Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Se resuelve declarar con lugar el reclamo incoado por las razones que de seguido se indicarán. De la escucha atenta de la sentencia oral aquí cuestionada, respaldada en el archivo digital 220002091130PE-19082025014006-2_Multi.mp4, ha verificado esta Cámara que lleva razón la recurrente en cuanto al hecho que la misma es omisa en lo que respecta a los motivos o razones por las que el tribunal de juicio cuantifica el daño ambiental indemnizable causado por el demandado civil [Nombre 001], en la suma de tres mil dólares americanos, lo que a todas luces quebranta el deber de fundamentación de las resoluciones judiciales que tienen los juzgadores que conocen de una determinada causa, tal cual lo instituye el ordinal 142 del Código Procesal Penal... No obstante lo anterior, cuando fija el monto a pagar por concepto de indemnización por el daño causado, no existe un solo razonamiento en toda la sentencia oral que explique a las partes el motivo por el cual tal daño fue estimado en la suma de tres mil dólares ($3.000), por lo que no se podrá tener conocimiento de cuál sería la motivación del juez para establecer dicho quantum, de ahí que es claro que existe un vicio de ausencia de fundamentación en cuanto a este extremo, pese a que en el expediente se contaba con prueba pericial que le pudo servir de sustento a su decisión.
English (translation)It is resolved to grant the claim raised for the reasons set forth below. Upon careful listening of the oral judgment here challenged, supported by the digital file 220002091130PE-19082025014006-2_Multi.mp4, this Chamber has verified that the appellant is correct in that the judgment is silent regarding the reasons or grounds on which the trial court quantified the compensable environmental damage caused by the civil defendant [Name 001] in the sum of three thousand US dollars, which patently violates the duty to state reasons for judicial decisions incumbent on judges hearing a given case, as established by Article 142 of the Criminal Procedure Code... However, when determining the amount to be paid as compensation for the damage caused, there is not a single line of reasoning in the entire oral judgment that explains to the parties why such damage was estimated at three thousand dollars ($3,000), making it impossible to know what the judge's motivation was for setting said quantum; hence, it is clear that there is a defect of lack of reasoning regarding this point, even though the file contained expert evidence that could have supported his decision.
Partially granted
Grande Normal Pequeña Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Resolución Nº 00061 - 2026 Fecha de la Resolución: 14 de Enero del 2026 a las 10:35 Expediente: 22-000209-1130-PE Redactado por: María Ester Vargas Monge Clase de asunto: Recurso de apelación Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencia con nota separada Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución Resolución: 2026-0061 Expediente: 22-000209-1130-PE(17) TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, al ser las diez horas treinta y cinco minutos, del catorce de enero de dos mil veintiséis.- RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], [...]; por el delito de INGRACCIÓN A LA LEY DE VIDA SILVESTRE, en perjuicio de MEDIO AMBIENTE. Intervienen en la decisión las juezas María Ester Vargas Monge, Elizabeth Montero Mena y el juez Edwin Salinas Durán. Se apersonaron en esta sede la licenciada Christine Castro Solano como defensora pública del encartado y licenciada Margot Avellán Ruíz en representación de la Procuraduría General de la República. RESULTANDO: I.- Que mediante sentencia número 338-2025, de las trece horas cuarenta minutos del diecinueve de agosto de dos mil veinticinco, el Tribunal Penal de Flagrancia de Limón, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con los artículos 39 y 41 de la Constitución Política; artículos 8.1 y 8.2 de la Convención Americana de los Derechos; artículos 1, 12, 13, 142, 180 al 184, 373 al 375, 422 al 436 del Código Procesal Penal y artículo 6 de la Ley 8325, Ley de Protección, consevación y recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas; y artículo 95 inciso a) de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre Nº 7317 y artículos 488 del Código Procesal Penal, 103 del Código Penal y 1045 del Código Civil; se DECLARA a [Nombre 001] autor responsable de un delito de INFRACCION A LA LEY DE VIDA SILVESTRE cometido en perjuicio del MEDIO AMBIENTE y por tal motivo se le impone la pena de UN AÑO DE PRISIÓN, pena que deberá descontar en el lugar y forma que determinen los respectivos reglamentos penitenciarios, previo abono de la prisión preventiva que hubiere sufrido. Se declara con lugar la Querella y la Acción Civil Resarcitoria incoada por la Procuraduría General de la República contra el imputado y demandado civil [Nombre 001] y se condena al demandado civil al pago de TRES MIL DOLARES por concepto de DAÑO AMBIENTAL a favor de la actora civil, más los intereses legales desde la comisión del ilícito e intereses moratorios correspondientes, mismos que deberán liquidarse en ejecución de sentencia en la vía correspondiente (artículo 488 CPP). Igualmente se le condena al pago de las costas personales y procesales. De conformidad con los artículos 59 a 63 del Código Penal se le otorga el beneficio de ejecución condicional por un periodo de prueba de tres años, tiempo durante el cual no podrá cometer delito doloso sancionado con pena superior a seis meses de prisión caso contrario se le revocará dicho beneficio. Firme la sentencia envíense los testimonios de estilo ante el Juzgado de Ejecución de la Pena, Instituto Nacional de Criminología, Registro Judicial EXP: 22-000209-1130-PE I Circuito Judicial de Limón, Limón centro, Edificio de los tribunales, Tercer piso Teléfonos: 2799-1435, 2799-1434 ó 2799-1433. Fax: 2799-1432. Correo electrónico: [email protected] para lo de sus cargos. Las Partes quedan notificadas de forma oral de conformidad con el artículo 429 del CPP y el encartado de forma personal por encontrarse presente (los detalles constan en formato digital y quedan a disposición de las partes en la Secretaría del Despacho). RONALD ABARCA SOLANO, JUEZ." (sic). II.- Que contra el anterior pronunciamiento, la licenciada Christine Castro Solano como defensora pública del encartado, interpusieron recurso de apelación. III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación. IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. Redacta la jueza de Apelación de Sentencia Penal Vargas Monge; y, CONSIDERANDO: I.- Admisibilidad y otros: (A) Antecedentes. Mediante sentencia oral Nº338-2025, de las trece horas cuarenta minutos del diecinueve de agosto de dos mil veinticinco, el Tribunal Penal de Flagrancias de Limón, CONDENÓ al imputado [Nombre 001] por un delito de INFRACCIÓN A LA LEY DE VIDA SILVESTRE, cometido en perjuicio del MEDIO AMBIENTE y en tal carácter le impuso la pena de UN AÑO DE PRISIÓN, concediéndosele el beneficio de ejecución condicional por el plazo de tres años. Asimismo, se le CONDENÓ CIVILMENTE al pago de TRES MIL DÓLARES por concepto de daño ambiental, así como al pago de los intereses legales desde la comisión del ilícito e intereses moratorios correspondientes. (B) Admisibilidad. Del estudio del expediente, así como de la impugnación planteada, se determinó que dicho recurso fue presentado en tiempo y forma, dentro de los quince días hábiles posteriores a la lectura integral de la sentencia. En este sentido, se tiene que la resolución aquí impugnada fue notificada de manera oral el día diecinueve de agosto de dos mil veinticinco (Cfr. folio 3 del legajo de apelación), por lo que el plazo para presentar el recurso vencía el nueve de setiembre de ese mismo año, siendo que este fue subido al escritorio virtual el propio día de su vencimiento, según se desprende de la revisión de escritos de dicho sistema. Asimismo, este recurso fue interpuesto por la licenciada Christine Castro Solano, en su condición de defensora pública del encartado, quien al representar los intereses del acusado se encuentra legitimada para apelar. También se verificó que la impugnación presentada se dirige contra la sentencia condenatoria de primera instancia, con lo que cumplen con los requisitos de impugnabilidad subjetiva y objetiva, regulados en los artículos 458, 459 y 460 del Código Procesal Penal, lo cual permite su conocimiento de fondo, en los términos establecidos en el ordinal 8.2 h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. II.- En el único motivo de apelación interpuesto, se reclama la existencia de un vicio de “Falta de fundamentación. Inconformidad con la fijación de las consecuencias civiles”, lo que sustenta en los ordinales 8.2. b), 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y; 1, 6, 12, 142, 184 y 363 del Código Procesal Penal. Reclama la impugnante falta de fundamentación y proporcionalidad en cuanto a la sanción pecuniaria impuesta, lo que le causa agravio a su patrocinado. Razona, que el deber de fundamentar debe de estar presente también a la hora que se establezcan las consecuencias civiles producto de una acción contraria a la ley, dado que su naturaleza no le exime de exponer la motivación. Explica que el tribunal expone a partir del minuto 39:34 del archivo audiovisual 220002091130PE-19082025014006-2_Multi) sus alegatos en cuanto a las consecuencias civiles del delito; sin embargo, inobservó las condiciones personales del encartado, toda vez que desde el inicio del proceso se ha evidenciado que su patrocinado es una persona de escasos recursos, por lo que valora que imponer una retribución económica de tres mil dólares más intereses, es a todas luces desproporcional e ilegítimo. Valora que la decisión tomada en relación a tales extremos carece de una debida y legítima fundamentación, dado que la sentencia debe contener los motivos por los que se decide de una manera en concreto para cada punto específico, debiendo tomar en consideración para ello de todos los aspectos y no solo de lo peticionado por la Procuraduría General de la República. Manifiesta que si bien es consciente que medió un daño ambiental, lo cierto es, que también deben de ponderarse de manera objetiva las condiciones establecidas en la legislación, entre las que se encuentran la situación económica de su representado, pues en su criterio no se trata solamente de fijar el monto del daño solo por hacerlo y, mucho menos, en una moneda que no es la nacional y en un solo tracto. Reitera que la sentencia cuestionada deja de lado la proporcionalidad y racionalidad del quantum de la consecuencia civil, por lo que igualmente contraviene las exigencias de fundamentación de la sentencia al imponer un castigo económico abusivo. Como agravio de su recurso razona que en la fundamentación de la fijación de las consecuencias civiles, el tribunal incurrió en yerros, ya que es evidente la falta de proporcionalidad entre el daño causado y las posibilidades de la persona que se sanciona civilmente, lo que le causa un agravio al imputado al estar sometido a un pago de tres mil dólares ($3.000) más los intereses. Por lo anterior, peticiona se declare con lugar el presente motivo de apelación, se anule el fallo condenatorio y se disponga el reenvío para una nueva sustanciación de las consecuencias civiles. III.- Posición de la Procuraduría General de la República. La licenciada Margot Avellán Ruiz, en representación de la Procuraduría General de la República en su calidad de querellante y actora civil, contestó por escrito a la audiencia que dio el tribunal penal sobre el recurso de apelación de la defensa, solicitando que este fuera declarado sin lugar. Alega que la sentencia está debidamente fundamentada, pues al determinarse inequívocamente al señor [Nombre 001] como responsable de la acción de trasiego de huevos de tortuga marina Baula, se tiene por demostrado el nexo causal necesario para la determinación de la obligación civil, dado que el imputado realizó una conducta ilícita que generó un daño ambiental que le es atribuible en todos sus aspectos, por lo que nació la obligación de restituir al Estado dicho perjuicio, a lo que respondió el Tribunal acogiendo la pretensión civil y condenando al interesado a su correspondiente pago, en concordancia con toda la legislación en la materia que justifica la imposición de una retribución monetaria. Asimismo, valora que yerra la defensora en considerar que los montos que se reclaman a través de acción civil resarcitoria deben ser ignorados e imponerse a la medida del imputado; pues dicho actuar violentaría el derecho del actor civil a reclamar resarcimiento de acuerdo con el daño causado, además de no estar descrito tal proceder en norma alguna. Por último, razona que la propia legislación civil (artículo 35.1 del Código Procesal Civil) permite la presentación de la demanda en otra moneda e incluso señala que en sentencia el juzgador puede conceder los rubros pretendidos en la moneda solicitada (cuando no es en colones), por lo que no existe ninguna anomalía en ese extremo. IV.- Se resuelve declarar con lugar el reclamo incoado por las razones que de seguido se indicarán. De la escucha atenta de la sentencia oral aquí cuestionada, respaldada en el archivo digital 220002091130PE-19082025014006-2_Multi.mp4, ha verificado esta Cámara que lleva razón la recurrente en cuanto al hecho que la misma es omisa en lo que respecta a los motivos o razones por las que el tribunal de juicio cuantifica el daño ambiental indemnizable causado por el demandado civil [Nombre 001], en la suma de tres mil dólares americanos, lo que a todas luces quebranta el deber de fundamentación de las resoluciones judiciales que tienen los juzgadores que conocen de una determinada causa, tal cual lo instituye el ordinal 142 del Código Procesal Penal, el cual establece: “Fundamentación Las sentencias y los autos contendrán una fundamentación clara y precisa. En ella se expresarán los razonamientos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones, así como la indicación del valor otorgado a los medios de prueba. La simple relación de las pruebas o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazará, en ningún caso, la fundamentación. Será insuficiente cuando se utilicen formularios, afirmaciones dogmáticas, frases rutinarias, la simple descripción de los hechos o la sola mención de los elementos de prueba. No existe fundamentación cuando se hayan inobservado las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo. Los autos y las sentencias sin fundamentación serán ineficaces”. En este orden de ideas, se destaca que el deber de fundamentar los fallos judiciales es de tal relevancia en Estados de corte democrático y republicano, que su cumplimiento es un elemento integrante del debido proceso, por cuanto posibilita a las partes procesales y a la comunidad en general, conocer las razones de hecho y de derecho por las cuales fue acogida una tesis o pretensión en detrimento de otra y claramente su cumplimiento, en la materia que nos ocupa, no se limita al desarrollo de los extremos penales, sino que en el caso en que exista una acción civil resarcitoria, como acontece en este expediente, es también deber del tribunal de instancia fundamentar dicho extremo procesal. Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que el tribunal de primera instancia realiza la fundamentación del tópico de la responsabilidad civil a partir del minuto 39:33 y hasta el minuto 44:25 de la sentencia de mérito, secuencia en la cual indica: “(…) Hubo un daño en cuanto al aspecto relacionado con la acción civil, que al declararse con lugar la querella y al tenerse por demostrado los hechos incluso acusados por el Ministerio Público y también al haber una responsabilidad que se deriva de un hecho punible, propiamente en este caso, producida o realizada por don [Nombre 001], también teniéndose por acreditado el hecho punible, pues también la demostración del daño se deriva porque con el actuar de don Sergio se causó un grave perjuicio ecológico porque sacó de su medio ambiente estos huevos de tortuga marina baula Dermochelys Criácea, que ya como se refirió es una especie en peligro de extinción, que le evitó el ciclo de vida a muchas tortugas, hubo una afectación que incide obviamente en el ecosistema, en la biodiversidad, que también produce un daño porque ya se indicó que se toman 30 años para poder tener una tortuga adulta, al menos eran dos tortugas las que con esa cantidad de huevos se pierden de la naturaleza o del medio ambiente. Además la Procuraduría fundamentó que no es solo el daño ocasionado al medio ambiente, sino también es el daño económico social que se produce porque parte de la actividad turística o económica que se desarrolla en la zona tiene que ver con el turismo, tomando en cuenta que estamos en una provincia donde no hay muchas fuentes de empleo y que muchas personas también dependen de esta actividad turística para poder subsistir y que al llegar y producir un daño de esta forma, también esto va disminuyendo esta actividad económica que se produce alrededor de las tortugas baulas por el asunto del desove entre febrero y setiembre, por lo que el tribunal también considera que al haberse demostrado la relación entre causalidad y daño provocado, corresponde también hacerlo responsable del daño que viene solicitando la Procuraduría General de la República para que entonces se indemnice económicamente al Estado costarricense en su carácter de protector responsable de los recursos naturales y que se le indemnice por el monto correspondiente al daño ambiental sufrido con la efectiva cancelación pecuniaria en dinero y en un solo tracto que es como fue solicitado en la acción civil resarcitoria. La liquidación de los daños que se tendrá que hacer por daño ambiental son de 3000 mil dólares americanos más intereses legales desde la comisión del ilícito hasta los intereses moratorios correspondientes y ese es el monto que tendrá que indemnizar de acuerdo con el numeral 2 de la Ley Orgánica del Ambiente, porque, como mencionó la Procuraduría en sus conclusiones todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y sostenible y el Estado vela porque sea así y cuando se produce un daño, el Estado trata de buscar su resarcimiento a través del papel que desempeña la Procuraduría General de la República. Además tomando en cuenta que el daño ambiental es un daño de carácter social porque así incluso ha sido interpretado por la misma Sala Constitucional en diversos votos porque se pone en peligro la forma de vida de las comunidades, se atenta incluso contra las generaciones presentes y futuras (…)”. Se observa de los extractos del fallo de mérito que el a quo analiza que efectivamente en este caso existió un daño ambiental que es consecuencia directa del trasiego que realizó el demandado civil [Nombre 001] de huevos de tortuga de la especie Dermochelys Criácea, sea tortuga Marina Baula, la cual se encuentra en peligro de extinción, con lo que desarrolló los elementos necesarios para que nazca a la vida jurídica la responsabilidad civil en materia ambiental, cuales son: hecho generador o factor de imputación, nexo causal y daño (En este sentido, ver el voto de la Sala Tercera N°437-2022, de las 16:46 horas, del 22 de abril de 2022). Daño que efectivamente logra concretar al establecer que con dicho proceder se lesionó el ecosistema, la biodiversidad, pues se sacó a dicha especie de su ambiente y con ello se perdió al menos la formación de dos tortugas baulas adultas. Asimismo, determinó que existió un daño a nivel económico, pues con el trasiego de huevos de tortuga se afecta la actividad turística que se lleva a cabo en la zona, por el desove de dicha especie que se da entre los meses de febrero y setiembre de cada año. No obstante lo anterior, cuando fija el monto a pagar por concepto de indemnización por el daño causado, no existe un solo razonamiento en toda la sentencia oral que explique a las partes el motivo por el cual tal daño fue estimado en la suma de tres mil dólares ($3.000), por lo que no se podrá tener conocimiento de cuál sería la motivación del juez para establecer dicho quantum, de ahí que es claro que existe un vicio de ausencia de fundamentación en cuanto a este extremo, pese a que en el expediente se contaba con prueba pericial que le pudo servir de sustento a su decisión. En virtud de lo anterior, se ordena el reenvió de la causa al tribunal de origen, a fin de que bajo una integración diferente se realice un nuevo juicio para que se cuantifique de manera fundamentada la indemnización que por concepto de daño ambiental corresponde cancelarse a favor del Estado. Por último, desea aclarar este tribunal de segunda instancia que de conformidad con el ordinal 35.1.8 del Código Procesal Civil, no existe vicio alguno en que la cuantificación monetaria del caso se lleve a cabo en dólares, por ser la moneda utilizada en la estimación de la acción civil planteada. Nota de la Jueza Montero Mena. Es opinión de esta juzgadora que, en este caso en concreto la indemnización por daño social, derivada de la Acción Civil Resarcitoria promovida por la Procuraduría General de la República, debe expresarse en la sentencia en colones, moneda de curso legal en nuestro país, por las siguientes razones: La Ley Orgánica del Banco Central (Ley N.º 7558) establece que: La unidad monetaria oficial es el colón. Esto significa que todas las obligaciones pecuniarias, ya sean públicas o privadas, deben pagarse en esa moneda, salvo excepciones legales. Además, de que las resoluciones judiciales deben estarse a un principio de seguridad jurídica y coherencia, ya que la divisa de curso legal es definida como la que sirve como unidad de cuenta, medida de valor y medio de pago, lo que facilita la valoración y ejecución de las obligaciones declaradas en sentencia. Estimo que utilizar una unidad distinta podría generar confusión jurídica e incluso desproporción. Además de que utilizar el colón en resoluciones evita cualquier vulneración del marco jurídico y previene conductas que puedan derivar en conflictos legales, debido a que otras monedas podrían fluctuar y poner en riesgo la equivalencia de las cantidades adjudicadas, mientras el colón ofrece certeza económica y jurídica al establecer montos indemnizatorios claros. POR TANTO Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Christine Castro Solano, en su condición de defensora pública de [Nombre 001]. En consecuencia, se ordena el reenvió únicamente para que se cuantifique de manera fundamentada la indemnización que por concepto de daño ambiental corresponde cancelarse a favor del Estado. En lo demás el fallo permanece incólume. La jueza Montero Mena agrega nota. Es todo. NOTIFÍQUESE. María Ester Vargas Monge Elizabeth Montero Mena Edwin Salinas Durán Juezas y Juez de Apelación de Sentencia Penal Expediente: 22-000209-1130-PE (17) Imputado: [Nombre 001]. Ofendido: Medio ambiente Delito: Infracción a la ley de vida silvestre imendezst Exp.: 22-000209-1130-PE(17) - VOTO 2026-0061 - pág.: 1 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:44:19. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Appeals Court of Criminal Sentencing. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at ten thirty-five hours, on the fourteenth of January, two thousand twenty-six.- APPEAL filed in the present case against [Name 001], [...]; for the crime of VIOLATION OF THE WILDLIFE LAW, to the detriment of the ENVIRONMENT. The judges María Ester Vargas Monge, Elizabeth Montero Mena, and judge Edwin Salinas Durán participate in the decision. Attorney Christine Castro Solano appeared at this venue as the public defender of the accused, and attorney Margot Avellán Ruiz appeared on behalf of the Office of the Attorney General of the Republic. WHEREAS: I.- That by means of judgment number 338-2025, at thirteen forty hours on the nineteenth of August, two thousand twenty-five, the Flagrancy Criminal Court of Limón, resolved: "THEREFORE: In accordance with Articles 39 and 41 of the Political Constitution; Articles 8.1 and 8.2 of the American Convention on Human Rights; Articles 1, 12, 13, 142, 180 to 184, 373 to 375, 422 to 436 of the Code of Criminal Procedure and Article 6 of Law 8325, Law for the Protection, Conservation, and Recovery of Sea Turtle Populations; and Article 95 subsection a) of the Wildlife Conservation Law No. 7317 and Articles 488 of the Code of Criminal Procedure, 103 of the Criminal Code, and 1045 of the Civil Code; [Name 001] is DECLARED the responsible perpetrator of a crime of VIOLATION OF THE WILDLIFE LAW committed to the detriment of the ENVIRONMENT and for this reason he is sentenced to a penalty of ONE YEAR OF IMPRISONMENT, a penalty that he shall serve in the place and manner determined by the respective penitentiary regulations, after crediting any pretrial detention he may have suffered. The Criminal Complaint and the Civil Action for Damages filed by the Office of the Attorney General of the Republic against the accused and civil defendant [Name 001] is declared with merit, and the civil defendant is ordered to pay THREE THOUSAND DOLLARS for ENVIRONMENTAL DAMAGE to the benefit of the civil plaintiff, plus legal interest from the commission of the unlawful act and corresponding default interest, which must be liquidated during sentence execution in the appropriate venue (Article 488 CPP). He is likewise ordered to pay personal and procedural costs. In accordance with Articles 59 to 63 of the Criminal Code, the benefit of conditional execution of the sentence is granted for a probation period of three years, during which time he may not commit an intentional crime punishable by more than six months' imprisonment; otherwise, said benefit will be revoked. Once the judgment is final, the corresponding certified copies shall be sent to the Sentence Execution Court, National Institute of Criminology, Judicial Registry EXP: 22-000209-1130-PE I Judicial Circuit of Limón, Limón centro, Courthouse Building, Third floor Telephones: 2799-1435, 2799-1434 or 2799-1433. Fax: 2799-1432. Email: [email protected] for their corresponding duties. The Parties are notified orally in accordance with Article 429 of the CPP and the accused personally as he was present (the details are in digital format and are available to the parties in the Office of the Clerk). RONALD ABARCA SOLANO, JUDGE." (sic). II.- That against the preceding ruling, attorney Christine Castro Solano, as the public defender of the accused, filed an appeal. III.- That once the respective deliberation was verified in accordance with the provisions of Article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the appeal. IV.- That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings. Judge of Criminal Sentencing Appeals Vargas Monge writes; and, WHEREAS: I.- Admissibility and other matters: (A) Background. By means of oral judgment No. 338-2025, at thirteen forty hours on the nineteenth of August, two thousand twenty-five, the Flagrancy Criminal Court of Limón CONVICTED the accused [Name 001] for a crime of VIOLATION OF THE WILDLIFE LAW, committed to the detriment of the ENVIRONMENT, and in such capacity imposed a penalty of ONE YEAR OF IMPRISONMENT, granting him the benefit of conditional execution of the sentence for a period of three years. Likewise, he was CIVILLY ORDERED to pay THREE THOUSAND DOLLARS for environmental damage, as well as the payment of legal interest from the commission of the unlawful act and corresponding default interest. (B) Admissibility. From the study of the case file, as well as the challenge filed, it was determined that said appeal was filed in a timely manner, within the fifteen business days following the full reading of the judgment. In this regard, the resolution challenged here was notified orally on August nineteenth, two thousand twenty-five (Cf. page 3 of the appeal record), so the deadline to file the appeal expired on September ninth of that same year, and it was uploaded to the virtual desk on the very day of its expiration, as evidenced by the review of writs in said system. Likewise, this appeal was filed by attorney Christine Castro Solano, in her capacity as public defender of the accused, who, by representing the interests of the defendant, is legitimized to appeal. It was also verified that the challenge presented is directed against the condemnatory judgment of first instance, thus meeting the requirements of subjective and objective challengeability, regulated in Articles 458, 459, and 460 of the Code of Criminal Procedure, which allows its examination on the merits, under the terms established in Article 8.2 h) of the American Convention on Human Rights. II.- In the sole ground of appeal filed, the existence of a defect of "Lack of reasoning. Disagreement with the determination of civil consequences" is claimed, which is supported by Articles 8.2. b), 8.2.h) of the American Convention on Human Rights; 14.5 of the International Covenant on Civil and Political Rights; and 1, 6, 12, 142, 184, and 363 of the Code of Criminal Procedure. The appellant claims a lack of reasoning and proportionality regarding the pecuniary sanction imposed, which causes harm to her client. She reasons that the duty to provide reasoning must also be present when establishing the civil consequences resulting from an action contrary to law, given that its nature does not exempt the court from stating the grounds. She explains that the court states its arguments regarding the civil consequences of the crime starting at minute 39:34 of the audiovisual file 220002091130PE-19082025014006-2_Multi); however, it disregarded the personal circumstances of the accused, since from the outset of the proceedings it has been evidenced that her client is a person of limited means, and she therefore considers that imposing financial compensation of three thousand dollars plus interest is clearly disproportionate and illegitimate. She considers that the decision taken regarding such aspects lacks due and legitimate reasoning, given that the judgment must contain the reasons why a specific decision is made on each specific point, and must take into consideration all aspects and not only what was petitioned by the Office of the Attorney General of the Republic. She states that while she is aware that environmental damage occurred, the truth is that the conditions established in the legislation must also be weighed objectively, among which is the economic situation of her client, since in her opinion it is not simply a matter of setting the amount of the damage just for the sake of doing so and, much less, in a currency that is not the national one and in a single installment. She reiterates that the challenged judgment disregards the proportionality and rationality of the quantum of the civil consequence, and therefore also contravenes the requirements for reasoning in a judgment by imposing an abusive financial punishment. As the harm caused by her appeal, she reasons that in the reasoning for setting the civil consequences, the court incurred errors, as the lack of proportionality between the damage caused and the means of the person civilly sanctioned is evident, which causes harm to the accused by being subjected to a payment of three thousand dollars ($3,000) plus interest. For the foregoing, she petitions that this ground of appeal be declared with merit, the condemnatory ruling be annulled, and a remand be ordered for a new substantiation of the civil consequences. III.- Position of the Office of the Attorney General of the Republic. Attorney Margot Avellán Ruiz, representing the Office of the Attorney General of the Republic in its capacity as criminal complainant and civil plaintiff, responded in writing to the hearing granted by the criminal court on the defense's appeal, requesting that it be declared without merit. She alleges that the judgment is duly reasoned, as by unequivocally determining Mr. [Name 001] to be responsible for the act of trafficking (trasiego) of Leatherback sea turtle eggs, the necessary causal link for the determination of civil liability is proven, given that the accused committed an unlawful act that generated environmental damage attributable to him in all its aspects, which gave rise to the obligation to restore said harm to the State, to which the Court responded by upholding the civil claim and sentencing the interested party to its corresponding payment, in accordance with all applicable legislation that justifies the imposition of monetary compensation. Likewise, she considers that the defender errs in considering that the amounts claimed through a civil action for damages should be ignored and imposed according to the defendant's means; as such an act would violate the civil plaintiff's right to claim compensation in accordance with the damage caused, in addition to such conduct not being described in any norm. Finally, she reasons that civil legislation itself (Article 35.1 of the Civil Procedure Code) allows the filing of a claim in another currency and even indicates that in a judgment, the court may grant the sought amounts in the requested currency (when it is not in colones), so there is no anomaly in that regard. IV.- The claim raised is resolved being declared with merit for the reasons indicated below. From careful listening to the oral judgment challenged here, backed by digital file 220002091130PE-19082025014006-2_Multi.mp4, this Chamber has verified that the appellant is correct regarding the fact that the decision is omissive with respect to the motives or reasons why the trial court quantified the indemnifiable environmental damage caused by the civil defendant [Name 001] in the sum of three thousand US dollars, which clearly violates the duty to provide reasoning for judicial resolutions that all judges hearing a specific case have, as established by Article 142 of the Code of Criminal Procedure, which provides: "Reasoning. Judgments and orders shall contain clear and precise reasoning. The reasoning shall express the factual and legal grounds on which the decisions are based, as well as an indication of the value granted to the evidence. A simple listing of evidence or mention of the parties' submissions shall not, under any circumstances, replace reasoning. Reasoning shall be insufficient when forms, dogmatic assertions, routine phrases, a simple description of facts, or the sole mention of evidentiary elements are used. There is no reasoning when the rules of sound criticism have been disregarded with respect to evidence or evidentiary elements of decisive value. Orders and judgments without reasoning shall be ineffective." In this vein, it is emphasized that the duty to provide reasoning for judicial rulings is of such relevance in democratic and republican States that its fulfillment is an integral element of due process, as it enables the procedural parties and the community at large to know the factual and legal reasons why a thesis or claim was upheld to the detriment of another, and clearly its fulfillment, in the matter at hand, is not limited to the development of criminal aspects, but rather, in the event that a civil action for damages exists, as occurs in this case file, it is also the trial court's duty to provide reasoning for this procedural aspect. Now, in the specific case, the trial court of first instance reasoned the topic of civil liability starting at minute 39:33 and up to minute 44:25 of the judgment on the merits, a sequence in which it indicates: "(...) There was damage regarding the aspect related to the civil action, since, by declaring the criminal complaint with merit and having the facts, even those charged by the Public Prosecutor's Office, been proven, and because there is liability derived from a punishable act, specifically in this case, produced or carried out by Mr. [Name 001], the punishable act also having been accredited, the demonstration of the damage derives because Mr. [Name 001]'s actions caused serious ecological harm because he removed these Leatherback sea turtle Dermochelys Criácea eggs from their environment, which, as already mentioned, is an endangered species, preventing the life cycle of many turtles, there was an impact that obviously affects the ecosystem, biodiversity, which also produces damage because it was already indicated that it takes 30 years to have an adult turtle, at least two turtles were lost from nature or the environment with that quantity of eggs. Furthermore, the Office of the Attorney General argued that it is not only the damage caused to the environment, but also the social economic damage that is produced because part of the tourist or economic activity developed in the area is related to tourism, taking into account that we are in a province where there are not many sources of employment and that many people also depend on this tourist activity to subsist, and that by arriving and causing damage in this way, this also diminishes this economic activity that occurs around the leatherback turtles due to the spawning situation between February and September, so the court also considers that, having demonstrated the relationship between causation and damage caused, it is also appropriate to hold him responsible for the damage that the Office of the Attorney General of the Republic is requesting so that the Costa Rican State, in its role as responsible protector of natural resources, is financially compensated and compensated for the amount corresponding to the environmental damage suffered through effective pecuniary payment in money and in a single installment, which is how it was petitioned in the civil action for damages. The liquidation of damages to be made for environmental damage is 3000 thousand US dollars plus legal interest from the commission of the unlawful act up to the corresponding default interest, and that is the amount that must be compensated in accordance with numeral 2 of the Organic Law of the Environment, because, as the Office of the Attorney General mentioned in its conclusions, all citizens have the right to enjoy a healthy and sustainable environment and the State ensures that this is so, and when damage occurs, the State seeks its compensation through the role performed by the Office of the Attorney General of the Republic. Furthermore, taking into account that environmental damage is a social damage because it has even been interpreted this way by the Constitutional Chamber itself in various rulings because it endangers the way of life of communities, it even threatens present and future generations (...)". It is observed from the extracts of the judgment on the merits that the lower court analyzes that indeed in this case there was environmental damage that is a direct consequence of the trafficking (trasiego) conducted by the civil defendant [Name 001] of turtle eggs of the species Dermochelys Criácea, i.e., Leatherback sea turtle, which is endangered, thereby developing the necessary elements for civil liability in environmental matters to come into legal existence, which are: the generating event or factor of imputation, causal link, and damage (In this regard, see ruling of the Third Chamber No. 437-2022, at 16:46 hours, of April 22, 2022). Damage that it does indeed manage to specify by establishing that said conduct harmed the ecosystem and biodiversity, as this species was removed from its environment and with it the formation of at least two adult leatherback turtles was lost. Likewise, it determined that there was economic damage, as the trafficking (trasiego) of turtle eggs affects the tourist activity carried out in the area due to the spawning of said species that occurs between February and September of each year. Notwithstanding the foregoing, when setting the amount to be paid as compensation for the damage caused, there is not a single reasoning throughout the entire oral judgment that explains to the parties the reason why such damage was estimated at the sum of three thousand dollars ($3,000), and therefore it will not be possible to know what the judge's grounds for establishing said quantum would be. Hence, it is clear that there is a defect of lack of reasoning regarding this aspect, despite the fact that the case file contained expert evidence that could have served as support for its decision. By virtue of the foregoing, the case is remanded to the court of origin, so that under a different panel, a new trial is held for the compensation for environmental damage that must be paid to the State to be quantified in a reasoned manner. Finally, this appellate court wishes to clarify that, in accordance with Article 35.1.8 of the Civil Procedure Code, there is no defect whatsoever in the monetary quantification of the case being conducted in dollars, as this is the currency used in the estimation of the civil action filed. Separate Note by Judge Montero Mena. It is the opinion of this judge that, in this specific case, the compensation for social damage derived from the Civil Action for Damages brought by the Office of the Attorney General of the Republic must be expressed in the judgment in colones, the legal tender in our country, for the following reasons: The Organic Law of the Central Bank (Law No. 7558) establishes that: The official monetary unit is the colón. This means that all pecuniary obligations, whether public or private, must be paid in that currency, except for legal exceptions. Furthermore, judicial resolutions must adhere to principles of legal certainty and coherence, since the legal tender currency is defined as that which serves as a unit of account, measure of value, and means of payment, which facilitates the valuation and execution of the obligations declared in a judgment. I believe that using a different unit could generate legal confusion and even disproportionality. Furthermore, using the colón in resolutions avoids any violation of the legal framework and prevents conduct that could lead to legal conflicts, because other currencies could fluctuate and put the equivalence of the adjudicated amounts at risk, while the colón offers economic and legal certainty by establishing clear compensatory amounts. THEREFORE The appeal filed by attorney Christine Castro Solano, in her capacity as public defender of [Name 001], is declared with merit. Consequently, a remand is ordered solely for the compensation for environmental damage that must be paid to the State to be quantified in a reasoned manner. The ruling otherwise remains unaltered. Judge Montero Mena adds a note. That is all. LET IT BE NOTIFIED. María Ester Vargas Monge Elizabeth Montero Mena Edwin Salinas Durán Judges of Criminal Sentencing Appeals Case File: 22-000209-1130-PE (17) Accused: [Name 001]. Victim: Environment Crime: Violation of the wildlife law imendezst Exp.: 22-000209-1130-PE(17) - VOTO 2026-0061 - pág.: 1 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:44:19.