Res. 00045-2026 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José — Acquittal for invasion of protected area and partial annulment of civil actionAbsolución por invasión en área protegida y anulación parcial de acción civil

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José

Resolución Nº 00045 - 2026

Fecha de la Resolución: 13 de Enero del 2026 a las 08:25

Expediente: 19-001360-0485-PE

Redactado por: José Asdrúbal Quirós Pereira

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



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Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

Resolución: 2026-0045

Expediente: 19-001360-0485-PE(9)

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, al ser las ocho horas veinticinco minutos, del trece de enero de dos mil veintiseis.-

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra

[Nombre 001], mayor, costarricense, cédula de identidad número [Valor 001] nacido en Limón, el 20 de octubre de 1954, hijo de [Nombre 002] y [Nombre 003], divorciado, pensionado, vecino de Limón; por el delito de INVASIÓN A UN AREA DE CONSERVACIÓN O PROTECCIÓN, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión los jueces Jose Asdrúbal Quirós Pereira, Max Escalante Quirós  y la jueza Francini Quesada Salas. Se apersonó en esta sede el licenciado Milton Salazar González representante de la Procuraduría de la Republica.

RESULTANDO:

I.- Que mediante sentencia número 839-2025, de las ocho horas treinta minutos del trece de octubre de dos mil veinticinco, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de

Limón, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y artículos 8.2 de la

Convención Americana de los  Derechos Humanos, 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 9, 142, 184, 360, 361, 363 a 366 del Código Procesal Penal; 1, 30, 31, 45, 227 inciso a) del Código Penal, artículos 58 inciso a) y 61 inciso c) de la Ley Forestal, así como el artículo 1045 del Código Civil. resuelve: En aplicación al Principio Universal de In Dubio Pro-Reo, se ABSUELVE de toda pena y responsabilidad al acusado [Nombre 001] por un DELITO DE INVASIÓN DE UN ÁREA DE CONSERVACIÓN que se le ha venido atribuyendo como cometido en perjuicio de los recursos naturales. Son las costas del proceso penal a cargo del Estado. Se declara sin lugar en todos sus extremos la querella formulada por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en contra del querellado [Nombre 001]. - Se declara  sin lugar en todos sus extremos la acción civil resarcitoria formulada por LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en contra del demandado civil [Nombre 001]. COSTAS. Por haber existido una razón plausible para litigar, se resuelven ambas costas penales de la querella y de la acción civil resarcitoria sin particular condenatoria en costas, debiendo asumir cada parte las costas personales, así como procesales en que hubiera incurrido. Cese cualquier medida cautelar en contra del imputado y demandado civil. NO se restablecen las cosas a su origen, debido a no existir certeza en cuanto a la ubicación del inmueble. NOTIFÍQUESE POR LECTURA 20 de octubre del 2025.-"(sic).

II.- Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Milton Salazar González interpuso recurso de apelación.

III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el juez de Apelación de Sentencia Penal Quiros Pereira; y,

CONSIDERANDO:

I.- Mediante sentencia # 839-2025 de las 08:30 horas del 13 de octubre del 2025, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de Limón ABSOLVIÓ de toda pena y responsabilidad al imputado [Nombre 001] por UN DELITO DE INVASIÓN A UN ÁREA DE CONSERVACIÓN que le venía siendo atribuido por parte de la Procuraduría General de la República; adicionalmente, se declaró SIN LUGAR la ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA incoada por la Procuraduría General de la República en contra del encartado.

II.- En contra de dicha resolución, el Lic. Milton Salazar -procurador penal de la Procuraduría General de la República- interpuso Recurso de Apelación de Sentencia, alegando como primer motivo, falta de fundamentación intelectiva.         Sobre el particular, critica la conclusión del a quo -basada en el informe # DRI-03-0684-2022 del Registro Inmobiliario del Registro Nacional- de que el terreno en el que habrían ocurrido los hechos no forma parte de la porción de planos que fueron reunidos por la Fundación Neutrópica en el plano madre (finca del partido de Limón # 62788), por lo que no formaría parte del Parque Nacional Tortuguero; señala que dicha conclusión resulta errónea, por cuanto el Parque Nacional Tortuguero abarca un área mucho más amplia que la descrita en el informe # DRI-03-0684-2022, incluyendo terrenos que no guardan relación alguna con la reunión realizada por parte de la Fundación Neotrópica.  Cuestiona a su vez, que el tribunal hubiese otorgado credibilidad a lo declarado por los testigos [Nombre 004] y [Nombre 005], no obstante el hecho de que estos poseen interés en el resultado del proceso, siendo ocupan a su vez terrenos ubicados en el Parque Nacional Tortuguero; que adicionalmente a ello, los testigos citados nunca tuvieron acceso a sistemas de coordenadas, planos del parque o herramientas de geolocalización satelital que les permitiesen afirmar con certeza la ubicación exacta del terreno ocupado por parte del imputado. En otro extremo de su reclamo, señala que el juzgador realizó un análisis sesgado de lo declarado por los testigos Jorge Cedeño  Calderón, Víctor Hugo Montero Navarro y Carlos Calvo Gutiérrez (funcionarios del Área de Conservación Tortuguero del SINAC), quienes ubicaron en sus relatos el terreno ocupado por el encartado como parte del Parque Nacional Tortuguero, lo que hicieron a partir del uso de sistemas de posicionamiento global y hojas cartográficas de Costa Rica; indica que adicionalmente a ello, sus declaraciones encontraban a su vez un claro respaldo en el contenido del informe # SINAC-ACTO-DASP-PNT-DE-013-2019 y en sus posteriores ampliaciones (informes #

SINAC-ACTO-AL-347-2019,  #  SINAC-ACTO-DASP-PNE-049  y  #

SINAC-ACTO-AL-377-2019), la certificación # SINAC-ACTO-PROCUHREH-CERT-017 y el informe # SINAC-ACTO-DASP-ESVADA-06-2020, que ubicaban el terreno en mención dentro del Parque Nacional Tortuguero y el importante daño ambiental causado. Similares quejas formula tratándose del rechazo de la acción civil incoada, la que -en criterio del recurrente- debió ser declarada con lugar aun el supuesto de dictarse una absolutoria dictada en favor del imputado.  Al considerar que el vicio descrito generó un agravio para los intereses del Estado costarricense, solicita que se proceda a anular el fallo impugnado y se ordene el reenvío ante el tribunal de juicio para nueva sustanciación respecto de los hechos querellados y aquellos que constituyen el objeto de la acción civil resarcitoria incoada.  -Como segundo motivo, se alega inobservancia de los artículos 39, 41 y 50 de la Constitución Política, el artículo 103 inciso 1) del Código Penal, los artículos 140 y 363 inciso b del Código Procesal Penal, el artículo 54 de la Ley de Biodiversidad  y de la Ley de Creación del Parque Nacional Tortuguero. Sobre el particular, señala  que el a quo omitió referirse en el fallo a la solicitud de restablecimiento de las cosas a su estado anterior, realizada por parte del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República; indica que tal pronunciamiento, resultaba obligatorio aun el supuesto de dictarse un fallo absolutorio -como ocurrió en el presente caso-, dado que  los informes #

SINAC-ACTO-DASP-PNT-DE-013-2019,  #  SINAC-ACTO-AL-347-2019,  #

SINAC-ACTO-DASP-PNE-049,  #  SINAC-ACTO-AL-377-2019  y    #

SINAC-ACTO-DASP-ESVADA-06-2020 ubican el terreno ocupado dentro del Parque Nacional Tortuguero, así como el importante daño ambiental causado, materializado en la existencia de una casa de habitación, la cría de animales y el mantenimiento de cultivos en el lugar. Al considerar que el vicio descrito generó un agravio para los intereses del Estado costarricense, solicita que se proceda a anular el fallo impugnado y se ordene el reenvío ante el tribunal de juicio para nueva sustanciación sobre este extremo (expediente virtual).

III.- Conferida la audiencia correspondiente (resolución de las 13:38 horas del 21 de noviembre del 2025), la defensa técnica solicitó que se proceda a declarar sin lugar la impugnación formulada, al hallarse la resolución recurrida ajustada a derecho.  Sobre el particular, refiere que el a quo realizó un adecuado análisis de la totalidad de los medios de prueba evacuados, derivándose de ellos que el terreno propiedad del imputado no se encontraba dentro del Parque Nacional Tortuguero; señala que la queja del recurrente, obedece a un análisis subjetivo y consecuentemente sesgado de la prueba valorada por parte del tribunal, resultando claro de esta que el terreno en mención no formaba parte de las tierras adquiridas por parte de la Fundación Neotrópica y luego donadas al Estado costarricense, por lo que en forma alguna podría haberse ordenado la restitución de las cosas al estado anterior pretendida por el querellante  (expediente virtual).

IV.- Sobre el recurso interpuesto. i. Sobre la admisibilidad del recurso formulado. La impugnación formulada debe ser declarada parcialmente inadmisible por las razones que se procede a exponer. De conformidad con los artículos 458 y 459 del Código Procesal Penal, el recurso de apelación de sentencia penal procede solo contra las sentencias o sobreseimientos definitivos dictados en fase de juicio que resuelvan sobre los extremos penales, civiles o incidentales de la causa; tratándose  de sentencias absolutorias, no procede dicho recurso contra el fallo producido en un juicio de reenvío que reitere la absolutoria dictada en un juicio anterior (artículo 466 bis del mismo cuerpo normativo).  Esta es precisamente la situación observable en el caso concreto:  mediante sentencia # 296-2024 de las 11:40 horas del 16 de abril del 2024, ya el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de Limón había absuelto al imputado por los hechos objeto del presente proceso, fallo que fue luego anulado mediante voto # 2025-0348 de las 08:00 horas del 28 de febrero del 2025 de este Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, ordenándose la realización del juicio de reenvío que sirvió precisamente de base al fallo absolutorio impugnado.  Como consecuencia de lo expuesto, operó respecto del extremo penal el principio de doble conformidad previsto por el articulo 466 bis del Código Procesal Penal, que veda al Ministerio Público, al querellante y al actor civil toda posibilidad de ulterior impugnación contra el nuevo fallo absolutorio, posibilidad que sin embargo subsiste -por expresa disposición legal- respecto de la declaratoria sin lugar de la acción civil resarcitoria incoada, la restitución de las cosas a su estado anterior y la condena en costas. Al haberse impugnado por parte del querellante una sentencia absolutoria que reitera un fallo absolutorio dictado por los mismos hechos en un juicio anterior, procede entonces -en aplicación del principio de doble conformidad- declarar INADMISIBLE este extremo del primer motivo de impugnación formulado. ii. Sobre el fondo del recurso formulado. Por su conexidad, se proceder á a abordar de manera conjunta el restante extremo del primer motivo, así como el segundo motivo de impugnación formulado, en los que se alega -por su orden- la existencia de un vicio de falta de fundamentación intelectiva respecto del rechazo de la acción civil resarcitoria incoada, así como la inobservancia de los  artículos 39, 41  y 50 de la Constitución Política, el artículo 103 inciso 1) del Código Penal, los artículos 140 y 363 inciso b del Código Procesal Penal, el artículo 54 de la Ley de Biodiversidad  y de la Ley de Creación del Parque Nacional Tortuguero. Los reclamos deben ser acogidos por las razones que se procede a exponer. Para un adecuado entendimiento de lo resuelto por esta Cámara de Apelación de Sentencia Penal, conviene transcribir los hechos que constituyen el objeto de la acción civil resarcitoria incoada parte de la Procuraduría General de la República:  ³«1. Sin poder determinar fecha y hora exacta pero si en el período comprendido del 17 de mayo del 2019 y hasta el 05 de diciembre, en Limón, Pococí, Colorado, Tortuguero, frente al embarcadero del Cerro Tortuguero, entre las coordenadas geográficas N1169555-N1169835 y E551454-E551719 el demandado civil [Nombre 001], a sabiendas que no tenía permiso alguno, y que los terrenos que se ubican dentro del Parque Nacional Tortuguero forma parte del patrimonio natural de Estado ha realizado actos propios de invasión al mantener, habilitar y habitar una vivienda construida en madera y láminas de zinc, con una medida de cinco metros de frente y ocho metros de fondo, para un total de ochenta metros cuadrados, con una estructura compuesta de madera de nueve metros cuadrados, destinada a la producción avícola y un embarcadero compuesto de madera y láminas de zinc con una medida de veinte metros cuadrados. 2. El daño efectuado por el demandado civil [Nombre 001], ocasionó un detrimento al ecosistema del Parque Nacional

Tortuguero, ya que donde se lleva a cabo la invasión es de clase VIII, que significa tierras aptas para la preservación de flora y fauna, reserva genética y belleza escénica, asimismo el área afectada es catalogada y denominada humedal de importancia internacional RAMSAR, especialmente como hábitat de especies de aves acuáticas. Por otra parte, cabe resaltar que siendo esta un área silvestre protegida cuyo objeto primario es la preservación de la vida silvestre y belleza escénica, una invasión implica una fuerte alteración a estos elementos, particularmente el segundo ya que produce un impacto visual negativo al visitante que paga por la observaci ón de la naturaleza como tal y además de la alteraci ón al equilibrio natural sobre todo en la avifauna que es la más afectada. De igual manera se pueden mencionar otra serie de factores que sufren una afectación ambiental como lo sería el cambio irreversible en los microclimas ecológicos; alteración de nichos y hábitats de las especies de flora y fauna acuáticas, perdida de sustrato para las especies nativas, perdida de especies de flora y fauna con altísimo nivel medicinal y desequilibrio en el control natural de cuerpos acuáticos. Por lo anterior se ha establecido la valoración del daño ambiental en la suma prudencial de C1.000.000,00 (un millón de colones).´  Al fundar este extremo del fallo, el a quo señaló -de manera escuetaque procedía declarar sin lugar la acción civil resarcitoria incoada por cuanto no había podido acreditarse la responsabilidad del imputado en los hechos acusados, presupuesto indispensable para la procedencia del reclamo civil (³«El Estado se constituyó en actor civil, demandando al imputado, para que sean condenados a pagarle los daños y perjuicios ocasionados con sus acciones. La reparación del daño moral ocasionado por un delito encuentra respaldo jurídico en el art. 41 de la Constitución Política, que establece que ³Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales (...)´. Por su parte el artículo 103 del Código Penal dispone en lo que interesa, que todo hecho punible (hecho al menos típico y antijurídico) tiene como consecuencia la reparación civil, que será determinada en sentencia condenatoria que ordenará la reparaci ón de todo daño y la indemnización de los perjuicios causados tanto al ofendido como a terceros. Paralelamente el numeral 122 del Código Penal de 1941 (Reglas Vigentes Sobre Responsabilidad Civil), también en lo que interesa establece que la reparación civil comprende la reparación del daño material y moral. Finalmente el numeral 125 del Código Penal de 1941, dispone que la reparación del daño moral en las infracciones contra la honra, la dignidad o la honestidad, o en otros casos de daños a intereses de orden moral, consistirá en una indemnización pecuniaria que, si no hubiese base suficiente para fijarla por medio de peritos, la determinará el juez prudencialmente, según las circunstancias de infracción, las condiciones de la persona ofendida y la naturaleza y consecuencias habidas o posibles del agravio sufrido. De las normas antes citadas se desprende con diáfana claridad que al no quedar acreditada la responsabilidad penal del demandado en cuanto a los daños y perjuicios alegados por el actor civil y por ende no acreditarse el nexo causal entre los daños y perjuicios reclamados en esta acción en referencia a hechos realizados por el demandado civil e imputado, puesto que no se probó que aquel cometiera los hechos que sirven de base para el presente reclamo, no tiene el actor civil derecho a que se le indemnice. No existe a la luz de nuestro ordenamiento jurídico derecho al resarcimiento civil alegado.  En consecuencia, no se acreditó el vínculo jurídico indispensable para acceder al derecho al resarcimiento de referencia. El derecho y la obligación de resarcir debe generarse de un ilícito penal o al menos civil y al no haberse constatado que el imputado realizó las conductas acusadas, no se generaría el vínculo jurídico indispensable para condenarlo a resarcir daños o perjuicios reclamados en razón de lo anterior se declara sin lugar la acción civil resarcitoria incoada ´); respecto de la solicitud de restitución de las cosas a su estado anterior formulada en conclusiones por parte del Ministerio Publico y la parte querellante, se omitió todo pronunciamiento sobre el particular.  En criterio de este Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, los argumentos expuestos resultan erróneos, vicio que posee un carácter esencial a efectos de lo resuelto, obligando con ello a declarar la INEFICACIA parcial del fallo impugnado. Si bien la acción civil resulta accesoria respecto de la penal, ello atañe exclusivamente al ámbito jurídico-procesal (subsistencia de la acción penal en el proceso) no al sustantivo, por lo que el dictado de una sentencia absolutoria en favor del imputado no supone per se que proceda declarar sin lugar la acción civil resarcitoria también formulada (artículo 40 del Código Procesal Penal); las acciones penales y civiles descansan sobre presupuestos jurídicos diferentes, por lo que de acreditarse la existencia de un daño que resulte causal y jurídicamente atribuible al demandado civil (existencia de una acción u omisión causalmente vinculada al daño cuya reparación se demanda, así como de un criterio de imputación de carácter objetivo o subjetivo), procedería la condena sobre este extremo aun el supuesto de un fallo absolutorio sobre el extremo penal.  En la sentencia, el tribunal parte de la premisa de que el dictado de un fallo absolutorio obligaba per se al rechazo de la acción civil resarcitoria incoada, conclusión que resulta claramente errónea conforme a los razonamientos anteriormente expuestos; ello, lo llevó a obviar todo análisis de lo declarado por los testigos Jorge Cedeño Calderón, Víctor Hugo Montero Navarro y Carlos Manuel Calvo Gutiérrez (funcionarios del SINAC), quienes declararon en debate que el terreno ocupado por el imputado se encontraba dentro del Parque Nacional Tortuguero (afirmación respaldada por el informe # SINAC ACTO-AL-364-2019 así como por la certificación ACTO-PROCUHREH-CERT-017), lo que pudieron establecer a través de mediciones realizadas con dispositivos de posicionamiento global (GPS) que se encontraban debidamente calibrados para el momento de su visita al lugar, extremos que coinciden con los hechos que constituyen el objeto de la acción civil resarcitoria incoada; si bien el informe # DRI-03-0684-2022 señala que el inmueble en mención no formaba parte de los terrenos donados al Estado por parte de la Fundación Neutrópica, resulta a su vez claro del contenido de los diversos medios de prueba evacuados en debate que el Parque Nacional Tortuguero no se encuentra conformado exclusivamente por dichos terrenos, resultando relevantes a los efectos del reclamo civil formulado por la Procuraduría General de la Republica la sola ubicación geográfica del inmueble ocupado por el imputado como parte del Parque Nacional Tortuguero y los daños ambientales derivados de su explotación agrícola.  Probablemente por las mismas razones descritas, se omitió toda referencia en sentencia a la solicitud de restablecimiento de las cosas a su estado anterior -que constituía parte del reclamo civil- formulada en sus conclusiones por la parte querellante y actora civil. De conformidad con los argumentos expuestos, procede entonces declarar la INEFICACIA PARCIAL del fallo impugnado respeto de la declaratoria SIN LUGAR de la ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA incoada por parte de la Procuraduría General de la República, y en consecuencia, ordenar el REENVÍO ante del tribunal de juicio para nueva sustanciación sobre dicho extremo; en todo lo demás, procede mantener incólume la sentencia recurrida.

POR TANTO:

De conformidad con los argumentos expuestos, i) se declara parcialmente INADMISIBLE el primer motivo del RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ii) Se declara parcialmente CON LUGAR el restante extremo de dicho motivo así como CON LUGAR el segundo motivo de la impugnación citada, y en consecuencia, se declara la INEFICACIA PARCIAL del fallo impugnado respecto de la declaratoria SIN LUGAR de la ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA incoada por parte de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ordenándose el REENVÍO ante del tribunal de juicio para nueva sustanciación sobre dicho extremo; en todo lo demás, se mantiene incólume la sentencia recurrida.  NOTIFÍQUESE.-

José Asdrúbal Quirós Pereira

Max Escalante Quirós                                                                   Francini Quesada Salas

Jueces y  jueza de Apelación de Sentencia Penal

Expediente: 19-001360-0485-PE(9)

Imputado: [Nombre 001]

Ofendido: Los Recursos Naturales

Delito: Invasión a un Area de conservación o protección

AALFAROS

Exp.: 19-001360-0485-PE(9) - VOTO 2026-0045 - pág.: 1

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:46:41.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, Second Judicial Circuit of San José

Resolution No. 00045 - 2026

Date of Resolution: January 13, 2026, at 08:25

Case File: 19-001360-0485-PE

Drafted by: José Asdrúbal Quirós Pereira

Type of Matter: Criminal appeal

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Rulings from the same case file

Ruling with protected data, in accordance with current regulations

Text of the resolution

Resolution: 2026-0045

Case File: 19-001360-0485-PE(9)

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at eight hours twenty-five minutes, on the thirteenth of January of two thousand twenty-six.-

APPEAL filed in the present cause against

[Nombre 001], of legal age, Costa Rican, identity card number [Valor 001], born in Limón, on October 20, 1954, son of [Nombre 002] and [Nombre 003], divorced, pensioner, resident of Limón; for the crime of INVASION OF A CONSERVATION OR PROTECTION AREA, to the detriment of NATURAL RESOURCES. Judges Jose Asdrúbal Quirós Pereira, Max Escalante Quirós, and Judge Francini Quesada Salas participate in the decision. Attorney Milton Salazar González, representative of the Procuraduría de la Republica, appeared before this court.

RESULTANDO:

I.- That by means of judgment number 839-2025, at eight hours thirty minutes on the thirteenth of October of two thousand twenty-five, the Tribunal Penal of the Second Judicial Circuit of

Limón, resolved: "POR TANTO: In accordance with the foregoing and articles 8.2 of the American Convention on Human Rights, 39 and 41 of the Political Constitution, 1, 9, 142, 184, 360, 361, 363 to 366 of the Code of Criminal Procedure; 1, 30, 31, 45, 227 subsection a) of the Penal Code, articles 58 subsection a) and 61 subsection c) of the Ley Forestal, as well as article 1045 of the Civil Code. resolves: In application of the Universal Principle of In Dubio Pro-Reo, the accused [Nombre 001] is ACQUITTED of all penalty and responsibility for a CRIME OF INVASION OF A CONSERVATION AREA that he has been charged with, committed to the detriment of natural resources. The costs of the criminal process shall be borne by the State. The complaint filed by the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA against the accused [Nombre 001] is declared without merit in all its terms. - The civil action for damages filed by LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA against the civil defendant [Nombre 001] is declared without merit in all its terms. COSTS. Given that there was a plausible reason to litigate, both criminal costs of the complaint and the civil action for damages are resolved without a specific award of costs, with each party bearing the personal costs and procedural costs they have incurred. Cease any precautionary measure against the accused and civil defendant. The situation is NOT restored to its original state, due to a lack of certainty regarding the location of the property. NOTIFY BY READING October 20, 2025.-"(sic).

II.- That against the preceding pronouncement, attorney Milton Salazar González filed an appeal.

III.- That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Tribunal considered the issues raised in the appeal.

IV.- That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.

Drafted by the judge of Appeal of Criminal Judgment Quiros Pereira; and,

CONSIDERANDO:

I.- By means of judgment # 839-2025 at 08:30 hours on October 13, 2025, the Tribunal Penal of the Second Judicial Circuit of Limón ACQUITTED the accused [Nombre 001] of all penalty and responsibility for A CRIME OF INVASION OF A CONSERVATION AREA that had been attributed to him by the Procuraduría General de la República; additionally, the CIVIL ACTION FOR DAMAGES filed by the Procuraduría General de la República against the defendant was declared WITHOUT MERIT.

II.- Against this resolution, Lic. Milton Salazar - criminal prosecutor of the Procuraduría General de la República - filed an Appeal of Judgment, alleging as the first ground, lack of intellectual basis. On this matter, he criticizes the conclusion of the a quo - based on report # DRI-03-0684-2022 from the Registro Inmobiliario of the Registro Nacional - that the land where the events allegedly occurred is not part of the portion of plans that were gathered by the Fundación Neutrópica in the master plan (property of the Limón district # 62788), therefore it would not be part of the Tortuguero National Park; he points out that this conclusion is erroneous, since the Tortuguero National Park encompasses an area much larger than that described in report # DRI-03-0684-2022, including lands that bear no relation to the gathering carried out by the Fundación Neotrópica. He also questions that the tribunal granted credibility to the testimony of witnesses [Nombre 004] and [Nombre 005], despite the fact that these individuals have an interest in the outcome of the process, as they also occupy lands located in the Tortuguero National Park; that additionally, the cited witnesses never had access to coordinate systems, park plans, or satellite geolocation tools that would allow them to affirm with certainty the exact location of the land occupied by the accused. In another aspect of his claim, he points out that the judge performed a biased analysis of the testimony of witnesses Jorge Cedeño Calderón, Víctor Hugo Montero Navarro, and Carlos Calvo Gutiérrez (officials of the Tortuguero Conservation Area of SINAC), who in their accounts located the land occupied by the defendant as part of the Tortuguero National Park, which they did using global positioning systems and cartographic sheets of Costa Rica; he indicates that additionally, their statements were clearly supported by the content of report # SINAC-ACTO-DASP-PNT-DE-013-2019 and its subsequent addenda (reports #
SINAC-ACTO-AL-347-2019, # SINAC-ACTO-DASP-PNE-049, and #
SINAC-ACTO-AL-377-2019), certification # SINAC-ACTO-PROCUHREH-CERT-017, and report # SINAC-ACTO-DASP-ESVADA-06-2020, which located the land in question within the Tortuguero National Park and detailed the significant environmental damage caused. Similar complaints are made regarding the rejection of the civil action filed, which - in the appellant's opinion - should have been upheld even in the event of an acquittal in favor of the accused. Considering that the described defect caused harm to the interests of the Costa Rican State, he requests that the challenged ruling be annulled and a retrial be ordered before the trial court for a new hearing regarding the facts of the complaint and those constituting the object of the civil action for damages filed. - As a second ground, the failure to observe articles 39, 41, and 50 of the Political Constitution, article 103 subsection 1) of the Penal Code, articles 140 and 363 subsection b of the Code of Criminal Procedure, article 54 of the Biodiversity Law, and the Law Creating Tortuguero National Park is alleged. On this matter, he points out that the a quo omitted to address in the ruling the request for restoration of things to their prior state, made by the Ministerio Público and the Procuraduría General de la República; he indicates that such a pronouncement was mandatory even if an acquittal was issued - as occurred in the present case - given that reports #
SINAC-ACTO-DASP-PNT-DE-013-2019, # SINAC-ACTO-AL-347-2019, #
SINAC-ACTO-DASP-PNE-049, # SINAC-ACTO-AL-377-2019, and #
SINAC-ACTO-DASP-ESVADA-06-2020 place the occupied land within the Tortuguero National Park, as well as the significant environmental damage caused, materialized in the existence of a dwelling house, animal husbandry, and the maintenance of crops on the site. Considering that the described defect caused harm to the interests of the Costa Rican State, he requests that the challenged ruling be annulled and a retrial be ordered before the trial court for a new hearing on this point (virtual case file).

III.- Having granted the corresponding hearing (resolution at 13:38 hours on November 21, 2025), the defense counsel requested that the appeal filed be declared without merit, as the appealed resolution is in accordance with the law. On this matter, he states that the a quo conducted an adequate analysis of all the evidence presented, from which it was derived that the land owned by the accused was not within the Tortuguero National Park; he points out that the appellant's complaint stems from a subjective and consequently biased analysis of the evidence assessed by the tribunal, it being clear from this evidence that the land in question was not part of the lands acquired by the Fundación Neotrópica and later donated to the Costa Rican State, and therefore, restitution to the prior state sought by the plaintiff could in no way have been ordered (virtual case file).

IV.- On the appeal filed. i. On the admissibility of the appeal filed. The appeal filed must be declared partially inadmissible for the reasons set forth below. In accordance with articles 458 and 459 of the Code of Criminal Procedure, the appeal of a criminal judgment is only available against final judgments or dismissals issued at the trial phase that resolve the criminal, civil, or incidental aspects of the case; in the case of acquittals, such an appeal is not available against a ruling produced in a retrial that reiterates the acquittal issued in a previous trial (article 466 bis of the same normative body). This is precisely the situation observable in the specific case: by means of judgment # 296-2024 at 11:40 hours on April 16, 2024, the Tribunal Penal of the Second Judicial Circuit of Limón had already acquitted the accused for the facts underlying the present process, a ruling that was later annulled by vote # 2025-0348 at 08:00 hours on February 28, 2025, by this Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, ordering the retrial that precisely served as the basis for the appealed acquittal. As a consequence of the foregoing, the principle of double conformity provided for in article 466 bis of the Code of Criminal Procedure operated regarding the criminal aspect, which bars the Ministerio Público, the complainant, and the civil plaintiff from any possibility of further challenge against the new acquittal, a possibility that nevertheless subsists - by express legal provision - regarding the declaration without merit of the civil action for damages filed, the restitution of things to their prior state, and the award of costs. Since the complainant has challenged an acquittal that reiterates an acquittal issued for the same facts in a previous trial, it is therefore appropriate - in application of the principle of double conformity - to declare this aspect of the first ground of appeal filed INADMISSIBLE. ii. On the merits of the appeal filed. Due to their connection, the remaining aspect of the first ground and the second ground of appeal filed will be addressed jointly, in which it is alleged - in order - the existence of a defect of lack of intellectual basis regarding the rejection of the civil action for damages filed, as well as the failure to observe articles 39, 41, and 50 of the Political Constitution, article 103 subsection 1) of the Penal Code, articles 140 and 363 subsection b of the Code of Criminal Procedure, article 54 of the Biodiversity Law, and the Law Creating Tortuguero National Park. The claims must be upheld for the reasons set forth below. For a proper understanding of what has been resolved by this Cámara de Apelación de Sentencia Penal, it is appropriate to transcribe the facts that constitute the object of the civil action for damages filed by the Procuraduría General de la República: "«1. Without being able to determine exact date and time, but indeed in the period from May 17, 2019, to December 5, in Limón, Pococí, Colorado, Tortuguero, in front of the Cerro Tortuguero boat dock, between geographic coordinates N1169555-N1169835 and E551454-E551719, the civil defendant [Nombre 001], knowing that he had no permit, and that the lands located within Tortuguero National Park are part of the State's natural heritage, has carried out acts constituting invasion by maintaining, enabling, and inhabiting a dwelling built of wood and zinc sheets, measuring five meters wide and eight meters deep, for a total of eighty square meters, with a structure made of wood of nine square meters, intended for poultry production, and a boat dock made of wood and zinc sheets measuring twenty square meters. 2. The damage caused by the civil defendant [Nombre 001] caused detriment to the ecosystem of Tortuguero National Park, since where the invasion takes place is class VIII, meaning lands suitable for the preservation of flora and fauna, genetic reserve, and scenic beauty, also the affected area is cataloged and designated as a RAMSAR wetland of international importance, especially as a habitat for aquatic bird species. On the other hand, it should be highlighted that since this is a protected wild area whose primary object is the preservation of wildlife and scenic beauty, an invasion implies a strong alteration to these elements, particularly the second, as it produces a negative visual impact on the visitor who pays for the observation of nature itself, and also the alteration of the natural balance, especially concerning birdlife, which is the most affected. Similarly, a series of other factors can be mentioned that suffer an environmental impact, such as the irreversible change in ecological microclimates; alteration of niches and habitats of aquatic flora and fauna species, loss of substrate for native species, loss of flora and fauna species with a very high medicinal level, and imbalance in the natural control of aquatic bodies. Therefore, the valuation of the environmental damage has been established in the prudential sum of C1,000,000.00 (one million colones)." In grounding this aspect of the ruling, the a quo stated - in a succinct manner - that it was appropriate to declare the civil action for damages filed without merit because the responsibility of the accused for the charged acts could not be proven, an indispensable prerequisite for the admissibility of the civil claim ("The State became a civil plaintiff, suing the accused, to be ordered to pay the damages and losses caused by their actions. The reparation of moral damage caused by a crime finds legal support in art. 41 of the Political Constitution, which establishes that 'Occurring to the laws, everyone must find reparation for the injuries or damages they have received in their person, property, or moral interests (...).' In turn, article 103 of the Penal Code provides, in what is relevant, that every punishable act (an act that is at least typical and unlawful) has as a consequence civil reparation, which shall be determined in a conviction that orders the reparation of all damage and the compensation for losses caused to the victim as well as to third parties. Parallelly, numeral 122 of the 1941 Penal Code (Rules in Force on Civil Liability), also in what is relevant, establishes that civil reparation comprises the reparation of material and moral damage. Finally, numeral 125 of the 1941 Penal Code provides that the reparation of moral damage in offenses against honor, dignity, or honesty, or in other cases of damage to moral interests, shall consist of a pecuniary compensation that, if there is no sufficient basis to fix it by means of experts, the judge shall determine prudentially, according to the circumstances of the offense, the conditions of the offended person, and the nature and occurred or possible consequences of the grievance suffered. From the aforementioned norms, it emerges with diaphanous clarity that, since the criminal liability of the defendant regarding the damages and losses alleged by the civil plaintiff was not proven, and therefore the causal link between the damages and losses claimed in this action in reference to acts carried out by the civil defendant and accused was not proven, as it was not proven that the latter committed the facts serving as the basis for this claim, the civil plaintiff has no right to be indemnified. Under our legal system, there is no right to the civil compensation alleged. Consequently, the indispensable legal link to access the right to said compensation was not proven. The right and the obligation to compensate must arise from a criminal or at least a civil unlawful act, and since it was not verified that the accused performed the alleged conduct, the indispensable legal link to order him to compensate the claimed damages or losses would not be generated. Based on the foregoing, the civil action for damages filed is declared without merit."); regarding the request for restoring things to their prior state, made in closing arguments by the Ministerio Público and the complainant, all pronouncement on the matter was omitted. In the opinion of this Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, the arguments set forth are erroneous, a defect that is essential concerning what was resolved, thereby forcing the declaration of PARTIAL INEFFECTIVENESS of the challenged ruling. Although the civil action is accessory to the criminal action, this solely pertains to the legal-procedural sphere (survival of the private action in the process) and not the substantive one, meaning that the issuance of an acquittal in favor of the accused does not per se imply that the civil action for damages also filed must be declared without merit (article 40 of the Code of Criminal Procedure); criminal and civil actions rest on different legal prerequisites, so if the existence of damage that is causally and legally attributable to the civil defendant is proven (existence of an action or omission causally linked to the damage whose reparation is sought, as well as a criterion of imputation of an objective or subjective nature), a finding against them on this point would be appropriate even in the case of an acquittal on the criminal aspect. In the judgment, the tribunal starts from the premise that an acquittal per se forced the rejection of the civil action for damages filed, a conclusion that is clearly erroneous according to the reasoning previously set forth; this led it to completely omit any analysis of what was declared by witnesses Jorge Cedeño Calderón, Víctor Hugo Montero Navarro, and Carlos Manuel Calvo Gutiérrez (officials of SINAC), who stated in the hearing that the land occupied by the accused was within Tortuguero National Park (an assertion supported by report # SINAC ACTO-AL-364-2019 as well as by certification ACTO-PROCUHREH-CERT-017), which they were able to establish through measurements taken with global positioning system (GPS) devices that were duly calibrated at the time of their visit to the site, points that coincide with the facts constituting the object of the civil action for damages filed; although report # DRI-03-0684-2022 indicates that the property in question was not part of the lands donated to the State by the Fundación Neutrópica, it is likewise clear from the content of the various pieces of evidence presented in the hearing that Tortuguero National Park is not composed exclusively of those lands, with the mere geographic location of the property occupied by the accused as part of Tortuguero National Park and the environmental damages derived from its agricultural exploitation being relevant for the purposes of the civil claim filed by the Procuraduría General de la Republica. Probably for the same reasons described, any reference in the judgment to the request for restoration of things to their prior state - which formed part of the civil claim - made in their closing arguments by the complainant and civil plaintiff was omitted. In accordance with the arguments set forth, it is therefore appropriate to declare the PARTIAL INEFFECTIVENESS of the challenged ruling regarding the declaration WITHOUT MERIT of the CIVIL ACTION FOR DAMAGES filed by the Procuraduría General de la República, and consequently, to order a RETRIAL before the trial court for a new hearing on that point; in all other respects, the appealed judgment remains intact.

POR TANTO:

In accordance with the arguments set forth, i) the first ground of the APPEAL OF JUDGMENT filed by the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA is declared partially INADMISSIBLE. ii) The remaining aspect of said ground is declared partially UPHELD, and the second ground of the aforementioned appeal is UPHELD, and consequently, the PARTIAL INEFFECTIVENESS of the challenged ruling is declared regarding the declaration WITHOUT MERIT of the CIVIL ACTION FOR DAMAGES filed by the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ordering a RETRIAL before the trial court for a new hearing on that point; in all other respects, the appealed judgment remains intact. NOTIFY.-

José Asdrúbal Quirós Pereira

Max Escalante Quirós                                                                   Francini Quesada Salas

Judges and Judge of Appeal of Criminal Judgment

Case File: 19-001360-0485-PE(9)

Accused: [Nombre 001]

Victim: Natural Resources

Crime: Invasion of a conservation or protection area

AALFAROS

Exp.: 19-001360-0485-PE(9) - VOTO 2026-0045 - pág.: 1

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:46:41.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República