Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Del anterior recuento se denota que en el trámite de este proceso se dieron una serie de actuaciones que vulneran el debido proceso, y que, por ende, tornan inválida la sentencia de sobreseimiento definitivo dictada por el Tribunal de Flagrancia.
El 24 de julio de 2025, se realizó la audiencia inicial prevista para el procedimiento expedito de Flagrancia, en la que el Juez Penal debía establecer si, los hechos que el Ministerio Público estaba investigando configuraban un delito en Flagrancia, conforme lo dispone el artículo 426 del Código Procesal Penal. Si bien, el juez debe hacer un análisis preliminar que los hechos que el Ministerio Público le informan puedan configurar una conducta delictiva a fin de admitir la competencia y que el suceso se juzgue por la vía de Flagrancia, en este caso, el Juez del Tribunal se excedió de sus competencias, por lo siguiente.
Conforme se desprende del registro audiovisual del 24 de julio de 2025, en ese momento, la fiscal solamente describió los hechos que el ente fiscal estaba investigando sin realizar el requerimiento acusatorio, pero a pesar de que no existía ningún acto conclusivo por parte del ente fiscal, el Juez de oficio, realizó un análisis de las pruebas, además, hizo valoraciones propias de la fase deliberativa, en esa ocasión, informó que estimaba que la prueba que había en el expediente era insuficiente para acreditar que la conducta descrita era delictiva, al concluir que no se lograba demostrar que la actividad de pesca que realizaba el imputado era con fines comerciales.
English (translation)From the foregoing account, it is evident that in the processing of this case a series of actions occurred that violate due process, and which therefore render invalid the definitive dismissal judgment issued by the Flagrancy Court.
On July 24, 2025, the initial hearing provided for the expedited Flagrancy procedure was held, in which the Criminal Judge was required to determine whether the events the Public Prosecutor's Office was investigating constituted a flagrant offense, pursuant to Article 426 of the Code of Criminal Procedure. While the judge must conduct a preliminary analysis of whether the events reported by the Public Prosecutor may constitute a criminal offense in order to accept jurisdiction and have the matter tried under the Flagrancy procedure, in this instance the trial judge exceeded his authority, as follows:
As shown by the audiovisual record of July 24, 2025, at that time, the prosecutor merely described the events being investigated without filing any accusatory document, but despite the absence of a conclusive act by the prosecution, the judge, on his own motion, analyzed the evidence and also made assessments proper to the deliberation phase; he then stated that he considered the evidence in the case file insufficient to prove that the described conduct was criminal, concluding that it could not be shown that the fishing activity carried out by the defendant was for commercial purposes.
Granted
Grande Normal Pequeña Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón Resolución Nº 00232 - 2026 Fecha de la Resolución: 25 de Febrero del 2026 a las 13:55 Expediente: 25-000514-1109-PE Redactado por: Adriana María Escalante Moncada Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 [email protected] Fax: 2445-5349 ___________________________________________________________________________________________ Exp: 25-000514-1109-PE Res: 2026-00232 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN PRIMERA. San Ramón, al ser las trece horas cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintiséis. RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], costarricense, cédula de identidad número [Valor 001], por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY DE PESCA en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Adriana Escalante Moncada, José Alberto Rojas Chacón y Francisco Lemus Víquez. Se apersonan en apelación de sentencia, la licenciada Daniela Madrigal Solórzano, en condición de apoderada especial del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura y los Procuradores José Pablo Rodríguez Lobo y Zaray Chavarría Prado. RESULTANDO: 1.- Que mediante sentencia número 320-F-2025 de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del diecinueve de agosto de dos mil veinticinco, el Tribunal Penal de Flagrancia de Puntarenas, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con el artículo 311 inciso a) y e) del Código Procesal Penal, y el artículo 78, 142, 141 y concordantes de la Ley de Pesca y Acuicultura, se dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del imputado [Nombre 001] por un delito de INFRACCIÓN A LA LEY DE PESCA en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Se ordena la entrega definitiva la embarcación, motor y artes de pesca decomisados. Son las costas a cargo y los gastos del proceso a cargo del Estado. NOTIFÍQUESE. LIC. ROBERTO ANTONIO SOBRADO ZAMORA. JUEZ DE FLAGRANCIA". 2.- Que contra el anterior pronunciamiento, la licenciada Daniela Madrigal Solórzano y el licenciado José Pablo Rodríguez Lobo, han interpuesto recurso de apelación de sentencia. 3.- Que verificada la deliberación respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Apelación de Sentencia del III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, procedió a conocer del recurso. 4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. Redacta la Jueza de Apelación de Sentencia Escalante Moncada; y, CONSIDERANDO: I. El 22 de agosto de 2025, la licenciada Daniela Madrigal Solórzano, en su calidad de apoderada especial Judicial del INCOPESCA, interpuso recurso de apelación de sentencia contra el fallo escrito número 320-F-2025, emitida el 19 de agosto de 2025 por el Tribunal de Flagrancia de Puntarenas. También en esa ocasión, el Procurador José Pablo Rodríguez Lobo impugnó dicha resolución. II. De la admisibilidad de los recursos: De conformidad con lo establecido en el artículo 458 del Código Procesal Penal, en relación con lo previsto por el artículo 71 del Código Procesal Penal, la víctima puede interponer recurso de apelación de sentencia contra el sobreseimiento definitivo. En este asunto, tanto INCOPESCA, como entidad estatal autónoma encargada de regular y controlar la actividad de pesca, ostentaría la calidad de ofendido de conformidad con el artículo 70 del Código Procesal Penal. Por su parte, la Procuraduría General de la República al amparo de lo dispuesto en el artículo 16 del Código Procesal Penal, está facultada para intervenir en los delitos de carácter ambiental. Por lo que, se concluye que los recursos interpuestos en tiempo y forma son admisibles. III. Del recurso interpuesto por INCOPESCA. En el único motivo de apelación, refiere la apelante, que, el juez para fundamentar su decisión valoró que no existía una finalidad comercial evidente en la actividad de pesca que, realizada el encartado, debido a la escasa cantidad de pez capturado, y por ello, presumió que la actividad desplegada calificaba como pesca de subsistencia o doméstica regulada en el artículo 77 de la Ley de Pesca y Acuicultura, y con base en ello, resolvió que la conducta del imputado [Nombre 001] era atípica. La apelante, discrepa de este razonamiento e indica que existe un error de interpretación de la norma y, por ende, una aplicación indebida de esta. Explica que la pesca de consumo doméstico no es una justificación automática aplicable a cualquier volumen de producto, sino que es una figura sujeta a controles y requisitos muy estrictos. Por lo que, estima hay una contradicción entre lo decido por el A quo y el marco regulatorio previsto en la Ley de Pesca. Detalla que dicha legislación exige que el pescador efectué una inscripción previa ante el INCOPESCA, lo cual es un requisito esencial. Al respecto, señala que, según el oficio DREG-173-2025, emitido el 20 de agosto de 2025, el imputado [Nombre 001] no se encontraba inscrito ni autorizado para ejercer dicha actividad de subsistencia. Sostiene que el bien jurídico tutelado se vulnera por la sola actividad sin que la cantidad de producto pescado sea jurídicamente relevante. Asimismo, destaca que, según el acuerdo AJDIP/084-2025, que estableció una prohibición absoluta de pesca entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2025. Además, mediante el Acuerdo AJDIP/511-2017, el INCOPESCA condiciona la excepción de pesca para consumo doméstico al registro institucional y al debido respeto de las cuotas máximas establecidas en dicha regulación. Refiere que, al hacerse una valoración incorrecta de la norma, la sentencia impugnada resulta inválida, por lo que peticiona se declare con lugar el recurso, y se deje sin efecto el sobreseimiento decretado por el Tribunal de Juicio, y se ordene el respectivo juicio de reenvío. III. Del recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República. En el único motivo de apelación, el Procurador cuestiona el sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado [Nombre 001], el cual se fundamenta en la atipicidad de la conducta desplegada por este. Para fundamentar su reclamo, transcribe fracciones de la resolución del tribunal, y de seguido afirma que el juez determinó que la evidencia decomisada (cuatro cuerdas de pescar, un pez jurel de 2 kg y 55 camarones vivos) son indicios que apuntaban a una pesca de uso doméstico o autoconsumo y no a una actividad de captura masiva de peces con fines comerciales. Añade que el juzgador razonó que, al no demostrarse el propósito de lucro exigido por la normativa, la conducta desplegada por el imputado perdía relevancia jurídico penal. Refiere que se aplicó erróneamente las reglas de la sana crítica, debido a que el juez realizó un análisis personal sobre la normativa y enfatiza que la presencia o ausencia de fines comerciales no es un requisito de tipicidad, debido a que la norma castiga la acción objetiva de pescar durante una veda sin los permisos correspondientes, causando con ello un perjuicio directo a los recursos naturales. Explica que, según el oficio INCOPESCA-DOPA-DREG-173-2025, emitido el 20 de agosto de 2025, se acreditaba que el imputado [Nombre 001] no figuraba en el registro oficial para ejercer la pesca de consumo doméstico. Dice que, si bien la Ley de Pesca y Acuicultura (Ley N° 8436), prevé excepciones para la pesca de supervivencia familiar, el artículo 141 sanciona y prohíbe dicha actividad en zonas y épocas restringidas (veda). Además, el artículo 78 de la ley en comentario, supedita cualquier pesca doméstica o de subsistencia al respeto de las directrices giradas por INCOPESCA. Detalla que, mediante el acuerdo AJDIP/084-2025, se impuso la veda en el Golfo de Nicoya. Además, el acuerdo AJDIP/511-2017, exige que toda persona física dedicada a la pesca de subsistencia cuente con un registro previo ante la entidad pesquera. Estima que el juez de instancia no valoró de forma correcta la normativa vigente, y que, por ende, el sobreseimiento definitivo dictado es inválido, por lo que peticiona se anule el fallo y se ordene el juicio de reenvío V. Sobre el fondo: Por estar los dos recursos relacionados se resuelven de manera conjunta. Por las razones que se dirán se declaran con lugar los recursos interpuestos. Este proceso se inició por la vía expedita de flagrancia ante el Tribunal de Puntarenas, y la audiencia inicial se llevó a cabo el 24 de julio de 2025. Según consta en el registro audiovisual 250005141109PE-24072025033719-2_Multi, en esa ocasión la fiscalía describió los hechos que se investigaban, los cuales consistían -en síntesis- que el encartado [Nombre 001], el 07 de julio de 2025, al ser las 09:25 horas, aproximadamente, en su condición de capitán al mando de una embarcación, se encontraba en Puntarenas, Chomes, en el mar en Costa Pájaros, realizando faenas de pesca de manera ilegal, con fines comerciales, a pesar de que se había decretado periodo de veda, para esa zona, desde el 01 de mayo y hasta el 31 de julio de 20025, por parte del INCOPESCA. En dicha audiencia, la fiscal Milena Piedra Blanco, describió los hechos investigados y solicitó al Juez, se aceptara la competencia por parte del Tribunal de Flagrancia. Por su parte, la defensora pública Joselyn Pérez Molina no objetó de que dicha causa se tramitara bajos las reglas de ese procedimiento expedito. El Juez que presidió la diligencia, Roberto Sobrazo Zamora, después de escuchar a las partes, se retiró por un momento, y al regresar, les informó que se rechazaba la competencia y que había analizado los hechos que describió el ente fiscal y que se rechazaba la tramitación de esos hechos, por la vía de Flagrancia al considerar que se está ante una conducta que es permitida. Para fundamentar su postura indicó lo siguiente: Que, si bien el artículo 78 de la Ley de Pesca establece una conducta delictiva, por la cual el imputado podría ser merecedor de una sanción, sin embargo, el acuerdo mediante el cual se emite la orden de veda permite en el punto noveno, la pesca doméstica y quienes opten por esta actividad deberán cumplir con lo indicado en dicho acuerdo. Añadió que dentro de los medios autorizados para la pesca doméstica o de subsistencia se encuentran las cañas de pescar, y que los cuatro yoyos, que se encontraron en la embarcación, en tesis de principio, dan cuenta que no se trata de una pesca comercial. Destacó que leyó los hechos descritos por el Ministerio Público, y que en estos se indica que en la embarcación se encontraban varias personas, pero a pesar de ello, solamente se detuvo al imputado. Además, para ese momento solo se encontró un pescado, y la regulación indica que una persona en pesca doméstica puede capturar hasta cinco especies. Añadió que el camarón que se le encontró era de cultivo, por lo que tampoco estaría incurriendo en la pesca de camarón de forma ilegal. Destacó que de los hechos no se desprende que se le esté imputando una pesca con fines comerciales. Dijo que tendría que suponer que la pesca era con fines comerciales, porque el Ministerio Público no le ha dado elementos suficientes para demostrar que el producto era para ese fin. Indicó que indicios tales como la presencia de yoyos, de camarón que se compró para ser usado como carnada no le permiten sostener que esa actividad era con fines comerciales. Reiteró que no se iba a decretar la competencia para tramitar el procedimiento por la vía de flagrancia, y que, en cambio, se iba a dictar un sobreseimiento definitivo, debido a que los hechos que se vienen investigando a criterio del juzgador, no configuran el delito de pesca ilegal. De seguido informó a las partes que la resolución de sobreseimiento definitivo se emitiría de forma escrita. Posteriormente, el 19 de agosto de 2025, el Tribunal de Flagrancia de Puntarenas emite la sentencia número 320-F-2025, en la que se indica en la parte considerativa lo siguiente: II.- SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO: Analizado detalladamente el presente asunto, se ha logrado determinar que la acción penal atribuida al imputado es ATÍPICA, ello con base en los siguientes razonamientos: En el proceso Penal Costarricense, el tema EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO se encuentra regulado en los artículos 311 y siguientes, en su orden indican taxativamente lo siguiente: ARTÍCULO 311.- Sobreseimiento definitivo. El sobreseimiento definitivo procederá cuando: a)… b) El hecho no está adecuado a una figura penal....c)...d)...e)... Partiendo del análisis del artículo anterior, tenemos como circunstancia determinante para el presente fallo: Que el Ministerio Público le venía atribuyendo al imputado [Nombre 001], el día 07/07/25 al ser las 09:25 horas aproximadamente, en su condición de capitán al mando, se encontraba realizando faenas de pesca de manera ilegal, con fines comerciales …. En época de veda. De lo resaltado en negrita la conducta investigada parte de dos aristas principales: a) faena de pesca de manera ilegal y b) que sea con fines comerciales, vamos a analizar cada punto detallado, el punto a) lo tornan ilegal por realizar faenas de pesca con época de veda de según acuerdo de AJDIP/084-2025 de la Junta Directiva de Incopesca, donde se estable los límites físicos y la temporalidad de la veda, estableciendo un prohibición de pesca para todos aquellos personas que se dedican a la pesca comercial, y el b) que precisamente dicha actividad se realice con fines comerciales, La Ley de Pesca y Acuicultura en su artículo en su artículo 27 define lo que es una pesca comercial indicando que es aquella que se realiza para obtener beneficios económicos. Estos hechos sobre los que el Ministerio Público solicito la flagrancia y este tribunal la rechazo, por cuanto de informe a la autoridad judicial del Servicio Nacional de Guardacostas, indica que sujetos tratan de esconder una embarcación, no se sabe cuántos en primera instancia, que dentro de la embarcación se encuentran 4 cuerdas de pescar y un pescado jurel, 55 camarones vivos de cultivo. Es decir, los hechos imputados establecen que realizaban faenas de pesca de manera ilegal con fines comerciales, ya que, encontraron 4 carretes de cuerda de pescar, (es arte de pesca ilegal) todo lo contrario sustentaba con el uso sostenible de recurso marítimo, un pescado jurel de 2 kg y 55 camarones vivos. Analizado lo decomisado, no se puede concluir que uno de los sujetos a cuál se le achaca ser el capitán de la embarcación lo realizara con fines comerciales, no contaban con artes de pesca que permitiera captura masiva de peces u otras especies, no portaban ningún tipo de hielera o medio de conservación de lo capturado, obviamente deben contar con unos pocos camarones como carnada. El artículo 77 define la pesca de subsistencia como pesca de uso doméstico indicando que es aquella que se efectúa desde tierra o en pequeñas embarcaciones únicamente mediante el uso de cañas, carretes o cuerdas de mano, sin propósito de lucro y con el objeto de consumir en producto para la subsistencia propia o de la familia. En este sentido la atribuido al imputado, no encuadra dentro de lo que llamaríamos pesca comercial, sino dentro de la pesca de subsistencia. Entonces si la conducta atribuida es ser pesca ilegal por realizar faenas de pesca con fines comerciales, este último elemento hace que la conducta devenga en atípica, no ofreció el Ministerio Público ningún elemento indiciario que de grado de probabilidad necesario que estábamos ante un pesca comercial, todo lo contrario la evidencia decomisada arroja todo lo contrario, que se trata de una pesca de subsistencia, existiendo una imposibilidad material que con dicha evidencia sumado al declaración que realizarán los oficiales de Servicio Nacional de Guardacostas, que pudiera arrojar la certeza necesaria para establecer un fin comercial. En consecuencia, los hechos que se imputan al imputado resultan ser ATÍPICOS y lo procedente es ordenar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado [Nombre 001], por un delito de cometido en perjuicio de LA RECURSOS NATURALES.” Del anterior recuento se denota que en el trámite de este proceso se dieron una serie de actuaciones que vulneran el debido proceso, y que, por ende, tornan inválida la sentencia de sobreseimiento definitivo dictada por el Tribunal de Flagrancia. El 24 de julio de 2025, se realizó la audiencia inicial prevista para el procedimiento expedito de Flagrancia, en la que el Juez Penal debía establecer si, los hechos que el Ministerio Público estaba investigando configuraban un delito en Flagrancia, conforme lo dispone el artículo 426 del Código Procesal Penal. Si bien, el juez debe hacer un análisis preliminar que los hechos que el Ministerio Público le informan puedan configurar una conducta delictiva a fin de admitir la competencia y que el suceso se juzgue por la vía de Flagrancia, en este caso, el Juez del Tribunal se excedió de sus competencias, por lo siguiente. Conforme se desprende del registro audiovisual del 24 de julio de 2025, en ese momento, la fiscal solamente describió los hechos que el ente fiscal estaba investigando sin realizar el requerimiento acusatorio, pero a pesar de que no existía ningún acto conclusivo por parte del ente fiscal, el Juez de oficio, realizó un análisis de las pruebas, además, hizo valoraciones propias de la fase deliberativa, en esa ocasión, informó que estimaba que la prueba que había en el expediente era insuficiente para acreditar que la conducta descrita era delictiva, al concluir que no se lograba demostrar que la actividad de pesca que realizaba el imputado era con fines comerciales. Para ello, hizo un análisis indiciario de la prueba, y una interpretación de las normas jurídicas que estimó eran aplicables al caso concreto. Los argumentos que dio el juez en la audiencia del 24 de julio de 2025, así como los indicados en la sentencia de sobreseimiento definitivo número 320-F-2025, se denota que, para arribar a la conclusión de que los hechos eran atípicos, el Juez, realizó una valoración probatoria, sin darle la oportunidad a las partes (Ministerio Público, defensa e Incopesca) de rebatir las probanzas, interrogar a los testigos, y expresar las conclusiones que estimaran oportunas. Dicho de otra manera, no se trata de que los hechos que describió el Ministerio Público en la audiencia inicial fueran evidentemente atípicos, sino que, para arribar a esa conclusión, el Juez realiza su propio análisis de prueba, le asigna valor a cada elemento probatorio e incluso hace un análisis indiciario, para concluir que dichos elementos eran insuficientes para demostrar una actividad ilícita. Este actuar vulnera el debido proceso, debido a que se realizaron actuaciones que no están previstas para la audiencia inicial en el ordenamiento para el procedimiento expedito de flagrancia, así como se prescindió de la realización de la fase de juicio que es la etapa procesal en la que se debe realizar este tipo de valoración probatoria, Además, se detecta que lo actuado por el juzgador vulneró la intervención que podría haber tenido el INCOPESCA, toda vez, que, según consta a folio 21 de los autos, desde el 14 de febrero, dicha entidad, expresó su intención de constituirse como parte en el asunto, sin embargo, la citada audiencia se hizo sin la intervención de esta, con lo que se vulneraron los derechos de esa entidad previstos en los artículos 70, 71 y siguientes del Código Procesal Penal. En cuanto a la intervención de la Procuraduría General de la República como parte procesal, se constató que dicho órgano informó desde el 16 de febrero de 2025, que no se constituiría como actor civil ni querellante, y que tampoco asistiría a la audiencia del 24 de julio de 2025, por lo que, el error detectado, solamente produce un agravio a la intervención procesal del INCOPESCA. De igual manera, se constata que se vulneró lo previsto en el artículo 429 del Código Procesal Penal, en el que se indica que la sentencia en flagrancia se dictara de forma oral una vez concluido el juicio, y en este caso, la sentencia se dictó de forma escrita, sin realizarse la fase plenaria y el sobreseimiento definitivo por escrito se emitió 16 días hábiles después de que se realizó la audiencia inicial, lo cual contraviene el procedimiento previsto por el artículo en comentario. Por lo antes expuesto, y debido al conjunto de errores en el procedimiento antes descritos, los cuales vulneran el debido proceso (artículos 178 y siguientes del Código Procesal Penal) lo procedente es declarar con lugar los recursos de apelación interpuestos, anular la sentencia de sobreseimiento definitivo, así como se anula la audiencia inicial celebrada el 24 de julio de 2025, y se ordena remitir los autos ante el Tribunal de Flagrancia, para que se realice el procedimiento conforme con las disposiciones previstas en los artículos 426 y siguientes del Código Procesal Penal. POR TANTO Se declararon con lugar los recursos de apelación de sentencia interpuestos por el INCOPESCA y por la Procuraduría General de la República. Se anula el sobreseimiento definitivo dictado mediante sentencia 320-F-2025, así como la audiencia inicial realizada el 24 de julio de 2025, y se ordena remitir los autos ante el Tribunal de Flagrancia de Puntarenas para una nueva sustanciación de este asunto, conforme con las reglas previstas para el procedimiento expedito de flagrancia. Firmado digitalmente Gaudi móvil BCCR Adriana Escalante Moncada Francisco Lemus Víquez José Alberto Rojas Chacón Jueces de Apelación de Sentencia Expediente Nº 25-000514-1109-PE Contra: [Nombre 001] Delito: Infracción a la Ley de Caza y Pesca Ofendido: Los Recursos Naturales angie Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 14:18:03. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
PODER JUDICIAL SENTENCING APPEALS COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 [email protected] Fax: 2445-5349 ___________________________________________________________________________________________ Exp: 25-000514-1109-PE Res: 2026-00232 SENTENCING APPEALS COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, FIRST SECTION. San Ramón, at thirteen hours fifty-five minutes on the twenty-fifth of February of two thousand twenty-six. SENTENCE APPEAL filed in the present case against [Name 001], Costa Rican, identity card number [Value 001], for the crime of VIOLATION OF THE FISHERIES LAW to the detriment of NATURAL RESOURCES. The judges Adriana Escalante Moncada, José Alberto Rojas Chacón, and Francisco Lemus Víquez participate in the decision on the appeal. Appearing in the sentence appeal are attorney Daniela Madrigal Solórzano, as special representative of the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, and Procuradores José Pablo Rodríguez Lobo and Zaray Chavarría Prado. WHEREAS: 1.- That by judgment number 320-F-2025 at eight hours forty-five minutes on the nineteenth of August of two thousand twenty-five, the Flagrancy Criminal Court of Puntarenas resolved: "POR TANTO: In accordance with Article 311, subsections a) and e) of the Code of Criminal Procedure, and Articles 78, 142, 141 and concordant articles of the Ley de Pesca y Acuicultura, DEFINITIVE DISMISSAL is ordered in favor of the accused [Name 001] for a crime of VIOLATION OF THE FISHERIES LAW to the detriment of NATURAL RESOURCES. The definitive return of the seized vessel, motor, and fishing gear is ordered. Costs and expenses of the process are to be borne by the State. NOTIFÍQUESE. LIC. ROBERTO ANTONIO SOBRADO ZAMORA. FLAGRANCY JUDGE". 2.- That against the preceding ruling, attorney Daniela Madrigal Solórzano and attorney José Pablo Rodríguez Lobo have filed a sentence appeal. 3.- That having completed the respective deliberation, in accordance with the provisions of Article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, proceeded to hear the appeal. 4.- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings. Drafted by Sentencing Appeals Judge Escalante Moncada; and, CONSIDERANDO: I. On August 22, 2025, attorney Daniela Madrigal Solórzano, in her capacity as special judicial representative of INCOPESCA, filed a sentence appeal against written decision number 320-F-2025, issued on August 19, 2025, by the Flagrancy Court of Puntarenas. On that same occasion, Procurador José Pablo Rodríguez Lobo also challenged said resolution. II. On the admissibility of the appeals: In accordance with the provisions of Article 458 of the Code of Criminal Procedure, in relation to Article 71 of the Code of Criminal Procedure, the victim may file a sentence appeal against a definitive dismissal (sobreseimiento definitivo). In this matter, both INCOPESCA, as an autonomous state entity responsible for regulating and controlling fishing activity, would hold the status of aggrieved party in accordance with Article 70 of the Code of Criminal Procedure. For its part, under Article 16 of the Code of Criminal Procedure, the Procuraduría General de la República is authorized to intervene in environmental crimes. Therefore, it is concluded that the appeals filed in a timely manner are admissible. III. On the appeal filed by INCOPESCA. In the sole ground of appeal, the appellant argues that, to support his decision, the judge assessed that there was no evident commercial purpose in the fishing activity carried out by the accused due to the scarce quantity of fish caught, and therefore, presumed that the activity deployed qualified as subsistence or domestic fishing regulated in Article 77 of the Ley de Pesca y Acuicultura, and based on this, resolved that the conduct of the accused [Name 001] was atypical. The appellant disagrees with this reasoning and indicates that there is an error in the interpretation of the norm and, therefore, an improper application thereof. She explains that domestic consumption fishing is not an automatic justification applicable to any volume of product, but rather a figure subject to very strict controls and requirements. Thus, she considers there is a contradiction between what was decided by the A quo and the regulatory framework provided in the Ley de Pesca. She details that said legislation requires the fisher to obtain prior registration before INCOPESCA, which is an essential requirement. In this regard, she points out that, according to official letter DREG-173-2025, issued on August 20, 2025, the accused [Name 001] was not registered nor authorized to carry out said subsistence activity. She maintains that the protected legal interest is harmed by the activity alone, without the quantity of product fished being legally relevant. Likewise, she highlights that, according to agreement AJDIP/084-2025, an absolute fishing ban was established between May 1 and July 31, 2025. Furthermore, through Agreement AJDIP/511-2017, INCOPESCA conditions the exception for domestic consumption fishing on institutional registration and due respect for the maximum quotas established in said regulation. She argues that, by making an incorrect assessment of the norm, the challenged judgment is invalid, and therefore petitions that the appeal be granted, the dismissal (sobreseimiento) decreed by the Trial Court be set aside, and the respective retrial be ordered. III. On the appeal filed by the Procuraduría General de la República. In the sole ground of appeal, the Procurador questions the definitive dismissal (sobreseimiento definitivo) ordered in favor of the accused [Name 001], which is based on the atypicality of the conduct deployed by him. To support his claim, he transcribes excerpts from the court's resolution, and then affirms that the judge determined that the seized evidence (four fishing lines, a 2 kg jack mackerel, and 55 live shrimp) are indications pointing to domestic-use or self-consumption fishing and not to a massive fish capture activity for commercial purposes. He adds that the judge reasoned that, since the purpose of profit required by the regulations was not demonstrated, the conduct deployed by the accused lost criminal legal relevance. He argues that the rules of sound criticism were erroneously applied, because the judge conducted a personal analysis of the regulations and emphasizes that the presence or absence of commercial purposes is not a requirement of typicality, because the law punishes the objective action of fishing during a closed season without the corresponding permits, thereby causing direct harm to natural resources. He explains that, according to official letter INCOPESCA-DOPA-DREG-173-2025, issued on August 20, 2025, it was accredited that the accused [Name 001] did not appear in the official registry to engage in domestic consumption fishing. He says that, although the Ley de Pesca y Acuicultura (Ley N° 8436) provides exceptions for family survival fishing, Article 141 sanctions and prohibits said activity in restricted zones and periods (closed season). Furthermore, Article 78 of the law under discussion subjects any domestic or subsistence fishing to respect for the guidelines issued by INCOPESCA. He details that, through agreement AJDIP/084-2025, a closed season was imposed in the Golfo de Nicoya. Moreover, agreement AJDIP/511-2017 requires that every individual engaged in subsistence fishing have prior registration before the fisheries entity. He estimates that the trial judge did not correctly assess the regulations in force, and that, therefore, the definitive dismissal (sobreseimiento definitivo) ordered is invalid, thus petitioning that the decision be annulled and a retrial be ordered. V. On the merits: As the two appeals are related, they are resolved jointly. For the reasons stated below, the appeals filed are granted. This process was initiated through the expedited procedure for flagrante delicto before the Court of Puntarenas, and the initial hearing was held on July 24, 2025. As stated in audiovisual record 250005141109PE-24072025033719-2_Multi, on that occasion the prosecution described the facts under investigation, which consisted—in summary—that the accused [Name 001], on July 7, 2025, at approximately 09:25 hours, in his capacity as captain in command of a vessel, was in Puntarenas, Chomes, in the sea at Costa Pájaros, conducting fishing operations illegally, for commercial purposes, despite the fact that a closed-season period had been decreed for that zone, from May 1 to July 31, 2025, by INCOPESCA. In said hearing, Prosecutor Milena Piedra Blanco described the investigated facts and asked the Judge to accept jurisdiction by the Flagrancy Court. For her part, public defender Joselyn Pérez Molina did not object to the case being processed under the rules of that expedited procedure. The Judge who presided over the proceeding, Roberto Sobrazo Zamora, after listening to the parties, withdrew for a moment, and upon returning, informed them that jurisdiction was rejected and that he had analyzed the facts described by the prosecuting entity and that the processing of those facts via the Flagrancy route was rejected, considering that it was a permitted conduct. To support his position, he stated the following: That, although Article 78 of the Ley de Pesca establishes a criminal conduct for which the accused could deserve a sanction, the agreement issuing the closed-season order allows, in point nine, domestic fishing, and those who opt for this activity must comply with what is indicated in said agreement. He added that among the authorized means for domestic or subsistence fishing are fishing lines, and that the four yoyos found on the vessel, in principle, indicate that it is not commercial fishing. He highlighted that he read the facts described by the Ministerio Público, and that these indicate that several people were on the vessel, but despite that, only the accused was detained. Furthermore, at that moment only one fish was found, and the regulation indicates that a person engaged in domestic fishing can capture up to five species. He added that the shrimp found on him was farm-raised, so he would also not be engaging in illegal shrimp fishing. He emphasized that it does not follow from the facts that he is being charged with fishing for commercial purposes. He said he would have to assume that the fishing was for commercial purposes because the Ministerio Público has not provided sufficient elements to demonstrate that the product was for that purpose. He indicated that evidence such as the presence of yoyos and farm-raised shrimp purchased to be used as bait does not allow him to maintain that said activity was for commercial purposes. He reiterated that jurisdiction would not be decreed to process the procedure via the flagrancy route, and that, instead, a definitive dismissal (sobreseimiento definitivo) was going to be ordered, because the facts under investigation, in the judge's opinion, do not constitute the crime of illegal fishing. He then informed the parties that the definitive dismissal resolution would be issued in written form. Subsequently, on August 19, 2025, the Flagrancy Court of Puntarenas issued judgment number 320-F-2025, in which the following is indicated in the recitals section: "II.- DEFINITIVE DISMISSAL: Upon a detailed analysis of the present matter, it has been determined that the criminal action attributed to the accused is ATYPICAL, based on the following reasoning: In the Costa Rican Criminal Process, the topic of DEFINITIVE DISMISSAL is regulated in Articles 311 and following, which exhaustively state the following: ARTICLE 311.- Definitive Dismissal. Definitive dismissal shall be appropriate when: a)… b) The act does not fit a criminal figure....c)...d)...e)... Starting from the analysis of the preceding article, we have as a determining circumstance for the present ruling: That the Ministerio Público was attributing to the accused [Name 001], on 07/07/25 at approximately 09:25 hours, in his capacity as captain in command, that he was conducting fishing operations illegally, for commercial purposes …. During a closed season. From what is highlighted in bold, the investigated conduct stems from two main aspects: a) illegal fishing operation and b) that it is for commercial purposes, we shall analyze each point in detail, point a) they render it illegal for conducting fishing operations during a closed season according to agreement AJDIP/084-2025 of the Junta Directiva of Incopesca, which establishes the physical limits and the temporality of the closed season, establishing a fishing prohibition for all those persons who engage in commercial fishing, and b) that precisely said activity is carried out for commercial purposes, The Ley de Pesca y Acuicultura in its article 27 defines what commercial fishing is, indicating that it is that which is carried out to obtain economic benefits. These facts on which the Ministerio Público requested flagrancy proceedings and this court rejected, because from the report to the judicial authority of the Servicio Nacional de Guardacostas, it indicates that subjects try to hide a vessel, it is not known how many initially, that inside the vessel there are 4 fishing lines and one jack mackerel fish, 55 live farm-raised shrimp. That is, the imputed facts establish that they were conducting fishing operations illegally for commercial purposes, since they found 4 reels of fishing line (it is illegal fishing gear) everything to the contrary supported the sustainable use of maritime resources, one 2 kg jack mackerel fish and 55 live shrimp. Analyzing what was seized, it cannot be concluded that one of the subjects, who is accused of being the captain of the vessel, was doing so for commercial purposes, they did not have fishing gear that allowed massive capture of fish or other species, they did not carry any type of cooler or means of preserving what was caught, obviously they must have a few shrimp as bait. Article 77 defines subsistence fishing as domestic-use fishing, indicating that it is that which is carried out from land or in small boats solely through the use of rods, reels, or hand lines, without the purpose of profit and with the object of consuming the product for one's own subsistence or that of the family. In this sense, what is attributed to the accused does not fit within what we would call commercial fishing, but rather within subsistence fishing. Therefore, if the attributed conduct is being illegal fishing for carrying out fishing operations for commercial purposes, this last element makes the conduct become atypical, the Ministerio Público did not offer any evidentiary element giving the necessary degree of probability that we were facing commercial fishing, quite the contrary, the seized evidence shows the complete opposite, that it is subsistence fishing, there being a material impossibility that with said evidence added to the statement to be made by the officers of the Servicio Nacional de Guardacostas, the necessary certainty to establish a commercial purpose could be reached. Consequently, the facts imputed to the accused turn out to be ATYPICAL and the appropriate course is to order the definitive dismissal in favor of the accused [Name 001], for a crime committed to the detriment of NATURAL RESOURCES." From the preceding account, it is evident that in the processing of this case a series of actions occurred that violate due process, and that, therefore, render invalid the definitive dismissal judgment issued by the Flagrancy Court. On July 24, 2025, the initial hearing provided for the expedited procedure for flagrante delicto was held, in which the Criminal Judge was required to establish whether the facts that the Ministerio Público was investigating constituted a flagrante delicto crime, pursuant to Article 426 of the Code of Criminal Procedure. While the judge must make a preliminary analysis that the facts reported by the Ministerio Público could constitute criminal conduct in order to accept jurisdiction and for the event to be tried via the Flagrancy route, in this case, the Court Judge exceeded his powers, for the following reason. As is apparent from the audiovisual record of July 24, 2025, at that moment, the prosecutor only described the facts that the prosecuting entity was investigating without filing the accusatory pleading, but despite the fact that there was no conclusive act by the prosecuting entity, the Judge, on his own motion, conducted an analysis of the evidence, and also made assessments proper to the deliberation phase; on that occasion, he reported that he considered the evidence in the file was insufficient to prove that the described conduct was criminal, concluding that it could not be demonstrated that the fishing activity carried out by the accused was for commercial purposes. To do this, he made an evidentiary circumstantial analysis and an interpretation of the legal rules he deemed applicable to the specific case. The arguments given by the judge at the July 24, 2025 hearing, as well as those indicated in the definitive dismissal judgment number 320-F-2025, show that, to reach the conclusion that the facts were atypical, the Judge conducted an evidentiary assessment without giving the parties (Ministerio Público, defense, and Incopesca) the opportunity to refute the evidence, question the witnesses, and express the conclusions they deemed appropriate. In other words, it is not that the facts described by the Ministerio Público at the initial hearing were evidently atypical, but rather that, to reach that conclusion, the Judge performs his own evidentiary analysis, assigns value to each probative element, and even makes a circumstantial analysis, to conclude that said elements were insufficient to demonstrate illicit activity. This action violates due process, because proceedings were conducted that are not provided for the initial hearing in the procedural framework for the expedited flagrante delicto procedure, and the trial phase, which is the procedural stage where this type of evidentiary assessment must be carried out, was omitted. Furthermore, it is detected that the actions taken by the judge infringed upon the intervention that INCOPESCA could have had, since, as recorded on folio 21 of the record, as of February 14, said entity had expressed its intention to become a party in the matter; however, the cited hearing was held without its intervention, thereby violating the rights of that entity provided for in Articles 70, 71, and following of the Code of Criminal Procedure. Regarding the intervention of the Procuraduría General de la República as a procedural party, it was confirmed that said body reported as of February 16, 2025, that it would not act as a civil party or complainant, and that it would also not attend the July 24, 2025 hearing, so the detected error only causes harm to the procedural intervention of INCOPESCA. Likewise, it is confirmed that the provisions of Article 429 of the Code of Criminal Procedure were violated, which states that the flagrante delicto judgment shall be issued orally once the trial is concluded, and in this case, the judgment was issued in written form, without the plenary phase being carried out, and the written definitive dismissal was issued 16 business days after the initial hearing was held, which contravenes the procedure provided for in the article under discussion. For the foregoing reasons, and due to the set of errors in the procedure described above, which violate due process (Articles 178 and following of the Code of Criminal Procedure), the appropriate course is to grant the sentence appeals filed, annul the definitive dismissal judgment, as well as annul the initial hearing held on July 24, 2025, and order the return of the record to the Flagrancy Court, so that the procedure is carried out in accordance with the provisions set forth in Articles 426 and following of the Code of Criminal Procedure. POR TANTO The sentence appeals filed by INCOPESCA and the Procuraduría General de la República were granted. The definitive dismissal ordered through judgment 320-F-2025 is annulled, as well as the initial hearing held on July 24, 2025, and the record is ordered to be returned to the Flagrancy Court of Puntarenas for a new processing of this matter, in accordance with the rules provided for the expedited flagrante delicto procedure. Digitally signed Gaudi móvil BCCR Adriana Escalante Moncada Francisco Lemus Víquez José Alberto Rojas Chacón Sentencing Appeals Judges Expediente Nº 25-000514-1109-PE Against: [Name 001] Crime: Violation of the Hunting and Fishing Law Aggrieved Party: Natural Resources angie Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 14:18:03. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República