Res. 10918-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — Impropriety of Extending Joint Liability for Environmental Damages in Administrative LitigationImprocedencia de extender responsabilidad solidaria por daño ambiental en proceso contencioso

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 10918 - 2025

Fecha de la Resolución: 25 de Noviembre del 2025 a las 14:18

Expediente: 23-005951-1027-CA

Redactado por: Felipe Córdoba Ramírez





Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

23-005951-1027-CA - 8




PROCESO:

	

Conocimiento




ACTOR/A:

	

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA S.A




DEMANDADO/A:

	

3-101-632533 S.A.

 

 N° 2025010918

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN CUARTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las catorce horas con dieciocho minutos del veinticinco de noviembre del dos mil veinticinco.-

 

Proceso de conocimiento incoado por la compañía denominada EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-042028, representada por sus apoderados especiales judiciales, Luis Ignacio Palacios Degwitz, cédula de identidad N° 8-0149-0474, Mauricio Salas villalobos, cédula de identidad N° 1-0788-0208, Luis Ortiz Zamora, cédula de identidad N° 1-0923-0771 y Francisco Obando León, cédula de identidad N° 1-1041-0390, contra las compañías denominadas AUTO SERVICIOS ZONA FRANCA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-0006737; SERVIALMO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-187984; SERVICENTRO TURRIALBA JSM SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-617286; MAUVASOL SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-336628; TRANSGAS DE LIBERIA LIMITADA, cédula de persona jurídica N° 3-102-611004; GANADERA MERYLAND LIMITADA, cédula de persona jurídica N° 3-102-095631; 3-101-632533 SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-632533; CHIAPSOL SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-597065; CORPORACIÓN VILLAREAL - SANTA ROSA INC. SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-602869; GASOLINERA BARRANTES Y VARGAS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-129813; GASOLINERA SABANA GUANACASTECA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-286089; GENTES EN ACCIÓN LTDA, cédula de persona jurídica N° 3-102-202610; INVERSIONES DEL PACÍFICO JSM SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-610983; LAS TROJITAS C.R.C. SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-441285; SERVICENTRO COSTA DEL PACÍFICO MVSZ SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-396210; SERVICENTRO DE ALAJUELA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-394778; SERVICENTRO SANTA ANA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-411695; SERVICENTROS UNIDOS DEL PACÍFICO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-622823; SERVIEXPO GUÁPILES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-691288; CORPORACIÓN INTERNACIONAL CÉSPEDES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-080480; TRANSPORTES MASIVOS DEL CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-332296; TERMINAL DE BUSES DE UPALA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-719844; EMPRESARIOS GUAPILEÑOS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-089828; PULMITAN DE LIBERIA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-010089; AUTOTRANSPORTES TILARÁN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-077736; TRANSPORTES DELDU SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-118213; AUTOS TRANSPORTES CHAVARRÍA MEZA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-268239; TRANSNORTE DE UPALA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-134228; AUTO TRANSPORTES DE UPALA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-033010; LÍNEAS DEL ATLÁNTICO LIMITADA, cédula de persona jurídica N° 3-102-008307; AUTOTRANSPORTES CARIBEÑOS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-028668; TRANSPORTES MATINA BATAAN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-171909; SOCIEDAD LOTIFICADORA CENTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-102-007709; FARMACIAS JSM SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-281609; y GRUPO HOTELERO SUERRE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-130452, así como en contra de los señores JORGE SOLANO MONTENEGRO, cédula de identidad N° 3-0158-0974, JORGE EDUARDO SOLANO ZÚÑIGA, cédula de identidad N° 3-0293-0587, empresas y personas físicas mencionadas representadas por sus apoderados especiales judiciales Carlos Alberto Ramírez Aguilar, cédula de identidad N° 1-0450-0628 y Ángel Castillo Venegas, cédula de identidad N° 2-0639-0875; así como en contra de la sociedad denominada BANCO IMPROSA SOCIEDAD ANÓNIMA. cédula de persona jurídica N° 3-101-079006 (Fiduciario del Fideicomiso "Caribeños-BCR-Dos mil cinco"), representado por su apoderado general judicial, Álvaro Emilio Francisco Castro Garnier, cédula de identidad N° 1-0636-0130.-

 

RESULTANDO:

1.- Que el objeto del presente proceso, entendido como lo que se pretende sea concedido en sentencia, conforme lo expresado en el escrito de demanda y lo determinado en la audiencia preliminar, se encuentra dirigido a lo siguiente: "1. Declare solidariamente responsables a los señores Jorge Solano Zúñiga y Jorge Solano Montenegro por las sumas que se originan en los montos reconocidos en las sentencias firmes 451-2015 del Tribunal Penal de Heredia de las 9 horas del 19 de octubre del 2015, 2017-333 del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, Sección Segunda de las 9 horas 10 minutos del 15 de mayo del 2017 y sentencia 709-2019 a las 14 horas del 29 de agosto de 2019, 2020-001118 del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Primera a las 13 horas 48 minutos del 13 de noviembre de 2020, confirmadas por la resolución 2021-00991 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de las 12 horas 21 minutos del 20 de agosto de 2021 en contra de la sociedad AUTO    SERVICIOS ZONA FRANCA, que consisten en el reconocimiento judicial firme de la afectación patrimonial que supuso la contención de la contaminación y pérdida de operación del pozo operado por mi representada, según las resoluciones judiciales mencionadas, los cuales hasta el momento de la presentación de la presente demanda se cuantifican en cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco millones seiscientos ochenta y tres mil ciento cinco colones y ochocientos noventa y nueve céntimos (¢4.475.683.105,899) y sesenta y siete mil novecientos cuarenta y dos dólares de los Estados unidos (sic) de Norte América con trece centavos ($67.942,13), así como los intereses causados hasta el momento del pago efectivo de dichas sumas, cantidad que deberá ser cancelada a favor de nuestra representada. 2. Declare la existencia del grupo de interés económico conformado por todas las sociedades aquí demandadas, así como la responsabilidad solidaria de éstas por la reparación de los daños causados por AUTO SERVICIOS ZONA FRANCA, S.A. que se originan en los montos reconocidos en las sentencias firmes 451-2015 del Tribunal Penal de Heredia de las 9 horas del 19 de octubre del 2015, 2017-333 del Tribunal de Apelación de Sentencia del tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, Sección Segunda de las 9 horas 10 minutos del 15 de mayo del 2017 y sentencia 709-2019 a las 14 horas del 29 de agosto de 2019, 2020-001118 del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Primera a las 13 horas 48 minutos del 13 de noviembre de 2020, confirmadas por la resolución 2021-00991 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de las 12 horas 21 minutos del 20 de agosto de 2021 en contra de la sociedad AUTO SERVICIOS ZONA FRANCA, que consisten en el reconocimiento judicial firme de la afectación patrimonial que supuso la contención de la contaminación y pérdida de operación del pozo operado por mi representada, según las resoluciones judiciales mencionadas, los cuales hasta el momento de la presentación de la presente demanda se cuantifican en cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco millones seiscientos ochenta y tres mil ciento cinco colones y ochocientos noventa y nueve céntimos (¢4.475.683.105,899) y sesenta y siete mil novecientos cuarenta y dos dólares de los Estados unidos (sic) de Norte América con trece centavos ($67.942,13), así como los intereses causados hasta el momento del pago efectivo de dichas sumas, cantidad que deberá ser cancelada a favor de nuestra representada. 3. Declare la responsabilidad solidaria y de carácter ambulatoria del Banco Improsa, S.A. por las sumas que se originan en los montos reconocidos en las sentencias firmes 451-2015 del Tribunal Penal de Heredia de las 9 horas del 19 de octubre del 2015, 2017-333 del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, Sección Segunda de las 9 horas 10 minutos del 15 de mayo del 2017 y sentencia 709-2019 a las 14 horas del 29 de agosto de 2019, 2020-001118 del Tribunal de Apelación de Sentencia del tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Primera a las 13 horas 48 minutos del 13 de noviembre de 2020, confirmadas por la resolución 2021-00991 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de las 12 horas 21 minutos del 20 de agosto de 2021 en contra de la sociedad AUTO SERVICIOS ZONA FRANCA, que consisten en el reconocimiento judicial firme de la afectación patrimonial que supuso la contención de la contaminación y pérdida de operación del pozo operado por mi representada, según las resoluciones judiciales mencionadas, los cuales hasta el momento de la presentación de la presente demanda se cuantifican en cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco millones seiscientos ochenta y tres mil ciento cinco colones y ochocientos noventa y nueve céntimos (¢4.475.683.105,899) y sesenta y siete mil novecientos cuarenta y dos dólares de los Estados unidos (sic) de Norte América con trece centavos ($67.942,13), así como los intereses causados hasta el momento del pago efectivo de dichas sumas, cantidad que deberá ser cancelada a favor de nuestra representada".-

2.- Que conferido el traslado de ley a los codemandados de apellido Solano, así como al resto de las sociedades demandadas a excepción de la entidad bancaria también accionada, su representación se pronunció en oposición a la demanda. Fueron interpuestas las excepciones de cosa juzgada (rechazada interlocutoriamente por la Jueza Tramitadora durante la celebración de la audiencia preliminar en lo que fue celebrada al día 23 de agosto del 2024); prescripción, "en relación a las costas que se impusieron en la sentencia" entiéndase -agrega esta Cámara- dictada en sede penal (diferida por la Jueza tramitadora durante la celebración de la audiencia preliminar en su conocimiento, para el dictado de la sentencia, en lo que dicha diligencia fue celebrada el día 23 de agosto del 2024); indebida acumulación de pretensiones (que guardó identidad con una defensa previa, y que fue rechazada interlocutoriamente por la Jueza Tramitadora durante la celebración de la audiencia preliminar en lo que fue celebrada al día 23 de agosto del 2024); falta de derecho y demanda defectuosa, (esta última que también guardó identidad con una defensa previa, en relación con a la cual la Jueza tramitadora omitió pronunciamiento, en particular durante la celebración de la audiencia preliminar en lo que lo fue el día 23 de agosto del 2024 y sin que en momento procesal posterior alguno la parte o partes promoventes de dicha defensa previa, haya llamado la atención sobre el particular). Se solicitó además, que se declare sin lugar la demanda.-

3.- Que conferido el traslado de ley al Banco Improsa S.A., su representación se pronunció en oposición a la demanda. Fueron interpuestas las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva; así como la de falta de derecho. Se solicitó que las partes demandantes sean condenadas al pago de las costas.-

4.- Que al dar contestación a la demanda a través de su representación, las personas físicas y sociedades codemandadas (a excepción de Banco Improsa S.A.) incoaron reconvención en contra de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (imagen 227 del expediente judicial) según el texto de la cual y lo determinado en la audiencia preliminar, para que en sentencia se declare lo siguiente, en lo que lleva relevancia: "1. ... que las sociedades (...) no participaron en los hechos que fueron imputados a la sociedad Autoservicios Zona Franca Sociedad Anónima, tal y como fue dispuesto en las sentencias: a) Sentencia 451-2015 del Tribunal Penal de Heredia a las nueve horas del veintinueve de octubre de dos mil quince, b) Sentencia 2017-00333 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela de las nueve horas con diez minutos del quince de mayo de dos mil diecisiete, c) Sentencia 2020-001118 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón de las trece horas con cuarenta y ocho minutos del trece de noviembre de dos mil veinte, e) Sentencia 2021-00991 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de las doce horas con veintiún minutos del veinte de agosto del dos mil veintiuno. 2. Que se declare que en las sentencias: a) Sentencia 451-2015 del Tribunal Penal de Heredia a las nueve horas del veintinueve de octubre de dos mil quince, b) Sentencia 2017-00333 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela de las nueve horas con diez minutos del quince de mayo de dos mil diecisiete, c) Sentencia 2020-001118 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón de las trece horas con cuarenta y ocho minutos del trece de noviembre de dos mil veinte, e) Sentencia 2021-00991 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de las doce horas con veintiún minutos del veinte de agosto del dos mil veintiuno, no fueron condenadas en suma alguna a las sociedades (...) así mismo comparecemos (sic) los señores (a) Jorge Solano Montenegro (...) (b) Jorge Solano Zúñiga, de forma solidaria, de conformidad con los artículos (sic) 137 de la Ley de la Ley (sic) 4891. 3. Que se declare que no existe grupo de interés económico ni solidaridad, conforme las sentencias: a) Sentencia 451-2015 del Tribunal Penal de Heredia a las nueve horas del veintinueve de octubre de dos mil quince, b) Sentencia 2017-00333 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela de las nueve horas con diez minutos del quince de mayo de dos mil diecisiete, c) Sentencia 2020-001118 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón de las trece horas con cuarenta y ocho minutos del trece de noviembre de dos mil veinte, e) Sentencia 2021-00991 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de las doce horas con veintiún minutos del veinte de agosto del dos mil veintiuno. 4. Que se declare, el perjuicio causado a las sociedad (sic) (...) por no ser deudoras de una obligación inexistente, y como consecuencia de la pretensión de solidaridad, se actúa con dolo, razón por la cual en aplicación del artículo 701 del Código Civil, debe ser condenada la empresa Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima, en su condición de parte actora a los daños y perjuicios ocasionados, que se estiman conforme consta en la prueba en la suma de cuatro mil quinientos diez millones trescientos treinta y tres mil quinientos noventa y dos colones con ciento noventa y nueve céntimos. Siendo este el motivo de los daños y perjuicios. 5. Consecuentemente se pide la condenatoria en ambas costas".-

5.- Que conferido el traslado de Ley a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en relación a la reconvención, su representación se pronunció en oposición a la misma. Fueron interpuestas a título de excepciones, no obstante guardaron identidad con defensas previas, exclusivamente las que se identificaron como reconvención defectuosa (acogida interlocutoriamente por la Jueza Tramitadora durante la celebración de la audiencia preliminar en lo que fue celebrada el día 23 de agosto del 2024, no obstante lo cual, el defecto por orden de la misma Juzgadora fue subsanado posteriormente, en lo que no se habría identificado en la reconvención en qué consisten y el origen de los daños que se reclaman, sin perjuicio de que, con vista en el escrito de fecha 27 de agosto del 2024 visible a imágenes que van de la 1147 a la 1149, evidentemente no se cumplió con dicha prevención u orden, lo que se detallará adelante, sin que la Juzgadora o la parte reconvenida haya llamado la atención sobre el particular) e indebida acumulación de pretensiones (rechazada interlocutoriamente por la Jueza Tramitadora durante le celebración de la audiencia preliminar en lo que fue celebrada el día 23 de agosto del 2024). Se solicitó que se declare sin lugar en todos sus extremos la reconvención y se condene a al pago de las costas de modo solidario.-

6.- Que la audiencia preliminar fue celebrada en dos tantos, los días 23 de agosto y 11 de noviembre, ambos del año 2024, misma en la que previo a su término, la Jueza Tramitadora ordenó que se pasare el asunto para el dictado de la sentencia sin necesidad de celebrar la audiencia complementaria de juicio oral y público.-

7.- En fecha 03 de noviembre del 2025 se turnó el presente asunto a la Cámara de Juzgadores que venía conocimiento asuntos en atención al que se ha denominado, "Plan de Descongestionamiento de los Procesos de Puro Derecho" del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, correspondiéndole la ponencia al juzgador Felipe Córdoba Ramírez, no obstante, previo a que fuese efectuada la deliberación, la integración de ese grupo de trabajo fue disuelta, disponiéndose que el caso debía continuar en su trámite con la integración correspondiente a aquella a la que pasó integrar el Juez Córdoba Ramírez, correspondiendo en consecuencia el dictado de la presente sentencia a la presente Sección IV de este Tribunal, integrada con los juzgadores Judith Reyes Castillo y Elías Baltodano Gómez, siempre según criterios de priorización definidos por la Dirección de Planificación del Poder Judicial mediante el oficio N° 310-PLA-MNP-2025.-

8.- Que en los procedimientos no se han observado nulidades que deban ser declaradas, y/o vicios que hayan de ser subsanados.-

Redacta el juez Córdoba Ramírez y se resuelve por unanimidad.-

CONSIDERANDO

I.- Sobre los reproches formulados por la empresa actora. Iniciamos transcribiendo en lo conducente, lo relacionado por la parte actora en el plano de los hechos, esto es, la causa de pedir. Indicó al respecto la empresa demandante lo siguiente: "Hechos: 1. De acuerdo con las sentencias 451-2015 del Tribunal Penal de Heredia de las 9 horas del 19 de octubre del 2015, y 2017-333 del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, Sección Segunda de las 9 horas 10 minutos del 15 de mayo del 2017; la sociedad Autoservicios Zona Franca, S.A., fue condenada civilmente a la reparación de los daños y perjuicios causados a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, producto de la contaminación de aguas subterráneas del Pozo "AB 1089" denominado "PRI II" que operaba nuestra representada para el suministro masivo de agua potable. 2. En sentencia número 451-2015 del Tribunal Penal de Heredia de las 9 horas del 19 de octubre del 2015, se establecieron como hechos probados los siguientes: a. "La Empresa de Servicios Públicos de Heredia, construyó mediante contratación, el pozo que se denominó AB 1089, sobre la finca descrita en el plano catastrado número H-749339-1988, que ocupa actualmente el Folio Real partido de Heredia, matrícula número 4-131889-000, el que había abastecido de agua para consumo humano, sin interrupciones, desde el año de su construcción 1988, brindando una extracción de 90 litros por segundo, hasta el día 01 de septiembre de 2004, cuando se descubrió la existencia de una contaminación en sus aguas por la presencia de hidrocarburos del tipo diésel, gasolina y varsol, momento en el cual el pozo dejó de utilizarse y que ha representado un peligro para la salud pública consumir agua con este tipo de componente químico". b. "El citado pozo AB-1089, se encuentra ubicado al costado norte de la Estación de Servicio Zona Franca, localizado en la hoja cartográfica ABRA con coordenadas 218,3 latitud, 520,0 longitud dentro de la zona industrial entre Barreal de Heredia y La Autora. El citado pozo tiene una profundidad de 160,3 metros y el agua extraída del mismo es utilizada para uso doméstico y como reserva durante la estación seca, este pozo cuyo caudal es de 90 litros por segundo, se disponía por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia para abastecer alrededor de 90.000 abonados de las zonas de presión 2,4 y 3 del área de Heredia donde se encuentran las siguientes urbanizaciones: Las Auroras; I, II, III y Condominios Las Auroras, Urbanización Aries, Urbanización Nosara; Urbanización Real Santa María del Este y Oeste; Urbanización Gran Samara, Urbanización Jerez y Barreal Lagunilla". c. "A partir del momento en que se descubre la contaminación en razón de un muestreo de rutina el día 01 de septiembre de 2004, se pudo notar que el agua del Pozo Pri II o mejor conocido como AB 1089, expedía un olor a combustible con apariencia tornasol aceitosa. Como parte del procedimiento obligatorio a seguir, se realizaron una serie de pruebas, exámenes de laboratorio análisis y muestreos detectándose efectivamente la presencia de hidrocarburos obteniéndose primeros resultados de 11mg/l de hidrocarburos totales". d. "La gasolinera Autoservicios Zona Franca, ubicada en Barreal de Heredia, distrito Ulloa, cantón Heredia de la Provincia de Heredia fue edificada en el último trimestre del año 1991, sus permisos fueron tramitados por el señor Milton Sánchez Marín, a nombre de la sociedad Auto Servicios Zona Franca, S.A., sociedad que originalmente se llamaba Distribuidora Taboga Limitada, pero que mediante documento presentado al diario del Registro Público, al tomo 370, asiento 3272, se modificó al nombre de Autoservicios Zona Franca S.A. la cual era propiedad del señor Sánchez Marín, de hecho este aparecía registralmente como su representante legal. Esta estación de servicio, se edificó en el inmueble descrito en el plano número H-749335.88, actualmente ocupa el Folio Real Partido de Heredia, matrícula número 4-132505-000, y estaba inscrita, a la fecha de acaecidos los hechos aquí investigados a nombre de la sociedad Auto Servicios Zona Franca y aunque actualmente aparece inscrita a nombre de Banco Crédito Agrícola de Cartago como fideicomiso, otorgado por la empresa Auto Servicios Zona Franca S.A., según fideicomiso del Banco de Costa Rica denominado "Caribeños-BCR-Dos mil cinco" en asocio con otras sociedades parte de un Grupo de Interés Económico - a saber, Líneas del Atlántico Limitada, cédula jurídica 3-102-8307; Corporación Terminales del Caribe CTC, S.AS. cédula jurídica 3-101-249020; Sociedad Lotificadora Central Limitada, cédula jurídica 3-102-7703; Servicentro Cariari S.A. cédula jurídica 3-101-070263 y Autoservicios Zona Franca S.A. según escritura otorgada el día 11 de septiembre de 2007, ante la Notaría del Lic, Eduardo Gómez Morales y que ocupa el asiento 95590 del tomo 574 del diario del Registro Público" (...). e. "El mes de marzo del año 2003, surgen dos hechos importantes, en primer lugar, el señor Sánchez Marín negoció el traspaso de la gasolinera, lo que implica el traspaso de las acciones de la sociedad Auto Servicios Zona Franca S.A., con el coimputado Jorge Solano (montenegro) padre del aquí imputado Jorge Eduardo Solano Zúñiga, empresario muy conocido en el ambiente nacional por sus negocios en esta rama del comercio. Este Traspaso se ejecuta mediante la cesión de las acciones de la empresa y se promueve el cambio en el Registro Mercantil de la personería de la sociedad Auto Servicios Zona Franca S.A., en virtud de testimonio de escritura otorgado ante la notaría del Licenciado Pablo Fernández Ramos Vargas, presentado el (sic) diario del Registro Público al tomo 517, asiento 10072. Con este documento oficialmente se realiza la adquisición de la sociedad y de la gasolinera, a nombre del nuevo propietario indicado, y este nombra como el representante de dicha sociedad al coimputado Herbert Valerín Valladares". (...). f. "Sin precisarse fecha exacta pero sí aproximadamente en el mes de enero del 2004, persona o personas desconocidas pero sí vinculadas con la organización y dirección de la empresa demandada civil, ordenaron eliminar la antigua capa asfáltica y colocar otra nueva sobre las nuevas tuberías que unían los dispensadores con los tanques de combustible, para lo cual contrataron maquinaria pesada. No obstante, el operador del back hoe que realizaba dichas tareas, no fue controlado, vigilando ni orientado por las personas que ordenaron los trabajos o los que estaban a cargo de tales deberes, en cuanto al lugar donde debía realizar las excavaciones y remiciones (sic) de material, y de forma descuidada y con total negligencia e imprudencia, tras remover la capa de asfalto del piso de la gasolinera introdujo la pala mecánica en el sitio donde se encontraban las tuberías que conectaban los dispensadores de combustible en aproximadamente 40 mil litros (diesel y gasolina). Tras el incidente, don Jorge Solano (montenegro), padre del aquí demandado civil Jorge Eduardo Solano (Zúñiga), se enteró del mismo y procedió una hora y media después de iniciado a cerrar las válvulas de seguridad y así detener el derrame, sin comunicar al derrame a las autoridades correspondientes y simplemente, personas vinculadas a la organización y dirección de la empresa propietaria de la gasolinera, ordenaron sustituir el tubo roto por uno nuevo y colocar una capa de asfalto y de concreto, dejando el combustible derramado en el suelo o sustrato donde se ubica la gasolinera, sin realizar ninguna actividad para extraer el combustible, ni para la limpieza de los suelos. Lo anterior conociendo (sic) y previendo que dicha sustancia contaminante infiltraría a través del suelo sin ningún control y contaminaría aguas subterráneas de gran importancia en el abastecimiento de agua potable para la población.". g. "Como consecuencia de la falta de control y vigilancia de las labores que se realizaban en torno a la actividad comercial riesgosa de la empresa Auto Servicios Zona Franca S.A., el hidrocarburo derramado se filtró por los suelos hasta invadir las aguas subterráneas del acuífero Colgado y Colima Superior, contaminando dichas aguas, siendo que el último referido es utilizado para abastecimiento de agua potable de gran parte de la población del Gran Área Metropolitana". h. "El resultado de esta infracción a los deberes de control y vigilancia sobre la actividad riesgosa de administración y comercialización de combustibles a la sociedad propietaria de la gasolinera, fue que las aguas captadas por el Pozo AB 1089 de Empresa de Servicios Públicos de Heredia y que abastece del acuífero Colima Superior y surte de agua aproximadamente 90.000 personas de las zonas de presión 2, 4 y 3 del área de Heredia, resultó evidentemente contaminada con hidrocarburos, específicamente con destilados medios de petróleo (Vasol) y diésel en niveles peligrosos para la salud humana, superiores a 40 mg/l."- i. "Como consecuencia adicional, las aguas del acuífero Colgado localizado debajo de la gasolinera y que se comunican con el pozo AB 1089, que a su vez recibe porciones de agua por medio de fisuras geológicas del acuífero Colima Superior, resultaron contaminadas con niveles superiores a los permitidos según Reglamento de Agua Potable y la OMS, en los parámetros de benceno, etibenceno, tolueno y xileno debiendo comprender labores de gran envergadura material y económica en la remediación del daño ocasionado de tipo material y que ha generado la debida indexación e intereses legales, ya que debió contratar maquinaria, comprar maquinaria, bombas, herramientas, horas hombre, transporte, pericias laboratorio, contratación de empresas externas, servicios profesionales externos, consultores, entre otros tantos gastos que se detallan en la liquidación que en esta sentencia se realiza". j. "La filtración de hidrocarburos por los suelos ubicados debajo de la gasolinera Zona Franca, ocasionó la contaminación del acuífero colgado y el acuífero Colima Superior, los cuales son del dominio público y como tal patrimonio del Estado, lo que ha ocasionado un daño significativo al ambiente que debe cuantificarse, lo que ha ocasionado un daño ambiental severo al Estado costarricense a causa del emprendimiento de una actividad eminentemente riesgosa de la empresa Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima". k. "Se condena a Auto Servicios Zona Franca Sociedad anónima al pago por daño material que consiste en la disminución del patrimonio de la actora civil por tener que sufragar las labores de remediación del pozo AB 1089, así: a) por el valor monetario que tuvo que cancelar producto de los análisis químicos de hidrocarburos de FUNDATEC, laboratorios LAMBDA, CELEQ, fotocopias de planos, compras de frascos para recolección de muestras, servicios profesionales de sondeo vertical, tal y como fue detallado en el anexo N° 1 del informe pericial de folios 1029 y siguientes, relativo a la cuantificación de los daños patrimoniales. Estos montos suman un total de veintinueve millones ciento cuarenta y nueve mil dieciséis colones con treinta céntimos (29.149.016,13), más cincuenta mil novecientos veinticinco dólares ($50.925), que corresponden a los análisis y muestreos de laboratorio CHEMLABS, así como la contratación de la consultoría brasileña CHAMLABS, según las facturas contenidas en ver anexo N° 2 de dicho informe; b.-) Gastos relacionados con la contratación de maquinaria, materiales necesarios para efectuar las labores de remediación, tales como cemento, bombas, tubería, salario de trabajadores que tuvieron que desatender sus labores diarias dentro de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, concretamente las labores del personal que se desplazó al el (sic) pozo contaminado con el fin de darle seguimiento a las tareas necesarias para limpiar el combustible presente en las inmediaciones del tantas veces referido poso AB 1089, así como la contratación de profesionales para la (sic) labores de remediación, dentro y fuera de la entidad actora, tal y como se detalla en el anexo N° 3 de la pericia, lo que suma un total de treinta y cinco millones setecientos veintisiete mil ciento ochenta y dos colones con doce céntimos (35.727.182,12); c.-) El equivalente al salario del personal de la Compañía (sic) de Servicios Públicos de Heredia que tuvo que asistir a las reuniones de la Comisión Interinstitucionales de Remediación y que fue liquidado en la sume (sic) de siete millones trescientos cincuenta y un mil ciento treinta y dos colones con cincuenta y un céntimos (7.351.132,51), según se desprende de la documentación aportada en el anexo N° 4 del informe pericial al que se ha hecho referencia, cantidades que en su totalidad suman setenta y dos millones doscientos veintisiete mil trescientos treinta colones (72.227.330), que deberá cancelar la empresa demandada Auto Servicios Zona Franca, a favor de la actora Civil Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH)". l. "En virtud de lo expuesto, corresponde determinar la cuantificación de los intereses a partir del dieciséis de octubre del año dos mil ocho y hasta el día de hoy (...)". m. "Por ello avala y acuerda la determinación del monto por indexación desde la fecha de la demanda presentada el 16 de octubre de 2008. Para efectos de cuantificar esta partida, (...)". n. "Por concepto de costas procesales a favor de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, se condena a Auto Servicios Zona Franca S.A., al pago de la suma de (...)". 3. En sentencia de segunda instancia número 2017-333 del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, Sección Segunda de las 9 horas 10 minutos del 12 de mayo del 2017, se declaró lo siguiente: a. Se confirma la responsabilidad de la empresa Auto Servicios Zona Franca, S.A. por los daños ocasionados a raíz del derrame de aproximadamente 40.000 litros de combustible. b. Se condena adicionalmente a Auto Servicios Zona Franca S.A. a indemnizar por concepto de lucro cesante a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, la cantidad de ochocientos sesenta y tres millones novecientos ochenta y un mil ochenta colones con cincuenta y ocho céntimos (1.873.981.080,58), a causa de la no comercialización del agua del pozo SB 1089, desde enero del 2005 hasta junio de 2013. 4. Ambas sentencias citadas fueron confirmadas mediante resolución 2021-00991 de las 12:21 del 20 de agosto de 2021, bajo el expediente 04-0184440-0042-PË, de la Sala de Casación Penal, al resolver un recurso de casación    presentado por el señor Jorge Solano Zúñiga. 5. La empresa Auto Servicios Zona Franca, S.A., forma parte del grupo de interés económico conformado por las 34 sociedades condemandadas, con las cuales comparte uno o varios criterios establecidos por nuestro ordenamiento jurídico y por nuestra jurisprudencia para identificar estos grupos (...). 6. Los señores Jorge Solano Montenegro y Jorge Solano Zúñiga, según se estableció en las sentencias dictadas, ejercieron su dominio real como dueños y directivos de la compañía Autoservicio Zona Franca, tanto en momento de la adquisición de la empresa, como en la negociación de los trabajos de renovación realizados en la estación de servicios y que dieron origen a los daños. 7. Mediante contrato suscrito a las doce horas quince minutos del treinta y uno de agosto del dos mil cinco, se constituyó el fideicomiso de Garantías denominado "Caribeños - BCR - Dos mil cinco", con un plazo de 11 años, contados a partir de la fecha de su constitución. Dicho contrato de fideicomiso de garantía tuvo por finalidad garantizar al fideicomisario Banco de Costa Rica el fiel cumplimiento y debido pago de las deudas contraídas por las fideicomitentes deudoras. 8. En este fideicomiso las empresas Auto Servicios Zona Franca S.A., Líneas del Atlántico Limitada, Sociedad Lotificadora Central Limitada; Servicentro Cariari S.A.; Corporación Terminales del Caribe CTC S.A. consintieron poner bienes pertenecientes a dichas empresas como garantía de ocho créditos otorgados por el Banco de Costa Rica en favor de la siguientes empresas: Ganadería Gasol del Atlántico, Sociedad Anónima; Auto Transportes Caribeños, Sociedad anónima; Magasoso de las Lomas Sur, Sociedad Anónima; Gasolinera Barrantes y Vargsa, Sociedad Anónima; Auto Transportes Tilarán, Sociedad Anónima; Líneas del Atlántico Limitada; Gasolinera Sabana Guanacasteca, Sociedad Anónima; Sociedad Lotificadora Central, Sociedad Anónima; Servialmo, Sociedad Anónima. Con lo que se tiene la sociedad Auto Servicio Zona Franca S.A. otorgó bienes de su patrimonio en garantía, pero no recibió ningún crédito, sino que aportó su patrimonio para satisfacer las necesidades de otras sociedades. 9. Para el año 2018, la propiedad en cuestión    fue traspasada, según consta en el Registro Público de la Propiedad, al Banco Improsa, quien asumió la titularidad del inmueble matrícula número 4-132505-000 en calidad de fiduciario". Siendo ese el cuadro fáctico a partir del cual se erigió la demanda que se conoce en los términos de la presente sentencia, en lo que toca al fundamento de la acción, en el escrito de demanda, apartado identificado así, "derecho", se esgrimieron estructuras argumentativas en soporte de la procedencia del objeto del proceso entendido como lo que se pretende sea concedido en sentencia. Continuando, en fundamentación de la acción se indicó el subapartado identificado como "A. Responsabilidad objetiva de Jorge Solano Montenegro y Jorge Solano Zúñiga". En relación a estas dos partes codemandadas, expresado lo que sigue a manera de síntesis y haciendo un esfuerzo al respecto, reprochó quien demanda que conforme la sentencia N° 451-2015 del Tribunal Penal de Heredia de las 9 horas del 19 de octubre del 2015 los daños vinculados con la contaminación de aguas subterráneas son de carácter ambiental, de donde extrae, que estos demandados son objetivamente responsables por el pago de los importes por los que en sede penal fue condenada a pagar a la empresa actora, la sociedad denominada Auto Servicios Zona Franca S.A., en aplicación de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, esto, por ser los señores Jorge Solano Montenegro y Jorge Solano Zúñiga, titulares de dicha empresa. A partir de lo anterior, afirmó quien demanda que la responsabilidad que se reclama es además de objetiva, solidaria como derivación del contenido y alcances que entiende tiene esa norma legal, lo que correlacionó con lo dispuesto en la Ley de Gestión Integral de Residuos, en su artículo 57; la Ley Forestal, artículo 57, y la Ley General de Salud en su artículo 296. Se censuró que conforme con la jurisprudencia emanada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, se ha reconocido la responsabilidad de las personas naturales que actúan por parte de empresas que infringen el ordenamiento jurídico ambiental, a efecto de lo cual citó en parte, el texto de un fallo identificado como el Voto N° 00398 del 06 de junio del 2001. Además, se hizo cita de una resolución del que se identificó como el Tribunal Ambiental Administrativo, identificada con el N° 865-01-TAA. Sumó lo que en doctrina identificó como una conforme la cual, cuando se causa daño ambiental responden solidariamente todos y cada uno de los sujetos que hayan contribuido, por acción u omisión a la consecución del daño. La representación de la parte actora hizo cita en lo particular de parte del texto del que nuevamente identificó como la sentencia N° 451-2015 del Tribunal Penal de Heredia de las 9 horas del 19 de octubre del 2015, para afirmar que como derivación de ella, se ha de concluir que: a) el señor Jorge Solano montenegro adquirió la estación de gasolina y ejercitó junto con su hijo, señor Jorge Solano Zúñiga, su autoridad como dueño en negociaciones tendientes a la renovación del negocio. A estos efectos se hizo cita en parte del texto de la prueba que dice, obra en un expediente penal, relativa a la declaración de un testigo identificado con el nombre de Alexander Tencio Vega, de donde se dice, se comprueba la participación activa de estas dos partes aquí codemandadas en la toma de decisiones de la empresa denominada Auto Servicios Zona Franca S.A.. Continuó indicando la representación de la parte actora que con lo anterior, se habría de demostrar que el señor Solano Montenegro fue accionista de la sociedad mencionada, así como que éste, en concurso son su hijo, señor Solano Zúñiga, ejercían dominio como dueño o dueños de la compañía, tanto en la adquisición como en la renovación de la estación de servicios que se explotaba a través de la misma, a lo que se agregó que el señor Solano Montenegro era empresario conocido en el ambiente nacional en esta rama del comercio (la explotación de bombas de gasolina) conocidas por las iniciales "JSM"; destacando que el señor Solano Montenegro tuvo rol activo en negociaciones de equipos y relación con otras empresas de su misma familia, incluso como su representante legal, de donde se concluye que esta empresa es parte de las otras codemandadas, como grupo de interés económico. Acto seguido conforme el texto de la demanda, quien acciona desarrolló lo que identificó en el apartado identificado así: "Fundamento Grupo de interés económico", transitando por subapartados identificados como "la responsabilidad compartida en los grupos de interés económico"; "Criterios para la determinación de un grupo de interés económico"; "Personas jurídicas con los mismos directivos, que representan el 30% o más de la junta directiva"; "Compañías que se dedican a la misma actividad están manejadas por el mismo grupo familiar"; "Mismo gerente o presidente de una persona jurídica se desempeña como gerente o presidente en otra persona jurídica"; "Compañías que conforman el grupo de interés económico comparten mismos domicilios"; "Uso indistinto de los recursos de las sociedades que conforman el grupo de interés económico"; "Utilización indistinta de propiedades de diferentes sociedades como garantías de un crédito"; "El uso indistinto de diversos recursos de las sociedades como empleados, flota de buses, marcas o imagen comercial y redes de comunicación"; y "Utilización fraudulenta de esquemas de societarios con finalidad de evadir responsabilidades". Luego, pasando al fundamento de la demanda en lo que se dirigió en contra de la entidad bancaria codemandada, se indicó que lo que se pretende sea concedido en sentencia lo es sobre la base de lo que se identificó como "responsabilidad propter rem del Banco Improsa como propietario registral de inmueble", para lo que, siempre sobre partiendo de que la condena el sede penal preexistente lo fue por daño ambiental o con ocasión de éste, en favor de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, según su criterio conforme la doctrina, existe una responsabilidad adjetivada de "ambulatoria" a partir de que se afirma, que quien adquiere en propiedad un bien inmueble del que previamente -entiende este Tribunal- por su uso y/o explotación por parte del transmitente de la titularidad de su dominio se produce un daño de corte ambiental, ha de responder patrimonialmente por ese daño, que insistimos, por guardar identidad con una afectación dañosa al ambiente, por ende le es aplicable al tema de responsabilidad las normativa especial relacionada con la materia ambiental.-

II.- Sobre los alegatos de defensa formulados por la presentación de las partes demandadas. A continuación y de la forma más sintéticamente posible, describimos los argumentos de defensa esgrimidos por las partes codemandadas frente a la demanda principal:

1.- La posición de las sociedades y personas físicas accionadas, a excepción de la entidad bancaria, también codemandada. La representación de estas empresas y personas físicas codemandadas y se pronunció en oposición a la demanda (imagen 205 del expediente judicial). En síntesis y en lo que lleva relevancia, argumentó en el apartado de su escrito de demanda identificado como "antecedentes procesales necesarios para la contestación de la demanda", que la pretendida declaratoria de solidaridad no es procedente conforme el numeral 638 del Código Civil, en relación con el 135, de la Ley 4891 del 08 de noviembre de 1971, siendo que además, de las sentencias invocadas por la parte actora no existió ni determinación de participación en un hecho ilícito, ni condenatoria en lo civil, siquiera intervención de las partes aquí codemandadas como accionadas civiles dentro de aquel proceso penal. En su criterio, el fundamento de la presente demanda lo es la ejecución de sentencia, para lo que deben ser observadas las normas aplicables del Código Procesal Penal, siendo que quien demanda pretende desligarse de la cosa juzgada, sin haber ejercido la acción civil resarcitoria en aquella sede penal conforme el numeral 19 del Código Procesal Penal, -más adecuadamente identificado como el artículo 119, agregamos-, aspirando abarcar la Empresa actora al tenor de la condenatoria dictada en firme en sede penal, a otros que no fueron accionados en su oportunidad, bajo la tesis de la existencia de un grupo de interés económico. Así y a título de excepciones, formuló la cosa juzgada, porque en su criterio el objeto del proceso se aparta de lo fallado en firme en sede penal -entendemos, partiendo de que la acción es en su criterio, de ejecución de sentencia-, porque la Autoridad Judicial en su momento no determinó responsabilidad solidaria alguna de quienes ahora son partes codemandadas; la prescripción, exclusivamente en lo que entiende que en el presente proceso se estaría pretendiendo cobrar la condenatoria en costas generada a partir de los fallos dictados en firme en sede penal, nuevamente según lo comprendemos, partiéndose de que se afirma, nos encontramos ante una ejecución de sentencia; y falta de derecho. Se referenció el artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente invocado por la parte actora, para indicarse que sin ser partícipes del hecho dañoso, lo que la demandante pretende es extender erradamente los alcances de lo fallado en sede penal, a quienes no tuvieron participación el el hecho dañoso mediante una alegada solidaridad, lo que estima, resulta improcedente.-

2.- Sobre la oposición de la representación de la entidad bancaria codemandada. Señaló la representación de Banco Improsa S.A. en oposición a la demanda, que la parte actora carece de legitimación activa para demandar obviando alguna imprecisión en torno a la parte en contra de la que dirige su acción en este tanto, siendo que refiere a la entidad bancaria y un fideicomiso de garantía en el que el banco figura como fiduciario, a la vez que entre el banco y la actora no existe ningún tipo de relación o vínculo jurídico, en particular como derivación de los fallos que invoca, dictados en un proceso penal. Por las mismas razones, se alegó que media falta de legitimación pasiva si se tiene en cuenta el exclusivo rol que esta parte tiene en relación con un contrato de fideicomiso, siendo que su labor se limita al ejercicio de actividad contractual circunscrita a esa relación jurídica específica conforme lo dispuesto en el artículo 633, en relación con el 645, ambos del Código de Comercio. Acto seguido, se procedió a desarrollar aspectos relacionados en el plano jurídico, con la naturaleza de esta tipología contractual. A esto sumó, que de entender la parte actora que debía dirigir su acción en los términos en que indica estarlo haciendo, éste habría debido ser dirigida en contra del Fideicomiso o no en contra de su fiduciario, en todo caso ajeno a un grupo de interés económico como el que se describe en el escrito de demanda. Finalizó la representación de esta parte codemandada indicando que: "Aclarada la participación de Banco Improsa S.A. como tercero ajeno, no le puede alcanzar la responsabilidad solidaria que se reclama con gran imaginación, argumentando absurdas tesis para cobrar extremos sin ningún fundamento".-

III.- Sobre lo alegado en fundamento de la contrademanda. Como se indicó lo propio líneas atrás, al dar contestación a la demanda la representación de las partes accionadas que no guardan identidad con la entidad bancaria codemandada, formuló reconvención. En síntesis, como hechos describió lo fallado en dos de las sentencias dictadas por la autoridad judicial competente en sede penal (hecho primero y segundo); a la existencia de un contrato de fideicomiso en el que como fiduciario figura Banco Improsa S.A. (hecho tercero); al fundamento legal de la acción de corte civil resarcitoria ejercida en la causa penal conforme lo dispuesto en el numeral 119 del Código Procesal Penal (hecho cuarto); precisó que las aquí reconventoras no figuraron como partes accionadas en lo civil en aquella causa penal (hecho quinto); que siendo lo anterior así, lo fallado en la causa penal generó estado de cosa juzgada material (hecho sexto); se referenció algo sobre lo alegado por la demandante en la presente causa conforme su escrito de demanda respecto de la legitimación activa, en lo que se dice estar reclamando la reparación de daños ambientales reconocidos en sede penal (hecho séptimo); censuró que media incoherencia en torno a la legitimación activa para demandar conforme la acción principal que se conoce en los términos de la presente sentencia (hecho octavo); reprochó que la empresa pública demandante en el presente asunto, incurre al accionar como lo hizo en abuso del derecho (hecho noveno); y finalmente se hizo referencia a la tesis sostenida por quien demanda en torno a la responsabilidad objetiva solidaria (hecho décimo). En el plano de la fundamentación jurídica de la reconvención por otro lado, se reprochó que la empresa pública demandante en despliegue de una conducta residenciada en el hecho de demandar, incurre además en una conducta que se califica de manifestación de un ejercicio abusivo del derecho y una conducta antisocial que se dice, causa un daño que afecta a las sociedades codemandadas, y que, como consecuencia de violar con ello la cosa juzgada, se generó un obstáculo -entendemos para las partes reconventoras al tenor de lo dispuesto en el artículo 633 del Código Civil- que se dice hace imposible cumplir una obligación por responsabilidad objetiva sin nexo causal, de donde afirma, que lo pretendido con la demanda -ha de entenderse- en su totalidad viola la Ley. Ahora bien, durante la celebración de la audiencia preliminar, en el tanto que lo fue el día 23 de agosto del 2024, al ser las 12:49 hrs. la Jueza Tramitadora a cargo de su dirección, dispuso ordenar a las partes reconventoras indicar en qué consisten los daños y perjuicios que reclama y su origen (I. 1146 del expediente judicial) para lo que le concedió un plazo de 5 días para que subsanara el defecto por escrito, teniéndose por finalizada dicha audiencia al ser las 13:03 hrs. En atención a lo así ordenado por la Jueza Tramitadora, la representación de las partes reconventoras indicó posteriormente, por escrito y en lo conducente (I. 1147 del expediente judicial) que: "En este caso el daño causado es por intereses relativos al deber general de abstención y que como consecuencia deviene en un daño. (...) estamos en presencia de una ejecución de un fallo o sentencia, dictado por un Tribunal de la República, cuya ejecución por competencia corresponde al Tribunal que nos ocupa. La sentencia documento, no comprende a terceros dentro de la relación procesal referente a una obligación resarcitoria declarada por afectación ambiental. Es decir, existe una cosa juzgada que identifica a las partes la causal y el objeto. (...). En este caso, se pretende burlar la cosa juzgada en relación con la responsabilidad de la antijuridicidad material. (...). Por otro tanto, el daño es extracontractual, ante el abuso del ejercicio de la efectiva tutela judicial como garantía de la persona. Acudir ante los Tribunales. Pero el deber de accionar genera responsabilidad. En este caso demandar a terceros para pretender cancelar conforme una sentencia la suma de (...) por aparente y creatividad de grupo de interés económico es un daño extracontractual. Las personas jurídicas que no fueron llamadas a juicio penal, ni condenadas están siendo vinculadas a un proceso ilegal. este es el daño. La cosa juzgada es inmutable. Ni por grupo de interés puedo (sic) violarse la sentencia para generar responsabilidad económica por un hecho específico, en la que nunca tuvo participación conforme al derecho penal. Perjuicio: El perjuicio: las costas por tener que contratar los servicios profesionales que por ley no son gratuitos lo cuales se estimarán en la ejecución de sentencia". Como se aprecia con absoluta claridad, más allá de detallar la parte actora la causa del daño en lo que haciendo un esfuerzo al respecto, entiende este Tribunal que se encontró constituida conforme la reconvención exclusivamente en el hecho de haber sido interpuesta la demanda por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, en forma alguna se dio cumplimiento a lo ordenado por la Jueza de Trámite, especificando en qué consiste el daño en atención a su tipología, como tampoco lo estimó en ningún nivel en esa oportunidad. Continuando, en inobservancia de su propia resolución que aún no había sido atendida, la Jueza de Trámite convocó nuevamente a audiencia preliminar, que se celebró el día 11 de noviembre del 2024, misma en la que persistiendo la omisión procesal referida, lejos de declarar lo que corresponde en este supuesto, que lo habría debido ser conforme lo dispuesto en el numeral 92.2), en relación con el 66.1).d), ambos del Código Procesal Contencioso Administrativo, abrió la Juzgadora nuevamente la discusión con la representación de las partes reconventoras mediante un ejercicio dialéctico prolongado, sobre la identificación y determinación de en qué consisten los daños y su estimación. Conforme el registro de audio de dicha audiencia, con mucha dificultad estos tópicos fueron abordados por la Jueza y la representación de las partes reconventoras, esta última que finalmente, de modo absolutamente vago precisó que el daño que se reclama consistiría exclusivamente en uno de corte moral, que se estimó, sin revelar si se trató de un daño moral de corte objetivo o subjetivo, de modo que, lo que se puede afirmar a este punto lo es que el presente caso fue trasladado para el dictado de la sentencia, sin que la parte demandada y la Autoridad Judicial conozca en qué consiste ese daño moral cuya reparación se pretende, con un mínimo de precisión y rigor formal al menos. (Imagen 1193 del expediente judicial, en asocio con el registro de audio correspondiente).-

IV.- Sobre los alegatos de defensa formulados por la presentación de la parte contrademandada. La representación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia frente a la reconvención, se pronunció en oposición a la misma, sin que en criterio de esta Cámara por la forma en que habrá de ser fallado el asunto en este tanto, resulte necesario sintetizar lo que se alegó al respecto, por resultar estéril e inconducente a estos efectos.-

V.- Hechos probados. De relevancia para la resolución del presente proceso, se tienen como hechos probados: 1) Que en una causa penal cuyo trámite tuvo su inicio en el año 2004, identificada bajo el número de expediente judicial 04-018440-042-PE, tuvieron estatus de imputados exclusivamente quienes se identificaron como el señor Herberth Jesús Valerín Valladares y Jorge Eduardo Solano Zúñiga, por la presunta autoría de el delito de contaminación de aguas y otros en daño a la salud pública, y en dicho proceso intervinieron como querellantes actores civiles, el instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, y el Estado, teniéndose como parte accionada civil además, a la que se identificó con la denominación de Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima. (Las imágenes que van de la 251 a la 456, en asocio con las que van de la 554 a la 580, de la 461 a la 505, de la 533 a la 553 y de la 582 a la 595, todas del expediente judicial); 2) Que como parte del trámite dado a dicha causa judicial, fue dictada por el Tribunal Penal de Heredia la sentencia identificada con el N° 451-2015 de las 09:00 hrs. del 19 de octubre del 2015, conforme la cual se dispuso en su por tanto lo siguiente: "Conforme a lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 37, 38, 40, 111, 112 a 116, 119, 142, 180 a 184, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 368 del Código Procesal Penal; 1, 2, 11, 16, 18 a 20, 30, 31, 45, 268 del Código Penal; artículo 132 (hoy 128) de la Ley de Conservación de Vida Silvestre; artículo 1048 del Código Civil; artículos 1 al 6 de la Ley de Transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Ley número 7789 de 30 de abril de 1998, 50, 51, 59 de la Ley Orgánica del Ambiente; artículo 18 en relación al 45 del Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, Decreto Ejecutivo número 32493-J, al resolver el presente asunto y por la unanimidad de los votos emitidos se resuelve lo siguiente: A.- Sobre la acción penal: 1- SE ABSUELVE de toda pena y responsabilidad a los acusados JORGE EDUARDO SOLANO ZÚÑIGA y HERBERTH VALERÍN VALLADARES, por los delitos de Corrupción de Sustancias Alimentarias o Medicinales y Contaminación de Aguas, que se les venía atribuyendo en perjuicio de la salud pública y otros. 2.- En cuanto a las querellas presentadas por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, en contra de los señores JORGE EDUARDO SOLANO ZÚÑIGA Y HERBERTH VALERÍ VALLADARES, este fallo se dicta sin especial condenatoria en costas derivadas por sus acciones, por haber existido razón pausible (sic) para litigar. B.- Sobre la acción civil: 1.- Se declara sin lugar las (sic) excepciones de FALTA DE REPRESENTACIÓN, FALTA DE ACCIÓN, FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA, interpuestas por los demandados civiles. 2.- Se declara sin lugar las (sic) acciones civiles resarcitorias incoadas por la Procuraduría General de la República; la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en contra de los demandados civiles HERBERTH VALERÍN VALLADARES y JORGE EDUARDO SOLANO ZÚÑIGA. 3.- Respecto a estas acciones se dicta este fallo sin especial condenatoria en costas por haber existido razón plausible para litigar por parte de los actores. 4.- Se declara PARCIALMENTE con lugar la acción civil incoada por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima y en razón de lo anterior, se condena a la empresa demandada Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima, al pago de: 4.1.- Por concepto de daño material la suma de 72.227.330.oo y 50.925 dólares. 4.2.- Por concepto de indexación la suma de 23.337.137.oo colones. 4.3.- Por concepto de intereses legales la suma de 37.448.485.41 colones y 11.382.06 dólares. 4.4.- COSTAS. 4.4.1. Por concepto de costas personales la suma de 17.801.295.03 colones. 4.4.3. Los intereses fijados seguirán corriendo a partir del día de hoy y hasta el efectivo pago de la totalidad    de los montos cuantificados en esta sentencia, los cuales serán determinados en ejecución de sentencia. 4.5.- Se declara sin lugar el reclamo por daño moral. 5.- Se declara con lugar la acción civil resarcitoria incoada por la Procuraduría General de la República, en contra de la empresa demandada Auto-Servicios Zona Franca Sociedad Anónima, y en razón de lo anterior, se condena EN ABSTRACTO la indemnización por daño material. Igualmente se condena en costas a la demandada civil, monto que se definirá en ejecución de sentencia, por no haberse podido cuantificar el rubro por daño material. C.- Sobre las consecuencias de este fallo: Se ordena continuar al Tribunal de la Inspección Judicial la pérdida de diez legajos de prueba documental aportados por la defensa, así como el informe de valoración por daño ambiental aportado como prueba documental al expediente por la representación de la Procuraduría General de la República. Los gastos del proceso quedan a cargo del Estado. NOTIFÍQUESE". (Las imágenes que van de la 251 a la 456 del expediente judicial); 3) Que en conocimiento de acción recursiva interpuesta en contra de la sentencia relacionada en el hecho probado anterior, fue dictada por parte del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, Sección Segunda, la sentencia identificada con el N° 2017-00333 de las 09:10 hrs. del 15 de mayo del 2017, conforme la que en su por tanto se dispuso lo siguiente: "Se declaran sin lugar los recursos de apelación de sentencia interpuestos por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en su condición de actor civil, y por los querellados y demandados civiles. Se declara con lugar la apelación adhesiva interpuesta por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. contra Auto Servicios Zona Franca S.A.. Se anula lo resuelto al denegar la indemnización por lucro cesante y en su lugar se acoge el monto de UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA COLONES CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS correspondientes al lucro cesante de la no comercialización del agua del pozo AB 1089 de enero de 2005 a junio de 2013. En cuanto a ese mismo concepto, pero con posterioridad a dicha fecha, se ordena el juicio de reenvío a su oficina de origen, para que con la debida sustanciación se tome la decisión que en derecho corresponde.- Notifíquese". (Las imágenes que van de la 554 a la 580 del expediente judicial); 4) Que posteriormente, fue dictada por el Tribunal de Sentencia Penal de Heredia, Sección Primera, la sentencia identificada con el N° 909-2019 de las 14:00 hrs. del 29 de agosto del 2019, según la cual en su por tanto se dispuso lo siguiente: "De conformidad con lo expuesto, artículos 103, 106, 107 y 109 del Código Penal, artículos del 37 al 41 y del 111 al 124, 267, 359, 366, 368, 466 del Código Procesal Penal, artículos 1045, 1046, 1048 del Código Civil; se declara con lugar la presente acción civil resarcitoria incoada por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA (ESPH) contra AUTO SERVICIOS ZONA FRANCA. S.A. en el extremo petitorio de lucro cesante desde el año 2014 al año 2018, fijando por este concepto el monto de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE COLONES CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS. (1.677.862.847,43). Por concepto de indexación sobre el monto antes mencionado se otorga el total de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN COLONES CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (274.192.261,47). Por concepto de costas procesales se otorga el monto de TRES MILLONES DE COLONES (3.000.000). Por concepto de costas personales según decreto de aranceles de honorarios número 32493 se otorga el monto de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE COLONES CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (222.307.979,84). NOTIFÍQUESE". (Las imágenes que van de la 461 a la 505 del expediente judicial); 5) Que impugnado el fallo relacionado en el hecho probado anterior, el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Primera, San Ramón, dictó la sentencia identificada con el N° 2020-001118 de las 13:48 hrs. del 13 de noviembre del 2020, según la cual en su por tanto se dispuso lo siguiente: "Se declara sin lugar el recurso interpuesto por la empresa Auto Servicios Zona Franca, representada por el apoderado especial judicial Carlos Alberto Aguilar Ramírez. Notifíquese". (Las imágenes que van de la 533 a la 553 del expediente judicial); 6) Que en los términos de la sentencia dictada en esta misma causa penal por la Sala de Casación Penal identificada con el N° 2021-00991 de las 12:21 hrs. del 20 de agosto del 2021, según su por tanto se dispuso lo siguiente: "Se declara inadmisible el recurso de Casación presentado por el licenciado Carlos Alberto Ramírez Aguilar, representante de la parte demandada civil Auto Servicios Zona Franca S.A.. Notifíquese". (Las imágenes que van de la 582 a la 595 del expediente judicial).-

VI.- Hechos no probados: De relevancia para la resolución del presente proceso, se tuvo por no demostrado lo siguiente: ÚNICO: Que conforme lo fallado en firme dentro de la causa judicial en materia penal tramitada bajo el número de expediente 04-018440-042-PE, alguno de los extremos concedidos a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia haya guardado identidad con la condena al pago por el resarcimiento de un daño de carácter ambiental. (Las imágenes que van de la 251 a la 456, en asocio con las que van de la 554 a la 580, de la 461 a la 505, de la 533 a la 553 y de la 582 a la 595, todas del expediente judicial).-

VII.- Sobre el fondo del asunto, en relación a la demanda. En criterio de este Tribunal, se impone declarar sin lugar la demanda incoada por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en lo que se dirigió en contra de la totalidad de las parte codemandadas (personas físicas y/o jurídicas incluyendo a Banco Improsa S.A.) por no ostentar legitimación en la causa activa quien demanda para ello, en función de las siguientes consideraciones. Iniciamos indicando que en lo medular la parte actora hace descansar en lo fáctico su demanda, exclusivamente en la existencia de una serie de sentencias dictadas con ocasión del trámite dado a partir del 2004, por hechos ocurridos en ese año (más de veinte años atrás) conforme un proceso judicial que para cuya sustanciación ante la Jurisdicción penal, fue identificado con el número de expediente judicial 04-018440-042-PE. Nos detenemos para precisar conforme los hechos que hemos estimado relevantes a los efectos del dictado de la presente sentencia, que en esa causa penal tramitada en el año 2004 bajo el número de expediente judicial 04-018440-042-PE, tuvieron estatus de imputados, exclusivamente quienes se identificaron como el señor Herberth Jesús Valerín Valladares y el aquí codemandado Jorge Eduardo Solano Zúñiga, por la presunta autoría de el delito de contaminación de aguas y otros en daño a la salud pública, así como que, en dicho proceso intervinieron como querellantes actores civiles, el instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la aquí demandante Empresa de Servicios Públicos de Heredia, y el Estado. También figuró como accionada civil la sociedad denominada Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima. El texto de estas sentencias obra en cada caso a las imágenes que van de la 251 a la 456, en asocio con las que van de la 554 a la 580, de la 461 a la 505, de la 533 a la 553 y de la 582 a la 595, todas de este expediente judicial. Por otra parte, la demanda que conocemos y lo que sigue lo afirmamos con mucho respeto, presenta un importante grado de dificultad para su adecuada comprensión, lo que se vio reflejado en la forma de proceder en algunos casos, errática y/o dubitativa, por parte de la Jueza Tramitadora, particularmente durante la celebración de la audiencia preliminar producida como parte del trámite dado a la presente causa. Decimos que resulta confusa, en la medida que transita sobre una muy delgada línea entre una acción que supone la ejecución de sentencia firme dictada por una autoridad judicial penal, y lo que se propone conforme el objeto del presente proceso entendido como lo que se pretende sea concedido en sentencia, en el marco de un proceso ordinario, esto es plenario del que habría de hacerse emerger un fallo o sentencia constitutiva en relación a la totalidad de las partes codemandadas. Luego y haciendo un esfuerzo al respecto, pese a que la representación de la parte actora ha insistido en que no se encuentra accionando en dirección a la ejecución de lo fallado en firme en aquella causa penal, de modo insistimos confuso y/o si se quiere incongruente, ha manifestado en oportunidades diversas, que erige su acción sobre la base de la existencia de un daño que fue reconocido o tuvo su origen como un daño ambiental conforme las sentencias dictadas por la autoridad judicial en materia penal en el proceso mencionado atrás; así como que: "... estamos en presencia del cobro solidario de los montos impuestos en sentencia firme en sede penal"; que se procede así para corregir el abuso de derecho por parte de grupos de interés económico, mediante un esquema de fraude a la Ley o abuso del derecho conforme los artículos 21 y 22 Código Civil, en asocio con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente en lo que refiere a una obligación solidaria de reparar el daño en esa materia; y no se pasa por alto escuchado con atención el registro del audio correspondiente a la celebración de la audiencia preliminar en lo que lo fue el día 23 de agosto del 2024, que manifestó a viva voz la representación de la empresa pública accionante, que: "... reiteramos la idea, de que lo que se está pretendiendo aquí, es el cobro de un título ejecutivo a los deudores solidarios, a los que son solidariamente responsables a los daños reconocidos ahí ...". Esta indeterminación clara de si se está ante una ejecución de sentencia de lo fallado en firme en sede penal o no, explica porqué en relación a la causa de pedir, la representación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia no propuso como hechos a debatir, nada relacionado con los hechos ocurridos en el año 2004 que fueron los analizados por la Autoridad Judicial Penal en su momento respecto de personas que sólo ahora se encuentran siendo codemandadas, y en su lugar, se pretende hacer extensivos los alcances de lo exclusivamente dispuesto en las sentencias dictadas en aquél proceso judicial, contra quienes no formaron parte ni como imputados al menos en un caso, o accionados civiles en esa oportunidad por razones que no incumben a otra que a los efectos que nos ocupan, a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. En consonancia con lo anterior, la responsabilidad solidaria que ahora se reprocha, es fundamentada por la actora sólo a partir de los alcances que entiende poseen esas sentencias dictadas por la Autoridad judicial Penal, en asocio con la aplicación de normas y/o, doctrina que refiere a la responsabilidad por el resarcimiento de lo que se especificó es daño ambiental, lo que supone de entrada, que en sede penal hubiere mediado la condena al pago en favor de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia al pago de un daño ambiental, y como presupuesto, que la Autoridad Judicial en aquel momento hubiere determinado que medió legitimación para pedir en este sentido por parte de esta empresa pública, lo que como veremos, no fue así. No puede entonces decirse otra cosa siempre que, primero, incluso para la propia representación de quien no media claridad de si se encuentra o no pretendiendo en la realidad, la ejecución de sentencia firme, y segundo, que con todo y ello, si el presente proceso no guarda identidad con uno de ejecución de sentencia penal, como sí con uno plenario en el que habría de suponerse ha de garantizarse pleno ejercicio de defensa a las partes demandadas frente a los hechos (la causa de pedir) y fundamento jurídico de la acción, que insistimos, con exclusión de la sociedad denominada Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima, habría de resultar de declararse con lugar la demanda respecto del resto de las partes codemandadas, un fallo constitutivo de una obligación que no es preexistente, lo sería sin que en la presente causa las demandadas pudiesen debatir ni sobre la ocurrencia de los hechos supuestamente acaecidos en el año 2004 ni la existencia del daño, lo que a todas luces resulta improcedente so pena de ser vulnerados el derecho de defensa en cada caso, insistimos, si éste es en proceso plenario, porque baste decir, que respecto todo sujeto pasivo en la presente relación jurídico procesal (persona física y/o jurídica) que no haya tenido estatus procesal de imputado o accionado civil en la causa penal, no median los alcances de la cosa juzgada material como derivación de las sentencias que conforman en lo medular, la única y exclusiva causa de pedir en este asunto que ocupa nuestra atención. Destáquese de lo anterior según lo extrae esta Cámara, que la Empresa actora dice no encontrarse obrando desde un punto de vista procesal, conforme lo dispuesto en el artículo 488 del Código Procesal Penal que da competencia a este Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda para conocer la ejecución de sentencia penal en lo que comprenda extremos civiles, en este caso indemnizatorios. Pero atendida esta afirmación, también es correcto afirmar que dirige su acción sobre la base en lo fáctico sólo de la existencia y lo que entiende es el contenido y alcance de fallos dictados en firme dentro de una causa penal, derivada de la que únicamente devino en responsable civil de pagar daños, la sociedad denominada Servi Centro Zona Franca Sociedad Anónima, mientras que las personas personas físicas imputadas ni fueron condenadas por la autoría o participación en un delito, ni condenadas a pagar daño alguno a la aquí actora. De algún modo en consecuencia, lo que propone la representación de la empresa actora lo es que conforme lo fallado en firme en sede penal, se condene por resultar solidariamente responsables, a personas que no fueron civilmente accionadas dentro de la causa penal por razones que no se conoce, conforme lo dispuesto 106 del Código Penal, esto es, ya porque al tenor del inciso 1) de ese numeral estas personas resultasen ser partícipes de un hecho punible, ya porque conforme el inciso 5, resultaren solidariamente responsables en observancia de alguna norma especial, de pagar por haberse ocasionado un daño, de modo solidario sin haber participado en el hecho o conducta penalmente sancionable, lo que parece ser el caso, y sólo ahora ante esta Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, demandando a quienes no se demandó en sede penal pese lo dispuesto en esta norma. De ahí una evidente dificultad que enfrenta quien demanda, constituida por el hecho de que sin afirmarlo así, demanda ahora a quienes pudo y debió haber demandado civilmente en sede penal si es que consideraba que resultaban solidariamente responsables conforme lo dispuesto en el numeral 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, pretendiendo en su contra, la condena al pago de daño ambiental. Luego, ni una ni otra cosa aconteció insistimos, ni empresa pública accionó civilmente en sede penal en contra de estos supuestos solidariamente responsables, ni lo hizo pretendiendo bajo el supuesto de ostentar legitimación para ello, la condena al pago de un daño ambiental pues como se verá y esto es medular a los efectos del presente fallo, la empresa pública actora sólo accionó en contra de Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima, procurando la condena si bien, al pago a título de resarcimiento por daños y/o perjuicios, respecto de unos que no guardaron nunca identidad con el pago para resarcir por daño ambiental. Pues bien y dicho todo lo anterior, hemos de volver a los hechos demostrados que por estimar esta Cámara de Juzgadores son los relevantes en el marco de lo fáctico propuesto por la misma parte actora según el texto de su demanda, para reiterar que por así derivarse de un análisis en valoración de la prueba que obra en autos en lo conducente, primero se tiene que en causa penal tramitada en el año 2004 bajo el número de expediente judicial 04-018440-042-PE, tuvieron estatus de sujetos imputados, quienes se identificaron exclusivamente como el señor Herberth Jesús Valerín Valladares y Jorge Eduardo Solano Zúñiga, por la presunta autoría de el delito de contaminación de aguas y otros en daño a la salud pública, y en dicho proceso intervinieron como querellantes actores civiles, el instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, y el Estado. (Las imágenes que van de la 251 a la 456, en asocio con las que van de la 554 a la 580, de la 461 a la 505, de la 533 a la 553 y de la 582 a la 595, todas del expediente judicial). Como se verá, la acción penal en lo que accesoriamente llevó corte indemnizatorio lo fue también, de entre las empresa aquí codemandadas, en contra de la que se identificó en dicha causa penal como la sociedad denominada Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima. Continuando, en aquel proceso se dictó sentencia de primera instancia como parte del trámite que le fue dado, constituida por el fallo dictado por el Tribunal Penal de Heredia identificado con el N° 451-2015 de las 09:00 hrs. del 19 de octubre del 2015, conforme el cual se dispuso en su por tanto lo siguiente: "Conforme a lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 37, 38, 40, 111, 112 a 116, 119, 142, 180 a 184, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 368 del Código Procesal Penal; 1, 2, 11, 16, 18 a 20, 30, 31, 45, 268 del Código Penal; artículo 132 (hoy 128) de la Ley de Conservación de Vida Silvestre; artículo 1048 del Código Civil; artículos 1 al 6 de la Ley de Transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Ley número 7789 de 30 de abril de 1998, 50, 51, 59 de la Ley Orgánica del Ambiente; artículo 18 en relación al 45 del Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, Decreto Ejecutivo número 32493-J, al resolver el presente asunto y por la unanimidad de los votos emitidos se resuelve lo siguiente: A.- Sobre la acción penal: 1- SE ABSUELVE de toda pena y responsabilidad a los acusados JORGE EDUARDO SOLANO ZÚÑIGA y HERBERTH VALERÍN VALLADARES, por los delitos de Corrupción de Sustancias Alimentarias o Medicinales y Contaminación de Aguas, que se les venía atribuyendo en perjuicio de la salud pública y otros. 2.- En cuanto a las querellas presentadas por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, en contra de los señores JORGE EDUARDO SOLANO ZÚÑIGA Y HERBERTH VALERÍ VALLADARES, este fallo se dicta sin especial condenatoria en costas derivadas por sus acciones, por haber existido razón pausible (sic) para litigar. B.- Sobre la acción civil: 1.- Se declara sin lugar las (sic) excepciones de FALTA DE REPRESENTACIÓN, FALTA DE ACCIÓN, FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA, interpuestas por los demandados civiles. 2.- Se declara sin lugar las (sic) acciones civiles resarcitorias incoadas por la Procuraduría General de la República; la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en contra de los demandados civiles HERBERTH VALERÍN VALLADARES y JORGE EDUARDO SOLANO ZÚÑIGA. 3.- Respecto a estas acciones se dicta este fallo sin especial condenatoria en costas por haber existido razón plausible para litigar por parte de los actores. 4.- Se declara PARCIALMENTE con lugar la acción civil incoada por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima y en razón de lo anterior, se condena a la empresa demandada Auto-Servicios Zona Franca Sociedad Anónima, al pago de: 4.1.- Por concepto de daño material la suma de 72.227.330.oo y 50.925 dólares. 4.2.- Por concepto de indexación la suma de 23.337.137.oo colones. 4.3.- Por concepto de intereses legales la suma de 37.448.485.41 colones y 11.382.06 dólares. 4.4.- COSTAS. 4.4.1. Por concepto de costas personales la suma de 17.801.295.03 colones. 4.4.3. Los intereses fijados seguirán corriendo a partir del día de hoy y hasta el efectivo pago de la totalidad    de los montos cuantificados en esta sentencia, los cuales serán determinados en ejecución de sentencia. 4.5.- Se declara sin lugar el reclamo por daño moral. 5.- Se declara con lugar la acción civil resarcitoria incoada por la Procuraduría General de la República, en contra de la empresa demandada Auto-Servicios Zona Franca Sociedad Anónima, y en razón de lo anterior, se condena EN ABSTRACTO la indemnización por daño material. Igualmente se condena en costas a la demandada civil, monto que se definirá en ejecución de sentencia, por no haberse podido cuantificar el rubro por daño material. C.- Sobre las consecuencias de este fallo: Se ordena continuar al Tribunal de la Inspección Judicial la pérdida de diez legajos de prueba documental aportados por la defensa, así como el informe de valoración por daño ambiental aportado como prueba documental al expediente por la representación de la Procuraduría General de la República. Los gastos del proceso quedan a cargo del Estado. NOTIFÍQUESE". (Las imágenes que van de la 251 a la 456 del expediente judicial). (El resaltado y subrayado no es del original). Nos hemos de detener para indicar, que a partir de lo así fallado y habiendo mediado por parte de esta Cámara una lectura y estudio integral del texto de esta sentencia, de forma categórica se extrae que ninguno de los extremos indemnizatorios por los que la sociedad denominada Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima, fue condenada a resarcir a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, guardaron identidad con la condena dirigida al resarcimiento por un daño de corte ambiental, como sí y en su lugar, haciendo eco de las mismas manifestaciones en parte, formuladas por la aquí actora, la condena lo fue a título de resarcimiento de daños materiales diversos al daño ambiental, fácilmente identificables conforme esos fallos como afectaciones patrimoniales sufridas por la aquí actora en el marco de su actividad ordinaria prestacional como administradora de un servicio público de suministro de agua potable, de un pozo que igualmente administra, y gastos asociados a la normalización del servicio en supresión de la contaminación del agua que suministra a sus abonados, expresado esto de un modo diverso, pero coincidente con el análisis realizado por la Autoridad Judicial Penal. La misma parte actora en su escrito de demanda, parece comprender que la condena civil en lo que fue dictada en contra de la empresa Auto Servicios Zona Franca S.A. no lo fue al pago por daño ambiental, cuando afirmó al describir el hecho referente a la sentencia penal de primera instancia, lo siguiente:"- i. "Como consecuencia adicional, las aguas del acuífero Colgado localizado debajo de la gasolinera y que se comunican con el pozo AB 1089, que a su vez recibe porciones de agua por medio de fisuras geológicas del acuífero Colima Superior, resultaron contaminadas con niveles superiores a los permitidos según Reglamento de Agua Potable y la OMS, en los parámetros de benceno, etibenceno, tolueno y xileno debiendo comprender labores de gran envergadura material y económica en la remediación del daño ocasionado de tipo material y que ha generado la debida indexación e intereses legales, ya que debió contratar maquinaria, comprar maquinaria, bombas, herramientas, horas hombre, transporte, pericias laboratorio, contratación de empresas externas, servicios profesionales externos, consultores, entre otros tantos gastos que se detallan en la liquidación que en esta sentencia se realiza". j. "La filtración de hidrocarburos por los suelos ubicados debajo de la gasolinera Zona Franca, ocasionó la contaminación del acuífero colgado y el acuífero Colima Superior, los cuales son del dominio público y como tal patrimonio del Estado, lo que ha ocasionado un daño significativo al ambiente que debe cuantificarse, lo que ha ocasionado un daño ambiental severo al Estado costarricense a causa del emprendimiento de una actividad eminentemente riesgosa de la empresa Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima". k. "Se condena a Auto Servicios Zona Franca Sociedad anónima al pago por daño material que consiste en la disminución del patrimonio de la actora civil por tener que sufragar las labores de remediación del pozo AB 1089, ...". (El resaltado y subrayado no es del original). De lo anterior, de entrada no se demuestra a partir de este fallo judicial, que alguno de los extremos concedidos a la empresa aquí actora, guarde identidad con la condena al pago por resarcimiento de un daño de carácter ambiental, que solo se estimó procedente en favor del Estado, como organización de derecho público diversa a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A.. A mayor abundamiento, si bien evidenciamos conforme el análisis realizado por la Autoridad Judicial Penal en el texto correspondiente al cuerpo de esta sentencia de instancia y su parte dispositiva, alguna incongruencia en lo que condenó a la sociedad denominada Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima al pago en favor del Estado, de daño material, cuando antes bien, fue el Estado como querellante y actor civil, el único de entre los que tuvieron ese estatus procesal, que reclamó o peticionó para sí, la condena al pago de daño ambiental, es claro que fue en su favor y no en favor de la empresa pública aquí demandante que la Autoridad Judicial Penal concedió un extremo para resarcir el daño al ambiente. Esto último refuerza que, en favor de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia ninguno de los extremos a esa data concedidos mediante sentencia judicial, comprendió ni el reconocimiento, ni la condena al pago para resarcir un daño de corte ambiental, como sí exclusivamente daños patrimoniales de un corte diverso, lo que como se verá, afecta directamente la teoría del caso planteada en el presente asunto por quien demanda porque parte de una premisa falsa, si de la condena al pago de un daño ambiental se trata. Es en este entendido que se ha de indicar, que una cosa lo es afirmar que en favor de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. se haya condenado a la sociedad denominada Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima al pago de daños y/o perjuicios causados con ocasión de haber contaminado un cuerpo de agua, y otra muy diversa afirmar que esos, alguno de ellos haya tenido la virtud de ser adjetivado como daño ambiental, lo que con claridad no fue así. Seguimos señalando que el proceso penal continuó en su trámite a nivel recursivo, y en conocimiento de acción de ese tipo (recursiva) interpuesta en contra de la sentencia relacionada en el hecho probado anterior, fue dictada por parte del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, Sección Segunda, la sentencia identificada con el N° 2017-00333 de las 09:10 hrs. del 15 de mayo del 2017, conforme la que en su por tanto se dispuso lo siguiente: "Se declaran sin lugar los recursos de apelación de sentencia interpuestos por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en su condición de actor civil, y por los querellados y demandados civiles. Se declara con lugar la apelación adhesiva interpuesta por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. contra Autoservicios Zona Franca S.A.. Se anula lo resuelto al denegtar la indemnización por lucro cesante y en su lugar se acoge el monto de UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA COLONES CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS correspondientes al lucro cesante de la no comercialización del agua del pozo AB 1089 de enero de 2005 a junio de 2013. En cuanto a ese mismo concepto, pero con posterioridad a dicha fecha, se ordena el juicio de reenvío a su oficina de origen, para que con la debida sustanciación se tome la decisión que en derecho corresponde.- Notifíquese". (El resaltado y subrayado no es del original. Ver las imágenes que van de la 554 a la 580 del expediente judicial). Nuevamente hemos de detenernos para precisar que incluso a este punto, tampoco se puede afirmar que alguna condena dada en favor de la empresa pública aquí demandante, haya incluido el pago dirigido a la reparación de un daño ambiental, que reiteramos, exclusivamente fue peticionado en esa causa penal por la representación del Estado. Posteriormente y dado que se ordenó por el órgano judicial superior en instancia, el retorno del expediente para el dictado de un nuevo fallo de instancia en lo conducente, fue dictada por el Tribunal de Sentencia Penal de Heredia, Sección Primera, la sentencia identificada con el N° 909-2019 de las 14:00 hrs. del 29 de agosto del 2019, según la cual en su por tanto se dispuso lo siguiente: "De conformidad con lo expuesto, artículos 103, 106, 107 y 109 del Código Penal, artículos del 37 al 41 y del 111 al 124, 267, 359, 366, 368, 466 del Código Procesal Penal, artículos 1045, 1046, 1048 del Código Civil; se declara con lugar la presente acción civil resarcitoria incoada por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA (ESPH) contra AUTOSERVICIOS ZONA FRANCA. S.A. en el extremo petitorio de lucro cesante desde el año 2014 al año 2018, fijando por este concepto el monto de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE COLONES CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS. (1.677.862.847,43). Por concepto de indexación sobre el monto antes mencionado se otorga el total de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN COLONES CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (274.192.261,47). Por concepto de costas procesales se otorga el monto de TRES MILLONES DE COLONES (3.000.000). Por concepto de costas personales según decreto de aranceles de honorarios número 32493 se otorga el monto de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE COLONES CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (222.307.979,84). NOTIFÍQUESE". (El resaltado y subrayado no es del original. Ver las imágenes que van de la 461 a la 505 del expediente judicial). El fallo relacionado fue también impugnado, y en atención a dicha impugnación recursiva el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Primera, San Ramón, dictó la sentencia identificada con el N° 2020-001118 de las 13:48 hrs. del 13 de noviembre del 2020, según la cual en su por tanto se dispuso lo siguiente: "Se declara sin lugar el recurso interpuesto por la empresa Auto Servicios Zona Franca, representada por el apoderado especial judicial Carlos Alberto Aguilar Ramírez. Notifíquese". (Las imágenes que van de la 533 a la 553 del expediente judicial). Finalmente, en los términos de la sentencia dictada en esta misma causa penal por la Sala de Casación Penal identificada con el N° 2021-00991 de las 12:21 hrs. del 20 de agosto del 2021, según su por tanto se dispuso lo siguiente: "Se declara inadmisible el recurso de casación presentado por el licenciado Carlos Alberto Ramírez Aguilar, representante de la parte demandada civil Auto Servicios Zona Franca S.A.. Notifíquese". (Las imágenes que van de la 582 a la 595 del expediente judicial). A partir de lo anterior, una y otra vez se deberá indicar que lo fallado en firme en sede penal dentro de la causa de interés, lo fue con carácter de cosa juzgada material, así como que, por la relevancia que tiene lo que sigue a los efectos del dictado de la presente sentencia, no se acredita o demuestra a partir de lo anterior en ningún nivel, que conforme lo fallado en firme dentro de la causa judicial en materia penal tramitada bajo el número de expediente 04-018440-042-PE, alguno de los extremos concedidos a la empresa aquí actora, guarde identidad con la condena al pago por resarcimiento de un daño de carácter ambiental, que, ha de reforzarse, únicamente correspondió a un extremo reclamado por la representación del Estado a través de la Procuraduría General de la República como su representante en aquella causa judicial penal. (Las imágenes que van de la 251 a la 456, en asocio con las que van de la 554 a la 580, de la 461 a la 505, de la 533 a la 553 y de la 582 a la 595, todas del expediente judicial). En refuerzo de lo anterior, conforme el texto de la sentencia dictada por el Tribunal Penal de Heredia la sentencia identificada con el N° 451-2015 de las 09:00 hrs. del 19 de octubre del 2015, considerando IX, sobre la: "Acción Civil Resarcitoria incoada por la Procuraduría General de la República", con claridad reza lo que sigue: "El reclamo civil que realiza la Procuraduría General de la República, según se evidencia de la acción civil resarcitoria planteada, lo es por el daño ambiental causado". (El resaltado no es del original). Dicho todo lo anterior, siempre circunscrito este Tribunal al cuadro fáctico propuesto como objeto de debate por la propia parte aquí actora en el asunto que ocupa nuestra atención, sustenta su demanda a partir de lo que considera son el contenido y alcances de lo fallado en firme en sede penal integralmanente entendido, en lo que a partir de estas sentencias se constituyó un crédito en su favor, y que del como deudor identifica exclusivamente a la sociedad denominada Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima, con el propósito o aspiración conforme el objeto del proceso en síntesis y adecuadamente entendido, de hacer extensivo dicho crédito a terceras personas, incluyendo las codemandadas de corte societario y a los señores Jorge Solano Montenegro y Jorge Eduardo Solano Zúñiga, así como extensivo lo propio en contra de la entidad bancaria accionada denominada Banco Improsa Sociedad Anónima, todo a partir de una afirmación en lo fáctico y en aplicación en parte, de normativa especial de corte ambiental de la que sólo identificó el artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, sobre la base de que el daño cuya reparación por la vía de la condena a pagar fue concedido por sentencia firme debe ser separado por las personas aquí demandadas solidariamente conforme la Ley, jurisprudencia y/o, doctrina, porque la condena producida en sede penal guardó identidad con la imposición de la obligación de resarcir por la producción de un daño ambiental, lo que resulta claramente incorrecto. Esa condena a pagar en favor de la empresa pública aquí actora no existió. Esto nos obliga a abordar el tema de la solidaridad, para indicar que en principio la relación obligatoria que da lugar a la responsabilidad civil, surge porque media la determinación de una persona responsable u obligada a indemnizar por el daño que cause. Como regla general, la imputación de responsabilidad ha de recaer en el autor material de la conducta de cuyos efectos, se produce justo ese daño y/o perjuicio, que en el caso particular conforme lo fallado en firme en sede penal, lo fue única y exclusivamente la sociedad denominada Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima. Por otra parte, no obstante, es correcto afirmar que existen múltiples casos en que conforme la norma que resulte aplicable en cada caso, esta obligación de indemnizar obliga a responder a quien, pese no haber tenido una intervención o participación directa en la conducta que es causa eficiente en la producción del efecto dañoso, mantiene con la persona la persona a la que sí resulta imputable dicha conducta de modo directo, una específica relación o vínculo de acuerdo a lo establecido en la Ley o convenio, que justifica que se le tenga como igualmente responsable de las consecuencias del hecho dañoso. Conforme el Código Civil, artículo 638, se dispone en este sentido como regla general, la siguiente: "La solidaridad entre deudores sólo resulta de pacto expreso o de disposición de un testamento o de la ley". (El resaltado y subrayado no es del original). El numeral descarta en ausencia de pacto o testamento, que para la determinación de solidaridad el operador jurídico haya de acudir a la jurisprudencia y/o doctrina, como si y en su lugar, exclusivamente a la Ley, esto es, a una fuente jurídica que con rango, potencia y resistencia de Ley de la República así lo permita. Cuando el ordenamiento establece conforme la Ley especial entonces, que son varias las personas responsables de indemnizar el mismo daño en este caso, ambiental, resulta a todas luces impuesto el deber de determinar conforme el régimen jurídico aplicable la existencia de la base de imputación de la obligación de indemnizar solidariamente conforme el caso concreto, y establecer así, si en efecto ha de hacerse operar la solidaridad o, si por el contrario, la obligación debe considerarse imputable sólo y de modo independiente o autónomo, al agente productor de esos efectos. (artículos 637, 638, 639 y 640 del Código Civil). Luego, habiendo sido invocada por la parte actora, exclusivamente la norma comprendida en el numeral 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, se tiene que su texto reza de la siguiente manera: "Responsabilidad de los infractores. Sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza que les puedan resultar como partícipes en cualquiera de sus formas, los causantes de las infracciones a la presente ley o a las que regulan la protección del ambiente y la diversidad biológica, sean personas físicas o jurídicas, serán civil y solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados. Solidariamente, también responderán los titulares de las empresas o las actividades donde se causen los daños, ya sea por acción o por omisión. Igual responsabilidad corresponderá a los profesionales y los funcionarios públicos que suscriban una evaluación de impacto ambiental contra las disposiciones legales o las normas técnicas imperantes o no den el seguimiento debido al proceso, originando un daño al ambiente o a la diversidad biológica". (El resaltado y subrayado no es del original). Esta norma si de una interpretación finalista y sistemática del ordenamiento jurídico se trata (artículos 10, tanto del Código Civil como de la Ley General de la Administración Pública) se ha de entender en el marco de lo establecido en este mismo cuerpo normativo, así: "Artículo 1.- Objetivos. La presente ley procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado, mediante la aplicación de esta ley, defenderá y preservará ese derecho, en busca de un mayor bienestar para todos los habitantes de la Nación. Se define como ambiente el sistema constituido por los diferentes elementos naturales que lo integran y sus interacciones e interrelaciones con el ser humano". (El resaltado no es del original). Se obtiene de lo anterior, que la solidaridad a la que refiere el numeral 101 mencionado de este mismo cuerpo normativo, tiene que ver con la reparación de daño ambiental o al medio ambiente por un lado, mientras que por el otro, lo es en la medida que medie determinación de "participación" de alguna forma, lo que podría incluir una participación directa o indirecta pero relevante en relación de causa - efecto para la producción del efecto dañoso. En otro orden de ideas, de no tratarse de daño ambiental, no resulta de aplicación este artículo 101 indicado como lo es en este caso. Como con suficiencia ha quedado acreditado en la presente causa, baste con indicar y reiterar que no obstante fue su deber procesal, la parte actora si bien lo afirmó, no demostró que conforme lo fallado en firme dentro de la causa judicial en materia penal tramitada bajo el número de expediente 04-018440-042-PE, alguno de los extremos concedidos a la empresa aquí actora, guarde identidad con la condena al pago por resarcimiento de un daño de carácter ambiental., esto según el texto de las sentencias que obran a las imágenes que van de la 251 a la 456, en asocio con las que van de la 554 a la 580, de la 461 a la 505, de la 533 a la 553 y de la 582 a la 595, todas del expediente judicial, de donde se impone concluir en el plano jurídico, que lo dispuesto en este artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente de entrada, deviene en inaplicable al caso concreto, obviando que como derivación de la teoría del caso planteada, se excluye que las empresas y personas físicas codemandadas diversas a la denominada Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima, hayan tenido participación en los hechos dañosos analizados y determinados por la Autoridad Judicial penal, como causantes, ya directa o indirectamente de los efectos dañosos, que insistiremos, para el caso de aquello a lo que se condenó a esta sociedad pagar en firme, en favor de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, no guardó identidad con el resarcimiento de un daño de corte ambiental, que es presupuesto falso sobre el que se erigió la presente acción, incluso en lo que se dirigió en contra del Banco Improsa Sociedad Anónima a partir de una tesis que incluso podríamos considerar forzada en lo que exclusivamente tiene sustento en lo que identifico quien demanda como sustentada en doctrina, y no fundada en norma de Ley específica. De este modo, descartada la base de imputación de responsabilidad solidaria en lo que fue construida en lo fáctico y jurídico por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A., a partir de la errada afirmación de que el crédito otorgado por la Autoridad Judicial en materia penal lo fue con causa en el resarcimiento de un daño de carácter ambiental, la demanda no se sustenta en ninguno de esos planos, lo que impone declararla improcedente en todos sus extremos como en efecto se falla. Por las mismas razones, no resulta aplicable el artículo 57 de la Ley de Gestión Integral de Residuos, incorrectamente indicado por la empresa actora, siendo el correcto, el artículo 62; como tampoco el artículo 57 de la Ley Forestal, y menos el numeral 296 de la Ley General de Salud, que operan respecto de presupuestos totalmente distintos a el que nos ocupa. Como efecto reflejo, resulta innecesario entrar a analizar y determinar si las sociedades codemandadas conforman o no un grupo de interés económico, incluso en lo que toca a la totalidad de las empresas o sociedades demandadas simplemente porque no existe ley cuya aplicación haya sido invocada por la parte actora que imponga la solidaridad en su caso. Tampoco resulta relevante en esta línea de ideas, la afirmación hecha en el sentido de que estas sociedades por lo que las vincula, sin manifestación de un abuso de derecho o actividad antisocial en los términos de lo dispuesto en los numerales 21 y 22 del Código Civil, con el objetivo de evadir responsabilidades como la que sin éxito, les fue reprochada en la presente causa sobre la base de imputación inexistente de que han de responder por un daño de corte ambiental que solo le fue imputado en sede penal a la sociedad denominada Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima. Con claridad entonces, partiendo justo del contenido y alcances de las propias sentencias invocadas por la parte actora mediando yerro de su parte, como los instrumentos a partir de los que se generó su derecho a accionar como lo hizo en este caso concreto, media falta de legitimación en la causa activa, no siendo las mismas susceptibles de haberle colocado en posición de ejercer este derecho de acción por el fondo, en contra de las empresas y personas físicas aquí accionadas, de donde se impone declarar la demanda sin lugar en todos sus extremos, como así se falla. Debe recordarse que lo haya alegado como excepción o no, la de falta de legitimación en la causa activa, este es un aspecto que refiere a un presupuesto material de toda demanda que ha de ser analizado por el Juez incluso de oficio conforme la jurisprudencia emanada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la que como ejemplo, se encuentra la sentencia número 2008-000317 de las 09:10 hrs. del 02 de mayo de 2008, de donde resulta irrelevante que sólo la representación de Banco Improsa S.A. la haya alegado. En este sentido, volviendo a lo dispuesto en el artículo 638 del Código Civil, no existe disposición normativa comprendida en Ley de la República que permita la imputación de responsabilidad civil patrimonial solidaria que se reclama, incluso en contra de las personas físicas codemandadas. Para terminar, no obvia este Tribunal que durante la celebración de la audiencia preliminar en lo que lo fue el día 23 de agosto del 2024, la representación de la parte actora sin haber gestionado ampliación a la fundamentación de su demanda, invocó "incluso", la norma comprendida en el artículo 126 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, que reza así: "Independientemente de la responsabilidad personal, civil o penal, que pueda caber sobre los socios, personeros o representantes, las personas jurídicas que hayan participado en la comisión de los actos ilícitos comprendidos en esta Ley, serán solidariamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a la vida silvestre y el ambiente en general, y deberán repararlos en forma integral. Igualmente, serán solidariamente responsables las personas físicas o jurídicas que integren un mismo grupo de interés económico con la persona jurídica infractora". En relación a la posible aplicación de esta norma que, se insiste, no formó parte del fundamento de la demanda, aún y de admitirse que lo fuese, la misma con claridad no resulta de aplicación al caso concreto, primero, porque ello fue determinado por la Autoridad Judicial competente en materia penal al dictar la sentencia identificada como la dictada por el Tribunal Penal de Heredia la sentencia identificada con el N° 451-2015 de las 09:00 hrs. del 19 de octubre del 2015 como se desprende del texto de ese fallo, y segundo, porque en efecto, entendido su contenido y alcances al tenor de lo dispuesto en el numeral primero, un asunto relacionado con el daño a la vida silvestre (flora y/o fauna) resultó totalmente ajeno y por completo, a lo determinado como hechos demostrados en el caso penal de interés precedente.-

VIII.- Sobre el fondo del asunto en relación a la contrademanda. En síntesis, las partes reconventoras pretenden en lo medular, que en sentencia se condene a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia al pago de un daño, de lo que de forma totalmente vaga, se identificó sólo como daño moral, sin especificar si se trata de uno de corte objetivo o subjetivo, con la complacencia en este sentido de la Jueza Tramitadora a cargo del conocimiento del asunto en la fase del trámite del presente proceso correspondiente, sobre la base en lo fáctico también en lo medular, de haber sido demandadas en los términos de la acción que se conoce en los términos de la presente sentencia. as esto se sumó, una pretensión para que se condene a las partes reconvenidas al pago de perjuicios, que fueron identificados de modo informal durante la celebración de la audiencia preliminar, en lo que lo fue el día 11 de noviembre del 2024, como las costas del presente proceso, sin que con falta de rigor en técnica jurídica procesal, la Jueza Tramitadora resolviese nada al respecto en torno a este extremo petitorio así reformulado. Lo así propuesto como objeto del proceso, esto es lo que se pretende sea concedido en sentencia resulta de entrada improcedente, lo que impone que sea declarada sin lugar la reconvención en todos sus extremos, como en efecto se falla, a partir de las siguientes consideraciones:

1.- Sobre el objeto de la reconvención. Entendido el objeto de la reconvención como lo que se pretende sea concedido en sentencia, se tiene que conforme el escrito correspondiente y lo determinado en la audiencia preliminar, se pretende que se conceda lo siguiente: "1. Que en sentencia se declare que las sociedades (...) no participaron en los hechos que fueron imputados a la sociedad Autoservicios Zona Franca Sociedad Anónima, tal y como fue dispuesto en las sentencias: a) Sentencia 451-2015 del Tribunal Penal de Heredia a las nueve horas del veintinueve de octubre de dos mil quince, b) Sentencia 2017-00333 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela de las nueve horas con diez minutos del quince de mayo de dos mil diecisiete, c) Sentencia 2020-001118 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón de las trece horas con cuarenta y ocho minutos del trece de noviembre de dos mil veinte, e) Sentencia 2021-00991 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de las doce horas con veintiún minutos del veinte de agosto del dos mil veintiuno. 2. Que se declare que en las sentencias: a) Sentencia 451-2015 del Tribunal Penal de Heredia a las nueve horas del veintinueve de octubre de dos mil quince, b) Sentencia 2017-00333 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela de las nueve horas con diez minutos del quince de mayo de dos mil diecisiete, c) Sentencia 2020-001118 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón de las trece horas con cuarenta y ocho minutos del trece de noviembre de dos mil veinte, e) Sentencia 2021-00991 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de las doce horas con veintiún minutos del veinte de agosto del dos mil veintiuno, no fueron condenadas en suma alguna a las sociedades (...) así mismo comparecemos (sic) los señores (a) Jorge Solano Montenegro (...) (b) Jorge Solano Zúñiga, de forma solidaria, de conformidad con los artículos (sic) 137 de la Ley de la Ley (sic) 4891. 3. Que se declare que no existe grupo de interés económico ni solidaridad, conforme las sentencias: a) Sentencia 451-2015 del Tribunal Penal de Heredia a las nueve horas del veintinueve de octubre de dos mil quince, b) Sentencia 2017-00333 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela de las nueve horas con diez minutos del quince de mayo de dos mil diecisiete, c) Sentencia 2020-001118 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón de las trece horas con cuarenta y ocho minutos del trece de noviembre de dos mil veinte, e) Sentencia 2021-00991 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de las doce horas con veintiún minutos del veinte de agosto del dos mil veintiuno. 4. Que se declare, el perjuicio causado a las sociedad (sic) (...) por no ser deudoras de una obligación inexistente, y como consecuencia de la pretensión de solidaridad, se actúa con dolo, razón por la cual en aplicación del artículo 701 del Código Civil, debe ser condenada la empresa Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima, en su condición de parte actora a los daños y perjuicios ocasionados, que se estiman conforme consta en la prueba en la suma de cuatro mil quinientos diez millones trescientos treinta y tres mil quinientos noventa y dos colones con ciento noventa y nueve céntimos. Siendo este el motivo de los daños y perjuicios. 5. Consecuentemente se pide la condenatoria en ambas costas". Debemos indicar que al igual en que en alguna medida la parte actora incurrió en el mismo yerro, en el caso de la reconvención las pretensiones que van de la 1 a la 3, no guardan identidad con pretensiones de fondo propiamente dichas, para lo que así para efectos didácticos se encuentra previsto lo propio en los numerales 42, en relación con el 122. ambos del Código Procesal Contencioso Administrativo, como sí y en su lugar, a presupuestos que en lo fáctico y/o jurídico, habrían de suponer la procedencia de lo pretendido en lo principal, que en este caso se encontró constituido exclusivamente por extremos de condena. En en ese sentido, que las partes reconventoras habrían de atenerse a lo que determine esta Cámara, ya en lo que refiere a los hechos probados y el cuerpo de la sentencia comprensiva del análisis de fondo al respecto, sobre la determinación de que conforme lo fallado en firme en el asunto penal que antecedió a la presente causa, las sociedades demandadas no tuvieron participación en los hechos imputados a la sociedad Autoservicios Zona Franca Sociedad Anónima; que conforme las mismas sentencias ninguna de las empresas reconventoras fue condenada al pago de suma alguna, como tampoco los señores Solano, en ningún caso de forma solidaria además; así como que se declare que no existe grupo de interés económico ni solidaridad, conforme las sentencias referidas, todos esos son aspectos respecto de los que sólo de resultar relevantes, será conforme los hechos y/o, en análisis a hacerse comprender en el cuerpo de la presente sentencia que las reconventoras ha de encontrar un pronunciamiento al respecto, no así en la parte dispositiva del presente fallo. Finalmente se insiste, en lo que lleva relevancia la reconvención se dirige en lo medular a la condena al pago de daños y/o perjuicios a la parte reconvenida, causados por la acción de demandar conforme lo hizo la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en el presente asunto, en asocio con las costas, que entienden las partes reconventoras, pueden ser calificadas de perjuicio. En fundamento jurídico de esta reconvención, se limitaron quienes accionan a invocar lo dispuesto en el numeral 701 del Código Civil.-

2.- Sobre la improcedencia integral de lo pretendido en la reconvención. En un primer nivel de ideas, cohonestado lo propio por la Jueza Tramitadora que en el momento procesal oportuno obvió si lo que ordenó respecto del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58, inciso 1, subinciso e), en relación con el 92, incisos 1 y 2, en ambos casos del Código Procesal Contencioso Administrativo, en la audiencia preliminar en lo que fue celebrada el día 23 de agosto del 2024, lo cierto es que ni por escrito posterior, ni durante la celebración de la audiencia preliminar en lo que lo fue, el día 11 de noviembre del 2024 siguiente, la parte actora precisó con un mínimo de rigor formal en qué consisten los daños que reclama, más allá de afirmar de modo vago que se trató de un daño moral, sin describirlo como subjetivo u objetivo. En este sentido y no obstante podría resultar de perogrullo recordar lo que sigue la jurisprudencia nacional de modo reiterado ha indicado que el daño moral se verifica cuando se lesiona la esfera de interés extrapatrimonial del individuo, así como que con ocasión de ello, también puede ocurrir que se generen consecuencias patrimoniales, por lo que debe distinguirse adecuadamente entre daño moral subjetivo, o de afección, y daño moral objetivo. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha dicho al respecto, que: "El daño moral (llamado en doctrina también incorporal, extrapatrimonial, de afección, etc.) se verifica cuando se lesiona la esfera de interés extrapatrimonial del individuo, empero como su vulneración puede generar consecuencias patrimoniales, cabe distinguir entre daño moral subjetivo "puro", o de afección, y daño moral objetivo u "objetivado". El daño moral subjetivo se produce cuando se ha lesionado un derecho extrapatrimonial, sin repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente una perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo (disgusto, desánimo, desesperación, pérdida de satisfacción de vivir, etc., vg. el agravio contra el honor, la dignidad, la intimidad, el llamado daño a la vida en relación, aflicción por la muerte de un familiar o ser querido, etc.). El daño moral objetivo lesiona un derecho extrapatrimonial con repercusión en el patrimonio, es decir, genera consecuencias económicamente valuables (vg. el caso del profesional que por el hecho atribuido pierde su clientela en todo o en parte). Esta distinción sirve para deslindar el daño sufrido por el individuo en su consideración social (buen nombre, honor, honestidad, etc.) del padecido en el campo individual (aflicción por la muerte de un pariente), así uno refiere a la parte social y el otro a la afectiva del patrimonio. (…) En suma el daño moral consiste en dolor o sufrimiento físico, psíquico, de afección o moral infligido con un hecho ilícito. Normalmente el campo fértil del daño moral es el de los derechos de la personalidad cuando resultan conculcados.” (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia N° 151 de las 15:20 hrs. del 14 de febrero del 2001 y Nº 112 de las 14:15 hrs. del 15 de julio de 1992). Otra característica del daño moral de corte objetivo lo es que tal y como ocurre para el caso del daño material su existencia y cuantía debe ser probada, a diferencia de lo que ocurre con el daño moral subjetivo, caso para el que sin perjuicio de que sí admite prueba de su existencia (la forma e intensidad con que se sufre el mismo) la determinación de su estimación, puede quedar en cuanto a su fijación al prudente arbitrio del juez. Así, la misma jurisprudencia citada atrás, ha esbozado que: "Para la indemnización debe distinguirse entre los distintos tipos de daño moral. En el caso del objetivo, se debe hacer la demostración correspondiente como acontece con el daño patrimonial; pero en el supuesto del daño moral subjetivo al no poder estructurarse y demostrarse su cuantía de modo preciso, su fijación queda al prudente arbitrio del juez, teniendo en consideración las circunstancias del caso, los principios generales del derecho y la equidad, no constituyendo la falta de prueba acerca de la magnitud del daño óbice para fijar su importe. (...) En punto a la resarcibilidad del daño moral, cabe indicar que no es válido el argumento conforme al cual el resarcimiento del daño moral implica la dificultad de lograr una equivalencia entre el daño y la indemnización pecuniaria ("pecunia doloris"); por cuanto en el supuesto del daño moral objetivo la reparación resulta ser más fácil de cuantificar, y si bien en la hipótesis del daño moral subjetivo resulta un poco más difícil, de ello no cabe inferir la imposibilidad, además también en los supuestos del daño patrimonial se plantean serios problemas en su tasación. Es preferible compensarle al damnificado, de alguna forma, su dolor físico y aflicción de ánimo, que obligarlo a soportar su peso y otorgarle así un beneficio al causante del daño, dejándolo impune. Si bien el dinero, en el caso del daño material, reintegra la esfera patrimonial lesionada de la víctima al estado anterior a la causación del mismo ("restituio in integrum"), es igualmente cierto que en los casos del daño moral cumple una función o rol de satisfacción de la aflicción o dolor padecido, operando como compensación del daño infligido, sin resultar por ello moralmente condenable, pues no se trata de pagar el dolor con placer, ni de ponerle un precio al dolor. Tan sólo se busca la manera de procurarle al damnificado satisfacciones equivalentes a las que se vieron afectadas. Como se ve, la reparación del daño moral resulta ser consecuente con los más altos principios de justicia (neminem laedere), y, según se verá, con la correcta hermenéutica de nuestros textos de derecho positivo, no pudiendo anteponerse para justificar su irresarcibilidad el valor de la seguridad jurídica, ante la imposibilidad de prever con cierto margen de certeza el quántum indemnizatorio, ni la idea de concebírsele como un daño metajurídico afincado en el ámbito de la moral o razones seudo éticas como el intercambio del dolor por el hedonismo, pues el ordenamiento jurídico lo que hace es brindar una solución ante el conflicto de intereses, dándole al damnificado la posibilidad de procurarse otras satisfacciones sustitutivas a él y a su familia. Por último, precisa indicar que la reparación del daño moral también encuentra su piedra angular en el reconocimiento de la persona humana como el eje alrededor del cual gira el Derecho, persona con el derecho a un equilibrio en su estado psíquico y espiritual, cuyas alteraciones deben repararse ...". (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, N° 112 de las 14:15 hrs. del 15 de julio de 1992). En consecuencia, para un análisis por el fondo sobre la procedencia o no de un pronunciamiento de condena al pago de esta tipología de daño, la parte actora debe por corresponder a una obligación procesal que pesa sobre sus espaldas, precisar si lo que reclama lo es un daño de la especie de corte subjetivo u objetivo. En el presente caso ello no ocurrió, y no encontrándose procesalmente hablando esta Cámara obligada a elucubrar en construcción de la demanda en este tanto, simplemente no habrá de realizar pronunciamiento alguno más allá de afirmar que no existe daño sobre el qué pronunciarse dada la omisión en que incurrieron las partes reconventoras con falta de rigor en técnica jurídica procesal, con el concurso o no de la Jueza Tramitadora. En un segundo nivel, en relación con la contrademanda y su objeto, entendido como aquello que se pretende sea concedido en sentencia, se reitera, que en lo fáctico se acciona sobre la causa de pedir que se circunscribe al hecho de haber sido las reconventoras demandadas por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Así, desarrollado lo propio en fundamento de la reconvención en el escrito correspondiente, no cabe otra alternativa que entender, que bajo la óptica de las partes reconventoras la conducta generadora y causa eficiente del daño y/o perjuicio que se reclama, es la acción de demandar, esto es, la conducta que se materializa con la interposición de una demanda a estrados judiciales, lo que a su vez, debería conducir a admitir, que la demanda como expresión en este caso de una conducta cuya autoría corresponde a una Administración Pública determinada, podría resultar ser objeto de impugnación o al menos susceptible de ser calificada como una conducta desplegada en desajuste con el ordenamiento jurídico, presupuesto para acceder a una pretensión de condena por conducta ilícita como esto es lo que se reprocha en el caso concreto, obviando eso sí, que no ha sido impugnada, claro está, porque no podría serlo. De entrada lo así formulado como teoría del caso resulta improcedente, debiéndose llamar la atención nuevamente en que según lo afirman las partes reconventoras, es la interposición de la demanda incoada en su contra la que generó a título de efectos dañosos, o un daño moral no especificado ni precisado, tanto como un perjuicio, que guardaría identidad con las costas (personales y/o procesales) que ha de generar el proceso en sí. Este hecho entonces, la interposición de la demanda y consecuente efecto de tener que enfrentar el proceso judicial -según habrá de entenderse-, guarda identidad con el único en el plano fáctico, que fundamentaría la acción por la vía de la reconvención en ese tanto, se hayan incorporado otros hechos diversos no relevantes en el escrito respectivo, algunos de los cuales guardan más identidad con apreciaciones jurídicas que otra cosa. Baste con indicar que se haya experimentado o no algún efecto dañoso a partir de ello, lo cierto lo es que los ata quien contrademanda en nexo causal con el acto o conducta, que si bien podría por su autoría exclusivamente calificarse de administrativa, no es una expresión de conducta que se encuentre regida por el régimen jurídico que es propio del Derecho Público y dentro de éste, el Administrativo, como tampoco por tanto, al régimen de impugnación previsto en la Ley General de la Administración Pública, siquiera en lo referente a su contenido y/o efectos, que valga recalcar, ninguno tiene por sí mismo la virtud de hacer surgir en afectación, ya sobre los derechos subjetivos, ya en los intereses legítimos de las empresas y personas reconventoras, a propósito de lo normado en el artículo 10 del Código Procesal Contencioso Administrativo. En este sentido, la acción de demandar ejercida o no por una Administración Pública no comprende o podría comprender otros efectos que aquellos previstos en el ordenamiento jurídico adjetivo, esto es, el procesal. La demanda en sí misma es un acto procesal, no susceptible de impugnación, ya desde la óptica del derecho Administrativo insistimos, ya desde la óptica inclusive, del derecho procesal adjetivo. El reclamado al pago de los daños y/o perjuicios que se dice, fueron producidos teniendo su causa en esa conducta, primero, resulta improcedente si lo es sobre esa base de imputación, pues una demanda siquiera podría ser calificada de ilícita, ajustada o no al ordenamiento jurídico, como sí una que cumpla con los requisitos formales de Ley para promover el trámite del proceso judicial, o en su caso una que por el fondo resulte exitosa o no. La naturaleza jurídica de la demanda como acto procesal que es, no guarda identidad con la de un acto administrativo formal al amparo del Derecho Administrativo, es en su lugar, un acto exclusivamente procesal que constituye a partir del momento de su presentación a estrados judiciales, el eje cronológico del proceso, mientras que su objeto, el eje lógico sobre el que gira toda la actividad procesal subsiguiente hasta la terminación del proceso, ya lo sea de modo normal o anormal, que es de donde penderá su posible éxito no. En consecuencia se reitera, el régimen jurídico de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública previsto en la Ley General de la Administración Pública, artículos 190 y siguientes no le resulta aplicable a esta forma de expresión de una conducta cuya autoría corresponda o no a una organización de Derecho Público y Administrativo. En su lugar, este acto procesal así como sus efectos (que tampoco tiene alguno que siendo propio pueda ser susceptible de afectar la esfera jurídica del demandado) resulta ser una actividad que dada en el marco de un proceso judicial se encuentra exclusivamente regulada en el ordenamiento jurídico adjetivo procesal. Afirmar que la demanda en sí, resulta desajustada con el ordenamiento jurídico o es ilícita corresponde a una afirmación del todo estéril en este mismo sentido, dejando de lado que se trata de una conducta no susceptible de impugnación. Es por lo anterior que el reclamo al pago de daños y/o perjuicios que se dice fueron ocasionados con la interposición de una demanda en esta sede jurisdiccional al menos, resulta del todo improcedente por carecer tal reclamo de fundamento jurídico alguno. Lo mismo ocurre respecto de cualquier daño y/o perjuicio que se reclame en nexo causal con el trámite mismo del proceso judicial -de comprenderse que ello se encuentre siendo alegado- pues la intervención de una Administración Pública en el proceso judicial como parte accionante no supone igualmente el despliegue de acto alguno que sea susceptible de impugnación autónoma, mientras que para terminar, tratándose con claridad de actuaciones sujetas exclusivamente al derecho procesal, en este se encuentra normada la posibilidad de reclamar lo que se conoce como los efectos económicos del proceso exclusivamente, a través del reclamo de la posible condenatoria en costas (artículo 193 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo) que en modo alguno tienen la naturaleza jurídica de un perjuicio en el plano de la responsabilidad civil. De esta manera, aún y afirmando hipotéticamente que las reconventoras o reconventores hayan sufrido alguna afectación en su ámbito moral subjetivo u objetivo pues esto nunca se precisó en el presente asunto conforme lo exige la Ley (art. 58, inciso 1, subinciso e) con causa en el tener que haber enfrentado el presente proceso judicial, ello solo habla de algo que no es ajeno al común de aquellos administrados que como ellos han debido enfrentar procesos de la especie, sin que tales efectos sean susceptibles de indemnización alguna, al no haber norma ni sustantiva ni procesal que prevea tal posibilidad, mientras que como lo advertimos atrás, el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública previsto en el Derecho Público y dentro de este el Administrativo, en específico en la Ley General de la Administración Pública, simplemente resulta inaplicable a los actos de parte desplegados dentro del proceso judicial incluyendo la demanda, aunque su autoría corresponda a una Administración Pública, como lo es este caso. Finalmente, si de afectaciones como estas se trata, que se dice han sido producto de haber sido demandados y tener que enfrentar este proceso judicial, como ocurre con cualquier sujeto pasivo procesal, lleve razón o no en la posición que adopte dentro del proceso en defensa de sus intereses, se trata de efectos que aunque se admitiese que existen se encuentran obligados a soportar, ya no en aplicación de norma alguna prevista en el ordenamiento jurídico administrativo, como sí y en su lugar, porque no existe base jurídica de imputación de responsabilidad alguna diversa a los efectos económicos del proceso (las costas) en el ordenamiento jurídico procesal sobre la cual erigir un reclamo de la especie. En consecuencia con lo anterior, no media derecho en los aquí contrademandantes para acceder integralmente a lo pretendido, por lo que se impone declarar la contrademanda o reconvención sin lugar en todos sus extremos, como en efecto así falla este Tribunal. Concluimos indicando nuevamente, que las costas de un proceso no guardan identidad con un perjuicio en el plano procesal, como sí con un efecto económico del proceso que en cada caso ha de llevar un pronunciamiento por parte de la Autoridad Judicial incluso de oficio, por lo que pretender su reconocimiento como indemnización como pretensión principal, resulta estéril. En todos los casos los efectos económicos del proceso son un extremo accesorio que pende como regla general del éxito de la demanda o reconvención, de modo que sobre la condenatoria al pago o no de las costas, se hará pronunciamiento en la parte dispositiva del presente fallo de todas formas, se haya peticionado de la forma en lo que hicieron los reconventores o no, sin que se trate de un pronunciamiento sobre la procedencia o no del reconocimiento de un perjuicio, calificación en la que yerran quienes contrademandaron.-

IX.- Corolario. El actor y reconventores no acreditaron en cada caso ostentar derecho para acceder a sus pretensiones integralmente entendidas, de modo que respecto de ambas acciones, la demanda y contrademanda, se impone sean declaradas sin lugar en todos sus extremos, principales y accesorios, como en efecto se falla.-

X.- Sobre las excepciones interpuestas. La representación de las sociedades y personas físicas codemandadas, dejando de lado al Banco Improsa S.A., alegaron como excepciones de fondo, la cosa juzgada material y prescripción, solo bajo el entendimiento de que habría operado respecto de algún extremo de la demanda dirigido a la condena al pago de las costas generadas con ocasión del trámite dado a la causa penal identificada con el número de expediente 04-018440-042-PE. Con relación a la excepción de cosa juzgada y prescripción, con absoluta independencia de lo argumentado en fundamentación de las mismas, por haberse fallado el presente asunto declarándose que media falta de legitimación en la causa activa de parte de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, por innecesario o estéril, se omite pronunciamiento. Por su parte, la representación de Banco Improsa S.A., interpuso las excepciones de falta de legitimación activa ya acogida, falta de legitimación pasiva y falta de derecho, estas últimas en torno a las que, por las mismas razones, se omite por resultar innecesario, pronunciamiento. En lo que toca a la contrademanda, la representación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, no interpuso excepción de fondo alguna.-

XI.- Sobre las costas. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo, salvo en los casos de excepción previstos como causas de exoneración de dicha condenatoria, al amparo de los incisos a) y b), del numeral relacionado, tanto como al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 del mismo cuerpo legal. Dicho lo anterior, como resultado del presente fallo se tiene que mientras que en lo que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia demandó contra la totalidad de sociedades y personas físicas aquí accionadas, la parte vencida lo fue la empresa pública estatal; mientras que, en lo que las sociedades a excepción de Banco Improsa S.A. así como los señores Jorge Solano Montenegro y Jorge Eduardo Solano Zúñiga contrademandaron a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, los primeros resultaron ser los vencidos. En consecuencia, recurriendo este Tribunal a reglas de equidad y justicia, siendo que medió vencimiento recíproco en lo que respecta a la empresa pública demandante y codemandados a excepción de Banco Improsa S.A., estimamos que lo procedente lo es dictar el presente fallo sin especial condenatoria en costas en lo relacionado con ambas acciones, la demanda y reconvención, como en efecto así se falla. En lo que la demanda fue incoada en contra de Banco Improsa S.A., la parte vencida lo ha sido exclusivamente la Empresa de Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima, sin que se estime que medie circunstancia alguna que permita eximir la condenatoria en costas, por lo que, se condena a la actora al pago en favor de Banco Improsa S.A. al pago de ambas costa, cuya liquidación deberá ser aprobada en la fase de ejecución de sentencia a ruego de esta entidad bancaria.-

POR TANTO

En lo que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia demandó contra la totalidad de sociedades y personas físicas aquí accionadas, se declara que media falta de legitimación en la causa activa y en consecuencia, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Por innecesario se omite pronunciamiento sobre las demás excepciones de fondo interpuestas. En lo que las sociedades demandadas y los señores Jorge Solano Montenegro y Jorge Eduardo Solano Zúñiga contrademandaron, a excepción de Banco Improsa Sociedad Anónima, a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, por improcedente se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. En relación a la demanda, excluyendo a Banco Improsa Sociedad Anónima como parte demandada, y contrademanda, se dicta la presente sentencia sin especial condenatoria en costas. En lo que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia demandó en contra de Banco Improsa Sociedad Anónima, se condena a la actora al pago de ambas costas, cuya liquidación deberá ser aprobada en fase de ejecución de sentencia exclusivamente a ruego de esta parte vencedora.- Notifíquese.- Felipe Córdoba Ramírez, Juez Ponente.- Elías Baltodano Gómez, Juez.- Judith Reyes Castillo, Jueza.-

 

 




- Código Verificador -
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W16MCPE62PW61



 

Documento firmado por:

FELIPE ALBERTO CORDOBA RAMIREZ, JUEZ/A DECISOR/A
JUDITH REYES CASTILLO, JUEZ/A DECISOR/A
ELIAS BALTODANO GOMEZ, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 23-005951-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:41:19.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

RESULTANDO:

1.- That the object of the present proceeding, understood as what is sought to be granted in judgment, as expressed in the complaint (escrito de demanda) and as determined at the preliminary hearing (audiencia preliminar), is directed at the following: "1. Declare jointly and severally liable (solidariamente responsables) the gentlemen Jorge Solano Zúñiga and Jorge Solano Montenegro for the sums originating in the amounts recognized in final judgments (sentencias firmes) 451-2015 of the Criminal Trial Court of Heredia of 9 o'clock on October 19, 2015, 2017-333 of the Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, Second Section of 9 hours 10 minutes on May 15, 2017, and judgment 709-2019 at 2 p.m. on August 29, 2019, 2020-001118 of the Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, First Section at 1:48 p.m. on November 13, 2020, confirmed by resolution 2021-00991 of the Criminal Cassation Chamber of the Supreme Court of Justice at 12:21 p.m. on August 20, 2021, against the company AUTO    SERVICIOS ZONA FRANCA, which consist of the final judicial acknowledgment of the pecuniary harm (afectación patrimonial) that the containment of the contamination and the loss of operation of the well operated by my represented party entailed, according to the mentioned judicial resolutions, which as of the moment of filing this complaint are quantified at four billion four hundred seventy-five million six hundred eighty-three thousand one hundred five colones and eight hundred ninety-nine cents (¢4,475,683,105.899) and sixty-seven thousand nine hundred forty-two dollars of the United States of North America with thirteen cents ($67,942.13), as well as the interest accrued until the time of effective payment of said sums, an amount that must be paid in favor of our represented party. 2. Declare the existence of the economic interest group (grupo de interés económico) formed by all the companies sued herein, as well as their joint and several liability for the reparation of the damages caused by AUTO SERVICIOS ZONA FRANCA, S.A. originating in the amounts recognized in final judgments 451-2015 of the Criminal Trial Court of Heredia of 9 o'clock on October 19, 2015, 2017-333 of the Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, Second Section of 9 hours 10 minutes on May 15, 2017, and judgment 709-2019 at 2 p.m. on August 29, 2019, 2020-001118 of the Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, First Section at 1:48 p.m. on November 13, 2020, confirmed by resolution 2021-00991 of the Criminal Cassation Chamber of the Supreme Court of Justice at 12:21 p.m. on August 20, 2021, against the company AUTO SERVICIOS ZONA FRANCA, which consist of the final judicial acknowledgment of the pecuniary harm that the containment of the contamination and the loss of operation of the well operated by my represented party entailed, according to the mentioned judicial resolutions, which as of the moment of filing this complaint are quantified at four billion four hundred seventy-five million six hundred eighty-three thousand one hundred five colones and eight hundred ninety-nine cents (¢4,475,683,105.899) and sixty-seven thousand nine hundred forty-two dollars of the United States of North America with thirteen cents ($67,942.13), as well as the interest accrued until the time of effective payment of said sums, an amount that must be paid in favor of our represented party. 3. Declare the joint and several and shifting liability (responsabilidad solidaria y de carácter ambulatoria) of Banco Improsa, S.A. for the sums originating in the amounts recognized in final judgments 451-2015 of the Criminal Trial Court of Heredia of 9 o'clock on October 19, 2015, 2017-333 of the Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, Second Section of 9 hours 10 minutes on May 15, 2017, and judgment 709-2019 at 2 p.m. on August 29, 2019, 2020-001118 of the Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, First Section at 1:48 p.m. on November 13, 2020, confirmed by resolution 2021-00991 of the Criminal Cassation Chamber of the Supreme Court of Justice at 12:21 p.m. on August 20, 2021, against the company AUTO SERVICIOS ZONA FRANCA, which consist of the final judicial acknowledgment of the pecuniary harm that the containment of the contamination and the loss of operation of the well operated by my represented party entailed, according to the mentioned judicial resolutions, which as of the moment of filing this complaint are quantified at four billion four hundred seventy-five million six hundred eighty-three thousand one hundred five colones and eight hundred ninety-nine cents (¢4,475,683,105.899) and sixty-seven thousand nine hundred forty-two dollars of the United States of North America with thirteen cents ($67,942.13), as well as the interest accrued until the time of effective payment of said sums, an amount that must be paid in favor of our represented party".-

2.- That once the legal transfer (traslado) was granted to the co-defendants with the surname Solano, as well as to the rest of the sued companies except for the banking entity also sued, their representation spoke in opposition to the complaint. The defenses (excepciones) of res judicata (cosa juzgada) (rejected interlocutorily by the Processing Judge (Jueza Tramitadora) during the preliminary hearing held on August 23, 2024); statute of limitations (prescripción), "in relation to the costs that were imposed in the judgment" understood -this Chamber adds- as issued in the criminal venue (differed by the Processing Judge during the preliminary hearing for its consideration, for the issuance of the judgment, in what was held on August 23, 2024); improper joinder of claims (indebida acumulación de pretensiones) (which shared identity with a prior defense, and which was rejected interlocutorily by the Processing Judge during the preliminary hearing held on August 23, 2024); lack of right (falta de derecho) and defective complaint (demanda defectuosa), (the latter which also shared identity with a prior defense, regarding which the Processing Judge omitted a ruling, particularly during the preliminary hearing held on August 23, 2024, and without the party or parties promoting said prior defense having drawn attention to the matter at any later procedural moment). It was also requested that the complaint be declared without merit (sin lugar).-

3.- That once the legal transfer was granted to Banco Improsa S.A., its representation spoke in opposition to the complaint. The defenses of lack of active and passive standing (falta de legitimación activa y pasiva); as well as that of lack of right, were interposed. It was requested that the plaintiff parties be ordered to pay costs.-

4.- That upon answering the complaint through their representation, the natural persons and co-defendant companies (except for Banco Improsa S.A.) filed a counterclaim (reconvención) against the Empresa de Servicios Públicos de Heredia (image 227 of the judicial file) according to the text of which and what was determined at the preliminary hearing, so that in judgment the following be declared, in what is relevant: "1. ... that the companies (...) did not participate in the acts that were imputed to the company Autoservicios Zona Franca Sociedad Anónima, as was ordered in the judgments: a) Judgment 451-2015 of the Criminal Trial Court of Heredia at nine o'clock on October twenty-ninth, two thousand fifteen, b) Judgment 2017-00333 of the Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela at nine hours and ten minutes on May fifteenth, two thousand seventeen, c) Judgment 2020-001118 of the Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of San Ramón at thirteen hours and forty-eight minutes on November thirteenth, two thousand twenty, e) Judgment 2021-00991 of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice at twelve hours and twenty-one minutes on August twentieth, two thousand twenty-one. 2. That it be declared that in the judgments: a) Judgment 451-2015 of the Criminal Trial Court of Heredia at nine o'clock on October twenty-ninth, two thousand fifteen, b) Judgment 2017-00333 of the Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela at nine hours and ten minutes on May fifteenth, two thousand seventeen, c) Judgment 2020-001118 of the Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of San Ramón at thirteen hours and forty-eight minutes on November thirteenth, two thousand twenty, e) Judgment 2021-00991 of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice at twelve hours and twenty-one minutes on August twentieth, two thousand twenty-one, the companies (...) were not ordered to pay any sum, likewise the gentlemen (a) Jorge Solano Montenegro (...) (b) Jorge Solano Zúñiga, jointly and severally, in accordance with articles [sic] 137 of the Law of the Law [sic] 4891, appear [sic]. 3. That it be declared that there is no economic interest group nor joint and several liability, according to the judgments: a) Judgment 451-2015 of the Criminal Trial Court of Heredia at nine o'clock on October twenty-ninth, two thousand fifteen, b) Judgment 2017-00333 of the Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela at nine hours and ten minutes on May fifteenth, two thousand seventeen, c) Judgment 2020-001118 of the Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of San Ramón at thirteen hours and forty-eight minutes on November thirteenth, two thousand twenty, e) Judgment 2021-00991 of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice at twelve hours and twenty-one minutes on August twentieth, two thousand twenty-one. 4. That the harm caused to the companies [sic] (...) for not being debtors of a non-existent obligation be declared, and as a consequence of the claim of joint and several liability, action is taken with fraud (dolo), reason for which, in application of article 701 of the Civil Code, the company Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima, in its condition as plaintiff, must be ordered to pay the damages caused, which are estimated, as stated in the evidence, at the sum of four billion five hundred ten million three hundred thirty-three thousand five hundred ninety-two colones and one hundred ninety-nine cents. This being the reason for the damages. 5. Consequently, an order to pay both costs is requested".-

5.- That once the legal transfer regarding the counterclaim was granted to the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, its representation spoke in opposition to it. The following were interposed by way of defenses, although they shared identity with prior defenses, exclusively those identified as defective counterclaim (reconvención defectuosa) (accepted interlocutorily by the Processing Judge during the preliminary hearing held on August 23, 2024, notwithstanding which, the defect, by order of the same Judge, was subsequently corrected, in what would not have been identified in the counterclaim regarding what the damages claimed consist of and their origin, without prejudice that, in view of the writing dated August 27, 2024, visible in images from 1147 to 1149, said prevention or order was evidently not complied with, which will be detailed below, without the Judge or the counterclaim-defendant party having drawn attention to the matter) and improper joinder of claims (rejected interlocutorily by the Processing Judge during the preliminary hearing held on August 23, 2024). It was requested that the counterclaim be declared without merit in all its aspects and that the counterclaimants be ordered, jointly and severally, to pay costs.-

6.- That the preliminary hearing was held in two parts, on August 23 and November 11, both in the year 2024, at which, prior to its conclusion, the Processing Judge ordered that the matter be passed on for the issuance of judgment without the need to hold the complementary public oral trial hearing (audiencia complementaria de juicio oral y público).-

7.- On November 3, 2025, the present matter was assigned to the Chamber of Judges that had been hearing matters in attention to what has been called the "Plan de Descongestionamiento de los Procesos de Puro Derecho" (Pure Law Proceeding Decongestion Plan) of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, with the drafting (ponencia) corresponding to judge Felipe Córdoba Ramírez; however, prior to the deliberation being carried out, the composition of that working group was dissolved, and it was ordered that the case should continue its processing with the composition corresponding to the one that Judge Córdoba Ramírez joined, consequently the issuance of the present judgment falls to this present Section IV of this Court, composed of judges Judith Reyes Castillo and Elías Baltodano Gómez, always according to prioritization criteria defined by the Dirección de Planificación del Poder Judicial through official letter N° 310-PLA-MNP-2025.-

8.- That in the proceedings, no nullities that must be declared and/or defects that must be corrected have been observed.-

Judge Córdoba Ramírez drafts and it is resolved unanimously.-

CONSIDERANDO

I.- On the reproaches formulated by the plaintiff company. We begin by transcribing, in what is pertinent, what the plaintiff party related in terms of the facts, that is, the cause of action (causa de pedir). The plaintiff company indicated the following in this regard: "Facts: 1. According to judgments 451-2015 of the Criminal Trial Court of Heredia of 9 o'clock on October 19, 2015, and 2017-333 of the Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, Second Section of 9 hours 10 minutes on May 15, 2017; the company Autoservicios Zona Franca, S.A., was civilly ordered to repair the damages caused to the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, as a result of the contamination of groundwater in Well 'AB 1089' called 'PRI II' that our represented party operated for the massive supply of drinking water. 2. In judgment number 451-2015 of the Criminal Trial Court of Heredia of 9 o'clock on October 19, 2015, the following were established as proven facts (hechos probados): a. 'The Empresa de Servicios Públicos de Heredia constructed, through contracting, the well that was called AB 1089, on the property described in cadastral plan number H-749339-1988, which currently occupies the split Real Property Folio Number (Folio Real partido) of Heredia, registration number (matrícula) 4-131889-000, the which had supplied water for human consumption, without interruptions, from the year of its construction 1988, providing an extraction of 90 liters per second, until September 1, 2004, when the existence of contamination in its waters was discovered due to the presence of hydrocarbons of the diesel, gasoline, and varsol types, at which time the well ceased to be used and which has represented a danger to public health to consume water with this type of chemical component.' b. 'The cited well AB-1089 is located on the north side of the Zona Franca Service Station, located on the cartographic sheet ABRA with coordinates 218.3 latitude, 520.0 longitude within the industrial zone between Barreal de Heredia and La Aurora. The cited well has a depth of 160.3 meters and the water extracted from it is used for domestic use and as a reserve during the dry season; this well, whose flow rate is 90 liters per second, was made available by the Empresa de Servicios Públicos de Heredia to supply around 90,000 subscribers in pressure zones 2, 4, and 3 of the Heredia area where the following residential developments (urbanizaciones) are found: Las Auroras; I, II, III and Condominiums Las Auroras, Residential Development Aries, Residential Development Nosara; Residential Development Real Santa María del Este and Oeste; Residential Development Gran Samara, Residential Development Jerez and Barreal Lagunilla.' c. 'From the moment the contamination was discovered due to routine sampling on September 1, 2004, it could be noticed that the water from Well Pri II or better known as AB 1089 emitted a fuel odor with an oily iridescent appearance. As part of the mandatory procedure to follow, a series of tests, laboratory examinations, analyses, and samplings were carried out, effectively detecting the presence of hydrocarbons, obtaining initial results of 11 mg/l of total hydrocarbons.' d. 'The Autoservicios Zona Franca gas station, located in Barreal de Heredia, Ulloa district, Heredia canton, Province of Heredia, was built in the last quarter of 1991; its permits were processed by Mr. Milton Sánchez Marín, in the name of the company Auto Servicios Zona Franca, S.A., a company that was originally called Distribuidora Taboga Limitada, but that by means of a document filed with the Public Registry journal, at volume 370, entry 3272, was modified to the name Autoservicios Zona Franca S.A., which was owned by Mr. Sánchez Marín; in fact, he appeared in the registry as its legal representative. This service station was built on the property described in plan number H-749335.88, currently occupies the split Real Property Folio Number of Heredia, registration number 4-132505-000, and was registered, at the date the events investigated herein occurred, in the name of the company Auto Servicios Zona Franca and although it currently appears registered in the name of Banco Crédito Agrícola de Cartago as a trust (fideicomiso), granted by the company Auto Servicios Zona Franca S.A., according to a trust of Banco de Costa Rica called "Caribeños-BCR-Dos mil cinco" in association with other companies that are part of an Economic Interest Group – namely, Líneas del Atlántico Limitada, legal ID 3-102-8307; Corporación Terminales del Caribe CTC, S.A., legal ID 3-101-249020; Sociedad Lotificadora Central Limitada, legal ID 3-102-7703; Servicentro Cariari S.A., legal ID 3-101-070263 and Autoservicios Zona Franca S.A. according to a deed granted on September 11, 2007, before the Notary of Lic. Eduardo Gómez Morales and occupying entry 95590 of volume 574 of the Public Registry journal' (...). e. 'In the month of March 2003, two important events arose: first, Mr. Sánchez Marín negotiated the transfer of the gas station, which implies the transfer of the shares of the company Auto Servicios Zona Franca S.A., with the co-defendant Jorge Solano (Montenegro), father of the defendant herein Jorge Eduardo Solano Zúñiga, a businessman well known in the national environment for his businesses in this branch of commerce. This transfer was executed by means of the assignment of the company's shares, and the change in the Mercantile Registry of the legal representation (personería) of the company Auto Servicios Zona Franca S.A. was promoted, by virtue of a notarized deed granted before the notary of Licenciado Pablo Fernández Ramos Vargas, filed in the Public Registry journal at volume 517, entry 10072. With this document, the acquisition of the company and the gas station was officially carried out, in the name of the indicated new owner, and he appointed the co-defendant Herbert Valerín Valladares as the representative of said company.' (...). f. 'Without specifying an exact date, but approximately in the month of January 2004, unknown person or persons, but linked to the organization and management of the civilly sued company, ordered the elimination of the old asphalt layer and the placement of another new layer over the new pipes that connected the dispensers to the fuel tanks, for which they contracted heavy machinery. However, the operator of the backhoe that was performing said tasks was not controlled, monitored, or oriented by the persons who ordered the work or those who were in charge of such duties, regarding the place where they should carry out the excavations and removal of material, and in a careless manner and with total negligence and imprudence, after removing the asphalt layer from the gas station floor, he introduced the mechanical shovel in the site where the pipes connecting the fuel dispensers to approximately 40 thousand liters (diesel and gasoline) were located. After the incident, Mr. Jorge Solano (Montenegro), father of the civil defendant herein Jorge Eduardo Solano (Zúñiga), found out about it and proceeded, an hour and a half after it started, to close the safety valves and thus stop the spill, without communicating the spill to the corresponding authorities and simply, persons linked to the organization and management of the company that owned the gas station ordered the broken pipe to be replaced with a new one and a layer of asphalt and concrete to be placed, leaving the fuel spilled on the ground or substrate where the gas station is located, without carrying out any activity to extract the fuel, nor to clean the soils. The foregoing, knowing and foreseeing that said contaminating substance would infiltrate through the soil without any control and would contaminate groundwater of great importance in the supply of drinking water for the population.' g. 'As a consequence of the lack of control and monitoring of the tasks being carried out around the risky commercial activity of the company Auto Servicios Zona Franca S.A., the spilled hydrocarbon filtered through the soils until invading the groundwater of the Colgado and Upper Colima aquifers, contaminating said waters, with the latter being used for the supply of drinking water for a large part of the population of the Greater Metropolitan Area.' h. 'The result of this infraction of the duties of control and monitoring over the risky activity of administration and commercialization of fuels by the company owning the gas station was that the waters captured by Well AB 1089 of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, which draws from the Upper Colima aquifer and supplies water to approximately 90,000 people in pressure zones 2, 4, and 3 of the Heredia area, were evidently contaminated with hydrocarbons, specifically with medium distillates of petroleum (Varsol) and diesel at levels dangerous to human health, exceeding 40 mg/l.'- i. 'As an additional consequence, the waters of the Colgado aquifer located below the gas station, which communicate with well AB 1089, which in turn receives portions of water through geological fissures from the Upper Colima aquifer, were contaminated with levels exceeding those permitted according to the Drinking Water Regulation and the WHO, in the parameters of benzene, ethylbenzene, toluene, and xylene, requiring major material and economic remediation efforts for the material type damage caused, which has generated the appropriate indexation and legal interest, since it had to contract machinery, buy machinery, pumps, tools, man-hours, transportation, laboratory expertise, contracting of external companies, external professional services, consultants, among so many other expenses that are detailed in the liquidation carried out in this judgment.' j. 'The filtration of hydrocarbons through the soils located below the Zona Franca gas station caused the contamination of the Colgado aquifer and the Upper Colima aquifer, which are of public domain and as such part of the State's patrimony, which has caused significant damage to the environment that must be quantified, which has caused severe environmental damage to the Costa Rican State because of the undertaking of an eminently risky activity by the company Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima.' k. 'Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima is ordered to pay for material damage consisting of the decrease in the civil plaintiff's patrimony for having to defray the remediation works of well AB 1089, as follows: a) for the monetary value it had to pay as a result of the chemical analyses of hydrocarbons by FUNDATEC, LAMBDA laboratories, CELEQ, photocopies of plans, purchases of bottles for sample collection, professional vertical sounding services, as was detailed in Annex N° 1 of the expert report from folio 1029 and following, regarding the quantification of the pecuniary damages.

These amounts sum to a total of twenty-nine million one hundred forty-nine thousand sixteen colones and thirty céntimos (29,149,016.13), plus fifty thousand nine hundred twenty-five dollars ($50,925), which correspond to the analyses and sampling by the CHEMLABS laboratory, as well as the contracting of the Brazilian consultancy CHAMLABS, according to the invoices contained in see Annex No. 2 of said report; b.-) Expenses related to the contracting of machinery, materials necessary to carry out the remediation work, such as cement, pumps, piping, salaries of workers who had to neglect their daily duties within the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, specifically the work of the personnel who traveled to the contaminated well in order to follow up on the tasks necessary to clean the fuel present in the vicinity of the repeatedly referenced well AB 1089, as well as the contracting of professionals for the remediation work, inside and outside the plaintiff entity, as detailed in Annex No. 3 of the expert report, which sums a total of thirty-five million seven hundred twenty-seven thousand one hundred eighty-two colones and twelve céntimos (35,727,182.12); c.-) The equivalent of the salary of the personnel of the Compañía de Servicios Públicos de Heredia who had to attend the meetings of the Inter-institutional Remediation Commission and which was liquidated in the sum of seven million three hundred fifty-one thousand one hundred thirty-two colones and fifty-one céntimos (7,351,132.51), as derived from the documentation provided in Annex No. 4 of the expert report to which reference has been made, amounts that in total sum seventy-two million two hundred twenty-seven thousand three hundred thirty colones (72,227,330), which the defendant company Auto Servicios Zona Franca must pay, in favor of the Civil plaintiff Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH)." l. "By virtue of the foregoing, it is appropriate to determine the quantification of interest from October sixteenth, two thousand eight, to the present day (...)." m. "Therefore, it endorses and agrees to the determination of the amount for indexation from the date of the complaint filed on October 16, 2008. For purposes of quantifying this item, (...)." n. "For procedural costs in favor of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Auto Servicios Zona Franca S.A. is ordered to pay the sum of (...)." 3. In second-instance judgment number 2017-333 of the Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, Second Section, at 9:10 a.m. on May 12, 2017, the following was declared: a. The liability of the company Auto Servicios Zona Franca, S.A. for the damages caused by the spill of approximately 40,000 liters of fuel is confirmed. b. Auto Servicios Zona Franca S.A. is additionally ordered to compensate the Empresa de Servicios Públicos de Heredia for lost profits (lucro cesante) in the amount of eight hundred sixty-three million nine hundred eighty-one thousand eighty colones and fifty-eight céntimos (1,873,981,080.58), due to the non-commercialization of water from well SB 1089, from January 2005 to June 2013. 4. Both cited judgments were confirmed by resolution 2021-00991 at 12:21 on August 20, 2021, under case file 04-0184440-0042-PË, of the Criminal Cassation Chamber, upon resolving a cassation appeal filed by Mr. Jorge Solano Zúñiga. 5. The company Auto Servicios Zona Franca, S.A., forms part of the economic interest group comprised of the 34 co-defendant companies, with which it shares one or more criteria established by our legal system and by our case law for identifying these groups (...). 6. Mr. Jorge Solano Montenegro and Mr. Jorge Solano Zúñiga, as established in the judgments rendered, exercised their real control as owners and directors of the company Autoservicio Zona Franca, both at the time of the company's acquisition and in the negotiation of the renovation work carried out at the service station that gave rise to the damages. 7. By contract signed at twelve fifteen on August thirty-first, two thousand five, the guarantee trust (fideicomiso de Garantías) called "Caribeños - BCR - Dos mil cinco" was constituted, with a term of 11 years, counted from the date of its constitution. Said guarantee trust contract had the purpose of guaranteeing to the trustee (fideicomisario) Banco de Costa Rica the faithful compliance and due payment of the debts contracted by the debtor trustors (fideicomitentes deudoras). 8. In this trust, the companies Auto Servicios Zona Franca S.A., Líneas del Atlántico Limitada, Sociedad Lotificadora Central Limitada; Servicentro Cariari S.A.; Corporación Terminales del Caribe CTC S.A. agreed to place assets belonging to said companies as guarantee for eight credits granted by Banco de Costa Rica in favor of the following companies: Ganadería Gasol del Atlántico, Sociedad Anónima; Auto Transportes Caribeños, Sociedad anónima; Magasoso de las Lomas Sur, Sociedad Anónima; Gasolinera Barrantes y Vargsa, Sociedad Anónima; Auto Transportes Tilarán, Sociedad Anónima; Líneas del Atlántico Limitada; Gasolinera Sabana Guanacasteca, Sociedad Anónima; Sociedad Lotificadora Central, Sociedad Anónima; Servialmo, Sociedad Anónima. Thus, the company Auto Servicio Zona Franca S.A. granted assets from its own equity as guarantee, but did not receive any credit; rather, it contributed its equity to satisfy the needs of other companies. 9. By the year 2018, the property in question was transferred, as recorded in the Public Property Registry, to Banco Improsa, which assumed ownership of the property registration number 4-132505-000 in its capacity as trustee (fiduciario)." This being the factual framework upon which the complaint known in the terms of this judgment was built, with respect to the basis of the action, in the complaint document, in the section identified as "law," argumentative structures were presented in support of the appropriateness of the object of the proceeding understood as what is sought to be granted in the judgment. Continuing, in substantiation of the action, the sub-section identified as "A. Strict liability (Responsabilidad objetiva) of Jorge Solano Montenegro and Jorge Solano Zúñiga" was indicated. In relation to these two co-defendants, stating the following by way of summary and making an effort in this regard, the plaintiff reproached that according to judgment No. 451-2015 of the Criminal Court of Heredia at 9:00 a.m. on October 19, 2015, the damages linked to the contamination of groundwater are of an environmental nature, from which it deduces that these defendants are strictly liable (objetivamente responsables) for the payment of the amounts for which the company called Auto Servicios Zona Franca S.A. was ordered to pay to the plaintiff company in criminal proceedings, in application of the provisions of Article 101 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), this, because Mr. Jorge Solano Montenegro and Mr. Jorge Solano Zúñiga are the owners of said company. Based on the foregoing, the plaintiff affirmed that the liability claimed is not only strict (objetiva), but also joint and several (solidaria) as a derivation of the content and scope it understands that legal norm has, which it correlated with the provisions of the Integrated Waste Management Law (Ley de Gestión Integral de Residuos), in its Article 57; the Forestry Law (Ley Forestal), Article 57, and the General Health Law (Ley General de Salud) in its Article 296. It was criticized that according to the case law emanating from the First Chamber of the Supreme Court of Justice, the liability of natural persons acting on behalf of companies that violate the environmental legal system has been recognized, for which purpose it cited, in part, the text of a ruling identified as Voto N° 00398 of June 6, 2001. Furthermore, a resolution from what was identified as the Administrative Environmental Tribunal was cited, identified as N° 865-01-TAA. It added what in legal doctrine it identified as one according to which, when environmental damage is caused, all and each of the subjects who have contributed, by action or omission, to the occurrence of the damage are jointly and severally liable. The representation of the plaintiff cited in particular part of the text of what it again identified as judgment No. 451-2015 of the Criminal Court of Heredia at 9:00 a.m. on October 19, 2015, to affirm that as a derivation thereof, it must be concluded that: a) Mr. Jorge Solano Montenegro acquired the gas station and exercised, together with his son, Mr. Jorge Solano Zúñiga, his authority as owner in negotiations aimed at the renovation of the business. For these purposes, part of the text of the evidence that it says is contained in a criminal case file was cited, relating to the statement of a witness identified by the name of Alexander Tencio Vega, from which it is said, the active participation of these two parties here co-defendants in the decision-making of the company called Auto Servicios Zona Franca S.A. is verified. The representation of the plaintiff continued indicating that with the foregoing, it would be demonstrated that Mr. Solano Montenegro was a shareholder of the mentioned company, as well as that he, jointly with his son, Mr. Solano Zúñiga, exercised control as owner or owners of the company, both in the acquisition and in the renovation of the service station that was operated through it, adding that Mr. Solano Montenegro was a well-known businessman in the national environment in this branch of commerce (the operation of gas stations) known by the initials "JSM"; highlighting that Mr. Solano Montenegro had an active role in equipment negotiations and relationships with other companies of his own family, even as their legal representative, from which it is concluded that this company is part of the other co-defendants, as an economic interest group. Immediately after, according to the text of the complaint, the plaintiff developed what it identified in the section identified as: "Basis Economic interest group," moving through sub-sections identified as "shared liability in economic interest groups"; "Criteria for determining an economic interest group"; "Legal entities with the same directors, representing 30% or more of the board of directors"; "Companies engaged in the same activity are managed by the same family group"; "Same manager or president of a legal entity serves as manager or president in another legal entity"; "Companies that make up the economic interest group share the same domiciles"; "Indiscriminate use of the resources of the companies that make up the economic interest group"; "Indiscriminate use of properties of different companies as guarantees for a credit"; "The indiscriminate use of various company resources such as employees, bus fleet, trademarks or commercial image, and communication networks"; and "Fraudulent use of corporate schemes for the purpose of evading responsibilities." Then, turning to the basis of the complaint in what was directed against the co-defendant banking entity, it was indicated that what is sought to be granted in the judgment is based on what was identified as "propter rem liability (responsabilidad propter rem) of Banco Improsa as registered owner of the property," for which, always assuming that the pre-existing criminal conviction was for environmental damage or occasioned by it, in favor of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, according to its criterion in accordance with legal doctrine, there exists a liability adjectivized as "ambulatory" based on the assertion that whoever acquires ownership of a real property from which previously—this Court understands—due to its use and/or exploitation by the transferor of its domain title, environmental damage is produced, must be held financially liable for that damage, which we insist, because it shares identity with a harmful environmental impact, therefore the special regulations related to environmental matters are applicable to the liability issue.-

II.- Regarding the defense arguments made by the presentation of the defendant parties. Below, and as synthetically as possible, we describe the defense arguments put forth by the co-defendant parties against the main complaint:

1.- The position of the defendant companies and natural persons, with the exception of the banking entity, also a co-defendant. The representation of these co-defendant companies and natural persons opposed the complaint (image 205 of the judicial file). In summary and regarding what is relevant, it argued in the section of its complaint response document identified as "necessary procedural background for answering the complaint," that the intended declaration of joint and several liability (solidaridad) is not appropriate according to numeral 638 of the Civil Code, in relation to 135, of Ley 4891 of November 8, 1971, given that, furthermore, from the judgments invoked by the plaintiff, there was neither a determination of participation in an unlawful act, nor a civil conviction, nor even the intervention of the parties here co-defendants as civil defendants within that criminal proceeding. In its view, the basis of the present complaint is the execution of judgment, for which the applicable rules of the Criminal Procedure Code must be observed, and that the plaintiff intends to disregard the res judicata (cosa juzgada), without having exercised the civil compensatory action in that criminal proceeding pursuant to numeral 19 of the Criminal Procedure Code—more appropriately identified as Article 119, we add—aspiring to encompass, by virtue of the firm conviction rendered in the criminal proceeding, others who were not sued at that time, under the theory of the existence of an economic interest group. Thus, and by way of defenses, it raised res judicata (cosa juzgada), because in its view, the object of the proceeding departs from what was firmly decided in the criminal proceeding—we understand, based on the assumption that the action is, in its view, for execution of judgment—because the Judicial Authority at the time did not determine any joint and several liability on the part of those who are now co-defendant parties; statute of limitations (prescripción), exclusively regarding what it understands that in the present proceeding an attempt is being made to collect the conviction for costs generated from the firm judgments rendered in the criminal proceeding, again as we understand it, based on the assertion that we are facing an execution of judgment; and lack of right. Article 101 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) invoked by the plaintiff was referenced, to indicate that without being participants in the harmful act, what the plaintiff intends is to wrongly extend the scope of what was decided in the criminal proceeding to those who did not participate in the harmful act through an alleged joint and several liability, which it deems inappropriate.-

2.- Regarding the opposition of the representation of the co-defendant banking entity. The representation of Banco Improsa S.A. pointed out in opposition to the complaint that the plaintiff lacks active standing (legitimación activa) to sue, overlooking some imprecision regarding the party against which it directs its action in this respect, given that it refers to the banking entity and a guarantee trust in which the bank acts as trustee (fiduciario), while at the same time there is no type of relationship or legal bond between the bank and the plaintiff, particularly as a derivation of the judgments it invokes, rendered in a criminal proceeding. For the same reasons, it was argued that there is a lack of passive standing (legitimación pasiva) if one considers the exclusive role that this party has in relation to a trust contract, given that its work is limited to the exercise of contractual activity circumscribed to that specific legal relationship as provided in Article 633, in relation to Article 645, both of the Commercial Code. Immediately after, aspects related, in the legal sphere, to the nature of this contractual typology were developed. To this it added that, if the plaintiff understood that it had to direct its action in the terms in which it indicated it is doing so, this should have been directed against the Trust or not against its trustee, in any case unrelated to an economic interest group as described in the complaint document. The representation of this co-defendant party concluded by stating that: "Having clarified the participation of Banco Improsa S.A. as an unrelated third party, the joint and several liability that is claimed with great imagination cannot reach it, arguing absurd theories to collect items without any basis."-

III.- Regarding what was alleged in support of the counterclaim. As indicated previously, when answering the complaint, the representation of the defendant parties that do not share identity with the co-defendant banking entity filed a counterclaim. In summary, as facts, it described what was decided in two of the judgments rendered by the competent judicial authority in criminal proceedings (first and second fact); the existence of a trust contract in which Banco Improsa S.A. acts as trustee (fiduciario) (third fact); the legal basis of the civil compensatory action exercised in the criminal case pursuant to numeral 119 of the Criminal Procedure Code (fourth fact); it specified that the counterclaimants here did not appear as civil defendant parties in that criminal case (fifth fact); that this being so, what was decided in the criminal case created the status of material res judicata (cosa juzgada material) (sixth fact); something regarding what the plaintiff alleged in the present case according to its complaint document regarding active standing (legitimación activa) was referenced, in which it is said to be claiming reparation for environmental damages recognized in criminal proceedings (seventh fact); it criticized that there is inconsistency regarding the active standing to sue according to the main action that is known in the terms of this judgment (eighth fact); it reproached that the public utility plaintiff in the present matter, by acting as it did, incurs in abuse of right (abuso del derecho) (ninth fact); and finally reference was made to the theory held by the plaintiff regarding strict joint and several liability (responsabilidad objetiva solidaria) (tenth fact). In the sphere of the legal basis of the counterclaim on the other hand, it was reproached that the public utility plaintiff, in deploying a conduct based on the act of suing, also incurs in conduct that is qualified as a manifestation of an abusive exercise of right and antisocial conduct that, it is said, causes damage that affects the co-defendant companies, and that, as a consequence of violating the res judicata thereby, an obstacle was generated—we understand for the counterclaimant parties by virtue of the provisions of Article 633 of the Civil Code—that is said to make it impossible to fulfill an obligation based on strict liability without a causal link, from which it affirms that what is sought with the complaint—must be understood—in its entirety violates the Law. Now, during the holding of the preliminary hearing, insofar as it was on August 23, 2024, at 12:49 p.m., the Processing Judge in charge of its direction ordered the counterclaimant parties to indicate what the damages they claim consist of and their origin (I. 1146 of the judicial file), granting a period of 5 days to correct the defect in writing, said hearing being concluded at 1:03 p.m. In response to what was thus ordered by the Processing Judge, the representation of the counterclaimant parties subsequently indicated, in writing and as applicable (I. 1147 of the judicial file) that: "In this case, the damage caused is due to interests related to the general duty of abstention and which consequently results in damage. (...) we are in the presence of an execution of a ruling or judgment, issued by a Court of the Republic, whose execution by competence corresponds to the Court before us. The judgment document does not include third parties within the procedural relationship concerning a compensatory obligation declared for environmental impact. That is, there is a res judicata that identifies the parties, the cause, and the object. (...). In this case, the intention is to circumvent the res judicata in relation to the liability for material unlawfulness. (...). On the other hand, the damage is non-contractual (extracontractual), given the abuse of the exercise of effective judicial protection as a guarantee of the person. To go to the Courts. But the duty to take action generates liability. In this case, suing third parties to attempt to pay, according to a judgment, the sum of (...) due to an apparent and creatively alleged economic interest group is non-contractual damage. Legal entities that were not called to criminal trial, nor convicted, are being linked to an illegal process. This is the damage. The res judicata (cosa juzgada) is immutable. Not even through an interest group can the judgment be violated to generate economic liability for a specific act, in which they never had participation according to criminal law. Damages (Perjuicio): The damages: the costs of having to hire professional services that by law are not free, which will be estimated in the execution of judgment." As is clearly seen, beyond the plaintiff party detailing the cause of the damage in what, making an effort in this regard, this Court understands was constituted according to the counterclaim exclusively in the fact of the complaint having been filed by the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, in no way was compliance given to what was ordered by the Processing Judge, specifying what the damage consists of in terms of its typology, nor was it estimated at any level at that time. Continuing, disregarding its own resolution that had not yet been addressed, the Processing Judge convened a preliminary hearing again, which was held on November 11, 2024, in which, with the referred procedural omission persisting, far from declaring what is appropriate in this situation, which should have been according to the provisions of numeral 92.2), in relation to 66.1).d), both of the Contentious Administrative Procedure Code, the Judge again opened the discussion with the representation of the counterclaimant parties through a prolonged dialectical exercise, on the identification and determination of what the damages consist of and their estimation. According to the audio recording of said hearing, with great difficulty these topics were addressed by the Judge and the representation of the counterclaimant parties, the latter finally, in an absolutely vague manner, specifying that the damage claimed would consist exclusively of a moral one, which was estimated, without revealing whether it was an objective or subjective moral damage, so that, what can be affirmed at this point is that the present case was transferred for the rendering of judgment, without the defendant party and the Judicial Authority knowing what that moral damage whose reparation is sought consists of, with at least a minimum of precision and formal rigor. (Image 1193 of the judicial file, in association with the corresponding audio recording).-

IV.- Regarding the defense arguments made by the presentation of the counter-defendant party. The representation of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, facing the counterclaim, opposed it, without it being necessary in this Chamber's view, due to the manner in which the matter will be decided in this respect, to summarize what was alleged in that regard, as it would be sterile and inconsequential for these purposes.-

V.- Proven facts. Of relevance for the resolution of the present proceeding, the following are taken as proven facts: 1) That in a criminal case whose processing began in the year 2004, identified under judicial case file number 04-018440-042-PE, only those identified as Mr. Herberth Jesús Valerín Valladares and Jorge Eduardo Solano Zúñiga had the status of accused, for the alleged perpetration of the crime of water contamination and others to the detriment of public health, and in said proceeding the instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, and the State intervened as civil party complainants, additionally having as a civil defendant party, the one identified under the name of Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima. (Images ranging from 251 to 456, in association with those ranging from 554 to 580, from 461 to 505, from 533 to 553, and from 582 to 595, all from the judicial file); 2) That as part of the processing given to said judicial case, judgment identified as No. 451-2015 at 09:00 a.m. on October 19, 2015, was issued by the Criminal Court of Heredia, according to which the following was ordered in its operative part: "Pursuant to the foregoing, Articles 39 and 41 of the Political Constitution, 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 37, 38, 40, 111, 112 to 116, 119, 142, 180 to 184, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 368 of the Criminal Procedure Code; 1, 2, 11, 16, 18 to 20, 30, 31, 45, 268 of the Criminal Code; article 132 (now 128) of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre); article 1048 of the Civil Code; articles 1 to 6 of the Transformation Law of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Law number 7789 of April 30, 1998, 50, 51, 59 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente); article 18 in relation to 45 of the Tariff of Fees for Professional Legal and Notarial Services, Executive Decree number 32493-J, upon resolving the present matter and by the unanimity of the votes cast, the following is resolved: A.- Regarding the criminal action: 1- THE DEFENDANTS JORGE EDUARDO SOLANO ZÚÑIGA and HERBERTH VALERÍN VALLADARES ARE ACQUITTED of all penalty and liability, for the crimes of Corruption of Food or Medicinal Substances and Water Contamination, which were being attributed to them to the detriment of public health and others. 2.- Regarding the complaints filed by the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, the EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, against Mr. JORGE EDUARDO SOLANO ZÚÑIGA AND HERBERTH VALERÍ VALLADARES, this ruling is issued without special order for costs derived from their actions, as there was plausible reason to litigate. B.- Regarding the civil action: 1.- The defenses of LACK OF REPRESENTATION, LACK OF ACTION, LACK OF ACTIVE AND PASSIVE STANDING, raised by the civil defendants, are dismissed. 2.- The civil compensatory actions brought by the Procuraduría General de la República; the Empresa de Servicios Públicos de Heredia and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, against the civil defendants HERBERTH VALERÍN VALLADARES and JORGE EDUARDO SOLANO ZÚÑIGA, are dismissed. 3.- Regarding these actions, this ruling is issued without special order for costs as there was plausible reason to litigate on the part of the plaintiffs. 4.- The civil action brought by the Empresa de Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima is PARTIALLY granted, and therefore, the defendant company Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima is ordered to pay: 4.1.- For material damage the sum of 72,227,330.00 and 50,925 dollars. 4.2.- For indexation the sum of 23,337,137.00 colones. 4.3.- For legal interest the sum of 37,448,485.41 colones and 11,382.06 dollars. 4.4.- COSTS. 4.4.1. For personal costs the sum of 17,801,295.03 colones. 4.4.3. The assessed interest shall continue to accrue from today until the effective payment of the entirety of the amounts quantified in this judgment, which shall be determined in execution of judgment. 4.5.- The claim for moral damage is dismissed. 5.- The civil compensatory action brought by the Procuraduría General de la República is granted, against the defendant company Auto-Servicios Zona Franca Sociedad Anónima, and therefore, compensation for material damage is ordered IN ABSTRACTO. Likewise, the civil defendant is ordered to pay costs, amount that shall be defined in execution of judgment, as the item for material damage could not be quantified. C.- Regarding the consequences of this ruling: The Court of Judicial Inspection is ordered to continue with the loss of ten bundles of documentary evidence provided by the defense, as well as the environmental damage assessment report provided as documentary evidence to the file by the representation of the Procuraduría General de la República. The costs of the proceeding are to be borne by the State. NOTIFY." (Images ranging from 251 to 456 of the judicial file); 3) That upon knowledge of an appeal filed against the judgment related in the previous proven fact, the Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, Second Section, issued judgment identified as No. 2017-00333 at 09:10 a.m. on May 15, 2017, according to which the following was ordered in its operative part: "The appeals of judgment filed by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in its capacity as civil party, and by the criminal defendants and civil defendants, are dismissed."

The ancillary appeal filed by the Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. against Auto Servicios Zona Franca S.A. is granted. The ruling denying compensation for lost profits (lucro cesante) is annulled and in its place the amount of ONE BILLION EIGHT HUNDRED SEVENTY-THREE MILLION NINE HUNDRED EIGHTY-ONE THOUSAND EIGHTY COLONES AND FIFTY-EIGHT CÉNTIMOS is granted, corresponding to the lost profits from the non-commercialization of water from well AB 1089 from January 2005 to June 2013. With respect to that same concept, but after said date, the case is remanded to its office of origin for a new trial, so that with due substantiation the legally appropriate decision may be made.- Let it be notified." (Images 554 to 580 of the judicial file); 4) That subsequently, the Criminal Trial Court of Heredia, First Section, issued the judgment identified as No. 909-2019 of 2:00 p.m. on August 29, 2019, according to which, in its operative part (por tanto), the following was ordered: "In accordance with the foregoing, Articles 103, 106, 107 and 109 of the Criminal Code, Articles 37 to 41 and 111 to 124, 267, 359, 366, 368, 466 of the Criminal Procedure Code, Articles 1045, 1046, 1048 of the Civil Code; the present civil remedial action filed by EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA (ESPH) against AUTO SERVICIOS ZONA FRANCA. S.A. is granted regarding the claim for lost profits (lucro cesante) from 2014 to 2018, setting for this concept the amount of ONE BILLION SIX HUNDRED SEVENTY-SEVEN MILLION EIGHT HUNDRED SIXTY-TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED FORTY-SEVEN COLONES AND FORTY-THREE CÉNTIMOS. (1,677,862,847.43). For indexation (indexación) of the aforementioned amount, a total of TWO HUNDRED SEVENTY-FOUR MILLION ONE HUNDRED NINETY-TWO THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY-ONE COLONES AND FORTY-SEVEN CÉNTIMOS (274,192,261.47) is granted. For procedural costs (costas procesales), the amount of THREE MILLION COLONES (3,000,000) is granted. For personal costs (costas personales) according to the Fee Schedule Decree number 32493, the amount of TWO HUNDRED TWENTY-TWO MILLION THREE HUNDRED SEVEN THOUSAND NINE HUNDRED SEVENTY-NINE COLONES AND EIGHTY-FOUR CÉNTIMOS (222,307,979.84) is granted. LET IT BE NOTIFIED." (Images 461 to 505 of the judicial file); 5) That the ruling mentioned in the preceding proven fact having been challenged, the Criminal Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, First Section, San Ramón, issued the judgment identified as No. 2020-001118 of 1:48 p.m. on November 13, 2020, according to which, in its operative part (por tanto), the following was ordered: "The appeal filed by the company Auto Servicios Zona Franca, represented by the special judicial attorney-in-fact Carlos Alberto Aguilar Ramírez, is dismissed. Let it be notified." (Images 533 to 553 of the judicial file); 6) That under the terms of the judgment issued in this same criminal case by the Criminal Cassation Chamber (Sala de Casación Penal) identified as No. 2021-00991 of 12:21 p.m. on August 20, 2021, according to its operative part (por tanto), the following was ordered: "The cassation appeal filed by attorney Carlos Alberto Ramírez Aguilar, representative of the civil defendant Auto Servicios Zona Franca S.A., is declared inadmissible. Let it be notified." (Images 582 to 595 of the judicial file).-

VI.- Facts not proven: Of relevance for the resolution of this proceeding, the following was deemed not proven: ONE: That in accordance with what was finally adjudicated within the judicial proceeding in criminal matters processed under file number 04-018440-042-PE, any of the awards granted to the Empresa de Servicios Públicos de Heredia were identical to the judgment for payment for the compensation of environmental damage. (Images 251 to 456, in conjunction with images 554 to 580, 461 to 505, 533 to 553, and 582 to 595, all from the judicial file).-

VII.- On the merits of the matter, in relation to the claim. In the opinion of this Court, the claim filed by the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, insofar as it was directed against all of the co-defendants (individuals and/or legal entities including Banco Improsa S.A.), must be dismissed because the plaintiff lacks standing to sue (legitimación en la causa activa), based on the following considerations. We begin by noting that, at its core, the plaintiff factually bases its claim exclusively on the existence of a series of judgments issued on the occasion of proceedings conducted since 2004, for events that occurred in that year (more than twenty years ago), pursuant to a judicial process which, for its substantiation before the Criminal Jurisdiction, was identified with judicial file number 04-018440-042-PE. We pause to specify, based on the facts we have deemed relevant for the issuance of this judgment, that in that criminal case processed in 2004 under judicial file number 04-018440-042-PE, only those identified as Mr. Herberth Jesús Valerín Valladares and the herein co-defendant Jorge Eduardo Solano Zúñiga had the status of accused, for the alleged perpetration of the crime of water contamination and others to the detriment of public health, and that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the herein plaintiff Empresa de Servicios Públicos de Heredia, and the State intervened in said proceeding as complaining civil parties. The company called Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima also appeared as a civil defendant. The text of these judgments appears in each case in images 251 to 456, in conjunction with images 554 to 580, 461 to 505, 533 to 553, and 582 to 595, all from this judicial file. On the other hand, the claim before us—and we state what follows with great respect—presents a significant degree of difficulty for its proper understanding, which was reflected in the somewhat erratic and/or hesitant manner of proceeding by the Trial Judge in some instances, particularly during the preliminary hearing held as part of the processing of this case. We say it is confusing, insofar as it walks a very fine line between an action that presupposes the execution of a final judgment issued by a criminal judicial authority, and what is proposed according to the object of the present proceeding understood as what is sought to be granted in a judgment, within the framework of an ordinary, that is, plenary proceeding, from which a ruling or constitutive judgment would have to emerge with respect to all the co-defendants. Then, and making an effort in this regard, despite the fact that the plaintiff's representation has insisted that it is not acting towards the execution of what was finally adjudicated in that criminal case, in a manner that is, we insist, confusing and/or perhaps incongruous, it has stated on various occasions that it erects its action on the basis of the existence of damage that was recognized or had its origin as environmental damage according to the judgments issued by the judicial authority in criminal matters in the aforementioned process; as well as that: "... we are in the presence of the joint and several collection of the amounts imposed in a final judgment in the criminal venue"; that it proceeds in this way to correct the abuse of rights by economic interest groups, through a scheme of fraud against the law or abuse of rights pursuant to Articles 21 and 22 of the Civil Code, in conjunction with the provisions of Article 101 of the Organic Environmental Law regarding a joint and several obligation to repair environmental damage; and we do not overlook, having carefully listened to the audio recording corresponding to the preliminary hearing held on August 23, 2024, that the representative of the plaintiff public company stated aloud that: "... we reiterate the idea, that what is being sought here is the collection of an executory title from joint and several debtors, from those who are jointly and severally liable for the damages recognized therein ...". This clear indeterminacy as to whether what is involved is an execution of a final criminal judgment or not explains why, in relation to the cause of action, the representative of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia did not propose as facts to be debated anything related to the events that occurred in 2004 which were those analyzed by the Criminal Judicial Authority at the time regarding persons who are only now being named as co-defendants, and instead, seeks to extend the scope of what was exclusively ordered in the judgments issued in that judicial process, against those who were not part of it either as accused in at least one case, or as civil defendants on that occasion, for reasons that concern no one other than, for the purposes at hand, the Empresa de Servicios Públicos de Heredia. In line with the foregoing, the joint and several liability now attributed is based by the plaintiff solely on the scope it understands those judgments issued by the Criminal Judicial Authority possess, in conjunction with the application of rules and/or doctrine referring to liability for the compensation of what was specified as environmental damage, which presupposes, from the outset, that the criminal venue had ordered payment in favor of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia for environmental damage, and as a prerequisite, that the Judicial Authority at that time had determined that this public company had standing to claim in this sense, which, as we shall see, was not the case. Nothing else can be said, then, provided that, first, even the party's own representation lacks clarity as to whether or not it is actually seeking the execution of a final judgment, and second, that with all this, if the present proceeding does not share identity with a criminal sentence execution case, but rather with a plenary case in which full exercise of defense must supposedly be guaranteed to the defendant parties against the facts (the cause of action) and legal basis of the action, which, we insist, with the exclusion of the company called Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima, would have to result, if the claim were granted against the rest of the co-defendants, in a constitutive judgment of an obligation that is not pre-existing, it would do so without the defendants in this case being able to debate either the occurrence of the events allegedly taking place in 2004 or the existence of the damage, which is clearly improper under penalty of the right of defense in each case being violated, we insist, if this is a plenary process, because suffice it to say that with respect to every passive subject in this legal-procedural relationship (individual and/or legal entity) that did not have the procedural status of accused or civil defendant in the criminal case, the effects of res judicata (cosa juzgada material) as a derivation of the judgments that essentially constitute the sole and exclusive cause of action in this matter that occupies our attention do not apply. It should be highlighted from the foregoing, as this Chamber extracts, that the plaintiff Company states it is not acting from a procedural point of view in accordance with Article 488 of the Criminal Procedure Code, which grants jurisdiction to this Contentious-Administrative and Civil Treasury Court to hear the execution of a criminal judgment in what involves civil awards, in this case, compensatory ones. But given this assertion, it is also correct to state that it directs its action factually based only on the existence and what it understands to be the content and scope of final judgments issued within a criminal case, from which only the company called Servi Centro Zona Franca Sociedad Anónima became civilly liable to pay damages, while the accused individuals were neither convicted for perpetrating or participating in a crime, nor ordered to pay any damages to the herein plaintiff. Consequently, in some way, what the plaintiff company's representation proposes is that, in accordance with what was finally adjudicated in the criminal venue, persons who were not civilly sued within the criminal case for unknown reasons be ordered, as jointly and severally liable, in accordance with Article 106 of the Criminal Code, that is, either because under subsection 1) of that article these persons turn out to be participants in a punishable act, or because under subsection 5, they are jointly and severally liable, in observance of some special rule, to pay for having caused damage, jointly and severally, without having participated in the criminally punishable act or conduct, which seems to be the case, and only now before this Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, by suing those who were not sued in the criminal venue despite the provisions of this rule. Hence an evident difficulty faced by the plaintiff, constituted by the fact that without stating it so, it now sues those it could and should have civilly sued in the criminal venue if it considered they were jointly and severally liable according to Article 101 of the Organic Environmental Law, seeking against them the judgment for payment of environmental damage. Then, neither thing happened, we insist; the plaintiff public company did not file a civil action in the criminal venue against these supposedly jointly and severally liable parties, nor did it do so claiming, under the assumption of having standing for it, the judgment for payment of environmental damage because, as will be seen, and this is central for the purposes of this ruling, the plaintiff public company only sued Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima, seeking the judgment for payment as compensation for damages and/or losses (daños y/o perjuicios) that never corresponded to payment to compensate for environmental damage. Well then, having said all the above, we must return to the proven facts that this Judging Chamber deems relevant within the factual framework proposed by the plaintiff itself according to the text of its claim, to reiterate that, as derived from an analysis and assessment of the evidence in the record where pertinent, first, it is established that in the criminal case processed in 2004 under judicial file number 04-018440-042-PE, only those identified as Mr. Herberth Jesús Valerín Valladares and Jorge Eduardo Solano Zúñiga had the status of accused, for the alleged perpetration of the crime of water contamination and others to the detriment of public health, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, and the State intervened in said proceeding as complaining civil parties. (Images 251 to 456, in conjunction with images 554 to 580, 461 to 505, 533 to 553, and 582 to 595, all from the judicial file). As will be seen, the criminal action, in what it incidentally carried a compensatory aspect, was also, among the companies herein co-defendants, against the one identified in said criminal case as the company called Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima. Continuing, in that process, a first-instance judgment was issued as part of the processing it was given, consisting of the ruling issued by the Criminal Court of Heredia identified as No. 451-2015 of 9:00 a.m. on October 19, 2015, according to which the following was ordered in its operative part (por tanto): "In accordance with the foregoing, Articles 39 and 41 of the Political Constitution, 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 37, 38, 40, 111, 112 to 116, 119, 142, 180 to 184, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 368 of the Criminal Procedure Code; 1, 2, 11, 16, 18 to 20, 30, 31, 45, 268 of the Criminal Code; Article 132 (now 128) of the Wildlife Conservation Law; Article 1048 of the Civil Code; Articles 1 to 6 of the Law for the Transformation of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Law Number 7789 of April 30, 1998, 50, 51, 59 of the Organic Environmental Law; Article 18 in relation to 45 of the Fee Schedule for Professional Legal and Notarial Services, Executive Decree number 32493-J, in resolving the present matter and by the unanimity of the votes cast, the following is resolved: A.- Regarding the criminal action: 1- The defendants JORGE EDUARDO SOLANO ZÚÑIGA and HERBERTH VALERÍN VALLADARES are ACQUITTED of all penalty and liability for the crimes of Corruption of Food or Medicinal Substances and Water Contamination, which were attributed to them to the detriment of public health and others. 2.- With respect to the complaints filed by the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, the EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, against Messrs. JORGE EDUARDO SOLANO ZÚÑIGA and HERBERTH VALERÍN VALLADARES, this ruling is issued without special condemnation for costs (costas) derived from their actions, as there was plausible reason to litigate. B.- Regarding the civil action: 1.- The exceptions of LACK OF REPRESENTATION, LACK OF ACTION, LACK OF STANDING TO SUE AND TO BE SUED, raised by the civil defendants, are dismissed. 2.- The civil remedial actions filed by the Procuraduría General de la República; the Empresa de Servicios Públicos de Heredia and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, against the civil defendants HERBERTH VALERÍN VALLADARES and JORGE EDUARDO SOLANO ZÚÑIGA, are dismissed. 3.- With respect to these actions, this ruling is issued without special condemnation for costs (costas) as there was plausible reason to litigate on the part of the plaintiffs. 4.- The civil action filed by the Empresa de Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima is PARTIALLY GRANTED and by reason of the foregoing, the defendant company Auto-Servicios Zona Franca Sociedad Anónima is ordered to pay: 4.1.- For material damage (daño material) the sum of 72,227,330.00 colones and 50,925 dollars. 4.2.- For indexation (indexación) the sum of 23,337,137.00 colones. 4.3.- For statutory interest (intereses legales) the sum of 37,448,485.41 colones and 11,382.06 dollars. 4.4.- COSTS (COSTAS). 4.4.1. For personal costs (costas personales) the sum of 17,801,295.03 colones. 4.4.3. The established interest shall continue to accrue from today's date until the effective payment of all the amounts quantified in this judgment, which shall be determined in the execution of judgment. 4.5.- The claim for moral damages (daño moral) is dismissed. 5.- The civil remedial action filed by the Procuraduría General de la República, against the defendant company Auto-Servicios Zona Franca Sociedad Anónima, is GRANTED, and by reason of the foregoing, compensation for material damage (daño material) is ordered IN ABSTRACTO. Likewise, the civil defendant is ordered to pay costs (costas), the amount of which shall be defined in the execution of judgment, as the item for material damage could not be quantified. C.- Regarding the consequences of this ruling: The Court of Judicial Inspection is ordered to continue with the loss of ten files of documentary evidence submitted by the defense, as well as the environmental damage assessment report submitted as documentary evidence to the file by the representative of the Procuraduría General de la República. The costs of the proceeding shall be borne by the State. LET IT BE NOTIFIED." (Images 251 to 456 of the judicial file). (The highlighting and underlining are not in the original). We must pause to indicate that from what was thus adjudicated, and having this Chamber conducted a comprehensive reading and study of the text of this judgment, it is categorically extracted that none of the compensatory awards for which the company called Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima was ordered to compensate the Empresa de Servicios Públicos de Heredia corresponded to a judgment directed at compensation for environmental damage, but rather, echoing the very statements, in part, made by the herein plaintiff, the judgment was for compensation for material damages other than environmental damage, easily identifiable according to those rulings as patrimonial losses suffered by the herein plaintiff in the context of its ordinary service-provision activity as administrator of a public service for the supply of potable water, of a well it also administers, and expenses associated with the normalization of the service to eliminate the contamination of the water it supplies to its subscribers, expressed in a different manner, but coinciding with the analysis carried out by the Criminal Judicial Authority. The plaintiff itself, in its statement of claim, seems to understand that the civil judgment issued against the company Auto Servicios Zona Franca S.A. was not for payment for environmental damage, when it stated, in describing the fact regarding the first-instance criminal judgment, the following: "- i. "As an additional consequence, the waters of the Colgado aquifer located below the gas station and that communicate with well AB 1089, which in turn receives portions of water through geological fissures from the Colima Superior aquifer, were contaminated at levels exceeding those permitted according to the Potable Water Regulation and the WHO, in the parameters of benzene, ethylbenzene, toluene, and xylene, requiring large-scale material and economic remediation work for the material-type damage caused, which has generated due indexation (indexación) and statutory interest (intereses legales), as it had to contract machinery, buy machinery, pumps, tools, man-hours, transport, laboratory expertise, hiring of external companies, external professional services, consultants, among many other expenses detailed in the liquidation carried out in this judgment." j. "The seepage of hydrocarbons through the soils located beneath the Zona Franca gas station caused the contamination of the Colgado aquifer and the Colima Superior aquifer, which are in the public domain and as such the patrimony of the State, which has caused significant environmental damage that must be quantified, which has caused severe environmental damage to the Costa Rican State due to the undertaking of an eminently hazardous activity by the company Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima." k. "Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima is ordered to pay for material damage (daño material) consisting of the decrease in the patrimony of the civil plaintiff due to having to cover the remediation work of well AB 1089, ...". (The highlighting and underlining are not in the original). From the preceding, it is initially not demonstrated from this judicial ruling that any of the awards granted to the plaintiff company here correspond to a judgment for payment to compensate for environmental damage, which was only deemed appropriate in favor of the State, as a public legal organization distinct from Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A.. Moreover, even though we note, based on the analysis carried out by the Criminal Judicial Authority in the text corresponding to the body of this trial-level judgment and its operative part, some inconsistency in what it ordered the company called Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima to pay in favor of the State for material damage, when, rather, it was the State, as complaining party and civil plaintiff, the only one among those who held that procedural status, that claimed or petitioned for itself the judgment for payment of environmental damage, it is clear that it was in its favor and not in favor of the plaintiff public company here that the Criminal Judicial Authority granted an award to compensate for environmental damage. This latter point reinforces that, in favor of Empresa de Servicios Públicos de Heredia, none of the awards granted as of that date by judicial judgment included either the recognition or the judgment for payment to compensate for environmental damage, but exclusively pecuniary damages of a different nature, which, as will be seen, directly affects the theory of the case presented in this matter by the plaintiff because it starts from a false premise, if the judgment for payment of environmental damage is concerned. It is in this understanding that it must be indicated that it is one thing to assert that, in favor of Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A., the company called Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima was ordered to pay damages and/or losses (daños y/o perjuicios) caused on the occasion of having contaminated a body of water, and quite another to assert that those, any one of them, had the virtue of being qualified as environmental damage, which clearly was not the case. We continue by noting that the criminal process continued its course at the appellate level, and upon hearing an action of that type (appellate) filed against the judgment mentioned in the preceding proven fact, the Criminal Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, Second Section, issued the judgment identified as No. 2017-00333 of 9:10 a.m. on May 15, 2017, according to which the following was ordered in its operative part (por tanto): "The appeals against the judgment filed by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in its capacity as civil plaintiff, and by the accused and civil defendants, are dismissed. The ancillary appeal filed by the Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. against Autoservicios Zona Franca S.A. is granted. The ruling denying compensation for lost profits (lucro cesante) is annulled and in its place the amount of ONE BILLION EIGHT HUNDRED SEVENTY-THREE MILLION NINE HUNDRED EIGHTY-ONE THOUSAND EIGHTY COLONES AND FIFTY-EIGHT CÉNTIMOS is granted, corresponding to the lost profits from the non-commercialization of water from well AB 1089 from January 2005 to June 2013. With respect to that same concept, but after said date, the case is remanded to its office of origin for a new trial, so that with due substantiation the legally appropriate decision may be made.- Let it be notified." (The highlighting and underlining are not in the original. See images 554 to 580 of the judicial file). Again, we must pause to specify that even at this point, it cannot be asserted that any judgment given in favor of the plaintiff public company here included payment directed at repairing environmental damage, which, we reiterate, was exclusively petitioned in that criminal case by the representation of the State. Subsequently, and given that the higher judicial body ordered, on review, the return of the file for the issuance of a new trial-level ruling where pertinent, the Criminal Trial Court of Heredia, First Section, issued the judgment identified as No. 909-2019 of 2:00 p.m. on August 29, 2019, according to which the following was ordered in its operative part (por tanto): "In accordance with the foregoing, Articles 103, 106, 107 and 109 of the Criminal Code, Articles 37 to 41 and 111 to 124, 267, 359, 366, 368, 466 of the Criminal Procedure Code, Articles 1045, 1046, 1048 of the Civil Code; the present civil remedial action filed by EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA (ESPH) against AUTOSERVICIOS ZONA FRANCA. S.A. is granted regarding the claim for lost profits (lucro cesante) from 2014 to 2018, setting for this concept the amount of ONE BILLION SIX HUNDRED SEVENTY-SEVEN MILLION EIGHT HUNDRED SIXTY-TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED FORTY-SEVEN COLONES AND FORTY-THREE CÉNTIMOS. (1,677,862,847.43). For indexation (indexación) of the aforementioned amount, a total of TWO HUNDRED SEVENTY-FOUR MILLION ONE HUNDRED NINETY-TWO THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY-ONE COLONES AND FORTY-SEVEN CÉNTIMOS (274,192,261.47) is granted. For procedural costs (costas procesales), the amount of THREE MILLION COLONES (3,000,000) is granted. For personal costs (costas personales) according to the Fee Schedule Decree number 32493, the amount of TWO HUNDRED TWENTY-TWO MILLION THREE HUNDRED SEVEN THOUSAND NINE HUNDRED SEVENTY-NINE COLONES AND EIGHTY-FOUR CÉNTIMOS (222,307,979.84) is granted. LET IT BE NOTIFIED." (The highlighting and underlining are not in the original. See images 461 to 505 of the judicial file). The related ruling was also challenged, and in response to said appellate challenge, the Criminal Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, First Section, San Ramón, issued the judgment identified as No. 2020-001118 of 1:48 p.m. on November 13, 2020, according to which the following was ordered in its operative part (por tanto): "The appeal filed by the company Auto Servicios Zona Franca, represented by the special judicial attorney-in-fact Carlos Alberto Aguilar Ramírez, is dismissed. Let it be notified." (Images 533 to 553 of the judicial file). Finally, under the terms of the judgment issued in this same criminal case by the Criminal Cassation Chamber (Sala de Casación Penal) identified as No. 2021-00991 of 12:21 p.m. on August 20, 2021, according to its operative part (por tanto), the following was ordered: "The cassation appeal filed by attorney Carlos Alberto Ramírez Aguilar, representative of the civil defendant Auto Servicios Zona Franca S.A., is declared inadmissible. Let it be notified." (Images 582 to 595 of the judicial file).

Based on the foregoing, it must be indicated time and again that what was finally decided in the criminal venue within the case of interest was decided with the character of material res judicata (cosa juzgada material), and also that, due to the relevance of what follows for the purposes of issuing this judgment, it is not accredited or demonstrated at any level, based on the foregoing, that according to what was finally decided within the judicial case in criminal matters processed under case file number 04-018440-042-PE, any of the claims granted to the plaintiff company here is identical to the condemnation to pay for the redress of an environmental damage (daño de carácter ambiental), which, it must be reinforced, corresponded solely to a claim sought by the State's representation through the Procuraduría General de la República as its representative in that criminal judicial case. (Images 251 through 456, together with images 554 through 580, 461 through 505, 533 through 553, and 582 through 595, all from the judicial file). In reinforcement of the foregoing, according to the text of the judgment issued by the Tribunal Penal de Heredia, judgment identified as No. 451-2015 at 09:00 hrs. on October 19, 2015, considering IX, regarding the: "Civil Action for Damages (Acción Civil Resarcitoria) filed by the Procuraduría General de la República", it clearly states the following: "The civil claim made by the Procuraduría General de la República, as evidenced from the civil action for damages filed, is for the environmental damage caused". (The highlighting is not from the original). Having said all the foregoing, this Court, always circumscribed to the factual framework proposed as the subject of debate by the plaintiff party itself in the matter that occupies our attention, sustains its claim based on what it considers are the content and scope of what was finally decided in the criminal venue, integrally understood, in that based on these judgments a credit was constituted in its favor, and from which it identifies exclusively the company named Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima as the debtor, with the purpose or aspiration, according to the object of the proceeding in summary and properly understood, of extending said credit to third parties, including the corporate co-defendants and Messrs. Jorge Solano Montenegro and Jorge Eduardo Solano Zúñiga, as well as extending the same against the defendant banking entity named Banco Improsa Sociedad Anónima, all based on a factual assertion and on the partial application of special environmental legislation from which it only identified Article 101 of the Ley Orgánica del Ambiente, on the basis that the damage whose repair through the condemnation to pay was granted by final judgment must be borne by the persons sued here jointly and severally (solidariamente) according to the Law, jurisprudence and/or doctrine, because the condemnation produced in the criminal venue was identical to the imposition of the obligation to redress for the production of an environmental damage, which is clearly incorrect. That condemnation to pay in favor of the public plaintiff company here did not exist. This obliges us to address the issue of joint and several liability (solidaridad), to indicate that, in principle, the obligatory relationship that gives rise to civil liability arises because the determination of a person responsible or obligated to indemnify for the damage they cause takes place. As a general rule, the imputation of liability must fall on the material author of the conduct from whose effects that precise damage and/or harm is produced, which in the particular case, according to what was finally decided in the criminal venue, was solely and exclusively the company named Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima. On the other hand, however, it is correct to affirm that there are multiple cases in which, according to the applicable rule in each case, this obligation to indemnify obliges someone who, despite not having had a direct intervention or participation in the conduct that is the efficient cause in the production of the damaging effect, maintains with the person to whom said conduct is directly attributable, a specific relationship or link according to what is established in the Law or agreement, which justifies them being held equally responsible for the consequences of the damaging act. According to the Civil Code, Article 638, the following general rule is established: "Joint and several liability (solidaridad) among debtors only results from an express agreement or a provision in a testament or from the law". (The highlighting and underlining are not from the original). The provision rules out, in the absence of an agreement or testament, that for the determination of joint and several liability, the legal operator must resort to jurisprudence and/or doctrine, as if and instead, exclusively to the Law, that is, to a legal source that, with the rank, potency, and resistance of a Law of the Republic, allows it. When the legal system establishes, according to the special Law, then, that several persons are responsible for indemnifying the same damage, in this case, environmental, the duty is clearly imposed to determine, according to the applicable legal regime, the existence of the basis for imputation of the obligation to indemnify jointly and severally according to the specific case, and to establish thus, whether in effect the joint and several liability must be applied or, if on the contrary, the obligation must be considered attributable only and independently or autonomously to the agent producing those effects. (Articles 637, 638, 639 and 640 of the Civil Code). Then, having been invoked by the plaintiff party exclusively the rule contained in provision 101 of the Ley Orgánica del Ambiente, its text reads as follows: "Liability of violators. Without prejudice to liabilities of another nature that may result for them as participants in any of its forms, those causing violations of this law or of those regulating the protection of the environment and biological diversity, whether natural or legal persons, shall be civilly and jointly and severally liable for the damages and harms caused. Jointly and severally, the owners of the companies or activities where the damages are caused, whether by action or omission, shall also be liable. The same liability shall correspond to professionals and public officials who sign an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) contrary to prevailing legal provisions or technical standards or do not properly follow up on the process, causing damage to the environment or biological diversity". (The highlighting and underlining are not from the original). This rule, if a finalistic and systematic interpretation of the legal system is involved (Articles 10, both of the Civil Code and the Ley General de la Administración Pública), must be understood within the framework of what is established in this same regulatory body, thus: "Article 1.- Objectives. This law shall endeavor to provide Costa Ricans and the State with the necessary instruments to achieve a healthy and ecologically balanced environment. The State, through the application of this law, shall defend and preserve that right, seeking greater well-being for all inhabitants of the Nation. The environment is defined as the system constituted by the different natural elements that integrate it and their interactions and interrelations with the human being". (The highlighting is not from the original). It is obtained from the foregoing, that the joint and several liability referred to in the mentioned provision 101 of this same regulatory body has to do with the repair of environmental damage or damage to the environment (medio ambiente) on the one hand, while on the other, it is to the extent that a determination of "participation" in some form takes place, which could include a direct or indirect but relevant participation in a cause-effect relationship for the production of the damaging effect. In another order of ideas, if it is not an environmental damage, this indicated Article 101 is not applicable, as is the case here. As has been sufficiently accredited in this cause, it suffices to indicate and reiterate that despite it being its procedural duty, the plaintiff party, although it affirmed it, did not demonstrate that according to what was finally decided within the judicial case in criminal matters processed under case file number 04-018440-042-PE, any of the claims granted to the plaintiff company here is identical to the condemnation to pay for the redress of an environmental damage, this according to the text of the judgments appearing in images 251 through 456, in association with those going from 554 to 580, 461 to 505, 533 to 553, and 582 to 595, all from the judicial file, from which it must be concluded on the legal plane, that what is provided in this Article 101 of the Ley Orgánica del Ambiente is, from the outset, inapplicable to the specific case, obviating that as a derivation of the theory of the case proposed, it is excluded that the co-defendant companies and natural persons other than the one named Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima had participation in the harmful acts analyzed and determined by the criminal Judicial Authority, as direct or indirect causers of the harmful effects, which, we will insist, for the case of that which this company was ordered to pay definitively, in favor of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, was not identical to the redress of an environmental damage, which is the false premise upon which this action was built, even regarding what was directed against Banco Improsa Sociedad Anónima based on a thesis that we could even consider forced, having support exclusively in what the plaintiff identified as based on doctrine, and not founded on a specific legal rule. In this way, the basis for the imputation of joint and several liability, as it was factually and legally constructed by the Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A., based on the erroneous affirmation that the credit granted by the Judicial Authority in criminal matters was based on the redress of an environmental damage, being discarded, the claim is not sustained on any of those planes, which requires declaring it inadmissible in all its claims, as is indeed ruled. For the same reasons, Article 57 of the Ley de Gestión Integral de Residuos, incorrectly indicated by the plaintiff company, the correct one being Article 62, is not applicable; nor is Article 57 of the Ley Forestal, and even less provision 296 of the Ley General de Salud, which operate regarding premises totally different from the one that concerns us. As a consequential effect, it becomes unnecessary to analyze and determine whether the co-defendant companies constitute an economic interest group or not, even regarding the totality of the sued companies or entities simply because there is no law whose application was invoked by the plaintiff party that imposes joint and several liability in their case. Nor is it relevant in this line of reasoning, the affirmation made in the sense that these companies, due to what links them, without any manifestation of an abuse of right or antisocial activity in the terms of provisions 21 and 22 of the Civil Code, with the objective of evading responsibilities like the one unsuccessfully attributed to them in this cause based on the non-existent imputation that they must be liable for an environmental damage that was only attributed in the criminal venue to the company named Auto Servicios Zona Franca Sociedad Anónima. With clarity then, starting precisely from the content and scope of the very judgments invoked by the plaintiff party, with error on its part, as the instruments from which their right to act as they did in this specific case was generated, there is a lack of standing to sue (legitimación en la causa activa), as these judgments are not susceptible to having placed them in a position to exercise this right of action on the merits against the companies and natural persons sued herein, from which it is necessary to declare the claim dismissed in all its claims, as is so ruled. It must be remembered that whether or not it was alleged as an exception, the lack of standing to sue is an aspect that refers to a material prerequisite of every claim that must be analyzed by the Judge even ex officio according to the jurisprudence emanating from the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, within which, as an example, is judgment number 2008-000317 at 09:10 hrs. on May 2, 2008, from where it is irrelevant that only the representation of Banco Improsa S.A. alleged it. In this sense, returning to the provisions of Article 638 of the Civil Code, there is no normative provision contained in a Law of the Republic that allows the imputation of the joint and several patrimonial civil liability claimed, even against the co-defendant natural persons. To conclude, this Court does not overlook that during the preliminary hearing held on August 23, 2024, the representation of the plaintiff party, without having requested an extension to the foundation of its claim, additionally invoked the norm contained in Article 126 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre, which reads as follows: "Independently of the personal, civil or criminal liability that may fall on the partners, representatives or agents, legal persons that have participated in the commission of illicit acts covered by this Law shall be jointly and severally liable for the damages and harms caused to wildlife (vida silvestre) and the environment in general, and must repair them in full. Likewise, natural or legal persons that form part of the same economic interest group as the offending legal person shall be jointly and severally liable". Regarding the possible application of this rule which, it is insisted, did not form part of the grounds of the claim, even if it were admitted that it did, it is clearly not applicable to the specific case, first, because this was determined by the competent Judicial Authority in criminal matters upon issuing the judgment identified as the one issued by the Tribunal Penal de Heredia, judgment identified as No. 451-2015 at 09:00 hrs. on October 19, 2015, as is evident from the text of that ruling, and second, because in effect, its content and scope understood in accordance with the provisions of the first provision, a matter related to damage to wildlife (flora and/or fauna) was totally and completely unrelated to what was determined as proven facts in the preceding criminal case of interest.-

VIII.- On the merits of the matter concerning the counterclaim. In summary, the counterclaiming parties essentially seek that the Empresa de Servicios Públicos de Heredia be condemned in judgment to pay damages, which was identified, in a totally vague manner, only as moral damage (daño moral), without specifying whether it is an objective or subjective type, with the acquiescence in this sense of the Processing Judge in charge of handling the matter in the corresponding procedural phase of this proceeding, based factually, also in essence, on having been sued on the terms of the action known under the terms of this judgment. Added to this was a claim for the counterclaimed parties to be condemned to pay harms (perjuicios), which were identified informally during the preliminary hearing held on November 11, 2024, as the costs of this proceeding, without the Processing Judge, with a lack of rigor in procedural legal technique, resolving anything in this regard concerning this petition thus reformulated. What is thus proposed as the object of the proceeding, that is, what is sought to be granted in judgment, is inadmissible from the outset, which requires that the counterclaim be declared dismissed in all its claims, as is indeed ruled, based on the following considerations:

1.- On the object of the counterclaim. Understanding the object of the counterclaim as what is sought to be granted in judgment, it follows that according to the corresponding brief and what was determined in the preliminary hearing, it is sought to grant the following: "1. That the judgment declare that the companies (...) did not participate in the acts that were attributed to the company Autoservicios Zona Franca Sociedad Anónima, as was ordered in the judgments: a) Judgment 451-2015 of the Tribunal Penal de Heredia at nine o'clock on October twenty-ninth, two thousand fifteen, b) Judgment 2017-00333 of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela at nine hours and ten minutes on May fifteenth, two thousand seventeen, c) Judgment 2020-001118 of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón at thirteen hours and forty-eight minutes on November thirteenth, two thousand twenty, e) Judgment 2021-00991 of the Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia at twelve hours and twenty-one minutes on August twentieth, two thousand twenty-one. 2. That it be declared that in the judgments: a) Judgment 451-2015 of the Tribunal Penal de Heredia at nine o'clock on October twenty-ninth, two thousand fifteen, b) Judgment 2017-00333 of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela at nine hours and ten minutes on May fifteenth, two thousand seventeen, c) Judgment 2020-001118 of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón at thirteen hours and forty-eight minutes on November thirteenth, two thousand twenty, e) Judgment 2021-00991 of the Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia at twelve hours and twenty-one minutes on August twentieth, two thousand twenty-one, the companies (...) were not condemned to any sum, and likewise the gentlemen (a) Jorge Solano Montenegro (...) (b) Jorge Solano Zúñiga, jointly and severally, in accordance with articles (sic) 137 of the Law of Law (sic) 4891. 3. That it be declared that no economic interest group or joint and several liability exists, according to the judgments: a) Judgment 451-2015 of the Tribunal Penal de Heredia at nine o'clock on October twenty-ninth, two thousand fifteen, b) Judgment 2017-00333 of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela at nine hours and ten minutes on May fifteenth, two thousand seventeen, c) Judgment 2020-001118 of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón at thirteen hours and forty-eight minutes on November thirteenth, two thousand twenty, e) Judgment 2021-00991 of the Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia at twelve hours and twenty-one minutes on August twentieth, two thousand twenty-one. 4. That the harm caused to the companies (sic) (...) for not being debtors of a non-existent obligation be declared, and as a consequence of the claim of joint and several liability, they acted with malice (dolo), reason for which, in application of Article 701 of the Civil Code, the company Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima, in its capacity as plaintiff, must be condemned for the damages and harms (daños y perjuicios) caused, which are estimated, according to the evidence, in the sum of four thousand five hundred ten million three hundred thirty-three thousand five hundred ninety-two colones and one hundred ninety-nine céntimos. This being the reason for the damages and harms. 5. Consequently, condemnation to pay both sets of costs is requested". We must indicate that just as the plaintiff party to some extent incurred the same error, in the case of the counterclaim, claims 1 through 3 are not identical to proper claims on the merits, for which, for didactic purposes, the provisions of numerals 42, in relation to 122, both of the Código Procesal Contencioso Administrativo, are established, but rather, they refer to premises that factually and/or legally would have to support the admissibility of the principal claim, which in this case was constituted exclusively by claims for condemnation. In that sense, the counterclaiming parties would have to abide by what this Chamber determines, whether regarding the proven facts and the body of the judgment comprising the merits analysis in this respect, on the determination that according to what was finally decided in the criminal matter that preceded this cause, the sued companies did not participate in the acts attributed to the company Autoservicios Zona Franca Sociedad Anónima; that according to the same judgments, none of the counterclaiming companies was condemned to pay any sum, nor were the Messrs. Solano, in no case jointly and severally; as well as that it be declared that no economic interest group or joint and several liability exists, according to the referenced judgments, all these are aspects regarding which, only if relevant, it will be according to the facts and/or in the analysis to be included in the body of this judgment that the counterclaimants shall find a pronouncement in this regard, but not in the operative part of this ruling. Finally, it is insisted, what is relevant, the counterclaim is essentially directed at the condemnation to pay damages and/or harms to the counterclaimed party, caused by the act of suing as the Empresa de Servicios Públicos de Heredia did in this matter, together with the costs, which the counterclaiming parties understand may qualify as a harm. As the legal basis for this counterclaim, the acting parties limited themselves to invoking the provisions of provision 701 of the Civil Code.-

2.- On the total inadmissibility of what is sought in the counterclaim. On a first level of ideas, concerning what was conducted by the Processing Judge who, at the opportune procedural moment, omitted what she ordered regarding compliance with the provisions of Article 58, subsection 1, sub-subsection e), in relation to 92, subsections 1 and 2, in both cases of the Código Procesal Contencioso Administrativo, in the preliminary hearing held on August 23, 2024, the truth is that neither by subsequent brief, nor during the preliminary hearing held on the following November 11, 2024, did the plaintiff party specify with a minimum of formal rigor what the damages claimed consist of, beyond vaguely affirming that it was moral damage, without describing it as subjective or objective. In this sense, and although it might be obvious to recall what follows, national jurisprudence has repeatedly indicated that moral damage occurs when the extra-patrimonial sphere of interest of the individual is injured, and also that on this occasion, patrimonial consequences may also be generated, which is why a proper distinction must be made between subjective moral damage, or of affection (daño moral subjetivo), and objective moral damage (daño moral objetivo). The Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia has stated in this regard, that: "Moral damage (also called incorporal, extra-patrimonial, of affection, etc. in doctrine) occurs when the extra-patrimonial sphere of interest of the individual is injured, however, as its violation can generate patrimonial consequences, it is appropriate to distinguish between 'pure' subjective moral damage, or of affection, and objective or 'objectified' moral damage. Subjective moral damage occurs when an extra-patrimonial right has been injured, without repercussion on the patrimony, normally involving an unjust disturbance of the individual's emotional state (disgust, discouragement, despair, loss of satisfaction in living, etc., e.g., the offense against honor, dignity, intimacy, the so-called damage to life in relationship, affliction for the death of a family member or loved one, etc.). Objective moral damage injures an extra-patrimonial right with repercussion on the patrimony, that is, it generates economically assessable consequences (e.g., the case of the professional who, due to the attributed act, loses his clientele in whole or in part). This distinction serves to delineate the damage suffered by the individual in their social consideration (good name, honor, honesty, etc.) from that suffered in the individual sphere (affliction for the death of a relative), thus one refers to the social part and the other to the affective part of the patrimony. (…) In sum, moral damage consists of physical, psychic, affective or moral pain or suffering inflicted by an illicit act. Normally the fertile field of moral damage is that of personality rights when they are violated." (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia No. 151 at 15:20 hrs. on February 14, 2001, and No. 112 at 14:15 hrs. on July 15, 1992). Another characteristic of objective moral damage is that, just as occurs in the case of material damage, its existence and amount must be proven, unlike what occurs with subjective moral damage, a case for which, without prejudice that evidence of its existence is admissible (the form and intensity with which it is suffered), the determination of its estimation, as to its fixing, may remain at the prudent discretion of the judge. Thus, the same jurisprudence cited above has outlined that: "For indemnification, a distinction must be made between the different types of moral damage. In the case of the objective, the corresponding demonstration must be made as happens with patrimonial damage; but in the case of subjective moral damage, as its amount cannot be precisely structured and demonstrated, its fixing remains at the prudent discretion of the judge, taking into consideration the circumstances of the case, the general principles of law and equity, the lack of proof regarding the magnitude of the damage not being an obstacle to fixing its amount. (...) On the point of the compensability of moral damage, it is appropriate to indicate that the argument according to which the redress of moral damage implies the difficulty of achieving an equivalence between the damage and the pecuniary indemnity ("pecunia doloris") is not valid; because in the case of objective moral damage, the reparation turns out to be easier to quantify, and although in the hypothesis of subjective moral damage it is somewhat more difficult, the impossibility cannot be inferred from this, also in cases of patrimonial damage serious problems arise in its assessment. It is preferable to compensate the injured party, in some way, for their physical pain and mental affliction, than to force them to bear its weight and thus grant a benefit to the person causing the damage, leaving them unpunished. Although money, in the case of material damage, restores the injured patrimonial sphere of the victim to the state prior to its causing ("restituio in integrum"), it is equally true that in cases of moral damage it fulfills a function or role of satisfaction of the affliction or pain suffered, operating as compensation for the damage inflicted, without being morally condemnable for this, because it is not about paying for pain with pleasure, nor putting a price on pain. It is only sought to find a way to procure for the injured party satisfactions equivalent to those that were affected. As seen, the reparation of moral damage turns out to be consistent with the highest principles of justice (neminem laedere), and, as will be seen, with the correct hermeneutics of our positive law texts, not being able to put forward to justify its non-compensability the value of legal certainty, in the face of the impossibility of foreseeing with a certain margin of certainty the quantum of indemnity, nor the idea of conceiving it as a meta-legal damage anchored in the field of morality or pseudo-ethical reasons such as the exchange of pain for hedonism, because the legal system provides a solution to the conflict of interests, giving the injured party the possibility of procuring other substitute satisfactions for them and their family. Finally, it is necessary to indicate that the reparation of moral damage also finds its cornerstone in the recognition of the human person as the axis around which Law revolves, a person with the right to a balance in their psychic and spiritual state, whose alterations must be repaired ...". (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 112 at 14:15 hrs. on July 15, 1992). Consequently, for an analysis on the merits regarding the admissibility or not of a condemnation to pay this type of damage, the plaintiff party must, as it corresponds to a procedural obligation that rests on their shoulders, specify whether what they claim is damage of the subjective or objective kind. In the present case, this did not occur, and this Chamber, procedurally speaking, not being obliged to speculate in constructing the claim in this regard, simply shall not make any pronouncement beyond affirming that there is no damage on which to rule given the omission incurred by the counterclaiming parties with a lack of rigor in procedural legal technique, with or without the concurrence of the Processing Judge. On a second level, regarding the counterclaim and its object, understood as what is sought to be granted in judgment, it is reiterated that factually, action is taken based on the cause of action circumscribed to the fact of the counterclaimants having been sued by the Empresa de Servicios Públicos de Heredia.

Thus, having developed what is pertinent in support of the counterclaim in the corresponding pleading, there is no alternative but to understand that, from the perspective of the counterclaiming parties, the conduct generating and constituting the efficient cause of the damage and/or loss (perjuicio) being claimed is the act of suing, that is, the conduct materialized by filing a lawsuit (demanda) before the courts, which in turn must lead to admitting that the lawsuit itself, as an expression in this case of conduct whose authorship corresponds to a specific Public Administration (Administración Pública), could be subject to challenge or at least susceptible to being classified as conduct carried out in non-compliance with the legal system, a prerequisite for seeking a condemnation claim for unlawful conduct, which is what is being reproached in the specific case, while overlooking the fact that it has not been challenged, of course, because it could not be. From the outset, what is thus formulated as the theory of the case is improper, and attention must again be drawn to the fact that, according to what the counterclaiming parties affirm, it is the filing of the lawsuit brought against them that generated, by way of damaging effects, an unspecified and undetailed moral damage (daño moral) as well as a loss (perjuicio), which would be identical to the costs (costas personales y/o procesales) that the proceeding itself will generate. This fact, then, the filing of the lawsuit and the consequent effect of having to face the judicial proceeding —as must be understood— is identical to the sole factual element that would ground the action by way of counterclaim, to the extent that other diverse, non-relevant facts have been incorporated into the respective pleading, some of which bear more resemblance to legal assessments than anything else. It suffices to indicate that whether or not some damaging effect has been experienced as a result, the truth is that the act identified by those who counterclaim in causal nexus with the act or conduct, which although it could by its authorship exclusively be classified as administrative, is not an expression of conduct governed by the legal regime proper to Public Law and, within it, Administrative Law, nor therefore by the challenge regime provided for in the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), not even regarding its content and/or effects, which it is worth emphasizing, has in itself no virtue to cause an impact, whether upon the subjective rights or the legitimate interests of the counterclaiming companies and individuals, in view of what is regulated in article 10 of the Administrative Contentious Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo). In this sense, the act of suing, whether exercised by a Public Administration or not, does not and could not encompass effects other than those provided for in the adjective legal system, that is, procedural law. The lawsuit (demanda) in itself is a procedural act, not susceptible to challenge, whether from the standpoint of Administrative law, we insist, or even from the standpoint of adjective procedural law. The claim for payment of the damages (daños) and/or losses (perjuicios) allegedly produced having their cause in that conduct, first, is improper if based on that ground of imputation, since a lawsuit cannot even be classified as unlawful, whether in conformity or not with the legal system, unlike one that complies with the formal legal requirements to initiate the judicial proceeding, or one that on the merits is ultimately successful or not. The legal nature of the lawsuit as a procedural act is not identical to that of a formal administrative act (acto administrativo) under Administrative Law; it is, instead, an exclusively procedural act that constitutes, from the moment of its filing before the courts, the chronological axis of the proceeding, while its object constitutes the logical axis around which all subsequent procedural activity revolves until the termination of the proceeding, whether in a normal or abnormal manner, upon which its possible success depends. Consequently, it is reiterated, the legal regime of patrimonial liability of the Public Administration provided for in the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), articles 190 and following, is not applicable to this form of expression of conduct whose authorship does or does not correspond to a Public Law and Administrative organization. Instead, this procedural act and its effects (which have none of their own capable of affecting the legal sphere of the defendant) is an activity that, occurring within the framework of a judicial proceeding, is exclusively regulated in the adjective procedural legal system. To assert that the lawsuit in itself is non-compliant with the legal system or is unlawful is an entirely sterile assertion in this same sense, leaving aside that it is conduct not susceptible to challenge. It is for the foregoing reasons that the claim for payment of the damages (daños) and/or losses (perjuicios) allegedly caused by the filing of a lawsuit in this jurisdictional venue, at least, is entirely improper because such claim lacks any legal basis whatsoever. The same occurs with respect to any damage (daño) and/or loss (perjuicio) claimed in causal nexus with the actual processing of the judicial proceeding —if it is understood that this is being alleged— since the intervention of a Public Administration in the judicial proceeding as a plaintiff does not likewise entail the deployment of any act that is susceptible to autonomous challenge, while finally, as these are clearly actions subject exclusively to procedural law, it provides for the possibility of claiming what are known as the economic effects of the proceeding exclusively, through the claim for a possible award of costs (costas) (article 193 and following of the Administrative Contentious Procedure Code, Código Procesal Contencioso Administrativo), which in no way have the legal nature of a loss (perjuicio) in the realm of civil liability. Thus, even hypothetically affirming that the female or male counterclaimants have suffered some impact in their subjective or objective moral realm, for this was never specified in the present matter as required by Law (art. 58, subsection 1, sub-subsection e), caused by having had to face this judicial proceeding, this only speaks of something that is not foreign to the common experience of those citizens who, like them, have had to face proceedings of this kind, without such effects being susceptible to any compensation, as there is no provision, either substantive or procedural, that provides for such a possibility, while as we noted above, the regime of patrimonial liability of the Public Administration provided for in Public Law and within it Administrative Law, specifically in the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), is simply inapplicable to the acts of a party carried out within the judicial proceeding, including the lawsuit, even if its authorship corresponds to a Public Administration, as is the case here. Finally, as for impacts of this nature, which are claimed to be the product of having been sued and having to face this judicial proceeding, as occurs with any passive procedural subject, whether the position they adopt in defense of their interests within the proceeding is correct or not, these are effects which, even if their existence were admitted, they are obliged to bear, not in application of any provision established in the administrative legal system, but instead, because there is no legal basis for imputing any liability other than the economic effects of the proceeding (the costas) in the procedural legal system upon which to erect a claim of this kind. As a consequence of the foregoing, these individuals who counterclaim have no right to fully obtain what they seek, and therefore the counterclaim or reconvention (contrademanda o reconvención) must be declared without merit in its entirety, as indeed this Tribunal so rules. We conclude by noting again that the costs (costas) of a proceeding are not identical to a loss (perjuicio) in the procedural realm, but rather to an economic effect of the proceeding upon which the Judicial Authority must issue a ruling in each case, even ex officio, so that seeking their recognition as compensation as a principal claim is sterile. In all cases, the economic effects of the proceeding are an accessory element that depends, as a general rule, on the success of the complaint or counterclaim, so that a ruling on the imposition or not of costs (costas) will be made in the operative part of this judgment in any case, whether it was petitioned in the manner done by the counterclaimants or not, without this constituting a ruling on the propriety or not of the recognition of a loss (perjuicio), a classification in which those who counterclaimed are mistaken.

IX.- Corollary. The plaintiff and counterclaimants did not, in each case, demonstrate holding any right to fully obtain their respective claims, so that with respect to both actions, the complaint (demanda) and counterclaim (contrademanda), they must be declared without merit in their entirety, both principal and accessory, as indeed is ruled.

X.- Regarding the defenses raised. The representation of the co-defendant companies and natural persons, setting aside Banco Improsa S.A., raised as substantive defenses (excepciones de fondo) material res judicata (cosa juzgada material) and statute of limitations (prescripción), solely under the understanding that it would have operated with respect to some element of the complaint directed at the imposition of costs (costas) generated by the processing of the criminal case identified under case-file number 04-018440-042-PE. With regard to the defense of res judicata (cosa juzgada) and statute of limitations (prescripción), with absolute independence of what was argued in support of the same, because the present matter has been resolved by declaring lack of standing to sue (falta de legitimación en la causa activa) on the part of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, a ruling on these defenses is omitted as unnecessary or sterile. For its part, the representation of Banco Improsa S.A. raised the defenses of lack of standing to sue (falta de legitimación activa), already accepted, lack of standing to be sued (falta de legitimación pasiva), and lack of right (falta de derecho), the latter of which, for the same reasons, a ruling is omitted as unnecessary. As for the counterclaim, the representation of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia did not raise any substantive defense.

XI.- Regarding costs (costas). Pursuant to article 193 of the Administrative Contentious Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), procedural and personal costs (costas procesales y personales) constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so, except in the exceptional cases provided for as grounds for exoneration from such imposition, under subsections a) and b) of the related article, as well as under the provisions of article 194 of the same legal body. Having said the above, as a result of this judgment, it follows that while with respect to what the Empresa de Servicios Públicos de Heredia claimed against all the defendant companies and natural persons here sued, the losing party was the state public enterprise; whereas, with respect to what the companies, with the exception of Banco Improsa S.A., as well as Messrs. Jorge Solano Montenegro and Jorge Eduardo Solano Zúñiga, counterclaimed against the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, the former were the losing parties. Consequently, this Tribunal resorting to rules of equity and justice, given that there was mutual defeat with respect to the public enterprise plaintiff and the co-defendants except for Banco Improsa S.A., we deem it proper to issue this judgment without a special award of costs (costas) regarding both actions, the complaint (demanda) and counterclaim (reconvención), as indeed is ruled. Regarding the complaint filed against Banco Improsa S.A., the losing party has been exclusively the Empresa de Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima, and no circumstance is deemed to exist allowing it to be exempted from the award of costs (costas), and therefore, the plaintiff is ordered to pay both costs (costas) in favor of Banco Improsa S.A., the liquidation of which must be approved in the sentence execution phase at the request of this banking entity.

POR TANTO

Regarding what the Empresa de Servicios Públicos de Heredia claimed against all the defendant companies and natural persons here sued, it is declared that there is a lack of standing to sue (falta de legitimación en la causa activa) and, consequently, the complaint (demanda) is declared without merit in its entirety. As unnecessary, a ruling on the other substantive defenses (excepciones de fondo) raised is omitted. Regarding what the defendant companies and Messrs. Jorge Solano Montenegro and Jorge Eduardo Solano Zúñiga counterclaimed, with the exception of Banco Improsa Sociedad Anónima, against the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, as improper, the counterclaim (contrademanda) is declared without merit in its entirety. In relation to the complaint (demanda), excluding Banco Improsa Sociedad Anónima as a defendant, and the counterclaim (contrademanda), this judgment is issued without a special award of costs (costas). Regarding what the Empresa de Servicios Públicos de Heredia claimed against Banco Improsa Sociedad Anónima, the plaintiff is ordered to pay both costs (costas), the liquidation of which must be approved in the sentence execution phase exclusively at the request of this winning party.- Notify.- Felipe Córdoba Ramírez, Presiding Judge.- Elías Baltodano Gómez, Judge.- Judith Reyes Castillo, Judge.-

- Código Verificador -
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W16MCPE62PW61

Documento firmado por:

FELIPE ALBERTO CORDOBA RAMIREZ, JUEZ/A DECISOR/A
JUDITH REYES CASTILLO, JUEZ/A DECISOR/A
ELIAS BALTODANO GOMEZ, JUEZ/A DECISOR/A

EXP: 23-005951-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:41:19.

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