Res. 00093-2026 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Sur Sede Pérez Zeledón Materia Civil — State Opposition Alone Does Not Suffice Without Proper Reasoning in Possessory ProceedingsOposición estatal no basta sin debida fundamentación en información posesoria

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Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Sur Sede Pérez Zeledón Materia Civil

Resolución Nº 00093 - 2026

Fecha de la Resolución: 28 de Enero del 2026 a las 12:02

Expediente: 25-000040-0422-CI

Redactado por: Alexander Somarribas Tijerino





Texto de la resolución

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EXPEDIENTE:

	

25-000040-0422-CI - 3




PROCESO:

	

DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN POSESORIA




GESTIONANTES:

	

HAN LIN PEREIRA Y OTRO




 

	

 

 

VOTO  N° 2026000093

TRIBUNAL DE APELACIÓN CIVIL Y DE TRABAJO DE LA ZONA SUR (SEDE PÉREZ ZELEDÓN) (CIVIL). A las doce horas dos minutos del veintiocho de enero de dos mil veintiséis.

 Recurso de Apelación interpuesto por la parte gestionante contra la resolución N.° 2025000067 de las 14:51 horas del 24 de setiembre de 2025, dictada por el Juzgado Civil y Trabajo de Golfito, dentro de las diligencias de información posesoria establecidas por Han Lin Pereira y Jordi Lin Pereira. Representa a la parte gestionante en calidad de apoderado especial la Licda. Yadira Reyes Wong, y representa al Estado el Lic. Mauricio Castro Lizano. Se resuelve en condición unipersonal por disposición legal.

CONSIDERANDOS:

 I. Mediante resolución N.° 2025000067 de las 14:51 horas del 24 de setiembre de 2025, el Juzgado Civil y Trabajo de Golfito, resolvió:

"(...) Se tiene apersonada la representación de Procuraduría General de la República, quien(es) formula(n) OPOSICIÓN a la información posesoria con fundamento en lo que se resume a continuación: Conforme al derecho de la Constitución y sus principios (artículos 7, 11, 21, 41, 50, 73, 89 y 169 constitucionales; explotación racional de la tierra, precautorio, no regresión, objetivación e irreductibilidad del bosque), la pérdida de masa forestal y el cambio de uso del suelo debe evitarse. Para ello, el ordenamiento jurídico consagra la protección del suelo de los bosques (Leyes 4465/1969, artículos 4, 6, 47; 7554, artículos 53, 54 y 55; 7575, artículos 2, 6, 10.c, 19 y 38.f, 61.c; 7779, numeral 52; 7788, artículos 53 y 54), y prohíbe su cambio de uso, salvo los proyectos declarados de conveniencia nacional con beneficios sociales mayores a los costos socio-ambientales. En ese orden, el Tribunal de Casación Penal ha indicado que “el cambio ilícito del uso del suelo del bosque, para dedicarlo a otros fines, es una actividad nociva al ambiente; al efecto, ha derivado de las disposiciones existentes el principio de irreductibilidad del bosque y dispuesto la restitución del área de bosque afectada al estado anterior a los hechos, para garantizar el derecho constitucional de un ambiente sano y equilibrado” (sentencias 366-2003, 396-2003, 450-2003 y 964-2007).. El criterio lo reproduce la Sala Constitucional (votos 16975-2008 y 17650-2008). En este caso, el terreno descrito en el plano P-1109962-2006 se corresponde con una ladera montañosa con curvas de pendiente entre los 100 y 200 metros contiguo a la ruta nacional 14, hacia Río Claro, en el sector conocido como el “trepón”, que se aprecia en las ortofotos y la hoja cartográfica Golfito del Instituto Geográfico Nacional, disponibles en el Sistema Nacional de Información Territorial, cuya reproducción en lo de interés se anexa. Con base en su oposición fundada a la titulación que se pretende, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Informaciones Posesorias, se ordena la terminación del proceso y se remite a la parte promotora para que proceda como corresponda ante la vía Contencioso Administrativa, o bien en la forma que indica el propio ente estatal. El artículo 7, párrafo segundo, de la Ley 139/1941 exige la condición de haberse protegido el recurso natural. Como el sector de comentario fue desprovisto de su cobertura forestal, las diligencias no proceden. Aunado a ello, se aportó la escritura 13 de las 15:30 hrs. del 1 de abril de 2025, en la que la transmitente, Nuria Pereira Morales, indicó haber adquirido el inmueble de Víctor Hernández Miranda según escritura 213-2 de las 11:00 hrs. del 16 de julio de 2007 Sin embargo, 15 días después, en escrito fechado 31 de julio del 2007, el apoderado especial de Víctor Hernández Miranda, Lic. Geovanny Montero Chacón, presentó información posesoria 07-100166-422-CI para titular ese terreno: plano P-1109962-2006: En razón de lo expuesto, hay mérito para archivar el expediente: Con base en su oposición fundada a la titulación que se pretende, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Informaciones Posesorias, se ordena la terminación del proceso y se remite a la parte promotora para que proceda como corresponda ante la vía Contencioso Administrativa, o bien en la forma que indica el propio ente estatal (...)". (Sic).

 II. ALEGATOS DE LA PARTE RECURRENTE: Se muestra disconforme la parte gestionante con lo dispuesto por el juzgado de instancia en la resolución N.° 2025000067 de las 14:51 horas del 24 de setiembre de 2025, por lo que, interpone recurso de apelación mediante escrito incorporado al expediente electrónico en fecha 29 de setiembre de 2025; alega en resumen que, no lleva razón la Procuraduría General de la República, ya que los promoventes, no han hecho explotación racional de la tierra, precautorio, no hay regresión, objetivación e irreductibilidad del bosque ni pérdida de masa forestal, ya que según la certificación de la directora del Área de Conservación Osa, la MBA Paula Mena Corea, y que realizado el estudio en las hojas cartográficas respectivas del Mapa Básico de Costa Rica, se determinó con base en la ubicación consignada en el Plano Catastrado número P-1109962-2006 a nombre de Víctor Manuel Hernández Miranda, con cédula 6-0241-0501, el cual no ha generado ningún título inscrito en el Registro Nacional, este terreno es un inmueble que se ubica fuera de cualquier área silvestre protegida y administrada por el Sistema de Áreas de Conservación (SINAC). Lo anterior de conformidad con la Ley Forestal 7575 del 16 de abril de 1996 y su reglamento, Decreto Ejecutivo N.° 25721 del 23 de enero de 1997. Esta certificación fue emitida el 24 de abril de 2025. El inmueble de litis, es un terreno para construir, no afecta el patrimonio natural del Estado, no tiene disputa judicial ni extrajudicial, inmueble que tienen los promoventes de poseerlo por 18 años, con sus anteriores dueños, el cual es un terreno que se encuentra debidamente cercado con carriles limpios, sembrado de árboles frutales y ornamentales. 

 III. SE ANULA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: La parte gestionante cuestiona lo dispuesto por el juzgado de instancia mediante la resolución N.º 2025000067 de las 14:51 horas del 24 de setiembre de 2025, por la cual se declaró fundada la oposición interpuesta por el Estado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Informaciones Posesorias, ordenándose en consecuencia la terminación del proceso y remitiéndose a la parte promovente a la vía contencioso-administrativa para que haga valer sus derechos, de estimarlo pertinente. El juzgado a-quo fundamentó su decisión en que la parte gestionante no acreditó haber protegido el recurso natural, requisito exigido por el artículo 7, párrafo segundo, de la Ley N.º 139 de 1941, toda vez que el terreno objeto de las diligencias fue desprovisto de su cobertura forestal, circunstancia que impide la procedencia del proceso de titulación pretendido. Adicionalmente, se hizo constar que la transmitente, Nuria Pereira Morales, manifestó en la escritura pública N.º 13 del 1.º de abril de 2025 haber adquirido el inmueble de Víctor Hernández Miranda, conforme a la escritura N.º 213-2 del 16 de julio de 2007. No obstante, consta también que el 31 de julio de 2007, el Lic. Geovanny Montero Chacón, en su condición de apoderado especial de Víctor Hernández Miranda, promovió la información posesoria N.º 07-100166-422-CI, precisamente con el objeto de titular el inmueble descrito en el plano catastrado N.º P-1109962-2006, lo que revela una inconsistencia relevante. La parte recurrente discrepa de lo resuelto por el juzgado a-quo y sustenta su impugnación, principalmente, en la certificación emitida el 24 de abril de 2025 por la Directora del Área de Conservación Osa, en la cual se indica que, conforme a la ubicación consignada en el plano catastrado N.º P-1109962-2006, el inmueble no se encuentra dentro de ninguna área silvestre protegida ni administrada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), por lo que, a su criterio, no afecta el patrimonio natural del Estado, no presenta disputa judicial ni extrajudicial conocida y ha sido poseído durante aproximadamente 18 años por los promoventes, conjuntamente con sus anteriores poseedores. Asimismo, se señala que el inmueble se encuentra debidamente cercado, con carriles limpios, y presenta siembra de árboles frutales y ornamentales, elementos que, según la parte recurrente, evidencian una posesión continua y pacífica. No obstante lo anterior, en las presentes diligencias consta que el juzgado de primera instancia declaró con lugar la oposición del Estado, concluyendo, en lo que aquí interesa, lo siguiente:   

"(...) En este caso, el terreno descrito en el plano P-1109962-2006 se corresponde con una ladera montañosa con curvas de pendiente entre los 100 y 200 metros contiguo a la ruta nacional 14, hacia Río Claro, en el sector conocido como el “trepón”, que se aprecia en las ortofotos y la hoja cartográfica Golfito del Instituto Geográfico Nacional, disponibles en el Sistema Nacional de Información Territorial, cuya reproducción en lo de interés se anexa. Con base en su oposición fundada a la titulación que se pretende, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Informaciones Posesorias, se ordena la terminación del proceso y se remite a la parte promotora para que proceda como corresponda ante la vía Contencioso Administrativa, o bien en la forma que indica el propio ente estatal. El artículo 7, párrafo segundo, de la Ley 139/1941 exige la condición de haberse protegido el recurso natural. Como el sector de comentario fue desprovisto de su cobertura forestal, las diligencias no proceden. Aunado a ello, se aportó la escritura 13 de las 15:30 hrs. del 1 de abril de 2025, en la que la transmitente, Nuria Pereira Morales, indicó haber adquirido el inmueble de Víctor Hernández Miranda según escritura 213-2 de las 11:00 hrs. del 16 de julio de 2007 Sin embargo, 15 días después, en escrito fechado 31 de julio del 2007, el apoderado especial de Víctor Hernández Miranda, Lic. Geovanny Montero Chacón, presentó información posesoria 07-100166-422-CI para titular ese terreno: plano P-1109962-2006: En razón de lo expuesto, hay mérito para archivar el expediente: Con base en su oposición fundada a la titulación que se pretende, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Informaciones Posesorias, se ordena la terminación del proceso y se remite a la parte promotora para que proceda como corresponda ante la vía Contencioso Administrativa, o bien en la forma que indica el propio ente estatal (...)". (Sic).

 La parte gestionante reprocha que la resolución apelada carece de una debida fundamentación, al no haberse efectuado un análisis sobre la explotación de la tierra, la objetivación e irreductibilidad del bosque, circunstancias que, a su criterio, se desprenden de la certificación emitida por la Directora del Área de Conservación de Osa, según la cual el terreno se ubica fuera de cualquier área silvestre protegida y no es administrado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Por su parte, el artículo 28 inciso 1) del Código Procesal Civil dispone que toda resolución judicial debe ser “fundamentada, clara, precisa, concreta y congruente”. En el caso bajo examen, este Tribunal considera que el juzgado de primera instancia incumplió dicho deber, toda vez que, al ordenar el archivo del proceso, se limitó a acoger de manera literal la oposición formulada por el ente estatal, sin exponer las razones jurídicas y probatorias debidamente sustentadas que permitan comprender por qué la vía procesal escogida por la parte promovente resulta improcedente. Si bien es cierto que los artículos 5 y 10 de la Ley de Informaciones Posesorias reconocen al Estado, por medio de la Procuraduría General de la República, la facultad de intervenir en este tipo de procesos en su carácter de contralor y protector de los bienes demaniales, también lo es que sus criterios no poseen carácter vinculante para las personas administradoras de justicia. En consecuencia, la mera oposición del ente estatal no basta por sí sola para tenerla por fundada, sino que su contenido debe ser objeto de una valoración integral, ponderándose conjuntamente con los demás elementos probatorios incorporados al proceso, a fin de determinar si efectivamente resulta de recibo. Lo anterior únicamente es posible mediante una resolución debidamente motivada, que permita a la parte promovente conocer con claridad cuáles fueron los elementos fácticos y jurídicos valorados por la persona juzgadora para denegar su gestión, y que, a su vez, posibilite un control efectivo por parte del órgano de alzada. Sobre el deber de fundamentación, resulta de aplicación el criterio vertido por la Sala Constitucional en el voto N.º 7525-97 de las 15:27 horas del 12 de noviembre de 1997, de carácter erga omnes, en el cual se reafirma que la motivación de las resoluciones judiciales constituye una garantía esencial del debido proceso. En el caso concreto, el juzgado de instancia no expone de manera expresa ni razonada las razones por las cuales considera que la titulación pretendida implicaría un cambio ilícito del uso del suelo, máxime cuando no se cuenta en el expediente con una certificación específica de uso de suelo. Tal omisión impide no solo a la parte promovente, sino también a este Tribunal, contar con un marco objetivo y suficiente que permita determinar si efectivamente corresponde remitir a la parte apelante a otra vía jurisdiccional. Asimismo, se aprecia una preterición de prueba relevante, en tanto no se analiza la certificación n.º SINAC-ACOSA-DRFVS-SRC-0302-2025, emitida por la Dirección de Recursos Forestales y Vida Silvestre, Subregión Coto, relativa a la ubicación del inmueble respecto de áreas protegidas, ni se valora adecuadamente la incidencia del expediente n.º 07-100166-422-CI, elementos que resultan determinantes para una correcta resolución. En virtud de lo expuesto, procede anular la resolución recurrida, a fin de que el juzgado de instancia dicte un nuevo pronunciamiento debidamente fundamentado, en el cual se valoren de forma integral y razonada todos los elementos probatorios que constan en el expediente, en estricto cumplimiento del deber de motivación que rige la función jurisdiccional.

PARTE DISPOSITIVA:

 Por las razones expuestas por este Tribunal, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte gestionante contra la resolución n.º 2025000067, dictada a las 14:51 horas del 24 de setiembre de 2025. En consecuencia, se anula la resolución recurrida, proceda el juzgado de primera instancia a emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho. Devuélvase la carpeta electrónica a la oficina de origen para lo que corresponda. NOTIFÍQUESE.

 

  Alexander Somarribas Tijerino

                                                            Juez 

 

 




- Código Verificador -
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Documento firmado por:

ALEXANDER SOMARRIBAS TIJERINO, JUEZ/A DECISOR/A

 

EXP: 25-000040-0422-CI

I Circuito Judicial Zona Sur, Edificio Tribunales de Justicia, 3er Piso, Pérez Zeledón, 150 metros sureste de McDonalds, sobre Carretera Interamericana Teléfonos: 2785-0505 ó 2785-0506. Ext. 01-7505 ó 01-7506. Fax: 2771-3281. Correo electrónico: [email protected]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:29:34.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

VOTE N° 2026000093

CIVIL AND LABOR APPEALS COURT OF THE SOUTHERN ZONE (PÉREZ ZELEDÓN SEAT) (CIVIL). At twelve hours and two minutes on the twenty-eighth of January of two thousand twenty-six.

Appeal filed by the petitioning party against resolution N.° 2025000067 of 14:51 hours on September 24, 2025, issued by the Civil and Labor Court of Golfito, within the possessory information proceedings (diligencias de información posesoria) initiated by Han Lin Pereira and Jordi Lin Pereira. The petitioning party is represented in the capacity of special attorney-in-fact by Licda. Yadira Reyes Wong, and the State is represented by Lic. Mauricio Castro Lizano. This is resolved in a single-judge capacity by legal provision.

CONSIDERANDOS:

I. By means of resolution N.° 2025000067 of 14:51 hours on September 24, 2025, the Civil and Labor Court of Golfito resolved:

"(...) The representation of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) appears, formulating an OPPOSITION to the possessory information based on what is summarized below: In accordance with constitutional law and its principles (articles 7, 11, 21, 41, 50, 73, 89 and 169 of the Constitution; rational exploitation of the land, precautionary, non-regression, objectivization and lifetime tenure of the forest (irreductibilidad del bosque)), the loss of forest mass and land-use change (cambio de uso del suelo) must be avoided. To this end, the legal system enshrines the protection of forest land (Laws 4465/1969, articles 4, 6, 47; 7554, articles 53, 54 and 55; 7575, articles 2, 6, 10.c, 19 and 38.f, 61.c; 7779, numeral 52; 7788, articles 53 and 54), and prohibits its change of use, except for projects declared of national convenience with social benefits greater than the socio-environmental costs. In that order, the Criminal Cassation Court has indicated that “the illicit change of forest soil use, to dedicate it to other purposes, is an activity harmful to the environment; to this effect, it has derived from the existing provisions the principle of lifetime tenure of the forest and ordered the restitution of the affected forest area to the state prior to the events, to guarantee the constitutional right to a healthy and balanced environment” (judgments 366-2003, 396-2003, 450-2003 and 964-2007). The criterion is reproduced by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) (votes 16975-2008 and 17650-2008). In this case, the land described in plan P-1109962-2006 corresponds to a mountainous slope with elevation contours between 100 and 200 meters adjacent to national route 14, towards Río Claro, in the sector known as “el trepón”, which can be seen in the orthophotos and the Golfito cartographic sheet of the National Geographic Institute (IGN), available in the National Territorial Information System, a reproduction of which, in relevant part, is attached. Based on its well-founded opposition to the titling sought, in accordance with article 8 of the Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias), the termination of the process is ordered and the promoting party is referred to proceed as appropriate before the Contentious-Administrative jurisdiction, or in the manner indicated by the state entity itself. Article 7, second paragraph, of Law 139/1941 requires the condition of having protected the natural resource. As the sector in question was stripped of its forest cover (cobertura forestal), the proceedings are not admissible. Added to this, deed 13 of 15:30 hrs. on April 1, 2025, was provided, in which the transferor, Nuria Pereira Morales, indicated having acquired the property from Víctor Hernández Miranda according to deed 213-2 of 11:00 hrs. on July 16, 2007. However, 15 days later, in a writing dated July 31, 2007, the special attorney-in-fact of Víctor Hernández Miranda, Lic. Geovanny Montero Chacón, filed possessory information 07-100166-422-CI to title that land: plan P-1109962-2006: By reason of the foregoing, there is merit to archive the file: Based on its well-founded opposition to the titling sought, in accordance with article 8 of the Law of Possessory Informations, the termination of the process is ordered and the promoting party is referred to proceed as appropriate before the Contentious-Administrative jurisdiction, or in the manner indicated by the state entity itself (...)". (Sic).

II. ALLEGATIONS OF THE APPELLANT PARTY: The petitioning party shows disagreement with what was ordered by the lower court in resolution N.° 2025000067 of 14:51 hours on September 24, 2025, and therefore, files an appeal by means of a writing incorporated into the electronic file on September 29, 2025; it alleges in summary that the Attorney General's Office is not correct, since the proponents have not carried out rational exploitation of the land, precautionary, there is no regression, objectivization and lifetime tenure of the forest or loss of forest mass, since according to the certification of the director of the Osa Conservation Area (ACOSA), MBA Paula Mena Corea, and after the study was carried out on the respective cartographic sheets of the Basic Map of Costa Rica, it was determined based on the location recorded in Cadastral Plan number P-1109962-2006 in the name of Víctor Manuel Hernández Miranda, with identification number 6-0241-0501, which has not generated any title registered in the National Registry, that this land is a property located outside any protected wildlife area administered by the National System of Conservation Areas (SINAC). The foregoing in accordance with the Forestry Law (Ley Forestal) 7575 of April 16, 1996, and its regulations, Executive Decree (Decreto Ejecutivo) N.° 25721 of January 23, 1997. This certification was issued on April 24, 2025. The property in dispute is land for building, does not affect the natural heritage of the State, has no judicial or extrajudicial dispute, a property that the proponents have possessed for 18 years, with its previous owners, which is land that is duly fenced with clean lanes, planted with fruit and ornamental trees.

III. THE APPEALED RESOLUTION IS ANNULLED: The petitioning party questions what was ordered by the lower court through resolution N.° 2025000067 of 14:51 hours on September 24, 2025, by which the opposition filed by the State was declared founded, under the provisions of article 8 of the Law of Possessory Informations, consequently ordering the termination of the process and referring the promoting party to the contentious-administrative jurisdiction to assert their rights, if deemed pertinent. The lower court based its decision on the fact that the petitioning party did not prove having protected the natural resource, a requirement demanded by article 7, second paragraph, of Law N.° 139 of 1941, since the land subject to the proceedings was stripped of its forest cover, a circumstance that prevents the admissibility of the intended titling process. Additionally, it was recorded that the transferor, Nuria Pereira Morales, stated in public deed N.° 13 of April 1, 2025, having acquired the property from Víctor Hernández Miranda, according to deed N.° 213-2 of July 16, 2007. However, it is also recorded that on July 31, 2007, Lic. Geovanny Montero Chacón, in his capacity as special attorney-in-fact for Víctor Hernández Miranda, promoted possessory information N.° 07-100166-422-CI, precisely for the purpose of titling the property described in cadastral plan N.° P-1109962-2006, which reveals a relevant inconsistency. The appellant party disagrees with what was resolved by the lower court and bases its challenge mainly on the certification issued on April 24, 2025, by the Director of the Osa Conservation Area, in which it is indicated that, according to the location recorded in cadastral plan N.° P-1109962-2006, the property is not within any protected wildlife area or administered by SINAC, so, in its judgment, it does not affect the natural heritage of the State, has no known judicial or extrajudicial dispute, and has been possessed for approximately 18 years by the proponents, together with their previous possessors. Likewise, it is noted that the property is duly fenced, with clean lanes, and has fruit and ornamental trees planted, elements that, according to the appellant party, evidence continuous and peaceful possession. Notwithstanding the foregoing, in these proceedings it is recorded that the lower court declared the State's opposition admissible, concluding, in what is relevant here, the following:

"(...) In this case, the land described in plan P-1109962-2006 corresponds to a mountainous slope with elevation contours between 100 and 200 meters adjacent to national route 14, towards Río Claro, in the sector known as “el trepón”, which can be seen in the orthophotos and the Golfito cartographic sheet of the IGN, available in the National Territorial Information System, a reproduction of which, in relevant part, is attached. Based on its well-founded opposition to the titling sought, in accordance with article 8 of the Law of Possessory Informations, the termination of the process is ordered and the promoting party is referred to proceed as appropriate before the Contentious-Administrative jurisdiction, or in the manner indicated by the state entity itself. Article 7, second paragraph, of Law 139/1941 requires the condition of having protected the natural resource. As the sector in question was stripped of its forest cover, the proceedings are not admissible. Added to this, deed 13 of 15:30 hrs. on April 1, 2025, was provided, in which the transferor, Nuria Pereira Morales, indicated having acquired the property from Víctor Hernández Miranda according to deed 213-2 of 11:00 hrs. on July 16, 2007. However, 15 days later, in a writing dated July 31, 2007, the special attorney-in-fact of Víctor Hernández Miranda, Lic. Geovanny Montero Chacón, filed possessory information 07-100166-422-CI to title that land: plan P-1109962-2006: By reason of the foregoing, there is merit to archive the file: Based on its well-founded opposition to the titling sought, in accordance with article 8 of the Law of Possessory Informations, the termination of the process is ordered and the promoting party is referred to proceed as appropriate before the Contentious-Administrative jurisdiction, or in the manner indicated by the state entity itself (...)". (Sic).

The petitioning party reproaches that the appealed resolution lacks due reasoning, having failed to carry out an analysis on the exploitation of the land, the objectivization and lifetime tenure of the forest, circumstances that, in its judgment, are evident from the certification issued by the Director of the Osa Conservation Area, according to which the land is located outside any protected wildlife area and is not administered by SINAC. For its part, article 28, subsection 1) of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil) provides that every judicial resolution must be "reasoned, clear, precise, concrete, and congruent." In the case under review, this Court considers that the lower court breached said duty, since, when ordering the archiving of the process, it limited itself to literally accepting the opposition formulated by the state entity, without setting forth the duly supported legal and evidentiary reasons that allow understanding why the procedural path chosen by the promoting party is inadmissible. While it is true that articles 5 and 10 of the Law of Possessory Informations recognize the State, through the Attorney General's Office, the power to intervene in this type of process in its capacity as controller and protector of public domain assets, it is also true that its criteria are not binding on the administrators of justice. Consequently, the mere opposition of the state entity is not sufficient by itself to be considered founded; rather, its content must be subject to a comprehensive assessment, being weighed jointly with the other evidentiary elements incorporated into the process, in order to determine if it is indeed admissible. The foregoing is only possible through a duly reasoned resolution, which allows the promoting party to clearly know what the factual and legal elements valued by the judge were to deny their petition, and which, in turn, enables effective control by the appellate body. Regarding the duty of reasoning, the criterion issued by the Constitutional Chamber in vote N.° 7525-97 of 15:27 hours on November 12, 1997, of erga omnes nature, is applicable, in which it is reaffirmed that the reasoning of judicial resolutions constitutes an essential guarantee of due process. In the specific case, the lower court does not expressly or reasoned state the reasons why it considers that the intended titling would imply an illicit land-use change, especially when there is no specific land-use certification in the file. Such omission prevents not only the promoting party, but also this Court, from having a sufficient and objective framework to determine if it is indeed appropriate to refer the appellant party to another jurisdictional path. Likewise, a pretermission of relevant evidence is noted, insofar as certification No. SINAC-ACOSA-DRFVS-SRC-0302-2025, issued by the Directorate of Forest Resources and Wildlife, Subregion Coto, regarding the location of the property with respect to protected areas, is not analyzed, nor is the incidence of file No. 07-100166-422-CI adequately assessed, elements that are decisive for a correct resolution. By virtue of the foregoing, it is appropriate to annul the appealed resolution, so that the lower court issues a new, duly reasoned ruling, in which all the evidentiary elements in the file are assessed in a comprehensive and reasoned manner, in strict compliance with the duty of reasoning that governs the jurisdictional function.

DISPOSITIVE PART:

For the reasons set forth by this Court, the appeal filed by the petitioning party against resolution No. 2025000067, issued at 14:51 hours on September 24, 2025, is declared admissible. Consequently, the appealed resolution is annulled; the lower court shall proceed to issue a new ruling in accordance with the law. Return the electronic folder to the office of origin for appropriate purposes. NOTIFY.

Alexander Somarribas Tijerino
Judge