puede estimar que el asunto es manifiestamente improcedente o de legalidad ordinaria por lo que no es de su competencia constitucional, este tipo de sentencia como no se pronuncia sobre el mérito del asunto no produce cosa juzgada, serán las instancias administrativas y jurisdiccionales ordinarias quienes deberán conocer y resolver el asunto. Tratándose del rechazo por el fondo, tampoco hay pronunciamiento en cuanto al fondo, por cuanto, se reiteran sentencias precedentes en las que se ha rechazado el asunto por no ser competencia de la Sala Constitucional. Nuevamente se reitera que la delimitación de la competencia de la Sala Constitucional es una cuestión exclusiva y excluyente de este Tribunal Constitucional, siendo que sus precedentes no la vinculan a futuro, por lo que bajo una mejor ponderación o una nueva integración bien podría la Sala Constitucional asumir el conocimiento y resolución de cierto tipo de asuntos que en el pasado haya rechazado al estimar que tiene relevancia para la interpretación y aplicación uniforme de la Constitución y los instrumentos del Derecho internacional público de los derechos humanos. En lo relativo a las sentencias vertidas en el proceso de amparo que entran a conocer el fondo del asunto, se debe distinguir entre las a) estimatorias y b) desestimatorias. Debe tomarse en consideración que la estimación o desestimación de la pretensión deducida en el amparo, también, puede ser absoluta o parcial. Las sentencias estimatorias o parcialmente estimatorias producen cosa juzgada constitucional de carácter material y, además, vinculan erga omnes. Las sentencias desestimatorias, en la mayoría de los supuestos, también producen cosa juzgada constitucional material, por cuanto, la Sala Constitucional al conocer y resolver la pretensión descarta que exista una infracción de un derecho fundamental o humano. Las sentencias desestimatorias no producen cosa juzgada constitucional material, única y exclusivamente, en los supuestos excepcionales en que la Sala Constitucional estima que lo pretendido es una cuestión de legalidad ordinaria y así lo indica expresamente, en tal supuesto serán los órganos administrativos y jurisdiccionales quienes deberán resolver el asunto. Son supuestos excepcionales, por cuanto, por regla general, la Sala Constitucional rechaza de plano las cuestiones de legalidad ordinaria, empero pueden (sic) haber casos en los que tiene algún nivel de duda y entonces decide darle curso, siendo que hasta que es recabada la prueba queda patente que se trata de una cuestión de legalidad ordinaria. También sucede esto cuando el recurrente en amparo formula un conjunto de agravios y pretensiones, siendo que combina unas de legalidad con otras de constitucionalidad, por lo que la Sala Constitucional, al estar presentes las últimas decide darle curso, instruir el proceso y resolver, indicando en la sentencia que hay una serie de extremos de legalidad ordinaria sobre los que no se pronunciará por no ser de su competencia (…)” ( el resaltado no corresponde al original). A partir de lo expuesto, para este Tribunal resulta claro que ningún órgano jurisdiccional  puede ignorar o contradecir lo resuelto por la Sala Constitucional en una sentencia, toda vez que es únicamente ese Alto Tribunal quien “(…) declara de manera última y definitiva si hubo o no una amenaza o violación efectiva de un derecho fundamental o humano (…)”. Lo que corresponde, entonces, es determinar si en el caso concreto ha acaecido o no la cosa juzgada constitucional que alegan los entes y el órgano accionados, aspecto al que ingresamos de seguido.

 VII.- Como indicamos, las representantes de los entes accionados reiteraron la defensa de cosa juzgada constitucional, en relación con las sentencias No 695-2019 y No. 13694-2024 referidas y dictadas por la Sala Constitucional, así como las diferentes resoluciones que ese Alto Tribunal ha dictado en la ejecución  de esos fallos. En lo fundamental, coinciden en que las pretensiones que se formulan en este proceso ya fueron abordadas por la Sala Constitucional en las sentencias citadas y que a la fecha se mantiene la ejecución de esos fallos y del Plan Único ahí dispuesto, por lo que no existe la conducta omisiva alegada en la acción. Agregan que todas las gestiones de desobediencia e incumplimiento que las ASADAS accionantes han interpuesto ante la Sala Constitucional han sido rechazadas, precisamente porque han presentado diferentes informes de cumplimiento ante el Tribunal Constitucional en los cuales se detallan las diferentes acciones técnicas y de especialidad orgánica que han venido ejecutando, cada uno desde su competencia, para cumplir con lo ordenado en la sentencia No 695-2019. Resaltan que el elenco fáctico que sirve de sustento a esta acción coincide a cabalidad con los hechos que la Sala Constitucional tuvo por demostrado en la resolución No 695-2019 indicada, así como que, en lo medular, las partes en este proceso también intervinieron en el recurso de amparo tramitado en el expediente No. 18-016614-0007-CO, el cual fue declarado con lugar; lo que evidencia, dicen, que existe cosa juzgada constitucional y que este Tribunal debe estarse a lo resuelto por la Sala Constitucional pues, además, lo ahí resuelto resulta vinculante para este órgano jurisdiccional ordinario. Por su parte, el representante de las ASADAS actoras sostiene que la defensa de cosa juzgada constitucional es improcedente y debe ser rechazada. En lo medular, señala que Sala Constitucional ya determinó la responsabilidad de las entidades públicas demandadas por omisión y negligencia en la contaminación de las fuentes de agua, y por ende, en la violación de los derechos constitucionales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el derecho al agua y a su saneamiento, entre otros; aspectos que no se están discutiendo de nuevo en este proceso, sino que, lejos de lo anterior, la sentencia No 695-2019 citada se configura como la base sobre la cual se pretende determinar la existencia de los daños y perjuicios y proceder a su cobro. Manifiesta que lo que se pretende en este proceso en ningún momento quebranta lo dispuesto por la sentencia dictada por la Sala Constitucional, sino que más bien complementa lo indicado en el respectivo voto y pretende su aplicación respetando su espíritu. Resalta que la Sala Constitucional les ordenó, entre otros, a los entes y al órgano aquí accionados que “(…) en forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas objeto de éste (sic) amparo, de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela. Se advierte a los accionados que en razón del objetivo aquí dispuesto, deberán ordenar todas las actuaciones que sean técnica y científicamente conducentes a la completa limpieza y purificación del agua de esas fuentes, lo que implica ordenarle a quienes resulten responsables, los retiros que legalmente correspondan, e inclusive, de ser necesario, prohibirle absolutamente el uso de agroquímicos contaminantes en sus plantaciones y hasta ordenar el cierre inmediato de las empresas o la prohibición de las actividades productivas, si se incumpliere de cualquier forma las órdenes e instrucciones que se le dieren (…)”. Sin embargo, acusa que evidentemente este mandato no se ha cumplido en lo más mínimo, ya que no se ha hecho absolutamente nada para materializar los principios ambientalistas de la reparación in situ e in integrum volviendo la naturaleza al estado que se encontraba antes de que fuese contaminada. Recrimina que, más bien, las fuentes hídricas que fueron contaminadas se encuentran en total abandono, y tanto el Estado como el AyA se han limitado a brindar soluciones paliativas y temporales, violentando así lo dispuesto no sólo por la Sala Constitucional, sino también lo dispuesto por sendos Tratados Internacionales y normativa interna. Agrega que tampoco se violenta en lo más mínimo la sentencia  No 695-2019 citada si este Tribunal Contencioso Administrativo le exige a las entidades demandadas la presentación de informes con cierta periodicidad; pues es de todos sabidos que la Sala Constitucional presenta serios problemas para darle seguimiento a las sentencias que dicta, de tal manera que si bien es cierto se le ordena a las entidades presentar informes semestrales ante dicha Autoridad, nada impide que también lo hagan con cierta periodicidad ante este Tribunal Contencioso Administrativo, máxime si se está en presencia de la violación de derechos de índole constitucional que también se encuentran amparados en el marco legal positivo del país, y que al Estado como un todo se le ha confiado su protección y preservación. Sostiene que reconocer y hacer efectivo este derecho a través de una demanda ordinaria en nada violenta lo dispuesto por la sentencia constitucional  No 695-2019, ya que en ella no se excluye en lo más mínimo la participación de las ASADAS en la búsqueda de la solución más expedita y efectiva para solucionar los problemas y para continuar brindando un servicio de óptima calidad, ni en ninguna manera su limita su derecho a luchar por un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ya que ello redunda en la protección al derecho a la salud de los usuarios, y a su derecho al agua y a su saneamiento. A partir de estas alegaciones, ingresamos a examinar la defensa de cosa juzgada constitucional en relación con cada una de las pretensiones que formulan las ASADAS demandantes.

 VIII.- En el primer pedimento que formulan las actoras, se requieren varios pronunciamientos, de modo que lo que corresponde es analizar cada uno de ellos para establecer si están o no cubiertos por la cosa juzgada constitucional. De inicio, se solicita un pronunciamiento general, a saber, que "(...) Se declare la total disconformidad con el ordenamiento jurídico de la conducta omisiva que propició la contaminación de los acuíferos administrados por las ASADAS actoras, omisión realizada por el Estado, el ICAA y el SFE en cuanto a su deber de garantizar, respetar y proteger el medio ambiente y de dar cumplimiento a la normativa ambiental; en cuanto a su deber de garantizar, respetar, y proteger la salud, la vida y la integridad física de los usuarios y de dar cumplimiento a la normativa dictada en materia de salud; y en cuanto a su deber de control en materia de sustancias químicas nocivas para el medio ambiente y la salud, y de dar cumplimiento a la normativa dictada en ese sentido, es decir, de respetar, de proteger, y de hacer cumplir los derechos de las ASADAS (...)". Luego de un análisis mesurado de este pedido en relación con lo dispuesto por la Sala Constitucional en la sentencia No. 695-2019, el Tribunal estima que llevan razón los demandados cuando alegan que esta pretensión genérica se encuentra cubierta por la cosa juzgada constitucional. Como aspecto inicial, debemos señalar que el objeto del recurso, en los términos establecidos por la Sala Constitucional en la sentencia referida, coincide en su mayoría con los hechos que se acusan en este proceso como causas generadoras de las violaciones al medio ambiente, a la salud e integridad física de los usuarios y los derechos de las ASADAS accionantes.  Aunado a lo anterior, en el Considerando IV de la sentencia No. 695-2019, la Sala Constitucional se pronunció sobre las diferentes omisiones en las que incurrieron los órganos y entes recurridos en el expediente No. 18-016614-0007-CO. Así por ejemplo, analizó la actuación del TAA en relación con la denuncia formulada por la ASADA Santa Rita de Río Cuarto respecto de la tala de bosque, destrucción ambiental, cambio de uso de suelo de bosques a siembra de piña y contaminación de acuíferos con agroquímicos presuntamente por la empresa entonces denominada Piñera La Flor, ubicada en La Flor de Río Cuarto y estimo que "(...) el plazo demorado es absolutamente excesivo y denota la desidia de los funcionarios involucrados en atender la situación denunciada. (...)". También consideró que "(...) resulta claro que existió una evidente omisión del Ministerio de Salud en realizar los estudios correspondientes y dictar las órdenes necesarias para atender la situación de riesgo denunciada desde hace años. Simplemente, se realizó una inspección en agosto de 2011, en la que se inspeccionaron las nacientes La Culebra y La Tabla, y se concluyó “Que la siembra de piña que se encontraba sembrada en el radio de protección de las nacientes fue arrancada por parte de los propietarios (Hacienda La Flor)” y se determinó que en ese momento se estaban sembrando árboles, como parte de su programa de reforestación y protección. Nótese también, que desde el 2017, el Servicio Fitosanitario del Estado le comunicó los resultados preliminares del estudio realizado en el agua de la zona y que originó el documento “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de la piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA)” y no es sino hasta el 18 de junio de 2018, que le solicitó al Servicio Fitosanitario del Estado, una copia del documento para su estudio. Además, no es sino hasta el 2018, que finalmente se están realizando actuaciones al respecto, bajo la instrucción de la Comisión creada al efecto y liderada por el Área de Salud de Aguas Zarcas. (...)". En relación con el SFE, la Sala Constitucional razonó que "(...) desde mediados del 2017, conocían los resultados de los análisis detectados sin que hayan cumplido con su obligación de control en materia de sustancias químicas para uso agrícola –según la Ley de Protección Fitosanitaria, Ley N° 7664 del 8 de abril de 1997-, ya que simplemente se limitó a trasladar los resultados al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y al Ministerio de Salud, sin que tomara ninguna acción contundente al respecto (los resultados se consignaron en el documento “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de la piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA)”). Lo anterior, pese a que conocía el posible riesgo a las personas y al ambiente, según se consigna en el oficio DSFE.483.2017, que el Director Ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Estado, que le remitió al Director de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica, desde el 23 de agosto de 2017. (...)". Y finalmente, respecto del AyA, el fallo indicado señaló que "(...) consta que desde mediados de 2017, se les remitieron los estudios preliminares del estudio realizado por el Servicio Sanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería documento denominado “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de la piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA)” y no es sino hasta junio de 2018, que solicitaron una copia del mismo y, en consecuencia, que el 20 de julio de 2018, por orden suya, se sacó de operación, por la aparición de bromacil, las siguientes nacientes: Brenes del Acueducto La Tabla, con un caudal de producción aproximado de 24 l/s, Nicrodal del Acueducto de Santa Rita, con un caudal de producción aproximado de 24 l/s, La Flor del Acueducto de Santa Rica con un caudal de producción aproximado de 8 l/s, La Flor del Acueducto de Santa Isabel, con un caudal aproximado de 16 l/s. (...)"; y que "(...) las medidas tomadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados son meramente paliativas, ya que a estas alturas lo que ha dictado son órdenes para continuar brindando el servicio de agua potable, por medio de apoyo entre ASADAS y camiones cisterna, sin que consten recomendaciones técnicas para abastecer a las comunidades afectadas finalmente de la cantidad del líquido vital necesario para el desarrollo de las comunidades en cuestión y, además, sin que se hayan indicado a esta Sala, en concreto, cuáles podrían ser las otros proyectos que pueden mejorar la continuidad del servicio, en atención a las limitaciones que debieron dictarse para nuevos servicios en las comunidades afectadas, por ejemplo. (...)". Luego, la sentencia señala que "(...) Ante el escenario descrito, resulta clara la acusada violación del derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que habitan las comunidades de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel. (...)" y en definitiva, concluye que "(...) este amparo es procedente como medio para proteger a las comunidades afectadas en sus derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (en similar sentido, véase la Sentencia N° 2009-9040 de las 10:29 horas de 29 de mayo de 2009). En consecuencia, corresponde ordenar a los recurridos que tomen las acciones que correspondan con el objetivo de eliminar la causa de la contaminación y sanear las referidas fuentes de agua. (...)". Al tenor de lo expuesto, estos juzgadores concluimos que la Sala Constitucional declaró, en general, la existencia de las omisiones de los aquí accionados, que resultaban disconformes con el ordenamiento jurídico, las cuales propiciaron la contaminación de los acuíferos administrados por las ASADAS actoras; así como la violación de los deberes normativos impuestos para la protección del medio ambiente y el control en materia de sustancias químicas nocivas, la salud, la vida y la integridad física de los usuarios. Se trata de un pronunciamiento que no puede desconocer, revisar o enmendar esta Cámara, al estar vedado por el aludido ordinal 13 de la citada Ley No. 7135.

 IX.- La pretensión primera también incluye la declaratoria de omisiones específicas en las que las ASADAS actoras estiman que incurrieron los entes y el órgano demandado. En la primera de ellas se acusa que "(...) Se omitió efectuar la coordinación interadministrativa, para que las entidades competentes tales como las demandadas, previeran e impidieran la contaminación de los acuíferos administrados por las ASADAS. (...)". Sin embargo, a la luz de lo dispuesto en la sentencia No. 695-2019 ya referida, este Tribunal está convencido que se trata de un pedimento que ya fue declarado por la Sala Constitucional. Lo anterior porque en el Considerando IV de ese fallo se razonó ampliamente sobre la protección al medio ambiente y el principio de coordinación administrativa; a partir de lo cual, en el Considerando V la Sala Constitucional indicó que "(...) Ahora bien, tal y como se indicó líneas atrás, no puede este Tribunal declarar las razones por las cuales se contaminó el agua de las nacientes Brenes, Nicrodal, La Flor del Acueducto de Santa Rica, La Flor del Acueducto de Santa Isabel, La Culebra y Nicolás Rodríguez y que motivó su salida de operación, por ser ajeno al ámbito de su competencia, es decir, no podría indicar cuáles son las empresas o personas que contaminaron las aguas; sin embargo, sí resulta claro que todas las autoridades recurridas conocían la situación desde hace años e incumplieron su obligación, en atención al principio de coordinación interinstitucional en materia ambiental y del principio precautorio, de atender la situación con la premura necesaria para este tipo de problemas. (...)". Precisamente por la violación al principio de coordinación administrativa, la parte dispositiva de la sentencia en cuestión ordenó a algunos órganos del Estado, al AyA y al SFE "(...) que en forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas objeto de este amparo, de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela. Se les advierte que cada órgano y ente recurrido, determinará conforme con sus propias competencias legales, las acciones individuales que obligatoriamente le corresponde efectuar, dentro de un PLAN ÚNICO que como partes de la Administración del Estado deben realizar en forma conjunta, que debe redactarse en un plazo no mayor de seis meses a partir de la notificación de esta sentencia y cuyos avances, deberán ser informados a este Tribunal cada seis meses. Como principal responsable de ese plan y de su completo cumplimiento, se designa a la Ministra de Salud, lo que significa que la Jerarca de Salud deberá informar inmediatamente a esta Sala, si surgiere algún obstáculo en su labor de coordinador para cumplir el objetivo aquí ordenado. Se advierte a los accionados que en razón del objetivo aquí dispuesto, deberán ordenar todas las actuaciones que sean técnica y científicamente conducentes a la completa limpieza y purificación del agua de esas fuentes, lo que implica ordenarle a quienes resulten responsables, los retiros que legalmente correspondan, e inclusive, de ser necesario, prohibirle absolutamente el uso de agroquímicos contaminantes en sus plantaciones y hasta ordenar el cierre inmediato de las empresas o la prohibición de las actividades productivas, si se incumpliere de cualquier forma las órdenes e instrucciones que se le dieren. Además, mientras el proceso de saneamiento concluye, deberán dictar las órdenes necesarias, dentro del marco de sus competencias, para mantener la continuidad del servicio de agua potable a las poblaciones afectadas. (...)". A mayor abundamiento, cabe señalar que en la ejecución de esa sentencia, las partes aquí demandadas han venido rindiendo informes ante la Sala Constitucional en relación con la implementación del Plan Único y las diferentes acciones que cada uno de ellos ha venido realizando, sin que ese Alto Tribunal haya establecido la existencia de algún incumplimiento en ese sentido (hechos probados 33, 37 a 48 y 50 a 52). Así las cosas y de conformidad con el carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional, este Tribunal no podría analizar nuevamente el acusado incumplimiento al principio de coordinación administrativa, debiendo apegarse al pronunciamiento efectuado por la Sala Constitucional. En segundo lugar, se pide que se declare que "(...) Se ignoró y omitió el derecho de las ASADAS de acceso a la información ambiental, sobre todo lo relativo a la contaminación de los acuíferos que administran. (...)". En criterio de estos juzgadores, este pedido también fue objeto de análisis por Sala Constitucional dentro del recurso de amparo tramitado bajo el expediente No. 18-016614-0007-CO. Así se desprende de la delimitación del objeto del recurso efectuado por la Sala Constitucional específicamente en el punto D que señala:  "(...) que pese a que desde el 2015, el Servicio Fitosanitario del Estado pagó con fondos públicos una investigación al Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica, denominada Proyecto de Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de la piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA), que determinó en sus comunidades la presencia en el agua de agroquímicos como el bromacil, ametrina, diurón, microbutanil y oxamil de las aguas captadas para el consumo humano, nunca fueron alertados por lo que suministraron por años agua contaminada a los usuarios. (...)". Como se evidencia de los hechos probados 11, 14 y 16 al 20 de esta sentencia, el tema también fue abordado por el fallo constitucional ya indicado, tanto en el elenco fáctico que en aquella sede se tuvo por demostrado, específicamente en los hechos 9 y 12 al 18, como en el Considerando V. En este último, la Sala Constitucional señaló, en lo relevante: "(...) Al respecto, si bien, no puede este Tribunal declarar las razones por las cuales se contaminó el agua de las nacientes Brenes, Nicrodal, La Flor del Acueducto de Santa Rica, La Flor del Acueducto de Santa Isabel, La Culebra y Nicolás Rodríguez y que motivó su salida de operación, por ser ajeno al ámbito de su competencia. Además, de que bajo juramento se informó que al denunciante sí se le comunicó el resultado de su denuncia. (...) Nótese también, que desde el 2017, el Servicio Fitosanitario del Estado le comunicó los resultados preliminares del estudio realizado en el agua de la zona y que originó el documento “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de la piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA)” y no es sino hasta el 18 de junio de 2018, que le solicitó al Servicio Fitosanitario del Estado, una copia del documento para su estudio. Además, no es sino hasta el 2018, que finalmente se están realizando actuaciones al respecto, bajo la instrucción de la Comisión creada al efecto y liderada por el Área de Salud de Aguas Zarcas. Adicionalmente, en cuanto al Servicio Sanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, consta que desde febrero de 2013, se firmó un contrato con la Universidad de Costa Rica para el análisis general de residuos de plaguicidas en muestras vegetales, agua y suelo y, consta que desde mediados del 2017, conocían los resultados de los análisis detectados sin que hayan cumplido con su obligación de control en materia de sustancias químicas para uso agrícola –según la Ley de Protección Fitosanitaria, Ley N° 7664 del 8 de abril de 1997-, ya que simplemente se limitó a trasladar los resultados al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y al Ministerio de Salud, sin que tomara ninguna acción contundente al respecto (los resultados se consignaron en el documento “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de la piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA)”). Lo anterior, pese a que conocía el posible riesgo a las personas y al ambiente, según se consigna en el oficio DSFE.483.2017, que el Director Ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Estado, que le remitió al Director de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica, desde el 23 de agosto de 2017. Finalmente, en cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, consta que desde mediados de 2017, se les remitieron los estudios preliminares del estudio realizado por el Servicio Sanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería documento denominado “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de la piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA)” y no es sino hasta junio de 2018, que solicitaron una copia del mismo y, en consecuencia, que el 20 de julio de 2018, por orden suya, se sacó de operación, por la aparición de bromacil, las siguientes nacientes: (...)". A partir de lo expuesto, el Tribunal estima que la Sala Constitucional sí abordó el análisis de la tardía comunicación del informe que estableció la contaminación de las nacientes de las que se abastecían las ASADAS aquí actoras para prestar el servicio público encomendado hasta el 20 de julio del 2018, cuando se sacó de operación dichas nacientes, así como la supuesta lesión al derecho de información que en aquella sede acusaban las demandantes. Tomando en cuenta que la sentencia No. 695-2019 citada fue estimatoria, no podría el Tribunal analizar  nuevamente esta pretensión pues, insistimos, formó parte del objeto del recurso que fue acogido en su totalidad. El tercer pronunciamiento que se requiere se direcciona en dos sentidos. Por un lado, se pide que se establezca que "(...) Se ignoró y omitió el derecho de las ASADAS de obtener una justicia pronta y cumplida en cuanto a las denuncias que interpusieron por contaminación ambiental (...)". Pero, nuevamente, se trata de un aspecto que ya fue abordado por la Sala Constitucional en la sentencia No. 695-2019 citada. Así se infiere desde de la delimitación del objeto del recurso efectuada por ese Alto Tribunal, que abarca las denuncias que las ASADAS efectuaron  ante el TAA y el Área de Salud de Grecia, las inspecciones realizadas y que no hayan sido alertados oportunamente del informe denominado "Proyecto de Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de la piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA)" que determinó en sus comunidades la presencia en el agua de agroquímicos como el bromacil, ametrina, diurón, microbutanil y oxamil de las aguas captadas para el consumo humano. Pero además, también se evidencia de los hechos probados 1 al 5, 8, 21 y 22 de la sentencia No. 695-2019, los cuales refieren a las denuncias presentadas y la atención brindada por diferentes órganos del Estado. Se trata de un elenco fáctico que, precisamente por la vinculatoriedad de lo resuelto por la Sala Constitucional, este Tribunal ha debido tenerlos por acreditados, según se infiere de los hechos probados 4 al 8, 10, 24 y 25 de este fallo. Las referidas denuncias fueron analizadas, también, en el Considerando V de la sentencia No. 695-2019 ya referida y sirvieron de base para que la Sala Constitucional tuviera por establecidas las omisiones de diferentes órganos del Estado, el AyA y el SFE, según explicamos ut supra. Ergo, se trata de una cuestión ya resuelta y cubierta por los alcances de la cosa juzgada constitucional, lo que impide cualquier examen posterior por parte de esta Cámara. En este mismo pedimento, las ASADAS actoras solicitan que se declare que "(...) se ignoró y omitió su derecho de ser parte integrante de los grupos que se conformaron para la solución del problema referente a la contaminación de los acuíferos que administran, y de participar en la discusión y toma de decisiones en la solución del mismo. (...)". Sin embargo, basta una lectura de sentencia constitucional a la que hemos venido haciendo referencia, para concluir que este ruego también fue abordado y resuelto por la Sala Constitucional. Lo anterior porque la parte dispositiva de ese fallo expresamente definió quienes formarían parte del Plan Único definido para el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto; estableciendo que el referido plan estaría a cargo únicamente de diferentes entes y órganos públicos, entre los que destacan los aquí demandados y sin que integrara a las ASADAS actoras. Aunado a lo anterior cabe señalar que, en la fase de ejecución del fallo constitucional, las asociaciones aquí demandantes han reclamado que se les incluya en el citado plan único para que puedan participar en la toma de decisiones y esas gestiones no han sido acogidas por la Sala Constitucional (hechos probados 37, 39, 44, 46, 50 y 52). De este modo, al tenor de los dispuesto en el numeral 13 de la LJC y dados los alcances de lo resuelto por ese Alto Tribunal, no podría este Tribunal resolver en contra de lo decidido en la sentencia No. 695-2019 mencionada respecto de este punto, ni de las diferentes resoluciones dictadas durante su fase de ejecución en la sede constitucional. Las ASADAS accionantes también acusan que "(...) Se ignoró y omitió el derecho de las ASADAS de fungir como garantes del saneamiento del agua, en cuanto los demandados omitieron su deber de proteger la salud, la integridad física y la vida de los usuarios, al no advertirles que estaban suministrando agua contaminada. (...)". Luego del análisis respectivo, estos juzgadores estimamos que este extremo también se encuentra cubierto por los alcances de la cosa juzgada constitucional, según explicamos de seguido.  Como aspecto inicial, debemos señalar que de conformidad con lo que disponía el Decreto Ejecutivo Nº 32529 del 5 de agosto del 2005 (vigente al momento de los hechos y ya derogado) en sus artículos 3, 16 y 21, así como los numerales 5, 6, 7, 28, 30 y 31 del actual Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Decreto No.  42582-S-MINAE del 4 de setiembre del 2020); en virtud de la delegación que efectúa el AyA y bajo la rectoría de este ente, en lo medular, corresponde a las ASADAS la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueductos comunales, así como preservación del recurso hídrico, lo que supone que deben velar por la preservación y conservación del recurso hídrico en sus respectivas comunidades. A partir de lo expuesto, claramente no corresponde una declaración en el sentido de que las accionantes fungen como "garantes del saneamiento del agua" porque ello fue ya establecido por el ordenamiento jurídico y constituye, más bien, una de sus obligaciones.  Aunado a los anterior, debemos insistir en que en el Considerando V de la sentencia No. 695-2019, en la cual se declaró con lugar el recurso de amparo presentado por las mismas ASADAS aquí demandantes, la Sala Constitucional se pronunció expresamente acerca de las omisiones en que incurrieron, entre otros, los entes y el órgano aquí accionados, tal y como detallamos ut supra; violando los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero además, ordenó a los recurridos en aquella sede constitucional, entre ellos las partes aquí demandadas, tomar las acciones que correspondieran para eliminar la causa de la contaminación y sanear las fuentes de agua; para lo cual les ordenó que implementaran un Plan Único en el cual se estableciera las acciones individuales que obligatoriamente le correspondía efectuar a cada uno de ellos, las cuales debían ser realizadas en forma conjunta y cuyo avance debía ser comunicado a la Sala Constitucional cada seis meses. Precisamente, aquí se ha tenido por acreditado que los entes y el órgano aquí accionados han informado a ese Alto Tribunal las acciones ejecutadas en relación con lo ordenado, y que las gestiones de incumplimiento o desobediencia que, en ese sentido, formularon las ASADAS aquí demandantes fueron rechazadas (hechos probados 37, 39, 44, 46, 50 y 52). A partir de lo expuesto, este Tribunal está impedido de pronunciarse respecto de este extremo, porque el mismo se encuentra contenido dentro de lo decidido por la Sala Constitucional en la sentencia No. 695-2019 ya referida. En relación con el reclamo de que no se les advirtió que estaban suministrando agua contaminada se trata, nuevamente, de un aspecto también resuelto por la Sala Constitucional, pues en el Considerando V de la sentencia No. 695-2019 se recriminó a los entes y al órgano aquí accionados que no hubiesen atendido a tiempo la situación de riesgo generada por la contaminación. En ese sentido, se indicó: "(...) Al respecto, si bien, no puede este Tribunal declarar las razones por las cuales se contaminó el agua de las nacientes Brenes, Nicrodal, La Flor del Acueducto de Santa Rica, La Flor del Acueducto de Santa Isabel, La Culebra y Nicolás Rodríguez y que motivó su salida de operación, por ser ajeno al ámbito de su competencia. Además, de que bajo juramento se informó que al denunciante sí se le comunicó el resultado de su denuncia. Lo cierto del caso, es que resulta claro que existió una evidente omisión del Ministerio de Salud en realizar los estudios correspondientes y dictar las órdenes necesarias para atender la situación de riesgo denunciada desde hace años. (...) Nótese también, que desde el 2017, el Servicio Fitosanitario del Estado le comunicó los resultados preliminares del estudio realizado en el agua de la zona y que originó el documento “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de la piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA)” y no es sino hasta el 18 de junio de 2018, que le solicitó al Servicio Fitosanitario del Estado, una copia del documento para su estudio. Además, no es sino hasta el 2018, que finalmente se están realizando actuaciones al respecto, bajo la instrucción de la Comisión creada al efecto y liderada por el Área de Salud de Aguas Zarcas. Adicionalmente, en cuanto al Servicio Sanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, consta que desde febrero de 2013, se firmó un contrato con la Universidad de Costa Rica para el análisis general de residuos de plaguicidas en muestras vegetales, agua y suelo y, consta que desde mediados del 2017, conocían los resultados de los análisis detectados sin que hayan cumplido con su obligación de control en materia de sustancias químicas para uso agrícola –según la Ley de Protección Fitosanitaria, Ley N° 7664 del 8 de abril de 1997-, ya que simplemente se limitó a trasladar los resultados al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y al Ministerio de Salud, sin que tomara ninguna acción contundente al respecto (los resultados se consignaron en el documento “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de la piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA)”). Lo anterior, pese a que conocía el posible riesgo a las personas y al ambiente, según se consigna en el oficio DSFE.483.2017, que el Director Ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Estado, que le remitió al Director de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica, desde el 23 de agosto de 2017. Finalmente, en cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, consta que desde mediados de 2017, se les remitieron los estudios preliminares del estudio realizado por el Servicio Sanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería documento denominado “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de la piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA)” y no es sino hasta junio de 2018, que solicitaron una copia del mismo y, en consecuencia, que el 20 de julio de 2018, por orden suya, se sacó de operación, por la aparición de bromacil, las siguientes nacientes: Brenes del Acueducto La Tabla, con un caudal de producción aproximado de 24 l/s, Nicrodal del Acueducto de Santa Rita, con un caudal de producción aproximado de 24 l/s, La Flor del Acueducto de Santa Rica con un caudal de producción aproximado de 8 l/s, La Flor del Acueducto de Santa Isabel, con un caudal aproximado de 16 l/s. (...)". Finalmente, se pide que se declare que "(...) Se ignoró y omitió el derecho de las ASADAS a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que les permita mantener la disponibilidad del agua para continuar prestando, por delegación, el servicio de abastecimiento y saneamiento en forma continua, eficiente, de calidad, accesible y en la cantidad suficiente y requerida para garantizar el desarrollo sostenible de las comunidades. (...)". Sobre este ruego, estima el Tribunal que también existe cosa juzgada constitucional. Como hemos venido explicando, la sentencia constitucional a la que hemos hecho referencia se pronunció expresamente sobre la violación a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero además, en las resoluciones dictadas en la fase de ejecución de esa decisión, el Tribunal Constitucional ya ha establecido que "(...) las tres ASADAS referidas en el recurso de amparo, actualmente abastecen a sus usuarios en condiciones de cantidad, calidad y continuidad (...)" (hecho probado 52). Como se observa, lo pretendido fue también zanjado en la sede constitucional lo que, al tenor de lo dispuesto en el numeral 13 de la LJC, impide a este Tribunal cualquier análisis al respecto.  Por todo lo  expuesto, deberá acogerse la excepción de cosa juzgada constitucional respecto de la pretensión primera.

 X.- Las ASADAS actoras formulan un segundo pedimento dirigido a que "(...) Se declare, reconozca y restablezca el derecho que poseen las ASADAS de ser parte integrante de los grupos que se conformen para la solución del problema referente a la contaminación de los acuíferos que administran; de tener acceso a la información referente a la contaminación; de participar en la discusión y en la toma de decisiones en la solución de dicho problema; y se le ordene a los demandados que procedan a inmediato a incorporar un representante de cada ASADA a los mismos, tanto a los que existan actualmente como a los que se creen a futuro. (...)". Sin embargo, estimamos que esta pretensión se encuentra cubierta por la cosa juzgada constitucional, decisión que justificamos de la siguiente manera. Como indicamos en el Considerando anterior, en la parte dispositiva de la sentencia No. 695-2019 citada, la Sala Constitucional definió cuáles entes y órganos integrarían el grupo a quien asignó el inicio y la ejecución del proceso de saneamiento y eliminación de los residuos de plaguicidas objeto del amparo (entre ellos, las partes aquí demandadas), a quienes encomendó la elaboración de un Plan Único (hecho probado 33). Ante este pronunciamiento expreso del Alto Tribunal, estos juzgadores no podríamos reconocer un derecho de las ASADAS accionantes para integrar el grupo de entidades encargadas de la solución del problema referente a la contaminación de los acuíferos para que participen activamente en la toma de decisiones, porque la Sala Constitucional dispuso otra cosa. Dado el carácter vinculante de los fallos constitucionales, este Tribunal está legalmente imposibilitado para enmendar, corregir, contradecir o ampliar lo resuelto por la Sala Constitucional. A mayor abundamiento, debemos señalar que conforme de la sentencia No. 695-2019 citada, las ASADAS actoras sí han venido colaborando con las entidades públicas competentes (hecho probado 35). Lo anterior se evidencia, además, de lo actuado en la fase de ejecución del amparo No. 18-016614-0007-CO, tal y como se infiere de la resolución Nº 2024-013694 citada, en la cual se hace constar, por ejemplo que "(...) Las acciones desarrolladas en la zona de intervención por parte de los Equipos de trabajo (Equipo Técnico, Equipo de Inspecciones, Equipo de Monitoreo y el Equipo de Comunicación), también involucran la participación comunitaria, y para ello se han integrado representantes de las ASADAS de La Tabla, perteneciente al distrito Santa Rica y la ASADA de Santa Isabel, las cuales se ubican en el Cantón Río Cuarto (...)"; lo que, en nuestro criterio, evidencia que este extremo petitorio se encuentra cubierto por los alcances de la cosa juzgada constitucional y así deberá declararse.

 XI.- Las ASADAS actoras formula una tercera pretensión dirigida a que se imponga a los demandados diferentes condenas de hacer. En ese sentido, piden que "(...) Se le ordene al Estado, al ICAA y el SFE que cumplan en forma efectiva con su deber de garantizar, respetar y proteger el medio ambiente y de dar cumplimiento a la normativa ambiental para solucionar el problema de contaminación en la zona geográfica específica donde las ASADAS actoras brindan el servicio público (...)". Pero, nuevamente, debemos concluir que lo que se pretende ya fue analizado y resuelto por la Sala Constitucional en el recurso de amparo No. 18-011614-0007-CO que plantearon las ASADAS aquí demandantes y que fue declarado con lugar en la sentencia No. 695-2019 ya mencionada. Como hemos venido exponiendo, en ese fallo se analizó y concluyó acerca de las diferentes omisiones e incumplimientos en los que incurrieron, en lo que interesa, diferentes órganos del Estado, el AyA y el SFE, en relación con la contaminación de las nacientes de las que se abastecían las asociaciones aquí demandantes para prestar el servicio de agua potable; con la consecuente violación a los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Precisamente al constatarse esas omisiones y lesiones a derechos fundamentales, en la parte dispositiva del fallo constitucional se ordenó, entre otros, a las partes aquí demandadas "(...) que en forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas objeto de este amparo, de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela. (...)" y se les advirtió que cada uno debía determinar "(...) conforme con sus propias competencias legales, las acciones individuales que obligatoriamente le corresponde efectuar, dentro de un PLAN ÚNICO que como partes de la Administración del Estado deben realizar en forma conjunta, que debe redactarse en un plazo no mayor de seis meses a partir de la notificación de esta sentencia y cuyos avances, deberán ser informados a este Tribunal cada seis meses. Lo anterior, bajo apercibimiento de que, de no acatar esta orden, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta Jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. (...)". En esa parte dispositiva también se designó al principal responsable del cumplimiento del Plan Único y se advirtió, entre otros, al Estado, al AyA y al SFE  que "(...) deberán ordenar todas las actuaciones que sean técnica y científicamente conducentes a la completa limpieza y purificación del agua de esas fuentes, lo que implica ordenarle a quienes resulten responsables, los retiros que legalmente correspondan, e inclusive, de ser necesario, prohibirle absolutamente el uso de agroquímicos contaminantes en sus plantaciones y hasta ordenar el cierre inmediato de las empresas o la prohibición de las actividades productivas, si se incumpliere de cualquier forma las órdenes e instrucciones que se le dieren. Además, mientras el proceso de saneamiento concluye, deberán dictar las órdenes necesarias, dentro del marco de sus competencias, para mantener la continuidad del servicio de agua potable a las poblaciones afectadas. (...)". Debemos insistir, además, que esta decisión constitucional se ha venido ejecutando ante la Sala Constitucional, sin que se haya establecido el incumplimiento o desobediencia de alguna de las partes aquí demandadas (hechos probados 37 al 48 y 50 al 52). Así las cosas, resulta evidente que el Alto Tribunal Constitucional ya se pronunció acerca de las acciones que debían ejecutar los entes y el órgano accionados para cumplir con su obligación de garantizar, respetar y proteger el medio ambiente y de dar cumplimiento a la normativa ambiental para solucionar el problema de contaminación en la zona geográfica específica donde las ASADAS actoras brindan el servicio público; por lo que claramente no corresponde a este Tribunal imponer alguna conducta de hacer en ese sentido, pues ello atentaría contra la cosa juzgada constitucional. Por otra parte, en la pretensión tercera también se requiere que se les ordene a los aquí demandados "(...) que cumplan en forma efectiva con su deber de garantizar, respetar, y proteger la salud, la vida y la integridad física de los usuarios de las ASADAS actoras, y de dar cumplimiento a la normativa dictada en materia de salud; y se les ordene que cumplan en forma efectiva con su deber de control en materia de sustancias químicas nocivas para el medio ambiente y la salud, y de dar cumplimiento a la normativa dictada en ese sentido, con el fin de solucionar el problema de contaminación de los acuíferos en la zona geográfica específica donde las ASADAS brindan el servicio público (...)". Se trata de un pedimento prácticamente idéntico que el anterior y que, en todo caso, también estaría cubierto por los alcances de lo ya ordenado en la sentencia No. 695-2019 citada, lo que se constata con las transcripciones previamente efectuadas de dicho pronunciamiento.

 XII.- La última de las pretensiones declarativas que se formula contiene un ruego principal y otro subsidiario. El primero de ellos, es para que se declare "(...) que las ASADAS asumirán la labor de descontaminación y restauración in situ e in integrum de los suelos y de los acuíferos de la zona geográfica específica en donde prestan el servicio; se le ordene a los demandados que en forma solidaria deben presupuestar y depositar las sumas a las que se les condene en una cuenta especial a nombre de las ASADAS, dirigida exclusivamente a esos efectos; y se le ordene a los demandados que deben brindarle a las ASADAS todo el asesoramiento técnico y científico que se requiera para revertir la contaminación, retornando el medio ambiente en el estado que se encontraba antes que ésta ocurriera. (...)".Sin embargo, por las razones expuestas en los Considerandos anteriores, estimamos que se trata de un pedido que también se encuentra cubierto por la cosa juzgada constitucional, pues la parte dispositiva de la sentencia No. 695-2019 citada  estableció quienes serían los competentes para descontaminar y sanear las nacientes de las que se abastecen las ASADAS actoras para llevar el agua potable a sus usuarios. De esta forma, no podría el Tribunal ordenar algo distinto a lo ya dispuesto por la Sala Constitucional, como sería encargar -de manera exclusiva, como se pide- tales labores a las ASADAS aquí demandantes. Si esto no es jurídicamente viable, menos aún lo sería disponer que los entes y el órgano aquí accionados les deban brindar recursos y asesoramiento para tales labores; pues más bien fue al Estado, al AyA y al SFE, entre otros, a quienes se asignó adoptar las acciones necesarias, dentro de sus competencias, para la descontaminación y saneamiento de las nacientes en cuestión. Por las mismas consideraciones, tampoco es posible acoger la petitoria subsidiaria que se formula, a saber,  que "(...) en caso de que los juzgadores no le asignen dicha labor a las ASADAS, entonces solicitamos se le ordene a los demandados que en forma solidaria deben de proceder de inmediato a realizar labores reales y efectivas para la eliminación de la contaminación en la zona geográfica específica donde las ASADAS brindan el servicio público, restituyendo el medio ambiente al estado en que se encontraba antes de que se produjera dicha contaminación; procedan de inmediato a presupuestar y a depositar los montos a los que se les condene en una cuenta destinada exclusivamente para ese fin; y se les ordene, con el fin de garantizar el cumplimiento de todo lo anterior, que deben presentar informes regularmente ante ésta Autoridad Jurisdiccional, durante el tiempo necesario hasta lograr la descontaminación del medio ambiente en las zonas geográficas específicas en las cuales las ASADAS brindan el servicio público, con el fin de que demuestren que están actuando en forma real y efectiva, es decir, solucionando el fondo del problema y no brindando soluciones paliativas al mismo.(...)". Reiteramos que la Sala Constitucional ya ordenó que todas las labores de descontaminación y saneamiento de las nacientes a las que hemos venido haciendo referencia, debían ser ejecutadas, entre otros, por el Estado, el AyA y el SFE, por medio de un Plan Único sobre el cual deben rendir informe semestral a ese Alto Tribunal Constitucional; todo lo cual se está ejecutando en aquella sede sin que se haya establecido algún incumplimiento o desobediencia en ese sentido. Lo resuelto por la Sala Constitucional impide a este Tribunal pronunciarse sobre extremo petitorio, al estar cubierto, también, por la cosa juzgada constitucional.

 XIII.- En definitiva y por lo resuelto en los Considerandos precedentes deberá acogerse la defensa de cosa juzgada constitucional que opusieron todos los demandados en sus conclusiones, en relación con las pretensiones primera, segunda, tercera y cuarta, tanto principal como subsidiaria. Para el Tribunal no resultan atendibles las alegaciones que formula el representante legal de las ASADAS actora para justificar que dichos extremos sí pueden ser conocidos por el Tribunal. Por una parte, se indica que no se pretende reabrir la discusión en aspectos ya resueltos por la Sala Constitucional, como por ejemplo, la responsabilidad de las entidades públicas demandadas por omisión y negligencia en la contaminación de las fuentes de agua, y por ende, en la violación de los derechos constitucionales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el derecho al agua y a su saneamiento. Sin embargo, estos mismos aspectos son los que se pretende que este Tribunal declare, por ejemplo, en las pretensiones primera y tercera; lo que evidencia que sí se buscan pronunciamientos sobre aspectos ya resueltos por la Sala Constitucional y que, de conformidad con el artículo 13 de LJC resultan vinculantes para este Tribunal. Se sostiene, también, que las pretensiones indicadas en ningún momento quebrantan lo dispuesto por la sentencia No. 695-2019 ya mencionada, sino que más bien complementan lo indicado en el respectivo voto y pretenden su aplicación respetando su espíritu. Pero estos juzgadores discrepamos de esta interpretación, fundamentalmente por dos razones. Primero, porque como se expuso ut supra, con las pretensiones segunda y cuarta, se busca un pronunciamiento distinto del que ya emitió la Sala Constitucional. Ello en la medida que, en el fondo, lo buscan es que se declare que las ASADAS deben encargarse, también, de las labores de descontaminación y saneamiento de las nacientes; cuando ello supondría desconocer lo que ese Alto Tribunal dispuso, a saber, encomendar esas labores únicamente a diferentes entes y órganos públicos, dentro de los que se encuentran las partes aquí demandadas. Un pronunciamiento de esa naturaleza sin duda quebranta la cosa juzgada constitucional, en clara violación del artículo 13 de la LJC. Segundo, porque no corresponde a este Tribunal aclarar o complementar las decisiones de la Sala Constitucional, al existir una prohibición expresa de pronunciarse sobre el alcance de tales sentencias “so pena de infringir palmariamente” el Derecho de la Constitución; de modo que los Tribunales ordinarios debemos limitarnos a la mera aplicación de lo ya resuelto por aquella sede constitucional. Lo que se pretende, en el fondo, es que este Tribunal desconozca el pronunciamiento de la Sala Constitucional, o bien, que revise y enmiende, de alguna manera, lo resuelto en el recurso de amparo; lo que con claridad, trasciende las competencias de esta Jurisdicción Contencioso Administrativa y contrariaría el contenido sustancial del ordinal 13 de la LJC. Tampoco resultan de recibo los argumentos dirigidos a establecer que este Tribunal está habilitado para pronunciarse sobre las pretensiones ya señaladas porque lo decidido por la Sala Constitucional en la sentencia No. 695-2019 no se ha cumplido ni se hecho nada para materializar los principios ambientalistas de la reparación in situ y de la reparación in integrum volviendo la naturaleza al estado que se encontraba antes de que fuese contaminada. Amén de que se trata de alegaciones que refuerzan los intentos de reabrir una discusión que ya se zanjó y se definió en la sede constitucional, llama la atención del Tribunal que se acusen esos supuestos incumplimientos, cuando todas las gestiones formuladas en ese sentido por las ASADAS en la ejecución de la sentencia No. 695-2019 han sido rechazadas y más bien se ha establecido que el Estado, el AyA y el SFE han venido cumpliendo con lo dispuesto en el fallo de cita (hechos probados 37 al 48 y 50 al 52). Desde esta perspectiva, si la Sala Constitucional no ha declarado ningún incumplimiento de los entes y órganos públicos a los que encomendó el Plan Único, cualquier pronunciamiento de este Tribunal en relación a este extremo, claramente quebrantaría la cosa juzgada constitucional; como también lo sería que esta Autoridad exigiriera, en esta sede jurisdiccional ordinaria, informes de cumplimiento de lo ordenado en la sentencia No 695-2019 citada, pues de conformidad con lo resuelto en ese fallo, éstos deben rendirse en la sede constitucional. Finalmente, debemos ser enfáticos en que no corresponde a este Tribunal ejecutar ni velar por la ejecución de las sentencias dictadas por la Sala Constitucional, pues de conformidad con el artículo 56 de la LJC, se trata de una potestad que corresponde en exclusiva a ese Alto Tribunal, con excepción de lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones y responsabilidades pecuniarias u otros aspectos que la propia Sala considere  en cada caso (y que dicho sea de paso, no fueron ponderados en la resolución No. 695-2019). En virtud de lo expuesto, la ausencia de mecanismos o los eventuales problemas que pueda tener el Tribunal Constitucional para darle seguimiento a las sentencias que dicta, de ninguna manera constituye una justificación válida para que este órgano jurisdiccional sustituya a aquel Alto Tribunal en la ejecución de dichos fallos constitucionales, como pretende la accionante; pues ello violentaría la cosa juzgada constitucional y el ordenamiento jurídico administrativo.  En conclusión y al haberse acogido la cosa juzgada constitucional, las pretensiones primera, segunda, tercera y cuarta resultan inadmisibles y así se declara. Por la forma en que se resuelve no se ingresan a conocer los argumentos de las partes referidos a estos pedimentos, ni se valoran las probanzas documentales y testimoniales que en ese sentido fueron admitidas y evacuadas. Finalmente, debemos señalar que, en nuestro criterio y por las razones que expondremos infra, la defensa de cosa juzgada constitucional no resulta atendible respecto de las pretensiones quinta, sexta y sétima, porque éstas aluden a extremos no contenidos ni cubiertos por las sentencias de la Sala Constitucional. Lo anterior en la medida de que en ellas se pretende la indemnización del daño material y moral objetivo que las ASADAS recriminan que el Estado y el AyA les ocasionaron, y que reclaman al tenor de lo dispuestos en los numerales 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP); análisis al que se ingresa de seguido.

 XIV.- Sobre la pretensión quinta. Las ASADAS accionantes formulan un pedimento dirigido a que se condene al Estado y al AyA, en forma solidaria, a cancelarles los daños que les ha ocasionado en los siguientes términos. Las tres ASADAS demandantes reclaman un daño material consistente en: a) La pérdida económica debido al cierre de las fuentes como materia prima para prestar el servicio público. b) Las inversiones que fue o es necesario efectuar para mantener la prestación del servicio público; y cada una de ellas lo estima en distintos montos. Además, las ASADAS de Santa Rita y La Tabla reclaman un daño moral objetivo,  que cada una de ellas cuantifica en la suma de ₡50.000.000.00. De inicio y tomando en cuenta las excepciones opuestas por los demandados, este Tribunal iniciará con el examen de la legitimación y el interés actual. En ese sentido, estimamos que las ASADAS actoras sí cuentan con legitimación activa. Nótese que formulan este reclamo patrimonial al amparo del artículo 10 incisos 1 a) y 4) del CPCA, en tutela de sus situaciones jurídicas subjetivas, específicamente requiriendo el reconocimiento de los daños y perjuicios que, dicen, le ocasionaron los entes demandados, específicamente la indemnización de los costos adicionales o extraordinarios en que incurrieron para la prestación efectiva y eficiente del servicio delegado a ellas y el moral objetivo, que dicen les fue causado por la conducta del Estado y el AyA, lo que estiman lesiona su situación jurídica. Precisamente, por eso accionan en contra de los entes demandados, conforme lo dispone el numeral 12 inciso 1) del CPCA, exigiendo su responsabilidad patrimonial al tenor de los artículos 190 y siguientes de la LGAP; lo que dice de la legitimación pasiva del Estado y del AyA. Sin embargo, debemos acoger la excepción de falta de legitimación pasiva que opuso el SFE pues, como se observa, ninguna de las pretensiones de condena patrimonial se dirige en su contra. Por otra parte, al tratarse de un reclamo patrimonial, estimamos que el mismo mantiene su actualidad, cumpliéndose así el segundo presupuesto de fondo de la acción, o dicho de otra manera, sí existe un interés actual de las ASADAS en que jurisdiccionalmente se resuelva acerca de su procedencia y se restablezca su esfera patrimonial que, acusan, fue lesionada. Lo que resta examinar, entonces, es sí tienen derecho a la indemnización que requieren, aspecto al que ingresamos de seguido.

 XV.- Sobre el daño material que se reclama. Como indicamos ut supra, las ASADAS actoras reclaman un daño material consistente en: a) La pérdida económica debido al cierre de las fuentes como materia prima para prestar el servicio público. Y b) Las inversiones que fue o es necesario efectuar para mantener la prestación del servicio público. En lo fundamental, justifican esta acción indemnizatoria argumentando que el cierre de las nacientes que eran las fuentes que utilizaban para prestar el servicio de agua potable por haber sido contaminadas por bromacil y la inactividad de los entes accionados, quienes no adoptaron las medidas suficientes, pertinentes y oportunas para evitarlo; lo que les obligó a incurrir en una serie de costos e inversiones ordinarios y extraordinarios, para poder seguir prestando el servicio público que les fue delegado por el AyA. Mencionan que antes de la contaminación únicamente  daban mantenimiento a los acueductos pero después, con el cierre de las nacientes que utilizaban para la prestación del servicio, tuvieron problemas adicionales como fugas y tuberías reventadas que los obligó a contratar más personal, pagar horas extras, comprar tubos, tanques, traer agua desde fuentes lejanas y pagar a otras ASADAS por ese suministro. Aseguran que esto se tradujo en nuevos costos extraordinarios que debieron de cubrir y que impactaron negativamente su situación patrimonial. Sostienen que, acudiendo a la supresión hipotética es posible establecer un nexo de causalidad entre estos daños ocasionados por la contaminación y la obligación de los demandados de pagarlos. Manifiestan que los ingresos que reciben los utilizan en la prestación del servicio, pero como antes de la contaminación  extraían el agua de sus propias fuentes, podían usar esos recursos para mejorar los acueductos o para adquirir nuevos; mientras que luego de la contaminación y el cierre de las fuentes de agua para la prestación del servicio, debieron utilizar esos ingresos para reparaciones o, incluso, pagar por el agua a otras ASADAS. Esto se traduce, dicen, en menos dinero para poder invertir en su propio acueducto. Por su parte, los demandados se oponen a este reclamo patrimonial. El AyA argumenta, en lo medular, que las ASADAS tienen el deber de reinvertir el dinero obtenido del pago de las tarifas que cobran y que se trata de asociaciones que no tienen fines de lucro, por lo que los daños que reclaman no resultan indemnizables. Agrega que, en el caso de la ASADA La Tabla, le dieron dos tanques, tuberías, accesorios, y cisternas que permitieron abastecer a la comunidad y que si bien la  naciente Brenes salió de operación, desde el año 2019 se conectaron a la ASADA de Río Cuarto, lo que les permitió continuar prestando el servicio. En relación con la ASADA de Santa Rita, explica que si bien se le inhabilitaron dos nacientes (Nicrodal y La Flor), se conectaron con la ASADA de Río Cuarto y el AyA aportó tanques y camiones cisterna que les permitió continuar prestando el servicio público delegado. Agrega que no es urgente la construcción de un acueducto nuevo y que actualmente la naciente Nicrodal se recuperó por completo y cumple con los parámetros de calidad que permite el abastecimiento de la comunidad hasta el año 2038, lo que ha permitido que desde el 15 de marzo del 2022 se permita el otorgamiento de nuevos servicios en la localidad. Tratándose de la ASADA Santa Isabel-San Rafael, manifiesta que es aún más evidente la inexistencia de daños, porque si bien se cerró la naciente La Flor, quedó habilitada la de Pata de Gallo, de modo que se mantuvo el otorgamiento de disponibilidades e incluso, le vendieron agua a la ASADA Santa Rita. Asegura que no existieron mayores inconvenientes, ni se interrumpió la prestación del servicio. Cuestiona la prueba ofrecida para demostrar la existencia del daño porque, en su criterio, incumplen con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), contiene gastos que no se corresponde con el servicio público que se presta, se extraña una certificación de un contador público autorizado sobre origen de recursos, ni se prueba que los supuestos gastos hayan sido reales, porque lo que se aporta son simples copias sin valor probatorio. Explica que la venta de agua en bloque está reconocida por ARESEP e incluida en la tarifa, y que  la compra le reduce costo de potabilizar el agua, por lo que no hay pérdidas operativas. Agrega que si bien los testigos se refirieron a costos por reparaciones ordinarias y extraordinarias, ninguno de ellos conoce los estados financieros de las ASADAS, por lo que sus manifestaciones son solo presunciones. Concluye que es deber de las ASADAS invertir cuando existen emergencias, como lo sería en el caso de la contaminación por bromacil; y que como ese ente no fue quien contaminó, no tiene el deber de responder, ni de reconocer los daños que reclaman las ASADAS porque el nexo de causalidad se rompió por hecho de un tercero. La representante del Estado alega, en lo fundamental, que el detrimento material que se reclama no es procedente porque el servicio se continuó prestando, se incrementó cantidad de usuarios y no hubo menoscabo de patrimonio. Agrega que por tratarse de la  prestación de un servicio público, se encuentra regulado por tarifas. Explica que las inversiones en infraestructura no constituyen una pérdida económica porque es parte de las obligaciones propias de las ASADAS, haya habido o no contaminación. Por ello, sostiene que no se prueba la existencia de daños efectivos en el patrimonio de las actoras que resulten indemnizables. Alega  el hecho de un tercero que ocasionó la contaminación aducida, lo que rompe el nexo causal.

 XVI.- Para una mejor comprensión de lo que se resolverá, el Tribunal estima necesario señalar lo siguiente. De conformidad con el artículo 5 inciso c) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593, el suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, que incluye la dotación de agua potable, es un servicio público y como tal, corresponde a la ARESEP la fijación de sus precios y tarifas, así como velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, para lo cual emitirá los reglamentos que resulten pertinentes, en términos previstos en el numeral 25 de la misma ley. Ahora bien, la fijación de la tarifa que cobra el prestatario del servicio público a los usuarios debe realizarse conforme al principio del servicio al costo, establecido en el ordinal 3 inciso b) de la Ley No. 7593 y según el cual deben contemplarse únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribución competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad; advirtiendo que el artículo 32 ibídem establece una lista enunciativa de costos que no deben ser considerados en la cuantificación económica. En esa línea, el numeral 31 de la misma ley establece pautas que también precisan y han de considerarse al momento de la fijación, dentro de las cuales pueden resaltarse "(...) Los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía y eficiencia económica definidos en el Plan nacional de desarrollo (...)", que "(...) No se permitirán fijaciones que atenten contra el equilibrio financiero de las entidades prestadoras del servicio público. (...)" y "(...) La protección de los recursos hídricos, costos y servicios ambientales. (...)". De este modo, la tarifa constituye un medio de retribución, justo y razonable, que permita amortizar la inversión que se ha realizado para la prestación debida del servicio público y además un margen de utilidad razonable que  permita la reinversión en la actividad de manera tal que el servicio continúe siendo eficiente. De ahí la relevancia que en materia tarifaria tiene, también, el principio del equilibrio financiero, que asegura al prestador del servicio el beneficio económico que ha sido convenido. Por ende, cuando se den variaciones importantes que impliquen una distorsión que atenten contra los niveles de utilidad que fueron establecidos de antemano, la tarifa debe ser ajustada, a fin de que se permita la suficiencia económica para prestar el servicio, reinvertir para mantener o mejorar su calidad y obtener el lucro pactado. Cabe indicar, eso sí, que la sola alteración de las variables que se consideran para fijar las tarifas no genera, de manera directa y automática, un derecho al ajuste tarifario o al incremento en la retribución; pues tal efecto está sujeto a diferentes procedimientos que tiene por objeto determinar si existe o no una insuficiencia económica, lo cual dependerá, en última instancia, de los cálculos y estudios técnicos que confirmen o descarten desbalances que deban subsanarse para  mantener una armonía financiera en el servicio, de modo que no se exponga al operador a un estado ruinoso. Así visto, el reajuste busca restituir el valor real de la obligación. Es decir, su naturaleza no es indemnizatoria, sino restitutoria. En ese sentido y conforme a los numerales 30 y 33 del mismo cuerpo legal, en lo aquí relevante, los prestadores de servicios públicos pueden presentar ante la ARESEP, solicitudes de fijación o cambios de tarifas debidamente justificadas, debiendo también haber cumplido con las condiciones establecidas por esa Autoridad en anteriores fijaciones o en intervenciones realizadas en el ejercicio de sus potestades antes de la petición. Conforme al ordinal 31 ibídem las fijaciones de tarifas pueden ser de carácter ordinario o extraordinario. Las primeras se realizan con el fin de actualizar las tarifas, de tal forma que reflejen los costos e inversiones de la prestataria de que se trate. Desde esta perspectiva, en este tipo de fijaciones se revisan todos los costos de gestión y se estiman los ingresos necesarios para que el prestador opere por un período determinado. La norma obliga al prestador del servicio a presentar, al menos una vez al año, una fijación ordinaria, a efectos de examinar su estructura de costos; pero también habilita a la ARESEP a realizar fijaciones ordinarias de oficio. Mientras que en las fijaciones extraordinarias, que las realiza de oficio la ARESEP, se consideran variaciones importantes en el entorno económico por caso fortuito o fuerza mayor, y cuando se cumplan las condiciones de los modelos de ajuste automático de precios, tarifas y tasas. Es decir, en este tipo de fijaciones se revisan variables no imputables a la empresa prestataria, precisamente para evitar desequilibrio económico de la empresa prestataria.

 XVII.- Como explicamos, las tres ASADAS actoras requieren la indemnización del daño material que dicen, le ocasionó la conducta ilegítima de los entes accionados, propiamente el Estado y el AyA. Lo anterior al amparo de los artículos 190 y siguientes de la LGAP. En ese sentido y de manera muy general, debemos señalar que para que se configure la responsabilidad patrimonial de la Administración, se requiere acreditar la existencia de la manifestación de función administrativa constitutiva del criterio de imputación, una lesión antijurídica que el damnificado no esté en deber jurídico de soportar (el daño) y un nexo de causalidad entre los elementos anteriores. También es importante tener presente que al socaire del numeral 196 de la misma LGAP, para que el daño sea indemnizable ha de ser efectivo, evaluable, individualizable, debe afectar una situación jurídica protegida por el ordenamiento jurídico y debe ser antijurídico en su base, sea, que quien lo reclama, no tenga el deber legal de soportarlo. Por demás, es necesario que quien reclama su reparación, acredite su existencia, así como la referencia y existencia de las causas a las que se le imputa, de suerte que el juzgador pueda cotejar la existencia de una relación de causalidad entre el hecho antecedente al que se atribuye y la lesión como consecuencia de aquella causa, a la vez que ha de ponderar si es referible o imputable al sujeto a quien se endilga. Finalmente, ha de considerarse que de conformidad con el numeral 190 ibídem, son eximentes de la responsabilidad patrimonial de la Administración, la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero. Ahora bien, según la pretensión establecida en esta causa, el daño material que reclaman las actoras consiste en: a) La pérdida económica debido al cierre de las fuentes como materia prima para prestar el servicio público. b) Las inversiones que fue o es necesario efectuar para mantener la prestación del servicio público. Las accionantes sostienen que por la inactividad de los entes accionados, quienes no adoptaron las medidas suficientes, pertinentes y oportunas para evitar la contaminación de las nacientes de las cuales se abastecían para la prestación de servicio de agua y que en definitiva llevó a su cierre, se vieron obligados a incurrir en una serie de costos e inversiones ordinarios y extraordinarios, para poder seguir prestando el servicio público que les fue delegado por el AyA. Para demostrar estos detrimentos ofrecieron prueba documental y testimonial. Pues bien, luego de la valoración de las probanzas admitidas para tales efectos, el Tribunal concluye que durante el tiempo en que las nacientes Brenes, Nicrodal y La Flor, que abastecían los acueductos de las ASADAS aquí accionantes, fueron inhabilitadas y sacadas de operación por el AyA ante la aparición de bromacil (hechos probados 21 y 34); las demandantes efectivamente incurrieron en algunos costos de mantenimiento o inversiones para poder prestar el servicio público, en los términos que explicamos de seguido. Como aspecto inicial debemos indicar que el AyA cuestionó los documentos aportados por las ASADAS  para acreditar los daños, pues estima que resultan insuficientes para tales efectos ya que incumplen con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), contiene gastos que no se corresponden con el servicio público que se presta, se extraña una certificación de un contador público autorizado sobre el origen de esos recursos, por lo que no prueba que los supuestos gastos hayan sido reales, porque lo que se aporta son simples copias sin valor probatorio. Y luego de su valoración integral y armónica, el Tribunal concluye que, efectivamente, algunas de esas probanzas no merecen credibilidad o resultan insuficientes para establecer la existencia de los costos e inversiones que se requieren a título de daño; por las razones que ampliaremos al referirnos a cada una de las ASADAS. Pero existen facturas que, en nuestro criterio, sí se constituyen en prueba idónea para acreditar la existencia, en este caso, de los costos de mantenimiento e inversiones en que las actoras incurrieron durante el período en que las nacientes de las que se abastecían para prestar el servicio público encomendado estuvieron fuera de operación por la orden emitida por el AyA ante la contaminación de bromacil (hechos probados 22, 26 y 27). De manera general, debemos señalar que las tres ASADAS aportan un cuadro de gastos que incluye, en lo medular, datos como la fecha, el número, el proveedor, el monto y el balance, en relación con facturas emitidas en diferentes períodos, que no viene firmado por ninguna persona (imágenes 628 a 630, 767 a 776 y 836 del expediente judicial digital escaneado en un archivo PDF); documentos que por sí solos carecen de valor probatorio pues, en última instancia, se trata de una documentación que debe ser constatada a partir de cada una de las facturas que ahí se señalan. De seguido, aportan una serie de facturas o recibos de pago, que este Tribunal examinó y valoró, concluyendo que a algunas de ellas no se les puede dar valor probatorio por diferentes razones. Veamos. En el caso de la ASADA La Tabla, las facturas y recibos que se aportan rolan de la imagen 777 a 834 del expediente judicial digital. Sin embargo, estimamos que algunas de ellas carecen de valor probatorio porque se tratan de una sustitución de factura (imagen 777), carecen de fecha (imágenes 798 a 800), la descripción del bien o servicio prestado alude a conceptos genéricos como "Servicios profesionales" o "Transporte" (imágenes 789, 808, 809, 816, 826, 830 a 834), corresponden a recibos de pago de liquidaciones laborales (imágenes 806, 807) o son recibos que no vienen firmados por quien prestó el servicio ni se indica su número identificación (imágenes 815 a 818, 820, 821, 828, 829); falencias que impiden al Tribunal tener certeza sobre la existencia del costo o establecer una correspondencia causal entre ese costo y el mantenimiento de los acueductos. Las demás facturas que se aportan sí constituyen, en nuestro criterio, prueba idónea y pertinente que demuestra que entre el 23 de julio del 2018 y el 26 de junio del 2019, la ASADA La Tabla incurrió en costos de mantenimiento  e inversiones para poder prestar el servicio público que le había sido encomendado; lo que se refuerza con el testimonio de Luis Solano Alfaro (hecho probado 22). Su declaración le merece credibilidad a estos juzgadores porque es el fontanero de la ASADA La Tabla y se refirió ampliamente y con claridad a la situación vivida con ocasión de la contaminación de las nacientes de las que se abastecían para prestar el servicio. En lo relevante, relató que con ocasión del cierre de las fuentes se presentaron averías anormales, por sobrecarga y/o presión, que los obligó a reparar fugas, buscar maquinaria y conseguir mano de obra. También manifestó que él y el presidente de la ASADA hicieron un inventario para ver que tenían y que podían comprar. Explicó, en lo fundamental, que por cambios de presión y caudal hubo demasiadas fugas, todos los días. Detalló que tuvieron que cambiar sectores de tubería, comprar válvulas reductoras de presión, comprar tanques, contratar peones, un operario adicional y que hasta le afectó su horario, porque terminaba como a las 9 o 10 de la noche. Como se observa, su declaración refiere y coincide con los costos contenidos en las facturas a las que este Tribunal ha dado credibilidad (hecho probado 22). En relación con la ASADA Santa Rita, las facturas y recibos que se aportan rolan de la imagen 631 a 663 del expediente judicial digital. Pero, nuevamente, estimamos que algunas de ellas carecen de valor probatorio porque hay recibos en los que no se detalla el bien o servicio prestado sino que únicamente hacen referencia a números de documentos que tampoco se aportan (imágenes 631 y 632), otros resultan ilegibles (imágenes 646 y 647), en algunos la descripción del bien o servicio prestado alude a conceptos genéricos como "Servicios profesionales", sin especificar nada más (imágenes 648 a 653), otros corresponden a asesorías por daño ambiental (imágenes 654 a 656), a los honorarios por la interposición de este proceso (imágenes 657 a 659) o a un estudio geofísico del subsuelo (imagen 660); falencias que impiden al Tribunal tener certeza sobre la existencia del costo o establecer una correspondencia causal entre éste y el mantenimiento de los acueductos. Las demás facturas que se aportan sí constituyen, en nuestro criterio, prueba idónea y pertinente que demuestra que entre el 14 de setiembre del 2018 y el 21 de junio del 2019, la ASADA Santa Rita incurrió en costos de mantenimiento e inversiones para poder prestar el servicio público que le había sido encomendado; lo que se refuerza con el testimonio de Renán Solano Gómez y Marvin Soro Miranda (hecho probado 27). Sus declaraciones le merecen credibilidad a estos juzgadores porque ambos fueron trabajadores de la ASADA Santa Rita y se refirieron ampliamente y con claridad a la situación vivida con ocasión de la contaminación de las nacientes de las que se abastecían para prestar el servicio. En lo relevante, don Renán, quien trabajó quince años para esta ASADA y desde el 2016 fue su administrador, relató que durante la emergencia sufrida por la contaminación y la clausura de las nacientes, tuvieron que comprar el agua a otras ASADAS, y si había fugas o averías tenían que pagar su reparación. Manifestó que la gente pensaba que entre las ASADAS se regalaban el agua y entonces les decían que no podían cobrarla porque era regalada, lo que hizo que muchas veces tuvieran que enseñar las facturas. Mientras que don Marvin, quien fue fontanero de la ASADA Santa Rita explicó, en lo fundamental, las conexiones que debieron efectuar durante el cierre de las nacientes que les abastecían, trajo problemas de averías, que las tuberías no soportaron la presión y explotaban frecuentemente. Resaltó que antes del cierre de las nacientes esas averías no eran tan frecuentes, sino ocasionales. También relató que para solucionar esos problemas tuvieron que contratar maquinaria pesada para enterrar y desenterrar tuberías, también más personal para trabajar en averías, cortar y conectar la tubería y adquirir agua de otras ASADAS, la cual no era gratis. Se trata de declaraciones que también refieren a muchos de los costos contenidos en las facturas a las que este Tribunal ha dado credibilidad (hecho probado 27). Finalmente, la ASADA Santa Isabel San Rafael aporta facturas y recibos que constan de la imagen 837 a 851 del expediente judicial digital. Y luego de la valoración conjunta y armónica de esos elementos demostrativos, concluimos que tampoco es posible darle valor probatorio a todas ellas porque en algunas facturas no es posible constatar el año en que  fueron emitidas (imágenes 837) y en otras, la descripción del bien o servicio prestado alude a conceptos genéricos como "Servicios profesionales", sin detallar nada más (imágenes 843 a 851); falencias que impiden al Tribunal tener certeza sobre la existencia del costo o establecer una correspondencia causal entre éste y el mantenimiento de los acueductos. Las demás facturas que se aportan sí constituyen, en nuestro criterio, prueba idónea y pertinente que demuestra que entre el 31 de agosto del 2018 y el 29 de mayo del 2019, la ASADA Santa Isabel San Rafael incurrió en costos de mantenimiento e inversiones para poder prestar el servicio público que le había sido encomendado (hecho probado 26). Valga precisar aquí que el anterior reconocimiento llevado a cabo por parte de este Tribunal, en relación con los costos incurridos por las ASADAS accionantes a raíz de la contaminación de sus fuentes, se efectúa de manera genérica por parte de esta Cámara, dado que, por un lado, tiene por exclusivo propósito el análisis de la condena patrimonial que requiere en esta causa y, por otro, toda vez que, como veremos seguidamente, queda desvirtuado el reclamo de responsabilidad de las actoras, al no acreditarse los presupuestos necesarios para dar lugar a una condena indemnizatoria a cargo de las Administraciones demandadas. Por lo tanto, en atención a un criterio de economía procesal y de prudencia judicial, estimamos innecesario entrar en mayor detalle sobre dichos gastos.

 XVIII.- Ahora bien, a pesar de que el Tribunal ha tenido por acreditado la existencia de costos en que las ASADAS debieron incurrir para mantener la prestación del servicio público durante el tiempo en que las nacientes de las cuales se abastecían estuvieron cerradas e inhabilitadas por contaminación con bromacil, estimamos que la indemnización del daño material que solicitan resulta improcedente; decisión que justificamos de la siguiente manera. En este proceso se ha tenido por acreditado que las tres ASADAS accionante suscribieron un Convenio de Delegación de Administración del Acueducto y Alcantarillado Sanitario, en el cual se convino que ese ente público les delegaba la administración, operación y mantenimiento del Sistema de Acueducto de y Alcantarillado Sanitario de La Tabla, Santa Rita y Santa Isabel San Rafael, todos del cantón de Río Cuarto, mismos que a la fecha se encuentran vigentes (hechos probados 1, 2 y 3). De esta forma, resulta no controvertido que las ASADAS actoras son prestadoras del servicio público de suministro de acueducto y alcantarillado, incluyendo el agua potable; según se desprende, además, de los convenios en los cuales el AyA delegó su prestación. Por la prestación de ese servicio público, como se explicó en el Considerando XVI, las ASADAS cobran al usuario una tarifa que se fija conforme al principio de servicio al costo; tal y como se establece, además, en la cláusula segunda de los convenios ya referidos, que establecen que las demandantes deben "(...) Aplicar obligatoriamente las tarifas que apruebe la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, de conformidad con el artículo segundo inciso d) del Reglamento vigente. (...)" y lo regulaba el artículo 22 inciso 5) del Decreto Ejecutivo Nº 32529 vigente al momento de los hechos que aquí se discuten y lo dispone actualmente el numeral 59 incisos a), b) y c) del Decreto Nº 42582-S-MINAE citado. Como también se explicó en el Considerando XVI, en ese acto de fijación de la tarifa se analiza el esquema de costos y de ingresos de los prestatarios del servicio, a partir de un rango temporal. Lo anterior porque, como indicamos ut supra, la tarifa debe constituirse en un medio de retribución, justo y razonable, que permita amortizar la inversión que se ha realizado para la prestación debida del servicio público y garantice, además, un margen de utilidad razonable que  posibilite la reinversión en la actividad de manera tal que el servicio continúe prestándose en forma eficiente. Por ello, cuando ocurran eventos que conlleven una alteración relevante en esa estructura de costos y que impliquen una distorsión que atenten contra los niveles de utilidad que fueron establecidos de antemano, la tarifa debe ser ajustada. Para tales efectos, el ordenamiento jurídico previó las fijaciones ordinarias y extraordinarias, según expusimos en un Considerando XVI. A partir de lo expuesto, si bien se acreditó que con el cierre de las nacientes Brenes, Nicrodal y La Flor las ASADAS demandantes tuvieron que incurrir en diferentes costos e inversiones para poder mantener la prestación del servicio encomendado en forma eficiente; la pretensión indemnizatoria resulta inatendible por dos razones. La primera de ellas es no se aportaron probanzas útiles y pertinentes que permitieran establecer el impacto financiero de esos costos en su estructura económica. Nótese que las facturas admitidas y a las que este Tribunal ha dado valor probatorio, se dirigen a acreditar los gastos en que incurrieron, sin que se aportara ningún elemento demostrativo dirigido a establecer cuáles fueron los ingresos que recibieron por las tarifas cobradas a sus usuarios durante el período en que las nacientes de las que se abastecían para prestar el servicio estuvieron inhabilitadas o que éstos fuesen insuficientes para prestar el servicio, reinvertir para mantener o mejorar su calidad o para obtener el lucro pactado (hechos no probados 4 y 5); resultando inútil e impertinente para tales efectos, la declaración de los testigos, por el puesto que ellos ocupaban y porque ninguno de ellos conocía los estados financieros de las ASADAS. Se trata de un aspecto de suyo relevante, si se toma en cuenta que aquí se acreditó que, al menos en una de las ASADAS, el servicio nunca dejó de prestarse (hecho probado 53) y no se demostró que en ese período  hubiese existido una disminución de los usuarios o que éstos dejasen de cancelar la tarifa a las ASADAS actoras (hechos no probados 7 y 8). Pero lo más importante es que aún partiendo de que el cierre de las nacientes mencionadas y los costos en los que las ASADAS acreditaron haber incurrido para prestar el servicio en forma eficiente mientras éstas estuvieron inhabilitada trajeran como resultado una alteración relevante de las variables que se consideraron al momento de fijar las tarifas (que, reiteramos, no se ha demostrado); lo cierto del caso es que el medio para que esos costos sean reconocidos no es una acción indemnizatoria como la que se planteó en esta sede jurisdiccional (contencioso administrativa y civil de hacienda), sino más bien a través de la revisión de la estructura de costos para el correspondiente ajuste tarifario, acudiendo a los procedimientos de fijación ordinaria o extraordinaria, según corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley No. 7593 citada. En otras palabras, si por el cierre de las nacientes de las que se abastecían, las demandantes incurrieron en una serie de costos, gastos o inversiones adicionales para poder seguir prestando el servicio público y causa de éstos se ponía en peligro la reinversión de los recursos o la obtención de la utilidad pactada; lo que correspondía ante esos desbalances era activar la fórmula que permite el ajuste de la tarifa, solicitando ante la ARESEP una revisión de la estructura de costos, por medio de la fijación ordinaria o extraordinaria, según correspondiera. Lo anterior conforme lo establece la normativa tarifaria, en este caso, la Ley No. 7593 citada, el Decreto  Ejecutivo Nº 32529 y sus propios convenios de delegación.  Esa es la forma establecida por el ordenamiento jurídico para restituir el equilibrio financiero de los prestatarios de los servicios públicos. Y en este proceso no se ha demostrado que alguna de las ASADAS demandantes haya gestionado ante el AyA o la ARESEP una solicitud de fijación ordinaria o extraordinaria que permitiera examinar su estructura de costos incurridos ante el evento de la contaminación y el cierre de las nacientes de las cuales se abastecía, para conseguir su restitución y restablecer el equilibrio financiero (hecho no probado 6). Tampoco se acreditó que la ARESEP les hubiese rechazado alguna solicitud de reajuste tarifario con ocasión de los eventos mencionados y los costos en que incurrieron mientras las nacientes de agua estuvieron fuera de servicio por las razones ya conocidas y que no son controvertidas en este proceso (hecho no probado 11). En su lugar, las demandantes acuden directamente a este Tribunal pretendiendo que, por medio de una acción indemnizatoria, se reconozcan los costos e inversiones incurridos en la prestación de un servicio público; cuando en realidad, de haber sido necesario, debieron sujetarse a las regulaciones tarifarias y requerir ante el ente competente los ajustes que estimasen necesarios para que los mismos se reconocieran y se trasladaran a la tarifa que cobran a los usuarios. Es por ello que, en nuestro criterio, lo que reclama a título de daño material no resulta procedente porque, reiteramos, la forma arbitrada por el ordenamiento jurídico para que se reconozcan los costos e inversiones en los que incurre cualquier prestatario del servicio público y que se restituya su equilibrio financiero, es por medio de los ajustes a la tarifa, ya sea por una fijación ordinaria o extraordinaria; sin que se haya demostrado, insistimos, que las ASADAS hubiesen acudido a esos procedimientos tarifarios (hechos no probados 6 y 11); y ese actuación negligente de las ASADAS hace que la indemnización que reclaman sea improcedente, al no haber acudido al procedimiento tarifario correspondiente en aras de que se restituyera su situación jurídica. En consecuencia, la indemnización del daño material que requieren todas las demandantes debe ser rechazada, en los términos expuestos. Sobre este extremo, el juez Aguilar Méndez pone nota separada.

 XIX.- Las ASADAS de La Tabla y de Santa Rita requieren, también, la indemnización del daño moral objetivo el cual cada una de ellas cuantifica en 50 millones de colones y que, dicen, fue ocasionado por los entes accionados. Explican que el motivo que lo origina es la pérdida de confianza y credibilidad por parte de los usuarios, a consecuencia de la contaminación y cierre de las nacientes de las que se abastecían para prestar el servicio público. Al respecto debemos señalar lo siguiente. El ordinal 197 de la LGAP establece: “Cabrá responsabilidad por el daño de bienes puramente morales, lo mismo que por el padecimiento moral y el dolor físico causados por la muerte o por la lesión proferida, respectivamente.”; reconociendo, entonces, la indemnización por daño moral subjetivo u objetivo, cuando haya sido ocasionado por alguna manifestación de función administrativa. En este caso, como se reclama una condena patrimonial por daño moral objetivo, debemos señalar que éste lesiona un derecho extrapatrimonial pero con repercusión en el patrimonio; es decir, genera consecuencias económicamente valuables. Se trata de un daño que afecta a las personas en su consideración social, como podría ser en su buen nombre, honor, honestidad o reputación, entre otras. Así se ha pronunciado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la sentencia No. 527-2008 de las 14 horas 10 minutos del primero de agosto de 2008, en la que además señaló que tratándose del daño moral objetivo "(...) se debe hacer la demostración correspondiente como acontece con el daño patrimonial (...)". Al tenor de lo expuesto y luego del análisis de las probanzas allegadas a los autos, el Tribunal estima que este extremo petitorio resulta también improcedente. Lo anterior porque si bien las declaraciones rendidas por Renán Solano Gómez, Marvin Soro Miranda, José Miguel Baltodano Rojas y Luis Solano Alfaro fueron coincidentes en que algunos usuarios de las ASADAS aquí accionantes, las culpaban por el cierre de las nacientes, por vender agua contaminada y por cobrar las tarifas a pesar de los racionamientos (hecho probado 54); esto es insuficiente para tener por establecido el daño moral objetivo que se reclama, pues no se aportaron elementos probatorios pertinentes, técnicos o contables que permitieran tener por acreditado que esas consideraciones de los usuarios impactaron su esfera patrimonial o sus ingresos (hecho no probado 9). Se trata de una carga probatoria que incumbía a las actoras pues, como se explicó, en este tipo de reclamos necesariamente deben demostrarse las consecuencias económicas sufridas a partir de la lesión extrapatrimonial. Tampoco demostró, por ejemplo, que hubiesen perdido usuarios, que algunos de ellos no hubiesen pagado la tarifa o que algún vecino de las comunidades los hubiese denunciado o demandado (hechos no probados 7, 8 y 10). A partir de lo expuesto y por la desatención de las cargas probatorias que incumbían exclusivamente a las reclamantes, no es posible establecer la existencia de un daño moral objetivo cierto, efectivo, evaluable e individualizable; presupuestos indispensables que establece el numeral 196 de la LGAP para que este detrimento resulte indemnizable. Ergo, este extremo petitorio debe ser rechazado, como en efecto se hace.

 XX.- Sobre las restantes pretensiones. Las Asadas piden que "(...) Se condene al Estado y al AyA a pagar en forma solidaria los perjuicios ocasionados, que en este caso equivaldría al monto de los intereses pasados, presentes y futuros que, al tipo bancario de acuerdo a la ley, se generan sobre la totalidad de las sumas aludidas, mismos que deben ser calculados desde el 20 de julio del 2018 (fecha de cierre de las fuentes de agua con las que se prestaba el servicio) y hasta su efectivo pago. Se estimó prudencialmente los perjuicios en la suma de cincuenta millones de colones. (...)" (pretensión sexta) y que "(...) Se condene al Estado y al AyA a pagar en forma solidaria, la indexación sobre las sumas reclamadas, pero en especial sobre el monto de las inversiones que es necesario efectuar para la construcción de nuevos acueductos, y sobre el monto que es necesario invertir para lograr una recuperación (reparación in integrum) de las fuentes de agua. (...)" (pretensión sétima). Sin embargo, dada la forma en que han resuelto las pretensiones indemnizatorias y el carácter accesorio que tienen los extremos requeridos respecto de la condena patrimonial principal que ya ha sido rechazada, resulta improcedente la indexación y pago de intereses requeridos y por ende, deben también ser rechazadas

  XXI.- Sobre las excepciones. Habiéndose acogido tanto la defensa de cosa juzgada constitucional respecto de las pretensiones primera, segunda, tercera y cuarta (Considerandos VI al XIII) como la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el SFE en relación con los restantes pedimentos indemnizatorios (Considerando XIV), y al haberse rechazado la defensa de falta de legitimación activa opuesta por los entes accionados y la excepción de falta de interés actual que formuló el AyA (Considerando XIV); solo resta pronunciarnos sobre la defensa de falta de derecho opuesta por el AyA y el Estado. Y de conformidad con el razonamiento efectuado en los Considerandos XV a XX, esta defensa debe ser acogida en relación a las pretensiones quinta, sexta y sétima referidas al reclamo de condena patrimonial, las que resultan improcedentes y deben ser rechazadas. En consecuencia, la demanda debe ser declarada sin lugar en todos sus extremos, como en efecto se hace.              

 XXII.- Sobre las costas. De conformidad con el numeral 193 del CPCA, las costas constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, estima el Tribunal que a partir del elenco fáctico que se ha tenido por demostrado, que aquí no es controvertido que efectivamente existió contaminación en las nacientes agua de las cuales las ASADAS actoras se abastecían para la prestación del servicio público encomendado y que éstas fueron cerradas e inhabilitadas por contaminación por bromacil el 20 de julio del 2018, estimamos que las demandantes contaban con motivo suficiente para litigar y acudir en auxilio jurisdiccional. Por lo expuesto, estimamos que lo debido es terminar este proceso sin especial condenatoria en costas, como en efecto se hace.

POR TANTO

Se acoge la defensa de cosa juzgada constitucional opuesta por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Estado y el Servicio Fitosanitario del Estado únicamente en relación de las pretensiones primera, segunda, tercera y cuarta (tanto principal como subsidiaria), las cuales se declaran inadmisibles. En lo demás se rechaza esta defensa. Respecto del resto de pretensiones, se rechaza la excepción de falta de legitimación activa opuesta los entes y el órgano accionado, así como la falta de interés actual opuesta por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Se acogen tanto la defensa de legitimación pasiva formulada por el Servicio Fitosanitario del Estado, como la excepción de falta de derecho opuesta por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Estado. En consecuencia, respecto de las pretensiones quinta, sexta y sétima se declara sin lugar la demanda formulada por las Asociaciones Administradoras de Acueducto Rural de  Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel San Rafael, todas del cantón de Río Cuarto. Se resuelve este proceso sin especial condena en costas. El juez Aguilar Méndez pone nota separada. Cynthia Abarca Gómez. Silvia Consuelo Fernández Brenes. Daniel Aguilar Méndez. /Jueces.

 

NOTA SEPARADA. -  Con absoluto respeto por el criterio de mis compañeras, debo separarme del razonamiento que se efectúa al final del Considerando XVIII. Si bien comparto con la mayoría la improcedencia del reclamo efectuado por las accionantes, en mi criterio, el razonamiento empleado allí está incompleto y resulta insuficiente por sí mismo para explicar por qué se debe acoger la falta de Derecho respecto de ese extremo de la demanda. Tal y como se desarrolla en el fallo, efectivamente, se ha comprobado que el cierre de las nacientes de las que se abastecían las demandantes provocó que éstas incurrieron en costos, gastos e inversiones adicionales en aras de continuar con la prestación del servicio público; de modo tal que estas se encuentran legitimadas para entablar las acciones para su reconocimiento, no obstante, mediante el procedimiento de ajuste tarifario ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, debido esto a la naturaleza regulada del servicio público que estas brindan. Así las cosas, el no haber acudido a ese trámite provoca que las actoras se encuentren en el deber jurídico de soportar esas lesiones patrimoniales y por lo tanto, estas no pueden ser imputadas causalmente a las Administraciones demandadas, configurándose en este caso -y en opinión del suscrito- una eximente de culpa de la víctima. En otras palabras, el rechazo del reclamo se afinca no en la improcedencia del daño material per se, sino en que la lesión aducida debe ser soportada por las Asociaciones demandantes, ya que ha sido resultado de una decisión exclusivamente atribuible a los propios prestadores del servicio, concretamente, de no acudir a un ajuste tarifario para cobrar esos costos y, en su lugar, internalizar o asumir ese daño en su estructura operativa, de tal manera que no se afecte a los usuarios. Así las cosas, los efectos perniciosos de esa decisión no pueden ahora venir a ser reprochados a las entidades demandadas, que son ajenas a esta. – Daniel Aguilar Méndez, Juez. -

EXPEDIENTE: 19-004749-1027-CA

PROCESO DE CONOCIMIENTO.

ACTORAS: ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTO RURAL DE SANTA RITA, LA TABLA y SANTA ISABEL-SAN RAFAEL, DEL CANTÓN DE RÍO CUARTO

DEMANDADOS: EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EL ESTADO, EL SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 




- Código Verificador -

NI12PLF43TW061



 

Documento firmado por:

CYNTHIA ABARCA GOMEZ, JUEZ/A DECISOR/A
DANIEL AGUILAR MENDEZ, JUEZ/A DECISOR/A
SILVIA FERNÁNDEZ BRENES, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 19-004749-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 23-02-2026 15:57:47.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Vulnerable  
Normal  
Small  

Contentious-Administrative Tribunal  

Resolution No. 10636 - 2025  

Date of Resolution: November 13, 2025, at 10:37 a.m.  

Case File: 19-004749-1027-CA  

Drafted by: Cynthia Abarca Gómez  

Text of the resolution  

1  

EXPEDIENTE:  

19-004749-1027-CA - 0  

PROCESO:  

Knowledge  

ACTORAS:  

ACTORAS: RURAL AQUEDUCT ADMINISTRATOR ASSOCIATIONS OF SANTA RITA, LA TABLA, AND SANTA ISABEL-SAN RAFAEL, OF THE CANTON OF RÍO CUARTO  

DEMANDADOS:  

THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, THE STATE, THE STATE PHYTOSANITARY SERVICE.  

No. 2025010636  

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at ten thirty-seven minutes in the morning of November thirteenth, two thousand twenty-five.-  

Proceedings conducted under the oral trial procedure established by: a) THE RURAL AQUEDUCT AND SEWER ADMINISTRATOR ASSOCIATION OF SANTA RITA DE RÍO CUARTO, legal ID 3-002-292690, represented by its president, Asdrúbal Campos Mora, married, cabinetmaker, identity card 1-596-226, acting as unlimited general power of attorney. b) THE RURAL AQUEDUCT AND SEWER ADMINISTRATOR ASSOCIATION OF SANTA ISABEL-SAN RAFAEL DE RÍO CUARTO, legal ID 3-002-199116, represented by its president, Benjamín Rodríguez Ávila, identity card 2-342-472, acting as unlimited general power of attorney. c) THE RURAL AQUEDUCT AND SEWER ADMINISTRATOR ASSOCIATION OF LA TABLA DE RÍO CUARTO, legal ID 3-002-340901, represented by its president, Edwin Gerardo Chaves Murillo, married, cattle rancher, identity card 1-596-225, who also acts as unlimited general power of attorney (hereinafter the ASADAS); against: a) THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (hereinafter AyA) represented by its general judicial representative, Kathya Ramírez Barrera, divorced, attorney, identity card 1-836-261 and resident of Coyol de Alajuela. b) The STATE, an entity that has been represented by the state attorneys Susana Fallas Cubero, identity card 1-873-022, resident of San José; Heylin Saénz Calderón, identity card 7-121-163, resident of Heredia and most recently by Silvia Quesada Casares, identity card 1-964-571 and resident of San José. c) The STATE PHYTOSANITARY SERVICE (hereinafter SFE) represented by Luis Antonio Jiménez Brenes, identity card 1-992-781, resident of Alajuela; Gerardo Castro Salazar identity card 1-652-589, resident of Orotina and Dahianna Mora Sandí, identity card 1-1362-0376, resident of San José; all married and acting as special judicial representatives. The attorneys Alejandro Vargas Alfaro and Daniela Ávila Bolaños intervene as special judicial representatives of the plaintiffs and of AyA, respectively.  

CONSIDERING  

I.- Preliminary aspects. The following observations are made regarding the manner in which this judgment is issued:  

1.- This resolution is issued in compliance with the provisions of the Regulations on Electronic Judicial Files before the Judicial Branch, approved by the Full Court, in article XXXI of session No. 22-13, held on May 20, 2013.  

2.- As recorded in the Virtual Desktop System, by virtue of the provisions of the Superior Council of the Judicial Branch in agreements numbers XXVIII of Session No. 84-2021 of September 28, 2021, and XXXIX of Session No. 95-2021 of November 4, 2021, which ordered the redesign of the Office, and what was ordered by the Contentious-Administrative and Civil Treasury Commission in agreements No.2.VI.2023, 11.VI.2023, and 12.VI.2023, adopted in the session held on July 27, 2023, in articles X and XI of the session held on August 24, 2023 (Official Communications 001-CCACH-2023 and 003-CCACH-2023, respectively) and article III of the session held on September 6, 2023 (Official Communication 017-CCACH-2023), this process was assigned to this Collegiate Tribunal VI on September 12, 2024, coming from Section V, and the scheduling of the trial was ordered, as indicated below. For this reason, the parties are informed that the time that has elapsed until the effective holding of the trial hearing and the various actions or procedures that this entails, as well as the issuance of this judgment or the inconveniences it may generate for the parties, is not the result of a decision and/or delay attributable to Collegiate Tribunal VI; and the corresponding disclaimer of liability is hereby formulated (images 2824 to 2849 of the scanned digital judicial file in a single PDF file).  

3.- The legal formalities have been complied with in the proceedings before this Tribunal, and no nullities requiring correction or causing defenselessness are observed.  

4.- After prior deliberation and within the period established in article 111 of the Contentious-Administrative Procedural Code (hereinafter CPCA), this judgment is issued unanimously, drafted by the presiding judge Abarca Gómez, with the affirmative and concurring vote of judge Fernández Brenes and judge Aguilar Méndez.  

II.- Relevant procedural history. For a better understanding of the issues debated here, it is deemed pertinent to provide the following account of the procedural history of this case.  

1.- The plaintiff ASADAS filed this lawsuit, formulating the following claims: "(…) FIRST: That the total non-conformity with the legal order of the omissive conduct that caused the contamination of the aquifers managed by the plaintiff ASADAS be declared, an omission carried out by the State, the AyA, and the SFE regarding their duty to guarantee, respect, and protect the environment and to comply with environmental regulations; regarding their duty to guarantee, respect, and protect the health, life, and physical integrity of the users and to comply with the regulations issued on health matters; and regarding their duty of control over chemical substances harmful to the environment and health, and to comply with the regulations issued in that regard, that is, to respect, protect, and enforce the rights of the ASADAS indicated below: / 1.- Inter-administrative coordination was omitted, so that the competent entities, such as the defendants, could foresee and prevent the contamination of the aquifers managed by the ASADAS. / 2.- The right of the ASADAS to access environmental information, especially regarding the contamination of the aquifers they manage, was ignored and omitted. / 3.- The right of the ASADAS to obtain prompt and complete justice regarding the complaints they filed for environmental contamination was ignored and omitted, as well as their right to be an integral part of the groups formed to solve the problem of the contamination of the aquifers they manage, and to participate in the discussion and decision-making for its solution. / 4.- The right of the ASADAS to act as guarantors of water sanitation was ignored and omitted, insofar as the defendants omitted their duty to protect the health, physical integrity, and life of the users, by not warning them that they were supplying contaminated water. / 5.- The right of the ASADAS to a healthy and ecologically balanced environment was ignored and omitted, which allows them to maintain the availability of water to continue providing, by delegation, the supply and sanitation service in a continuous, efficient, quality, accessible manner, and in the sufficient and required quantity to guarantee the sustainable development of the communities. / SECOND: That the right held by the ASADAS to be an integral part of the groups formed to solve the problem of the contamination of the aquifers they manage be declared, recognized, and restored; to have access to information regarding the contamination; to participate in the discussion and decision-making for the solution of said problem; and that the defendants be ordered to immediately incorporate a representative of each ASADA to the same, both those that currently exist and those that may be created in the future. / THIRD: That the State, the AyA, and the SFE be ordered to effectively comply with their duty to guarantee, respect, and protect the environment and to comply with environmental regulations to solve the contamination problem in the specific geographic area where the plaintiff ASADAS provide the public service; that they be ordered to effectively comply with their duty to guarantee, respect, and protect the health, life, and physical integrity of the users of the plaintiff ASADAS, and to comply with the regulations issued on health matters; and that they be ordered to effectively comply with their duty of control over chemical substances harmful to the environment and health, and to comply with the regulations issued in that regard, in order to solve the contamination problem of the aquifers in the specific geographic area where the ASADAS provide the public service. / FOURTH: This part contains a main claim and a subsidiary one, as set forth below: / 1.- MAIN CLAIM: That it be declared that the ASADAS will assume the task of in situ and in integrum decontamination and restoration of the soils and aquifers of the specific geographic area where they provide the service; that the defendants be jointly and severally ordered to budget and deposit the sums to which they are condemned in a special account in the name of the ASADAS, directed exclusively for those purposes; and that the defendants be ordered to provide the ASADAS with all the technical and scientific advice required to reverse the contamination, returning the environment to the state it was in before it occurred. / 2.- SUBSIDIARY CLAIM: As a subsidiary claim, in the event that the judges do not assign said task to the ASADAS, then we request that the defendants be jointly and severally ordered to immediately proceed to carry out real and effective actions for the elimination of contamination in the specific geographic area where the ASADAS provide the public service, restoring the environment to the state it was in before said contamination occurred; that they immediately proceed to budget and deposit the amounts to which they are condemned in an account designated exclusively for that purpose; and that they be ordered, in order to guarantee compliance with all the foregoing, to submit reports regularly before this Jurisdictional Authority, during the time necessary to achieve the decontamination of the environment in the specific geographic areas in which the ASADAS provide the public service, in order to demonstrate that they are acting in a real and effective manner, that is, solving the root of the problem and not providing palliative solutions to it. / FIFTH: That the State and AyA be jointly and severally condemned to pay each ASADA the damages caused, as follows: / ASADA LA TABLA: / 1. Damages for restoration costs of the affected sources: ₡58,699,614.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. / 2. Damage or economic loss due to the closure of the sources as raw material to provide the public service: ₡323,558,593.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. / 3. Damages derived from investments that were or are necessary to make to maintain the provision of the public service: ₡37,764,000.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. / 4. Costs for damages to the health of users due to the risk they were exposed to from drinking contaminated water: ₡39,375,000.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. / 5. Damages for management costs of all the activities that the ASADAS had to carry out and for payment of advisory services for the defense of the water sources: ₡4,254,667.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. / 6. Objective moral damage: ₡50,000,000.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. / TOTAL AMOUNT OF DAMAGE CAUSED TO ASADA LA TABLA: ₡513,651,874.00. / ASADA SANTA RITA: / 1. Damages for restoration costs of the affected sources: ₡77,934,984.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. / 2. Damage or economic loss due to the closure of the sources as raw material to provide the public service: ₡460,351,495.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. / 3. Damages derived from investments that were or are necessary to make to maintain the provision of the public service: ₡1,434,367,845.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. / 4. Costs for damages to the health of users due to the risk they were exposed to from drinking contaminated water: ₡48,750,000.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. / 5. Damages for management costs of all the activities that the ASADAS had to carry out and for payment of advisory services for the defense of the water sources: ₡5,754,667.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. / 6. Objective moral damage: ₡50,000,000.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. / TOTAL AMOUNT OF DAMAGE CAUSED TO ASADA SANTA RITA: ₡2,007,158,991.00. / ASADA SANTA ISABEL-SAN RAFAEL: / 1. Damages for restoration costs of the affected sources: ₡97,170,354.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. / 2. Damage or economic loss due to the closure of the sources as raw material to provide the public service: ₡702,565,415.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount./ 3. Damages derived from investments that were or are necessary to make to maintain the provision of the public service: ₡776,000,000.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. / 4. Costs for damages to the health of users due to the risk they were exposed to from drinking contaminated water: ₡103,500,000.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. / 5. Damages for management costs of all the activities that the ASADAS had to carry out and for payment of advisory services for the defense of the water sources: ₡5,754,667.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. / TOTAL AMOUNT OF DAMAGE CAUSED TO ASADA SANTA ISABEL-SAN RAFAEL: ₡1,684,990,435.00. / The following clarifications were made during the preliminary hearing: a) Regarding the damages identified with points 1, 2, 3, 4, and 5 corresponding to each of the ASADAS, it should be understood that they correspond to material damages. b) Regarding the damage identified as number 6 corresponding to the objective moral damage (ASADA LA TABLA AND ASADA SANTA RITA), it was clarified that the reason causing it is the loss of trust and credibility by the users in relation to the ASADAS. / SIXTH: That the State and AyA be condemned to jointly and severally pay the losses caused, which in this case would be equivalent to the amount of past, present, and future interest that, at the banking rate according to law, is generated on the totality of the sums mentioned, which must be calculated from July 20, 2018 (date of closure of the water sources with which the service was provided) and until its effective payment. The losses were prudentially estimated in the sum of fifty million colones. / SEVENTH: That the State and AyA be condemned to jointly and severally pay the indexation on the sums claimed, but especially on the amount of the investments that are necessary to make for the construction of new aqueducts, and on the amount that is necessary to invest to achieve a recovery (in integrum repair) of the water sources. / EIGHTH: That the State and AyA be jointly and severally condemned to pay the personal and procedural costs generated by this process. (...)" (claims visible in images 935 to 955 of the scanned digital judicial file in a single PDF file, as adjusted and set during the preliminary hearing).  

2.- The representative of AyA answered the lawsuit and formulated the defenses of unviable claim and constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional), as well as the exceptions of lack of standing to sue, lack of current interest, and lack of right. She requested that the action be declared without merit and that the plaintiffs be condemned to pay the costs and interest generated (images 972 to 1031 and 1921 to 1923 of the scanned digital judicial file in a single PDF file).  

3.- The State’s representative answered the lawsuit and formulated the defenses of failure to join a necessary passive litisconsort (litis consorcio pasivo necesario) so that the SFE be brought in as a defendant and constitutional res judicata, as well as the exceptions of lack of standing to sue and lack of right. She requested that the action be declared without merit and that the plaintiffs be condemned to pay the costs (images 1928 to 1953 of the scanned digital judicial file in a single PDF file).  

4.- In a brief filed on April 14, 2020, the plaintiffs' representative extended the action against the SFE, so that in an order issued at 5:48 p.m. on that date, the lawsuit was processed against it (images 1979 to 1986 of the scanned digital judicial file in a single PDF file).  

5.- The SFE’s representative answered the action and formulated the defense of constitutional res judicata, as well as the exceptions of lack of standing in its dual modality and lack of right. He requested that the lawsuit be declared without merit and that the plaintiffs be condemned to pay the costs with their respective interest (images 2001 to 2020, 2102 and 2103 of the scanned digital judicial file in a single PDF file).  

6.- The preliminary hearing established in article 90 of the CPCA began on January 25, 2021, but was suspended because the legal representations of the plaintiffs were expired, some of the documentary evidence offered was illegible, and to grant the defendants a reply hearing on the answer to some of the facts of the action. The hearing continued on February 16, 2021, but was also suspended to grant a hearing regarding an adjustment made to the claims.  

7.- The preliminary hearing continued on January 28, 2022. There, the claims were set as indicated above, and the State’s representative alleged the Tribunal’s lack of jurisdiction to hear this process. In Resolution No. 122-2022, the procedural judge rejected the defenses of lack of jurisdiction, unviable claim, and constitutional res judicata. It was also determined that all the facts were disputed, and the hearing was then suspended. There is no record in the case file that any disagreement was filed regarding the decision to reject the defense of lack of jurisdiction.  

8.- The preliminary hearing continued on March first, 2022. In relevant part, the pertinent documentary evidence from all parties was admitted, along with the following evidence to be presented at the complementary hearing: a) For the plaintiff ASADAS, the testimony of José Luis Vargas Mejía, as an expert witness, as well as that of Renán Solano Gómez, Marvin Soro Miranda, Luis Solano Alfaro, and José Miguel Baltodano Rojas, all as witnesses, was admitted. b) For AyA, the testimony of Bernal Alfaro Sánchez, as an expert witness, was admitted.  

9.- After this process was assigned to Collegiate Tribunal VI, a trial hearing was scheduled for February 20, 21, and 22, 2024, beginning on the convened date. Present in the courtroom was the Tribunal, composed of judges Silvia Consuelo Fernández Brenes, Daniel Aguilar Méndez, and Cynthia Abarca Gómez, as well as the representatives of the plaintiffs and AyA, while the representatives of the State and SFE participated virtually. There, procedural cleanup issues were reviewed, the Tribunal ruled on new evidence offered by the plaintiffs, AyA, the State, and the SFE at the preliminary hearing, but whose admission was left to this Tribunal in accordance with article 50.2 of the CPCA, and a hearing was granted to the parties on documentary evidence that AyA’s representative offered for better adjudication. The parties' representatives made opening arguments, during which the State raised a defense of lack of jurisdiction, which was supported by the other defendants. After the respective hearing, in oral Resolution No. 2024001009, the Tribunal rejected the defense raised but proceeded to examine its own jurisdiction ex officio. In essence, it declared itself without jurisdiction to hear the following claims: 1) The fifth claim only insofar as it requested that the State and AyA be jointly and severally condemned to pay each plaintiff ASADA the following: a) Damages for restoration costs of the affected sources. b) Costs for damages to the health of users due to the risk they were exposed to from drinking contaminated water. c) Damages for management costs of all the activities that the ASADAS had to carry out and for payment of advisory services for the defense of the water sources (points 1, 4, and 5 of the claims set at the preliminary hearing). 2) Regarding the sixth and seventh claims, referring to the payment of interest and indexation, due to accessory nature, partial lack of jurisdiction was declared regarding these points, insofar as they refer to the claim for damages over which a declaration of lack of jurisdiction had already been made. For the remaining claims, the Tribunal declared itself competent and ordered that, once this resolution became final, the claims for which we were without jurisdiction be de-consolidated so that they could be sent to the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court and this process continue its proceedings. Subsequently, the hearing was suspended, as the defendant parties stated that they would file a challenge against the ruling.  

10.- The State and AyA filed a challenge before the First Chamber of the Supreme Court of Justice, considering that the Tribunal lacked jurisdiction to hear the second, third, and fourth claims. In Resolution 685-C-S1-2024 issued at 3:11 p.m. on June 13, 2024, the First Chamber rejected the indicated challenge and declared that this Tribunal was competent to hear this process.  

11.- In Resolution No. 2025009859 issued at 3:35 p.m. on October 14 of this year, the de-consolidation of the following claims was ordered: "(...) FIFTH: That the State and AyA be jointly and severally condemned to pay each ASADA the damages caused, as follows: ASADA LA TABLA: 1. Damages for restoration costs of the affected sources, for the sum of ₡58,699,614.00. (...) 4. Costs for damages to the health of users due to the risk they were exposed to from drinking contaminated water, for the sum of ₡39,375,000.00. (...) 5. Damages for management costs of all the activities that the ASADAS had to carry out and for payment of advisory services for the defense of the water sources, for the sum of ₡4,254,667.00. (...) / ASADA SANTA RITA: 1. Damages for restoration costs of the affected sources for the sum of ₡77,934,984.00. (...) / 4. Costs for damages to the health of users due to the risk they were exposed to from drinking contaminated water for the sum of ₡48,750,000.00. (...) / 5. Damages for management costs of all the activities that the ASADAS had to carry out and for payment of advisory services for the defense of the water sources, for the sum of ₡5,754,667.00. (...) / ASADA SANTA ISABEL-SAN RAFAEL: / 1. Damages for restoration costs of the affected sources for the sum of ₡97,170,354.00. (...) / 4. Costs for damages to the health of users due to the risk they were exposed to from drinking contaminated water for the sum of ₡103,500,000.00. (...) / 5. Damages for management costs of all the activities that the ASADAS had to carry out and for payment of advisory services for the defense of the water sources, for the sum of ₡5,754,667.00. (...) b) Regarding the SIXTH and SEVENTH claims referring to the condemnation to pay losses and indexation, with respect to the damages claimed in the FIFTH claim already indicated. The formation of a separate file is ordered to be sent to the Contentious-Administrative and Civil Court, so that a new case file can be formed and its processing continued as appropriate in Law.- (...)" (images 3451 to 3455 of the scanned digital judicial file in a single PDF file).  

12.- The trial hearing continued on October 22, 23, and 24, 2025, and was conducted by Collegiate Tribunal VI, composed of judges Silvia Consuelo Fernández Brenes, Daniel Aguilar Méndez, and Cynthia Abarca Gómez, the latter as presiding judge, with the assistance of judicial technician Adriana Artavia Murillo; who were physically present in the courtroom. Also present in the Courtroom were the plaintiffs and their special judicial representative; as well as AyA’s representatives and its technical consultant. The representatives of the State and SFE participated in the hearing virtually, via the Teams platform. At the outset, the Tribunal provided an account of what had occurred since the previous complementary hearing and, as Resolution No. 2024001009 cited was final, adjusted and set the conduct subject to this process as follows: "(...) CLAIMS / "(...) FIRST: That the total non-conformity with the legal order of the omissive conduct that caused the contamination of the aquifers managed by the plaintiff ASADAS be declared, an omission carried out by the State, the AyA, and the SFE regarding their duty to guarantee, respect, and protect the environment and to comply with environmental regulations; regarding their duty to guarantee, respect, and protect the health, life, and physical integrity of the users and to comply with the regulations issued on health matters; and regarding their duty of control over chemical substances harmful to the environment and health, and to comply with the regulations issued in that regard, that is, to respect, protect, and enforce the rights of the ASADAS indicated below: / 1.- Inter-administrative coordination was omitted, so that the competent entities, such as the defendants, could foresee and prevent the contamination of the aquifers managed by the ASADAS. / 2.- The right of the ASADAS to access environmental information, especially regarding the contamination of the aquifers they manage, was ignored and omitted. / 3.- The right of the ASADAS to obtain prompt and complete justice regarding the complaints they filed for environmental contamination was ignored and omitted, as well as their right to be an integral part of the groups formed to solve the problem of the contamination of the aquifers they manage, and to participate in the discussion and decision-making for its solution. / 4.- The right of the ASADAS to act as guarantors of water sanitation was ignored and omitted, insofar as the defendants omitted their duty to protect the health, physical integrity, and life of the users, by not warning them that they were supplying contaminated water. / 5.- The right of the ASADAS to a healthy and ecologically balanced environment was ignored and omitted, which allows them to maintain the availability of water to continue providing, by delegation, the supply and sanitation service in a continuous, efficient, quality, accessible manner, and in the sufficient and required quantity to guarantee the sustainable development of the communities. / SECOND: That the right held by the ASADAS to be an integral part of the groups formed to solve the problem of the contamination of the aquifers they manage be declared, recognized, and restored; to have access to information regarding the contamination; to participate in the discussion and decision-making for the solution of said problem; and that the defendants be ordered to immediately incorporate a representative of each ASADA to the same, both those that currently exist and those that may be created in the future.

/ THIRD: That the State, the ICAA, and the SFE be ordered to effectively comply with their duty to guarantee, respect, and protect the environment and to enforce environmental regulations in order to solve the contamination problem in the specific geographic zone where the plaintiff ASADAs provide public service; that they be ordered to effectively comply with their duty to guarantee, respect, and protect the health, life, and physical integrity of the users of the plaintiff ASADAs, and to enforce the regulations issued on health matters; and that they be ordered to effectively comply with their duty of control over chemical substances harmful to the environment and health, and to enforce the regulations issued in that regard, in order to solve the problem of contamination of the aquifers (acuíferos) in the specific geographic zone where the ASADAs provide public service. / FOURTH: This section contains a primary claim and a subsidiary one, as set forth below: / 1.- PRIMARY CLAIM: That it be declared that the ASADAs will assume the work of decontamination and in situ and in integrum restoration of the soils and aquifers (acuíferos) of the specific geographic zone where they provide service; that the defendants be ordered, jointly and severally, to budget and deposit the sums to which they are condemned into a special account in the name of the ASADAs, directed exclusively for those purposes; and that the defendants be ordered to provide the ASADAs with all the technical and scientific advice required to reverse the contamination, returning the environment to the state it was in before this occurred. / 2.- SUBSIDIARY CLAIM: As a subsidiary claim, in the event that the adjudicators do not assign said work to the ASADAs, we then request that the defendants be ordered, jointly and severally, to immediately proceed to carry out real and effective work to eliminate the contamination in the specific geographic zone where the ASADAs provide public service, restoring the environment to the state it was in before said contamination occurred; to immediately proceed to budget and deposit the amounts to which they are condemned into an account destined exclusively for that purpose; and that they be ordered, in order to guarantee compliance with all of the above, to submit reports regularly before this Jurisdictional Authority, for as long as necessary until the decontamination of the environment in the specific geographic zones in which the ASADAs provide public service is achieved, so that they demonstrate they are acting in a real and effective manner, that is, solving the core of the problem and not providing palliative solutions to it. / FIFTH: That the State and AyA be jointly and severally condemned to pay each ASADA the damages caused to it, as follows: ASADA LA TABLA: (...) / 2. Economic damage or loss due to the closure of the springs (fuentes) as raw material to provide public service: ₡323,558,593.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. / 3. Damages derived from investments that were or are necessary to make to maintain the provision of public service: ₡37,764,000.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. (...) / 6. Objective moral damage (daño moral objetivo): ₡50,000,000.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. / ASADA SANTA RITA: (...) / 2. Economic damage or loss due to the closure of the springs (fuentes) as raw material to provide public service: ₡460,351,495.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. / 3. Damages derived from investments that were or are necessary to make to maintain the provision of public service: ₡1,434,367,845.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. (...) / 6. Objective moral damage (daño moral objetivo): ₡50,000,000.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. / ASADA SANTA ISABEL-SAN RAFAEL: (...) / 2. Economic damage or loss due to the closure of the springs (fuentes) as raw material to provide public service: ₡702,565,415.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. / 3. Damages derived from investments that were or are necessary to make to maintain the provision of public service: ₡776,000,000.00, without prejudice to the judges establishing a greater amount. / The following clarifications were made during the preliminary hearing: a) Regarding the damages identified under points 2 and 3 for each of the ASADAs, it should be understood that they correspond to material damages (daños materiales). / b) Regarding the damage identified as number 6 corresponding to objective moral damage (daño moral objetivo) (ASADA LA TABLA and ASADA SANTA RITA), it was clarified that the reason originating it is the loss of trust and credibility on the part of the users with respect to the ASADAs. / SIXTH: That the State and AyA be condemned to jointly and severally pay the consequential damages (perjuicios) caused, which in this case would be equivalent to the amount of past, present, and future interest at the bank rate according to law, generated on the totality of the sums mentioned, to be calculated from July 20, 2018 (the closing date of the water springs (fuentes de agua) with which the service was provided) until their effective payment. The consequential damages (perjuicios) were prudentially estimated at the sum of fifty million colones. / SEVENTH: That the State and AyA be condemned to jointly and severally pay indexation on the sums claimed, but especially on the amount of investments necessary to construct new aqueducts, and on the amount necessary to invest to achieve a recovery (reparación in integrum) of the water springs (fuentes de agua). / EIGHTH: That the State and AyA be jointly and severally condemned to pay the personal and procedural costs generated by this proceeding. (...)". The plaintiff party expressed its conformity with the established claims. A recount of the exceptions raised by the defendants was also made, which was confirmed by their representatives. During the clean-up phase, some clarifications were made related to the documentary evidence admitted to the parties. Next, the representatives of the parties made their opening statements, and subsequently the evidentiary phase was entered, in which the admitted testimonial statements were received; all of which were subjected to cross-examination. The foregoing with the exception of the expert witness José Luis Vargas Mejía, as the plaintiff party withdrew from his statement. Once the taking of that evidence concluded, the Tribunal admitted new evidence from the plaintiff party, the State, and evidence offered by the representative of AyA to provide a better resolution. Subsequently, the representatives of the parties gave oral conclusions, after which the Tribunal informed them that it was entering the deliberation phase and justified the reasons why it was declaring this proceeding to be a highly complex one, so that, in accordance with Article 111 of the CPCA, the judgment would be issued within the following fifteen business days, after which they would be notified at the designated addresses and within the time period established by the Judicial Notification Law for such purposes; and the supplementary hearing was closed. \n\n III.- Purpose of the proceeding. The plaintiff ASADAs formulate various declaratory claims aimed at having this Tribunal issue a series of pronouncements. Among these, they request that it be established that the defendant entities and the body have incurred in a series of omissions that it describes and that, in their opinion, are substantially non-conforming with the legal system because they fostered the contamination of the aquifers (acuíferos) managed by them, failed to comply with their duty to guarantee, respect, and protect the environment, health, life, and physical integrity of the users; and because they neglected their duties to enforce environmental regulations and exercise control over chemical substances harmful to the environment and health, thereby breaching their obligation to respect, protect, and enforce the rights of the ASADAs (first claim). They also request that it be declared, recognized, and restored their right to be an integral part of the groups formed to solve the problem regarding the contamination of the aquifers (acuíferos) they manage; to have access to information regarding the contamination; to participate in discussion and decision-making in solving said problem; and that the defendants be ordered to immediately incorporate a representative of each ASADA into the same, both those currently existing and those created in the future (second claim). Additionally, they require that the State, AyA, and the SFE be ordered to effectively comply with their duty to guarantee, respect, and protect the environment and to enforce environmental, health, and harmful chemical substances regulations, in order to solve the contamination problem in the specific geographic zone where the plaintiff ASADAs provide public service, as well as the health, life, and physical integrity of the users of the plaintiff ASADAs (third claim). They also request that it be declared that the ASADAs will assume the work of decontamination and in situ and in integrum restoration of the soils and aquifers (acuíferos) of the specific geographic zone where they provide service; that the defendants be ordered, jointly and severally, to budget and deposit the sums to which they are condemned into a special account in the name of the ASADAs, directed exclusively for those purposes; and that the defendants be ordered to provide them with all the technical and scientific advice required to reverse the contamination, returning the environment to the state it was in before this occurred (primary fourth claim). In the event that the adjudicators deem the foregoing claim to be improper because said work cannot be assigned to the ASADAs, they request that the defendants be ordered, jointly and severally, to immediately proceed to carry out real and effective work to eliminate the contamination in the specific geographic zone where they provide public service, restoring the environment to the state it was in before said contamination occurred; to immediately proceed to budget and deposit the amounts to which they are condemned into an account destined exclusively for those purposes; and that they be ordered, in order to guarantee compliance with all of the above, to submit reports regularly before this Jurisdictional Authority, for as long as necessary until the decontamination of the environment in the specific geographic zones in which they provide public service is achieved, so that they demonstrate they are acting in a real and effective manner, that is, solving the core of the problem and not providing palliative solutions to it (subsidiary fourth claim). On the other hand, they also formulate a claim for pecuniary condemnation aimed at having the State and AyA jointly and severally condemned to pay each ASADA the damages caused to it in the following terms. In the case of ASADA La Tabla and ASADA Santa Rita, payment is required of: 1) Material damage (daño material) consisting of: a) The economic loss due to the closure of the springs (fuentes) as raw material to provide public service; which they estimate at the sum of ₡323,558,593.00 and ₡460,351,495.00, respectively. b) The investments that were or are necessary to make to maintain the provision of public service, which they fix at the sum of ₡37,764,000.00 and ₡1,434,367,845.00, respectively. 2) Objective moral damage (daño moral objetivo), which each one quantifies at ₡50,000,000.00. The reason originating it is the loss of trust and credibility on the part of the users with respect to the ASADAs. For its part, ASADA Santa Isabel - San Rafael requires only the payment of material damage (daño material) consisting of the economic loss due to the closure of the springs (fuentes) as raw material to provide public service, which it estimates at the sum of ₡702,565,415.00 and the investments that were or are necessary to make to maintain the provision of public service, in the sum of ₡776,000,000.00. All of those amounts are estimated without prejudice to the judges establishing a greater amount (fifth claim). The ASADAs also require payment of the consequential damages (perjuicios) caused, consisting of the amount of past, present, and future interest at the bank rate according to law, generated on the totality of the sums mentioned, to be calculated from July 20, 2018 (the closing date of the water springs (fuentes de agua) with which the service was provided) until their effective payment. The consequential damages (perjuicios) were prudentially estimated at the sum of fifty million colones (sixth claim). Finally, they request that the State and AyA be condemned to jointly and severally pay indexation on the sums claimed, but especially on the amount of investments necessary to construct new aqueducts, and on the amount necessary to invest to achieve a recovery (reparación in integrum) of the water springs (fuentes de agua) (seventh claim). All the defendants opposed the action and formulated the exceptions of lack of active standing and lack of right. The SFE and AyA also raised, respectively, the defenses of lack of passive standing and lack of current interest; and during their conclusions, all the representatives of the defendants reiterated the defense of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional). Based on the foregoing, for the Tribunal it is necessary to point out that, as can be deduced from the described conduct under review, this proceeding does not involve any claim for environmental damage. The foregoing is relevant not only because documentary evidence in that regard was admitted, but also because in their arguments and during the taking of some of the admitted evidence (such as, for example, the statement of Bernal Alvarado Sánchez), the representatives of the defendants made multiple references to this type of damage, which clearly does not form part of what is debated in this case; which is why the admitted evidence and arguments referring to this point will not be assessed by this Tribunal. In that sense and for what is considered a better order, the examination of what is debated will be addressed by attending to each of the claims and defenses of the contending parties, in relation to the pertinent evidence and arguments, in order to avoid unnecessary reiterations, with the corresponding analysis, of course, of everything argued.\n\n IV.- Proven facts. Of relevance for the purposes of this proceeding, the following are deemed accredited: 1) On October 30, 2001, the Sub-Manager of AyA and the president of the ASADA of Santa Rita de Río Cuarto de Grecia, signed a Delegation Agreement for the Administration of the Aqueduct and Sanitary Sewer System, in which it was agreed that said public entity delegated to the ASADA the administration, operation, and maintenance of the Aqueduct and Sanitary Sewer System of Santa Rita de Río Cuarto, at that time part of Grecia. The foregoing based on various stipulations in which, as relevant, the duties and obligations of the ASADA were regulated (second clause), including: "(...) a.- Administer, operate, develop, and maintain the Aqueduct and Sewer systems and hydrographic basins, as well as ensure the control of contamination, complying for this purpose with the laws, regulations, and technical, economic, or legal directives or opinions issued by AyA. (...) c.- Authorize new services, connections, and reconnections, as well as the control of septic tanks, and collect the corresponding fees. d.- Prepare and submit for approval to AyA the tariff schedules for its services, rates, connection and reconnection rights, which it will make the modifications it deems appropriate and send them for their corresponding procedure to ARESEP. e.- Acquire, inventory, safeguard, and use the goods, materials, and equipment necessary for the administration and operation of the systems, ensuring compliance with the democratic rules of the best offer in price and quality thereof. (...) v.- Obligatorily apply the tariffs approved by the Public Services Regulatory Authority, in accordance with article two, subsection d) of the current Regulation. (...)". In the Eleventh Clause, it was indicated that the contract was of an indefinite nature, without prejudice to AyA's power to unilaterally rescind or terminate the agreement; while in the Twelfth Clause, it was provided that the agreement would take effect upon endorsement by the Contraloría General de la República, which occurred on January 30, 2002 (images 119 to 125 of the digital judicial file scanned in a single PDF file). 2) On February 13, 2004, the Manager of AyA and the president of ASADA Santa Isabel-San Rafael de Río Cuarto de Grecia, signed a Delegation Agreement for the Administration of the Aqueduct and Sanitary Sewer System, in which it was agreed that said public entity delegated to the ASADA the administration, operation, and maintenance of the Aqueduct and Sanitary Sewer System of Santa Isabel-San Rafael de Río Cuarto, at that time part of Grecia. The foregoing based on various stipulations in which, as relevant, the duties and obligations of the ASADA were regulated (second clause), including: "(...) a.- Administer, operate, develop, and maintain the Aqueduct and Sewer systems and hydrographic basins, as well as ensure the control of contamination, complying for this purpose with the laws, regulations, and technical, economic, or legal directives or opinions issued by AyA. (...) c.- Authorize new services, connections, and reconnections, as well as the control of septic tanks, and collect the corresponding fees. d.- Prepare and submit for approval to AyA the tariff schedules for its services, rates, connection and reconnection rights, which it will make the modifications it deems appropriate and send them for their corresponding procedure to ARESEP. e.- Acquire, inventory, safeguard, and use the goods, materials, and equipment necessary for the administration and operation of the systems, ensuring compliance with the democratic rules of the best offer in price and quality thereof. (...) v.- Obligatorily apply the tariffs approved by the Public Services Regulatory Authority, in accordance with article two, subsection d) of the current Regulation. (...)". In the Eleventh Clause, it was indicated that the contract was of an indefinite nature, without prejudice to AyA's power to unilaterally rescind or terminate the agreement; while in the Twelfth Clause, it was provided that the agreement would take effect upon endorsement by the Contraloría General de la República, which occurred on March 13, 2004 (images 133 to 137 of the digital judicial file scanned in a single PDF file). 3) On December 14, 2004, the Manager of AyA and the president of ASADA of La Tabla de Río Cuarto de Grecia, signed a Delegation Agreement for the Administration of the Aqueduct and Sanitary Sewer System, in which it was agreed that said public entity delegated to the ASADA the administration, operation, and maintenance of the Aqueduct and Sanitary Sewer System of La Tabla de Río Cuarto, at that time part of Grecia. The foregoing based on various stipulations in which, as relevant, the duties and obligations of the ASADA were regulated (second clause), including: "(...) a.- Administer, operate, develop, and maintain the Aqueduct and Sewer systems and hydrographic basins, as well as ensure the control of contamination, complying for this purpose with the laws, regulations, and technical, economic, or legal directives or opinions issued by AyA. (...) c.- Authorize new services, connections, and reconnections, as well as the control of septic tanks, and collect the corresponding fees. d.- Prepare and submit for approval to AyA the tariff schedules for its services, rates, connection and reconnection rights, which it will make the modifications it deems appropriate and send them for their corresponding procedure to ARESEP. e.- Acquire, inventory, safeguard, and use the goods, materials, and equipment necessary for the administration and operation of the systems, ensuring compliance with the democratic rules of the best offer in price and quality thereof. (...) v.- Obligatorily apply the tariffs approved by the Public Services Regulatory Authority, in accordance with article two, subsection d) of the current Regulation. (...)". In the Eleventh Clause, it was indicated that the contract was of an indefinite nature, without prejudice to AyA's power to unilaterally rescind or terminate the agreement; while in the Twelfth Clause, it was provided that the agreement would take effect upon endorsement by the Contraloría General de la República (images 126 to 132 of the digital judicial file scanned in a single PDF file). 4) On May 10, 2011, on the occasion of a complaint before the Área de Salud de Grecia stating that "…. the Hacienda La Flor is preparing land to plant pineapple on top of the aquifers (mantos acuíferos)", an inspection was carried out in the presence of officials from the Ministry of Environment and Energy, Sarapiquí office, and the Municipalidad de Grecia; they conducted an inspection at the reported site and, by official letter DARSG-313-2017 of May 11, 2011, the Regulation Department of the Área de Salud de Grecia recommended to the Director of the institution that: "1. An urgent study must be carried out by the responsible entities to identify the springs (nacientes) in that sector, and thus ensure that the protection distances established by law are respected. 2. It is important and urgent that the responsible entities carry out a Hydrogeological Study in that sector to accurately determine the location of the aquifers (mantos acuíferos) and the Flow Tube of the groundwater" (proven fact 2 of judgment No. 2019000695 issued by the Sala Constitucional, consulted in the Judicial Branch Nexus System and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 found in folders Disco 4 and 10 on the evidence CD). 5) On June 7, 2011, the Board of Directors of the Administrative Association of the Santa Rita de Río Cuarto Aqueduct (Asociación Administradora del Acueducto Santa Rita de Río Cuarto) sent an email to the Tribunal Ambiental Administrativo to report forest clearing, environmental destruction, land-use change (cambio de uso de suelo) from forests to pineapple cultivation, and contamination of aquifers (acuíferos) with agrochemicals allegedly by the company then named Piñera La Flor, located in La Flor de Río Cuarto. They also requested to be taken into account when the corresponding field inspections were carried out. This complaint was assigned file No. 228-11-01-TAA (proven fact 1 of judgment No. 2019000695 issued by the Sala Constitucional, consulted in the Judicial Branch Nexus System and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 found in folders Disco 4 and 10 on the evidence CD). 6) On July 5, 2011, by resolution No. 655-11-TAA, the Tribunal Ambiental Administrativo conducted a field inspection on the property reported by the Board of Directors of the Administrative Association of the Santa Rita de Río Cuarto Aqueduct (proven fact 3 of judgment No. 2019000695 issued by the Sala Constitucional, consulted in the Judicial Branch Nexus System and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 found in folders Disco 4 and 10 on the evidence CD). 7) On August 12, 2011, by memorandum ASADA-38-2011 of July 19, 2011, the Administrator of ASADA Santa Isabel-San Rafael requested the Director of the Área de Salud de Grecia to investigate the planting of pineapple one hundred and seventy meters away from the La Culebra spring (naciente) and La Flor and Santa Rita, due to the risk that the springs (nacientes) could become contaminated with agrochemicals (proven fact 4 of judgment No. 2019000695 issued by the Sala Constitucional, consulted in the Judicial Branch Nexus System and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 found in folders Disco 4 and 10 on the evidence CD). 8) On August 18, 2011, the Área Rectora de Salud de Grecia conducted an inspection at the springs (nacientes) La Culebra and La Tabla, located near the pineapple crops grown by Hacienda La Flor, and it was concluded “That the pineapple crop that was planted within the protection radius of the springs (nacientes) was removed by the owners (Hacienda La Flor)” and, at that moment, trees were being planted as part of its reforestation and protection program (proven fact 5 of judgment No. 2019000695 issued by the Sala Constitucional, consulted in the Judicial Branch Nexus System and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 found in folders Disco 4 and 10 on the evidence CD). 9) On November 2, 2011, by official letter DA-5064-2011, the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy sent to the Tribunal Ambiental Administrativo its position regarding the opinion on water bodies of the place of interest - regarding the field visit in response to resolution No. 655-11-TAA (proven fact 7 of judgment No. 2019000695 issued by the Sala Constitucional, consulted in the Judicial Branch Nexus System and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 found in folders Disco 4 and 10 on the evidence CD). 10) On December 12, 2011, the Tribunal Ambiental Administrativo prepared the ocular inspection report and the inspection report TAA-DT-2012-11, by means of which the possible impacts on natural resources by the pineapple company Ganadera La Flor S.A. were assessed (proven fact 8 of judgment No. 2019000695 issued by the Sala Constitucional, consulted in the Judicial Branch Nexus System and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 found in folders Disco 4 and 10 on the evidence CD). 11) On February 26, 2013, the Executive Director of the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado) and the Rector of the Universidad de Costa Rica signed a contract titled: “Contract between the State Phytosanitary Service and the Universidad de Costa Rica. Direct Contracting 2012 CD-00287-10803 “Chemical Analysis Service”, for the analysis of pesticide residues in plant, water, and soil samples, in order to perform laboratory analysis services for agrochemical residues (proven fact 9 of judgment No. 2019000695 issued by the Sala Constitucional, consulted in the Judicial Branch Nexus System and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 found in folders Disco 4 and 10 on the evidence CD). 12) On May 24, 2017, by official letter No. PRE-2017, the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados requested the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado) to conduct physical-chemical analyses of water quality in wells of ASADA Veracruz and Pital de San Carlos (proven fact 10 of judgment No. 2019000695 issued by the Sala Constitucional, consulted in the Judicial Branch Nexus System and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 found in folders Disco 4 and 10 on the evidence CD). 13) On June 12, 2017, the Executive Director of the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado) informed the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados that, in response to the request for physical-chemical analyses of water quality in wells of ASADA Veracruz and Pital de San Carlos, “... Attached to this letter is what was requested, indicating that said analyses correspond to the preliminary results of the study “Characterization of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices (BPA)” (proven fact 11 of judgment No. 2019000695 issued by the Sala Constitucional, consulted in the Judicial Branch Nexus System and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 found in folders Disco 4 and 10 on the evidence CD). 14) On August 23, 2017, by official letter DSFE.483.2017, the Executive Director of the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado) informed the Director of the Center for Research on Environmental Contamination (CICA) of the Universidad de Costa Rica, of the actions taken regarding the result of the project “Characterization of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices (BPA)”, in the following sense: “1- Your servant sent the Minister the information on the results of the project in order to establish immediate actions, from which, upon the recommendation of your represented entity, the Decreto Ejecutivo 40423 MAG-MINAE-S was derived, prohibiting the active ingredient BROMACIL and its lithium salt.

2- Your servant has coordinated a meeting with the Minister, Dr. Luis Felipe Arauz Cavallini, and the Vice-Minister, both of Agriculture and Livestock, which was scheduled for September 4, at 10 a.m., for the purpose of having you present the results of the work and the hot spots where actions must be taken promptly. 3. Dr. Luis Felipe Arauz Cavallini has proposed bringing the matter to the Environmental Commission, in which the government authorities related to this issue participate, a matter which would be analyzed at that meeting." Finally, he stated that "… given the results generated that may affect health and the environment and the need to address these with the promptness required by the case, it is essential to communicate these findings to the corresponding bodies, so as to not allow the possibility of greater harm due to delay in the transfer of information against persons or animals. If there are aspects that cannot wait until the September 4 meeting in order to make decisions, we urge you to make the corresponding communications and issue the relevant alerts so as not to expose ourselves to further harm, especially if health and the environment are at stake." The foregoing, with a copy to the Ministry of Agriculture and Livestock – delivered to the Office of the Minister and Vice-Minister on August 29, 2017 (proven fact 12 of judgment No. 2019000695 issued by the Constitutional Chamber, consulted in the Nexus System of the Judicial Branch and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 that appears in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 15) On September 27, 2017, by official communication No. DM-MAG-680-2017 of September 26, 2017, the Minister of Agriculture and Livestock forwarded to the Minister of Health the final report of the project "Characterization of agricultural practices and the use and handling of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices (BPA)," which was conducted in different water sources in some areas of the Northern Zone, which yielded results of pesticide concentrations, so that the necessary actions could be taken to protect people's health. A copy of that document was delivered to the State Phytosanitary Department and the Vice-Minister of the same MAG, on September 28, 2017 (proven fact 10 of judgment No. 2019000695 issued by the Constitutional Chamber, consulted in the Nexus System of the Judicial Branch and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 that appears in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 16) By official communication No. PRE-2018-00517 of June 15, 2018, the Director of the Office of the Executive Presidency of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers requested from the Director of the State Phytosanitary Service a copy of the document "Characterization of agricultural practices and the use and handling of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices (BPA)" (proven fact 17 of judgment No. 2019000695 issued by the Constitutional Chamber, consulted in the Nexus System of the Judicial Branch and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 that appears in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 17) On June 18, 2018, the Director of Environmental Health of the Ministry of Health requested from the Director of the State Phytosanitary Service a copy of the document "Characterization of agricultural practices and the use and handling of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices (BPA)," in order to conduct an analysis of it (proven fact 16 of judgment No. 2019000695 issued by the Constitutional Chamber, consulted in the Nexus System of the Judicial Branch and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 that appears in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 18) On June 19, 2018, the Executive Director of the State Phytosanitary Service communicated to the Acting Director of the Environmental Health Directorate of the Ministry of Health that, in response to official communication DSA-D-234-2018 of June 18, 2018, it was highlighted that by official communication DM-MAG-680-2018 of September 26, 2017, the Minister of Agriculture and Livestock had sent to the Minister of Health the report of the project "Characterization of agricultural practices and the use and handling of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices (BPA)." He also indicated that according to official communication DSFE-483-2017 of August 23, 2017, the Director of Environmental Contamination Research at the University of Costa Rica was authorized to make the corresponding communications and issue the relevant alerts to the bodies deemed necessary to protect health and the environment (proven fact 14 of judgment No. 2019000695 issued by the Constitutional Chamber, consulted in the Nexus System of the Judicial Branch and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 that appears in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 19) On June 19, 2018, by official communication DSFE-472-2018 of June 19, 2018, the Executive Director of the State Phytosanitary Service communicated to the Director of Environmental Health of the Ministry of Health that, in response to official communication DSA-D-234-2018 of June 18, 2018, which refers to the Project "Characterization of agricultural practices and the use and handling of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices (BPA)," that by official communication No. DM-MAG-680-2017 of September 26, 2017, the Minister of Agriculture and Livestock had sent to the Minister of Health the report of said project for its analysis (proven fact 15 of judgment No. 2019000695 issued by the Constitutional Chamber, consulted in the Nexus System of the Judicial Branch and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 that appears in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 20) On June 20, 2018, by official communication DSFE-474-2018 of June 19, 2018, the Executive Director of the State Phytosanitary Service communicated to the Director of the Office of the Executive Presidency of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers that, in response to official communication PRE-2018-00517 of June 15, 2018, it was highlighted that by official communication DSFE.301.2017 of June 8, 2017, received on June 12 following, the Director of the State Phytosanitary Service sent the physical-chemical analyses of water quality resulting from the preliminary results of the study "Characterization of agricultural practices and the use and handling of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices (BPA)," for its analysis. Document filed on June 21, 2018, before the Ministry of Agriculture and Livestock (proven fact 18 of judgment No. 2019000695 issued by the Constitutional Chamber, consulted in the Nexus System of the Judicial Branch and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 that appears in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 21) On July 20, 2018, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers took out of operation due to the appearance of bromacil the following springs (nacientes): Brenes of the La Tabla Aqueduct, with an approximate production flow of 24 l/s, Nicrodal of the Santa Rita Aqueduct, with an approximate production flow of 24 l/s, La Flor of the Santa Rica Aqueduct with an approximate production flow of 8 l/s, La Flor of the Santa Isabel Aqueduct, with an approximate flow of 16 l/s. In addition, due to contamination risk, the ASADA Santa Isabel took out of operation the springs La Culebra and Nicolás Rodríguez (proven fact 19 of judgment No. 2019000695 issued by the Constitutional Chamber, consulted in the Nexus System of the Judicial Branch and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 that appears in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 22) Between July 23, 2018, and June 26, 2019, the ASADA La Tabla incurred maintenance and investment costs in order to provide the public service that had been entrusted to it (invoices and receipts visible in images 778 to 788, 790 to 797, 801 to 805, 810 to 814, 817, 819, 822 to 825, and 827 of the digital judicial file scanned into a single PDF file, statements of Luis Solano Alfaro). 23) In mid-2018, the Rector Health Area of Grecia, on the occasion of information regarding contamination by bromacil supplied by the Director of the Rector Health Area of Aguas Zarcas, initiated the emergency response for the affected communities. In addition, the Rector Health Area of Aguas Zarcas – led by Dioniso Sibaja Anchía, in his capacity as Director of that Area – created a National Commission, which, in coordination with other State institutions – MAG, SETENA, Dirección de Aguas, Control Fitosanitario, SENASA, and SINAC – is conducting an evaluation of each of the productive activities of the farms located in the surroundings of the springs of said ASADAs (proven fact 20 of judgment No. 2019000695 issued by the Constitutional Chamber, consulted in the Nexus System of the Judicial Branch and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 that appears in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 24) On August 23, 2018, the National Commission created by the Rector Health Area of Aguas Zarcas conducted an inspection of the cattle farm La Flor and several of the captured springs, among them, the La Flor spring registered under file 406 R ASADA of Santa Isabel San Rafael de Rio Cuarto, the Nicrodal spring registered under file 158 R ASADA Santa Rita de Río Cuarto, and the La Flor spring registered under file 158 R ASADA Santa Rita de Río Cuarto, and no deforestation (tala de bosque) was observed at the evaluated points – the existence of forest cover (cobertura boscosa) was determined in some sectors and, in others, pastures resulting from cattle activity (proven fact 21 of judgment No. 2019000695 issued by the Constitutional Chamber, consulted in the Nexus System of the Judicial Branch and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 that appears in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 25) On August 23, 2018, the National Commission created by the Rector Health Area of Aguas Zarcas conducted a visit to the ASADA La Tabla and a tour was made of the surroundings of one of the springs where water is currently being taken to supply the community. On that occasion, no deforestation was observed and, on the contrary, it was determined that the surroundings of the water intake, which coincides with the protection area, are covered with forest (proven fact 22 of judgment No. 2019000695 issued by the Constitutional Chamber, consulted in the Nexus System of the Judicial Branch and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 that appears in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 26) Between August 31, 2018, and May 29, 2019, the ASADA Santa Isabel-San Rafael incurred maintenance and investment costs in order to provide the public service that had been entrusted to it (invoices and receipts visible in images 838 to 842 of the digital judicial file scanned into a single PDF file). 27) Between September 14, 2018, and June 21, 2019, the ASADA Santa Rita incurred maintenance and investment costs in order to provide the public service that had been entrusted to it (invoices and receipts visible in images 633, 634 to 645, 661 to 663 of the digital judicial file scanned into a single PDF file, statements of Renán Solano Gómez and Marvin Soro Miranda). 28) On September 24, 2018, by resolution at 11:17 a.m., the Auxiliary Prosecutor of the Adjacent Agrarian Environmental Prosecutor's Office ordered the seizure of the administrative file "processed in the State Phytosanitary Service, as well as all documentation related in any way to the project 'Characterization of agricultural practices and the use and handling of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices (BPA)' developed by the SFE and the University of Costa Rica" (proven fact 23 of judgment No. 2019000695 issued by the Constitutional Chamber, consulted in the Nexus System of the Judicial Branch and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 that appears in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 29) On October 22, 2018, the representatives of the ASADAs bringing this action filed a recurso de amparo against the Minister of Environment and Energy, the president of the Environmental Administrative Tribunal, the Minister and the Director of the Rector Health Area of Grecia, both of the Ministry of Health, the executive president of AyA, the director of the SFE, and the Minister of Agriculture and Livestock; which was processed under file No. 18-016614-007-CO. In essence, they alleged that "(...) on June 7, 2011, they sent an email to the Environmental Administrative Tribunal, requesting its intervention regarding acts of deforestation (tala de bosque) with heavy machinery and environmental destruction, land-use change (cambio de uso del suelo) of forests and reforestations for pineapple planting; as well as contamination of aquifers with agrochemicals, carried out by the company, which at that time was called Piñera Ganadera La Flor and, subsequently, they believe was bought by the company Dole Santa Fe, Agroindustriales del Bosque S.A., legal identification No. 3-101-2017209. However, they complain that after more than seven years, they are still waiting to learn of the precautionary measures adopted by that Tribunal in response to their complaint. They complain that currently, as a consequence of the lack of speed in the administrative procedure, they are suffering contamination by agrochemicals in the waters they use for human consumption. / They state that by official communication Sub-GSD-2018-00975 of July 20, 2018, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers was forced to close and take out of operation the main supply sources for the communities of La Tabla, namely the Brenes spring, which produced more than thirty-seven liters per second, in Santa Isabel, the La Flor, Nicolás, and La Culebra springs, with a water production of more than fifty-five liters per second, and, in the case of Santa Rita, the only two springs they had in operation, La Flor and Nicrodal, with more than fifty-two liters per second, were closed, so they borrow water from other communities at a high economic cost. The foregoing, based on laboratory sampling conducted by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, after June 2018, where high doses of the herbicide bromacil appear. / On the other hand, they allege that despite the publicly funded research conducted by the Environmental Contamination Research Center of the University of Costa Rica, called 'Project for the Characterization of agricultural practices and the use and handling of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices (BPA),' a study where the presence of agrochemicals such as bromacil, ametrine, diuron, microbutanil, and oxamyl was confirmed in the waters captured for human consumption in their communities. However, the State Phytosanitary Service never alerted or communicated to the administrators of the Administrative Associations of Aqueduct and Sanitary Sewer Systems what was happening. / Therefore, in ignorance, they continued to supply their communities with contaminated water for more than three years. In addition, they allege that that institution failed to supervise and control the chemical substances used in the pineapple crops located in the surroundings of the springs or to prevent contamination with chemical products that were allowed to be imported and used by the pineapple companies. / Furthermore, they highlight that by official communication DARSG.313.2011 of May 11, 2011, addressed to the Director of the Rector Health Area of Grecia, the Environmental Manager of the Regulation Unit of the Ministry of Health of Grecia certified that the inspections of the pineapple farm were conducted accompanied by officials of the Ministry of Environment and Energy of Sarapiquí. They indicate that according to that document, it is demonstrated that those officials had full knowledge of what has been happening for years with the pineapple farms, which have affected the aquifer recharge zones and the discharge zones. Despite this, they claim that those authorities have not intervened or issued the respective administrative acts to protect the reservations of domain in favor of the State. / They argue that the Ministry of Environment and Energy has permitted land-use change in areas of high water vulnerability, despite the fact that since November 11, 2011, decree No. 36818-MINAE was published in La Gaceta No. 217, which officially adopted with national scope the maps of the National Forest Financing Fund (Fonafifo). In addition, they allege that they have no knowledge that the Ministry of Environment and Energy has conducted an effective preliminary investigation to identify the presumed responsible parties for the deforestation and contamination with chemical substances, which would allow the corresponding authorities to issue a notice. They state that by note ASADA-38-2011, they requested Dr. Gabriela Miranda Murillo, Director of the Rector Health Area of Grecia, to investigate the planting of pineapple a mere one hundred seventy meters away from the La Culebra, La Flor, and Santa Rita springs. In the inspection visit conducted by Lic. Olman Alfaro Rojas, environmental manager of the regulation unit, he verified what was requested and by official communication DARSG-313-2011, dated May 11, 2011, addressed to the Director of that Rector Health Area, he requested that she make the pertinent arrangements for an urgent study to be conducted by the responsible entities, so that the springs in the sector could be identified and the protection distances be respected by the pineapple farms. In addition, the environmental manager requested that a hydrogeological study be conducted to determine with exactness the location of the aquifers and the flow tube of the underground waters. However, they complain that the follow-up given to that request was never communicated to them. They explain that because the respondent authorities did not act in time, at this moment the springs are contaminated with agrochemicals. They allege that the respondent authorities have been negligent in intervening in the denounced situation, which is contrary to the precautionary principle and the case law of this Chamber on environmental matters. (...)" (images 2 to 91 of the PDF file titled "Certificación 18-16614" that appears in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD, judgment No. 2019000695 issued by the Constitutional Chamber). 30) On October 26, 2018, by resolution No. 1140-18-TAA of the Environmental Administrative Tribunal, information was requested from the National Environmental Technical Secretariat regarding the environmental feasibility of the project developed at the denounced site, which is processed under file No. 228-11-01-TAA (proven fact 25 of judgment No. 2019000695 issued by the Constitutional Chamber, consulted in the Nexus System of the Judicial Branch and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 that appears in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 31) On October 30, 2018, by resolution No. 1147-18-TAA of the Environmental Administrative Tribunal, information was requested from the denounced party in the file processed under No. 228-11-01-TAA (proven fact 26 of judgment No. 2019000695 issued by the Constitutional Chamber, consulted in the Nexus System of the Judicial Branch and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 that appears in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 32) As a result of the emergency presented by the removal from operation of the Brenes, Nicrodal, La Flor of the Santa Rica Aqueduct, La Flor of the Santa Isabel Aqueduct, La Culebra, and Nicolás Rodríguez springs, the ORAC Huetar Norte of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers has managed connections to continue providing service in the affected communities – especially Santa Rita and La Tabla, which were the most affected – and procured the purchase of materials and storage tanks for Santa Rita and La Tabla (proven fact 27 of judgment No. 2019000695 issued by the Constitutional Chamber, consulted in the Nexus System of the Judicial Branch and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 that appears in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 33) In judgment No. 2019000695 issued at 9:15 a.m. on January 18, 2019, the Constitutional Chamber declared with merit the recurso de amparo processed under file No. 18-016614-0007-CO. In relevant part, the operative portion of this resolution stated: "(...) POR TANTO: / The recurso is declared with merit. Manuel Antonio Salas Pereira, in his capacity as General Manager with powers as unlimited general attorney-in-fact of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, Ruth Solano Vásquez, in her capacity as Acting President of the Environmental Administrative Tribunal, Guiselle Amador Muñoz, in her capacity as Minister of Health, Gabriela Miranda Murillo, in her capacity as Director of the Rector Health Area of Grecia, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, in his capacity as Minister of Environment and Energy, Fernando Araya Alpízar, in his capacity as Director of the State Phytosanitary Service, and Luis Renato Alvarado Rivera, in his capacity as Minister of Agriculture and Livestock, or whoever holds their positions, are ordered to immediately begin the process of remediation and elimination of pesticide residues that are the subject of this amparo, from the water sources that supply the communities of Santa Rita, La Tabla, and Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela. They are warned that each respondent body and entity shall determine, in accordance with their own legal competencies, the individual actions that they are obligated to carry out, within a SINGLE PLAN that, as parts of the State Administration, they must execute jointly, which must be drafted within a period not exceeding six months from the notification of this judgment and whose progress must be reported to this Tribunal every six months. The foregoing, under warning that, if they fail to comply with this order, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this Jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in a recurso de amparo, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. As the principal responsible party for that plan and its complete fulfillment, the Minister of Health is designated, which means that the Head of Health must immediately inform this Chamber if any obstacle arises in her coordinating role to fulfill the objective ordered here. The respondents are warned that by reason of the objective ordered here, they must order all actions that are technically and scientifically conducive to the complete cleanup and purification of the water from those sources, which implies ordering those who are responsible to carry out the legally corresponding withdrawals, and even, if necessary, absolutely prohibiting the use of contaminating agrochemicals on their plantations and even ordering the immediate closure of the companies or the prohibition of productive activities, if the orders and instructions given are breached in any way. In addition, while the remediation process is completed, they must issue the necessary orders, within the framework of their competencies, to maintain the continuity of potable water service to the affected populations. The State and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in execution of judgment in the administrative contentious jurisdiction. Justice Salazar Alvarado adds a note. Notify this judgment personally to the officials indicated above, or to whoever holds those positions. (...)" (consultation in the Nexus System of the Judicial Branch, images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 that appears in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 34) As of January 18, 2019, all the affected communities had potable water service: the Santa Isabel aqueduct has a spring that allows supplying all users, the community of Santa Rita is supplied by the ASADAs of Santa Isabel and Río Cuarto, the community of La Tabla supplied with water from the La Flor spring and supported by a tanker truck, and the community of Santa Isabel, supplied by its Pata de Gallo spring (proven fact 28 of judgment No. 2019000695 issued by the Constitutional Chamber, consulted in the Nexus System of the Judicial Branch and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 that appears in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 35) As of January 18, 2019, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers began the discussion process with the Boards of Directors of the ASADAs of the affected communities regarding the possibility of developing new projects through other sources, and the main actions to be followed to begin the project design process have been identified (proven fact 29 of judgment No. 2019000695 issued by the Constitutional Chamber, consulted in the Nexus System of the Judicial Branch and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 that appears in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 36) As of June 18, 2019, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers did not recommend that the aqueducts of La Tabla and Santa Rita continue granting new services due to the available flow – the current flow guaranteed service only to the number of existing connections. Regarding the community of Santa Isabel, the production of the Pata de Gallo spring allows them to continue granting new services (proven fact 30 of judgment No. 2019000695 issued by the Constitutional Chamber, consulted in the Nexus System of the Judicial Branch and visible in images 211 to 265 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 that appears in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 37) In a brief filed before the Constitutional Chamber on March 11, 2019, the representatives of the ASADAs bringing this action alleged disobedience to what was ordered by this Chamber in the cited Judgment No. 2019-0695. In essence, they indicated that since January 28, 2019, they requested from Manuel Antonio Salas Pereira, General Manager of AyA, collaboration with the follow-up of what was ordered and the necessary technical advice to manage to capture other water sources, and that they have not obtained any response. They explained that the same has happened with other institutions to which they have requested help in writing to expedite the cleanup process. The foregoing, with the aggravating factor that chemical products continue to be applied by the pineapple growers in the aquifer recharge zone, for example, bromacil, which is toxic to humans and the environment. Finally, they stated that as of that date they did not know if the responsible institutions had conducted analyses of agrochemicals in the waters that they are currently supplying to their communities, in order to rule out that they were contaminated (images 285 to 288 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 that appears in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 38) Between March 28 and April 4, 2019, the Director of the Rector Health Area of Grecia and the Minister of Health, the Minister of Agriculture and Livestock and the Director of the SFE, the General Manager of AyA, the Environmental Administrative Tribunal, and the Minister of Environment and Energy communicated to the Constitutional Chamber the actions undertaken to comply with what was ordered in the cited judgment No. 2019-0695 (images 301 to 367 of the PDF file titled "Certificación 18-16614 that appears in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 39) In resolution No. 2019008133 issued at 9:20 a.m. on May 10, 2019, the Constitutional Chamber noted that from the reports rendered by different State bodies and AyA, as well as the evidence contained in file No. 18-016614-0007-CO, the following actions emerged: "(...) Once it was verified that the contaminated sources were out of circulation, the inspections coordinator, Dr.

Sibaja, in coordination with all the involved institutions (that Ministry-Human Environment Protection Directorate, Aguas Zarcas Health Governing Area and the Grecia Health Governing Area, Ministry of Environment and Energy (Vice Minister of Water and Seas), DIGECA (Water Directorate and SETENA), Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, Ministry of Agriculture and Livestock (State Phytosanitary Service and INTA), and the National Environmental Commission), initiated various field visits to those agricultural and livestock industries located around the affected areas, and in establishments where sanitary inconsistencies were found, the corresponding sanitary order was issued, requesting a Corrective Actions Plan that included timelines and responsible parties for resolving the non-conformities. Additionally, technical and policy meetings of the Grecia Regional Directorate continue, and follow-up visits are scheduled to be conducted every two months; and although the necessary requirements for cleaning the water from the affected springs (nacientes) have not yet been established, they are still within the deadlines set forth in the cited judgment to proceed in that regard. In fact, regarding the documentation delivered by the appellants on February 4, 2019, to the Ministry of Health, as reported by the Minister of that portfolio, they effectively provided recommendations for the Single Plan, and those recommendations were duly reviewed and assessed. Thus, on this point, this Court does not consider that, to date, there is any non-compliance by the respondent authorities regarding the commencement of the cleanup and elimination of pesticide residues from the water sources supplying the communities of Santa Rita, La Tabla, and Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela; therefore, the petition filed is dismissed. Additionally, through official letter No. DM-0382-2019, signed by the Minister of Environment and Energy, the actions taken up to that point were explained to the petitioners in order to solve the detected contamination problem. / Finally, the petitioners reference a document submitted on January 28, 2019, addressed to the General Manager of Aqueducts and Sewers; they explain that they requested collaboration in following up on what was ordered by this Court and, additionally, the necessary technical advice to capture other water sources; however, they have not received a response. On this point, at the time they came before this Court—March 12, 2019—the deadline to respond to that petition, in accordance with the provisions of Article 261 of the General Law of Public Administration, was still in effect, since only one month and twelve days had elapsed, and the cited regulation refers, in general terms, to a period of two months to provide a response to such requests; therefore, it is not appropriate to separate that filing as new facts, since the accusation is premature. (...)". Consequently, it declared the non-execution petition filed by the plaintiff ASADAs in this proceeding to be without merit (images 370 to 405 of the PDF file entitled "Certificación 18-16614 contained in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 40) In a filing submitted on July 18, 2019, the Minister of Health, the Minister of Environment and Energy, the Minister of Agriculture and Livestock, the Executive President of AyA, the Acting Director of Human Environment Protection, the Director of the Aguas Zarcas Health Area, the Director of the Grecia Health Governing Area, the Director of the SFE, and the Water Director of the Ministry of Environment and Energy informed the Constitutional Chamber of the actions they had taken to comply with what was ordered in cited judgment No. 2019-0695 (images 415 to 446 of the PDF file entitled "Certificación 18-16614 contained in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 41) In a resolution issued at 10 hours 48 minutes on July 23, 2019, the Constitutional Chamber took note of the actions related to compliance with what was ordered in cited judgment No. 2019-0695 by the bodies and entities named as respondents in the amparo action processed under case file No. 18-016614-0007-CO, regarding the water sources of the ASADAs of Santa Rita, La Tabla, and Santa Isabel, in the following terms: "(...) They explain that the actions being carried out since August 2018 in the canton of Río Cuarto and the districts of Aguas Zarcas, Venecia, and Pital, in the canton of San Carlos, by the formed Working Teams (Hydrogeological Study Team, Monitoring Team, Inspections Team, and Communication Team) continued; as well as the monthly meetings of the Senior Officials Team, which includes the participation of the Minister of Agriculture and Livestock, the Minister of Environment and Energy, the Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Director of the State Phytosanitary Service, and led by the Ministry of Health: 1) completion of a hydrogeological study, whose conclusion is scheduled for the end of 2020; 2) unregistered wells were documented, registered ones were reviewed, and work routes were proposed for all of them; 3) mitigation plans are being developed, as well as contamination containment and control plans. They report that, to date, the investigation shows significant advances in mitigation, such as taking contaminated sources out of operation, field surveys, and geological and meteorological characterization, general hydrogeological characteristics, identification of sampling sites (soils, water), definition of sites for flow measurement, and management of landowner permits. All this to provide the baseline information for the preparation of an intrinsic vulnerability map of the aquifers to contamination. Considering that the origin of the contamination by pesticide residues in the aqueducts of the area is presumably the result of diffuse sources from the use of these substances in agricultural and livestock activities around the sources, the strategy to follow can be framed within the following actions: A) Identify the origin of the contamination. For this, it is necessary to identify the agricultural and livestock activities being carried out, as well as the pesticides used in those activities. B) Based on the results of residue monitoring at the sources, identify the substances that are contaminating them and their environmental behavior characteristics. C) Once the hydrogeological studies and maps are completed, the competent authorities, based on technical input, must take actions to address and prevent contamination of the aquifers and water sources. 4) On the other hand, regarding the Constitutional Chamber’s order concerning the communities of Santa Rita, La Tabla, Santa Isabel, and Veracruz de Pital de San Carlos and the continuity of potable water service, they indicate the following: some sources of the ASADAs Santa Isabel, Santa Rita, and La Tabla were taken out of operation. Specifically, the following springs located at: Finca Don Nicolás, Finca Mil Amores, and Finca La Flor. Furthermore, various actions were carried out, and consequently, the supply of water suitable for human consumption in terms of quantity, quality, and continuity was guaranteed for the current population of the communities served by these ASADAs. However, monitoring of the population's water supply continues to guarantee service quality. In view of the foregoing, the actions related to compliance with what was ordered in Judgment No. 2019-695 of 9:15 hours on January 18, 2019 are noted—as reported by the involved actors and the evidence they provide—and, finally, these statements are added to the case file record. (...)" (images 447 to 449 of the PDF file entitled "Certificación 18-16614 contained in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 42) On March 5, 2020, the Minister of Health, the Minister of Environment and Energy, the Minister of Agriculture and Livestock, the Executive President of AyA, and the Director of the SFE submitted a report to the Constitutional Chamber regarding the actions they had taken to comply with what was ordered in cited judgment No. 2019-0695 (images 460 to 486 of the PDF file entitled "Certificación 18-16614 contained in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 43) In a resolution issued at 12 hours 47 minutes on March 13, 2020, the Constitutional Chamber indicated that in the report requested regarding the process of cleanup and elimination of pesticide residues that was the subject of the amparo action processed under case file No. 18-016614-0007-CO, the respondent bodies and entities "(...) explained the actions carried out in those located in the canton of Río Cuarto: ASADA Santa Rita, ASADA Santa Isabel, and ASADA La Tabla; and additionally, those carried out in Pital de San Carlos, specifically, in ASADA Veracruz de Pital and ASADA Pital. Among other things, new supply sources are indicated to guarantee the supply of water services to the inhabitants of the mentioned ASADAs. Furthermore, as part of the actions incorporated into the SINGLE PLAN presented in July 2019, they indicate that actions have continued in the districts of Santa Cecilia, Santa Isabel, and La Tabla of the Río Cuarto Canton and in the districts of Aguas Zarcas, Venecia, and Pital of the San Carlos Canton, by the formed Working Teams (Hydrogeological Study Team, Monitoring Team, Inspections Team, and Communication Team); to that end, they set forth what actions each of those teams has carried out. In light of the above, they conclude that the following progress has been made: 1) The supply of water in terms of quantity, quality, and continuity has been guaranteed for the inhabitants of the ASADAs of the Río Cuarto canton (Santa Isabel, Santa Rita, La Tabla) and the San Carlos canton (Pital and Veracruz de Pital); 2) Support to ASADAs in the search for permanent solutions to guarantee potable water supply in the short, medium, and long term; 3) Follow-up has been given to inspections carried out in the first half of 2019, and visits have been made to new activities located in the intervention area dedicated to agricultural and livestock activities to guarantee compliance with legal regulations, including those related to Executive Decree No. 40423-MAG-MINAE-S, published in La Gaceta No. 124 of June 5, 2017, which prohibited the use of bromacil in all its forms and versions; 4) SINAC has georeferenced a total of eighteen sources captured for human consumption, in order to delimit protection areas and make the pertinent arrangements to comply with the provisions of the Water Law (Ley de Aguas); 5) Follow-up has been given to the dissemination, and the socialization of the Amnesty for drilled wells has been promoted, in order to ensure that the greatest number of drilled wells that were in an irregular or illegal status are brought into compliance; 6) The Manual of Best Practices in Pineapple Cultivation has been socialized in different settings (small and medium pineapple producers, society in general); 7) Progress has been made in the drafting of the Decree on Terrestrial Applications (there is no legislation regulating distances between crops and single or multi-family homes); 8) The monitoring of contaminated sources was carried out as scheduled; thus, forty-three sources were monitored for the potential presence of ninety-two different molecules, in addition to bromacil; 9) The monitoring of uncontaminated sources was carried out as scheduled; thus, forty sources were monitored to determine the potential presence of ninety-two different molecules, in addition to bromacil; 10) Eleven soil samples were collected on farms located on the periphery of sources used for human consumption, which allowed for determination of the vulnerability of some captured sources and the definition of strategies to follow to prevent their contamination; 11) A total of twenty-two laboratory analyses were carried out at eleven points in surface water bodies, and based on the results obtained, an intervention strategy is being developed; 12) The Inter-Institutional Technical Commission for Aquifer Management, known as CTI, defined and delivered the terms of reference for the hydrogeological study to the Coordination of the Single Plan Commission (September 2019); 13) The legal representatives of the properties where structures (piezometers, etc.) required to carry out the hydrogeological study will be located have been identified; 14) Two meetings have been held with the Regional Director of INDER, Huetar Norte Region, for the analysis and relevance of establishing a Project for land purchase to support producers who will be affected by the non-authorization of crops in areas that generate a risk of contamination for sources captured for human consumption. Finally, they assure that activities will continue to be developed as programmed by the Inspections, Monitoring, Hydrogeological Study, and Technical Teams for the year 2020, addressing, based on the competencies of each institution, the intervention needs that may become evident during the development of this Single Plan. In view of the statements made by the respondent authorities, regarding compliance with what was ordered by this Court in Judgment No. 2019-695 of 9:15 hours on January 18, 2019, the appropriate course is to add that filing to the record and proceed with archiving the case file. (...)" (images 487 to 490 of the PDF file entitled "Certificación 18-16614 contained in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 44) In a filing submitted to the Constitutional Chamber on October 21, 2020, the representatives of the ASADAs that are plaintiffs here accused disobedience of what was ordered in cited judgment No. 2019-0695 and explained the reasons why they disagreed with the actions executed by the entities and the body sued here in the Single Plan ordered in the cited resolution; as well as the fact that they are not taken into consideration, nor have they been included in the Single Plan team (images 493 to 506 of the PDF file entitled "Certificación 18-16614 contained in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 45) On November 11 and 12, 2020, the Director of the SFE, the Minister of Environment and Energy, the Minister of Health, and the Director of the Grecia Health Governing Area, in compliance with what was ordered by the Constitutional Chamber in an order issued at 10 hours 16 minutes on October 29, 2020, informed that High Court of the actions undertaken to comply with what was ordered in cited judgment No. 2019-0695 (images 524 to 728 of the PDF file entitled "Certificación 18-16614 contained in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 46) In resolution No. 2020-22767 issued at 10 hours 5 minutes on November 27, 2020, the Constitutional Chamber concluded, in relevant part, that "(...) from the reports provided by the respondent authorities and the evidence provided in the record, it appears that, to date, there is no non-compliance by the respondent authorities regarding the process of mitigation, containment, control of contamination, and non-detection of agrochemicals in the water sources that supply the communities of Santa Rita, La Tabla, and Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela; therefore, the non-execution petition filed is dismissed. (...)" (images 730 to 774 of the PDF file entitled "Certificación 18-16614 contained in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 47) On December 15, 2020, the Ministers of Health, Environment and Energy, Agriculture and Livestock, and the Executive President of AyA, the Director of the SFE, the Minister of Environment and Energy, and the Director of the Grecia Health Governing Area, in compliance with what was ordered by the Constitutional Chamber in an order issued at 10 hours 16 minutes on October 29, 2020, submitted to the Constitutional Chamber the third compliance report of the Single Plan for the Zona Norte, as ordered in cited judgment No. 2019-0695 (images 780 to 823 of the PDF file entitled "Certificación 18-16614 contained in folders Disco 4 and 10 of the evidence CD). 48) On February 22, 2022, the entities and the body sued here submitted to the Constitutional Chamber the fourth compliance report of the Single Plan for the Zona Norte, as ordered in cited judgment No. 2019-0695 (as inferred from judgment No. 2024-013694 issued by the Constitutional Chamber, consulted on Nexus). 49) On March 22, 2022, AyA enabled the use of the Nicrodal spring for ASADA Santa Rita, which has allowed said ASADA to authorize new water availability services (declaration of Renán Solano Gómez and Luis Solano Alfaro). 50) In a filing submitted on December 5, 2023, before the Constitutional Chamber, the President and the Secretary of the Integral Development Association of Santa Rita de Río Cuarto accused non-compliance with what was ordered in cited judgment No. 2019-0695 on the part of the entities and the body sued here in the Single Plan ordered in the cited resolution. Fundamentally, they reproached that the aqueducts supplying them with water for human consumption continued to be contaminated with agrochemicals, as evidenced by the recent closure by the Ministry of Health of the La Tabla Aqueduct; the land-use change (cambio de uso del suelo) from pastures to pineapple cultivation was permitted and the operation of these enterprises was authorized in the middle of an aquifer recharge and discharge zone for springs used for human consumption; and, ultimately, that the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment persisted, through the protection and conservation of the quality and quantity of water for human consumption, which allows for the maintenance of ecological balance (as inferred from judgment No. 2024-013694 issued by the Constitutional Chamber, consulted on Nexus). 51) The Ministers of Health, Environment and Energy, Agriculture and Livestock, the Director of the SFE, and the Executive President of AyA responded to the hearing granted by the Constitutional Chamber by an order issued at 14 hours 46 minutes on December 21, 2023, and explained the actions executed in compliance with what was ordered in cited judgment No. 2019-0695 and the progress that had been made in the development of the Single Plan (as inferred from judgment No. 2024-013694 issued by the Constitutional Chamber). 52) In resolution No. 2024-013694 issued at 13 hours 32 minutes on May 17, 2024, it concluded that "(...) to date, the order issued by Judgment No. 2019-695 of 9:15 hours on January 18, 2019 has not been breached, and furthermore, given that the three ASADAs referred to in the amparo action currently supply their users under conditions of quantity, quality, and continuity, the disobedience petition filed is dismissed. (...)" (consultation of NEXUS). 53) ASADA Santa Rita never stopped charging user fees for the provision of water service (declaration of Renán Solano Gómez). 54) Some users of the plaintiff ASADAs here blamed them for the closure of the springs, for selling contaminated water, and for charging fees despite rationing (declarations of Renán Solano Gómez, Marvin Soro Miranda, José Miguel Baltodano Rojas, and Luis Solano Alfaro).

 V.- Facts not proven. Of relevance for the resolution of the present case and because useful and pertinent evidence was provided, the following is considered not proven: 1) That to this day there is contamination in any of the springs used by the plaintiff ASADAs to provide water service. 2) That the public service provided by the plaintiff ASADAs has deteriorated. 3) The existence of water scarcity in Río Cuarto. 4) The balance of income and expenses of the plaintiff ASADAs in the years 2018 and 2019. 5) That the income of the plaintiff ASADAs in the years 2018 and 2019 was insufficient to cover the ordinary and extraordinary expenses of their public water service provision activity. 6) That the plaintiff ASADAs requested from AyA or the Public Services Regulatory Authority (hereinafter ARESEP) an adjustment of the potable water service tariff, given the extraordinary costs they had to incur due to the disabling of the Nicrodal, La Flor, Brenes, and La Culebra springs. 7) That during the years 2018 and 2019, the plaintiff ASADAs decreased their number of users. 8) That during the years 2018 and 2019, the users of the plaintiff ASADAs stopped paying their fees for the provision of water service. 9) That the perception of the users of the plaintiff ASADAs impacted their financial sphere. 10) The existence of complaints or proceedings filed by users against the plaintiff ASADAs. 11) That ARESEP rejected any request for tariff readjustment from the ASADAs on the occasion of the costs incurred while the water springs were out of service.

 VI.- Regarding the defense of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional). During closing arguments, the representatives of the defendant entities and body reiterated the defense of constitutional res judicata, so that it would be analyzed by the Court when issuing judgment. It must be borne in mind that we are dealing with a privileged defense, which, pursuant to Article 67 of the CPCA, may be raised up until the conclusion of the oral trial. In this case, the defendants certainly raised it, and it was rejected during the preliminary hearing. However, Articles 92.7 and 120.1 of the CPCA enable this Court to re-examine, precisely, the preliminary defenses that were dismissed in the preliminary hearing, especially when it is one that, we reiterate, is privileged and was alleged by the defendant parties in their closing arguments. The First Chamber of the Supreme Court of Justice explains this power of the Deciding Court, among others, in resolution No. 964-F-S1-2022 issued at 8 hours 44 minutes on May 5, 2022, to the extent that the rejection of these defenses by the case management judge “(...) left the parties defenseless, depriving them of the ability to challenge what was decided, due to the lack of a ruling on the merits—on the point—that could be reviewed on appeal. Regarding this last aspect, it should be noted that judges are obliged to rule in the judgment on all claims and exceptions raised by the parties (provision 119 of the CPCA), in addition, according to mandate 120 ibid: ‘(…) 2) If the Court determines the existence of the situation contemplated in subsection 1) of Article 66, it shall proceed in accordance with Article 5, both rules of this Code, even when an interlocutory decision has rejected some preliminary defense raised (…)’. From both rules, it follows that preliminary defenses rejected preliminarily, despite having no further appeal, do not exempt the Judge from ruling again on the merits of the matter, allowing vertical control over what was ordered, since the legislator's intent has been to grant recourse against the final resolution. It is worth noting that the CPCA is based on the premise that interlocutory rulings do not establish a final status; therefore, the Judge must address the point again. It should be clear: when the extinction of the claimed right affects the final judgment, the Judge is obliged to address the issue again (by the principle of specificity of challenges), because, as indicated, the interlocutory rejection left the parties without the opportunity to challenge what was resolved (…)” (the highlighting does not correspond to the original). It is, moreover, a matter that, by its nature, must be addressed before proceeding to consider the conduct that is the subject of this proceeding on its merits. Based on the foregoing and considering that all parties have been able to refer extensively to this defense, both during the preliminary hearing and in the oral trial, this Court deems that, indeed, the issue of res judicata merits being analyzed again. In that regard, it must be borne in mind that, in accordance with Article 13 of the Constitutional Jurisdiction Law (hereinafter LJC), the jurisprudence and precedents of the Constitutional Chamber have erga omnes binding effect and, therefore, cannot be disregarded by the remaining jurisdictional bodies and legal operators. In that sense, Article 8.1 of the Organic Law of the Judiciary (hereinafter LOPJ) imposes on ordinary Courts an express impediment to interpreting or applying constitutional rulings in a manner that could contradict what the Constitutional Chamber has provided, in the following terms: “(…) Article 8.- The officials who administer justice may not: / 1.- Apply laws or other norms or acts of any nature that are contrary to the Political Constitution. / If they have doubts about the constitutionality of those norms or acts, they must make the corresponding consultation to the constitutional jurisdiction. Nor may they interpret or apply them in a manner contrary to the precedents or jurisprudence of the Constitutional Chamber (…)” (the highlighting does not correspond to the original). In that regard, already in judgment No. 2024009714 issued by this Court at 14 hours 19 minutes on December 20, 2024, it was indicated that since judgment No. 1185-95 of 14 hours 33 minutes on March 2, 1995, the Constitutional Chamber determined the legal scope of its pronouncements, in relation to the powers of ordinary judges when applying, interpreting, and integrating the Law, in the following terms: “(…) Likewise, as provided in the final paragraph of Article 8.1 of the Organic Law of the Judiciary, when there are precedents or constitutional jurisprudence to resolve the case, the judge is obliged to interpret and apply the norms or acts specific to the matter in accordance with such precedents or jurisprudence, even if to do so they must disapply laws or other norms that are incompatible with them, provided, of course, that it involves the same hypotheses or situations, so that the situation under the judge’s knowledge is identical to that resolved by the precedent or constitutional jurisprudence. This is also so, by virtue of the fact that Article 13 of the Constitutional Jurisdiction Law establishes that ‘the jurisprudence and precedents of the constitutional jurisdiction are binding erga omnes’, given that they offer the manner in which acts subject to public law and regulations in general can be understood in conformity with the Law of the Constitution (…)” (the highlighting does not correspond to the original). Along the same lines, through judgment No. 2014-12825 of 15 hours 5 minutes on August 6, 2014, the Constitutional Chamber developed the concept of “Constitutional Res Judicata”, expressly indicating that: “(…) No ordinary Court or judge of legality has competence, under penalty of manifestly infringing the Constitution and the Constitutional Jurisdiction Law, to define when or under what circumstances a judgment rendered by the Constitutional Chamber has effects of material res judicata or binding efficacy upon third parties; such extremes must be determined, exclusively, by the ultimate and definitive interpreter of the Constitution, international human rights law, and the Constitutional Jurisdiction Law. Any ordinary court or judge of legality that attempts to define such scope violates Articles 9, 10, and 48 of the Constitution by arrogating and usurping, contrary to the Constitution and the law, competencies they do not have and seriously injuring the constitutional principle of separation of functions that clearly distinguishes between constitutional jurisdiction and mere legality jurisdiction. In short, every ordinary court or judge of legality is expressly prohibited from defining in their own legality judgments the scope and effects of a judgment rendered by the ultimate and definitive interpreter of the constitution, which exclusively hears and resolves constitutional proceedings. The only body authorized by the Constitution and by law to define the efficacy of its constitutional judgments is the Constitutional Chamber itself, to the exclusion of any ordinary jurisdictional body (…)” (the highlighting does not correspond to the original). In that ruling, the Constitutional Chamber distinguished between two types of res judicata: that of ordinary legality and that of a constitutional nature, and also delimited the particular characteristics of the latter. That High Court thus provided: “(…) it is necessary to distinguish between the right to res judicata of ordinary legality and the right to constitutional res judicata. The first—the right to res judicata of legality—must be invoked and resolved before the instances of ordinary legality and the common courts, through the channels provided by the legal system (e.g., privileged exception of res judicata), since it is not the competence of this Constitutional Court to determine when a matter of ordinary legality was resolved or not with the authority of res judicata of ordinary legality, given that it involves comparing criteria of mere legality.

The situation is different regarding the fundamental right to constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional), since it involves establishing the true and exact scope of a constitutional judgment with respect to what has been resolved in the ordinary legality jurisdiction. In this scenario, only the Constitutional Chamber has competence—exclusive and excluding—to determine the scope and content of its judgments, whether upholding or dismissing claims. It must be considered that constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) has special relevance from a constitutional perspective, because the powers of constitutional review were exclusively attributed to the Constitutional Chamber, and this Court, in its judgments, settles and resolves, definitively, without the possibility of further appeal, whether a fundamental or human right, or a constitutional value, principle, or precept was violated. Constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) has its own special singularities that distinguish it from legality res judicata (cosa juzgada de legalidad), which are the following: a) No appeal is possible, not even the extraordinary review appeal against a constitutional judgment; b) constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) extends to both the operative part (por tanto) and the recitals or reasoning of fact and law set forth by the Constitutional Chamber; c) the effectiveness of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) is not relative—relativity of legality res judicata (cosa juzgada de legalidad)—but absolute and general, extending to any legal subject, both those who participated as main or accessory parties and those who were not parties to the constitutional process. In particular, in the amparo process, through its judgments, this Constitutional Court declares ultimately and definitively whether or not there was a threat or effective violation of a fundamental or human right. […] The definition of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) as a fundamental right by the original constituent power is not a minor or irrelevant matter; on the contrary, it is of the utmost importance from the perspective of constitutional hermeneutics and application, because it makes it possible for any person to allege its infringement within the amparo process and, consequently, this Constitutional Court has full and absolute competence to hear and resolve that matter in the indicated procedural channel. Ultimately, constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) fulfills a dual role as a fundamental right and as an institutional guarantee of the principles and values mentioned (legal certainty and social peace), a condition it shares with other figures regulated in the dogmatic part of the Constitution (…)” (emphasis not in original). Finally, regarding judgments in constitutional processes for the guarantee of fundamental and human rights (amparo and habeas corpus appeals), the High Constitutional Court distinguished different degrees of effectiveness of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) or erga omnes binding force of its pronouncements, according to the type of decision issued. It thus distinguished three main scenarios: effects of decisions rejecting ad limine (de plano or por el fondo), of upholding judgments, and of dismissal judgments, in the following terms: “(…) Within the typology of amparo judgments issued by the Constitutional Chamber, a distinction must be made between those called absolutoria de la instancia, meaning they do not address the merits of the matter and resolve the issue ad limine litis, such as rejections de plano and por el fondo. In a rejection de plano, the Constitutional Chamber does not make a pronouncement on the merits, as it may consider the matter manifestly inadmissible or one of ordinary legality and thus not within its constitutional competence; this type of judgment, as it does not rule on the merits, does not produce res judicata (cosa juzgada), and it is the ordinary administrative and jurisdictional instances that must hear and resolve the matter. In the case of a rejection por el fondo, there is also no pronouncement on the merits, as previous judgments in which the matter was rejected for not being within the competence of the Constitutional Chamber are reiterated. It is reiterated that the delimitation of the Constitutional Chamber’s competence is an exclusive and excluding matter for this Constitutional Court, and its precedents do not bind it in the future, so under better consideration or a new integration, the Constitutional Chamber could well assume the hearing and resolution of certain types of matters that it had rejected in the past, deeming them relevant for the uniform interpretation and application of the Constitution and the instruments of Public International Human Rights Law. Regarding judgments rendered in the amparo process that address the merits of the matter, a distinction must be made between a) upholding judgments and b) dismissal judgments. It must be considered that the upholding or dismissal of the claim asserted in the amparo may also be absolute or partial. Upholding or partially upholding judgments produce constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) of a material nature and, additionally, bind erga omnes. Dismissal judgments, in most cases, also produce material constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional), since the Constitutional Chamber, upon hearing and resolving the claim, rules out the existence of an infringement of a fundamental or human right. Dismissal judgments do not produce material constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional), solely and exclusively, in the exceptional cases where the Constitutional Chamber deems the claim to be a matter of ordinary legality and expressly so indicates; in such a case, it is the administrative and jurisdictional bodies that must resolve the matter. These are exceptional cases, since, as a general rule, the Constitutional Chamber rejects matters of ordinary legality de plano, but there may be cases where it has some level of doubt and decides to allow the case to proceed, and it is only after the evidence is gathered that it becomes clear that it is a matter of ordinary legality. This also occurs when the amparo appellant formulates a set of grievances and claims, combining some of legality with others of constitutionality, so the Constitutional Chamber, given the presence of the latter, decides to allow the case to proceed, instruct the process, and resolve, indicating in the judgment that there are a series of ordinary legality matters on which it will not rule, as they are not within its competence (…)” (emphasis not in original). Based on the foregoing, it is clear to this Tribunal that no jurisdictional body can ignore or contradict what was resolved by the Constitutional Chamber in a judgment, since it is only that High Court that “(…) declares ultimately and definitively whether or not there was a threat or effective violation of a fundamental or human right (…)”. Therefore, what must be done is to determine whether, in the specific case, the constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) alleged by the sued entities and body has occurred or not, an aspect we will address next.

VII.- As indicated, the representatives of the sued entities reiterated the defense of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional), in relation to the referenced judgments No. 695-2019 and No. 13694-2024 issued by the Constitutional Chamber, as well as the various decisions that High Court has issued in the enforcement of those rulings. Fundamentally, they agree that the claims formulated in this process were already addressed by the Constitutional Chamber in the cited judgments, and that to date, the enforcement of those rulings and the Plan Único ordered therein continues, so the omission alleged in the action does not exist. They add that all the proceedings for disobedience and non-compliance that the plaintiff ASADAS have filed before the Constitutional Chamber have been rejected, precisely because they have submitted various compliance reports to the Constitutional Court detailing the different technical and specialized organic actions they have been executing, each within its own competence, to comply with what was ordered in judgment No. 695-2019. They emphasize that the factual background supporting this action fully coincides with the facts the Constitutional Chamber had as proven in the indicated decision No. 695-2019, and that, essentially, the parties in this process also participated in the amparo appeal processed under expediente No. 18-016614-0007-CO, which was granted; this demonstrates, they say, that constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) exists and that this Tribunal must abide by what was resolved by the Constitutional Chamber since, moreover, what was resolved there is binding on this ordinary jurisdictional body. For his part, the representative of the plaintiff ASADAS argues that the defense of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) is inadmissible and must be rejected. Fundamentally, he points out that the Constitutional Chamber already determined the liability of the sued public entities for omission and negligence in the contamination of the water sources, and therefore, in the violation of the constitutional rights to a healthy and ecologically balanced environment, the right to water and its sanitation, among others; aspects that are not being discussed again in this process. Rather, far from it, the cited judgment No. 695-2019 serves as the basis upon which they seek to determine the existence of damages and proceed to collect them. He states that what is sought in this process in no way violates what was ordered by the Constitutional Chamber's judgment, but rather complements what was indicated in the respective vote and seeks its application while respecting its spirit. He emphasizes that the Constitutional Chamber ordered, among others, the entities and body sued here, that “(…) the process of remediation and elimination of pesticide residues subject to this amparo, from the water sources that supply the communities of Santa Rita, La Tabla, and Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela, be initiated immediately. The sued parties are warned that, for the objective ordered herein, they must order all technically and scientifically appropriate actions for the complete cleaning and purification of the water from those sources, which implies ordering those responsible to carry out the legally required removals, and even, if necessary, absolutely prohibiting them the use of contaminating agrochemicals in their plantations and even ordering the immediate closure of the companies or the prohibition of the productive activities, if the orders and instructions given to them are breached in any way (…)”. However, he accuses that this mandate has evidently not been fulfilled in the slightest, since absolutely nothing has been done to materialize the environmentalist principles of in situ and in integrum repair, returning nature to the state it was in before it was contaminated. He reproaches that, rather, the water sources that were contaminated are in total abandonment, and both the State and AyA have limited themselves to providing temporary and palliative solutions, thus violating not only what was ordered by the Constitutional Chamber but also what was ordered by various International Treaties and internal regulations. He adds that the cited judgment No. 695-2019 is also not violated in the slightest if this Administrative Litigation Tribunal requires the sued entities to submit reports with a certain periodicity; since it is well known that the Constitutional Chamber has serious problems following up on the judgments it issues, so while it is true that entities are ordered to submit semi-annual reports to that Authority, nothing prevents them from also doing so with a certain periodicity to this Administrative Litigation Tribunal, especially when facing the violation of constitutional rights that are also protected within the positive legal framework of the country, and whose protection and preservation have been entrusted to the State as a whole. He maintains that recognizing and making this right effective through an ordinary lawsuit in no way violates what was ordered by constitutional judgment No. 695-2019, since it does not in any way exclude the participation of the ASADAS in the search for the most expeditious and effective solution to solve the problems and to continue providing a service of optimal quality, nor does it in any way limit their right to fight for a healthy and ecologically balanced environment, as this results in the protection of the users' right to health, and their right to water and its sanitation. Based on these allegations, we proceed to examine the defense of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) in relation to each of the claims formulated by the plaintiff ASADAS.

VIII.- In the first request formulated by the plaintiffs, several pronouncements are required, so what must be done is to analyze each of them to establish whether or not they are covered by constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional). Initially, a general pronouncement is requested, namely, that "(...) A declaration be made of the total non-conformity with the legal system of the omission that facilitated the contamination of the aquifers managed by the plaintiff ASADAS, an omission committed by the State, the ICAA, and the SFE regarding their duty to guarantee, respect, and protect the environment and to comply with environmental regulations; regarding their duty to guarantee, respect, and protect the health, life, and physical integrity of the users and to comply with health regulations; and regarding their duty of control over chemical substances harmful to the environment and health, and to comply with the regulations issued in that sense, that is, to respect, protect, and enforce the rights of the ASADAS (...)". After a measured analysis of this request in relation to what was ordered by the Constitutional Chamber in judgment No. 695-2019, the Tribunal considers that the defendants are correct when they allege that this generic claim is covered by constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional). As an initial point, we must note that the object of the appeal, in the terms established by the Constitutional Chamber in the referenced judgment, mostly coincides with the facts alleged in this process as the generating causes of the violations to the environment, the health and physical integrity of the users, and the rights of the plaintiff ASADAS. In addition to the above, in Considerando IV of judgment No. 695-2019, the Constitutional Chamber ruled on the different omissions incurred by the bodies and entities sued in expediente No. 18-016614-0007-CO. Thus, for example, it analyzed the action of the TAA in relation to the complaint filed by the ASADA Santa Rita de Río Cuarto regarding forest clearance, environmental destruction, land-use change (cambio de uso del suelo) from forests to pineapple cultivation, and contamination of aquifers with agrochemicals allegedly by the company then called Piñera La Flor, located in La Flor de Río Cuarto, and considered that "(...) the elapsed time is absolutely excessive and denotes the negligence of the officials involved in addressing the reported situation. (...)". It also considered that "(...) it is clear that there was an evident omission by the Ministry of Health in conducting the corresponding studies and issuing the necessary orders to address the risk situation reported years ago. Simply, an inspection was carried out in August 2011, in which the springs (nacientes) La Culebra and La Tabla were inspected, and it was concluded 'That the pineapple crop that was planted in the protection radius of the springs (nacientes) was uprooted by the owners (Hacienda La Flor)' and it was determined that at that time trees were being planted as part of their reforestation and protection program. Note also that since 2017, the Servicio Fitosanitario del Estado communicated the preliminary results of the study conducted on the water in the area, which gave rise to the document 'Characterization of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of Good Agricultural Practices (BPA)', and it was not until June 18, 2018, that it requested a copy of the document from the Servicio Fitosanitario del Estado for its study. Furthermore, it is not until 2018 that actions are finally being taken on the matter, under the instruction of the Commission created for this purpose and led by the Aguas Zarcas Health Area. (...)". Regarding the SFE, the Constitutional Chamber reasoned that "(...) since mid-2017, they knew the results of the detected analyses without having fulfilled their obligation of control over chemical substances for agricultural use—according to the Ley de Protección Fitosanitaria, Ley N° 7664 of April 8, 1997—as they simply limited themselves to transferring the results to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Ministry of Health, without taking any forceful action on the matter (the results were included in the document 'Characterization of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of Good Agricultural Practices (BPA)'). The foregoing, despite knowing the possible risk to people and the environment, as recorded in official note DSFE.483.2017, which the Executive Director of the Servicio Fitosanitario del Estado sent to the Director of Research in Environmental Contamination (CICA) of the Universidad de Costa Rica, on August 23, 2017. (...)". And finally, regarding AyA, the indicated ruling stated that "(...) it is recorded that since mid-2017, the preliminary studies of the study conducted by the Servicio Sanitario del Estado of the Ministry of Agriculture and Livestock—a document called 'Characterization of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of Good Agricultural Practices (BPA)'—were sent to them, and it was not until June 2018 that they requested a copy thereof and, consequently, that on July 20, 2018, by your order, the following springs (nacientes) were taken out of operation due to the appearance of bromacil: Brenes of the La Tabla Aqueduct, with an approximate production flow of 24 l/s, Nicrodal of the Santa Rita Aqueduct, with an approximate production flow of 24 l/s, La Flor of the Santa Rica Aqueduct with an approximate production flow of 8 l/s, La Flor of the Santa Isabel Aqueduct, with an approximate flow of 16 l/s. (...)", and that "(...) the measures taken by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados are merely palliative, since at this point they have issued orders to continue providing the potable water service, through support among ASADAS and tanker trucks, without there being technical recommendations to finally supply the affected communities with the quantity of the vital liquid necessary for their development and, furthermore, without having specifically indicated to this Chamber which other projects could improve the continuity of service, in light of the limitations that had to be imposed for new services in the affected communities, for example. (...)". Then, the judgment states that "(...) Given the described scenario, the accused violation of the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the people inhabiting the communities of Santa Rita, La Tabla, and Santa Isabel is clear. (...)" and ultimately concludes that "(...) this amparo is appropriate as a means to protect the affected communities in their fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment (similarly, see Judgment No. 2009-9040 of 10:29 a.m., May 29, 2009). Consequently, the sued parties must be ordered to take the corresponding actions to eliminate the cause of the contamination and remediate the referenced water sources. (...)". In light of the foregoing, these judges conclude that the Constitutional Chamber declared, in general, the existence of omissions by the parties sued here, which were non-conforming with the legal system and which facilitated the contamination of the aquifers managed by the plaintiff ASADAS; as well as the violation of the normative duties imposed for the protection of the environment and control over harmful chemical substances, health, life, and physical integrity of the users. This is a pronouncement that this Chamber cannot disregard, review, or amend, as it is barred by the aforementioned Article 13 of the cited Law No. 7135.

IX.- The first claim also includes the declaration of specific omissions in which the plaintiff ASADAS consider the sued entities and body incurred. The first of these alleges that "(...) Inter-administrative coordination was omitted, so that the competent entities, such as the defendants, would foresee and prevent the contamination of the aquifers managed by the ASADAS. (...)". However, in light of the provisions of the already referenced judgment No. 695-2019, this Tribunal is convinced that this is a request already declared by the Constitutional Chamber. This is because in Considerando IV of that ruling, extensive reasoning was given regarding environmental protection and the principle of administrative coordination; based on which, in Considerando V, the Constitutional Chamber indicated that "(...) However, as indicated above, this Tribunal cannot declare the reasons why the water from the springs (nacientes) Brenes, Nicrodal, La Flor of the Santa Rica Aqueduct, La Flor of the Santa Isabel Aqueduct, La Culebra, and Nicolás Rodríguez was contaminated and which caused their removal from operation, as it is outside the scope of its competence; that is, it could not indicate which companies or persons contaminated the waters; however, it is clearly evident that all the sued authorities knew of the situation for years and failed in their obligation, in accordance with the principle of inter-institutional coordination in environmental matters and the precautionary principle, to address the situation with the necessary urgency for this type of problem. (...)". Precisely due to the violation of the principle of administrative coordination, the operative part of the judgment in question ordered some State bodies, AyA, and the SFE "(...) to immediately initiate the process of remediation and elimination of pesticide residues subject to this amparo, from the water sources that supply the communities of Santa Rita, La Tabla, and Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela. They are warned that each sued body and entity shall determine, in accordance with its own legal competences, the individual actions it is required to carry out, within a PLAN ÚNICO that, as parts of the State Administration, they must execute jointly, which must be drafted within a period not exceeding six months from the notification of this judgment and whose progress must be reported to this Tribunal every six months. The Minister of Health is designated as the main person responsible for that plan and its complete fulfillment, which means that the Health Minister must immediately inform this Chamber if any obstacle arises in her coordination work to fulfill the objective ordered herein. The sued parties are warned that, for the objective ordered herein, they must order all technically and scientifically appropriate actions for the complete cleaning and purification of the water from those sources, which implies ordering those responsible to carry out the legally required removals, and even, if necessary, absolutely prohibiting them the use of contaminating agrochemicals in their plantations and even ordering the immediate closure of the companies or the prohibition of the productive activities, if the orders and instructions given to them are breached in any way. Furthermore, while the remediation process concludes, they must issue the necessary orders, within the framework of their competences, to maintain the continuity of the potable water service to the affected populations. (...)". Furthermore, it is worth noting that in the execution of that judgment, the parties sued here have been submitting reports to the Constitutional Chamber regarding the implementation of the Plan Único and the different actions each one has been carrying out, without that High Court having established the existence of any non-compliance in that regard (proven facts 33, 37 to 48, and 50 to 52). Therefore, and in accordance with the binding nature of the constitutional jurisprudence, this Tribunal could not analyze the alleged non-compliance with the principle of administrative coordination again, and must adhere to the pronouncement made by the Constitutional Chamber. Secondly, it is requested that it be declared that "(...) The right of the ASADAS to access environmental information, especially everything related to the contamination of the aquifers they manage, was ignored and omitted. (...)". In the opinion of these judges, this request was also the subject of analysis by the Constitutional Chamber within the amparo appeal processed under expediente No. 18-016614-0007-CO. This is evident from the delimitation of the object of the appeal made by the Constitutional Chamber, specifically in point D, which states: "(...) that despite the fact that since 2015, the Servicio Fitosanitario del Estado paid with public funds for research by the Centro de Investigación en Contaminación Ambiental of the Universidad de Costa Rica, called the Project for the Characterization of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of Good Agricultural Practices (BPA), which determined the presence in their communities of agrochemicals such as bromacil, ametrine, diuron, micobutanil, and oxamyl in the waters captured for human consumption, they were never alerted, so they supplied contaminated water to users for years. (...)". As evidenced by proven facts 11, 14, and 16 to 20 of this judgment, the issue was also addressed by the constitutional ruling already indicated, both in the factual background that was proven in that venue, specifically in facts 9 and 12 to 18, and in Considerando V. In the latter, the Constitutional Chamber stated, relevantly: "(...) In this regard, although this Tribunal cannot declare the reasons why the water from the springs (nacientes) Brenes, Nicrodal, La Flor of the Santa Rica Aqueduct, La Flor of the Santa Isabel Aqueduct, La Culebra, and Nicolás Rodríguez was contaminated and which caused their removal from operation, as it is outside the scope of its competence. Furthermore, it was reported under oath that the complainant was indeed informed of the result of their complaint. (...) Note also that since 2017, the Servicio Fitosanitario del Estado communicated the preliminary results of the study conducted on the water in the area, which gave rise to the document 'Characterization of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of Good Agricultural Practices (BPA)', and it was not until June 18, 2018, that it requested a copy of the document from the Servicio Fitosanitario del Estado for its study. Furthermore, it is not until 2018 that actions are finally being taken on the matter, under the instruction of the Commission created for this purpose and led by the Aguas Zarcas Health Area. Additionally, regarding the Servicio Sanitario del Estado of the Ministry of Agriculture and Livestock, it is recorded that since February 2013, a contract was signed with the Universidad de Costa Rica for the general analysis of pesticide residues in plant, water, and soil samples, and it is recorded that since mid-2017, they knew the results of the detected analyses without having fulfilled their obligation of control over chemical substances for agricultural use—according to the Ley de Protección Fitosanitaria, Ley N° 7664 of April 8, 1997—as they simply limited themselves to transferring the results to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Ministry of Health, without taking any forceful action on the matter (the results were included in the document 'Characterization of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of Good Agricultural Practices (BPA)'). The foregoing, despite knowing the possible risk to people and the environment, as recorded in official note DSFE.483.2017, which the Executive Director of the Servicio Fitosanitario del Estado sent to the Director of Research in Environmental Contamination (CICA) of the Universidad de Costa Rica, on August 23, 2017.

Finally, with regard to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, it is on record that as of mid-2017, the preliminary studies of the study conducted by the State Phytosanitary Service of the Ministry of Agriculture and Livestock, a document entitled “Characterization of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices (BPA),” were sent to them, and it was not until June 2018 that they requested a copy of the same and, consequently, that on July 20, 2018, by its order, the following springs (nacientes) were taken out of operation due to the appearance of bromacil: (...)”. Based on the foregoing, the Court considers that the Constitutional Chamber did address the analysis of the late communication of the report that established the contamination of the springs (nacientes) from which the plaintiff ASADAS here drew water to provide the entrusted public service until July 20, 2018, when said springs (nacientes) were taken out of operation, as well as the alleged violation of the right to information that the plaintiffs claimed in that venue. Taking into account that the cited judgment No. 695-2019 was favorable, the Court could not analyze this claim again because, we insist, it formed part of the subject matter of the appeal that was upheld in its entirety. The third pronouncement that is sought is directed in two senses. On the one hand, it is requested that it be established that “(...) The right of the ASADAS to obtain prompt and complete justice with respect to the complaints they filed for environmental pollution was ignored and omitted (...)”. But, again, this is an aspect that was already addressed by the Constitutional Chamber in the cited judgment No. 695-2019. This is inferred from the delimitation of the subject matter of the appeal made by that High Court, which encompasses the complaints that the ASADAs filed before the TAA and the Health Area of Grecia, the inspections carried out, and that they were not timely alerted to the report called “Project for the Characterization of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices (BPA)” that determined in their communities the presence in the water of agrochemicals such as bromacil, ametryn, diuron, myclobutanil, and oxamyl in the waters captured for human consumption. But in addition, it is also evidenced by proven facts 1 through 5, 8, 21, and 22 of judgment No. 695-2019, which refer to the complaints filed and the attention provided by different State bodies. This is a factual list that, precisely due to the binding nature of what was resolved by the Constitutional Chamber, this Court has had to take as established, as inferred from proven facts 4 through 8, 10, 24, and 25 of this ruling. The referred complaints were also analyzed in Considerando V of judgment No. 695-2019 already referred to and served as a basis for the Constitutional Chamber to take as established the omissions of different State bodies, the AyA, and the SFE, as we explained supra. Ergo, this is a matter already resolved and covered by the scope of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional), which prevents any subsequent examination by this Chamber. In this same petition, the plaintiff ASADAs request that it be declared that “(...) their right to be an integral part of the groups formed for the solution of the problem regarding the contamination of the aquifers they manage, and to participate in the discussion and decision-making in the solution thereof, was ignored and omitted. (...)”. However, a mere reading of the constitutional judgment to which we have been referring is sufficient to conclude that this request was also addressed and resolved by the Constitutional Chamber. The foregoing because the operative part of that ruling expressly defined who would form part of the Single Plan (Plan Único) defined for the sanitation and elimination of pesticide residues from the water sources that supply the communities of Santa Rita, La Tabla, and Santa Isabel de Río Cuarto; establishing that the referred plan would be solely in charge of different public entities and bodies, among which the defendants here stand out and without including the plaintiff ASADAs. Added to the above, it should be noted that, in the enforcement phase of the constitutional ruling, the associations that are plaintiffs here have demanded that they be included in the cited single plan so that they can participate in decision-making, and those actions have not been accepted by the Constitutional Chamber (proven facts 37, 39, 44, 46, 50, and 52). Thus, in accordance with the provisions of article 13 of the LJC and given the scope of what was resolved by that High Court, this Court could not resolve contrary to what was decided in the mentioned judgment No. 695-2019 regarding this point, nor to the different resolutions issued during its enforcement phase in the constitutional venue. The plaintiff ASADAs also allege that “(...) The right of the ASADAs to act as guarantors of water sanitation was ignored and omitted, insofar as the defendants omitted their duty to protect the health, physical integrity, and life of the users, by not warning them that they were supplying contaminated water. (...)”. After the respective analysis, we judges consider that this point is also covered by the scope of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional), as we explain below. As an initial aspect, we must point out that in accordance with the provisions of Executive Decree No. 32529 of August 5, 2005 (in force at the time of the facts and now repealed) in its articles 3, 16, and 21, as well as articles 5, 6, 7, 28, 30, and 31 of the current Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Decree No. 42582-S-MINAE of September 4, 2020); by virtue of the delegation made by the AyA and under the stewardship of this entity, in essence, the ASADAs are responsible for the administration, operation, maintenance, and development of communal aqueduct systems, as well as the preservation of water resources, which implies that they must ensure the preservation and conservation of water resources in their respective communities. Based on the foregoing, a declaration to the effect that the plaintiffs act as “guarantors of water sanitation” is clearly not appropriate because that was already established by the legal system and constitutes, rather, one of their obligations. In addition to the above, we must insist that in Considerando V of judgment No. 695-2019, in which the amparo appeal filed by the same ASADAs that are plaintiffs here was upheld, the Constitutional Chamber expressly ruled on the omissions incurred by, among others, the entities and body sued here, as we detailed supra; violating the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment. But in addition, it ordered the respondents in that constitutional venue, including the defendants here, to take the appropriate actions to eliminate the cause of the contamination and to sanitize the water sources; for which it ordered them to implement a Single Plan (Plan Único) to establish the individual actions that each of them was obligated to carry out, to be performed jointly, progress on which was to be reported to the Constitutional Chamber every six months. Precisely, it has been established here that the entities and body sued here have informed that High Court of the actions executed in relation to what was ordered, and that the actions for non-compliance or disobedience that, in that sense, were formulated by the plaintiff ASADAs here were rejected (proven facts 37, 39, 44, 46, 50, and 52). Based on the foregoing, this Court is prevented from ruling on this point, because it is contained within what was decided by the Constitutional Chamber in the already referred judgment No. 695-2019. Regarding the claim that they were not warned that they were supplying contaminated water, this is, again, an aspect also resolved by the Constitutional Chamber, since in Considerando V of judgment No. 695-2019, the entities and body sued here were reproached for not having timely addressed the risk situation generated by the contamination. In that sense, it was stated: “(...) In this regard, although this Court cannot declare the reasons why the water of the Brenes, Nicrodal, La Flor of the Santa Rica Aqueduct, La Flor of the Santa Isabel Aqueduct, La Culebra, and Nicolás Rodríguez springs (nacientes) was contaminated and which caused their removal from operation, as it is outside the scope of its competence. Furthermore, it was reported under oath that the complainant was indeed informed of the result of their complaint. The truth of the matter is that it is clear that there was an evident omission by the Ministry of Health to carry out the corresponding studies and issue the necessary orders to address the risk situation that had been denounced for years. (...) Note also that, since 2017, the State Phytosanitary Service communicated the preliminary results of the study carried out on the water in the area, which gave rise to the document ‘Characterization of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices (BPA),’ and it was not until June 18, 2018, that it requested a copy of the document from the State Phytosanitary Service for its study. Furthermore, it is not until 2018 that actions are finally being taken in this regard, under the instruction of the Commission created for that purpose and led by the Health Area of Aguas Zarcas. Additionally, regarding the State Phytosanitary Service of the Ministry of Agriculture and Livestock, it is on record that since February 2013, a contract was signed with the University of Costa Rica for the general analysis of pesticide residues in plant, water, and soil samples, and it is on record that since mid-2017, they were aware of the results of the analyses detected without having fulfilled their obligation of control in matters of chemical substances for agricultural use – under the Ley de Protección Fitosanitaria, Law No. 7664 of April 8, 1997 –, as they simply limited themselves to transferring the results to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Ministry of Health, without taking any decisive action in this regard (the results were recorded in the document ‘Characterization of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices (BPA)’). The above, despite knowing the possible risk to people and the environment, as recorded in official letter DSFE.483.2017, which the Executive Director of the State Phytosanitary Service sent to the Director of Research in Environmental Contamination (CICA) of the University of Costa Rica, as of August 23, 2017. Finally, with regard to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, it is on record that as of mid-2017, the preliminary studies of the study carried out by the State Phytosanitary Service of the Ministry of Agriculture and Livestock, a document entitled ‘Characterization of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices (BPA),’ were sent to them, and it was not until June 2018 that they requested a copy of the same and, consequently, that on July 20, 2018, by its order, the following springs (nacientes) were taken out of operation due to the appearance of bromacil: Brenes of the La Tabla Aqueduct, with an approximate production flow of 24 l/s, Nicrodal of the Santa Rita Aqueduct, with an approximate production flow of 24 l/s, La Flor of the Santa Rita Aqueduct with an approximate production flow of 8 l/s, La Flor of the Santa Isabel Aqueduct, with an approximate flow of 16 l/s. (...)”. Finally, it is requested that it be declared that “(...) The right of the ASADAs to a healthy and ecologically balanced environment, which allows them to maintain the availability of water to continue providing, by delegation, the water supply and sanitation service continuously, efficiently, with quality, accessibility, and in sufficient and required quantity to guarantee the sustainable development of the communities, was ignored and omitted. (...)”. Regarding this request, the Court considers that there is also constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional). As we have been explaining, the constitutional judgment to which we have referred expressly ruled on the violation of a healthy and ecologically balanced environment. But in addition, in the resolutions issued in the enforcement phase of that decision, the Constitutional Court has already established that “(...) the three ASADAs referred to in the amparo appeal currently supply their users under conditions of quantity, quality, and continuity (...)” (proven fact 52). As can be seen, what is sought was also settled in the constitutional venue, which, in accordance with the provisions of article 13 of the LJC, prevents this Court from any analysis in this regard. For all the foregoing reasons, the defense of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) must be upheld with respect to the first claim.

X.- The plaintiff ASADAs formulate a second petition aimed at having it “(...) declared, recognized, and restored the right that the ASADAs have to be an integral part of the groups formed for the solution of the problem regarding the contamination of the aquifers they manage; to have access to information regarding the contamination; to participate in the discussion and decision-making in the solution of said problem; and that the defendants be ordered to immediately incorporate a representative of each ASADA into the same, both those that currently exist and those that may be created in the future. (...)”. However, we consider that this claim is covered by constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional), a decision we justify as follows. As we indicated in the previous Considerando, in the operative part of the cited judgment No. 695-2019, the Constitutional Chamber defined which entities and bodies would make up the group tasked with initiating and executing the sanitation and elimination process of the pesticide residues that were the subject of the amparo appeal (among them, the defendants here), to whom it entrusted the development of a Single Plan (Plan Único) (proven fact 33). In view of this express pronouncement by the High Court, we judges could not recognize a right of the plaintiff ASADAs to join the group of entities in charge of solving the problem regarding aquifer contamination so that they can actively participate in decision-making, because the Constitutional Chamber ordered otherwise. Given the binding nature of constitutional rulings, this Court is legally prevented from amending, correcting, contradicting, or expanding what was resolved by the Constitutional Chamber. For greater clarity, we must point out that as per the cited judgment No. 695-2019, the plaintiff ASADAs have indeed been collaborating with the competent public entities (proven fact 35). The foregoing is also evidenced by the proceedings in the enforcement phase of amparo No. 18-016614-0007-CO, as inferred from the cited resolution No. 2024-013694, in which it is recorded, for example, that “(...) The actions carried out in the intervention area by the Work Teams (Technical Team, Inspections Team, Monitoring Team, and Communication Team) also involve community participation, and for this purpose, representatives of the ASADAs of La Tabla, belonging to the Santa Rita district, and the ASADA of Santa Isabel, located in the Río Cuarto Canton, have been integrated (...)”; which, in our opinion, demonstrates that this petitionary point is covered by the scope of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) and must be so declared.

XI.- The plaintiff ASADAs formulate a third claim aimed at imposing various orders to act on the defendants. In that sense, they request that “(...) The State, the ICAA, and the SFE be ordered to effectively fulfill their duty to guarantee, respect, and protect the environment and to comply with environmental regulations to solve the contamination problem in the specific geographical area where the plaintiff ASADAs provide the public service (...)”. But, again, we must conclude that what is sought was already analyzed and resolved by the Constitutional Chamber in the amparo appeal No. 18-011614-0007-CO filed by the ASADAs that are plaintiffs here, which was granted in the already mentioned judgment No. 695-2019. As we have been stating, that ruling analyzed and concluded on the different omissions and breaches incurred by, as relevant here, different State bodies, the AyA, and the SFE, in relation to the contamination of the springs (nacientes) from which the plaintiff associations here drew water to provide the potable water service; with the consequent violation of the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment. Precisely upon verifying those omissions and violations of fundamental rights, the operative part of the constitutional ruling ordered, among others, the defendants here “(...) to immediately begin the process of sanitation and elimination of pesticide residues, the subject of this amparo appeal, from the water sources that supply the communities of Santa Rita, La Tabla, and Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela. (...)” and they were warned that each one must determine “(...) in accordance with their own legal powers, the individual actions that each is obligated to carry out, within a SINGLE PLAN (PLAN ÚNICO) that, as parts of the State Administration, they must carry out jointly, which must be drafted within a period no longer than six months from the notification of this judgment and progress on which must be reported to this Court every six months. The foregoing, under warning that, if this order is not complied with, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with article 71 of the Law of this Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or enforce it, provided that the crime is not more severely punished. (...)”. In that operative part, the principal responsible for the fulfillment of the Single Plan (Plan Único) was also designated, and the State, the AyA, and the SFE, among others, were warned that “(...) they must order all actions that are technically and scientifically conducive to the complete cleaning and purification of the water from those sources, which implies ordering those found responsible to carry out the legally appropriate removals, and even, if necessary, absolutely prohibiting them from using contaminating agrochemicals in their plantations and even ordering the immediate closure of companies or the prohibition of productive activities, if the orders and instructions given to them are breached in any way. Furthermore, while the sanitation process is concluded, they must issue the necessary orders, within the framework of their powers, to maintain the continuity of the potable water service to the affected populations. (...)”. We must also insist that this constitutional decision has been under enforcement before the Constitutional Chamber, without any non-compliance or disobedience by any of the defendants here having been established (proven facts 37 to 48 and 50 to 52). Thus, it is evident that the High Constitutional Court has already ruled on the actions that the sued entities and body must execute to fulfill their obligation to guarantee, respect, and protect the environment and to comply with environmental regulations to solve the contamination problem in the specific geographical area where the plaintiff ASADAs provide the public service; therefore, it is clearly not appropriate for this Court to impose any conduct to act in that sense, as that would violate constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional). On the other hand, the third claim also seeks that the defendants here be ordered “(...) to effectively fulfill their duty to guarantee, respect, and protect the health, life, and physical integrity of the users of the plaintiff ASADAs, and to comply with the regulations issued in health matters; and they be ordered to effectively fulfill their duty of control in matters of chemical substances harmful to the environment and health, and to comply with the regulations issued in that sense, in order to solve the contamination problem of the aquifers in the specific geographical area where the ASADAs provide the public service (...)”. This is a practically identical petition to the previous one and which, in any case, would also be covered by the scope of what was already ordered in the cited judgment No. 695-2019, as verified by the previously made transcriptions of said pronouncement.

XII.- The last of the declaratory claims formulated contains a main request and a subsidiary one. The first of these is for it to be declared “(...) that the ASADAs will assume the task of decontamination and in situ and in integrum restoration of the soils and aquifers in the specific geographical area where they provide the service; that the defendants be ordered to jointly and severally budget and deposit the sums to which they are condemned into a special account in the name of the ASADAs, directed exclusively for those purposes; and that the defendants be ordered to provide the ASADAs with all the technical and scientific advice required to reverse the contamination, returning the environment to the state it was in before it occurred. (...)”. However, for the reasons stated in the preceding Considerandos, we consider that this is a request also covered by constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional), since the operative part of the cited judgment No. 695-2019 established who would be competent to decontaminate and sanitize the springs (nacientes) from which the plaintiff ASADAs draw water to bring potable water to their users. Thus, the Court could not order something different from what was already ordered by the Constitutional Chamber, such as entrusting – exclusively, as is requested – such tasks to the plaintiff ASADAs here. If this is not legally viable, even less so would it be to order that the sued entities and body must provide them with resources and advice for such tasks; since, rather, it was the State, the AyA, and the SFE, among others, who were assigned to adopt the necessary actions, within their powers, for the decontamination and sanitation of the springs (nacientes) in question. For the same considerations, it is also impossible to accept the subsidiary petition that is formulated, namely, “(...) that in the event that the judges do not assign said task to the ASADAs, then we request that the defendants be ordered to jointly and severally proceed immediately to carry out real and effective tasks for the elimination of contamination in the specific geographical area where the ASADAs provide the public service, restoring the environment to the state it was in before said contamination occurred; to proceed immediately to budget and deposit the amounts to which they are condemned into an account intended exclusively for that purpose; and that they be ordered, in order to guarantee compliance with all the foregoing, that they must submit reports regularly to this Jurisdictional Authority, for the time necessary until the decontamination of the environment is achieved in the specific geographical areas in which the ASADAs provide the public service, in order to demonstrate that they are acting in a real and effective manner, that is, solving the root of the problem and not providing palliative solutions to it. (...)”. We reiterate that the Constitutional Chamber has already ordered that all decontamination and sanitation tasks for the springs (nacientes) to which we have been referring must be executed by, among others, the State, the AyA, and the SFE, through a Single Plan (Plan Único) on which they must submit a biannual report to that High Constitutional Court; all of which is being enforced in that venue without any non-compliance or disobedience in that sense having been established. What was resolved by the Constitutional Chamber prevents this Court from ruling on this petitionary point, as it is also covered by constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional).

XIII.- In definitiveness and as resolved in the preceding Considerandos, the defense of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) raised by all the defendants in their closing arguments must be upheld, in relation to the first, second, third, and fourth claims, both principal and subsidiary. The Court does not find merit in the arguments formulated by the legal representative of the plaintiff ASADAs to justify that these points can indeed be heard by the Court. On the one hand, it is stated that they do not seek to reopen the discussion on matters already resolved by the Constitutional Chamber, such as, for example, the liability of the sued public entities for omission and negligence in the contamination of water sources, and therefore, in the violation of the constitutional rights to a healthy and ecologically balanced environment, the right to water, and its sanitation. However, these same aspects are what they seek for this Court to declare, for example, in the first and third claims; which shows that they do seek pronouncements on aspects already resolved by the Constitutional Chamber and which, in accordance with article 13 of the LJC, are binding on this Court. It is also maintained that the indicated claims in no way violate the provisions of the already mentioned judgment No. 695-2019, but rather complement what was stated in the respective ruling and seek its application while respecting its spirit. However, we judges disagree with this interpretation, fundamentally for two reasons. First, because as stated supra, with the second and fourth claims, a pronouncement different from the one already issued by the Constitutional Chamber is sought. This is because, in essence, what they seek is for it to be declared that the ASADAs must also take charge of the decontamination and sanitation tasks of the springs (nacientes); when that would imply disregarding what that High Court ordered, namely, to entrust those tasks solely to different public entities and bodies, including the defendants here. A pronouncement of that nature undoubtedly violates constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional), in clear violation of article 13 of the LJC. Second, because it is not appropriate for this Court to clarify or complement the decisions of the Constitutional Chamber, as there is an express prohibition against ruling on the scope of such judgments “at the risk of flagrantly infringing” Constitutional Law; thus, ordinary courts must limit themselves to the mere application of what has already been resolved by that constitutional venue. What is sought, in essence, is for this Court to disregard the pronouncement of the Constitutional Chamber, or otherwise, to review and amend, in some way, what was resolved in the amparo appeal; which clearly transcends the powers of this Contentious-Administrative Jurisdiction and would contravene the substantial content of article 13 of the LJC. The arguments aimed at establishing that this Court is enabled to rule on the aforementioned claims because what was decided by the Constitutional Chamber in judgment No. 695-2019 has not been fulfilled and nothing has been done to materialize the environmental principles of in situ restoration and in integrum restoration, returning nature to the state it was in before it was contaminated, are also not admissible. Besides the fact that these are arguments that reinforce the attempts to reopen a discussion that has already been settled and defined in the constitutional venue, it draws the Court’s attention that these alleged non-compliances are claimed, when all the actions formulated in that sense by the ASADAs in the enforcement of judgment No. 695-2019 have been rejected and, rather, it has been established that the State, the AyA, and the SFE have been complying with the provisions of the cited ruling (proven facts 37 to 48 and 50 to 52). From this perspective, if the Constitutional Chamber has not declared any non-compliance by the public entities and bodies to which it entrusted the Single Plan (Plan Único), any pronouncement by this Court on this point would clearly violate constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional); as would it be for this Authority to demand, in this ordinary jurisdictional venue, compliance reports on what was ordered in the cited judgment No. 695-2019, since, in accordance with what was resolved in that ruling, these must be submitted in the constitutional venue.

Finally, we must be emphatic that it is not for this Court to execute or oversee the execution of judgments issued by the Constitutional Chamber, since pursuant to Article 56 of the LJC, this is a power vested exclusively in that High Court, with the exception of matters relating to the liquidation and fulfillment of compensation and pecuniary liabilities or other aspects that the Chamber itself considers in each case (and which, incidentally, were not weighed in Resolution No. 695-2019). By virtue of the foregoing, the absence of mechanisms or the potential problems that the Constitutional Court may have in following up on the judgments it issues in no way constitutes a valid justification for this jurisdictional body to substitute for that High Court in the execution of said constitutional rulings, as the plaintiff intends; for this would violate constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) and the administrative legal order. In conclusion, and since constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) has been upheld, the first, second, third, and fourth claims are inadmissible, and so it is declared. Given the manner in which this is resolved, we do not proceed to examine the parties' arguments regarding these petitions, nor do we assess the documentary and testimonial evidence that was admitted and produced in that regard. Finally, we must point out that, in our view and for the reasons we will set forth below, the defense of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) is not sustainable with respect to the fifth, sixth, and seventh claims, because these refer to matters not contained in or covered by the Constitutional Chamber's judgments. This is because they seek compensation for the objective material and moral damage that the ASADAs accuse the State and the AyA of having caused them, and which they claim pursuant to the provisions of Articles 190 et seq. of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, hereinafter LGAP); an analysis to which we now turn.

XIV.- Regarding the fifth claim. The plaintiff ASADAs formulate a petition seeking that the State and the AyA be jointly and severally ordered to pay them the damages they have caused, in the following terms. The three plaintiff ASADAs claim material damage consisting of: a) The economic loss due to the closure of the springs (nacientes) as raw material for providing the public service. b) The investments that were or are necessary to make in order to maintain the provision of the public service; and each one estimates this in different amounts. In addition, the ASADAs of Santa Rita and La Tabla claim objective moral damage, which each quantifies at the sum of ₡50,000,000.00. At the outset, and taking into account the defenses raised by the defendants, this Court will begin by examining standing (legitimación) and current interest (interés actual). In that sense, we consider that the plaintiff ASADAs do have active standing (legitimación activa). Note that they formulate this pecuniary claim under the protection of Article 10, subsections 1 a) and 4) of the CPCA, in protection of their subjective legal situations, specifically requesting recognition of the damages that, they say, the defendant entities caused them, specifically compensation for the additional or extraordinary costs they incurred for the effective and efficient provision of the service delegated to them, and the objective moral damage (daño moral objetivo) that they say was caused to them by the conduct of the State and the AyA, which they consider harms their legal situation. Precisely for this reason, they bring action against the defendant entities, as provided in Article 12, subsection 1) of the CPCA, demanding their pecuniary liability (responsabilidad patrimonial) pursuant to Articles 190 et seq. of the LGAP; which speaks to the passive standing (legitimación pasiva) of the State and the AyA. However, we must uphold the lack of passive standing (legitimación pasiva) defense raised by the SFE because, as can be observed, none of the claims for pecuniary condemnation are directed against it. On the other hand, as this is a pecuniary claim, we consider that it remains current, thus fulfilling the second substantive prerequisite of the action, or in other words, there is a current interest (interés actual) on the part of the ASADAs in having the courts resolve its merits and restore their pecuniary sphere which, they allege, was harmed. What remains to be examined, then, is whether they are entitled to the compensation they seek, an aspect to which we now turn.

XV.- Regarding the material damage claimed. As we indicated above, the plaintiff ASADAs claim material damage consisting of: a) The economic loss due to the closure of the springs (nacientes) as raw material for providing the public service. And b) The investments that were or are necessary to make in order to maintain the provision of the public service. Fundamentally, they justify this indemnification action by arguing that the closure of the springs (nacientes) that were the sources they used to provide the drinking water service, due to having been contaminated by bromacil, and the inactivity of the defendant entities, which failed to adopt sufficient, pertinent, and timely measures to prevent it, forced them to incur a series of ordinary and extraordinary costs and investments in order to continue providing the public service delegated to them by the AyA. They mention that before the contamination they only maintained the aqueducts, but afterwards, with the closure of the springs (nacientes) they used for service provision, they had additional problems such as leaks and burst pipes that forced them to hire more personnel, pay overtime, purchase pipes and tanks, bring water from distant sources, and pay other ASADAs for that supply. They assert that this resulted in new extraordinary costs that they had to cover and that negatively impacted their financial situation. They maintain that, by using hypothetical elimination, it is possible to establish a causal link between these damages caused by the contamination and the obligation of the defendants to pay for them. They state that the income they receive is used for the provision of the service, but since before the contamination they extracted water from their own sources, they could use those resources to improve the aqueducts or to acquire new ones; whereas after the contamination and the closure of the water sources for service provision, they had to use that income for repairs or even to pay other ASADAs for water. This translates, they say, into less money to invest in their own aqueduct. For their part, the defendants oppose this pecuniary claim. The AyA argues, at its core, that the ASADAs have a duty to reinvest the money obtained from the payment of the rates they charge and that they are non-profit associations, so the damages they claim are not compensable. It adds that, in the case of ASADA La Tabla, they were given two tanks, pipes, accessories, and cisterns that allowed the community to be supplied, and that although the Brenes spring (naciente) went out of operation, as of 2019 they connected to the ASADA of Río Cuarto, which allowed them to continue providing the service. In relation to ASADA Santa Rita, it explains that although two springs (nacientes) (Nicrodal and La Flor) were disabled, they connected with the ASADA of Río Cuarto and the AyA provided tanks and tanker trucks that allowed them to continue providing the delegated public service. It adds that the construction of a new aqueduct is not urgent and that currently the Nicrodal spring (naciente) has fully recovered and meets the quality parameters that allow the community to be supplied until the year 2038, which has meant that since March 15, 2022, the granting of new services in the locality has been permitted. Regarding ASADA Santa Isabel-San Rafael, it states that the nonexistence of damages is even more evident, because although the La Flor spring (naciente) was closed, the Pata de Gallo spring remained enabled, so the granting of availability continued, and they even sold water to ASADA Santa Rita. It asserts that there were no major inconveniences, nor was the provision of the service interrupted. It questions the evidence offered to demonstrate the existence of the damage because, in its view, it fails to comply with International Financial Reporting Standards (IFRS), contains expenses that do not correspond to the public service being provided, lacks certification from an authorized public accountant on the origin of funds, and fails to prove that the alleged expenses were real, because what is provided are simple copies with no evidentiary value. It explains that the sale of bulk water is recognized by ARESEP and included in the rate, and that the purchase reduces the cost of making the water potable, so there are no operational losses. It adds that while the witnesses referred to costs for ordinary and extraordinary repairs, none of them are familiar with the ASADAs' financial statements, so their statements are merely assumptions. It concludes that it is the duty of the ASADAs to invest when there are emergencies, as would be the case with bromacil contamination; and since that entity was not the one that caused the contamination, it has no duty to respond or to recognize the damages claimed by the ASADAs because the causal link was broken by the act of a third party. The State's representative alleges, fundamentally, that the material detriment claimed is not appropriate because the service continued to be provided, the number of users increased, and there was no impairment of assets. It adds that since it involves the provision of a public service, it is regulated by rates. It explains that infrastructure investments do not constitute an economic loss because they are part of the ASADAs' own obligations, whether or not there was contamination. Therefore, it maintains that the existence of effective damages to the plaintiffs' assets that are compensable has not been proven. It alleges the act of a third party that caused the alleged contamination, which breaks the causal link.

XVI.- For a better understanding of what will be decided, the Court deems it necessary to note the following. Pursuant to Article 5, subsection c) of the Law of the Regulatory Authority of Public Services (Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), No. 7593, the supply of aqueduct and sewerage service, which includes the provision of drinking water, is a public service and, as such, it is ARESEP's responsibility to set its prices and rates, and to ensure compliance with quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision standards, for which it will issue the pertinent regulations, in terms provided for in Article 25 of the same law. Now, the setting of the rate charged by the public service provider to users must be carried out in accordance with the principle of cost-of-service, established in Article 3, subsection b) of Law No. 7593, according to which only the costs necessary to provide the service, which allow competitive remuneration and guarantee the adequate development of the activity, must be considered; noting that Article 32 thereof establishes an illustrative list of costs that should not be considered in the economic quantification. Along these lines, Article 31 of the same law establishes guidelines that also specify and must be considered when setting rates, among which may be highlighted "(...) The criteria of social equity, environmental sustainability, energy conservation, and economic efficiency defined in the National Development Plan (...)", that "(...) Settings that threaten the financial equilibrium of the entities providing the public service shall not be permitted. (...)" and "(...) The protection of hydric resources, costs and environmental services. (...)". In this way, the rate constitutes a fair and reasonable means of remuneration that allows the investment made for the proper provision of the public service to be amortized, plus a reasonable profit margin that allows reinvestment in the activity so that the service continues to be efficient. Hence the relevance that the principle of financial equilibrium also has in rate matters, which ensures the service provider the economic benefit that has been agreed upon. Therefore, when significant variations occur that imply a distortion that threatens the profitability levels that were established beforehand, the rate must be adjusted, in order to allow for economic sufficiency to provide the service, reinvest to maintain or improve its quality, and obtain the agreed profit. It should be noted, however, that the mere alteration of the variables considered for setting rates does not directly and automatically generate a right to a rate adjustment or an increase in remuneration; since such effect is subject to different procedures aimed at determining whether or not there is economic insufficiency, which will depend, ultimately, on calculations and technical studies that confirm or rule out imbalances that must be corrected to maintain financial harmony in the service, so that the operator is not exposed to a ruinous state. Seen in this way, the readjustment seeks to restore the real value of the obligation. That is, its nature is not indemnifying, but restitutive. In that sense, and in accordance with Articles 30 and 33 of the same legal body, as relevant here, public service providers may submit duly justified requests for rate setting or changes to ARESEP, having also complied with the conditions established by that Authority in previous settings or in interventions carried out in the exercise of its powers prior to the request. According to Article 31 thereof, rate settings may be ordinary or extraordinary. The former are carried out in order to update rates so that they reflect the costs and investments of the provider in question. From this perspective, in this type of setting, all management costs are reviewed and the income necessary for the provider to operate for a given period is estimated. The rule obliges the service provider to submit an ordinary rate setting at least once a year, in order to examine its cost structure; but it also enables ARESEP to carry out ordinary settings ex officio. Whereas in extraordinary settings, which ARESEP carries out ex officio, significant variations in the economic environment due to fortuitous event or force majeure, and when the conditions of the automatic price, rate, and fee adjustment models are met, are considered. That is, in this type of setting, variables not attributable to the provider company are reviewed, precisely to avoid economic imbalance for the provider company.

XVII.- As we explained, the three plaintiff ASADAs seek compensation for the material damage they claim was caused by the unlawful conduct of the defendant entities, specifically the State and the AyA. This is under the protection of Articles 190 et seq. of the LGAP. In that sense, and very generally, we must point out that for the Administration's pecuniary liability (responsabilidad patrimonial) to arise, it is necessary to prove the existence of the manifestation of administrative function constituting the criterion of imputation, an unlawful injury that the injured party is not under a legal duty to bear (the damage), and a causal link between the foregoing elements. It is also important to bear in mind that, under Article 196 of the same LGAP, for the damage to be compensable, it must be effective, evaluable, individualizable, it must affect a legal situation protected by the legal order, and it must be unlawful in its basis, that is, the person claiming it must not have the legal duty to bear it. Furthermore, it is necessary for the person claiming its reparation to prove its existence, as well as the reference and existence of the causes to which it is attributed, so that the adjudicator can verify the existence of a causal relationship between the antecedent fact to which it is attributed and the injury as a consequence of that cause, and must also weigh whether it is referable or attributable to the subject against whom it is blamed. Finally, it must be considered that, in accordance with Article 190 thereof, force majeure, the fault of the victim, and the act of a third party are exemptions from the Administration's pecuniary liability (responsabilidad patrimonial). Now, according to the claim established in this case, the material damage claimed by the plaintiffs consists of: a) The economic loss due to the closure of the springs (nacientes) as raw material for providing the public service. b) The investments that were or are necessary to make in order to maintain the provision of the public service. The plaintiffs maintain that due to the inactivity of the defendant entities, which failed to adopt sufficient, pertinent, and timely measures to prevent the contamination of the springs (nacientes) from which they sourced water for the provision of water service, and which ultimately led to their closure, they were forced to incur a series of ordinary and extraordinary costs and investments in order to continue providing the public service delegated to them by the AyA. To demonstrate these detriments, they offered documentary and testimonial evidence. Well then, after assessing the evidence admitted for such purposes, the Court concludes that during the time in which the Brenes, Nicrodal, and La Flor springs (nacientes), which supplied the aqueducts of the plaintiff ASADAs herein, were disabled and taken out of operation by the AyA due to the appearance of bromacil (proven facts 21 and 34), the plaintiffs did indeed incur certain maintenance costs or investments in order to be able to provide the public service, in the terms we explain below. As an initial matter, we must indicate that the AyA questioned the documents provided by the ASADAs to prove the damages, as it considers them insufficient for such purposes because they fail to comply with International Financial Reporting Standards (IFRS), contain expenses that do not correspond to the public service being provided, lack certification from an authorized public accountant on the origin of those funds, and thus fail to prove that the alleged expenses were real, since what is provided are simple copies with no evidentiary value. And after their comprehensive and harmonious assessment, the Court concludes that, indeed, some of those pieces of evidence do not deserve credibility or are insufficient to establish the existence of the costs and investments sought as damages; for the reasons we will elaborate when referring to each of the ASADAs. But there are invoices that, in our view, do constitute suitable evidence to prove the existence, in this case, of the maintenance costs and investments that the plaintiffs incurred during the period in which the springs (nacientes) from which they sourced water to provide the entrusted public service were out of operation due to the order issued by the AyA in response to bromacil contamination (proven facts 22, 26, and 27). Generally speaking, we must point out that the three ASADAs provide an expense table that includes, at its core, data such as the date, number, supplier, amount, and balance, in relation to invoices issued in different periods, which is not signed by any person (images 628 to 630, 767 to 776, and 836 of the digital judicial file scanned into a PDF file); documents that, by themselves, lack evidentiary value because, ultimately, this is documentation that must be verified against each of the invoices indicated therein. Subsequently, they provide a series of invoices or payment receipts, which this Court examined and assessed, concluding that some of them cannot be given evidentiary value for different reasons. Let us see. In the case of ASADA La Tabla, the invoices and receipts provided range from image 777 to 834 of the digital judicial file. However, we consider that some of them lack evidentiary value because they involve a substitution of invoice (image 777), lack a date (images 798 to 800), the description of the good or service provided refers to generic concepts such as "Professional services" or "Transport" (images 789, 808, 809, 816, 826, 830 to 834), they correspond to payment receipts for employment settlements (images 806, 807), or they are receipts not signed by the person who provided the service, nor is their identification number indicated (images 815 to 818, 820, 821, 828, 829); deficiencies that prevent the Court from being certain about the existence of the cost or from establishing a causal correspondence between that cost and the maintenance of the aqueducts. The other invoices provided do constitute, in our view, suitable and relevant evidence demonstrating that between July 23, 2018, and June 26, 2019, ASADA La Tabla incurred maintenance costs and investments in order to provide the public service that had been entrusted to it; which is reinforced by the testimony of Luis Solano Alfaro (proven fact 22). His statement deserves credibility from these adjudicators because he is the plumber (fontanero) of ASADA La Tabla and referred extensively and clearly to the situation experienced due to the contamination of the springs (nacientes) from which they sourced water for service provision. Relevantly, he recounted that due to the closure of the sources, abnormal breakdowns occurred, due to overload and/or pressure, which forced them to repair leaks, find machinery, and obtain labor. He also stated that he and the president of the ASADA took an inventory to see what they had and what they could buy. He explained, fundamentally, that due to changes in pressure and flow, there were too many leaks, every day. He detailed that they had to change piping sections, buy pressure-reducing valves, buy tanks, hire laborers, an additional operator, and that it even affected his schedule, because he would finish around 9 or 10 at night. As can be seen, his statement refers to and coincides with the costs contained in the invoices that this Court has given credibility to (proven fact 22). In relation to ASADA Santa Rita, the invoices and receipts provided range from image 631 to 663 of the digital judicial file. But, again, we consider that some of them lack evidentiary value because there are receipts in which the good or service provided is not detailed but rather they only refer to document numbers that are not provided either (images 631 and 632), others are illegible (images 646 and 647), in some the description of the good or service provided refers to generic concepts such as "Professional services," without specifying anything further (images 648 to 653), others correspond to consulting services for environmental damage (images 654 to 656), to fees for the filing of this proceeding (images 657 to 659), or to a geophysical study of the subsoil (image 660); deficiencies that prevent the Court from being certain about the existence of the cost or from establishing a causal correspondence between it and the maintenance of the aqueducts. The other invoices provided do constitute, in our view, suitable and relevant evidence demonstrating that between September 14, 2018, and June 21, 2019, ASADA Santa Rita incurred maintenance costs and investments in order to provide the public service that had been entrusted to it; which is reinforced by the testimony of Renán Solano Gómez and Marvin Soro Miranda (proven fact 27). Their statements deserve credibility from these adjudicators because both were workers of ASADA Santa Rita and referred extensively and clearly to the situation experienced due to the contamination of the springs (nacientes) from which they sourced water for service provision. Relevantly, Mr. Renán, who worked fifteen years for this ASADA and since 2016 was its administrator, recounted that during the emergency suffered due to the contamination and the closure of the springs (nacientes), they had to buy water from other ASADAs, and if there were leaks or breakdowns, they had to pay for their repair. He stated that people thought that the ASADAs gave water to each other for free and so they would tell them that they could not charge for it because it was given away, which meant they often had to show the invoices. Meanwhile, Mr. Marvin, who was the plumber (fontanero) of ASADA Santa Rita, explained, fundamentally, the connections they had to make during the closure of the springs (nacientes) that supplied them, which brought problems of breakdowns, that the pipes could not withstand the pressure and exploded frequently. He highlighted that before the closure of the springs (nacientes), those breakdowns were not so frequent, but occasional. He also recounted that to solve those problems they had to hire heavy machinery to bury and unearth pipes, also more personnel to work on breakdowns, cut and connect piping, and acquire water from other ASADAs, which was not free. These are statements that also refer to many of the costs contained in the invoices that this Court has given credibility to (proven fact 27). Finally, ASADA Santa Isabel San Rafael provides invoices and receipts that appear from image 837 to 851 of the digital judicial file. And after the joint and harmonious assessment of these evidentiary elements, we conclude that it is also not possible to give evidentiary value to all of them because on some invoices it is not possible to ascertain the year in which they were issued (images 837), and on others, the description of the good or service provided refers to generic concepts such as "Professional services," without detailing anything further (images 843 to 851); deficiencies that prevent the Court from being certain about the existence of the cost or from establishing a causal correspondence between it and the maintenance of the aqueducts. The other invoices provided do constitute, in our view, suitable and relevant evidence demonstrating that between August 31, 2018, and May 29, 2019, ASADA Santa Isabel San Rafael incurred maintenance costs and investments in order to provide the public service that had been entrusted to it (proven fact 26). It is worth clarifying here that the foregoing acknowledgment made by this Court, in relation to the costs incurred by the plaintiff ASADAs as a result of the contamination of their sources, is carried out generically by this Chamber, given that, on the one hand, its exclusive purpose is the analysis of the pecuniary condemnation sought in this case and, on the other hand, since, as we will see below, the plaintiffs' liability claim is rebutted, as the necessary prerequisites for granting an indemnity award against the defendant Administrations are not proven. Therefore, in consideration of procedural economy and judicial prudence, we deem it unnecessary to go into greater detail about said expenses.

XVIII.- Now, despite the fact that the Court has found proven the existence of costs that the ASADAs had to incur to maintain the provision of the public service during the time in which the springs (nacientes) from which they sourced water were closed and disabled due to bromacil contamination, we consider that the compensation for the material damage they request is inadmissible; a decision we justify as follows. It has been proven in this proceeding that the three plaintiff ASADAs signed an Agreement for the Delegation of Administration of the Aqueduct and Sanitary Sewerage System (Convenio de Delegación de Administración del Acueducto y Alcantarillado Sanitario), in which it was agreed that this public entity would delegate to them the administration, operation, and maintenance of the Aqueduct and Sanitary Sewerage System of La Tabla, Santa Rita, and Santa Isabel San Rafael, all in the canton of Río Cuarto, which are currently in force (proven facts 1, 2, and 3). Thus, it is undisputed that the plaintiff ASADAs are providers of the public service of aqueduct and sewerage supply, including drinking water; as is also evident from the agreements in which the AyA delegated its provision. For the provision of that public service, as explained in Considerando XVI, the ASADAs charge the user a rate that is set according to the principle of cost-of-service; as is also established in the second clause of the aforementioned agreements, which state that the plaintiffs must "(...) Obligatorily apply the rates approved by the Regulatory Authority of Public Services, in accordance with Article second, subsection d) of the Regulation in force. (...)" and was regulated by Article 22, subsection 5) of Executive Decree No. 32529 in force at the time of the events discussed herein, and is currently provided for in Article 59, subsections a), b), and c) of Decree No. 42582-S-MINAE cited. As also explained in Considerando XVI, in that act of setting the rate, the cost and income scheme of the service providers is analyzed, based on a time range. This is because, as we indicated above, the rate must constitute a fair and reasonable means of remuneration that allows the investment made for the proper provision of the public service to be amortized, and also guarantees a reasonable profit margin that enables reinvestment in the activity so that the service continues to be provided efficiently.

Therefore, when events occur that entail a significant alteration in that cost structure and that imply a distortion that threatens the profit levels that were established beforehand, the rate must be adjusted. For such purposes, the legal system provided for ordinary and extraordinary rate settings (fijaciones ordinarias y extraordinarias), as we explained in Considerando XVI. Based on the foregoing, although it was proven that with the closure of the Brenes, Nicrodal, and La Flor springs (nacientes), the plaintiff ASADAs had to incur different costs and investments to be able to maintain the provision of the entrusted service efficiently; the claim for compensation is unfeasible for two reasons. The first is that no useful and pertinent evidence was provided to establish the financial impact of those costs on their economic structure. It should be noted that the invoices admitted and to which this Court has given evidentiary value are aimed at proving the expenses they incurred, without providing any demonstrative element aimed at establishing what income they received from the rates charged to their users during the period in which the springs from which they sourced water to provide the service were disabled, or that this income was insufficient to provide the service, reinvest to maintain or improve its quality, or to obtain the agreed-upon profit (unproven facts 4 and 5); the testimony of the witnesses being useless and irrelevant for such purposes, due to the positions they held and because none of them knew the financial statements of the ASADAs. This is a relevant aspect in itself, if one considers that it was proven here that, at least in one of the ASADAs, the service never ceased to be provided (proven fact 53) and it was not demonstrated that in that period there was a decrease in users or that they stopped paying the rate to the plaintiff ASADAs (unproven facts 7 and 8). But most importantly, even assuming that the closure of the mentioned springs and the costs that the ASADAs proved to have incurred to provide the service efficiently while these were disabled resulted in a significant alteration of the variables considered when setting the rates (which, we reiterate, has not been demonstrated); the fact of the matter is that the means for these costs to be recognized is not a compensatory action like the one brought in this jurisdictional venue (administrative litigation and civil treasury court), but rather through the review of the cost structure for the corresponding rate adjustment, resorting to the procedures for ordinary or extraordinary rate setting (fijación ordinaria o extraordinaria), as applicable, in accordance with the provisions of Article 30 of the cited Law No. 7593. In other words, if due to the closure of the springs from which they sourced water, the plaintiffs incurred a series of additional costs, expenses, or investments to continue providing the public service and because of these, the reinvestment of resources or the obtaining of the agreed-upon profit was endangered; what was appropriate in the face of these imbalances was to activate the formula that allows rate adjustment, requesting from ARESEP a review of the cost structure, through ordinary or extraordinary rate setting (fijación ordinaria o extraordinaria), as applicable. The foregoing is in accordance with what is established by rate regulations, in this case, the cited Law No. 7593, Executive Decree No. 32529 (Decreto Ejecutivo Nº 32529), and their own delegation agreements. This is the manner established by the legal system to restore the financial equilibrium of public service providers. And in this process, it has not been demonstrated that any of the plaintiff ASADAs managed before the AyA or ARESEP a request for ordinary or extraordinary rate setting (fijación ordinaria o extraordinaria) that would allow for the examination of their cost structure incurred due to the contamination event and the closure of the springs from which they sourced water, in order to achieve its restitution and reestablish financial equilibrium (unproven fact 6). Nor was it proven that ARESEP had rejected any request for a rate readjustment on the occasion of the mentioned events and the costs they incurred while the water springs were out of service for the reasons already known and which are not disputed in this process (unproven fact 11). Instead, the plaintiffs come directly to this Court seeking, through a compensatory action, the recognition of costs and investments incurred in the provision of a public service; when in reality, had it been necessary, they should have subjected themselves to rate regulations and requested from the competent entity the adjustments they deemed necessary so that these would be recognized and transferred to the rate they charge users. That is why, in our opinion, what is claimed as material damage is not admissible because, we reiterate, the method arbitrated by the legal system for recognizing the costs and investments incurred by any public service provider and for restoring its financial equilibrium is through rate adjustments, whether by ordinary or extraordinary rate setting (fijación ordinaria o extraordinaria); without it having been demonstrated, we insist, that the ASADAs had resorted to those rate procedures (unproven facts 6 and 11); and this negligent action by the ASADAs makes the compensation they claim inappropriate, having failed to resort to the corresponding rate procedure in order to restore their legal situation. Consequently, the compensation for material damage claimed by all plaintiffs must be rejected, in the terms set forth. On this point, Judge Aguilar Méndez issues a separate note.

XIX.- The ASADAs of La Tabla and Santa Rita also claim compensation for objective moral damage (daño moral objetivo), which each quantifies at 50 million colones and which, they say, was caused by the sued entities. They explain that the reason for it is the loss of trust and credibility among users, as a consequence of the contamination and closure of the springs (nacientes) from which they sourced water to provide the public service. In this regard, we must point out the following. Article 197 of the LGAP establishes: “There shall be liability for damage to purely moral assets, as well as for the moral suffering and physical pain caused by death or by the injury inflicted, respectively.”; thus recognizing compensation for subjective or objective moral damage (daño moral subjetivo u objetivo), when it has been caused by some manifestation of administrative function. In this case, as a patrimonial award for objective moral damage (daño moral objetivo) is claimed, we must point out that it injures a non-patrimonial right but with repercussions on the estate; that is, it generates economically valuable consequences. It is damage that affects individuals in their social standing, such as their good name, honor, honesty, or reputation, among others. Thus, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has ruled, among others, in judgment No. 527-2008 of 14:10 hours on August 1, 2008, in which it further stated that in the case of objective moral damage (daño moral objetivo) "(...) the corresponding demonstration must be made as happens with patrimonial damage (...)". In light of the foregoing and after analyzing the evidence brought to the case file, the Court considers that this claim is also unfounded. The foregoing because although the statements given by Renán Solano Gómez, Marvin Soro Miranda, José Miguel Baltodano Rojas, and Luis Solano Alfaro were coincident in that some users of the plaintiff ASADAs here blamed them for the closure of the springs (nacientes), for selling contaminated water, and for charging rates despite water rationing (proven fact 54); this is insufficient to establish the objective moral damage (daño moral objetivo) claimed, as no pertinent, technical, or accounting evidentiary elements were provided that would allow it to be proven that those considerations of the users impacted their estate or their income (unproven fact 9). It was a burden of proof that fell upon the plaintiffs because, as explained, in this type of claim, the economic consequences suffered from the non-patrimonial injury must necessarily be demonstrated. It was also not demonstrated, for example, that they had lost users, that some of them had not paid the rate, or that any neighbor from the communities had reported or sued them (unproven facts 7, 8, and 10). Based on the foregoing and due to the neglect of the burdens of proof that fell exclusively on the claimants, it is not possible to establish the existence of certain, effective, assessable, and individualizable objective moral damage; indispensable prerequisites established by Article 196 of the LGAP for this detriment to be compensable. Ergo, this claim must be rejected, as is hereby done.

XX.- Regarding the remaining claims. The ASADAs request that "(...) The State and the AyA be ordered to jointly and severally pay the damages caused, which in this case would be equivalent to the amount of past, present, and future interest that, at the bank rate according to law, is generated on the totality of the sums alluded to, which must be calculated from July 20, 2018 (date of closure of the water sources with which the service was provided) and until their effective payment. Damages are prudentially estimated at the sum of fifty million colones. (...)" (sixth claim) and that "(...) The State and the AyA be ordered to jointly and severally pay the indexation on the sums claimed, but especially on the amount of investments necessary for the construction of new aqueducts, and on the amount necessary to invest to achieve a recovery (reparación in integrum) of the water sources. (...)" (seventh claim). However, given the manner in which the compensatory claims have been resolved and the accessory nature that the requested items have with respect to the main patrimonial award that has already been rejected, the requested indexation and payment of interest are unfounded and therefore must also be rejected.

XXI.- Regarding the defenses. Having upheld both the defense of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) regarding the first, second, third, and fourth claims (Considerandos VI to XIII) and the defense of lack of passive standing (falta de legitimación pasiva) raised by the SFE in relation to the remaining compensatory claims (Considerando XIV), and having rejected the defense of lack of active standing (falta de legitimación activa) raised by the sued entities and the defense of lack of current interest (falta de interés actual) raised by the AyA (Considerando XIV); it only remains to rule on the defense of lack of right (falta de derecho) raised by the AyA and the State. And in accordance with the reasoning made in Considerandos XV to XX, this defense must be upheld in relation to the fifth, sixth, and seventh claims referring to the claim for patrimonial award, which are unfounded and must be rejected. Consequently, the lawsuit must be dismissed in its entirety, as is hereby done.

XXII.- Regarding costs. In accordance with Article 193 of the CPCA, costs constitute a burden imposed on the losing party for being so. Waiver of this award is only viable when, in the Court's judgment, there was sufficient reason to litigate or when the judgment is rendered based on evidence whose existence the opposing party was unaware of. In this case, the Court considers that based on the factual record that has been deemed proven, and as it is not disputed here that contamination indeed existed in the water springs (nacientes) from which the plaintiff ASADAs sourced water for the provision of the entrusted public service and that these were closed and disabled due to bromacil contamination on July 20, 2018, we estimate that the plaintiffs had sufficient reason to litigate and seek judicial assistance. For the foregoing reasons, we deem it appropriate to conclude this process without a special award of costs, as is hereby done.

THEREFORE (POR TANTO)

The defense of constitutional res judicata (cosa juzgada constitucional) raised by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the State, and the Servicio Fitosanitario del Estado is upheld only in relation to the first, second, third, and fourth claims (both principal and subsidiary), which are declared inadmissible. In all other respects, this defense is rejected. Regarding the remaining claims, the defense of lack of active standing (falta de legitimación activa) raised by the sued entities and body is rejected, as well as the defense of lack of current interest (falta de interés actual) raised by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Both the defense of passive standing (legitimación pasiva) raised by the Servicio Fitosanitario del Estado and the defense of lack of right (falta de derecho) raised by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the State are upheld. Consequently, regarding the fifth, sixth, and seventh claims, the lawsuit filed by the Asociaciones Administradoras de Acueducto Rural of Santa Rita, La Tabla, and Santa Isabel San Rafael, all from the canton of Río Cuarto, is dismissed. This process is resolved without a special award of costs. Judge Aguilar Méndez issues a separate note. Cynthia Abarca Gómez. Silvia Consuelo Fernández Brenes. Daniel Aguilar Méndez. /Judges.

SEPARATE NOTE. - With absolute respect for the opinion of my colleagues, I must depart from the reasoning made at the end of Considerando XVIII. Although I agree with the majority regarding the unfoundedness of the claim made by the plaintiffs, in my opinion, the reasoning used there is incomplete and insufficient by itself to explain why the defense of lack of right (falta de Derecho) must be upheld regarding that part of the lawsuit. As developed in the ruling, it has indeed been proven that the closure of the springs (nacientes) from which the plaintiffs sourced water caused them to incur additional costs, expenses, and investments in order to continue providing the public service; such that they have standing (legitimadas) to bring actions for their recognition, however, through the rate adjustment procedure before the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, due to the regulated nature of the public service they provide. Thus, not having resorted to that process means that the plaintiffs have a legal duty to bear those patrimonial losses and, therefore, these cannot be causally attributed to the sued Administrations, constituting in this case – and in the opinion of the undersigned – an exemption from fault of the victim. In other words, the rejection of the claim is based not on the unfoundedness of the material damage per se, but on the fact that the alleged injury must be borne by the plaintiff Associations, since it has been the result of a decision exclusively attributable to the service providers themselves, specifically, of not resorting to a rate adjustment to collect those costs and, instead, internalizing or assuming that damage in their operational structure, in such a way that users are not affected. Thus, the harmful effects of that decision cannot now be reproached to the defendant entities, which are unrelated to it. – Daniel Aguilar Méndez, Judge. -

EXPEDIENTE: 19-004749-1027-CA

PROCESO DE CONOCIMIENTO.

ACTORAS: ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTO RURAL DE SANTA RITA, LA TABLA y SANTA ISABEL-SAN RAFAEL, DEL CANTÓN DE RÍO CUARTO

DEMANDADOS: EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EL ESTADO, EL SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO.

- Verifier Code -
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NI12PLF43TW061

Document signed by:

CYNTHIA ABARCA GOMEZ, JUEZ/A DECISOR/A
DANIEL AGUILAR MENDEZ, JUEZ/A DECISOR/A
SILVIA FERNÁNDEZ BRENES, JUEZ/A DECISOR/A

EXP: 19-004749-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

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SCIJ de la Procuraduría General de la República