Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)De la revisión, de las anteriores explicaciones se denota que estas son muy generales y no se acude al documento original, plasmado a folios 1557 y siguientes del expediente electrónico para revisarlo a profundidad, ni se confronta esta prueba con la de cargo. El informe, que se menciona en el apartado anterior, es emitido por el biólogo y consultor ambiental Isaac Alonso Baldizón Fernández, e independientemente se comparta lo que se consigna en este, no basta con afirmar que sus argumentos son subjetivos sino que debe explicarse por qué ello es así. [...] Al respecto, en la resolución número 2025-370 de este mismo Tribunal, con diversa integración, a las siete horas con cincuenta minutos del veinticuatro de julio del dos mil veinticinco, se desarrollaron las siguientes consideraciones, que esta mayoría considera aplicables al presente caso: “Esto lo que significa es que sin el afán de invisibilizar el daño ambiental que pudiera vincularse con los hechos objeto de esta causa penal - y civil -, lo cierto es que no siempre la restitución a su estado original es una decisión que deba adoptarse, pues los cambios generados en un sitio, por la razón que sea, pueden determinar que al final del día una restitución forzosamente dispuesta, pudiera generar mucho más daño al ecosistema de un lugar, máxime que en casos como este donde han pasado poco más de dos décadas desde que supuestamente tuvo lugar el delito ambiental, es razonable estimar que la naturaleza se ha ido adaptando a la nueva configuración de las estructuras existentes, pudiendo ser lo más conveniente no ordenar la restitución."
English (translation)From the review, it is evident that the above explanations are very general and do not refer to the original document recorded at pages 1557 and following of the electronic file to examine it in depth, nor is this evidence confronted with the prosecution's evidence. The report mentioned in the previous section was issued by the biologist and environmental consultant Isaac Alonso Baldizón Fernández, and regardless of whether one agrees with its content, it is not enough to assert that its arguments are subjective; it must be explained why this is so. [...] In this regard, in Resolution No. 2025-370 of this same Tribunal, with a different panel, at seven hours fifty minutes on July twenty-fourth, two thousand twenty-five, the following considerations were developed, which this majority considers applicable to the present case: “This means that, without aiming to make invisible the environmental damage that could be linked to the facts of this criminal - and civil - case, the truth is that restitution to its original state is not always a decision that must be adopted, since the changes generated in a site, for whatever reason, may determine that, at the end of the day, a forcibly ordered restitution could generate much more damage to the ecosystem of a place, especially in cases like this where more than two decades have passed since the environmental crime allegedly took place, it is reasonable to consider that nature has been adapting to the new configuration of existing structures, and it may be more appropriate not to order restitution."
Annuled by majority
Grande Normal Pequeña Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago Resolución Nº 00576 - 2025 Fecha de la Resolución: 26 de Noviembre del 2025 a las 13:30 Expediente: 13-200145-0634-PE Redactado por: Susana Wittmann Stengel Clase de asunto: Recurso de apelación Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencia con Voto Salvado Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: Derecho Penal Tema: Invasión de área de conservación o protección Subtemas: Obligación de reparación cuando se constata afectación a cuerpos de agua ubicados en propiedad privada. Prevalencia de inspecciones técnicas reiteradas realizadas por autoridad competente frente a peritaje de parte. Tema: Daño ambiental Subtemas: Obligación de reparación cuando se constata afectación a cuerpos de agua ubicados en propiedad privada. Prevalencia de inspecciones técnicas reiteradas realizadas por autoridad competente frente a peritaje de parte. Tema: Valoración de la prueba en materia penal Subtemas: Prevalencia de inspecciones técnicas reiteradas realizadas por autoridad competente frente a peritaje de parte. "[...] IV. Voto salvado de la jueza Sancho González. [...] Según la Ley de Aguas n° 276 del 27 de agosto de 1942 y el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ambiente número 7594, el agua y los cauces por los que esta discurre son de dominio público, independientemente de dónde se encuentren (terrenos del Estado o propiedades privadas) dado que existe un interés superior en proteger el recurso hídrico como parte integrante del derecho a un ambiente ecológicamente sano y al derecho al agua específicamente, como una necesidad humana que el Estado debe garantizar siendo considerada un derecho humano de tercera generación, esto a partir de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 04 de diciembre de 1986. Así, dispone el artículo 1º de la Ley de Aguas: “Son aguas del dominio público: IV.- Las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, arroyos o manantiales desde el punto en que broten las primeras aguas permanentes hasta su desembocadura en el mar o lagos, lagunas o esteros”; por su parte, el artículo 2 establece: “[l]as aguas enumeradas en el artículo anterior son de propiedad nacional” mientras que la Ley Orgánica del Ambiente dispone en su artículo 50: “El agua es de dominio público, su conservación y uso sostenible son de interés social”. No hay duda, entonces, de que toda fuente de agua es de dominio público, así se encuentren en terrenos propiedad de particulares. Al respecto, ha indicado la Sala Constitucional: “De tal manera, es claro que la consideración del agua como recurso esencial y derecho fundamental, conlleva la necesaria protección de sus fuentes y de las áreas de captación, donde se consideran desde los mantos acuíferos subterráneos y superficiales, así como las nacientes, pozos y demás áreas desde las que se ubica y dispone del recurso hídrico” (ver resolución n.°9221 de las 11:41 horas del 22 de mayo de 2019). Se reclamó por quien apela que existe un informe emitido por un perito aportado por [...] R.L. que cuestionó los hallazgos de las inspecciones realizadas por el SINAC que no fue considerado en la decisión que se cuestiona, sin embargo, este fue analizado por la jueza de instancia y la principal conclusión a la que llega en la sentencia es a que, pese a lo estipulado en dicho documento, en efecto, legalmente se encuentra definido el ámbito de protección de los cuerpos de agua y, así la empresa interesada cuente con permisos otorgados para el aprovechamiento de aguas superficiales o para el desarrollo de actividad ganadera (lo que no se cuestiona), ello debe ser ejecutado bajo parámetros de observancia de los límites establecidos por la ley misma.[...]" ... Ver más Otras Referencias: Ley de Aguas n° 276 del 27 de agosto de 1942Declaración sobre el Derecho al Desarrollo adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 04 de diciembre de 1986 Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Texto de la resolución Documento PJEDITOR 1 ???????????????? Expediente: 13-200145-0634-PE Contra: [Nombre 001] Delito: Infracción Ley Forestal Ofendido: Los Recursos Naturales Res: 2025-576 Exp: 13-200145-0634-PE Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera. A las trece horas con treinta minutos del veintiséis de noviembre del dos mil veinticinco. Causa penal 13-200145-0634-PE en la que figura como tercero interesado la empresa [...], Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica [Valor 003], representada por [Nombre 004], cédula [Valor 002], ubicada en [...]; por el delito de INVASIÓN A UN ÁREA DE CONSERVACIÓN O PROTECCIÓN en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Integran el Tribunal las juezas Susana Wittmann Stengel, Maureen Sancho González y Xiomara Gutiérrez Cruz. Se apersonó en sede de apelación el M.S.c. José Lino Chaves López y el representante legal de la empresa [...], [Nombre 004], así como la licenciada Viviana Brenes Delgado, procuradora de la Procuraduría General de la República y el licenciado Julián Martínez Madriz en representación de la Fiscalía Adjunta de Impugnaciones del Ministerio Público RESULTANDO: I.- Que mediante la sentencia número 10-2025 de las catorce horas dos minutos del trece de enero del año dos mil veinticinco; el TRIBUNAL DE JUICIO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR, SEDE PÉREZ ZELEDÓN: "POR TANTO: De conformidad con el numeral 103 del Código Penal, artículos 98, 99, 100 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente 7554, artículo 5 de la Ley Forestal 7575, artículo 11, 45 y 50 de la Constitución Política, artículo 52 y 55 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de los Suelos N.º 7779, artículo 8 de la Ley de Biodiversidad, artículo 6, 184, 142, 175 a 179, 341 a 365, se resuelve; SE ORDENA LA RESTITUCIÓN DE LAS COSAS A SU ESTADO ORIGINAL en la finca número [Valor 005], ubicada en la localidad de [...], propiedad de [...], Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica [Valor 003], representada por [Nombre 004], cédula [Valor 002]. La restitución de las cosas al estado anterior se ordena en los siguientes términos: Eliminación de alcantarillas y sistema de captación de agua ubicadas en la quebrada, en cuanto a los dos cuerpos de agua (la quebrada y la naciente) delimitar las áreas de protección con cercas conforme lo establece la ley y eliminar de dichas áreas estructuras y trochas o caminos que estén invadiendo la zona de protección, así como el ganado deberá salir de las áreas de protección, se debe eliminar el zacate brizanta, esto mediante arado, lo cual se realizará de manera mecánica, se deberá dejar en esa zona donde se elimine el zacate mejorado, regenerar el suelo naturalmente. Con ocasión de la resolución R-2800-2024-AGUAS-MINAE, en la cual se ordenó la colocación de una válvula en la naciente para asegurar la derivación del caudal, se ordena verificar su instalación. Se le otorga a la empresa [...], SRL, el plazo de tres meses después de notificada la presente sentencia para que proceda con lo ordenado por este Tribunal en la presente sentencia, lo cual se deberá realizar bajo supervisión del Ministerio de Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación La Amistad Pacífico Subregión de Buenos Aires, a quienes se ordena comunicar esta resolución. Asimismo, se ordena al Ministerio de Ambiente y Energía, SINAC, realizar la inspección y rendir el informe a fin de constatar el cumplimento de lo ordenado en la presente sentencia. Notifíquese mediante lectura. NOTIFÍQUESE MEDIANTE LECTURA. SONIA HUEZO HERRERA. Jueza de Juicio." (sic) II.- Que contra el fallo indicado, el M.S.c. José Lino Chaves López y el representante legal de la empresa [...], [Nombre 004], interpusieron recursos de apelación. III.- Mediante resolución de las 19:09 horas del 17 de febrero de 2025, el Tribunal del I Circuito Judicial de la Zona Sur (penal), emplazó a las partes acerca de los recursos de apelación interpuestos. IV.- Realizada la deliberación de ley según lo dispuesto en el numeral 465 del Código Procesal Penal, esta cámara se planteó las cuestiones formuladas en el recurso. V.- En los procedimientos se han observado las formalidades y prescripciones de ley. Redacta la Jueza de Apelación de Sentencia Wittmann Stengel; CONSIDERANDO: I.- Admisibilidad. En relación con los recursos de apelación interpuestos, mediante la resolución de admisibilidad número 2025-269 de las diez horas treinta minutos del treinta de mayo de dos mil veinticinco, dictada por esta misma integración, se admitieron para su estudio de fondo, únicamente, los recursos de apelación interpuestos por el representante legal de la sociedad [...], Sociedad de Responsabilidad Limitada, [Nombre 004] y del M.S.c. José Lino Chaves López. II.- Acerca de la vista señalada en esta causa. En esta sede se realizó la vista programada con la intervención del licenciado José Lino Chaves, en representación del tercero interesado [Nombre 004], quien también participó en dicha diligencia judicial, así como la licenciada Viviana Brenes Delgado, procuradora de la Procuraduría General de la República y el licenciado Julián Martínez Madriz en representación de la Fiscalía Adjunta de Impugnaciones del Ministerio Público. Los recurrentes mencionaron los mismos alegatos descritos en sus recursos de apelación y solicitaron la anulación de la sentencia impugnada, petición de la cual se pidió su rechazo por parte del representante del Ministerio Público y de la procuradora de la Procuraduría General de la República. III.- Acerca de los recursos de apelación incoados. En contra de la sentencia número 10-2025 de las 14:02 horas del 13 de enero de 2025 del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Pérez Zeledón, en la que se ordena la restitución de las cosas a su estado original en la finca número [Valor 005], propiedad de [...], Sociedad de Responsabilidad Limitada, en libelos idénticos, se interpusieron dos recursos de apelación por parte del MSc. José Lino Chaves López y del señor [Nombre 004] como representante de la sociedad [...], Sociedad de Responsabilidad Limitada. Entre sus alegatos, cuestionaron los siguientes aspectos: la incorrecta citación y participación de la Sociedad [...], Sociedad de Responsabilidad Limitada en este asunto, la errónea aplicación de la figura de tercero interesado, la falta de litisconsorcio pasivo necesario, violación al debido proceso acerca del manejo que se ha dado en este expediente, la violación al derecho de defensa por no haber podido presentar oportunamente la prueba de descargo oportuna, la violación al derecho de audiencia por no haberse acogido el dictamen médico del tercero interesado para suspender una audiencia programada en este asunto, la falta de fundamentación de la responsabilidad subjetiva u objetiva penal, la indebida fundamentación de la sentencia, la no apreciación de la prueba, la desigualdad entre las partes, la inaplicabilidad del artículo 140 del Código Penal, además, que la sentencia es ultra petita, razones por las cuales se pide la anulación de la sentencia impugnada y por economía procesal se desestime la petición de la Procuraduría General de la República y se archive esta causa. Por voto de mayoría (juezas Wittmann Stengel y Gutiérrez Cruz), se declara con lugar el reclamo establecido por falta de fundamentación de la sentencia impugnada. Para efectos de resolver lo pertinente, se ha considerado necesario estructurar esta resolución de la siguiente manera: i) Antecedentes: a) En esta causa se dictó la sentencia número 62-2021, de las dieciséis horas diez minutos del cinco de febrero de dos mil veintiuno. En la misma se resolvió lo siguiente: “De conformidad con lo expuesto, normas citadas, artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 1, 11, 30, 45, 367 del Código Penal, y numerales 1, 2, 6, 8, 9, 111 a 124, 142, 265 a 270, 341 a 366 del Código Procesal Penal; artículo 58 inciso A de la Ley Forestal; 73.2 del Código Procesal Civil, este Tribunal resuelve ABSOLVER de toda pena y responsabilidad al imputado [Nombre 001], en cuanto a un delito de Invasión a Área de Protección, que le venía atribuyendo el Ministerio Público y la Procuraduría General en la República en calidad de Querellante, en perjuicio de Los Recursos Naturales. Se ordena el levantamiento de toda medida cautelar que se haya dictado en contra de la aquí imputada en la presente causa. Se declara SIN LUGAR la Acción Civil Resarcitoria interpuesta por la Procuraduría General de la República, en contra de la demandada civil ([Nombre 004]). Se resuelve sin especial condena en costas en cuanto a la Acción Civil Resarcitoria. Son los gastos del proceso a cargo del Estado. De conformidad con el artículo 140 del Código Procesal Penal, se ordena la restitución de las cosas a su estado original en cuanto a la trocha y las alcantarillas, y la estructuras y construcciones dentro del área de protección, de la finca número [Valor 005], ubicada en la localidad de [...], propiedad de [...], Sociedad de Responsabilidad Limitada. Se le otorga el plazo de tres meses después de notificada la presente sentencia al Representante Judicial de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, [...], SRL, para que proceda con el derribo de las seis alcantarillas, así como la estructuras y construcciones dentro del área de protección. Asimismo, se ordena al Ministerio de Ambiente y Energía, SINAC, realizar la inspección y rendir el informe a fin de constatar el cumplimento de lo ordenado en la presente sentencia. Notifíquese mediante lectura.” En dicha resolución, de conformidad con lo establecido en el ordinal 363 inciso a) del Código Procesal Penal, se indicó que los hechos objeto de ese juicio (acusados) fueron los siguientes: « I.- El Ministerio Público de ésta ciudad, formuló acusación por los siguientes hechos: “1.- El día veintiséis de diciembre del año dos mil doce, en horas de la tarde, en la localidad de [...], en una finca propiedad del señor [Nombre 004], el acusado [Nombre 001] en calidad del encargado de la finca y hermano del propietario; en asocio de otro sujeto no identificado procedieron actuando de común acuerdo y mediante la utilización de maquinaria pesada, a invadir el área de protección de una naciente permanente, cuerpo de agua que luego origina una quebrada. El tal efecto, el imputado ([Nombre 004]) giraba instrucciones verbales sobre el área a trabajar al encartado no identificado, quien operaba un tractor de oruga color amarillo, marca CASE y realizaba cortes con la pala del tractor y removía la tierra en el área de protección del cuerpo de agua supra indicado, estando a una distancia de treinta y cinco aproximadamente del cauce de la naciente permanente, esto con el afán de construir una trocha en el sitio y lograr el pastoreo y abrevadero de ganado vacuno”. Asimismo, la Procuraduría instó querella por delito de acción pública por los siguientes hechos: "PRIMERO: El día veintiséis de diciembre del año dos mil doce, en horas de la tarde, en la localidad de [...], en la finca número [Valor 005] propiedad de [...], Sociedad de Responsabilidad Limitada, representada judicialmente por el señor [Nombre 004], el acusado [Nombre 001], en calidad de encargado de la finca y hermano del propietario; en asocio de otro sujeto no identificado procedieron actuando de común acuerdo y mediante la utilización de maquinaria pesada, a invadir el área de protección de una naciente permanente, cuerpo de agua que luego origina una quebrada. El tal efecto el imputado [Nombre 001] giraba instrucciones verbales sobre el área a trabajar al encartado no identificado, quien operaba un tracto oruga color amarillo, marca CASE y realizaba cortes con la pala del tractor y removía la tierra en el área de protección del cuerpo de agua supra indicado, estando a una distancia de treinta y cinco metros aproximadamente del cauce de la naciente permanente, esto con el afán de construir una trocha en el sitio y lograr el pastoreo y abrevadero de ganado vacuno. SEGUNDO: El acusado [Nombre 001] no contaba con los permisos de la administración forestal del Estado para realizar trabajos de construcción de obras y actividades de pastoreo de ganado vacuno, en áreas de protección en [...]. TERCERO: Es claro que el actuar ilícito perpetrado por el acusado [Nombre 001] produjo un grave daño ambiental, ya que causó la afectación del área de protección de una naciente permanente deteriorando con ello ese recurso y su recuperación, tales como el costo de oportunidad de crecimiento de la vegetación, perdida de la biodiversidad y costo de reposición, entre otros. Menoscabando con ello, los recursos naturales existentes en el área, lo que incide en la actividad biológica imperante en la localidad de los hechos causando no sólo perjuicio al medio ambiente, sino también, un insostenible deterioro de la calidad de vida". De igual forma, se interpuso acción civil resarcitoria con fundamento en los siguientes hechos de interés: "PRIMERO: El día veintiséis de diciembre del año dos mil doce, en horas de la tarde, en la localidad de [...], en la finca número [Valor 005] propiedad de [...], Sociedad de Responsabilidad Limitada, representada judicialmente por el señor [Nombre 004], el acusado [Nombre 001], en calidad de encargado de la finca y hermano del propietario; en asocio de otro sujeto no identificado procedieron actuando de común acuerdo y mediante la utilización de maquinaria pesada, a invadir el área de protección de una naciente permanente, cuerpo de agua que luego origina una quebrada. El tal efecto el imputado [Nombre 001] giraba instrucciones verbales sobre el área a trabajar al encartado no identificado, quien operaba un tracto oruga color amarillo, marca CASE y realizaba cortes con la pala del tractor y removía la tierra en el área de protección del cuerpo de agua supra indicado, estando a una distancia de treinta y cinco metros aproximadamente del cauce de la naciente permanente, esto con el afán de construir una trocha en el sitio y lograr el pastoreo y abrevadero de ganado vacuno. SEGUNDO: El acusado [Nombre 001] no contaba con los permisos de la administración forestal del Estado para realizar trabajos de construcción de obras y actividades de pastoreo de ganado vacuno, en áreas de protección en [...]. TERCERO: Es claro que el actuar ilícito perpetrado por el acusado [Nombre 001] produjo un grave daño ambiental, ya que causó la afectación del área de protección de una naciente permanente deteriorando con ello ese recurso y su recuperación, tales como el costo de oportunidad de crecimiento de la vegetación, perdida de la biodiversidad y costo de reposición, entre otros. Menoscabando con ello, los recursos naturales existentes en el área, lo que incide en la actividad biológica imperante en la localidad de los hechos causando no sólo perjuicio al medio ambiente, sino también, un insostenible deterioro de la calidad de vida ». También, en este fallo, el tribunal de juicio estableció que ningún hecho de relevancia quedó demostrado. b) El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, con diferente integración (Fernández Mora, Carranza Cambronero y Fallas Redondo), al haberse interpuesto recurso de apelación contra la sentencia antes indicada, lo acogió parcialmente y determinó el reenvío únicamente para que se discutiera el tema referente a la restitución de las cosas a su estado natural, como se determina de la parte dispositiva: “Se declara sin lugar el recurso de apelación incoado por la representante del Ministerio Público, así como los motivos primero y segundo del recurso planteado por la Procuraduría General de la República. De manera oficiosa se declara la extinción de la acción penal por prescripción y se confirma la absolutoria del imputado por los hechos que se le han atribuido en este proceso. El juez Fernández Mora pone nota. Se declara con lugar el recurso de apelación incoado por la defensa del demandado civil, así como el tercer motivo de impugnación incoado por el representante de la Procuraduría General de la República, se dispone la ineficacia parcial del fallo y se ordena la realización de un juicio de reenvío, únicamente para que se discuta lo concerniente a la restitución de las cosas a su estado natural que se dispuso en sentencia. El juez Fallas Redondo salva parcialmente su voto” (la letra en negrita es propia). c) Debido al reenvío ordenado, se realizó un nuevo debate y se dictó la sentencia número 10-2025 del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Pérez Zeledón, de las catorce horas dos minutos del trece de enero de dos mil veinticinco, objeto de impugnación ante esta integración. De interés, de dicho fallo debe destacarse los siguientes aspectos: i) en el resultando primero se indicó lo siguiente: “I. Que mediante resolución de las catorce horas dos minutos del veintinueve de abril del dos mil veintiuno del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago se ordenó juicio de reenvío en la presente causa únicamente para que se discuta lo concerniente a la restitución de las cosas a su estado natural”. ii) Además, en el considerando tercero, se establecieron como hechos probados los siguientes: “Que la finca número 6-[Valor 005]-000 es propiedad de [...] Responsabilidad Limitada, cédula jurídica [Valor 003], representada por [Nombre 004], cédula [Valor 002], misma que se ubica en la localidad de [...], lugar en donde el veintiséis de diciembre del 2012 realizaron trabajos que ocasionaron un daño ambiental en el lugar, siendo que utilizaron un tractor de uruga, el cual removía tierra con el objetivo de construir una trocha, específicamente se colocaron alcantarillas en la quebrada y se sembró pasto de especie brizanto que no es originario de la zona, acciones que ocasionaron que se invadieran las áreas de protección de dos cuerpos de agua, a saber una naciente y una quebrada” (la letra en negrita no es del texto original). iii) En la parte dispositiva se dispuso que: “De conformidad con el numeral 103 del Código Penal, artículos 98, 99, 100 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente 7554, artículo 5 de la Ley Forestal 7575, artículom11, 45 y 50 de la Constitución Política, artículo 52 y 55 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de los Suelos N.º 7779, artículo 8 de la Ley de Biodiversidad, artículo 6, 184, 142, 175 a 179, 341 a 365, se resuelve; SE ORDENA LA RESTITUCIÓN DE LAS COSAS A SU ESTADO ORIGINAL en la finca número [Valor 005], ubicada en la localidad de [...], propiedad de [...], Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica [Valor 003], representada por [Nombre 004], cédula [Valor 002]. La restitución de las cosas al estado anterior se ordena en los siguientes términos: Eliminación de alcantarillas y sistema de captación de agua ubicadas en la quebrada, en cuanto a los dos cuerpos de agua (la quebrada y la naciente) delimitar las marcas de protección con cercas conforme lo establece la ley y eliminar de dichas áreas estructuras y trochas o caminos que estén invadiendo la zona de protección, así como el ganado deberá salir de las áreas de protección, se debe eliminar el zacate brizanto, esto mediante arado, lo cual se realizará de manera mecánica, se deberá dejar en esa zona donde se elimine el zacate mejorado, regenerar el suelo naturalmente. Con ocasión de la resolución R-2800-2024-AGUAS-MINAE, en la cual se ordenó la colocación de una válvula en la naciente para asegurar la derivación del caudal, se ordena verificar su instalación. Se le otorga a la empresa [...], SRL, el plazo de tres meses después de notificada la presente sentencia para que proceda con lo ordenado por este Tribunal en la presente sentencia, lo cual se deberá realizar bajo supervisión del Ministerio de Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación La Amistad Pacífico Subregión de Buenos Aires, a quienes se ordena comunicar esta resolución. Asimismo, se ordena al Ministerio de Ambiente y Energía, SINAC, realizar la inspección y rendir el informe a fin de constatar el cumplimento de lo ordenado en la presente sentencia. Notifíquese mediante lectura. NOTIFÍQUESE MEDIANTE LECTURA.” d) Por el fondo: Aunque los recurrentes interpusieron diferentes motivos en los cuales objetan la restitución ordenada en la sentencia impugnada número 10-2025 del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Pérez Zeledón, de las catorce horas dos minutos del trece de enero de dos mil veinticinco, este Tribunal no va a conocer la totalidad de estos, ya que, se ha constatado por las juezas que dictan el voto de mayoría, tal y como ha sido planteado por los apelantes, que el fallo carece de una adecuada motivación probatoria intelectiva de las probanzas incorporadas en el plenario y ofrecidas por los recurrentes (el tercero interesado y su abogado). Al respecto, resulta necesario aclarar, de previo, que la figura del tercero interesado no se encuentra establecida, de manera específica en el Código Procesal Penal, sin embargo, la jurisprudencia nacional, tanto de la Sala Constitucional como de la Sala Tercera, la han reconocido como una forma especial de intervención en el proceso penal, lo que implica que las personas que ostenten un derecho sobre un bien, ya sea inmueble o mueble, que sea objeto de un proceso penal, en el cual se pueda dar una afectación al derecho real que tienen sobre este, tienen la posibilidad de ejercer los derechos que la normativa procesal fija para otros intervinientes, que van desde poder ser escuchados durante el proceso, contar con un patrocinio letrado para la defensa de sus intereses, ofrecer pruebas hasta presentar alegatos que deber ser considerados por quienes juzgan. Ahora bien, estas facultades traen aparejadas a que el tercero interesado en un proceso penal tiene el derecho a que la sentencia esté bien fundamentada y a un proceso justo, aunque su papel sea diferente al de la persona acusada o de la víctima. El deber de fundamentar es insoslayable al debido proceso y a principios fundamentales del derecho penal, que fijan que las decisiones judiciales deben estar basadas en la ley y en pruebas sólidas, pues caso contrario el fallo puede ser anulado si los intereses de ese tercero se ven afectados sin el debido razonamiento, lo que permite interponer los recursos previstos en la ley para defender su postura. Al respecto, la Sala Constitucional, en diversas resoluciones, ha reiterado que la falta de fundamentación constituye una violación al debido proceso (vid., a modo de ejemplo, el voto 3917-97, que cita numerosos votos sobre el tema). Del mismo modo, en el artículo 142 del Código Procesal Penal se estipula que: "Las sentencias y los autos contendrán una fundamentación clara y precisa. En ella se expresarán los razonamientos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones, así como el valor otorgado a los medios de prueba. La simple relación de las pruebas o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazará, en ningún caso, la fundamentación. Será insuficiente cuando se utilicen formularios, afirmaciones dogmáticas, frases rutinarias, la simple descripción de los hechos o la sola mención de los elementos de prueba. No existe fundamentación cuando se hayan inobservado las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo. Los autos y las sentencias sin fundamentación serán ineficaces”. Asimismo, el ordinal 361 del cuerpo legal citado preceptúa que: "El tribunal apreciará las pruebas producidas durante el juicio, de un modo integral y con estricta aplicación de las reglas de la sana crítica. Los jueces deliberarán y votarán respecto de las cuestiones y seguirán en lo posible el siguiente orden: … d) La restitución y las costas…” Ahora bien, al revisar la fundamentación del fallo impugnado se denota que, en este, la prueba que fue presentada por el tercero interesado y que se incorporó al plenario fue valorada de manera lacónica, como se verá más adelante, pues no basta con citarla y realizar afirmaciones generales, sino que debe explicarse, de manera minuciosa, por qué los argumentos alegados por el tercero interesado no permiten descartar su obligación de reparar el daño ambiental acusado o también debe definirse hasta dónde debe darse esa restitución. Debe apuntarse que la restitución ambiental no debe prevaler sobre el debido proceso. Si bien resulta fundamental proteger el medio ambiente, que es un derecho fundamental y un objetivo prioritario del Estado que va dirigido a buscar su restauración, no puede dejarse de lado que el tercero civil tiene un interés subjetivo por la forma en la cual se resolverá el asunto y de ahí deviene que deben respetarse sus derechos fundamentales, como la posibilidad de contar con un juicio justo, que es parte intrínseca del debido proceso. La Constitución Política y los tratados internacionales garantizan ambos derechos y debe prevalecer un equilibrio entre la protección ambiental y los derechos de las personas y las garantías procesales en este caso del tercero interesado. En el fallo recurrido, en el considerando cuarto denominado “Sobre el fondo del asunto,” se indica cuál fue la prueba que sirvió de base para dicha decisión. En ese sentido, para poder determinar el vicio del cual se ha hecho mención (motivación insuficiente), se ha considerado necesario realizar un recuento de esas probanzas que tuvo como base el a quo para acoger la solicitud de restitución gestionada por los órganos acusadores, luego se detallará los cuestionamientos que realizó de la prueba aportada por el tercero interesado y posteriormente se hará la exposición acerca de cuáles son las deficiencias de lo resuelto, por lo que se ha considerado necesario establecer los siguientes acápites: i) Acerca del análisis de la prueba de cargo. El tribunal sentenciador llega a la conclusión de que en la finca número [Valor 005], propiedad de la sociedad denominada [...] Responsabilidad Limitada, el 26 de diciembre del año 2012 se hicieron una serie de trabajos en detrimento del ambiente, al darse el uso de un tractor de oruga, con el cual se removió tierra para construir una trocha y se dio la invasión de un área de protección de una naciente permanente y de una quebrada, en la cual se hizo la colocación de varias alcantarillas, elementos que se indica que para la época del debate aún se mantenían en la zona y que afectan el ambiente, al igual que un pasto brizanto que se sembró, por lo que estas situaciones son las que obligan a ordenar la restitución de las cosas al estado anterior, aclarando que resulta innecesario el que se demuestre la participación de alguna persona o sociedad, dado que en el juicio pasado se absolvió en lo penal y se declaró sin lugar la acción civil, por la obligación legal de proteger al medio ambiente (se cita normativa y jurisprudencia relevante al respecto). Entre los elementos probatorios que fueron tomados en cuenta, se citan los testimonios de funcionarios del SINAC, específicamente los de [Nombre 021] y [Nombre 022], de quienes se expone que ellos narraron que la afectación ambiental en la finca de interés aún se mantiene. En lo que interesa la persona juzgadora desarrolló la siguiente explicación: “al día de hoy, trece años después de que se constató por primera vez el daño ambiental en dicho sitio, la afectación ambiental sigue siendo palpable y por lo mismos factores que en aquella ocasión se identificaron, al respecto ambos testigos fueron congruentes en señalar de manera clara y precisa los factores que han ocasionado este daño, los cuales fueron producidos por conductas humanas, pues a ambos que les consta que el día 26 de diciembre mientras realizaban un recorrido en la localidad de [...], en la finca [...], había un camión parqueado en calle pública y constataron la apertura de una trocha, lo cual motivó que ambos ingresaran al sitio con la finalidad de corroborar las condiciones del lugar, ubicando en ese momento un tractor de uruga haciendo la apertura de dicha trocha, afirman que éste había pasado por un cuerpo de agua y que se ubicaba dentro del área de protección, que en esa ocasión además se ubicó en la propiedad una naciente permanente, que se encontraba a tan solo treinta y cinco metros de la trocha en mención. Afirman que esta propiedad ya la habían visitado antes de este veintiséis de diciembre de 2012 y conocían que esa trocha no existía, sino que lo había era un trillo por donde se desplazaban caballos y personas, y finalmente constataron la presencia de pasto brizanta el cual no es originario de la zona, el cual se encuentra sembrado en las áreas de protección. De modo que fue posible en aquella ocasión establecer con claridad los factores que determinaban el daño ambiental en el sitio; en cuanto a la invasión de las áreas de protección de los cuerpos de agua, en el caso de la quebrada se invadió en ambos lados, esto con ocasión de la trocha que la atraviesa, donde además se constató la colocación de alcantarillas en el cauce y la presencia de ganado, todo lo cual se consignó en el informe N.ACLA-P-SRBA-191 que se encuentra visible a folios 164 a 167 del escritorio virtual, asimismo consta que en aquella ocasión también se decomisó un tractor de oruga, esto mediante acta N.3670, la cual es visible a folio 168 del expediente virtual, elementos de prueba que respaldan en un todo el dicho de ambos testigos”. Asimismo, se especifica que dos años después del 26 de diciembre de 2012, se determinó la realización de nuevas obras sin permiso, de acuerdo con el oficio SINAC-ACLA-P-SRBA-365-2015, tales como: “la construcción de un pozo sobre la naciente, la colocación de seis alcantarillas sobre un cuerpo de agua y la construcción de cerca de alambre de púas, lo cual se desprende de los informes SINAC-ACLA-P-SRBA-294-14, SINAC-ACLA-P-SRBA-406-2015 y SINAC-ACLA-P-388-14, mismos que se encuentran visible a folios 173 a 180, 220 A 222 y 273 A 274 del expediente virtual.” Con la información que consta en estos documentos, concluye el a quo que desde el año 2012 se ha dado la realización de una serie de obras en detrimento del ambiente y que la trocha no resulta cierto que haya existido desde antes, como lo externó el declarante ([Nombre 001]) y su apoderado judicial, dado que toma en cuenta que los testigos hicieron referencia que conocían la zona desde antes. También se menciona en la sentencia que el apoderado judicial hizo referencia a una confusión que se da de los cuerpos de agua que hay en el lugar de los hechos y se descarta tal confusión, debido a que hay inspecciones desde 2012 que han sido documentadas en el expediente y, nuevamente, se menciona a los funcionarios [Nombre 021] y [Nombre 022], de quienes transcribe sus relatos y se detalla que de sus dichos se desprende que se ha dado un daño ambiental, que fue documentado en el informe del SINAC-AC-LAP-SRBA-0910-2024, con imágenes, y se explica que se da esa afectación ambiental al no permitirse la regeneración natural, todo producto de una trocha por la que transitan vehículos, aparte que en los cuerpos de aguas se ha dado la colocación de estructuras que dañan el medio ambiente, como lo son alcantarillas construidas en el cauce de uno de estos, que se ha dado la siembra de zacate no propio de la zona, así como la inclusión de cercas divisorias, que es un lugar dedicado a la ganadería y que la quebrada tiene una estructura de concreto y eso impide que el agua fluya naturalmente. ii) Acerca de la valoración de la prueba ofrecida por el tercero interesado. Por otro lado, luego de mencionar el tribunal de instancia la anterior prueba, que le sirvió de base para ordenar “la restitución de las cosas a su estado original”, también se menciona que el tercero interesado ofreció prueba para mejor proveer en el juicio y se indica que esta no desvirtúa la acreditación de un daño ambiental que ha sido palpable y que las actividades que se desarrollan en la propiedad de interés se deben limitar y recuperar su función ecológica. Sin embargo, al revisar la prueba documental que fue ofrecida por el tercero interesado, como se verá, se denota que la misma no fue valorada de manera concatenada y minuciosa con el resto de las pruebas recibidas en el plenario, para así descartar o confirmar cada uno de los argumentos dados por el tercero interesado. Sí acepta el tribunal de instancia como prueba válida que el apoderado judicial aportó un certificado de renovación del registro anual de SENASA, que da permiso al desarrollo de la actividad ganadera en la propiedad del señor ([Nombre 004]), del cual efectivamente se desprende que no se permite la invasión de las áreas de protección como se indica en la sentencia y que el ganado no debe ingresar a dichas zonas, para no afectar el medio ambiente. También se menciona en el fallo que el tercero interesado, [...], tiene una concesión para el aprovechamiento de agua superficiales R-2800-2024-AGUAS-MINAE y se explica que esto es “donde la fuente principal es una naciente, en dicha concesión se ordenó la instalación de una válvula que tiene como finalidad asegurar la derivación del caudal, sin embargo, estima el tribunal que la instalación de este instrumento no autoriza la invasión del área de protección que le asiste a dicha naciente, es decir, que los factores que determinaron la afectación de la naciente, en este caso la apertura de la trocha, el pasto brizanto y las estructuras de cemento ubicadas en dicho sitio no guardan relación con el permiso concedido de agua, pues únicamente se requiere para uso de esta la instalación de la válvula antes referida, de modo que con esta prueba no se desvirtúa el daño ambiental que se ha tenido por acreditado”. También se cita en la sentencia impugnada el informe identificado como “Determinación de daños ambientales en la finca [Valor 004] a nombre de [...] S.R.L.” y la información consignada en este documento se descarta, por considerar que aporta apreciaciones subjetivas, como se desprende del texto que se transcribe seguidamente: “no se han detectado daños ambientales, se afirma que el estado actual de los elementos ambientales como la calidad del agua, la presencia o ausencia de cuerpos de aguas afectados por obras civiles o presencia de contaminantes, la calidad cualitativa del aire, así como el estado de biodiversidad en la finca, indica que no se ha producido daño ambiental alguno. Sin embargo, es claro que la Ley forestal define las áreas de protección de los cuerpos de agua, de modo que tales conclusiones rozan con lo que la prueba ha permitido establecer dentro del proceso, a saber, el daño ambiental con ocasión de los factores ya ampliamente analizados. Se afirma además en este informe que no se han detectado cambios significativos, degradantes, alteraciones de los beneficios ambientales, efectos negativos colaterales o externalidades que modifique el equilibrio ambiental en la finca, sin embargo, se tuvo por acreditado una serie de factores que han incidido considerablemente en el equilibrio ambiental, dentro de los cuales se identificó la presencia de pasto brizanto que no es originario de la zona y que afecta el suelo, además se determinó que al no estar las áreas de protección debidamente delimitadas, esto ha ocasionado que el ganado ingrese a los márgenes de los cuerpos de agua y esto genera contaminación del agua por las heces de los animales y el suelo se ve afectados por tránsito del ganado en dicha zona. Afirma también el informe que la demolición de infraestructuras dentro de la finca implicaría una afectación para el ambiente y un menoscabo de los beneficios económicos y sociales, sin embargo, estima este tribunal que la afectación ambiental, que es la que debe imperar en el caso que nos ocupa, por lo menos las apreciaciones que se hacen en dicho informe son completamente subjetivas que se apartan de lo que dispone la normativa forestal; afirma este informe que al eliminar las alcantarillas la escorrentía ya no contaría con infraestructura que la encause de forma adecuada, además de lo que implica la remoción de la misma, también se afirma que eliminar la trocha implicaría un menoscabo en los beneficios económicos y sociales de la finca, conclusión que no guardar congruencia con los intereses ambientales. Al respecto, también el tercero interesado [Nombre 004], durante el debate declaró, durante su relato señaló el objetivo de la finca así como todas las acciones que en beneficio del ambiente a lo largo de estos años han realizado, además se refirió al informe antes analizado, que concluye que no existe daño ambiental, señalando lo perjudicial que puede resultar las propuestas del SINAC al eliminar la trocha y las estructuras de concretos que se ubicaron en los cuerpos de agua, así como la eliminación del pasto brizanto, en este sentido a pesar de lo amplia y detallada declaración la misma no se sustenta en ningún elemento de prueba que resulte congruente con la prueba que sí establece la existencia del daño ambiental en dicha finca, sus argumentos son completamente subjetivos que no encuentran respaldo en ninguna prueba científica aportada al expediente, de modo que se relato debe ser descartado” (así en el documento original). De lo expuesto, se denota que el tribunal de juicio centró sus razonamientos en lo declarado por los funcionarios del MINAE y en sus informes. iii) Sobre las deficiencias en las valoraciones efectuadas. De la revisión, de las anteriores explicaciones se denota que estas son muy generales y no se acude al documento original, plasmado a folios 1557 y siguientes del expediente electrónico para revisarlo a profundidad, ni se confronta esta prueba con la de cargo. El informe, que se menciona en el apartado anterior, es emitido por el biólogo y consultor ambiental Isaac Alonso Baldizón Fernández, e independientemente se comparta lo que se consigna en este, no basta con afirmar que sus argumentos son subjetivos sino que debe explicarse por qué ello es así. Este documento inicia con la referencia de qué es daño ambiental, para de seguido realizar un análisis y evaluación de afectaciones ecológicas de la propiedad de interés, de la que muestra una vista general (f. 1564), y acota que se trata de “un paisaje rural altamente degradado por las actividades pecuarias realizadas por décadas y que han desplazado la cobertura forestal original por potreros de grandes dimensiones para el pastoreo extensivo, para el suministro de carne vacuno en el mercado nacional”. Toda esta información de la temporalidad del daño era relevante para el caso, debido a que es importante determinar no solo si se ha dado un daño ambiental en la propiedad de interés sino en caso de acreditarse, desde cuándo se da dicha situación para determinar aspectos tales como la severidad de las consecuencias y, además, para comprender si el deterioro es reversible o permanente para diseñar estrategias adecuadas de prevención y mitigación adecuadas y de estas si se podía imponer al tercero interesado su obligación de realizar las medidas de restitución que fuesen necesarias. También, dentro del estudio citado se aporta una fotografía de la ubicación de los cuerpos de agua dentro de la finca, los cuales se documenta con información obtenida del Atlas del Instituto Tecnológico de Costa Rica al 2014, en el cual se basa el Sistema Nacional de Información Territorial SNIT del Instituto Geográfico Nacional en Costa Rica (IGN), del que se extrae que en la zona hay “dos cuerpos de aguas cercanas a la finca de interés y la finca misma no posee cuerpos de aguas lóticos (con movimiento) o lénticos (estancados)” y se aporta fotografías del sistema de desfogue natural o salidas donde se libera el agua acumulada que se presenta en la finca y el tipo de escorrentía o escurrimiento del agua que se dan en este y se indica que no pueden ser considerados como quebradas. Al respecto, se explica en el texto lo siguiente: “Si tales canales fuesen en realidad quebradas permanentes como se indica en expediente judicial supracitado, entonces la cobertura forestal y vegetal en general estaría en las márgenes y no justamente dentro de los canales. En la figura 7 queda demostrado que lo que se indica en el informe del funcionario del MINAE como cauce es en realidad un canal. La figura 8 detalla el nivel del caudal que ingresa a finca de interés a través de los canales que desfogan las aguas fincas arriba. De no canalizarse adecuadamente estas aguas de escorrentías, la pobre vegetación finca abajo no sería capaz de retenerla adecuadamente y se produciría importantes procesos hidroerosivos eliminando las capas de suelo orgánico de los potreros, emprobreciendo los suelos con graves consecuencias sobre la producción pecuario en los mismos, reduciendo aún más la baja rentabilidad en la venta de ganado vacuno y por otro lado ser efectuaría un exportación de sedimentos hacia los cuerpos de aguas fincas abajo como lo es el río Coto Brus, cambiando su dinámica bentónica (bentos ecosistemas de los fondos de los ríos). El entubar estas aguas pluviales para su direccionamiento hacia los canales de desfogue finca abajo resulta una de las principales prácticas de gestión ambiental adecuadamente ejecutas para la protección del suelo fincas abajo. Por ser estos canales de desfogue y no cuerpos de aguas propiamente dicho, no se observó la presencia de peces como indicadores de ecosistemas acuáticos” (la letra en negrita no es del texto original). La anterior información, en la que se cuestiona los datos brindados por los funcionarios del MINAE acerca del tipo de cuerpos de agua que había en la finca de interés, era obligación del tribunal de instancia realizar una confrontación integral con la prueba de cargo, para así determinar las verdaderas consecuencias ambientales que podían haberse dado o no en el lugar, dado que cada tipo tiene diferentes capacidades para recuperarse y esto determina, además, qué tipo de responsabilidades puede acarrearle al dueño de una propiedad en la que se encuentran cuerpos de aguas protegidos por la ley y cuáles son las mejores formas de protegerlos. También se hace mención en el informe cuestionado que la calidad del agua fue analizada con un multiparámetro marca Hanna modelo HI 98194 (figura 9) que arrojó que no existe contaminación del agua por las actividades cotidianas que se realizan hoy en día en dicha propiedad, el cual también era un dato relevante para la acreditación o no de un daño ambiental. Asimismo, se menciona en el estudio que para determinar el daño ambiental debe realizarse un inventario de la biodiversidad de la zona y el conocimiento del rol trófico que desempeña cada especie en el ecosistema y paisaje, y se da una explicación de la zona y de lo que ha pasado con la finca de interés desde décadas atrás, información que resultaba importante y que debía haber sido tomada en cuenta en la sentencia impugnada para establecer la existencia o no del deterioro ecológico en el lugar, de acuerdo con dichas características. Por otro lado, es importante acotar que en el informe de interés se hizo un desglose de las acciones cuestionadas, que se dividieron de la siguiente manera, esto para determinar si había alguna actividad sobre el ambiente: “1. Excavación de pozo, sobre el punto de naciente. 2. Construcción de estructura en el borde del pozo de concreto. 3. Mantenimiento a la trocha. 4. Colocación de 6 alcantarillas para hacer puente sobre el cauce. 5. Construcción de cerca de alambre de púas”. Sin embargo, pese a cada uno de estos elementos fue desarrollado, el tribunal sentenciador no se preocupó por verificar los datos consignados en cada uno de estos apartados. Lo anterior no implica que se le deba dar la razón a la parte recurrente, sino que se debe evidenciar que lo resuelto fue producto de un análisis integral de todas las probanzas. Véase que, con respecto al punto primero del pozo, en este se indica: “La estructura del pozo muestra que fue construido años atrás y lo que observó el funcionario del MINAE fue la colocación de una alcantarilla para evitar el descampanamiento de la corona del pozo, por ello en su informe se indica “…construcción de estructura en el borde del pozo de concreto.” Se detalla en el estudio que no se logra ubicar una naciente en el sitio del pozo y que las mejoras técnicamente no ponen en riesgo el medio ambiente, aspecto que no fue tomado en cuenta en la sentencia recurrida. Sobre la trocha se hace ver que no es un camino nuevo, que es compatible con la actividad certificada por SENASA a través del CVO2583-04; que el movimiento de tierras no degradó el entorno inmediato, que el tractor utilizado lo que generó fue ruido y se explica por qué no se consideró un acto dañoso al ambiente, además, siempre con respecto a la trocha, se menciona que no está relacionada con actividades que ocasionen daños ambientales y se describe que incluso se ha realizado una mejora ambiental a lo largo de esta, dado que el señor [Nombre 004], quien tiene una maestría en ingeniería agrícola ha incluido fajas vegetativas a ambos lados, sembradas con gramíneas que enraízan y permiten el adecuado nivel de compactación de la trocha, así como que no se dé una exportación de sedimentos finca abajo, aparte que estas plantas aportan materia orgánica que puede enriquecer el suelo aledaño, que es fuente de semillas para las aves e insectos, que fijan carbono atmosférico, que sirve de alimento para el ganado y herbívoros silvestres, aspectos todos estos que tampoco fueron considerados para determinar si el ordenar la eliminación de las trochas o caminos que había en el lugar incidían en una mejor protección o no del ambiente. Sobre la antigüedad del camino o de la trocha, que es un tema que el tribunal descarta con base en lo narrado por los testigos del MINAE, no explica por qué la mención que se hace en el informe de interés de que se da la presencia de árboles de lento crecimiento, entre los que se cita el Cristóbal y del que se aporta un respaldo fotográfico, que consta en lo que se denomina figura 16, no descarta la posición establecida por los funcionarios del MINAE. También se hace mención a las seis alcantarillas que se indican en el informe realizado por los funcionarios del MINAE. Al respecto se detalla lo siguiente: “Otra actividad que se observa en el informe del funcionario del MINAE fue la colocación de alcantarilla en la trocha para hacer puente sobre el cauce, al respecto es necesario aclara varios aspectos, a saber, la colocación de alcantarillas para evitar daños en los caminos o trochas son actividades propias del uso del suelo de la finca, por ser finca ganadera. Es importante de nuevo aclarar que la finca en cuestión no es atravesada por ningún cuerpo de agua (figura 6) que pueda ser considerado un ecosistema acuático como se desprende del informe supracitado, se necesario hacer énfasis en que lo que discurre a través de la finca son canales de desfogue que encausan el agua pluvial proveniente de fincas arriba. Por lo que las tuberías colocadas tienen la función de encausar el agua de escorrentía por debajo del camino para que esta pueda continuar por los canales de desfogue finca abajo, y de esta forma proteger el suelo, los potreros, y los cuerpos de aguas fincas abajo. Por lo que resulta incorrecto indicar que se afectó un cauce de un cuerpo de agua o ecosistema acuático. La figura 17 muestra el supuesto cauce que ha sido entubado por debajo del camino, quedando demostrado que lo que se observa es una fuerte escorrentía que se genera en tiempos de lluvias pero que desaparece cuando no llueve, así que no se mantiene el agua lo suficiente para catalogar este canal de desfogue como un cauce o ecosistema acuático, incluso en él no se observa fauna acuática alguna”. Este comentario que se respalda con dos fotos, en las que se explica que las alcantarillas son reemplazo de otras anteriores y que dan continuidad al canal de desfogue e incluso se hace la aclaración que cualquier obra civil que procure una adecuada gestión del agua de lluvia es una forma de blindaje climático y que el alcantarillado no entuba ningún cauce, cuerpo de agua o ecosistema acuático, menos aún se hizo referencia en el fallo a estos aspectos, pese a que versan acerca de lo que precisamente se está ordenando eliminar al tercero interesado. Ni se hace la mención de pastos en el lugar que busca la reducción de costos en fertilizantes químicos y reducir la huella de carbono de la finca, según lo indicado por el recurrente. Finalmente, el informe de interés da una serie de conclusiones, entre las que destaca la siguiente, que aunque es extensa, se considera importante transcribirla, para reflejar que pese a que se dan varios planteamientos relevantes la persona juzgadora no se preocupó de examinarlos en detalle y aclarar por qué no tenían sustento alguno, si esa era la posición del tribunal: “Entre las conclusiones del informe se cita que no se estimaron daños ambientales al no acreditarse cambios significativos degradantes, los elementos ambientales analizados como el agua carecen de contaminantes, las acciones que se imputan en el expediente no evidencian daño ambiental manifiesto y más incrementan los servicios ecosistémicos de la finca y se da una conclusión extensa que se transcribe, dado que refleja que la persona juzgadora no se preocupó al resolver el analizar de manera específica estos planteamientos: “La solicitud de demolición de cualquier infraestructura dentro de la finca en cuestión puede ser totalmente contraproducente para el ambiente, puesto que dicha acción si producirá un antes y un después con menoscabo de los beneficios económicos, sociales y ambientales que en la actualidad brindan como por ejemplo eliminar un suelo de uso vial rural adecuadamente conformado afectará los beneficios económicos de la finca al dificultar el transporte de ganados para la engorde y/o la venta. Dicha remoción degradaría las fajas vegetativas ya establecidas en los márgenes del camino generado externalidades fincas abajo por la exportación de sedimentos. La demolición de las alcantarillas produciría otro daño ambiental, no solo por la remoción misma sino que la escorrentía ya con contará con una infraestructura que la encause hacia los canales de desfogue de forma adecuada, produciendo otro daño ambiental permanente, dado la pérdida de suelo y la exportación de sedimentos. La eliminación de las cercas vivas despojará la finca de los beneficios económicos, sociales y ambientales que generan, como producto de la posibilidad de limitar el tránsito libre del ganado, la imposibilidad de establecer apartados en barbechos, y todos aquellos servicios ecosistémicos que producen en sinergia un grupo de árboles creciendo en conjunto, como se explicó texto arriba. La posibilidad de demoler todas las obras citadas en el informe del funcionario del MINAE en definitiva cambiar el valor del suelo rural, la renta de dicho suelo rural, así como la tasa media de rendimiento, de igual forma se verán afectados la renta media del recurso humano para el desarrollo de todas las actividades en la finca, la renta de materiales e insumos cambiarán, entre otros aspectos. La eliminación del camino por su parte afectará el valor de uso de la vía, ya se verán afectados el tiempo de viaje sin la vía para meter y sacar ganado e insumos, los valores promedio hora hombre para ejecutar las mismas actividades, pero sin el camino, el cambio en la cantidad y tipo de vehículos también tendrán que considerarse para la valoración de daños ambientales por demolición del camino, así como el cambio en el volumen de carga por vehículo sin el camino. El retiro de las cercas por su lado afectará las zona en barbecho generando un daño ambiental a la flora en ellos, ya se no se limitará el tránsito libre del ganado, el daño ambiental se producirá por que generará inevitablemente cambios en el valor en uso ambiental de la flora, este valor se menoscabará puesto que la flora en estos berbechos cambiará el valor del beneficio económico y socioconómicos de la flora mantenida bajo estas condiciones, o sea los ingreso por uso ambiental y desuso ambiental de la flora se reducirá (entiéndase desuso ambiental de la flora como todas aquellas actividades de aprovechamiento directo como la obtención de postes vivos, forrajes, entre otros), sin los berbechos es probable que la vida útil del recurso flora en finca se vea menoscabada especial por la pérdida de beneficios del recurso por su uso ambiental como la producción de oxígeno, la protección de suelo, la superfialización del agua del suelo, el mantenimiento de los actuales niveles de humedad en suelo en recuperación o descanso del pastoreo que al final de la ecuación redundará en suelo cada vez menos aptos para el pastoreo. De igual forma al eliminar cobertura vegetal en la finca se verá afecto por daño ambiental el valor de la fauna, especialmente por la pérdida de los servicios ecosistémicos que ella genera en la finca especialmente las aves, murciélagos y los mamíferos pequeños arbóreos y terrestres, además del vital servicio de polinización llevada a cabo por los insectos que garantiza la presencia de especies vegetales nativas y locales en la finca. Todo lo anterior permite concluir que la demolición de las obras en la finca en cuestión si puede producir daños ambientales, permanentes, temporales y potenciales” (así en el documento original). De lo expuesto, debe acotarse que en la sentencia impugnada, no se denotó una preocupación por realizar un revisión de todos los aspectos medulares anteriormente planteados, lo que resultaba crucial para desvirtuar o confirmar la prueba de cargo, lo cual era necesario para evidenciar una exhaustividad en el análisis de las probanzas debido a que la prueba ofrecida por el tercero interesado proporcionaba otra interpretación técnica del tema objeto del plenario, aunque el dictamen no sea vinculante para la persona juzgadora, máxime que este lo que planteó es que en la zona no se dio un daño ambiental, que realizar obras de derribo como las que pretende el tribunal podrían ocasionar un daño ambiental mayor, que al que se pretende proteger, además, que menciona que incluso las alcantarillas han estado en la propiedad por más de 45 años, lo que incluso debió haber sido valorado si existían desde antes de la Ley Forestal o no. Al respecto, en la resolución número 2025-370 de este mismo Tribunal, con diversa integración, a las siete horas con cincuenta minutos del veinticuatro de julio del dos mil veinticinco, se desarrollaron las siguientes consideraciones, que esta mayoría considera aplicables al presente caso: “Esto lo que significa es que sin el afán de invisibilizar el daño ambiental que pudiera vincularse con los hechos objeto de esta causa penal - y civil -, lo cierto es que no siempre la restitución a su estado original es una decisión que deba adoptarse, pues los cambios generados en un sitio, por la razón que sea, pueden determinar que al final del día una restitución forzosamente dispuesta, pudiera generar mucho más daño al ecosistema de un lugar, máxime que en casos como este donde han pasado poco más de dos décadas desde que supuestamente tuvo lugar el delito ambiental, es razonable estimar que la naturaleza se ha ido adaptando a la nueva configuración de las estructuras existentes, pudiendo ser lo más conveniente no ordenar la restitución. En el mismo precedente constitucional de este mismo año parcialmente transcrito, al profundizar en torno al principio pro natura la Sala expuso que: "No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos..." (ídem), en razón de lo cual debe considerarse que aún en casos muy graves de daño ambiental, el paso del tiempo conduce a que naturalmente se produzca un equilibrio ecológico, lo cual no fue analizado en uno u otro sentido en la sentencia. Lo que se quiere decir por parte de esta cámara, en palabras más sencillas, es que no todos los casos son iguales y por ende, antes de adoptar la decisión de disponer que las cosas vuelvan al estado anterior a un hecho delictivo, en tratándose del ambiente y la naturaleza, el órgano jurisdiccional debe ponderar toda la información directamente relacionada con el sitio en particular, de cara a considerar los cambios naturales y artificiales que hayan podido ocurrir, con el fin de precisar si la restitución realmente es lo mejor para la tutela del derecho de todos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. De esta manera, al no cumplir el fallo, con lo establecido en el artículo 142 del Código Procesal Penal, se anula la sentencia impugnada y el debate que la precedió. Se ordena reenviar la sumaria a conocimiento del a quo, para su nueva sustanciación conforme a derecho. En vista de lo resuelto, omite esta Cámara pronunciarse sobre el resto de los motivos alegados en los recursos de apelación interpuestos en esta causa. IV. Voto salvado de la jueza Sancho González. De manera respetuosa, me aparto del criterio de mis compañeras de integración pues estimo que el fallo no aqueja el vicio de fundamentación que reclama la parte recurrente. Desde mi perspectiva, la sentencia analiza de manera adecuada todas las pruebas —tanto de cargo como de descargo— para arribar a la conclusión de que en la finca número [Valor 005] propiedad de [...] R.L., se realizaron una serie de trabajos desde el año 2012 que ocasionaron daños al ambiente que aún se mantienen y que, con base en la garantía constitucional del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, deben repararse en los términos que lo dispuso la resolución de instancia. Primero que todo, el análisis que hizo la jueza de mérito incorporó todos los elementos probatorios que habían sido admitidos con amplitud durante la fase plenaria y se ponderó que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante SINAC) desde el año 2012 había detectado que en la finca de referencia se habían hecho algunos trabajos que comprometían una naciente de agua y una quebrada, a lo que se suma la utilización de un pasto no autóctono con fines de ganadería. En la resolución impugnada se explica que esos hallazgos fueron constatados el 26 de diciembre del año de cita por los funcionarios [Nombre 021] y [Nombre 022], testigos que por sus funciones en la institución de referencia, conocían el inmueble de previo a esa incursión y sabían que la apertura de una trocha a escasos 35 metros de una naciente permanente, se trataba de una acción reciente para la data aludida, respecto de lo cual se elaboró el informe N.ACLA-P-SRBA-191. La jueza de mérito fundamentó su decisión no solo en aquellas probanzas propias de la época, sino que reforzó el análisis aludiendo a que, posterior a ese primer informe, se realizaron nuevas inspecciones por las autoridades competentes del SINAC, la primera de ellas dos años después, en la que se constató que se mantenían trabajos que seguían afectando la estabilidad de los cuerpos de agua que en esa propiedad se encontraban. Por otro lado, el tribunal, teniendo en cuenta la gran cantidad de tiempo que ha transcurrido desde que se detectó el daño ambiental a la fecha, ordenó una nueva inspección en el lugar para el mes de noviembre de 2024 y así poder verificar el estado actual, constatando que para este momento, persiste la afectación al medio ambiente a partir de las acciones que en la propiedad se han ejecutado, de las cuales, además de un informe, brindaron referencias los funcionarios actuantes, como bien lo analiza la juzgadora, que alude a lo que informó el testigo [Nombre 021], quien explicó que se mantiene la afectación a dos cuerpos de agua y así también lo constató el ingeniero [Nombre 022], quien explicó que hay contaminación del recurso hídrico y aludió a que en la quebrada se hizo una estructura de concreto que impide que el agua fluya libremente y por ello su flujo es muy limitado en comparación con lo que había en el año 2012. Y es que, es precisamente a partir de este detalle de los hallazgos in situ, que se desprende tanto de la información que brindaron testigos calificados, funcionarios con amplia experiencia dentro del SINAC y, respecto de los cuales no se ha cuestionado ni su conocimiento ni su probidad así como del contenido de informes vertidos a través de trece años, que el tribunal pudo verificar que el daño ambiental subsiste y por ende, debe restablecerse el equilibrio ecológico, pues las áreas de protección son limitaciones de interés público a la propiedad para proteger el recurso hídrico de acciones que puedan afectar el estado natural de las fuentes de agua. Según la Ley de Aguas n° 276 del 27 de agosto de 1942 y el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ambiente número 7594, el agua y los cauces por los que esta discurre son de dominio público, independientemente de dónde se encuentren (terrenos del Estado o propiedades privadas) dado que existe un interés superior en proteger el recurso hídrico como parte integrante del derecho a un ambiente ecológicamente sano y al derecho al agua específicamente, como una necesidad humana que el Estado debe garantizar siendo considerada un derecho humano de tercera generación, esto a partir de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 04 de diciembre de 1986. Así, dispone el artículo 1º de la Ley de Aguas: “Son aguas del dominio público: IV.- Las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, arroyos o manantiales desde el punto en que broten las primeras aguas permanentes hasta su desembocadura en el mar o lagos, lagunas o esteros”; por su parte, el artículo 2 establece: “[l]as aguas enumeradas en el artículo anterior son de propiedad nacional” mientras que la Ley Orgánica del Ambiente dispone en su artículo 50: “El agua es de dominio público, su conservación y uso sostenible son de interés social”. No hay duda, entonces, de que toda fuente de agua es de dominio público, así se encuentren en terrenos propiedad de particulares. Al respecto, ha indicado la Sala Constitucional: “De tal manera, es claro que la consideración del agua como recurso esencial y derecho fundamental, conlleva la necesaria protección de sus fuentes y de las áreas de captación, donde se consideran desde los mantos acuíferos subterráneos y superficiales, así como las nacientes, pozos y demás áreas desde las que se ubica y dispone del recurso hídrico” (ver resolución n.° 9221 de las 11:41 horas del 22 de mayo de 2019). Se reclamó por quien apela que existe un informe emitido por un perito aportado por [...] R.L. que cuestionó los hallazgos de las inspecciones realizadas por el SINAC que no fue considerado en la decisión que se cuestiona, sin embargo, este fue analizado por la jueza de instancia y la principal conclusión a la que llega en la sentencia es a que, pese a lo estipulado en dicho documento, en efecto, legalmente se encuentra definido el ámbito de protección de los cuerpos de agua y, así la empresa interesada cuente con permisos otorgados para el aprovechamiento de aguas superficiales o para el desarrollo de actividad ganadera (lo que no se cuestiona), ello debe ser ejecutado bajo parámetros de observancia de los límites establecidos por la ley misma. El que la sociedad promovente cuente con permisos para la explotación de agua, revela sin más, que en la propiedad hay cuerpos de agua tal como lo constataron las inspecciones realizadas por el SINAC y por ello, la existencia de una trocha, la siembra de pasto no autóctono y la construcción de alcantarillado que no respeta los límites que corresponden, constituyen daño ambiental que, objetivamente, está obligado a reparar [...] R.L. Así, no existen pruebas que desvirtúen los hallazgos de las inspecciones que realizaron a lo largo de trece años funcionarios del SINAC que constataron el daño ambiental, como bien lo apunta la sentencia venida en alzada, de modo que, la decisión de ordenar la restitución de las cosas a su estado original y procurar el restablecimiento del equilibrio ambiental, se encuentre debidamente sustentada en las probanzas evacuadas. De esta manera, declaro sin lugar el motivo de apelación que fuera planteado por falta de fundamentación del fallo y me separo del voto de mayoría que anula la resolución impugnada. POR TANTO: Por mayoría, se anula la sentencia impugnada número 10-2025 de las catorce horas dos minutos del trece de enero de 2025, dictada por el Tribunal de Juicio del I Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón y el debate que la precedió. Asimismo, se ordena reenviar esta sumaria a conocimiento del a quo, para su nueva sustanciación conforme a derecho. En vista de lo resuelto, omite esta Cámara pronunciarse sobre los motivos alegados en los recursos de apelación interpuestos en esta causa. La jueza Sancho González, salva el voto. Notifíquese.- ??????????????? KOCPSRLFSKA61 SUSANA WITTMANN STENGEL - JUEZ/A DECISOR/A ???????????????? SCF93247ML6Y61 XIOMARA GUTIERREZ CRUZ - JUEZ/A DECISOR/A ??????????????? FF06RWPQXDK61 MAUREEN REBECA SANCHO GONZALEZ - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 13-200145-0634-PE Circuito Judicial de Cartago Teléfonos: 2551-2713 ó 2553-0340. Fax: 2551-2355. Correo electrónico: [email protected] Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:14:43. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Grande Normal Pequeña **Cartago Criminal Sentencing Appeals Court** **Resolution No. 00576 - 2025** **Resolution Date:** November 26, 2025 at 1:30 p.m. **Case File:** 13-200145-0634-PE **Drafted by:** Susana Wittmann Stengel **Type of Matter:** Appeal **Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL **Judgment with Dissenting Vote** **Judgment with protected data, in accordance with current regulations** **Content of Interest:** **Type of content:** Dissenting vote **Branch of Law:** Criminal Law **Topic:** Invasion of a conservation or protection area **Subtopics:** Obligation to remediate when impacts to bodies of water located on private property are verified. Prevalence of repeated technical inspections conducted by the competent authority over a party's expert report. **Topic:** Environmental damage **Subtopics:** Obligation to remediate when impacts to bodies of water located on private property are verified. Prevalence of repeated technical inspections conducted by the competent authority over a party's expert report. **Topic:** Assessment of evidence in criminal matters **Subtopics:** Prevalence of repeated technical inspections conducted by the competent authority over a party's expert report. "[...] IV. Dissenting vote of Judge Sancho González. [...] According to the Water Law (Ley de Aguas) No. 276 of August 27, 1942, and Article 50 of the Environmental Organic Law (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7594, water and the channels through which it flows are in the public domain, regardless of where they are located (State lands or private properties), given that there is a superior interest in protecting water resources as an integral part of the right to an ecologically healthy environment and to the right to water specifically, as a human need that the State must guarantee, being considered a third-generation human right, stemming from the Declaration on the Right to Development (Declaración sobre el Derecho al Desarrollo) adopted by the United Nations General Assembly on December 4, 1986. Thus, Article 1 of the Water Law (Ley de Aguas) provides: 'The following waters are in the public domain: IV.- Those of rivers and their direct or indirect tributaries, streams or springs (manantiales) from the point where the first permanent waters emerge to their mouth in the sea or lakes, lagoons, or estuaries'; for its part, Article 2 establishes: '[t]he waters listed in the preceding article are national property' while the Environmental Organic Law (Ley Orgánica del Ambiente) provides in its Article 50: 'Water is in the public domain, its conservation and sustainable use are of social interest'. There is no doubt, then, that every water source is in the public domain, even if located on lands owned by private individuals. In this regard, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has indicated: 'Thus, it is clear that the consideration of water as an essential resource and a fundamental right entails the necessary protection of its sources and catchment areas, where subterranean and surface aquifers are considered, as well as springs (nacientes), wells, and other areas from which water resources are located and accessed' (see resolution No. 9221 of 11:41 a.m. on May 22, 2019). The appellant complained that there is a report issued by an expert provided by [...] R.L. that questioned the findings of the inspections carried out by SINAC, which was not considered in the decision being challenged. However, this was analyzed by the trial judge, and the main conclusion reached in the judgment is that, despite what is stipulated in said document, in effect, the scope of protection for bodies of water is legally defined, and even if the interested company has permits granted for the use of surface waters or for the development of livestock activity (which is not questioned), this must be executed under parameters of observance of the limits established by the law itself.[...]" ... See more **Other References:** Water Law (Ley de Aguas) No. 276 of August 27, 1942, Declaration on the Right to Development (Declaración sobre el Derecho al Desarrollo) adopted by the United Nations General Assembly on December 4, 1986 **Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments** **Text of the resolution** **Document PJEDITOR** 1 ??????????????????????????? **Case File:** 13-200145-0634-PE **Against:** [Name 001] **Crime:** Forestry Law Violation (Infracción Ley Forestal) **Victim:** The Natural Resources **Res:** 2025-576 **Exp:** 13-200145-0634-PE **Cartago Criminal Sentencing Appeals Court, First Section. At one thirty p.m. on November twenty-sixth, two thousand twenty-five.** **Criminal case 13-200145-0634-PE, in which the company [...], a Limited Liability Company (Sociedad de Responsabilidad Limitada), legal identification number [Value 003], represented by [Name 004], identification number [Value 002], located in [...], appears as an interested third party (tercero interesado); for the crime of INVASION OF A CONSERVATION OR PROTECTION AREA (INVASIÓN A UN ÁREA DE CONSERVACIÓN O PROTECCIÓN) to the detriment of THE NATURAL RESOURCES. The Court is composed of Judges Susana Wittmann Stengel, Maureen Sancho González, and Xiomara Gutiérrez Cruz. Appearing before this appellate court were M.S.c. José Lino Chaves López and the legal representative of the company [...], [Name 004], as well as attorney Viviana Brenes Delgado, prosecutor of the Procuraduría General de la República, and attorney Julián Martínez Madriz representing the Fiscalía Adjunta de Impugnaciones of the Ministerio Público.** **WHEREAS:** **I.- That by means of judgment number 10-2025 at two minutes past two p.m. on January thirteenth, two thousand twenty-five; the TRIAL COURT OF THE FIRST JUDICIAL CIRCUIT OF THE SOUTHERN ZONE, PÉREZ ZELEDÓN SEAT: "THEREFORE: (POR TANTO) In accordance with numeral 103 of the Penal Code, Articles 98, 99, 100 and 101 of the Environmental Organic Law (Ley Orgánica del Ambiente) 7554, Article 5 of the Forestry Law (Ley Forestal) 7575, Articles 11, 45 and 50 of the Political Constitution, Articles 52 and 55 of the Law on the Use, Management and Conservation of Soils (Ley de Uso, Manejo y Conservación de los Suelos) No. 7779, Article 8 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), Articles 6, 184, 142, 175 to 179, 341 to 365, it is resolved; THE RESTITUTION OF THINGS TO THEIR ORIGINAL STATE IS ORDERED on property number [Value 005], located in the locality of [...], owned by [...], a Limited Liability Company (Sociedad de Responsabilidad Limitada), legal identification number [Value 003], represented by [Name 004], identification number [Value 002]. The restitution of things to their prior state is ordered in the following terms: Elimination of culverts and water collection system located in the stream (quebrada), regarding the two bodies of water (the stream (quebrada) and the spring (naciente)), delimit the protection areas with fences as established by law and eliminate from said areas structures and trails or roads that are invading the protection zone, as well as the cattle must leave the protection areas. The Brizanta grass must be eliminated, by means of plowing, which shall be carried out mechanically. In that zone where the improved grass is eliminated, the soil must be allowed to regenerate naturally. On the occasion of resolution R-2800-2024-AGUAS-MINAE, in which the placement of a valve at the spring (naciente) was ordered to ensure the diversion of the flow, it is ordered to verify its installation. The company [...], SRL, is granted a period of three months after notification of this judgment to proceed with what was ordered by this Court in this judgment, which must be carried out under the supervision of the Ministerio de Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación La Amistad Pacífico Subregión de Buenos Aires, who are ordered to be notified of this resolution. Likewise, the Ministerio de Ambiente y Energía, SINAC, is ordered to carry out the inspection and render a report to verify compliance with what was ordered in this judgment. Notify by reading. NOTIFY BY READING. SONIA HUEZO HERRERA. Trial Judge." (sic) **II.- That against the indicated ruling, M.S.c. José Lino Chaves López and the legal representative of the company [...], [Name 004], filed appeals.** **III.- By resolution at 7:09 p.m. on February 17, 2025, the Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone (Criminal) summoned the parties regarding the filed appeals.** **IV.- Having carried out the deliberation required by law according to the provisions of numeral 465 of the Criminal Procedure Code, this chamber considered the questions raised in the appeal.** **V.- In the proceedings, the formalities and prescriptions of law have been observed.** **Drafted by Sentencing Appeals Judge Wittmann Stengel;** **WHEREAS:** **I.- Admissibility.** In relation to the appeals filed, by means of admissibility resolution number 2025-269 at ten thirty a.m. on May thirtieth, two thousand twenty-five, issued by this same panel, only the appeals filed by the legal representative of the company [...], a Limited Liability Company (Sociedad de Responsabilidad Limitada), [Name 004] and by M.S.c. José Lino Chaves López were admitted for substantive review. **II.- Regarding the hearing scheduled in this case.** In this venue, the scheduled hearing took place with the participation of attorney José Lino Chaves, representing the interested third party (tercero interesado) [Name 004], who also participated in said judicial proceeding, as well as attorney Viviana Brenes Delgado, prosecutor of the Procuraduría General de la República, and attorney Julián Martínez Madriz representing the Fiscalía Adjunta de Impugnaciones of the Ministerio Público. The appellants mentioned the same arguments described in their appeals and requested the annulment of the challenged judgment, a request whose rejection was sought by the representative of the Ministerio Público and the prosecutor of the Procuraduría General de la República. **III.- Regarding the appeals filed.** Against judgment number 10-2025 at 2:02 p.m. on January 13, 2025, of the Trial Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón Seat, in which the restitution of things to their original state is ordered on property number [Value 005], owned by [...], a Limited Liability Company (Sociedad de Responsabilidad Limitada), in identical pleadings, two appeals were filed by MSc. José Lino Chaves López and by Mr. [Name 004] as representative of the company [...], a Limited Liability Company (Sociedad de Responsabilidad Limitada). Among their arguments, they questioned the following aspects: the incorrect summons and participation of the Company [...], a Limited Liability Company (Sociedad de Responsabilidad Limitada) in this matter, the erroneous application of the interested third party (tercero interesado) concept, the lack of necessary passive joinder of parties (litisconsorcio pasivo necesario), violation of due process regarding the handling of this case file, violation of the right to defense for not having been able to present exculpatory evidence in a timely manner, violation of the right to be heard for not having granted the medical opinion of the interested third party (tercero interesado) to suspend a hearing scheduled in this matter, the lack of substantiation of criminal subjective or objective liability, the improper substantiation of the judgment, the failure to appreciate the evidence, inequality between the parties, the inapplicability of Article 140 of the Penal Code, and, moreover, that the judgment is ultra petita, reasons for which the annulment of the challenged judgment is requested, and for procedural economy, the petition of the Procuraduría General de la República be dismissed and this case be archived. By majority vote (Judges Wittmann Stengel and Gutiérrez Cruz), the claim of lack of substantiation of the challenged judgment is granted. For the purposes of resolving what is pertinent, it has been deemed necessary to structure this resolution as follows: i) Background: a) In this case, judgment number 62-2021 was issued, at four ten p.m. on February fifth, two thousand twenty-one. In it, the following was resolved: “In accordance with the foregoing, cited norms, Articles 39 and 41 of the Political Constitution; 1, 11, 30, 45, 367 of the Penal Code, and numerals 1, 2, 6, 8, 9, 111 to 124, 142, 265 to 270, 341 to 366 of the Criminal Procedure Code; Article 58 subsection A of the Forestry Law (Ley Forestal); 73.2 of the Civil Procedure Code, this Court resolves to ABSOLVE the accused [Name 001] of all punishment and liability, regarding a crime of Invasion of a Protection Area (Invasión a Área de Protección), which had been attributed to him by the Ministerio Público and the Procuraduría General de la República as Private Prosecutor (Querellante), to the detriment of The Natural Resources. The lifting of any precautionary measure that may have been issued against the accused in this case is ordered. The Civil Remedial Action (Acción Civil Resarcitoria) filed by the Procuraduría General de la República against the civil defendant ([Name 004]) is declared WITHOUT MERIT. No special ruling on costs is made with respect to the Civil Remedial Action (Acción Civil Resarcitoria). The costs of the proceedings are to be borne by the State. In accordance with Article 140 of the Criminal Procedure Code, the restitution of things to their original state is ordered regarding the trail and culverts, and the structures and constructions within the protection area, of property number [Value 005], located in the locality of [...], owned by [...], a Limited Liability Company (Sociedad de Responsabilidad Limitada). A period of three months after notification of this judgment is granted to the Judicial Representative of the Limited Liability Company (Sociedad de Responsabilidad Limitada), [...], SRL, to proceed with the demolition of the six culverts, as well as the structures and constructions within the protection area. Likewise, the Ministerio de Ambiente y Energía, SINAC, is ordered to carry out the inspection and render a report to verify compliance with what was ordered in this judgment. Notify by reading.” In said resolution, in accordance with the provisions of ordinal 363 subsection a) of the Criminal Procedure Code, it was indicated that the facts subject to that trial (as charged) were the following: « I.- The Ministerio Público of this city filed charges for the following facts: “1.- On the afternoon of December twenty-sixth, two thousand twelve, in the locality of [...], on a property owned by Mr. [Name 004], the accused [Name 001], acting as the manager of the property and brother of the owner, in association with another unidentified individual, proceeded, acting by common agreement and through the use of heavy machinery, to invade the protection area of a permanent spring (naciente permanente), a body of water that later originates a stream (quebrada). To this effect, the accused ([Name 004]) was giving verbal instructions on the area to be worked on to the unidentified person charged, who was operating a yellow bulldozer, brand CASE, and was making cuts with the tractor's blade and removing earth in the protection area of the aforementioned body of water, being approximately thirty-five meters from the channel of the permanent spring (naciente permanente), with the aim of constructing a trail on the site and enabling cattle grazing and watering.” Likewise, the Procuraduría filed a criminal complaint for a publicly actionable crime based on the following facts: “FIRST: On the afternoon of December twenty-sixth, two thousand twelve, in the locality of [...], on property number [Value 005] owned by [...], a Limited Liability Company (Sociedad de Responsabilidad Limitada), judicially represented by Mr. [Name 004], the accused [Name 001], acting as the manager of the property and brother of the owner, in association with another unidentified individual, proceeded, acting by common agreement and through the use of heavy machinery, to invade the protection area of a permanent spring (naciente permanente), a body of water that later originates a stream (quebrada). To this effect, the accused [Name 001] was giving verbal instructions on the area to be worked on to the unidentified person charged, who was operating a yellow bulldozer, brand CASE, and was making cuts with the tractor's blade and removing earth in the protection area of the aforementioned body of water, being approximately thirty-five meters from the channel of the permanent spring (naciente permanente), with the aim of constructing a trail on the site and enabling cattle grazing and watering. SECOND: The accused [Name 001] did not have permits from the State forestry administration to carry out construction works and cattle grazing activities in protection areas in [...]. THIRD: It is clear that the unlawful act perpetrated by the accused [Name 001] caused serious environmental damage, as it caused the impact to the protection area of a permanent spring (naciente permanente), thereby deteriorating that resource and its recovery, such as the opportunity cost of vegetation growth, loss of biodiversity, and replacement cost, among others. Thereby impairing the natural resources existing in the area, which affects the prevailing biological activity in the locality of the events, causing not only harm to the environment, but also an unsustainable deterioration in the quality of life.” Likewise, a civil remedial action (acción civil resarcitoria) was filed based on the following facts of interest: “FIRST: On the afternoon of December twenty-sixth, two thousand twelve, in the locality of [...], on property number [Value 005] owned by [...], a Limited Liability Company (Sociedad de Responsabilidad Limitada), judicially represented by Mr. [Name 004], the accused [Name 001], acting as the manager of the property and brother of the owner, in association with another unidentified individual, proceeded, acting by common agreement and through the use of heavy machinery, to invade the protection area of a permanent spring (naciente permanente), a body of water that later originates a stream (quebrada). To this effect, the accused [Name 001] was giving verbal instructions on the area to be worked on to the unidentified person charged, who was operating a yellow bulldozer, brand CASE, and was making cuts with the tractor's blade and removing earth in the protection area of the aforementioned body of water, being approximately thirty-five meters from the channel of the permanent spring (naciente permanente), with the aim of constructing a trail on the site and enabling cattle grazing and watering. SECOND: The accused [Name 001] did not have permits from the State forestry administration to carry out construction works and cattle grazing activities in protection areas in [...]. THIRD: It is clear that the unlawful act perpetrated by the accused [Name 001] caused serious environmental damage, as it caused the impact to the protection area of a permanent spring (naciente permanente), thereby deteriorating that resource and its recovery, such as the opportunity cost of vegetation growth, loss of biodiversity, and replacement cost, among others. Thereby impairing the natural resources existing in the area, which affects the prevailing biological activity in the locality of the events, causing not only harm to the environment, but also an unsustainable deterioration in the quality of life ». Also, in this judgment, the trial court established that no relevant fact was proven. b) The Criminal Sentencing Appeals Court, with a different panel (Fernández Mora, Carranza Cambronero, and Fallas Redondo), upon an appeal being filed against the aforementioned judgment, partially granted it and ordered a remand solely for the discussion of the issue concerning the restitution of things to their natural state, as determined in the operative part: “The appeal filed by the representative of the Ministerio Público is declared without merit, as are the first and second grounds of the appeal raised by the Procuraduría General de la República. On its own motion, the extinction of the criminal action due to the statute of limitations is declared, and the acquittal of the accused for the acts attributed to him in this process is confirmed. Judge Fernández Mora takes note. The appeal filed by the defense of the civil defendant is granted, as is the third ground of challenge raised by the representative of the Procuraduría General de la República. The partial nullity of the judgment is ordered, and a remand trial is ordered, solely to discuss the matter concerning the restitution of things to their natural state that was ordered in the judgment. Judge Fallas Redondo partially dissents” (bold text is added). c) Due to the ordered remand, a new debate was held, and judgment number 10-2025 of the Trial Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón Seat, was issued at two minutes past two p.m. on January thirteenth, two thousand twenty-five, which is the subject of challenge before this panel. Of interest, the following aspects must be highlighted from said judgment: i) the first whereas indicated the following: “I. That by resolution at two minutes past two p.m. on April twenty-ninth, two thousand twenty-one, of the Cartago Criminal Sentencing Appeals Court, a remand trial was ordered in this case solely to discuss the matter concerning the restitution of things to their natural state.” ii) Furthermore, in the third whereas, the following were established as proven facts: “That property number 6-[Value 005]-000 is owned by [...] Responsabilidad Limitada, legal identification number [Value 003], represented by [Name 004], identification number [Value 002], which is located in the locality of [...], a place where on December twenty-sixth, 2012, they carried out work that caused environmental damage at the site, using a bulldozer, which removed earth with the objective of constructing a trail, specifically culverts were placed in the stream (quebrada), and grass of the Brizanto species, which is not native to the area, was planted, actions that caused the protection areas of two bodies of water, namely a spring (naciente) and a stream (quebrada), to be invaded” (bold text is not from the original). iii) The operative part provided that: “In accordance with numeral 103 of the Penal Code, Articles 98, 99, 100 and 101 of the Environmental Organic Law (Ley Orgánica del Ambiente) 7554, Article 5 of the Forestry Law (Ley Forestal) 7575, Articles 11, 45 and 50 of the Political Constitution, Articles 52 and 55 of the Law on the Use, Management and Conservation of Soils (Ley de Uso, Manejo y Conservación de los Suelos) No. 7779, Article 8 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), Articles 6, 184, 142, 175 to 179, 341 to 365, it is resolved; THE RESTITUTION OF THINGS TO THEIR ORIGINAL STATE IS ORDERED on property number [Value 005], located in the locality of [...], owned by [...], a Limited Liability Company (Sociedad de Responsabilidad Limitada), legal identification number [Value 003], represented by [Name 004], identification number [Value 002]. The restitution of things to their prior state is ordered in the following terms: Elimination of culverts and water collection system located in the stream (quebrada), regarding the two bodies of water (the stream (quebrada) and the spring (naciente)), delimit the protection areas with fences as established by law and eliminate from said areas structures and trails or roads that are invading the protection zone, as well as the cattle must leave the protection areas. The Brizanto grass must be eliminated, by means of plowing, which shall be carried out mechanically. In that zone where the improved grass is eliminated, the soil must be allowed to regenerate naturally. On the occasion of resolution R-2800-2024-AGUAS-MINAE, in which the placement of a valve at the spring (naciente) was ordered to ensure the diversion of the flow, it is ordered to verify its installation. The company [...], SRL, is granted a period of three months after notification of this judgment to proceed with what was ordered by this Court in this judgment, which must be carried out under the supervision of the Ministerio de Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación La Amistad Pacífico Subregión de Buenos Aires, who are ordered to be notified of this resolution. Likewise, the Ministerio de Ambiente y Energía, SINAC, is ordered to carry out the inspection and render a report to verify compliance with what was ordered in this judgment. Notify by reading. NOTIFY BY READING.” d) On the merits: Although the appellants raised different grounds in which they object to the restitution ordered in the challenged judgment number 10-2025 of the Trial Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón Seat, at two minutes past two p.m. on January thirteenth, two thousand twenty-five, this Court will not hear all of them, since it has been verified by the judges issuing the majority vote, as has been stated by the appellants, that the judgment lacks adequate probative intellectual reasoning regarding the evidence admitted to the record and offered by the appellants (the interested third party (tercero interesado) and his lawyer). In this regard, it is necessary to clarify, beforehand, that the concept of the interested third party (tercero interesado) is not specifically established in the Criminal Procedure Code; however, national jurisprudence, both from the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) and the Third Chamber (Sala Tercera), has recognized it as a special form of intervention in the criminal process, which implies that persons who hold a right over an asset, whether immovable or movable, that is the subject of a criminal proceeding, in which their real right over it may be affected, have the possibility of exercising the rights that procedural regulations establish for other participants, ranging from being able to be heard during the process, to having legal counsel for the defense of their interests, to offering evidence, and even to presenting arguments that must be considered by those judging. Now then, these powers entail that the interested third party (tercero interesado) in a criminal proceeding has the right to a well-substantiated judgment and to a fair trial, even though their role is different from that of the accused person or the victim. The duty to substantiate is unavoidable for due process and fundamental principles of criminal law, which establish that judicial decisions must be based on the law and on solid evidence, as otherwise, the judgment may be annulled if the interests of that third party are affected without due reasoning, which allows for the filing of the remedies provided by law to defend their position. In this regard, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), in various resolutions, has reiterated that the lack of substantiation constitutes a violation of due process (see, by way of example, vote 3917-97, which cites numerous votes on the subject). Likewise, Article 142 of the Criminal Procedure Code stipulates that: "Judgments and interlocutory orders shall contain clear and precise substantiation. In it, the factual and legal reasoning on which the decisions are based shall be expressed, as well as the value assigned to the means of proof. The simple listing of the evidence or the mention of the parties' requests shall not replace, in any case, the substantiation. It shall be insufficient when forms, dogmatic assertions, routine phrases, the simple description of facts, or the mere mention of evidentiary elements are used. There is no substantiation when the rules of sound criticism have been disregarded with respect to means or evidentiary elements of decisive value. Interlocutory orders and judgments without substantiation shall be null and void." Furthermore, ordinal 361 of the aforementioned legal body prescribes that: "The court shall assess the evidence produced during the trial in an integral manner and with strict application of the rules of sound criticism. The judges shall deliberate and vote on the questions and shall, as far as possible, follow this order: … d) Restitution and costs…” Now, upon reviewing the substantiation of the challenged judgment, it is evident that, therein, the evidence that was presented by the interested third party (tercero interesado) and admitted to the record was assessed in a laconic manner, as will be seen below, since it is not sufficient to cite it and make general statements, but rather it must be explained, in a thorough manner, why the arguments alleged by the interested third party (tercero interesado) do not allow for the dismissal of their obligation to repair the alleged environmental damage, or it must also be defined to what extent that restitution must be made. It should be noted that environmental restitution must not prevail over due process. While it is essential to protect the environment, which is a fundamental right and a priority objective of the State aimed at seeking its restoration, it cannot be overlooked that the civil third party (tercero civil) has a subjective interest in the manner in which the matter will be resolved, and from that stems the obligation to respect their fundamental rights, such as the possibility of having a fair trial, which is an intrinsic part of due process. The Political Constitution and international treaties guarantee both rights, and a balance must prevail between environmental protection and the rights of individuals and procedural guarantees, in this case, for the interested third party (tercero interesado). In the appealed judgment, in the fourth whereas section entitled "On the merits of the matter," it is indicated which evidence served as the basis for said decision. In that sense, in order to determine the defect that has been mentioned (insufficient reasoning), it has been considered necessary to recount the evidence on which the lower court based its decision to grant the request for restitution managed by the prosecuting bodies; then, the questions it raised regarding the evidence provided by the interested third party will be detailed, and subsequently, an exposition will be made concerning the deficiencies of the ruling. Therefore, it has been deemed necessary to establish the following sections: i) Regarding the analysis of the prosecution's evidence. The sentencing court reaches the conclusion that on farm number [Valor 005], owned by the company called [...] Responsabilidad Limitada, on December 26, 2012, a series of works were carried out to the detriment of the environment, involving the use of a bulldozer (tractor de oruga), with which earth was removed to build a track (trocha) and an invasion occurred of a protection area of a permanent spring (naciente) and of a stream (quebrada), in which several culverts were placed. These elements are indicated to have still been in the area at the time of the hearing and to affect the environment, as does a brizanto grass that was planted. These situations are what compel ordering the restitution of things to their prior state, clarifying that it is unnecessary to demonstrate the participation of any person or company, given that in the past trial, criminal liability was acquitted and the civil action was dismissed, due to the legal obligation to protect the environment (relevant regulations and case law are cited). Among the evidentiary elements that were taken into account, the testimonies of SINAC officials are cited, specifically those of [Nombre 021] and [Nombre 022], who are stated to have narrated that the environmental impact on the farm in question still persists. Regarding what is relevant, the judging party developed the following explanation: “to this day, thirteen years after the environmental damage was first verified at said site, the environmental impact remains palpable and due to the same factors that were identified on that occasion. In this regard, both witnesses were congruent in clearly and precisely pointing out the factors that have caused this damage, which were produced by human conduct, since both attest that on December 26, while conducting a patrol in the locality of [...], on the farm [...], there was a truck parked on a public road and they verified the opening of a track (trocha), which prompted both to enter the site to corroborate the conditions of the place, locating at that moment a bulldozer (tractor de oruga) opening said track. They affirm that it had passed through a body of water and was located within the protection area, that on that occasion a permanent spring (naciente) was also located on the property, which was only thirty-five meters from the track in question. They affirm that they had visited this property before December 26, 2012, and knew that this track did not exist, but rather there was a trail used by horses and people, and they finally verified the presence of brizanta grass, which is not native to the area and is planted in the protection areas. Thus, it was possible on that occasion to clearly establish the factors determining the environmental damage at the site; regarding the invasion of the protection areas of the bodies of water, in the case of the stream (quebrada), it was invaded on both sides, this due to the track that crosses it, where the placement of culverts in the channel and the presence of livestock were also verified, all of which was recorded in report N.ACLA-P-SRBA-191, visible on folios 164 to 167 of the virtual desktop. Likewise, it is recorded that on that occasion a bulldozer (tractor de oruga) was also seized, through record N.3670, which is visible on folio 168 of the virtual file, evidentiary elements that fully support the statements of both witnesses.” Likewise, it is specified that two years after December 26, 2012, new works without a permit were determined, according to official communication SINAC-ACLA-P-SRBA-365-2015, such as: “the construction of a well over the spring, the placement of six culverts over a body of water, and the construction of a barbed wire fence, which is evident from reports SINAC-ACLA-P-SRBA-294-14, SINAC-ACLA-P-SRBA-406-2015, and SINAC-ACLA-P-388-14, which are visible on folios 173 to 180, 220 to 222, and 273 to 274 of the virtual file.” With the information contained in these documents, the lower court concludes that since 2012, a series of works have been carried out to the detriment of the environment and that it is not true that the track (trocha) existed before, as stated by the declarant ([Nombre 001]) and his legal representative, given that it takes into account that the witnesses referred to having known the area previously. The judgment also mentions that the legal representative referred to confusion regarding the bodies of water existing at the scene, and such confusion is dismissed because there have been inspections since 2012 that have been documented in the file, and again, officials [Nombre 021] and [Nombre 022] are mentioned, their accounts transcribed, and it is detailed that from their statements, it is evident that environmental damage has occurred, which was documented in report SINAC-AC-LAP-SRBA-0910-2024, with images, and it is explained that this environmental impact occurs by not allowing natural regeneration, all as a result of a track (trocha) used by vehicles, apart from the fact that structures that harm the environment have been placed in the bodies of water, such as culverts built in the channel of one of them, that non-native grass has been planted, as well as the inclusion of dividing fences, that it is a place dedicated to livestock farming, and that the stream (quebrada) has a concrete structure that prevents water from flowing naturally. ii) Regarding the assessment of the evidence offered by the interested third party. On the other hand, after the trial court mentioned the previous evidence, which served as the basis for ordering “the restitution of things to their original state,” it is also mentioned that the interested third party offered evidence for better provision at trial, and it is indicated that this does not undermine the accreditation of environmental damage that has been palpable and that the activities carried out on the property in question must be limited and its ecological function restored. However, upon reviewing the documentary evidence offered by the interested third party, as will be seen, it is denoted that it was not assessed in a concatenated and thorough manner with the rest of the evidence received in the plenary hearing, in order to dismiss or confirm each of the arguments given by the interested third party. The trial court does accept as valid evidence that the legal representative provided a certificate of renewal of the annual registration from SENASA, which permits the development of livestock activity on the property of Mr. ([Nombre 004]), from which it is indeed evident that invasion of the protection areas is not permitted, as indicated in the judgment, and that cattle must not enter said areas, so as not to affect the environment. The ruling also mentions that the interested third party, [...], has a concession for the use of surface water R-2800-2024-AGUAS-MINAE, and it is explained that this is “where the main source is a spring (naciente); in said concession, the installation of a valve was ordered, the purpose of which is to ensure the diversion of the flow. However, the court considers that the installation of this instrument does not authorize the invasion of the protection area that protects said spring, meaning that the factors that determined the impact on the spring, in this case the opening of the track (trocha), the brizanto grass, and the concrete structures located at said site, are unrelated to the granted water permit, since only the installation of the aforementioned valve is required for its use. Thus, this evidence does not undermine the environmental damage that has been accredited.” The challenged judgment also cites the report identified as “Determination of environmental damages on farm [Valor 004] in the name of [...] S.R.L.,” and the information recorded in this document is dismissed, considering that it provides subjective assessments, as is evident from the text transcribed below: “no environmental damages have been detected, it is affirmed that the current state of the environmental elements such as water quality, the presence or absence of bodies of water affected by civil works or the presence of contaminants, the qualitative air quality, as well as the state of biodiversity on the farm, indicates that no environmental damage has occurred. However, it is clear that the Forestry Law (Ley Forestal) defines the protection areas of bodies of water, so such conclusions clash with what the evidence has allowed to be established within the process, namely, environmental damage due to the factors already extensively analyzed. This report further states that no significant, degrading changes, alterations of environmental benefits, collateral negative effects, or externalities that modify the environmental balance on the farm have been detected; however, a series of factors were accredited that have considerably affected the environmental balance, among which were identified the presence of brizanto grass, which is not native to the area and affects the soil. Furthermore, it was determined that because the protection areas are not properly delimited, this has caused cattle to enter the margins of the bodies of water, generating water contamination from animal feces, and the soil is affected by the transit of cattle in said area. The report also affirms that the demolition of infrastructure within the farm would imply an impact on the environment and a detriment to economic and social benefits; however, this court considers that the environmental impact, which must prevail in the case at hand, at least the assessments made in said report are completely subjective and deviate from what forestry regulations provide. This report affirms that by eliminating the culverts, the runoff would no longer have infrastructure to channel it adequately, in addition to the implications of their removal. It also states that eliminating the track (trocha) would imply a detriment to the economic and social benefits of the farm, a conclusion that is not consistent with environmental interests. In this regard, the interested third party [Nombre 004] also testified during the hearing; during his account, he pointed out the objective of the farm as well as all the actions taken for the benefit of the environment over these years. He also referred to the previously analyzed report, which concludes that no environmental damage exists, pointing out how harmful the SINAC proposals could be by eliminating the track and the concrete structures located in the bodies of water, as well as the elimination of the brizanto grass. In this sense, despite the extensive and detailed testimony, it is not supported by any evidentiary element that is consistent with the evidence that does establish the existence of environmental damage on said farm; his arguments are completely subjective and find no support in any scientific evidence provided to the file, so his account must be dismissed” (thus in the original document). From the foregoing, it is denoted that the trial court focused its reasoning on the statements of MINAE officials and their reports. iii) Regarding the deficiencies in the assessments made. From the review of the previous explanations, it is denoted that these are very general and do not refer to the original document, set forth on folio 1557 and following of the electronic file, to review it in depth, nor is this evidence compared with the prosecution's evidence. The report mentioned in the previous section is issued by the biologist and environmental consultant Isaac Alonso Baldizón Fernández, and regardless of whether one agrees with what is recorded in it, it is not enough to state that its arguments are subjective; rather, it must be explained why this is so. This document begins with a reference to what environmental damage is, followed by an analysis and evaluation of ecological impacts on the property in question, showing a general view (f. 1564), and notes that it involves “a rural landscape highly degraded by livestock activities carried out for decades, which have displaced the original forest cover (cobertura forestal) with large pastures for extensive grazing, for the supply of beef to the national market.” All this information regarding the temporality of the damage was relevant to the case, because it is important to determine not only whether environmental damage has occurred on the property in question, but also, if accredited, since when this situation has occurred, to determine aspects such as the severity of the consequences and, furthermore, to understand whether the deterioration is reversible or permanent, in order to design adequate prevention and mitigation strategies, and from these, whether the obligation to carry out the necessary restitution measures could be imposed on the interested third party. Also, within the cited study, a photograph of the location of the bodies of water within the farm is provided, which are documented with information obtained from the Atlas of the Technological Institute of Costa Rica as of 2014, on which the National Territorial Information System (SNIT) of the National Geographic Institute (IGN) in Costa Rica is based. From this, it is extracted that in the area there are “two bodies of water near the farm in question, and the farm itself does not have lotic (moving) or lentic (stagnant) bodies of water,” and photographs are provided of the natural drainage system or outlets where accumulated water present on the farm is released, and the type of runoff or water flow occurring there, indicating they cannot be considered streams (quebradas). In this regard, the text explains the following: “If such channels were actually permanent streams, as indicated in the aforementioned judicial file, then the forest and vegetation cover in general would be on the banks and not precisely within the channels. Figure 7 demonstrates that what the MINAE official's report indicates as a channel is actually a canal. Figure 8 details the level of flow entering the farm in question through the channels that drain waters from farms above. If these runoff waters were not properly channeled, the poor vegetation downstream would not be able to retain them adequately, and significant hydroerosive processes would occur, eliminating layers of organic soil from the pastures, impoverishing the soils with serious consequences for livestock production there, further reducing the already low profitability of beef cattle sales. On the other hand, an export of sediments would occur towards the bodies of water downstream, such as the Coto Brus River, changing its benthic dynamics (benthos, ecosystems of river bottoms). Piping these rainwater flows for channeling towards the drainage canals downstream is one of the main environmental management practices properly executed for soil protection downstream. Because these are drainage canals and not bodies of water proper, the presence of fish as indicators of aquatic ecosystems was not observed” (the bold text is not from the original document). The preceding information, which questions the data provided by MINAE officials about the type of bodies of water on the farm in question, obligated the trial court to conduct a comprehensive comparison with the prosecution's evidence, in order to determine the true environmental consequences that may or may not have occurred at the place, given that each type has different capacities for recovery, and this also determines what type of responsibilities may accrue to the owner of a property where legally protected bodies of water are found, and what the best ways to protect them are. The questioned report also mentions that water quality was analyzed with a Hanna brand multiparameter meter, model HI 98194 (figure 9), which showed that there is no water contamination from the daily activities currently carried out on said property, which was also relevant data for the accreditation or not of environmental damage. Likewise, the study mentions that to determine environmental damage, an inventory of the area's biodiversity and knowledge of the trophic role each species plays in the ecosystem and landscape must be carried out. An explanation of the area and what has happened to the farm in question for decades is given, information that was important and should have been considered in the challenged judgment to establish the existence or not of ecological deterioration at the place, according to those characteristics. On the other hand, it is important to note that the report in question provided a breakdown of the questioned actions, which were divided as follows, in order to determine if there was any activity impacting the environment: “1. Excavation of a well, over the spring point. 2. Construction of a structure on the edge of the concrete well. 3. Maintenance of the track. 4. Placement of 6 culverts to create a bridge over the channel. 5. Construction of a barbed wire fence.” However, despite each of these elements being developed, the sentencing court did not concern itself with verifying the data recorded in each of these sections. The foregoing does not imply that the appellant must be agreed with, but rather that it must be demonstrated that the ruling was the product of a comprehensive analysis of all the evidence. Note that, with respect to the first point regarding the well, this indicates: “The structure of the well shows that it was built years ago, and what the MINAE official observed was the placement of a culvert to prevent the well crown from flaring, which is why his report indicates '…construction of structure on the edge of the concrete well.'” The study details that a spring (naciente) cannot be located at the well site, and that the improvements technically do not put the environment at risk, an aspect not considered in the appealed judgment. Regarding the track (trocha), it is pointed out that it is not a new road, that it is compatible with the activity certified by SENASA through CVO2583-04; that the earthworks (movimientos de tierra) did not degrade the immediate surroundings; that the tractor used only generated noise, and it is explained why it was not considered a harmful act to the environment. Furthermore, always regarding the track, it is mentioned that it is not related to activities causing environmental damage, and it is described that an environmental improvement has even been made along it, given that Mr. [Nombre 004], who has a master's degree in agricultural engineering, has included vegetative strips on both sides, planted with grasses that take root and allow an adequate level of compaction of the track, as well as preventing the export of sediments downstream. Apart from that, these plants provide organic matter that can enrich the surrounding soil, serve as a source of seeds for birds and insects, fix atmospheric carbon, serve as food for livestock and wild herbivores. None of these aspects were considered to determine whether ordering the elimination of the tracks (trochas) or roads existing at the site affected better environmental protection or not. Regarding the age of the road or track, which is a topic the court dismisses based on what was narrated by the MINAE witnesses, it does not explain why the mention made in the report in question of the presence of slow-growing trees, among which the Cristóbal is cited and photographic support provided, appearing in what is called figure 16, does not dismiss the position established by the MINAE officials. The six culverts indicated in the report made by MINAE officials are also mentioned. In this regard, the following is detailed: “Another activity observed in the MINAE official's report was the placement of a culvert on the track to create a bridge over the channel. In this respect, it is necessary to clarify several aspects, namely, the placement of culverts to prevent damage to roads or tracks are activities typical of the land use (uso del suelo) of the farm, as it is a livestock farm. It is important to clarify again that the farm in question is not crossed by any body of water (figure 6) that can be considered an aquatic ecosystem, as is evident from the aforementioned report. It is necessary to emphasize that what runs through the farm are drainage canals that channel rainwater from farms above. Therefore, the placed pipes have the function of channeling runoff water under the road so that it can continue through the drainage canals downstream, and in this way protect the soil, the pastures, and the bodies of water downstream. Thus, it is incorrect to indicate that a channel of a body of water or an aquatic ecosystem was affected. Figure 17 shows the supposed channel that has been piped under the road, demonstrating that what is observed is a strong runoff generated during rainy periods but which disappears when it does not rain. Thus, the water does not remain long enough to classify this drainage canal as a channel or aquatic ecosystem; in fact, no aquatic fauna is observed in it.” This commentary, supported by two photos, explains that the culverts replace previous ones and provide continuity to the drainage canal. It even clarifies that any civil work seeking adequate rainwater management is a form of climate-proofing and that the culvert system does not pipe any channel, body of water, or aquatic ecosystem. Even less was reference made in the ruling to these aspects, despite the fact that they pertain to precisely what the interested third party is being ordered to eliminate. Nor is mention made of the grasses at the site that seek to reduce costs in chemical fertilizers and lower the farm's carbon footprint, as indicated by the appellant. Finally, the report in question provides a series of conclusions, among which the following stands out. Although lengthy, it is considered important to transcribe it to reflect that, despite several relevant propositions being made, the judging party did not bother to examine them in detail and clarify why they lacked any support, if that was the court's position: “Among the report's conclusions, it is cited that no environmental damages were estimated as significant degrading changes were not accredited. The analyzed environmental elements, such as water, lack contaminants. The actions attributed in the file do not evidence manifest environmental damage and rather increase the farm's ecosystem services. An extensive conclusion is transcribed, given that it reflects that the judging party did not concern itself, when ruling, with specifically analyzing these propositions: 'The request for demolition of any infrastructure within the farm in question may be totally counterproductive for the environment, since such action will indeed produce a before and after with detriment to the economic, social, and environmental benefits they currently provide. For example, eliminating a properly formed rural road use soil will affect the economic benefits of the farm by hindering the transport of cattle for fattening and/or sale. Said removal would degrade the vegetative strips already established on the road margins, generating externalities downstream due to the export of sediments. The demolition of the culverts would cause further environmental damage, not only from the removal itself, but also because the runoff would no longer have infrastructure to channel it adequately towards the drainage canals, causing another permanent environmental damage given the loss of soil and the export of sediments. The elimination of live fences would strip the farm of the economic, social, and environmental benefits they generate, such as the possibility of limiting the free movement of livestock and the impossibility of establishing fallow paddocks, as well as all those ecosystem services produced in synergy by a group of trees growing together, as explained above. The possibility of demolishing all the works cited in the MINAE official's report would definitively change the value of rural land, the income from said rural land, as well as the average rate of return. Similarly, the average income of human resources for developing all activities on the farm and the income from materials and supplies will change, among other aspects. The elimination of the road, in turn, will affect the use value of the way, as travel time without the road for bringing in and taking out cattle and supplies, the average man-hour costs for executing the same activities but without the road, the change in the quantity and type of vehicles, will also have to be considered for the valuation of environmental damages from road demolition, as well as the change in cargo volume per vehicle without the road. The removal of fences, on its part, will affect the fallow areas, generating environmental damage to the flora within them, as the free movement of livestock will no longer be limited. The environmental damage will occur because it will inevitably generate changes in the environmental use value of the flora; this value will be diminished because the flora in these fallow areas will change the value of the economic and socioeconomic benefit of the flora maintained under these conditions, i.e., income from environmental use and environmental disuse of the flora will be reduced (environmental disuse of flora is understood as all those direct use activities such as obtaining live posts, fodder, among others). Without the fallow areas, the useful life of the flora resource on the farm will likely be diminished, especially by the loss of benefits of the resource from its environmental use, such as oxygen production, soil protection, soil water surfacing, maintenance of current humidity levels in soil under recovery or grazing rest, which, at the end of the equation, will result in soils increasingly less suitable for grazing. Likewise, by eliminating vegetation cover on the farm, the value of the fauna will be affected by environmental damage, especially due to the loss of the ecosystem services it generates on the farm, particularly birds, bats, and small arboreal and terrestrial mammals, in addition to the vital pollination service carried out by insects that guarantees the presence of native and local plant species on the farm. All the foregoing allows concluding that the demolition of the works on the farm in question can indeed cause environmental damages—permanent, temporary, and potential' (thus in the original document). From the foregoing, it must be noted that in the challenged judgment, no concern was shown for conducting a review of all the core aspects previously raised, which was crucial to undermine or confirm the prosecution's evidence. This was necessary to demonstrate thoroughness in the analysis of the evidence, because the evidence offered by the interested third party provided another technical interpretation of the subject matter of the plenary hearing, even though the expert opinion is not binding on the judging party. Especially since what it raised was that no environmental damage occurred in the area, that carrying out demolition works as the court intends could cause greater environmental damage than that sought to be protected, and furthermore, it mentions that even the culverts have been on the property for more than 45 years, which should even have been assessed as to whether they existed before the Forestry Law (Ley Forestal) or not. In this regard, in resolution number 2025-370 of this same Court, with a different panel, at seven hours and fifty minutes on the twenty-fourth of July of two thousand twenty-five, the following considerations were developed, which this majority considers applicable to the present case: “This means that without the intention of making invisible the environmental damage that could be linked to the facts subject to this criminal - and civil - case, the truth is that restitution to its original state is not always a decision that must be adopted, since the changes generated at a site, for whatever reason, may determine that at the end of the day, a forcibly ordered restitution could generate much more damage to the ecosystem of a place, especially in cases like this where just over two decades have passed since the environmental crime supposedly took place, it is reasonable to estimate that nature has been adapting to the new configuration of the existing structures, making it potentially more convenient not to order restitution. In the same constitutional precedent partially transcribed from this same year, when delving into the *pro natura* principle, the Chamber stated that: \"No actions shall be undertaken when their potential adverse effects are disproportionate or excessive in relation to the benefits derived from them...\" (idem), for which reason it must be considered that even in very serious cases of environmental damage, the passage of time leads to an ecological equilibrium naturally occurring, which was not analyzed in one sense or another in the judgment. What this chamber means to say, in simpler words, is that not all cases are the same and therefore, before adopting the decision to order that things return to the state prior to a criminal act, when dealing with the environment and nature, the jurisdictional body must weigh all the information directly related to the particular site, in order to consider the natural and artificial changes that may have occurred, so as to determine whether restitution is truly the best option for the protection of everyone's right to a healthy and ecologically balanced environment.” Thus, since the ruling does not comply with the provisions of Article 142 of the Code of Criminal Procedure, the appealed judgment and the debate that preceded it are annulled. The summary case is ordered to be returned to the knowledge of the a quo court, for its new substantiation according to law. In view of what has been decided, this Chamber refrains from ruling on the remaining grounds alleged in the appeals filed in this case. IV. Dissenting vote of Judge Sancho González. Respectfully, I depart from the opinion of my fellow panel members because I consider that the ruling does not suffer from the defect of reasoning claimed by the appealing party. From my perspective, the judgment adequately analyzes all the evidence—both for the prosecution and the defense—to reach the conclusion that on farm number [Value 005] owned by [...] R.L., a series of works were carried out since 2012 that caused damage to the environment that still persists and that, based on the constitutional guarantee of the right to a healthy and ecologically balanced environment, must be repaired under the terms ordered by the trial court's resolution. First of all, the analysis made by the trial judge incorporated all the evidentiary elements that had been broadly admitted during the plenary phase and it was weighed that the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, hereinafter SINAC) had detected since 2012 that on the referenced farm some works had been done that compromised a water spring (naciente) and a stream, in addition to the use of a non-native pasture for livestock purposes. The appealed resolution explains that these findings were verified on December 26 of that same year by officials [Name 021] and [Name 022], witnesses who, due to their functions within the referenced institution, were familiar with the property prior to that incursion and knew that the opening of a trail a mere 35 meters from a permanent spring (naciente) was a recent action as of the date mentioned, regarding which report N.ACLA-P-SRBA-191 was prepared. The trial judge based her decision not only on those evidentiary elements from that period but reinforced the analysis by alluding to the fact that, subsequent to that first report, new inspections were carried out by the competent authorities of SINAC, the first of them two years later, in which it was confirmed that works were continuing that kept affecting the stability of the bodies of water found on that property. Furthermore, the court, taking into account the large amount of time that has elapsed since the environmental damage was detected until now, ordered a new on-site inspection for the month of November 2024 to be able to verify the current state, confirming that at this moment, the impact on the environment persists as a result of the actions carried out on the property, regarding which, in addition to a report, the acting officials provided references, as is well analyzed by the judge, who refers to what witness [Name 021] reported, explaining that the impact on two bodies of water persists, and this was also confirmed by engineer [Name 022], who explained that there is contamination of the water resource and mentioned that a concrete structure was built in the stream that prevents the water from flowing freely, and therefore its flow is very limited compared to what existed in 2012. And it is precisely from this detail of the in-situ findings, which emerges both from the information provided by qualified witnesses—officials with extensive experience within SINAC, and regarding whom neither their knowledge nor their probity have been questioned—and from the content of reports submitted over thirteen years, that the court was able to verify that the environmental damage persists and, therefore, the ecological equilibrium must be restored, since protection areas are limitations of public interest on property to protect the water resource from actions that could affect the natural state of water sources. According to the Water Law No. 276 of August 27, 1942, and Article 50 of the Organic Law of the Environment number 7594, water and the channels through which it flows are in the public domain, regardless of where they are located (State lands or private properties), given that there is a superior interest in protecting the water resource as an integral part of the right to an ecologically healthy environment and the right to water specifically, as a human need that the State must guarantee, being considered a third-generation human right, based on the Declaration on the Right to Development adopted by the United Nations General Assembly on December 4, 1986. Thus, Article 1 of the Water Law provides: “The following are waters of the public domain: IV.- Those of rivers and their direct or indirect tributaries, streams, or springs (manantiales) from the point where the first permanent waters emerge to their mouth in the sea or lakes, lagoons, or estuaries”; meanwhile, Article 2 establishes: “[t]he waters listed in the previous article are national property,” while the Organic Law of the Environment stipulates in Article 50: “Water is of the public domain; its conservation and sustainable use are of social interest.” There is no doubt, then, that every water source is of the public domain, even if located on privately owned land. In this regard, the Constitutional Chamber has indicated: “Thus, it is clear that the consideration of water as an essential resource and fundamental right entails the necessary protection of its sources and catchment areas, where underground and surface aquifers are considered, as well as springs (nacientes), wells, and other areas from which the water resource is located and accessed” (see resolution No. 9221 at 11:41 hours on May 22, 2019). The appellant claimed that there is a report issued by an expert provided by [...] R.L. that questioned the findings of the inspections carried out by SINAC, which was not considered in the decision being questioned; however, this was analyzed by the trial judge, and the main conclusion reached in the judgment is that, despite what is stipulated in said document, in effect, the scope of protection for bodies of water is legally defined, and even if the interested company has permits granted for the use of surface water or for the development of livestock activity (which is not questioned), this must be executed under parameters of compliance with the limits established by the law itself. The fact that the requesting company has permits for water exploitation simply reveals that there are bodies of water on the property, as confirmed by the inspections carried out by SINAC, and therefore, the existence of a trail, the planting of non-native pasture, and the construction of sewer systems that do not respect the corresponding limits constitute environmental damage that, objectively, [...] R.L. is obligated to repair. Thus, there is no evidence to refute the findings of the inspections carried out over thirteen years by SINAC officials that confirmed the environmental damage, as the appealed judgment rightly points out, so the decision to order the restitution of things to their original state and to seek the restoration of the environmental equilibrium is duly supported by the evidence presented. In this way, I declare the appeal ground that was raised for lack of reasoning of the ruling without merit, and I separate from the majority vote that annuls the appealed resolution. THEREFORE: By majority, the appealed judgment number 10-2025 at fourteen hours two minutes on the thirteenth of January of two thousand twenty-five, issued by the Trial Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón venue, and the debate that preceded it are annulled. Likewise, this summary case is ordered to be returned to the knowledge of the a quo court, for its new substantiation according to law. In view of what has been decided, this Chamber refrains from ruling on the grounds alleged in the appeals filed in this case. Judge Sancho González dissents. Notifíquese.- ??????????????? KOCPSRLFSKA61 SUSANA WITTMANN STENGEL - JUEZ/A DECISOR/A ???????????????? SCF93247ML6Y61 XIOMARA GUTIERREZ CRUZ - JUEZ/A DECISOR/A ??????????????? FF06RWPQXDK61 MAUREEN REBECA SANCHO GONZALEZ - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 13-200145-0634-PE Circuito Judicial de Cartago Teléfonos: 2551-2713 ó 2553-0340. Fax: 2551-2355. Correo electrónico: [email protected] Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:14:43. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República