Res. 00111-2026 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José — Overturning of acquittal for logging in a protection zone due to flawed evidentiary assessmentAnulación de absolución por tala en zona de protección por defectuosa valoración de prueba

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José

Resolución Nº 00111 - 2026

Fecha de la Resolución: 23 de Enero del 2026 a las 08:00

Expediente: 19-000650-0485-PE

Redactado por: Rosa Acón Ng

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

Resolución: 2026-0111

Expediente: 19-000650-0485-PE(3)

 

 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, al ser las ocho horas, del 23 de enero de dos mil veintiséis.-

 RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], mayor, costarricense, cédula de identidad número [Valor 001], nacido en Cartago, el 31 de diciembre de 1974, hijo de [Nombre 002] y [Nombre 003], soltero, vecino de Limón; por el delito de TALA EN ZONA DE PROTECCIÓN, en perjuicio de MEDIO AMBIENTE. Intervienen en la decisión las juezas Rosa María Acón Ng, Laura Gabriela Murillo Mora y Alejandra Valenciano Chinchilla. Se apersonaron en esta sede el licenciado Gerardo Anchía Rodríguez en representación del ministerio público .

RESULTANDO:

 I.- Que mediante sentencia número 767-2025, de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de setiembre de dos mil veinticinco, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y artículos 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 39 y 41 de la Constitución Política, artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 9 y 14 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, 1 , 4, 11 y 16 del CPP, artículos 1 a 15, 142, 180, 184, 361, 363 a 366 del Código Penal, en aplicación del principio In dubio pro reo, se absuelve de toda pena y responsabilidad al encartado [Nombre 001], por el delito de Tala en zona de Protección, que se le venía atribuyendo en perjuicio de Medio Ambiente. Se falla este asunto sin especial condenatoria en costas. En cuanto al bien decomisado de conformidad con el artículo 110 del Código Penal, se ordena el comiso a favor del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Tortuguero. Quedan las partes debidamente notificadas de la presente sentencia, la que ha sido dictada de forma oral e íntegra. Es todo. -" (sic).

 II.- Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Gerardo Anchía Rodríguez, interpuso recurso de apelación.

 III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

 IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

 Redacta la jueza de Apelación de Sentencia Penal Acón Ng; y,

CONSIDERANDO:

 I.- Mediante escrito presentado el 07 de octubre de 2025 (cfr. folio 139 fte. exp. físico), el licenciado Gerardo Anchía Rodríguez, en su condición de fiscal auxiliar de Pococí, interpone recurso de apelación en contra de la sentencia N°767-2025, dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí, a las 14:55 horas del 22 de setiembre de 2025, en la que se absolvió de toda pena y responsabilidad a [Nombre 001], por el delito de tala en zona de protección que fue acusado en su contra, como cometido en daño del medio ambiente. De la lectura de la impugnación y del estudio de los antecedentes del expediente, se determina que el recurso se presentó en tiempo conforme al plazo de ley, así como que cumple con los presupuestos necesarios para su adecuado conocimiento en orden al examen integral del fallo, tal y como lo exige el numeral 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 II.- ÚNICO MOTIVO. Bajo el título: Falta de fundamentación intelectiva por errónea valoración de la prueba y violación de las reglas de la sana crítica racional, el Ministerio Público impugna la sentencia absolutoria dictada a favor de [Nombre 001], alegando que el tribunal incurrió en una deficiente fundamentación intelectiva, al valorar de manera incorrecta, fragmentada y subjetiva la prueba producida en juicio, apartándose de las reglas de la sana crítica racional y del análisis lógico e integral exigido por el Código Procesal Penal. Sostiene que el tribunal construyó la absolución sobre una duda no razonable, centrada casi exclusivamente en supuestas falencias en la identificación del imputado, sin valorar de forma conjunta y coherente el conjunto probatorio existente, especialmente la prueba testimonial y documental que, según el recurrente, sí permitía acreditar la autoría. El apelante asevera que la sentencia carece de claridad y precisión en su motivación, pues el juzgador indicó que analizaría la prueba mientras la enumeraba, pero de ese ejercicio se desprenden contradicciones internas, omisiones relevantes y una errónea ponderación de la declaración de la testigo [Nombre 004] y de la prueba documental vinculada con la identificación del imputado. Recrimina que el tribunal calificara aspectos periféricos como medulares, sin justificarlo adecuadamente. Asimismo, cuestiona que el tribunal otorgara pleno valor a la declaración de la testigo [Nombre 004], pero que al mismo tiempo utilizara el solo detalle de la falta de recuerdo para generar duda sobre la identificación, desatendiendo el resto de la actuación investigativa y probatoria. El visor fiscal recuerda que la acusación describía con claridad los hechos, indicando que el imputado fue sorprendido realizando una tala ilegal con motosierra en una finca específica, sin permisos forestales, siendo abordado por funcionarios del SINAC, identificado en el sitio y vinculado con el decomiso del equipo. Que, durante el juicio, la testigo [Nombre 004] declaró que junto con otros funcionarios atendió una denuncia, escuchó una motosierra, observó la tala en un área protegida, abordó al responsable, lo identificó como el imputado y constató que no contaba con permisos. Estas declaraciones, asegura el impugnante, resultan consistentes con los informes del SINAC, el acta de decomiso y la posterior declaración del imputado en sede investigativa. No obstante, aduce, el tribunal desestimó la autoría al considerar que no se acreditó con certeza que el imputado fue quien cometió la tala, a pesar de admitir que el hecho ocurrió en la fecha indicada. Luego, el representante del ente fiscal detalla los siguientes cuestionamientos específicos al fallo oral dictado: Minuto 07:00: Reprocha que el tribunal expone los hechos acusados de forma comprensible, pero luego no les otorga valor probatorio suficiente, pese a que de esa descripción se desprende una identificación clara del imputado y su vinculación directa con la tala ilegal. Minuto 08:00: El juzgador afirma que no puede tenerse por acreditado que el imputado cometió los hechos, aunque reconoce que la tala sí ocurrió el 4 de marzo de 2019. El recurrente señala que esta conclusión es contradictoria, ya que ignora la prueba que vincula directamente al imputado con la acción ilícita. Minuto 10:00: Critica que el tribunal reconoce que la testigo [Nombre 004] observó a una persona talando y que permitió que esta terminara la actividad, pero cuestiona la actuación de los funcionarios del SINAC por no haber aprehendido al imputado dentro del plazo legal. El recurrente sostiene que el tribunal introduce exigencias impropias y traslada la supuesta falencia operativa a una duda sobre la autoría, sin sustento lógico. Minuto 11:00: El juzgador reconoce que se tomaron los datos de la persona que utilizaba la motosierra y que estos fueron corroborados posteriormente, pero luego se contradice al restar credibilidad a la identificación, alegando que no existe certeza de que los datos provinieran de la cédula del imputado, pese a que la testigo [Nombre 004] nunca afirmó lo contrario. Minutos 13 y 14: Cuestiona que el tribunal introduce especulaciones al sugerir que una tercera persona pudo haber aportado los datos del imputado, sin que exista prueba alguna de la presencia de otras personas o de una suplantación de identidad. Para el fiscal impugnante, esta duda se construye sobre conjeturas y no sobre elementos objetivos del proceso. Minuto 14: El juzgador insiste en que la prueba no garantiza que no haya ocurrido una excepción en la identificación del imputado, apoyándose en el recuerdo parcial de la testigo sobre si vio o no la cédula. El visor fiscal sostiene que esta duda no es razonable ni proporcional frente al resto del material probatorio. Minutos 16 y 17: Reclama que el tribunal, al intentar cumplir con la fundamentación, se limitó a leer notas de la declaración de la testigo [Nombre 004], sin explicar cómo de ese contenido surge la duda sobre la identidad del imputado, ni cuál elemento concreto genera incertidumbre suficiente para absolver. A partir del minuto 17: El recurrente aqueja que el juez se contradice al señalar primero que no puede valorarse la declaración previa del imputado por no haber sido rendida en juicio, y luego procede a valorarla de forma sesgada y no integral, sin confrontarla con el resto de la prueba, lo que implica una valoración incompleta y contraria a las reglas legales. Fustiga que el tribunal mutiló la declaración del imputado, pues si bien este reconoció haber estado trabajando en el sitio, el juzgador utilizó esa manifestación únicamente en su beneficio, sin valorar que la firma en dicha declaración coincide con la del acta de decomiso de la motosierra usada para cometer los hechos y con la declaración de la testigo de cargo [Nombre 004], lo que ubica al imputado en el lugar y momento de los sucesos. El representante del ente fiscal critica que el tribunal introdujera tesis alternativas no planteadas en ninguna etapa del proceso, tales como la posibilidad de que el acriminado hubiera sido identificado erróneamente, que otra persona hubiese aportado sus datos, o que se tratara de un evento distinto. Tales hipótesis, según el recurrente, carecen totalmente de sustento probatorio y no derivan de la prueba judicializada. El a quo, lejos de realizar un cotejo lógico entre los elementos probatorios, se limitó a extraer fragmentos aislados de la declaración de la testigo [Nombre 004] y del encartado, sin explicar por qué les otorgó mayor peso a ciertos aspectos y desechó otros que resultaban concordantes. Reprocha que el tribunal nunca analizó de forma completa que la testigo de cargo no solo observó a una persona talando, sino que: i) Le solicitó sus datos de identificación; ii) se levantó un acta firmada; iii) Esos datos coincidieron con la declaración indagatoria del imputado; iv) Posteriormente se corroboró la información mediante diligencias de investigación. El fiscal impugnante subraya que el tribunal tampoco valoró que el acusado manifestó trabajar para el administrador de la finca, quien fue posteriormente entrevistado, sin que este refiriera la presencia de una tercera persona, lo cual descarta razonablemente una suplantación de identidad. Minuto 21: El tribunal resta valor a la declaración de la testigo [Nombre 004] porque no recuerda con precisión las características físicas del imputado tras varios años de ocurridos los hechos, asimilando indebidamente esa falta de recuerdo a una no identificación, y omitiendo que su rol fue el de funcionaria actuante en un procedimiento rutinario, no el de una víctima directa de un hecho traumático. Minuto 22: El juzgador afirma que “la declaración es bastante clara en que no hay seguridad sobre estos puntos”, tergiversando el contenido real de la declaración de la testigo [Nombre 004], que en ningún momento negó la identificación ni la vinculación del imputado con la tala. Minuto 23: El tribunal sostiene que las características físicas mencionadas por la deponente [Nombre 004] eran muy generales, olvidando que no se trataba de un caso de identificación de una persona desconocida, sino de un sujeto abordado en flagrancia, identificado en el sitio y vinculado con los hechos mediante múltiples diligencias posteriores. Finaliza diciendo que, producto de esta errónea valoración de la prueba y de los elementos típicos del delito, se dejó impune una conducta claramente demostrada, negándose una respuesta penal adecuada frente a un daño ambiental, y transmitiendo el mensaje de que el transcurso del tiempo o la introducción de dudas infundadas pueden neutralizar la responsabilidad penal. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación, se anule la sentencia absolutoria y se ordene la realización de un nuevo juicio ante un tribunal distinto, para que se conozcan nuevamente los hechos y se dicte una resolución conforme a Derecho. Le asiste razón al recurrente. Del examen minucioso de la sentencia oral impugnada y de la totalidad del material probatorio incorporado al debate, esta cámara de apelación advierte que la absolutoria dictada se apoya en una construcción defectuosa de la duda, ajena al contenido real de la prueba y contraria a las reglas de la sana crítica. Si bien el tribunal de juicio afirmó actuar con especial cautela al estar en juego la libertad personal, esa premisa no lo habilitaba a sustituir el análisis racional de la prueba por conjeturas ni a desarticular, sin fundamento objetivo, un conjunto probatorio claro, coherente y concordante. Aunque el fallo dice no tener ningún hecho como probado, a lo largo de su exposición, en múltiples pasajes de su explicación oral, el juez reconoce como plenamente acreditado que el 4 de marzo de 2019, en horas del día, en una finca ubicada en el sector de Colorado, dentro de un humedal, una persona fue sorprendida realizando una tala sin permiso, utilizando una motosierra, la cual fue decomisada por funcionarios del SINAC. Sin embargo, pese a tener por acaecido este suceso, el tribunal excluyó la autoría del imputado bajo el argumento de una supuesta falta de certeza en su identificación, sin efectuar un examen integral de la prueba que documenta precisamente esa identificación. En efecto, de los informes administrativos y técnicos producidos en el sitio del suceso -en particular el informe No. ACTO-DRFVS-PMF-068-2019 del SINAC-MINAE, el acta de decomiso No. 1736, el informe de gira No. 0322 del SINAC y el Oficio No. ACTO-DRFVS-EPMF-186-2019 del SINAC- se desprende de manera uniforme que la persona encontrada utilizando la motosierra y realizando la tala de un árbol fue identificada como [Nombre 001], consignándose su nombre completo, número de cédula y su firma como receptor del decomiso del instrumento utilizado para la comisión del hecho. Esta documentación no fue analizada de forma articulada por el tribunal de juicio, que se limitó a cuestionar de manera aislada el procedimiento de identificación, sin explicar por qué dichos documentos carecerían de fuerza acreditativa ni de qué manera concreta se verían desvirtuados por la prueba rendida en el debate. Resulta particularmente criticable que la sentencia recurrida centre la duda en la circunstancia de que la testigo [Nombre 004], seis años después de los hechos, no recordara con precisión si observó materialmente la cédula de identidad del sindicado ni pudiera reconocerlo físicamente en sala. Tal razonamiento desconoce que la identificación del encartado no descansa en la memoria retrospectiva de la testigo, sino en los actos formales y documentados realizados en el momento del abordaje, los cuales fueron plasmados en actas e informes oficiales elaborados en el ejercicio de funciones públicas. El tribunal de juicio confunde así la imposibilidad de un reconocimiento personal tardío con la inexistencia de identificación en el sitio del suceso, sustituyendo el análisis probatorio por una exigencia irrazonable de certeza absoluta incompatible con la valoración racional de la prueba. A ello se suma que el tribunal omitió por completo analizar un elemento objetivo de especial relevancia para la identificación, cual es la coincidencia entre la firma que consta en el acta de decomiso No. 1736 y la firma del acusado en su declaración indagatoria. Esta omisión resulta inexplicable, pues dicho cotejo refuerza de manera directa la conclusión de que fue el endilgado quien recibió el acta de decomiso y, por ende, la persona intervenida en el sitio de la tala. La ausencia de todo razonamiento al respecto evidencia una valoración incompleta y fragmentada de la prueba. Asimismo, el tribunal de juicio tergiversa el alcance de la declaración de la testigo [Nombre 004] al afirmar que esta fue “clara” en establecer que no había seguridad sobre la identidad del autor. Por el contrario, de su relato se desprende que abordó personalmente a la persona que se encontraba talando, solicitó sus datos de identificación, confeccionó el acta de decomiso, participó en la elaboración de los informes técnicos y administrativos y reconoció como propios dichos documentos en los que se identifica al imputado. La falta de recuerdo sobre rasgos físicos específicos o sobre la exhibición concreta de un documento de identidad, explicable por el transcurso del tiempo y por la naturaleza rutinaria del procedimiento, no equivale a una negación de la identificación realizada ni autoriza a vaciar de contenido probatorio los actos formales documentados. Finalmente, la sentencia recurrida introduce hipótesis alternativas -como la posibilidad de que los datos hubieran sido suministrados por una tercera persona, que se tratara de una identificación errónea o que existiera una excepción al procedimiento habitual- sin que ninguna de ellas encuentre respaldo en la prueba producida en el debate. Tales hipótesis no derivan de hechos acreditados, sino de meras especulaciones que el tribunal utiliza para erosionar artificialmente la fuerza de la prueba incriminatoria. La duda razonable no puede construirse a partir de posibilidades abstractas ni de escenarios hipotéticos no probados, sino que debe surgir de una confrontación lógica y completa de los elementos de convicción, lo que en el caso no ocurrió. En consecuencia, la absolutoria dictada se funda en una duda infundada, desconectada del elenco probatorio y producto de una valoración parcial y especulativa de la prueba, lo que configura una falta de fundamentación intelectiva que torna insostenible la decisión adoptada y obliga a este Tribunal a acoger el motivo del recurso por la violación de los artículos 1, 9, 142, 180, 182, 184 y 363 del Código Procesal Penal y, en consecuencia, a decretar la ilegalidad del fallo oral recurrido. Por lo expuesto, se declara con lugar el recurso de apelación incoado por la representación del Ministerio Público, por lo que se anula en su totalidad la resolución recurrida y se ordena el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen para que, con distinta integración, proceda a resolver lo que en Derecho corresponde.                                 

POR TANTO:

 Se declara con lugar el recurso de apelación incoado en representación del Ministerio Público, por el licenciado Gerardo Anchía Rodríguez, por lo que se anula en su totalidad el fallo impugnado. En consecuencia, se ordena el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen para que, con distinta integración, proceda a resolver lo que en Derecho corresponde. NOTIFÍQUESE.

 

 

 

Rosa María Acón Ng

 

 

Laura Gabriela Murillo Mora                                      Alejandra Valenciano Chinchilla                                

Juezas de Apelación de Sentencia Penal

 

Expediente: 19-000650-0485-PE(3)

Imputado: [Nombre 001]

Ofendido: Medio Ambiente

Delito: Tala en zona de protección

  

AVARGASQ

Exp.: 19-000650-0485-PE(3) - VOTO 2026-0111 - pág.: 1

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:45:42.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Appeals Court of Criminal Sentencing, Second Judicial Circuit of San José

Resolution No. 00111 - 2026

Resolution Date: January 23, 2026, at 08:00

Case File: 19-000650-0485-PE

Drafted by: Rosa Acón Ng

Type of Matter: Criminal appeal

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Judgment with protected data, in accordance with current regulations


Text of the resolution

Resolution: 2026-0111

Case File: 19-000650-0485-PE(3)

 

 APPEALS COURT OF CRIMINAL SENTENCING. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at eight o'clock, on January 23, two thousand twenty-six.-

 APPEAL filed in the present case against [Name 001], of legal age, Costa Rican, identity card number [Value 001], born in Cartago, on December 31, 1974, son of [Name 002] and [Name 003], single, resident of Limón; for the crime of ILLEGAL LOGGING IN A PROTECTION ZONE, to the detriment of THE ENVIRONMENT. Judges Rosa María Acón Ng, Laura Gabriela Murillo Mora, and Alejandra Valenciano Chinchilla participate in the decision. Attorney Gerardo Anchía Rodríguez appeared at this venue representing the Public Prosecutor's Office.

WHEREAS:

 I.- That by judgment number 767-2025, at fourteen fifty-five hours on September twenty-second, two thousand twenty-five, the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Zona Atlántica, resolved: "POR TANTO: In accordance with the foregoing and articles 8.2 of the American Convention on Human Rights, 39 and 41 of the Political Constitution, article 11 of the Universal Declaration of Human Rights, 9 and 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, 1, 4, 11 and 16 of the CPP, articles 1 to 15, 142, 180, 184, 361, 363 to 366 of the Criminal Code, in application of the In dubio pro reo principle, the accused [Name 001] is acquitted of all penalty and responsibility for the crime of Illegal Logging in a Protection Zone, which was attributed to him to the detriment of the Environment. This matter is adjudged without special condemnation in costs. Regarding the seized property, in accordance with article 110 of the Criminal Code, its forfeiture (comiso) is ordered in favor of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Tortuguero. The parties are duly notified of this judgment, which has been delivered orally and in its entirety. That is all. -" (sic).

 II.- That against the preceding ruling, Attorney Gerardo Anchía Rodríguez filed an appeal.

 III.- That after the respective deliberation was verified in accordance with the provisions of article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the appeal.

 IV.- That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.

 Drafted by Appeals Court of Criminal Sentencing Judge Acón Ng; and,

WHEREAS:

 I.- By means of a brief filed on October 7, 2025 (cf. folio 139 fte. physical file), Attorney Gerardo Anchía Rodríguez, in his capacity as assistant prosecutor of Pococí, files an appeal against judgment No. 767-2025, issued by the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Zona Atlántica, Pococí venue, at 14:55 hours on September 22, 2025, in which [Name 001] was acquitted of all penalty and responsibility for the crime of illegal logging in a protection zone for which he was accused, committed to the detriment of the environment. From the reading of the challenge and the study of the case file background, it is determined that the appeal was filed in a timely manner according to the legal deadline, and that it meets the necessary prerequisites for its adequate consideration in order to conduct a comprehensive review of the ruling, as required by numeral 8.2h of the American Convention on Human Rights.

 II.- SOLE GROUND. Under the title: Lack of intellectual reasoning due to erroneous assessment of the evidence and violation of the rules of sound rational criticism, the Public Prosecutor's Office challenges the acquittal issued in favor of [Name 001], alleging that the court incurred in deficient intellectual reasoning by assessing the evidence produced at trial incorrectly, in a fragmented and subjective manner, departing from the rules of sound rational criticism and the logical and comprehensive analysis required by the Code of Criminal Procedure. It maintains that the court built the acquittal on a non-reasonable doubt, centered almost exclusively on supposed flaws in the identification of the accused, without jointly and coherently assessing the existing body of evidence, especially the testimonial and documentary evidence that, according to the appellant, did allow authorship to be proven. The appellant asserts that the judgment lacks clarity and precision in its reasoning, because the adjudicator indicated that he would analyze the evidence while enumerating it, but internal contradictions, relevant omissions, and an erroneous weighting of the statement of witness [Name 004] and the documentary evidence linked to the identification of the accused emerge from this exercise. It reproaches that the court described peripheral aspects as core issues, without adequately justifying it. Likewise, it questions that the court granted full value to the statement of witness [Name 004], but at the same time used the mere detail of her lack of recall to generate doubt about the identification, disregarding the rest of the investigative and evidentiary action. The prosecutorial inspector recalls that the accusation clearly described the facts, indicating that the accused was caught carrying out illegal logging with a chainsaw on a specific property, without forestry permits, and was approached by SINAC officials, identified on site, and linked to the seizure of the equipment. That, during the trial, witness [Name 004] declared that together with other officials she responded to a report, heard a chainsaw, observed the logging in a protected area, approached the person responsible, identified him as the accused, and verified that he did not have permits. These statements, the challenger affirms, are consistent with the SINAC reports, the seizure record (acta de decomiso), and the subsequent statement of the accused during the investigative phase. However, he argues, the court dismissed authorship by considering that it was not proven with certainty that the accused was the one who committed the logging, despite admitting that the event occurred on the indicated date. Then, the representative of the prosecutorial body details the following specific objections to the oral ruling delivered: Minute 07:00: He criticizes that the court sets out the accused facts in an understandable manner, but then does not grant them sufficient probative value, despite the fact that a clear identification of the accused and his direct link to the illegal logging emerges from this description. Minute 08:00: The adjudicator states that it cannot be taken as proven that the accused committed the acts, although he acknowledges that the logging did occur on March 4, 2019. The appellant points out that this conclusion is contradictory, as it ignores the evidence that directly links the accused to the illicit action. Minute 10:00: He criticizes that the court acknowledges that witness [Name 004] observed a person logging and that she allowed this person to finish the activity, but questions the actions of the SINAC officials for not having apprehended the accused within the legal term. The appellant maintains that the court introduces improper demands and transfers the alleged operational deficiency to a doubt about authorship, without logical support. Minute 11:00: The adjudicator acknowledges that the data of the person using the chainsaw was taken and that this was subsequently corroborated, but then contradicts himself by detracting credibility from the identification, claiming there is no certainty that the data came from the accused's identity card (cédula), even though witness [Name 004] never stated otherwise. Minutes 13 and 14: He questions that the court introduces speculations by suggesting that a third person could have provided the accused's data, without any evidence of the presence of other persons or identity theft. For the prosecuting attorney, this doubt is built on conjecture and not on objective elements of the process. Minute 14: The adjudicator insists that the evidence does not guarantee that an exception in the identification of the accused did not occur, relying on the witness's partial memory of whether or not she saw the identity card. The prosecutorial inspector maintains that this doubt is neither reasonable nor proportionate compared to the rest of the evidentiary material. Minutes 16 and 17: He complains that the court, in attempting to comply with the reasoning requirement, limited itself to reading notes from the statement of witness [Name 004], without explaining how doubt about the identity of the accused arises from that content, or which specific element generates sufficient uncertainty to acquit. From minute 17: The appellant complains that the judge contradicts himself by first stating that the prior statement of the accused cannot be assessed because it was not given at trial, and then proceeds to assess it in a biased and non-comprehensive manner, without confronting it with the rest of the evidence, which implies an incomplete assessment contrary to legal rules. He censures that the court mutilated the accused's statement, because although he acknowledged having been working at the site, the adjudicator used that statement only for his benefit, without assessing that the signature on said statement matches the one on the seizure record for the chainsaw used to commit the acts and with the statement of the prosecution witness [Name 004], which places the accused at the place and time of the events. The representative of the prosecutorial body criticizes that the court introduced alternative theories not raised at any stage of the process, such as the possibility that the accused was mistakenly identified, that another person provided his data, or that it was a different event. Such hypotheses, according to the appellant, completely lack evidentiary support and do not derive from the evidence presented in court. The lower court (a quo), far from carrying out a logical comparison between the evidentiary elements, limited itself to extracting isolated fragments from the statements of witness [Name 004] and the accused, without explaining why it gave greater weight to certain aspects and discarded others that were concordant. It reproaches that the court never fully analyzed that the prosecution witness not only observed a person logging, but also: i) Requested their identification data; ii) a signed record was drawn up; iii) That data matched the investigative statement (declaración indagatoria) of the accused; iv) The information was subsequently corroborated through investigative measures. The prosecuting attorney emphasizes that the court also did not assess that the accused stated he worked for the farm administrator, who was subsequently interviewed, without the latter mentioning the presence of a third person, which reasonably rules out identity theft. Minute 21: The court detracts value from the statement of witness [Name 004] because she does not accurately remember the physical characteristics of the accused several years after the events occurred, improperly equating this lack of recall with a non-identification, and omitting that her role was that of an acting official in a routine procedure, not that of a direct victim of a traumatic event. Minute 22: The adjudicator states that "the statement is quite clear that there is no certainty on these points," distorting the real content of witness [Name 004]'s statement, who at no time denied the identification or the link of the accused to the logging. Minute 23: The court maintains that the physical characteristics mentioned by the deponent [Name 004] were very general, forgetting that it was not a case of identifying an unknown person, but of a subject caught in flagrante delicto, identified at the site, and linked to the events through multiple subsequent proceedings. It concludes by saying that, as a result of this erroneous assessment of the evidence and the typical elements of the crime, a clearly demonstrated conduct was left unpunished, denying an adequate criminal response to environmental damage, and conveying the message that the passage of time or the introduction of unfounded doubts can neutralize criminal responsibility. It requests that the appeal be granted, the acquittal be annulled, and a new trial be ordered before a different court, so that the facts are heard again and a resolution is issued in accordance with the Law. The appellant is correct. From the meticulous examination of the challenged oral judgment and the entirety of the evidentiary material incorporated into the debate, this appeals chamber notes that the acquittal issued relies on a defective construction of doubt, alien to the real content of the proof and contrary to the rules of sound rational criticism. Although the trial court affirmed it acted with special caution since personal liberty was at stake, that premise did not authorize it to replace the rational analysis of the evidence with conjecture, nor to dismantle, without objective basis, a clear, coherent, and concordant body of proof. Even though the ruling says it does not consider any fact as proven, throughout its exposition, in multiple passages of its oral explanation, the judge acknowledges as fully accredited that on March 4, 2019, during the daytime, on a property located in the Colorado sector, within a wetland, a person was caught logging without a permit, using a chainsaw, which was seized by SINAC officials. However, despite having accepted this event as having occurred, the court excluded the authorship of the accused under the argument of a supposed lack of certainty in his identification, without carrying out a comprehensive examination of the proof that precisely documents that identification. In effect, from the administrative and technical reports produced at the site of the event - in particular Report No. ACTO-DRFVS-PMF-068-2019 of SINAC-MINAE, Seizure Record No. 1736, Field Trip Report No. 0322 of SINAC, and Official Letter No. ACTO-DRFVS-EPMF-186-2019 of SINAC - it uniformly appears that the person found using the chainsaw and carrying out the logging of a tree was identified as [Name 001], recording his full name, identity card number, and his signature as the recipient of the seizure of the instrument used for the commission of the act. This documentation was not analyzed in an articulated manner by the trial court, which limited itself to questioning the identification procedure in isolation, without explaining why said documents would lack probative force or in what specific way they would be distorted by the evidence presented in the debate. It is particularly objectionable that the appealed judgment centers the doubt on the circumstance that witness [Name 004], six years after the facts, did not remember accurately whether she materially observed the defendant's identity card nor could recognize him physically in the courtroom. Such reasoning ignores that the identification of the accused does not rest on the retrospective memory of the witness, but on the formal and documented acts carried out at the moment of the approach, which were recorded in official records and reports prepared in the exercise of public functions. The trial court thus confuses the impossibility of a late personal recognition with the non-existence of identification at the site of the event, substituting evidentiary analysis with an unreasonable demand for absolute certainty incompatible with the rational assessment of evidence. To this must be added that the court completely omitted to analyze an objective element of special relevance for identification, which is the coincidence between the signature appearing on Seizure Record No. 1736 and the signature of the accused in his investigative statement. This omission is inexplicable, as said comparison directly reinforces the conclusion that it was the accused who received the seizure record and, therefore, the person intercepted at the site of the logging. The absence of any reasoning in this regard evidences an incomplete and fragmented assessment of the evidence. Likewise, the trial court distorts the scope of the statement of witness [Name 004] by affirming that she was "clear" in establishing that there was no certainty about the identity of the perpetrator. On the contrary, from her account it emerges that she personally approached the person who was logging, requested their identification data, prepared the seizure record, participated in the preparation of the technical and administrative reports, and recognized these documents as her own, in which the accused is identified. The lack of recall about specific physical features or the concrete exhibition of an identity document, explainable by the passage of time and the routine nature of the procedure, does not equate to a denial of the identification made nor authorizes stripping the documented formal acts of their probative content. Finally, the appealed judgment introduces alternative hypotheses - such as the possibility that the data could have been supplied by a third person, that it was a mistaken identification, or that there was an exception to the usual procedure - none of which finds support in the evidence produced in the debate. Such hypotheses do not derive from accredited facts, but from mere speculation that the court uses to artificially erode the force of the incriminating evidence. Reasonable doubt cannot be constructed from abstract possibilities or hypothetical, unproven scenarios, but must arise from a logical and complete confrontation of the elements of conviction, which did not occur in this case. Consequently, the acquittal issued is based on an unfounded doubt, disconnected from the body of evidence and product of a partial and speculative assessment of the proof, which constitutes a lack of intellectual reasoning that renders the adopted decision unsustainable and obliges this Court to uphold the ground of the appeal for the violation of articles 1, 9, 142, 180, 182, 184, and 363 of the Code of Criminal Procedure and, consequently, to decree the illegality of the appealed oral ruling. Based on the foregoing, the appeal filed by the representation of the Public Prosecutor's Office is granted, whereby the appealed resolution is annulled in its entirety and the case is remanded to the original Criminal Trial Court so that, with a different panel (distinta integración), it may proceed to resolve as in Law corresponds.                                 

POR TANTO:

 The appeal filed on behalf of the Public Prosecutor's Office by Attorney Gerardo Anchía Rodríguez is granted, whereby the challenged ruling is annulled in its entirety. Consequently, the case is remanded to the original Criminal Trial Court so that, with a different panel (distinta integración), it may proceed to resolve as in Law corresponds. NOTIFÍQUESE.

 

 

 

Rosa María Acón Ng

 

 

Laura Gabriela Murillo Mora                                       Alejandra Valenciano Chinchilla                               

Judges of the Appeals Court of Criminal Sentencing

 

Case File: 19-000650-0485-PE(3)

Accused: [Name 001]

Victim: The Environment

Crime: Illegal logging in a protection zone

  

AVARGASQ

Exp.: 19-000650-0485-PE(3) - VOTO 2026-0111 - p. 1

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 12:45:42.

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SCIJ de la Procuraduría General de la República