Res. 00621-2026 Tribunal Contencioso Administrativo — Mere verification of property location within a national park is not appealableActa de mera constatación de ubicación de inmueble dentro de parque nacional no es impugnable

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 00621 - 2026

Fecha de la Resolución: 29 de Enero del 2026 a las 11:29

Expediente: 20-004637-1027-CA

Redactado por: Eleuterio Rodolfo Marenco Ortiz





Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

20-004637-1027-CA - 0




PROCESO:

	

Conocimiento




ACTOR/A:

	

A SUMMER SUNSHINE LTDA




DEMANDADO/A:

	

EL ESTADO

 

 N° 2026000621

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las once horas con veintinueve minutos del veintinueve de enero del dos mil veintiseis.-

 

Proceso de conocimiento interpuesto por SUMMER SUNSHINE SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula de persona jurídica número 3-102-47616, representada por los Lic. Vianney Saborío Hernández, mayor, abogado, cédula de identidad número 1-1112-0342, y, Lic. Federico Peralta Bedoya, mayor, abogado, cédula de identidad número 1-1043-0088, ambos en calidad de Apoderados Especiales Judiciales, contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, representado por la Licda. Delfilia Dávila Ruiz, mayor, abogada, cédula de identidad número 5-0278-0290, en su calidad de Apoderada Especial Judicial, y el ESTADO, representado por la Procuradora Licda. Heilyn Sáenz Calderón, mayor, abogada, cédula de identidad número 7-012-0163.

CONSIDERANDO

I.- ASPECTOS PRELIMINARES. Como parte del iter procesal se tiene lo siguiente: 1) Mediante escrito de demanda presentado a estrados judiciales en fecha 21 de octubre de 2020, la parte actora como pretensión solicitó: "1. Con lugar la presente demanda en todos sus extremos. 2. Como contraria al Ordenamiento Jurídico, y por ende nula e ilegítima, la conducta de la Administración observada en el acto de aplicación individual número ACT-OR-DR-958-19 del 06 de agosto de 2019, así como los actos administrativos conexos para que deje de surtir efectos. 3. Se ordene a la Administración abstenerse de adoptar y ejecutar la conducta reprochada. 4. La condena contra la parte demandada del pago de ambas costas de este proceso (imágenes 2-26, expediente electrónico).

2)  Otorgada la audiencia de ley, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en adelante SINAC, se apersonó a los autos en fecha 16 de abril de 2021, contestando negativamente la demanda e interponiendo las excepciones previas de falta de agotamiento y acto no susceptible de impugnación, así como la defensa de fondo de falta de derecho (imágenes 212-222, del expediente electrónico).

3) Concedido el plazo de ley, el Estado se apersonó mediante escrito de fecha 29 de abril de 2021, contestó negativamente la demanda y opuso las excepciones de falta de acto no susceptible de impugnación y la falta de derecho (imágenes 233-250, del expediente electrónico).

4) Por resolución N° 743-2021 de las 08:00 hrs. del 03 de junio de 2021 el juez de trámite rechaza la excepción de litis consorcio pasivo necesario interpuesta por ambos demandados (imágenes 207-310, expediente electrónico).

5) Mediante resolución N° 743-2021 de las8:00 hrs. del 3 de junio de 2021 el Juez de Trámite rechazó la defensa previa de acto no susceptible de impugnación presentado por los codemandados (imágenes 260-261, expediente electrónico).

6) Por escrito de fecha 24 de enero del 2023 la parte actora presenta un hecho nuevo y realiza ampliación de pretensiones solicitando la nulidad de los oficios ACT-OR-DR-DL-1556-2022 del 8 de diciembre de 2022 y el ACT-OR-DR-DL-1503-2022 del 2 de diciembre de 2022 (imágenes 290-292, expediente electrónico).

7) El 24 de enero de 2023 se realizó la primera audiencia preliminar. En ella se realizan saneamiento del proceso y se otorga el plazo de 5 días a las partes para que se pronuncie sobre el hecho nuevo (312-313, del expediente electrónico).

8) Dentro del plazo de ley otorgado a las partes sobre el hecho nuevo y ampliación de pretensiones, ambas contestaron negativamente y opusieron la defensa previa de acto no susceptible de impugnación y falta de derecho (imágenes 294-305, expediente electrónico).

9) En fecha 12 de setiembre de 2023 ser realizó la segunda audiencia preliminar, se fijan las pretensiones solicitando la nulidad del Oficio # ACT-OR-DR-958-19 del 06 de agosto de 2019, así como los actos administrativos conexos para que deje de surtir efectos. Se amplía la pretensión segunda solicitando la nulidad de los Oficios Números ACT-OR-DR-DL-1556-2022 del 8 de diciembre de 2022 y el ACT-OR-DR-DL-1503-2022 del 2 de diciembre de 2022. Se suspende la audiencia para que el SINAC presente los oficios impugnados debidamente certificados (imágenes 313-315, del expediente electrónico).

10) La última audiencia preliminar se llevó a cabo el 9 de enero de 2024 en ella se resolvió las defensas previas interpuesta por los codemandados en relación con la ampliación de pretensiones. La juez mediante resolución oral rechaza la excepción de acto no susceptible de impugnación. Se fijaron los hechos controvertidos y se admitió la prueba documental aportadas por las partes. El proceso se declaró de puro derecho y las partes realizaron sus conclusiones de forma oral (imágenes 345-348, del expediente electrónico).

Se emite este fallo previa deliberación, con el voto afirmativo de las jueces Ulloa Solano y Calderón Chacón.

Redacta el juez Marenco Ortiz.

II.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la resolución de este asunto se tienen los siguientes:

1)  Que en fecha 27 de junio de 1990, por medio de la Ley N° 7149 se creó el Refugio Nacional de Vida Silvestre Tamarindo (hecho no controvertido por las partes).

2) Mediante Decreto Ejecutivo N° 20518-MIRENEM publicado en el Diario La Gaceta N° 121 del 27 1991 se creó en Guanacaste el Parque Nacional Marino Las Baulas (hecho no controvertido por las partes).

3) Que la empresa actora adquirió la finca inscrita en el Registro Público, Sección Bienes Inmuebles, Partido Guanacaste, Matrícula N° 42807-000, el 30 de mayo de 2007 (imagen 67, expediente digital).

4) Por escrito presentado el 20 de julio de 2019 el representante legal de la sociedad Summer Sunshine Ltd., solicita a la oficina del SINAC, Área de Conservación Tempisque información sobre la afectación que pesa sobre la finca N° 5-042807-000, plano catastrado G-402381-1990, de la cual es propietaria (imágenes 223-224, expediente electrónico).

5) En fecha 29 de octubre de 2019 mediante oficio n° ACT-OR-D-958-19 el SINAC atiende consulta realizada por el señor Douglas Straubmueller, representante legal de la sociedad actora indicándole que el inmueble se encuentra dentro de los límites del Parque Marino Las Baulas, pero que la finca no es parte de los inmuebles adquiridos por el Estado debido a que se están realizando estudios legales y el mapa catastral del Parque, por lo que en ese momento no se pueden continuar los procesos de expropiación. Además le recuerda que conforme lo ha indicado la Sala Constitucional existen responsabilidades de parte de los propietarios de inmuebles que se encuentran dentro de un área Protegida y no han sido expropiados (imagen 201, expediente digital).

6) Que mediante oficio N° SETENA-DT-DEA-1421-2022, del 24 de noviembre del 2022, el Departamento de Evaluación Ambiental solicita criterio al SINAC, ya que el proyecto se encuentra dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, así como sí la misma ha sido expropiada o se encuentra en proceso, lo anterior para analizar los aspectos legales y determinar bajo los supuestos correctos si procede o no la aprobación del otorgamiento de la Viabilidad y /o Licencia Ambiental (hecho no controvertido por las partes).

III.- HECHOS NO PROBADOS. De relevancia para el presente asunto se tiene como único hecho no probado la inexistencia de alguna conducta contraria a derecho realizada por el Estado y el SINAC, que afectara los derechos subjetivos o intereses de la parte actora.

IV.- ALEGATOS DE LAS PARTES. Las partes tanto en su escrito de demanda como en sus conclusiones manifestaron: A) Argumentos de la parte Actora: En lo fundamental y de forma resumida, sin perjuicio de la lectura integral que el Tribunal ha realizado del escrito de demanda, la parte actora manifestó que es propietaria de la finca objeto del proceso, y que el derecho de propiedad que ostenta se ve restringido, por lo que la correcta delimitación del Parque Marino Las Baulas y la ubicación correcta de ella dentro o fuera de la delimitación de dicha Área Silvestre Protegida es importante. Manifiesta que el acto impugnado tiene efectos propios, al señalar que el inmueble de su representada está ubicada 100% dentro del Parque Marino Las Baulas, ya que con esa decisión se generan de forma automática una serie de condicionantes al ejercicio pleno de los derechos de la parte actora, mismo que se encuentran genéricamente consagradas en la Constitución Política y en una serie de instrumentos de Derecho Internacional Humano, como es la propiedad privada, seguridad y certeza jurídica, por lo que, evidentemente, posee un efecto adverso e ilegal. Considera que el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Tamarindo protege actualmente la zona pública del sector de Playa Grande. Mediante el Decreto 20518-MIRENEM no se crea el Parque Las Baulas de Guanacaste, ya que no se cumplió con un requisito esencial -sine qua non- para que la declaratoria fuera eficaz por lo tanto la franja de terrenos privados incluidos en su delimitación. Añade que no existe normativa alguna que incluya las aguas interiores de la Bahía de Tamarindo como parte del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste. En cuanto el hecho nuevo y ampliación de la demanda indica que su representada el 1 de noviembre de 2022 presentó formulario D1 del proyecto “Residencia Unifamiliar Lote A52”, y que, mediante oficio n° SETENEA-DT-DEA-1421-2022 del 24 de noviembre del 2022 el Departamento de Evaluación Ambiental solicita criterio al SINAC ya que el proyecto se encuentra dentro del Parque Nacional Las Baulas, así como sí la misma ha sido expropiada o se encuentra en proceso, lo anterior para analizar los aspectos legales y determinar bajo los supuestos correctos si procede o no la aprobación del otorgamiento de Viabilidad y/o Licencia Ambiental (VLA). Indica que dicha solicitud de criterio se dio mediante oficios ACT-OR-DL-1556-2022 y el ACT-OR-DR-DL-1505-2022, por lo que mediante resolución n° 002-2023-SETENA del 11 de enero del 2023, la cual dispuso: “No continuar el proceso de la Evaluación de Impacto Ambiental inicial del Proyecto “Residencia Unifamiliar Lote A52”, expediente administrativo No. D1-0692-2022-SETENA, con fundamento en el CONSIDERANDO – TERCERO y CUARTO de la presente resolución, cuya normativa citada, establece explícitamente lo que se permite desarrollar y con qué fines; que este instrumento de EIA no aplica para actividades obras o proyectos que no estén conforme a lo que en la norma se cite”. Considera que su propiedad no se ha expropiado ni comprado o bien sometida a régimen forestal. B) Argumentos del SETENA. De forma sucinta la representación del ente accionado se opuso a la demanda, y sin perjuicio de la lectura total del documento, indicó que el Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste fue creado mediante Decreto Ejecutivo N° 20518-MIRENEM el 5 de julio de 1991 y fue ratificado por Ley N° 7524 del 10 de julio de 1995, que las diferentes normativas relacionadas con el medio ambiente lo que pretende en este caso específico es proteger las aguas, manglares y específicamente a las tortugas cuando desovan. Indica que la Ley Orgánica del Ambiente dispone expresamente que los terrenos privados no se consideran incluidos en las áreas protegidas estatales hasta tanto no se dé la compra o la expropiación, lo cual es una medida temporal impuesta a las propiedades de sujetarse al plan de ordenamiento ambiental y al plan de manejo del área silvestre protegida, mientras se lleva a cabo la expropiación o compra, respondiendo esto a la necesidad de conservar los recurso naturales que se pretenden proteger con la instauración del área silvestre. Que el oficio impugnado corresponde a la respuesta emitida por su representado a la Sociedad Summer Suhsine Ltd. Sobre la consulta de la ubicación de la propiedad inscrita a su nombre, siendo dicha pretensión improcedente ya que es un deber de la Administración dar respuesta a los administrados, por lo que dicho acto de mero trámite. En cuanto a los actos impugnados en la ampliación de demanda considera que no constituyen actos finales sino de mero trámite con efecto para el actor, ya que son oficios de mera constatación relacionados con la consultas realizadas por el actor y el oficio de la Secretaría Técnica Ambiental, solo da respuesta al actor a la solicitud planteada por el actor, los cuales no afectaron los intereses subjetivos del actor ni de su propiedad, es decir, son oficios que dan una respuesta en virtud del derecho de respuesta consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política. C) Argumentos del Estado: La representación del Estado al momento de contestar la demanda se opuso a la misma, y de forma sucinta y sin desmérito de la lectura indicó que la nulidad pretendida por la parte actora no es procedente ya que se está frente a un acto no susceptible de impugnación al ser el mismo de mero trámite ya que es una simple respuesta a la nota presentada a la oficina del SINAC por el señor Douglas Kel Straubmuller. Que dicho acto no tiene ningún efecto propio como lo asevera el actor ya que no es equiparable a una certificación o involucre alguna potestad de imperio ejercida sobre el administrado. En este caso lo único que hace dicho acto es constatar la ubicación de la finca e indicar que no ha sido expropiada ni existe algún procedimiento actualmente en ese sentido, y esto es un simple acto de certificación de conocimiento no existe el ejercicio de potestad administrativa alguna donde se exprese la voluntad administrativa, ni tampoco el oficio impugnado forma parte de algún expediente administrativo que resuelva una situación determinada, ni pone fin a un procedimiento, sino solo se limita a constatar un dato objetivo, sea, si el terreno descrito en un plano se encuentra o no dentro de un Parque Nacional. En cuanto a la ampliación de la demanda manifestó que los actos que solicita la nulidad no son susceptibles de impugnación pues son actos de mero trámite sin efectos propios. Indica que de acuerdo con la representación de la actora, desde la contestación de la demanda, el derecho de propiedad no es absoluto y en ocasiones es necesario imponer cierto tipo de limitaciones en favor del ambiente, sin que por ese motivo se vacíe el contenido de ese derecho. Que, en ese sentido, de la prueba aportada por la parte actora se desprende, que si bien actualmente los procesos de expropiación se encuentran suspendidos en esa área hasta que el SINAC-ACT cuente con el mapa catastral y estudios legales de todas las fincas ubicadas dentro de los límites del Parque Nacional, ello no implica que la actora pueda vulnerar las limitaciones ambientales impuestas en un área protegida, al pretender realizar el proyecto “Residencia Unifamiliar Lote A52”. Agrega que resulta de vital importancia señalar, que tal y como lo indicó la parte actora en su escrito de demanda, el inmueble fue adquirido en el año 2007, por lo cual es un hecho notorio y público, que para ese entonces ya existía el Parque Nacional Marino Las Baulas –cuya existencia data del año 1991-, siendo que la actora por medio de compraventa adquirió un bien en un área protegida, que evidentemente tendría limitaciones de orden ambiental y lo cual, era de su entero conocimiento. Como corolario de lo expuesto, manifiesta que valga advertir que si bien, la parte actora goza de un derecho de propiedad, debe preponderarse la afectación ambiental que el disfrute de dicho derecho podría generar, máxime en una zona con especies en peligro de extinción.

V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De previo, importante indicar que de los argumentos expresados por la parte actora tanto en su escrito de demanda como en las conclusiones, no se extrae exactamente cuál es el tema puntual a resolver, en virtud que el desarrollo de sus ideas se centra sobre los atributos de la propiedad privada y los límites impuestos por la Constitución Política, así como la creación del Parque Nacional Marino Las Baulas y su delimitaciones, pero no indica ni desarrolla de forma expresa dentro de lo que serían sus agravios, en qué le afecta los actos impugnados, es decir, no expone qué vicio o vicios es el que considera contienen los oficios recurridos, el grado de nulidad que adolecen tales, siendo en ese sentido totalmente omisa en indicar el daño que se le causa con la conducta reclamada de la administración. Tal omisión en fundamentar y desarrollar la nulidad alegada hace que este Tribunal no pueda realizar el examen de legalidad de los actos objeto del proceso al no poder sustituir a las partes en el planteamiento de su teoría del caso ni tampoco suponerla. Sin embargo, siendo este órgano judicial un contralor de legalidad se revisara la conducta administrativa de tal forma que se compruebe si la misma se encuentra o no ajustada a derecho conforme lo dispone el artículo 128 de la Ley General de Administración Pública el cual dispone: “Será válido el acto administrativo que se conforme sustancialmente al ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta”.

1) Solicita la parte actora que se declare como contraria al Ordenamiento Jurídico, y por ende nula e ilegítima, la conducta de la Administración observada en el acto de aplicación individual número ACT-OR-DR-958-19 del 06 de agosto de 2019. Criterio del Tribunal. De una revisión del cuadro fáctico planteado por las partes se extrae que en fecha 5 de julio de 2019 el señor Douglas Straubmueller, en calidad de representante legal de la empresa actora envía nota al Sr. Nelson Marín Mora, Director del Área de Conservación Tempisque del SINAC, que en lo conducente se transcribe: “me presento ante su autoridad para solicitarles  información pública y oficial relacionada con el Parque Nacional Marino Las Baulas, publicado inicialmente mediante Decreto Ejecutivo N° 20518 con fecha del 05 de junio de 1991 y posteriormente mediante Ley N° 7524 con fecha del 16 de agosto de 1995 y a la afectación de las propiedades privadas que no hayan sido compradas, expropiadas ni sometidas voluntariamente al régimen forestal”. Por su parte el SINAC mediante el oficio aquí impugnado en fecha 6 de agosto del 2019 evacúa la consulta a la empresa actora indicando grosso modo que la finca se encuentra ubicada dentro de los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, que dicho inmueble no ha sido expropiado, además, le indica las responsabilidades que todo propietario de un inmueble que se encuentra dentro de un área de conservación tiene conforme lo ha expresado la Sala Constitucional. Como se dijo líneas atrás, la parte actora fue totalmente omisa en fundamentar el tipo de nulidad que ataca lo que imposibilita a este Tribunal pronunciarse sobre sus argumentos, sin embargo, de un análisis de oficio del acto cuestionado considera esta Cámara que el mismo se encuentra ajustado a derecho por las siguientes consideraciones. Dentro de sus elementos subjetivos al momento de conformarse dicho acto, el señor Nelson Marín Mora, en calidad de director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Tempisque del SINAC, funcionario que lo dicta, tendría la envestidura, legitimación y competencia para los efectos de evacuar la consulta que realiza el señor Douglas Straubmueller. En cuanto a sus elementos objetivos como son el motivo y el fin, es evidente que al ser un simple acto de respuesta ante una consulta expresa de la parte actora relacionada con la ubicación  de su finca, si estaba o no dentro del Parque Marino Las Baulas, no existiría en ese sentido, por parte de este Tribunal, ninguna conducta que valorar ya que la Administración ha realizado ninguna valoración de prueba, ni emisión de juicio o voluntad, por lo que es claro que en el elemento contenido no se dispuso o resolvió absolutamente ninguna situación, reiterándose que el acto en cuanto a sus elementos constitutivos se encuentra conforme a derecho al tenor de lo dispuesto en el ordinal 128 de LGAP. Ahora bien, sin desmérito de lo ya indicado, es importante referirse al argumento planteado por la parte en sus conclusiones, específicamente donde manifiesta que el acto impugnado es contrario a derecho por desconocer la normativa vigente que crea el Parque Marino Las Baulas. Primero se debe recordar como se dijo anteriormente, que en el acto impugnado no existe manifestación alguna de la Administración que se resuelva, decida o valore dicho tema, de forma tal que haya creado, modificado o cancelado algún derecho de propiedad como lo alega la parte, se reitera, es un simple acto donde se le resuelve el derecho de petición planteado por el representante legal de la sociedad actora con relación a la ubicación de la finca de su propiedad. En este orden de ideas, ante la pregunta de la propietaria del inmueble si la misma se encuentra ubicada o no dentro de los límites del Parque Las Baulas, el SINAC le responde que conforme a las coordenadas la finca 5-42807-000 plano catastrado número G-042381-1980, se encuentra dentro de los límites establecidos de dicho parque, y que para ese momento no ha sido expropiado ni existe proceso algún, recordándole que existe pronunciamiento de la Sala Constitucional que para los propietarios que están en la condición descrita, sea dentro de un parque, área de conservación o reserva pero que no están proceso de expropiación u otro, existe una responsabilidad de conservarlos. Si bien, la parte indica que con dicho acto se le está cercenando su derecho constitucional y legal de propiedad, no comparte este Tribunal tal argumento, ya que del mismo no podría en ninguna forma concluirse tal afirmación, pues se insiste, solo se le está indicando que su propiedad efectivamente se encuentra dentro de la zona protegida del Parque Marino Las Baulas, y por consiguiente le es aplicable lo dispuesto en la normativa de creación del dicho parque y las relacionadas con las protección de áreas silvestres así como lo resuelto por la Sala Constitucional, todo conforme al derecho de petición que la misma actora accionó, pero en ningún momento en el mismo se le impone alguna limitación al derecho de propiedad como lo entiende la parte, las limitaciones a ese tipo de inmuebles fueron dispuestos por el legislador mucho tiempo atrás incluso antes de que la actora adquiriera dicha finca, por lo que al momento de comprarla era consciente de tales circunstancias por lo que no podría alegarse en este momento desconocimiento. Por último, si la parte actora consideraba que existían algún error de ubicación o que en la ley o reglamentos invocados existe alguna mala ubicación de la franja de agua, debió atacar tales normativas y fundamentar con prueba técnica que efectivamente su propiedad no se encuentra dentro de dichos límites, sin embargo, ello no ocurrió, sino que la parte fue totalmente omisa en sus argumentos, no impugnó norma alguna y mucho menos aportó prueba, y al no ser parte de sus pretensiones no es dable entrar a conocer cualquier situación jurídica relacionada en ese sentido con el actor. Es decir, de la lectura integral de sus conclusiones, la sociedad actora cuestiona de cierto modo la aplicación del decreto ejecutivo de creación del Parque Marino Las Baulas, indicando que hubo vicios en su creación por cuanto ahora limita su derecho de propiedad, sin embargo, no hay ningún planteamiento al respecto para revisar su legalidad, por lo que el mismo es válido y eficaz. Debido a lo anterior se rechaza la pretensión de nulidad.

2) Al realizar ampliación de pretensiones la parte actora solicita la nulidad de los oficios ACT-OR-DR-DL-1556-2022 del 8 de diciembre de 2022 y el ACT-OR-DR-DL-1503-2022 del 2 de diciembre de 2022, sin fundamentar nuevamente en que consiste la nulidad y cuáles son sus defectos. Manifiesta únicamente en el hecho nuevo, en lo que interesa, que: “el 01 de noviembre de 2022 se presenta en la SETENA el formulario D1 del proyecto: RESIDENCIA UNIFAMILIAR LOTE A52, presentado a nombre de SUMMER SUNSHINE LIMITADA, cédula jurídica 3-102-471616, representado por el señor Douglas Kel Straubmueller, documento de identificación número 561937986 (pasaporte), mismo que se le asignó el expediente número D1-0692-2022-SETENA. Mediante oficio SETENA-DT-DEA-1421-2022, del 24 de noviembre del 2022, el Departamento de Evaluación Ambiental solicita criterio al SINAC (…) La respuesta a la solicitud de criterio, ingresa a esta Secretaría, el día 09 del mes de diciembre del 2022, mediante los oficios ACT-OR-DR-DL-1556-2022 y el ACT-OR-DR-DL-1503-2022, por lo que mediante resolución número 002- 2023 -SETENA de las 8:55 h del 11 de enero del 2023. Al tenor de lo expuesto y con la prueba que en este acto se aporta, queda debidamente demostrado que la propiedad de mi representada no ha sido comprada, expropiada o bien sometida a régimen forestal; y, a su vez, que el indicar que una propiedad se encuentra dentro del área de un parque nacional produce efectos propios, tan graves y violatorios como el no reconocimiento de los atributos plenos del dominio, siendo este tipo de actuaciones contrarios al artículo 45 Constitucional, ya que el interés particular acepta limitaciones pero entre mayor sea la afectación al derecho de propiedad -cuando impida el ejercicio de las facultades del propietario, que se derivan de ese derecho- mayor es el deber del Estado de pagar un justiprecio o comprar el bien, pero no vaciar el contenido del mismo ad perpetuam a través de actos y resoluciones administrativas”. Criterio del Tribunal. De previo el Tribunal considera que la ampliación de la demanda por hecho nuevo y ajuste de pretensiones merece contextualizarse para poder resolver la solicitud planteada por el actor. En ese sentido véase que los actos impugnados en este proceso nacen a raíz de una consulta que se le hace a SETENA, dentro de un procedimiento administrativo que se realiza en otra institución (SINAC) y que no es parte de este proceso. Esta circunstancia descrita hace ver que los oficios impugnados son de trámite pero, se reitera, emanados por el demandado no para la aquí actora sino para otro sujeto de derecho lo que hace sui generis tal situación y la forma de resolución del caso. Indicado lo anterior ha de partirse, como ya se indicó, que el informe nace a raíz de una consulta que el SETENA realiza al SINAC dentro de un procedimiento administrativo que la empresa actora llevaba en dicha institución (SETENA), y en ese iter procesal, SETENA realiza consulta al SINAC, y el Director del SINAC pide el criterio legal a la oficia de asesoría jurídica de dicha institución, y dicha consulta es constetada por el Lic. Roger Francisco Gutiérrez, asesor jurídico del SINAC. De lo indicado hasta aquí, puede determinarse en primera instancia que, el indicado documento no resuelve ningún trámite del aquí actor en las oficinas del SINAC, y mucho menos va dirigido a él, incluso dentro del procedimiento que se sigue en el SETENA. En este orden de ideas, de una lectura del oficio relacionado se desprende que lo único que se indica es: primero, que la propiedad 42807-000 con plano 5-40231-1980, lote A 52 no tiene proceso expropiatorio abierto por cuanto se están realizando los mapas catastrales y estudio legales de todas las fincas que se encuentran en el límite del Parque, y, segundo, que con respecto a emitir algún criterio técnicos y determinar bajo supuestos correctos si procede o no la aprobación del otorgamiento de viabilidad ambiental, se indica expresamente que es competencia exclusiva de SETENA donde se realiza el trámite relacionado con la consulta realizada por dicha institución y no el SINAC el que deba resolver tal situación (viabilidad), por lo que no se emitió criterio alguno en ese sentido. De lo anterior se desprende que en este acto que aquí se está analizando no existe ningún tipo de pronunciamiento del SINAC con respecto algún derecho de propiedad de la sociedad actora, en el cual se le limite, restrinja o suprima, es más, dicho informe lo único que hace es citar la normativa de creación del parque, la relacionada con la protección de áreas silvestres y un voto de la Sala Constitucional en el que se desarrolla el derecho de propiedad y sus limitaciones por interés social, pero no existe ni un solo criterio relacionado con la parte actor en cuanto le pueda crear, modificar o suprimir algún derecho constitucional o legal como dueño de un bien inmueble. Por último, como ya se indicó, y no menos importante se debe considerar que los actos contenidos en los oficios ACT-OR-DR-DL-1556-2022 del 8 de diciembre de 2022 y el ACT-OR-DR-DL-1503-2022 del 2 de diciembre de 2022, impugnados en la ampliación de la demanda, como se acreditó, se sustanciaron dentro de un procedimiento administrativo que se abrió en SETENA, gestión que culminó con la resolución N° 002-2023-SETENA del 11 de enero de 2023, en el que se dispuso la suspensión del mismo; pero  que la parte actora, en este proceso, sostiene son actos con efectos propios, lo cual no comparte este Tribunal. En esta lógica se estima, debieron ser impugnados en conjunto con la resolución N° 002-2023-SETENA, al no poder ser recurridos de forma autónoma como lo hizo la actora, y; en este caso no sucedió pues ni siquiera el SETENA es parte ni tampoco si impugna alguna conducta de dicha institución. En razón de lo anterior, sin mayor redundancia se rechaza el agravio.

VI.- SOBRE LAS PRETENSIONES Y EXCEPCIONES. Conforme a las pretensiones que fueron fijadas en la audiencia preliminar y lo resuelto en el considerando anterior, se debe acoger la falta de derecho interpuesta por los codemandados y rechazar en todos sus extremos las pretensiones de la parte actora.

VII.- SOBRE LAS COSTAS. Conforme a lo regulado en el artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas personales y procesales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo y sólo procede su dispensa cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar, o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En el caso de estudio, estima este Tribunal que conforme a lo indicado no existen motivos para eximir y en consecuencia se impone las costas más sus intereses a cargo del vencido.

 

POR TANTO

Se acoge excepción de falta de derecho interpuesta por los codemandados. Se declara sin lugar la demanda interpuesta por la sociedad SUMMER SUNSHINE SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra del SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN y el ESTADO. Las costas y sus intereses a cargo del vencido, las cuales serán fijadas en ejecución de sentencia. Notifíquese.

 

Rodolfo Marenco Ortiz

 

Karen Calderón Chacón                                                                  Evelyn Solano Ulloa

 

 

 



 

 




- Código Verificador -
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Documento firmado por:

ELEUTERIO RODOLFO MARENCO ORTIZ, JUEZ/A DECISOR/A
EVELYN SOLANO ULLOA, JUEZ/A DECISOR/A
KAREN CALDERÓN CHACON, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 20-004637-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:18:39.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eleven hours and twenty-nine minutes on the twenty-ninth of January, two thousand twenty-six.-

Ordinary proceeding (Proceso de conocimiento) filed by SUMMER SUNSHINE SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA, legal entity identification number 3-102-47616, represented by Lic. Vianney Saborío Hernández, of age, attorney, identity card number 1-1112-0342, and Lic. Federico Peralta Bedoya, of age, attorney, identity card number 1-1043-0088, both acting as Special Judicial Attorneys-in-Fact (Apoderados Especiales Judiciales), against the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, represented by Licda. Delfilia Dávila Ruiz, of age, attorney, identity card number 5-0278-0290, acting as its Special Judicial Attorney-in-Fact (Apoderada Especial Judicial), and the STATE (ESTADO), represented by Procuradora Licda. Heilyn Sáenz Calderón, of age, attorney, identity card number 7-012-0163.

CONSIDERING (CONSIDERANDO)

I.- PRELIMINARY ASPECTS. The procedural history (iter procesal) includes the following: 1) By means of a complaint (escrito de demanda) filed with the court on October 21, 2020, the plaintiff (parte actora) sought the following relief: "1. To grant this complaint in its entirety. 2. To declare contrary to the Legal System (Ordenamiento Jurídico), and therefore null and illegitimate, the conduct of the Administration observed in the individual application act (acto de aplicación individual) number ACT-OR-DR-958-19 of August 6, 2019, as well as the related administrative acts (actos administrativos conexos), so that they cease to have effect. 3. To order the Administration to refrain from adopting and executing the reproached conduct. 4. To order the defendant (parte demandada) to pay both costs (costas) of this proceeding" (images 2-26, electronic file).

2)  Having been granted the legal hearing, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, hereinafter SINAC, appeared in the proceedings on April 16, 2021, answering the complaint in the negative and raising the preliminary defenses (excepciones previas) of failure to exhaust administrative remedies (falta de agotamiento) and act not subject to challenge (acto no susceptible de impugnación), as well as the substantive defense (defensa de fondo) of lack of right (falta de derecho) (images 212-222, of the electronic file).

3) Having been granted the legal deadline, the State appeared by means of a brief dated April 29, 2021, answered the complaint in the negative, and raised the defenses of act not subject to challenge and lack of right (images 233-250, of the electronic file).

4) By resolution (resolución) No. 743-2021 at 08:00 hrs. on June 3, 2021, the procedural judge (juez de trámite) rejected the defense of necessary passive joinder of parties (litis consorcio pasivo necesario) raised by both defendants (codemandados) (images 207-310, electronic file).

5) By resolution No. 743-2021 at 8:00 hrs. on June 3, 2021, the Procedural Judge rejected the preliminary defense of act not subject to challenge filed by the co-defendants (images 260-261, electronic file).

6) By brief dated January 24, 2023, the plaintiff presented a new fact (hecho nuevo) and expanded its claims (ampliación de pretensiones), requesting the nullity of official letters (oficios) ACT-OR-DR-DL-1556-2022 of December 8, 2022, and ACT-OR-DR-DL-1503-2022 of December 2, 2022 (images 290-292, electronic file).

7) On January 24, 2023, the first preliminary hearing (audiencia preliminar) was held. Therein, the proceeding was sanitized (saneamiento del proceso) and the parties were granted a period of 5 days to pronounce on the new fact (312-313, of the electronic file).

8) Within the legal deadline granted to the parties regarding the new fact and expansion of claims, both answered in the negative and raised the preliminary defense of act not subject to challenge and lack of right (images 294-305, electronic file).

9) On September 12, 2023, the second preliminary hearing was held, the claims were fixed, requesting the nullity of Official Letter # ACT-OR-DR-958-19 of August 6, 2019, as well as the related administrative acts so that they cease to have effect. The second claim was expanded, requesting the nullity of Official Letters Numbers ACT-OR-DR-DL-1556-2022 of December 8, 2022, and ACT-OR-DR-DL-1503-2022 of December 2, 2022. The hearing was suspended so that SINAC could present the challenged official letters duly certified (images 313-315, of the electronic file).

10) The last preliminary hearing was held on January 9, 2024, in which the preliminary defenses raised by the co-defendants in relation to the expansion of claims were resolved. The judge, by oral resolution, rejected the defense of act not subject to challenge. The disputed facts (hechos controvertidos) were fixed, and the documentary evidence provided by the parties was admitted. The proceeding was declared a matter of pure law (de puro derecho), and the parties presented their conclusions orally (images 345-348, of the electronic file).

This judgment is issued after deliberation, with the affirmative vote of Judges Ulloa Solano and Calderón Chacón.

Judge Marenco Ortiz writes.

II.- PROVEN FACTS (HECHOS PROBADOS): The following are important for the resolution of this matter:

1) That on June 27, 1990, by means of Law No. 7149, the Refugio Nacional de Vida Silvestre Tamarindo was created (fact not disputed by the parties).

2) By means of Decreto Ejecutivo No. 20518-MIRENEM published in Diario La Gaceta No. 121 of June 27, 1991, the Parque Nacional Marino Las Baulas was created in Guanacaste (fact not disputed by the parties).

3) That the plaintiff company acquired the farm (finca) registered in the Public Registry, Real Estate Section, Guanacaste District, Registration No. 42807-000, on May 30, 2007 (image 67, digital file).

4) By brief filed on July 20, 2019, the legal representative of the company Summer Sunshine Ltd., requested information from the SINAC office, Área de Conservación Tempisque, regarding the encumbrance (afectación) that weighs on farm No. 5-042807-000, cadastral plan G-402381-1990, of which it is the owner (images 223-224, electronic file).

5) On October 29, 2019, by means of official letter No. ACT-OR-D-958-19, SINAC responded to a query made by Mr. Douglas Straubmueller, legal representative of the plaintiff company, indicating that the property is located within the boundaries of the Parque Marino Las Baulas, but that the farm is not part of the properties acquired by the State because legal studies and the cadastral map of the Park are being carried out, so at that time the expropriation (expropiación) processes could not be continued. It also reminded him that, as the Sala Constitucional has indicated, there are responsibilities on the part of owners of properties located within a Protected Area that have not been expropriated (image 201, digital file).

6) That by means of official letter No. SETENA-DT-DEA-1421-2022, of November 24, 2022, the Departamento de Evaluación Ambiental requested a criterion (criterio) from SINAC, since the project is located within the Parque Nacional Marino Las Baulas, as well as whether the same has been expropriated or is in the process thereof, the foregoing in order to analyze the legal aspects and determine, under the correct assumptions, whether or not the approval of the granting of the Environmental Viability and/or Environmental License (Viabilidad y /o Licencia Ambiental) is appropriate (fact not disputed by the parties).

III.- UNPROVEN FACTS (HECHOS NO PROBADOS). Relevant to this matter, the sole unproven fact is the non-existence of any conduct contrary to law carried out by the State and SINAC that affected the subjective rights or interests of the plaintiff.

IV.- ARGUMENTS OF THE PARTIES. The parties, both in their complaint and in their conclusions, stated: A) Arguments of the Plaintiff: In essence and in summary, without prejudice to the full reading that the Court has made of the complaint, the plaintiff stated that it is the owner of the farm subject to the proceeding, and that the property right it holds is restricted, so the correct delimitation of the Parque Marino Las Baulas and its correct location inside or outside the delimitation of said Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida) is important. It states that the challenged act has its own effects, by indicating that the property of its represented party is located 100% within the Parque Marino Las Baulas, since that decision automatically generates a series of conditioning factors on the full exercise of the plaintiff's rights, which are generically enshrined in the Constitución Política and in a series of International Human Rights instruments, such as private property, legal certainty and security (seguridad y certeza jurídica), so it evidently has an adverse and illegal effect. It considers that the Refugio Nacional de Vida Silvestre de Tamarindo currently protects the public zone of the Playa Grande sector. By means of Decreto 20518-MIRENEM, the Parque Las Baulas de Guanacaste was not created, since an essential requirement -sine qua non- for the declaration to be effective was not fulfilled, therefore, the strip of private lands included in its delimitation [was not validly included]. It adds that there is no regulation whatsoever that includes the internal waters of the Bahía de Tamarindo as part of the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste. Regarding the new fact and expansion of the complaint, it indicates that on November 1, 2022, its represented party filed the D1 form for the project "Residencia Unifamiliar Lote A52", and that, by means of official letter No. SETENEA-DT-DEA-1421-2022 of November 24, 2022, the Departamento de Evaluación Ambiental requested a criterion from SINAC since the project is located within the Parque Nacional Las Baulas, as well as whether the same has been expropriated or is in process, the foregoing to analyze the legal aspects and determine, under the correct assumptions, whether or not the approval of the granting of Environmental Viability and/or Environmental License (VLA) is appropriate. It indicates that said request for a criterion was made through official letters ACT-OR-DL-1556-2022 and ACT-OR-DR-DL-1505-2022, so that by resolution No. 002-2023-SETENA of January 11, 2023, which ordered: "Not to continue the initial environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) process for the Project 'Residencia Unifamiliar Lote A52', administrative file No. D1-0692-2022-SETENA, based on CONSIDERING – THIRD and FOURTH of this resolution, whose cited regulations explicitly establish what is allowed to be developed and for what purposes; that this EIA instrument does not apply for activities, works or projects that are not in accordance with what is cited in the regulation." It considers that its property has not been expropriated, or purchased, or subjected to a forestry regime (régimen forestal). B) Arguments of SETENA. Succinctly, the representation of the sued entity opposed the complaint, and without prejudice to the full reading of the document, indicated that the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste was created by Decreto Ejecutivo No. 20518-MIRENEM on July 5, 1991, and was ratified by Law No. 7524 of July 10, 1995, and that the different regulations related to the environment are intended, in this specific case, to protect the waters, mangroves, and specifically the turtles when they spawn. It indicates that the Ley Orgánica del Ambiente expressly provides that private lands are not considered included in state protected areas until the purchase or expropriation occurs, which is a temporary measure imposed on the properties to conform to the environmental management plan (plan de ordenamiento ambiental) and the management plan (plan de manejo) of the protected wilderness area, while the expropriation or purchase is carried out, this responding to the need to conserve the natural resources that are intended to be protected with the establishment of the wilderness area. That the challenged official letter corresponds to the response issued by its represented body to the company Summer Sunshine Ltd. regarding the query about the location of the property registered in its name, such claim being improper since it is a duty of the Administration to respond to the administered parties, and therefore, said act is a mere procedural act (acto de mero trámite). Regarding the acts challenged in the expansion of the complaint, it considers that they do not constitute final acts but rather mere procedural acts with effect on the actor, since they are official letters of mere verification related to the queries made by the actor, and the official letter from the Secretaría Técnica Ambiental only responds to the actor regarding the request made by the actor, which did not affect the subjective interests of the actor or its property; that is, they are official letters that provide a response by virtue of the right to a response enshrined in Article 27 of the Constitución Política. C) Arguments of the State: The representation of the State, at the time of answering the complaint, opposed it, and succinctly, without detriment to the full reading, indicated that the nullity sought by the plaintiff is not appropriate since it is facing an act not subject to challenge, as it is a mere procedural act, since it is a simple response to the note presented to the SINAC office by Mr. Douglas Kel Straubmuller. That said act has no effect of its own as the actor asserts, since it is not comparable to a certification or involves any sovereign power (potestad de imperio) exercised over the administered party. In this case, the only thing that said act does is verify the location of the farm and indicate that it has not been expropriated, nor is there any current proceeding in that regard, and this is a simple act of certification of knowledge; there is no exercise of any administrative power where the administrative will is expressed, nor does the challenged official letter form part of any administrative file that resolves a specific situation, nor does it put an end to a proceeding, but only limits itself to verifying an objective fact, that is, whether the land described in a plan is located or not within a National Park. Regarding the expansion of the complaint, it stated that the acts whose nullity is requested are not subject to challenge because they are mere procedural acts without effects of their own. It indicates that, according to the plaintiff's representation, since the answering of the complaint, the right to property is not absolute and it is sometimes necessary to impose certain types of limitations in favor of the environment, without for that reason the content of that right being emptied. That, in that sense, from the evidence provided by the plaintiff it is clear that, although currently the expropriation processes are suspended in that area until SINAC-ACT has the cadastral map and legal studies of all the farms located within the boundaries of the National Park, this does not imply that the plaintiff can violate the environmental limitations imposed in a protected area, by attempting to carry out the project "Residencia Unifamiliar Lote A52". It adds that it is vitally important to point out that, as the plaintiff indicated in its complaint, the property was acquired in the year 2007, whereby it is a notorious and public fact that by that time the Parque Nacional Marino Las Baulas already existed – its existence dating from the year 1991 –, and that the plaintiff, through a sale, acquired a property in a protected area, which would evidently have environmental limitations, and which was within its full knowledge. As a corollary to the foregoing, it states that it is worth noting that, although the plaintiff enjoys a property right, the environmental impact that the enjoyment of said right could generate must prevail, especially in an area with endangered species.

V.- ON THE SPECIFIC CASE. First, it is important to indicate that from the arguments expressed by the plaintiff both in its complaint and in its conclusions, the specific issue to be resolved is not exactly extracted, given that the development of its ideas focuses on the attributes of private property and the limits imposed by the Constitución Política, as well as the creation of the Parque Nacional Marino Las Baulas and its delimitations, but it does not indicate or expressly develop, within what would be its grievances, how the challenged acts affect it; that is, it does not state what defect or defects it considers the appealed official letters contain, or the degree of nullity from which they suffer, being in that sense totally remiss in indicating the damage caused to it by the conduct complained of against the administration. This omission in substantiating and developing the alleged nullity means that this Court cannot conduct an examination of the legality of the acts subject to the proceeding since it cannot substitute for the parties in raising their theory of the case nor suppose it. However, this judicial body being a controller of legality, the administrative conduct will be reviewed in such a way as to verify whether or not it conforms to law, as provided in Article 128 of the Ley General de Administración Pública, which states: "The administrative act that conforms substantially to the legal system, even regarding the motive of the official who issues it, shall be valid."

1) The plaintiff requests that the conduct of the Administration observed in the individual application act number ACT-OR-DR-958-19 of August 6, 2019, be declared contrary to the Legal System, and therefore null and illegitimate. Court's Criterion. From a review of the factual picture presented by the parties, it is extracted that on July 5, 2019, Mr. Douglas Straubmueller, in his capacity as legal representative of the plaintiff company, sent a note to Mr. Nelson Marín Mora, Director of the Área de Conservación Tempisque of SINAC, which, to the relevant extent, is transcribed: "I appear before your authority to request public and official information related to the Parque Nacional Marino Las Baulas, initially published by Decreto Ejecutivo No. 20518 dated June 5, 1991, and subsequently by Law No. 7524 dated August 16, 1995, and regarding the encumbrance (afectación) of private properties that have not been purchased, expropriated, or voluntarily subjected to the forestry regime." For its part, SINAC, through the official letter challenged here on August 6, 2019, responds to the query to the plaintiff company, indicating, broadly speaking, that the farm is located within the boundaries of the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, that said property has not been expropriated, and also informs it of the responsibilities that any owner of a property located within a conservation area has, as expressed by the Sala Constitucional. As mentioned above, the plaintiff was completely remiss in substantiating the type of nullity it attacks, which makes it impossible for this Court to rule on its arguments; however, from an ex officio analysis of the questioned act, this Chamber considers that it conforms to law for the following considerations. Within its subjective elements at the time of conforming said act, Mr. Nelson Marín Mora, in his capacity as director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación Tempisque of SINAC, the official who issues it, would have the authority (envestidura), standing (legitimación), and jurisdiction (competencia) for the purposes of evacuating the query made by Mr. Douglas Straubmueller. As for its objective elements, such as the motive (motivo) and the purpose (fin), it is evident that, being a simple act of response to an express query from the plaintiff regarding the location of its farm, whether or not it was within the Parque Marino Las Baulas, there would be, in that sense, on the part of this Court, no conduct to assess, since the Administration has conducted no evidentiary evaluation, nor issuance of judgment or will, so it is clear that in the content element, absolutely no situation was ordered or resolved, reiterating that the act, in terms of its constitutive elements, conforms to law pursuant to the provisions of Article 128 of the LGAP. Now then, without detracting from what has already been stated, it is important to refer to the argument raised by the party in its conclusions, specifically where it states that the challenged act is contrary to law for ignoring the current regulations that create the Parque Marino Las Baulas. First, it must be remembered, as stated above, that in the challenged act there is no manifestation whatsoever by the Administration that resolves, decides, or assesses said issue, in such a way that it has created, modified, or cancelled any property right as alleged by the party; it is reiterated, it is a simple act responding to the right of petition (derecho de petición) filed by the legal representative of the plaintiff company regarding the location of the farm it owns. In this order of ideas, to the question of the owner of the property whether the same is located or not within the boundaries of the Parque Las Baulas, SINAC responds that according to the coordinates, farm 5-42807-000, cadastral plan number G-042381-1980, is located within the established boundaries of said park, and that at that time it has not been expropriated, nor is there any process in progress, reminding it that there is a pronouncement from the Sala Constitucional that for owners who are in the described condition, i.e., within a park, conservation area, or reserve but who are not in an expropriation process or other, there is a responsibility to conserve them. While the party indicates that with said act its constitutional and legal property right is being curtailed, this Court does not share such argument, since from the same it could in no way conclude such affirmation, as it is insisted, it is only being indicated that its property is indeed located within the protected zone of the Parque Marino Las Baulas, and consequently, the provisions of the regulations creating said park and those related to the protection of wilderness areas, as well as what was resolved by the Sala Constitucional, are applicable to it, all in accordance with the right of petition that the plaintiff itself activated, but at no point therein is any limitation imposed on the property right as the party understands it; the limitations on that type of property were established by the legislator long ago, even before the plaintiff acquired said farm, so that at the time of purchasing it, it was aware of such circumstances, and therefore, ignorance cannot be alleged at this time. Finally, if the plaintiff considered that there was some location error or that in the invoked law or regulations there is some incorrect location of the water strip, it should have challenged such regulations and substantiated with technical evidence that its property is indeed not located within said boundaries; however, this did not occur, but rather the party was completely remiss in its arguments, did not challenge any regulation, much less provided evidence, and since it is not part of its claims, it is not possible to address any legal situation related thereto with respect to the actor. That is to say, from a full reading of its conclusions, the plaintiff company questions in some way the application of the executive decree (decreto ejecutivo) creating the Parque Marino Las Baulas, indicating that there were defects in its creation because it now limits its property right; however, there is no argument whatsoever in this regard to review its legality, and therefore it is valid and effective. Due to the foregoing, the claim for nullity is rejected.

2) By expanding its claims, the plaintiff requests the nullity of official letters ACT-OR-DR-DL-1556-2022 of December 8, 2022, and ACT-OR-DR-DL-1503-2022 of December 2, 2022, again without substantiating what the nullity consists of and what its defects are. It states only in the new fact, to the relevant extent, that: "on November 1, 2022, the D1 form for the project: RESIDENCIA UNIFAMILIAR LOTE A52, filed in the name of SUMMER SUNSHINE LIMITADA, legal ID 3-102-471616, represented by Mr. Douglas Kel Straubmueller, identification document number 561937986 (passport), was submitted to SETENA, which was assigned file number D1-0692-2022-SETENA. By means of official letter SETENA-DT-DEA-1421-2022, of November 24, 2022, the Departamento de Evaluación Ambiental requests a criterion from SINAC (…) The response to the request for a criterion was received by this Secretariat on the 9th day of the month of December 2022, through official letters ACT-OR-DR-DL-1556-2022 and ACT-OR-DR-DL-1503-2022, so that by resolution number 002-2023-SETENA at 8:55 a.m. on January 11, 2023. Based on the foregoing and with the evidence provided in this act, it is duly demonstrated that the property of my represented party has not been purchased, expropriated, or subjected to a forestry regime; and, in turn, that indicating that a property is located within the area of a national park produces effects of its own, as serious and violative as the non-recognition of the full attributes of ownership (dominio), this type of action being contrary to Article 45 of the Constitution, since private interest accepts limitations, but the greater the impact on the property right – when it prevents the exercise of the owner's powers derived from that right – the greater the State's duty to pay just compensation (justiprecio) or purchase the property, but not to empty the content thereof ad perpetuam through administrative acts and resolutions." Court's Criterion. First, the Court considers that the expansion of the complaint due to new fact and adjustment of claims deserves to be contextualized in order to resolve the request raised by the actor. In this sense, it is observed that the acts challenged in this proceeding arise from a consultation made to SETENA, within an administrative proceeding being conducted in another institution (SINAC) and which is not a party to this proceeding. This described circumstance shows that the challenged official letters are procedural, but, it is reiterated, issued by the defendant not to the plaintiff here but to another subject of law, which makes this situation and the manner of resolving the case sui generis. Having stated the foregoing, one must start from the fact, as already indicated, that the report arises from a consultation that SETENA makes to SINAC within an administrative proceeding that the plaintiff company was conducting before said institution (SETENA), and in that procedural history (iter procesal), SETENA consults with SINAC, and the Director of SINAC requests a legal criterion from the legal advisory office of said institution, and said consultation is answered by Lic. Roger Francisco Gutiérrez, legal advisor of SINAC. From what has been indicated thus far, it can be determined in the first instance that the indicated document does not resolve any procedure of the actor here in the offices of SINAC, much less is it addressed to him, even within the proceeding being followed before SETENA. In this order of ideas, from a reading of the related official letter, it is clear that all that is indicated is: first, that property 42807-000 with plan 5-40231-1980, lot A 52, does not have an open expropriation proceeding because the cadastral maps and legal studies of all the farms located within the boundary of the Park are being carried out, and, second, that with respect to issuing any technical criteria and determining under correct assumptions whether or not the approval of the granting of environmental viability is appropriate, it is expressly indicated that it is the exclusive competence of SETENA where the procedure related to the consultation made by said institution is being carried out, and not SINAC which must resolve such a situation (viability), so no criterion whatsoever was issued in that sense. From the foregoing, it follows that in this act being analyzed here, there is no type of pronouncement by SINAC regarding any property right of the plaintiff company, in which it is limited, restricted, or suppressed; moreover, all that said report does is cite the regulations creating the park, those related to the protection of wilderness areas, and a vote (voto) of the Sala Constitucional in which the right to property and its limitations for social interest are developed, but there is not a single criterion related to the plaintiff that could create, modify, or suppress any constitutional or legal right as owner of real estate. Finally, as already indicated, and no less important, it must be considered that the acts contained in official letters ACT-OR-DR-DL-1556-2022 of December 8, 2022, and ACT-OR-DR-DL-1503-2022 of December 2, 2022, challenged in the expansion of the complaint, as was accredited, were substantiated within an administrative proceeding that was opened before SETENA, a procedure that culminated with resolution No. 002-2023-SETENA of January 11, 2023, in which its suspension was ordered; but the plaintiff, in this proceeding, maintains that they are acts with effects of their own, which this Court does not share.

By this logic, it is considered that they should have been challenged together with resolution No. 002-2023-SETENA, as they could not be appealed autonomously as the plaintiff did, and; in this case that did not happen because SETENA is not even a party nor is any conduct of that institution being challenged. By reason of the foregoing, without further redundancy, the grievance is dismissed.

VI.- ON THE CLAIMS AND DEFENSES. In accordance with the claims that were established at the preliminary hearing and what was resolved in the preceding considerando, the lack of right (falta de derecho) raised by the co-defendants must be upheld and all of the plaintiff's claims must be dismissed in their entirety.

VII.- ON COSTS. Pursuant to Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, personal and procedural costs constitute a burden imposed on the losing party by the mere fact of being so, and their waiver is only appropriate when, in the Court's judgment, there was sufficient reason to litigate, or when the judgment is rendered on the basis of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In the case under study, this Court considers that, pursuant to the foregoing, there are no grounds for waiver and consequently costs plus their interest are imposed on the losing party.

 

POR TANTO

The defense of lack of right (falta de derecho) raised by the co-defendants is upheld. The lawsuit filed by the company SUMMER SUNSHINE SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA against the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN and the ESTADO is dismissed. Costs and their interest are charged to the losing party, to be determined in execution of judgment. Let it be notified.

 

Rodolfo Marenco Ortiz

 

Karen Calderón Chacón                                                                  Evelyn Solano Ulloa

 

 

 

 

 

 

 

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Documento firmado por:

ELEUTERIO RODOLFO MARENCO ORTIZ, JUEZ/A DECISOR/A
EVELYN SOLANO ULLOA, JUEZ/A DECISOR/A
KAREN CALDERÓN CHACON, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 20-004637-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:18:39.

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