Res. 00492-2025 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste — Vessel forfeiture and civil liability for unlicensed illegal fishing — appeal partially grantedComiso de embarcación y responsabilidad civil por pesca ilegal sin licencia — apelación parcialmente con lugar

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste

Resolución Nº 00492 - 2025

Fecha de la Resolución: 19 de Noviembre del 2025 a las 16:30

Expediente: 24-000486-1260-PE

Redactado por: José Manuel Cisneros Mojica

Clase de asunto: Recurso de apelación

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

24-000486-1260-PE




CONTRA:

	

[Nombre 001]




OFENDIDO/A:

	

LOS RECURSOS ICTIOLÓGICOS DE LA NACIÓN




DELITO:

	

Infracción.  Ley Caza y Pesca

 

VOTO 2025-492

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL DE GUANACASTE. Santa Cruz, a las dieciséis horas y treinta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco.

 Recurso de apelación interpuesto en la presente causa número 25-0000486-1260-PE, seguida contra [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], nacido el 26 de febrero de 1974, hijo de [Nombre 002], por el delito de INFRACCIÓN LEY DE CAZA Y PESCA en perjuicio de LOS RECURSOS ICTIOLÓGICOS DE LA NACIÓN. Intervienen en la decisión del recurso los jueces José Manuel Cisneros Mojica, Victor Francisco Cruz López y la jueza Cynthia Dumani Stradtmnann. Se apersonaron en esta sede, la licenciada Yenci Villalobos Vargas, defensora pública del imputado, el licenciado José Pablo Rodríguez Lobo, Procurador Penal y la licenciada Milena Rodríguez Garro, representante del Ministerio Público.

RESULTANDO

 I. Mediante sentencia número 58-2025 de las 15:35 horas del 19 de febrero de 2025, el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, sede Santa Cruz, resolvió: POR TANTO: "De conformidad con los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, los artículos 1, 6, 9, 37, 70, 71, 142, 175, 180 al 184, 265 al 267, 358 al 363, 367, 422 al 435 del Código Procesal Penal, numeral 4 de la Ley General de Policía, artículos 1, 2, 24, 30, 45, 71, 75, 103, 106 incisos 2 y 4 y 110 del Código Penal, artículos 1, 2 incisos 26 y 27, 52, 116, 136, y 150 de la Ley de Pesca y Acuicultura, artículo 34 de la Ley 8000, numeral 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, artículos 1045 y 1048 del Código Civil y de las reglas vigentes de responsabilidad civil del Código Penal de 1941, este Tribunal resuelve lo siguiente: 1- Se rechaza la protesta por actividad procesal defectuosa incoada por la defensa técnica del imputado [Nombre 001]. 2- Se declara a [Nombre 001] autor responsable de un delito de INFRACCIÓN A LA LEY DE PESCA Y ACUICULTURA EN SU MODALIDAD DE PESCA SIN LICENCIA, cometido en concurso ideal con un delito de INFRACCIÓN A LA LEY DE PESCA Y ACUICULTURA EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN ILEGAL DE PRODUCTOS DE FAUNA ACUÁTICA en perjuicio de los LOS RECURSOS ICTIOLÓGICOS DE LA NACIÓN y en tal concepto se le impone la sanción por el primero de los delitos de una multa de 5 SALARIOS BASE a razón de ¢462,200 por cada uno para un total de ¢2,311,000 de los cuales se girará un 70% (¢1.617.700) a favor del Servicio Nacional de Guardacostas y un 30% (¢693.300) a favor del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, pena aumentada en razón del concurso ideal en una multa de 3 SALARIOS BASE por el segundo de los delitos a razón de ¢462,200 por cada uno para un total de ¢1,386,600 de los cuales se girará el 50% (¢684.300) a favor del Fondo Especial del Servicio Nacional de Guardacostas que establece el artículo 34 de la Ley 8000 (Ley de Creación del Servicio Nacional de Guardacostas) y el otro 50% (¢684.300) a favor del Fondo Especial del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura que establece el artículo 52 de la Ley de Pesca y Acuicultura; para un total de multa de 8 SALARIOS BASE que se corresponde con ¢3.697.600 que el imputado deberá cancelar dentro del plazo de 15 días posteriores a la firmeza de esta sentencia. 3- Se tiene por establecida la demanda civil incoada por EL ESTADO en contra de [Nombre 001] como demandado civil y en contra de [Nombre 003] como tercera civilmente demandada y como consecuencia de ello se les condena civilmente de manera solidaria en abstracto a pagar el daño ambiental causado por los hechos cometidos por el imputado [Nombre 001], y sobre los cuales le atañe responsabilidad civil objetiva a la señora [Nombre 003] cuyo monto deberá demostrar y liquidar la Procuraduría General de la República en la vía de ejecución de sentencia correspondiente. 4- Se condena al imputado [Nombre 001] al pago de las costas personales y procesales derivadas del ejercicio de la Querella ejercida por la Procuraduría General de la República, cuyo monto deberá demostrar y liquidar en la vía de ejecución de sentencia correspondiente dicho ente. Se condena al demandado civil [Nombre 001] y la tercera [Nombre 003] al pago solidario de las costas procesales y personales derivadas del ejercicio de la Acción Civil Resarcitoria incoada por la Procuraduría General de la República, cuyo monto deberá demostrar y liquidar en la vía de ejecución de sentencia correspondiente dicho ente. 5- Se ordena el comiso a favor del Estado de la embarcación matrícula PG-009406, de nombre el Audaz II y de un motor intraborda sin marca, modelo ni serie, de 430 caballos de fuerza, por ser los objetos con los que se cometieron los delitos acá acreditados. De conformidad con el artículo 200 del Código Procesal Penal se rechaza el comiso de los siguientes instrumentos por no haberse demostrado su utilización en la comisión de los hechos acreditados: 4 radio boyas, 10 banderas con chispas para pesca, 15 boyas de plástico para pesca, 2 recipientes plásticos tipo estañones con anzuelos para pesca, 1 paracaídas blanco con rojo, 21 piñas de boyas plásticas para pesca, 1 carrete con filamento, 2 pastecas, 2 prensadoras de pesca, 1 radio marino marca ICOM, 1 pantalla de la carta marca Garmin, 1 radio de música y 1 piloto automático, cuya devolución se ordena una vez firme esta sentencia al imputado [Nombre 001]. Se rechaza la solicitud de cancelar la licencia de pesca que posee la señora [Nombre 003], por no haberse utilizado en la comisión del delito acá acreditado. 6- De la solicitud realizada por la representante de la Procuraduría General de la República se dispone trasladar el respaldo audiovisual correspondiente de su alegato a la Inspección Judicial para lo que se considere correspondiente. Las costas por el ejercicio de la acción penal realizada por el Ministerio Público son cargo del Estado. Se ordena el cese de cualquier medida cautelar qu pese respecto al imputado por esta causa. Firme el fallo inscríbase en el Registro Judicial y remítase los mandamientos de estilo ante el Instituto Nacional de Criminología y al Juzgado de Ejecución de la Pena. Se le hace saber a la persona sentenciada, sobre su derecho de contar con la representación de la Defensa Pública, en las gestiones o incidentes que presente ante el Juzgado de Ejecución de la Pena, con el objetivo de que dicho Juzgado realice la instancia correspondiente a la Defensa Pública, para lo cual al presentar cualquier incidente deberá informar que desea contar con el auxilio de la Defensa Pública. QUEDAN DEBIDAMENTE NOTIFICADAS LAS PARTES DE MANERA ORAL. Lic. Luis Gerardo Martínez Zúñiga, Juez de Juicio del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, sede Santa Cruz, Sección Flagrancia." (SIC).

 II. Contra el anterior pronunciamiento la licenciada Yenci Villalobos Vargas, defensora pública del imputado, interpuso recurso de apelación.

 III. Verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.

 IV. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el juez Cisneros Mojica; y,

 

CONSIDERANDO

 

I. La licenciada Yenci Natalia Villalobos Vargas, interpuso recurso de apelación contra el fallo número 58-2025, dictada por el Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de Guanacaste, concretamente la sección a cargo de tramitar los asuntos en flagrancia a las 15:35 horas del 19 de febrero de 2025. En un primer motivo, al que denomina “inobservancia de un precepto legal procesal” (f. 263). Acusa a la sentencia de violentar los numerales 142 y 184 de la norma procesal, produciendo vicios de logicidad y en quebranto de las reglas procesales (Cfr. f. 263). El motivo no puede prosperar. La procedencia de un argumento impugnaticio implica, por imperativo de ley, la presentación de un agravio. En el caso concreto, la letrada limita el punto a enunciar que se incumplió el deber de fundamentar, sin dar ninguna razón singular, lo que obliga a rechazar el reproche. Lo anterior, sin perjuicio de que los otros motivos que de seguido se conocerán, puedan participar del debate en torno a las justificaciones dadas o no en el fallo.  Como un segundo motivo, la licenciada Villalobos Vargas se queja de una “Incorrecta fundamentación a la hora de resolver actividad procesal defectuosa” (f. 263). En ese apartado cuestiona el abordaje que se hizo de la embarcación por parte de las autoridades del Servicio Nacional de Guardacostas. Para la recurrente, si bien es cierto se dijo que la intervención policial se dio por una información que alertaba de la presencia de sustancias ilícitas a bordo, pero aduce que no se corroboró su origen y su fiabilidad; para la impugnante, es relevante apuntar que no se comprobó esa hipótesis, con lo cual la intervención policial perdió legitimidad (así a folio 264). Contra esa actuación se interpuso una actividad procesal defectuosa que, conforme al propio recurso, fue rechazada “sin una valoración integral de los elementos expuestos” (f. 264). Agrega la letrada que la información original provino de una aeronave estadunidense y alertó a la policía local de su ubicación. Agrega que las autoridades costarricenses, al momento del abordaje, no contaron con autorización expresa de los ocupantes, que no hubo otros indicios (como pueden ser la aproximación de lanchas rápidas) y que, producto de una nueva información confidencial, la Policía de Control de Drogas, realizó una segunda inspección, la que descartó la presencia de sustancias ilícitas; de lo anterior, deriva la recurrente que la información recibida por las autoridades era falsa. Estima la gestionante que el acervo probatorio derivado de una denuncia anónima ‘y falsa’, vicia el con carácter absoluto el resultado. Según el libelo, deviene en contradictorio que, el juez sentenciador reconozca que no hubo actividad sospechosa alguna ni detección de estupefacientes, pero estime que no hay vicio alguno. De seguido, apunta que la decisión jurisdiccional fue construida con frases “dogmáticas y estereotipadas”, y advierte que, aunque el fallo en su exposición duró más de 02:28 horas, la versión impresa consta de unas pocas páginas, lo que supone una mutilación de partes importantes para la defensa en este último formato. Concluye el motivo reiterando que se ha incorporado prueba ilegalmente obtenida, la cual propone anular y disponer, en consecuencia, la nulidad de la sentencia venida en alzada; aspectos sobre los que vuelve en el acápite que ha titulado, “agravio” y “pretensión”.  El motivo resulta improcedente. Para una mejor compresión de lo que se dirá, conviene advertir que el mismo reproche contiene, al menos tres quejas; la primera relacionada con la noticia criminis, la que estima falsa, y las consecuencias que de ello se derivan en torno a la prueba; la segunda, tiene que ver con la fundamentación indebida del rechazado de la actividad procesal defectuosa; y, la tercera, se refiere a vicios de justificación por mutilación del fallo escrito. En cuanto a esta última, la queja carece de todo fundamento. La licenciada Villalobos Vargas, confunde la sentencia, que es oral y se respalda en formato de documento de video digital, con la minuta escrita que, por protocolo, da cuenta de los hechos probados (cuando los hay) y la parte dispositiva. Resulta toral recordar a las partes, destinatarias de esta decisión, que el procedimiento expedito de flagrancia es, esencialmente, oral y su resultado, expresado en forma de sentencia, debe serlo por mandato de ley. De lo anterior se desprende que la queja es una confusión de la petente y no un vicio en el trabajo del tribunal de instancia. En lo que respecta a la existencia de una noticia criminal real, y sus efectos, no se observan las consecuencias anunciadas por la letrada; resulta una obviedad que el Estado, como titular de la acción penal, no tiene la posibilidad de imponerse por sus propios medios de toda actividad delictiva que ocurra en dentro de territorio; en algunos casos ese conocimiento proviene de la alerta de terceros, lo que se conoce como noticia criminis, es decir, el aviso de que ha acontecido un hecho delictivo. Esa comunicación no tiene mayor utilidad que esa, activar a las autoridades para iniciar una pesquisa, que puede corroborar lo informado, descartar la ocurrencia de un delito o, como ocurre en la especie, al verificar el dato recibido se descubra otra conducta susceptible de intervención penal. En la causa traída en alzada, el Servicio Nacional de Guardacostas recibió una comunicación proveniente de una aeronave estadunidense, que se encontraba realizando un plan de vigilancia conjunta (ver informe MSP-DMSP-DVUE-DSNG-ENG-550-2024, de folio 13), lo que legitima que los oficiales se dirigieran a la ubicación suministrada. Al momento de la revisión documental, se verificaron inconsistencias (Certificado de navegabilidad vencido, sin licencia de pesca, ni libro de lances de pesca, ver folio 13, informa supra indicado), lo que justifica las actuaciones posteriores. De dicho recuento, deriva esta Cámara la legalidad de la intervención policial, y no observa vicio alguno que afecte el proceso. Una cosa sería que no hubiera habido noticia, o que al contactar a los ocupantes de la embarcación estuviera todo en orden, y otra es que aquello que originalmente se sospechaba fue desvirtuado. Por último, de la escucha atenta del fallo (que se respalda en el archivo multimedia denominado 240004861260PE-19022025033344-2_Multi), se extrae que el a quo sí justificó el rechazo en la actividad procesal defectuosa incoada por la defensa, alegando la existencia de facultades de supervisión y control de la actividad marítima por parte del Servicio Nacional de Guardacostas y la atención de una noticia criminis, por lo que no se encuentra vicio alguno en la actuación jurisdiccional de marras. En su tercer motivo, la licenciada Villalobos Vargas alega: “Violación al derecho de defensa” (f. 266 vto.); en síntesis, plantea que de las declaraciones de los oficiales que actuaron en la detención de su patrocinado, se evidenció que ni en el tiempo que estuvieron en el mar, ni una vez que estuvieron en tierra le indicaron sus derechos, en especial el derecho de abstenerse. Para la impugnante ello debió conducir a la anulación de caso, lo que al no hacerse deja en entredicho la objetiva del juez a cargo del juzgamiento. Sin lugar lo alegado. La parte está obligada a mostrar qué del vicio alegado comprometió la legitimidad del fallo, sin embargo, omite señalar qué de lo que pudo haber dicho (teniendo derecho de abstención) comprometió el resultado, al punto de que su supresión conduzca a la nulidad de la decisión revisada. A esto debe sumarse que en la revisión oficiosa tampoco se observó el vicio alegado y algún perjuicio derivado. Cuarto motivo. La defensora de [Nombre 001] alega “ausencia de motivación de la pena, fundamentación ilegitima de la pena” (folio 267 vto.). El núcleo del reclamo se encuentra, aunque no lo indica expresamente, en una desproporción de la pena impuesta la que, constituyó una multa de ocho salarios base,  “Cinco salarios base a favor del Instituto Costarricense de Pesca y Agricultura (SIC), pena aumentada en razón del concurso ideal en una multa de Tres Salarios Base por el según delito en favor del Fondo Especial del Servicio Nacional de Guardacostas […] para un total de ocho salarios base”, que debe cancelar una vez firme el fallo, en un plazo de 15 días, a pesar de los limitados recursos con los que cuenta el imputado, provenientes de su salario de 250 000 colones mensuales. Agrega que “[…] la pena es no es proporcional a los ingresos generados por una persona de escasos recursos misma no fue bien valorada ni basándose en los principios del artículo 71 del Código Penal con respecto al modo de fijación” (f. 268). Se declarará con lugar el reclamo. Al justiciable se le condenó por dos delitos, a saber, infracción a la ley de Pesca y Acuicultura en su modalidad de pesca sin licencia (artículo 136 de la ley 8436, Ley de Pesca y Acuicultura) y posesión ilegal de productos de fauna acuática (artículo 150 de la norma de comentario; ver folio 260) en concurso ideal, imponiendo una pena cinco salarios base por el primero, aumentado en tres salarios base, debido a las reglas del concurso correspondiente, para un total de ocho salarios base (que equivale a 3.697.600 colones). Las razones que fueron expresadas en el fallo sub examine para la determinación de la sanción, parten de lo que se denomina el juicio de reproche, que se corresponde con las circunstancias objetivas del hecho (o hechos) acreditados y los elementos subjetivos del numeral 71 del Código Penal, en atención a la finalidad resocializadora. En su explicación el juez decisor indicó que la decisión de apartarse del extremo inferior de la pena tiene que ver con que “la pesca se ha desplegado con una embarcación de con una capacidad importante, una tripulación de varias personas, con mecanismos mecánicos para el ejercicio de la pesca y además, pues se ha capturado una cantidad importante del recurso ictiológico […]” (SIC); también valoró la importancia de las especies capturadas y el daño ambiental. En relación con las circunstancias personales del sindicado, se consideró, únicamente, sus ingresos, sin que se pueda extraer la forma en que ello influyó en la fijación del quantum. En ese sentido las explicaciones y justificaciones resultan insuficientes para reconstruir el íter lógico seguido por el tribunal y en consecuencia evaluar correctamente la corrección de sus argumentos, por lo que ese extremo del fallo debe declararse ineficaz, de conformidad con lo establecido el numeral 142 del Código de rito. En su quinto motivo al que intitula “Infracción de las leyes de la sana crítica” (folio 268 vto.), expone que el fallo se basó en elementos indiciarios o indirectos, lo que “requiere que la prueba de indicios se analice como un juicio lógico que se aplica la experiencia, ya que los elementos fundamentales de la prueba indiciaria que generan el hecho indicador, la regla de experiencia, el indicador o conclusión” (f. 270). En su libelo vuelve la recurrente sobre los deberes del juez en relación con la justificación de sus decisiones. En un apartado al que titula “agravio” señala que son muchos los “vicios” de la sentencia, y puntualiza el quebranto a la congruencia, al disponer que se devolvieran “los enseres de pesca por no haberse acreditado su uso en actividades de pesca ilegal, mientras que, contradictoriamente, dispone el comiso de la embarcación y la existencia de pesca ilegal” (f. 269). El motivo no puede prosperar. La expresión genérica de una disconformidad con la fundamentación del fallo no tiene la fuerza la para derribar lo decidido. Sin embargo, esta Cámara se dio a la tarea de revisar con detenimiento lo expuesto por el juez de instancia, en concordancia con los deberes que imprime el principio de Tutela Judicial Efectiva, derivado del numeral 41 de la Carta Fundamental, concluyendo que no existe vicio alguno que deba reprocharse, salvo lo ya indicado en relación con la pena. En cuanto a la nota singular de la devolución de bienes, lo que hace el juzgador en concordancia con el numeral 200 del Código Procesal Penal, si bien es cierto la explicación no va más allá, también lo es que no existe, en la especie perjuicio alguno para la parte. En su sexto y último motivo, la letrada plantea una “inconformidad con la fundamentación con relación a la acción civil y comiso de bienes” (f. 273). Acusa al fallo venido en alzada de incumplir la labor de justificación en lo que respecta a la acción civil resarcitoria y el comiso; en relación con el comiso (dispuesto por el numeral 110 del Código sustantivo) cita el voto de la Sala Constitucional número 2011-7783 de las 14:31 horas del 15 de junio de 2011. Alega, de forma aislada que en la especie no se ha establecido un actuar de mala fe, parte de la propietaria registral del bien, por lo que debe presumirse su buena fe y desvincularse de los excesos cometidos por terceros en el ejercicio de la pesca (Cfr. f. 270). Aduce la recurrente que, en materia de comiso y consecuencias civiles, debe aplicarse el principio de proporcionalidad, en relación con el tema cita los números de voto, 2000-76, 2000-383 y 2004-101 (s/d) del antiguo Tribunal de Casación Penal de San José y número, 1217-1999, 512-2001 y1273-2005 (s/d) de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Concreta que “en nuestro caso, se trata de un tercero registral, cobijado bajo el principio de la buena fe”. Propone revisar la situación de la señora [Nombre 003], a la que propone como una propietaria de buena fe, según el marco normativo que regula la materia. A folio 272 indica el recurso “Cabe destacar que la falta de motivación por no establecerse, de manera fundada, el nexo causal entre los bienes sobre los que recae, y el delito que se juzga”. Reclama que no se haya dispuesto la entrega de la embarcación a la propietaria que, para la impugnante, ostenta el título de “tercera de buena fe”.  Fustiga la decisión de instancia por estimar que la misma es omisa en señalar las condiciones en las que se concedían los extremos civiles, lo que califica como una falta de fundamentación. Reprocha que el daño producido por la pérdida del pescado fue responsabilidad del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), que ordenó su desecho sin hacer pruebas para determinar su aptitud para el consumo. Reitera el escrito que el panel de juicio se le limitó mencionar los extremos pretendidos en lo civil, sin realizar ningún análisis “conforme lo dispuesto en el artículo 1045 y siguientes del Código Civil, de donde se extrae la responsabilidad civil subjetiva y extracontractual” (folio 273). La queja se declara parcialmente con lugar. Como primer aspecto a tratar, debe distinguirse entre las quejas que tienen su origen en la acción civil resarcitoria, de aquellas que reprochan lo relacionado con el comiso. La recurrente reclama una insuficiente fundamentación, a partir del contador 02:05:26 el juez decisor expone el considerando quinto, que dedica a la responsabilidad civil; en dicho apartado establece que el objeto dañoso que obliga a la reparación constituye la extracción de especies con un valor para el entorno marino, “un daño ambiental impactando, impactando de manera negativa al ambiente, al privarse de los servicios y beneficios ambientales que las especies sustraídas brindan y por la importancia de su rol en el ecosistema”. Conforme a lo establecido en el fallo, el demandado [Nombre 001] fue responsabilidad por la práctica de faenas de pesca sin contar con los permisos respectivos, en perjuicio del Estado costarricense; explica el expositor de la decisión que se recibió prueba que permitió acreditar la existencia de una lesión al ambiente, sin contar con los permisos de pesca respectivos. Esa responsabilidad derivada de las normas del vigentes del Código Penal de 1941, que dispone la indemnización del daño causado por el delito. Sin embargo, en el caso de [Nombre 004], el escenario es diferente, se le atribuyó responsabilidad de carácter objetivo, en concreto por una embarcación inscrita a su nombre se encontraba en labores de naturaleza lucrativa, por lo que ella tenía un deber in vigilando que desatendió. Dice el fallo en concreto:

“También el Tribunal llega a la convicción que desde el punto de vista de responsabilidad civil objetiva, le atañe responsabilidad doña [Nombre 003], como propietaria registral de esta embarcación, quién sabía que efectivamente se estaban realizando faenas de pesca por parte del imputado y tenía un deber de vigilancia, como bien lo ha indicado la representante de la Procuraduría General de la República, en el tanto se trata de una persona que se ha dicho acá que tiene varias embarcaciones, que conoce se dedica a esta actividad pesquera y que además tiene evidentemente la obligación de velar por que las embarcaciones que están a su nombre realizan actividad pesquera, lo hagan. Siguiendo las exigencias normativas que establece el Estado costarricense, es decir, ese deber de vigilancia que le atañe a doña [Nombre 004] también la obliga a responder por el daño ambiental ocasionado con las acciones realizadas con la embarcación de su propiedad. doña [Nombre 004] tenía ese deber de vigilancia que no lo podía descargar con un poder hacia don [Nombre 006], como se ha pretendido realizar o indicar acá, porque ese poder que consta en el expediente es para que don [Nombre 006] haga algún tipo de gestiones, pero no podía ella desatender ese deber de vigilancia con relación a esta embarcación, ella sabía que se estaba dedicando a la actividad pesquera y por ende entonces esa acción debía estar vigilada por por (SIC) regla, porque además, doña [Nombre 004] era quién se iba a beneficiar de este de esta actividad pesquera que estaba realizando el señor Imputado como dueño de la embarcación, ya sea que la hubiese alquilado, ya sea que la actividad pesquera se estuviese realizando para beneficiarle de manera directa, evidentemente iba a tener un lucro y la persona que pretende lucrar con una actividad, pues debe responder con cualquier daño que se ocasione, producto de la actividad lucrativa que está realizando. Por ende, entonces el Tribunal considera que se debe declarar civilmente responsable también a la señora [Nombre 007]”

De la cita anterior, que es transcripción del fallo bajo estudio, no se logra establecer, de qué norma deriva el juzgador la responsabilidad objetiva de vigilar, ya que se limita a decir que ello es así “como bien lo ha indicado de la representante de la Procuraduría”, lo que es insuficiente, pues el dicho de la parte (en este casi la representante del actor civil), no constituye ni prueba ni fundamento para una decisión. En igual sentido, el conocimiento de los trámites y deberes propios de la actividad pesquera, lo extrae la justificación del fallo, de que la demandada cuenta con varias embarcaciones, al respecto dice: “se trata de una persona que se ha dicho acá que tiene varias embarcaciones, que conoce se dedica a esta actividad pesquera y que además tiene evidentemente la obligación de velar por que las embarcaciones que están a su nombre”; como salta a la vista, la expresión ‘se ha dicho aquí’ carece de sustento para afincar el dato, ya que no explica quiénes, en qué contexto y bajo qué condiciones de credibilidad, expresaron el dato que transforma en ‘hecho’ el a quo; y, aunque le pueda parecer evidente, un elemento factico, igualmente tiene el deber de explicitar las razones de su convencimiento. Por otro lado, el reclamo que se dirigió contra la fijación de montos en abstracto no puede prosperar, pues se trata de un mandato legal, propio del procedimiento expedito de flagrancia (numeral 432 del Código Procesal Penal). Las quejas expuestas contra el comiso de la embarcación PG009406, de nombre “El Audaz II” y el motor fuera de borda de 400 caballos de fuerza (sin otros datos), también deben atenderse en favor de la reclamante, toda vez que el criterio principal de exclusión de la extensión del dominio por haberse utilizado en un delito (comiso), es la titularidad de un tercero de buena fe. Este tema no es claro en el fallo, las explicaciones son (por tratarse la sentencia de una unidad lógica) las que permitieron atribuirle responsabilidad objetiva, y que líneas atrás fueron anuladas, por lo que también queda insubsistente este extremo del comiso (descartar la buena fe del titular).

 II. Consecuencias de lo decidido. Como corolario de lo resuelto en el Considerando anterior, se debe declarar parcialmente con lugar el recurso venido en alzada, anulando la sanción impuesta a [Nombre 001], la responsabilidad civil solidaria producto de la responsabilidad objetiva atribuida a [Nombre 004] y el comiso de la embarcación “El Audaz II (y el motor de 400 caballos, sin otras señas)”. Se ordena la celebración de un juicio de reenvío para que, con una integración diferente se conozca, de conformidad con los principios que rigen ese instituto procesal, los extremos anulados. En lo demás el fallo debe permanecer incólume.

 III. En fecha 30 de octubre de 2025, se hizo llegar escrito por parte de la defensa con el propósito de que se tomara nota de que algunas de las especies que fueron capturadas no están restringidas para el comercio nacional; así como agregar un agravio en torno a la forma en que se aplicaron los artículos 136 y 150 de la ley 8436. En cuanto esto debe hacerse ver que se trata de argumentos extemporáneos y como tales inatendibles. Empero esta Cámara revisó si la resolución dictada en la causa 24-004125-1027-CA-0 afecta al presente proceso, concluyendo que no, ya que el objeto de la prohibición discutida en la presente causa se refiere a cualquier pesca y transporte sin la debida autorización.

POR TANTO

 Se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Yenci Natalia Villalobos Vargas en favor de los intereses de [Nombre 001] y [Nombre 004]. Se ordena la celebración de un juicio de reenvió para que se discuta, la sanción que debe recaer en el sindicado [Nombre 001], si existe responsabilidad civil objetiva en contra de la demandada [Nombre 004] y si procede el comiso de la embarcación y motor incautados (ver Considerando II). En lo que no fue expresamente anulado, manténganse incólume el fallo venido en alzada. Notifíquese.

 

 

 

 

José Manuel Cisneros Mojica

 

 

 

Víctor Francisco Cruz López                     Cynthia Dumani Stradtmann

Jueces y Jueza

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste 

FRUIZCO

	

24-000486-1260-PE

	

1

 

Circuito Judicial de Santa Cruz, Edificio Tribunales, Tercer Piso Teléfonos: 2681-4047. Fax: 2680-1072. Correo electrónico: [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:39:43.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**VOTE 2025-492**

**SENTENCE APPEALS COURT OF GUANACASTE.** Santa Cruz, at sixteen hours thirty minutes on the nineteenth of November two thousand twenty-five.

Appeal filed in the present case number 25-0000486-1260-PE, against [Nombre 001], identity card [Valor 001], born February 26, 1974, child of [Nombre 002], for the crime of **INFRACTION OF THE FISHING AND AQUACULTURE LAW** to the detriment of **THE NATION'S FISHERY RESOURCES**. The judges José Manuel Cisneros Mojica, Victor Francisco Cruz López, and the judge Cynthia Dumani Stradtmnann participate in deciding the appeal. Appearing at this venue are Licenciada Yenci Villalobos Vargas, public defender of the accused, Licenciado José Pablo Rodríguez Lobo, Procurador Penal (State Attorney for Criminal Matters), and Licenciada Milena Rodríguez Garro, representative of the Ministerio Público (Prosecutor's Office).

**WHEREAS**

**I.** By judgment number 58-2025 at 15:35 hours on February 19, 2025, the Trial Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz venue, resolved: **THEREFORE:** "Pursuant to Articles 39 and 41 of the Political Constitution, Articles 1, 6, 9, 37, 70, 71, 142, 175, 180 to 184, 265 to 267, 358 to 363, 367, 422 to 435 of the Criminal Procedure Code, numeral 4 of the General Police Law, Articles 1, 2, 24, 30, 45, 71, 75, 103, 106 subsections 2 and 4, and 110 of the Penal Code, Articles 1, 2 subsections 26 and 27, 52, 116, 136, and 150 of the Fishing and Aquaculture Law, Article 34 of Law 8000, numeral 101 of the Organic Environmental Law, Articles 1045 and 1048 of the Civil Code, and the current rules of civil liability of the 1941 Penal Code, this Court resolves the following: 1- The objection for defective procedural activity raised by the technical defense of the accused [Nombre 001] is rejected. 2- [Nombre 001] is declared the responsible perpetrator of a crime of **INFRACTION OF THE FISHING AND AQUACULTURE LAW IN ITS MODALITY OF FISHING WITHOUT A LICENSE**, committed in an ideal concurrence with a crime of **INFRACTION OF THE FISHING AND AQUACULTURE LAW IN ITS MODALITY OF ILLEGAL POSSESSION OF AQUATIC FAUNA PRODUCTS** to the detriment of **THE NATION'S FISHERY RESOURCES** and, in that capacity, the sanction is imposed for the first crime of a fine of 5 BASE SALARIES at a rate of ¢462,200 each for a total of ¢2,311,000, of which 70% (¢1,617,700) will be directed to the National Coast Guard Service and 30% (¢693,300) to the Costa Rican Institute of Fishing and Aquaculture, a penalty increased by reason of the ideal concurrence by a fine of 3 BASE SALARIES for the second crime at a rate of ¢462,200 each for a total of ¢1,386,600, of which 50% (¢684,300) will be directed to the Special Fund of the National Coast Guard Service established by Article 34 of Law 8000 (Law Creating the National Coast Guard Service) and the other 50% (¢684,300) to the Special Fund of the Costa Rican Institute of Fishing and Aquaculture established by Article 52 of the Fishing and Aquaculture Law; for a total fine of 8 BASE SALARIES corresponding to ¢3,697,600 that the accused must pay within 15 days after this judgment becomes final. 3- The civil claim filed by **THE STATE** against [Nombre 001] as civil defendant and against [Nombre 003] as third-party civil defendant is deemed established, and as a consequence, they are jointly and severally civilly condemned in the abstract to pay the environmental damage caused by the acts committed by the accused [Nombre 001], for which objective civil liability attaches to Mrs. [Nombre 003], the amount of which the Procuraduría General de la República (Attorney General's Office) must prove and liquidate in the corresponding sentence enforcement proceeding. 4- The accused [Nombre 001] is ordered to pay the personal and procedural costs derived from the Querella (Private Criminal Action) exercised by the Procuraduría General de la República, the amount of which must be proved and liquidated in the corresponding sentence enforcement proceeding by said entity. The civil defendant [Nombre 001] and the third party [Nombre 003] are ordered to jointly pay the procedural and personal costs derived from the Civil Restitution Action filed by the Procuraduría General de la República, the amount of which must be proved and liquidated in the corresponding sentence enforcement proceeding by said entity. 5- The forfeiture (comiso) to the benefit of the State is ordered for the vessel with registration PG-009406, named El Audaz II, and an inboard motor without brand, model, or series, of 430 horsepower, being the objects with which the crimes accredited herein were committed. Pursuant to Article 200 of the Criminal Procedure Code, the forfeiture (comiso) of the following instruments is rejected because their use in the commission of the accredited facts was not demonstrated: 4 radio buoys, 10 flags with fishing sparklers, 15 plastic fishing buoys, 2 plastic barrel-type containers with fishing hooks, 1 white parachute with red, 21 clusters of plastic fishing buoys, 1 reel with filament, 2 snatch blocks (pastecas), 2 fishing pressers, 1 marine radio brand ICOM, 1 chart display screen brand Garmin, 1 music radio, and 1 autopilot, the return of which is ordered once this judgment is final to the accused [Nombre 001]. The request to cancel the fishing license held by Mrs. [Nombre 003] is denied, as it was not used in the commission of the crime accredited herein. 6- Regarding the request made by the representative of the Procuraduría General de la República, it is ordered to transfer the corresponding audiovisual backup of her argument to the Judicial Inspection for whatever is deemed appropriate. The costs for the exercise of the criminal action carried out by the Ministerio Público are borne by the State. The cessation of any precautionary measure weighing against the accused for this cause is ordered. Once the ruling is final, register it in the Judicial Register and forward the standard orders to the National Institute of Criminology and the Sentence Enforcement Court. The sentenced person is informed of their right to have the representation of the Public Defense in any proceedings or incidents presented before the Sentence Enforcement Court, so that said Court may make the corresponding request to the Public Defense, for which purpose, when presenting any incident, they must state that they wish to have the assistance of the Public Defense. THE PARTIES ARE DULY NOTIFIED ORALLY. Lic. Luis Gerardo Martínez Zúñiga, Trial Judge of the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz venue, Flagrancy Section." (SIC).

**II.** Against the preceding ruling, Licenciada Yenci Villalobos Vargas, public defender of the accused, filed an appeal.

**III.** Having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, the Court considered the questions raised in the appeal.

**IV.** The pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

Drafted by Judge Cisneros Mojica; and,

**CONSIDERING**

**I.** Licenciada Yenci Natalia Villalobos Vargas filed an appeal against ruling number 58-2025, issued by the Trial Court of the II Judicial Circuit of Guanacaste, specifically the section in charge of processing flagrancy matters at 15:35 hours on February 19, 2025. In a first ground, which she calls "failure to observe a procedural legal precept" (f. 263). She accuses the judgment of violating numerals 142 and 184 of the procedural law, producing flaws in logic and in breach of procedural rules (Cfr. f. 263). This ground cannot succeed. The viability of a challenge argument implies, by legal imperative, the presentation of a grievance. In this specific case, the lawyer limits the point to stating that the duty to provide reasons was breached, without giving any specific reason, which requires rejecting the reproach. The foregoing, without prejudice that the other grounds, which will be examined below, may participate in the debate regarding the justifications given or not given in the ruling. As a second ground, Licenciada Villalobos Vargas complains of an "Incorrect reasoning when resolving defective procedural activity" (f. 263). In that section, she questions the approach taken by the authorities of the National Coast Guard Service regarding the vessel. For the appellant, although it is true it was said that the police intervention arose from information alerting of the presence of illicit substances on board, she argues that its origin and reliability were not corroborated; for the challenger, it is relevant to point out that this hypothesis was not verified, whereby the police intervention lost legitimacy (thus at folio 264). Against that action, a motion for defective procedural activity was filed which, according to the appeal itself, was rejected "without a comprehensive assessment of the elements presented" (f. 264). The lawyer adds that the original information came from a U.S. aircraft and alerted the local police to its location. She adds that the Costa Rican authorities, at the time of boarding, did not have express authorization from the occupants, that there were no other indications (such as the approach of fast boats), and that, as a result of new confidential information, the Drug Control Police conducted a second inspection, which ruled out the presence of illicit substances; from the foregoing, the appellant infers that the information received by the authorities was false. The applicant believes that the evidentiary record derived from an anonymous 'and false' report absolutely vitiates the result. According to the brief, it becomes contradictory that the sentencing judge recognizes that there was no suspicious activity whatsoever nor detection of narcotics, but believes there is no vice whatsoever. She then notes that the judicial decision was constructed with "dogmatic and stereotyped" phrases, and warns that, although the delivery of the ruling lasted more than 02:28 hours, the printed version consists of only a few pages, which implies a mutilation of important parts for the defense in this latter format. She concludes the ground by reiterating that illegally obtained evidence has been incorporated, which she proposes to annul and consequently order the nullity of the judgment under appeal; aspects on which she returns in the section she has titled, "grievance" and "claim." The ground is unsuccessful. For a better understanding of what will be stated, it is worth noting that the same reproach contains at least three complaints; the first related to the notitia criminis, which she considers false, and the consequences derived from it regarding the evidence; the second concerns the improper reasoning of the rejection of the defective procedural activity; and the third refers to justification defects due to mutilation of the written ruling. Regarding the latter, the complaint lacks any foundation. Licenciada Villalobos Vargas confuses the judgment, which is oral and is supported in digital video document format, with the written minute that, by protocol, records the proven facts (when they exist) and the operative part. It is crucial to remind the parties, recipients of this decision, that the expedited flagrancy procedure is essentially oral, and its result, expressed in the form of a judgment, must be so by legal mandate. It follows from the above that the complaint is a confusion by the petitioner and not a flaw in the work of the court of instance. Regarding the existence of a real criminal report, and its effects, the consequences announced by the lawyer are not observed; it is obvious that the State, as holder of the criminal action, does not have the possibility of ascertaining, by its own means, every criminal activity that occurs within its territory; in some cases, this knowledge comes from an alert by third parties, what is known as notitia criminis, that is, the notice that a criminal act has occurred. This communication has no greater utility than that: to activate the authorities to initiate an investigation, which can corroborate the information, rule out the occurrence of a crime, or, as happens in this case, upon verifying the received data, discover another conduct susceptible to criminal intervention. In the case brought on appeal, the National Coast Guard Service received a communication from a U.S. aircraft, which was conducting a joint surveillance plan (see report MSP-DMSP-DVUE-DSNG-ENG-550-2024, from folio 13), which legitimizes the officers heading to the location provided. At the time of the documentary review, inconsistencies were verified (Expired certificate of seaworthiness, no fishing license, no fishing logbook, see folio 13, report supra indicated), which justifies the subsequent actions. From this account, this Chamber deduces the legality of the police intervention, and observes no vice that affects the process. It would be one thing if there had been no report, or if, upon contacting the occupants of the vessel, everything had been in order, and another is that what was originally suspected was disproven. Finally, from careful listening to the ruling (which is supported in the multimedia file called 240004861260PE-19022025033344-2_Multi), it is extracted that the a quo did justify the rejection of the defective procedural activity raised by the defense, citing the existence of supervisory and control powers over maritime activity by the National Coast Guard Service and the response to a notitia criminis, so no vice is found in the aforementioned judicial action. In her third ground, Licenciada Villalobos Vargas alleges: "Violation of the right of defense" (f. 266 vto.); in summary, she argues that from the statements of the officers who acted in the detention of her client, it was evident that neither during the time they were at sea, nor once they were on land, did they inform him of his rights, especially the right to abstain. For the challenger, this should have led to the annulment of the case, and by not doing so, the objectivity of the judge in charge of the trial is called into question. The allegation is without merit. The party is obligated to show how the alleged vice compromised the legitimacy of the ruling; however, she omits to point out what of what he could have said (having the right to abstain) compromised the result, to the point that its suppression leads to the nullity of the reviewed decision. To this it must be added that in the sua sponte review, the alleged vice and any resulting harm were also not observed. Fourth ground. The defender of [Nombre 001] alleges "absence of motivation of the penalty, illegitimate reasoning of the penalty" (folio 267 vto.). The core of the claim lies, although she does not expressly state it, in a disproportion of the imposed penalty, which consisted of a fine of eight base salaries, "Five base salaries in favor of the Costa Rican Institute of Fishing and Agriculture (SIC), penalty increased by reason of the ideal concurrence by a fine of Three Base Salaries for the second crime in favor of the Special Fund of the National Coast Guard Service [...] for a total of eight base salaries," to be paid once the ruling is final, within a period of 15 days, despite the limited resources of the accused, derived from his salary of 250,000 colones per month. She adds that "[...] the penalty is not proportional to the income generated by a person of scarce resources, the same was not properly assessed nor based on the principles of Article 71 of the Penal Code regarding the method of determination" (f. 268). The claim will be partially upheld. The defendant was convicted of two crimes, namely, infraction of the Fishing and Aquaculture Law in its modality of fishing without a license (Article 136 of Law 8436, Fishing and Aquaculture Law) and illegal possession of products of aquatic fauna (Article 150 of the law under comment; see folio 260) in ideal concurrence, imposing a penalty of five base salaries for the first, increased by three base salaries, due to the rules of the corresponding concurrence, for a total of eight base salaries (equivalent to 3,697,600 colones). The reasons expressed in the ruling sub examine for determining the sanction start from what is called the reproach, which corresponds to the objective circumstances of the accredited act(s) and the subjective elements of numeral 71 of the Penal Code, considering the resocializing purpose. In his explanation, the deciding judge indicated that the decision to depart from the lower extreme of the penalty has to do with "fishing has been deployed with a vessel of significant capacity, a crew of several people, with mechanical mechanisms for the exercise of fishing and furthermore, a significant quantity of the fishery resource has been caught [...]" (SIC); he also assessed the importance of the species caught and the environmental damage. In relation to the personal circumstances of the accused, only his income was considered, without it being possible to extract the way in which this influenced the determination of the quantum. In that sense, the explanations and justifications are insufficient to reconstruct the logical path followed by the court and consequently to correctly evaluate the correctness of its arguments, for which reason this part of the ruling must be declared ineffective, in accordance with the provisions of numeral 142 of the Code of Procedure. In her fifth ground, which she entitles "Infringement of the laws of sound criticism" (folio 268 vto.), she states that the ruling was based on circumstantial or indirect elements, which "requires that circumstantial evidence be analyzed as a logical judgment applying experience, since the fundamental elements of circumstantial evidence that generate the indicating fact, the rule of experience, the indicator or conclusion" (f. 270). In her brief, the appellant returns to the duties of the judge in relation to the justification of their decisions. In a section entitled "grievance," she points out that there are many "vices" in the judgment, and she specifies the breach of congruence, by ordering the return of "the fishing gear for not having been accredited its use in illegal fishing activities, while, contradictorily, it orders the forfeiture (comiso) of the vessel and the existence of illegal fishing" (f. 269). This ground cannot succeed. The generic expression of disagreement with the reasoning of the ruling does not have the force to overturn what was decided. However, this Chamber undertook the task of carefully reviewing what was stated by the trial judge, in accordance with the duties imposed by the principle of Effective Judicial Protection, derived from numeral 41 of the Fundamental Charter, concluding that there is no vice that must be reproached, except as already indicated in relation to the penalty. Regarding the specific note of the return of goods, what the court does in accordance with numeral 200 of the Criminal Procedure Code, although it is true the explanation does not go further, it is also true that there is, in this case, no harm whatsoever for the party. In her sixth and final ground, the lawyer raises a "disagreement with the reasoning regarding the civil action and forfeiture (comiso) of goods" (f. 273). She accuses the ruling under appeal of failing in the task of justification regarding the civil restitution action and the forfeiture (comiso); in relation to the forfeiture (comiso) (provided for by numeral 110 of the substantive Code), she cites ruling of the Constitutional Chamber number 2011-7783 of 14:31 hours on June 15, 2011. She alleges, in an isolated manner, that in this case, an act of bad faith has not been established on the part of the registered owner of the good, so her good faith must be presumed and she must be dissociated from the excesses committed by third parties in the exercise of fishing (Cfr. f. 270). The appellant argues that, in matters of forfeiture (comiso) and civil consequences, the principle of proportionality must apply, and in relation to the topic, she cites ruling numbers 2000-76, 2000-383, and 2004-101 (s/d) of the former Criminal Cassation Court of San José and number 1217-1999, 512-2001, and 1273-2005 (s/d) of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice. She specifies that "in our case, it concerns a registered third party, sheltered under the principle of good faith." She proposes reviewing the situation of Mrs. [Nombre 003], whom she proposes as an owner in good faith, according to the regulatory framework governing the matter. At folio 272, the appeal states: "It should be noted that the lack of motivation for not establishing, in a reasoned manner, the causal link between the goods on which it is levied, and the crime being judged." She claims that the delivery of the vessel was not ordered to the owner who, for the challenger, holds the title of "third party in good faith." She criticizes the decision of the instance for considering it omits to indicate the conditions under which the civil aspects were granted, which she qualifies as a lack of reasoning. She reproaches that the damage caused by the loss of the fish was the responsibility of the National Animal Health Service (SENASA), which ordered their disposal without conducting tests to determine their suitability for consumption. The brief reiterates that the trial panel was limited to mentioning the aspects sought in the civil sphere, without conducting any analysis "as set forth in Article 1045 et seq. of the Civil Code, from which subjective and extracontractual civil liability is extracted" (folio 273). The complaint is partially upheld. As a first aspect to address, a distinction must be made between the complaints originating from the civil restitution action and those reproaching matters related to the forfeiture (comiso). The appellant claims insufficient reasoning; from the counter at 02:05:26, the deciding judge sets forth the fifth considering, which he dedicates to civil liability; in that section, he establishes that the damaging object obligating reparation constitutes the extraction of species with a value for the marine environment, "environmental damage impacting, negatively impacting the environment, depriving it of the environmental services and benefits that the extracted species provide and due to the importance of their role in the ecosystem." According to what is established in the ruling, the defendant [Nombre 001] was held liable for carrying out fishing operations without having the respective permits, to the detriment of the Costa Rican State; the expositor of the decision explains that evidence was received that allowed accrediting the existence of an injury to the environment, without having the respective fishing permits. This responsibility derives from the current rules of the 1941 Penal Code, which provides for the indemnification of the damage caused by the crime. However, in the case of [Nombre 004], the scenario is different; she was attributed strict liability (responsabilidad objetiva), specifically because a vessel registered in her name was engaged in activities of a lucrative nature, and therefore, she had a duty of vigilance that she neglected. The ruling states in particular:

"Likewise, the Court reaches the conviction that, from the point of view of strict civil liability, responsibility falls upon Mrs. [Nombre 003], as the registered owner of this vessel, who knew that fishing operations were indeed being carried out by the accused and had a duty of vigilance, as the representative of the Procuraduría General de la República has well indicated, insofar as it concerns a person who, it has been stated here, has several vessels, who is known to be dedicated to this fishing activity, and who furthermore evidently has the obligation to ensure that the vessels in her name, when carrying out fishing activity, do so following the regulatory requirements established by the Costa Rican State; that is, that duty of vigilance incumbent upon Mrs. [Nombre 004] also obligates her to answer for the environmental damage caused by the actions carried out with the vessel of her property. Mrs. [Nombre 004] had that duty of vigilance that she could not delegate through a power of attorney to Mr. [Nombre 006], as has been attempted or indicated here, because that power of attorney contained in the file is for Mr. [Nombre 006] to perform some type of formalities, but she could not neglect that duty of vigilance regarding this vessel; she knew it was being dedicated to fishing activity and, therefore, that action should have been, by rule, supervised by her, because, furthermore, Mrs. [Nombre 004] was the one who would benefit from this fishing activity that the accused was carrying out as owner of the vessel—whether she had rented it out, or whether the fishing activity was being carried out to benefit her directly—she would evidently obtain a profit, and the person who intends to profit from an activity must, therefore, be responsible for any damage caused as a result of the lucrative activity being carried out. Thus, the Court considers that Mrs. [Nombre 007] must also be declared civilly liable."

From the above excerpt, which is a transcription of the ruling under review, it cannot be established which specific norm the court derives the duty to exercise strict vigilance from, as it limits itself to saying it is so "as the representative of the Procuraduría has well indicated," which is insufficient, since the statement of a party (in this case, the representative of the civil plaintiff) constitutes neither evidence nor a basis for a decision. In the same vein, the knowledge of the procedures and duties inherent to fishing activity is inferred by the ruling's justification from the fact that the defendant has several vessels, stating in that regard: "it concerns a person who, it has been stated here, has several vessels, who is known to be dedicated to this fishing activity, and who furthermore evidently has the obligation to ensure that the vessels in her name"; as is readily apparent, the expression 'it has been stated here' lacks support to establish the fact, as it does not explain who, in what context, and under what conditions of credibility expressed the information that the a quo transforms into a 'fact'; and, even if it may seem evident, a factual element, it equally has the duty to explain the reasons for its conviction. On the other hand, the claim directed against the determination of amounts in the abstract cannot succeed, as it is a legal mandate inherent to the expedited flagrancy procedure (numeral 432 of the Criminal Procedure Code). The complaints raised against the forfeiture (comiso) of the vessel PG009406, named "El Audaz II" and the outboard motor of 400 horsepower (without other details), must also be addressed in favor of the claimant, given that the main criterion for excluding the forfeiture (comiso) due to its use in a crime is the ownership by a good-faith third party. This issue is not clear in the ruling—the explanations (since the judgment forms a logical unit) are the same ones that allowed the attribution of strict liability and which were annulled in preceding lines—and therefore this aspect of the forfeiture (comiso) (discarding the owner's good faith) is also rendered unsustainable.

**II.** Consequences of the decision. As a corollary of what was resolved in the preceding Considering, the appeal brought on appeal must be partially upheld, annulling the sanction imposed on [Nombre 001], the joint and several civil liability resulting from the strict liability attributed to [Nombre 004], and the forfeiture (comiso) of the vessel "El Audaz II" (and the 400 horsepower motor, without further particulars). A limited retrial (juicio de reenvío) is ordered so that, with a different judicial panel, the annulled aspects are heard, in accordance with the principles governing that procedural institution. In all other respects, the ruling must remain unchanged.

**III.** On October 30, 2025, a brief was submitted by the defense with the purpose of noting that some of the species that were caught are not restricted for national commerce, as well as to add a grievance regarding the manner in which Articles 136 and 150 of Law 8436 were applied. In this regard, it must be noted that these are untimely arguments and, as such, not subject to consideration.

Nevertheless, this Chamber reviewed whether the ruling issued in case 24-004125-1027-CA-0 affects the present proceeding, concluding that it does not, since the object of the prohibition discussed in the present case refers to any fishing and transport without the proper authorization.

POR TANTO

 The appeal filed by licensed attorney Yenci Natalia Villalobos Vargas on behalf of the interests of [Name 001] and [Name 004] is partially granted. A retrial (juicio de reenvío) is ordered to discuss the penalty that must be imposed on the accused [Name 001], whether there is strict civil liability (responsabilidad civil objetiva) against the defendant [Name 004], and whether the confiscation (comiso) of the seized vessel and motor is appropriate (see Considerando II). To the extent not expressly annulled, the appealed judgment shall remain unaltered. Let it be notified.





José Manuel Cisneros Mojica



Víctor Francisco Cruz López                     Cynthia Dumani Stradtmann

Jueces y Jueza

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste

FRUIZCO

\t
24-000486-1260-PE
\t
1

Circuito Judicial de Santa Cruz, Edificio Tribunales, Tercer Piso Teléfonos: 2681-4047. Fax: 2680-1072. Correo electrónico: [email protected]
Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:39:43.
SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República