Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En esa oportunidad, el representante de la Procuraduría General de la República no solo no se opuso a esta petición sino que, más bien consintió en la misma en representación del Estado, condicionando su aceptación a la elaboración de un peritaje por parte del Sinac que debía contar con el refrendo o autorización de su superior jerárquico. Ahora bien, tal y como reconoce el propio impugnante, el estudio ambiental se elaboró oportunamente y, en efecto, confirmó la reparación total del daño ambiental ocasionado. Dicho lo anterior, lo que se concluye es que lejos de irrespetarse lo pactado con la Procuraduría, más bien se implementó su petición de admitir la conciliación en el tanto se verificara la reparación del daño ambiental.
English (translation)On that occasion, the representative of the Office of the Attorney General not only did not oppose this request, but rather consented to it on behalf of the State, conditioning his acceptance on the preparation of an expert report by SINAC that had to have the endorsement or authorization of his hierarchical superior. Now, as the appellant himself acknowledges, the environmental study was prepared in a timely manner and indeed confirmed the total remediation of the environmental damage caused. That being said, the conclusion is that, far from disrespecting what was agreed with the Attorney General's Office, the trial court actually implemented its request to admit the conciliation once the remediation of the environmental damage was verified.
Appeal denied
Grande Normal Pequeña Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón Resolución Nº 01201 - 2025 Fecha de la Resolución: 04 de Diciembre del 2025 a las 10:10 Expediente: 19-000042-0553-PE Redactado por: María Gabriela Rodríguez Morales Clase de asunto: Recurso de apelación penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9029 [email protected] Fax: 2445-5349 ____________________________________________________________________________________ Exp: 19-000042-0553-PE Res: 2025-01201 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN, SECCIÓN SEGUNDA, a las diez horas diez minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinticinco. RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 008], mayor, cédula de identidad número [Valor 001], hijo de [Nombre 002] y [Nombre 003] y [Nombre 007] , mayor, cédula de identidad [Valor 002], hijo de [Nombre 005] y [Nombre 006], por el delito de INVASIÓN A UN ÁREA DE CONSERVACIÓN O PROTECCIÓN en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Intervienen en la decisión del recurso, la jueza María Gabriela Rodríguez Morales, los jueces Jorge Luis Morales García y Jorge Steve Fernández Rodríguez. Se apersona en Apelación de Sentencia, el licenciado Manrique Ruiz Leal, en su condición de Procurador Penal. RESULTANDO: 1.- Que mediante sentencia número 2025-1000, de las diez horas treinta minutos del veintiséis de agosto de dos mil veinticinco, el Tribunal de Juicio de Alajuela, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y artículos 25, 26, 27, 30 inciso f), 265, 266, 269, 311 inciso d), 312 y 313 del Código Procesal Penal, se declarara extinguida la acción penal en la presente causa que se ha venido siguiendo contra los encartados [Nombre 008] y [Nombre 007] por el delito de Infracción a la Ley Forestal en perjuicio del Medio Ambiente, en consecuencia, se dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a su favor, y se ordena el cese de cualquier medida cautelar que pese en su contra en razón de este proceso. Se ordena la destrucción de cualquier evidencia que se haya recolectada en este proceso una vez que este fallo alcance firmeza. Son las costas a cargo del Estado. Comuníquese a la Oficina Técnica de Medidas Alternativas de Alajuela y al Registro Judicial. Yadira Fonseca Jiménez,. Jueza. Tribunal de Juicio de Alajuela". 2.- Que contra el anterior pronunciamiento, se apersona en Apelación de Sentencia, el licenciado Manrique Ruiz Leal, en su condición de Procurador Penal. 3.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal procedió a conocer del recurso. 4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. Redacta la Jueza de Apelación de Sentencia Rodríguez Morales, y; CONSIDERANDO: 1. El licenciado Manrique Ruiz Leal, en su condición de Procurador Adjunto interpone recurso de apelación contra la sentencia número 1000-2025 de las 10:30 minutos del 26 de agosto del año en curso. En el único motivo de impugnación por errónea aplicación de la ley procesal al no existir el aval del Estado respecto al acuerdo de conciliación que fue homologado, argumenta que el defensor del acusado [Nombre 008] expresó su deseo de someterse a una medida alterna al proceso, al haber reparado el daño ambiental ocasionado. Afirma que, en ese contexto, la representación del Estado hizo llegar al proceso el Informe del Sinac denominado CARTA-SINAC-ACC-DR-DRFVS-OSA-INF-0096-2025 de fecha 14 de agosto pasado, en el corroboró efectiva la reparación del daño ambiental originalmente denunciado, lo anterior con el objeto de que sirviera como base para la conciliación. No obstante, en forma prematura el Tribunal de Juicio, sin mediar la aprobación de la Procuraduría General de la República, conforme al artículo 3 inciso I) de su ley orgánica, dispuso el sobreseimiento de los acusados. Afirma que esta decisión contraviene los artículos 7, 36 y 71 del Código Procesal Penal que le otorgan “suprema preeminencia” a la víctima de domicilio conocido en la adopción de medidas alternas. Para el recurrente no procedía la sentencia de sobreseimiento en tanto, si bien el Sinac confirmó la reparación del daño, no se sabía a ciencia cierta “quien o quienes fueron los que llevaron a cabo esta acción” y por esta razón fue que la Procuraduría aportó como base el estudio del Sinac, es decir, únicamente para que constituyera la base de un “futuro arreglo”. Solicita se declare con lugar el recurso y se disponga la nulidad de la sentencia impugnada. II. NO ES PROCEDENTE EL RECLAMO. Luego de la revisión de las piezas que conforman la presente sumaria, lo que determina esta Cámara de Apelación, es que durante la audiencia celebrada por el Tribunal de Juicio de Alajuela se admitió la medida alterna de conciliación que favorecía a los acusados [Nombre 008] y [Nombre 007]. En esa oportunidad, el representante de la Procuraduría General de la República no solo no se opuso a esta petición sino que, más bien consintió en la misma en representación del Estado, condicionando su aceptación a la elaboración de un peritaje por parte del Sinac que debía contar con el refrendo o autorización de su superior jerárquico. Ahora bien, tal y como reconoce el propio impugnante, el estudio ambiental se elaboró oportunamente y, en efecto, confirmó la reparación total del daño ambiental ocasionado. Dicho lo anterior, lo que se concluye es que lejos de irrespetarse lo pactado con la Procuraduría, más bien se implementó su petición de admitir la conciliación en el tanto se verificara la reparación del daño ambiental. En consecuencia, el a quo adecuó su proceder a lo dispuesto en el numeral 16 del Código Procesal que establece la condición de parte de este ente estatal en los delitos contra el ambiente y, derivado de lo anterior, la facultad para intervenir en el proceso. En este caso, como ya se indicó, el representante de la Procuraduría avaló la medida alterna condicionada a un peritaje técnico que, no solo se practicó en la forma y fecha convenida, sino que ratificaba que, en efecto, el daño ambiental había sido reparado. En consecuencia, para esta Cámara de Apelación, el a quo más bien aplicó correctamente tanto la normativa procesal como las normas que regulan específicamente las facultades de la Procuraduría como en indicado artículo 3), inciso I de su Ley Orgánica, el cual le autoriza a: “Proponer y acordar arreglos o convenios durante la tramitación de cualquier proceso, cuando valore su procedencia y oportunidad. En estos casos, se requerirá autorización escrita del procurador general, del procurador general adjunto o del funcionario en quien estos deleguen”. Por lo expuesto, es claro que el reclamo es absolutamente formal y no ocasiona perjuicio alguno a la representación estatal, en tanto se confirmó a través de un estudio pericial que el daño ambiental originalmente atribuido a ambos acusados [Nombre 008] y [Nombre 007] había sido completamente reparado. En definitiva, al no verificarse el yerro argumentado por el recurrente se declara sin lugar el recurso. POR TANTO Se declara sin lugar el recurso de apelación formulado por el representante de la Procuraduría General de la República. NOTIFÍQUESE. María Gabriela Rodríguez Morales Jorge Steve Fernández Rodríguez Jorge Luis Morales García Jueza y Jueces de Apelación de Sentencia Exp: 19-000042-0553-PE Contra: [Nombre 008] y otro Delito: Invasión a un área de Conservación o Prtección Ofendido: Los Recuros Naturales *Lore Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:41:41. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Court of Criminal Appeals of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón Resolution No. 01201 - 2025 Date of Resolution: December 4, 2025, at 10:10 Case File: 19-000042-0553-PE Drafted by: María Gabriela Rodríguez Morales Type of Matter: Criminal appeal Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Judgment with protected data, in accordance with current regulations Text of the resolution PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9029 [email protected] Fax: 2445-5349 ____________________________________________________________________________________ Exp: 19-000042-0553-PE Res: 2025-01201 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN, SECOND SECTION, at ten hours ten minutes on December four, two thousand twenty-five. APPEAL OF JUDGMENT filed in the present case against [Name 008], of legal age, identity card number [Value 001], son of [Name 002] and [Name 003], and [Name 007], of legal age, identity card [Value 002], son of [Name 005] and [Name 006], for the crime of INVASION OF A CONSERVATION OR PROTECTED AREA to the detriment of LOS RECURSOS NATURALES AND PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Participating in the decision on the appeal are Judge María Gabriela Rodríguez Morales and Judges Jorge Luis Morales García and Jorge Steve Fernández Rodríguez. Appearing on the Appeal of Judgment is attorney Manrique Ruiz Leal, in his capacity as Procurador Penal. WHEREAS: 1.- That by judgment number 2025-1000, at ten hours thirty minutes on August twenty-six, two thousand twenty-five, the Trial Court of Alajuela resolved: "POR TANTO: In accordance with the foregoing and Articles 25, 26, 27, 30 subsection f), 265, 266, 269, 311 subsection d), 312, and 313 of the Código Procesal Penal, the criminal action is declared extinguished in the present case that has been pursued against the defendants [Name 008] and [Name 007] for the crime of Infracción a la Ley Forestal to the detriment of the Environment; consequently, a DEFINITIVE DISMISSAL (SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO) is ordered in their favor, and the cessation of any precautionary measure that may weigh against them by reason of this proceeding is ordered. The destruction of any evidence that may have been collected in this proceeding is ordered once this ruling becomes final. Costs are to be borne by the State. Notify the Oficina Técnica de Medidas Alternativas de Alajuela and the Registro Judicial. Yadira Fonseca Jiménez, Judge. Trial Court of Alajuela." 2.- That against the preceding pronouncement, attorney Manrique Ruiz Leal appears on the Appeal of Judgment, in his capacity as Procurador Penal. 3.- That, having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Código Procesal Penal, the Court proceeded to hear the appeal. 4.- That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings. Drafted by Appeals Judge Rodríguez Morales, and; WHEREAS: 1. Attorney Manrique Ruiz Leal, in his capacity as Procurador Adjunto, files an appeal against judgment number 1000-2025 of 10:30 minutes on August 26 of the current year. In the sole ground for challenge, for erroneous application of procedural law because the State's approval of the conciliation agreement that was homologated does not exist, he argues that the defense counsel for the accused [Name 008] expressed his desire to submit to an alternative measure to the proceeding, having repaired the environmental damage caused. He affirms that, in that context, the State's representation submitted to the proceeding the SINAC Report called CARTA-SINAC-ACC-DR-DRFVS-OSA-INF-0096-2025 dated August 14 last, in which it corroborated that the repair of the originally denounced environmental damage was effective, the foregoing for the purpose of serving as a basis for conciliation. However, the Trial Court prematurely, without the approval of the Procuraduría General de la República, pursuant to Article 3 subsection I) of its organic law, ordered the dismissal of the defendants. He affirms that this decision contravenes Articles 7, 36, and 71 of the Código Procesal Penal, which grant "supreme preeminence" to the victim of known domicile in the adoption of alternative measures. For the appellant, the judgment of dismissal was not appropriate insofar as, while SINAC confirmed the repair of the damage, it was not known with certainty "who or who were those who carried out this action," and for this reason, the Procuraduría provided the SINAC study as a basis, that is, solely so that it would constitute the basis for a "future arrangement." He requests that the appeal be granted and the nullity of the challenged judgment be ordered. II. THE CLAIM IS NOT PROCEDURAL. After reviewing the pieces that make up this summary proceeding, what this Appeals Chamber determines is that during the hearing held by the Trial Court of Alajuela, the alternative measure of conciliation favoring the accused [Name 008] and [Name 007] was admitted. On that occasion, the representative of the Procuraduría General de la República not only did not oppose this petition but rather consented to it on behalf of the State, conditioning his acceptance on the preparation of an expert report by SINAC that had to have the endorsement or authorization of his hierarchical superior. Now, as the appellant himself acknowledges, the environmental study was prepared in a timely manner and, in fact, confirmed the total repair of the environmental damage caused. That said, what is concluded is that, far from disrespecting what was agreed with the Procuraduría, its petition to admit the conciliation was rather implemented as long as the repair of the environmental damage was verified. Consequently, the lower court adapted its procedure to the provisions of numeral 16 of the Código Procesal, which establishes the status of party for this state entity in crimes against the environment and, derived from the foregoing, the authority to intervene in the proceeding. In this case, as already indicated, the representative of the Procuraduría endorsed the alternative measure conditioned on a technical expert report that, not only was carried out in the form and on the date agreed upon, but also ratified that, in fact, the environmental damage had been repaired. Consequently, for this Appeals Chamber, the lower court rather correctly applied both the procedural rules and the rules that specifically regulate the powers of the Procuraduría, as in the indicated Article 3), subsection I of its Ley Orgánica, which authorizes it to: "Propose and agree to settlements or agreements during the processing of any proceeding, when it assesses their appropriateness and timeliness. In these cases, written authorization from the Procurador General, the Procurador General Adjunto, or the official to whom they delegate will be required." For the foregoing, it is clear that the claim is absolutely formal and does not cause any harm to the state representation, insofar as it was confirmed through an expert study that the environmental damage originally attributed to both accused [Name 008] and [Name 007] had been completely repaired. Ultimately, as the error argued by the appellant is not verified, the appeal is declared without merit. POR TANTO The appeal filed by the representative of the Procuraduría General de la República is declared without merit. NOTIFY. María Gabriela Rodríguez Morales Jorge Steve Fernández Rodríguez Jorge Luis Morales García Appeals Judge and Judges of Judgment Exp: 19-000042-0553-PE Against: [Name 008] and another Crime: Invasión a un área de Conservación o Protección Victim: Los Recursos Naturales *Lore It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:41:41. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República