Res. 01185-2025 Tribunal Agrario — Annulment of judgment for failing to address subsidiary claims in agrarian usucapionAnulación de sentencia por omisión de pretensiones subsidiarias en usucapión agraria

Grande
Normal
Pequeña
Tribunal Agrario

Resolución Nº 01185 - 2025

Fecha de la Resolución: 11 de Diciembre del 2025 a las 10:43

Expediente: 24-000303-0298-AG

Redactado por: Carlos Adolfo Picado Vargas

Clase de asunto: ordinario

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución



 

 

EXPEDIENTE:

	

24-000303-0298-AG - 9




PROCESO:

	

ORDINARIO




ACTOR/A:

	

MARLEN ALFARO VARGAS




DEMANDADO/A:

	

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

 

   

VOTO N°  N° 2025001185

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las diez horas cuarenta y tres minutos del once de diciembre de dos mil veinticinco.-

PROCESO ORDINARIO interpuesto por MARLEN ALFARO VARGAS, mayor, casada una vez - agricultora, vecina de Alajuela, San Carlos, cédula de identidad dos - cuatrocientos siete - trescientos veinticinco; contra JORGE RODRÍGUEZ MURILLO, mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Alajuela, San Carlos, cédula de identidad dos - doscientos veinte - doscientos quince; JHONNY ENRIQUE RODRÍGUEZ ALFARO, mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Alajuela, San Carlos, cédula de identidad dos - quinientos ochenta y nueve - cuatrocientos veintiuno y BANCO NACIONAL DE COSTA RICA cédula de  jurídica número cuatro- cero cero cero - cero mil veintiuno. Actúa como apoderado especial judicial de la parte actora el letrado Marvin Martínez Meléndez, colegiado siete mil trescientos noventa y cuatro. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos.

 Redacta el juez  Picado Vargas; y,

CONSIDERANDO:

 I.- DE LAS PRETENSIONES: La parte accionante interpuso demanda estimada en sesenta millones de colones y solicita en sus pretensiones: "PRINCIPAL. 1. Se declare con lugar en todos sus extremos esta demanda y se condene a los demandados al pago de ambas costas de esta acción. 2. Se declare con lugar la usucapión agraria de ambas fincas a favor de mi poderdante, ordenando al REGISTRO NACIONAL INMUEBLE se inscriban a su nombre libre de gravámenes y anotaciones, a saber, las fincas del partido de alajuela, matrículas folio real 145300-000 y folio real 370762-000. 3. Por tratarse de una sola unidad agraria, se ordene la reunión de ambas fincas, conservandose el folio real de la finca más grande. SUBSIDIARIA. 1. Se declare la accesión de las edificaciones realizadas por mi representada en la finca 145300-000, antes mencionada, ordenando inscribir un derecho sobre ella a favor de la actora, proporcional al valor de las edificaciones en relación al valor del inmueble antes de que se realizaran las mismas, y según el peritaje que se nombre en autos. Se estiman prudencialmente las edificaciones en la suma de 60 millones de colones." La parte actora amplía su demanda contra el Banco Nacional de Costa Rica bajo las siguientes pretensiones:" 1.Se declare con lugar en todos sus extremos la presente demanda ordinaria contra el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, y se declare que mi representada tiene mejor derecho que el Banco demandado para convertirse en titular por usucapión agraria del mencionado inmueble. 2. Se declare que la usucapión agraria sobre las fincas las fincas del partido de Alajuela, matrículas folio real 145300-000 y folio real 370762-000 operó a favor de la actora antes de que el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA adquiriera por venta judicial dicho terreno. 3. Se le ordene al Registro Inmobiliario inscribir a nombre de la actora, libre de gravámenes y anotaciones las fincas las fincas del partido de Alajuela, matrículas folio real 2-145300-000 y folio real 2-370762-000. 4. En caso de oposición por parte del BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, se solicita se le condene al pago de ambas costas del presente proceso." (Ampliación de demanda de imagen 117 a 119 del expediente digital). El Banco demandado contestó la demanda en su contra e interpone las excepciones de Falta de Derecho, Falta de Legitimación activa y pasiva así como la de Inadmisibilidad de la acción entendida en este caso como solicitud de declarar improponible la demanda (Ver expediente descargado en modo pdf, imágenes 1 a 8 demanda, ampliación de demanda contra el Banco Nacional imagen 117 a 119).-

 II.- AUDIENCIA: El Juzgado mediante resolución de las quince horas con cinco minutos del veinte de mayo del año dos mil veinticinco, confirió audiencia a la parte actora sobre una eventual demanda improponible, de conformidad con el artículo 35.5.1 y 35.5.9 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria en esta materia, por disposición expresa del artículo 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria. En ese sentido, la parte accionante se pronunció al respecto e interpuso solicitud de declaración de nulidad y de enderezar procedimientos, misma que fue rechazada mediante resolución de las trece horas con cinco minutos del veintitrés de mayo del año dos mil veinticinco. (Ver expediente descargado en modo pdf, audiencia a imágenes 1534 y  contestación audiencia 1537 a 1538).-

 III.- RESOLUCIÓN APELADA: El juez William Roberto Arburola Castillo mediante sentencia Anticipada N° 2025000429 de las quince horas con cuarenta y seis minutos del diez de setiembre del año dos mil veinticinco, resolvió: "De los motivos expuestos anteriormente SE DECLARA DEMANDA IMPROPONIBLE de MARLEN ALFARO VARGAS, quien es mayor, casada una vez, agricultora, vecina de Alajuela, San Carlos, Venado, Linda Vista, 800 metros al Norte de la Escuela Pública; portadora de la cédula de identidad número 2- 0407-0325 contra; JORGE RODRÍGUEZ MURILLO, quien es mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Alajuela, San Carlos, Venado, Linda Vista, 800 metros al Norte de la Escuela Pública, portador de la cédula de identidad número 2-0220-0215, JHONNY ENRIQUE RODRÍGUEZ ALFARO, quien es mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Alajuela, San Carlos, Venado, Linda Vista, 800 metros al Norte de la Escuela Pública, portador de la cédula de identidad número 2-0589-0421 y BANCO NACIONAL DE COSTA RICA cédula de persona jurídica número 4-000-001021. Se condena a la señora Alfaro Vargas al pago de ambas costas del proceso en favor del Banco Nacional de Costa Rica. Una vez firme esta sentencia se ordena el levantamiento de las medidas cautelares existentes." (Ver expediente descargado en modo pdf, imágenes 1557 a 1567).-

 IV.- Por la forma en que se resolverá no se emite pronunciamiento sobre los hechos tenidos por probados.-

 V.- La parte actora por medio de su apoderado especial judicial el licenciado Marvin Martínez Meléndez presenta recurso de apelación contra dicha resolución, manifestando lo siguiente: "Podemos apreciar, como este despacho desde los mismos inicios del proceso, se ha decantado sobre la tesis que presento la parte actora, como fundamento fáctico, al no darle credibilidad ad portas, por considerar que existen gravámenes a favor del Banco Nacional de Costa Rica, y que considera dicha autoridad, tenia que conocerlos la actora. A tal efecto me remito a las consideraciones del voto del Tribunal agrario en este expediente Judicial, donde se declara con lugar un recurso de apelación. (VOTO N° 2025000221 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. - A las trece horas cuarenta y nueve minutos del dieciocho de marzo de dos mil veinticinco.) Vemos un hecho muy grave en esta sentencia. El Juzgador, asume una posición de Juez y parte, pues decide corregir y modificar unilateralmente las solicitudes del demandado Banco Nacional de Costa Rica, para luego resolver su presunta solicitud que nunca la hizo. Afirma el señor, que no va a tener literalmente por la solicitud del Banco, si no que le tiene modificada de la siguiente manera “…” y luego resuelve lo que realmente el mismo se solicita, actuando, con el mayor de los respetos, como juez y parte. Al resolver de manera previa la sentencia, el juzgado aquo, le resta total y absoluto valor, a la oralidad del proceso, a la importancia de la verdad real, que debe aflorar en un contradictorio, donde todas las partes puedan preguntar a los testigos y realizar un análisis confrontativo con la prueba documental que se aportó, y toma como plena prueba, la documental aportada por el Banco Nacional de Costa Rica, para concluir que con ella es suficiente para tener por acreditado que los hechos de la demanda NO SON CIERTOS. Tiene por acreditado, aspecto SIN PRUEBA ALGUNA, que los aportes en las edificaciones y para el desarrollo de la actividad agraria en ese fundo, fueron aportes de una sociedad conyugal y no de la actora únicamente, aspecto, que pone en evidencia la inclinación cuestionable de esa autoridad para arribar a las mismas, y adoptando incluso competencias propias de un juez de familia que no es el caso. En su análisis jurídico, afirma aspectos, que decide aplicar la normativa civil, aunque el la Legislación Agraria remita al Código Laboral, simplemente porque dice, que a su criterio hay que entender que, por la fecha, esta legislación esta desactualizado, dicho en otras palabras, resuelve en contra de la misma ley, justificándose en lo que se hace en un criterio personal y no legal. La autoridad recurrida se aparta plenamente, del fin que tiene la materia agraria, y que tiene que ver, más allá de la buena fe, el tema del fin social que se le da a la propiedad objeto de la litis, y que como se pretende demostrar en este caso, es a una actividad agraria desarrollada, por la actora por mas de 10 años, de allí, que incluso si esa actividad la desarrollo ella en forma personal, antes de que su suegro y aquí demandado, le dijera que conservara el inmueble como suyo y que continuara ejerciendo esa actividad, ese periodo anterior, no se desmerece para completar el tiempo requerido para la usucapión, Veamos. ¿Conforme a los cálculos de la autoridad, se indica que la actora, no completo los 10 años de posesión, porque, fue notificada en el año 2021, y allí se cortó su posesión de buena fe, sin ofrecer una explicación lógica y jurídica, porque lo aplica de esa forma, que pasa con el ejercicio de la posesión y la actividad agrario del 2024 al 2021, porque se pierden? Y no solo eso, si realmente se revisa con cuidado la demanda y nos remitimos al hecho 4, allí se indica que la posesión de la actora, comenzó antes del 2013, fecha en que no precisaba, NO en el 2013, como lo afirma el Juzgado contrario a lo que allí se indica, y a lo que podría demostrarse de recibirse la prueba testimonial y demás pruebas ofrecidas. Porque consideramos que el juzgado se aparto de los criterios rectores de la materia agraria en Costa Rica. I. Principios Rectores del Derecho Agrario Costarricense El derecho agrario en Costa Rica se inspira en principios que lo distinguen del derecho civil común, buscando una aplicación más equitativa y adaptada a la realidad del campo. Entre los principios más relevantes se encuentran: Función Social de la Propiedad: Este es un pilar fundamental del derecho agrario. Implica que la propiedad de la tierra no es un derecho absoluto, sino que está sujeta a cumplir una función social, económica y ambiental. Esto garantiza la alimentación de la población con una distribución equitativa y busca que la tierra tenga su destino económico natural. La función social de la propiedad se valora no solo como una forma de acceso a la propiedad, sino también para garantizar el ejercicio de su función económica, social y ambiental Ver sentencia de Tribunal Agrario del 16/12/2024, número: 01186 . El incumplimiento de esta función, como el abandono de la propiedad, puede ser causal de expropiación, según lo establecido en la Ley de Tierras y Colonización La Tierra ha de ser de Quien la Trabaja: ( en este caso de la actora).  Este principio subraya la importancia del trabajo agrícola como fundamento para la adquisición y mantenimiento de la propiedad. Es el trabajo, y no solo el título formal, el que sustenta la usucapión agraria, y en el presente caso, se pretende demostrar con toda la prueba ofrecida y especialmente la que se reciba en la oralidad, que es la actora, la que ha trabajado a pesar de no contar con el título formal y desde antes del 2013, la propiedad objeto de la litis. Ver sentencia de la Sala Primera (Civil) de la CSJ del 13/06/2024, número: 00639. Los avalúos bancarios, los contrarios de arriendo, NO OTORGADOS por la actora, ni acreditado que tuviera conocimiento de ellos, no pueden ser utilizados para desmerecer la pruebe que se evacue en la oralidad y que represente la verdad real en este proceso agrario, aspecto que fue totalmente desatendido por la autoridad jurisdiccional, negándole de esa manera el derecho constitucional que tiene la actora al acceso a la justicia de conformidad con el articulo 41 de la Carta Magna. La usucapión agraria, aunque comparte requisitos con la civil (publicidad, pacificidad, continuidad, animus domini, causa posesoria lícita y buena fe), se mira impregnada de los principios generales del derecho agrario y particulares de la propiedad y posesión agroambiental Ver sentencia de Tribunal Agrario del 28/10/2020, número: 01023 . Principios Procesales Agrarios: El proceso agrario se inspira en principios como la concentración, inmediación, celeridad y gratuidad Ver sentencia de Tribunal Agrario del 13/06/2025, número: 00534 . En el presente caso, con la prueba documental que aporta el Banco Nacional de Costa Rica, prueba en la que no se involucra o compromete a la actora, el juez, sin que la misma sea analizada en audiencia oral, sin que sea confrontada con la prueba que se produzca al recibir prueba testimonial y confesional, decide darle pleno valor en contra dl principio de inmediación y de contradictorio. Estos principios buscan agilizar los procedimientos y garantizar un acceso efectivo a la justicia para los actores del sector agrario. Sobre este tema ha considerado el Tribunal Agrario que la violación de principios como la inmediación de la prueba y la identidad física del juzgador puede acarrear la nulidad absoluta de lo actuado, ya que el debido proceso legal es considerado un derecho humano fundamental en todas las materias, incluyendo la agraria Ver sentencia de Tribunal Agrario del 18/09/2024, número: 00915 . II. Verdad Real vs. Verdad Formal  Este es un tema, a nuestro criterio de vital importancia, para garantizar una efectiva administrativa de justicia en el derecho agrario. Aunque los términos "verdad real" o "verdad formal" no se mencionan explícitamente en los extractos, la naturaleza de los principios agrarios sugiere una clara inclinación hacia la verdad real. La función social de la propiedad y el principio de que "la tierra ha de ser de quien la trabaja" implican que el derecho agrario no se limita a la mera formalidad de los títulos de propiedad. Se busca indagar en la realidad material de la posesión, el uso y la explotación de la tierra, resultado indispensable en este proceso, que se recibiera todas las pruebas que fueron ofrecidas por la actora, aunque el señor juez, este decantado con la tesis de la actora, estaba obligado a tramitar el proceso o en su defecto, inhibirse por tal razón. La valoración del trabajo como fundamento de la usucapión agraria es un claro ejemplo de cómo la realidad de los hechos (el trabajo efectivo sobre la tierra) prevalece sobre la mera existencia o ausencia de un título formal en ciertos contextos. En este caso, el juzgado contrapone a esa verdad , la existencia de contratos de arrendamiento , no suscritos por la actora, o bien de títulos de propiedad antiguos, del titulo o registro de marcas de ganado, que se habían registrado para proteger el ganado que se cría en ese inmueble, contra el verdadero trabajo agrario, si más allá de ese titulo de la marca la actividad la desarrollaba o no la actora, pues para el juzgado fue suficiente, para desacreditar los hechos indicando que como había marca registrada a nombre del compañero de la actora ella no era la que desarrollaba la actividad, como si el titulo de la marca, sea el que determine quien desarrolla la actividad en la realidad. Nos encontramos señores juez, ante un evidente razonamiento falaz, que no sirve para nada , para buscar la forma de darle sostenibilidad a la tesis basada en suposiciones del señor juez a quo ante el desencanto con la tesis de la actora, al afirmar que lo que quiere es aprovecharse contra el banco, ella y los demás familiares, adoptaciones una posición totalmente parcializada, que justifica y exigía que se inhibiera de tramitar este caso, al no poderlo tramitar a nuestro criterio con objetividad. Los principios procesales de inmediación y concentración buscan que el juez tenga un contacto directo con las partes y las pruebas, permitiéndole formarse una convicción basada en la realidad de los hechos presentados, más allá de lo que pueda desprenderse únicamente de documentos. En este sentido, el derecho agrario costarricense tiende a buscar la verdad material o real de las situaciones, priorizando la justicia sustantiva y los fines sociales y económicos de la actividad agraria sobre las formalidades estrictas que podrían regir en otras ramas del derecho. Considero que, como agravio a parte de lo anterior, encontramos que en la sentencia anticipada y aquí apelado existen los siguientes que se señalan. Preponderancia de la Prueba Oral o Documental  Considero con el mayor de los respetos que no se le otorgo la preponderancia a la prueba oral contra la documental ofrecida por las partes, y se le dio valor únicamente a la prueba documental aportada por el Banco demandado, otorgándose un trato preferencial por tratarse de una entidad bancario estatal. Se olvido el juzgado a quo que, en cuanto a la valoración de la prueba, el proceso agrario costarricense, al ser un sistema oral, le otorga una preponderancia significativa a la prueba oral y al principio de inmediación. Inmediación de la Prueba: Como dije, el juez a quo, prefirió, darle valor de prueba plena, y a partir de ella, concluir aspectos que no se derivan de la prueba documental aportada por el Banco, sacrificando de esa manera, el principio de inmediatez de la prueba. Se olvida el juez a quo que este principio es fundamental en el proceso agrario. Significa que el juez debe tener contacto directo con las partes, los testigos, los peritos y las demás pruebas, especialmente las orales. Esto le permite apreciar de primera mano las declaraciones y formarse una convicción más sólida sobre los hechos Ver sentencia de Tribunal Agrario del 18/09/2024, número: 00915 . En el mismo sentido, el juzgado agrario, decidió apartarse del sistema oral en este proceso, y justificar una sentencia anticipada que ordena archivar el proceso y condenar a la actora al pago de costas, únicamente analizando la prueba documental aportada por el Banco demandado, a saber unos avalúos de vieja data en que no participa la actora, y realizados por en apariencia unos peritos del banco que se desconocen quienes son, y sobre los cuales no se ha dado reconocimiento de documentos al ser terceros ajenos al proceso. Con un contrario de arrendamiento que no está suscrito por la actora, con una certificación de matrimonios, para concluir que la actividad agraria en el sitio fue realiza por ella y su esposo, lo cual es totalmente insostenible en este proceso. Con una certificación antigua de marca de ganado, para decir que la actividad ganadera no era realizada realmente por la actora, sin ni quiera saber si para esa fecha se utilizaba o no por parte de la actora esa marca de ganado, o los criaba sin marcas. Si más allá de los permisos de funcionamiento otorgados por el Ministerio salud y la Municipalidad para la actividad de aserradero, si el mismo fue operado o no en la realidad por la actora, o por el propietario registral. No señores jueces del Tribunal de alzada, nada de esto consideró el a quo que era importante o necesario para determinar la verdad real de quien fue el que desarrollo la actividad agraria en el inmueble objeto de la litis, si lo hizo o no de buena fe, públicamente e ininterrumpidamente, por lo cual la disconformidad es tangible, pues se ha violado el debido proceso judicial, el derecho a la defensa y de acceso a la justicia de la parte actora, sin tomar en consideración los errores de valoración y apreciación de la prueba antes señalado en que incurre el aquo. Sistema Oral: La jurisdicción agraria opera bajo un sistema procesal oral, lo que implica que gran parte de la actividad probatoria se desarrolla de forma verbal en audiencias. Este sistema busca la celeridad en los procedimientos y la limitación de recursos de impugnación, lo que ha sido respaldado por la jurisprudencia constitucional Ver sentencia de Tribunal Agrario del 09/04/2025, número: 00333 . Como venimos recalcando si bien la prueba documental es importante y se utiliza en el proceso agrario, la estructura oral y los principios de inmediación y concentración implican que la prueba oral (testimonios, declaraciones de parte, peritajes verbales) tiene un peso considerable y es valorada directamente por el juzgador. El Código Procesal Agrario establece que las normas procesales civiles se aplicarán en lo pertinente, siempre que sean compatibles con los principios procesales agrarios Ver Ley 9609, Código Procesal Agrario. 27-09-2018, lo que refuerza la primacía de los principios agrarios en la valoración probatoria. En el presente caso, el señor juez decidió decir que la Agraria, era absoluta, o no esta actualizada, y que por ello declinaba su sometimiento al proceso laboral que también se regula por el principio de verdad real, para resolver conforme al derecho procesal civil, que se regula por el principio de verdad formal. Señalo a continuación algunos de los aspectos que se mencionan en la sentencia impugnada, para efectos ilustrativos y para evidenciar nuestra ponencia en este recurso de apelación. Nótese que la normativa procesal civil es más amplia, abarcando mayores supuestos de improponiblidad de la demanda, con lo cual caeríamos en el supuesto del artículo 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria en cuanto indica "en su defecto", porque considera este juzgador que no se vuelve necesario para la aplicación de la legislación laboral la ausencia total de norma, sino que el presupuesto necesario para la aplicación de otra norma procesal diferente a la laboral, es el hecho de que exista norma con mayor amplitud de posibilidades o facultades conferidas al juez…” “Además de lo anteriormente indicado es necesario entender que la interpretación de la norma agraria debe avanzar en el tiempo y no quedarse con lo que su literalidad indica, se debe recordar que al momento de la creación de la Ley N° 6734 del 29 de Marzo de 1982 sea la Ley de Jurisdicción Agraria, la legislación laboral era de reciente data en comparación con la normativa procesal civil de la época, por lo cual se entiende que el legislador lo que ha buscado es que la norma procesal más nueva sea la que informe al proceso agrario” (No tomo en cuenta el señor juez, que el actúal Codigo Procesal agrario, apenas entro en vigencia en el 2025, y no existe ninguna norma aplicable a la materia más reciente que este código, y no se modificó la remisión en primer orden al Código Laboral.)  “…y en este caso por ser la normativa procesal civil la más reciente y con mayores elementos de resolución de los asuntos, es por lo cual este juzgador aplica dicha norma procesal.” “CUARTO: SOBRE LA DEMANDA IMPROPONIBLE: En este caso la solicitud de la inadmisibilidad de la acción presentada por el Banco Nacional se entiende como una solicitud de demanda improponible “. (aquí el señor Juez, adopta una condición de parte, para modificar incluso la solicitud de la parte demandada, para adecuar a lo que consideraba tenia que haber solicitado y no lo hizo correcto, quebrantando el Principio de Juez imparcial) “Ahora bien si se creyera la tesis de que la actora inició en esa fecha una posesión de buena fe sobre los terrenos, debe indicarse que para la fecha 02 de Agosto de 2021 la señora Alfaro Vargas adquiere certeza que el Banco Nacional presenta reclamo contra las fincas aquí en litis. Hecho que se tiene por probado de la certificación aportada a imagen 1286 del expediente digital, la cual es un acta de notificación del proceso de Cobro con número de expediente 21-001922-1202-CJ, que es proceso del Banco Nacional de Costa Rica contra los aquí codemandados y también contra Geiner Enrique Rodríguez Vargas, quien es esposo de la aquí actora, según consta en la misma notificación. Esta notificación fue entregada a su persona por parte del notario Walter Jiménez Jiménez. Esto quiere decir que la señora Alfaro Vargas sólo duro como poseedora a nombre propio y a "título de dueña" durante ocho años, lo cual es insuficiente para lograr la usucapión y no podría alegarse que puede contabilizar una cadena posesoria de antiguos poseedores, porque según la misma su posesión deriva de un propietario registral y no de un poseedor a no domino. “  “Con respecto a las mejoras y accesiones reclamadas por la parte actora, entre la cual se indica la edificación de las estructuras existentes dentro de la propiedad sean casas de habitación y aserradero, debe indicarse que los avalúos realizados por el Banco demandado a fin de otorgarle préstamos a los propietarios registrales de las fincas en litis, denotan que las construcciones existen con antelación al año 2013 lo cual no permite entender que las edificaciones fueran realizadas con por la parte actora o se derivara de sus propios recursos.” “Es más, en este orden de ideas, si bien es cierto la actora presenta una marca de ganado a fin de demostrar su supuesta actividad agraria, debe indicarse que esa marca de ganado JR para el año 2016 le pertenecía al señor Geiner Rodríguez Vargas, quién ya se indicó es su esposo, lo que permite entender que la actividad agraria así como los recursos provienen de las actividades de su núcleo familiar “ (el juez no puede presumir que como estaba casada, entonces lo recursos fueron aportados por ambos esposos, tomando una competencia propia de un Juez familiar, ante un reclamo de esa naturaleza). Ahora bien, como último motivo para declarar la improponibilidad de este proceso es que se nota que se realiza en fraude procesal en contra del Banco Nacional. No es entendible como si el núcleo familiar de la parte actora sean estos lo señores Geiner Enrique Rodríguez Vargas (esposo), Jhonny Enrique Rodríguez Alfaro (hijo) y Jorge Rodríguez Murillo (suegro) la misma pueda alegar una usucapión en contra de los bienes de su hijo y suegro, alegando una posesión de buena fe y con los requisitos necesarios que exige el ordenamiento jurídico para la aplicación de esta figura, no es comprensible desde ningún punto de vista lógico que la señora Marlen Alfaro Vargas pueda considerarse dueña de fincas las cuales conoce previamente al 2013 por las adquisiciones de su núcleo familiar y que de pronto ella sea la titular de las mismas sin ningún tipo de título que las respalde y por la simple liberalidad su suegro de entregárselas en posesión.” (el señor juez evita la oralidad, donde las personas deban declarar, y puedan enfrentarle al contenido o letra muerta de los documentos en que fundamenta su fallo como plena prueba). “Así mismo tampoco es creíble que todas las edificaciones las haya realizado la señora actora del proceso, es más de la prueba aportada por el Banco demandado se demuestra que las edificaciones son anteriores a su supuesta entrada en posesión como titular de los bienes” Este tipo de razonamientos falaces, llevaron a viciar esa sentencia de nulidad, no se acredita de manera alguna con esa prueba documental, que mi representada, comenzara a poseer a patir del 2013, contrario a lo que dice la demanda desde ANTES DEL 2013. Ver hecho 4. “los avalúos son prueba contundente en contra de la tesis presentada por la parte actora, así mismo los diferentes elementos probatorios traídos al proceso por el Banco Nacional, como las patentes municipales y permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud para la realización de la actividad de aserradero, hacen notar que las edificaciones para la misma eran preexistentes.” NO es cierto que esa prueba documental desmerezca el argumento de la actora, pues en ningún momento se puede derivar de esos documentos, cual fue la persona que las construyo y en que momento, y con que recursos, propios o de familiares. “Es evidente que la parte actora lo que busca es distraer los bienes en su favor, para así dejar sin garantía los préstamos que el Banco Nacional les concedió a los demandados y recuperarlos en favor de su núcleo familiar, “ A mi consideración y con el mayor de los respetos para el señor juez, considero que él no sabe, quien o quienes constituyen el verdadero núcleo familiar de la actora, para presumirlo en su contra, pero considera esta representación que lo que si evidencia es que está totalmente identificado desde el inicio de la demanda a favor del Banco Nacional de Costa Rica, por lo cual debió inhibirse, tal y como se puede apreciar de los recursos de apelación que ya habían sido resueltos por este Tribunal agrario. Como hará el juez, que en definitiva tenga que dictar una sentencia de fondo en este asunto, si no evacua toda la prueba confesional y testimonial ofrecida, para que esa sentencia se acerque como debe ser a la verdad real de lo que ha sucedido, y evitar con ello, que se cometa la mayor injusticia con la parte actora, que cumpliendo con todos los requisitos y exigencias de la materia agraria se le nieguen sus pretensiones, que en su caso, si corresponden a las pruebas que ofrece. Por todas las razones antes expuestas, al considerar que nos encontramos frente a una sentencia nula, por violación al debido proceso y al de acceso a la justicia, tal y como se ha desarrollado en diferentes partes del recurso, solicito se revoque y/o anule la misma, y en su lugar, se ordene continuar con todo el proceso oral agrario."  (Ver expediente descargado en modo pdf, imágenes 1570 a 1579).-             

 VI.- En primer lugar, debe indicarse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria y 592 del Código de Trabajo, el Tribunal revisará, en primer término los procedimientos y si se encontrare alguna formalidad capaz de causar efectiva indefensión, decretará la nulidad de actuaciones o de resoluciones, y hasta donde sea necesario para orientar el curso normal del proceso. Del análisis del caso que se nos presenta, la demanda presenta pretensiones tanto principales como subsidiarias. La sentencia declara improponible las pretensiones princiaples de usucapión pero ni por asomo toma en cuenta las pretensiones subsidiarias, no analiza si también son o no improponibles y da por terminado al proceso y condena en costas a la actora. Tampoco analiza las pretensiones que se incluyeron en ampliación de demanda (Ver expediente descargado en modo pdf, imágenes 1 a 8 demanda, ampliación de demanda contra el Banco Nacional imagen 117 a 119). Ello implica que la sentencia sea absolutamente nula por incongruencia y falta de fundamentación, en infracción del artículo 54 de la ley de Jurisdicción Agraria; ya que el allanamiento de las pretensiones subsidiarias dichas no fueron analizadas ni resueltas, violentándose el debido proceso. Sobre tal aspecto la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha dicho:  "VI.-  La incongruencia, como causal de casación por la forma, por vicio de actividad, sucede, según lo ha dicho esta Sala en reiteradas oportunidades, cuando la sentencia:  a) no coincide con lo solicitado por las partes (extra petita) b) no resuelve alguna de las pretensiones oportunamente deducidas (mínima petitta);  c) contiene disposiciones contradictorias.  Por su medio, se busca garantizar el orden, la certeza, el equilibrio y  el derecho de defensa de cada una de las partes dentro del proceso judicial.  Si el fallo se acusa de incongruente, es preciso identificar el vicio e invocar vulnerados los numerales 99 y 153 del Código Procesal Civil, al ser los que imponen la obligación de resolver de acuerdo con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. "(Sentencia Nº 727 de las 11:35 horas del 29 de octubre de 2003 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).  "VII. Tocante al canon 155 del Código Procesal Civil, cuya violación se endilga, reiteradamente esta Sala ha resuelto que su transgresión sólo da entrada al recurso de casación, cuando ella incide en la incongruencia.  En relación, puede consultarse, entre otras, la sentencia número 88 de las 15 horas 15 minutos del 9 de agosto de 1996.  En consecuencia, el recurso será analizado por razones procesales.  La incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en sus escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en éste se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias."  (Sentencia Nº 728 de las 11:40 horas del 29 de octubre de 2003 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). En consecuencia, se acoge la nulidad concomitante y se anula la resolución recurrida.-

POR TANTO

 Se anula la resolución recurrida.-

 

 

 

 

 

 

 

	



MQAKSN5OFWQ61
CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	

 






PGPQ47AWQQ8C61
ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	



SLYEZQDRVMU61
ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 24-000303-0298-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:42:53.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**VOTE No. 2025001185**

**AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.—** At ten hours forty-three minutes on the eleventh of December of two thousand twenty-five.—

**ORDINARY PROCEEDING** filed by **MARLEN ALFARO VARGAS**, of legal age, married once - farmer, resident of Alajuela, San Carlos, identity card number two - four hundred seven - three hundred twenty-five; against **JORGE RODRÍGUEZ MURILLO**, of legal age, married once, farmer, resident of Alajuela, San Carlos, identity card number two - two hundred twenty - two hundred fifteen; **JHONNY ENRIQUE RODRÍGUEZ ALFARO**, of legal age, married once, farmer, resident of Alajuela, San Carlos, identity card number two - five hundred eighty-nine - four hundred twenty-one and **BANCO NACIONAL DE COSTA RICA**, legal entity identification number four- zero zero zero - zero thousand twenty-one. Attorney Marvin Martínez Meléndez, bar association number seven thousand three hundred ninety-four, acts as special judicial representative for the plaintiff. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, San Carlos.

Judge Picado Vargas writes; and,

**CONSIDERING:**

**I.- REGARDING THE CLAIMS:** The plaintiff filed a lawsuit valued at sixty million colones and requests in its claims: "PRINCIPAL. 1. That this lawsuit be declared with merit in all its terms and the defendants be ordered to pay both costs of this action. 2. That agricultural usucapion (usucapión agraria) of both properties be declared with merit in favor of my client, ordering the NATIONAL REAL ESTATE REGISTRY to register them in her name free of encumbrances and notations, namely, the properties of the Alajuela district, real folio numbers 145300-000 and real folio 370762-000. 3. Since this constitutes a single agricultural unit, the consolidation of both properties be ordered, preserving the real folio number of the larger property. SUBSIDIARY. 1. That accession (accesión) of the buildings constructed by my client on property 145300-000, previously mentioned, be declared, ordering that a right be registered in favor of the plaintiff, proportional to the value of the buildings in relation to the value of the property before they were constructed, and according to the expert appraisal to be appointed in the proceedings. The buildings are prudentially estimated at the sum of 60 million colones." The plaintiff expands her lawsuit against Banco Nacional de Costa Rica under the following claims: "1. That this ordinary lawsuit against BANCO NACIONAL DE COSTA RICA be declared with merit in all its terms, and it be declared that my client has a better right than the defendant Bank to become the titleholder by agricultural usucapion of the mentioned property. 2. That it be declared that the agricultural usucapion over the properties of the Alajuela district, real folio numbers 145300-000 and real folio 370762-000, operated in favor of the plaintiff before BANCO NACIONAL DE COSTA RICA acquired said land by judicial sale. 3. That the Real Estate Registry be ordered to register the properties of the Alajuela district, real folio numbers 2-145300-000 and real folio 2-370762-000, in the name of the plaintiff, free of encumbrances and notations. 4. In the event of opposition by BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, it is requested that it be ordered to pay both costs of this proceeding." (Expansion of the lawsuit from image 117 to 119 of the digital file). The defendant Bank answered the lawsuit against it and filed the defenses of Lack of Right, Lack of Active and Passive Standing, as well as Inadmissibility of the action understood in this case as a request to declare the lawsuit untenable (See file downloaded in pdf format, images 1 to 8 lawsuit, expansion of lawsuit against Banco Nacional image 117 to 119).—

**II.- HEARING:** The Court, by resolution at fifteen hours and five minutes on May twenty of the year two thousand twenty-five, granted the plaintiff a hearing regarding a potentially untenable lawsuit, in accordance with article 35.5.1 and 35.5.9 of the Civil Procedure Code, applied supplementarily in this matter, by express provision of article 26 of the Ley de Jurisdicción Agraria. In that regard, the plaintiff pronounced on the matter and filed a request for a declaration of nullity and to correct the proceedings, which was rejected by resolution at thirteen hours and five minutes on May twenty-three of the year two thousand twenty-five. (See file downloaded in pdf format, hearing at images 1534 and hearing response 1537 to 1538).—

**III.- APPEALED RESOLUTION:** Judge William Roberto Arburola Castillo, by Anticipated Judgment No. 2025000429 at fifteen hours and forty-six minutes on September tenth of the year two thousand twenty-five, resolved: "On the grounds set forth above, THE LAWSUIT BY MARLEN ALFARO VARGAS, who is of legal age, married once, farmer, resident of Alajuela, San Carlos, Venado, Linda Vista, 800 meters North of the Public School; holder of identity card number 2- 0407-0325 is DECLARED UNTENABLE against; JORGE RODRÍGUEZ MURILLO, who is of legal age, married once, farmer, resident of Alajuela, San Carlos, Venado, Linda Vista, 800 meters North of the Public School, holder of identity card number 2-0220-0215, JHONNY ENRIQUE RODRÍGUEZ ALFARO, who is of legal age, married once, farmer, resident of Alajuela, San Carlos, Venado, Linda Vista, 800 meters North of the Public School, holder of identity card number 2-0589-0421 and BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, legal entity identification number 4-000-001021. Mrs. Alfaro Vargas is ordered to pay both costs of the proceeding in favor of Banco Nacional de Costa Rica. Once this judgment is final, the lifting of the existing precautionary measures is ordered." (See file downloaded in pdf format, images 1557 to 1567).—

**IV.-** Due to the manner in which this will be resolved, no pronouncement is made regarding the facts held as proven.—

**V.-** The plaintiff, through her special judicial representative, attorney Marvin Martínez Meléndez, files an appeal against said resolution, stating the following: "We can observe how this office, from the very beginning of the proceeding, has inclined towards the thesis presented by the plaintiff as the factual basis, by not giving it credibility at the outset, considering that there are encumbrances in favor of Banco Nacional de Costa Rica, and that said authority considers the plaintiff must have known of them. To this effect, I refer to the considerations of the vote of the Agrarian Tribunal in this Judicial file, where an appeal was declared with merit. (VOTE No. 2025000221 AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. - At thirteen hours forty-nine minutes on March eighteenth of two thousand twenty-five.) We see a very serious fact in this judgment. The Judge assumes a position of Judge and party, since he decides to unilaterally correct and modify the requests of the defendant Banco Nacional de Costa Rica, to then resolve his presumed request that it never made. The Judge literally affirms that he will not act upon the Bank's request, but rather that he has modified it in the following manner "…" and then resolves what he himself requests, acting, with all due respect, as judge and party. By resolving the judgment beforehand, the lower court completely and absolutely detracts from the orality of the proceeding, from the importance of the real truth, which must emerge in an adversarial proceeding, where all parties can question the witnesses and conduct a confrontational analysis with the documentary evidence provided, and takes the documentary evidence provided by Banco Nacional de Costa Rica as full evidence, to conclude that with it, it is sufficient to have proven that the facts of the lawsuit ARE NOT CERTAIN. It holds as proven, an aspect WITHOUT ANY EVIDENCE, that the contributions to the buildings and for the development of the agrarian activity on that property were contributions of a marital partnership and not of the plaintiff alone, an aspect that highlights the questionable inclination of that authority to reach these conclusions, and even adopting powers proper to a family judge which is not the case. In his legal analysis, he affirms aspects, deciding to apply civil law, even though Agrarian Legislation refers to the Labor Code, simply because he says that, in his opinion, one must understand that, due to the date, this legislation is outdated; in other words, he resolves against the law itself, justifying himself based on a personal and not legal criterion. The appealed authority fully departs from the purpose of agrarian law, and which has to do with, beyond good faith, the issue of the social purpose given to the property subject to litigation, and which as is intended to be demonstrated in this case, is an agrarian activity developed by the plaintiff for more than 10 years; hence, even if she developed that activity personally, before her father-in-law and co-defendant here told her to keep the property as her own and continue carrying out that activity, that previous period is not disregarded for completing the time required for usucapion. Let us see. According to the authority's calculations, it is indicated that the plaintiff did not complete the 10 years of possession, because she was notified in the year 2021, and there her good faith possession was interrupted, without offering a logical and legal explanation, why it is applied in that manner, what happens with the exercise of possession and the agrarian activity from 2024 to 2021, why are they lost? And not only that, if one actually carefully reviews the lawsuit and we refer to fact 4, it is indicated there that the plaintiff's possession began before 2013, a date she did not specify, NOT in 2013, as the Court affirms contrary to what is indicated there, and to what could be demonstrated if the testimonial evidence and other offered evidence were received. Because we consider that the court departed from the guiding criteria of agrarian law in Costa Rica. I. Guiding Principles of Costa Rican Agrarian Law Agrarian law in Costa Rica is inspired by principles that distinguish it from common civil law, seeking a more equitable application adapted to the reality of the countryside. Among the most relevant principles are: Social Function of Property: This is a fundamental pillar of agrarian law. It implies that land ownership is not an absolute right, but is subject to fulfilling a social, economic, and environmental function. This guarantees the population's food supply with equitable distribution and seeks for the land to have its natural economic destination. The social function of property is valued not only as a form of access to property, but also to guarantee the exercise of its economic, social, and environmental function. See judgment of the Agrarian Tribunal of 12/16/2024, number: 01186. Failure to fulfill this function, such as the abandonment of the property, may be grounds for expropriation, as established in the Ley de Tierras y Colonización. The Land Must Belong to Whoever Works It: ( in this case the plaintiff). This principle underscores the importance of agricultural work as the foundation for the acquisition and maintenance of property. It is work, and not just the formal title, that sustains agricultural usucapion, and in the present case, it is intended to be demonstrated with all the evidence offered and especially that received in the oral proceedings, that it is the plaintiff who has worked the property subject to litigation despite not having the formal title and since before 2013. See judgment of the First Chamber (Civil) of the Supreme Court of Justice of 06/13/2024, number: 00639. Bank appraisals, lease agreements, NOT GRANTED by the plaintiff, nor accredited that she had knowledge of them, cannot be used to detract from the evidence produced in the oral proceedings and that represents the real truth in this agrarian proceeding, an aspect that was totally neglected by the jurisdictional authority, thereby denying the plaintiff's constitutional right to access to justice in accordance with article 41 of the Magna Carta. Agricultural usucapion, although it shares requirements with civil usucapion (publicity, peacefulness, continuity, animus domini, lawful possessory cause, and good faith), is viewed imbued with the general principles of agrarian law and the particular principles of agro-environmental property and possession. See judgment of the Agrarian Tribunal of 10/28/2020, number: 01023. Agrarian Procedural Principles: The agrarian proceeding is inspired by principles such as concentration, immediacy, celerity, and gratuity. See judgment of the Agrarian Tribunal of 06/13/2025, number: 00534. In the present case, with the documentary evidence provided by Banco Nacional de Costa Rica, evidence in which the plaintiff is not involved or compromised, the judge, without it being analyzed in an oral hearing, without it being confronted with the evidence produced upon receiving testimonial and confessional evidence, decides to give it full value against the principle of immediacy and adversarial principle. These principles seek to expedite proceedings and guarantee effective access to justice for actors in the agrarian sector. On this topic, the Agrarian Tribunal has considered that the violation of principles such as the immediacy of evidence and the physical identity of the judge can lead to the absolute nullity of the proceedings, since due legal process is considered a fundamental human right in all matters, including agrarian. See judgment of the Agrarian Tribunal of 09/18/2024, number: 00915. II. Real Truth vs. Formal Truth This is an issue, in our view, of vital importance to guarantee effective administration of justice in agrarian law. Although the terms "real truth" or "formal truth" are not explicitly mentioned in the extracts, the nature of agrarian principles suggests a clear inclination towards real truth. The social function of property and the principle that "the land must belong to whoever works it" imply that agrarian law is not limited to the mere formality of property titles. It seeks to investigate the material reality of possession, use, and exploitation of the land, an essential result in this proceeding, that all the evidence offered by the plaintiff be received; even if the judge was inclined against the plaintiff's thesis, he was obligated to process the proceeding or, failing that, recuse himself for that reason. The valuation of work as the foundation of agricultural usucapion is a clear example of how the reality of the facts (effective work on the land) prevails over the mere existence or absence of a formal title in certain contexts. In this case, the court counterposes to that real truth the existence of lease contracts, not signed by the plaintiff, or old property titles, or the title or registration of cattle brands, which had been registered to protect the cattle raised on that property, against the true agrarian work. If beyond that brand title, the activity was or was not carried out by the plaintiff, for the court it was sufficient to discredit the facts, indicating that as there was a registered brand in the name of the plaintiff's partner, she was not the one carrying out the activity, as if the brand title determines who carries out the activity in reality. We find ourselves, judges, before an evidently fallacious reasoning, which serves no purpose, to find a way to give sustainability to the thesis based on the suppositions of the lower court judge given his disenchantment with the plaintiff's thesis, by affirming that what she wants is to take advantage against the bank, she and the other family members, adopting a totally biased position, which justified and required that he recuse himself from processing this case, being unable, in our view, to process it with objectivity. The procedural principles of immediacy and concentration seek for the judge to have direct contact with the parties and the evidence, allowing him to form a conviction based on the reality of the facts presented, beyond what may be derived only from documents. In this sense, Costa Rican agrarian law tends to seek the material or real truth of situations, prioritizing substantive justice and the social and economic ends of agrarian activity over the strict formalities that could govern in other branches of law. I consider that, as a grievance apart from the foregoing, we find the following in the anticipated judgment appealed here. Preponderance of Oral or Documentary Evidence I consider with the utmost respect that preponderance was not given to oral evidence over the documentary evidence offered by the parties, and value was given only to the documentary evidence provided by the defendant Bank, granting preferential treatment because it is a state banking entity. The lower court forgot that, regarding the assessment of evidence, the Costa Rican agrarian proceeding, being an oral system, grants significant preponderance to oral evidence and the principle of immediacy. Immediacy of Evidence: As I said, the lower court preferred to give it the value of full evidence, and from it, conclude aspects that do not derive from the documentary evidence provided by the Bank, thus sacrificing the principle of immediacy of evidence. The lower court forgets that this principle is fundamental in the agrarian proceeding. It means that the judge must have direct contact with the parties, witnesses, experts, and other evidence, especially oral evidence. This allows him to appreciate firsthand the declarations and form a more solid conviction about the facts. See judgment of the Agrarian Tribunal of 09/18/2024, number: 00915. In the same sense, the agrarian court decided to depart from the oral system in this proceeding, and justify an anticipated judgment that orders the case to be archived and condemns the plaintiff to pay costs, only analyzing the documentary evidence provided by the defendant Bank, namely some old appraisals in which the plaintiff did not participate, and carried out by apparent bank experts of unknown identity, and on which document recognition has not been carried out, being third parties unrelated to the proceeding. With a lease agreement not signed by the plaintiff, with a marriage certification, to conclude that the agrarian activity on the site was carried out by her and her husband, which is totally unsustainable in this proceeding. With an old cattle brand certification, to say that the livestock activity was not actually carried out by the plaintiff, without even knowing if that cattle brand was used or not by the plaintiff at that date, or if she raised them without brands. Without knowing, beyond the operating permits granted by the Ministry of Health and the Municipality for the sawmill activity, whether the same was actually operated or not by the plaintiff, or by the registered owner. No, judges of the appellate Tribunal, none of this did the lower court consider important or necessary to determine the real truth of who carried out the agrarian activity on the property subject to litigation, whether they did so in good faith, publicly, and uninterruptedly, for which the disagreement is tangible, as due legal process, the right to defense, and access to justice for the plaintiff have been violated, without taking into consideration the errors in valuation and appreciation of the evidence previously pointed out incurred by the lower court. Oral System: The agrarian jurisdiction operates under an oral procedural system, which implies that a large part of the evidentiary activity takes place verbally in hearings. This system seeks celerity in proceedings and the limitation of appeals, which has been supported by constitutional jurisprudence. See judgment of the Agrarian Tribunal of 04/09/2025, number: 00333. As we have been emphasizing, although documentary evidence is important and is used in the agrarian proceeding, the oral structure and the principles of immediacy and concentration imply that oral evidence (testimonies, parties' declarations, verbal expert opinions) carries considerable weight and is valued directly by the judge. The Código Procesal Agrario establishes that civil procedural rules shall apply as pertinent, provided they are compatible with agrarian procedural principles. See Ley 9609, Código Procesal Agrario. 09-27-2018, which reinforces the primacy of agrarian principles in evidentiary assessment. In the present case, the judge decided to say that the Agrarian law was absolute, or is not updated, and that therefore he declined his submission to the labor proceeding which is also governed by the principle of real truth, to resolve according to civil procedural law, which is governed by the principle of formal truth. I point out below some of the aspects mentioned in the appealed judgment, for illustrative purposes and to demonstrate our presentation in this appeal. Note that the civil procedural law is broader, covering more grounds for the untenability of the lawsuit, which would fall under the provision of article 26 of the Ley de Jurisdicción Agraria regarding "in its absence", because this Judge considers that the total absence of a norm is not necessary for the application of labor legislation, but rather the necessary prerequisite for the application of a procedural norm other than the labor one is the fact that there exists a norm with a broader scope of possibilities or powers conferred on the judge…" "In addition to what is indicated above, it is necessary to understand that the interpretation of the agrarian norm must advance in time and not remain with what its literal wording indicates; it must be remembered that at the time of the creation of Ley No. 6734 of March 29, 1982, which is the Ley de Jurisdicción Agraria, the labor legislation was recent compared to the civil procedural law of the time, therefore it is understood that the legislator has sought for the newest procedural norm to inform the agrarian proceeding" (The Judge did not take into account that the current Código Procesal Agrario only just came into effect in 2025, and there is no norm applicable to the matter more recent than this code, and the referral in the first order to the Labor Code was not modified.) "…and in this case, because the civil procedural law is the most recent and with greater elements for resolving matters, this is why this Judge applies said procedural norm." "FOURTH: ON THE UNTENABLE LAWSUIT: In this case, the request for inadmissibility of the action filed by Banco Nacional is understood as a request for an untenable lawsuit." (here the Judge adopts the condition of a party, to even modify the request of the defendant party, to adapt it to what he considered it should have requested and did not correctly do, violating the Principle of an Impartial Judge) "However, if the thesis were believed that the plaintiff began a good faith possession of the lands on that date, it must be indicated that as of August 02, 2021, Mrs. Alfaro Vargas acquires certainty that Banco Nacional is filing a claim against the properties here in litigation. A fact held as proven from the certification provided at image 1286 of the digital file, which is a notification record of the Collection proceeding with file number 21-001922-1202-CJ, which is a proceeding by Banco Nacional de Costa Rica against the co-defendants here and also against Geiner Enrique Rodríguez Vargas, who is the husband of the plaintiff here, as stated in the same notification. This notification was delivered to her person by notary Walter Jiménez Jiménez. This means that Mrs. Alfaro Vargas only lasted as a possessor in her own name and as 'owner' for eight years, which is insufficient to achieve usucapion and it could not be alleged that she can count a possessory chain from previous possessors, because according to her own account her possession derives from a registered owner and not from a possessor lacking title (a non domino)." "Regarding the improvements and accessions claimed by the plaintiff, among which the construction of the existing structures within the property, namely dwelling houses and sawmill, is indicated, it must be noted that the appraisals carried out by the defendant Bank in order to grant loans to the registered owners of the properties in litigation, denote that the constructions exist prior to the year 2013, which does not allow understanding that the buildings were constructed by the plaintiff or derived from her own resources." "Furthermore, in this line of thought, although it is true the plaintiff presents a cattle brand to demonstrate her alleged agrarian activity, it must be indicated that this cattle brand JR for the year 2016 belonged to Mr. Geiner Rodríguez Vargas, who has already been stated to be her husband, which allows understanding that the agrarian activity as well as the resources come from the activities of her family nucleus" (the judge cannot presume that because she was married, the resources were contributed by both spouses, thereby adopting a power proper to a Family Judge, in the face of a claim of that nature). Now, as the last reason to declare the untenability of this proceeding is that it is noted to be carried out in procedural fraud against Banco Nacional. It is not understandable how, if the plaintiff's family nucleus are these individuals Geiner Enrique Rodríguez Vargas (husband), Jhonny Enrique Rodríguez Alfaro (son), and Jorge Rodríguez Murillo (father-in-law), she can allege usucapion against the properties of her son and father-in-law, alleging good faith possession with the necessary requirements that the legal system demands for the application of this figure; it is not comprehensible from any logical point of view that Mrs. Marlen Alfaro Vargas can consider herself the owner of properties which she knew of prior to 2013 through the acquisitions of her family nucleus and that suddenly she is the titleholder of the same without any type of title to support her and by the simple liberality of her father-in-law to hand them over to her in possession." (the judge avoids the orality, where the people must declare, and can confront them with the content or dead letter of the documents on which he bases his ruling as full evidence). "Likewise, it is not credible that all the buildings were constructed by the plaintiff in the proceeding; moreover, from the evidence provided by the defendant Bank, it is demonstrated that the buildings predate her supposed entry into possession as titleholder of the properties" This type of fallacious reasoning led to vitiating that judgment with nullity; it is in no way accredited with that documentary evidence that my client began to possess as of 2013, contrary to what the lawsuit says from BEFORE 2013. See fact 4. "the appraisals are compelling evidence against the thesis presented by the plaintiff, likewise the different evidentiary elements brought to the proceeding by Banco Nacional, such as municipal licenses and operating permits from the Ministry of Health for carrying out the sawmill activity, make it noticeable that the buildings for it were pre-existing." It is NOT true that this documentary evidence diminishes the plaintiff's argument, because in no way can it be derived from those documents who was the person that built them and at what time, and with what resources, their own or from family members. "It is evident that what the plaintiff seeks is to divert the properties in her favor, in order to leave the loans that Banco Nacional granted to the defendants without guarantee, and recover them in favor of her family nucleus," In my consideration and with the greatest respect for the judge, I consider that he does not know who or who constitute the true family nucleus of the plaintiff, to presume it against her, but this representation considers that what it does evidence is that he is totally identified from the beginning of the lawsuit in favor of Banco Nacional de Costa Rica, for which he should have recused himself, as can be seen from the appeals that had already been resolved by this Agrarian Tribunal. How will the judge, who ultimately has to issue a judgment on the merits in this matter, do so if he does not produce all the confessional and testimonial evidence offered, so that this judgment comes as close as it should to the real truth of what has happened, and thereby prevent the greatest injustice from being committed against the plaintiff, who, fulfilling all the requirements and demands of agrarian law, is denied her claims, which in her case, do correspond to the evidence she offers.

For all the reasons set forth above, considering that we are faced with a null judgment, due to violation of due process and access to justice, as has been developed in different parts of the appeal, I request that it be revoked and/or annulled, and in its place, that the entire oral agrarian proceeding be ordered to continue." (See case file downloaded in pdf mode, images 1570 to 1579).-

VI.- First, it must be noted that in accordance with the provisions of articles 26 of the Ley de Jurisdicción Agraria and 592 of the Labor Code, the Court shall review, first of all, the procedures and if any formality capable of causing effective defenselessness is found, it shall decree the nullity of actions or resolutions, and insofar as necessary to guide the normal course of the proceeding. From the analysis of the case before us, the complaint presents both principal and subsidiary claims. The judgment declares the principal claims of usucapion (usucapión) unviable but does not even remotely take into account the subsidiary claims, does not analyze whether they are also unviable or not, and terminates the proceeding and orders costs against the plaintiff. Neither does it analyze the claims that were included in the amendment to the complaint (See case file downloaded in pdf mode, images 1 to 8 complaint, amendment to the complaint against Banco Nacional image 117 to 119). This implies that the judgment is absolutely null due to incongruence and lack of reasoning, in violation of article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria; since the acquiescence of said subsidiary claims were not analyzed or resolved, violating due process. On this aspect, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has stated: "VI.- Incongruence, as a ground for cassation on the form, for procedural defect, occurs, as this Chamber has repeatedly stated, when the judgment: a) does not coincide with what was requested by the parties (extra petita) b) does not resolve any of the claims timely raised (mínima petita); c) contains contradictory provisions. Through it, the aim is to guarantee order, certainty, balance, and the right of defense of each of the parties within the judicial process. If the ruling is accused of being incongruent, it is necessary to identify the defect and invoke the violation of numerals 99 and 153 of the Código Procesal Civil, as they are the ones that impose the obligation to resolve in accordance with the claims timely raised by the parties." (Judgment No. 727 of 11:35 hours on October 29, 2003, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice). "VII. Regarding canon 155 of the Código Procesal Civil, the violation of which is alleged, this Chamber has repeatedly resolved that its transgression only gives entry to the cassation appeal when it affects incongruence. In relation, one may consult, among others, judgment number 88 of 15 hours 15 minutes on August 9, 1996. Consequently, the appeal will be analyzed for procedural reasons. Incongruence lies in the lack of relationship between what was requested by the parties, not throughout the process, but in their statements of claim or counterclaim as well as in their respective answers, and what was resolved in the ruling, not because it decides something different from what the litigants wanted, but because a pronouncement on some point submitted to debate is omitted, or more than what was requested is granted, or because what is resolved does not correspond with what was requested, or because it contains contradictory provisions." (Judgment No. 728 of 11:40 hours on October 29, 2003, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice). Consequently, the concomitant nullity is sustained and the appealed resolution is annulled.-

POR TANTO

The appealed resolution is annulled.-










	


MQAKSN5OFWQ61
CARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A

	









PGPQ47AWQQ8C61
ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A

	

	



SLYEZQDRVMU61
ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A


EXP: 24-000303-0298-AG

II Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: [email protected]


Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:42:53.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República