Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Así las cosas, lo resuelto no es un simple asunto de trámite, sino que conlleva a la neutralización del debate ya programado, frustrando así una expectativa legítima de obtener justicia oportuna de los intervinientes y ligándola o condicionándola a una eventualidad incierta, con lo cual se interrumpe la definición de la situación jurídica del mismo imputado, quien igualmente se ve a afectado al no obtener una resolución pronta de su situación jurídica, nótese que esto en un expediente que, como luce de su misma numeración, data desde el 2015, es decir, con casi 10 años de pendencia, es una resolución que no luce como admisible, lógica y razonable, se enfrenta groseramente con el principio constitucional de resolución pronta y cumplida. Además, aun cuestiones incidentales como esta tiene el efecto de hacer nugatorio el derecho de las partes al debido proceso, porque se implementa un proceso inexistente que afecta a todos los intervinientes, tal y como ya se apuntó, las expectativas de que se resuelva los reclamos de la parte ofendida y la del imputado a ser juzgado y eventualmente liberado de responsabilidad se pospone indefinidamente sin necesidad real y, por todos estos argumentos, se considera que lo procedente es acoger la presente impugnación y disponer la remisión del presente asunto a su despacho de procedencia para que se realice el debate oral y público programado y se defina la situación jurídica del imputado ya acusado, esto sin perjuicio de que de estimarlo necesario el tribunal o así lo decida la representación del Ministerio Público se disponga otra línea de investigación contra nuevas personas pero en una causa separada a la presente para evitar dilaciones innecesarias.-
English (translation)Thus, what was resolved is not a mere procedural matter, but rather entails the neutralization of the already scheduled debate, thereby frustrating a legitimate expectation of obtaining timely justice for the parties and tying or conditioning it to an uncertain eventuality, thus interrupting the definition of the legal situation of the accused, who is also affected by not obtaining a prompt resolution of his legal situation; note that this in a case that, as evident from its numbering, dates back to 2015, i.e., with almost 10 years of pendency, is a decision that does not appear admissible, logical, or reasonable, and grossly conflicts with the constitutional principle of prompt and complete resolution. Furthermore, even incidental matters like this have the effect of nullifying the right of the parties to due process, because an inexistent process is implemented that affects all parties; as already noted, the expectations of resolving the claims of the offended party and those of the accused to be tried and possibly absolved are postponed indefinitely without real need, and for all these reasons, it is considered appropriate to grant this challenge and order the referral of this matter to its originating court so that the scheduled oral and public debate is held and the legal situation of the already accused person is defined, without prejudice to the possibility that, if deemed necessary by the court or decided by the Public Prosecutor's Office, a separate line of investigation against new persons may be pursued in a case separate from this one to avoid unnecessary delays.
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Grande Normal Pequeña Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón Resolución Nº 01200 - 2025 Fecha de la Resolución: 04 de Diciembre del 2025 a las 10:05 Expediente: 15-200651-0457-PE Redactado por: Jorge Luis Morales García Clase de asunto: Recurso de apelación penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9029 [email protected] Fax: 2445-5349 ____________________________________________________________________________________ Exp: 15-200651-0457-PE Res: 2025-01200 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN, SECCIÓN SEGUNDA, a las diez horas cinco minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinticinco. El licenciado Manrique Ruíz Leal, en condición de Procurador Adjunto de la Procuraduría General de la República, interpone protesta de actividad procesal defectuosa con apelación en subsidio, a lo que este Tribunal, resuelve, y;. Redacta el Juez de Apelación de Sentencia Morales García, y; CONSIDERANDO: I.- El licenciado Manrique Ruíz Leal, Procurador Adjunto de la Procuraduría General de la República, sustentando su petición en los numerales 41, 50, 89 de la Constitución Política, 175, 176, 178 y 179 del Código Procesales Penal y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, interpone protesta por grave actividad procesal defectuosa con apelación en subsidio. En su escrito de interposición señala que el 21 de julio de 2025 se dispuso la realización del debate, que al abrirse el mismo la defensa planteó un incidente de actividad procesal defectuosa alegando que una nueva sociedad (“Camaronera La Perla del Pacífico”) habría adquirido propiedades antes pertenecientes a la sociedad demandada civilmente, colindante con el lugar de los hechos, y que por ello debía ser llamada como parte interesada, aportando certificaciones registrales para respaldar su tesis. Que se admitieron esas certificaciones y se acogió la actividad procesal defectuosa, motivo por el cual decidió suspender el debate y remitir el asunto al Ministerio Público para que se investigara a la nueva representante de la sociedad antes de continuar el juicio. Se alegan, así como vicios una aplicación incorrecta del numeral 355 del Código Procesal Penal al usar la prueba para mejor resolver como prueba anticipada y sin haber evacuado la prueba admitida, desconociendo así el carácter excepcional de dicha prueba. Reprocha que se hace una valoración sesgada de una única prueba documental (la certificación de cada representación de la sociedad), ignorando abundante prueba documental y testimonial que vincula al imputado (informes de SINAC con fotos del lugar, contratos de explotación en zona marítimo-terrestre y de propiedades colindantes que fueron firmados por el imputado). Reclama igualmente que se haya retrotraído el proceso a etapas precluidas, para investigar a la nueva personera solo por su condición de representante legal, sin indicios de participación delictiva, asumiendo el tribunal un rol inquisitivo y desplazando la función del Ministerio Público. Sostiene que con su actuar el tribunal rompe el orden lógico y cronológico del procedimiento penal, tornando en ilusoria la potestad punitiva y resarcitoria del Estado y afecta gravemente la tutela judicial efectiva de la Procuraduría, relaciona que se impide una respuesta oportuna ante una afectación ambiental grave de más de 10 hectáreas demaniales, que se explotaron ilegalmente por más de 10 años, contrariándose así el deber constitucional de protección del medio ambiente (artículo 50 de la Constitución Política). Insta la anulación total de la decisión que acogió la actividad procesal defectuosa y ordenó el retrotraer el proceso para investigar a una nueva representante de la sociedad. Que se restablezca el curso normal del juicio, con examen integral de la prueba ofrecida y que este asunto sea resuelto por un juez distinto al Tribunal de Quepos, en aras de la objetividad, transparencia e independencia judicial. II.- En cuanto a la admisibilidad de la referida impugnación. En primer lugar debe de tenerse en cuenta como antecedente lo dispuesto por el Tribunal de Juicio de Puntarenas, Sede de Quepos y Parrita de las 9:13 horas del 21 de julio de 2025, oportunidad en que se constituyeron las partes para llevar a cabo el debate oral y público, llevándose a cabo el proceso en forma normal hasta que se le concedió la palabra a la defensa y esta ofrece una serie de pruebas, concretamente certificaciones indicando al respecto: “...se hace ver que la parte imputada ya no es propietario de tal camaronera; certificación del Registro Público, certificación de Registro Público de Vehículos, certificación de Camaronera Perla del Pacífico S.A, certificaciones de los folios reales, certificación del acta número 58 de [...].S.A. Así mismo indica que les genera duda como para seguir en dicho proceso y solicita se proceda a acoger dicha solicitud, así mismo la suspensión de la audiencia y que se devuelva a la etapa intermedia”. (Confrontar folio 699 del expediente). Pese a la oposición del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República, el Tribunal resuelve: “...al ser las once horas cero minutos el veintiuno de julio del año dos mil veinticinco. Se admiten los elementos probatorios, para determinar la actividad procesal defectuosa e indica que debe de hacer un análisis de la relación de hechos, bajo de estas circunstancias empieza a tomar importancia a partir del del hecho tres, cuatro y cinco. Declara con lugar la actividad procesal defectuosa y a remitir los efectos de dicho expediente para que se realice una ampliación de la investigación por parte del Ministerio Público y por parte del Estado”. La representación del Ministerio Público solicitó en el acto la reconsideración, refiriendo que consideraba acertado que se investigara a otros posibles implicados, pero que lo procedente era realizar un testimonio de piezas y no suspender el debate. Similar petición realiza la Procuraduría General de la República. Esos recursos fueron declarados sin lugar por el Tribunal indicando que el imputado desde su indagatoria dijo que no era parte de las sociedades anónimas involucradas. Luego de esto admite el recurso de apelación deducido por las partes. El acta culmina a folio 700. Como puede notarse, al resolver lo planteado por la defensa el Tribunal de Juicio lo que hizo fue prácticamente abortar el debate y remitir el asunto a una etapa anterior para que el Ministerio Público llevara a cabo una nueva investigación en donde otra podría ser la persona imputada. Ciertamente, en nuestro sistema de impugnación judicial, rige lo que se conoce como el principio de taxatividad objetiva de los recursos, es decir, que solo son impugnables aquellas resoluciones para las que expresamente se disponga dicho recurso, siendo en nuestro medio el numeral 437 el que recoge dicha regla al disponer: “Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos”. Este articulo debe relacionarse con el 458 que dice: “Resoluciones recurribles. Son apelable todas las sentencias y los sobreseimientos dictados en la fase de juicio y que resuelven los aspectos penales, civiles, incidentales y demás que la ley determina”. Con relación a tal norma hace el siguiente comentario el autor Javier LLOBET en la obra Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado), Editorial Dominza y Editorial Jurídica Continental, sexta edición, página 668: “La redacción es confusa. Puede pensarse si se hace una enumeración de tres supuestos: a) las sentencias absolutorias y condenatorias, b) los sobreseimientos definitivos y c) las resoluciones que resuelvan los aspectos penales, civiles, incidentales y demás que la ley determina. Entendemos que se hace mención solamente a dos supuestos, pero dentro del concepto de sobreseimiento definitivo deben entenderse también los asuntos que decretan que no pueda continuar la acción civil, por ejemplo en que se excluye la intervención del actor civil o se decreta que hubo un desistimiento de la acción civil. Igualmente cuando se dispone la litis pendencia o la prejudicialidad con respecto a la acción civil”. Este enfoque el autor costarricense citado, lo compartimos parcialmente, en cuanto resalta como puede verse, al aludir a algunos supuestos que, técnicamente hablando, no son ni una sentencia, ni un sobreseimiento, resoluciones que afectan la aspiración de una de las partes intervinientes en que se emita un criterio oportuno sobre la pretensión jurídica legítimamente deducida, como sucede con los supuestos aludidos en cuanto a la acción civil resarcitoria, para este Tribunal de Apelación de Sentencia, sin duda una interpretación tal lo que pretende es darle un concreto, real y efectivo contenido al numeral 41 de la Constitución Política, según el cual: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”. Normativa que a la vez se nutre de todo el andamiaje interamericano de regulación de derechos humanos que protege esa tutela judicial efectiva, así tenemos el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos que se refiere a las garantías judiciales y que en síntesis prevé la posibilidad de que los ciudadanos accedan a una respuesta óptima ante su demanda de justicia. Precisamente este aspecto es el que estaría en entredicho en el presente caso y cabría hacerse la pregunta si ante una decisión del tribunal de juicio, mediante un incidente de actividad procesal defectuosa como el formulado en la especie, se podría neutralizar el debate, retrotraer la causa y reabrir la investigación contra otro coimputado, sin que ninguna de las partes expectantes de la resolución oportuna del caso puedan obtener la revisión de tal decisión en una instancia superior. Consideramos que una interpretación consecuente con la normativa nacional y convencional citada y conforme al principio pro actione o pro recurso (artículo 2 del Código Procesal Penal) determina que ante una resolución de tal gravedad debe de existir un control de legalidad por parte de este Tribunal de Apelación, por lo que se admite para conocimiento el mismo. III.- El recurso resulta admisible y se dispone la remisión a su oficina de origen para que se continúe con el juicio. En efecto, la resolución tomada por el Tribunal de Juicio unipersonal de Quepos, al dejar sin efecto el debate ya programado, retrotraer el proceso a una etapa o fase anterior de investigación, para que el Ministerio Público investigue a una nueva persona y esto ligado a la eventual responsabilidad del ya imputado condiciona la eventual continuación del juicio a lo que ocurra en esa investigación pendiente. Así las cosas, lo resuelto no es un simple asunto de trámite, sino que conlleva a la neutralización del debate ya programado, frustrando así una expectativa legítima de obtener justicia oportuna de los intervinientes y ligándola o condicionándola a una eventualidad incierta, con lo cual se interrumpe la definición de la situación jurídica del mismo imputado, quien igualmente se ve a afectado al no obtener una resolución pronta de su situación jurídica, nótese que esto en un expediente que, como luce de su misma numeración, data desde el 2015, es decir, con casi 10 años de pendencia, es una resolución que no luce como admisible, lógica y razonable, se enfrenta groseramente con el principio constitucional de resolución pronta y cumplida. Además, aun cuestiones incidentales como esta tiene el efecto de hacer nugatorio el derecho de las partes al debido proceso, porque se implementa un proceso inexistente que afecta a todos los intervinientes, tal y como ya se apuntó, las expectativas de que se resuelva los reclamos de la parte ofendida y la del imputado a ser juzgado y eventualmente liberado de responsabilidad se pospone indefinidamente sin necesidad real y, por todos estos argumentos, se considera que lo procedente es acoger la presente impugnación y disponer la remisión del presente asunto a su despacho de procedencia para que se realice el debate oral y público programado y se defina la situación jurídica del imputado ya acusado, esto sin perjuicio de que de estimarlo necesario el tribunal o así lo decida la representación del Ministerio Público se disponga otra línea de investigación contra nuevas personas pero en una causa separada a la presente para evitar dilaciones innecesarias.- POR TANTO: Se acoge la impugnación interpuesta por la Procuraduría General de la República y se ordena la remisión del presente asunto a su despacho de procedencia para que se realice el debate oral y público programado y se defina la situación jurídica del imputado ya acusado, esto sin perjuicio de que de estimarlo necesario el tribunal o así lo decida la representación del Ministerio Público se disponga otra línea de investigación contra nuevas personas pero en una causa separada a la presente para evitar dilaciones innecesarias.- NOTIFÍQUESE.- Jorge Luis Morales García Jorge Steve Fernández Rodríguez María Gabriela Rodríguez Morales Jueces y Jueza de Apelación de Sentencia Exp: 15-200651-0457-PE Contra: [Nombre 001] Delito: Usurpación de Bienes de Dominio Público Ofendido: El Estado *Lore Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:42:03. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Criminal Appeals Tribunal of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón Resolution No. 01200 - 2025 Resolution Date: December 4, 2025 at 10:05 Case File: 15-200651-0457-PE Drafted by: Jorge Luis Morales García Type of matter: Criminal appeal Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Ruling with protected data, in accordance with current regulations Text of the resolution JUDICIAL BRANCH SENTENCING APPEALS TRIBUNAL OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SAN RAMÓN \n\n Tel: 2456-9029 [email protected] Fax: 2445-5349 ____________________________________________________________________________________ Exp: 15-200651-0457-PE Res: 2025-01200 SENTENCING APPEALS TRIBUNAL OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SAN RAMÓN, SECOND SECTION, at ten hours five minutes on December fourth, two thousand twenty-five. Licenciado Manrique Ruíz Leal, in his capacity as Assistant Attorney of the Procuraduría General de la República, files a protest of defective procedural activity (actividad procesal defectuosa) with a subsidiary appeal, which this Tribunal resolves, and;. Drafted by Sentencing Appeals Judge Morales García, and; CONSIDERING: I.- Licenciado Manrique Ruíz Leal, Assistant Attorney of the Procuraduría General de la República, basing his petition on articles 41, 50, 89 of the Political Constitution, 175, 176, 178 and 179 of the Criminal Procedure Code and 93 of the Organic Law of the Judicial Branch, files a protest for grave defective procedural activity (actividad procesal defectuosa) with a subsidiary appeal. In his filing brief, he indicates that on July 21, 2025, the trial (debate) was scheduled to take place, that upon its opening the defense raised an incident of defective procedural activity (actividad procesal defectuosa) alleging that a new company (“Camaronera La Perla del Pacífico”) had acquired properties previously belonging to the civilly sued company, adjacent to the location of the events, and that for this reason it should be called as an interested party, providing registry certifications to support its thesis. That these certifications were admitted and the defective procedural activity (actividad procesal defectuosa) was granted, which is why it decided to suspend the trial (debate) and refer the matter to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) so that the new representative of the company could be investigated before continuing the trial. The following are also alleged as defects: an incorrect application of article 355 of the Criminal Procedure Code by using evidence for better resolve (prueba para mejor resolver) as advance evidence (prueba anticipada) and without having taken the admitted evidence, thus ignoring the exceptional nature of said evidence. He reproaches that a biased assessment is made of a single piece of documentary evidence (the certification of each representation of the company), ignoring abundant documentary and testimonial evidence that links the accused (SINAC reports with photos of the site, exploitation contracts in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo-terrestre) and for adjacent properties that were signed by the accused). He likewise complains that the process has been reverted (retrotraído) to precluded stages, to investigate the new legal representative solely due to her condition as legal representative, without evidence of criminal participation, with the court assuming an inquisitorial role and displacing the function of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público). He maintains that by its actions the court breaks the logical and chronological order of the criminal procedure, making the State's punitive and compensatory power illusory and seriously affecting the effective judicial protection (tutela judicial efectiva) of the Procuraduría, relating that it prevents a timely response to a serious environmental impact of more than 10 hectares of public domain land, which were illegally exploited for more than 10 years, thus contradicting the constitutional duty to protect the environment (Article 50 of the Political Constitution). He urges the total annulment of the decision that granted the defective procedural activity (actividad procesal defectuosa) and ordered the reversion (retrotraer) of the process to investigate a new representative of the company. That the normal course of the trial be restored, with a comprehensive examination of the offered evidence and that this matter be resolved by a judge other than the Tribunal de Juicio of Quepos, in the interest of objectivity, transparency and judicial independence. II.- Regarding the admissibility of the aforementioned challenge. Firstly, the background must be taken into account, as ordered by the Unipersonal Trial Tribunal (Tribunal de Juicio) of Puntarenas, Quepos and Parrita venue at 9:13 a.m. on July 21, 2025, an occasion on which the parties convened to conduct the oral and public trial (debate oral y público), the process taking place normally until the floor was given to the defense, which offered a series of evidence, specifically certifications, indicating in this regard: “...it is noted that the accused party is no longer the owner of said shrimp farm; certification from the Public Registry, certification from the Public Vehicle Registry, certification of Camaronera Perla del Pacífico S.A, certifications of the real estate folios, certification of minute number 58 of [...].S.A. It likewise indicates that this creates doubt as to how to continue in said process and requests that said application be accepted, as well as the suspension of the hearing and that it be returned to the intermediate stage.” (See folio 699 of the case file). Despite the opposition of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) and the Procuraduría General de la República, the Tribunal resolves: “...it being eleven hours zero minutes on July twenty-first of the year two thousand twenty-five. The evidentiary elements are admitted, to determine the defective procedural activity (actividad procesal defectuosa) and it indicates that an analysis of the relation of facts must be made, under these circumstances it begins to take on importance starting from fact three, four and five. It declares the defective procedural activity (actividad procesal defectuosa) with merit and to refer the effects of said case file so that an extension of the investigation is carried out by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) and by the State.” The representation of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) immediately requested reconsideration, stating that it considered it appropriate to investigate other possible involved parties, but that the appropriate course of action was to produce a certified copy of pieces (testimonio de piezas) and not suspend the trial (debate). A similar petition was made by the Procuraduría General de la República. Those appeals were declared without merit by the Tribunal, indicating that the accused, from his investigatory statement (indagatoria), said that he was not part of the involved corporations. After this, it admits the appeal filed by the parties. The record concludes at folio 700. As can be noted, when resolving what was raised by the defense, the Trial Tribunal (Tribunal de Juicio) practically aborted the trial (debate) and referred the matter to a prior stage so that the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) could carry out a new investigation in which the accused person could be someone else. Certainly, in our system of judicial challenge, what is known as the principle of objective taxativity of appeals governs, that is, that only those resolutions for which said appeal is expressly provided are challengeable, article 437 being the one that incorporates this rule in our system by providing: “Judicial resolutions shall be appealable only by the means and in the cases expressly established.” This article must be related to article 458 which says: “Appealable resolutions. All judgments (sentencias) and dismissals (sobreseimientos) handed down in the trial phase (fase de juicio) and that resolve criminal, civil, incidental aspects and others determined by law are appealable.” In relation to this norm, author Javier LLOBET makes the following comment in the work Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado), Editorial Dominza and Editorial Jurídica Continental, sixth edition, page 668: “The wording is confusing. One might think if an enumeration of three cases is made: a) acquittal and conviction judgments (sentencias), b) definitive dismissals (sobreseimientos definitivos) and c) resolutions that resolve criminal, civil, incidental aspects and others determined by law. We understand that mention is made only of two cases, but within the concept of definitive dismissal (sobreseimiento definitivo) those matters that decree that the civil action cannot continue must also be understood, for example in which the intervention of the civil plaintiff is excluded or it is decreed that there was a withdrawal of the civil action. Likewise when lis pendens or prejudiciality with respect to the civil action is ordered.” We partially share this approach of the cited Costa Rican author, insofar as it highlights, as can be seen, by alluding to some cases that, technically speaking, are neither a judgment (sentencia) nor a dismissal (sobreseimiento), resolutions that affect the aspiration of one of the intervening parties in having an opportune opinion issued on the legitimately deduced legal claim, as occurs with the cases alluded to regarding the civil compensatory action. For this Sentencing Appeals Tribunal (Tribunal de Apelación de Sentencia), undoubtedly such an interpretation aims to give concrete, real and effective content to Article 41 of the Political Constitution, according to which: “Resorting to the laws, everyone must find reparation for the injuries or damages they have received in their person, property or moral interests. They must be given prompt, complete justice, without denial and in strict accordance with the laws.” Normative framework that at the same time is nourished by the entire Inter-American scaffolding of human rights regulation that protects that effective judicial protection (tutela judicial efectiva), thus we have Article 8 of the American Convention on Human Rights which refers to judicial guarantees and which in summary provides for the possibility for citizens to access an optimal response to their demand for justice. Precisely this aspect is what would be at stake in the present case and it would be pertinent to ask whether, given a decision by the trial court, through an incident of defective procedural activity (actividad procesal defectuosa) such as the one formulated in the instant case, the trial (debate) could be neutralized, the cause reverted (retrotraer) and the investigation reopened against another co-accused, without any of the parties expecting the timely resolution of the case being able to obtain the review of such decision in a higher instance. We consider that an interpretation consistent with the cited national and conventional regulations and in accordance with the pro actione or pro recurso principle (Article 2 of the Criminal Procedure Code) determines that in the face of a resolution of such gravity, there must be a legality control by this Appeals Tribunal (Tribunal de Apelación), therefore it is admitted for consideration. III.- The appeal is admissible and the remission to its office of origin is ordered so that the trial may continue. Indeed, the resolution taken by the Unipersonal Trial Tribunal (Tribunal de Juicio Unipersonal) of Quepos, by nullifying the already scheduled trial (debate), reverting (retrotraer) the process to a previous investigative stage or phase, so that the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) investigates a new person, and this linked to the eventual liability of the already accused conditions the eventual continuation of the trial on what happens in that pending investigation. Thus, what was resolved is not a simple procedural matter, but rather entails the neutralization of the already scheduled trial (debate), thereby frustrating a legitimate expectation of the intervening parties to obtain opportune justice and linking or conditioning it to an uncertain eventuality, thereby interrupting the definition of the legal situation of the accused himself, who is equally affected by not obtaining a prompt resolution of his legal situation. Note that this in a case file that, as appears from its numbering itself, dates from 2015, that is, with almost 10 years of pendency, it is a resolution that does not appear admissible, logical and reasonable; it grossly confronts the constitutional principle of prompt and complete resolution. Moreover, even incidental matters such as this one have the effect of making nugatory the right of the parties to due process, because a non-existent process is implemented that affects all interveners; as already noted, the expectations that the claims of the injured party be resolved and that the accused be tried and eventually released from liability are postponed indefinitely without real need. For all these reasons, it is considered that the appropriate course of action is to uphold the present challenge and order the remission of the present matter to its office of origin so that the scheduled oral and public trial (debate oral y público) is held and the legal situation of the already accused defendant is defined, without prejudice to the fact that, should the court deem it necessary or the representation of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) so decide, another line of investigation against new persons may be ordered but in a case separate from the present one to avoid unnecessary delays.- THEREFORE: The challenge filed by the Procuraduría General de la República is upheld and the remission of the present matter to its office of origin is ordered so that the scheduled oral and public trial (debate oral y público) is held and the legal situation of the already accused defendant is defined, without prejudice to the fact that, should the court deem it necessary or the representation of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) so decide, another line of investigation against new persons may be ordered but in a case separate from the present one to avoid unnecessary delays.- NOTIFY.- Jorge Luis Morales García Jorge Steve Fernández Rodríguez María Gabriela Rodríguez Morales Sentencing Appeals Judges Exp: 15-200651-0457-PE Contra: [Name 001] Crime: Usurpation of Public Domain Assets Victim: The State *Lore It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 12:42:03. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República