Res. 00452-2025 Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda — Jurisdiction over interim measures during cassation — referral to trial courtCompetencia sobre medidas cautelares en fase de casación — remisión al tribunal de primera instancia

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Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda

Resolución Nº 00452 - 2025

Fecha de la Resolución: 14 de Noviembre del 2025 a las 11:45

Expediente: 21-007586-1027-CA

Redactado por: Hubert Fernández Argüello





Texto de la resolución

Medida cautelar dentro del proceso N°21-7586-1027-CA // REC. 959-TA-25

Walter Brenes Soto c/ el Estado y otra

N°452-2025-I

TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN PRIMERA. II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, a las once horas cuarenta y cinco minutos del catorce de noviembre de dos mil veinticinco.-

 Solicitud de modificación de medida cautelar, formulada por la parte actora ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, durante el trámite de los recursos de casación pendientes, interpuestos por los codemandados contra la sentencia de primera instancia N°2025002240 de las once horas con dos minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco, dictada por la Sección Tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, proceso de Walter Brenes Soto contra el Estado y la empresa Los Manantiales del Pacífico NYS Sociedad Anónima.-

 Redacta el Juez Fernández Argüello, y

CONSIDERANDO:

 I).- Para resolver, se toman en consideración las siguientes actuaciones procesales de relevancia:

 a) Que dentro del presente proceso, la Sección Tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, integrada por las Juezas Evelyn Solano Ulloa, Karen Calderón Chacón y el Juez Francisco José Chaves Torres, dictó la sentencia de primera instancia N°2025002240 de las once horas con dos minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco, que dispuso:

"POR TANTO: Se admite la prueba ofrecida para mejor resolver por parte del actor. Se rechaza la defensa de falta de derecho alegada por El Estado. Se declara con lugar la demanda interpuesta por WALTER BRENES SOTO contra LOS MANANTIALES DEL PACÍFICO N Y S S.A. y EL ESTADO. En consecuencia, se declara que en el caso particular, se dieron incumplimientos a las condiciones y términos de otorgamiento de la concesión de cauce de dominio público a favor de la empresa Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A., siendo en consecuencia, responsable ambientalmente de la degradación ambiental de la zona de la concesión. Se ordena la cancelación de la concesión de explotación de cauce de dominio público sobre el Río Naranjo dada a Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A, mediante resolución dictada por el Poder Ejecutivo N° R-097-2018-MINAE de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veintiuno de marzo del 2018. Se ordena a la sociedad codemandada, en coordinación y vigilancia del Estado por medio de sus órganos competentes, confeccionar y aplicar efectivamente, un plan remedial y de recuperación del Río Naranjo, en cuanto a la zona de la concesión otorgada, así como otras áreas aledañas, según criterio técnico de las autoridades competentes. Todo lo anterior asumiendo su costo y que se discutirá en fase de ejecución. Se ordena mantener la vigencia de la medida cautelar dictada mediante Voto N° 162-2023-I de las catorce horas cuatro minutos del 28 de abril del 2023 del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, hasta que esta decisión alcance su firmeza. Se condena a los codemandados al pago de las costas de esta acción, mismas que serán liquidadas en fase de ejecución de sentencia. Notifíquese" (imágenes 89 a 162 de este legajo)

 b) En fechas  13 y 31 de marzo siguiente respectivamente, la empresa Los Manantiales del Pacífico NYS Sociedad Anónima y el Estado, interpusieron sendos recursos extraordinarios de casación, que se encuentran en trámite ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (legajo ante la Sala Primera).

 c) El actor Walter Brenes Soto, en escrito del 26 de marzo de dos mil veinticinco, dirigido al Tribunal Contencioso Administrativo y reiterado en fechas 18 de julio, 11 de agosto y 1 de septiembre siguientes, formuló "solicitud de ampliación de medida cautelar", en la que pidió lo siguiente: "En razón de lo expuesto, con el fin de garantizar la protección del objeto del proceso hasta la ejecución de la sentencia, se solicita se ordene la suspensión INMEDIATA de las labores de la concesión en cauce de dominio público ubicada en el río Naranjo, identificada bajo el expediente minero N°7-2016 y el expediente administrativo n.° D1-11591-2013-SETENA, a nombre de Los Manantiales del Pacífico N y S S.A" (legajo del proceso principal, imágenes 130 a 144).

 d) Mediante auto de las diez horas un minuto del veintitrés de mayo de dos mil veinticinco, la Sección Tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, remitió el escrito de ampliación de medida cautelar a la Sala Primera, en los siguientes términos: "Visto (sic) la gestión presentada por la parte actora en relación con la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR, se ordena remitir los autos a La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia para que se resuelva lo que en derecho corresponda. Notifíquese (imagen 102 del principal).

 e) La Sala Primera de la Corte, en resolución N°001599-F-S1-2025 de las trece horas cuarenta y seis minutos del veintiocho de octubre de dos mil veinticinco, dispuso lo siguiente: "POR TANTO: Remítase la presente solicitud de medida cautelar al Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, para que resuelva lo que en derecho corresponda, con la debida prioridad" (legajo de los recursos de casación, imágenes 06 a 10).

  f) El expediente, con la gestión de ampliación de medida cautelar se recibió el 04 de noviembre en curso (imagen 01 del legajo del Tribunal de Apelaciones).

 II).- Tal y como se desprende del recuento anterior, con posterioridad a la sentencia de primera instancia y, durante el trámite de los recursos de casación interpuestos en su contra por ambos codemandados, el actor formuló ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, una solicitud de ampliación de medida cautelar. Esa gestión, fue remitida por dicho órgano ante la Sala Primera y ésta última, en resolución N°001599-F-S1-2025 determinó que no le corresponde conocer del asunto y lo envió a este Despacho, "... para que resuelva lo que en derecho corresponda, con la debida prioridad". Este Tribunal ha procedido a revisar cuidadosamente el asunto y en cuanto al curso que corresponde dar a este asunto, debe indicar lo siguiente:

 El trámite y resolución de las medidas cautelares formuladas dentro de los procesos de conocimiento, tanto como las solicitudes de revisión, modificación, ampliación o supresión de éstas, corresponde en primera instancia a los diversos jueces y juezas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, según el estado del proceso. Así lo dispone expresamente el Código Procesal Contencioso Administrativo en sus numerales 20, 22, 23, 24, 26, 27 28 y 29, en todos los cuales se otorga la competencia al efecto al "tribunal, el juez o la jueza respectiva", refiriéndose está muy claro a los y las integrantes del órgano ya citado. En idéntico sentido, el Reglamento Autónomo de Organización y de Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 61.1 señala que el conocimiento de las medidas cautelares -lo que incluye su ampliación, levantamiento, modificación o supresión- corresponde al "Juez tramitador" y en el numeral 73.1 relativo a la etapa de juicio, establece que compete a los jueces de juicio, "Adoptar, a instancia de parte, las medidas cautelares que estime necesarias, y ordenar de oficio, o a instancia de parte, medidas provisionalísimas y prima facie que aseguren la eficacia de la cautelar que se acoja finalmente (artículo 19 del CPCA)". En cambio, al Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, cuyas funciones en materia de apelación conoce este Tribunal de Apelaciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo VIII de la Sesión Ordinaria de Corte Plena Nº 34, celebrada el 05 de octubre del 2009, le corresponde conocer, exclusivamente en alzada, de lo resuelto por los jueces y juezas del Tribunal Contencioso Administrativo, en aquellos temas en que se admite tal recurso vertical, entre ellos los relativos a la tutela cautelar. Así se desprende de la relación de los numerales 28.2  y 30 y 133 del Código Procesal Contencioso Administrativo, así como 51 a 53 del Reglamento Autónomo de Organización y de Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda. Cabe insistir, este Tribunal de Apelaciones, por disposición legal y reglamentaria y en virtud de lo establecido por la propia Corte Suprema de Justicia al momento en que se autorizó su entrada en funcionamiento, carece de competencia para decidir cuestiones relativas a medidas cautelares en primera y única instancia, siendo su rol exclusivo conocer las apelaciones previstas legal y jurisprudencialmente dentro de los procesos contencioso administrativos o civiles de hacienda asignados a esta Jurisdicción especializada. En tal sentido, la Corte Plena fue absolutamente clara en la referida sesión N°34 del 05 de octubre de 2009, que se mantiene invariable a la fecha, cuando estableció, en el artículo VIII, punto 3), que: "(...) 3) Mientras no se apruebe la reforma legal acordada por la Corte (concentración de la Casación en la Sala y Tribunal de Apelaciones), con fundamento en el artículo 59 inciso 16), párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se autoriza el funcionamiento del Tribunal de Casación, para que ejerza únicamente sus competencias como Tribunal de Apelaciones. La Sala Primera continuaría asumiendo el conocimiento de todas las casaciones. La integración del Tribunal sería con recursos de la jurisdicción contencioso administrativa, salvo que el informe del Departamento de Planificación recomiende algo distinto" (sesión N°34-2009 de la Corte, Documento digital en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/act-1-0003-2032-0/acta).

 III).- En el caso concreto, tal y como lo indica la Sala Primera en su resolución N°001599-F-S1-2025, este Tribunal conoció de la medida cautelar solicitada dentro del presente proceso mediante voto N°162-2023-I de las catorce horas cuatro minutos del veintiocho de abril de dos mil tres. Mediante dicho auto, se resolvió un recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra lo resuelto en su oportunidad por la persona juzgadora tramitadora sobre la medida cautelar. Resulta diáfano, la intervención de este órgano en ese momento, fue exclusivamente con ocasión del recurso interpuesto y su competencia feneció justamente con el dictado del mencionado voto N°162-2023-I, pues el trámite y resolución del asunto le corresponde en primera instancia al Tribunal Contencioso Administrativo. En este momento, el proceso no se encuentra radicado ante este Tribunal, pues no hay ningún recurso de apelación pendiente. Como se indicó, ya se emitió la sentencia de fondo y están pendientes de resolver los recursos extraordinarios de casación que interpusieron los codemandados. A partir de lo expuesto se estima, para cumplir lo ordenado por la Sala Primera en concordancia con el ordenamiento procesal, esto es, para que se resuelva sin dilación sobre la ampliación de la medida cautelar solicitada, el asunto debe remitirse al tribunal a quo, dado que, resolver en primera y única instancia en esta sede, sobre la solicitud de ampliación de la medida adoptada durante el curso del proceso, no sólo excede las competencias legales de este órgano colegiado, sino que  haría nugatorio para las partes el ejercicio de su derecho a la doble instancia, previsto legalmente para la revisión de lo que se decida en su caso al respecto. Ahora bien, dado que ya la fase de tramitación finalizó, se dispone remitir la petición de ampliación de la medida cautelar, para su trámite y resolución, al Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, ello, dado que fue a éste a quien se le asignó el asunto en fase de juicio y, a quien dirigió la gestión de ampliación de la medida cautelar promovida el accionante.-

 III).- En adición a lo señalado cabe indicar, en los precedentes que se citan en la resolución N°001599-F-S1-2025 la propia Sala Primera, ante medidas cautelares formuladas en la fase de casación, dispuso remitirlas ante los órganos de primera instancia y no directamente ante el órgano de alzada, lo que resulta conteste con lo expuesto en el Considerando precedente, Así, en la resolución N°0066-S1-2016 de las 11:16 horas del 05 de febrero de 2016, se resolvió: "POR TANTO:  Se admite el recurso de casación presentado por los co-demandados, salvo los motivos de casación de índole procesal primero y cuarto, así como los de fondo primero y segundo, los cuales se rechazan de plano por informales. Se confiere traslado del recurso a la señora  MARIANA MEDRANO VALVERDE por el plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de este auto. Remítase la solicitud de medida cautelar al Juez Tramitador del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, para que resuelva lo que en derecho corresponda" (el énfasis no es del original. La resolución íntegra se puede encontrar en la siguiente dirección: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-770062).

 Asimismo, en la resolución N°255-A-S1-2016 de las 15:16 horas del 15 de marzo de 2016, que también se cita, la medida se remitió al Tribunal de primera instancia y no al de alzada, lo que se hizo en los siguientes términos:

"II.- De conformidad con lo establecido en el artículo 19 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo, las solicitudes de medidas cautelares pueden presentarse durante todo el proceso, es decir, no existe un límite temporal para ello respecto de la situación jurídica tutelable en el momento. Sin embargo, en lo que a este asunto interesa, no debe interpretarse, menos aún, darse por establecido, que corresponde a la Sala pronunciarse, en virtud de encontrarse el asunto ante esta instancia casacional. Como se ha reconocido, la tutela cautelar, componente esencial de la tutela judicial pronta y cumplida, garantiza provisionalmente, desde una doble perspectiva, la eficacia de la sentencia definitiva (objetiva) y la integridad o satisfacción anticipada y provisional de las situaciones jurídico-sustanciales (subjetiva). Por su naturaleza; instrumento del proceso principal, el conocimiento y resolución de tales solicitudes (supuesto distinto), en esencia, corresponde al juez quien inicialmente conoce del asunto (bien sea el tramitador o el ejecutor); eventualmente al conciliador, y excepcionalmente a los jueces de juicio y de casación. Es así como, de interés, en los términos del artículo 44, inciso 5) del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, a esta Cámara le corresponde adoptar y excepcionalmente ejecutar medidas cautelares “…cuando las circunstancias del caso así lo requieran”. Sin embargo, a partir de lo pretendido, e independientemente de la naturaleza del proceso y de la fase en la que se encuentra, en criterio de esta Sala, no se está ante el supuesto de excepción establecido en la norma reglamentaria. En consecuencia, lo procedente es separar la gestión del expediente y remitirla de inmediato al juez tramitador del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, quien conoció inicialmente de este asunto, para que resuelva lo que en derecho corresponda. La Secretaría de la Sala procederá conforme a lo aquí dispuesto. El expediente se mantendrá en este Despacho, en virtud del recurso de casación que ha sido interpuesto, sin perjuicio de que el juzgador de estimarlo pertinente, lo solicite ad efectum videndi" (el fallo íntegro es posible revisarlo en la dirección electrónica:  https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-770206).- 

 Finalmente, es claro que una vez resuelta en primera instancia la solicitud de ampliación referida y, en caso de plantearse recurso de apelación por parte de alguna de las partes intervinientes, el asunto deberá remitirse sin dilación a este órgano colegiado, a fin de resolver sobre dicha impugnación.-

 POR TANTO:

 De conformidad con lo dispuesto por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la resolución N°001599-F-S1-2025 de las trece horas cuarenta y seis minutos del veintiocho de octubre de dos mil veinticinco, los numerales 29 y 30 del Código Procesal Contencioso Administrativo,  51 a 53, 61.1 y 73.1 del Reglamento Autónomo de Organización y de Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda y el artículo VIII de la Sesión Ordinaria de Corte Plena Nº 34, celebrada el 05 de octubre del 2009, se dispone remitir la solicitud de ampliación de medida cautelar formulada por la parte actora, a la Sección Tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, a efecto que se le dé el trámite correspondiente y se resuelva en primera instancia, según proceda. En su oportunidad, en caso de plantearse apelación contra lo que allí se resuelva, remítanse los autos a este Despacho. (f) Hubert Fernández Argüello. Jazmín Aragón Cambronero. Paulo André Alonso Soto.

 

	


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Z1GKAXFHRMG61
HUBERT FERNANDEZ ARGUELLO - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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CXOT9QH3ZAY61
JAZMÍN ARAGÓN CAMBRONERO - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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9J47MLDMRYGY61
PAULO ANDRÉ ALONSO SOTO - JUEZ/A DECISOR/A

 

Resolución  Nº452-2025-I

Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección I.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:40:49.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Precautionary measure within proceeding No. 21-7586-1027-CA // REC. 959-TA-25

Walter Brenes Soto v. the State and another

No. 452-2025-I

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY APPEALS TRIBUNAL. FIRST SECTION. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. ANNEX A. Goicoechea, at eleven hours forty-five minutes on the fourteenth of November, two thousand twenty-five.-

Request for modification of precautionary measure, filed by the plaintiff before the First Chamber of the Supreme Court of Justice, during the pendency of the appeals in cassation (recursos de casación), filed by the co-defendants against the first-instance judgment No. 2025002240 at eleven hours two minutes on the seventh of March, two thousand twenty-five, issued by the Third Section of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, in the proceeding of Walter Brenes Soto against the State and the company Los Manantiales del Pacífico NYS Sociedad Anónima.-

Drafted by Judge Fernández Argüello, and

WHEREAS:

I).- For the purposes of this decision, the following relevant procedural actions are taken into consideration:

a) That within the present proceeding, the Third Section of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, composed of Judges Evelyn Solano Ulloa, Karen Calderón Chacón, and Judge Francisco José Chaves Torres, issued first-instance judgment No. 2025002240 at eleven hours two minutes on the seventh of March, two thousand twenty-five, which ordered:

"THEREFORE: The evidence offered by the plaintiff for better resolution is admitted. The defense of lack of right (falta de derecho) asserted by the State is rejected. The complaint filed by WALTER BRENES SOTO against LOS MANANTIALES DEL PACÍFICO N Y S S.A. and THE STATE is granted. Consequently, it is declared that in this specific case, there were breaches of the conditions and terms of the grant of the public domain watercourse concession (concesión de cauce de dominio público) in favor of the company Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A., and as a result, it is environmentally responsible for the environmental degradation of the concession area. The cancellation of the public domain watercourse exploitation concession over the Río Naranjo granted to Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A., by resolution of the Executive Branch No. R-097-2018-MINAE at fourteen hours fifty-five minutes on the twenty-first of March, 2018, is ordered. The co-defendant company is ordered, in coordination with and under the supervision of the State through its competent bodies, to prepare and effectively implement a remedial and recovery plan for the Río Naranjo, regarding the granted concession area, as well as other surrounding areas, according to the technical criteria of the competent authorities. All of the above at its own cost, to be discussed in the execution phase. The validity of the precautionary measure ordered by means of Ruling (Voto) No. 162-2023-I at fourteen hours four minutes on the 28th of April, 2023, of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Appeals Tribunal is ordered to be maintained until this decision becomes final (firmeza). The co-defendants are ordered to pay the costs (costas) of this action, which will be settled in the judgment execution phase. Notifíquese" (images 89 to 162 of this file)

b) On the 13th and 31st of the following March respectively, the company Los Manantiales del Pacífico NYS Sociedad Anónima and the State filed respective extraordinary appeals in cassation (recursos extraordinarios de casación), which are being processed before the First Chamber of the Supreme Court of Justice (file before the First Chamber).

c) The plaintiff Walter Brenes Soto, in a brief dated March 26, two thousand twenty-five, addressed to the Contentious-Administrative Tribunal and reiterated on the following 18th of July, 11th of August, and 1st of September, filed a "request for expansion of precautionary measure" (solicitud de ampliación de medida cautelar), in which he requested the following: "Based on the foregoing, in order to guarantee the protection of the subject matter of the proceeding until the execution of the judgment, it is requested that the IMMEDIATE suspension of the work of the concession on the public domain watercourse (cauce de dominio público) located on the Río Naranjo, identified under mining file (expediente minero) No. 7-2016 and administrative file No. D1-11591-2013-SETENA, in the name of Los Manantiales del Pacífico N y S S.A., be ordered" (main proceeding file, images 130 to 144).

d) By means of an order (auto) at ten hours one minute on the twenty-third of May, two thousand twenty-five, the Third Section of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal referred the brief for expansion of the precautionary measure to the First Chamber, in the following terms: "Having seen (sic) the application filed by the plaintiff regarding the REQUEST FOR EXPANSION OF PRECAUTIONARY MEASURE, the file is ordered to be referred to the First Chamber of the Supreme Court of Justice so that it may decide what is legally appropriate. Notifíquese (image 102 of the main file).

e) The First Chamber of the Court, in resolution No. 001599-F-S1-2025 at thirteen hours forty-six minutes on the twenty-eighth of October, two thousand twenty-five, ordered the following: "THEREFORE: Let the present request for a precautionary measure be referred to the Contentious-Administrative and Civil Treasury Appeals Tribunal, so that it may decide what is legally appropriate, with due priority" (file of the appeals in cassation, images 06 to 10).

f) The file, with the application for expansion of the precautionary measure, was received on November 4th of this year (image 01 of the Appeals Tribunal file).

II).- As is evident from the foregoing account, subsequent to the first-instance judgment and during the processing of the appeals in cassation (recursos de casación) filed against it by both co-defendants, the plaintiff filed a request for expansion of a precautionary measure before the Contentious-Administrative Tribunal, Third Section. This application was referred by that body to the First Chamber, and the latter, in resolution No. 001599-F-S1-2025, determined that it is not for it to hear the matter and sent it to this Office, "... so that it may decide what is legally appropriate, with due priority." This Tribunal has proceeded to carefully review the matter and, regarding the course that should be given to this matter, must state the following:

The processing and resolution of precautionary measures filed within declaratory proceedings, as well as requests for their review, modification, expansion, or suppression, corresponds in the first instance to the various judges of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, depending on the stage of the proceeding. This is expressly provided for in the Contentious-Administrative Procedural Code in its numerals 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, and 29, all of which grant jurisdiction for this purpose to the "tribunal, the respective judge," very clearly referring to the members of the aforementioned body. In the same vein, the Autonomous Regulation of Organization and Service of the Contentious-Administrative Jurisdiction, in its article 61.1, indicates that the hearing of precautionary measures—which includes their expansion, lifting, modification, or suppression—corresponds to the "Processing Judge" (Juez tramitador), and in numeral 73.1 concerning the trial phase, it establishes that it is the responsibility of the trial judges to "Adopt, at the request of a party, the precautionary measures they deem necessary, and order, ex officio or at the request of a party, provisional and prima facie measures that ensure the effectiveness of the precautionary measure ultimately granted (article 19 of the CPCA)." In contrast, the Court of Cassation of the Contentious-Administrative Jurisdiction, whose functions in matters of appeal are exercised by this Appeals Tribunal, by virtue of the provisions of article VIII of the Ordinary Session of the Full Court (Corte Plena) No. 34, held on October 5, 2009, is responsible for hearing, exclusively on appeal (alzada), the decisions of the judges of the Contentious-Administrative Tribunal on those matters in which such vertical recourse is admissible, including those relating to interim protection (tutela cautelar). This is evident from the relationship among numerals 28.2, 30, and 133 of the Contentious-Administrative Procedural Code, as well as 51 to 53 of the Autonomous Regulation of Organization and Service of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Jurisdiction. It must be reiterated that this Appeals Tribunal, by legal and regulatory provision and by virtue of what was established by the Supreme Court of Justice itself at the time its operation was authorized, lacks jurisdiction to decide matters relating to precautionary measures in a first and sole instance, its role being exclusively to hear the appeals provided for by law and jurisprudence within the contentious-administrative or civil treasury proceedings assigned to this specialized Jurisdiction. In that regard, the Full Court was absolutely clear in the aforementioned session No. 34 of October 5, 2009, which remains unchanged to date, when it established, in article VIII, point 3), that: "(...) 3) Until the legal reform agreed upon by the Court is approved (concentration of Cassation in the Chamber and Appeals Tribunal), based on article 59 subsection 16), second paragraph, of the Organic Law of the Judicial Branch (Ley Orgánica del Poder Judicial), the operation of the Court of Cassation is authorized, so that it may exercise its powers solely as an Appeals Tribunal. The First Chamber would continue to assume jurisdiction over all cassations. The integration of the Tribunal would be with resources of the contentious-administrative jurisdiction, unless the report of the Planning Department recommends something different" (session No. 34-2009 of the Court, Digital document at: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/act-1-0003-2032-0/acta).

III).- In the instant case, as indicated by the First Chamber in its resolution No. 001599-F-S1-2025, this Tribunal heard the precautionary measure requested within the present proceeding by means of ruling (voto) No. 162-2023-I at fourteen hours four minutes on the twenty-eighth of April, two thousand three. Through that order, an appeal filed by the plaintiff was resolved against what was decided at the time by the processing judge regarding the precautionary measure. It is clear that this body's intervention at that time was exclusively on the occasion of the filed appeal, and its jurisdiction ended precisely with the issuance of the aforementioned ruling (voto) No. 162-2023-I, since the processing and resolution of the matter corresponds in the first instance to the Contentious-Administrative Tribunal. At this moment, the proceeding is not pending before this Tribunal, as there is no pending appeal. As indicated, the judgment on the merits has already been issued, and the extraordinary appeals in cassation (recursos extraordinarios de casación) filed by the co-defendants are pending resolution. Based on the foregoing, it is considered that, in order to comply with the order of the First Chamber in accordance with procedural law, that is, so that the requested expansion of the precautionary measure is resolved without delay, the matter must be referred to the lower tribunal (tribunal a quo), given that deciding in a first and sole instance in this venue on the request for expansion of the measure adopted during the course of the proceeding not only exceeds the legal powers of this collegiate body but would also render nugatory for the parties the exercise of their right to a double instance (doble instancia), legally provided for the review of whatever is decided in this regard. Now, given that the processing phase has already concluded, the request for expansion of the precautionary measure is hereby ordered to be referred, for its processing and resolution, to the Contentious-Administrative Tribunal, Third Section, since it was to the latter that the matter was assigned in the trial phase, and to whom the application for expansion of the precautionary measure filed by the plaintiff was directed.-

III).- In addition to the foregoing, it is worth noting that, in the precedents cited in resolution No. 001599-F-S1-2025, the First Chamber itself, when faced with precautionary measures filed during the cassation phase, ordered their referral to the first-instance bodies and not directly to the appellate body, which is consistent with what was set forth in the preceding Considering. Thus, in resolution No. 0066-S1-2016 at 11:16 on February 5, 2016, it was resolved: "THEREFORE: The appeal in cassation filed by the co-defendants is admitted, except for the first and fourth procedural cassation grounds, as well as the first and second substantive grounds, which are rejected outright as informal. The appeal is served upon Mrs. MARIANA MEDRANO VALVERDE for a period of 10 business days counted from the notification of this order. Let the request for a precautionary measure be referred to the Processing Judge (Juez Tramitador) of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, so that they may decide what is legally appropriate" (emphasis not in original. The full resolution can be found at the following address: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-770062).

Likewise, in resolution No. 255-A-S1-2016 at 15:16 on March 15, 2016, also cited, the measure was referred to the first-instance Tribunal and not to the appellate body, which was done in the following terms:

"II.- In accordance with the provisions of article 19 subsection 1) of the Contentious-Administrative Procedural Code, requests for precautionary measures may be filed throughout the entire proceeding, that is, there is no temporal limit for doing so concerning the protectable legal situation at the time. However, for the purposes of this matter, it should not be interpreted, much less established, that it falls to the Chamber to rule, by virtue of the matter being before this cassation instance. As has been recognized, interim protection (tutela cautelar), an essential component of prompt and effective judicial protection, provisionally guarantees, from a dual perspective, the effectiveness of the final judgment (objective) and the integrity or provisional and anticipatory satisfaction of the substantive legal situations (subjective). By its nature; an instrument of the main proceeding, the hearing and resolution of such requests (a different scenario), in essence, corresponds to the judge who initially hears the matter (either the processing or executing judge); eventually to the conciliator, and exceptionally to the trial and cassation judges. Thus, of interest, under the terms of article 44, subsection 5) of the Autonomous Regulation of Organization and Service of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Jurisdiction, this Chamber is responsible for adopting and exceptionally executing precautionary measures '... when the circumstances of the case so require'. However, based on what is sought, and regardless of the nature of the proceeding and the phase in which it finds itself, in the opinion of this Chamber, this is not a case of the exception established in the regulatory norm. Consequently, the appropriate course is to separate the application from the file and immediately refer it to the processing judge of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, who initially heard this matter, so that they may decide what is legally appropriate. The Chamber's Secretariat shall proceed in accordance with what is hereby ordered. The file will remain in this Office, by virtue of the appeal in cassation that has been filed, without prejudice to the judge, if deemed pertinent, requesting it ad effectum videndi" (the full ruling can be reviewed at the electronic address: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-770206).-

Finally, it is clear that once the referred request for expansion has been resolved in the first instance, and should an appeal be filed by any of the intervening parties, the matter must be referred without delay to this collegiate body, for the purpose of resolving said challenge.-

THEREFORE:

In accordance with the provisions of the First Chamber of the Supreme Court of Justice in resolution No. 001599-F-S1-2025 at thirteen hours forty-six minutes on the twenty-eighth of October, two thousand twenty-five, numerals 29 and 30 of the Contentious-Administrative Procedural Code, 51 to 53, 61.1, and 73.1 of the Autonomous Regulation of Organization and Service of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Jurisdiction, and article VIII of the Ordinary Session of the Full Court (Corte Plena) No. 34, held on October 5, 2009, it is ordered that the request for expansion of the precautionary measure filed by the plaintiff be referred to the Third Section of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, so that the corresponding processing may be given and it may be resolved in the first instance, as appropriate. In due course, should an appeal be filed against what is resolved therein, the file shall be referred to this Office. (f) Hubert Fernández Argüello. Jazmín Aragón Cambronero. Paulo André Alonso Soto.