Res. 00178-1998 Tribunal de Casación Penal de San José — Protected zone must be delimited under the law in force at the time of the actZona protectora debe ser delimitada conforme a la ley vigente al momento del hecho

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Tribunal de Casación Penal de San José

Resolución Nº 00178 - 1998

Fecha de la Resolución: 16 de Marzo del 1998 a las 15:30

Expediente: 97-000243-0469-PE

Redactado por: Magda Pereira Villalobos

Clase de asunto: Recurso de casación

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución

  178-F-98

          TRIBUNAL DE CASACION PENAL.  Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea a las quince horas treinta minutos del dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

          RECURSO DE CASACION interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], mayor, cédula de identidad número CED1, casado, abogado, vecino de Heredia, por el delito de INFRACCION A LA LEY FORESTAL, en perjuicio de LA LEY FORESTAL.  Intervienen en la decisión del recurso los Jueces [Nombre2], Alejandro López Mc Adam y Fernando Cruz Castro.  Se apersonaron en Casación los Licenciados [Nombre3]. [Nombre4], [Nombre5] y [Nombre6] y el representante del Ministerio Público.

RESULTANDO:

          I.  Que mediante sentencia dictada a las quince horas veinte minutos del doce de noviembre de mil novecientos noventa y siete, el Juzgado Penal de Pococí y Guácimo, resolvió:  "En mérito de lo expuesto y normas 35, 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 30, 31 del Código Penal, y artículos 1, 392, 393, 395, 396, 398, 399 y 415 del Código de Procedimientos Penales y artículos 33, 34 en relación al artículo 59 Inciso b), 61 Inciso c) y 62 todos de la Ley Forestal Nº 7575 de 16 de abril 1996 y Decreto Nº 17390-MAG-S de 15 de diciembre de 1996, al resolver en definitiva el asunto presente, se acuerda:  Por las infracciones estipuladas en los artículos 61 Inciso c) y 62 de la Ley Forestal, se ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD a [Nombre1], ambos en perjuicio de la Ley Forestal, en relación a ellos serán las costas y los gastos del proceso a cargo del Estado.  Por la infracción al artículo 34 en relación al 33 y 58 Inciso b) de la Ley Forestal y en perjuicio de la citada Ley, se declara a [Nombre1] autor responsable de la comisión del mismo, y en tal carácter se le impone como sanción el tanto de TRES MESES DE PRISION, que deberá descontará una vez firme este fallo, en el lugar y la forma que lo determinen los respectivos  Reglamentos Penitenciarios.  Serán ambos costas a cargo del imputado y los gastos del proceso a cargo del estado.  Se ordena el comiso de la madera producto del ilícito, firme esta sentencia, la madera en cuestión será puesta a la orden de la Administración Forestal del Estado, para que disponga de ellos en la forma que considere más conveniente conforme a derecho corresponda.  Por lectura NOTIFIQUESE.  LIC. [Nombre7]. [Nombre8], Juez.". (Sic).

          II.  Que contra el anterior pronunciamiento, los Licenciados [Nombre3]. [Nombre4] y [Nombre5] interpusiron Recurso de Casación.

          III.  Q Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 481 del Código de Procedimientos Penales de 1973, en relación con el Transitorio I del Código Procesal Penal vigente, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.

          IV.  Que en los procedimientos se han observado las prescripciones pertinentes.

   REDACTA la Jueza [Nombre9]; y,

CONSIDERANDO:




          I.-  SE HAN INTERPUESTO DOS RECURSOS DE CASACION CONTRA LA SENTENCIA POR PARTE DE LOS CODEFENSORES LIC. [Nombre5] Y  LIC. [Nombre10], el Tribunal decide resolver de primero el Recurso interpuesto por el Fondo, por el Lic. [Nombre11].

          II.-  En el primer motivo por violación a la Ley Sustantiva, se reclama la errónea aplicación del artículo 33 de la Ley Forestal No. 7575 del 13 de febrero de 1996.  Alega el recurrente que su defendido fue condenado por aprovechar recursos forestales en un área de protección pero, los argumentos del A Quo no son válidos porque la corta de árboles que se realizó, no lo fue en área de protección legalmente constituida.  El inciso d) del artículo 33 de la referida ley, expresamente señala que, las áreas de protección serán determinadas por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley y, contrario a lo que se indica, el señor Juez erróneamente le da vigencia al Decreto Ejecutivo No- 17390-MAG-S del 15 de diciembre de 1986, mediante el cual se establece la Zona Protectora de Acuífero Pococí- Guácimo, a pesar de que dicho decreto tiene su base en la Ley Forestal No. 7032 y su reglamento que fueron declarados inconstitucionales y, con base en ese decreto condenó a su defendido.

En el segundo reclamo, también por violación a la Ley Sustantiva, se alega la violación del artículo 25 del Código Penal, por inobservancia.  El imputado, en criterio del recurrente, fue condenado por aprovechar recursos forestales en un área de protección pero, es claro del razonamiento del fallo que, la corta de árboles se realizó en un sistema agroforestal, cumpliendo con todos los requisitos que la ley y su reglamento obligan para el otorgamiento del respectivo permiso, conforme lo disponen los artículos 21 y 28 de la Ley Forestal, el acusado presentó la certificación correspondiente, expedida por el Regente Forestal de la zona, donde se explica el manejo forestal de la corta de árboles que realizó el imputado, el cual no abarca ninguna zona protectora. En todo caso la actuación del imputado ha sido de buena fe y amparada al funcionamiento usual de la práctica forestal, por lo que solicita se case la sentencia recurrida y en su lugar se absuelva a su defendido de toda responsabilidad.

          LOS RECLAMOS SE DECLARAN CON LUGAR:  Por estar íntimamente ligados, el Tribunal resuelve conocer de los agravios planteados en un solo considerando.  Del estudio de la resolución impugnada, libelo de impugnación y análisis minucioso de las leyes y reglamentos, el Tribunal estima que le asiste razón al recurrente en su Recurso por el Fondo.  En primer término tenemos una sentencia que contiene como hecho probado que, el imputado ordenó la corta de árboles en terrenos de su propiedad, amparado en un Certificado de Origen, expedido por un Ingeniero Forestal, si bien el señor Juez, en los considerandos de fondo cuestiona la forma en que ese certificado pudo haber sido otorgado y ordena un testimonio de piezas para que se investigue su hubo alguna irregularidad, es lo cierto que dicta absolutoria por la violación al artículo 61, inciso c de la Ley Forestal, precisamente porque no existe un criterio definido sobre lo que cada funcionario estima, en el estudio que realiza a efecto de declarar que determinada zona es agroforestal, en este sentido dice la sentencia que, "...tanto el imputado, como los funcionarios de la Administración Forestal, se encuentran ante una situación en donde la ley deja el concepto agroforestal abierto a diferentes interpretaciones que generan este tipo de conflictos"; el artículo 19, in fine de la Ley Forestal No. 7575, claramente establece "...en estos caos, la corta del bosque será limitada, proporcional y razonable para los fines antes expuestos.  Previamente deberá llenarse un cuestionario de preselección ante la Administración Forestal del Estado para determinar la posibilidad de exigir una evaluación del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley".  En el caso bajo examen, la sentencia acredita que tal autorización existió; el hecho de que el A Quo realice una serie de apreciaciones sobre posibles irregularidades, no desautoriza el permiso otorgado, cuya falsedad no ha sido declarada por autoridad competente; esto reviste importancia en relación a la aplicación del artículo 25 del Código Penal que reclama, por Falta de Aplicación el recurrente, es aquí donde se establece una íntima relación entre los agravios esgrimidos en el Recurso por el Fondo, porque el juzgador dicta absolutoria por considerar que el  acusado no realizó actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra, en contra de lo estipulado en el artículo 19 de la Ley Forestal, es decir sin contar con autorización del regente forestal, en consecuencia, en aplicación del artículo 25 del Código Penal actuó en ejercicio legítimo de un derecho, como propietario con autorización legal para realizar la corta; pese a esa autorización el señor Juez condena a don [Nombre12] por violación a los artículos 34, en relación al 33 y 58, inciso b, de la Ley Forestal No.7575.  Respecto a lo que disponen los artículos citados, es claro que el artículo 33 de la ley en referencia, en su inciso d), dispone que: "...las áreas de recarga y acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley"; el artículo 34 de la citada ley prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior y, por último el artículo 58, inciso b, contiene la sanción penal correspondiente.  El cuadro fáctico que establece la sentencia recurrida tiene como fecha de comisión del hecho acusado el primero de abril de mil novecientos noventa y siete, de donde la ley aplicable al caso concreto es la Ley Forestal No 7575 de 13 de febrero de 1996 y su respectivo reglamento No. 25721-MINAE del 17 de octubre de 1996.  Al dictar sentencia Condenatoria el A Quo, aplicando el decreto 17390-MAG-S, del 15 de diciembre de 1986, que creó zona protectora correspondiente a los acuíferos del Guácimo y Pococí, por considerar que la Inconstitucionalidad de la Ley Forestal 7032, sólo abarcó la ley y sus reglamentos, no el referido decreto, desconoció no sólo que el mencionado decreto es un decreto reglamentario, que posee alcance normativo y que nace desde luego con las facultades que la Constitución Política confiere al Poder Ejecutivo pero, para reglamentar la ley declarada inconstitucional, por lo que no tiene vida independiente y, segundo que la ley aplicable al caso concreto es la vigente al momento de comisión del hecho acusado, en sub-judice la Ley Forestal No. 7575, que en forma expresa remite a su reglamento, de donde aplicar el decreto que el señor Juez aplicó, el cual es más perjudicial al acusado, como bien lo apunta el recurrente, violenta el principio de aplicación de la ley en el tiempo, conforme lo disponen los artículos 11 y 12 del Código Penal, también violados en la resolución recurrida, porque le asiste al imputado el derecho, conforme a la Ley 7575 y su reglamento No 25721, artículo 3, a que las autoridades correspondientes otorgaran el certificado que fue aportado al debate y, además el inciso d) del artículo 33 de dicha ley, por el que se le condena, en forma expresa dice que, serán los órganos competentes establecidos en el reglamento a esa ley, los que declaran áreas de protección, las áreas de recarga y acuíferos de los manantiales, así como sus límites; en consecuencia el dar vigencia el señor Juez al decreto Ejecutivo 17390 MAL-S, violenta lo que la ley sustantiva establece expresamente, al no haberse realizado el trámite correspondiente para delimitar la zona protectora, conforme a la ley aplicable al caso bajo examen y partir como lo hizo el Tribunal de Mérito, del conocimiento exigido de un decreto que quedó insubsistente por la declaratoria de Inconstitucionalidad de la ley que le dio origen, conlleva la errónea aplicación de los artículos 34, en relación al 33 y 58, inciso b) de la Ley Forestal No. 7575, porque no se ha determinado en el caso bajo examen que, la zona donde se dio la autorización de la tala de árboles, por estimar el funcionario forestal que se estaba en presencia de zona agroforestal, se encuentre dentro de los límites de alguna zona protectora.  En consecuencia la condenatoria del imputado está basada en errónea aplicación de la ley sustantiva mencionada y procede por ello declarar con lugar el recurso interpuesto.  Se casa la sentencia recurrida y, en su lugar se ABSUELVE A [Nombre1], de toda pena y responsabilidad por el delito de violación a los artículos 34, en relación al 33 y 58, inciso b de la Ley Forestal No. 7575.  Dado lo resuelto en el presente recurso, por innecesario se omite pronunciamiento respecto del recurso de Casación interpuesto por el codefensor Lic. [Nombre10].

                             POR TANTO:

          Se declara con lugar el Recurso de Casación por el Fondo, interpuesto por el Licenciado [Nombre13], se casa la sentencia recurrida y, en su lugar se Absuelve de toda pena y responsabilidad a [Nombre1] por el delito de INFRACCION A LA LEY FORESTAL No. 7575, en sus artículos 34, en relación al 33 y 58 inciso b).  Cesen la medidas cautelares que se hubiesen impuesto.  Notifíquese.

          (Causa contra [Nombre14]. [Nombre13], por el delito de INFRACCION LEY FORESTAL, en perjuicio de LA LEY FORESTAL).  Exp. 97-243-469-PE-3.  Mec

 

 

 

    Licda. [Nombre2]

 

 

 

Dr. Fernando Cruz Castro               Lic. Alejandro López Mc Adam 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 07:37:55.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Cassation Criminal Court of San José

Resolution No. 00178 - 1998

Date of Resolution: 16 March 1998 at 15:30

Case File: 97-000243-0469-PE

Drafted by: Magda Pereira Villalobos

Type of matter: Cassation appeal

Analyzed by: JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER


Text of the resolution

178-F-98

CASATION CRIMINAL COURT. Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea, at fifteen hours thirty minutes on the sixteenth of March of nineteen ninety-eight.

CASSATION APPEAL filed in the present case brought against [Name1], of legal age, identity card number CED1, married, lawyer, resident of Heredia, for the offense of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW (INFRACCION A LA LEY FORESTAL), to the detriment of THE FORESTRY LAW. Judges [Name2], Alejandro López Mc Adam, and Fernando Cruz Castro participate in the decision on the appeal. Attorneys [Name3], [Name4], [Name5], and [Name6] and the representative of the Public Prosecutor's Office appeared in the cassation proceeding.

WHEREAS:

I. That by judgment delivered at fifteen hours twenty minutes on the twelfth of November of nineteen ninety-seven, the Criminal Court of Pococí and Guácimo resolved: "By virtue of the foregoing and articles 35, 39, and 41 of the Political Constitution, 1, 30, 31 of the Criminal Code, and articles 1, 392, 393, 395, 396, 398, 399, and 415 of the Code of Criminal Procedure and articles 33, 34 in relation to article 59 Subsection b), 61 Subsection c), and 62 all of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 of 16 April 1996 and Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 17390-MAG-S of 15 December 1996, upon definitely resolving the present matter, it is ordered: For the violations stipulated in articles 61 Subsection c) and 62 of the Forestry Law, [Name1] IS ACQUITTED OF ALL PUNISHMENT AND LIABILITY, both to the detriment of the Forestry Law; in relation to them, the costs and expenses of the proceedings shall be borne by the State. For the violation of article 34 in relation to 33 and 58 Subsection b) of the Forestry Law and to the detriment of the cited Law, [Name1] is declared the responsible perpetrator of its commission, and in such capacity the sanction of THREE MONTHS OF IMPRISONMENT is imposed upon him, which he shall serve once this judgment becomes final, at the place and in the manner determined by the respective Penitentiary Regulations. Both costs shall be borne by the accused and the expenses of the proceedings by the State. The forfeiture of the timber product of the illicit act is ordered; once this judgment is final, the timber in question shall be placed at the disposal of the State Forestry Administration, so that it may dispose of it in the manner it deems most convenient in accordance with the corresponding law. By reading, NOTIFY. LIC. [Name7]. [Name8], Judge." (Sic).

II. That against the foregoing ruling, Attorneys [Name3]. [Name4] and [Name5] filed a Cassation Appeal.

III. That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 481 of the Code of Criminal Procedure of 1973, in relation to Transitory Provision I of the current Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the appeal.

IV. That the pertinent prescriptions have been observed in the proceedings.

DRAFTED by Judge [Name9]; and,

WHEREAS:

I.- TWO CASSATION APPEALS HAVE BEEN FILED AGAINST THE JUDGMENT BY CO-DEFENSE COUNSEL LIC. [Name5] AND LIC. [Name10]; the Court decides to resolve first the Appeal filed on the merits, by Lic. [Name11].

II.- In the first ground, for violation of the Substantive Law, the erroneous application of article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 of 13 February 1996 is claimed. The appellant argues that his client was convicted for harvesting forest resources in a protection area but the arguments of the trial judge (A Quo) are not valid because the tree felling that was carried out was not in a legally constituted protection area. Subsection d) of article 33 of the referenced law expressly indicates that protection areas shall be determined by the competent bodies established in the regulations of this law and, contrary to what is indicated, the Judge erroneously gives effect to Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 17390-MAG-S of 15 December 1986, by which the Pococí-Guácimo Aquifer Protection Zone (Zona Protectora de Acuífero) is established, despite the fact that said decree is based on Forestry Law No. 7032 and its regulations, which were declared unconstitutional, and based on that decree he convicted his client.

In the second claim, also for violation of the Substantive Law, the violation of article 25 of the Criminal Code is alleged, for non-observance. The accused, in the appellant's view, was convicted for harvesting forest resources in a protection area, but it is clear from the reasoning in the judgment that the tree felling was carried out in an agroforestry system, complying with all the requirements that the law and its regulations mandate for the granting of the respective permit, as provided in articles 21 and 28 of the Forestry Law. The accused submitted the corresponding certification, issued by the Forest Regent (Regente Forestal) of the zone, which explains the forest management of the tree felling carried out by the accused, which does not encompass any protected zone. In any event, the accused's actions have been in good faith and supported by the usual functioning of forestry practice; therefore, he requests that the judgment appealed be quashed and that, in its place, his client be acquitted of all liability.

THE CLAIMS ARE DECLARED WITH MERIT: Being intimately linked, the Court decides to consider the grievances raised in a single recital. From the study of the challenged resolution, the appeal brief, and a meticulous analysis of the laws and regulations, the Court considers that the appellant is right in his appeal on the merits. First, we have a judgment that contains as a proven fact that the accused ordered the tree felling on his own property, supported by a Certificate of Origin (Certificado de Origen), issued by a Forestry Engineer. Although the Judge, in the substantive recitals, questions the manner in which that certificate could have been granted and orders a certified copy of documents to investigate whether there was any irregularity, it is certain that he issues an acquittal for the violation of article 61, subsection c of the Forestry Law, precisely because there is no defined criterion on what each official considers, in the study they carry out, in order to declare that a certain zone is agroforestry. In this sense, the judgment states that "...the accused, as well as the officials of the Forestry Administration, find themselves in a situation where the law leaves the agroforestry concept open to different interpretations that generate this type of conflict"; article 19, in fine of the Forestry Law No. 7575, clearly establishes "...in these cases, the felling of the forest shall be limited, proportional, and reasonable for the aforementioned purposes. A pre-selection questionnaire must first be completed before the State Forestry Administration to determine the possibility of requiring an environmental impact assessment (evaluación del impacto ambiental), as established by the regulations of this law." In the case under examination, the judgment certifies that such authorization existed; the fact that the trial judge makes a series of assessments about possible irregularities does not invalidate the granted permit, the falsehood of which has not been declared by a competent authority. This is important in relation to the application of article 25 of the Criminal Code, which the appellant claims for Lack of Application. It is here that an intimate relationship is established between the grievances put forward in the appeal on the merits, because the adjudicator issues an acquittal upon considering that the accused did not carry out activities that imply change in land use (cambio en el uso de la tierra), contrary to what is stipulated in article 19 of the Forestry Law, that is, without having the authorization of the forest regent. Consequently, in application of article 25 of the Criminal Code, he acted in the legitimate exercise of a right, as an owner with legal authorization to carry out the felling. Despite that authorization, the Judge convicts Mr. [Name12] for violation of articles 34, in relation to 33 and 58, subsection b, of the Forestry Law No. 7575. Regarding what the cited articles provide, it is clear that article 33 of the law in reference, in its subsection d), provides that: "...the recharge areas and aquifers of the springs (manantiales), the limits of which shall be determined by competent bodies established in the regulations of this law"; article 34 of the cited law prohibits the felling or elimination of trees in the protection areas described in the previous article, and finally, article 58, subsection b, contains the corresponding criminal penalty. The factual framework that the appealed judgment establishes has the date of commission of the charged act as the first of April of nineteen ninety-seven, from which the law applicable to the specific case is Forestry Law No. 7575 of 13 February 1996 and its respective regulation No. 25721-MINAE of 17 October 1996. In delivering a condemnatory judgment, the trial judge, applying Decree 17390-MAG-S, of 15 December 1986, which created a protection zone corresponding to the aquifers of Guácimo and Pococí, on the grounds that the unconstitutionality of Forestry Law 7032 only covered the law and its regulations, not the referenced decree, failed to recognize not only that the mentioned decree is a regulatory decree that has normative scope and that arises, of course, from the powers that the Political Constitution confers on the Executive Branch, but to regulate the law declared unconstitutional, so it has no independent life, and second, that the law applicable to the specific case is the one in force at the time of commission of the charged act, in the case at bar Forestry Law No. 7575, which expressly refers to its regulation. Hence, applying the decree that the Judge applied, which is more prejudicial to the accused, as the appellant correctly points out, violates the principle of application of the law over time, as provided in articles 11 and 12 of the Criminal Code, also violated in the appealed resolution, because the accused has the right, pursuant to Law 7575 and its regulation No. 25721, article 3, for the corresponding authorities to have issued the certificate that was provided at trial, and furthermore, subsection d) of article 33 of said law, under which he is convicted, expressly states that the competent bodies established in the regulation to that law shall be the ones that declare protection areas, the recharge areas and aquifers of the springs, as well as their limits. Consequently, the Judge giving effect to Executive Decree 17390 MAG-S violates what the substantive law expressly establishes, since the corresponding procedure to delimit the protection zone according to the law applicable to the case under examination was not carried out, and proceeding, as the Trial Court did, from the required knowledge of a decree that became ineffective due to the declaration of unconstitutionality of the law that gave rise to it, entails the erroneous application of articles 34, in relation to 33 and 58, subsection b) of Forestry Law No. 7575, because it has not been determined in the case under examination that the zone where the authorization for tree felling was granted—because the forestry official considered that it was an agroforestry zone—is within the limits of any protection zone. Consequently, the conviction of the accused is based on the erroneous application of the mentioned substantive law, and it is therefore appropriate to declare the filed appeal with merit. The judgment appealed is quashed, and in its place, [Name1] IS ACQUITTED of all punishment and liability for the offense of violation of articles 34, in relation to 33 and 58, subsection b of Forestry Law No. 7575. Given what has been resolved in this appeal, a ruling regarding the Cassation appeal filed by co-defense counsel Lic. [Name10] is omitted as unnecessary.

THEREFORE:

The Cassation Appeal on the Merits, filed by Attorney [Name13], is declared with merit; the judgment appealed is quashed, and in its place, [Name1] is Acquitted of all punishment and liability for the offense of VIOLATION OF FORESTRY LAW No. 7575, in its articles 34, in relation to 33 and 58 subsection b). Any precautionary measures that may have been imposed shall cease. Notify.

(Case against [Name14]. [Name13], for the offense of VIOLATION FORESTRY LAW, to the detriment of THE FORESTRY LAW). File 97-243-469-PE-3. Mec

Licda. [Name2]

Dr. Fernando Cruz Castro Lic. Alejandro López Mc Adam

It is a faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 29-03-2026 07:37:55.

SCIJ de Hacienda
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