Res. 11295-2025 Tribunal Contencioso Administrativo — Suspension of administrative eviction in National Park due to cadastral uncertaintySuspensión de desalojo administrativo en Parque Nacional por incertidumbre catastral

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 11295 - 2025

Fecha de la Resolución: 12 de Diciembre del 2025 a las 07:17

Expediente: 25-005528-1027-CA

Redactado por: Alcevith Godínez Prado





Texto de la resolución

 

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TRIBUNAL PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Correo Electrónico [email protected]

Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A (Antiguo Edificio Motorola)              

__________________________________________________________________

 N° 2025011295

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las siete horas con diecisiete minutos del doce de diciembre del dos mil veinticinco.-

  

 Medida Cautelar Ante Causam solicitada por ELICAM DEL CERRO S.A., ELADIO ELIZONDO BLANCO y CAFETERÍAS DEL CERRO S.A., contra el Estado y SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (en adelante-SINAC), se resuelve:

 RESULTANDO:

I.  Que la representación de los aquí actores, en su memorial presentado a estrados judiciales el día 12 de agosto del 2025, formula solicitud de medida cautelar ante causam, pretendiendo lo siguiente: " (...) suspender, con efecto inmediato, lo dispuesto a través de la orden administrativa SINAC-ACC-BTMM-PNTMM-60-2025, hasta tanto no se resuelva el presente asunto por el fondo y se dicte sentencia firme en el proceso judicial ordinario que se interpondrá." (ver memorial de imagen 6 en digital a la fecha).

II. La representación del Estado, contestan la audiencia respecto a la medida cautelar, según memorial de fecha 18 de setiembre del 2025, formulando como pretensión lo siguiente: " Rechazar en todos sus extremos la solicitud de medida cautelar provisionalísima interpuesta por Elicam del Cerro S.A., Cafeterías del Cerro S.A. y Eladio Elizondo Blanco. Mantener la plena vigencia y ejecutoriedad de la orden administrativa de desalojo SINAC-ACC-BTMM-PNTMM-60-2025, por ser un acto de ejecución derivado de una resolución administrativa firme." (ver imágenes de la 197 a la 201, en digital a la fecha).-

III. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor y no se notan causales de nulidad capaces de invalidar lo actuado. Se dicta esta resolución dentro del margen de tiempo que las labores de este Despacho lo permiten, y;

  C O N S I DE R A N D O:

I.- HECHOS PROBADOS: Se tienen como debidamente acreditados los siguientes hechos que resultan relevantes para esta Medida Cautelar: 1) Que mediante el plano catastrado N° C-202296-1994, de fecha 09 de agosto de 1994, se demuestra un derecho de propiedad a favor del señor Eladio Elizondo Blanco (ver prueba documental a imagen 32 y 154 en digital a la fecha). 2) Que mediante  el plano catastrado N° C-205500-1994, de fecha 29 de agosto de 1994, se demuestra un derecho de propiedad a favor del Estado, como patrimonio forestal del estado en administración del MIRENEM. (ver prueba documental a imagen 31 y 155 en digital a la fecha). 3) Que mediante resolución administrativa N° R-SINAC-CONAC-00102024, de las ocho horas cuarenta minutos del diecisiete de enero del 2024, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, confirmo lo resuelto mediante resolución N° SINAC-ACC-228-2019, de las diez horas del veintisiete de febrero del 2019." (ver prueba documental a imagen 133 en digital a la fecha).-

II.- HECHOS  NO PROBADOS: Se tienen como no debidamente acreditados los siguientes hechos que resultan relevantes para esta Medida Cautelar: 1) Que el permiso de concesión se encuentre dentro del derecho que respalda al señor Elizondo Blanco, según plano catastrado N° C-202294-1994, de fecha 09 de agosto del 1994. 2) Que el bien mueble a desalojar se encuentre construido dentro del derecho de propiedad del Estado, según plano Catastrado N° C-205500-194, de fecha 29 de agosto del 1994. Los autos.-

III.- OBJETO DEL PROCESO DE MEDIDA CAUTELAR:  En lo medular el objeto de esta cautelar es que: " (...) suspender, con efecto inmediato, lo dispuesto a través de la orden administrativa SINAC-ACC-BTMM-PNTMM-60-2025, hasta tanto no se resuelva el presente asunto por el fondo y se dicte sentencia firme en el proceso judicial ordinario que se interpondrá.".-

La parte actora, manifiesta que: " (...).

Si se acoge la medida cautelar ante causam urgentísima y provisionalísima inaudita altera pars, la parte actora podrá continuar con su actividad (de la que se ha beneficiado el ACC), sin que, de la noche a la mañana, pierdan la única fuente de ingresos más de 28 personas; en su mayoría, como se ha indicado, cabezas de sus respectivos hogares. A su vez, si la demanda -que se interpondrá en el momento procesal oportuno- se declara con lugar, la parte actora habrá podido continuar con su actividad diaria, sin necesidad de que se condene a los demandados al pago de los daños y perjuicios ocasionados, producto de decisiones abiertamente arbitrarias. Con ello no se le causarían daños, ni al SINAC, ni a la fuente de ingresos de numerosas familias de la zona. Por otra parte, si la solicitud de medida cautelar ante causam urgentísima y provisionalísima inaudita altera pars se declara sin lugar, se condenará, de manera indefinida, a esas personas y sus respectivos núcleos familiares, al desempleo inmediato; gravedad que es palmaria e incontrovertida. (...)”.-

 Por su parte, la representación del Estado, sostiene que: " (...).

Como consta en el propio expediente, la resolución R-SINAC-CONAC-0010-2024 del Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) resolvió el recurso de apelación, dando por agotada la vía administrativa y confirmando la extinción del permiso de uso que ostentaba el actor. Dicha resolución fue debidamente notificada el 22 de enero de 2024.

Por lo tanto, la orden de desalojo es un simple acto de ejecución de una decisión final y definitiva. Los supuestos errores materiales que se le imputan (como la transcripción de coordenadas) no tienen la capacidad de anular la validez y eficacia del acto principal que le da sustento, el cual goza de presunción de legalidad y es de acatamiento obligatorio. La pretensión de suspender la ejecución con base en estos alegatos es improcedente y busca dilatar el cumplimiento de una decisión ya tomada en firme por la Administración.

La parte actora argumenta la existencia de un peligro en la demora, basándose en los perjuicios económicos que sufriría su negocio y sus empleados con la ejecución del desalojo. Sin embargo, este presupuesto no se cumple en el presente caso. El perjuicio que alegan los actores no es un daño antijurídico que deba ser protegido cautelarmente, sino la consecuencia directa y previsible de la extinción de su permiso de uso para ocupar un bien de dominio público. El daño es de naturaleza puramente patrimonial y, por tanto, es susceptible de ser reparado económicamente en una eventual sentencia estimatoria en el proceso principal. Además, la propia Administración, lejos de actuar de forma intempestiva, ha otorgado un plazo prudencial de seis meses para ejecutar el desalojo, como consta en la orden SINAC-ACC-BTMM-PNTMM-60-2025. Este plazo permite a los actores tomar las previsiones necesarias, lo que desvirtúa el carácter inminente e irreparable del daño alegado. En consecuencia, la situación no amerita la tutela cautelar solicitada, pues el supuesto "peligro" no proviene de la demora del proceso judicial, sino del cese de una situación jurídica precaria que ya ha sido resuelta en firme en la vía administrativa.

En la ponderación de intereses, debe prevalecer el interés público superior, que consiste en la protección y conservación de las áreas silvestres protegidas, sobre el interés particular y meramente comercial de los actores. La legislación vigente, como se detalla en la resolución R-SINAC-CONAC-0010-2024, establece una clara prohibición para el tipo de actividad comercial que desarrollan los actores dentro de un Parque Nacional. Permitir la suspensión del desalojo implicaría autorizar, de manera provisional, la continuación de una ocupación sin título habilitante en un área de especial protección ambiental, contraviniendo los objetivos de conservación que el Estado costarricense tiene el deber de tutelar, según lo establece el artículo 50 de la Constitución Política. El daño al interés público sería mayor si se permite la continuación de esta actividad que si se ejecuta el desalojo ordenado.-

Por su parte la representación del SINAC, argumenta que: " (...).

El acto administrativo cuestionado cumple con los elementos señalados por la Ley General de la Administración Pública y los vicios señalados por la parte actora al ser de orden material fueron subsanados mediante oficio SINAC-ACC-BTMM-PNTMM-319-2025, por lo que la solicitud de suspensión falla en su fundamento al tratarse de un acto firme de la Administración emitido por Consejo Nacional de Áreas de Conservación como máximo jerarca del SINAC en resolución R-SINAC-CONAC-0010-2024 y lo que se pretende con la orden administrativa de desalojo número SINAC-ACC-BTMMPNTMM-60-2025, es su ejecutoriedad. (...)".-

IV.- De la justicia cautelar: Las medidas cautelares como instituto procesal encuentran su fundamento en la propia Constitución Política y los tratados internacionales suscritos por nuestro país, en tanto que dichos cuerpos normativos supra legales se prevee el acceso a la justicia efectiva como un derecho fundamental.  En este orden de ideas, el artículo 41 de la Constitución Política, señala al respecto lo siguiente:"ARTÍCULO 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes".  Por su parte la Declaración Universal de Derechos humanos, hace una referencia a la necesidad de que los recursos jurisdiccionales deben guardar necesaria efectividad para el amparo de los derechos constitucionales y legales, en tanto dispuso: "Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley".  Adicionalmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas, indica en su artículo 14, orientado a la materia penal, el  derecho ciudadano a un proceso sin dilaciones indebidas: "3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: .....  c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas;...". Finalmente, resulta de relevancia indicar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone, de manera general, ya no restringido a la materia penal, dicho deber, de la siguiente manera: "Garantías Judiciales: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." Complementario con estas disposiciones, es el principio general de Derecho Procesal elaborado por Chiovenda y desarrollado por Calamandrei que indica que "la necesidad de servirse del proceso para obtener la razón no debe convertirse en daño para quien probablemente tenga la razón". Estas consideraciones se engarzan con la seguridad jurídica que debe conferir todo ordenamiento jurídico a quienes recurren a los órganos jurisdiccionales a hacer valer sus derechos. Es así como dentro de este marco general, la medida cautelar es definida como una necesaria e idónea decisión provisional adoptada con el fin de evitar un  daño grave e irreversible para el recurrente, que pueda  poner en peligro al objeto del proceso o hacer ilusorio su resultado, por la imposible efectividad y eficacia de un fallo favorable al actor. Hechas las anteriores consideraciones, proceden entrar a detallar, tanto los presupuestos como las características de las medidas cautelares en el Código Procesal Contencioso Administrativo, aplicable a la materia. (El destacado en nuestro).-

V.- Sobre la apariencia de buen derecho: 1- Consideraciones generales: Para efectos de la presente  solicitud de medida cautelar, como primera condición para valorar si procede su otorgamiento, encontramos el denominado fummmus boni iuris. En este sentido, el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece al respecto, lo siguiente: "La medida cautelar será procedente cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso, produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la situación aducida, y siempre que la pretensión no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad".  (El destacado es nuestro para efectos del presente análisis). De conformidad con lo anterior, se evidencia que la seriedad en la demanda es una condición sine qua non para el otorgamiento de la medida cautelar. Dicha seriedad entraña una valoración, que si bien no significa realizar el juicio de fondo propio del Tribunal de Juicio, sí implica la determinación de una apariencia preliminar de existencia de fundamentación de la demanda. Con lo anterior, se descartaría la posibilidad de otorgar una medida cautelar, en situaciones de demandadas evidente y manifiestamente temerarias, carentes de toda fundamentación,  en donde se evidencie un fummus mali iuris, por tal razón. Es entonces claro que la apariencia de buen derecho, no significa exigir certeza de buen derecho desde la fase inicial del proceso de conocimiento, en tanto que lo que se requerirá es un juicio de probabilidad en donde se determine que de manera razonable la parte está ejerciendo su derecho de acceso a la justicia, -tutelado en el artículo 41 de la Constitución Política- sin una perversión del mismo, haciéndolo instrumento para dilatar, lesionar o entorpecer el actuar administrativo sin fundamento alguno. La comprobación que deberá realizar el Juez o jueza en la medida cautelar para efectos de determinar la apariencia de un buen derecho, deberá centrarse en determinar que la demanda no posee el carácter infundado o temerario a que hemos hecho referencia, sin caer en valoraciones con respecto a los argumentos de fondo, propias del Tribunal de Juicio. En casos como el objeto de esta medida cautelar se ha indicado que el juicio de verosimilitud debe ponderar las condiciones que se producen los hechos alegados, la intensidad de afectación y de la existencia de una vía de hecho sí así se alegare. Esta verificación, por supuesto, será siempre un juicio de probabilidad o verosimilitud de la demanda, fundado en la mera alegación, por lo que no realiza  el llamado juicio de verdad, realizado por el Tribunal con base en las pruebas atraídas a la audiencia oral y pública. Con base en lo anterior, se procederá a determinar la existencia o no de una apariencia de buen derecho en el caso concreto de análisis. 2.- Sobre el análisis del caso concreto con relación al presupuesto de la apariencia de buen derecho: Para fundamentar su derecho, la parte promovente manifiesta que por existir una indebida valoración del cuadro fáctico y de los elementos probatorios expuesto en el proceso administrativo, y evidentes vicios de nulidad en los actos administrativos. Al respecto, estima este Juzgador que, a manera de juicio de probabilidad, en el presente caso  se evidencia la apariencia de buen derecho, habida cuenta de las propias manifestaciones del escrito de interposición de la medida y de las manifestaciones que realiza la representación del Estado y SINAC, y de toda la prueba documental aportada a los autos, se desprende con claridad argumentaciones y razonamientos que otorgan un grado razonable de incertidumbre de que sean analizados y conocidos en juicio, pues la parte promovente de la cautelar lo que alega es que por existir una indebida valoración del cuadro fáctico y de los elementos probatorios expuesto en el proceso administrativo y una nulidad absoluta de los actos administrativos. En este orden de ideas, correspondería al Tribunal de juicio la evaluación de los argumentos seguidos  por la parte promovente en caso de una sentencia estimatoria en el eventual proceso de conocimiento que pueda formularse. No se evidencia entonces algún nivel de fummus mali iuris, habida cuenta que la parte promovente, acredita una serie de hechos constitutivos del derecho que invoca de manera razonable y sujeta siempre, a lo que el Juzgador decida sobre el fondo. Al ser esta etapa del proceso cautelar, orientada, no a la prueba de la existencia y alcances de la relación jurídica procesal, sino más bien a la determinación de existencia de argumentos viables para una eventual posibilidad  de triunfo de las pretensiones del proceso principal que se instaure, se estima suficiente lo alegado por la parte para fundamentar su apariencia de buen derecho.  En razón de lo anterior, en grado de probabilidad,  estima este Juzgador que  le asiste a la parte promovente una apariencia de buen derecho, en razón de que esgrime argumentos razonablemente fundados, que probablemente podrían ser conocidos y revisados por el Tribunal de Juicio en la sentencia de fondo  del eventual proceso de conocimiento (art. 41 y 49 Constitucional). Es decir, lo que se interpreta es que se alega es una nulidad absoluta de los actos emitidos dentro del proceso administrativo de cancelación de concesión, iniciado por la Administración. Todo lo anterior, sin prejuzgar (art. 96 CPCA) el fondo de sus argumentos y de manera de juicio de probabilidad. 3.- Conclusión: Este Juzgador considera que le asiste la apariencia de buen derecho en esta medida cautelar, pues alega vicios de nulidad dentro del proceso administrativo.

VI.- De la existencia  del peligro de un daño grave en la mora: Para el análisis de la aplicación de este presupuesto al caso concreto, estima este Juzgador necesario realizar algunas consideraciones sobre el denominado peligro en la demora. 1.- Consideraciones generales: Para efectos de la presente  solicitud de medida cautelar, como segunda condición para valorar si procede su otorgamiento, encontramos el denominado periculum in mora. En este sentido, el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece al respecto, lo siguiente: "La medida cautelar será procedente cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso, produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la situación aducida, y siempre que la pretensión no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad".  (El destacado es nuestro para efectos del presente análisis). De la norma indicada se evidencia con gran claridad el profundo avance que con respecto a este presupuesto presenta el Código Procesal Contencioso Administrativo para con la antigua Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Lo anterior, en tanto que ésta última lo que exigía era un daño o perjuicio de reparación imposible o difícil, criterio mucho más restrictivo que el actual daño o perjuicio grave del CPCA y en donde se admite de manera expresa la posibilidad de daños  potenciales.  Calamadrei define dicho presupuesto de la siguiente manera; … “el periculum in mora que está en la base de las medidas cautelares no es el genérico peligro de daño jurídico, el cual se puede en ciertos casos obviar con la tutela ordinaria, sino específicamente el peligro de aquél ulterior daño marginal que podría derivarse del retraso, consecuencia inevitable de la lentitud del proceso ordinario, de la resolución definitiva” Calamandrei citado por VECINA CIFUENTES, Javier. Las medidas cautelares en los procesos ante el Tribunal Constitucional. Madrid, Editorial Colex, 1993. En este orden de ideas, el denominado periculum in mora se ha entendido como el temor razonable y objetivamente fundado de la parte actora  - lo que implica demostración, no mera alegación, distintivo del anterior presupuesto-, de que una concreta y determinada situación jurídica sustancial aducida por la parte promovente de la medida cautelar pueda ser dañada o perjudicada de forma grave  durante el transcurso del tiempo necesario para dictar la sentencia principal, y dado el tiempo que normalmente puede tardar un proceso de conocimiento en todas sus etapas. Es entonces que este presupuesto parte de dos elementos- condición para su existencia, a saber, el daño actual o potencial inminente y la demora misma del proceso. Vemos entonces como el peligro de la mora parte de los mismos fundamentos que dan origen a la justicia cautelar, en tanto que busca proteger el resultado de una eventual sentencia de fondo y evitar que la misma se torne nugatoria por el mero transcurso del tiempo transcurrido durante el proceso. Dado lo anterior, no procedería una medida cautelar en donde no se evidencia la posibilidad de un daño grave, sea cuando pueda mediar otro tipo de daños de menor gravedad, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo,  o cuando se invoca mas no se demuestra al menos con indicios o se desprende de los elementos de convicción, para efectos de la tutela cautelar, los daños graves alegados. Es por esta razón que se ha estimado al peligro en la demora como el presupuesto o pilar fundamental sobre el cual se asienta la medida cautelar que el Juez adopte, tal y como nos encontramos en el caso de análisis. Con respecto a la prueba de este elemento, con gran claridad, se ha dicho que no requiere plena prueba (existiendo inclusive afirmaciones respecto de que no necesita demostración),  siendo así que  la urgencia  que originan la gestión cautelar, así como  la existencia de daños, no solo actuales, sino también potenciales, hacen difícil y contraproducente su plena prueba en un proceso sumario. Por lo anterior, en determinadas condiciones, la conducta misma de la Administración, sea formal o material, hacen que el daño sea su consecuencia lógica e insoslayable, por lo que no exigen mayor elemento probatorio directo, quedando a la valoración del Juez bajo su prudente apreciación (in re ipsa) y a la carga probatoria de la parte accionada su destrucción.  En razón de lo anterior, es que para el otorgamiento de la medida cautelar se requerirá la presencia de una probabilidad razonable y objetivamente fundada de existencia de una afectación grave a la parte promovente con motivo de la dilación del proceso de conocimiento y hasta la firmeza de la resolución final. Acorde con lo dicho, se puede considerar que en el caso del peligro en la mora se requiere al menos la acreditación de un grado de certeza razonable de la existencia de las condiciones de hecho consistentes en la amenaza que el invocante de la medida cautelar estima como daño grave. Esa certeza, entonces puede devenir, ya sea de prueba o de indicios que evidencien de manera razonable u objetiva la existencia de un daño o de las circunstancias mismas en que se da el daño alegado, en que este se puede presentar como una consecuencia evidente de la conducta administrativa. Con base en lo anterior, se procederá a determinar la existencia del peligro en la demora  en el caso concreto de análisis. 2.- Sobre el análisis del caso concreto con relación al presupuesto del peligro en la demora: Con respecto a este requisito, hecho un análisis de la medida solicitada, de los argumentos de ambas partes y de la prueba documental aportada,  se advierte que estamos en presencia de una demostración de un actual o eventual daño grave con motivo en la demora resultante del curso del proceso de conocimiento. La parte promovente precisa, demuestra, un daño grave concreto objetivo, individualizable, verificable y eventualmente cuantificable, realizar valoraciones sobre la validez de las actuaciones o actos administrativos de la administración en relación al principio del bloque de legalidad. En el presente caso se evidencia la existencia de demostración de un daño grave con motivo de la no adopción de la medida cautelar  o la dilación en un eventual proceso de conocimiento. A mayor abundamiento, la parte promovente aporta documento o elemento de convicción que demuestran el grado de afectación en su esfera patrimonial (económicos) y aporta evidencia que haga presumir gravedad en las consecuencias de los actos administrativos emitidos por la administración. Con respecto a la prueba ofrecida en autos por la parte promovente de la medida cautelar, como se dijo en líneas atrás se considera suficiente y es obligación de la parte promovente aportar toda la prueba necesaria para demostrar su dicho (art. 41 del NCPC). De conformidad con lo anterior, se tiene  la acreditación de un grado de certeza razonable de la posibilidad razonable y objetiva de existencia de un  daño grave, como lo es prueba de ambos planos catastrados, claro toda esta apreciación conforme lo dispone el numeral 96 del CPCA. Todo lo anterior, siempre entendiendo que se ha hecho un juicio de probabilidad y tomando en consideración que la medida posee un carácter instrumental para con el fondo de las pretensiones que han sido esgrimidas y el objeto del eventual proceso de conocimiento. 3.- Conclusión: Este Juzgador advierte la existencia de un peligro en la demora en el eventual proceso de conocimiento.-

VII.- De la ponderación de intereses en juego: En el caso concreto, por los motivos que se verán, procede analizar en primer término la ponderación de intereses en juego. Dado lo anterior, se procederá a realizar dichas consideraciones: 1.- Sobre la naturaleza y condiciones de este presupuesto: Para efectos de la presente  solicitud de medida cautelar, como  condición para valorar si procede su otorgamiento, encontramos la denominada ponderación de intereses en juego. En este sentido, el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece al respecto, lo siguiente: "Para otorgar o denegar alguna medida cautelar, el tribunal o el juez respectivo deberá considerar, especialmente, el principio de proporcionalidad, ponderando la eventual lesión al interés público, los daños y los perjuicios provocados con la medida a terceros, así como los caracteres de instrumentalidad y provisionalidad, de modo que no se afecte la gestión sustantiva de la entidad, ni se afecte en forma grave la situación jurídica de terceros. También deberá tomar en cuenta las posibilidades y previsiones financieras que la Administración Pública deberá efectuar para la ejecución de la medida cautelar." (El destacado es nuestro para efectos del presente análisis). Con respecto a este presupuesto, es menester hacer referencia a lo señalado en esta materia por el maestro Eduardo Ortiz Ortiz, en tanto indicó: "El interés público de la administración y la eventualidad de daños graves al mismo son materia de obligada consideración para decidir sobre la petición de suspensión del acto impugnado y para rechazarla si, otorgarla, lesionaría severamente un fin o interés público de importante rango. De este modo, cabe concluir en que no basta la procedencia de la demanda cautelar de suspensión que el particular invoque y pruebe daños graves o de difícil reparación por obra o con motivo de la ejecución del acto impugnado, sino que es necesario que así resulte ser después de haberlos comparado con los que produciría al interés público la suspensión de esa misma ejecución, dados los hechos del caso y el rango de los bienes jurídicos en conflicto.” Ortíz Ortiz, Eduardo, Justicia Administrativa Costarricense, (Cuatro Estudios), San José, Litografía e Imprenta LIL, 1990, pág. 370. En el orden de ideas, anterior, el análisis de la bilateralidad del peligro en la mora, también resultará fundamental para determinar la procedencia de una medida cautelar, debiendo  valorarse comparativamente el interés del peticionante  con el interés público y el de terceros, a efecto de no poseer un único criterio para la toma de la resolución correspondiente. En este supuesto, el análisis realizado debe concluir  que  la medida  se puede denegar cuando el perjuicio sufrido por la colectividad o terceros es cualitativa y cuantitativamente superior al experimentado por el solicitante sin su otorgamiento. Con base en lo anterior, este Juzgador parte de la necesaria ponderación de la proporcionalidad y razonabilidad de la medida, y la valoración de estas consideraciones en el análisis de los intereses en juego dentro del proceso de conocimiento. Con respecto a terceros, procede hacer referencia a que se debe partir de lo que se ha llamado como la  interdicción de órdenes lesivas a los intereses de terceros ajenos al proceso, como una limitación intrínseca de la medida cautelar. Estas consideraciones son reafirmadas en la doctrina española, en tanto indica expresamente: "La necesidad de no perjudicar intereses de terceros, al decidir con carácter provisional, medidas cautelares es un principio bien conocido. Aquí esos posibles derechos de terceros pueden ser eventualmente los de toda la colectividad...."  García de Enterría Eduardo. La Batalla Por las Medidas Cautelares. Editorial Thompson Civitas, 2004. Con respecto al interés público, debe tomarse en consideración que éste por si mismo no es suficiente para denegar la medida cautelar, en tanto que en casos como éste en análisis, siempre la posibilidad  de otorgar una medida cautelar se tornaría nugatoria, en tanto que estamos en presencia de una conducta administrativa en la que se ha dictado el acto final que causa efectos propios. Será la afectación al interés público cualitativa y cuantitativamente superior con relación al peticionante de la medida cautelar, el que podrá incidir en una negatoria de la misma. Es entonces ese calificado perjuicio al interés general o de tercero, el que deberá evidenciarse de la conducta administrativa objeto de  la medida cautelar pedida, debiendo quedar claro que sólo si la afectación al mismo resulta más gravoso que aquella, procedería denegar la justicia cautelar. Con base en lo anterior, se procederá a analizar los intereses en juego en la presente medida cautelar. 2.- Sobre el análisis del caso concreto con relación a la ponderación de intereses: Con respecto a este presupuesto, estima este Juzgador que en el caso que nos ocupa  no se advierte lesión grave al interés público de acoger la presente medida cautelar, en tanto que si existe prueba del daño grave de la parte promovente de la medida no afectaría  el interés público.  Este Juzgador tiene claro que no es cualquier afectación al interés público la que obstaculice el otorgamiento de una medida cautelar, sino que sólo la que sea superior a la que se pretenda evitar. Pues no debería contraponerse el interés privado al interés superior (público) de velar por la aplicación de las normas que regulan el medio ambiente (Ley Forestal-entre otras). Ahora bien, en el caso de análisis milita un mayor peso a favor del interés privado (promovente), tanto por que se demuestra que daño grave sufre con la ejecución de la orden de desalojo de un bien mueble que se encuentra construido en un terreno o propiedad que no se tienen certeza que sea en la propiedad del Estado identificada con el plano N°C-20550-1994, o en la propiedad del señor Elizondo Blanco, identificada con el plano catastrado N° C-202296-1994. 3.- Conclusión: Este juzgador si advierte una afectación de mayor gravedad al interés Privado, pues si bien es cierto, tal y como lo manifiesta la representación del Estado y el SINAC, están aplicando lo que establece la Ley Forestal  y la Ley Orgánica del Ambiente y Patrimonio Natural del Estado, lo cierto de este caso en concreto, es que para este Juzgador no se tiene certeza jurídica de que el bien mueble que se pretende desalojar se encuentre construido en la propiedad inalienable del Estado identificada con el plano catastrado N° C-205500-1994 y no en la propiedad identificada con el plano catastrado N° C-202296-1994. Por lo que ante esta inconsistencia, lo más viable jurídicamente hablando, sería que se pueda ventilar esa controversia en el proceso de conocimiento,si así lo tienen a bien las partes que conforman esta causa.-

VII.- Dadas las consideraciones hechas respecto de la existencia de las condiciones básicas establecidas para la aceptación de la medida cautelar solicitada, se declara con lugar en todos sus extremos y así se dispone. En vista de lo aquí resuelto y de conformidad con lo establecido en en el numeral 26 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que literalmente dice: " Art. 26.

1) Cuando se solicite una medida cautelar antes de que inicie el proceso esta será del conocimiento del juez tramitador o de la jueza tramitadora a quien el tribunal designe que, por turno, le corresponde el conocimiento del asunto.

2) En caso de que la medida cautelar sea concedida, la demanda deberá presentarse en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente de la notificación del auto que la acoge; de lo contrario, se ordenará su levantamiento y se condenará a la parte solicitante al pago de los daños y perjuicios  causados, los cuales se liquidarán por el trámite de ejecución de sentencia.". Por lo que se le concede el plazo de quince días hábiles a efectos de presente la demanda, bajo pena de que en caso de omisión, se dejará sin efecto la medida cautelar aquí otorgada, sin necesidad de resolución que así lo ordene y se ordena su archivo.-  

POR TANTO

Con fundamento en lo expuesto y de conformidad con los artículos 1, 2, 20, 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se declara con lugar en todos sus extremos la medida cautelar solicitada por ELICAM DEL CERRO S.A., ELADIO ELIZONDO BLANCO y CAFETERÍAS DEL CERRO S.A.. Por lo que se le concede el plazo de quince días hábiles a efectos de que presente la demanda o proceso de conocimiento, bajo pena de que en caso de omisión, se dejará sin efecto la medida cautelar aquí otorgada, sin necesidad de resolución que así lo ordene y se ordena su archivo. Una vez firme esta resolución, archívese este legajo de medida cautelar si otra causa no lo impide. Notifíquese.-

 

Lic. Alcevith Godínez Prado.

Juez.-

 

EXPEDIENTE:

	

25-005528-1027-CA - 6




PROCESO:

	

Medida Cautelar Ante Causam.




ACTOR/A:

	

CAFETERÍAS DEL CERRO S.A.




DEMANDADO/A:

	

EL ESTADO.

      agodínez.-

 



 

 




- Código Verificador -
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Documento firmado por:

ALCEVITH GODÍNEZ PRADO, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 25-005528-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:42:48.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**File**: 25-005528-1027-CA

**Resolution No. 2025011295**

**CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA,** at seven hours and seventeen minutes on December twelfth, two thousand twenty-five.-



**Pre-Litigation Interim Measure (Medida Cautelar Ante Causam)** requested by ELICAM DEL CERRO S.A., ELADIO ELIZONDO BLANCO, and CAFETERÍAS DEL CERRO S.A., against the State and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (hereinafter SINAC), is resolved:

**WHEREAS (RESULTANDO):**

I. That the representation of the plaintiffs herein, in their brief submitted to the court on August 12, 2025, files a request for a pre-litigation interim measure (medida cautelar ante causam), seeking the following: "(...) to suspend, with immediate effect, the provisions set forth through administrative order SINAC-ACC-BTMM-PNTMM-60-2025, until this matter is resolved on the merits and a final judgment is issued in the ordinary judicial proceeding to be filed." (see brief at digital image 6 to date).

II. The representation of the State, responds to the hearing regarding the interim measure, according to the brief dated September 18, 2025, formulating the following claim: "To reject in all its aspects the request for an extremely urgent provisional interim measure (medida cautelar provisionalísima) filed by Elicam del Cerro S.A., Cafeterías del Cerro S.A., and Eladio Elizondo Blanco. To maintain the full validity and enforceability of the administrative eviction order SINAC-ACC-BTMM-PNTMM-60-2025, as it is an act of execution derived from a final administrative resolution." (see images 197 through 201, in digital format to date).-

III. That in the proceedings, the required formalities have been observed, and no grounds for nullity capable of invalidating what has been acted upon are noted. This resolution is issued within the timeframe permitted by the workload of this Office, and;

**WHEREAS (CONSIDERANDO):**

I.- **PROVEN FACTS:** The following facts, which are relevant for this Interim Measure, are considered duly accredited: 1) That by means of cadastral plan (plano catastrado) No. C-202296-1994, dated August 9, 1994, a property right is demonstrated in favor of Mr. Eladio Elizondo Blanco (see documentary evidence at digital images 32 and 154 to date). 2) That by means of cadastral plan No. C-205500-1994, dated August 29, 1994, a property right is demonstrated in favor of the State, as State Forest Heritage under the administration of MIRENEM (see documentary evidence at digital images 31 and 155 to date). 3) That by means of administrative resolution No. R-SINAC-CONAC-00102024, at eight hours and forty minutes on January seventeenth, 2024, the Consejo Nacional de Áreas de Conservación, confirmed what was resolved by resolution No. SINAC-ACC-228-2019, at ten hours on February twenty-seventh, 2019 (see documentary evidence at digital image 133 to date).-

II.- **UNPROVEN FACTS:** The following facts, which are relevant for this Interim Measure, are considered not duly accredited: 1) That the concession permit falls within the right that supports Mr. Elizondo Blanco, according to cadastral plan No. C-202294-1994, dated August 9, 1994. 2) That the movable property (bien mueble) to be evicted is built within the property right of the State, according to cadastral plan No. C-205500-194, dated August 29, 1994. The case file records.-

III.- **OBJECT OF THE INTERIM MEASURE PROCEEDING:** At its core, the object of this interim measure is: "(...) to suspend, with immediate effect, the provisions set forth through administrative order SINAC-ACC-BTMM-PNTMM-60-2025, until this matter is resolved on the merits and a final judgment is issued in the ordinary judicial proceeding to be filed."-

The plaintiff states that: "(...). If the extremely urgent and provisional pre-litigation interim measure inaudita altera pars (medida cautelar ante causam urgentísima y provisionalísima inaudita altera pars) is granted, the plaintiffs will be able to continue their activity (from which the ACC has benefited), without, overnight, losing the sole source of income for more than 28 people; the majority of whom, as indicated, are heads of their respective households. In turn, if the lawsuit—to be filed at the appropriate procedural time—is declared with merit, the plaintiffs will have been able to continue their daily activity, without the need for the defendants to be ordered to pay for the damages and losses (daños y perjuicios) caused, as a result of openly arbitrary decisions. This would cause no damage, neither to SINAC, nor to the source of income for numerous families in the area. On the other hand, if the request for an extremely urgent and provisional pre-litigation interim measure inaudita altera pars is declared without merit, it will indefinitely condemn those people and their respective family units to immediate unemployment; a gravity that is clear and incontrovertible. (...)”.-

For its part, the representation of the State maintains that: "(...). As stated in the administrative file itself, resolution R-SINAC-CONAC-0010-2024 of the Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) resolved the appeal, thereby exhausting the administrative channel and confirming the extinction of the use permit held by the plaintiff. Said resolution was duly notified on January 22, 2024. Therefore, the eviction order is a simple act of execution of a final and definitive decision. The alleged material errors imputed to it (such as the transcription of coordinates) do not have the capacity to annul the validity and effectiveness of the principal act that supports it, which enjoys a presumption of legality and is of mandatory compliance. The claim to suspend execution based on these allegations is improper and seeks to delay compliance with a decision already firmly taken by the Administration. The plaintiff argues the existence of a danger in delay (peligro en la demora), based on the economic damages that their business and employees would suffer from the execution of the eviction. However, this prerequisite is not met in the present case. The damage alleged by the plaintiffs is not an unlawful harm that must be protected by an interim measure, but rather the direct and foreseeable consequence of the extinction of their use permit to occupy a public domain asset. The damage is of a purely patrimonial nature and, therefore, is susceptible to economic reparation in an eventual favorable judgment in the main proceeding. Furthermore, the Administration itself, far from acting untimely, has granted a prudential period of six months to execute the eviction, as stated in order SINAC-ACC-BTMM-PNTMM-60-2025. This period allows the plaintiffs to take the necessary precautions, which disproves the imminent and irreparable character of the alleged damage. Consequently, the situation does not merit the requested interim protection because the alleged 'danger' does not stem from the delay in the judicial process, but from the cessation of a precarious legal situation that has already been firmly resolved in the administrative channel. In the balancing of interests, the superior public interest, which consists of the protection and conservation of protected wilderness areas, must prevail over the particular and merely commercial interest of the plaintiffs. The current legislation, as detailed in resolution R-SINAC-CONAC-0010-2024, establishes a clear prohibition on the type of commercial activity that the plaintiffs carry out within a National Park. Allowing the suspension of the eviction would imply authorizing, on a provisional basis, the continuation of an occupation without an enabling title in an area of special environmental protection, contravening the conservation objectives that the Costa Rican State has the duty to protect, as established by Article 50 of the Political Constitution. The damage to the public interest would be greater if the continuation of this activity is allowed than if the ordered eviction is executed.-

In turn, the representation of SINAC argues that: "(...). The challenged administrative act complies with the elements set forth by the Ley General de la Administración Pública and the defects indicated by the plaintiff, being of a material nature, were rectified by official communication SINAC-ACC-BTMM-PNTMM-319-2025, and therefore the request for suspension fails in its basis as it deals with a firm act of the Administration issued by the Consejo Nacional de Áreas de Conservación as the highest authority of SINAC in resolution R-SINAC-CONAC-0010-2024 and what is intended by administrative eviction order number SINAC-ACC-BTMMPNTMM-60-2025, is its enforceability. (...)".-

IV.- **On interim justice:** Interim measures as a procedural institute find their basis in the Political Constitution itself and the international treaties signed by our country, insofar as these supra-legal normative bodies provide for access to effective justice as a fundamental right. In this vein, Article 41 of the Political Constitution states the following: "ARTICLE 41.- By resorting to the laws, everyone must find reparation for the injuries or damages they may have received in their person, property, or moral interests. Justice must be administered promptly, completely, without denial, and in strict conformity with the laws." Meanwhile, the Universal Declaration of Human Rights makes a reference to the need for jurisdictional remedies to have the necessary effectiveness for the protection of constitutional and legal rights, as it stated: "Article 8.- Everyone has the right to an effective remedy before the competent national tribunals, which shall protect them against acts that violate their fundamental rights recognized by the constitution or by law." Additionally, the International Covenant on Civil and Political Rights indicates in its Article 14, oriented towards criminal matters, the citizen's right to a process without undue delays: "3. In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: ..... c) To be tried without undue delay;...". Finally, it is relevant to indicate that the American Convention on Human Rights stipulates, in a general manner, no longer restricted to criminal matters, this duty, in the following way: "Judicial Guarantees: 1. Every person has the right to be heard, with due guarantees and within a reasonable time, by a competent, independent, and impartial judge or tribunal, previously established by law, in the substantiation of any criminal accusation made against them, or for the determination of their rights and obligations of a civil, labor, fiscal, or any other nature." Complementary to these provisions is the general principle of Procedural Law developed by Chiovenda and elaborated by Calamandrei, which indicates that "the need to use the process to obtain justice must not become a harm to the one who probably has justice." These considerations are linked to the legal certainty that every legal system must confer upon those who resort to jurisdictional bodies to enforce their rights. It is thus within this general framework that the interim measure is defined as a necessary and suitable provisional decision adopted with the purpose of avoiding serious and irreversible harm to the applicant, which could endanger the object of the process or make its result illusory, due to the impossible effectiveness and efficacy of a judgment favorable to the plaintiff. Having made these considerations, we proceed to detail both the prerequisites and the characteristics of interim measures in the Código Procesal Contencioso Administrativo, applicable to this matter. (Our emphasis).-

V.- **On the appearance of a good right (apariencia de buen derecho):** 1- General considerations: For the purposes of this request for an interim measure, as the first condition to assess whether its granting is appropriate, we find what is known as fummus boni iuris. In this regard, Article 21 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes the following: "The interim measure shall be appropriate when the execution or continuation of the conduct subjected to the process produces serious damages or losses, current or potential, from the situation alleged, and provided that the claim is not reckless or, in a clear manner, lacking seriousness." (Our emphasis for the purposes of this analysis). In accordance with the foregoing, it is evident that seriousness in the lawsuit is a sine qua non condition for the granting of the interim measure. Said seriousness entails an assessment, which although it does not mean conducting the judgment on the merits proper to the Trial Court, does imply the determination of a preliminary appearance of the existence of a basis for the lawsuit. With this, the possibility of granting an interim measure would be ruled out in situations of lawsuits that are evidently and manifestly reckless, lacking any basis, where a fummus mali iuris is therefore evidenced. It is then clear that the appearance of a good right does not mean demanding certainty of a good right from the initial phase of the main proceeding, given that what will be required is a probability judgment to determine that the party is reasonably exercising their right of access to justice—protected in Article 41 of the Political Constitution—without a perversion of the same, making it an instrument to delay, impair, or obstruct administrative action without any basis. The verification that the Judge must perform in the interim measure for the purposes of determining the appearance of a good right should focus on determining that the lawsuit does not possess the unfounded or reckless character to which we have referred, without falling into assessments regarding the arguments on the merits, which are proper to the Trial Court. In cases such as the object of this interim measure, it has been indicated that the credibility judgment must weigh the conditions under which the alleged facts occur, the intensity of the impact, and the existence of a de facto action (vía de hecho) if one is alleged. This verification, of course, will always be a judgment of probability or credibility of the lawsuit, based on the mere allegation, so it does not carry out what is called the truth judgment, conducted by the Court based on the evidence brought to the oral and public hearing. Based on the foregoing, we will proceed to determine the existence or not of an appearance of a good right in the specific case under analysis. 2.- On the analysis of the specific case in relation to the prerequisite of the appearance of a good right: To substantiate their right, the promoting party states that there exists an improper assessment of the factual framework and the evidentiary elements presented in the administrative process, and evident defects of nullity in the administrative acts. In this regard, this Judge considers that, as a probability judgment, in the present case the appearance of a good right is evidenced, given the very statements of the brief filing the measure and the statements made by the representation of the State and SINAC, and from all the documentary evidence provided to the case file, arguments and reasoning clearly emerge that provide a reasonable degree of uncertainty warranting analysis and cognizance at trial, because what the promoter of the interim measure alleges is that there exists an improper assessment of the factual framework and the evidentiary elements presented in the administrative process and an absolute nullity of the administrative acts. In this vein, it would fall to the Trial Court to evaluate the arguments pursued by the promoter in the event of a favorable judgment in the eventual main proceeding that may be filed. Some level of fummus mali iuris is therefore not evidenced, given that the promoter accredits a series of constitutive facts of the right they invoke in a reasonable manner and always subject to what the Judge decides on the merits. As this stage of the interim process is oriented not towards proving the existence and scope of the procedural legal relationship, but rather towards determining the existence of viable arguments for an eventual possibility of success of the claims in the main proceeding to be instituted, what is alleged by the party is deemed sufficient to substantiate their appearance of a good right. By reason of the foregoing, to a degree of probability, this Judge considers that the promoting party is assisted by an appearance of a good right, because they put forward reasonably substantiated arguments, which could probably be heard and reviewed by the Trial Court in the judgment on the merits of the eventual main proceeding (Articles 41 and 49 of the Constitution). That is to say, what is interpreted is that an absolute nullity is alleged in the acts issued within the administrative process for cancellation of the concession, initiated by the Administration. All of the foregoing, without prejudging (Article 96 CPCA) the merits of their arguments and as a probability judgment. 3.- Conclusion: This Judge considers that the appearance of a good right assists in this interim measure, as defects of nullity within the administrative process are alleged.

VI.- **On the existence of the danger of serious harm in the delay (peligro en la demora):** For the analysis of the application of this prerequisite to the specific case, this Judge considers it necessary to make some considerations regarding the so-called danger in delay. 1.- General considerations: For the purposes of this request for an interim measure, as the second condition to assess whether its granting is appropriate, we find the so-called periculum in mora. In this regard, Article 21 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes the following: "The interim measure shall be appropriate when the execution or continuation of the conduct subjected to the process produces serious damages or losses, current or potential, from the situation alleged, and provided that the claim is not reckless or, in a clear manner, lacking seriousness." (Our emphasis for the purposes of this analysis). The indicated norm clearly evidences the profound advancement that this prerequisite presents in the Código Procesal Contencioso Administrativo compared to the former Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. The foregoing, insofar as the latter required a damage or loss of impossible or difficult reparation, a much more restrictive criterion than the current serious damage or loss of the CPCA, and where the possibility of potential damages is expressly admitted. Calamandrei defines this prerequisite in the following manner: ... "the periculum in mora that is at the base of interim measures is not the generic danger of legal harm, which can in certain cases be obviated by ordinary protection, but specifically the danger of that further marginal harm that could derive from the delay, an inevitable consequence of the slowness of the ordinary process, of the definitive resolution." Calamandrei cited by VECINA CIFUENTES, Javier. Las medidas cautelares en los procesos ante el Tribunal Constitucional. Madrid, Editorial Colex, 1993. In this vein, the so-called periculum in mora has been understood as the reasonable and objectively founded fear of the plaintiff—which implies demonstration, not mere allegation, distinct from the previous prerequisite—that a specific and determined substantial legal situation alleged by the promoter of the interim measure may be seriously damaged or harmed during the course of the time necessary to issue the final judgment, and given the time that a main proceeding can normally take in all its stages. It is then that this prerequisite is based on two conditioning elements for its existence, namely, the current or imminently potential damage and the delay of the process itself. We see then how the danger in delay arises from the same foundations that give rise to interim justice, insofar as it seeks to protect the result of an eventual judgment on the merits and prevent it from becoming nugatory by the mere passage of time during the process. Given the foregoing, an interim measure would not be appropriate where the possibility of serious harm is not evidenced, whether when other types of less serious damage may be involved, from a qualitative and quantitative point of view, or when the serious damages alleged are invoked but not demonstrated at least by indications or inferred from the elements of conviction, for purposes of interim protection. It is for this reason that the danger in delay has been considered as the prerequisite or fundamental pillar upon which the interim measure adopted by the Judge rests, as we find ourselves in the case under analysis. Regarding the proof of this element, with great clarity, it has been stated that it does not require full proof (there are even assertions regarding its not needing demonstration), and it is such that the urgency originating the interim petition, as well as the existence of damages, not only current but also potential, make its full proof in a summary proceeding difficult and counterproductive. Therefore, under certain conditions, the very conduct of the Administration, whether formal or material, makes the damage its logical and unavoidable consequence, so it does not require a major direct evidentiary element, remaining subject to the Judge's assessment under their prudent appreciation (in re ipsa) and to the burden of proof of the defendant to destroy it. By reason of the foregoing, for the granting of the interim measure, the presence of a reasonable and objectively founded probability of the existence of a serious impact on the promoting party due to the delay of the main proceeding and until the finality of the final resolution will be required. In accordance with what has been stated, it can be considered that in the case of danger in delay, at least the accreditation of a reasonable degree of certainty of the existence of the factual conditions consisting of the threat that the applicant for the interim measure considers as serious harm is required. That certainty, then, can arise, either from proof or from indications that reasonably or objectively evidence the existence of harm or the very circumstances in which the alleged harm occurs, where this can be presented as an evident consequence of the administrative conduct. Based on the foregoing, we will proceed to determine the existence of the danger in delay in the specific case under analysis. 2.- On the analysis of the specific case concerning the prerequisite of danger in delay: Regarding this requirement, an analysis of the requested measure, the arguments of both parties, and the documentary evidence provided reveals that we are in the presence of a demonstration of a current or eventual serious harm due to the delay resulting from the course of the main proceeding. The promoter specifies and demonstrates a concrete, objective, individualizable, verifiable, and eventually quantifiable serious harm, and makes assessments regarding the validity of the administrative actions or acts of the administration in relation to the principle of the legality block. In the present case, the existence of a demonstration of serious harm due to the non-adoption of the interim measure or the delay in an eventual main proceeding is evidenced. To further elaborate, the promoting party provides documents or elements of conviction that demonstrate the degree of impact on their patrimonial (economic) sphere and provides evidence that suggests the seriousness of the consequences of the administrative acts issued by the administration. Regarding the evidence offered in the case file by the promoter of the interim measure, as stated in the lines above, it is considered sufficient and it is the obligation of the promoting party to provide all necessary evidence to demonstrate their claim (Article 41 of the NCPC). In accordance with the foregoing, the accreditation of a degree of reasonable certainty of the reasonable and objective possibility of the existence of serious harm is established, such as the proof of both cadastral plans, all this appreciation being in accordance with the provisions of Article 96 of the CPCA. All of the foregoing, always understanding that a probability judgment has been made and taking into consideration that the measure possesses an instrumental character concerning the merits of the claims that have been put forward and the object of the eventual main proceeding. 3.- Conclusion: This Judge notes the existence of a danger in delay in the eventual main proceeding.-

VII.- **On the balancing of interests at stake:** In the specific case, for the reasons that will be seen, it is appropriate to first analyze the balancing of interests at stake. Given the foregoing, we will proceed to make these considerations: 1.- On the nature and conditions of this prerequisite: For the purposes of this request for an interim measure, as a condition to assess whether its granting is appropriate, we find the so-called balancing of interests at stake. In this sense, Article 22 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes the following: "To grant or deny any interim measure, the respective court or judge must especially consider the principle of proportionality, weighing the potential injury to the public interest, the damages and losses caused by the measure to third parties, as well as the characters of instrumentality and provisionality, so that the substantive management of the entity is not affected, nor is the legal situation of third parties seriously affected. They must also take into account the financial possibilities and provisions that the Public Administration must make for the execution of the interim measure." (Our emphasis for the purposes of this analysis). Regarding this prerequisite, it is necessary to refer to what was stated on this matter by Professor Eduardo Ortiz Ortiz, as he indicated: "The public interest of the administration and the chance of serious damages thereto are matters of mandatory consideration to decide on the petition to suspend the challenged act and to reject it if granting it would severely injure a public purpose or interest of important rank. Thus, it can be concluded that the appropriateness of the interim suspension petition is not enough if the individual invokes and proves serious or difficult-to-repair damages due to or because of the execution of the challenged act, but it is necessary that this be the result after comparing them with those that the suspension of that same execution would produce to the public interest, given the facts of the case and the rank of the legal rights in conflict.” Ortíz Ortiz, Eduardo, Justicia Administrativa Costarricense, (Cuatro Estudios), San José, Litografía e Imprenta LIL, 1990, p. 370. In the vein of the above, the analysis of the bilaterality of the danger in delay will also be fundamental to determine the appropriateness of an interim measure, and the interest of the petitioner must be comparatively assessed against the public interest and that of third parties, in order not to rely on a single criterion for making the corresponding decision. In this scenario, the analysis carried out must conclude that the measure can be denied when the harm suffered by the community or third parties is qualitatively and quantitatively greater than that experienced by the applicant without its granting. Based on the foregoing, this Judge proceeds from the necessary balancing of the proportionality and reasonableness of the measure, and the assessment of these considerations in the analysis of the interests at stake within the main proceeding. Regarding third parties, it is appropriate to refer to what has been called the prohibition of orders harmful to the interests of third parties outside the process, as an intrinsic limitation of the interim measure. These considerations are reaffirmed in Spanish doctrine, as it expressly indicates: "The need not to harm the interests of third parties, when provisionally deciding on interim measures, is a well-known principle. Here those possible third-party rights may eventually be those of the entire community...." García de Enterría Eduardo. La Batalla Por las Medidas Cautelares. Editorial Thompson Civitas, 2004.

With respect to the public interest, it must be taken into consideration that it, by itself, is not sufficient to deny the interim measure (medida cautelar), insofar as in cases such as the one under analysis, the possibility of granting an interim measure would always be rendered nugatory, given that we are in the presence of an administrative conduct in which the final act that produces its own effects has been issued. It will be the qualitatively and quantitatively superior impact on the public interest relative to the applicant for the interim measure that may lead to its denial. It is, then, that qualified harm to the general interest or that of a third party that must be evidenced from the administrative conduct subject to the requested interim measure, and it must be clear that only if the impact on it is more burdensome than the one sought to be avoided would it be appropriate to deny interim relief. Based on the foregoing, we shall proceed to analyze the interests at stake in the present interim measure. 2.- On the analysis of the specific case in relation to the balancing of interests: With respect to this requirement, this Judge considers that in the case before us, no serious injury to the public interest is observed from granting the present interim measure, given that proof of serious harm to the party promoting the measure exists and it would not affect the public interest. This Judge is clear that not just any impact on the public interest hinders the granting of an interim measure, but only that which is superior to the one sought to be avoided. For the private interest should not be set against the superior (public) interest of ensuring the application of the rules that regulate the environment (Forestry Law, among others). However, in the case under analysis, greater weight militates in favor of the private interest (promoter), both because it is demonstrated that it suffers serious harm from the execution of the eviction order for immovable property (bien mueble) that is found built on land or property for which there is no certainty whether it is on the State's property identified with cadastral map (plano) No. C-20550-1994, or on the property of Mr. Elizondo Blanco, identified with cadastral map No. C-202296-1994. 3.- Conclusion: This judge does observe a more serious impact on the Private interest, for even though it is true, as stated by the representation of the State and SINAC, that they are applying what is established by the Forestry Law and the Organic Law of the Environment and Natural Heritage of the State, the truth of this specific case is that, for this Judge, there is no legal certainty that the immovable property sought to be evicted is found built on the inalienable property of the State identified with cadastral map No. C-205500-1994 and not on the property identified with cadastral map No. C-202296-1994. Therefore, given this inconsistency, the most viable course, legally speaking, would be for this controversy to be aired in the plenary proceeding (proceso de conocimiento), if the parties that make up this cause see fit to do so.-

VII.- Given the considerations made regarding the existence of the basic conditions established for the acceptance of the requested interim measure, it is declared with merit in all its terms and so ordered. In view of what is resolved herein and in accordance with the provisions of numeral 26 of the Contentious-Administrative Procedure Code, which literally states: "Art. 26.

1) When an interim measure is requested before the process begins, it will be heard by the processing judge to whom the court designates, by rotation, corresponds the knowledge of the matter.

2) In the event that the interim measure is granted, the lawsuit must be filed within a period of fifteen days, counted from the day following the notification of the order that accepts it; otherwise, its lifting will be ordered and the requesting party will be ordered to pay the caused damages and losses, which will be settled through the judgment execution procedure." Therefore, a period of fifteen business days is granted for the purpose of filing the lawsuit, under penalty that in case of omission, the interim measure granted herein will be rendered without effect, without need for a resolution ordering it, and its archiving is ordered.-

POR TANTO

Based on the foregoing and in accordance with articles 1, 2, 20, 21, and 22 of the Contentious-Administrative Procedure Code, the interim measure requested by ELICAM DEL CERRO S.A., ELADIO ELIZONDO BLANCO, and CAFETERÍAS DEL CERRO S.A. is declared with merit in all its terms. Therefore, a period of fifteen business days is granted for the purpose of filing the lawsuit or plenary proceeding, under penalty that in case of omission, the interim measure granted herein will be rendered without effect, without need for a resolution ordering it, and its archiving is ordered. Once this resolution is final, archive this interim measure file if no other cause prevents it. Notify.-

Lic. Alcevith Godínez Prado.

Judge.-

EXPEDIENTE:

25-005528-1027-CA - 6

PROCESS:

Interim Measure Ante Causam (Medida Cautelar Ante Causam).

PLAINTIFF:

CAFETERÍAS DEL CERRO S.A.

DEFENDANT:

THE STATE.
      agodínez.-

- Verification Code -
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VRL53GTJCMY61

Document signed by:

ALCEVITH GODÍNEZ PRADO, TRIAL JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A)

EXP: 25-005528-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected]

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