Res. 00677-2026 Tribunal Contencioso Administrativo — Dismissal of challenge to expired wildlife management permitsImprocedencia de anular permisos de manejo de fauna silvestre ya vencidos

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 00677 - 2026

Fecha de la Resolución: 30 de Enero del 2026 a las 16:08

Expediente: 20-004574-1027-CA

Redactado por: Amy Lucía Miranda Alvarado





Texto de la resolución

 

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EXPEDIENTE:

	

20-004574-1027-CA - 9




PROCESO:

	

Conocimiento




ACTOR/A:

	

RODOLFO JOSE VARGAS LEITÓN




DEMANDADO/A:

	

 EL ESTADO Y OTRO

 

 N° 2026000677

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, EQUIPO PRIMERO, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las dieciseis horas con ocho minutos del treinta de Enero del dos mil veintiseis.-

 

 

 Proceso de conocimiento interpuesto por el señor Rodolfo Vargas Leitón, mayor, casado, biólogo, vecino de Santa Ana, portador de la cédula de identidad número 1-1274-0200, representado por su apoderado especial judicial, Lic. Walter Brenes Soto, mayor, abogado, portador del carnet de colegiado número 21747, en contra del Estado, representado por la procuradora estatal, Licda. Susana Fallas Cubero, abogada, vecino de San José, carnet de colegiada número 5187 y contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante SINAC), representado por el Lic. Ari Morales Picado, abogado, vecino de San José, carnet de colegiado número 25565, en calidad de apoderado especial judicial.-

RESULTANDO

 I.- En fecha 16 de octubre de 2020, el actor interpone proceso de conocimiento en contra del SINAC y el Estado, formulando las siguientes pretensiones: "1. La anulación total de la resolución ACC-OSI-VS-013-R-ZOO-19 denominada como "Modificación de Permiso de Funcionamiento Zoológico con fines comerciales", emitida por la Oficina Subregional de San José del Área de Conservación Central, al ser las ocho horas del día diez y seis de octubre del 2019. 2. Por conexidad la anulación total de la resolución número ACC-OSJ-VS-004-R-ZOO-2020 denominada "Notificación al Refugio Herpetológico de Costa Rica sobre permiso de funcionamiento ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, del día 19 de junio del 2020, así como de la Orden Administrativa girada ese mismo 19 de junio del 2020. 3- El reconocimiento y restablecimiento de la resolución ACOPAC-OSRP-RES-090-16 denominada como "Renovación del Permiso de Funcionamiento de un Zoológico con fines comerciales", emitida por la Oficina Subregional de Puriscal del Área de Conservación Pacífico Central, al ser las diez horas del 12 de noviembre del 2016. 4- Se condene al demandado al pago de ambas costas del proceso de conocimiento". (Ver demanda en imágenes 21 a 26 y audiencia preliminar en imágenes 98 a 100 y 812 a 814 del expediente digital judicial).-

 II.- Otorgado el traslado de ley, el SINAC se opone a la acción, solicitando se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos y pretensiones y se condene a la parte actora al pago de ambas costas e intereses a su favor. Aunado a lo anterior, interpone la excepción de fondo de falta de derecho. La excepción de prescripción fue rechazada en la audiencia preliminar. (Ver imágenes 41 a 55 del expediente digital judicial).-

 III.- Concedido el traslado de ley, el ESTADO se opone a la acción, solicitando declarar sin lugar la demanda interpuesta, con la imposición de ambas costas a cargo de la parte actora, así como los intereses que éstas generen hasta su efectivo pago. Aunado a lo anterior, interpone las excepciones de fondo de falta de interés actual, falta de legitimación ad causam activa y pasiva y falta de derecho. (Ver imágenes 174 a 186 del expediente digital judicial).-

 IV.- La audiencia preliminar fue celebrada los días 20 de octubre de 2021 y 01 de agosto de 2025, con la presencia de los representantes de todas las partes. En la misma se fijaron pretensiones, se admitió prueba documental y se declaró el asunto de puro derecho por lo que se rindieron conclusiones. (Ver audiencia preliminar y minuta en imágenes 98 a 100 y 812 a 814 del expediente digital judicial).-

 V.- En fecha 18 de agosto de 2025, fue turnado el presente proceso al presente Equipo I de Fondo, conforme a los criterios de redistribución de expedientes en trámite del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, y en aplicación de los lineamientos establecidos conforme a los acuerdos N° 2.VI.2023, 11.VI.2023 y 12.VI.2023 adoptados en fecha 27 de julio de 2023 por parte de la Comisión de lo Contencioso del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, como parte del proceso de rediseño de la citada sede jurisdiccional aprobado por el Consejo Superior, y se resuelve según los varemos de prioridad de resolución establecidos por el Poder Judicial bajo el criterio de antigüedad.-

 VI.- Se dicta esta sentencia dentro del plazo de ley, por unanimidad y previa deliberación de los integrantes del Tribunal, sin que se observen causales capaces de invalidar lo actuado.-

 Redacta la Juez Miranda Alvarado, con el voto afirmativo de los juzgadores Bolaños Salazar y Mejías Rodríguez.-

CONSIDERANDO

 I.- SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: La parte actora ofrece como prueba para mejor resolver: a) La resolución NºR-408-2023-MINAE emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía, argumentando la presencia de vicios de nulidad absoluta en los informes sobre los que versa este proceso. b) Oficio CBCR-JD-017-2025, emitido el 13 de febrero de 2025 por el Colegio de Biólogos de Costa Rica, señalando que contiene criterio técnico. Sobre dichas pruebas se le concedió audiencia a las partes demandadas, quienes se refirieron a la misma. Ahora bien, una vez revisada esta prueba, se concluye que la misma no aporta elementos de convicción necesarios o relevantes para la resolución del presente asunto. La primera es un proceso disciplinario y lo que emite un órgano decisor que considera que se deben revisar -entre otras- una de las resoluciones que acá se ha pedido conocer por presentar vicios de nulidad, pero fuera de ello, la resolución no abona al criterio por el cual la parte actora parte de la supuesta nulidad reclamada y por ello es irrelevante para efectos de este proceso, sobre todo porque con aquél acto no se modificó, revocó o de alguna forma alteró el acto que se conoce en este asunto. Y la segunda prueba es un documento emitido en el año 2025, que se refiere a las situaciones posteriores a la presentación de la demanda como informes de la regente y el manejo de especies silvestres que no tienen vinculación con el objeto con este proceso. Por lo indicado, se decide rechazar la prueba ofrecida con carácter de mejor proveer, por no aportar un elemento probatorio nuevo o necesario para la resolución de esta litis.-

 II.- DE LOS HECHOS PROBADOS.- De importancia para la resolución de este asunto, se tiene como debidamente acreditado lo siguiente: 1) Por escrito de fecha 02 de enero de 2016, reiterado el 08 de julio de 2016, el señor Rodolfo Vargas Leitón, como propietario del Refugio Herpetológico, solicita a la Oficina Sub-Regional Puriscal, del Área de Conservación Pacífico Central, la renovación de la resolución del establecimiento. (Ver imagen 121 del Tomo III del cd de prueba y 67 del Tomo IV del cd de prueba); 2) Mediante resolución ACOPAC OSRP RES 090-16 de las 10:00 horas del 12 de noviembre de 2016, la oficina Subregional de Puriscal del Área de Conservación Pacífico Central, renueva el permiso de funcionamiento de un zoológico con fines comerciales para el Refugio Herpetológico de Costa Rica, situado en el Alto de las Palomas, Santa Ana, San José, con fecha de rige del 12 de noviembre de 2016 al 12 de noviembre de 2021. (Ver imágenes 3 a 6 del expediente digital e imágenes 79 a 81, 101 a 104 del Tomo IV del cd de prueba); 3) Por oficio SINAC-ACC-OSRP-1706-2017 del 11 de diciembre de 2017, el jefe de la OSRP, Efraín Monge Hernández, le indica al señor Rodolfo Vargas Leitón, Propietario Zoológico Herpetológico de Costa Rica, en lo de interés, lo siguiente: "Como es de su conocimiento en el año 2012 el Poder Legislativo aprobó el proyecto presentado por iniciativa popular que modificó la Ley de Conservación de Vida Silvestre 7317, acto que se oficializó mediante la promulgación de la Ley No. 9106. De igual manera en agosto del año en curso mediante la publicación del Decreto Ejecutivo No. 40548 se aprobó el reglamento a dicha ley, en éste se dictan las normas que regularán todo lo relacionado al manejo y la protección de las diferentes especies de flora y fauna silvestre dentro o fuera de su habitat natural. Entre los aspectos de mayor importancia que fueron contemplado tanto en la modificación de la ley como la puesta en vigencia del reglamento y que están relacionados con la actividad que actualmente su persona se encuentra realizado (sic) son: Modificación en los objetivos de los sitios de manejo de vida silvestre ex-situ. que la administración autoriza y la reproducción de fauna silvestre para comercialización como mascotas". Cita a continuación los transitorios del Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Agrega que un aspecto relevante y trascendente para su persona es la reestructuración territorial del Sistema Nacional de Áreas de Conservación porque el sitio de manejo de la fauna silvestre a su nombre correspondería al Área de Conservación Central. Añade que por tal motivo funcionarios de esa área revisaron el expediente y se apersonaron a las instalaciones y detectaron problemas en los recintos. Que el manejo administrativo y control de los animales era muy deficiente. Que en el área de reproducción existían un grupo importante de reptiles y se carecía de los registros de nacimientos. Por ello se le previene implementar acciones correctivas: - Que por la categoría de manejo de zoológico no tiene permitido el ingreso de animales producto de entregas voluntarias por parte de los ciudadanos, ya que para tal fin debe tener inscrito un centro de rescate, por lo que no puede recibir y liberar más animales hasta tanto no cumpla con los requisitos técnicos y legales establecidos en la legislación para la inscripción y permiso de funcionamiento de un centro de rescate. Implementar medidas preventivas para evitar la reproducción de especímenes. Asimismo se le informa: "(...) debido al alcance de la resolución administrativa ACOPAC-OSRP-RES-090-2016, al no estar congruente con lo normado tanto en la modificación de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre como su reglamento será necesario dejas la misma sin efecto por lo que esa ofician le extenderá una nueva resolución de forma temporal con el fin de que su persona continúe desarrollando actividades propias de un zoológico y presente los requisitos necesarios para inscripción y permiso de funcionamiento según categoría de manejo que desee realizar". Se le pide aportar un libro de actas de 100 folios para la apertura de una nueva bitácora. se ajuste al formato oficializado para la presentación de informes trimestrales, informe quien es el regente biológico y el veterinario que actualmente atiende el sitio, aportando los documentos correspondientes. (Ver imágenes 135 a 137 del Tomo V del cd de prueba); 4) Mediante resolución ACOPAC OSRP RES 127-17 de las 10:00 horas del 20 de diciembre de 2017, de la Oficina Subregional de Puriscal del Área de Conservación Central, se dispone la renovación del permiso de funcionamiento temporal de un zoológico sin fines comerciales con vencimiento al 09 de febrero de 2018, para el Refugio Herpetológico de Costa Rica. No se autoriza la comercialización de individuos de las especies que reproduce en el centro de Manejo. Y entre otras: Que no podrá recibir ningún tipo de animales en el centro de manejo. (Ver imágenes 130 a 133 del Tomo V del cd de prueba); 5) Mediante resolución ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19 de las ocho horas del 16 de octubre de 2019, la oficina Subregional San José, del Área de Conservación Central, modifica el permiso de funcionamiento zoológico con fines comerciales para adecuarlo al Reglamento de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, Decreto Ejecutivo No. 40548 publicado en La Gaceta No. 150, Alcance Digital No. 194 el 9 de agosto del 2017, artículo 105 que señalaba que los zoológicos no estaban autorizados a realizar rescate, reinserción, reintroducción o reproducción de fauna. (Ver imágenes 8 a 11 del expediente digital, imágenes 108 a 111 del Tomo VI del cd de prueba); 6) En fecha 22 de octubre de 2019 se presentó contra dicha resolución recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante. El recurso de revocatoria y nulidad fueron rechazados por resolución ACC-OSJ-VS-014-19 de las ocho horas del 31 de octubre de 2019. (Ver imágenes 112 a 115 y 123 a 129 del Tomo VI del cd de prueba); 7) Por oficio SINAC-ACC-OSJ-161-2020 del 04 de marzo de 2020, se le indica al Jefe de la Oficina Subregional San José, ACC.SINAC-MINAE, que en el seguimiento al trabajo realizado para la normalización y ajuste del zoológico con fines comerciales denominado Refugio Herpetológico de Costa Rica se han detectado incumplimientos en cuanto a las condiciones establecidas en el permiso de funcionamiento otorgado. Se le solicita al señor Vargas Leitón, cumplir con lo solicitado vía oficios o se le dará inició a un debido proceso para resolver el permiso de funcionamiento. (Ver imágenes 182 a 185 del Tomo VI del cd de prueba); 8) Por resolución No. ACC-OSJ-VS-004-2020 de las 08:00 horas del 19 de junio de 2020, la oficina Subregional San José del Área de Conservación Central, notifica al Refugio Herpetológico de Costa Rica, el incumplimiento del Permiso de Funcionamiento ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, señalándole que por oficio OSJ-597 del 17 de octubre de 2019, se le indicó se debía contratar un regente biológico e informarlo junto con la copia del contrato de regencia. Que no obstante en fecha 31 de enero de 2020, el señor Vargas Leitón presentó ante la oficina Subregional San José, un informe trimestral de octubre, noviembre y diciembre 2019, y un informe anual 2019, firmados por el señor Vargas Leitón como regente de su propio sitio de manejo de fauna silvestre. Que dichos informes señalan que han seguido recibiendo especies silvestres. Que no es sino hasta el 27 de abril de 2020, que presentan un contrato con la bióloga regente, Lobo González.  Por tal motivo rezan los informes presentados y se le advierte que de continuar con los incumplimientos se daría inicio al debido proceso administrativo, para lo correspondiente al cumplimiento del permiso de funcionamiento. (Ver imágenes 13 a 17 del expediente digital e imágenes 256 a 260 del Tomo IV del cd de prueba); 9) En fecha 19 de junio de 2020, se realiza una orden administrativa en el sitio de manejo de vida silvestre denominado Refugio Herpetológico de Costa Rica, ordenando que se detuviera inmediatamente las acciones de liberación, reinserción y reintroducción de fauna silvestre, sin el amparo de un permiso de funcionamiento de un centro de rescate emitido por el SINAC. Detener inmediatamente las acciones de rescate y la recepción de fauna silvestre entregada por particulares al zoológico con fines comerciales, salvo por razones de emergencia médica comprobada y bajo un estatus de ingreso temporal. Se le advierte que de no acatar esa orden se procedería a un informe de hechos por el delito de desobediencia a la autoridad, previsto y sancionado en el artículo 307 del Código Penal. (Ver imágenes 19 a 20 del expediente judicial); 10) El señor Vagas Leitón, presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante en contra la resolución ACC-OSJ-VS-0004-R-ZOO-19 de las 8:00 horas del 19 de junio de 2020. Mediante resolución número SINAC-ACCC-OSJ-VS-R-021-2020 de las 8:00 horas del 28 de agosto de 2020, se rechaza el recurso de revocatoria y la nulidad concomitante. (Ver imágenes 263 a 266 y 291 a 294 del Tomo VI del cd de prueba).-

 III.- SOBRE EL ARGUMENTO DEL ACTOR: En síntesis, alega el mismo que: "CONSIDERACIONES DE DERECHO (sic) El Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Decreto Ejecutivo N° 40548-MINAE, publicado en La Gaceta 150 del 9 de agosto del 2017, alcance número 194, en el Transitorio I, como el eje medular del presente caso, establece con claridad, lo siguiente: "Transitorio I. Los permisos, licencias y autorizaciones que hayan sido otorgados al amparo de la LVCS y el Decreto Ejecutivo 32633-MINAE, mantendrán su vigencia hasta su vencimiento, procurando la adaptación gradual a la nueva normativa. El SINAC se reserva el derecho de revisar y cancelar los permisos, licencias o autorizaciones cuando se compruebe mediante el debido proceso que se ha incumplido la LVCS, este reglamento o el permiso otorgado. La cancelación se realizará sin responsabilidad alguna para el Estado. Posterior a la publicación del presente reglamento, no se otorgarán nuevos permisos para la tenencia de animales silvestres en manos de particulares fuera de un sitio de manejo. (La negrita y el subrayado no corresponden al Transitorio del original). Ahora bien, leída la norma de interés, debemos resaltar que el artículo 159 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante "LGAP") establece que un acto administrativo es nulo cuando ha sobrevenido"... la desaparición de una de las condiciones exigidas por el ordenamiento para su adopción, cuando la permanencia de dicha condición sea necesaria para la existencia de la relación jurídica creada...". (Negrita no es original). El ordenamiento establece -como efecto de invalidez de un acto administrativo- dos posibles manifestaciones de nulidad, según el artículo 165 LGAP "La invalidez podrá manifestarse como nulidad absoluta o relativa...". El artículo 167 LGAP indica que la nulidad relativa existe "...cuando sea imperfecto uno de sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin, en cuyo caso la nulidad será absoluta" (Resaltado no es original) o bien es nulidad absoluta, según el artículo 166 LGAP"...cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente." En este caso aplica la nulidad absoluta, por dos razones. La primera por el hecho de que Transitorio I no permite la MODIFICACIÓN de permisos de funcionamiento vigentes antes del 9 de agosto del 2017, por cuanto, establece que los permisos otorgados al amparo de la LVCS y Decreto Ejecutivo 32633-MINAE, mantendrán su vigencia hasta su vencimiento. En este escenario, debemos evidenciar este Transitorio I solo permite al SINAC que proceda con la revisión o bien cancelación de un permiso de funcionamiento, pero en ese caso para llevar a caso ese análisis (segunda razón por la cual deben anularse las resoluciones cuestionadas), ya sea de una revisión o bien la cancelación del mismo solo puede darse cuando se compruebe mediante debido proceso que se ha incumplido la LVCS, el reglamento o el permiso otorgado, lo cual en este caso NO SE HIZO. En la línea de las alegadas nulidades, todo acto administrativo siempre tendrá un contenido y un fin determinado, por cuanto, según lo establece el artículo número 132 inciso 1 LGAP, todo acto administrativo debe tener un contenido que será" ..lícito, posible, claro y preciso y abarca todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo...", lo cual en este caso no sucede, por cuanto se realizó una interpretación ilegal al Transitorio I del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, al realizar UNA MODIFICACIÓN de un permiso de funcionamiento que se encontraba vigente, cuando es evidente que esa norma SOLO PERMITE LA REVISIÓN Y LA CANCELACIÓN de los permisos de funcionamiento. Según el artículo 133 inciso 1 LGAP, el acto tendrá un motivo "...legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto". Además, el acto administrativo deberá tener una motivación apegada al artículo 136 LGAP, de lo contrario, el acto es totalmente disconforme con el ordenamiento, lo cual en este caso sucede, por cuanto se violentó el principio de legalidad, así como el debido proceso y principio de irretroactividad, al aplicar indebidamente el transitorio I del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Conforme lo establece el artículo 159 inciso 2 de la LGAP, ante la existencia de las alegadas nulidades absolutas, en las resoluciones cuestionadas, deben "...surtirá efecto a partir del hecho que la motive", sea la modificación ilegal al permiso de funcionamiento otorgado desde el año 2016, lo cual así deberá declararse por existir infundado motivo existente y basado en la legalidad, haciendo obligatorio la anulación de estos actos administrativos".

 IV.- SOBRE EL ARGUMENTO DE LOS DEMANDADOS: En el escrito de demanda la representación del SINAC, mencionó: "(...) Como se demuestra en el expediente administrativo que se aporta y en el informe OSJ-0113 rendido por la Jefe de la oficina de San José encargada de este trámite este sitio de manejo de fauna silvestre ha sido auditado varias veces por diferentes comisiones de expertos institucionales y los resultados siempre han sido de incumplimiento con la legislación, manejo técnico de especies y condiciones administrativas para su funcionamiento. En el año 2012 se reforma la Ley de Conservación de Vida Silvestre No. 7317 mediante la Ley No. 9106 y los cambios en los objetivos y actividades permitidas para los sitios de manejo de fauna silvestre en cautiverio cambian. En el año 2017 se emite un nuevo reglamento a la Ley mediante el DE- 40548-MINAE y se establece con mejor detalle las condiciones para cada uno de esos sitios y las actividades permitidas. Ese Reglamento estableció un tiempo y un mecanismo voluntario para que los dueños de los sitios que estaban realizando actividades que no se ajustaban a la normativa formularan ante la Administración un plan de acción que de forma gradual les permitiera ir ajustándose. Este es el contenido del Transitorio II del Reglamento No. 40548-MINAE y cuyo plazo expiró. El actor decide no someterse al plan de acción voluntario de ordenamiento y continuar operando exactamente igual. Nuevamente el sitio fue sometido a un procedimiento de evaluación de Oficio debido a su negativa cumplir con el Transitorio II del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre No. 40458-MINAE y el resultado nuevamente indica que el Estado debe modificar el permiso vigente para ajustarlo a los cambios legislativos ya que la misma contiene autorizaciones que no corresponden a la categoría inscrita: Zoológico Comercial. Se procede con la resolución número ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19. Resolución que fue debidamente notificada al actor el 17 de octubre de 2019. Posterior, mediante oficio SINAC-ACC-OSJ-488-2020, del 15 de junio del 2020, verificable en los folios 1480 al 1485 el funcionario Pablo Vásquez Badilla, encargado de vida silvestre de la Oficina Subregional San José, emite el informe “Actualización del informe sobre incumplimientos del Refugio Herpetológico de Costa Rica” expresamente indica: “Que el Zoológico con fines comerciales denominado Refugio Herpetológico de Costa Rica, con permiso de funcionamiento N° ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, continúa realizando acciones de rescate y la recepción de fauna silvestre entregada al zoológico incumpliendo con lo señalado en la resolución No. ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, notificada el día 17 de octubre del 2019…”. Así mismo en recomendaciones se emite el siguiente criterio: “… 3. Notificar al Sr. Rodolfo Vargas Leitón, la obligatoriedad de cumplir en todos sus extremos con lo señalado en la resolución N° ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, indicando que de no cumplir se dará inicio al debido proceso para resolver el permiso de funcionamiento N° ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19 por incumplimiento.  Incluyendo lo indicado en la cláusula tercera del apartado resuelve: “…El zoológico con fines comerciales no estará autorizado para realizar labores de liberación, reinserción ni reintroducción de fauna silvestre…”. Y lo indicado en cláusula cuarta del apartado resuelve: “…El zoológico con fines comerciales no estará autorizado para el rescate y la recepción de fauna silvestre entregada al zoológico, salvo por razones de emergencia médica comprobada y bajo un estatus de ingreso temporal, en cumplimiento estricto de los artículos 97 y 98 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, Decreto Ejecutivo N°40548…”. Dada la situación de rebeldía del dueño de este sitio y actor en este proceso de conocimiento, de atender las disposiciones administrativas debidamente notificadas y fundamentadas se procede a girar la orden administrativa correspondiente. Actuación amparada a las facultades de inspección y supervisión que le atribuye la Ley de Conservación de Vida Silvestre a los funcionarios en el cumplimiento de sus funciones y que se deriva de la autoridad de policía atribuida por el articulo 15 de la Ley IBID a los inspectores de vida silvestre. GARCÍA MARCOS señala sobre la inspección lo siguiente: “Por tanto, la Administración Pública, en el ejercicio de la potestad de inspección, queda habilitada para a través de la investigación, comprobación y vigilancia, constatar o controlar que el sujeto pasivo de la misma, efectivamente, cumple con la norma jurídica. BERMEJO VERA define el término inspección administrativa como “aquellas actuaciones, más o menos genéricamente previstas en el ordenamiento jurídico, que habilitan a las administraciones públicas para llevar a cabo funciones de comprobación o constatación del cumplimiento de la normativa vigente, en su sentido más amplio, esto es, incluidas muy especialmente las condiciones y requisitos de orden técnico, consecuencia inherente de la imposición que a determinadas personas, actividades, instalaciones, objeto y productos hacen ciertas normas jurídicas” Atribuyéndole, además, la naturaleza de actividad de trámite o interlocutoria de decisiones definitivas que se adoptan tras la realización material de la inspección.” (El resaltado no es del original). “En efecto, se ha distinguido en doctrina entre tres tipos de inspección, la inspección previa al comienzo de la actividad, cuyo objeto es la comprobación de la veracidad de lo establecido en los proyectos y el cumplimiento de las medidas contenidas en las licencias o permisos, la inspección de seguimiento, a realizar con posterioridad a la puesta en marcha de la actividad para comprobar el cumplimiento continuado de las condiciones contenidas en los instrumentos preventivos o en disposiciones legales generales, y la inspección por probable incumplimiento, encaminada a verificar hechos que pudieran ser constitutivos de delito, infracción administrativa o incumplimiento de las prescripciones legales de carácter obligatorio, ya sea a partir de la denuncia realizada por un ciudadano o un grupo de ellos, o bien, de oficio, a raíz de la iniciativa del órgano competente. Podemos de esta manera caracterizar a la medida policial de inspección, como aquella actividad administrativa encaminada a determinar el cumplimiento de la legalidad, singular o general, por parte de los administrados, en cuyo ejercicio la Administración posee la atribución de interferir en el goce y disfrute de los derechos y libertades de los particulares, mediante el sometimiento de los mismos, sus actividades o bienes a una serie de exámenes, pruebas y métodos técnico–científicos, a efectos de levantar, por parte de los funcionarios públicos investidos con esta facultad, la información y los elementos de prueba necesarios para acreditar el cumplimiento o el incumplimiento de los preceptos legales“. (Procuraduría General de la República). Adicionalmente, las competencias de mi representado el Sistema Nacional de Áreas de Conservación ha sido analizado por este Tribunal Contencioso Administrativo y se ha determinado en dos sentencias relativo a la conservación de la vida silvestre lo siguiente: “… debe prevalecer el interés público fundamentado en la potestad regulatoria del país relativa la protección, defensa y conservación de la fauna, tutelado a nivel legal, reglamentario y a través de tratados internacionales suscritos por el país, tal como lo cita la representación del Estado, por lo que debe ceder el interés particular del actor…” (sentencia No. 512-2018, expediente No. 18-004359-1027-CA). “En vista de que no existe daño grave acreditado en la situación jurídica de la parte promovente y con relación a la ponderación de intereses debe indicarse que en el presente asunto debe prevalecer el interés público fundamentado en la potestad regulatoria del país relativa a la permanencia, tenencia e ingreso de las especies silvestres protegidas.” (sentencia No. 453-2018, expediente No. 18-003840-1027-CA). A pesar de estar debidamente notificado el señor Vargas Leitón se mantiene en rebeldía de cumplir con las disposiciones de la Administración por lo que se emite la resolución N° ACC-OSJ-VS-004-2020, del 19 de junio del 2020, verificable en los folios 1497 al 1501, se le notifica al Sr. Rodolfo Vargas Leitón, cédula de identidad N° 1 1274 0200, mediante el articulado segundo del apartado “Resuelve” lo siguiente: “… Se le notifica al Sr. Rodolfo Vargas Leitón, la obligatoriedad de cumplir en todos sus extremos con lo señalado en la resolución N° ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19. Incluyendo lo indicado en la cláusula tercera del apartado resuelve: “…El zoológico con fines comerciales no estará autorizado para realizar labores de liberación, reinserción ni reintroducción de fauna silvestre…” y lo indicado en cláusula cuarta del apartado resuelve: “…El zoológico con fines comerciales no estará autorizado para el rescate y la recepción de fauna silvestre entregada al zoológico, salvo por razones de emergencia médica comprobada y bajo un estatus de ingreso temporal, en cumplimiento estricto de los artículos 97 y 98 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, Decreto Ejecutivo N°40548…”De continuar incumpliendo dichos señalamientos se dará inicio al debido proceso administrativo, establecido en la normativa vigente, para lo correspondiente al cumplimiento del permiso de funcionamiento N° ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19…”. Todos estos actos administrativos fueron debidamente justificados, motivados y razonados legal y técnicamente. Tanto las resoluciones de modificación y ajuste del permiso, como la orden administrativa, se encuentran acordes con las competencias y procedimientos legales y constituyen el debido proceso administrativo de evaluación, supervisión y adaptación oficiosa a la normativa ambiental reformada. Se demuestra en el expediente administrativo las labores de inspección y los informes generados, todo lo cual ha servido de fundamento y motivación a los actos. Todas las actuaciones y actos administrativos han sido notificadas al actor según sus señalamientos. Teniendo como resultado la rebeldía y el incumplimiento del señor Vargas Leitón. FUNDAMENTO JURIDICO Resulta de obligado rechazo el argumento expuesto por el actor en su escrito de demanda y con el cual pretende el reproche de nulidad absoluta del acto administrativo No. ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19 por cuanto esta resolución fue emitida con fundamento en el Transitorio I del Reglamento No. 40548-MINAE sino en norma de rango legal que expresamente dispone las facultades para la modificación tanto de los planes de manejo técnico de los sitios como de los permisos de funcionamiento otorgados. Como ya se ha indicado antes los actos administrativos objeto de este proceso, en particular la Resolución No. ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19 y No. ACC-OSJ-VS-004-R-ZOO-2020 tienen como fundamento jurídico las competencias legales institucionales contendidas en el artículo 7 inciso f) de la Ley de Conservación de Vida Silvestre que establece dentro de sus funciones al SINAC la de “aprobar, rechazar o modificar los planes de manejo y permisos de funcionamiento de los diferentes establecimientos de manejo de vida silvestre” en armonía con el inciso a) que faculta a establecer las medidas técnicas por seguir para el buen manejo, conservación y administración de la vida silvestre. En este punto es necesario indicar que la fauna silvestre fue declarada por la ley No. 7317 en su artículo 3 desde el año 1992 como un bien de dominio público y patrimonio de la nación, por lo que no está dentro del comercio de los hombres, ni es posible alegar sobre ella derechos de propiedad. Estas disposiciones incluso protegen a los individuos nacidos en cautiverio por cuanto ellos no pierden su condición de fauna silvestre por disposición expresa de ley en el artículo 5 Ibid. El Estado a través de SINAC es el administrador de estos bienes y solamente podrá autorizar una custodia temporal a los sitios que cumplan con la normativa y las condiciones técnico-científicas de manejo. Las actividades permitidas para cada sitio de manejo de fauna silvestre deben estar amparada a la ciencia y la técnica, tiene como límites los dispuestos por ley para cada tipo de sitio, y deben ser supervisadas y corregidas por el Estado siempre en procura de proteger el interés público. Al respecto la Sentencia No. 2018-012142, expediente No. 18-009670-0007-CO de Sala Constitucional dispone que: “…lo cierto es que el SINAC es la autoridad competente para determinar, no solo si un permiso de funcionamiento vigente, puede o no ser revocado, sino también, para aplicar la regulación que resulte pertinente a esta clase de situaciones. Por lo anterior, la determinación de la normativa que deba responder a un caso concreto y, por ende, las disconformidades esgrimidas por la recurrente en el escrito de interposición, se encuentra al margen de la constitucionalidad…”. En relación a la facultad de la Administración de dictar normas para regular las actividades la sentencia No. 158-2014-VI del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, estableció: “Esa regulación es necesaria toda vez que si la fauna silvestre se constituye como un elemento de la biodiversidad; su conservación, manejo y uso se vuelve fundamental a efectos de tutela de la garantía constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.”. Procede ese Tribunal además a citar la Sentencia No. 4620-2012 de esta Respetable Sala Constitucional, “IV.- Sobre el resguardo de los animales y la dignidad de las personas. (…) De lo anterior derivan consecuencias en el espacio y tiempo con mayor interconexión resultante de una globalización intensificada y el auge de la sociedad de la información. Precisamente, en la era actual, la mayor demanda de recursos provenientes de la naturaleza y una más alta sofisticación del consumo, han vuelto más tensa la relación sociedad naturaleza pero a la vez han concienciado acerca de la complejidad de la misma, de la interdependencia funcional que subyace, y de la necesidad de tomar medidas equilibradas para garantizar el bien supremo vida. De este modo, el concepto vigente de desarrollo humano no puede ser concebido sin la variable ambiental, la cual exige, ciertamente, una racionalidad ecológica, un equilibrio entre la necesaria satisfacción de las necesidades humanas y las posibilidades de la naturaleza para ello y, además, una racionalidad ética, es decir, una racionalidad con un grado de intersubjetividad relevante sobre el cual se postulan determinadas exigencias morales a la sociedad.”. Como ha sido desarrollado en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en la Sentencia número 2002-11429 de las 9:14 horas del 29 de noviembre de 2002 se estableció que en relación con el artículo 50, el derecho a un “ambiente sano “ tiene un contenido amplio que equivale a la aspiración de mejorar el entorno de vida del ser humano, de manera que desborda los criterios de conservación natural para ubicarse dentro de toda esfera en la que se desarrolle la persona, sea la familiar, la laboral o la del medio en el cual habita” mientras que el desarrollo a un “ambiente ecológicamente equilibrado” es un concepto más restringido referido a una parte importante de ese entorno en el que se desarrolla el ser humano, al equilibrio que debe existir entre el avance de la sociedad y la conservación de los recursos naturales.”. La Administración Pública es consciente de la obligación de hacer los cambios y regulaciones necesarias para dar contenido tanto a los mandatos constitucionales como a los cambios legislativos en materia de fauna silvestre. De la noción constitucional de ambiente se colige la obligación del ser humano de proteger la fauna. Elemento de biodiversidad que además se encuentra declarado como bien de dominio público. Las limitaciones y restricciones para el uso de este bien de dominio público vienen desde la ley y la Constitución. a. De la Ley de Conservación de Vida Silvestre N° 7317 y sus reformas y adiciones, Ley N° 9106, en su artículo 7, se establece que: “El Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía tiene las siguientes funciones en el ejercicio de su competencia: … f) Extender, denegar o cancelar los permisos de caza de control, extracción, investigación, colecta científica y académica y cualquier permiso para importar o exportar vida silvestre, sus partes, productos y derivados, así como aprobar, rechazar o modificar los planes de manejo y permisos de funcionamiento de los diferentes establecimientos de manejo de vida silvestres, refugio de vida silvestre y para aquellas actividades de manejo de vida silvestre que lo requieran…” El subrayado no corresponde al original. La Sala Constitucional en el Voto 4620-2012 en cuanto estableció la procedencia de la tutela constitucional de la fauna silvestre en tanto como elemento de la biodiversidad nacional citando además los principios 2 y 4 de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, adoptada en la conferencia de las naciones unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 16 de junio de 1972 y Resolución AG 37/7 del 28 del 28 de octubre de 1982 Carta Mundial de la Naturaleza. En particular lo siguiente: “Toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el hombre, y con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco, el hombre ha de guiarse por un código de acción moral”. Según se demuestra con el expediente administrativo y el informe de la Jefe de la Oficina de San José en el Oficio OSJ-0113 los actos impugnados en este proceso de conocimiento se encuentran acordes con la legislación y con las facultades institucionales de conservación de la vida silvestre, cito lo indicado por ellos: “Así mismo el acto administrativo ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19 se fundamenta además en el siguiente articulado de la normativa vigente: b. Del Reglamento de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, Decreto Ejecutivo N°40548, publicado en La Gaceta N°150, Alcance Digital N°194 del 9 de agosto del 2017, señala en su artículo 105 que “…-Zoológicos. Los zoológicos son sitios de manejo autorizados para la exhibición de fauna silvestre, con o sin fines comerciales. Podrán desarrollar programas de conservación, educación, exhibición e investigación. No están autorizados para realizar labores de rescate, reinserción, reintroducción o reproducción de fauna. Estos sitios deben tener un plan de anticoncepción para los animales silvestres que manejen en cautiverio, el cual estará contenido en el plan de manejo…”. c. Del Reglamento de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, Decreto Ejecutivo N°40548, declara en el Artículo 106 que: “…- Zoológicos comerciales. Los zoológicos comerciales estarán autorizados para adquirir, de manera legal, animales silvestres para su exhibición, siempre que estos estén contemplados en el plan de colección. Para ello, deberán mantener registros que comprueben el origen de cada uno de los especímenes y solicitar los permisos establecidos en este reglamento para la importación y comercialización. Estos sitios no estarán autorizados para la reproducción…”. Si bien el transitorio I. mantiene la vigencia de los permisos hasta su vencimiento. También es cierto que dispone: “procurando la adaptación gradual a la normativa” y en el transitorio II establece el mecanismo de adaptación gradual correspondiente al plan de acción voluntario. La ausencia de estos procesos voluntarios por los permisionarios no limita la actuación oficiosa de la administración, por cuanto se trata de competencias irrenunciables. El proceso de ajuste y aplicación de las reformas legales y reglamentarias es de obligación tanto para el permisionario como para la Administración. Las facultades de mi representado el Sistema Nacional de Áreas de Conservación están dispuesta como parte de las competencias en la propia ley artículo 7 inciso f) de la ley No. 7317. Igualmente, falaz resulta el argumento de haber incumplido el otorgamiento de un debido proceso y derecho de defensa. En primer lugar, reitero, con el expediente administrativo y con los testimonios de los funcionarios que ofreceré, se demuestra que en reiteradas ocasiones el señor Vargas Leitón ha sido notificado formalmente de las actividades que no le son permitidas por ley, de los incumplimientos detectados y de las consecuencias administrativas de no acatar las disposiciones técnicas y la modificación del permiso de funcionamiento. En cada uno de esos documentos se la ha señalado en forma detallada y debidamente fundamentado las razones por las cuales se está adoptando la disposición y se la ha increpado para su cumplimento, realizando además las medidas de verificación y las consecuencias de los incumplimientos. En segundo lugar, el actor confunde la normativa que sustenta los actos administrativos y las competencias legales asignadas al SINAC en protección de la fauna silvestre y del interés público. A pesar de los múltiples incumplimientos acreditados en el expediente a través de la función policial de supervisión e inspección se la ha dado un proceso de ordenamiento de oficio en lugar de revocar el permiso. En la resolución N° ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, claramente se ha indicado en la cláusula tercera del apartado resuelve: “…El zoológico con fines comerciales no estará autorizado para realizar labores de liberación, reinserción ni reintroducción de fauna silvestre…” y lo indicado en cláusula cuarta del apartado resuelve: “…El zoológico con fines comerciales no estará autorizado para el rescate y la recepción de fauna silvestre entregada al zoológico, salvo por razones de emergencia médica comprobada y bajo un estatus de ingreso temporal, en cumplimiento estricto de los artículos 97 y 98 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, Decreto Ejecutivo N°40548…”De continuar incumpliendo dichos señalamientos se dará inicio al debido proceso administrativo, establecido en la normativa vigente, para lo correspondiente al cumplimiento del permiso de funcionamiento N° ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19…”. Se rechaza toda pretensión de nulidad de los actos administrativos impugnados por cuanto aún bajo el escrutinio de los requisitos del artículo 132 de la Ley General de la Administración Pública queda demostrado que reúne todos, por cuanto su contenido es lícito, posible, claro y preciso. Su fundamento legal no solo proviene de competencias legales otorgadas por el artículo 7 de la Ley 7317 cuyo rango es superior a los alegados Transitorios del Reglamento, sino que es claro en cuanto a la legalidad de la modificación efectuada para ajustar el permiso a los cambios legislativos en materia ambiental y que son de aplicación inmediata, sobre todo en el presente caso donde se trata de bienes de dominio público que están siendo manipulados sin contar con los permisos de ley. En cuanto a los alegatos relacionados con el motivo del acto, se rechazan por cuanto las resoluciones y orden administrativa fueron debidamente motivadas y fundamentadas en los informes de inspección y evaluaciones realizadas por diferentes comisiones de funcionarios, las recomendaciones de la ciencia y la técnica en cuanto al manejo de la fauna silvestre que a su vez son recogidos en las reformas legislativas y que dictamina que los animales expuestos en los zoológicos no son sujetos a liberación por los procesos de socialización con humanos que posteriormente impiden su supervivencia en el medio natural, estas reformas legislativas que por tratarse de derechos ambientales y fundamentales son de aplicación inmediata y no se puede alegar irretroactividad ni situaciones consolidadas. La reforma legislativa se da en el año 2012 mediante la ley No. 9106 en la que se define en el artículo 2 el Zoológico de la siguiente forma: “Sitio de manejo que mantiene vida silvestre en cautiverio, pueden ser con fines comerciales o no, bajo la dirección de un cuerpo de profesionales que les garantiza condiciones de vida adecuada en forma atractiva y didáctica para el público. Sus principales objetivos son la conservación, educación, investigación y exhibición de la fauna silvestre de una manera científica.” (el resaltado no es del original). Al respecto informa la Oficina en el Oficio No. OSJ-0113: “Se le notifica al Sr. Rodolfo Vargas Leitón, la obligatoriedad de cumplir en todos sus extremos con lo señalado en la resolución N° ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19. Incluyendo lo indicado en la cláusula tercera del apartado resuelve: “…El zoológico con fines comerciales no estará autorizado para realizar labores de liberación, reinserción ni reintroducción de fauna silvestre…” y lo indicado en cláusula cuarta del apartado resuelve: “…El zoológico con fines comerciales no estará autorizado para el rescate y la recepción de fauna silvestre entregada al zoológico, salvo por razones de emergencia médica comprobada y bajo un estatus de ingreso temporal, en cumplimiento estricto de los artículos 97 y 98 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, Decreto Ejecutivo N°40548…”De continuar incumpliendo dichos señalamientos se dará inicio al debido proceso administrativo, establecido en la normativa vigente, para lo correspondiente al cumplimiento del permiso de funcionamiento N° ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19…”.

 Por su parte la representación estatal señaló en su escrito de demanda: "(...) RAZONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS FALTA DE INTERÉS ACTUAL El restablecimiento de la resolución ACOPAC-OSRP-RES-090-16 (folios 998-1001, tomo IV, del expediente ACC-OSJ-VS-Z-006-19) carece de interés actual y utilidad, por haber concluido su vigencia el 12 de noviembre del 2021, como lo evidenció la parte actora, cuando solicitó el trámite preferente, en la penúltima página de la demanda. La resolución ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19 también perdió su vigencia el 12 de noviembre del 2021 (folios 1350-1353, tomo VI, del expediente ACC-OSJ-VS-Z-006-19), y con ella, la prevención impugnada de cumplirla en todos sus extremos, contenida en la resolución ACC-OSJ-VS-004-2020 (folios 1497-1501, tomo VI, del expediente ACC-OSJ-VSZ-006-19), por lo que su revisión en esta vía carece de interés. La discusión sobre la validez de actos administrativos que han perdido su vigencia en este proceso, atenta contra la utilización racional de los recursos y fondos públicos. FALTA DE LEGITIMACIÓN AD CAUSAM ACTIVA La resolución ACOPAC-OSRP-RES-090-16 (folios 998-1001, tomo IV, del expediente ACC-OSJ-VS-Z-006-19) confirió un permiso para el funcionamiento de un zoológico denominado “Refugio Herpetológico de Costa Rica” en el inmueble número 1-118287. La citada resolución autorizó la reproducción y comercialización de especímenes de vida silvestre en el zoológico denominado “Refugio Herpetológico de Costa Rica” al cual, en esa misma resolución, se le otorgaba permiso para funcionar en el inmueble 1-118287. Hay falta de legitimación activa para requerir el restablecimiento de esa resolución, ya que el actor no es propietario del inmueble 1-118287, sino que está inscrito a nombre de LAS ARDILLAS S.A. desde 1989 (ver certificación registral). Además, la demanda se interpuso por el señor Rodolfo Vargas Leitón en su carácter personal, en tanto el permiso conferido en la resolución ACOPAC-OSRP-RES-090-16 lo cita como “apoderado legal” del Refugio Herpetológico de Costa Rica (ver personería jurídica de esa sociedad, aportada como prueba): (cita la sentencia número 1263-2021de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia sobre la legitimación y el interés actual como presupuestos de fondo. FALTA DE LEGITIMACIÓN AD CAUSAM PASIVA El Estado es parte en este proceso, única y exclusivamente en virtud de lo dispuesto en el numeral 12 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, el cual dispone la obligación de tener al Estado como sujeto pasivo cuando se trate de conductas de órganos con personalidad jurídica instrumental, es decir legitimación ad procesum, lo cual es distinto de la legitimación ad causam. Los actos impugnados provienen del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, órgano desconcentrado con personalidad jurídica instrumental (artículo 22 de la Ley de Biodiversidad), en el ejercicio de sus competencias: “…el legislador lo creó como un órgano desconcentrado, a fin de atribuirle competencias exclusivas y técnicas … Sistema Nacional de Áreas de Conservación, órgano persona que cuenta con personalidad jurídica instrumental y presupuesto, precisamente por las razones de rapidez y celeridad administrativa que como ya se indicó, requiere para el cumplimiento de sus fines.” (Voto constitucional n.° 9563-2006. La negrita no pertenece al original). Por esa razón, hay falta de legitimación ad causam pasiva del Estado. En este sentido, puede verse la resolución de ese Tribunal n.° 2023003987 de 13 horas 45 minutos del 29 de setiembre del 2023 (considerando XIV). FALTA DE DERECHO El actor pretende el restablecimiento de la resolución ACOPAC-OSRP-RES-090-16 de 10 horas del 12 de noviembre del 2016, en cuanto autorizó la reproducción y comercialización de determinados reptiles, roedores e insectos, en un zoológico denominado “Refugio Herpetológico de Costa Rica” al cual, en esa misma resolución, se le otorgó permiso para funcionar en el inmueble 1-118287. Sin perjuicio de lo expresado sobre la falta de legitimación del actor, es improcedente el restablecimiento de una resolución cuyo plazo ha expirado, y que fue emitida antes de un cambio normativo. El Decreto n.° 40548-MINAE, vigente a partir de su publicación en el Alcance n.° 194 de La Gaceta del 9 de agosto del 2017, dispuso: “Artículo 4.- Definiciones. Para los fines de la aplicación de la LCVS y de este reglamento, además de las definiciones contenidas en el artículo 1, 2 y 5 de la LCVS, se entenderá por: (…) 59. Zoológico con fines comerciales: Sitio de manejo de fauna que cumple lo establecido en la LCVS para zoológicos, estarán autorizados para adquirir, de manera legal, animales silvestres para su exhibición, siempre que estos estén contemplados en el plan de colección. No estarán autorizados para la reproducción, de acuerdo con las regulaciones establecidas por la LCVS y este reglamento.  (…) Artículo 105.- Zoológicos. Los zoológicos son sitios de manejo autorizados para la exhibición de fauna silvestre, con o sin fines comerciales. Podrán desarrollar programas de conservación, educación, exhibición e investigación. No están autorizados para realizar labores de rescate, reinserción, reintroducción o reproducción de fauna. Estos sitios deben tener un plan de anticoncepción para los animales silvestres que manejen en cautiverio, el cual estará contenido en el plan de manejo. Artículo 106.- Zoológicos comerciales. Los zoológicos comerciales estarán autorizados para adquirir, de manera legal, animales silvestres para su exhibición, siempre que estos estén contemplados en el plan de colección. Para ello, deberán mantener registros que comprueben el origen de cada uno de los especímenes y solicitar los permisos establecidos en este reglamento para la importación y comercialización. Estos sitios no estarán autorizados para la reproducción.” (…) Transitorio II. En un plazo máximo de seis meses posteriores a la publicación de este reglamento, todos los sitios del manejo del país deberán presentar ante el Área de Conservación correspondiente, un plan de acción que detalle los cambios organizativos, de infraestructura y manejo técnico para el cumplimiento de la LCVS y la adaptación a este reglamento.” (El subrayado es añadido). A estas normas se ajustan las resoluciones impugnadas y orden administrativa del 19 de junio del 2020 (folios 1495 y 1496, tomo VI del expediente ACC-OSJ-VS-Z-006-19). La Ley de Conservación de la Vida Silvestre, según reforma efectuada por Ley n.° 9106, vigente desde el 4 de mayo del 2013, confirió al SINAC la potestad de modificar los permisos de funcionamiento de los establecimientos de manejo de vida silvestre: “Artículo 7.- El Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía tiene las siguientes funciones en el ejercicio de su competencia: (…) f) Extender, denegar o cancelar los permisos de caza de control, extracción, investigación, colecta científica y académica y cualquier permiso para importar o exportar vida silvestre, sus partes, productos y derivados, así como aprobar, rechazar o modificar los planes de manejo y permisos de funcionamiento de los diferentes establecimientos de manejo de vida silvestres, refugio de vida silvestre y para aquellas actividades de manejo de vida silvestre que lo requieran.” (El subrayado no pertenece al original). La modificación impugnada tiene fundamento en el cambio en la normativa. A partir de la entrada en vigencia del Decreto n.° 40548, los zoológicos, categoría que ostenta el “Refugio Herpetológico de Costa Rica”, no están autorizados para la reproducción ni receptación de animales silvestres. A este caso resulta de aplicación lo dicho por la Sala Constitucional acerca de la inexistencia de un derecho a la inmutabilidad del ordenamiento, es decir, a que las reglas no cambien: “... no se genera un «derecho a la inmutabilidad del ordenamiento», de manera que en modo alguno puede pretenderse la inmodificación del ordenamiento jurídico” (voto n.° 13330-2006). “… tratándose de materia ambiental ... el Estado siempre cuenta con la posibilidad de exigir el cumplimiento de nuevos requisitos a las diferentes actividades que desarrollen los individuos, aún cuando el inmueble o el tipo de labor que se realiza, sea anterior a la modificación de la ley que exige nuevas condiciones. Debe recordarse que esta Sala, en reiteradas ocasiones ha manifestado que la protección y preservación de la integridad del medio ambiente natural es un derecho fundamental, de modo que frente al interés particular de un individuo a desarrollar una actividad, prevalecerá sin duda alguna, el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; derecho éste que también le concierne a aquél individuo.” (Votos números 5073-2003 y 14576-2004). “… el Estado puede exigir el cumplimiento de nuevos requisitos o condiciones que aseguren la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, prevaleciendo éste sobre el interés particular de un individuo a desarrollar una actividad (Ver en ese sentido la sentencia 14576-04 de las 16:04 hrs. del 21 de diciembre de 2004).” (Voto n.° 12394-2012). La afectación al “medio ambiente natural”, en específico a la fauna silvestre, que provocó en parte el cambio normativo, se evidencia en el artículo “Desarrollo de la herpetocultura en Costa Rica: Situación actual de herpetarios y manejo ex situ de reptiles y anfibios”,1 relativo a los resultados de un estudio en 29 centros que mantuvieron reptiles y anfibios (o ambos) en Costa Rica, entre 2013 y 2014, incluyendo el Refugio Herpetológico (p.4): “… un importante número de centros reconoce que el origen de muchos de sus animales sigue siendo del medio natural. Así, por ejemplo, un 57% de ellos indican ingresos de animales provenientes del campo, cifra que es más alta que el porcentaje de centros que reportan un origen de zoocriaderos señalada anteriormente. En contraste, solo un 19% de los centros reportan que no reciben animales del campo. De los herpetarios que reconocen un origen del medio natural, el 24% indica el ingreso de al menos 5 individuos anualmente; 38% reporta entre 6 a 100 animales cada año, y un 14% menciona recibir un volumen cercano a 200 individuos o más anualmente. Así las cosas –con algunas pocas excepciones– es difícil identificar el origen de los reptiles y anfibios mantenidos por la mayoría de herpetarios en Costa Rica, aunque todo parece indicar que se trate de animales capturados en el medio natural.” (P.14). 1 Arias-Ortega, J., Bonilla-Murrilo, F., & Sasa, M. (2016). Desarrollo de la herpetocultura en Costa Rica: Situación actual de herpetarios y manejo ex situ de reptiles y anfibios. Revista De Ciencias Ambientales, 50 (1), 1-23. https://doi.org/10.15359/rca.50-1.1 “Quizás el aspecto más controversial del impacto de herpetarios en la conservación de la biodiversidad nacional sea el hecho que el grueso de los animales con los que operan provenga del entorno natural. Tal y como los revela nuestro análisis, independiente si resultan de decomisos, rescates o de capturas directas, la mayoría de centros requieren del constante flujo de animales del ambiente para poder operar. Excepciones han sido observadas en solo dos de los mayores zoocriaderos, donde muchos de sus reproductores corresponden efectivamente a animales con varias generaciones en cautiverio. (…) preocupa el que no haya evidencia de adecuada capacidad de mantenimiento en muchos de los centros visitados, lo que podría exacerbar la presión sobre poblaciones naturales. Esta situación es particularmente sensible cuando se trata de especies cuyas poblaciones se encuentran actualmente reducidas a las áreas silvestres protegidas del país, lo que supondría que su captura es de carácter ilegal. Como caso concreto, se cita a la matabuey Lachesis stenophyrs, una especie de víbora considerada amenazada a lo largo de su distribución. La matabuey es una especie asociada a bosques húmedos maduros, por lo que sus poblaciones están prácticamente reducidas a algunas áreas protegidas en el país. Pese a eso, casi dos terceras partes de los herpetarios exhiben o mantienen esta especie, usualmente ejemplares adultos. Sin embargo, en tan solo dos de los centros visitados, Reptilandia y Mundo de Serpientes, hay certeza de programas exitosos en su reproducción (Corrales, Meidinger, Rodríguez, Chacón y Gómez, 2014). Así las cosas, la evidencia parece indicar que la mayoría de individuos de esta especie que son mantenidos en herpetarios provienen de capturas del entorno natural. El impacto de esta demanda a nivel de las poblaciones ya de por sí reducidas del país es desconocido, aunque posiblemente sea alto, especialmente si se toma en cuenta que la especie no es particularmente fácil de adaptar a condiciones de cautiverio.” (Pp.21-22). “A pesar del contraste entre las respuestas de los sujetos entrevistados y lo observado, actividades como investigación, educación y conservación no parecen ser prioridades para la mayoría de estos negocios. De hecho, para algunas especies podrían representar una amenaza para su conservación, al incrementar la demanda de individuos del entorno natural para suplir sus operaciones.”(P.22). Las pretensiones también riñen con el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos (artículo 13 de la Ley General de la Administración Pública), en este caso, el Decreto n.° 40548, normativa válida y eficaz que debe ser aplicada por la Administración Pública en virtud del principio de legalidad (numeral 11 de la Ley General de la Administración Pública). Además, en el “Refugio Herpetológico de Costa Rica” se constataron irregularidades, puestas de manifiesto en el oficio SINAC-ACC-OSRP-1706-2017 del 11 de diciembre del 2017 (folios 1208 a 1210, tomo V, del expediente ACC-OSJ-VS-Z-006-19): Así como en la resolución ACC-OSJ-VS-004-2020 (folios 1497-1501, tomo VI, del expediente ACC-OSJ-VS-Z-006-19), donde se refiere incumplimiento del artículo 209 del Decreto n.° 40548: “Debido a la fe pública que ostentan los regentes, no podrán ejercer la regencia de sus propios sitios, ni incurrir en situaciones que puedan representar conflicto de intereses.” Al efecto puede constatarse en el expediente administrativo que los documentos “Primer Informe Trimestral OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2018” (folio 1281), “Primer Informe Trimestral ENERO FEBRERO MARZO 2019” (folio 1302), “Segundo Informe Trimestral ABRIL MAYO JUNIO 2019” (folio 1324), “Tercer Informe Trimestral Julio Agosto Septiembre 2019” (folio 1373), “CUARTO Informe Trimestral OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2019” (folio 1395), “INFORME ANUAL 2019” (folio 1413), entre otros, fueron suscritos por el actor en calidad de regente. Además, en el “Segundo Informe Trimestral ABRIL MAYO JUNIO 2019”, casi dos años después de la entrada en vigencia del Decreto n.° 40548, se reportó el nacimiento y muerte de una cría de Leopardus pardalis con poco rigor científico y sin fechas precisas de ambos acontecimientos (folio 1338)".

 V.- SOBRE EL OBJETO DE ESTE PROCESO: En vista de que las partes han señalado aspectos que no están relacionados con el objeto del proceso, se hace necesario recordar que el mismo gira en torno a peticiones de nulidad de dos resoluciones emitidas por dependencias del SINAC, por ello se hace innecesario revisar actuaciones posteriores a los actos que se pide revisar, al no tener relación directa con este proceso, la denuncia penal y/u otras resoluciones o informes presentados; sin embargo, las resoluciones dictadas con anterioridad a la resolución mencionada supra, sí se han considerado útiles para entender la motivación de los actos que se impugnan y por ello se han plasmado en los hechos probados.-

 VI.- SOBRE LA PRESCRIPCIÓN ALEGADA: La parte demandada SINAC, planteó la defensa de prescripción, señalando: "La resolución impugnada fue notificada el 17 de octubre de 2019 en forma personal al Señor Rodolfo Vargas Leitón y la demanda en presentada hasta el 19 de octubre del 2020, después de transcurrido el año por lo que expiró el plazo previsto en el artículo 39 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo para demandar". La parte actora se opuso a la prescripción señalando que, en la demanda se solicita la declaratoria de nulidad del acto final ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, por consistir en la impugnación de una conducta formal de la Administración, la misma no es susceptible de alegar una prescripción, por lo tanto, debe rechazarse. Que si bien no se interpuso formalmente la defensa previa de caducidad, la parte demandada se fundamentó artículo 39 inciso 1) del CPCA, argumentando que transcurrió el plazo de un año dispuesto para la interposición de la acción, porque “la resolución impugnada fue notificada el 17 de octubre de 2019 en forma personal al Señor Rodolfo Vargas Leitón y la demanda en presentada hasta el 19 de octubre del 2020.”. Nótese entonces que confunde la representación del SINAC el nombre correcto del instituto jurídico pero no así, el fundamento normativo aplicable. Al respecto, la parte actora señala que no opera el efecto de dicho numeral, toda vez que la demanda se interpuso el 16 de octubre del 2020 por medio del Sistema de Gestión en Línea, por lo cual se encuentra dentro del plazo de un año dispuesto en el artículo 39 inciso 1) del CPCA. Aclara, que el documentos que se presentó el 19 de octubre del 2020, fue la copia de la demanda para la parte según lo establece el artículo 49 del CPCA, pero la acción judicial como tal se tiene por interpuesta el día 16 de octubre del año 2016. Por lo tanto, debe rechazarse la defensa previa de prescripción por improcedente y en caso de una eventual caducidad, debe rechazarse por lo expuesto. CRITERIO DEL TRIBUNAL: A la luz de los autos y la revisión del expediente administrativo esta Cámara considera que la declaratoria de prescripción invocada debe ser rechazada. Efectivamente, la demanda se interpuso en fecha 16 de octubre del 2020, por lo tanto, se interpuso dentro del año que prevé el numeral 39 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo que, en todo caso, regula el plazo de caducidad de la acción y no de prescripción que es diferente. Con vista en las pretensiones, encontramos que la acción principal gira en torno de la reclamación anulatoria de actuaciones formales administrativas, las cuales están sometidas, desde el punto de vista temporal procesal, al instituto de la caducidad de la acción y es, por tanto, incompatible con el instituto de la prescripción. De ahí que, las demás pretensiones, incluyendo la declaratoria de reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica, son accesorias de derivadas de aquella petitoria principal de nulidad, por lo que, para casos como el que nos compete, el instituto de la prescripción resulta inaplicable y por ello debe ser rechazado. Tenemos en todo caso que, conforme el expediente administrativo, la parte actora en sede administrativa interpuso contra la resolución ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, recurso de apelación en subsidio que no había sido resuelto para el momento de la interposición de este proceso, por ello habiendo sido ejercido ese recurso contra el acto final, sería hasta la resolución del recurso de apelación que se consideraría que se está ante un acto definitivo y por ello no le corría plazo que se insiste sería de caducidad y no prescripción. Esto conforme se ha señalado en la sentencia  número 003410-F-S1-2019 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la que se señaló que será con la resolución de los recursos interpuestos y su notificación, que dará inicio, al día siguiente, el computo anual de caducidad, de conformidad con lo normado en los artículos 33 y 36.C, en relación con el 39.1.a) del Código Procesal Contencioso Administrativo, el plazo anual inicia su cómputo a partir de la notificación del acto definitivo, sea, aquel donde se resuelven los recursos ordinarios. En el caso que conocemos, no aplica el término de la prescripción ni ha operado caducidad, por cuanto la demanda fue interpuesta dentro del plazo anual dispuesto por el artículo 39 inciso 1 punto a) del Código Procesal Contencioso Administrativo.-

 VII.- SOBRE LA FALTA DE INTERÉS ACTUAL: La representación estatal ha invocado la defensa de fondo de falta de interés actual, siendo ésta uno de los presupuestos de la demanda que deben ser conocidos por el juzgador, se procede a resolver de previo por cuanto su acogimiento supone el dar por concluido el proceso sin necesidad de abordar el fondo del asunto. Dicha representación señaló: "El restablecimiento de la resolución ACOPAC-OSRP-RES-090-16 (folios 998-1001, tomo IV, del expediente ACC-OSJ-VS-Z-006-19) carece de interés actual y utilidad, por haber concluido su vigencia el 12 de noviembre del 2021, como lo evidenció la parte actora, cuando solicitó el trámite preferente, en la penúltima página de la demanda. La resolución ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19 también perdió su vigencia el 12 de noviembre del 2021 (folios 1350-1353, tomo VI, del expediente ACC-OSJ-VS-Z-006-19), y con ella, la prevención impugnada de cumplirla en todos sus extremos, contenida en la resolución ACC-OSJ-VS-004-2020 (folios 1497-1501, tomo VI, del expediente ACC-OSJ-VSZ-006-19), por lo que su revisión en esta vía carece de interés. La discusión sobre la validez de actos administrativos que han perdido su vigencia en este proceso, atenta contra la utilización racional de los recursos y fondos públicos". Sobre dicha defensa, la parte actora mencionó: "I. Falta de interés actual. La representación estatal no lleva razón al afirmar que en este caso existe una falta de interés actual, siendo que, aunque es cierto que los oficios (sic) ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, ACC-OSJ-VS-004-R-ZOO-2020 y ACOPAC-OSRP-RES-090-16 cumplieron su plazo de vigencia, ello no significa que el proceso haya perdido sentido o que no exista un interés actual en su resolución. Lo que aquí se discute no es solo la vigencia formal de esos actos, sino su validez y la procedencia de su emisión. Dejar este caso sin resolver implicaría, en la práctica, aceptar que actos administrativos posiblemente improcedentes queden sin control alguno, lo que se traduciría en una impunidad administrativa. Además, negar la revisión de estos actos sería desconocer el derecho que tiene esta parte a una tutela judicial efectiva. Por tanto, el proceso sí conserva un interés actual y una utilidad concreta, no solo para esta parte, sino también desde una perspectiva de legalidad y control sobre la actuación administrativa". Criterio del Tribunal: Ha planteado la representación estatal, la defensa de falta de interés actual. Respecto a esta defensa estima esta Cámara, que la parte demandada lleva razón con la oposición de dicha defensa, en el tanto, como se puede estimar de las pretensiones establecidas en este proceso, se solicita la declaratoria de nulidad de dos actos administrativos materializado en las resoluciones ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19 y ACC-OSJ-VS-004-R-ZOO-2020 y con ello que se mantenga como fue dictada originalmente la resolución ACOPAC OSRP RES 090-16 de las 10:00 horas del 12 de noviembre de 2016. Como se desprende de los hechos probados 2 a 9 de esta sentencia, estos actos administrativos responden a: La resolución ACOPAC OSRP RES 090-16 de las 10:00 horas del 12 de noviembre de 2016, de la oficina Subregional de Puriscal del Área de Conservación Pacífico Central, renueva el permiso de funcionamiento de un zoológico con fines comerciales para el Refugio Herpetológico de Costa Rica, situado en el Alto de las Palomas, Santa Ana, San José, con fecha de rige del 12 de noviembre de 2016 al 12 de noviembre de 2021. Un mes después, en el oficio SINAC-ACC-OSRP-1706-2017 del 11 de diciembre de 2017, el jefe de la OSRP, Efráin Monge Hernández, le indica al señor Rodolfo Vargas Leitón, Propietario Zoológico Herpetológico de Costa Rica, en lo de interés, lo siguiente: "Como es de su conocimiento en el año 2012 el Poder Legislativo aprobó el proyecto presentado por iniciativa popular que modificó la Ley de Conservación de Vida Silvestre 7317, acto que se oficializó mediante la promulgación de la Ley No. 9106. De igual manera en agosto del año en curso mediante la publicación del Decreto Ejecutivo No. 40548 se aprobó el reglamento a dicha ley, en éste se dictan las normas que regularán todo lo relacionado al manejo y la protección de las diferentes especies de flora y fauna silvestre dentro o fuera de su habitat natural. Entre los aspectos de mayor importancia que fueron contemplado tanto en la modificación de la ley como la puesta en vigencia del reglamento y que están relacionados con la actividad que actualmente su persona se encuentra realizado (sic) son: Modificación en los objetivos de los sitios de manejo de vida silvestre ex-situ. que la administración autoriza y la reproducción de fauna silvestre para comercialización como mascotas". Cita a continuación los transitorios del Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Agrega que un aspecto relevante y trascendente para su persona es la reestructuración territorial del Sistema Nacional de Áreas de Conservación porque el sitio de manejo de la fauna silvestre a su nombre correspondería al Área de Conservación Central. Añade que por tal motivo funcionarios de esa área revisaron el expediente y se apersonaron a las instalaciones y detectaron problemas en los recintos. Que el manejo administrativo y control de los animales era muy deficiente. Que en el área de reproducción existían un grupo importante de reptiles y se carecía de los registros de nacimientos. Por ello se le previene implementar acciones correctivas: - Que por la categoría de manejo de zoológico no tiene permitido el ingreso de animales producto de entregas voluntarias por parte de los ciudadanos, ya que para tal fin debe tener inscrito un centro de rescate, por lo que no puede recibir y liberar más animales hasta tanto no cumpla con los requisitos técnicos y legales establecidos en la legislación para la inscripción y permiso de funcionamiento de un centro de rescate. Implementar medidas preventivas para evitar la reproducción de especímenes. Asimismo se le informa: "(...) debido al alcance de la resolución administrativa ACOPAC-OSRP-RES-090-2016, al no estar congruente con lo normado tanto en la modificación de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre como su reglamento será necesario dejar la misma sin efecto por lo que esa ofician le extenderá una nueva resolución de forma temporal con el fin de que su persona continúe desarrollando actividades propias de un zoológico y presente los requisitos necesarios para inscripción y permiso de funcionamiento según categoría de manejo que desee realizar". Se le pide aportar un libro de actas de 100 folios para la apertura de una nueva bitácora. se ajuste al formato oficializado para la presentación de informes trimestrales, informe quien es el regente biológico y el veterinario que actualmente atiende el sitio, aportando los documentos correspondientes. (Subrayado es nuestro). Posteriormente, por resolución ACOPAC OSRP RES 127-17 de las 10:00 horas del 20 de diciembre de 2017, de la Oficina Subregional de Puriscal del Área de Conservación Central, se dispone la renovación del permiso de funcionamiento temporal de un zoológico sin fines comerciales con vencimiento al 09 de febrero de 2018, para el Refugio Herpetológico de Costa Rica. No se autoriza la comercialización de individuos de las especies que reproduce en el centro de Manejo y entre otras disposiciones, que no podrá recibir ningún tipo de animales en el centro de manejo. A continuación mediante resolución ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19 de las ocho horas del 16 de octubre de 2019, la oficina Subregional San José, del Área de Conservación Central, modifica el permiso de funcionamiento zoológico con fines comerciales para adecuarlo al Reglamento de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, Decreto Ejecutivo No. 40548 publicado en La Gaceta No. 150, Alcance Digital No. 194 el 9 de agosto del 2017, artículo 105 que señalaba que los zoológicos no estaban autorizados a realizar rescate, reinserción, reintroducción o reproducción de fauna. Contra dicho acto se presentan recursos. Por oficio del 04 de marzo de 2020, número SINAC-ACC-OSJ-161-2020, se le indica al Jefe de la Oficina Subregional San José, ACC.SINAC-MINAE, que en el seguimiento al trabajo realizado para la normalización y ajuste del zoológico con fines comerciales denominado Refugio Herpetológico de Costa Rica se han detectado incumplimientos en cuanto a las condiciones establecidas en el permiso de funcionamiento otorgado. Se le solicita al señor Vargas Leitón, cumplir con lo solicitado vía oficios o se le dará inicio a un debido proceso para resolver el permiso de funcionamiento. Lo anterior se repite en la resolución No. ACC-OSJ-VS-004-2020 de las 08:00 horas del 19 de junio de 2020, la oficina Subregional San José del Área de Conservación Central, que notifica al Refugio Herpetológico de Costa Rica, el incumplimiento del Permiso de Funcionamiento ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, señalándole que por oficio OSJ-597 del 17 de octubre de 2019, se le indicó se debía contratar un regente biológico e informarlo junto con la copia del contrato de regencia. Que no obstante en fecha 31 de enero de 2020, el señor Vargas Leitón presentó ante la oficina Subregional San José, un informe trimestral de octubre, noviembre y diciembre 2019, y un informe anual 2019, firmados por el señor Vargas Leitón como regente de su propio sitio de manejo de fauna silvestre. Que dichos informes señalan que han seguido recibiendo especies silvestres. Que no es sino hasta el 27 de abril de 2020, que presentan un contrato con la bióloga regente, Lobo González. Por tal motivo rezan los informes presentados y se le advierte que de continuar con los incumplimientos se daría inicio al debido proceso administrativo, para lo correspondiente al cumplimiento del permiso de funcionamiento. Esta resolución origina que ese mismo 19 de junio de 2020, se realice una orden administrativa en el sitio de manejo de vida silvestre denominado Refugio Herpetológico de Costa Rica, ordenando que se detuviera inmediatamente las acciones de liberación, reinserción y reintroducción de fauna silvestre, sin el amparo de un permiso de funcionamiento de un centro de rescate emitido por el SINAC. Se le ordenó también detener inmediatamente las acciones de rescate y la recepción de fauna silvestre entregada por particulares al zoológico con fines comerciales, salvo por razones de emergencia médica comprobada y bajo un estatus de ingreso temporal. Y se le advierte que de no acatar esa orden se procedería a un informe de hechos por el delito de desobediencia a la autoridad, previsto y sancionado en el artículo 307 del Código Penal. Este fue el escenario en el cual se dictaron los actos que se pudieron anular. De esa relación de hechos y para lo que nos interesa, básicamente la parte actora solicitó la declaratoria de  nulidad de la resolución ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, y por ende de la resolución ACC-OSJ-VS-004-2020, con el objetivo que la resolución ACOPAC OSRP RES 090-16 de las 10:00 horas del 12 de noviembre de 2016, de la oficina Subregional de Puriscal del Área de Conservación Pacífico Central, mantuviera la condición como originalmente había sido dictada en el año 2016 sin las reformas del año 2019. Al revisarse los hechos tenemos que básicamente todas las resoluciones involucradas tenían una fecha común de fin de vigencia, sea el 12 de noviembre de 2021. Esto no era desconocido para el actor, como bien lo señala la representación estatal al conocer que las resoluciones tenían una vigencia a un año de vencimiento desde la presentación del proceso judicial y por ello pidió un trámite preferente que le fue rechazado. Siendo entonces que es de común acuerdo que el plazo de la vigencia de las resoluciones que se pretende se analice ha sido ampliamente superado e incluso sustituido por nuevas resoluciones para la operación del denominado Refugio Herpetológico, que al día de hoy se mantiene operando. Con ello, hay una consecuencia lógica desde el punto de vista jurídico, no tiene ningún sentido, valor o utilidad el revisar actos cuya vida jurídica fenecieron, es decir, en caso de determinarse una eventual nulidad, esta carecería de interés por razones de temporalidad. El transcurso del tiempo hace desaparecer el interés en que se continúe con este proceso en tanto ya no tiene relevancia jurídica determinar una nulidad de un acto que ya se ejecutó y cesó en sus efectos. Nótese además, que no existen pretensiones asociadas a los actos administrativos objeto de pretensión anulatoria y que dependan de su declaratoria para ser analizadas, como lo sería una pretensión indemnizatoria sustentada en la conducta acusada de ilícita por parte del Estado. En otras palabras, diferente habría sido el análisis del interés actual en emitir pronunciamiento en torno al fondo del asunto, si tal acto estuviera ligado con otra pretensión relacionada con una responsabilidad administrativa, pero las pretensiones recordemos son: "-La anulación total de la resolución número ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19 denominada como "Modificación de Permiso de Funcionamiento Zoológico con fines comerciales", emitida por la Oficina Subregional de San José del Área de Conservación Central, al ser las ocho horas del día diez y seis de octubre del 2019. - Por conexidad la anulación total de la resolución número ACC-OSJ-VS-004-R-ZOO-2020 denominada "Notificación al Refugio Herpetológico de Costa Rica sobre permiso de funcionamiento ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19" del día 19 de junio del 2020, así como de la Orden Administrativa girada ese mismo 19 de junio del 2020. - El reconocimiento y restablecimiento de la resolución ACOPAC-OSRP-RES-090-16 denominada como "Renovación del Permiso de Funcionamiento de un Zoológico con fines comerciales", emitida por la Oficina Subregional de Puriscal del Área de Conservación Pacífico Central, al ser las diez horas del doce de noviembre del 2016. - Se condene al demandado al pago de ambas costas del proceso de conocimiento". Como se desprende de lo transcrito, las pretensiones son solo de tipo anulatorio y esto afecta el rango en el cual se podría haber continuado con la determinación o no de la nulidad de los actos, en tanto como se señala, en el caso concreto el mismo estaba limitado a una vigencia en tanto permiso de habilitación y esa vigencia ya ha sido alcanzada y superada con otros actos posteriores ya que el Refugio sigue operando bajo otro acto nuevo de habilitación que sustituyó el del año 2016 y su reforma del año 2019, mismos que no fueron controvertidos o discutidos en esta causa. De ahí que resulta en una falta de interés retomar la discusión de la existencia o no de vicios de nulidad de un acto administrativo con un efecto temporal que se encuentra vencido. Es claro que para el vencimiento de la resolución ACOPAC-OSRP-RES-090-16, el señor Rodolfo Vargas Leitón, quien es identificado como el dueño del Refugio Herpetológico debía -por imperio legal y reglamentario- ajustar su centro de especies silvestres a la normativa vigente y cambiar un zoológico con o sin carácter comercial a un Centro de Rescate, esto si deseaba seguir recibiendo especies silvestres, como parece ser el conflicto del asunto y para ello debía de cumplir con lo necesario para contar con un nuevo permiso de habilitación por parte del SINAC. La argumentación planteada por la parte actora en cuanto a que si bien las resoluciones ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, ACC-OSJ-VS-004-R-ZOO-2020 y ACOPAC-OSRP-RES-090-16 cumplieron su plazo de vigencia, ello no significa que el proceso haya perdido sentido o que no exista un interés actual en su resolución, no es procedente. Recordemos que no opera la nulidad por la nulidad misma, esto es, demostrar la existencia de un vicio de un acto que ha cumplido su fin y ha extinguido su efecto jurídico, solo por dejar constancia de un vicio sin que se asocie a la constitución de ese vicio en el acto una consecuencia dañina que se reproche y se reclame a la Administración. Como ya se explicó supra, en este caso no procede ya la revisión del acto que perdió vigencia siendo innecesario declarar una nulidad que no está unida a una declaratoria de responsabilidad que habría sido el supuesto que permitiera su estudio. De igual manera, tampoco el actor encaminó su acción al cuestionamiento de la mutación normativa de alcance general que sustentó la transformación de los zoológicos a centros de rescate, sino que se limitó a impugnar actos concretos motivados en aquel cambio de alcance general y cuya temporalidad era evidente. Contrario a lo que señala en su argumentación el actor, contra la falta de interés, acá no se trata de una denegatoria de justicia, es la limitación -realizada por su propia persona- en cuanto a las pretensiones lo que no permite un análisis, que ha devenido sin sentido en cuanto a la validez de los elementos del acto por cuanto para este momento no tiene ninguna relevancia la declaratoria de una posible disconformidad, en otras palabras, el análisis de una posible nulidad de las resoluciones no produciría ningún estado al actor y contrario a lo que se afirma, no existiría ninguna utilidad concreta de declarar nulo un acto que ya dejó de tener efectos en la vida jurídica. Por lo anterior y para esta Cámara de Juzgadores existe una evidente falta de interés actual respecto a la nulidad de resoluciones que tenían un objeto definido en el tiempo, el cual ya feneció. Así las cosas, lleva razón el Estado con la interposición de la defensa de falta de interés actual, en atención a la temporalidad de las resoluciones cuya nulidad se pretenden, que ya han fenecido. En consecuencia, se acoge la defensa de falta de interés actual opuesta por la representación del Estado, declarándose sin lugar la demanda en todos sus extremos. Por innecesario se omite pronunciamiento sobre los argumentos de la demanda.-

 VIII.- SOBRE LAS OTRAS EXCEPCIONES INTERPUESTAS: Por lo ya indicado en el considerando anterior, no se emite pronunciamiento acerca del resto de las excepciones interpuestas de falta de legitimación activa y pasiva y falta de derecho al no ser necesario su conocimiento.- 

 IX.- DE LA CONDENATORIA EN COSTAS: De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, este Órgano Colegiado se decanta por considerar que en principio la parte actora contaba con suficiente motivo para presentar la demanda y que fue por la limitación del objeto del proceso y la temporalidad de la vigencia de los actos lo que finalmente provocó el resultado del presente proceso. Entonces al tener ambas partes motivos suficientes en tanto las demandadas opusieron defensas a su favor, una de las cuales se acoge como se ha dicho supra, es que se dicta esta sentencia sin especial condenatoria en costas.-

POR TANTO

 Se rechaza la defensa de prescripción alegada. Se acoge la excepción de falta de interés actual. En consecuencia, se declara SIN LUGAR la demanda interpuesta por el señor RODOLFO VARGAS LEITÓN en contra del SINAC y el ESTADO. Este asunto se falla sin especial condenatoria en costas.- Notifíquese.-

 

Amy Miranda Alvarado

Claudia Bolaños Salazar                            Carlos José Mejías Rodríguez

 

	


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AMY MIRANDA ALVARADO - JUEZ/A DECISOR/A

	

 





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CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	


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CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 20-004574-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:34:26.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, EQUIPO PRIMERO, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at sixteen hours eight minutes of January thirty, two thousand twenty-six.-

Ordinary proceeding filed by Mr. Rodolfo Vargas Leitón, of legal age, married, biologist, resident of Santa Ana, holder of identity card number 1-1274-0200, represented by his special judicial attorney, Lic. Walter Brenes Soto, of legal age, attorney, holder of bar card number 21747, against the State, represented by the State Attorney, Licda. Susana Fallas Cubero, attorney, resident of San José, bar card number 5187, and against the National System of Conservation Areas (hereinafter SINAC), represented by Lic. Ari Morales Picado, attorney, resident of San José, bar card number 25565, in his capacity as special judicial attorney.-

WHEREAS

I.- On October 16, 2020, the plaintiff filed an ordinary proceeding against SINAC and the State, formulating the following claims: "1. The total annulment of resolution ACC-OSI-VS-013-R-ZOO-19 called "Amendment of Commercial Zoo Operating Permit", issued by the San José Subregional Office of the Central Conservation Area, at eight hours on October sixteen, 2019. 2. By connection, the total annulment of resolution number ACC-OSJ-VS-004-R-ZOO-2020 called "Notification to the Herpetological Refuge of Costa Rica regarding operating permit ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, of June 19, 2020, as well as the Administrative Order issued that same June 19, 2020. 3- The recognition and reinstatement of resolution ACOPAC-OSRP-RES-090-16 called "Renewal of the Operating Permit for a Commercial Zoo", issued by the Puriscal Subregional Office of the Central Pacific Conservation Area, at ten hours on November 12, 2016. 4- Order the defendant to pay both costs of the ordinary proceeding". (See complaint in images 21 to 26 and preliminary hearing in images 98 to 100 and 812 to 814 of the digital judicial file).-

II.- Having granted the legal transfer, SINAC opposes the action, requesting that the complaint be dismissed in all its extremes and claims and that the plaintiff be ordered to pay both costs and interest in its favor. In addition to the foregoing, it files the substantive defense of lack of right. The statute of limitations defense was rejected at the preliminary hearing. (See images 41 to 55 of the digital judicial file).-

III.- Having granted the legal transfer, the STATE opposes the action, requesting that the filed complaint be dismissed, with the imposition of both costs to be borne by the plaintiff, as well as the interest that these generate until their effective payment. In addition to the foregoing, it files the substantive defenses of lack of current interest, lack of active and passive standing to sue (legitimación ad causam activa y pasiva), and lack of right. (See images 174 to 186 of the digital judicial file).-

IV.- The preliminary hearing was held on October 20, 2021, and August 1, 2025, with the presence of the representatives of all parties. At said hearing, claims were established, documentary evidence was admitted, and the matter was declared purely of law, for which reason conclusions were presented. (See preliminary hearing and minutes in images 98 to 100 and 812 to 814 of the digital judicial file).-

V.- On August 18, 2025, the present proceeding was assigned to this First Panel on the Merits (Equipo I de Fondo), in accordance with the criteria for the redistribution of pending files of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, and in application of the guidelines established pursuant to agreements N° 2.VI.2023, 11.VI.2023 and 12.VI.2023 adopted on July 27, 2023, by the Comisión de lo Contencioso of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, as part of the redesign process of said jurisdictional venue approved by the Consejo Superior, and it is resolved according to the resolution priority criteria established by the Poder Judicial under the seniority criterion.-

VI.- This judgment is rendered within the legal term, unanimously and after prior deliberation by the members of the Tribunal, without observing any grounds capable of invalidating the proceedings.-

Judge Miranda Alvarado writes, with the affirmative vote of judges Bolaños Salazar and Mejías Rodríguez.-

WHEREAS

I.- REGARDING THE EVIDENCE FOR BETTER RESOLUTION: The plaintiff offers as evidence for better resolution (prueba para mejor resolver): a) Resolution NºR-408-2023-MINAE issued by the Ministry of Environment and Energy, arguing the presence of absolute nullity defects in the reports that are the subject of this proceeding. b) Official communication CBCR-JD-017-2025, issued on February 13, 2025, by the Colegio de Biólogos de Costa Rica, noting that it contains a technical criterion. Regarding said evidence, a hearing was granted to the defendant parties, who addressed it. Now, having reviewed this evidence, it is concluded that it does not provide necessary or relevant elements of conviction for the resolution of this matter. The first is a disciplinary process and what a decision-making body issues considers that one of the resolutions that has been requested to be reviewed here should be examined - among others - for presenting defects of nullity, but apart from that, the resolution does not support the criterion by which the plaintiff bases the alleged nullity claimed, and therefore it is irrelevant for the purposes of this proceeding, especially because with that act the act being reviewed in this matter was not modified, revoked, or in any way altered. And the second evidence is a document issued in 2025, which refers to situations subsequent to the filing of the complaint, such as reports from the regent and the management of wild species that are unrelated to the object of this proceeding. For the indicated reasons, it is decided to reject the evidence offered as evidence for better resolution, as it does not provide a new or necessary evidentiary element for the resolution of this litigation.-

II.- ESTABLISHED FACTS.- Of importance for the resolution of this matter, the following is considered duly accredited: 1) By document dated January 2, 2016, reiterated on July 8, 2016, Mr. Rodolfo Vargas Leitón, as owner of the Herpetological Refuge, requests the Puriscal Sub-Regional Office, of the Central Pacific Conservation Area, the renewal of the establishment's resolution. (See image 121 of Volume III of the evidence CD and 67 of Volume IV of the evidence CD); 2) By resolution ACOPAC OSRP RES 090-16 at 10:00 hours on November 12, 2016, the Puriscal Subregional Office of the Central Pacific Conservation Area renews the operating permit for a commercial zoo for the Herpetological Refuge of Costa Rica, located in Alto de las Palomas, Santa Ana, San José, effective from November 12, 2016, to November 12, 2021. (See images 3 to 6 of the digital file and images 79 to 81, 101 to 104 of Volume IV of the evidence CD); 3) By official communication SINAC-ACC-OSRP-1706-2017 of December 11, 2017, the head of OSRP, Efraín Monge Hernández, indicates to Mr. Rodolfo Vargas Leitón, Owner of the Herpetological Zoo of Costa Rica, of relevance, the following: "As you are aware, in 2012 the Legislative Branch approved the project presented by popular initiative that amended the Wildlife Conservation Law 7317, an act that was formalized through the enactment of Law No. 9106. Similarly, in August of the current year, through the publication of Executive Decree No. 40548, the regulation to said law was approved, in which the rules that regulate everything related to the management and protection of the different species of wild flora and fauna inside or outside their natural habitat are dictated. Among the most important aspects that were contemplated both in the amendment of the law and the entry into force of the regulation, and that are related to the activity that your person is currently carrying out, are: Modification in the objectives of ex-situ wildlife management sites that the administration authorizes and the reproduction of wild fauna for commercialization as pets." He then cites the transitory provisions of the Regulation to the Wildlife Conservation Law. He adds that a relevant and transcendent aspect for your person is the territorial restructuring of the National System of Conservation Areas because the wildlife management site under your name would correspond to the Central Conservation Area. He adds that for this reason, officials from that area reviewed the file and appeared at the facilities and detected problems in the enclosures. That the administrative management and control of the animals was very deficient. That in the reproduction area there was an important group of reptiles and there were no birth records. Therefore, he is warned to implement corrective actions: - That under the management category of zoo, the intake of animals resulting from voluntary surrender by citizens is not permitted, since for that purpose you must have a registered rescue center, and therefore you cannot receive and release more animals until you comply with the technical and legal requirements established in the legislation for the registration and operating permit of a rescue center. Implement preventive measures to avoid the reproduction of specimens. He is also informed: "(...) due to the scope of administrative resolution ACOPAC-OSRP-RES-090-2016, as it is not consistent with what is regulated in both the amendment to the Wildlife Conservation Law and its regulation, it will be necessary to render it without effect, so that office will issue you a new temporary resolution so that your person may continue developing activities typical of a zoo and submit the necessary requirements for registration and operating permit according to the management category you wish to carry out." He is requested to provide a minute book of 100 sheets for the opening of a new logbook, adjust to the formalized format for the submission of quarterly reports, report who the biological regent and the veterinarian currently attending the site are, providing the corresponding documents. (See images 135 to 137 of Volume V of the evidence CD); 4) By resolution ACOPAC OSRP RES 127-17 at 10:00 hours on December 20, 2017, of the Puriscal Subregional Office of the Central Conservation Area, the renewal of the temporary non-commercial zoo operating permit is ordered, expiring on February 9, 2018, for the Herpetological Refuge of Costa Rica. The commercialization of individuals of the species it reproduces in the Management Center is not authorized. And among others: That it may not receive any type of animals at the management center. (See images 130 to 133 of Volume V of the evidence CD); 5) By resolution ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19 at eight hours on October 16, 2019, the San José Subregional Office, of the Central Conservation Area, amends the commercial zoo operating permit to adapt it to the Regulation of the Wildlife Conservation Law, Executive Decree No. 40548 published in La Gaceta No. 150, Digital Scope No. 194 on August 9, 2017, article 105 which stated that zoos were not authorized to carry out rescue, reinsertion, reintroduction, or reproduction of fauna. (See images 8 to 11 of the digital file, images 108 to 111 of Volume VI of the evidence CD); 6) On October 22, 2019, an appeal for reconsideration with subsidiary appeal and concomitant nullity was filed against said resolution. The appeal for reconsideration and nullity were rejected by resolution ACC-OSJ-VS-014-19 at eight hours on October 31, 2019. (See images 112 to 115 and 123 to 129 of Volume VI of the evidence CD); 7) By official communication SINAC-ACC-OSJ-161-2020 of March 4, 2020, the Head of the San José Subregional Office, ACC.SINAC-MINAE, is informed that in the follow-up to the work carried out for the normalization and adjustment of the commercial zoo called Herpetological Refuge of Costa Rica, non-compliances have been detected regarding the conditions established in the operating permit granted. Mr. Vargas Leitón is requested to comply with what was requested via official communications, or a proper process (debido proceso) will be initiated to resolve the operating permit. (See images 182 to 185 of Volume VI of the evidence CD); 8) By resolution No. ACC-OSJ-VS-004-2020 at 08:00 hours on June 19, 2020, the San José Subregional Office of the Central Conservation Area notifies the Herpetological Refuge of Costa Rica of the non-compliance with Operating Permit ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, indicating that by official communication OSJ-597 of October 17, 2019, it was indicated that a biological regent should be hired and reported along with the copy of the regency contract. That however, on January 31, 2020, Mr. Vargas Leitón submitted to the San José Subregional Office a quarterly report for October, November, and December 2019, and an annual report 2019, signed by Mr. Vargas Leitón as regent of his own wildlife management site. That said reports indicate that they have continued receiving wild species. That it is not until April 27, 2020, that they present a contract with the biological regent, Lobo González. For this reason, the submitted reports are criticized and he is warned that if the non-compliances continue, the proper administrative procedure (debido proceso administrativo) would be initiated, for what corresponds to compliance with the operating permit. (See images 13 to 17 of the digital file and images 256 to 260 of Volume IV of the evidence CD); 9) On June 19, 2020, an administrative order is carried out at the wildlife management site called Herpetological Refuge of Costa Rica, ordering the immediate cessation of actions of liberation, reinsertion, and reintroduction of wild fauna, without the protection of a rescue center operating permit issued by SINAC. Immediately cease rescue actions and the reception of wild fauna delivered by individuals to the commercial zoo, except for proven medical emergency reasons and under a temporary intake status. He is warned that failure to comply with this order would lead to a report of facts for the crime of disobedience to authority, provided for and sanctioned in article 307 of the Código Penal. (See images 19 to 20 of the judicial file); 10) Mr. Vargas Leitón files an appeal for reconsideration with subsidiary appeal and concomitant nullity against resolution ACC-OSJ-VS-0004-R-ZOO-19 at 8:00 hours on June 19, 2020. By resolution number SINAC-ACCC-OSJ-VS-R-021-2020 at 8:00 hours on August 28, 2020, the appeal for reconsideration and the concomitant nullity are rejected. (See images 263 to 266 and 291 to 294 of Volume VI of the evidence CD).-

III.- REGARDING THE PLAINTIFF'S ARGUMENT: In summary, he alleges the following: "CONSIDERACIONES DE DERECHO (sic) The Regulation to the Wildlife Conservation Law, Executive Decree N° 40548-MINAE, published in La Gaceta 150 of August 9, 2017, scope number 194, in Transitory Provision I, as the core axis of this case, clearly establishes the following: "Transitorio I. Permits, licenses, and authorizations that have been granted under the LVCS and Executive Decree 32633-MINAE shall remain in force until their expiration, seeking gradual adaptation to the new regulations. SINAC reserves the right to review and cancel permits, licenses, or authorizations when it is proven through proper process (debido proceso) that the LVCS, this regulation, or the granted permit has been violated. The cancellation shall be carried out without any liability for the State. After the publication of this regulation, no new permits will be granted for the possession of wild animals in the hands of individuals outside a management site. (The bold and underline are not in the original Transitory Provision). Now, having read the provision of interest, we must highlight that article 159, subsection 1 of the Ley General de la Administración Pública (hereinafter "LGAP") establishes that an administrative act is null when there has supervened"... the disappearance of one of the conditions required by the legal system for its adoption, when the permanence of said condition is necessary for the existence of the created legal relationship...". (Bold is not original). The legal system establishes - as an effect of the invalidity of an administrative act - two possible manifestations of nullity, according to article 165 LGAP "Invalidity may manifest as absolute or relative nullity...". Article 167 LGAP indicates that relative nullity exists "...when one of its constitutive elements is imperfect, unless the imperfection prevents the achievement of the purpose, in which case the nullity shall be absolute" (Highlighting is not original) or it is absolute nullity, according to article 166 LGAP"...when one or several of its constitutive elements are completely missing, in fact or in law." In this case, absolute nullity applies, for two reasons. The first is because Transitory Provision I does not allow the AMENDMENT of operating permits in force before August 9, 2017, since it establishes that the permits granted under the LVCS and Executive Decree 32633-MINAE shall remain in force until their expiration. In this scenario, we must show that this Transitory Provision I only allows SINAC to proceed with the review or cancellation of an operating permit, but in that case, to carry out that analysis (second reason why the challenged resolutions must be annulled), whether a review or the cancellation thereof, it can only occur when it is proven through proper process (debido proceso) that the LVCS, the regulation, or the granted permit has been violated, which in this case WAS NOT DONE. In line with the alleged nullities, every administrative act will always have a specific content and purpose, since, according to article number 132, subsection 1 LGAP, every administrative act must have a content that will be" ..licit, possible, clear, and precise and covers all questions of fact and law arising from the reason...", which in this case does not occur, because an illegal interpretation was made of Transitory Provision I of the Regulation to the Wildlife Conservation Law, by making AN AMENDMENT to an operating permit that was in force, when it is evident that said provision ONLY ALLOWS THE REVIEW AND CANCELLATION of operating permits. According to article 133, subsection 1 LGAP, the act shall have a reason "...legitimate and existing as it has been taken into account to issue the act". Additionally, the administrative act must have a statement of reasons attached to article 136 LGAP, otherwise, the act is completely inconsistent with the legal system, which in this case occurs, because the principle of legality was violated, as well as the proper process (debido proceso) and principle of non-retroactivity, by improperly applying Transitory Provision I of the Regulation to the Wildlife Conservation Law. Pursuant to article 159, subsection 2 of the LGAP, given the existence of the alleged absolute nullities in the challenged resolutions, they must "...take effect from the fact that motivates it", that is, the illegal amendment to the operating permit granted since 2016, which must therefore be declared for lacking a founded and legally existing reason, making the annulment of these administrative acts mandatory."

IV.- REGARDING THE ARGUMENT OF THE DEFENDANTS: In the opposition brief, the representation of SINAC mentioned: "(...) As demonstrated in the administrative file provided and in report OSJ-0113 rendered by the Head of the San José office in charge of this procedure, this wildlife management site has been audited several times by different commissions of institutional experts, and the results have always been non-compliance with legislation, technical species management, and administrative conditions for its operation. In 2012, the Wildlife Conservation Law No. 7317 was reformed by Law No. 9106, and the changes in objectives and permitted activities for captive wildlife management sites changed. In 2017, a new regulation to the Law was issued through DE- 40548-MINAE, establishing in greater detail the conditions for each of those sites and the permitted activities. Said Regulation established a time and a voluntary mechanism for the owners of sites that were carrying out activities that did not conform to the regulations to formulate before the Administration an action plan that would gradually allow them to adjust. This is the content of Transitorio II of Regulation No. 40548-MINAE, whose deadline expired. The plaintiff decides not to submit to the voluntary regulatory action plan and to continue operating exactly the same. Again, the site was subjected to an ex officio evaluation procedure due to its refusal to comply with Transitorio II of the Regulation to the Wildlife Conservation Law No. 40458-MINAE, and the result again indicates that the State must amend the current permit to adjust it to the legislative changes, since it contains authorizations that do not correspond to the registered category: Commercial Zoo. The process is carried out with resolution number ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19. A resolution that was duly notified to the plaintiff on October 17, 2019. Subsequently, by official communication SINAC-ACC-OSJ-488-2020, of June 15, 2020, verifiable in folios 1480 to 1485, the official Pablo Vásquez Badilla, in charge of wildlife at the San José Subregional Office, issues the report "Update of the report on non-compliances of the Herpetological Refuge of Costa Rica" expressly indicating: "That the Commercial Zoo called Herpetological Refuge of Costa Rica, with operating permit N° ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, continues to carry out rescue actions and the reception of wild fauna delivered to the zoo, failing to comply with what is indicated in resolution No. ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, notified on October 17, 2019…". Likewise, in recommendations, the following criterion is issued: "… 3. Notify Mr. Rodolfo Vargas Leitón of the obligation to fully comply with all extremes of what is indicated in resolution N° ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, indicating that failure to comply will initiate the proper process (debido proceso) to resolve operating permit N° ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19 for non-compliance. Including what is indicated in the third clause of the resolved section: "…The commercial zoo shall not be authorized to carry out liberation, reinsertion, or reintroduction of wild fauna…". And what is indicated in the fourth clause of the resolved section: "…The commercial zoo shall not be authorized for the rescue and reception of wild fauna delivered to the zoo, except for proven medical emergency reasons and under a temporary intake status, in strict compliance with articles 97 and 98 of the Regulation to the Wildlife Conservation Law, Executive Decree N°40548…". Given the situation of the owner of this site and plaintiff in this ordinary proceeding being in default of attending the duly notified and substantiated administrative provisions, the corresponding administrative order is issued. An action protected by the inspection and supervision powers attributed to officials in the performance of their duties by the Wildlife Conservation Law and derived from the police authority attributed by article 15 of the aforementioned Law (Ley IBID) to wildlife inspectors. GARCÍA MARCOS points out regarding inspection the following: "Therefore, the Public Administration, in the exercise of the inspection power, is enabled to, through investigation, verification, and surveillance, ascertain or control that the passive subject thereof effectively complies with the legal norm. BERMEJO VERA defines the term administrative inspection as 'those actions, more or less generically provided for in the legal system, that enable public administrations to carry out functions of verification or ascertainment of compliance with current regulations, in its broadest sense, that is, especially including the conditions and requirements of a technical nature, an inherent consequence of the imposition that certain norms make on certain persons, activities, installations, objects, and products', Attributing, in addition, the nature of a procedural or interlocutory activity to definitive decisions adopted after the physical conduct of the inspection." (The highlighting is not from the original). "Indeed, a distinction has been made in doctrine between three types of inspection: prior inspection before the start of the activity, whose object is the verification of the truthfulness of what is established in the projects and compliance with the measures contained in licenses or permits; follow-up inspection, to be carried out after the activity has started to verify continued compliance with the conditions contained in the preventive instruments or in general legal provisions; and inspection for probable non-compliance, aimed at verifying facts that could constitute a crime, administrative infraction, or non-compliance with mandatory legal prescriptions, whether based on a complaint made by a citizen or group thereof, or ex officio, following the initiative of the competent body. We can thus characterize the police inspection measure as that administrative activity aimed at determining compliance with legality, singular or general, by the administered parties, in the exercise of which the Administration possesses the power to interfere in the enjoyment and exercise of the rights and freedoms of individuals, through the subjection of the same, their activities, or property to a series of examinations, tests, and technical-scientific methods, for the purpose of collecting, by public officials vested with this power, the information and elements of evidence necessary to prove compliance or non-compliance with legal precepts". (Office of the Attorney General of the Republic). Additionally, the competencies of my represented party, the National System of Conservation Areas, have been analyzed by this Tribunal Contencioso Administrativo and it has been determined in two judgments related to wildlife conservation the following: "… the public interest grounded in the country's regulatory power related to the protection, defense, and conservation of fauna, protected at the legal, regulatory level, and through international treaties signed by the country, as cited by the State's representation, must prevail, and therefore the private interest of the plaintiff must yield…" (judgment No. 512-2018, file No. 18-004359-1027-CA). "Given that there is no proven serious harm to the legal situation of the promoting party and regarding the weighing of interests, it must be indicated that in this matter, the public interest grounded in the country's regulatory power relative to the permanence, possession, and entry of protected wild species must prevail." (judgment No. 453-2018, file No. 18-003840-1027-CA). Despite being duly notified, Mr. Vargas Leitón remains in default of complying with the Administration's provisions, for which reason resolution N° ACC-OSJ-VS-004-2020, of June 19, 2020, verifiable in folios 1497 to 1501, is issued, notifying Mr. Rodolfo Vargas Leitón, identity card N° 1 1274 0200, through the second article of the "Resuelve" section of the following: "… Mr. Rodolfo Vargas Leitón is notified of the obligation to fully comply with all extremes of what is indicated in resolution N° ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19."

Including what is stated in the third clause of the resolved section: “…The commercial zoo shall not be authorized to carry out release, reinsertion, or reintroduction of wildlife…” and what is stated in the fourth clause of the resolved section: “…The commercial zoo shall not be authorized for the rescue and receipt of wildlife delivered to the zoo, except for proven medical emergency reasons and under a temporary admission status, in strict compliance with Articles 97 and 98 of the Regulation to the Wildlife Conservation Law, Executive Decree No. 40548…” If it continues to breach these provisions, the due administrative process established in the current regulations will be initiated, regarding compliance with operating permit No. ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19…”. All these administrative acts were duly justified, reasoned, and substantiated legally and technically. Both the resolutions modifying and adjusting the permit, and the administrative order, are in accordance with the legal powers and procedures and constitute the due administrative process of evaluation, supervision, and ex officio adaptation to the reformed environmental regulations. The administrative record demonstrates the inspection work and the reports generated, all of which have served as the basis and reasoning for the acts. All actions and administrative acts have been notified to the plaintiff according to his designated address. Resulting in the default and non-compliance of Mr. Vargas Leitón.

LEGAL BASIS
The argument put forth by the plaintiff in his statement of claim, by which he seeks to assert the absolute nullity of administrative act No. ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, must necessarily be rejected, because this resolution was issued not only based on Transitory Provision I of Regulation No. 40548-MINAE, but also on a legal norm that expressly provides the powers for the modification of both the site technical management plans (planes de manejo técnico) and the operating permits (permisos de funcionamiento) granted. As has been previously stated, the administrative acts subject to this proceeding, in particular Resolution No. ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19 and No. ACC-OSJ-VS-004-R-ZOO-2020, have as their legal basis the institutional legal powers contained in Article 7, subsection f) of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre), which establishes within the functions of SINAC that of “approving, rejecting, or modifying the management plans (planes de manejo) and operating permits (permisos de funcionamiento) of the different wildlife management establishments” in harmony with subsection a), which empowers it to establish the technical measures to be followed for the proper management, conservation, and administration of wildlife. At this point, it is necessary to indicate that wildlife was declared by Law No. 7317 in its Article 3, since the year 1992, as a public domain asset and national heritage, therefore it is not within the commerce of men, nor is it possible to claim property rights over it. These provisions even protect individuals born in captivity, as they do not lose their status as wildlife by express provision of law in Article 5 Ibid. The State, through SINAC, is the administrator of these assets and may only authorize temporary custody to sites that comply with the regulations and technical-scientific management conditions. The activities permitted for each wildlife management site must be supported by science and technique, have as limits those provided by law for each type of site, and must be supervised and corrected by the State always in pursuit of protecting the public interest. In this regard, Judgment No. 2018-012142, case file No. 18-009670-0007-CO of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) provides that: “…the fact is that SINAC is the competent authority to determine, not only whether a current operating permit (permiso de funcionamiento) may or may not be revoked, but also, to apply the regulation that is pertinent to this type of situation. Therefore, the determination of the regulations that should apply to a specific case and, consequently, the disagreements argued by the appellant in the filing brief, falls outside the scope of constitutionality…”. In relation to the Administration's power to issue rules to regulate activities, Judgment No. 158-2014-VI of the Administrative and Civil Treasury Court (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), established: “This regulation is necessary since, if wildlife constitutes an element of biodiversity; its conservation, management, and use become fundamental for the protection of the constitutional guarantee to a healthy and ecologically balanced environment.” That Court further cites Judgment No. 4620-2012 of this Honorable Constitutional Chamber (Sala Constitucional), “IV.- On the safeguarding of animals and the dignity of persons. (…) From the foregoing, consequences arise in space and time with greater interconnection resulting from intensified globalization and the rise of the information society. Precisely, in the current era, the greater demand for resources from nature and a higher sophistication of consumption have made the society-nature relationship more tense, but at the same time have raised awareness about its complexity, the functional interdependence that underlies it, and the need to take balanced measures to guarantee the supreme good of life. In this way, the current concept of human development cannot be conceived without the environmental variable, which certainly demands ecological rationality, a balance between the necessary satisfaction of human needs and the possibilities of nature for it, and also, ethical rationality, that is, a rationality with a relevant degree of intersubjectivity upon which certain moral demands are postulated to society.” As has been developed in the jurisprudence of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), in Judgment number 2002-11429 of 9:14 a.m. on November 29, 2002, it was established that in relation to Article 50, the right to a “healthy environment (ambiente sano)” has a broad content that is equivalent to the aspiration to improve the living environment of the human being, so that it goes beyond natural conservation criteria to be located within every sphere in which the person develops, whether family, work, or the environment in which they live,” while the development of an “ecologically balanced environment (ambiente ecológicamente equilibrado)” is a more restricted concept referring to an important part of that environment in which the human being develops, to the balance that must exist between the advancement of society and the conservation of natural resources.”

The Public Administration is aware of the obligation to make the necessary changes and regulations to give content to both the constitutional mandates and the legislative changes regarding wildlife. From the constitutional notion of the environment, the obligation of the human being to protect fauna is inferred. An element of biodiversity that is also declared a public domain asset. The limitations and restrictions for the use of this public domain asset come from the law and the Constitution.

a. From the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre) No. 7317 and its reforms and additions, Law No. 9106, in its Article 7, it is established that: “The National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) of the Ministry of Environment and Energy has the following functions in the exercise of its competence: … f) Issue, deny, or cancel permits for control hunting, extraction, research, scientific and academic collection, and any permit to import or export wildlife, its parts, products, and derivatives, as well as approve, reject, or modify the management plans (planes de manejo) and operating permits (permisos de funcionamiento) of the different wildlife management establishments, wildlife refuge, and for those wildlife management activities that require it…” The underlining is not from the original. The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in Vote 4620-2012 established the appropriateness of constitutional protection for wildlife as an element of national biodiversity, further citing principles 2 and 4 of the Stockholm Declaration on the Human Environment, adopted at the United Nations Conference on the Human Environment on June 16, 1972, and UN General Assembly Resolution 37/7 of October 28, 1982, World Charter for Nature. In particular, the following: “Every form of life is unique, warranting respect regardless of its worth to man, and, to accord other organisms such recognition, man must be guided by a moral code of action.”

As demonstrated by the administrative record and the report from the Head of the San José Office in Official Communication OSJ-0113, the acts challenged in this proceeding are in accordance with the legislation and with the institutional powers for wildlife conservation, I quote what they stated: “Likewise, administrative act ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19 is also based on the following articles of the current regulations:
b. From the Regulation to the Wildlife Conservation Law (Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre), Executive Decree No. 40548, published in La Gaceta No. 150, Digital Supplement No. 194 of August 9, 2017, states in its article 105 that “…-Zoos (Zoológicos). Zoos are management sites (sitios de manejo) authorized for the exhibition of wildlife, with or without commercial purposes. They may develop conservation, education, exhibition, and research programs. They are not authorized to carry out rescue, reinsertion, reintroduction, or reproduction of fauna. These sites must have a contraception plan for the wild animals they manage in captivity, which will be contained in the management plan (plan de manejo)…”.
c. From the Regulation to the Wildlife Conservation Law (Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre), Executive Decree No. 40548, declares in Article 106 that: “…- Commercial zoos (Zoológicos comerciales). Commercial zoos shall be authorized to legally acquire wild animals for exhibition, provided they are included in the collection plan (plan de colección). To do so, they must maintain records proving the origin of each specimen and request the permits established in this regulation for importation and commercialization. These sites shall not be authorized for reproduction…”. While Transitory Provision I maintains the validity of permits until their expiration. It is also true that it provides: “seeking gradual adaptation to the regulations” and in Transitory Provision II establishes the gradual adaptation mechanism corresponding to the voluntary action plan. The absence of these voluntary processes by the permit holders does not limit the ex officio action of the administration, as these are non-waivable powers. The process of adjustment and application of the legal and regulatory reforms is an obligation for both the permit holder and the Administration. The powers of my represented party, the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), are provided as part of the competencies in the law itself, Article 7 subsection f) of Law No. 7317.

Similarly, the argument of having failed to grant a due process (debido proceso) and right of defense is fallacious. Firstly, I reiterate, with the administrative record and with the testimony of the officials that I will offer, it is demonstrated that on repeated occasions, Mr. Vargas Leitón has been formally notified of the activities that are not permitted by law, of the detected non-compliances, and of the administrative consequences of failing to comply with the technical provisions and the modification of the operating permit (permiso de funcionamiento). In each of those documents, he has been indicated in detail and with due basis the reasons why the provision is being adopted and has been ordered to comply with it, also carrying out verification measures and indicating the consequences of non-compliance. Secondly, the plaintiff confuses the regulations that support the administrative acts and the legal powers assigned to SINAC in protection of wildlife and the public interest. Despite the multiple non-compliances accredited in the record through the police function of supervision and inspection, he has been given an ex officio ordering process instead of revoking the permit. In resolution No. ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, it has been clearly indicated in the third clause of the resolved section: “…The commercial zoo shall not be authorized to carry out release, reinsertion, or reintroduction of wildlife…” and what is stated in the fourth clause of the resolved section: “…The commercial zoo shall not be authorized for the rescue and receipt of wildlife delivered to the zoo, except for proven medical emergency reasons and under a temporary admission status, in strict compliance with Articles 97 and 98 of the Regulation to the Wildlife Conservation Law (Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre), Executive Decree No. 40548…” If it continues to breach these provisions, the due administrative process, established in the current regulations, will be initiated, regarding compliance with operating permit No. ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19…”. Any claim of nullity of the challenged administrative acts is rejected because, even under the scrutiny of the requirements of Article 132 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), it is demonstrated that it meets all of them, since its content is lawful, possible, clear, and precise. Its legal basis not only comes from legal powers granted by Article 7 of Law 7317, the rank of which is higher than the alleged Transitory Provisions of the Regulation, but it is clear regarding the legality of the modification made to adjust the permit to the legislative changes in environmental matters and which are immediately applicable, especially in the present case where public domain assets are being handled without the required legal permits. Regarding the allegations related to the motive of the act, they are rejected because the resolutions and administrative order were duly reasoned and based on the inspection reports and evaluations carried out by different commissions of officials, the recommendations of science and technique regarding wildlife management which are in turn reflected in the legislative reforms and which dictate that animals exhibited in zoos are not subject to release due to the socialization processes with humans that subsequently prevent their survival in the natural environment; these legislative reforms, being related to environmental and fundamental rights, are immediately applicable, and non-retroactivity or consolidated situations cannot be alleged. The legislative reform occurred in the year 2012 through Law No. 9106, in which Article 2 defines Zoo as follows: “Management site (Sitio de manejo) that keeps wildlife in captivity, which may be for commercial purposes or not, under the direction of a body of professionals that guarantees adequate living conditions in an attractive and didactic manner for the public. Its main objectives are conservation, education, research, and exhibition of wildlife in a scientific manner.” (the highlighting is not from the original). In this regard, the Office informs in Official Communication No. OSJ-0113: “Mr. Rodolfo Vargas Leitón is notified of the obligation to fully comply with what is stated in resolution No. ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19. Including what is stated in the third clause of the resolved section: “…The commercial zoo shall not be authorized to carry out release, reinsertion, or reintroduction of wildlife…” and what is stated in the fourth clause of the resolved section: “…The commercial zoo shall not be authorized for the rescue and receipt of wildlife delivered to the zoo, except for proven medical emergency reasons and under a temporary admission status, in strict compliance with Articles 97 and 98 of the Regulation to the Wildlife Conservation Law, Executive Decree No. 40548…” If it continues to breach these provisions, the due administrative process, established in the current regulations, will be initiated, regarding compliance with operating permit No. ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19…”.

For its part, the State representation stated in its statement of claim: "(...) REASONS AND LEGAL GROUNDS
LACK OF CURRENT INTEREST
The reinstatement of resolution ACOPAC-OSRP-RES-090-16 (folios 998-1001, volume IV, of case file ACC-OSJ-VS-Z-006-19) lacks current interest and utility, as its validity concluded on November 12, 2021, as evidenced by the plaintiff, when requesting preferential processing, on the penultimate page of the claim. Resolution ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19 also lost its validity on November 12, 2021 (folios 1350-1353, volume VI, of case file ACC-OSJ-VS-Z-006-19), and with it, the challenged warning to comply with it in all its terms, contained in resolution ACC-OSJ-VS-004-2020 (folios 1497-1501, volume VI, of case file ACC-OSJ-VS-Z-006-19), therefore its review in this venue lacks interest. The discussion on the validity of administrative acts that have lost their effectiveness in this proceeding is contrary to the rational use of public resources and funds.
LACK OF ACTIVE STANDING (LEGITIMACIÓN AD CAUSAM ACTIVA)
Resolution ACOPAC-OSRP-RES-090-16 (folios 998-1001, volume IV, of case file ACC-OSJ-VS-Z-006-19) granted a permit for the operation of a zoo called “Refugio Herpetológico de Costa Rica” on property number 1-118287. The cited resolution authorized the reproduction and commercialization of wildlife specimens in the zoo called “Refugio Herpetológico de Costa Rica,” to which, in that same resolution, permission was granted to operate on property 1-118287. There is a lack of active standing to request the reinstatement of that resolution, since the plaintiff is not the owner of property 1-118287, but rather it is registered in the name of LAS ARDILLAS S.A. since 1989 (see registry certification). Furthermore, the claim was filed by Mr. Rodolfo Vargas Leitón in his personal capacity, while the permit granted in resolution ACOPAC-OSRP-RES-090-16 cites him as the “legal representative” of the Refugio Herpetológico de Costa Rica (see legal capacity of that company, provided as evidence): (cites judgment number 1263-2021 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice on standing and current interest as substantive prerequisites.
LACK OF PASSIVE STANDING (LEGITIMACIÓN AD CAUSAM PASIVA)
The State is a party in this proceeding, solely and exclusively by virtue of the provisions of numeral 12 subsection 2) of the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), which provides the obligation to include the State as a passive subject when dealing with conduct of bodies with instrumental legal personality, that is, standing ad procesum, which is distinct from standing ad causam. The challenged acts originate from the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), a deconcentrated body with instrumental legal personality (Article 22 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad)), in the exercise of its powers: “…the legislator created it as a deconcentrated body, in order to assign it exclusive and technical competencies … National System of Conservation Areas, a person-body that has instrumental legal personality and budget, precisely for the reasons of administrative speed and celerity that, as already indicated, it requires for the fulfillment of its purposes.” (Constitutional Vote No. 9563-2006. The bold does not belong to the original). For this reason, there is a lack of passive standing of the State. In this sense, one may see the resolution of that Court No. 2023003987 of 13 hours 45 minutes on September 29, 2023 (considering XIV).
LACK OF RIGHT
The plaintiff seeks the reinstatement of resolution ACOPAC-OSRP-RES-090-16 of 10:00 a.m. on November 12, 2016, in that it authorized the reproduction and commercialization of certain reptiles, rodents, and insects, in a zoo called “Refugio Herpetológico de Costa Rica,” to which, in that same resolution, permission was granted to operate on property 1-118287. Notwithstanding what has been stated regarding the plaintiff's lack of standing, the reinstatement of a resolution whose term has expired, and which was issued prior to a regulatory change, is inappropriate. Decree No. 40548-MINAE, effective from its publication in Supplement No. 194 of La Gaceta on August 9, 2017, provided:
“Article 4.- Definitions. For the purposes of the application of the LCVS and this regulation, in addition to the definitions contained in articles 1, 2 and 5 of the LCVS, the following shall be understood by: (…) 59. Commercial zoo (Zoológico con fines comerciales): Fauna management site (Sitio de manejo de fauna) that complies with the provisions of the LCVS for zoos, they shall be authorized to legally acquire wild animals for exhibition, provided they are included in the collection plan (plan de colección). They shall not be authorized for reproduction, in accordance with the regulations established by the LCVS and this regulation. (…) Article 105.- Zoos (Zoológicos). Zoos are management sites (sitios de manejo) authorized for the exhibition of wildlife, with or without commercial purposes. They may develop conservation, education, exhibition, and research programs. They are not authorized to carry out rescue, reinsertion, reintroduction, or reproduction of fauna. These sites must have a contraception plan for the wild animals they manage in captivity, which will be contained in the management plan (plan de manejo). Article 106.- Commercial zoos (Zoológicos comerciales). Commercial zoos shall be authorized to legally acquire wild animals for exhibition, provided they are included in the collection plan (plan de colección). To do so, they must maintain records proving the origin of each specimen and request the permits established in this regulation for importation and commercialization. These sites shall not be authorized for reproduction.” (…) Transitory II. Within a maximum period of six months after the publication of this regulation, all management sites in the country must submit to the corresponding Conservation Area (Área de Conservación) an action plan detailing the organizational, infrastructure, and technical management changes for compliance with the LCVS and adaptation to this regulation.” (The underlining is added). The challenged resolutions and the administrative order of June 19, 2020 (folios 1495 and 1496, volume VI of case file ACC-OSJ-VS-Z-006-19) conform to these norms.

The Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), according to the reform made by Law No. 9106, in force since May 4, 2013, conferred on SINAC the power to modify operating permits (permisos de funcionamiento) of wildlife management establishments: “Article 7.- The National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy has the following functions in the exercise of its competence: (…) f) Issue, deny, or cancel permits for control hunting, extraction, research, scientific and academic collection, and any permit to import or export wildlife, its parts, products, and derivatives, as well as approve, reject, or modify the management plans (planes de manejo) and operating permits (permisos de funcionamiento) of the different wildlife management establishments, wildlife refuge, and for those wildlife management activities that require it.” (The underlining does not belong to the original).

The challenged modification is based on the change in the regulations. Since the entry into force of Decree No. 40548, zoos, the category held by the “Refugio Herpetológico de Costa Rica,” are not authorized for the reproduction or reception of wild animals. In this case, the statement by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) regarding the non-existence of a right to the immutability of the legal system, i.e., that the rules not change, is applicable: “… no 'right to the immutability of the legal system' is generated, meaning that the unmodifiability of the legal system cannot be claimed in any way” (Vote No. 13330-2006). “… in matters of environmental law ... the State always has the possibility of demanding compliance with new requirements for the different activities that individuals carry out, even when the property or the type of work being carried out predates the modification of the law that requires new conditions. It must be remembered that this Chamber has repeatedly stated that the protection and preservation of the integrity of the natural environment is a fundamental right, so that, as against the private interest of an individual to carry out an activity, the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment will undoubtedly prevail; a right that also concerns that individual.” (Votes Nos. 5073-2003 and 14576-2004). “… the State can demand compliance with new requirements or conditions that ensure the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, this prevailing over the private interest of an individual to carry out an activity (See in that sense judgment 14576-04 of 16:04 hrs. on December 21, 2004).” (Vote No. 12394-2012).

The impact on the “natural environment,” specifically on wildlife, which partly prompted the regulatory change, is evidenced in the article “Desarrollo de la herpetocultura en Costa Rica: Situación actual de herpetarios y manejo ex situ de reptiles y anfibios,”1 regarding the results of a study in 29 centers that kept reptiles and amphibians (or both) in Costa Rica, between 2013 and 2014, including the Refugio Herpetológico (p.4): “… a significant number of centers acknowledge that the origin of many of their animals is still from the wild. Thus, for example, 57% of them indicate income of animals coming from the wild, a figure that is higher than the percentage of centers that report an origin from captive breeding farms (zoocriaderos) indicated above. In contrast, only 19% of centers report that they do not receive animals from the wild. Of the herpetariums that acknowledge a wild origin, 24% indicate the entry of at least 5 individuals annually; 38% report between 6 to 100 animals each year, and 14% mention receiving a volume close to 200 individuals or more annually. As things stand –with few exceptions– it is difficult to identify the origin of the reptiles and amphibians kept by the majority of herpetariums in Costa Rica, although everything seems to indicate that they are animals captured in the natural environment.” (P.14).

1 Arias-Ortega, J., Bonilla-Murrilo, F., & Sasa, M. (2016). Desarrollo de la herpetocultura en Costa Rica: Situación actual de herpetarios y manejo ex situ de reptiles y anfibios. Revista De Ciencias Ambientales, 50 (1), 1-23. https://doi.org/10.15359/rca.50-1.1

“Perhaps the most controversial aspect of the impact of herpetariums on the conservation of national biodiversity is the fact that the bulk of the animals with which they operate come from the natural environment. As our analysis reveals, regardless of whether they result from confiscations, rescues, or direct captures, most centers require the constant flow of animals from the environment to be able to operate. Exceptions have been observed in only two of the largest captive breeding farms (zoocriaderos), where many of their breeders effectively correspond to animals with several generations in captivity. (…) there is concern that there is no evidence of adequate maintenance capacity in many of the centers visited, which could exacerbate pressure on natural populations. This situation is particularly sensitive when it comes to species whose populations are currently reduced to the country's protected wild areas, which would imply that their capture is illegal in nature. As a specific case, the bushmaster Lachesis stenophrys is cited, a species of viper considered threatened throughout its distribution. The bushmaster is a species associated with mature humid forests, so its populations are practically reduced to some protected areas in the country. Despite this, almost two-thirds of the herpetariums exhibit or keep this species, usually adult specimens. However, in only two of the visited centers, Reptilandia and Mundo de Serpientes, is there certainty of successful reproduction programs (Corrales, Meidinger, Rodríguez, Chacón and Gómez, 2014). As things stand, the evidence seems to indicate that the majority of individuals of this species that are kept in herpetariums come from captures from the natural environment. The impact of this demand on the country's already reduced populations is unknown, although it is possibly high, especially if it is taken into account that the species is not particularly easy to adapt to captivity conditions.” (Pp.21-22). “Despite the contrast between the responses of the interviewees and what was observed, activities such as research, education and conservation do not seem to be priorities for the majority of these businesses. In fact, for some species they could represent a threat to their conservation, by increasing the demand for individuals from the natural environment to supply their operations.” (P.22).

The claims also conflict with the principle of singular non-derogability of regulations (Article 13 of the General Public Administration Law), in this case, Decree No. 40548, a valid and effective norm that must be applied by the Public Administration by virtue of the principle of legality (Article 11 of the General Public Administration Law). Furthermore, irregularities were confirmed at the “Refugio Herpetológico de Costa Rica,” as set forth in official communication SINAC-ACC-OSRP-1706-2017 of December 11, 2017 (folios 1208 to 1210, volume V, of expediente ACC-OSJ-VS-Z-006-19): As well as in resolution ACC-OSJ-VS-004-2020 (folios 1497-1501, volume VI, of expediente ACC-OSJ-VS-Z-006-19), which refers to non-compliance with Article 209 of Decree No. 40548: “Due to the public faith held by regents, they may not act as regent for their own sites, nor engage in situations that may represent a conflict of interest.” To this effect, it can be verified in the administrative expediente that the documents “Primer Informe Trimestral OCTOBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2018” (folio 1281), “Primer Informe Trimestral ENERO FEBRERO MARZO 2019” (folio 1302), “Segundo Informe Trimestral ABRIL MAYO JUNIO 2019” (folio 1324), “Tercer Informe Trimestral Julio Agosto Septiembre 2019” (folio 1373), “CUARTO Informe Trimestral OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2019” (folio 1395), “INFORME ANUAL 2019” (folio 1413), among others, were signed by the plaintiff in his capacity as regent. Moreover, in the “Segundo Informe Trimestral ABRIL MAYO JUNIO 2019,” nearly two years after the entry into force of Decree No. 40548, the birth and death of a Leopardus pardalis offspring were reported with little scientific rigor and without precise dates for either event (folio 1338).

V.- REGARDING THE OBJECT OF THIS PROCEEDING: In view of the fact that the parties have pointed out aspects not related to the object of the proceeding, it is necessary to recall that it revolves around petitions for the annulment of two resolutions issued by divisions of SINAC; therefore, it is unnecessary to review actions subsequent to the acts whose review is sought, as the criminal complaint and/or other resolutions or reports submitted have no direct relationship with this proceeding. However, the resolutions issued prior to the resolution mentioned supra have been considered useful for understanding the reasoning behind the acts being challenged and for this reason have been set forth in the proven facts.

VI.- REGARDING THE ALLEGED STATUTE OF LIMITATIONS: The defendant SINAC raised the defense of statute of limitations (prescripción), stating: “The challenged resolution was notified on October 17, 2019, personally to Mr. Rodolfo Vargas Leitón, and the complaint was filed until October 19, 2020, after the lapse of one year, so the time limit provided for in Article 39(1) of the Contentious Administrative Procedure Code for filing suit expired.” The plaintiff opposed the statute of limitations, pointing out that the complaint seeks a declaration of nullity of the final act ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, and since it constitutes a challenge to a formal conduct of the Administration, it is not susceptible to a statute of limitations claim, and therefore it must be rejected. That while the prior defense of lapse (caducidad) was not formally raised, the defendant relied on Article 39(1) of the CPCA, arguing that the one-year period provided for filing the action had elapsed, because “the challenged resolution was notified on October 17, 2019, personally to Mr. Rodolfo Vargas Leitón, and the complaint was filed until October 19, 2020.” Note then that SINAC’s representation confuses the correct name of the legal institution but not the applicable legal basis. In this regard, the plaintiff points out that the effect of said article does not apply, since the complaint was filed on October 16, 2020, through the Online Management System (Sistema de Gestión en Línea), and is therefore within the one-year period established in Article 39(1) of the CPCA. He clarifies that the document presented on October 19, 2020, was the copy of the complaint for the party as established by Article 49 of the CPCA, but the judicial action as such is considered filed on October 16, 2020. Therefore, the prior defense of statute of limitations must be rejected as improper, and in the event of a potential lapse, it must be rejected on the grounds stated. CRITERION OF THE TRIBUNAL: In light of the case record and review of the administrative expediente, this Chamber considers that the declaration of statute of limitations invoked must be rejected. Indeed, the complaint was filed on October 16, 2020, therefore, it was filed within the year provided for in Article 39(1) of the Contentious Administrative Procedure Code, which, in any case, regulates the time limit for lapse of the action and not statute of limitations, which is different. In view of the claims, we find that the principal action revolves around the nullification claim regarding formal administrative actions, which are subject, from a procedural temporal standpoint, to the institution of lapse of the action and is, therefore, incompatible with the institution of statute of limitations. Hence, the other claims, including the declaration of recognition and restoration of a legal situation, are accessory to and derived from that principal petition for nullity, and therefore, for cases such as the one before us, the institution of statute of limitations is inapplicable and must therefore be rejected. We have, in any case, that according to the administrative expediente, the plaintiff, at the administrative venue, filed against resolution ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19 an appeal in subordination (recurso de apelación en subsidio) that had not been resolved at the time of filing this proceeding. Therefore, having exercised that appeal against the final act, it would only be upon resolution of the appeal that it would be considered a definitive act exists, and thus no time limit—which, it is insisted, would be for lapse and not statute of limitations—was running against him. This is in accordance with what was stated in judgment number 003410-F-S1-2019 at nine forty-five hours on October twenty-fourth, two thousand nineteen, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, which stated that it is with the resolution of the appeals filed and their notification that the annual calculation of lapse will begin the following day, in accordance with the provisions of Articles 33 and 36.C, in relation to 39.1.a) of the Contentious Administrative Procedure Code, the annual period begins its calculation from the notification of the definitive act, that is, the one resolving the ordinary appeals. In the case before us, the statute of limitations does not apply, nor has lapse occurred, because the complaint was filed within the annual period established by Article 39(1)(a) of the Contentious Administrative Procedure Code.

VII.- REGARDING THE LACK OF CURRENT INTEREST: The State representation invoked the substantive defense of lack of current interest, this being one of the prerequisites of a complaint that must be considered by the adjudicator. A preliminary ruling on this matter is made, as its acceptance means concluding the proceeding without needing to address the merits of the case. Said representation stated: “The restoration of resolution ACOPAC-OSRP-RES-090-16 (folios 998-1001, volume IV, of expediente ACC-OSJ-VS-Z-006-19) lacks current interest and usefulness, as its validity concluded on November 12, 2021, as evidenced by the plaintiff himself when he requested preferential processing, on the penultimate page of the complaint. Resolution ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19 also lost its validity on November 12, 2021 (folios 1350-1353, volume VI, of expediente ACC-OSJ-VS-Z-006-19), and with it, the challenged warning to comply with it in all its requirements, contained in resolution ACC-OSJ-VS-004-2020 (folios 1497-1501, volume VI, of expediente ACC-OSJ-VSZ-006-19), so its review through this avenue lacks interest. The discussion regarding the validity of administrative acts that have lost their effectiveness in this proceeding goes against the rational use of public resources and funds.” Regarding that defense, the plaintiff stated: “I. Lack of current interest. The State representation is incorrect in asserting that in this case there is a lack of current interest, given that although it is true that official communications (sic) ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, ACC-OSJ-VS-004-R-ZOO-2020, and ACOPAC-OSRP-RES-090-16 completed their validity periods, this does not mean the proceeding has lost its purpose or that there is no current interest in its resolution. What is being discussed here is not only the formal validity of those acts, but their legality and the appropriateness of their issuance. Leaving this case unresolved would imply, in practice, accepting that possibly improper administrative acts remain without any control, which would translate into administrative impunity. Furthermore, denying review of these acts would be disregarding this party's right to effective judicial protection (tutela judicial efectiva). Therefore, the proceeding does indeed retain a current interest and a concrete usefulness, not only for this party, but also from a perspective of legality and control over administrative action.” Criterion of the Tribunal: The State representation has raised the defense of lack of current interest. With respect to this defense, this Chamber considers that the defendant is correct in opposing this defense, insofar as, as can be inferred from the claims established in this proceeding, a declaration of nullity is sought for two administrative acts materialized in resolutions ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19 and ACC-OSJ-VS-004-R-ZOO-2020, and thereby that resolution ACOPAC OSRP RES 090-16 of 10:00 hours on November 12, 2016, remain as originally issued. As emerges from proven facts 2 to 9 of this judgment, these administrative acts correspond to: Resolution ACOPAC OSRP RES 090-16 of 10:00 hours on November 12, 2016, from the Puriscal Subregional Office of the Central Pacific Conservation Area (Área de Conservación Pacífico Central), renews the operating permit for a zoo for commercial purposes for the Refugio Herpetológico de Costa Rica, located in Alto de las Palomas, Santa Ana, San José, with an effective date from November 12, 2016, to November 12, 2021. One month later, in official communication SINAC-ACC-OSRP-1706-2017 of December 11, 2017, the head of the OSRP, Efráin Monge Hernández, indicates to Mr. Rodolfo Vargas Leitón, Owner of the Zoológico Herpetológico de Costa Rica, regarding matters of interest, the following: “As you are aware, in 2012 the Legislative Branch approved the bill presented by popular initiative that amended the Wildlife Conservation Law 7317, an act that was formalized through the enactment of Law No. 9106. Likewise, in August of the current year, through the publication of Executive Decree No. 40548, the regulations to that law were approved, and therein are set forth the rules that will regulate everything related to the management and protection of different species of wild flora and fauna within or outside their natural habitat. Among the most important aspects that were contemplated both in the amendment to the law and the entry into force of the regulation, and that are related to the activity currently being carried out (sic) by you, are: Modification of the objectives of ex-situ wildlife management sites. That the Administration authorizes and the reproduction of wildlife for commercialization as pets.” He then cites the transitional provisions of the Regulations to the Wildlife Conservation Law. He adds that a relevant and significant aspect for you is the territorial restructuring of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), because the wildlife management site in your name would correspond to the Central Conservation Area (Área de Conservación Central). He adds that for this reason, officials from that area reviewed the expediente and visited the facilities and detected problems in the enclosures. That the administrative management and control of the animals was very deficient. That in the reproduction area there was a significant group of reptiles and birth records were lacking. For this reason, you are warned to implement corrective actions: - That by virtue of the zoo management category, you are not permitted to receive animals from voluntary surrenders by citizens, since for that purpose you must have a registered rescue center (centro de rescate), therefore you may not receive and release more animals until you meet the technical and legal requirements established in the legislation for the registration and operating permit of a rescue center. Implement preventive measures to avoid the reproduction of specimens. He is also informed: “(...) due to the scope of Administrative Resolution ACOPAC-OSRP-RES-090-2016, as it is not consistent with the provisions of both the amendment to the Wildlife Conservation Law and its regulations, it will be necessary to set it aside, so that this office will issue you a new resolution on a temporary basis in order for you to continue carrying out activities typical of a zoo and to present the necessary requirements for registration and operating permit depending on the management category you wish to pursue.” He is asked to provide a minute book of 100 folios for the opening of a new logbook. [He is asked to] adjust to the formalized format for the presentation of quarterly reports, report who the biological regent (regente biológico) is and the veterinarian currently attending the site, providing the corresponding documents. (Underlining is ours). Subsequently, by resolution ACOPAC OSRP RES 127-17 of 10:00 hours on December 20, 2017, from the Puriscal Subregional Office of the Central Conservation Area, the renewal of the temporary operating permit for a zoo for non-commercial purposes is ordered, expiring on February 09, 2018, for the Refugio Herpetológico de Costa Rica. The commercialization of individuals of the species reproduced in the Management Site is not authorized, and among other provisions, it may not receive any type of animals at the management site. Following this, by resolution ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19 of eight hours on October 16, 2019, the San José Subregional Office, of the Central Conservation Area, modifies the zoo operating permit for commercial purposes to adapt it to the Regulations of the Wildlife Conservation Law, Executive Decree No. 40548 published in La Gaceta No. 150, Digital Reach No. 194 on August 9, 2017, Article 105 which indicated that zoos were not authorized to carry out rescue, reinsertion, reintroduction, or reproduction of fauna. Appeals (recursos) were filed against said act. By official communication of March 04, 2020, number SINAC-ACC-OSJ-161-2020, the Head of the San José Subregional Office, ACC.SINAC-MINAE, is informed that in the follow-up to the work carried out for the normalization and adjustment of the zoo for commercial purposes called Refugio Herpetológico de Costa Rica, non-compliances have been detected regarding the conditions established in the granted operating permit. Mr. Vargas Leitón is requested to comply with what was requested via official communications, or a due process will be initiated to resolve the operating permit. The foregoing is repeated in resolution No. ACC-OSJ-VS-004-2020 of 08:00 hours on June 19, 2020, the San José Subregional Office of the Central Conservation Area, which notifies the Refugio Herpetológico de Costa Rica of the non-compliance with Operating Permit ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, pointing out that by official communication OSJ-597 of October 17, 2019, he was instructed to hire a biological regent and report it along with a copy of the regency contract. That however, on January 31, 2020, Mr. Vargas Leitón submitted to the San José Subregional Office a quarterly report for October, November, and December 2019, and an annual report 2019, signed by Mr. Vargas Leitón as regent of his own wildlife management site. That said reports indicate they have continued receiving wildlife species. That it was not until April 27, 2020, that they submitted a contract with the biologist regent, Lobo González. For this reason, the submitted reports are challenged, and he is warned that if the non-compliances continue, the administrative due process would be initiated for the corresponding enforcement of the operating permit. This resolution leads to the fact that on that same June 19, 2020, an administrative order was carried out at the wildlife management site called Refugio Herpetológico de Costa Rica, ordering the immediate cessation of actions of release, reinsertion, and reintroduction of wildlife, without the protection of a rescue center operating permit issued by SINAC. He was also ordered to immediately cease rescue actions and the receipt of wildlife delivered by private individuals to the zoo for commercial purposes, except for proven medical emergency reasons and under a temporary admission status. And he is warned that failure to comply with that order will lead to a report of facts for the crime of disobedience to authority, as provided for and sanctioned in Article 307 of the Criminal Code. This was the scenario in which the acts sought to be annulled were issued. From that account of facts and for what interests us, the plaintiff basically sought the declaration of nullity of resolution ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, and consequently of resolution ACC-OSJ-VS-004-2020, with the objective that resolution ACOPAC OSRP RES 090-16 of 10:00 hours on November 12, 2016, from the Puriscal Subregional Office of the Central Pacific Conservation Area, maintain the condition as originally issued in 2016 without the reforms of 2019. Upon reviewing the facts, we have that basically all the resolutions involved had a common expiration date of validity, that is, November 12, 2021. This was not unknown to the plaintiff, as the State representation rightly points out, knowing that the resolutions had a validity of one year remaining from the filing of the judicial proceeding, and for that reason he requested preferential processing, which was denied. Thus, it is commonly agreed that the validity period of the resolutions sought to be analyzed has been extensively exceeded and even replaced by new resolutions for the operation of the so-called Refugio Herpetológico, which remains operating to this day. Given this, there is a logical consequence from a legal standpoint: it makes no sense, value, or usefulness to review acts whose legal life has expired, that is, should an eventual nullity be determined, it would lack interest for reasons of temporality. The passage of time causes the interest in continuing with this proceeding to disappear, as it no longer has legal relevance to determine a nullity of an act that has already been executed and whose effects have ceased. Note also that there are no claims associated with the administrative acts that are the object of the annulment petition that depend on its declaration to be analyzed, such as a compensation claim based on the conduct accused as unlawful by the State. In other words, the analysis of the current interest in issuing a ruling on the merits of the case would have been different if such act were linked to another claim related to administrative liability, but the claims, we recall, are: “- The total annulment of resolution number ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19 called ‘Modification of Zoo Operating Permit for commercial purposes,’ issued by the San José Subregional Office of the Central Conservation Area, at eight hours on the sixteenth day of October 2019. - By connection, the total annulment of resolution number ACC-OSJ-VS-004-R-ZOO-2020 called ‘Notification to the Refugio Herpetológico de Costa Rica regarding operating permit ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19’ of June 19, 2020, as well as the Administrative Order issued that same June 19, 2020. - The recognition and restoration of resolution ACOPAC-OSRP-RES-090-16 called ‘Renewal of the Operating Permit of a Zoo for commercial purposes,’ issued by the Puriscal Subregional Office of the Central Pacific Conservation Area, at ten hours on November twelfth, 2016. - The respondent be ordered to pay both costs of the proceeding on the merits.” As is evident from the transcribed text, the claims are only of an annulment type, and this affects the scope in which the determination or not of the nullity of the acts could have been continued, insofar as, as noted, in the specific case it was limited to a validity period as an enabling permit, and that validity period has already been reached and exceeded by other subsequent acts, since the Refugio continues to operate under another new enabling act that replaced the one from 2016 and its amendment from 2019, which were not challenged or discussed in this cause. Hence, it results in a lack of interest to resume the discussion of the existence or not of nullity defects of an administrative act with a temporal effect that is expired. It is clear that upon expiration of resolution ACOPAC-OSRP-RES-090-16, Mr. Rodolfo Vargas Leitón, who is identified as the owner of the Refugio Herpetológico, had to —by legal and regulatory mandate— adjust his wildlife center to the current regulations and change a zoo with or without commercial character to a Rescue Center, this if he wished to continue receiving wildlife species, as seems to be the conflict in the matter, and for that, he had to comply with what was necessary to obtain a new enabling permit from SINAC. The argument raised by the plaintiff that although resolutions ACC-OSJ-VS-013-R-ZOO-19, ACC-OSJ-VS-004-R-ZOO-2020, and ACOPAC-OSRP-RES-090-16 completed their validity periods, this does not mean the proceeding has lost its purpose or that there is no current interest in its resolution, is not admissible. Let us recall that nullity for the sake of nullity does not operate, that is, demonstrating the existence of a defect in an act that has fulfilled its purpose and extinguished its legal effect, solely to leave a record of a defect without a harmful consequence being attributed to the formation of that defect in the act that is reproached and claimed from the Administration. As already explained supra, in this case the review of the act that lost validity is no longer appropriate, as it is unnecessary to declare a nullity that is not tied to a declaration of liability, which would have been the scenario allowing its study. Similarly, the plaintiff did not direct his action toward challenging the general-scale regulatory change that underpinned the transformation of zoos into rescue centers, but merely limited himself to challenging specific acts motivated by that general change and whose temporality was evident. Contrary to what the plaintiff states in his argument against lack of interest, this is not a denial of justice; it is the limitation —made by his own person— regarding the claims that does not allow an analysis, which has become meaningless regarding the validity of the elements of the act, because at this time, the declaration of a possible non-conformity has no relevance whatsoever. In other words, the analysis of a possible nullity of the resolutions would produce no status for the plaintiff, and contrary to what is asserted, there would be no concrete usefulness in declaring an act null that has already ceased to produce effects in legal life. For the foregoing reasons, and for this Chamber of Judges, there is an evident lack of current interest regarding the nullity of resolutions that had a defined object in time, which has already expired. Thus, the State is correct in raising the defense of lack of current interest, in light of the temporality of the resolutions whose nullity is sought, which have already expired. Consequently, the defense of lack of current interest raised by the State's representation is upheld, and the complaint is dismissed in all its respects. As unnecessary, a ruling on the arguments of the complaint is omitted.

VIII.- REGARDING THE OTHER EXCEPTIONS RAISED: Due to what has already been indicated in the preceding recital (Considerando), no ruling is issued regarding the remaining exceptions raised of lack of standing (falta de legitimación activa y pasiva) and lack of right, as their consideration is unnecessary.

IX.- REGARDING THE AWARD OF COSTS: In accordance with Article 193 of the Contentious Administrative Procedure Code, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so. Exemption from this award is only viable when, in the Tribunal's judgment, there was sufficient reason to litigate, or when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, this Collegiate Body inclines toward considering that, in principle, the plaintiff had sufficient reason to file the complaint, and that it was the limitation of the object of the proceeding and the temporality of the validity of the acts that ultimately caused the outcome of this proceeding. Therefore, since both parties had sufficient grounds —as the defendants raised defenses in their favor, one of which is upheld as stated supra— this judgment is rendered without a special award of costs.

POR TANTO

The defense of statute of limitations (prescripción) is rejected. The exception of lack of current interest is upheld. Consequently, the complaint filed by Mr. RODOLFO VARGAS LEITÓN against SINAC and the ESTADO is DISMISSED. This matter is resolved without a special award of costs.- Notify.-

Amy Miranda Alvarado

Claudia Bolaños Salazar                            Carlos José Mejías Rodríguez