Res. 00051-1995 Sala Primera de la Corte — Denial of Possession in the Guanacaste Volcanic Range Forest ReserveNegatoria de posesión en Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica de Guanacaste

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Sala Primera de la Corte

Resolución Nº 00051 - 1995

Fecha de la Resolución: 26 de Mayo del 1995 a las 15:15

Expediente: 95-000051-0004-AG

Redactado por: Ricardo Zeledón Zeledón

Clase de asunto: Proceso ordinario agrario

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Sentencia con Voto Salvado

Sentencias Relacionadas


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Ambiental

Tema: Recursos naturales

Subtemas:

Evolución histórica.
Análisis sobre la propiedad civil.

Tema: Propiedad

Subtemas:

Evolución histórica.
Limitaciones establecidas por ley.

"II.- Una versión de la historia de Costa Rica se centra en su espíritu de protección de los recursos naturales. Otra versión sería la del impulso de la agricultura, la ganadería y  el desarrollo de sus ciudades a costa de depradar los recursos naturales. Son dos tesis antagónicas. La verdadera historia gira en torno a estas dos visiones: la lucha por y a merced de los recursos naturales. Desde la Independencia ha existido un profundo sentido conservacionista coexistente con el desarrollo empresarial. Desde la legislación más incipiente del Siglo pasado se encuentran normas orientadas a tutelar las montañas, las costas y las fronteras del país. Las dos primeras con un sentido proteccionista, de un ecologismo ancestral, excluidas del dominio privado, mientras las últimas entrañan un sentido de defensa. Las montañas se conforman con los bosques de las Cordilleras Volcánicas. Atraviesan de Norte a Sur el país. Son la de Guanacaste, la Central y la de Talamanca. Se trata de un macizo montañoso indispensable para la supervivencia del resto del territorio. Los privados estuvieron facultados para poseer, inscribir y convertirse en propietarios de las áreas no sujetas a la tutela ambiental. Hoy día el país presenta una cuarta parte de su área dedicada a la protección y conservación de la Naturaleza. El resto está dedicado a la actividad privada. En esta compleja historia se encuentran los regímenes jurídicos más disímiles. Desde la propiedad inalienable hasta la privada. Existe la propiedad agraria, la forestal, la ecológica. La privada se encuentra generalmente sujeta a limitaciones de interés público y social, algunas veces vinculadas a la protección del medio ambiente.  III.-   Desde la promulgación del Código Civil de 1888, siguiendo los lineamientos del Code Civil francés, de 1804, se estableció la existencia de dos tipos diferentes de propiedades: la privada y la pública. Pública sería toda aquella destinada al uso público (caminos, escuelas, plazas, etc.) y la no sometida a propiedad privada. Los artículos 267 y 486 del Código reputan pública toda aquella no inscrita en el Registro Público de la Propiedad a nombre de un tercero. Esto tiene su explicación en hechos históricos.  Durante la Colonia no existió un Registro Público de la Propiedad. La Corona otorgó la propiedad a conquistadores y colonos a través de Cédulas Reales.  La inscripción registral se realizaba en España. Pero fundamentalmente la cantidad de pobladores de Costa Rica era muy limitada y tan solo se podía cultivar una pequeñísima parte de algunas zonas de la Meseta Central. En consecuencia la inmensa mayoría de las tierras costarricenses eran públicas. Por esta razón cuando se promulgó el Código Fiscal, en 1865, se distinguió como "baldíos nacionales" (Baldío quiere decir desocupado, sin dueño) a todas las tierras públicas, donde se encontraban los bosques, las montañas, las zonas sin cultivos. A esas tierras los particulares podían entrar pagando al Estado un "canon" o precio por concepto de arrendamiento.  En otras palabras se le dio un carácter de bien destinado a sufragar los gastos del Estado. En esa misma época se permitió a los privados a poseer en los Baldíos Nacionales las tierras indispensables para su supervivencia. El Estado dio a grandes compañías tierras como pago de servicios: así se pagó la construcción del Ferrocarril al Atlántico, y se otorgaron tierras a Compañías americanas para la siembra de banano. También se permitió el denuncio de los baldíos nacionales. Se gestiona ante el Estado la inscripción en el Registro Público a nombre de privados de grandes extensiones de terrenos sobre todo por intercambio de servicios o por resultar afectados por la acción del Estado. El caso típico fue el intercambio de tierras poseídas por terceros, es decir precaristas, en sustitución de baldíos nacionales: en esta forma se inscribió toda la Península de Osa. Con todas estas leyes promulgadas desde finales del Siglo XIX se inició un proceso de "privatización" de las tierras públicas. En esta forma los baldíos nacionales estaban destinados a pasar a manos de los privados. Para cumplir este objetivo se siguió el instrumento de la prescripción. Viene del Code Civil francés. Pero originalmente es del Derecho Romano. Tiende a proteger a todos aquellos con más de 10 años de posesión quienes se hubieren comportado como dueños y de buena fe. Transcurrido ese plazo de la posesión los poseedores pasarían a ser propietarios. En 1941 se dictó la Ley de Informaciones Posesorias. Por su medio se permitió agilizar la inscripción de derechos en el Registro Público de la Propiedad. Los poseedores sin título debían levantar un plano catastrado, demostrar su posesión de más de 10 años por medio de testigos en un proceso judicial de jurisdicción voluntaria y el Juez ordena al Registro Público inscribir la finca en forma individualizada. Para demostrar los "actos posesorios", es decir los actos demostrativos de esa posesión por más de 10 años, poseedores procedieron a destruir la montaña para sembrar. En esta forma la deforestación se convirtió en un acto legitimador de la posesión, como medio de inscribir fincas en el Registro.   Miles y miles de hectáreas de montaña fueron destruidas para sembrar pastos para la ganadería o productos agrícolas. Estos eran de mucho menor valor que la madera pues el bosque se cambió por maíz, arroz, frijoles, yuca, y otros perecederos.   IV.- En la misma legislación encargada de promover la privatización de la propiedad pública se establecieron algunos principios para mantener las bases de la propiedad forestal. En efecto el Código Fiscal de 1865 contempla un capítulo referido a los Bosques donde se establecen todos los principios aplicables a ellos (artículos 549 al 550). Las disposiciones del Código Fiscal fueron derogadas por la Ley General sobre Terrenos Baldíos Nº 13 del 6 de enero de 1939. En esta nueva ley se incorporan prácticamente las mismas disposiciones. Los terrenos comprendidos en los límites de la República, no adquiridos ni inscritos a nombre de los particulares, se presumen baldíos y por ello pertenecen al Estado (artículo 1). Este conservará el dominio necesario sobre las tierras indispensables para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas (artículo 11). La ley protege expresamente, y por tanto no son susceptibles de ser enajenados, los terrenos de las islas, ni los situados a las márgenes de los ríos, arroyos y, en general, de todas las fuentes de cuencas u hoyas hidrográficas donde broten manantiales, hayan islas o cabeceras y cualquier curso de agua del cual se surta alguna población o convenga reservar con igual fin. En terrenos planos la prohibición comprende una faja de 200 metros a ambos lados de los ríos, manantiales o arroyos, pero si existen cuencas u hoyas hidrográficas la extensión alcanza los 300 metros (artículo 7). La Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 del l4 de octubre de l961 mantuvo la misma orientación. Pero amplió las declaradas, por la anterior ley, como inalienables (Artículo 7). En general esas reservas han tenido prohibición para poseerlas y para ser inscritas en el Registro Público de la Propiedad por medio del trámite judicial de informaciones posesorias. En un principio la administración forestal fue confiada a la Sección de Tierras y Colonias, del Departamento de Crédito Rural, Tierras y Colonias del Banco de Costa Rica. Luego pasó al Instituto de Tierras y Colonización. Al entrar en vigencia la Ley Forestal Nº 4465 del 25 de noviembre de 1969 se concedió la administración del patrimonio forestal del Estado a la Dirección General Forestal creada en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (artículos 7 a l7).  V.- De conformidad con el segundo párrafo del artículo 45 de la Constitución Política se procedió a imponer limitaciones a la propiedad para proteger, tutelar, y defender la propiedad forestal. Se trata de un tipo diferente de propiedad. Tiene características y particularidades propias.  No es igual a la civil, ni a la agraria, ni a la intelectual o industrial. Se trata de una propiedad para conservar. No para producir ni para ser parte del comercio de los hombres. Por esa razón requería de un régimen especial. Esta Sala, en resolución Nº 189 de las 10 horas 20 minutos del 30 de octubre de 1991 explicó el régimen de la propiedad forestal. En los siguientes considerandos se transcribe gran parte de esa sentencia.  VI.-  La historia de la normativa forestal presenta tres momentos, con sus particularidades y vicisitudes -cuyo análisis escapa a los límites de este estudio- pero con una única filosofía de conservación de los recursos naturales, como única forma de que la Naturaleza se mantenga, y dentro de ella pueda sobrevivir la fauna y la flora, y particularmente el Ser Humano.  La primera etapa se encuentra enmarcada por la Ley Forestal Nº 4465 del 25 de noviembre de l969 (publicada en La Gaceta Nº 224 del 2 de diciembre), incipiente y con una serie de limitaciones técnicas y jurídicas, cuyo vacío pretendieron llenar las reformas introducidas por las Leyes Nº 6084  del 24 de agosto de l977 (publicada en La Gaceta Nº ll6 del 7 de setiembre) y la 6442 del 22 de mayo de l980 (La Gaceta Nº l09 del l0 de junio). Pero esas reformas no fueron suficientes para tener un cuerpo orgánico capaz de hacerle frente al complejo problema forestal, por lo que se abre una nueva etapa a través de una normativa mejor concebida a través de la Ley Nº 7032 del 7 de abril de l986 (La Gaceta Nº 85 del 7 de mayo), la cual fue posteriormente declarada inconstitucional -como se señala en forma más detallada en el Considerando siguiente- procediendo la Sala Constitucional a anularla para dejar vigente la Nº 4465, lo cual significará el cierre de la segunda etapa para retrotraerse hasta el 25 de noviembre de l969. La última etapa opera con la promulgación de otra Ley Forestal, la Nº 7l7l del 28 de junio de l990 (publicada en La Gaceta Nº l33 del l6 de julio), cuyo fin fue el de promulgar nuevamente el texto de la declarada inconstitucional -la Nº 7032- atendiendo a los planteamientos de la Sala Constitucional, por lo que se encuentran una serie de cambios en su texto definitivo.  VII.- Los razonamientos de la jurisprudencia han tenido en consideración -y esto se señala solo a mayor abundamiento, para justificar aún más lo que luego se resolverá- los avances del ordenamiento jurídico en cuanto a la tutela de los recursos naturales. En la misma Constitución se encuentran nuevas normas orientadas en este sentido. A manera de ejemplo con la reforma introducida al artículo 6º de la Constitución (en virtud de la Ley Nº 5699 del 5 de junio de l975, y aprobada en primera legislatura con la Nº 5579 del 24 de setiembre de l974) se dice "... a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas...", siendo, en consecuencia, al Estado obligatorio proteger y conservar esas zonas -las cuales no son solo territoriales- de donde la protección y conservación de los recursos naturales y el ambiente adquieren un tratamiento especial. Por su parte cuando el artículo 50 establece la obligación del Estado de procurar el bienestar de todos sus habitantes, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Esa riqueza debe entenderse también referida a los recursos naturales y el ambiente como base de la riqueza esencial y primordial  para lograr cualquier tipo de desarrollo sostenible. No deja de resultar interesante también el numeral 69 en cuanto consagra una obligación para la conservación de los suelos. En un ámbito más amplio, referido al Derecho Ecológico, también el artículo 89 -aún cuando ubicado dentro de la Sección de la cultura- tiene orientaciones de protección, conservación y desarrollo, tanto del patrimonio histórico como artístico de la Nación. Por su parte el l2l inciso l4 y el l40 inciso l9, marcan pautas a la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo en relación a bienes y recursos de dominio público ligados a altísimos intereses también públicos. VIII.- El reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado marca un hito en la historia ecológica del país. Contiene lineamientos de altísimo contenido axiológico cuyo desarrollo no es exclusivamente nacional. Por el contrario, se trata de un movimiento de carácter universal cuyo resultado ha sido colocar al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado como un verdadero derecho humano. Se le ubica dentro de los denominados derechos de la tercera generación: un paso adelante de los derechos humanos clásicos, civiles o políticos (de la primera generación) y de los económicos, sociales y culturales (de la segunda generación). Ello ha dado base para formular una nueva clasificación jurídica: la del Derecho Ecológico. Hoy tiene un objeto muy definido en los recursos naturales, y su complejo de fuentes caracterizados por la organicidad y completez. Solo para mencionar dos documentos fundamentales impulsados por Naciones Unidas, en los cuales Costa Rica ha participado, deben recalcarse la "Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente", celebrada en Estocolmo en junio de l972, y la "Declaración sobre el Derecho al Desarrollo", aprobado por la Asamblea General en su resolución 41-128 del 4 de diciembre de l986. La primera, partiendo de que "el Nombre9759 es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual se da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente" establece como principios fundamentales -entre otros- los siguientes: "Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación y ordenación... . Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la capacidad de la Tierra para producir recursos vitales renovables... . El Nombre9759 tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestres y su habitad, que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y la fauna silvestres... . Los recursos no renovables de la tierra deben emplearse en forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparte los beneficios de tal empleo... . Deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del medio, teniendo en cuenta las circunstancias... . A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar así las condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano en beneficio de su población... . Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con espíritu de cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la protección y mejoramiento del medio ...". Por su parte en la "Declaración sobre el Derecho al Desarrollo" se proclama: "El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que inclusive, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales ..."."

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Ambiental

Tema: Patrimonio forestal

Subtemas:

Áreas que la conforman.

Tema: Reservas nacionales

Subtemas:

Clasificación y análisis sobre regulación normativa.

"IX.- El patrimonio forestal del Estado incluye a todo el territorio nacional (artículos 4, 32 al 42), el cual a su vez se puede subdividir en tres áreas: A) La comprendida por el régimen forestal (artículos l, 2, 7, 47 a 54, 66 al 81) B) Los aprovechamientos forestales en terrenos de propiedad privada (artículos 43 al 46, 60 al 65, 82 al 91); y C) las reservas nacionales (artículos 32 y siguientes). Por su parte el régimen forestal -constituido por el conjunto de disposiciones de carácter jurídico, económico y técnico, encargado de darle un contenido a la conservación, protección y racional aprovechamiento de los bosques y terrenos forestales (artículo 7)- tiene también tres subáreas: A) zonas protectoras, B) parques nacionales, reservas forestales y biológicas y C) bosques y terrenos forestales.  X.- Con el nombre de reservas nacionales se identifica, a partir de la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 del 14 de octubre de l961, todas aquellas tierras denominadas por el Código Fiscal de l865, y luego por la misma Ley Nº l3 del 19 de enero de l939 (Colección de Leyes y Decretos, l939, I semestre, p. l0), como baldíos nacionales. Se trata de los inmuebles no sometidos a propiedad privada, no inscritos en el Registro Público de la Propiedad, en los términos de los artículos 267 y 486 del Código Civil (ver lo resuelto por la Corte Plena, en recurso de inconstitucionalidad de Nombre9588 contra la Ley de Tierras y Colonización, respecto de las normas de demasías, acordado en sesión extraordinaria del 25 de noviembre de l971).  Estas tierras difieren de las tierras de dominio privado inscritas a nombre del Estado o de sus Instituciones, y se encuentran constituidas como remanente de las dos anteriores. Originalmente, en la época de la Colonia, no fueron destinadas al servicio o uso público. Siguiendo los lineamientos del Código Civil la Ley General de Baldíos Nacionales Nº l3 del l0 de enero de l939 las declaró pertenecientes al Estado, dentro de los límites de la República, y que no hubieren sido adquiridos en propiedad mediante título legítimo por particulares (vgr. por usucapión), ni estuvieran inscritas en el Registro Público a nombre de ninguna persona -privada o pública-, ni destinadas al servicio público. La Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 del l4 de octubre de l961 mantuvo la misma orientación, solo que amplió las declaradas, por la anterior ley, como inalienables (Artículo 7). En general esas reservas han tenido límites para poseerlas, así como límites -en cuanto a la superficie- para ser inscritas por medio de informaciones posesorias. En un principio su administración fue confiada a la Sección de Tierras y Colonias, del Departamento de Crédito Rural, Tierras y Colonias del Banco de Costa Rica, luego pasó al Instituto de Tierras y Colonización, y al entrar en vigencia la Ley Forestal Nº 4465 se concedió la administración del patrimonio forestal del Estado a la Dirección General Forestal creada en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy la Dirección General Forestal forma parte del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (artículos 9 al 16). Todas las tierras consideradas como reservas nacionales quedan afectas en forma inmediata a los fines de la normativa forestal (artículos 32). Sobre ellas puede el Estado crear -por Ley o por Decreto Ejecutivo- reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre y reservas biológicas, conformando así el patrimonio forestal (artículo 35). Para poder ser colonizadas o enajenadas se requiere autorización legislativa (artículo 40), y aún cuando fueren poseídas por terceros éstos no adquieren ningún derecho, siendo imprescriptible el derecho del Estado para reivindicar (artículo 33). Tienen las reservas nacionales una detallada regulación dentro del Capítulo "Del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos del Estado y demás organismos de la administración pública". Estos aprovechamientos en las reservas nacionales solo podrán practicarse por concesión otorgadas por la Dirección General Forestal (artículo 55 y 56). Las licitaciones se tramitarán de acuerdo a planes técnicos de manejo forestal, sujetos al cartel confeccionado por la Dirección (artículo 55 inciso a), otorgando garantía suficiente los concesionarios (artículo 56). Ninguna persona puede obtener concesiones del patrimonio forestal en cantidades superiores a las necesidades de materia prima que demuestre requerir. Son nulas las autorizaciones que se obtengan directamente o por medio de personas interpuestas, en contra de lo indicado (artículo 59). XI.- En una posición diametralmente opuesta a la de las reservas nacionales se encuentra la de la propiedad privada, denominada en la ley como "Del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos de propiedad privada". Estas tierras, por intereses de orden social, forman parte del patrimonio forestal del Estado. Esto es así porque los privados -funcionando bajo cualquier sistema (empresa agrícola o ganadera, para parcelación o colonización, tratándose de nacionales o extranjeros)- si dentro de sus planes de trabajo está la explotación forestal o la eliminación del bosque, en cualquier forma, deberán necesariamente obtener aprobación expresa de la Dirección General Forestal, en los términos de la Ley Forestal y del reglamento a la misma (artículo 60). Por ello el patrimonio forestal del Estado es aplicable a todos los bienes nacionales donde existan recursos naturales forestales. Para poder explotar sus propios recursos maderables los privados deben elaborar planes técnicos forestales, y la dirección les otorgará concesiones a largo plazo (artículo 6l). Lo anterior implica un sometimiento voluntario al régimen forestal. Esta es una presunción legal pues resulta ser la única alternativa del privado quien se encuentra impedido para talar árboles, aprovechar o explotar los productos forestales, dentro de su mismo bien, si previamente no hay autorización de la Dirección General Forestal (artículo 63 y 65). Para estos efectos el Estado otorga una serie de incentivos para el manejo y reglamentación de los bosques y terrenos forestales de dominio particular, especialmente a través de los Certificados de Abono Forestal (artículos 82 al 86) y otros incentivos fiscales (artículo 87). Como la Dirección General Forestal debe contar con personal capacitado, guardabosques, y mantiene relaciones con las autoridades, ésta le brindará a los propietarios toda la colaboración necesaria para mantenerlos libres de invasiones y ocupantes (artículo 67).  XII.- Los parques nacionales son las regiones establecidas para la protección y la conservación de las bellezas naturales y de la flora y la fauna de importancia nacional, a fin de que, al estar bajo vigilancia oficial, el público pueda disfrutar mejor de ellas. Presentan uno o varios ecosistemas no transformados y poco modificados por la explotación y ocupación humana. En ellas las especies vegetales y animales, los sitios geomorfológicos y los habitats son de especial interés científico y recreativo o contienen un paisaje natural de gran belleza. La ley autoriza tomar las medidas necesarias para prevenir o eliminar la explotación u ocupación en toda el área y para hacer respetar las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han determinado su establecimiento (artículo 34 inciso c). Las reservas biológicas, por su parte, están formadas por aquellos bosques y terrenos forestales cuyo uso principal sea la conservación, el estudio y la investigación de la vida silvestre y de los ecosistemas que en ellos existan (artículo 35 inciso d).  Los parques nacionales y reservas biológicas son administradas por el Servicio de Parques Nacionales (artículo 35 inciso c). El Poder Ejecutivo está facultado, a través del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, para incluir dentro de sus límites las fincas o partes de fincas particulares necesarias para lograr sus objetivos. En este caso los terrenos serán adquiridos por compra o expropiación. A través del Servicio de Parques Nacionales se debe delimitar, en el terreno, los linderos de las áreas que conforman el patrimonio forestal del Estado.  XIII.- También forman parte del patrimonio forestal del Estado las reservas forestales, zonas protectoras y refugios nacionales de vida silvestre. Las primeras están formadas por los bosques cuya función principal sea la producción de madera, y por aquellos terrenos forestales que por naturaleza sean especialmente aptos para ese fin (artículo 35 inciso a). Las segundas están formadas por bosques  y terrenos de aptitud forestal, en que el objetivo principal sea la protección del suelo, la regulación del régimen hidrológico y la conservación del ambiente y de las cuencas hidrográficas (artículo 35 inciso b). Los refugios de vida silvestre están conformados por bosques y terrenos cuyo uso principal sea la protección, la conservación, el incremento y el manejo de especies de la flora y la fauna silvestre (artículo 35 inciso ch). Para la creación de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre, el Estado deberá comprar o expropiar, salvo que, a requerimiento de la Dirección General Forestal sus propietarios acepten someterse al régimen forestal respectivo. En caso de hacerlo, se notificará al Registro Público de la Propiedad para la anotación correspondiente, la cual se mantendrá bajo régimen forestal durante el tiempo que dure el plan de manejo (artículo 37). XIV.-  Existen también los bosques y los terrenos de aptitud forestal. Sean estatales o estén reducidos a dominio particular, están sometidos a los fines de la Ley. Son de utilidad pública y por tanto susceptibles de expropiación, salvo aquellos sometidos voluntariamente al régimen forestal, en los cuales se desarrollen eficientemente proyectos de forestación, reforestación y manejo de bosques naturales (artículos 1 y 4). Son bosques "todas las asociaciones vegetales compuestas, predominantemente de árboles y de otra vegetación leñosa" (artículo 6). Los terrenos de aptitud forestal serán los declarados así por la Dirección General Forestal de acuerdo a la metodología oficial para la clasificación de tierras (artículo 5). Dentro de este marco, el plan de manejo forestal establece las normas técnicas para regular las acciones ejecutadas en un bosque o en terrenos de aptitud forestal, con el fin de conservar, desarrollar y mejorar la vegetación arbórea que en él exista o se pretenda establecer. Tiene su fundamento en el principio de uso racional de los recursos naturales renovables (artículo 8). Los bosques y terrenos de aptitud forestal que constituyan tanto las áreas forestales públicas como las privadas, están sometidos al respectivo plan de manejo. Se procura permitir su conservación y fomento, con arreglo a los principios económicos y silvícolas (artículos 47 y 48).  XV.-  En consecuencia, la normativa forestal establece, para todos los casos y en todo el territorio nacional -y no solo para unos-, un régimen especial aplicable a todos los recursos forestales, de donde nace la propiedad forestal. Las reservas nacionales están sometidas de derecho al régimen, pues perteneciendo al Estado la voluntad legislativa no exige ningún otro requisito, y solo procede la expropiación cuando tratándose de bienes privados se afecten para conformar parques nacionales, reservas forestales o biológicas, bosques o terrenos forestales. En las fincas de propiedad privada para poder constituir la propiedad forestal necesariamente su titular debe someterse voluntariamente al régimen jurídico establecido por la Ley, específicamente a las limitaciones de interés social impuestas a la propiedad. Cuando se trata de la creación de zonas protectoras si ello ocurre en las reservas nacionales pueden calificarse incluso de inalienables, pues -como se ha dicho en repetidas ocasiones- pertenecen al Estado, y constituye un acto de imperio someter los bienes a esa condición, pero tratándose de fincas sometidas a régimen privado la ley somete a las mismas a un régimen forestal obligatorio, limitado a efectuar labores agrícolas o destrucción de vegetales -salvo autorización expresa para ello-, con las mismas ventajas otorgadas a los privados sometidos voluntariamente al régimen.   XVI.   La creación de la Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica de Guanacaste es parte de la historia ecológica de nuestro país. Es una respuesta del legislador costarricense a la conservación de los recursos naturales.  Pretendió desde antaño garantizar el ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y heredárselo a las futuras generaciones.  Nació bajo la vigencia de la Ley Forestal de 1969 y fue creada por Decreto Nº 5836-A del 16 de marzo de 1976.  Con su creación los particulares poseedores en dichas áreas debían ser indemnizados en su propiedad y mejoras, pues no podían realizar actividades agrarias en detrimento de los recursos forestales. "

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Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario

Tema: Recurso ante casación en materia agraria

Subtemas:

Características.

"XVII.-  El recurso ante esta Sala en materia agraria, como todos los demás, tiene su origen en el recurso de casación civil. Constituye una especie del género. Si bien ha sido identificado como un recurso ante la Sala de Casación -según el lenguaje del Código de Trabajo- y también como tercera instancia rogada -por la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1993- sigue siendo un recurso extraordinario. Solo resulta susceptible de ser interpuesto contra algunas resoluciones y sentencias, en los términos, condiciones y formalidades impuestos por la Ley. Trátase de un recurso otorgado a las partes en un cierto tipo de litigios agrarios para acceder hasta la Casación, como el más alto Tribunal del país por estar ubicado sobre los demás órganos judiciales. Se otorga para combatir los motivos, fundamentos o argumentos sustentados por las sentencias o resoluciones de segunda instancia desfavorables al recurrente. Dichas resoluciones o sentencias no son todas. Están expresamente señaladas por la Ley. En agrario las limitaciones a los recursos también tiene su expresión concreta en la casación pues solo es concedido para situaciones jurídicas específicas. La Sala de Casación juzga concretamente la resolución o la sentencia acusada de haber infringido el Derecho. No juzga casos. Cuando encuentra el yerro endilgado por el recurrente anula la sentencia, y al dejarla sin efecto dicta una nueva donde se disponen las modificaciones procedentes en su parte dispositiva. La Sala está facultada para conocer únicamente de los extremos sobre los cuales se le hayan opuesto reparos a la sentencia recurrida. No puede rebasar esos límites al momento de fallar: su campo de acción se circunscribe a la competencia otorgada por el recurso sobre las cuestiones concretamente planteadas. En este sentido es un recurso admitido en relación. Fue calificado como tercera instancia rogada, primero por la doctrina y la jurisprudencia, más tarde por la legislación, porque no precisa de motivos o causales legalmente determinadas para poder plantearlo. Pero ello no le vincula con el recurso de apelación. Son totalmente diferentes. Genéricamente se interpone por violación de la ley. Queda sujeto a las formalidades técnicas concretas impuestas por el ordenamiento jurídico, en cuanto especie del recurso de casación. Se le ha concebido para lograr la correcta interpretación del Derecho, en un sentido evolutivo conforme a las exigencias de la Sociedad, y también, como consecuencia indirecta, como instrumento del sistema organizado de justicia para la solución de los conflictos de intereses subjetivos cuando ha habido quebranto de la adecuada interpretación del Derecho. Tocante a la finalidad es un instrumento para la protección del Derecho positivo. Cumple una doble función: primero protegiendo los principios de igualdad y seguridad jurídica a través de una correcta aplicación del Derecho en los fallos judiciales y evitando la subrogación de la ley al arbitrio del Juez; en segundo lugar ejerciendo una función unificadora de la jurisprudencia por medio del órgano judicial ubicado en la cúspide del sistema, para evitar la incertidumbre por la diversa aplicación de las mismas normas, es decir pretende cumplir con el interés general de darle sentido coherente y lógico al derecho positivo. Indirectamente también es un recurso en interés de las partes por cuanto el recurrente combate los argumentos de una sentencia violatoria del ordenamiento jurídico. Si ello acontece la Casación señala la correcta interpretación del Derecho, deja sin efecto la sentencia y procede a sustituirla por otra. Pueden identificarse tres especificidades concretas del recurso de casación agrario, como especie, del genérico recurso de casación. En el recurso no se exigen formalidades especiales.  Ello no significa informalidad pues el recurso debe ordenarse en forma técnica: enumerando y estructurando los reproches a la sentencia para demostrar su falta de juridicidad. El recurrente deberá explicar necesariamente las razones claras y precisas sobre las cuales sustenta su gestión. Se deben combatir en forma sistemática todos y cada uno de los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida. Solo está exento de señalar en forma expresa las normas del ordenamiento jurídico violadas, o el tipo de infracción cometido. Esta es la primera característica específica respecto del recurso de casación civil. Por otro lado la especialidad del recurso de casación agraria guarda correspondencia con la especialidad del derecho sustantivo. De la misma forma como existe una relación de complementariedad entre el derecho agrario y su proceso, en esa misma medida el recurso de casación agraria se ve influido por los principios del Derecho procesal agrario. Fundamentalmente ello ocurre en cuanto a la libre valoración de la prueba. La Ley de Jurisdicción Agraria, tanto en su artículo 54, para los jueces de instancia, como en el 61, para los jueces de casación, autoriza a valorar el elemento probatorio sin sujeción estricta a las normas de derecho común.  En este caso el Juez deberá expresar los principios de equidad o de derecho sobre el cual funde su criterio. Se trata del sistema de la libre valoración y no el de la valoración a conciencia pues esta última es típica de los juzgadores no juristas. Esto significa un rompimiento con el proceso típico del principio dispositivo. En la casación agraria el Juez tiene amplios poderes para valorar y apreciar la prueba. El error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba son típicos del recurso de casación civil. En agrario ellos pueden ser igualmente acusados, sin necesidad de citar ni las normas de prueba ni las de fondo violadas, pero con el límite de la libre valoración de la prueba por parte del juez. El error probatorio debe ser sometido al juez de casación quien, siempre en uso de las facultades de la libre valoración, determinará si hubo quebranto a la prueba. La tercera especificidad del recurso de casación agraria es su limitación a conocer exclusivamente de aspectos de fondo. Difiere en ésto radicalmente del típico de la materia civil donde procede tanto por razones procesales como de fondo. En este sentido la Sala se encuentra inhibida para analizar cuestiones formales o in procedendo. Por esta razón el recurso puede ser rechazado si el recurrente solo alega violación de las normas del procedimiento, pues por medio de la casación agraria no se pueden corregir, reponer o practicar trámites procesales. Pese a ello cuando el recurrente formule su recurso alegando razones de forma y fondo solo se fallará por el fondo. Incluso podrá fallar por el fondo aún cuando las hubiere calificado erróneamente como de forma, pero si el recurso es por la forma, indistintamente como sea identificado, deberá ser rechazado."

                       

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Texto de la resolución

                            Nº 51

          SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las quince horas quince minutos del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco.-

          Proceso ordinario establecido en el Juzgado Agrario de Liberia por Nombre189320  , Nombre189321  , Nombre189322  , Nombre189323  , Nombre189324  , Nombre189325   , Nombre189326  , Nombre189327  , Nombre189328  , Nombre189329   , Nombre189330  , Nombre189331   y Nombre189332  , todos son agricultores, vecinos de Agua Caliente de Cañas, Guanacaste contra Nombre55165 y Nombre189333 ambas de apellidos Nombre189334 ,  amas de casa y Nombre189334   . Figuran, además, los apoderados especiales judiciales licenciados Francisco Castrillo Córdoba, apoderado de los actores, Nombre189335    apoderado de Nombre189334    y Nombre189333   y Nombre72780   , soltera, vecina de San José, en representación del Instituto de Desarrollo Agrario. Todos son mayores, y con las salvedades dichas casados y vecinos de Tilarán.

                         RESULTANDO:

          1º.- Con base en los hechos que expusieron y disposiciones legales que citaron los señores Nombre189320  , Nombre189331  , Nombre189321  , Nombre189322  , Nombre189323  , Nombre189324  , Nombre189325   , Nombre189326  , Nombre189327  , Nombre189328  , Nombre189332  , Nombre189329   , Nombre189330    plantearon demanda ordinaria, cuya cuantía se fijó en ¢1.000.000.00, a fin de que en sentencia se declare: " Con lugar el presente juicio ordinario, establecido por nosotros contra los demandados y que adquirimos por derecho de posesión, cada uno de nosotros los actores, nuestras fincas, desde el año de 1960, fecha desde la cual y hasta hoy hemos poseído las fincas en litigio, en forma quieta, pública, pacífica sin interrupción y en forma permanente a título de dueño. Que los únicos y reconocidos dueños somos los actores de cada una de la fincas, que se indican en el hecho ocho de esta acción desde 1960 hasta hoy y que los demandados nunca han poseído la finca que reclaman desde 1960 a hoy y que en consecuencia, no les asiste ningún derecho sobre nuestras fincas en litigio, por lo que no son poseedores de las mismas, ni mucho menos dueños de ellas. Que los demandados no les asiste ningún derecho para ofrecer en venta nuestras fincas, ni a la Dirección Forestal, ni al Ministerio de Energía y Minas, ni a ninguna otra Institución y que se les condene al pago de ambas costas de esta acción. Que los actores somos los propietarios y poseedores de nuestras tierras y que en todo caso nos corresponde el mejor derecho de poseer, cada una de nuestras fincas con respecto de los demandados.".

          2º.- La demandada Nombre55165   contestó negativamente la demanda y opuso las excepciones de prescripción, caducidad, falta de personalidad procesal de los actores, falta de derecho, falta de personería ad causam activa, y la genérica de sine actione agit. Asimismo contrademandó para que en fallo se declare: "Con lugar la presente demanda en todos sus extremos, sea: 1.- Que soy la única propietaria de la finca descrita, posesión que me fue transmitida por mi hermana Nombre189333  , y antes le fue transferida a ella por mi padre, Nombre189334  , quien la ostentaba desde el año 1952, en forma ininterrumpida. 2.- Que los contrademandados son poseedores de mala fe, y que carecen de justo título para poseer. 3.- Que los reconvenidos no han poseído por más de diez años, ni en forma quieta, pública, pacífica, y sin interrupciones, mi propiedad. 4.- Que se me debe reivindicar los derechos de posesión y otros, que me han sido arrebatados por los contrademandados, y en consecuencia, se me debe poner en posesión de la finca que me pertenece. 5.-Que deben abandonar totalmente y de modo inmediato mis tierras, sin que por ello deba pagar yo suma alguna. 6.- Que por ser su posesión de mala fe, deben pagarme todos los daños y perjuicios que me han ocasionado, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia, una vez firme la presente. 7.- Que deberán pagarme ambas costas de esta reconvención.".-

          3º.- El apoderado de Nombre189334    y Nombre189333   contestó negativamente la demanda y opuso las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, falta de derecho, prescripción, y la genérica de sine actione agit.

          4º.- La parte actora contestó negativamente la contrademanda y opusieron las excepciones de falta de legitimación ad causam activa y pasiva; falta de derecho, prescripción, en toda su extensión adquisitiva y prescriptiva y caducidad de la acción.

          5º.- El Juez, Lic. Enrique Ulate Chacón, en sentencia de las 9:00 horas del 26 de abril de 1993, resolvió:  "De conformidad con todo lo expuesto, Artículos 2 inciso a), 15, 16, 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, 227, 278, 279 y siguientes, 307, 313, 316, 322, 860 del Código Civil.  Se declara:  En cuanto a la demanda: Con lugar, en todos sus extremos la demanda ordinaria agraria declarativa, establecida por Nombre189320  , Nombre189321  . Nombre189322  , Nombre189323  , Nombre189324  , Nombre189325   , Nombre189326  , Nombre189327  , Nombre189328  , Nombre189331  , Nombre189332  , Nombre189329   , Nombre189330   contra Nombre55165  , Nombre189333  , y Nombre189334   ; en consecuencia se declara: 1. Que los actores, y sus trasmitentes, desde el año de mil novecientos setenta aproximadamente han poseído las fincas que adelante se dirán, a título de dueños, en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpidamente; 2.- Que los únicos y reconocidos dueños de los terrenos que se dirán son los actores; 3.-Que los terrenos poseídos por los actores se describen así: De Nombre189320  :  terreno de montaña, tacotales, potrero con una casa, sita en Agua Caliente, distrito primero, del cantón sexto de Guanacaste. Mide: aproximadamente veintisiete hectáreas siete mil quinientos cuarenta y seis metros con cuarenta y seis decímetros cuadrados. Linda al Norte: Nombre189336  . Sur: Nombre189328   en medio en parte Río Corobicí y Quebrada Cajón. Este: Nombre189331   en medio Río Corobicí y Oeste: Nombre189336   en medio Quebrada Cajón. De Nombre189321  : Terreno de montaña, tacotal, potrero y una casa de habitación, sita en Agua Caliente, distrito primero, del cantón sexto de Guanacaste.  Mide: aproximadamente veintiocho hectáreas. Linda al norte: Nombre189337  ; Sur: Nombre189331  . Este: Nombre189331   y Oeste:  Nombre189331  , y también la finca que es terreno de potrero, montaña, y tacotales, sita en Agua Caliente, distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Mide: aproximadamente veinticinco hectáreas. Linda al norte: Nombre189338 . Sur: Nombre189320  . Este: Nombre189339  . Oeste: Río en medio de Nombre189327 . De Nombre189322  : Es terreno de montaña, potrero, tacotal, sita en Agua Caliente, distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Mide: aproximadamente treinta y dos hectáreas siete mil seiscientos setenta y siete metros con noventa y dos decímetros cuadrados. Linda al norte: Nombre189323  ; Sur: Nombre189327  ; Este: Nombre189338   y Oeste: en medio Quebrada Cajón, Nombre189325  . De Nombre189323  : Es terreno de montaña, potrero y tacotal. Sita en Agua Caliente, distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Mide aproximadamente veinticinco hectáreas, seiscientos treinta y seis metros con veintiséis decímetros cuadrados. Linda al Norte: Nombre189340  , Sur: Nombre189322  ; Este: Nombre189341   y Nombre189338  , ambas en parte y Oeste: Quebrada Cajón en medio de Nombre189340  . De Nombre189324  : Es terreno de montaña, tacotales y potrero, Sita en Agua Caliente, distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Linda al Norte: Nombre189339  . Sur Nombre189334 . Este Nombre189342  y Oeste: Nombre189339  . Mide: Veinticinco hectáreas aproximadamente y también la finca, que es terreno de montaña, tacotales. Sita en Agua Caliente, distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Mide: Diez hectáreas aproximadamente. Linda al norte: Nombre189325   . Sur: Nombre189330 , Este: Nombre189339   y Oeste: Nombre189343 . De Nombre189325   : Es terreno de montaña y un poco de tacotal. Sita en Agua Caliente, distrito primero de cantón sexto de Guanacaste. Linda al Norte: Nombre189338 ; Sur: Nombre189330  ; Este Nombre189344    y Oeste: Nombre189324  . Mide: treinta y un hectáreas aproximadamente. De Nombre189326  : Es terreno de montaña, pastos y agricultura, sita en Agua Caliente, distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Mide: veintiuna hectárea (sic) aproximadamente. Linda al norte: Nombre189331  . Sur: Nombre189328    ; Este Nombre189324   y Oeste: Nombre189321  . De Nombre189327  : Es terreno de montaña, potrero, tacotales y agricultura, sita en Agua Caliente, distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Mide: veintisiete hectáreas. Linda al norte: Nombre189322  ; Sur: Nombre189320  . Este Río Corobicí y Oeste: Río Cajón. De Nombre189328  : Es terreno de pastos, montaña, tacotales y agricultura, sita en Agua Caliente, distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Mide: veinte hectáreas. Linda al norte: Nombre189345, Nombre189326 y Nombre189326  ; al sur; Río Corobicí en medio de Nombre189328  ; Este: Río Corobicí en medio de Nombre189345, Nombre189326 y Nombre189326   y Oeste: Nombre189320  . Nombre189329   : Es terreno de montaña, tacotales, repastos y agricultura, Sita en Agua Caliente, distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Mide: ciento veinticinco hectáreas. Linda al norte: Nombre189332  ; Sur: Nombre189346  ; Este Río Macho y Oeste: Nombre189347  . De Nombre189330  : Es terreno de montaña, tacotales y agricultura. Sita en Agua Caliente, distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Mide: cuarenta y dos hectáreas. Linda al norte: Nombre189324   y Nombre189325  ; Sur: Nombre189328   y Nombre189348  ; Este: Nombre189328  , Nombre189348  ; y Oeste: Nombre189328  . De Nombre189331  : Es terreno de montaña, potrero, cercos, tacotales, sita en Agua Caliente, distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Mide: veintitrés hectáreas. Linda al norte: Nombre189338  ; Sur: Nombre189326  () ; Este Nombre189324   y oeste: Nombre189321  , y otra finca, que es terreno de montaña, tacotales y agricultura. Sita en Agua Caliente, distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Mide: Siete hectáreas y linda norte: Nombre189321  ; Sur; no hay por terminar en vértice; Este: Nombre189328  y Nombre189326  y Oeste Nombre189320  ; Río Cajón en medio. De Nombre189332  : Es terreno de montaña. Sita en Agua Caliente, distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Mide: Sesenta y nueve hectáreas. Linda al norte: Nombre189349  ; Sur: Nombre189338  ; Este: Nombre189349  ; y Oeste: Quebrada La Quijada. 4.Que los demandados desde el año de mil novecientos sesenta hasta la actualidad, nunca han poseído a título de dueños, los terrenos de los actores, y en consecuencia no les asiste ningún derecho sobre esos terrenos, y tampoco derecho a ofrecer en venta los terrenos de los actores; 5. Que los actores son los verdaderos propietarios y poseedores de los terrenos descritos, y en todo caso les corresponde el mejor derecho de posesión con respecto a los demandados. 6. Que los demandados están obligados a pagar las costas de este proceso. Se rechazan las excepciones de prescripción, caducidad, la genérica de sine actione agit, comprensivas de falta de derecho, falta de legitimación ad-causam activa y pasiva establecidas por los demandados. En cuanto a la contrademanda de mejor derecho de posesión, se declara sin lugar en todos sus extremos, la contrademanda establecida por Nombre55165  , contra Nombre189320  , Nombre189321  , Nombre189322  , Nombre189323  , Nombre189324  , Nombre189325   , Nombre189326  , Nombre189327  , Nombre189328  , Nombre189329   , Nombre189330  , Nombre189331   y Nombre189332  . Se acoge la excepción de falta de derecho establecida por los contrademandados y se omite pronunciamiento en cuanto a las restantes por innecesario.  Se condena en costas personales y procesales a la parte vencida en juicio.". Al efecto consideró el señor Juez:  "I.- Sobre los hechos probados: Por encontrar buen sustento en lo que informan los autos, y resultado de la valoración de la prueba a conciencia y sin sujeción estricta a las normas del Derecho Común, se tienen por acreditados los siguientes hechos de importancia en la solución de este litigio: 1.- Que antiguamente las tierras donde se encuentran en la actualidad las parcelas objeto de este litigio, tuvieron varios dueños, primero se conoció al señor Nombre189350 , quien le vendió a Nombre189351  conocido como "nato", éste le traspasó a Nombre189352  y, finalmente, éste le vendió al señor Nombre189353 .  , terrenos situados en Aguas Calientes de Cañas, y que medían aproximadamente más de quinientas hectáreas (ver declaraciones testimoniales de Nombre189354  , folio 165, Nombre189355   a folio 169, Nombre189356   , a folio 170 vuelto, y Nombre183828  , folio 172 frente y vuelto; plano catastrado Placa36259). 2.- Que el codemandado Nombre189334   , fue cuidandero en esas tierras por varios años, trabajó para Nombre189350 , para Nombre189351  y al final trabajó por poco tiempo para Nombre189353  como cuidandero hasta aproximadamente el año de mil novecientos sesenta, fecha en que abandonó el inmueble junto con su familia (ver contestación de la contrademanda, hecho segundo a folio 136, testimonial de Nombre189356    a folio 170 vuelto y 171 frente, Nombre189354  , a folio 165, Nombre189357  , a folio 168, Nombre183828  , a folio 172, Nombre189359  , a folio 178). 3.- Que posteriormente a que el codemandado Nombre189334    dejó esas tierras, se conoció como cuidador de las mismas al señor Nombre189356   , después a Nombre189320  y finalmente a Nombre189356    (ver testimonial de Nombre189356   , a folio 170 vuelto, 171 frente, Nombre183828  , a folio 172 frente, Nombre189360  , a folio 173 vuelto). 4.- Que en el año de mil novecientos sesenta y cuatro se levantaron sobre esas tierras dos planos catastrados: el primero, a nombre de Nombre189353 . Nombre189353 , catastrado bajo el número Placa36260, de fecha dos de abril de mil novecientos sesenta y cuatro, el cual describe un inmueble situado en Aguas Calientes de Cañas, Distrito Primero del Cantón Sexto de la Provincia de Guanacaste, con una medida de ciento dos hectáreas, siete mil trescientos veintiún metros con treinta decímetros cuadrados, lindante al norte con Nombre189361  , al sur, con Nombre189362   , Nombre189363 , Nombre189337  , baldíos nacionales y Nombre189364  , al este con Nombre189334   y al oeste con Nombre189365   y Nombre189366  .  El segundo, a nombre de Nombre189361  , catastrado bajo el número Placa36255    , de fecha seis de abril de mil novecientos sesenta y cuatro, el cual describe un inmueble situado en Aguas Calientes de Cañas, Distrito Primero, Cantón Sexto de la Provincia de Guanacaste, con una medida de cien hectáreas cinco mil trescientos veintiocho metros con veinticinco decímetros cuadrados. Lindante, al norte, con Nombre189353 .  ; al sur, con el mismo Nombre189353 , al este, con Nombre189367 , en medio Nombre189334  , al oeste Nombre189365  , camino en medio, Nombre189368   y Nombre189369   , terreno de montaña, con un cuadradal (sic) y una casa de habitación; dichos planos no poseen ubicación cartográfica (ver planos a folios 57 y 58). 5.- Que aproximadamente entre los años de mil novecientos setenta y mil novecientos setenta y tres, y estando como cuidador de dichas tierras el señor Nombre189356   , tierras que se encontraban en estado de abandono, los aquí actores se introdujeron al inmueble y empezaron a poseer desde esa fecha a título de dueños en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida y de buena fe, por cuanto a pesar de que existieron intenciones de desalojo por parte de la guardia de ese entonces, nunca aparecieron los legítimos dueños de esos terrenos, razón por la cual los actores se mantuvieron en posesión del inmueble sin que hasta la fecha hayan sido privados de sus derechos de posesión (ver testimonial de Nombre189354  , a folio 165 y 166, Nombre189370  , a folio 169, Nombre189356    a folio 170 vuelto, 171 frente, Nombre183828  , a folio 172 frente y vuelto, Nombre189360  , a folio 173 vuelto, Nombre189371 . Nombre189371 , folio 176 frente, Nombre189372  , folio 176 vuelto, Nombre189373   , a folio 177 frente y vuelto; Nombre189359  , a folio 178 frente). 6.- Que desde mil novecientos setenta, los aquí actores así como sus transmitentes han ejercido una posesión agraria sobre los relacionados inmuebles, consistiendo dicha posesión en el ejercicio de actividades agrarias, fundamentalmente la ganadería, y cultivos de maíz, frijoles y otros, así como conservación del bosque, mantención de cercas y carriles y algunos han procedido a medir sus terrenos y confeccionar planos catastrados que datan desde mil novecientos setenta y tres (ver testimoniales de Nombre189354  , a folios 165 y 166, Nombre189370  , a folio 169, Nombre183828  , a folio 172 frente y vuelto, Nombre189374   , a folio 174 vuelto y 157, Nombre189371   , a folio 176 frente, Nombre189373   , a folio 177 frente y vuelto, Nombre189359  , a folio 178 frente y vuelto). 7.- Que de los terrenos poseídos por los actores, algunos tienen plano levantados desde el año mil novecientos setenta y tres en adelante, a saber: a) número G‑dieciséis mil doscientos cuatro setenta y tres, inscrito el trece de setiembre de mil novecientos setenta y tres, a nombre de Nombre189354  Nombre189374, que describe una finca sin inscribir, situada en Agua Caliente de Cañas de la Provincia de Guanacaste, con una medida de treinta y dos hectáreas siete mil seiscientos setenta y siete metros con noventa y dos decímetros cuadrados. Linda norte, Nombre189323  ; sur, Nombre189336  ; este, Nombre189375   y Nombre189367  y, oeste, con Quebrada (ver folio 5, 126, 129 y 130); b) número G‑dieciséis mil doscientos ocho‑setenta y tres inscrito el trece de setiembre de mil novecientos setenta y tres a nombre de Nombre189376  , que describe finca sin inscribir, situada en Agua Caliente de Cañas de la Provincia de Guanacaste, con una medida de treinta y seis hectáreas setecientos noventa y cuatro metros con cincuenta y dos decímetros cuadrados. Linda norte, Nombre189349  , sur Nombre189332  , este Nombre189349  y baldíos nacionales, oeste con quebrada (ver folio 24, 131 y 133); c) número G‑diecisiete mil ciento setenta y cinco‑setenta y tres, inscrito el veintiséis de setiembre de mil novecientos setenta y tres, a nombre de Nombre189320  , que describe finca sin inscribir, sita en Agua Caliente de Cañas, Provincia de Guanacaste, con una medida de veintisiete hectáreas siete mil quinientos cuarenta y seis metros con cuarenta y seis decímetros cuadrados. Linda al norte Nombre189336  , sur con Río Corobicí y Quebrada Cajón, este Río Corobicí y oeste quebrada en medio Nombre189336   (ver folio 3 y 135). d) Plano número G‑diecisiete mil ciento ochenta‑setenta y tres, inscrito a nombre de Nombre189323  , el veintiséis de setiembre de mil novecientos setenta y tres, que describe finca sin inscribir, situada en Agua Caliente de Cañas de la Provincia de Guanacaste, mide veinticinco hectáreas seiscientos treinta y seis metros con veintiséis decímetros cuadrados, terreno de potrero, tacotal y montaña. Linda norte Nombre189340  , sur, Nombre189354  , este Nombre189322    y Nombre189375  , oeste quebrada en medio Nombre189340   (ver folios 6 y 134). e) Plano número G‑dieciocho mil ochocientos nueve‑setenta y tres, inscrito el dieciocho de octubre de mil novecientos setenta y tres, a nombre de Nombre189332  , que describe un inmueble sin inscribir, sito en Agua Caliente de Cañas de Guanacaste. Terreno de montaña; mide: treinta y tres hectáreas mil quinientos cuarenta y cinco metros con cincuenta y siete decímetros cuadrados. Linda norte Nombre189376  , sur Nombre189324   y Nombre72482  , este baldíos nacionales y, oeste, quebrada y Nombre189375   (ver folio 25 y 128). f) Plano número G‑quinientos cuarenta y nueve mil noventa y cuatro‑ochenta y cuatro, inscrito el diecinueve de julio de mil novecientos ochenta y cuatro a nombre de Nombre189377   , describe un inmueble sin inscribir, sito en Las Nubes de Río Chiquito, Quebrada Grande, Tilarán, Provincia de Guanacaste, dedicado a potrero con dos casas. Mide veinticuatro hectáreas cinco mil seiscientos cuarenta y cinco metros con ochenta decímetros cuadrados. Linda norte Nombre189378  , sur calle pública y Nombre189379  , este Nombre189380   y, oeste Nombre82510    quebrada en medio (ver plano de folio 33). g) Plano levantado el veintiuno de abril de mil novecientos ochenta y nueve a nombre de Nombre189330  , describe inmueble sin inscribir, sito en Agua Caliente, Cote y Tierras Morenas, de Guatuso y Tilarán, Provincias de Alajuela y Guanacaste, terreno de montaña, mide cuarenta y dos hectáreas mil ciento setenta y nueve metros con cincuenta y dos decímetros cuadrados. Linda norte Nombre189324   y Nombre189325   , sur Nombre189328   y Nombre189348  ; Nombre189348   , y Oeste Nombre189328   (ver folios 11 y 132).  h) Plano levantado el veintidós de abril de mil novecientos ochenta y nueve a nombre de Nombre189325   , describe inmueble sin inscribir, sito en Agua Caliente, Cote y Tierras Morenas, de Guatuso y Tilarán, provincias de Alajuela y Guanacaste, terreno de montaña, mide diecinueve hectáreas tres mil setecientos cincuenta y tres metros con diez decímetros cuadrados.  Linda norte Nombre189344   , sur Nombre189330  , Nombre189348    y Nombre189381  , Oeste Nombre189324   y Nombre189367  (ver plano a folio 7 y 125). 8. Que la mayoría de los actores, ostentan cartas de venta, privadas o en escritura pública, adquisitivas de los derechos de posesión sobre los terrenos que se dirán, y que datan desde mil novecientos setenta: a) venta privada suscrita el dieciséis de febrero de mil novecientos setenta, Nombre189382   vende a Nombre189320  , una finca con una medida de treinta y nueve manzanas aproximadamente, una de pasto y el resto de tacotales y montaña, lindero este incierto, Oeste Nombre189383 , norte Nombre189368   y sur Nombre189384 , terreno que ha poseído a nombre propio por más de tres años a título de dueño, en forma quieta, pública, pacífica, continua y sin interrupción (ver folio 2, original en archivo del despacho, bajo la letra a));  b) Venta privada suscrita el diecisiete de mayo de mil novecientos setenta y uno, Nombre189385   vende a Nombre189331  , una finca con una medida de treinta manzanas aproximadamente, dividida por calle pública, ubicada en Agua Caliente de Cañas, cercada en parte, con diez manzanas de pastos y charrales, resto de montaña. Linda norte Nombre189324 , sur Nombre189386  , este Nombre189337    y oeste Nombre189324 , que ha poseído por más de seis años a título de dueño en forma quieta, pública, pacífica, continua y sin interrupción (ver original en archivo bajo letra b); c) Venta privada suscrita el quince de febrero de mil novecientos setenta y tres, Nombre189364   vende a Nombre189330  , finca de montaña ubicada en Agua Caliente de Cañas, debidamente carrilada. Linda norte con Nombre189320  , oeste Nombre189384 , y Nombre189386 , norte y sur con Nombre189357 . Mide aproximadamente ochenta manzanas, lo ha poseído por tres años a título de dueño en forma quieta, pública, pacífica, continua y sin interrupción (ver folio 12 y original en archivo bajo letra c); d) Venta privada suscrita el seis de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, Nombre189325    vende a Nombre189387  , terreno de montaña, mide aproximadamente treinta y cinco manzanas, situado en Agua Caliente de Cañas.  Linda norte con Nombre189339  , sur Nombre189334 , este Nombre189324  y oeste Nombre189339   (ver original en archivo bajo letra d); e) Venta privada suscrita el veinticinco de agosto de mil novecientos setenta y cinco, Nombre189321   vende a Nombre189388   , finca sin inscribir, situada en la Provincia de Guanacaste, Cantón Sexto Agua Caliente de Cañas. Mide aproximadamente treinta manzanas. Linda norte Nombre189321  , Sur Nombre189320  , Este Nombre189339   y Oeste río en medio con Nombre93382  . Consta igualmente una retroventa de Nombre189388    a Nombre189321  , fechada nueve de abril de mil novecientos setenta y nueve (ver original en archivo del despacho bajo la letra e) y folio 4 del expediente); f) Venta privada suscrita el veinticinco de agosto de mil novecientos setenta y cinco, Nombre189320   le vende a Nombre189325   , los derechos sobre una finca que mide aproximadamente cuarenta y cinco manzanas, terreno de montaña. Linda al Este con Nombre189334 , al Oeste con Nombre189330 , al Norte con Nombre189367 , al Sur con Nombre189389 , que la ha poseído en forma quieta, pública, pacífica, continua y sin interrupción (ver copia de carta-venta a folio 8 y letra f) del archivo del despacho). g) Venta privada suscrita el quince de mayo de mil novecientos ochenta, Nombre189390   vende a Nombre189323   los derechos de posesión de finca sita en Agua Caliente de Cañas, Provincia de Guanacaste, mide veinticinco hectáreas seiscientos treinta y seis metros con veintiséis decímetros cuadrados. Linda Norte Nombre189340  , Sur Nombre189354  , Este Nombre189375   y Oeste Nombre189391 , terreno de montañas, tacotal y parte de potrero, que lo ha poseído en forma quieta, pública, pacífica, de buena fe, por más de cinco años (ver documento bajo la letra g) en archivo del Despacho); h) Escritura número cuatro otorgada ante Notario Luis Arnoldo Apuy Sirias, a las diez horas del veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, Nombre189376    vende a Nombre189332   finca sin inscribir que es terreno de montaña, sito en Agua Caliente de Cañas, Distrito Primero del Cantón de Cañas, Sexto de la Provincia de Guanacaste, mide según plano G‑dieciséis mil doscientos ocho‑setenta y tres, treinta y seis hectáreas, setecientos noventa y cuatro metros con cincuenta y dos decímetros cuadrados. Linda Norte con Nombre189349  , Sur Nombre189332  , Este en parte Nombre189349   y en parte baldíos nacionales y Oest, Quebrada La Quijada, transmitiéndole la posesión decenal ejercida en forma quieta, pública, pacífica, sin interrupción y a título de dueño (ver original de escritura a folio 127 del expediente). i) Venta privada suscrita el Dirección21701        , Nombre189354   vende a Nombre189322   finca sin inscribir, situada en Agua Caliente de Cañas, Distrito Primero, Cantón Sexto de la Provincia de Guanacaste, mide aproximadamente treinta y dos hectáreas, siete mil seiscientos setenta y siete metros con noventa y dos decímetros cuadrados, linda Norte Nombre189323  , Sur Nombre189336  , Este Río Corobicí y Oeste quebrada, catastrado bajo el número G‑dieciséis mil doscientos cuatro‑setenta y tres, transmitiéndole una posesión quieta, pública y pacífica, a título de dueño por más de diez años (ver documento bajo letra i) en archivo del Despacho). j) Escritura número novecientos seis otorgada ante Notario Alfonso López Arrieta, a las diez horas del Dirección21702        , Nombre189387   vende a Nombre189324   terreno de tacotal y montaña, sito en Agua Caliente de Cañas, Distrito Unico, Cantón Sexto de Guanacaste, linda Norte con Nombre189339  , Sur Nombre189334 , Este Nombre189342 , Oeste Nombre189339 , mide veinticinco hectáreas aproximadamente, inmueble que lo hubo de Nombre189325    mediante compra venta privada el seis de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, transmitiéndole la posesión por más de diez años en forma quieta, pública, pacífica, continua y a título de dueño (ver testimonio de escritura bajo letra j) en archivo del Despacho). k) Venta privada, suscrita el doce de enero de mil novecientos ochenta y cinco, Nombre189392  vende a Nombre189324  un terreno sito en Agua Caliente de Cañas, mide aproximadamente diez manzanas, linda al Norte Nombre189324 , al Sur Nombre189330 , al Este Nombre189393  y al Oeste Nombre189343  (ver documento bajo letra k) en archivo del Despacho). l) Venta privada suscrita el Dirección21703        , Nombre189345   vende a Nombre189326   finca sin inscribir, terreno de pasto y montaña, sito en Agua Caliente de Cañas, Guanacaste, mide aproximadamente veinte hectáreas. Linda al Norte con Nombre189339  , Sur Nombre189328  , Este Nombre189394   , al Oeste Nombre189395 , transmitiéndole la posesión decenal ejercida por él y sus anteriores transmitentes en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida, a título de dueño (ver documento bajo la letra l) en archivo del despacho). ll) Escritura número noventa y uno otorgada ante Notario Carlos Enrique Salazar, a las nueve horas del veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, Nombre189356    vende a Nombre189328   finca sin inscribir que es terreno de pastos y montañas, situada en Dirección21704   ,       . Linda Norte, con Nombre189345, Nombre189326 y Nombre189326  , Sur Nombre189367  en medio de Nombre189328  , Oeste Nombre189320  , Este Nombre189367  en medio de Nombre189345, Nombre189326 y Nombre189326   y Nombre189328  .  Mide aproximadamente veinte hectáreas, traspasándole los derechos de posesión que en forma quieta, pública, pacífica y sin interrupción ha tenido por más de diez años (ver documento bajo letra ll) en archivo del Despacho).  m) Escritura número cuarenta y uno otorgada ante Notario Miguel Angel Salguero Calvo, a las diez horas del dos de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, Nombre189324   y Nombre189329   , ratifican compra venta verbal que el primero le hizo al segundo el quince de noviembre de mil novecientos setenta y cinco de un terreno situado en Agua Caliente de Cañas, de la Provincia de Guanacaste, terreno de tacotales y montaña, mide aproximadamente ciento veinticinco hectáreas, lindante Norte Nombre189332  , Sur terrenos baldíos, Oeste Nombre189347  , Este Cabecera de Río Macho, transmitiéndole la posesión en forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida y a título de dueño por más de diez años (ver documento o testimonio de escritura bajo letra m) en archivo del despacho).  9.- Que los demandados y contrademandantes, Nombre189334   , Nombre189333   y Nombre55165  , nunca han sido poseedores a título de dueños de las fincas poseídas por los actores, pues desde mil novecientos setenta no se han visto trabajando en dichos terrenos (ver declaraciones testimoniales de Nombre189354  , a folio 165 vuelto y 166 vuelto; Nombre189370  , a folio 169 frente; Nombre183828  , a folio 172 frente; Nombre189360  , a folio 173 vuelto; Nombre189374   , a folio 175 frente, Nombre189373   , a folio 177 frente, Nombre189359  , a folio 178 frente y vuelto). 10.- Que entre los meses de enero, febrero y marzo, de mil novecientos ochenta y nueve, el Departamento de Avalúos de Tributación Directa, a solicitud de la Secretaría Técnica de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, se practicaron avalúos sobre terrenos de los actores Nombre189320  , Nombre189326  , Nombre189327  , Nombre189331  , Nombre189332   (ver copia de avalúos a folios 1, 9, 10, 13, 14, 15, 21, 22). 11.- Que en carta de fecha veintidós de junio de mil novecientos ochenta y nueve, la codemandada Nombre189333  , comunica al Ingeniero Ulfrán Murillo Masís, de la Dirección Forestal de Cañas, solicitando que paralice cualquiera trámite y pago y entrega de avalúos a los aquí actores, por ser ella la única con derecho al reclamo y pago por el estado de las indemnizaciones correspondientes por haberse declarado Reserva Forestal (ver certificación de folios 109 y 110). 12.- Que mediante venta privada suscrita el diecisiete de julio de mil novecientos ochenta y nueve, el codemandado Nombre189334   vende a Nombre189333   un terreno que se describe así: "... finca sin inscribir en el Registro, que es terreno de montaña y pasto, con una casa de habitación de madera, un corral pequeño, ubicada en Agua Caliente de Cañas, Distrito Unico del Cantón Sexto de Guanacaste, linda al norte, al noroeste con Nombre189356  e hijos, Nombre189396  , Nombre189397   y terrenos baldíos, también al norte y noroeste de terrenos baldíos, al sur, Nombre189363 , Nombre189383  , oeste calle en medio Nombre189366   y Nombre189365 , al este terrenos baldíos y Nombre189367  y Nombre189357  . Mide quinientas sesenta hectáreas, agregando que dicha finca está cultivada de caña, banano y cuadrados, además, agregan que el inmueble lo ha poseído el primero en forma quieta, pública, pacífica, continua e ininterrumpida y como dueño desde mil novecientos cincuenta y dos, fecha en que hubo el inmueble indicado por compra venta privada verbal del señor Nombre189350  , quien poseyó el inmueble desde mil novecientos cuarenta y tres. Más las partes que esa venta es una ratificación de la venta realizada hace doce años (ver certificación de folio 104, y original en archivo del Despacho). 13.- Que mediante oficio número 662-89/DAJF, de fecha veinte de setiembre de mil novecientos ochenta y nueve, la Licenciada Rosa Bustillo Lemaire, Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica Forestal de la Dirección General Forestal, le comunica a Nombre189333  , que no es posible atender su gestión de fecha veintidós de junio de mil novecientos ochenta y nueve, de paralizar los trámites de compra o expropiación, pues en realidad no se ha demostrado una posesión efectiva, y que las personas que están tramitando el pago de sus tierras poseen cartas de venta desde años atrás y planos catastrados desde mil novecientos setenta y tres (ver carta de folio 30).  14.- Mediante carta venta privada suscrita el veintidós de junio de mil novecientos noventa, Nombre189333   traspasa a Nombre55165  , por el precio de doce millones de colones, el mismo terreno descrito en el hecho doce anterior (ver certificaciones de folios 105 y 106 cuyo original se encuentra en archivos del Despacho). 15.- Que la aquí demandada Nombre55165   promovió diligencias de información ad perpetuam ante el Juzgado Civil de Cañas en fecha once de diciembre de mil novecientos noventa, Expediente 411-90 y 412-90, sobre los terrenos descritos en los planos Catastrados números G-mil quinientos cuarenta y cinco-sesenta y cuatro inscrito a nombre de Nombre189353  , y número Placa36261 inscrito a nombre de Nombre189361  . (ver certificaciones de folios 60 a 85). 16.- Que en Carta de fecha quince de abril de mil novecientos noventa y uno, la co-demandada Nombre55165   comunica al Vice-Ministro de Energía y Minas, que por ser ella la única dueña y poseedora de los inmuebles que describen los planos a que se hizo referencia en el hecho anterior, los actores no tienen derecho a recibir indemnización alguna por concepto de expropiación y que es a ella la que deben indemnizarle. (Ver copia de carta de folio 32). 17.- Que en fecha diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y uno, Nombre55165   dirige carta a Nombre189320 , Nombre189322 , Nombre189331 , Nombre189332  y otros, pidiéndoles un arreglo amistoso y solicitando permiso para tener libre acceso a la finca. (Ver original en archivo bajo el número 17). 18.- Que en la actualidad, las fincas poseídas por los actores y contrademandados, situadas en Agua Caliente de Cañas de la Provincia de Guanacaste, se describen así: 1. Finca de Nombre189331  ; es terreno de potrero con cuatro apartados, con pasto de estrella y jaragua, cercado a cuatro hilos de alambre, con una casa de habitación construida con techo de zinc, paredes y piso de madera donde vive con su familia, tiene agua de cañería por gravedad. Tiene sembrado caña, café, banano, no hay montaña, la atravieza (sic) una quebrada denominada quebrada el macho. La finca colinda con Río Bartolito en medio de Nombre189320  .- 2.- Finca de Nombre189320  : Está ubicada entre el Río Bartolito y el Río Corobicí, terreno de potrero con pasto natural y retana, tiene tres apartos cercados a tres hilos, parte del terreno está dedicado a la agricultura, no hay montaña. Hay una casa de habitación techo de zinc paredes de madera donde vive el señor Nombre189320  , alrededor de la casa hay frutales como naranja, manzana y otros árboles que sirven de tapa viento, tiene agua por gravedad. Manifiesta la demandada Nombre55165   que ella vivió en esta casa. Hay pastando ocho toretes que tienen la marca Placa36256   que se nos indica es de Nombre189320  . Entre cada aparto y a la orilla de los ríos hay una orilla de montaña que sirve de tapa viento y protección de las aguas de los ríos respectivamente. 3.- Finca de Bolívar (sic) Nombre189327 : Está ubicada entre Nombre189320   y Nombre189322  , terreno de pasto natural, cercado a tres hilos de alambre, postes muertos, no hay casa, hay seis reses pastando que tienen la marca Placa36257  , tacotal alto a la orilla del camino al llegar al lindero con Nombre189322  y tapa vientos. Según indican los actores el camino que atravieza (sic) estas fincas lo hizo con tractor un señor llamado Nombre189398  hace diez años y que antes era un trillo.- 4.- Finca de Nombre189322  : Terreno de potrero con pasto de estrella, un solo aparto, tiene aproximadamente diez hectáreas de montaña, se nota que hubo una cerca divisoria formando otro aparto ya que existe solo (sic) los postes. También se notan señas donde hubo una casa de la que están únicamente las bases dentro de la maleza. Se encuentra ubicada entre la finca de Nombre189327   y Nombre189323  () . Hay cuatro reces (sic) pastando que tienen la siguiente marca: También hay árboles formando tapa vientos. 5.- Finca de Nombre189323  () : Terreno de potrero con pasto de retana aproximadamente diez hectáreas, un solo aparto tiene aproximadamente quince hectáreas de montaña, no hay casa, está cercada a tres hilos y colinda con Nombre189338 . 6. Finca de Nombre189332  : Se llega a ella atravesando la finca de Nombre189338  hasta llegar a una quebrada denominada quebrada seca que sirve de lindero entre Nombre189332   y Nombre189338 , es terreno de montaña en su totalidad, ubicada en un cerro, según indican los actores está a unos ochocientos metros de altura, está deslindada con carril en el lindero con Nombre189329 .- 7. Finca de Nombre189329  : Terreno de montaña en su totalidad, deslindada con carriles. 8. Finca de Nombre189331  : Terreno de potrero con aproximadamente dieciocho hectáreas de pasto de estrella con dos apartos, tres hectáreas de montaña y resto en tacotales, está deslindada con cerca a tres hilos y carril, no hay casa, colinda con Nombre189338  por un lado y por otro con quebrada seca en medio de Nombre189324  . Según la demandada la quebrada se llama "Las Vueltas". 9. Finca de Nombre189324  : Terreno de potrero con aproximadamente ocho hectáreas de estrella, cinco hectáreas de montaña y resto en tacotales dedicados a la agricultura, no hay casa, está deslindada con cerca y carriles. 10. Finca de Nombre189399  : Terreno de potrero con aproximadamente once hectáreas de estrella, cinco hectáreas de montaña y resto en tacotales dedicados a la agricultura, no hay casa, está deslindada con cerca y carriles. 10. Finca de Nombre189326  : Terreno de potrero con aproximadamente once hectáreas de pasto de estrella, cercado a tres hilos de alambre, tiene aproximadamente diez hectáreas de montaña y unas cinco hectáreas de tacotal para agricultura, no hay casa y pasa el río Corobicí en uno de sus linderos, tiene partes planas. 11.- Finca de Nombre189330  : Terreno de montaña y tacotales con árboles maderables de diferentes especies, colinda con el río Corobicí en medio de Nombre189400  .- 12. Finca de Nombre189325   : Terreno de montaña y tacotal con árboles maderables de diferentes especies, colinda con el río corobicí en medio de Nombre189401  . 13. Finca de Nombre189328  : Terreno de potrero con aproximadamente doce hectáreas de pasto de estrella, cercado a tres hilos, aproximadamente dos hectáreas de tacotal y resto en montaña, linda por un sector con el río Corobicí en medio de otra finca de él mismo. Tiene partes planas. 14. Finca de Nombre189321  : Terreno de potrero con aproximadamente dieciocho manzanas de pasto de estrella, dos hectáreas de tacotal y resto de montaña. Colinda con Nombre189331  : Esta finca es pequeña, mide aproximadamente siete hectáreas y es terreno de pasto de estrella y tacotal. Todas las fincas en su mayoría son de topografía ondulada con partes planas y quebradas. (Ver reconocimiento visible a folios 154 frente y vuelto, ciento cincuenta y cinco frente). II. Sobre los Hechos no Probados: De influencia notoria para la resolución de este proceso ordinario agrario, se tiene por no acreditado lo siguiente: 1. Que la contrademandante Nombre55165   sea la poseedora a título de dueña de un terreno de montaña y pasto, con una casa de habitación de madera, un corral pequeño, cultivado de caña, banano y cuadrado, ubicado en Agua Caliente de Cañas, distrito primero, cantón Sexto de la Provincia de Guanacaste, mide aproximadamente quinientas setenta hectáreas, parte de las cuales comprende las áreas indicadas en los planos catastrados número G-mil quinientos cuarenta y cinco-sesenta y cuatro y G-mil seiscientos diecinueve-sesenta y cuatro. No demostró ese hecho, la contrademandante, no ha poseído tierra alguna, mucho menos la extensión de quinientas hectáreas, las cuales no se sabe siquiera cual es su ubicación exacta, o si comprende los planos descritos, los cuales carecen de ubicación cartográfica, o un punto de amarre con el cual se pueda determinar con certeza donde se ubican dichas propiedades.- 2. Que la finca relacionada fuera adquirida originalmente por su padre, y aquí demandado Nombre189334  , desde el año de mil novecientos cincuenta y dos, mediante compraventa que le hiciera al señor Nombre189350 . No presenta ningún documento en donde se demuestre la supuesta venta que le hiciera Nombre189350 . El único testigo, que hace referencia a la supuesta venta, es Nombre108658    a folio ciento setenta y tres hijo de don Nombre189350 , pero su declaración no le merece fé (sic) al suscrito Juez, pues el testigo en el año de mil novecientos cincuenta y dos o mil novecientos cincuenta y tres se fué (sic) del lugar y no volvió, y no sabe si los arreglos que hacía su padre con Nombre189377 eran de la supuesta venta. Conforme se verá más adelante, y la mayoría de testigos que obran en autos, más bien afirman la tesis de que Nombre189334  era cuidador de Nombre189350 , y probablemente las sumas que aquél recibía de éste lo era por pago del cuido de la finca. 3. Que la finca indicada, haya sido poseída en forma personal, quieta, pública, pacífica, sin interrupción, a título de dueños, durante más de treinta años, por la familia de la contrademandante. Este hecho tampoco quedó acreditado, los demandados no han ejercido posesión real y efectiva sobre esos terrenos, mucho menos en forma personal, el único que pudo haber ejercido algún acto posesorio sobre los terrenos fué (sic) el padre de la contrademandante, y aquí demandado Nombre189334 , pero no a título de dueño, sino como servidor de la posesión que ostentaron otras personas. En cuanto al término que dicen haber poseído tampoco se demostró, más bien consta en autos, que fué (sic) hace aproximadamente treinta años, que el señor Nombre189334 salió del inmueble junto a su familia y no regresaron. Los únicos testigos que hacen referencia a la supuesta posesión ejercida por los demandados, son Nombre189357  , Nombre189402    y Nombre189403   , los cuales no le merecen fé (sic) al suscrito Juzgador, por cuanto tienen poco conocimiento de la realidad que se vivió sobre esas tierras durante los últimos treinta años. El primero Nombre189357  , dice que hace cuarenta años, vivía en una finca colindante con él el demandado Nombre189334 al que conocía como "Nombre189404", el cual, tenía un chaqüite y en esa fecha le dijo que iba a tener que salirse de ahí porque tenía varios güilas y la finca no le ganaba nada, después de ahí el testigo no da razón si dicho señor siguió poseyendo en el citado inmueble o qué tipo de trabajo realizaba, agrega el testigo además que el (sic) no ha visto a doña Nombre55165  o a su hermana en la finca, pues hace ocho años que no la visita porque queda muy distante a la suya. (ver folio 168). La testigo Nombre189402   , aunque dice que Don Nombre189377 vivía en esa finca no sabe cuánto tiempo fué (sic) que vivió (Ver folio 170), y la testigo Nombre189403   dice que fué (sic) como en el año de mil novecientos cincuenta y tres que ella estuvo como maestra en ese lugar, que después se fué (sic) y regresó a los once años, y luego en mil novecientos ochenta y siete, y no sabe si Nombre189334  era dueño o cuidador, pero que vivió en la finca. Después de lo anteriormente narrado los testigos no hacen referencia a ningún otro acto posesorio realizado por los demandados, y se observa la complacencia de los testigos a hacer referencia a ciertos hechos tales como el decir que Nombre189334  adquirió o compró a Nombre189350 , situación que no está debidamente acreditada. 4. Que los aquí actores hayan ingresado a dicha finca entre los años de mil novecientos ochenta y ocho y mil novecientos ochenta y nueve. Ese hecho no fué (sic) acreditado, por el contrario hay pruebas suficientes en autos que los contrademandados empezaron sus actos posesorios desde mil novecientos setenta y desde esa fecha se han venido trasmitiendo la propiedad, y ejerciendo en forma pacífica continua e ininterrumpida la posesión de esos terrenos.- 5. Que los contrademandados hayan tenido como intención apoderarse de esos inmuebles, para obtener una indemnización por parte del Estado.- Tampoco quedó acreditado ese hecho, por el contrario, esas posesiones se han ejercido desde antes de la creación de la reserva forestal, es decir desde antes del año de mil novecientos setenta y seis. 6. Que los reconvenidos conocieran al momento de ingresar a la finca reclamada por la contrademandante, que esa propiedad les perteneciera a los demandados, y que por esa razón sean poseedores de mala fé (sic). Tampoco quedó acreditado ese hecho, consta en autos más bien, que cuando los contrademandados ingresaron al inmueble, eran tierras abandonadas, y que como nunca apareció el verdadero dueño, ellos continuaron su posesión a título de dueños hasta la actualidad.- III. Sobre el Fondo del Asunto: a). Pretensiones de la Demanda: Los actores en su demanda, solicitan que en sentencia se declare: "... que adquirimos por derecho de posesión, cada uno de nosotros los actores, nuestras fincas, desde el año de mil novecientos sesenta, fecha desde la cual y hasta hoy hemos poseído las fincas en litigio, en forma quieta, pública, pacífica sin interrupción y en forma permanente a título de dueño.- Que los únicos y reconocidos dueños somos los actores de cada una de la fincas, que se indican en el hecho ocho de esta acción desde mil novecientos sesenta hasta hoy y que los demandados nunca han poseído la finca que reclaman desde mil novecientos sesenta a hoy y que en consecuencia, no les asiste ningún derecho sobre nuestras fincas en litigio, por lo que no son poseedores de las mismas, ni mucho menos dueños de ellas.- Que los Demandados no les asiste ningún derecho para ofrecer en venta nuestras fincas, ni a la Dirección Forestal, ni al Ministerio de Energía y Minas, ni a ninguna otra Institución y que se les condene al pago de ambas costas de esta acción.- Que los actores somos los propietarios y poseedores de nuestras tierras y que en todo caso nos corresponde el mejor derecho de poseer, cada una de nuestras fincas con respecto de los demandados.". B). Pretensiones de la Contrademanda: La demandada Nombre55165  , solicita en su contrademanda que en sentencia se declare: "1.- Que soy la única propietaria de la finca descrita, posesión que me fué (sic) transmitida por mi hermana Nombre189333  , y antes le fué (sic) transferida a ella por mi padre, Nombre189334  , quien la ostentaba desde el año mil novecientos cincuenta y dos en forma ininterrumpida. 2. Que los contrademandados son poseedores de mala fé (sic), y que carecen de justo título para poseer. 3. Que los reconvenidos no han poseído por más de diez años, ni en forma quieta, pública, pacífica, sin interrupciones, mi propiedad. 4. Que se me debe reivindicar los derechos de posesión y otros, que me han sido arrebatados por los contrademandados en consecuencia, se me debe poner en posesión de la finca que me pertenece. 5. Que deben abandonar totalmente y de modo inmediato mis tierras, sin que por ello deba pagar yo suma alguna. 6. Que por ser su posesión de mala fé (sic), deben pagarme todos los daños y perjuicios que me han ocasionado, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia, una vez firme la presente.".- c). Las Acciones Protectoras de la Posesión (Como Derecho Real) en Vía Ordinaria: Conforme se verá más adelante, en el presente proceso ordinario, nos encontramos con diversos tipos de acciones posesorias, tanto en la demanda como en la contrademanda, por lo que es importante determinar su naturaleza jurídica, a efectos de llegar a una solución jurídica adecuada del conflicto sometido a decisión judicial. Las acciones protectoras del Derecho de Posesión, podría decirse, que mantienen un paralelismo respecto a las acciones protectoras del Derecho de Propiedad. Así por ejemplo, para recuperar la posesión el titular del Derecho de propiedad, cuenta con la acción reivindicatoria, mientras que ostenta el Derecho de posesión pero que ha sido desposeído cuenta con la conocida "acción Publiciana" o de mejor derecho de posesión. Pero también, cuando el propietario no pretende recuperar la posesión pero si obtener la declaratoria de su derecho con efectos erga omne cuenta con la Acción Declarativa o de Certeza, e igualmente puede negar el Derecho de propiedad de otra persona que se lo atribuye para sí, conocida como Acción Negatoria; estas dos últimas, es lógico pensar que también son procedentes en tratándose del Derecho de posesión como derecho real que necesita ser protegido, así, el poseedor que se ve perturbado en su Derecho de posesión (ya no en la posesión como mero hecho caso en el cual podría ejercitar la acción interdictal), puede pedir en vía ordinaria que se declare que es a él a quien le asiste el derecho, y también negar a otra persona un Derecho que se está atribuyendo indebidamente y que no le pertenece (Acción Declarativa y Negatoria). d). La Acción Reivindicatoria y la Acción Publiciana: "La acción reivindicatoria es una acción de naturaleza real, con efectos erga omnes, cuya finalidad esencial es la restitución de la cosa mueble o inmueble a su propietario legítimo, y de la cual ha sido despojado por un tercero quien la posee ilegítimamente. Es la "actio in rem" por excelencia. Con esta acción el propietario ejercita el "ius possidendi" ínsito en su derecho de dominio. La doctrina más especializada en esta materia atribuye a esta acción las siguientes características: a) De naturaleza real: O que puede ejercitarse contra cualquiera que posea la cosa sin derecho; b) Es recuperatoria o restitutoria: Su objetivo básico es obtener la posesión material del bien; c). Es de condena: la sentencia favorable al actor impondrá un determinado comportamiento al demandado. La acción reivindicatoria constituye el más enérgico remedio procesal frente a la agresión más radical que puede sufrir el propietario y que es el despojo de la cosa que le pertenece.". (Ver Nombre142750 , , "La Acción reivindicatoria" En: Derecho Agrario Costarricense, San José, Costa Rica, Ilanud, 1992, página 69). "Son tres los presupuestos de validez de la acción reivindicatoria: 1). Legitimación activa, según la cual el titular debe ostentar la calidad de propietario, señalándose que el propietario debe ser el dueño; 2) legitimación pasiva, según la cual el poseedor, o demandado, debe ejercer sus actos posesorios como poseedor ilegítimo; y 3) identidad de la cosa, entre el bien reclamado por el propietario y el poseído ilegítimamente por el demandado o poseedor." (Sala Primera de la Corte, Nº 230 de las dieciséis horas del veinte de julio de mil novecientos noventa). La Acción ordinaria de mejor derecho de posesión, o "publiciana", también es reconocida como una acción restitutoria, veamos: "Un cuarto efecto de la posesión originaria consiste en el ejercicio de la acción plenaria de posesión o acción publiciana. Dicha acción no puede ejercitarse por un poseedor derivado. Esta acción compete al adquirente con justo título y buena fé (sic); tiene por objeto que se le restituya en la posesión definitiva de una cosa mueble o inmueble. Se da esta acción en contra del poseedor sin título, del poseedor de mala fe y del que tiene título y buena fé (sic), pero una posesión menos antigua que la del actor." (Ver Nombre183854  (Nombre189377), Derecho Civil Mexicano, tomo III, México, Editorial Porrúa S.A., 1981, quinta edición, página 691-692) "La acción publiciana debe su nombre al pretor Nombre189406 y es de neta raigambre romanista. Sabemos que en el antiguo Derecho Romano la propiedad quiritaria se adquiría por mancipatio o por in iure cessio, así como por la Usucapio a falta de las dos anteriores. La venta seguida de tradición no confería el dominio de la cosa vendida, ya que el comprador solamente adquiría la cosa in bonis; es decir, su simple posesión, la cual devenía dominio por medio de la usucapión. Pero mientras transcurría el plazo prescriptivo si el vendedor demandaba por medio de la reivindicatio la cosa vendida el comprador oponía la exceptio rei venditae e traditae. Con esta excepción de cosa vendida y entregada se defendía del antiguo dueño de la cosa; y, para defenderse de tercera persona que quisiera despojarle o perturbarle en su propiedad, tenía los interdictos de retener y recobrar. Pero si el poseedor era despojado de su posesión no podía interponer la acción reivindicatoria si no había transcurrido el término para usucapir, y en tal caso se hallaba completamente indefenso. Para subvenir a esta anomalía, el pretor Nombre189406 (sic) creó la acción de su nombre, la publiciana, dándole carácter de reivindicatio utilis, acción ficticia -fictae actio- por medio de la cual el pretor fingía creer que el poseedor había cumplido el plazo de la usucapión y demandaba la cosa en calidad de dueño. Cuando se borró del derecho romano la distinción entre la propiedad quiritaria y la bonitaria, convirtiéndose la tradición en el modo normal de acarrear los derechos reales, dicha tradición se provenía de su dueño legítimo, transfería el domino y con él la acción reivindicatoria; pero si no, sólo transmitía la posesión apta  para usucapir.  Esta distinción es importante, ya que el dueño de una cosa para litigar sobre ella tenía que probar que el tradens era legítimo propietario de ella y por tanto le había transferido el dominio legítimo y no la posesión. la dificultad de aportar en juicio tal prueba, hizo que todos los propietarios recurrieran a la acción publiciana en vez de ejercitar la reivindicatoria; y más cuando la acción publiciana, por ser acción ficticia, no llevaba en sí la santidad de cosa juzgada y siempre dejaba libre la acción reivindicatoria. Esto hizo que para el ejercicio de la acción publiciana se requiriese en el poseedor Justo título, es decir, un origen legítimo de la cosa poseída." (Nombre189407  y Luis Muñoz, Elementos de Derecho Civil Mexicano, T. II, página 352 a 354, citado por Nombre183853 , op. cit., páginas 691 y 692). "Sabido es que la acción publiciana se concedió en el Derecho romano, para otorgar protección real al poseedor de buena fé (sic) que ostentaba una posesión hábil para la usucapión frente a los perturbadores. Mediante ella se protegía, por una parte, al adquirente de una cosa que la había recibido por un título no idóneo según el derecho quiritario para transmitir la propiedad. Por otra parte, se concedió también al adquirente que traía causa de un no-propietario, cuando era perturbado por un tercero sin título alguno. En nuestro Derecho, el problema de la subsistencia de la acción publiciana envuelve dos cuestiones fundamentales: la primera, consiste en averiguar si un poseedor a título de dueño, que ostente una posesión hábil para la usucapión, aunque en rigor sea todavía un non dominus, puede reaccionar frente al despojo producido por un tercero sin título alguno, más allá del plazo y demás condicionantes específicos del interdicto de recobrar, que prescribe al año. Además, la admisión de la acción publiciana resolverá la cuestión del enfrentamiento entre dos títulos posesorios, de los cuales uno se presenta con mayor fortaleza que el otro. (Ver Nombre68866, Vicente L., La propiedad privada en el Sistema del Derecho Civil contemporáneo, Madrid, Editorial Civitas S. A., 1980 primera edición, páginas 294 y 295). De todo lo anterior, se puede afirmar entonces que "En definitiva, tanto en la reivindicatoria como en la publiciana, el actor no es poseedor actual, y en ambos supuestos trata de recuperar la posesión de la cosa, pero, en el primer caso, se le ha de conceder la posesión como consecuencia de su derecho; y en el segundo, de la peor condición del actual poseedor... Así, a mi juicio, la acción publiciana podría admitirse como acción real recuperatoria a disposición del poseedor ad usucapionem..." (Ver Nombre68866 op. cit., página 295 pp.). Respecto de la acción publiciana, que es la que aquí nos interesa, la Jurisprudencia ha establecido la siguiente: "III. La acción de mejor derecho de posesión, originada en la defensa del Derecho romano conocida como "publiciana", tiene su fundamento en nuestro ordenamiento jurídico en los artículos 317, 318, 319 y 322, así como en los numerales 277 a 286 del Código Civil, y tiende a tutelar al poseedor legítimo frente al ilegítimo, con el objeto de que logre  la restitución de la posesión de que ha sido indebidamente privado, bien para que se declare su derecho preferente respecto de un poseedor anterior". En otros términos, se desprende que nuestra Jurisprudencia ve en la acción publiciana, efectos recuperatorios, pero también puede tener efectos declarativos. Sin embargo a nuestro entender, se trata de dos acciones diversas, pues como se dijo más arriba, la naturaleza histórica de la publiciana, es fundamentalmente la de ser una acción real posesoria cuyos efectos son restitutorios, véase incluso, que nuestro Código Civil, en el Libro II, Título I "Del Dominio", Capítulo VI se regula lo relativo a los "Derechos de restitución e indemnización", capítulo dentro del cual fué (sic) incluida la acción publiciana en cuyo artículo 322 establece:  "La acción ordinaria sobre el derecho de posesión, puede dirigirse contra cualquiera que pretenda tener mejor derecho de poseer.", y si fué (sic) incluida dentro de dicho capítulo es porque efectivamente se trata de una acción que tiende a la restitución de la posesión. Distinto sería el caso cuando se trata de declarar el derecho de posesión con exclusión de otro, tal y como veremos en el siguiente punto. e) La acción declarativa de dominio o de certeza, y la de mejor derecho de posesión: "La acción reivindicatoria se diferencia de la llamada acción declarativa de dominio o de certeza, en que la primera es una acción de restitución y la segunda es más bien de naturaleza preventiva o defensiva del derecho real y del goce actual del bien, mueble o inmueble. No está contemplada en forma expresa en nuestro ordenamiento jurídico, pero tanto la jurisprudencia nacional como la doctrina la admiten. El proceso ordinario para que se declare a favor del poseedor una usucapión como acción principal de la demanda formulada contra un tercero titular registral no poseedor, bien podría catalogarse como una acción declarativa o de certeza, bajo el supuesto de que se declare efectivamente esa usucapión... La sentencia número 502-75 de la Sala Primera de la Corte, en su quinto considerando, expresó sobre esta acción lo siguiente: "O como ocurre con la llamada acción de declaración de certeza, que se da cuando otro niega o discute el derecho del propietario, sin que este haya sido despojado de la cosa; el propietario demanda para que se afirme erga omnes que la cosa le pertenece a fin de oponerse esa declaración a los terceros". Se trata sin duda de una acción de carácter real y no personal, pues se fundamenta en el derecho de propiedad y requiere la declaración judicial del dominio del actor. Este debe probar su dominio, identificar el bien y demostrar la perturbación en que incurrió el demandado." (Ver Nombre142750 , op.cit. páginas 74 y 75). "En todas ellas se caracteriza la acción reivindicatoria como medio de protección del dominio frente a una privación o detentación posesoria, dado que se dirige fundamentalmente a la recuperación de la posesión, mientras que la acción declarativa o de contestación de la propiedad, que no exige que el demandado sea poseedor de la cosa, tiene como finalidad la de obtener la declaración de que el actor es propietario de la cosa, acallando a la parte contraria que discute ese derecho o se lo arroga. Por lo que la acción reivindicatoria es siempre una acción de condena, que se encamina a la recuperación de la cosa reclamada, mientras que la acción declarativa de propiedad se detiene a los límites de una declaración judicial del derecho alegado, sin pretender una ejecución en el mismo pleito, aunque pueda tenerla en otro distinto. En consecuencia no ofrece duda que cuando no se trata de recuperar la posesión del objeto del derecho de propiedad, la acción procedente es la declarativa en lugar de la reivindicatoria (Ver Nombre68866. p. 273-274). La acción declarativa es entonces "Aquella con la cual se persigue la comprobación o fijación de una situación jurídica...su finalidad consiste precisamente en la afirmación de la existencia de una situación de hecho que se conforma con una norma de Derecho" (Ver Cabanellas, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Buenos Aires, Bibliografía Omeba, 1968, 6a. edición, T. I., página 45), de modo tal que también en la vía declarativa, la constatación del derecho de posesión ejercida a titulo de dueño en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida, por más de un año, acallando a aquél que se arroga ese derecho para sí, es decir, puede pedirse que se declare su derecho preferente respecto de un poseedor anterior o que pretende serlo actualmente. A nuestro entender dicha acción para obtener la protección del derecho de posesión encuentra su fundamento (distinta de la publiciana), en el Libro I, Título II "Del dominio", Capítulo V "De los derechos de exclusión y defensa", en el artículo 307 del Código Civil en cuanto establece: "Para obtener la protección de la autoridad basta probar el hecho de ser poseedor, salvo que el reclamo sea contra el que inmediata y anteriormente poseyó como dueño, en este caso, debe quien solicite la protección, probar también, o que por más de un año ha poseído pública y pacíficamente como dueño, o que tiene otro cualquiera legítimo título para poseer.", como lo que también el poseedor en vía ordinaria puede solicitar se declare su Derecho de posesión, ya sea por haber cumplido el plazo para adquirirlo o por ostentar mejor título. F) La acción negatoria: La acción negatoria es también una acción real que puede ser ejercida tanto por un propietario, como por quien ostenta legítimamente el derecho de posesión. "La acción negatoria asiste al propietario para obtener la declaración de que la cosa objeto de su derecho no se encuentra sujeta al derecho que otro se atribuye sobre ella. Se llama negatoria o de libertad de la propiedad y puede ejercitarla todo propietario, poseedor o no, exclusivo o copropietario, tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles... Se trata de un medio de defensa contra la inquietación o intromisión en la propiedad ajena, cometida sobre la base de atribuirse un derecho...La acción no aparece expresamente regulada por el Código Civil, pero ha sido reconocida y regulada en su ejercicio por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sus requisitos de ejercicio sería, fundamentalmente, los siguientes: 1. La justificación del dominio actual del actor. 2. La prueba de los actos de perturbación que el demandado ha causado en el goce o ejercicio del dominio. Esta perturbación tiene que haber sido realizada con la pretensión de ostentar un derecho real sobre la cosa, puesto que para reprimir perturbaciones de mero hecho puede utilizarse las acciones posesorias.... La acción negatoria produce, fundamentalmente, los siguientes efectos de un parte, la declaración de que no existe el pretendido derecho del demandado; por otra parte, la indemnización de daños y perjuicios que hay que unir a la cesación de la perturbación." (Ver Nombre68866, op, cit., páginas 106-108). También se ha definido la acción negatoria de la siguiente forma: "La que compete a los poseedores de inmuebles contra quienes les impidan el libre ejercicio de los derechos reales, a fin de que esa libertad sea restablecida. (Artículo 2.800 del Código Civil Argentino). Esta acción se da contra cualquiera que perturbe el derecho de poseer de otro, aunque sea el dueño del inmueble, cuando se arrogue sobre él una servidumbre indebida..." (Ver Cabanellas, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, op. cit, tomo I, página 48). IV. De todo lo anteriormente expuesto, se desprende que en el caso que nos ocupa, nos encontramos frente a diversos tipos de acciones. En cuanto a la demanda, podría decirse que se trata no solo de una acción declarativa, en cuanto pretenden los actores se les declare poseedores legítimos por más de diez años, sino también negatoria, en cuanto soliciten se declare que los demandados carecen de derecho de posesión que se atribuyen indebidamente. En cuanto a la contrademanda, nos encontramos frente a una verdadera acción publiciana, pues la contrademandante Nombre55165  , pretende tener mejor derecho de posesión, del que dice haber sido privada indebidamente por los contrademandados, por lo que solicita se la restituya (acción recuperatoria) el inmueble, y se les paguen daños y perjuicios. Conforme a lo anterior, se entrará a analizar cada tipo de acción en forma separada, así como las excepciones interpuestas, a efectos de determinar si proceden o no en base a los hechos tenidos por acreditados. V.- En cuanto a la demanda. Cuadro factico y análisis jurídico. Procedencia. El motivo por el cual demandan los actores, es por el hecho de que al estar tramitando éstos el pago de sus fincas por estar dentro de una Reserva Forestal, no han podido hacer efectivas dichas indemnizaciones, por haberse opuesto a las mismas los demandados, alegando ser ellos los titulares del derecho de posesión de esas tierras. Su demanda, tiende entonces a que se declare ser ellos los poseedores a título de dueños, por más de diez años, de esas tierras, y a negarle el derecho que alegan los demandados. De los hechos tenidos por demostrados, queda claro que las tierras donde se ubican actualmente las parcelas de los actores antes que éstos entraran, tuvieron varios dueños, así lo relata el testigo Nombre183828  cuando expresa: "...Conocí como dueño a Nombre189351  quien se la vendió a Nombre189352 , don Nombre189373 le vendió a un gringo de apellido Nombre189353, después conocí como cuidador a Nombre189334  mentado como..." "La finca en total mide aproximadamente seiscientas manzanas. No se si alguna otra persona tenga propiedad en ese lugar. Conocí como dueño a Nombre189350  primero que los otros que mencioné y fué (sic) quien la midió y más o menos en el cincuenta y dos que se la vendió a Nombre189351. Nombre189351 tuvo la finca como unos diez años. Nombre189373 la tuvo muy poco fué (sic) cuando le vendió a Nombre189353 quien la dejó abandonada." (Ver folio 172 frente y vuelto). en (sic) concordante con esta declaración la del testigo Nombre189370  , quien comenta: "...He conocido como dueño primeramente a Nombre189350 , segundo Nombre189351 , después Nombre189352 , después hubieron dos dueños más pero no los conocí ni recuerdo el nombre porque la finca no me quedaba muy cerca y poco iba, el último dueño era el extranjero pero no lo conocí."(Ver folio 169 frente). De modo tal, que el último dueño, que se conoció de esas tierras antes de que entraran los actores, fué (sic) el señor Nombre189353  . El co-demandado Nombre189334   , nunca fué (sic) conocido como dueño de esas tierras, sino que más bien fué (sic) cuidador por muchos años, y hasta arpoximadamente (sic) el año de mil novecientos sesenta fecha en que se fué (sic) junto a su familia; en otros términos, el aquí co-demandado, era simplemente un servidor de la posesión, por lo que no podría arrogarse para sí un derecho de posesión que nunca tuvo. Así lo relata uno de sus amigos cuando dice: "Yo no conocí a don Nombre189334    ni a sus hijas aquí demandadas como dueñas de la finca, como cuidanderos sí los conocí creo que de un gringo que era el dueño de esa finca. Conocí a don Nombre189334  como cinco o diez años como ciudandero del gringo...Me consta que don Nombre189334  fué (sic) cuidador de esa finca porque hemos sido muy amigos y el me decía que era cuidador..." (testimonio de Nombre189359   a folio 178 frente  y vuelto), otro testigo dice:  "Conozco a don Nombre189334   , vivió en Agua Caliente quien era cuidandero de un gringo que se llamaba Arnoldo, aclaro Nombre189353 y cuando yo llegué a ese lugar en mil novecientos sesenta y uno un doce de febrero ya don Nombre189334  no vivía ahí, entiendo que estaba recién ido..." (testimonio de Nombre189354  , a folio 165 frente), el testigo Nombre189356    relata: "...conozco la finca porque yo fui nativo y criado ahí y también fuí (sic) cuidandero, antes fue cuidandero mi papá Nombre189356  , después de el fué (sic) cuidandero Nombre189320  y después yo. Entre los tres fueron aproximadamente unos diez años, yo cuidé como tres años. Le cuidábamos a un señor Nombre189353. Don Nombre189334  fué (sic) cuidandero y se fué (sic) de la finca como en el cincuenta y nueve y se fué (sic) creo porque le pagaron una platilla, una cosa poca. Don Nombre189334  fué (sic) cuidandero de don Nombre189350  y de don Nombre189351, de Nombre189353 fué (sic) cuidandero un poquillo tiempo no recuerdo cuanto..." (Ver folio 170 vuelto). "El servidor de la posesión no es un poseedor autónomo, como lo es el poseedor inmediato, sino que más que poseedor viene a ser un detentador que realiza los actos posesorios por cuenta de un poseedor, si bien establece la no existencia de una relación directa o inmediata del poseedor con el bien, al igual que la posesión inmediata, se diferencia de ella en cuanto a la existencia de esa relación de subordinación que le obliga a seguir las instrucciones del poseedor..." (Meza Lazarus, Nombre189373. La posesión agraria, San José, Librería Barrabás, segunda edición, 1991, página 125. De lo anterior se desprende que el aquí co-demandado Nombre189334  , nunca fué (sic) poseedor a título de dueño de la finca poseída por los actores, sino que era un servidor de la posesión. Consta además, que desde que el co-demandado Nombre189334 se fué (sic) de la finca, quien se encargó de ella fué (sic) Nombre189356  , luego Nombre189320  y finalmente Nombre189356   , todos en carácter de servidores de la posesión, por un espacio aproximado de diez años entre los tres, podría decirse que de mil novecientos sesenta a mil novecientos setenta, período en el cual no consta que haya existido una clara posesión sobre esos terrenos, pues aparentemente los cuidadores citados trabajaban para el último dueño sea para Nombre189353 , quien incluso en mil novecientos sesenta y cuatro mandó hacer un plano sobre parte de esas tierras. Decimos que en ese período no existe una clara posesión, pues antes de mil novecientos setenta fecha en la cual los actores empezaron a poseer el inmueble, la finca se encontraba en estado de abandono (Ver hecho quinto tenido por demostrado). Es evidente entonces, que aún cuando para mil novecientos setenta existía un cuidador de esas tierras, quien era el señor Nombre189356   , los actores empezaron a introducirse en el inmueble, y a poseerlas a título de dueños, incluso Nombre189320  quién había sido cuidador, ingresó al terreno, pero ya no en carácter de servidor, sino como poseedor en nombre propio; se puede afirmar incluso, que son poseedores de buena fé (sic), por cuanto en la fecha en que se introdujeron al inmueble, existió una denuncia ante la Guardia del lugar, pero como nunca apareció el dueño, del lugar, pero como no apareció el verdadero dueño, los aquí actores, se mantuvieron en la posesión del inmueble, en forma pública, pacífica e ininterrumpida, algunos trasmitiendo su posesión a los actuales poseedores, otros ejerciendo una posesión personal hasta la actualidad. Es importante recalcar, que en el momento en que los actores, o sus trasmitentes tomaron posesión del inmueble, el mismo se encontraba en estado de abandono, lo que denota que no se ejercía sobre él una actividad agraria. Uno de los testigos nos explica lo siguiente: "Cuando yo llegue en el sesenta y uno el único que vivía era Nombre189320  y los demás fueron llegando después. No recuerdo, aclaro los vendedores se metieron a esas propiedades aproximadamente en el setenta y setenta y dos y de ahí en adelante se hicieron todos los negocios, a excepción de Nombre189320. Solo Nombre189320 vive en la finca con su familia en la actualidad en forma permanente y Nombre189331 que va todos los días a trabajar y tiene casa, los demás van perennemente pero a trabajar y ver el ganado. Los terrenos que se encuentran en montaña se encuentra debidamente carrilados por los dueños. La propiedad que yo le vendí a Nombre189322 yo la cogí, me metí después de que se fué (sic) el señor Nombre189353, nadie me impidió que yo entrara. Como a los ocho o quince días de haber hecho los carriles nos demandó Nombre189356   quien dijo que era el cuidandero de Nombre189353. Don Nombre189320 también fué (sic) cuidandero de Nombre189353 primero que Nombre189356 . Cuando la guardia fué (sic) por la queja de Nombre189356  preguntó por el dueño y como nunca apareció no tuve ningún problema. Yo me metí a carrilar la finca que le vendí a Nombre189322 como en el setenta...Cuando yo me metí se sabía que el dueño de esa propiedad era de un gringo que compró Nombre14165 y lo estafaron pero como estaba abandonada me metí." (Ver testimonial de Nombre189354   a folio 166 vuelto y 167 frente). "Todos los que están ahí están a un tiempo parecido, me refiero a los actores todos entraron aproximadamente en el año setenta"... Yo conocí eso cuando era puros tacotales y montañas y después vi que realizaron trabajos los actores...Todos los actores son luchadores y los he visto trabajando la finca..." (Ver testimonio de Nombre189370   a folio 169 frente y vuelto). Otro testigo nos dice: "Los actores que me fueron leídos, a excepción de Nombre189329    y Nombre189330   de quienes no recuerdo sus nombres entraron aproximadamente todos juntos a la finca en discusión en el año setenta y tres. Todos han trabajado la finca, Nombre189320   trabajó la finca en ganado y agricultura, siempre, no se a quien le compró Nombre189320 como la finca estaba abandonada ellos la hagarraron (sic)... Todos los actores que me fueron leídos trabajaron la finca cuando yo vivía en el lugar...Cuando esta gente se metió como a los quince días puse la denuncia en Cañas y no apareció ningún dueño, llegó la Guardia a ver las tierras y todo se quedó quedito..." (ver testimonio de Nombre189356    a folio 170 vuelto y 171 frente). "Cuando estuvo Nombre189356  entraron estos muchachos que están ahora trabajando hace como unos veinte años, ellos tenían ganado y sembraban agricultura en la finca, yo puede decir eso porque yo fuí (sic) dueño de una finca que colindaba con la finca en disputa, finca que ahora es de mi hijo, finca que colinda al Norte. Entraron cuando se encontraba de cuidandero Nombre189356  todos los actores los cuales me fueron leídos. La mayoría de esa finca eran montañas y ellos la han trabajado..." (Ver testimonio de Nombre183828   a folio 172 frente y vuelto). Queda claro de todo lo anterior que desde el año mil novecientos setenta aproximadamente quienes han poseído a título de dueños, y trabajado esos terrenos han sido los actores, quienes a (sic) sembrado agriculturas y pastoreado ganado, ejerciendo así por más de veinte años una actividad agraria sobre sus tierras. Es evidente que las tierras, cuando entraron los actores o sus trasmitentes estaban abandonadas, y nunca apareció su dueño a reclamarlas razón por la cual aquellos se mantuvieron en la posesión del inmueble a título de dueños, máxime que consolidaron una posesión de más de un año ejercida conforme a la Ley (ver testimoniales de Nombre189371   y Nombre189372   a folio 176 frente y vuelto). Una de las declaraciones más ilustrativas en cuanto a la posesión agraria de los actores, lo es la del señor Nombre189408  , quien trabajaba para el Banco Nacional en la Sección de Crédito, y dice: "yo visité durante veinte años las fincas de Nombre189331, Nombre189320 y unos Nombre189322 y toda la gente vecina de Agua Caliente, por los menos unas doce o quince personas que están en la finca en disputa, la mayor parte de mis visitas fue para cuestión de ganado que financiaba el banco. Para cultivo fueron pocos, la mayor parte era para ganadería. A don Nombre189334   y a sus hijas no las conocí como dueños o poseedores del inmueble durante esos veinte años...había clientes que operaban para financiar la compra de tres vacas. Las operaciones para agricultura fueron pequeñas para maíz, arroz, y frijoles..." De lo anterior, y del resto de las declaraciones testimoniales queda claro que quienes se han mantenido en la posesión del inmueble son los actores, y que los demandados, nunca han ejercido posesión real y efectiva sobre los mismos, mucho menos a título de verdaderos dueños. En virtud de que no existen normas sustantivas en materia agraria que regulen el instituto de la posesión agraria, lo correcto ante tal deficiencia es aplicar las normas relativas al derecho de posesión que contiene el Código Civil, adecuándolas a los principios propios de la posesión agraria. Por otra parte, y propiamente en cuento (sic) a la valoración de las pruebas, es importante manifestar que los Juzgadores agrarios tenemos la facultad de valorarlas a conciencia, y sin sujeción estricta a las normas del Derecho común, siempre y cuando se expresen los fundamentos de equidad y de derecho en que se fundamenta el fallo. El artículo 277 de nuestro Código Civil, define el derecho de posesión como "La facultad que corresponde a una persona de tener bajo su poder y voluntad la cosa objeto del derecho". Por su parte, doctrinalmente se ha dicho que "La posesión agraria es un poder de hecho un bien de naturaleza productiva unido tal poder al ejercicio continuo o explotación económica, efectiva y racional, con la presencia de un ciclo biológico, vegetal o animal ligado directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas y los recursos de la naturaleza (Ver Meza Lazarus, op. cit.) Ahora bien, si nuestro Código Civil entiende el derecho de posesión como una facultad de la persona de tener bajo su poder y voluntad la cosa objeto del derecho, para que la posesión agraria exista, es necesario no solo la intención, sino que lo más importante es la actividad, el ejercicio efectivo de actos posesorios, y en el presente caso, los actores han demostrado la realización de dichos actos posesorios desde hace más de diez años. VI. Nuestra Jurisprudencia, recientemente ha establecido que: "VIII. La posesión agraria, como sucede con todos los demás derechos reales -independientemente si éstos son civiles o agrarios-, le corresponde conocer también de un cierto ciclo de vida referido a la adquisición, conservación, extinción o pérdida. En cuanto interesa a este recurso puede señalarse sus diferentes formas de adquisición, así como los requisitos para su conservación. La adquisición, puede ser unilateral cuando se adquiere o se entra a poseer el bien sin existir una posesión anterior o actual, o porque se adquiere en contra de la voluntad del anterior o actual poseedor.  La adquisición bilateral opera, en cambio, cuando existe un poseedor precedente quien trasmite al nuevo poseedor el bien objeto de posesión, ello acontece por lo general como consecuencia de un negocio jurídico. En la adquisición bilateral inter-vivos la posesión agraria no podría adquirirse con el solo contrato o acuerdo de voluntades, o con el contrato unido a la tradición, o con la simple tradición, pues se hace necesario también la realización de actos posesorios conducentes a la explotación económica del bien. Respecto de la adquisición mortis-causa, ante la muerte de un poseedor agrario, como los bienes poseídos por el causante no deben quedar vacantes, deben ser entregados a quien corresponda jurídicamente para cumplir su explotación. Por su parte, la posesión agraria se conserva a diferencia de la civil, en tanto exista un poder de ejercicio, directo o recto o inmediato y productivo sobre el fundo agrario, es decir, se conserva en tanto exista continuidad en la realización de actos posesorios agrarios, no bastando con la mera voluntad o intencionalidad del poseedor. La pérdida de la posesión en la modalidad de extinción se produce cuando se suspende la realización de los actos posesorios debidos sin causa justificada o cuando se realiza en forma deficiente o irracional, y opera también la pérdida, en sí misma, cuando un tercero se sustituye en la posesión de quien poseyó. Todo lo anterior resulta útil para analizar el agravio de que al momento de realizarse la inspección al titulante solo tenía dos años de posesión, tiempo durante el cual resembró y limpió, pero fundamentalmente en cuanto niega la existencia de la usucapión por estimar mal computada el tiempo de los diez años antes. Este argumento, aparte de lo dicho en cuanto a la adquisición de la posesión, resulta admisible pues la jurisprudencia de más de un siglo ha sido pacífica en cuanto a darle el contenido real al principio expresado en el artículo 863 del Código Civil, según el cual la posesión del trasmitente resulta útil al adquirente, pues lo importante es la continuidad en esa posesión, la falta de interrupción y como se trata de derechos reales, es decir iura in re, no se puede interpretar como actos referidos exclusivamente al titular sino a la secuencia de titulares en relación con la cosa. En efecto el numeral 863 establece: "El que trata de prescribir puede completar el tiempo necesario añadiéndole al de su posesión el tiempo que haya poseído cualquiera que hubiera adquirido el derecho de poseer, del mismo que trata de prescribir, o del causante de éste"..." (Ver Sala Primera de la Corte, número 92 de las diez horas del veintiuno de junio de mil novecientos noventa y uno). Dicha cita de jurisprudencia, nos permite ahora, entrar a analizar, la forma de adquisición de la posesión agraria por parte de los actores, así como su conservación y posteriormente analizar si a la luz de dichos postulados los demandados pueden alegar la adquisición de derechos de posesión agraria. 1.- El actor Nombre189320  , resulta claro, que fué (sic) uno de los primeros en ingresar a los terrenos en litigio, precisamente porque el había sido cuidador en los mismos, y al encontrarse el fundo abandonado optó por ingresar al inmueble y empezó a poseer. Pero además su posesión, ejercida en forma efectiva sobre el inmueble, se ve respaldada por una carta venta privada suscrita el día dieciséis de febrero de mil novecientos setenta, en la cual compra a Nombre189382   una finca con una medida de treinta y nueve manzanas aproximadamente, trasmitiéndole una posesión de más de tres años (Ver hecho probado 8,a); además, este actor cuenta con un Plano Catastrado de su finca cual es el número G-diecisiete mil ciento setenta y cinco-setenta y tres de veintiséis de setiembre de mil novecientos setenta y tres, que describe finca sin inscribir, sita en Aguas (sic) Caliente de Cañas Provincia de Guanacaste, con una medida de veintisiete hectáreas siete mil quinientos cuarenta y seis metros con cuarenta y seis decímetros cuadrados. Linda al Norte Con Nombre189336  , al Sur con Río Corobicí, y Quebrada Cajón, Este Río Corobicí y Oeste Quebrada en medio Nombre189336   (Ver hecho probado 7 c); los actos de posesión agraria ejercidos por éste, constan en el acta de reconocimiento judicial en donde se indica que el terreno está dedicado a potrero con pasto natural y retana, tres apartos cercados a tres hilos, parte del terreno dedicado a la agricultura, y no hay montaña, y tienen pastando ocho toretes (Ver reconocimiento judicial a folio 154 frente). 2.- El actor Nombre189321  , aunque no presenta plano catastrado, consta en autos, la adquisición de los derechos de posesión, mediante venta privada de diecinueve de abril de mil novecientos setenta y nueve, que en realidad fué (sic) una retroventa de una finca que él mismo había vendido a Nombre189388    trasmitiéndole sus derechos de posesión, terreno que se describió como finca sin inscribir situada en Agua Caliente de Cañas, con una medida aproximada de treinta manzanas, Lindante Norte Nombre189321  , Sur Nombre189320  , Este Nombre189339   y Oeste Río en medio con Nombre93382  , por lo que en realidad la posesión la ha ejercido en forma directa él mismo (Ver hecho numerado 8 e); en el acta de reconocimiento judicial se describe como terreno de potrero con aproximadamente dieciocho manzanas de pasto de estrella, dos hectáreas de tacotal y resto de montaña. 3.- El actor Nombre189322   su finca está descrita en el plano G-dieciséis mil doscientos cuatro-setenta y tres a nombre de Nombre189354  , siendo éste último quien mediante carta venta privada de fecha trece de enero de mil novecientos ochenta y dos le transmitió la posesión ejercida por más de diez años sobre el terreno sito en Agua Caliente de Cañas, Provincia de Guanacaste, con una medida de treinta y dos hectárea (sic) siete mil seiscientos setenta y siete metros con noventa y dos decímetros cuadrados, Linda Norte Nombre189323 Nombre189323 , Sur, Nombre189336  ; Este Río Corobicí y Oeste Quebrada, (Ver hecho probado 7 a) y 8 i); su terreno se describe actualmente como terreno de potrero con pasto de estrella, un solo aparto, con aproximadamente diez hectáreas de montaña (Ver reconocimiento judicial a folio 154 vuelto); 4.- El actor Nombre189323   adquirió mediante venta privada de fecha quince de mayo de mil novecientos ochenta de Nombre189390  , una posesión de más de cinco años, sobre el terreno descrito en el plano catastrado número G-diecisiete mil ciento ochenta-setenta y tres (Ver hechos probados 7 d) y 8 g); que es actualmente terreno con pasto de retana aproximadamente diez hectáreas, un solo aparto, y con aproximadamente quince hectáreas de montaña. 5.- El actor Nombre189324   adquirió mediante escritura Pública (sic) el veinte de julio de mil novecientos ochenta y dos, de Nombre189387  , quien le vendió un terreno de tacotal y montaña, sito en Agua Caliente de Cañas, Provincia de Guanacaste, con una medida de veinticinco hectáreas aproximadamente, lindante Norte con Nombre189339  , Sur Nombre189334 , Este Nombre189342 , Oeste Nombre189339 ; además adquirió un terreno de aproximadamente diez manzanas mediante carta venta privada de fecha doce de enero de mil novecientos ochenta y cinco de Nombre189392  situada en el mismo lugar (Ver hecho probado 8 j) y k); actualmente el inmueble poseído por él se describe así: terreno de potrero con aproximadamente ocho hectáreas de estrella, cinco hectáreas de montaña y resto de tacotales dedicados a la agricultura, deslindada con cercas y carriles. (Ver reconocimiento a folio 155 frente); El (sic) actor Nombre189325   , adquirió su derecho de posesión mediante carta venta privada de fecha veinticinco de agosto de mil novecientos setenta y cinco de Nombre189320  ; tiene plano levantado el veintidós de abril de mil novecientos ochenta y nueve; es terreno de montaña y tacotal (Ver hechos probados numerados 7 h) y 8 f) y reconocimiento judicial a folio 155 frente); 7.- El actor Nombre189326   adquirió su derecho de posesión de Nombre189345  , mediante venta de fecha cinco de mayo de mil novecientos ochenta y siete, en la cual le trasmitió la posesión decenal (Ver hecho probado 8 1); actualmente es terreno de potrero con aproximadamente diez hectáreas de montaña y unas cinco hectáreas de tacotal para agricultura (Reconocimiento judicial a folio 155 frente); 8.- El actor Nombre189327  , aunque no aparece carta venta, uno de los testigos manifestó: "Nombre189327   le compró a Nombre93382  quien vivía en Agua Caliente, no en la finca y sí trabajaba la finca, no recuerdo cuando se hizo la venta, puede ser unos tres años o más.", (Ver testimonial de Nombre189354   a folio 166 frente), de lo que se desprende que también su posesión es derivada; además el terreno poseído por este se describe actualmente como terreno de pasto natural, cercado a tres hilos de alambre, postes muertos, no hay casa, hay seis reces (sic) pastando ..." (Ver reconocimiento judicial a folio 154 vuelto); 9.- El actor Nombre189328   adquirió de Nombre189356   mediante escritura de fecha veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, trasmitiéndole los derechos de posesión ejercidos por más de diez años sobre un terreno sito en Agua Caliente de Cañas, Provincia de Guanacaste, con una medida aproximada de veinte hectáreas (Ver hecho 8 11), terreno que es actualmente terreno de potrero con aproximadamente doce hectáreas de pasto estrella, cercado a tres hilos de alambre, aproximadamente dos hectáreas de tacotal y resto de montaña (Ver reconocimiento judicial de folio 155 frente). 10. El actor Nombre189332   adquirió su derecho de posesión de Nombre189376   , mediante escritura de fecha veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, del terreno descrito en el plano G-dieciséis mil doscientos ocho-setenta y tres, trasmitiéndole la posesión decenal, que es actualmente terreno de montaña en su totalidad (Ver hechos probados numerados 7 e), 8 h) y reconocimiento judicial a folio 154 vuelto); 11.- El actor Nombre189329   , adquirió de Nombre189324   mediante carta verbal de quince de noviembre de mil novecientos setenta y cinco ratificada mediante escritura de dos de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, terreno de tacotales y montaña, con una medida aproximada de ciento veinticinco hectáreas, trasmitiéndole la posesión por más de diez años (Ver hecho probado 8 m), y es actualmente terreno de montaña en su totalidad deslindada por carriles, (Ver reconocimiento judicial a folio 154 vuelto); 13.- El actor Nombre189330   adquirió de Nombre189364   mediante venta de quince de febrero de mil novecientos setenta y tres, la posesión ejercida por éste último por tres años, sobre un terreno que mide aproximadamente ochenta manzanas, y que es actualmente terreno de montaña y tacotales descrito en plano de mil novecientos ochenta y nueve (Ver hechos probados 8 c), 7 g), y reconocimiento judicial de folio 155 frente). Con todo lo anterior puede concluirse, que la posesión de los actores, la adquirieron en la modalidad de adquisición bilateral, tratándose en consecuencia de una posesión derivada, a la cual se debe sumar la ejercida por sus anteriores transmitentes, la cual data aproximadamente desde el año de mil novecientos setenta. Ellos, aparte del título, han ejercido en forma real y efectiva la posesión sobre esos terrenos, dedicándolos a agricultura y ganadería, por lo que se consolida plenamente la posesión agraria. A diferencia de los actores, los demandados, no han ejercido en realidad posesión a título de dueño, pues conforme se observó de las declaraciones testimoniales, únicamente el demandado Nombre189334   trabajó en esos terrenos, pero como cuidador, no como poseedor a título de dueño; tampoco sus hijas han ejercido una posesión real y efectiva sobre el inmueble, teniendo como consecuencia de lo anterior, el suscrito Juzgador, que restarle credibilidad y falta de eficacia a los títulos presentados por los demandados, en donde Nombre189334  le trasmite a Nombre189333, y ésta le trasmite a Nombre55165  , pues es evidente que Nombre189377 no ostentaba ningún derecho de posesión sobre el inmueble, lo que producía como consecuencia lógica, que las supuestas adquirentes tampoco lo podrían ejercer pues el poder de hecho no existía, de ahí que jamás se pudo haber consolidado una posesión agraria a favor de los demandados, ya que como se dijo más arriba, no basta la trasmición (sic) de la titularidad se requiere el ejercicio efectivo de actos posesorios agrarios. VII.- Por todo lo expuesto, es lo procedente, declarar con lugar en todos sus extremos, la presente demanda ordinaria agraria declarativa establecida por Nombre189320  , Nombre189321  , Nombre189322  , Nombre189323  , Nombre189324  , Nombre189325   , Nombre189326  , Nombre189327  , Nombre189328  , Nombre189331  , Nombre189332  , Nombre189329   , Nombre189330  , contra Nombre55165  , Nombre189333   y Nombre189334   . En consecuencia se declara: 1.- Que los actores, y sus trasmitentes, desde el año de mil novecientos setenta aproximadamente han poseído las fincas que adelante se dirán, a título de dueños, en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpidamente; 2.- Que los únicos y reconocidos dueños de los terrenos que se dirán son los actores; 3. Que los terrenos poseídos por los actores se describen así: De Nombre189320  : terreno de montaña, tacotales, potrero con una casa, sita en Agua Caliente, distrito primero, del cantón sexto de Guanacaste. Mide: aproximadamente veintisiete hectáreas siete mil quinientos cuarenta y seis metros con cuarenta y seis decímetros cuadrados. Linda al Norte: Nombre189336  . Sur: Nombre189328   en medio en parte Río Corobicí y Quebrada Cajón. Este: Nombre189331   en medio Río Corobicí y Oeste: Nombre189336   en medio Quebrada Cajón. De Nombre189321  : terreno de montaña, tacotales, potrero y una casa de habitación, sita en Agua Caliente, distrito primero, del cantón sexto de Guanacaste. Mide: aproximadamente veintiocho hectáreas. Linda al norte: Nombre189337  ; Sur: Nombre189331  . Este: Nombre189331   y Oeste: Nombre189331  , y también la finca que es terreno de potrero, montaña y tacotales, sita en Agua Caliente, distrito primero, del cantón sexto de Guanacaste. Mide aproximadamente veinticinco hectáreas. Linda al norte: Nombre189338 . Sur: Nombre189320  . Este: Nombre189339  . Oeste: Río en medio de Nombre189327 . De Nombre189322  : Es terreno de montaña, potrero, tacotal, sita en Agua Caliente, distrito primero, del cantón sexto de Guanacaste. Mide aproximadamente treinta y dos hectáreas siete mil seiscientos setenta y siete metros con noventa y dos decímetros cuadrados. Linda al norte: Nombre189323  ; Sur: Nombre189327  ; Este: Nombre189338   y Oeste: en medio Quebrada Cajón, Nombre189325  . De Nombre189323  : Es terreno de montaña, potrero, tacotal. Sita en Agua Caliente, distrito primero, del cantón sexto de Guanacaste. Mide: aproximadamente veinticinco hectáreas, seiscientos treinta y seis metros con veintiséis decímetros cuadrados. Linda al Norte: Nombre189340  , Sur: Nombre189322  ; Este: Nombre189341   y Nombre189338  , ambos en parte y oeste: Quebrada Cajón en medio de Nombre189340  . De Nombre189324  : Es terreno de montaña, tacotales y potrero. Sita en Agua Caliente, distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Linda al Norte: Nombre189339  . Sur: Nombre189334 . Este: Nombre189342  y Oeste: Nombre189339  . Mide: Veinticinco hectáreas aproximadamente y también la finca, que es terreno de montaña, tacotales. Sita en Agua Caliente, distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Mide: Diez hectáreas aproximadamente. Linda al norte: Nombre189325   . Sur: Nombre189330 ; Este: Nombre189339   y Oeste:  Nombre189343 . De Nombre189325   : Es terreno de montaña y un poco de tacotal. Sita en Agua Caliente, distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Linda al Norte: Nombre189338 ; Sur: Nombre189330  ; Este Nombre189344    y Oeste: Nombre189324  . Mide: treinta y un hectáreas aproximadamente. De Nombre189326  : Es terreno de montaña, pastos y agricultura, sita en Agua Caliente, distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Mide: veintiuna hectárea (sic) aproximadamente. Linda al norte: Nombre189331  . Sur: Nombre189328    ; Este Nombre189324   y Oeste: Nombre189321  . De Nombre189327  : Es terreno de montaña, potrero, tacotales y agricultura, sita en Agua Caliente, distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Mide: veintisiete hectáreas. Linda al norte: Nombre189322  ; Sur: Nombre189320  . Este Río Corobicí y Oeste: Río Cajón. De Nombre189328  : Es terreno de pastos, montaña, tacotales y agricultura, sita en Agua Caliente, distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Mide: veinte hectáreas. Linda al norte: Nombre189345, Nombre189326 y Nombre189326  ; al sur: Río Corobicí en medio de Nombre189328  ; Este: Río Corobicí en medio de Nombre189345, Nombre189326 y Nombre189326   y Oeste: Nombre189320  . Nombre189329   : Es terreno de montaña, tacotales, repastos y agricultura, Sita (sic) en Agua Caliente, distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Mide: ciento veinticinco hectáreas. Linda al norte: Nombre189332  ; Sur: Nombre189346  ; Este Nombre189409  y Oeste: Nombre189347  . De Nombre189330  : Es terreno de montaña, tacotales y agricultura. Sita en Agua Caliente, distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Mide: cuarenta y dos hectáreas. Linda al norte: Nombre189324   y Nombre189325  ; Sur: Nombre189328   y Nombre189348  ; Este: Nombre189328  , Nombre189348  ; y Oeste: Nombre189328  . De Nombre189331  : Es terreno de montaña, potrero, cercos tacotales. sita (sic) en Agua Caliente, distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Mide: veintitrés hectáreas. Linda al norte: Nombre189338  ; sur: Nombre189326  ; Este: Nombre189324   y Oeste: Nombre189321  , y otra finca, que es terreno de montaña, tacotal y agricultura. Sita en Agua Caliente, distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Mide: siete hectáreas y linda norte: Nombre189321  ; Sur: no hay por terminar en vértice; Este: Nombre189328  y Nombre189326  y Oeste Nombre189320  , Río Cajón en medio. De Nombre189332  : Es terreno de montaña. Sita en Agua Caliente distrito primero del cantón sexto de Guanacaste. Mide: Sesenta y nueve hectáreas. Linda al norte: Nombre189349  ; Sur: Nombre189338  ; Este Nombre189349  ; y Oeste Nombre189410  . 4. Que los demandados desde el año de mil novecientos sesenta hasta la actualidad, nunca han poseído a título de dueños los terrenos de los actores, y en consecuencia no les asiste ningún derecho sobre esos terrenos, y tampoco derecho a ofrecer en venta los terrenos de los actores; 5. Que los actores son los verdaderos propietarios y poseedores de los terrenos descritos, y en todo caso les corresponde el mejor derecho de posesión con respecto a los demandados. 6. Que los demandados están obligados a pagar las costas de este proceso. En cuanto a las excepciones opuestas a la demanda, los demandados Nombre189334    y Nombre189333  , interpusieron las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, falta de derecho, prescripción y la genérica de sine actione agit. La demandada Nombre55165  interpuso las excepciones de prescripción, caducidad, falta de personalidad procesal de los actores, falta de derecho, falta de personería ad causam activa, y la genérica de sine actione agit. La excepción de falta de personalidad procesal fué (sic) rechazada interlocutoriamente (Ver folio 145 frente). Al demostrar los actores, que tienen el Derecho de posesión sobre los terrenos reclamados, y al demostrar también que a los demandados no les asiste ningún derecho pues no han ejercido la posesión agraria sobre los mismos, queda claro que sí existe legitimación tanto activa (para demandar) como pasiva (Para (sic) ser demandados) y que también les asiste el derecho a los actores para pedir lo que solicitan se declare en sentencia. Por ello se rechazan las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva comprendidas en la genérica sine actione agit. También se rechazan las excepciones de caducidad y prescripción, pues no demostraron los demandados, que haya operado en contra de los actores prescripción de sus derechos de posesión, es decir que lo hayan dejado de ejercitar por más de un año o que otro lo haya ejercido por más de un año en perjuicio de los actores (Artículo 860 del Código Civil). VIII.- En cuanto a la contrademanda: Como se dijo en líneas atrás, en la contrademanda, que es una verdadera acción publiciana, la contrademandante Nombre55165  , pretende que se le declare que ella tiene mejor derecho de posesión que los actores, y que se le restituyan los terrenos poseídos por ellos. Es evidente, y así resulta de las pruebas que obran en autos, que la contrademandante ni su trasmitentes han ejercido la posesión agraria sobre los terrenos reclamados. Han sido los contrademandados quienes han poseído realmente. Las escrituras de traspaso presentadas por la contrademandante en virtud de las cuales su padre Nombre189334  le trasmite a Nombre189333  y ésta a su vez a Nombre55165  la supuesta posesión ejercida sobre esas tierras, en materia agraria, no surten ninguna eficacia, pues como se dijo, no basta el título traslativo, o la tradición, se requiere fundamentalmente el ejercicio de actos posesorios agrarios sobre el inmueble, para que se configure el derecho de posesión agraria, y en el presente caso quienes han ejercido ese derecho son los contrademandados. Es evidente que la contrademandante, y su padre, así como su hermana, se quisieron aprovechar de una situación que se dió (sic) hace muchos años, cual fué (sic) el hecho de que don Nombre189334  viviera en esas tierras, pero que desde el año mil novecientos sesenta abandonó, y la forma en que ejercía la posesión era en carácter de servidor, nunca a título de dueño. De ahí, que se hace necesario por lo expuesto, declarar sin lugar en todos sus extremos la presente contrademanda establecida por Nombre55165   contra Nombre189320  , Nombre189321  , Nombre189322  , Nombre189323  , Nombre189324  , Nombre189325   , Nombre189326  , Nombre189327  , Nombre189328  , Nombre189329   , Nombre189330  , Nombre189331   y Nombre189332  . Como no demostraron que le asistía el derecho de posesión de esas tierras, se debe acoger la excepción de falta de derecho establecida por los contrademandados; y omitir pronunciamiento en cuanto a las restantes excepciones por resultar innecesario. Se condena en costas personales y procesales a la contrademandante.

          6º.-Los demandados apelaron, y el Tribunal Superior Agrario, integrado por los Jueces Luis E. Montero Mora, Carmenmaría Escoto Fernández y Alvaro Meza Lazarus, en sentencia dictada a las nueve horas cincuenta minutos del dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, resolvió:  "Se revoca la sentencia recurrida dictada a las nueve horas del veintiséis de abril de este año, en cuanto acoge con lugar en todos sus extremos la demanda planteada por los accionantes. En su lugar se resuelve: Se declara con lugar la excepción de Falta de Derecho que opusieron los demandados a la demanda que en su contra presentan los actores Nombre189331  , Nombre189322  , Nombre189323  , Nombre189332  , Nombre189329   , Nombre189330  , Nombre189325    y Nombre189321  . Se omite pronunciamiento en cuanto a las demás excepciones por innecesario. Se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda que presentan los actores antes citados contra los señores Nombre55165  , Nombre189333  , y Nombre189334   . Se declara con lugar la excepción de Falta de Derecho opuesta por esos demandados en cuanto a las pretensiones de los demás actores tendientes a que se les declare con derecho de posesión y propiedad de los terrenos en litis. Se omite pronunciamiento a cuanto a las demás excepciones referidas a las pretensiones apuntadas, por innecesario. En cuanto a las demás pretensiones se declaran sin lugar las excepciones opuestas a la acción de Falta de Derecho, Falta de Legitimación ad causam activa, Falta de Legitimación ad causam pasiva, prescripción, caducidad, y sine actione agit. Se declara parcialmente con lugar, denegándola en lo que no se indica, la demanda planteada por Nombre189320  , Nombre189327  , Nombre189324  , Nombre189326   y Nombre189328   contra la señora Nombre189334  y el señor Nombre189334  antes mencionados, así: Los demandados no ostentan ningún derecho en las parcelas que poseen esos accionantes, ubicadas en Agua Caliente de Cañas Guanacaste, dentro de la Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica de Guanacaste, y en consecuencia no están facultados para ofrecer en venta esas tierras a ninguna institución o tercero. Se revoca la sentencia apelada en lo resuelto en cuanto a costas, y en su lugar se resuelve: Se exime a los demandados a pagar las costas del proceso a los actores vencidos Nombre189356 , Nombre189322 , Nombre189323 , Nombre189332 , Nombre189329  , Nombre189400 , Nombre189325  y Nombre189321 . Se condena a los accionados a pagar las costas personales y procesales en las que hubieren incurrido los actores Nombre189320 , Nombre189327 , Nombre189324  , Nombre189326  y Nombre189328 . En lo demás se confirma la sentencia venida en alzada.".  El Tribunal fundamentó su fallo en las siguientes consideraciones que redactó el Juez Meza Lazarus: "I. Este Tribunal prohija los hechos probados que contiene la sentencia recurrida, salvo los marcados con los números 1, 5, 6, 9, y 18. El 9 se rechaza por cuanto se trata más bien de un hecho indemostrado. Los demás se tienen por demostrados con las siguientes variantes: El hecho l: Se debe leer conforme se redacta en aquella sentencia, pero en vez de indicar que esas tierras "tuvieron varios dueños", se debe leer "que los vecinos del lugar consideraban como dueños a diversas personas". Como fundamento probatorio se prohija lo mencionado por el a-quo. En cuanto al 5-debe considerarse probado que: "Aproximadamente entre los años de mil novecientos setenta y mil novecientos setenta y tres los actores Nombre189320  , Nombre189321  , Nombre189322  , Nombre189323  , Nombre189325   , y Nombre189331  , se introdujeron en la finca en cuestión, cuando la misma la estaba cuidando Nombre189356    y se encontraba en abandono, y comenzaron a realizar diversas labores, entre las que destacan la tala de árboles, siembra de pasto y otros productos agrícolas. Los demás accionantes ingresaron o compraron algunos de esos terrenos con posterioridad. Unicamente Nombre189320  y Nombre189331  construyeron casas en sus parcelas y el primero habita con su familia en ella". (Ver declaraciones testimoniales de Nombre189354   a folios 165 y 166, Nombre189370   a folio 169, Nombre189411   a folio 172, Nombre189371    a folio 176, Nombre189356    a folio 170, Nombre189360   a folio 173, Nombre189372   a folio 176, Nombre189373    a folio 177 y Nombre189359   a folio 178. Además reconocimiento judicial de folio 154). El 18 se debe leer conforme se redacta en la sentencia recurrida, pero en vez de indicarse "las fincas poseídas por los actores y contrademandados" debe decirse "las fincas sobre las que los actores alegan tener derechos". Además se deben agregar dos hechos demostrados más, así: 19-Que las fincas sobre las que versa esta litis están ubicadas dentro de la Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica de Guanacaste, creada mediante decreto ejecutivo 5836-A, del veinticinco de Febrero de mil novecientos setenta y seis (Ver folio VM 013 del Director General Forestal, de folio trece, copias de los informes de avalúos de folios del quince al veinte, y oficio Nº 662-89/DAJF, de la Asesoría Jurídica Forestal, de folio treinta). 20- Después de creada la citada Reserva, el Instituto de Desarrollo Agrario reubicó a los demandados Nombre189331  , Nombre189322  , Nombre189323  , Nombre189412  , Nombre189325    y Nombre189321  , asignándoles una parcela en el asentamiento Nueva Guatemala. (Ver declaraciones testimoniales de Nombre189354   de folio ciento sesenta y cinco, y Nombre189411   de folio ciento setenta y dos).- II.-En cuanto a hechos indemostrados el Tribunal prohija los marcados con los numerales 1, 2, 3 y 6. El hecho indemostrado número 5 se acepta, pero no por las razones que expone el a quo, sino porque no existen pruebas que permitan tener por acreditado que los accionados al momento de iniciar sus trabajos en esas fincas, -en los casos en que se trata de invasiones originarias-, o los que las compraron, aquellos que no las invadieron originalmente, tenían por intención obtener una retribución del Estado. El hecho indemostrado número 4 se rechaza, para que en su lugar se lea así: No demostró la reconventora que todos los demandados comenzaron a realizar labores en ese inmueble entre los años mil novecientos ochenta y ocho y mil novecientos ochenta y nueve. No hay pruebas que así lo indiquen. Por el contrario de las pruebas se desprende que la mayoría de ellos comenzaron a realizar trabajos en esas fincas desde mil novecientos setenta  y mil novecientos setenta y tres. Los que no iniciaron sus labores en esas fechas, compraron los derechos a otros que ingresaron a esas tierras en aquellos años. Se debe agregar un nuevo hecho indemostrado: 7- No demostraron los actores Nombre189332  , Nombre189329    y Nombre189330  , que hubieran realizado alguna labor que pueda ser considerada como posesión, o al menor (sic) alguna mejora susceptible de ser indemnizada por el Estado. Cuando el señor Juez de Liberia realizó el reconocimiento judicial de las parcelas de estos demandados constató que en los casos de Nombre189334 y Nombre189329 su terreno estaba constituido por montaña, y en el caso de Nombre189334 sólo existían tacotales y montaña. No existe ninguna otra prueba que demuestre que ejercieran posesión. La conservación del bosque bien puede llegar a constituir posesión, según se analizará adelante, pero en el caso de estos accionantes no existe ninguna prueba que permita apreciar que ellos realizaron alguna labor tendiente a lograr esa conservación. No debe confundirse la conservación natural de ese recurso, que se logra con solo que el ser humano no intervenga en su perjuicio, con la conservación intencional, en la que sí existe intervención humana, precisamente evitando que causas no naturales afecten los ecosistemas del bosque, o logrando en alguna medida aprovechar racionalmente sus productos, o permitiendo el desarrollo de investigaciones científicas. Pero nada de esto se ha demostrado en este caso.-III.- La conservación de los recursos naturales se torna cada día más en una necesidad vital para la humanidad entera. En la medida en que se aumente la contaminación ambiental, se deforesten los bosques, se degraden los suelos, estaremos causándonos un grave daño a nosotros mismos. Ya en mil novecientos ochenta organizaciones internacionales se referían a esta cuestión así: "Los recursos vivos esenciales para la supervivencia del hombre y para un desarrollo sostenido están siendo destruidos o se agotan de manera creciente. Al mismo tiempo, aumenta rápidamente la demanda humana de esos recursos. Si el deterioro de las tierras continúa al ritmo actual, casi una tercera parte de las tierras de cultivo del mundo quedará destruida dentro de 20 años. Asimismo, a fines del siglo (con el actual ritmo de aclareo quedará solamente la mitad del área presente de los bosques tropicales productivos no explotados" (UICN-PNUMA-WWF. Estrategia mundial para la conservación. 1980). Esto ha obligado a diversas naciones a promulgar normas jurídicas en procura de lograr la tutela deseado a esos recursos, normas que, como lo señala la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia tienen un "altísimo contenido axiológico cuyo desarrollo no es exclusivamente nacional, sino, por el contrario, se trata de un movimiento de carácter universal cuyo resultado ha sido el de colocar el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado como un verdadero derecho humano. Se le ubica dentro de los denominados derechos de la tercera generación: un paso adelante de los derechos humanos clásicos, civiles o políticos (de la primera generación) y de los económicos, sociales y culturales (de la segunda generación). Ello ha dado base para formular una nueva clasificación jurídica: el Derecho Ecológico, el cual hoy tiene un objeto muy definido en los recursos naturales, y su complejo de fuentes caracterizados por la organicidad y completez" (Ver sentencia N 189, de las 14 horas 20 minutos del 30 de octubre de 1991). IV.- En nuestro país una de las primeras y más importantes leyes que se han promulgado, pretendiendo la tutela mencionada, es la Ley Forestal. Esta ley, señaló Corte Plena, actuando como Tribunal Constitucional, "pretende proteger los recursos naturales, circunstancia que incide en la organización de la producción. Los recursos hidrológicos, los cambios ambientales, la sanidad del lugar son factores que influyen en la producción agropecuaria y se encuentran directamente relacionados con los recursos forestales de la zona; por ello las regulaciones sobre explotación forestal no lesionan sino que, por el contrario, afirma la garantía constitucional del artículo 50, en cuanto dispone que el Estado debe organizar la producción" (Sesión extraordinaria de las 9 horas del 5 de junio de 1984). Es por esto, según se dijo en ese mismo voto, que "en la materia regulada por ella existe un claro interés -público- ... porque debe interesar a los órganos del Estado, así como a la comunidad, la protección, conservación y explotación racional de los bosques, pues el atentar contra ellos puede producir cambios en el medio ecológico, de graves consecuencias". Más recientemente la Sala Constitucional ha señalado: "Nuestro país ha dependido y seguirá dependiendo, al igual que cualquiera otra nación, de sus recursos naturales y su medio ambiente para llenar las necesidades básicas de sus habitantes y mantener operando el aparato productivo que sustenta la economía nacional, cuya principal fuente la constituye la agricultura y, en los últimos años, el turismo, especialmente en su dimensión de ecoturismo. El suelo, el agua, el aire, los recursos marinos y costeros, los bosques, la diversidad biológica, los recursos minerales y el paisaje conforman el marco ambiental, sin el cual las demandas básicas -como espacio vital, alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles" (Voto 3705, de las 15 horas del 30 de julio de 1993). V.- Atendiendo esos principios, existen una serie de normas, no solo en la Ley Forestal, que pretenden la tutela de los bosques, como unos de los lugares en los que se encuentra la mayor diversidad biológica del planeta. Con ese conjunto normativo se declara patrimonio estatal, en su condición de propiedad de dominio público -imprescriptible e inalienable- los terrenos que tengan bosque ni sometidos a propiedad privada, prohibiendo a los particulares realizar cualquier tipo de labor en los mismos y negándoles el derecho de posesión cuando, a pesar de las prohibiciones expresas, se realizan trabajos en ellos. El artículo 11 de la Ley de Tierras y Colonización, número 2825 del 14 de octubre de 1961 establece que "pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales: a) Todos los terrenos comprendidos entre los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones autónomas. b) Los que no estén amparados por la posesión decenal. c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos". Como complemento de lo anterior el artículo 8 de esa ley dispone: "Exceptuados los casos previstos en esta ley, es prohibido a los particulares encerrar con cercas, carriles o cualquier otra forma, los terrenos declarados reservas nacionales; DERRIBAR MONTES, establecer construcciones y cultivos, o extraer de ellos leña, madera, bejuco, palma y otros productos con fines de explotación. Todo acto de ese género, si de previo no se han llenado los trámites legales y obtenido la autorización correspondiente, será considerado, según el caso, como Usurpación de Dominio Público o merodeo, debiendo las autoridades ordenar la destrucción y remoción de las cercas e impedir el uso de esas tierras,..." Obsérvese que los actos realizados en esos terrenos no son considerados como posesión, pues son catalogados por el mismo artículo 8, como "faltas". De manera que la actividad realizada en esas tierras si por alguna circunstancia fueran estimados como posesión, debe entenderse como una posesión ilegítima, sancionada penalmente, por considerarse una falta contra la prohibición que establece la ley. En lo concerniente propiamente a los bosques, que es lo que interesa a este análisis, desde el 23 de Noviembre de 1969, con la promulgación de la última Ley Forestal derogada número 4465, se afectan a los fines de esa ley todos los bosques ubicados en Reservas Nacionales y se establece expresamente que la posesión ejercida en ellos no genera ningún derecho. En el artículo 19 se dispuso: "Quedan afectados a los fines de la presente ley, todos los bosques y terrenos forestales situados en: a) Las tierras consideradas Reservas Nacionales...". Por su parte, el artículo 25 señalaba: "La posesión de los terrenos situados en las Reservas Nacionales y fincas del Estado, a que se refiere el artículo 19 de esta ley, no causará derechos de ninguna especie y la acción reivindicatoria del Estado, por los mismos, es imprescriptible, y la Dirección General Forestal, con los medios legales a su disposición, procederá a desalojar de tales terrenos a las personas que los ocupan total o parcialmente, en el caso de que se trate de Zonas Protectoras, Parques Nacionales, Reservas Forestales y Reservas Biológicas". Con estas normas se otorga a los bosques ahí mencionados una doble tutela: Primero por su condición de Reserva Nacional, en las que es prohibido realizar cualquier acto posesorio, según lo indicado antes; y segundo por constituir Patrimonio Forestal del Estado en el que ningún acto de posesión causará derecho de ninguna especie. Este aspecto se ve confirmado con lo que establecía el artículo 8 del Reglamento a esa Ley, que dice: "Los terrenos nacionales comprendidos dentro de las áreas declaradas reservas forestales son inalienables, es decir no podrán salir del dominio del Estado, y su posesión no causará derechos de ninguna especie de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25, 49 y 57 de la Ley Forestal". En apoyo de lo dispuesto en las últimas normas citadas el artículo 80 de la Ley Forestal derogada, disponía: " Queda prohibido la invasión y ocupación de terrenos en los parques nacionales, reservas forestales y zonas protectoras. Esta prohibición se extiende hasta las reservas nacionales, hasta tanto no se haya determinado su clasificación y transferencia...". El artículo 100 indicaba: "Será sancionado con prisión de seis meses a dos años o con multa de quince a cien días, la (sic) personas que: a) Explote un bosque patrimonio forestal del Estado sin la autorización legal correspondiente...b) Invada un parque nacional, reserva biológica, zona protectora o reserva forestal, cualquiera sea el área ocupada... Si la invasión es en Reservas Nacionales, estará sujeta a lo estipulado en el artículo 227 del Código Penal". A su vez el artículo 101 disponía: "Será reprimida con multa de diez a sesenta días, la persona que: a) Corte árboles, o cualquier producto forestal, sin permiso, en las reservas nacionales...d) Someta a pastoreo los terrenos forestales del Patrimonio Forestal del Estado..." Del mismo modo el artículo 227 del Código Penal dispone desde 1970: "Será sancionado con prisión de seis meses a dos años, o con quince a cien días multa:... 2) El que sin autorización legal explotare un bosque nacional..." Como puede verse, la ilegitimidad de los actos posesorios que se realizaran en un bosque que no estuviera sometido al régimen de propiedad privada es más que evidente. Por eso no queda más que afirmar que tales actos no confieren el derecho de posesión a quien los realice. Con la entrada en vigencia de la nueva Ley Forestal, número 7174 del 28 de junio de 1990, se confirma esta posición, pues su artículo 32 establece: "El patrimonio Forestal del Estado está constituído (sic) por todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales..." Por su parte el artículo 33 de esa ley dispone: "Los terrenos forestales y bosques que constituyen el Patrimonio Forestal del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables, su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante información posesoria, su invasión y ocupación serán sancionados conforme con lo dispuesto en esta Ley". VI.- De lo que se ha dicho hasta ahora resulta un imperativo legal negar el derecho de posesión a aquellas personas que realizaran cualquier actividad en terrenos no sometidos a propiedad privada, y que estén constituidos por bosques, cuando esos actos se realizaran después de la entrada en vigencia de la Ley Forestal 4465, es decir desde el 23 de Noviembre de 1969. Desconocer este derecho no significa imponer restricciones a los bienes de los particulares, por estar destinados los mismos a fines de interés general; porque en realidad esos bienes pertenecen al Estado y estaban destinados a esos fines desde antes de que el particular comenzara a realizar sus actividades en ellos. Sin embargo, esto no significa que deba desconocerse el trabajo desplegado por un sujeto en esos bienes. La misma Ley de Tierras y Colonización que ya citamos, en su artículo 1 establece: "La presente ley tiene por objeto: 1) Determinar que la propiedad de la tierra se debe promover para el aumento gradual de su productividad y para una justa distribución de su producto, elevando la condición social del campesino y haciendolo (sic) partícipe consciente del desarrollo económico-social de la nación. 2) Contribuir al florecimiento de las virtudes republicanas, privadas y públicas, vinculando al ciudadano a un régimen sano de la posesión de la tierra; 3) Contribuir a una más justa distribución de la riqueza; 4) Contribuir a la conservación y uso adecuados de las reservas de recursos naturales renovables de la Nación;... 6) Determinar que la tierra no debe utilizarse para la explotación del trabajador agrícola...". A su vez, en el artículo 3 se dispone: "De acuerdo con lo expuesto en el artículo 1, la tierra a de constituir para el hombre que la trabaja, la garantía de su bienestar económico, de su libertad y dignidad y, por lo tanto, base del bienestar, de la libertad y de la dignidad de la Nación". Las normas transcritas tienen un directo fundamento en la misma Constitución Política, sobre todo en sus artículos 50 y 56, y especialmente en el segundo en cuanto reconoce el trabajo como un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. De manera que negar el derecho de posesión conlleva negar que el individuo ha ejercido su derecho al trabajo, el cual por diversas circunstancias, sobre todo de índole socio-económico, muchas veces se debe desplegar en bienes destinados a fines públicos. Desde este punto de vista quien hubiere trabajado en un terreno destinado por ley a la conservación del bosque tiene derecho a que se le reconozca el trabajo desplegado en él, siempre que sus acciones no constituyan una infracción penal. Ese trabajo es reconocido por el ordenamiento jurídico como el fundamento de la posesión agraria inspirada en la encíclica papal Laborem Exercem en lo que el Papa Nombre189413   señala: "La propiedad se adquiere ante todo mediante el trabajo para que ella sirva al trabajo. VII.-  Ahora bien el trabajo realizado por una persona en un inmueble puede darse de diversas maneras: bien como actividad agraria, bien como actividad ecológica, o bien como ambas. Por actividad agraria entendemos aquella en la que el ser humano interviene en el ciclo biológico de plantas y animales, cultivando vegetales o criando animales, utilizando para ello racionalmente los recursos naturales. Se trata pues de una actividad que, en los casos permitidos por la ley, puede llegar a constituir posesión agraria, cuando se realiza empresarialmente. En torno a ello este Tribunal y la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, hemos elaborado una amplia y detallada jurisprudencia. Como en la sentencia que se cuestiona se aborda correctamente este tema consideramos innecesario ampliar al respecto. VIII.- Por actividad ecológica o posesión ecológica entendemos el conjunto de actividades y omisiones intencionales que realice una persona (física o jurídica), dirigidos a proteger uno o varios ecosistemas debidamente delimitados, con el fin de mantener el equilibrio ecológico de los mismos. Se trata de una actividad eminentemente conservativa que no por ello excluye la producción de riqueza económica. (Para todo vease (sic), Nombre189414 , La Posesión Ecológica, en prensa). De lo anterior debemos resaltar que la omisión de realizar actividades en el bosque, con el fin de protegerlo, debe ser intencional. Debe existir el animus del poseedor de "no hacer" para proteger. Esto tiene una explicación razonable: la interrelación de todos los recursos que componen el bosque permite su conservación natural. Ergo, no se puede imputar esa conservación a un individuo que no ha hecho nada para lograrla. En sentido contrario, quien se resiste a talar árboles, o a explotar sus recursos más allá de su capacidad natural de regeneración, o despliega vigilancia para impedir que otros causen daños o cacen, porque su interés es conservar, obviamente este individuo ejerce posesión ecológica, y como tal debe ser reconocida. Esta actividad -o inactividad- permite desplegar otros actos complementarios que darán el sustento económico al poseedor para poder continuar en la misma así podemos pensar en el turismo ecológico debidamente manejado, la explotación racional de algunos de los recursos del bosque para fines comerciales o científicos, la cacería, cuando ésta se hace necesaria por la proliferación de una especie que amenaza otras. Como se ve esta posesión no solo logrará el beneficio particular de su poseedor, sino que logra un bien para la sociedad entera. Por eso nos parece dichosamente acertado lo que ha dicho la Sala Constitucional en el voto que ya antes citamos, cuando expone:"...precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, pero más importante que ello es entender que si bien el ser humano tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber y la obligación de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional  y el disfrute útil del derecho mismo". Por todo lo dicho debemos concluir que quien ejerce posesión ecológica, aún en aquellos casos en los que la ley desconoce su actividad como posesión, también tiene derecho a que se le reconozca la labor desplegada en la conservación. (veáse (sic) la reciente reforma del artículo 50 de la Constitución Política). IX.- Puede ocurrir en que un mismo terreno se desplieguen actividades agrarias y actividades ecológicas. Ya ha sido superada la tesis de quienes buscaban la conservación de toda costa, incluso en perjuicio de actividades económicas productivas necesarias para la subsistencia de la humanidad. Ahora se comprende que esto no solo es inconveniente, sino materialmente imposible. Es común encontrar terrenos destinados en parte al desarrollo de actividades agrarias, en los que además se conserva parte de bosque. En esos casos, en los que evidentemente nos encontramos ante un desarrollo sustentable, la labor desplegada tanto en la actividad productiva agraria, como en la conservación, debe ser reconocida al poseedor como parte de su patrimonio. Ante este supuesto la actividad ecológica no siempre se despliega con el único fin de la conservación, independientemente de la actividad productiva agraria. Por el contrario, generalmente esto resulta como consecuencia de la convicción del poseedor de que si destruye el bosque, posiblemente se perderán las fuentes de agua y otros recursos necesarios para continuar con su labor agropecuaria. Desde este punto de vista los parámetros para valorar la actividad conservativa en estos casos no necesariamente deben ser los mismos que cuando nos encontramos ante un poseedor ecológico, pues en la labor mixta la protección resulta como consecuencia directa de la producción, por lo que no puede entenderse una posesión como independiente de la otra. X.- En este caso, si bien los vecinos del lugar consideraron que algunas personas fueron dueñas de la finca en conflicto antes de de (sic) que ingresaran la mayoría de los actores, lo cierto es que ese terreno permaneció por varios años abandonado, siendo para entonces una montaña virgen. A tal grado llegó la incertidumbre de si realmente existía un verdadero propietario que ninguno de los testigos, ni siquiera Nombre189356   , que fue cuidador de ese inmueble, conoció al señor Nombre189353 .  , a quien se consideró el último dueño, antes del ingreso de los accionantes. Precisamente por eso los policías que llegaron a investigar lo que ocurría, ante la denuncia planteada por el señor Nombre189356  después de la invasión, no realizaron ninguna gestión posterior, pues no apareció nadie que reclamara como suyas esas tierras. La circunstancia de que en mil novecientos sesenta y cuatro, después de la promulgación de la Ley de Tierras y Colonización que citamos antes, se levantaran dos planos de esa finca, no permite considerar que las personas a cuyo nombre se inscribieron originalmente esos planos fueran poseedores de esos inmuebles, pues el artículo 301 del Código Civil establece que "La mesura de un terreno, sea o no protestada, no basta por sí sola para probar la posesión del mismo terreno". Tampoco el hecho de que existieran cuidadores demuestra posesión de alguien, porque el solo hecho de poner a una persona a cuidar, no se sabe para qué, no constituye un acto de posesión. Ante esto debemos concluir que esas tierras, al momento del ingreso de los accionantes, en mil novecientos setenta o después, estaban afectadas por las disposiciones transcritas de la Ley de Tierras y Colonización y la Ley Forestal 4465. XI.- Este Tribunal comparte los razonamientos dados por el a quo para declarar sin lugar la reconvención planteada por Nombre55165  . Debemos agregar que no hay ninguna prueba que demuestre que doña Nombre55165 fuera en algún momento poseedora de las tierras en litis. Precisamente por ello no interesa si el demandado Nombre189334    fue poseedor de esas tierras antes de mil novecientos sesenta cuando las abandonó, porque lo que aquí interesa es que por más de treinta años ni él ni sus hijas han ejercido posesión en ese inmueble, y lo que es más importante aún, no existe ninguna prueba que demuestre que el señor Nombre189334  realmente fue poseedor. El hecho de que en un plano don Nombre189334  aparezca como clindante (sic), o que esos planos ahora estén a nombre de la reconventora no demuestra posesión, según se dijo antes con fundamento en el artículo 301 del Código Civil. También está de acuerdo el Tribunal que la excepción que debe ser acogida es la falta de derecho, porque no le asiste ningún derecho a la señora Nombre189334  para plantear esta demanda como lo ha hecho. De manera que en este aspecto debe ser confirmada la sentencia recurrida. XII.- Los actores pretenden que se declare que adquirieron los terrenos por derecho de posesión, por lo que son sus únicos propietarios en carácter de dueños, ostentando mejor derecho de poseer que los demandados. Con relación a éstos solicitan que se declare que nunca ha sido poseedores y por ello no les asiste ningún derecho para ofrecer en venta sus fincas a la Dirección Forestal, al Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, ni a ninguna otra institución. La demanda ha sido planteada por trece actores como si todos reclamaran derechos sobre un mismo bien, cuando en realidad se trata de pretensiones independientes en donde cada uno de ellos pretende que se declare su mejor derecho de posesión sobre fundos diferentes. Es por ello que el Tribunal considera que lo correcto debió ser que cada accionante presentara su demanda en forma separada. Como eso no se hizo se nos presentan dos opciones: a) anular todo lo actuado y resuelto en este asunto desde su iniciación, para que se proceda conforme se indicó antes, o b) fallar sobre el fondo del asunto, evitando con ello graves perjuicios a las partes. El instituto de la nulidad es una figura extraordinaria a la que sólo se debe acudir en casos extremos, cuando se cause indefensión o cuando sea imposible orientar el curso normal de los procedimientos. (Ver artículo 197 del Código Procesal Civil, aplicable al caso supletoriamente). El artículo 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria establece al respecto: "Cuando sea del caso, los Tribunales podrán, por iniciativa propia, declarar nulidades y disponer la reposición de trámites, a fin de corregir irregularidades que pudieran afectar la validez del proceso". En nuestro criterio el defecto procesal apuntado no afecta la validez del proceso, por las siguientes razones: a) No se ha causado indefensión. Todas las partes han tenido oportunidad de referirse a las pretensiones sometidas a la decisión del Tribunal, siguiéndose para ello todos los trámites necesarios para cumplir con el debido proceso. Todos han tenido oportunidad de ofrecer sus pruebas, las cuales han sido debidamente evacuadas. b) Si cada actor hubiese presentado su demanda en forma separada, se facilitaría la labor jurisdiccional, dado que podría apreciarse con mayor detalle si cada uno de ellos realmente ostenta los derechos que reclama. Sin embargo, en esto tampoco encontramos que exista un vicio grave, pues por la abundante prueba testimonial y documental ofrecida y evacuada, es posible hacer la valoración respectiva con relación a cada uno de los actores en forma separada. Debemos agregar que si bien la parte actora incurre en error al plantear la demanda como lo hizo, también existe responsabilidad compartida en ese vicio por los órganos jurisdiccionales que no ordenaron su corrección en el momento oportuno. Anular el proceso sería causar un perjuicio a las partes por un defecto en el que también influyó la administración de justicia. Por eso consideramos que es posible resolver el fondo, sin que con ello se afecte la validez de los procedimientos. Antes de referirnos en concreto a cada uno de los actores es preciso hacer dos consideraciones generales más. XIII.- Según se indicó en el considerando X, cuando los accionantes ingresan al  terreno, o lo compran entre mil novecientos setenta y mil novecientos setenta y tres. o con posterioridad a esa fecha, las tierras objeto de esta litis estaban afectadas por lo dispuesto en la Ley de Tierras y Colonización y la Ley Forestal 4465. A partir de mil novecientos setenta y seis esas tierras son declaradas Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica de Guanacaste mediante el Decreto Ejecutivo 5836-A del 25 de febrero de 1976, reformado por decreto Ejecutivo N8473-A-, del 24 de abril de 1978. Por eso de acuerdo con lo expuesto en los considerandos V y VI, a ninguno de los actores se les puede considerar poseedores, porque por imperativo legal la labor desplegada en esos fundos no generan derecho de posesión, mucho menos el de propiedad. De manera que las pretensiones de los accionantes, solicitando que se les declare con derecho de posesión y de propiedad deben ser declarada sin lugar. XIV.- El conflicto que nos ocupa se origina cuando el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, inicia los trámites para pagar a los accionantes los derechos que tuvieran sobre las fincas que trabajan. Se realizan los avalúos correspondientes en virtud de que esos inmuebles están ubicados en la Reserva Forestal antes citada. Las demandadas Nombre189334  se opusieron a que se pagaran esos derechos a los accionantes, alegando ser ellas las dueñas de esas tierras. Ante esto se paraliza el trámite administrativo y los actores deben acurdir (sic) a esta vía en resguardo de sus derechos. Todo esto ha sido objeto de este debate, aunque no se indica expresamente en la demanda, y por eso, de conformidad con lo que dispone el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, es obligatorio referirnos a ello. Resulta evidente entonces que la pretensión de la parte actora tendiente a que se declare que a los demandados no les asiste derecho para ofrecer en venta sus fincas a ninguna institución pública, tiene estrecha relación con el pago que haría el Mirenem a quien ostentara derechos sobre esas tierras. De conformidad con lo que se expuso en los considerandos VI, VII, VIII, y IX, quienes hubieren demostrado haber realizado trabajos en esas tierras, y como consecuencia de ello han realizado mejoras en las mismas, tienen derecho a que se les pague esas mejoras, excepto en los casos que se analizarán de seguido. Por eso es procedente analizar quienes ostentan esos derechos, porque con relación a estos debería acogerse su pretensión tendiente a desconocer derechos a los demandados para ofrecer en venta las tierras en las que han realizado esos trabajos. XV.- Del reconocimiento judicial realizado por el Juez a quo se desprende que de las fincas sobre las que pretenden tener derecho Nombre189332   y Nombre189329   , únicamente tienen montaña. Aún cuando el testigo Nombre189373   , funcionario bancario de la zona por muchos años, recuerda que al señor Nombre189332  se le financió para realizar alguna actividad agropecuaria, de aquel reconocimiento podemos entender que esa actividad no se realizó en el fundo objeto de este proceso. De lo contrario en esa finca al menos habrían algunos tacotales. Ninguna otra prueba nos permite apreciar que don Nombre189332 o el señor Nombre189329  realizaran algún tipo de actividad en los terrenos de los que dicen ser dueños, ni siquiera una actividad conservativa. De manera que su demanda debe ser declarada sin lugar en todos sus extremos. XVI.- En la finca del señor Nombre189330   solo existen tacotales y montaña. No hay ninguna prueba que demuestre que este señor realizara labores en ese fundo. El hecho de que existan tacotales no demuestra que se realizaran trabajos ni agrarios, ni menos de conservación, porque más bien lo que puede desprenderse de ello es que se causó un daño ecológico con la tala de árboles sin ningún propósito lícito conocido. Dado que con relación al señor Nombre189400  también se presenta una circunstancia relevante para la solución de esta litis, volveremos a referirnos a él en el siguiente considerando. No obstante, con solo lo dicho hasta ahora se concluye que también con relación a él se debe declarar sin lugar la demanda en todos sus extremos. XVII.- Con relación a los señores Nombre189331  , Nombre189322  , Nombre189323  , Nombre189325   , Nombre189321   y el citado Nombre189330  , es preciso hacer las siguientes consideraciones. El artículo 7 del citado decreto N 5836-A establece: "Los poseedores de tierras sin inscribir, serán reubicados por el Instituto de Tierras y Colonización, o en su defecto recibirán el justo precio de sus mejoras". El testigo Nombre189354  , refiriéndose a los actores dijo: "Algunos de ellos son beneficiarios por parte del Instituto de Desarrollo Agrario como Nombre189322  , Nombre189323  , Nombre189325  , Nombre189331  , Nombre189330  . Las parcelas que ellos tienen del Instituto de Desarrollo Agrario se encuentran ubicadas en otro lugar de nombre Nueva Guatemala como a dos kilómetros de Agua Caliente, cuando la Forestal entró en el lugar se estaba haciendo una negociación sobre esa finca con la Forestal, y por estar la propiedad dentro de la Reserva ellos solicitaron al Instituto de Desarrollo Agrario una parcela donde vivir..." Además el testigo Nombre183828   dijo: "Hace como diez años la Forestal no dejó trabajar más las fincas y por eso algunos de ellos solicitaron parcelas al Instituto de Desarrollo Agrario en la Nueva Guatemala pero siempre ellos han estado trabajando allá arriba. Le dieron parcela a Nombre189322  , Nombre189323  , Nombre189325   , Nombre189330  ".- Estas declaraciones nos permiten apreciar que ya el Estado ha compensado el trabajo realizado por los actores citados al inicio de este considerando, entregándoles a cambio de ese trabajo una parcela en un Asentamiento. Si a pesar de eso estos señores continuaron realizando labores en una Reserva Forestal, antes que adquirir derechos están causando daños en perjuicio de la buena administración de una reserva como esas de gran valor para toda la sociedad. Si aquí declararamos (sic) con lugar sus pretensiones podría estarse permitiendo que estos actores lograran un doble provecho de su actividad: primero con la asignación de una parcela en un Asentamiento del Instituto de Desarollo (sic) Agrario, y luego con el pago de mejoras, lo que evidentemente es a todas luces improcedentes. Como la pretensión tendiente a que se declare que los demandados no tienen derecho de vender las tierras a una institución pública, tiene estrecha relación con el pago de esas mejoras -reiteramos-, lo procedente es declarar sin lugar en todos sus extremos esta demanda, con relación a los actores que nos ocupan en este considerando. XVIII.-  Los actores Nombre189320  , Nombre189327  , Nombre189324  , Nombre189326   y Nombre189328  , han demostrado que dedican sus parcelas a diversas actividades, y que han trabajado en ellas algunos desde la invasión original entre mil novecientos setenta y mil novecientos setenta y tres, y otros desde que adquirieron a sus transmitentes. Nombre189320  y Nombre189327  realizan una actividad agraria, criando ganado, incluso el primero vive en el terreno con su familia. Los demás realizan una actividad mixta: agraria y conservativa, pues dedican parte de su parcela a la cría de ganado y parte la conservan de bosque. Así se desprende del reconocimiento judicial y de las pruebas testimoniales evacuadas. Por ello se debe declarar con lugar la demanda que han planteado, declarando que los demandados no ostentan ningún derecho en las parcelas que trabajan los actores y por ello no están facultados para ofrecer en venta esos terrenos. XIX.- Hemos considerado que con relación a los accionantes citados en el considerando anterior se debe declarar con lugar su demanda contra los tres demandados por lo siguiente: Las señoras Nombre189334  son quienes directamente han ofrecido en venta esas fincas al Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, paralizando con ello todo el trámite que se había iniciado para que se les pagara a aquellos las mejoras que tenían en ese terreno. Por su parte el señor Nombre189334    ha permitido y contribuido a que las otras accionadas actuaron como se dijo, al hacer un traspaso, sin derecho para ello, a Nombre189333   de esas fincas. Por ello todos están legitimados pasivamente para ser demandados como ha hecho. XX.- Con relación a los demandados citados en los considerandos XV, XVI y XVII, se debe acoger la excepción de Falta de Derecho opuesta por los demandados, porque ellos no ostentan ningún derecho sobre los terrenos que reclaman en este proceso. Se omite pronunciamiento en cuanto a las demás excepciones por innecesario. XXI.- Por todo lo dicho se debe revovar (sic) la sentencia apelada, en cuanto declara con lugar en todos sus extremos la acción, para en su lugar declararla con lugar únicamente en los términos y con relación a los demandados que se indican en el considerando XVIII. Con relación a estos se debe acoger la excepción de Falta de Derecho opuesta a la acción, en cuanto a las pretensiones tendientes a que se les declarara poseedores y propietarios de las fincas en litis. Con relación a las pretensiones que son acogidas, se deben declarar sin lugar todas las excepciones opuestas por la parte demandada, así: La de falta de derecho porque los actores en favor de los cuales se acoge parcialmente la demanda han realizado mejoras en los terrenos objeto de este conflicto, las cuales les pertenecen exclusivamente a ellos, por lo que les asiste derecho para que se declare que esos bienes no le pertenecen a los demandados.- La de Falta de Legitimación ad causan activa porque ellos -los accionantes citados son los titulares de los derechos que pretenden que se declaren a su favor en esta sentencia. La de falta de legitimación ad causan pasiva por lo dicho en el considerando XIX. La de prescripción porque son ellos -los accionantes vencedores- los que se encuentran realizando trabajos en los fundos en litis, y los demandados iniciaron públicamente sus gestiones con las que perturbarían  el accionar de aquellos con la carta que envía doña Nombre189415 (sic) a la Dirección General Forestal con fecha veintidós de junio de mil novecientos ochenta y nueve (ver folios ciento nueve y ciento diez). Por eso no ha transcurrido el término de diez años que haría prescribir el derecho de los actores. La de caducidad porque en la especie no existe ninguna circunstancia o disposición jurídica aplicable al caso que darían lugar a que el derecho o acción de la parte actora estuviera caduca. La de sine actione agit por todo lo dicho para las anteriores. XXII.- Costas: Como la demanda se declara sin lugar con relación a los actores que se citan en los considerandos XV, XVI, y XVII, y a su vez la reconvención se declara sin lugar en todos sus extremos, se debe eximir del pago de las costas del proceso a los demandados con relación a los gastos en que hubieren incurrido los citados actores. Aún cuando parte de las demás pretensiones de los demás accionantes fueron declaradas sin lugar, estimamos que las que fueron acogidas constituían la razón principal por la que se debió plantear esta demanda. Por eso, y porque no encontramos que los demandados tuvieran motivos para litigar como lo hicieron, se debe condenar a estos a pagar ambas costas a los accionantes vencedores. Por lo aquí expuesto también se debe revocar la sentencia recurrida en lo resuelto en cuanto a costas.".

          7º.- El señor Francisco Castrillo Córdoba, apoderado de los actores Nombre189321  , Nombre189331  , Nombre189323  , Nombre189322  , Nombre189330  , Nombre189325   , Nombre189332  , Nombre189329   , formuló recurso de casación en el que manifestó:    "La sentencia recurrida contiene defectos en la apreciación de la pureba (sic) que hacen caer a los Jueces Superiores en mala aplicación de la Ley sustantiva. En el caso de Nombre189321  , uno de los más graves errores se plantea el Tribunal Superior, que en razón de que a él se le reubico o cambio (sic) la parcela objeto de este juicio, por el I.T.C.O., hoy I.D.A., no tiene derecho a las pretensiones de su acción. Pido a Uds. (sic) proceder a estudiar los testimonios de Nombre189354   y Nombre183828  , que son los testimonios en que se apoya la sentencia recurrida, para denegar las pretensiones de Don Nombre189321 y se darán clara cuenta de que por la misma cita que transcribe el aquem en su resolución, nunca mencionaron a mi cliente como reubicado y esto es así, por que nunca él ha sido, ni es adjudicatario de parcelas o fincas del Estado. La mala valoración y apreciación de esa preuba (sic), conduce a conclusiones erróneas y tiene la consecuencia de que en cuanto al Sr. (sic) Nombre189416  (sic), se le declare sin lugar la demanda, en Segunda Instancia, razón por la que como está demostrada su posesión pido revocarla y confirmar el Fallo de Primera Instancia. Ahora bien, con respecto de los actores Nombre189331  , Nombre189323  , Nombre189322  , Nombre189330   (sic) y Nombre189325   , en cuanto se declara sin lugar su demanda por haber sido reubicados en el Asentamiento Nueva Guatemala y al negociar se les cambio (sic) sus parcelas, esto según afirmación de los Jueces Superiores; Nuevamente se equivocan ellos pero en la aplicación del Decreto No 5836 A, reformado por Dec 8473 A y también en cuanto a la Ley No 2825 de 14 de octubre de 1.961, Su (sic) equivocación surje (sic) desde el mismo momento en que lo único que tienen como prueba son dos testimonios, de hombres sinceros, sencillos, creíbles pero en este sentido a la luz de una prueba idónea documental, para verificar si efectivamente el ser adjudicatarios de parcelas en el Asentamiento Nueva Guatemala, era el producto de negociaciones, y consecuentemente fueron estas (sic) las que originaron un cambio o una reubicación, en cuyo caso se debió simplemente pedir como prueba para mejor resolver al ente estatal que rige los parcelamientos, u (sic) certificación donde conste la negociación y el compromiso de cambio o reubicación de los citados actores. No es posible en materia tan delicada, fallar por especulaciones o conjeturas, al afirmar esto, lo hago convencido de que mis clientes al preguntarles que había de cierto en esto fueron claros, precisos y concordantes, en indicarme "Nosotros estamos en Nueva Guatemala, por haber calificado como adjudicatarios, pues no aparecemos con propiedades inscritas en el Registro Público, somos pobres, trabajamos y vivimos de la tierra y con familia, entonces el Gobierno nos vendió esas parcelas que pagamos aun y que Nombre189323 ya la canceló, esto al I.T.C.O., hoy I.D.A., en ningun (sic) momento se negocio (sic), en ningún (sic) momento se nos cambiaron nuestras parcelas de Agua Caliente por Nueva Guatemala, en consecuencia no hay tal reubicación, y no procede la aplicación de los Decretos supra citados, ni una Ley como la 2825 citada por el Tribunal. El estado (sic) no ha compensado nada a los actores, en la especie- Tanto Nombre189417 (sic) como Nombre189323 también tenemos nuestras fincas debidamente cercadas, y con pastos de estrela (sic), en virtud del destino de ganado e incluso agricultura en frijoles, café maíz, Etc. como bien pueden apreciar los señores Magistrados los acto (sic) de posesión están debidamente comprobados y así como el tiempo más que decenal. Si las razones para negarse nuestro Derecho han sido la mala apreciación de la prueba testimonial y su mala interpretación y si como se demuestra no ha existido cambio, reubicación y lo que hubo fue una compra pura y simple a través del trámite de adjudicación que sigen (sic) el I.T.C.O., hoy I.D.A., es claro, que no se puede revocar la sentencia de primera instancia; sino que en cuanto a nosotros lo procede (sic) es revocar la sentencia aquí recurrida y en su lugar confirmar la sentencia de primera instancia. En consecuencia y sin perjuicio de las razones que dé (sic) nuestro apoderado, pedimos revocar la sentencia del Tribunal Superior Agrario y en su lugar confirmar la de primera instancia.".

          8º.- El actor Nombre189329   , interpuso también recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior Agrario de las 9:50 horas del 18 de agosto de 1994, en el que en lo conducente expuso: "Motiva mi inconformidad, el hecho de que los Jueces Superiores, se basen para negarme el derecho de posesión y de propiedad, argumentando lo siguiente: Que según la inspección o reconocimiento judicial, yo no tengo posesión, por cuanto el terreno estaba constituido por montaña y tacotales. Lo Cierto (sic) es que se equivocan los Jueces Superiores, toda vez que esa tierra fue poseída desde 1952 que yo recuerde y precisamente de acuerdo a la Doctrina que informa el derecho (sic) Civil como el Derecho Agrario, la posesión se va trasmitiendo de poseedor a poseedor, hasta llegar en cuanto a mi respecta a obtener esa posesión, de mis trasmitentes, al adquirir mediante compra que hice a Nombre189324  , el 15 de noviembre de 1975, compra verval (sic), ratificada por Escritura Número 41 otorgada ante el Notario Miguel Angel Salguero Calvo a las 10 hrs, del 2 de diciembre de 1988, terreno que, por el hecho de ser de  tacotales y montaña, no quiere decir que no le he poseído, puesto que, mantenerle los carriles a una finca, no es cosa fácil ni gratuita, a pesar de que los Jueces Superiores, consideran que esta acción, no es propia de una posesión, lo cierto del caso es que, la costumbre de las zonas rurales alejadas, es hacer carriles con un ancho no menor a cinco metros, donde las socolas en virtud del invierno que se presenta durante medio año y cada año, estación en la que crece el monte, la hierba y el charral, se debe estar entonces trabajando, para mantener esos carriles limpios, no con la pluma; sino con el machete, no en el escritorio, sino doblado en el monte llevando agua y sol, esto es posesión, esto es cuido, no puede ser que quienes desconocen el trabajo del campesino con la tierra, se atrevan a desconocerme ese trabajo, ese cuido, esa posesión y de un plumazo y en pocas líneas, lo hechen (sic) por la borda. Cabe agregar que por algún tiempo, a pesar de todo, hubo partes de potrero con pasto de estrella, para mantener unas pocas vacas; pero como el Estado nos impidió trabajar en ganado, he (sic) incluso en la agricultura, como frijoles que se acostumbran sembrar regados y cuya siembra es de dos y tres meses de duración, es que hoy no aparece esos potreros en su verdadera dimensión, pero ahí están los tacotales, que para quienes sabemos de agricultura y de la tierra, es fácil comprender que antes de ellas, hubo potrero, agricultura, etc, hoy esos tacotales son el producto de no habérsenos dejado trabajar en la tierra, Como (sic) verán señores Magistrados, mientras el Abogado con su firma demuestra que trabaja, nosotros demostramos con el machete, el trabajo y por ende la posesión. En autos se encontrarán la prueba documental aludida, aunque quizá la misma se encuentre en el Juzgado Aquo archivada bajo la letra M, y que quizá no tuvo a la vista los Jueces Superiores, al fallar este asunto. En este sentido es importante hacer notar que la mayoría de mis compañeros Demandantes (sic), han aportado este tipo de prueba documental, así como planos realizados desde 1970 y aunque el plano por sí solo no constituye prueba idónea, como lo dice el Tribunal Superior, sí es prueba, si tomamos en cuenta que existe prueba testimonial abundante en este juicio, que se refiere a los actos posesorios realizados por mis compañeros y por mi persona, entre otros y los más convincentes, puedo citar a don Nombre183828  , Nombre189359  , Nombre189356   , Nombre189354  , Etc. En todo caso la posesión se prueba mediante testigos, en cuanto se refiere a los Actos que permitan probarla, así se ha referido reiteradamente la Sala de Casación. En consecuencia probada la posesión como está, y como la tuvo comprobada el Juez de primera instancia, es evidente que los Jueces del Tribunal Superior Agrario han violado lo expuesto en el artículo 277 del Código Civil y al negárseme por ellos la posesión y el derecho de propiedad, están también violando el artículo 278 ibídem y están haciendo mala aplicación de la Ley Forestal Nº 4465 y la Ley Nº 2825, leyes derogadas, así como el Decreto 5836 A reformado por el Decreto Nº 8473 A de 24 de setiembre, digo abril de 1978, y la vigente ley forestal, puesto que, en unos casos se aplica la Ley derogada y en otros se irrespeta y desde luego, se viola la Constitución Política, en su artículo 34 al irrespetar el principio general de derecho de la irretroactividad de la ley. En este orden de ideas, cabe señalar que las tierras objeto de esta litis y particularmente la mía, vienen de tiempo inmemorial y mi posesión conforme al artículo 863 del Código Civil es anterior a la declaratoria de Reservas y Parques Nacionales; esto dicho así de simple, sin entrar a un análisis profundo de las nuevas corrientes proteccionistas del Estado Moderno, en el sentido de pagar las tierras aún no particulares, lo cual se demuestra muy fácilmente si tomamos en cuenta, que el Departamento de avalúos de la Tributación Directa, a gestión del Estado, establece el peritaje del valor de mi tierra, con el propósito de pagármela, y como hubo oposición de las demandadas, para que se me hiciera pago efectivo de mi finca, se me obligó a establecer la presente demanda contra los accionados. Debo aclarar que la Escritura de Venta que se me hizo, está debidamente inscrita en Tributación Directa, bajo número 459999 y que ese terreno es parte por ser parte de la finca madre y que lamentablemente el Juez, al hacer el reconocimiento judicial, llegó hasta la orilla de la entrada de la finca y desde ahí se limitó a verla, con lo cual no indica y no pudo ver obviamente, alambre y postes de un cerco que está en la finca. Además, que he hecho chapias, los carriles los limpio dos veces al año, con un costo cada vez de cincuenta mil colones, Aclaro (sic) que esa tierra me costó trescientos mil colones, Como (sic) ven señores Magistrados, si el reconocimiento hubiese sido hecho recorriendo toda la finca, además de los actos de posesión antes indicados, en la conservación de montaña siembra de pasto, limpia y chapia, siembra de agricultura, el Juez hubiese dado más elementos de juicio en su reconocimiento. En todo caso, la posesión está debidamente demostrada. por los medios de prueba testimonial que es lo que en derecho procede de acuerdo con pronunciamientos de la Sala. Pido revocar la resolución recurrida y confirmar la sentencia de primera instancia.".

          9º.- Los actores Nombre189331  , Nombre189323   y Nombre189321  , interpusieron, también, recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior Agrario a las 9:50 horas del 18 de agosto de 1995, y en la que en lo conducente expusieron: "Motiva nuestra inconformidad, varios aspectos del análisis y valoración que de la prueba hicieron los Jueces Superiores, así tenemos, que: en los casos de nosotros negar el derecho alegado y condedido (sic) en la sentencia de primera instancia, es el producto de una conjetura de los juzgadores, sin que en autos exista prueba idónea para llegar a esa conclusión. El testimonio de Nombre189354  , en el que se ampara la sentencia recurrida para negar no el derecho alegado ha sido mal valorado, dado que el testigo lo que dijo es que los dos primeros teníamos parcelas en el Asentamiento Nueva Guatemala; pero que se nos hubieran cambiado las tierras de Agua Caliente, eso es mentira, que hiciéramos una negociación en ese sentido con el ITCO y hoy IDA., eso nunca ha sucedido, lo que sucedió es que como nosotros no teníamos tierras inscritas a nuestro nombre y calificamos, entonces se nos dió (sic) una parcela en ese Asentamiento; pero siempre atendiendo como consta la de Agua Caliente, objeto de este juicio. Para mayor prueba y abundamiento de razones, cabe indicar que esa parcela del Asentamiento Nueva Guatemala, se nos hizo vendida no cambiada, aportamos como prueba recibos donde consta que aún estamos pagando esas tierras y en el caso de Nombre189323  , ya cancelo (sic) su parcela. en (sic) este orden de ideas y situación están Nombre189325    y elías (sic) Nombre189400  (sic). Además esto es totalmente tan cierto que en caso de alguna duda se puede solicitar al I.D.A. certificar nuestra afirmación - Como ven señores Magistrados en el presente asunto, hay una diferente interpretación del Juez de primera instancia y de los Jueces Superiores a una declaración de un testigo que por su sencillez y honradez, dijo las cosas en la forma que lo hizo y cuya verdad es la que manifestamos en este escrito. Cabe indicar que el mismo Tribunal, lo que hace es un (sic) conjetura por que en la especie en autos no corre ningún (sic) elemento documental probatorio que probará la afirmación de ese Tribunal, lo que se debió hacer por ese Tribunal, era pedir al I.D.A., esa prueba para mejor resolver y así verificar si cabía aplicación del Decreto No 5836 A reformado por el Decreto No 8473 A, y no caer en el tercer error de la mala aplicación de esos Decretos y en consecuencia la denegatoria de nuestros derechos y pretensiones en esta litis. En cuanto a Nombre189321  , me interesa indicar que nuevamente se equivoca el aquem, puesto que yo no estoy, ni soy adjudicatario del I.T.C.O., hoy I.D.A. y este es el motivo de mi inconformidad dado que se me deniega el derecho alegado y mis pretensiones por el solo hecho de que en la sentencia del Tribunal se me involucra como adjudicatario, sin serlo, lo cual demuestro con la prueba documental que aporto del I.D.A. oficina Regional de Cañas. Por lo demás nosotros, En (sic) el caso de Nombre189323  , consta en autos el plano catástrado (sic) Placa36258  y carta- venta privada, donde gerardo (sic) me traspaso (sic) la posesión por él ejercida más que decenal debidamente deslindada la propiedad. En cuanto a Nombre189417 (sic) consta carta de venta, así como lo que corresponde a Nombre189418 (sic). En la inspección llevada a cabo en propio terreno consta que existen evidentes actos de posesión en agricultura y casa de habitación en el caso de Nombre189331, las fincas están debidamente cercadas. como (sic) quedó dicho les vendió independientemente de que ellos tuvieran su parcela en Agua Caliente, dado que, la parcela que tiene cada uno en Nueva Guatemala no se les entregó a cambio, como afirma la sentencia recurrida. Esa mala apreciación de la prueba y el no haberse percatado que esta cuestión no se ha planteado como debate en esta litis, hace que el Tribunal incurra en una ligereza, por cuanto al no ser un punto o hceho (sic) a pplantear (sic) como litigio en este juicio no se allegaron las pruebas que permitieran al Tribunal te- (sic) claro lo sucedido con las parcelas de Nueva Guatemala, que fue un conflicto de precario, que tuve en mis manos como Juez que lo fuí (sic) en el Juzgado de Cañas, por lo que tengo conocimiento de esa situación por los años 78 en adelante. Lo anterior y para evitar que esa razón dada por el Tribunal, sea el motivo de declarar sin lugar la acción de mis poderdantes, es que me permito adjuntar documentos que prueban que esas parcelas las están pagando mis clientes y en otro y otros casos ya están canceladas. De acuerdo al resto de la prueba, Nombre189418), Nombre189322, Nombre189323 y Nombre189325 , probaron su posesión más que decenal, en virtud de las pruebas analisadas (sic) en ambas instancias, tanto testimoniales como el reconocimiento judicial, Así (sic) las cosas, pido a esa Sala, revocar la sentencia recurrida y confirmar la de primera instancia. Mención aparte en este recurso, hago en cuanto a mis representados, señores: Nombre189332  , Nombre189329    (sic), y Nombre189330   (sic) y no Nombre189356, como se indica en el hecho tenido por indemostrado 7, en la que se advierten dos errores en cuanto a segundos apellidos. En lo referente a estos actores, se indica que no demostraron su posesión; en este sentido cabe indicar que de la misma inspección se demuestra que los demandantes, han mantenido un cuido permanente de sus parcelas, cuanto se refiere a tacotales, si se conoce la razón de existir el tacotal y como se aprovecha el mismo por los agricultores e incluso ganaderos, se puede advertir que ese tacotal sirve para la siembra de frijoles especialmente, para tener dos o tres vaquillas, que si se cuida llega a ser bosque, que es el antecedente en muchas ocasiones de la montaña. También el reconocimiento indica como todas las parcelas tenían bien demarcados sus linderos, unos con carriles y otros con cercas de alambre, también indica la existencia de potreros y en estos casos de montaña, montaña que si no se cuida, hoy no existiera, el mismo fallo de seunda (sic) instancia reconoce una posesión ecológica, pero al fallar en contra y desconocer la protección y cuido a la montaña se contradice esa sentencia, por lo expuesto es que en cuanto estos actores, también se debe revocar la sentencia recurrida y en su lugar confirmar la de primera instancia. Analizadas las razones por las que se declaró sin lugar la acción en la sentencia recurrida, es conveniente advertir la violación al artículo 34 de nuestra Carta Magna, puesto que en el fondo de la sentencia, se indica que las tierras en cuestión son del Estado y para ello se aplica el criterio que contenía la Ley forestal (sic) No 4465, derogada por ley posterior; pero que fue declarada nula por la Sala Constitucional. Además se aplica la nueva Ley forestal pero con un criterio de irretroactividad, lo cual se puede aplicar a mis clientes, quienes son poseedores desde 1952, si tomamos en cuenta esa fecha como punto de partida demostrado en el juicio de la existencia de poseedores en esas tierras, pero es incuestionable que ya antes existieron, lo dicho al tenor del artículo 863 del Código Civil, hace que la posesión de mis clientes y poderdantes sea anterior a la promulgación de las leyes forestales citadas, a los decretos también indicados, así como a la Ley 2825, de acuerdo a lo dicho, no es de recibo el argumento de ley contenido en la sentencia recurrida. Véase como el artículo 45 de nuestra Constitución Política, protege el derecho a la propiedad privada y cuando el Estado necesita de esa propiedad debe indemnizar, por ello es que en la mayoría de los casos, y en este en particular ocurre, ha sido el Estado a través de la Dirección Forestal, Ministerio de Energía y Minas y de la Tributación Directa, que después de declararse Reservas esas tierras ofrecen comprar las tierras y hasta llevan a cabo los avalúos, aún y cuando mis clientes no han ofrecido en venta sus fincas y no tienen ningun (sic) interés en verderlas (sic), como especula ese Tribunal al afirmar que este es el móvil de la acción planteada por mis poderdantes. A confesión de partes relevo de pruebas, señores Magistrados, en los avalúos que constan en autos, se valora por esos péritos (sic) del Estado las tierras. Consecuencia de todo lo expuesto es el arribo equivoco del Tribunal Superior Agrario en la aplicación de las leyes indicadas así como la no aplicación de los artículos 277, 278 279, inc. 1,2; 280, 281, 282, 283, 284 Estos (sic) dos últimos artículos se refieren a conceptos que se deben aplicar al caso concreto y es que si está demostrada la posesión por más de veinte años, la misma está sobradamente excedida en 1o y un año (sic) y es de buena fe, y para el evento de existir dudas sobre la posesión, esta duda favorece a los actores, artículos 285 y 286 ibídem. 297, 302 del texto legal citado e incluso de se (sic) observan las disposiciones de los 3-5, 313, 317 y 319 Se deben acoger los razonamientos dados en la sentencia de primera instancia en especial los doctrinarios y legales; pero a las (sic) vez reforzarse con las alegaciones de derecho que se invocan en este recurso y antes expuestas y a las que debo agregar que la posesión no es preciso respaldarla con títulos traslativos de dominio empero en autos existen títulos que trasmiten la posesión anterior conforme al art. 863 ibíd, además los actos posesorios son puros y simples, lo cual ha dicho en forma reiterada la Sala de Casación y de la usucapión extraordinaria, que lo es en Derecho Agrario y que se aplica a terrenos o inmuebles de interés agrícola, en este sentido como la Jurisprudencia deviene un tanto añeja, dado que la resolución a la que hago referencia es de Casación No 74 de 14:15 hrs. del 4 de agosto de 1.975, y las nuevas corrientes ecológicas han invadido el campo del Derecho moderno, esa tesis, se debe ampliar, en el sentido de que es aplicable la usucapion (sic) extraordinaria al Derecho Ecológico, con lo cual la montaña y el bosque se ven protegidos legalmente. No debemos olvidar que la posesión es el requisito sine qua non para adquirir la propiedad de aquellos terrenos no inscritos en el Registro Público y que por cierto son bastantes en nuestro medio, así se desprende de las exigencias de la Ley de Informaciones Posesorias, Ley No 139 de 14 de julio de 1.941, en consecuencia es el antecedente para adquirir el derecho de Propiedad Registral, cabe al respecto citar muy brevemente los efectos de la posesión: "Como estado puramente de hecho, la posesión produce efectos de tal importancia, que llega a ser, a veces, de mejor condición aún que el derecho de propiedad. por (sic) que este derecho, en sí mismo considerado, es una abstracción, una relación ideal entre el sujeto y el objeto: confiere, es verdad, el atributo que capacita jurídicamente para la tenecia (sic) futura:...En cambio, la posesión es un hecho actual, indudable...: Los efectos que la posesión produce son numerosos, De entre ellos merecen citarse por la importancia que tienen, los siguientes: 1.-El hecho de la posesión hace presumir el derecho de poseer. 2.- En un lititigio (sic) sobre propiedad o mejor derecho de poseer, el poseedor no está obligado a la prueba. 3.-Da la propiedad de las cosas adquiridas por la ocupación. 4.- La posesión vale por título,... 5.- Sirve de base a la adquisición del dominio..." tomado, pág. 54 y 55, Tratado de los Bienes, 5ta ed. Editora juricentro S.A., Nombre36174  . Quizá sea prudente recordar del mismo autor y libro citado indicar: "Se entiende por posesión la tenecia (sic) de una cosa bajo el poder y voluntad de una persona, o el goce de un derecho. Dos elementos son indispensables para que uno tenga la posesión: el poder de hecho sobre el objeto y la voluntad de retenerlo bajo su dependencia. Adquiérese la posesión desde el momento en que la posibilidad actual y exclusiva de ejercer sobre una cosa actos materiales de usufructo, uso o transformación..." Lo anterior tiene que ver con este juicio dado que mis clientes, tienen una posesión directa y otra indirecta a traves (sic) de sus anteriores poseedores y trasmitentes, Art. 863 Cód. Civil. han (sic) estado y están en poder de las tierras, efectuan actos posesorios directos y también por interposita (sic) persona, su posesión es ahora inmemorial al punto de que en autos existe prueba de que ya en 1.952, esas tierras eran poseídas por particulares, de tal suerte que la posesión y sus actos, elmentos (sic) estos que no debíamos probar; pero los hemos demostrado y la perturbación dada por los demandados, da suficiente base para pedir, con fundamento en lo expuesto y citas doctrinales y de Derecho, a que se revoque la resolución recurrida y en su lugar se confirme en todos sus extremos la sentencia de primera instancia. Además pido hacer pronunciamiento expreso sobre la contrademanda, dado que la sentencia recurrida es omisa en este sentido.".

          10º.- El actor Nombre189332  , interpuso recurso de casación contra la misma sentencia, en el que lo conducente expuso: "Motiva mi inconformidad, el hecho de que los Jueces Superiores, se basen para negarme el derecho de posesión y de propiedad, argumentando lo siguiente: Que según la Inspección o Reconocimiento Judicial, Yo (sic) no tengo posesión, por cuanto el terreno estaba constituido por montaña. Lo cierto es que esa tierra la ostento desde hace más de 20 años, le he hecho buenos carriles, los que mantuve limpios todo el tiempo, tuve ganado, precisamente existe en esa parcela, una parte hecha de potrero donde lo que hay ahora es tacotal, pero puede verse aún el pasto estrella. Debe entenderse que luego de entrar en posesión 5 años después aproximadamente, ya no nos dejaron trabajar, porque se nos iba a comprar esas tierras, para parque o reserva nacional, pero siempre cuidé y cuido los carriles, y en los tacotales que si los hay, sebré (sic) agricultura perecedera, como frijoles, maíz, etc. Como ven señores Magistrados, sí he ejercido la posesión e incluso la corriente actual, de conservación de los bosques requiere de su cuido, y no como lo afirma la sentencia, que el bosque no necesita de cuido, hoy si el bosque no se cuida, los parásitos y los madereros hacen su agosto, sacando madera y destruyendo el bosque, es esto un acto de posesión?...Claro que sí, pero de esto sólo sabemos nosotros los campesinos que labramos y vivimos con la tierra. De la tierra que yo reclamo en mi demanda, hay 33 Ha. 1545,57 m2 que se la compré a Nombre189376   , en autos consta este hecho debidamente probado, como lo es con una Carta Venta Privada de hace muchos años y a pesar de que también existen los planos, agrego certificación del plano NºG-18.809-73 confeccionado mucho tiempo después de haber adquirido esa tierra. Si bien el plano por sí solo no es plena prueba, el mío debe analizarse a la luz de la prueba testimonial, Carta Venta Privada y reconocimiento Judicial de mis tierras que corren a los autos, advierto que, yo adquirí esta finca además de la que ya poseía por ser contigua a la que compré al señor Nombre189376. Por otra parte, ruego a ustedes observar que los plano (sic) presentados por las demandadas son una prueba más en mi favor, de la existencia de esas tierras que poseo y que fueron abandonadas por sus antiguos dueños, como quedó demostrado en este juicio, plano de los que se valen ellas, para conjuntamente con cartas ventas privadas de fecha muy reciente y hechas entre familia y cuando ya se hablaba de que el Estado pagaría las tierras, es cuando estas personas se interesan no por trabajar la tierra, sino por el dinero que ellas representan. Deseo agregar, que antes de la declaratoria de Reservas Naturales y del Decreto citado por los Jueces Superiores, ya esas tierras eran poseídas por mi trasmitente y otras personas más y por mí, con lo cual no se puede aplicar el criterio sustentado en la sentencia recurrida, pues ello implica violación al artículo cincuenta de Nuestra Constitución Política, y artículo 34, que consagra el principio de irretroactividad de la ley. También se violan varios artículos del Código Civil, entre ellos, 277, 283, 284 285 y 286; 302; 305 y 317 Ss. y concordantes de ese Código. Jurisprudencia: "La posesión no es preciso esté respaldada por un título traslativo de dominio" Número 75, 16 Hrs. 12 de agosto de 1964. "Los actos posesorios son puros y simples, y se demuestran con prueba testimonial" Nº 134, 16 Hrs de 4 de diciembre de 1956 de la Sala de Casación. Recuerdo a ustedes Magistrados, que el antecedente natural para adquirir la propiedad históricamente fué (sic) y es la posesión decenal, con lo cual, la posesión se convierte en requisito indispensable, antecedente sine qua non, para adquirir la propiedad, en nuestra legislación, el medio es el trámite de información posesoria, en razón de lo expuesto, es que pedí se declarara por mí (sic) posesión ejercida más que decenal, en forma pública, pacífica, quieta sin interrupción, como dueño la propiedad y mi derecho a disponer libremente de las tierras, en razón de lo cual, la petitoria de vender al Estado cae dentro del derecho de disposición indicado y en tal sentido, si el Estado no las paga, yo podría vender a cualquier otra persona, física o jurídica mis fincas. Conviene aclarar que en la realidad es el mismo Estado el que ha venido a ofrecer comprar las tierras, no solo las mías ni las de los compañeros actores, sino las de otros que en algunos casos han sido pagadas y en otros están por cancelarse su pago. Prueba de esto: y que corre a los autos es el avalúo de las tierras hecho por el Estado, a través de la oficina de avalúos de Tributación. En consecuencia, pese a la petitoria, lo que interesa a mis pretenciones (sic), es que se declare mi mejor derecho sobre las demandadas. Pido revocar la sentencia de segunda instancia y en su lugar confirmar la de primera instancia y subsidiriamente, se declare ser poseedor de un mejor derecho con respecto de las demandadas.".

          11º.- El Lic. Francisco Castrillo Córdoba, en su calidad de apoderado especial judicial de los actores, amplió el recurso de casación contra la sentencia tantas veces citada del Tribunal Superior Agrario de las 9:50 horas del 18 de agosto de 1994, en el que manifestó: "1.- Reprochamos a la sentencia de segunda instancia la falta de estudio y valoración apegada a la realidad que hicieron los jueces de instancia de la prueba tanto testimonial como documental allegada a los autos, incluso la técnica como es la inspección o reconocimiento judicial. 2.- El desconocimiento que de la excelente sentencia de primera instancia se hace, y esto sólo es achacable a las razones que en el punto anterior se indican. Es tal la gravedad que se toman dos declaraciones, las de los testigos Nombre189322 y Nombre189411 y el Tribunal especula que por el hecho de que éstos dijeran que varios de los actores tienen parcelas en el Asentamiento Nueva Guatemala, esas parcelas las recibieron a cambio de sus fincas en Agua Caliente, conclusión que no tiene más sustento que su especulación, es tal la equivocación que incluyen a mi clinete (sic) Nombre189321   como adjudicatario del I.D.A., cuando ni siquiera lo es. En punto a este aspecto cabe agregar que no ha existido cambio, ni reubicación, como se afirma, estas personas compraron esas tierras por clasificar para ello, ante el I.D.A., antes I.T.C.O. 3.- Se les desconoce a otros su posesión y como argumento se indica que son bosques o montaña natural que no necesita de cuido, es otra de las grandes equivocaciones de la sentencia recurrida, ese y cualquier otro bosque o montaña más que natural que sea, debe ser cuidada. Los actos posesorios son puros y simples y se deben hacer en forma pública, quieta, pacífica, sin interrupción a título de dueño, estos elementos se han dado por más de 40 años en las tierras de Agua Caliente, así se desprende de los autos, puesto que no se debe desconocer que la posesión se trasmite, ni se debe desconocer que la posesión puede mantenerse por interposista (sic) persona, digo mantenerse que no es lo mismo que abstenerse. Los actos posesorios de mis clientes han sido demostrados claramente, no sólo con los documentos aportados, sino con su trabajo, cuido, confección de carriles, cercas, etc. incluso con la confección o construcción de casas o ranchas (sic), pero pese a que a Don Nombre189331 se le desconoce en esa sentencia que existe una casa en su finca, la misma inspeción (sic) la indica, El (sic) caso de don Nombre189331, es uno de los que más dejo (sic) perplejo no sólo al suscrito; sino a mi persona, dado que es una finca de las mejores puesto que está totalmente atendida y hecha. 4.- Es reprochable también que se niegue el derecho de disposición de las fincas de mis clientes, con lo cual se niega uno de los atributos del dominio que tiene todo propietario y los poseedores puesto que como ha quedado dicho en los otros alegatos, la posesión es requisito indispensable para la propiedad, cuando se está en presencia de situaciones de finca sin inscribir la Sala Constitucional en su sentencia No 796-91, Considerando I. entre otras cosas afirma:...Implican una expropiación de los derechos de posesión o de propiedad, según sea el caso, pues son limitaciones a la propiedad privada impuesta en contra de lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Política, que no están fundamentadas en razones de interés social, ni han sido aprobadas por los dos tercios de la Asamblea Legislativa. Limitaciones impuestas al crear la "Reserva Forestal de Arenal", lo mismo sucede en cuanto a la Reserva que nos ocupa, donde incluso se aplican Decretos y leyes derogadas contraviniendo incluso el artículo 34 de nuestra Carta Magna. En este sentido estamos en presencia de una situación en la que al prohibirse por ese Tribunal la libre disposición de nuestras fincas, curiosamente estaríamos en el caso de una expropiación de un Tribunal de justicia, lo cual resulta sumamente peligros y pudiera decirse que se extralimito (sic) al no concretarse a la petitoria que era la de decidir entre quien tiene el mejor derecho y con ello la disposición de las fincas objeto de esta litis, Conviene (sic) remitir muy respetuosamente a esa Sala a la sentencia citada de la Sala Constitucional, puesto que en ella se ven detalles que amparan el derecho de posesión y proiedad (sic) de mis clientes. Podría abundar en reprocehs (sic) pero espero que al entrar al análisis de la sentencia recurrida nos darán la razón y en consecuencia; pdio (sic) revocar la sentencia de segunda instancia y confirmar lo resuelto en primera instancia, declarando con lugar en todos sus extremos nuestra demanda y sin lugar la contrademanda.". 

          12º.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales. Se dicta esta sentencia fuera del plazo de ley, pero dentro del concedido por la Corte Plena.

          Redacta el Magistrado Zeledón Z.; y,

                        CONSIDERANDO:

                        I. Los fundos objeto del presente proceso ordinario agrario están ubicados dentro de la Reserva Forestal Cordillera Volcánica de Guanacaste, Sección Tenorio. Dicha reserva fue creada mediante Decreto Ejecutivo Nº 5.836-A del 25 de febrero de 1976. Los inmuebles se encuentran situados en Aguas Calientes de Cañas. Antes de 1970 se tiene noticia de varios poseedores de esas tierras. Entre ellos  Nombre189350 , Nombre189351 , Nombre189352  y, por último Nombre189353 .  . Nombre189334    fue el cuidador hasta 1960 cuando las abandonó. Antes de esa fecha también fueron cuidadores Nombre189356   , Nombre189320  y Nombre189356   . Posteriormente al abandono, entre 1970 y 1973, Nombre189320  , Nombre189321  , Nombre189322  , Nombre189323  , Nombre189325    y Nombre189331   iniciaron trabajos en las fincas. Particularmente realizaron actividades de tala de árboles, siembra de pasto y productos agrícolas. Algunos de los restantes accionantes se introdujeron bastante tiempo después y otros compraron derechos de posesión. El Instituto de Desarrollo Agrario como consecuencia de la declaratoria de la Reserva Forestal Cordillera Volcánica de Guanacaste reubicó a los poseedores. Específicamente a Nombre189356 , Nombre189322 , Nombre189323 , Nombre189412 , Nombre189325  y Nombre189321 .  Ello ocurrió en el Asentamiento Nueva Guatemala. Los actores Nombre189332  , Nombre189329   y Nombre189330   no demostraron la posesión agraria efectiva, pues en sus lotes solo hay montaña y tacotal. No fueron reubicados los demandados Nombre189334   , Nombre189333   y Nombre55165   porque nunca demostraron ningún tipo de posesión. Como se indicó Nombre189334    fue el primer cuidador. Las hermanas Nombre189334  son hijas de Nombre189334 . Ellas tampoco poseyeron el fundo en disputa. Más bien Nombre189334  dejó las fincas en abandono, como se dijo, y se fue a vivir a Limón. Años más tarde regresó para trabajar como Guardia Rural. En 1989 el Departamento de Avalúos de Tributación Directa, a solicitud del Ministerio de Recursos Naturales, valoró los terrenos de Nombre189320  , Nombre189326  , Nombre189327  , Nombre189331  , y Nombre189332  . Dicho avalúo se practicó con el fin de indemnizarles las mejoras. Las codemandadas Nombre189333 y Nombre55165   se opusieron a dicha indemnización del Estado. Alegaron tener un mejor derecho y pretendieron ser ellas las indemnizadas. La demanda ordinaria agraria tiene por objeto declarar el mejor derecho de los poseedores reubicados en la Dirección21705   para negarselo al anterior mandador y a sus hijas. Los demandados contestaron negativamente, opusieron excepciones, y contrademandaron alegando mejor derecho de posesión. El Juzgado acogió la demanda ordinaria en todos sus extremos y rechazó la contrademanda acogiendo la excepción de falta de derecho. El Tribunal revocó parcialmente la sentencia de primera instancia. Acogió únicamente la demanda, y por ende el mejor derecho de posesión, de los actores Nombre189320  , Nombre189327  , Nombre189324  , Nombre189326   y Nombre189328  . En cuanto a los restantes actores, desestimó sus pretensiones y acogió la excepción de falta de derecho interpuesta por los demandados. Los recursos planteados, conforme se verá, no combaten con claridad y precisión la sentencia de segunda instancia. A pesar de ello la Sala considera de suma importancia incursionar en el tema del régimen forestal, pues ese es el argumento central de la sentencia recurrida.

                        II.- Una versión de la historia de Costa Rica se centra en su espíritu de protección de los recursos naturales. Otra versión sería la del impulso de la agricultura, la ganadería y  el desarrollo de sus ciudades a costa de depradar los recursos naturales. Son dos tesis antagónicas. La verdadera historia gira en torno a estas dos visiones: la lucha por y a merced de los recursos naturales. Desde la Independencia ha existido un profundo sentido conservacionista coexistente con el desarrollo empresarial. Desde la legislación más incipiente del Siglo pasado se encuentran normas orientadas a tutelar las montañas, las costas y las fronteras del país. Las dos primeras con un sentido proteccionista, de un ecologismo ancestral, excluidas del dominio privado, mientras las últimas entrañan un sentido de defensa. Las montañas se conforman con los bosques de las Cordilleras Volcánicas. Atraviesan de Norte a Sur el país. Son la de Guanacaste, la Central y la de Talamanca. Se trata de un macizo montañoso indispensable para la supervivencia del resto del territorio. Los privados estuvieron facultados para poseer, inscribir y convertirse en propietarios de las áreas no sujetas a la tutela ambiental. Hoy día el país presenta una cuarta parte de su área dedicada a la protección y conservación de la Naturaleza. El resto está dedicado a la actividad privada. En esta compleja historia se encuentran los regímenes jurídicos más disímiles. Desde la propiedad inalienable hasta la privada. Existe la propiedad agraria, la forestal, la ecológica. La privada se encuentra generalmente sujeta a limitaciones de interés público y social, algunas veces vinculadas a la protección del medio ambiente. 

                        III.-     Desde la promulgación del Código Civil de 1888, siguiendo los lineamientos del Code Civil francés, de 1804, se estableció la existencia de dos tipos diferentes de propiedades: la privada y la pública. Pública sería toda aquella destinada al uso público (caminos, escuelas, plazas, etc.) y la no sometida a propiedad privada. Los artículos 267 y 486 del Código reputan pública toda aquella no inscrita en el Registro Público de la Propiedad a nombre de un tercero. Esto tiene su explicación en hechos históricos.  Durante la Colonia no existió un Registro Público de la Propiedad. La Corona otorgó la propiedad a conquistadores y colonos a través de Cédulas Reales.  La inscripción registral se realizaba en España. Pero fundamentalmente la cantidad de pobladores de Costa Rica era muy limitada y tan solo se podía cultivar una pequeñísima parte de algunas zonas de la Meseta Central. En consecuencia la inmensa mayoría de las tierras costarricenses eran públicas. Por esta razón cuando se promulgó el Código Fiscal, en 1865, se distinguió como "baldíos nacionales" (Baldío quiere decir desocupado, sin dueño) a todas las tierras públicas, donde se encontraban los bosques, las montañas, las zonas sin cultivos. A esas tierras los particulares podían entrar pagando al Estado un "canon" o precio por concepto de arrendamiento.  En otras palabras se le dio un carácter de bien destinado a sufragar los gastos del Estado. En esa misma época se permitió a los privados a poseer en los Baldíos Nacionales las tierras indispensables para su supervivencia. El Estado dio a grandes compañías tierras como pago de servicios: así se pagó la construcción del Ferrocarril al Atlántico, y se otorgaron tierras a Compañías americanas para la siembra de banano. También se permitió el denuncio de los baldíos nacionales. Se gestiona ante el Estado la inscripción en el Registro Público a nombre de privados de grandes extensiones de terrenos sobre todo por intercambio de servicios o por resultar afectados por la acción del Estado. El caso típico fue el intercambio de tierras poseídas por terceros, es decir precaristas, en sustitución de baldíos nacionales: en esta forma se inscribió toda la Península de Osa. Con todas estas leyes promulgadas desde finales del Siglo XIX se inició un proceso de "privatización" de las tierras públicas. En esta forma los baldíos nacionales estaban destinados a pasar a manos de los privados. Para cumplir este objetivo se siguió el instrumento de la prescripción. Viene del Code Civil francés. Pero originalmente es del Derecho Romano. Tiende a proteger a todos aquellos con más de 10 años de posesión quienes se hubieren comportado como dueños y de buena fe. Transcurrido ese plazo de la posesión los poseedores pasarían a ser propietarios. En 1941 se dictó la Ley de Informaciones Posesorias. Por su medio se permitió agilizar la inscripción de derechos en el Registro Público de la Propiedad. Los poseedores sin título debían levantar un plano catastrado, demostrar su posesión de más de 10 años por medio de testigos en un proceso judicial de jurisdicción voluntaria y el Juez ordena al Registro Público inscribir la finca en forma individualizada. Para demostrar los "actos posesorios", es decir los actos demostrativos de esa posesión por más de 10 años, poseedores procedieron a destruir la montaña para sembrar. En esta forma la deforestación se convirtió en un acto legitimador de la posesión, como medio de inscribir fincas en el Registro.  Miles y miles de hectáreas de montaña fueron destruidas para sembrar pastos para la ganadería o productos agrícolas. Estos eran de mucho menor valor que la madera pues el bosque se cambió por maíz, arroz, frijoles, yuca, y otros perecederos.

                        IV.- En la misma legislación encargada de promover la privatización de la propiedad pública se establecieron algunos principios para mantener las bases de la propiedad forestal. En efecto el Código Fiscal de 1865 contempla un capítulo referido a los Bosques donde se establecen todos los principios aplicables a ellos (artículos 549 al 550). Las disposiciones del Código Fiscal fueron derogadas por la Ley General sobre Terrenos Baldíos Nº 13 del 6 de enero de 1939. En esta nueva ley se incorporan prácticamente las mismas disposiciones. Los terrenos comprendidos en los límites de la República, no adquiridos ni inscritos a nombre de los particulares, se presumen baldíos y por ello pertenecen al Estado (artículo 1). Este conservará el dominio necesario sobre las tierras indispensables para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas (artículo 11). La ley protege expresamente, y por tanto no son susceptibles de ser enajenados, los terrenos de las islas, ni los situados a las márgenes de los ríos, arroyos y, en general, de todas las fuentes de cuencas u hoyas hidrográficas donde broten manantiales, hayan islas o cabeceras y cualquier curso de agua del cual se surta alguna población o convenga reservar con igual fin. En terrenos planos la prohibición comprende una faja de 200 metros a ambos lados de los ríos, manantiales o arroyos, pero si existen cuencas u hoyas hidrográficas la extensión alcanza los 300 metros (artículo 7). La Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 del l4 de octubre de l961 mantuvo la misma orientación. Pero amplió las declaradas, por la anterior ley, como inalienables (Artículo 7). En general esas reservas han tenido prohibición para poseerlas y para ser inscritas en el Registro Público de la Propiedad por medio del trámite judicial de informaciones posesorias. En un principio la administración forestal fue confiada a la Sección de Tierras y Colonias, del Departamento de Crédito Rural, Tierras y Colonias del Banco de Costa Rica. Luego pasó al Instituto de Tierras y Colonización. Al entrar en vigencia la Ley Forestal Nº 4465 del 25 de noviembre de 1969 se concedió la administración del patrimonio forestal del Estado a la Dirección General Forestal creada en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (artículos 7 a l7).

                        V.- De conformidad con el segundo párrafo del artículo 45 de la Constitución Política se procedió a imponer limitaciones a la propiedad para proteger, tutelar, y defender la propiedad forestal. Se trata de un tipo diferente de propiedad. Tiene características y particularidades propias.  No es igual a la civil, ni a la agraria, ni a la intelectual o industrial. Se trata de una propiedad para conservar. No para producir ni para ser parte del comercio de los hombres. Por esa razón requería de un régimen especial. Esta Sala, en resolución Nº 189 de las 10 horas 20 minutos del 30 de octubre de 1991 explicó el régimen de la propiedad forestal. En los siguientes considerandos se transcribe gran parte de esa sentencia.

            VI.-  La historia de la normativa forestal presenta tres momentos, con sus particularidades y vicisitudes -cuyo análisis escapa a los límites de este estudio- pero con una única filosofía de conservación de los recursos naturales, como única forma de que la Naturaleza se mantenga, y dentro de ella pueda sobrevivir la fauna y la flora, y particularmente el Ser Humano.  La primera etapa se encuentra enmarcada por la Ley Forestal Nº 4465 del 25 de noviembre de l969 (publicada en La Gaceta Nº 224 del 2 de diciembre), incipiente y con una serie de limitaciones técnicas y jurídicas, cuyo vacío pretendieron llenar las reformas introducidas por las Leyes Nº 6084  del 24 de agosto de l977 (publicada en La Gaceta Nº ll6 del 7 de setiembre) y la 6442 del 22 de mayo de l980 (La Gaceta Nº l09 del l0 de junio). Pero esas reformas no fueron suficientes para tener un cuerpo orgánico capaz de hacerle frente al complejo problema forestal, por lo que se abre una nueva etapa a través de una normativa mejor concebida a través de la Ley Nº 7032 del 7 de abril de l986 (La Gaceta Nº 85 del 7 de mayo), la cual fue posteriormente declarada inconstitucional -como se señala en forma más detallada en el Considerando siguiente- procediendo la Sala Constitucional a anularla para dejar vigente la Nº 4465, lo cual significará el cierre de la segunda etapa para retrotraerse hasta el 25 de noviembre de l969. La última etapa opera con la promulgación de otra Ley Forestal, la Nº 7l7l del 28 de junio de l990 (publicada en La Gaceta Nº l33 del l6 de julio), cuyo fin fue el de promulgar nuevamente el texto de la declarada inconstitucional -la Nº 7032- atendiendo a los planteamientos de la Sala Constitucional, por lo que se encuentran una serie de cambios en su texto definitivo.

                        VII.- Los razonamientos de la jurisprudencia han tenido en consideración -y esto se señala solo a mayor abundamiento, para justificar aún más lo que luego se resolverá- los avances del ordenamiento jurídico en cuanto a la tutela de los recursos naturales. En la misma Constitución se encuentran nuevas normas orientadas en este sentido. A manera de ejemplo con la reforma introducida al artículo 6º de la Constitución (en virtud de la Ley Nº 5699 del 5 de junio de l975, y aprobada en primera legislatura con la Nº 5579 del 24 de setiembre de l974) se dice "... a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas...", siendo, en consecuencia, al Estado obligatorio proteger y conservar esas zonas -las cuales no son solo territoriales- de donde la protección y conservación de los recursos naturales y el ambiente adquieren un tratamiento especial. Por su parte cuando el artículo 50 establece la obligación del Estado de procurar el bienestar de todos sus habitantes, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Esa riqueza debe entenderse también referida a los recursos naturales y el ambiente como base de la riqueza esencial y primordial  para lograr cualquier tipo de desarrollo sostenible. No deja de resultar interesante también el numeral 69 en cuanto consagra una obligación para la conservación de los suelos. En un ámbito más amplio, referido al Derecho Ecológico, también el artículo 89

-aún cuando ubicado dentro de la Sección de la cultura- tiene orientaciones de protección, conservación y desarrollo, tanto del patrimonio histórico como artístico de la Nación. Por su parte el l2l inciso l4 y el l40 inciso l9, marcan pautas a la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo en relación a bienes y recursos de dominio público ligados a altísimos intereses también públicos.

                        VIII.- El reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado marca un hito en la historia ecológica del país. Contiene lineamientos de altísimo contenido axiológico cuyo desarrollo no es exclusivamente nacional. Por el contrario, se trata de un movimiento de carácter universal cuyo resultado ha sido colocar al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado como un verdadero derecho humano. Se le ubica dentro de los denominados derechos de la tercera generación: un paso adelante de los derechos humanos clásicos, civiles o políticos (de la primera generación) y de los económicos, sociales y culturales (de la segunda generación). Ello ha dado base para formular una nueva clasificación jurídica: la del Derecho Ecológico. Hoy tiene un objeto muy definido en los recursos naturales, y su complejo de fuentes caracterizados por la organicidad y completez. Solo para mencionar dos documentos fundamentales impulsados por Naciones Unidas, en los cuales Nombre21605  ha participado, deben recalcarse la "Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente", celebrada en Estocolmo en junio de l972, y la "Declaración sobre el Derecho al Desarrollo", aprobado por la Asamblea General en su resolución 41-128 del 4 de diciembre de l986. La primera, partiendo de que "el hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual se da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente" establece como principios fundamentales -entre otros- los siguientes: "Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación y ordenación... . Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la capacidad de la Tierra para producir recursos vitales renovables... . El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestres y su habitad, que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y la fauna silvestres... . Los recursos no renovables de la tierra deben emplearse en forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparte los beneficios de tal empleo... . Deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del medio, teniendo en cuenta las circunstancias... . A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar así las condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano en beneficio de su población... . Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con espíritu de cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la protección y mejoramiento del medio ...". Por su parte en la "Declaración sobre el Derecho al Desarrollo" se proclama: "El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que inclusive, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales ...".

                        IX.- El patrimonio forestal del Estado incluye a todo el territorio nacional (artículos 4, 32 al 42), el cual a su vez se puede subdividir en tres áreas: A) La comprendida por el régimen forestal (artículos l, 2, 7, 47 a 54, 66 al 81) B) Los aprovechamientos forestales en terrenos de propiedad privada (artículos 43 al 46, 60 al 65, 82 al 91); y C) las reservas nacionales (artículos 32 y siguientes). Por su parte el régimen forestal

-constituido por el conjunto de disposiciones de carácter jurídico, económico y técnico, encargado de darle un contenido a la conservación, protección y racional aprovechamiento de los bosques y terrenos forestales (artículo 7)- tiene también tres subáreas: A) zonas protectoras, B) parques nacionales, reservas forestales y biológicas y C) bosques y terrenos forestales. 

                        X.- Con el nombre de reservas nacionales se identifica, a partir de la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 del 14 de octubre de l961, todas aquellas tierras denominadas por el Código Fiscal de l865, y luego por la misma Ley Nº l3 del 19 de enero de l939 (Colección de Leyes y Decretos, l939, I semestre, p. l0), como baldíos nacionales. Se trata de los inmuebles no sometidos a propiedad privada, no inscritos en el Registro Público de la Propiedad, en los términos de los artículos 267 y 486 del Código Civil (ver lo resuelto por la Corte Plena, en recurso de inconstitucionalidad de Nombre185995   contra la Ley de Tierras y Colonización, respecto de las normas de demasías, acordado en sesión extraordinaria del 25 de noviembre de l971).  Estas tierras difieren de las tierras de dominio privado inscritas a nombre del Estado o de sus Instituciones, y se encuentran constituidas como remanente de las dos anteriores. Originalmente, en la época de la Colonia, no fueron destinadas al servicio o uso público. Siguiendo los lineamientos del Código Civil la Ley General de Baldíos Nacionales Nº l3 del l0 de enero de l939 las declaró pertenecientes al Estado, dentro de los límites de la República, y que no hubieren sido adquiridos en propiedad mediante título legítimo por particulares (vgr. por usucapión), ni estuvieran inscritas en el Registro Público a nombre de ninguna persona -privada o pública-, ni destinadas al servicio público. La Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 del l4 de octubre de l961 mantuvo la misma orientación, solo que amplió las declaradas, por la anterior ley, como inalienables (Artículo 7). En general esas reservas han tenido límites para poseerlas, así como límites -en cuanto a la superficie- para ser inscritas por medio de informaciones posesorias. En un principio su administración fue confiada a la Sección de Tierras y Colonias, del Departamento de Crédito Rural, Tierras y Colonias del Banco de Costa Rica, luego pasó al Instituto de Tierras y Colonización, y al entrar en vigencia la Ley Forestal Nº 4465 se concedió la administración del patrimonio forestal del Estado a la Dirección General Forestal creada en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy la Dirección General Forestal forma parte del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (artículos 9 al 16). Todas las tierras consideradas como reservas nacionales quedan afectas en forma inmediata a los fines de la normativa forestal (artículos 32). Sobre ellas puede el Estado crear -por Ley o por Decreto Ejecutivo- reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre y reservas biológicas, conformando así el patrimonio forestal (artículo 35). Para poder ser colonizadas o enajenadas se requiere autorización legislativa (artículo 40), y aún cuando fueren poseídas por terceros éstos no adquieren ningún derecho, siendo imprescriptible el derecho del Estado para reivindicar (artículo 33). Tienen las reservas nacionales una detallada regulación dentro del Capítulo "Del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos del Estado y demás organismos de la administración pública". Estos aprovechamientos en las reservas nacionales solo podrán practicarse por concesión otorgadas por la Dirección General Forestal (artículo 55 y 56). Las licitaciones se tramitarán de acuerdo a planes técnicos de manejo forestal, sujetos al cartel confeccionado por la Dirección (artículo 55 inciso a), otorgando garantía suficiente los concesionarios (artículo 56). Ninguna persona puede obtener concesiones del patrimonio forestal en cantidades superiores a las necesidades de materia prima que demuestre requerir. Son nulas las autorizaciones que se obtengan directamente o por medio de personas interpuestas, en contra de lo indicado (artículo 59).

                        XI.- En una posición diametralmente opuesta a la de las reservas nacionales se encuentra la de la propiedad privada, denominada en la ley como "Del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos de propiedad privada". Estas tierras, por intereses de orden social, forman parte del patrimonio forestal del Estado. Esto es así porque los privados -funcionando bajo cualquier sistema (empresa agrícola o ganadera, para parcelación o colonización, tratándose de nacionales o extranjeros)- si dentro de sus planes de trabajo está la explotación forestal o la eliminación del bosque, en cualquier forma, deberán necesariamente obtener aprobación expresa de la Dirección General Forestal, en los términos de la Ley Forestal y del reglamento a la misma (artículo 60). Por ello el patrimonio forestal del Estado es aplicable a todos los bienes nacionales donde existan recursos naturales forestales. Para poder explotar sus propios recursos maderables los privados deben elaborar planes técnicos forestales, y la dirección les otorgará concesiones a largo plazo (artículo 6l). Lo anterior implica un sometimiento voluntario al régimen forestal. Esta es una presunción legal pues resulta ser la única alternativa del privado quien se encuentra impedido para talar árboles, aprovechar o explotar los productos forestales, dentro de su mismo bien, si previamente no hay autorización de la Dirección General Forestal (artículo 63 y 65). Para estos efectos el Estado otorga una serie de incentivos para el manejo y reglamentación de los bosques y terrenos forestales de dominio particular, especialmente a través de los Certificados de Abono Forestal (artículos 82 al 86) y otros incentivos fiscales (artículo 87). Como la Dirección General Forestal debe contar con personal capacitado, guardabosques, y mantiene relaciones con las autoridades, ésta le brindará a los propietarios toda la colaboración necesaria para mantenerlos libres de invasiones y ocupantes (artículo 67).

                        XII.- Los parques nacionales son las regiones establecidas para la protección y la conservación de las bellezas naturales y de la flora y la fauna de importancia nacional, a fin de que, al estar bajo vigilancia oficial, el público pueda disfrutar mejor de ellas. Presentan uno o varios ecosistemas no transformados y poco modificados por la explotación y ocupación humana. En ellas las especies vegetales y animales, los sitios geomorfológicos y los habitats son de especial interés científico y recreativo o contienen un paisaje natural de gran belleza. La ley autoriza tomar las medidas necesarias para prevenir o eliminar la explotación u ocupación en toda el área y para hacer respetar las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han determinado su establecimiento (artículo 34 inciso c). Las reservas biológicas, por su parte, están formadas por aquellos bosques y terrenos forestales cuyo uso principal sea la conservación, el estudio y la investigación de la vida silvestre y de los ecosistemas que en ellos existan (artículo 35 inciso d).  Los parques nacionales y reservas biológicas son administradas por el Servicio de Parques Nacionales (artículo 35 inciso c). El Poder Ejecutivo está facultado, a través del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, para incluir dentro de sus límites las fincas o partes de fincas particulares necesarias para lograr sus objetivos. En este caso los terrenos serán adquiridos por compra o expropiación. A través del Servicio de Parques Nacionales se debe delimitar, en el terreno, los linderos de las áreas que conforman el patrimonio forestal del Estado.

                        XIII.- También forman parte del patrimonio forestal del Estado las reservas forestales, zonas protectoras y refugios nacionales de vida silvestre. Las primeras están formadas por los bosques cuya función principal sea la producción de madera, y por aquellos terrenos forestales que por naturaleza sean especialmente aptos para ese fin (artículo 35 inciso a). Las segundas están formadas por bosques  y terrenos de aptitud forestal, en que el objetivo principal sea la protección del suelo, la regulación del régimen hidrológico y la conservación del ambiente y de las cuencas hidrográficas (artículo 35 inciso b). Los refugios de vida silvestre están conformados por bosques y terrenos cuyo uso principal sea la protección, la conservación, el incremento y el manejo de especies de la flora y la fauna silvestre (artículo 35 inciso ch). Para la creación de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre, el Estado deberá comprar o expropiar, salvo que, a requerimiento de la Dirección General Forestal sus propietarios acepten someterse al régimen forestal respectivo. En caso de hacerlo, se notificará al Registro Público de la Propiedad para la anotación correspondiente, la cual se mantendrá bajo régimen forestal durante el tiempo que dure el plan de manejo (artículo 37).

                        XIV.-  Existen también los bosques y los terrenos de aptitud forestal. Sean estatales o estén reducidos a dominio particular, están sometidos a los fines de la Ley. Son de utilidad pública y por tanto susceptibles de expropiación, salvo aquellos sometidos voluntariamente al régimen forestal, en los cuales se desarrollen eficientemente proyectos de forestación, reforestación y manejo de bosques naturales (artículos 1 y 4). Son bosques "todas las asociaciones vegetales compuestas, predominantemente de árboles y de otra vegetación leñosa" (artículo 6). Los terrenos de aptitud forestal serán los declarados así por la Dirección General Forestal de acuerdo a la metodología oficial para la clasificación de tierras (artículo 5). Dentro de este marco, el plan de manejo forestal establece las normas técnicas para regular las acciones ejecutadas en un bosque o en terrenos de aptitud forestal, con el fin de conservar, desarrollar y mejorar la vegetación arbórea que en él exista o se pretenda establecer. Tiene su fundamento en el principio de uso racional de los recursos naturales renovables (artículo 8). Los bosques y terrenos de aptitud forestal que constituyan tanto las áreas forestales públicas como las privadas, están sometidos al respectivo plan de manejo. Se procura permitir su conservación y fomento, con arreglo a los principios económicos y silvícolas (artículos 47 y 48).

                        XV.-  En consecuencia, la normativa forestal establece, para todos los casos y en todo el territorio nacional -y no solo para unos-, un régimen especial aplicable a todos los recursos forestales, de donde nace la propiedad forestal. Las reservas nacionales están sometidas de derecho al régimen, pues perteneciendo al Estado la voluntad legislativa no exige ningún otro requisito, y solo procede la expropiación cuando tratándose de bienes privados se afecten para conformar parques nacionales, reservas forestales o biológicas, bosques o terrenos forestales. En las fincas de propiedad privada para poder constituir la propiedad forestal necesariamente su titular debe someterse voluntariamente al régimen jurídico establecido por la Ley, específicamente a las limitaciones de interés social impuestas a la propiedad. Cuando se trata de la creación de zonas protectoras si ello ocurre en las reservas nacionales pueden calificarse incluso de inalienables, pues -como se ha dicho en repetidas ocasiones- pertenecen al Estado, y constituye un acto de imperio someter los bienes a esa condición, pero tratándose de fincas sometidas a régimen privado la ley somete a las mismas a un régimen forestal obligatorio, limitado a efectuar labores agrícolas o destrucción de vegetales -salvo autorización expresa para ello-, con las mismas ventajas otorgadas a los privados sometidos voluntariamente al régimen.

                        XVI. La creación de la Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica de Guanacaste es parte de la historia ecológica de nuestro país. Es una respuesta del legislador costarricense a la conservación de los recursos naturales. Pretendió desde antaño garantizar el ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y heredárselo a las futuras generaciones. Nació bajo la vigencia de la Ley Forestal de 1969 y fue creada por Decreto Nº 5836-A del 16 de marzo de 1976. Con su creación los particulares poseedores en dichas áreas debían ser indemnizados en su propiedad y mejoras, pues no podían realizar actividades agrarias en detrimento de los recursos forestales. Para compensar esa situación, y no dejar desprotegidos a muchos poseedores, el Decreto Nº 8473-A del 24 de abril de 1978 estableció la posibilidad de reubicarlos en fincas del Instituto de Tierras y Colonización.  Muchos de ellos fueron reubicados pero otros continuaron poseyendo dentro de la Reserva Forestal. Es decir poseían dentro de una zona declarada inalienable. Algunos actores demostraron el ejercicio de la posesión agraria sin ser reubicados. Dentro de ellos están Nombre189320  , Nombre189327  , Nombre189324  , Nombre189326   y Nombre189328  . Sus pretensiones, en consecuencia, son de recibo. Ello resulta de una libre valoración de la prueba, tanto testimonial como documental. Y ésta apreciada correctamente por el Tribunal conforme al numeral 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Los restantes poseedores, o fueron reubicados, o no demostraron el ejercicio de actos posesorios efectivos e intencionales tendientes a conservar el bosque. Sus terrenos estaban total y prácticamente cubiertos por bosques naturales cuya conservación es propia del ecosistema.

                        XVII.-  El recurso ante esta Sala en materia agraria, como todos los demás, tiene su origen en el recurso de casación civil. Constituye una especie del género. Si bien ha sido identificado como un recurso ante la Sala de Casación -según el lenguaje del Código de Trabajo- y también como tercera instancia rogada -por la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1993- sigue siendo un recurso extraordinario. Solo resulta susceptible de ser interpuesto contra algunas resoluciones y sentencias, en los términos, condiciones y formalidades impuestos por la Ley. Trátase de un recurso otorgado a las partes en un cierto tipo de litigios agrarios para acceder hasta la Casación, como el más alto Tribunal del país por estar ubicado sobre los demás órganos judiciales. Se otorga para combatir los motivos, fundamentos o argumentos sustentados por las sentencias o resoluciones de segunda instancia desfavorables al recurrente. Dichas resoluciones o sentencias no son todas. Están expresamente señaladas por la Ley. En agrario las limitaciones a los recursos también tiene su expresión concreta en la casación pues solo es concedido para situaciones jurídicas específicas. La Sala de Casación juzga concretamente la resolución o la sentencia acusada de haber infringido el Derecho. No juzga casos. Cuando encuentra el yerro endilgado por el recurrente anula la sentencia, y al dejarla sin efecto dicta una nueva donde se disponen las modificaciones procedentes en su parte dispositiva. La Sala está facultada para conocer únicamente de los extremos sobre los cuales se le hayan opuesto reparos a la sentencia recurrida. No puede rebasar esos límites al momento de fallar: su campo de acción se circunscribe a la competencia otorgada por el recurso sobre las cuestiones concretamente planteadas. En este sentido es un recurso admitido en relación. Fue calificado como tercera instancia rogada, primero por la doctrina y la jurisprudencia, más tarde por la legislación, porque no precisa de motivos o causales legalmente determinadas para poder plantearlo. Pero ello no le vincula con el recurso de apelación. Son totalmente diferentes. Genéricamente se interpone por violación de la ley. Queda sujeto a las formalidades técnicas concretas impuestas por el ordenamiento jurídico, en cuanto especie del recurso de casación. Se le ha concebido para lograr la correcta interpretación del Derecho, en un sentido evolutivo conforme a las exigencias de la Sociedad, y también, como consecuencia indirecta, como instrumento del sistema organizado de justicia para la solución de los conflictos de intereses subjetivos cuando ha habido quebranto de la adecuada interpretación del Derecho. Tocante a la finalidad es un instrumento para la protección del Derecho positivo. Cumple una doble función: primero protegiendo los principios de igualdad y seguridad jurídica a través de una correcta aplicación del Derecho en los fallos judiciales y evitando la subrogación de la ley al arbitrio del Juez; en segundo lugar ejerciendo una función unificadora de la jurisprudencia por medio del órgano judicial ubicado en la cúspide del sistema, para evitar la incertidumbre por la diversa aplicación de las mismas normas, es decir pretende cumplir con el interés general de darle sentido coherente y lógico al derecho positivo. Indirectamente también es un recurso en interés de las partes por cuanto el recurrente combate los argumentos de una sentencia violatoria del ordenamiento jurídico. Si ello acontece la Casación señala la correcta interpretación del Derecho, deja sin efecto la sentencia y procede a sustituirla por otra. Pueden identificarse tres especificidades concretas del recurso de casación agrario, como especie, del genérico recurso de casación. En el recurso no se exigen formalidades especiales.  Ello no significa informalidad pues el recurso debe ordenarse en forma técnica: enumerando y estructurando los reproches a la sentencia para demostrar su falta de juridicidad. El recurrente deberá explicar necesariamente las razones claras y precisas sobre las cuales sustenta su gestión. Se deben combatir en forma sistemática todos y cada uno de los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida. Solo está exento de señalar en forma expresa las normas del ordenamiento jurídico violadas, o el tipo de infracción cometido. Esta es la primera característica específica respecto del recurso de casación civil. Por otro lado la especialidad del recurso de casación agraria guarda correspondencia con la especialidad del derecho sustantivo. De la misma forma como existe una relación de complementariedad entre el derecho agrario y su proceso, en esa misma medida el recurso de casación agraria se ve influido por los principios del Derecho procesal agrario. Fundamentalmente ello ocurre en cuanto a la libre valoración de la prueba. La Ley de Jurisdicción Agraria, tanto en su artículo 54, para los jueces de instancia, como en el 61, para los jueces de casación, autoriza a valorar el elemento probatorio sin sujeción estricta a las normas de derecho común.  En este caso el Juez deberá expresar los principios de equidad o de derecho sobre el cual funde su criterio. Se trata del sistema de la libre valoración y no el de la valoración a conciencia pues esta última es típica de los juzgadores no juristas. Esto significa un rompimiento con el proceso típico del principio dispositivo. En la casación agraria el Juez tiene amplios poderes para valorar y apreciar la prueba. El error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba son típicos del recurso de casación civil. En agrario ellos pueden ser igualmente acusados, sin necesidad de citar ni las normas de prueba ni las de fondo violadas, pero con el límite de la libre valoración de la prueba por parte del juez. El error probatorio debe ser sometido al juez de casación quien, siempre en uso de las facultades de la libre valoración, determinará si hubo quebranto a la prueba. La tercera especificidad del recurso de casación agraria es su limitación a conocer exclusivamente de aspectos de fondo. Difiere en ésto radicalmente del típico de la materia civil donde procede tanto por razones procesales como de fondo. En este sentido la Sala se encuentra inhibida para analizar cuestiones formales o in procedendo. Por esta razón el recurso puede ser rechazado si el recurrente solo alega violación de las normas del procedimiento, pues por medio de la casación agraria no se pueden corregir, reponer o practicar trámites procesales. Pese a ello cuando el recurrente formule su recurso alegando razones de forma y fondo solo se fallará por el fondo. Incluso podrá fallar por el fondo aún cuando las hubiere calificado erróneamente como de forma, pero si el recurso es por la forma, indistintamente como sea identificado, deberá ser rechazado.

                        XVIII.- Los recursos planteados no combaten con claridad y precisión los principales fundamentos de la sentencia de segunda instancia. Prácticamente se limitan a combatir los criterios de valoración probatoria. El Tribunal, se argumenta, concluye erróneamente en la falta de posesión de los actores cuando de la prueba se advierte lo contrario. Además, se aduce, niegan tener una parcela en el Asentamiento de Nueva Guatemala, a cambio de las poseídas en Aguas Calientes. Señalan una causa distinta para ser propietarios de éstas pues en aquella oportunidad calificaron como beneficiarios del Instituto y pagaron dichas parcelas. Pero tampoco los recursos combaten todo el aservo legal sobre la naturaleza jurídica de la zona inalienable donde estaban poseyendo. Aspecto éste medular para poder revocar la sentencia recurrida.

                        XIX.- Mención especial merece el recurso de Nombre189321   por el voto salvado. Este como todos los demás no es posible declararlo con lugar. Tampoco combate en forma efectiva los argumentos de la sentencia recurrida. No puede llegarse a las conclusiones ahí invocadas por falta de argumentos jurídicos. La falta de entrega de una parcela no es un motivo suficiente para pretender el mejor derecho de posesión. Lo más importante hubiera sido la conservación del recurso forestal. El fundamento principal de la sentencia no fue la entrega de parcelas a los actores. Ni determinar la falta del derecho de posesión por haber recibido una. Por el contrario se exigió una posesión agraria efectiva e incluso la demostración de actos posesorios encaminados a la conservación del bosque. Este aspecto no fue demostrado por el recurrente Nombre189321 . Al contrario se convirtieron terrenos de aptitud forestal en potreros. Ello es atentatorio contra la Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica de Guanacaste. El resto de la finca eran tacotales y montaña, pero no se demostraron actos tendientes a la conservación efectiva del bosque (reconocimiento judicial de folio 155).

                                    XX.-  Por otra parte, el testigo Nombre189354   no se refirió a todos los poseedores reubicados. Al respecto indicó: "Algunos de ellos son beneficiarios por parte del IDA como Nombre189322  , Nombre189323  , Nombre189325  , Nombre189331  , Nombre189330  ..." También se refirió el testigo a las limitaciones existentes dentro de la Reserva Forestal. Todos conocían de la imposibilidad de explotar el bosque: "Cuando la Forestal entró en el lugar se estaba haciendo una negociación sobre esa finca con la Forestal, y por estar la propiedad dentro de la Reserva ellos solicitaron al IDA una parcela donde vivir, ya que con las medidas indicaba la Forestal no se podía voltear para sembrar...". Evidentemente, quienes realizaron los trámites para ser reubicados y fueron beneficiarios del Instituto es porque poseían. Los restantes no. Por ello los alegatos del recurrente carecen de sustento. El testigo Nombre189370   no da cuenta de actos posesorios realizados por Nombre189321 , solamente dice "Sí conozco a Nombre189321   como dueño de una parcela..." y ello no es razón suficiente para tener por acreditada una posesión forestal. El testigo Nombre183828   hace referencia a la aptitud forestal de la finca: "La mayoría de esa finca eran montañas y ellos la han trabajado....Hace como diez años la Forestal no dejó trabajar más las fincas y por eso algunos de ellos solicitaron parcelas al IDA en la Nueva Guatemala pero siempre ellos han estado trabajando allá arriba". Es decir, a pesar de la limitación existente con fines de conservación los poseedores siguieron explotando el bosque sin ser reubicados. Incluso después de ello, pretendiendo beneficiarse en un doble sentido pues ahora reclaman la indemnización. Evidentemente, los trabajos realizados no tendían al ejercicio de una posesión forestal conforme a la naturaleza del bien. Al contrario deforestaban para sembrar. Hicieron caso omiso a las limitaciones y siguieron destruyendo el bosque. Sus actos posesorios son, en consecuencia, contrarios a la función ecológica de conservación de los recursos naturales para mantener el equilibrio de los ecosistemas en la Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica de Guanacaste.

                        XXI.- A la luz de lo expuesto en los considerandos anteriores, a nada conduce demostrar el mejor derecho de posesión de los actores. Mucho menos frente a los demandados quienes tampoco fueron poseedores. Ellos conocían la declaratoria de la Reserva Forestal. Los terrenos formaban parte del Patrimonio forestal del Estado y por tanto eran, a la luz de las disposiciones legales vigentes en esa época, inalienables e imprescriptibles. Por ello la posesión ejercida dentro del área de reserva no puede legitimar un derecho de posesión. Mucho menos la usucapión. Si tuvieron la oportunidad de ser reubicados, como varios testigos lo indican, y no lo hicieron menos podrían reclamar indemnización alguna. Igualmente, aún habiendo solicitado su reubicación posiblemente no todos cumplían los requisitos para ello. Solo a quienes demostraron mejoras se les concedió el beneficio. Pero debe subrayarse un elemento básico de legitimación. Si no calificaron como adjudicatarios el reclamo debió dirigirse contra el Estado y el Instituto de Desarrollo Agrario. Nunca contra quienes enderezaron su demanda. En este caso también media una falta de legitimación activa.

                        XXII.- En razón de todo lo expuesto, y por estar ajustada a derecho, procede confirmar la sentencia recurrida.

                                                                 POR TANTO:

                        Se confirma la sentencia recurrida. 

 

                                                        Edgar Cervantes Villalta

 

 

Ricardo Zamora C.                                                                                            Hugo Picado Odio

 

 

Nombre182871  .                                                                                  Ricardo Zeledón Z.

                                           Voto Salvado del Magistrado Zamora C.

                        El suscrito Magistrado salva su voto y declara sin lugar los  recursos interpuestos por Nombre189332  , Nombre189329   , Nombre189330  , Nombre189331  , Nombre189322  , Nombre189323   y Nombre189325   , con las costas a su cargo. En lo que es objeto del recurso, éste se declara con lugar, respecto a Nombre189321  , en los siguientes términos: Sin lugar las excepciones de prescripción, caducidad y la genérica de sine actione agit, comprensiva de la falta de derecho y falta de legitimación ad causam activa y pasiva establecidas por los demandados Nombre55165  , Nombre189333   y Nombre189334   . Que dichos demandados no ostentan ningún derecho en la parcela que posee el accionante, ubicada en Agua Caliente de Cañas, Guanacaste, y, en consecuencia, no están facultados para ofrecer en venta esas tierras a ninguna institución o tercero, por corresponderle al actor el mejor derecho de posesión. Se condena a los demandados a pagarle las costas personales y procesales.- El fundamento de este voto se expresa en las consideraciones y razones que se dirán a continuación:

                        I.- Los actores presentan recursos de casación contra la sentencia del Tribunal Superior Agrario, reclamando defectos en la valoración de la prueba testimonial, ya que, en su criterio, el Tribunal apreció mal el dicho de los testigos e incurrió en una mala aplicación de la ley sustantiva al interpretarla erróneamente en su perjuicio, y, finalmente, desconoció la posesión ejercida de su parte.-

                        II.-   En cuanto a los reparos que se aducen respecto de la prueba testimonial, no llevan razón los recurrentes, pues según ha estimado la Sala en forma reiterada, no incurre en error alguno el Tribunal cuando concede mayor valor a unos elementos probatorios que a otros, si todos son de la misma naturaleza, puesto que tal proceder es el resultado del libre ejercicio de una facultad discrecional que la ley concede para apreciarlos, de conformidad con la sana crítica (artículo 330 del Código Procesal Civil). En todo caso, en materia agraria las pruebas se aprecian en conciencia y sin sujeción estricta a las normas del derecho común, tal cual lo dispone el párrafo segundo del artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, de ese modo, que, si en el caso presente depusieron catorce testigos, y el Tribunal dio mayor valor a unos que a otros, dicha valoración resulta de la facultad que les conceden las normas dichas; y en el fallo recurrido los jueces expresaron los principios en los cuales basaron su criterio para acoger los testimonios de los declarantes que a su juicio les merecieron mayor credibilidad, los cuales, entonces, fueron apreciados y valorados conforme a la ley que rige la materia.-

                        III.-  Amén de lo anterior, cabe decir, en lo que respecta al testimonio de los señores Nombre189354   y Nombre183828  , que se mencionan en los recursos, la Sala no encuentra motivo fundado para tener por mal apreciadas sus deposiciones, ya que, en cuanto a los actores Nombre189331  , Nombre189322  , Nombre189323   y Nombre189325   , lo que el fallo recurrido hizo al respecto fue determinar, conforme a esos testimonios, que dichos accionantes ya cuentan con una parcela en el asentamiento de Nueva Guatemala, y que, por ello, debe entenderse que ya habían sido resarcidos, infiriéndose, que ésto ocurre por las mejoras que pudieran favorecerles dentro del terreno objeto de litigio, el que, por demás, es un terreno inscrito a favor del Estado. De acuerdo a ello, deben reiterarse las razones expuestas en el considerando precedente, respecto a la amplitud del Juez para apreciar las pruebas. No obstante lo anterior, sí considera la Sala que, en relación al accionante Nombre189321  , la prueba citada tiende a favorecerle, pues examinados en detalle tales testimonios, no se determina de ellos que el señor Nombre189321  resulte adjudicatario en ese parcelamiento de Nueva Guatemala, lo que viene respaldado en la constancia que emana de la Oficina Regional de Cañas del Instituto de Desarrollo Agrario, y que así lo indica, por lo que en su caso sí debe acogerse el recurso, y en cuanto a él, declarar con lugar la demanda, más no así en relación a los demás actores aquí citados.-

                        IV.-  Tampoco resultan de recibo las alegaciones de los recurrentes, refiriendo una mala aplicación de la ley sustantiva y el desconocimiento que hizo el Tribunal de la posesión ejercida de su parte, pues no encuentra la Sala cuál es la interpretación errónea que aducen, en primer lugar, porque éstos no concretan tal agravio, y segundo, porque varían el cuadro fáctico contenido en la sentencia objeto del recurso, ya que, en tratándose de la jurisdicción agraria, no puede dejarse de lado que rigen principios agraristas y no civilistas, por lo que, entonces, no resulta valedero un cuestionamiento desde la óptica eminentemente civil, cuando es lo cierto que estamos en presencia de actividades agrarias; y de allí que si la sentencia de interés tuvo por demostrado que los actores Nombre189332  , Nombre189329    y Nombre189330   no han desarrollado ninguna actividad agraria en tales terrenos, el centro de la discusión no es el instituto de la posesión en general, sino el de la posesión agraria. Consecuentemente, sí ha quedado demostrado, pericial y testimonialmente, que los terrenos de Nombre189332  y Nombre189329  son únicamente montaña, y el de Nombre189400  es parte de tacotal de vieja data y el resto montaña, determinándose fielmente el hecho de que no han ejercido ninguna actividad productiva agraria, y, por ello, no puede entenderse que hayan ejercido posesión agraria, pues no han intervenido en actividades de transformación de la tierra, que permitan algún resarcimiento por parte del Estado, quien, por demás, es el propietario de esas tierras, como parte de la Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica de Guanacaste que son. De modo tal, que no ocurren los agravios que plantean dichos recurrentes, y por ello, debe desestimarse el recurso a su respecto.-

 

                                                             Ricardo Zamora C.

ns.-

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 07:15:07.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**II.** One version of Costa Rica's history focuses on its spirit of protecting natural resources. Another version would be that of the promotion of agriculture, livestock, and the development of its cities at the expense of depleting natural resources. These are two antagonistic theses. The true history revolves around these two visions: the struggle for and at the mercy of natural resources. Since Independence, a deep conservationist sense has coexisted with business development. From the most incipient legislation of the last century, there are rules aimed at protecting the mountains, the coasts, and the borders of the country. The first two with a protectionist sense, of an ancestral ecologism, excluded from private domain, while the latter entail a sense of defense. The mountains are formed by the forests of the Volcanic Mountain Ranges. They cross the country from North to South. They are the Guanacaste, the Central, and the Talamanca ranges. It is a mountainous massif indispensable for the survival of the rest of the territory. Private individuals were empowered to possess, register, and become owners of the areas not subject to environmental protection. Today, the country has a quarter of its area dedicated to the protection and conservation of Nature. The rest is dedicated to private activity. In this complex history, the most dissimilar legal regimes are found. From inalienable property to private property. There is agrarian property, forest property, ecological property. Private property is generally subject to limitations of public and social interest, sometimes linked to environmental protection.

**III.** Since the enactment of the Civil Code of 1888, following the guidelines of the French Civil Code of 1804, the existence of two different types of property was established: private and public. Public property would be all that destined for public use (roads, schools, plazas, etc.) and that not subject to private property. Articles 267 and 486 of the Code deem public all property not registered in the Public Property Registry in the name of a third party. This has its explanation in historical facts. During the Colony, a Public Property Registry did not exist. The Crown granted property to conquerors and settlers through Royal Decrees. Registry inscription was carried out in Spain. But fundamentally, the number of inhabitants of Costa Rica was very limited and only a very small part of some areas of the Central Plateau could be cultivated. Consequently, the vast majority of Costa Rican lands were public. For this reason, when the Fiscal Code was enacted in 1865, all public lands where forests, mountains, and uncultivated areas were located were distinguished as "national wastelands (baldíos nacionales)" (Baldío means unoccupied, ownerless). Private individuals could enter those lands by paying the State a "canon" or price for lease. In other words, it was given the character of a good destined to cover State expenses. In that same era, private individuals were allowed to possess the lands indispensable for their survival in the National Wastelands. The State gave large companies lands as payment for services: thus the construction of the Atlantic Railroad was paid, and lands were granted to American companies for banana planting. The denunciation (denuncio) of national wastelands was also permitted. Individuals managed before the State the registration in the Public Registry in the name of private persons of large tracts of land, above all in exchange for services or for being affected by State action. The typical case was the exchange of lands possessed by third parties, that is, squatters (precaristas), in substitution for national wastelands: in this way the entire Osa Peninsula was registered. With all these laws enacted since the end of the 19th Century, a process of "privatization" of public lands began. In this way, national wastelands were destined to pass into private hands. To fulfill this objective, the instrument of prescription was followed. It comes from the French Civil Code. But originally it is from Roman Law. It tends to protect all those with more than 10 years of possession who have behaved as owners and in good faith. After that period of possession, the possessors would become owners. In 1941, the Law of Possessory Information (Ley de Informaciones Posesorias) was issued. Through it, the registration of rights in the Public Property Registry was expedited. Possessors without title had to draw up a cadastral plan, demonstrate their possession of more than 10 years through witnesses in a judicial process of voluntary jurisdiction, and the Judge orders the Public Registry to register the farm individually. To demonstrate the "possessory acts (actos posesorios)", that is, the acts demonstrating that possession for more than 10 years, possessors proceeded to destroy the mountain to plant. In this way, deforestation became a legitimizing act of possession, as a means of registering farms in the Registry. Thousands and thousands of hectares of mountain were destroyed to plant pastures for livestock or agricultural products. These were of much lower value than the wood, as the forest was exchanged for corn, rice, beans, yucca, and other perishables.

**IV.** In the same legislation tasked with promoting the privatization of public property, some principles were established to maintain the bases of forest property. In effect, the Fiscal Code of 1865 contemplates a chapter referring to Forests where all the principles applicable to them are established (articles 549 to 550). The provisions of the Fiscal Code were repealed by the General Law on Uncultivated Lands (Ley General sobre Terrenos Baldíos) No. 13 of January 6, 1939. In this new law, practically the same provisions are incorporated. The lands comprised within the limits of the Republic, not acquired nor registered in the name of private individuals, are presumed uncultivated (baldíos) and therefore belong to the State (article 1). The State will retain the necessary domain over the lands indispensable for the use of hydraulic forces (article 11). The law expressly protects, and therefore they are not susceptible to alienation, the lands of the islands, nor those situated on the banks of rivers, streams, and, in general, of all sources of watersheds or hydrographic basins where springs (manantiales) emerge, where there are islands or headwaters, and any watercourse from which a population is supplied or it is convenient to reserve for the same purpose. On flat lands, the prohibition includes a strip of 200 meters on both sides of the rivers, springs, or streams, but if there are hydrographic basins, the extent reaches 300 meters (article 7). The Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) No. 2825 of October 14, 1961, maintained the same orientation. But it expanded those declared, by the previous law, as inalienable (Article 7). In general, those reserves have had a prohibition to possess them and to be registered in the Public Property Registry through the judicial proceeding of possessory information (informaciones posesorias). Initially, forest administration was entrusted to the Land and Colonies Section, of the Department of Rural Credit, Lands, and Colonies of the Bank of Costa Rica. Later it passed to the Institute of Lands and Colonization. Upon the entry into force of the Forest Law No. 4465 of November 25, 1969, the administration of the State's forest heritage was granted to the General Forestry Directorate created within the Ministry of Agriculture and Livestock (articles 7 to 17).

**V.** In accordance with the second paragraph of article 45 of the Political Constitution, limitations on property were imposed to protect, safeguard, and defend forest property. It is a different type of property. It has its own characteristics and particularities. It is not the same as civil, agrarian, intellectual, or industrial property. It is a property for conservation. Not for production nor for being part of human commerce. For that reason, it required a special regime. This Chamber, in resolution No. 189 of 10 hours 20 minutes on October 30, 1991, explained the regime of forest property. In the following recitals, a large part of that ruling is transcribed.

**VI.** The history of forest regulations presents three moments, with their particularities and vicissitudes—the analysis of which escapes the limits of this study—but with a single philosophy of conservation of natural resources, as the only way for Nature to be maintained, and within it, fauna and flora, and particularly the Human Being, can survive. The first stage is framed by the Forest Law No. 4465 of November 25, 1969 (published in La Gaceta No. 224 of December 2), incipient and with a series of technical and legal limitations, the vacuum of which the reforms introduced by Laws No. 6084 of August 24, 1977 (published in La Gaceta No. 116 of September 7) and No. 6442 of May 22, 1980 (La Gaceta No. 109 of June 10) sought to fill. But these reforms were not sufficient to have an organic body capable of confronting the complex forest problem, which is why a new stage opens through better-conceived regulations via Law No. 7032 of April 7, 1986 (La Gaceta No. 85 of May 7), which was subsequently declared unconstitutional—as indicated in more detail in the following Recital—with the Constitutional Chamber proceeding to annul it to leave No. 4465 in force, which will mean the closing of the second stage to retract to November 25, 1969. The last stage operates with the enactment of another Forest Law, No. 7171 of June 28, 1990 (published in La Gaceta No. 133 of July 16), whose purpose was to re-enact the text of the one declared unconstitutional—No. 7032—addressing the arguments of the Constitutional Chamber, which is why a series of changes are found in its final text.

**VII.** The reasoning of the jurisprudence has taken into consideration—and this is pointed out only for greater abundance, to further justify what will be resolved later—the advances of the legal system regarding the protection of natural resources. In the Constitution itself, new rules oriented in this sense are found. By way of example, with the reform introduced to Article 6 of the Constitution (by virtue of Law No. 5699 of June 5, 1975, and approved in the first legislature with No. 5579 of September 24, 1974), it is stated "... in order to protect, conserve, and exploit exclusively all the natural resources and wealth existing in the waters, the soil, and the subsoil of those zones...", making it, consequently, obligatory for the State to protect and conserve those zones—which are not only territorial—hence the protection and conservation of natural resources and the environment acquire special treatment. For its part, when Article 50 establishes the obligation of the State to procure the well-being of all its inhabitants, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. That wealth must also be understood as referring to natural resources and the environment as the basis of the essential and primordial wealth to achieve any type of sustainable development. Numeral 69 is also interesting insofar as it enshrines an obligation for soil conservation. In a broader scope, referring to Ecological Law, Article 89—even though located within the Culture Section—also has orientations of protection, conservation, and development, both of the historical and artistic heritage of the Nation. For its part, Article 121 clause 14 and Article 140 clause 19 set guidelines for the Legislative Assembly and the Executive Branch in relation to goods and resources of public domain linked to very high public interests.

**VIII.** The recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment marks a milestone in the country's ecological history. It contains guidelines of very high axiological content whose development is not exclusively national. On the contrary, it is a movement of universal character, the result of which has been to place the right to a healthy and ecologically balanced environment as a true human right. It is located within the so-called third-generation rights: a step forward from classic human rights, civil or political (of the first generation), and economic, social, and cultural rights (of the second generation). This has provided the basis for formulating a new legal classification: that of Ecological Law. Today it has a very defined object in natural resources, and its complex of sources characterized by organicity and completeness. Just to mention two fundamental documents promoted by the United Nations, in which Costa Rica has participated, the "Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment", held in Stockholm in June 1972, and the "Declaration on the Right to Development", approved by the General Assembly in its resolution 41-128 of December 4, 1986, must be emphasized. The first, starting from the premise that "Man is both creature and moulder of his environment, which gives him physical sustenance and affords him the opportunity for intellectual, moral, social and spiritual growth", establishes as fundamental principles—among others—the following: "The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management... . The capacity of the earth to produce vital renewable resources must be maintained and, whenever practicable, restored or improved... . Man has a special responsibility to safeguard and wisely manage the heritage of wildlife and its habitat, which are now gravely imperilled by a combination of adverse factors. Nature conservation, including wildlife, must therefore receive importance in planning for economic development... . The non-renewable resources of the earth must be employed in such a way as to guard against the danger of their future exhaustion and to ensure that benefits from such employment are shared by all mankind... . Resources should be made available to preserve and improve the environment, taking into account the circumstances... . In order to achieve a more rational management of resources and thus to improve the environment, States should adopt an integrated and coordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improve environment for the benefit of their population... . International matters concerning the protection and improvement of the environment should be handled in a cooperative spirit by all countries, big and small, on an equal footing...". For its part, the "Declaration on the Right to Development" proclaims: "The human right to development also implies the full realization of the right of peoples to self-determination, which includes, subject to the relevant provisions of both International Covenants on Human Rights, the exercise of their inalienable right to full sovereignty over all their natural wealth and resources...".

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Citations of Legislation and Doctrine
Content of Interest:

Content type: Majority opinion

Branch of Law: Agrarian Procedural Law

Topic: Appeal before the Court of Cassation in agrarian matters

Subtopics:

Characteristics.

"XVII.- The appeal before this Chamber in agrarian matters, like all others, has its origin in the civil cassation appeal. It constitutes a species of the genus. Although it has been identified as an appeal before the Court of Cassation Chamber -according to the language of the Labor Code- and also as a requested third instance -by the Organic Law of the Judiciary, of 1993- it remains an extraordinary appeal. It is only susceptible to being filed against certain decisions and judgments, under the terms, conditions and formalities imposed by the Law. It is an appeal granted to the parties in a certain type of agrarian dispute to access the Court of Cassation, as the highest Court of the country for being located above the other judicial bodies. It is granted to challenge the grounds, bases or arguments sustained by the second-instance rulings or decisions unfavorable to the appellant. Those decisions or judgments are not all of them. They are expressly indicated by the Law. In agrarian matters, the limitations on appeals also have their specific expression in cassation, since it is only granted for specific legal situations. The Court of Cassation Chamber specifically judges the decision or judgment accused of having infringed the Law. It does not judge cases. When it finds the error attributed by the appellant, it annuls the judgment, and by rendering it null and void, issues a new one providing the appropriate modifications in its operative part. The Chamber is empowered to hear only the points on which objections have been raised against the appealed judgment. It cannot exceed those limits at the time of ruling: its field of action is circumscribed to the jurisdiction granted by the appeal over the questions concretely raised. In this sense, it is an appeal admitted in relation. It was classified as a requested third instance, first by doctrine and jurisprudence, later by legislation, because it does not require legally determined grounds or causes to be filed. But this does not link it to the appeal remedy. They are totally different. Generically, it is filed for violation of the law. It remains subject to the specific technical formalities imposed by the legal system, as a species of the cassation appeal. It has been conceived to achieve the correct interpretation of the Law, in an evolutionary sense according to the demands of Society, and also, as an indirect consequence, as an instrument of the organized justice system for the resolution of conflicts of subjective interests when there has been a breach of the adequate interpretation of the Law. With regard to its purpose, it is an instrument for the protection of positive Law. It fulfills a dual function: firstly, protecting the principles of equality and legal certainty through a correct application of the Law in judicial rulings and avoiding the subrogation of the law by the Judge's discretion; secondly, exercising a unifying function of jurisprudence through the judicial body located at the apex of the system, to avoid uncertainty from the diverse application of the same norms, that is, it seeks to fulfill the general interest of giving a coherent and logical sense to positive law. Indirectly, it is also an appeal in the interest of the parties, inasmuch as the appellant challenges the arguments of a judgment that violates the legal system. If that occurs, the Court of Cassation indicates the correct interpretation of the Law, nullifies the judgment, and proceeds to replace it with another. Three specific particularities of the agrarian cassation appeal, as a species, can be identified from the generic cassation appeal. In this appeal, no special formalities are required. This does not mean informality, because the appeal must be structured in a technical manner: enumerating and structuring the objections to the judgment to demonstrate its lack of legality. The appellant must necessarily explain the clear and precise reasons on which their petition is based. All and each one of the legal foundations of the appealed judgment must be systematically challenged. It is only exempt from expressly indicating the norms of the legal system violated, or the type of infringement committed. This is the first specific characteristic with respect to the civil cassation appeal. On the other hand, the specialty of the agrarian cassation appeal corresponds with the specialty of the substantive law. In the same way that a complementary relationship exists between agrarian law and its procedure, to that same extent, the agrarian cassation appeal is influenced by the principles of Agrarian Procedural Law. Fundamentally, this occurs with regard to the free assessment of evidence. The Ley de Jurisdicción Agraria, both in its article 54, for lower court judges, and in article 61, for cassation judges, authorizes the assessment of evidentiary elements without strict subjection to the norms of common law. In this case, the Judge must express the principles of equity or law on which their criterion is founded. It concerns the system of free assessment and not that of assessment according to conscience, since the latter is typical of non-legal adjudicators. This signifies a break with the typical process of the dispositive principle. In agrarian cassation, the Judge has broad powers to assess and appreciate the evidence. Errors of fact and law in the assessment of evidence are typical of the civil cassation appeal. In agrarian matters, they can equally be claimed, without needing to cite either the evidentiary rules or the substantive ones violated, but with the limit of the free assessment of evidence by the judge. The evidentiary error must be submitted to the cassation judge who, always in use of the powers of free assessment, will determine if there was a breach regarding the evidence. The third particularity of the agrarian cassation appeal is its limitation to hearing exclusively substantive aspects. In this, it differs radically from the typical appeal in civil matters, where it is admissible for both procedural and substantive reasons. In this sense, the Chamber is inhibited from analyzing formal or procedural matters (aspects in procedendo). For this reason, the appeal may be rejected if the appellant only alleges violation of procedural norms, since through agrarian cassation, procedural steps cannot be corrected, replaced, or carried out. Despite this, when the appellant formulates their appeal alleging reasons of both form and substance, it will only be ruled on the substance. It may even rule on the substance even if they were erroneously qualified as form, but if the appeal is based on form, regardless of how it is identified, it must be rejected."

                       

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Text of the decision

                             No. 51

           FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fifteen hours fifteen minutes of the twenty-sixth of May of nineteen ninety-five.-

           Ordinary proceeding established in the Juzgado Agrario of Liberia by Nombre189320, Nombre189321, Nombre189322, Nombre189323, Nombre189324, Nombre189325, Nombre189326, Nombre189327, Nombre189328, Nombre189329, Nombre189330, Nombre189331 and Nombre189332, all are farmers, residents of Agua Caliente de Cañas, Guanacaste against Nombre55165 and Nombre189333 both with surnames Nombre189334, housewives and Nombre189334. Furthermore, the special judicial attorneys licensed Francisco Castrillo Córdoba, attorney for the plaintiffs, Nombre189335 attorney for Nombre189334 and Nombre189333 and Nombre72780, single, resident of San José, representing the Instituto de Desarrollo Agrario, are involved. All are of legal age, and with the stated exceptions married and residents of Tilarán.

                          WHEREAS:

           1º.- Based on the facts stated and legal provisions cited, Mr. Nombre189320, Nombre189331, Nombre189321, Nombre189322, Nombre189323, Nombre189324, Nombre189325, Nombre189326, Nombre189327, Nombre189328, Nombre189332, Nombre189329, Nombre189330 filed an ordinary lawsuit, the value of which was set at ¢1,000,000.00, so that in the judgment it be declared: "The present ordinary trial, established by us against the defendants, is admitted, and that we, each one of us plaintiffs, acquired our farms by right of posession, since the year 1960, date from which and until today we have possessed the farms in dispute, in a quiet, public, peaceful, uninterrupted, and permanent manner, as owners. That the sole and recognized owners are we, the plaintiffs, of each of the farms indicated in fact eight of this action since 1960 until today, and that the defendants have never possessed the farm they claim since 1960 until today, and consequently, they have no right whatsoever over our farms in dispute, thus they are not possessors of the same, much less owners thereof. That the defendants have no right whatsoever to offer for sale our farms, neither to the Forestry Directorate, nor to the Ministry of Energy and Mines, nor to any other Institution, and that they be ordered to pay the costs of both parties of this action. That the plaintiffs are the proprietors and possessors of our lands, and that in any case we have the better right of posession, each one over our farms with respect to the defendants.".

           2º.- The defendant Nombre55165 answered the lawsuit negatively and raised the exceptions of prescription (prescripción), expiration (caducidad), lack of procedural standing of the plaintiffs, lack of right, lack of standing to sue (personería ad causam activa), and the generic exception of sine actione agit. Likewise, she counterclaimed so that in the ruling it be declared: "This counterclaim is admitted in all its extremes, namely: 1.- That I am the sole proprietor of the described farm, possession that was transmitted to me by my sister Nombre189333, and before was transferred to her by my father, Nombre189334, who held it since the year 1952, uninterruptedly. 2.- That the counter defendants are possessors in bad faith, and that they lack just title to possess. 3.- That the counter defendants have not possessed for more than ten years, nor in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner, my property. 4.- That the rights of possession and others, which have been taken from me by the countersued, must be restored to me, and consequently, I must be placed in possession of the farm that belongs to me. 5.-That they must totally and immediately abandon my lands, without me having to pay any sum for it. 6.- That because their possession is in bad faith, they must pay me all the damages and losses they have caused me, which will be liquidated in the execution of judgment stage, once this decision becomes final. 7.- That they must pay me the costs of both parties of this counterclaim.".

           3º.- The attorney for Nombre189334 and Nombre189333 answered the lawsuit negatively and raised the exceptions of lack of standing to sue and be sued (lack of active and passive legitimation), lack of right, prescription (prescripción), and the generic exception of sine actione agit.

           4º.- The plaintiffs answered the counterclaim negatively and raised the exceptions of lack of standing to sue and be sued (legitimación ad causam activa y pasiva); lack of right, prescription (prescripción), in its full extent regarding acquisition and limitation periods, and expiration (caducidad) of the action.

           5º.- The Judge, Lic. Enrique Ulate Chacón, in a judgment issued at 9:00 hours on April 26, 1993, resolved: "In accordance with everything stated, Articles 2 subsection a), 15, 16, 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, 227, 278, 279 and following, 307, 313, 316, 322, 860 of the Civil Code. It is declared: Regarding the lawsuit: The ordinary declarative agrarian lawsuit, established by Nombre189320, Nombre189321, Nombre189322, Nombre189323, Nombre189324, Nombre189325, Nombre189326, Nombre189327, Nombre189328, Nombre189331, Nombre189332, Nombre189329, Nombre189330 against Nombre55165, Nombre189333, and Nombre189334, is admitted in all its extremes; consequently it is declared: 1. That the plaintiffs, and their transferors, have, since approximately the year nineteen hundred and seventy, possessed the farms that will be indicated below, as owners, in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner; 2.- That the sole and recognized owners of the lands to be mentioned are the plaintiffs; 3.-That the lands possessed by the plaintiffs are described as follows: Of Nombre189320: mountain land, tacotales, pasture with one house, located in Agua Caliente, first district, of the sixth canton of Guanacaste. Measures: approximately twenty-seven hectares seven thousand five hundred forty-six square meters with forty-six square decimeters. Borders North: Nombre189336. South: Nombre189328 with River Corobicí and Quebrada Cajón in between in part. East: Nombre189331 with River Corobicí in between and West: Nombre189336 with Quebrada Cajón in between. Of Nombre189321: Mountain land, tacotal, pasture and a dwelling house, located in Agua Caliente, first district, of the sixth canton of Guanacaste. Measures: approximately twenty-eight hectares. Borders north: Nombre189337; South: Nombre189331. East: Nombre189331 and West: Nombre189331, and also the farm which is pasture, mountain, and tacotal land, located in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. Measures: approximately twenty-five hectares. Borders north: Nombre189338. South: Nombre189320. East: Nombre189339. West: River with Nombre189327 in between. Of Nombre189322: It is mountain, pasture, and tacotal land, located in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. Measures: approximately thirty-two hectares seven thousand six hundred seventy-seven square meters with ninety-two square decimeters. Borders north: Nombre189323; South: Nombre189327; East: Nombre189338 and West: with Quebrada Cajón in between, Nombre189325. Of Nombre189323: It is mountain, pasture, and tacotal land. Located in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. Measures approximately twenty-five hectares, six hundred thirty-six square meters with twenty-six square decimeters. Borders North: Nombre189340, South: Nombre189322; East: Nombre189341 and Nombre189338, both in part and West: Quebrada Cajón with Nombre189340 in between. Of Nombre189324: It is mountain, tacotal, and pasture land, Located in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. Borders North: Nombre189339. South Nombre189334. East Nombre189342 and West: Nombre189339. Measures: Twenty-five hectares approximately and also the farm, which is mountain, tacotal land. Located in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. Measures: Ten hectares approximately. Borders north: Nombre189325. South: Nombre189330, East: Nombre189339 and West: Nombre189343. Of Nombre189325: It is mountain land and a little bit of tacotal. Located in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. Borders North: Nombre189338; South: Nombre189330; East Nombre189344 and West: Nombre189324. Measures: thirty-one hectares approximately. Of Nombre189326: It is mountain, pasture, and agricultural land, located in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. Measures: twenty-one hectares approximately. Borders north: Nombre189331. South: Nombre189328; East Nombre189324 and West: Nombre189321. Of Nombre189327: It is mountain, pasture, tacotal, and agricultural land, located in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. Measures: twenty-seven hectares. Borders north: Nombre189322; South: Nombre189320. East River Corobicí and West: River Cajón. Of Nombre189328: It is pasture, mountain, tacotal, and agricultural land, located in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. Measures: twenty hectares. Borders north: Nombre189345, Nombre189326 and Nombre189326; south; River Corobicí with Nombre189328 in between; East: River Corobicí with Nombre189345, Nombre189326 and Nombre189326 in between and West: Nombre189320. Nombre189329: It is mountain, tacotal, repastos and agricultural land, Located in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. Measures: one hundred twenty-five hectares. Borders north: Nombre189332; South: Nombre189346; East River Macho and West: Nombre189347. Of Nombre189330: It is mountain, tacotal, and agricultural land. Located in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. Measures: forty-two hectares. Borders north: Nombre189324 and Nombre189325; South: Nombre189328 and Nombre189348; East: Nombre189328, Nombre189348; and West: Nombre189328. Of Nombre189331: It is mountain, pasture, enclosures, tacotal land, located in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. Measures: twenty-three hectares. Borders north: Nombre189338; South: Nombre189326 () ; East Nombre189324 and west: Nombre189321, and another farm, which is mountain, tacotal, and agricultural land. Located in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. Measures: Seven hectares and borders north: Nombre189321; South; none, ending in a vertex; East: Nombre189328 and Nombre189326 and West Nombre189320; River Cajón in between. Of Nombre189332: It is mountain land. Located in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. Measures: Sixty-nine hectares. Borders north: Nombre189349; South: Nombre189338; East: Nombre189349; and West: Quebrada La Quijada. 4. That the defendants, since the year nineteen hundred sixty until today, have never possessed the lands of the plaintiffs as owners, and consequently they have no right whatsoever over those lands, nor any right to offer the plaintiffs' lands for sale; 5. That the plaintiffs are the true proprietors and possessors of the described lands, and in any case, they have the better right of possession with respect to the defendants. 6. That the defendants are obliged to pay the costs of this proceeding. The exceptions of prescription (prescripción), expiration (caducidad), the generic sine actione agit, including lack of right, lack of standing to sue and be sued (legitimación ad-causam activa y pasiva) raised by the defendants, are rejected. Regarding the counterclaim for better right of possession, the counterclaim established by Nombre55165 against Nombre189320, Nombre189321, Nombre189322, Nombre189323, Nombre189324, Nombre189325, Nombre189326, Nombre189327, Nombre189328, Nombre189329, Nombre189330, Nombre189331 and Nombre189332 is declared without merit in all its extremes. The exception of lack of right established by the counter defendants is accepted, and a ruling on the remaining ones is omitted as unnecessary. The losing party is ordered to pay personal and procedural costs." For this purpose, the Judge considered: "I.- Regarding the proven facts: For finding good support in what the records indicate, and as a result of the assessment of evidence according to conscience and without strict subjection to the norms of Common Law, the following facts of importance in the resolution of this litigation are deemed proven: 1.- That formerly the lands where the parcels subject to this litigation are currently located had several owners; first, Mr. Nombre189350 was known, who sold to Nombre189351 known as 'nato', he transferred to Nombre189352 and, finally, he sold to Mr. Nombre189353, lands located in Aguas Calientes de Cañas, measuring approximately more than five hundred hectares (see testimonial declarations of Nombre189354, folio 165, Nombre189355 on folio 169, Nombre189356, on folio 170 verso, and Nombre183828, folio 172 front and verso; cadastral map Placa36259). 2.- That the co-defendant Nombre189334, was a caretaker (cuidandero) on those lands for several years, worked for Nombre189350, for Nombre189351 and finally worked for a short time for Nombre189353 as a caretaker until approximately the year nineteen hundred sixty, date on which he abandoned the property with his family (see answer to the counterclaim, second fact on folio 136, testimonial of Nombre189356 on folio 170 verso and 171 front, Nombre189354, on folio 165, Nombre189357, on folio 168, Nombre183828, on folio 172, Nombre189359, on folio 178). 3.- That after the co-defendant Nombre189334 left those lands, Mr. Nombre189356 was known as caretaker of the same, later Nombre189320 and finally Nombre189356 (see testimonial of Nombre189356, on folio 170 verso, 171 front, Nombre183828, on folio 172 front, Nombre189360, on folio 173 verso). 4.- That in the year nineteen sixty-four, two cadastral maps were drawn up over those lands: the first, in the name of Nombre189353. Nombre189353, cadastrally registered under number Placa36260, dated April two, nineteen sixty-four, which describes a property located in Aguas Calientes de Cañas, First District of the Sixth Canton of the Province of Guanacaste, measuring one hundred two hectares, seven thousand three hundred twenty-one meters with thirty square decimeters, bordering north with Nombre189361, south, with Nombre189362, Nombre189363, Nombre189337, national wastelands and Nombre189364, east with Nombre189334 and west with Nombre189365 and Nombre189366. The second, in the name of Nombre189361, cadastrally registered under number Placa36255, dated April six, nineteen sixty-four, which describes a property located in Aguas Calientes de Cañas, First District, Sixth Canton of the Province of Guanacaste, measuring one hundred hectares five thousand three hundred twenty-eight meters with twenty-five square decimeters. Bordering, north, with Nombre189353.; south, with the same Nombre189353, east, with Nombre189367, with Nombre189334 in between, west Nombre189365, road in between, Nombre189368 and Nombre189369, mountain land, with a cuadradal (sic) and a dwelling house; said maps do not have cartographic location (see maps on folios 57 and 58). 5.- That approximately between the years nineteen seventy and nineteen seventy-three, and with Mr. Nombre189356 acting as caretaker of said lands, lands that were in a state of abandonment, the plaintiffs here entered the property and began to possess, from that date, as owners, in a quiet, public, peaceful, uninterrupted, and good faith manner, inasmuch as despite there having been eviction attempts by the rural guard of that time, the legitimate owners of those lands never appeared, reason why the plaintiffs remained in possession of the property without having been deprived of their possessory rights to date (see testimonial of Nombre189354, on folio 165 and 166, Nombre189370, on folio 169, Nombre189356 on folio 170 verso, 171 front, Nombre183828, on folio 172 front and verso, Nombre189360, on folio 173 verso, Nombre189371. Nombre189371, folio 176 front, Nombre189372, folio 176 verso, Nombre189373, on folio 177 front and verso; Nombre189359, on folio 178 front). 6.- That since nineteen seventy, the plaintiffs here as well as their transferors have exercised an agrarian possession over the related properties, said possession consisting of carrying out agrarian activities, fundamentally cattle raising, and cultivation of corn, beans and others, as well as forest conservation, maintenance of fences and tracks and some have proceeded to measure their lands and prepare cadastral maps dating from nineteen seventy-three (see testimonies of Nombre189354, on folios 165 and 166, Nombre189370, on folio 169, Nombre183828, on folio 172 front and verso, Nombre189374, on folio 174 verso and 157, Nombre189371, on folio 176 front, Nombre189373, on folio 177 front and verso, Nombre189359, on folio 178 front and verso). 7.- That of the lands possessed by the plaintiffs, some have maps drawn up from the year nineteen seventy-three onward, namely: a) number G-sixteen thousand two hundred four seventy-three, registered on September thirteen, nineteen seventy-three, in the name of Nombre189354 Nombre189374, which describes an unregistered farm, located in Agua Caliente de Cañas of the Province of Guanacaste, measuring thirty-two hectares seven thousand six hundred seventy-seven meters with ninety-two square decimeters. Borders north, Nombre189323; south, Nombre189336; east, Nombre189375 and Nombre189367 and, west, with Quebrada (see folio 5, 126, 129 and 130); b) number G-sixteen thousand two hundred eight-seventy-three registered on September thirteen, nineteen seventy-three in the name of Nombre189376, which describes an unregistered farm, located in Agua Caliente de Cañas of the Province of Guanacaste, measuring thirty-six hectares seven hundred ninety-four meters with fifty-two square decimeters. Borders north, Nombre189349, south Nombre189332, east Nombre189349 and national wastelands, west with quebrada (see folio 24, 131 and 133); c) number G-seventeen thousand one hundred seventy-five-seventy-three, registered on September twenty-six, nineteen seventy-three, in the name of Nombre189320, which describes an unregistered farm, located in Agua Caliente de Cañas, Province of Guanacaste, measuring twenty-seven hectares seven thousand five hundred forty-six meters with forty-six square decimeters. Borders north Nombre189336, south with River Corobicí and Quebrada Cajón, east River Corobicí and west quebrada with Nombre189336 in between (see folio 3 and 135). d) Map number G-seventeen thousand one hundred eighty-seventy-three, registered in the name of Nombre189323, on September twenty-six, nineteen seventy-three, which describes an unregistered farm, located in Agua Caliente de Cañas of the Province of Guanacaste, measures twenty-five hectares six hundred thirty-six meters with twenty-six square decimeters, pasture, tacotal and mountain land. Borders north Nombre189340, south, Nombre189354, east Nombre189322 and Nombre189375, west quebrada with Nombre189340 in between (see folios 6 and 134). e) Map number G-eighteen thousand eight hundred nine-seventy-three, registered on October eighteen, nineteen seventy-three, in the name of Nombre189332, which describes an unregistered property, located in Agua Caliente de Cañas de Guanacaste. Mountain land; measures: thirty-three hectares one thousand five hundred forty-five meters with fifty-seven square decimeters. Borders north Nombre189376, south Nombre189324 and Nombre72482, east national wastelands and, west, quebrada and Nombre189375 (see folio 25 and 128). f) Map number G-five hundred forty-nine thousand ninety-four-eighty-four, registered on July nineteen, nineteen eighty-four in the name of Nombre189377, describes an unregistered property, located in Las Nubes de Río Chiquito, Quebrada Grande, Tilarán, Province of Guanacaste, dedicated to pasture with two houses. Measures twenty-four hectares five thousand six hundred forty-five meters with eighty square decimeters. Borders north Nombre189378, south public road and Nombre189379, east Nombre189380 and, west Nombre82510 quebrada in between (see map on folio 33). g) Map drawn up on April twenty-one, nineteen eighty-nine in the name of Nombre189330, describes an unregistered property, located in Agua Caliente, Cote and Tierras Morenas, of Guatuso and Tilarán, Provinces of Alajuela and Guanacaste, mountain land, measures forty-two hectares one thousand one hundred seventy-nine meters with fifty-two square decimeters. Borders north Nombre189324 and Nombre189325, south Nombre189328 and Nombre189348; Nombre189348, and West Nombre189328 (see folios 11 and 132). h) Map drawn up on April twenty-two, nineteen eighty-nine in the name of Nombre189325, describes an unregistered property, located in Agua Caliente, Cote and Tierras Morenas, of Guatuso and Tilarán, provinces of Alajuela and Guanacaste, mountain land, measures nineteen hectares three thousand seven hundred fifty-three meters with ten square decimeters. Borders north Nombre189344, south Nombre189330, Nombre189348 and Nombre189381, West Nombre189324 and Nombre189367 (see map on folio 7 and 125). 8. That the majority of the plaintiffs hold private sale agreements or public deeds, acquisitive of the possessory rights over the lands to be described, dating from nineteen seventy: a) private sale signed on February sixteen, nineteen seventy, Nombre189382 sells to Nombre189320, a farm measuring approximately thirty-nine manzanas, one of pasture and the rest of tacotales and mountain, borders east uncertain, West Nombre189383, north Nombre189368 and south Nombre189384, land that he has possessed in his own name for more than three years as owner, in a quiet, public, peaceful, continuous, and uninterrupted manner (see folio 2, original in the office archive, under letter a)); b) Private sale signed on May seventeen, nineteen seventy-one, Nombre189385 sells to Nombre189331, a farm measuring approximately thirty manzanas, divided by a public road, located in Agua Caliente de Cañas, partially fenced, with ten manzanas of pasture and scrubland, the rest mountain.

North boundary Nombre189324, south Nombre189386, east Nombre189337, and west Nombre189324, which he has possessed for more than six years as owner in a quiet, public, peaceful, continuous, and uninterrupted manner (see original in file under letter b); c) Private sale signed on February fifteenth, nineteen seventy-three, Nombre189364 sells to Nombre189330, a mountain farm located in Agua Caliente de Cañas, duly bounded by lanes. Bounded on the north by Nombre189320, west Nombre189384, and Nombre189386, north and south by Nombre189357. It measures approximately eighty manzanas, and he has possessed it for three years as owner in a quiet, public, peaceful, continuous, and uninterrupted manner (see folio 12 and original in file under letter c); d) Private sale signed on November sixth, nineteen seventy-four, Nombre189325 sells to Nombre189387, mountain land, measuring approximately thirty-five manzanas, situated in Agua Caliente de Cañas. Bounded on the north by Nombre189339, south Nombre189334, east Nombre189324, and west Nombre189339 (see original in file under letter d); e) Private sale signed on August twenty-fifth, nineteen seventy-five, Nombre189321 sells to Nombre189388, an unregistered farm, situated in the Province of Guanacaste, Sixth Canton, Agua Caliente de Cañas. It measures approximately thirty manzanas. Bounded north Nombre189321, South Nombre189320, East Nombre189339, and West river in between with Nombre93382. There is also a sale with right of repurchase (retroventa) from Nombre189388 to Nombre189321, dated April ninth, nineteen seventy-nine (see original in the office file under letter e) and folio 4 of the case file); f) Private sale signed on August twenty-fifth, nineteen seventy-five, Nombre189320 sells to Nombre189325, the rights over a farm measuring approximately forty-five manzanas, mountain land. Bounded on the East by Nombre189334, on the West by Nombre189330, on the North by Nombre189367, on the South by Nombre189389, which he has possessed in a quiet, public, peaceful, continuous, and uninterrupted manner (see copy of the bill of sale at folio 8 and letter f) of the office file). g) Private sale signed on May fifteenth, nineteen eighty, Nombre189390 sells to Nombre189323 the possessory rights to a farm located in Agua Caliente de Cañas, Province of Guanacaste, measuring twenty-five hectares, six hundred thirty-six meters, and twenty-six square decimeters. Bounded North Nombre189340, South Nombre189354, East Nombre189375, and West Nombre189391, land consisting of mountains, scrubland (tacotal), and part pastureland, which he has possessed in a quiet, public, peaceful, good faith manner for more than five years (see document under letter g) in the Office file); h) Deed number four granted before Notary Luis Arnoldo Apuy Sirias, at ten o'clock on November twentieth, nineteen eighty-one, Nombre189376 sells to Nombre189332 an unregistered farm which is mountain land, located in Agua Caliente de Cañas, First District of the Canton of Cañas, Sixth of the Province of Guanacaste, measuring according to plan G-sixteen thousand two hundred eight-seventy-three, thirty-six hectares, seven hundred ninety-four meters, and fifty-two square decimeters. Bounded on the North by Nombre189349, South Nombre189332, East partly by Nombre189349 and partly by national vacant lands (baldíos nacionales), and West, Quebrada La Quijada, transferring to him the ten-year possession exercised in a quiet, public, peaceful, uninterrupted manner and as owner (see original of the deed at folio 127 of the case file). i) Private sale signed on Dirección21701, Nombre189354 sells to Nombre189322 an unregistered farm, situated in Agua Caliente de Cañas, First District, Sixth Canton of the Province of Guanacaste, measuring approximately thirty-two hectares, seven thousand six hundred seventy-seven meters, and ninety-two square decimeters, bounded North Nombre189323, South Nombre189336, East Río Corobicí, and West ravine, registered with cadastral number G-sixteen thousand two hundred four-seventy-three, transferring to him a quiet, public, and peaceful possession, as owner for more than ten years (see document under letter i) in the Office file). j) Deed number nine hundred six granted before Notary Alfonso López Arrieta, at ten o'clock on Dirección21702, Nombre189387 sells to Nombre189324 land consisting of scrubland (tacotal) and mountain, situated in Agua Caliente de Cañas, Single District, Sixth Canton of Guanacaste, bounded North by Nombre189339, South Nombre189334, East Nombre189342, West Nombre189339, measuring approximately twenty-five hectares, a property he acquired from Nombre189325 through a private sale on November sixth, nineteen seventy-four, transferring to him the possession for more than ten years in a quiet, public, peaceful, continuous manner, and as owner (see testimonial copy of the deed under letter j) in the Office file). k) Private sale, signed on January twelfth, nineteen eighty-five, Nombre189392 sells to Nombre189324 a land located in Agua Caliente de Cañas, measuring approximately ten manzanas, bounded on the North Nombre189324, on the South Nombre189330, on the East Nombre189393, and on the West Nombre189343 (see document under letter k) in the Office file). l) Private sale signed on Dirección21703, Nombre189345 sells to Nombre189326 an unregistered farm, pasture and mountain land, situated in Agua Caliente de Cañas, Guanacaste, measuring approximately twenty hectares. Bounded on the North by Nombre189339, South Nombre189328, East Nombre189394, on the West Nombre189395, transferring to him the ten-year possession exercised by him and his predecessors in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner, as owner (see document under letter l) in the office file). ll) Deed number ninety-one granted before Notary Carlos Enrique Salazar, at nine o'clock on May twenty-third, nineteen eighty-eight, Nombre189356 sells to Nombre189328 an unregistered farm which is pasture and mountain land, situated at Dirección21704, . Bounded North, by Nombre189345, Nombre189326 and Nombre189326, South Nombre189367 in between by Nombre189328, West Nombre189320, East Nombre189367 in between by Nombre189345, Nombre189326 and Nombre189326 and Nombre189328. It measures approximately twenty hectares, transferring to him the possessory rights that he has held in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner for more than ten years (see document under letter ll) in the Office file). m) Deed number forty-one granted before Notary Miguel Angel Salguero Calvo, at ten o'clock on December second, nineteen eighty-eight, Nombre189324 and Nombre189329 ratify an oral sale that the former made to the latter on November fifteenth, nineteen seventy-five of a land situated in Agua Caliente de Cañas, of the Province of Guanacaste, land consisting of scrubland (tacotales) and mountain, measuring approximately one hundred twenty-five hectares, bordering North Nombre189332, South vacant lands (terrenos baldíos), West Nombre189347, East Headwaters of Río Macho, transferring to him the possession in a quiet, public, peaceful, uninterrupted manner and as owner for more than ten years (see document or deed testimony under letter m) in the office file). 9.- That the defendants and counterclaimants, Nombre189334, Nombre189333, and Nombre55165, have never been possessors as owners of the farms possessed by the plaintiffs, since from nineteen seventy they have not been seen working on said lands (see testimonial statements of Nombre189354, at folio 165 verso and 166 verso; Nombre189370, at folio 169 recto; Nombre183828, at folio 172 recto; Nombre189360, at folio 173 verso; Nombre189374, at folio 175 recto, Nombre189373, at folio 177 recto, Nombre189359, at folio 178 recto and verso). 10.- That between the months of January, February, and March of nineteen eighty-nine, the Appraisal Department of Direct Taxation, at the request of the Technical Secretariat for Integrated Watershed Management of the Ministry of Natural Resources, Energy, and Mines, appraisals were carried out on the lands of the plaintiffs Nombre189320, Nombre189326, Nombre189327, Nombre189331, Nombre189332 (see copy of appraisals at folios 1, 9, 10, 13, 14, 15, 21, 22). 11.- That in a letter dated June twenty-second, nineteen eighty-nine, the co-defendant Nombre189333 notifies Engineer Ulfrán Murillo Masís, of the Forestry Directorate of Cañas, requesting that he halt any proceeding and payment and delivery of appraisals to the plaintiffs herein, because she is the only one with the right to the claim and payment for the status of the corresponding compensations due to the land having been declared a Forest Reserve (see certification at folios 109 and 110). 12.- That through a private sale signed on July seventeenth, nineteen eighty-nine, the co-defendant Nombre189334 sells to Nombre189333 a land described as follows: "... unregistered farm, which is mountain and pasture land, with a wooden dwelling house, a small corral, located in Agua Caliente de Cañas, Single District of the Sixth Canton of Guanacaste, bounded on the north, northwest by Nombre189356 and sons, Nombre189396, Nombre189397, and vacant lands (terrenos baldíos), also on the north and northwest of vacant lands, on the south, Nombre189363, Nombre189383, west road in between Nombre189366 and Nombre189365, on the east vacant lands and Nombre189367 and Nombre189357. It measures five hundred sixty hectares, adding that said farm is cultivated with sugarcane, banana, and cuadrados; furthermore, they add that the former has possessed the immovable property in a quiet, public, peaceful, continuous, and uninterrupted manner and as owner since nineteen fifty-two, the date on which he acquired the indicated property by verbal private sale from Mr. Nombre189350, who possessed the property since nineteen forty-three. Plus, the parties state that this sale is a ratification of the sale made twelve years ago (see certification at folio 104, and original in the Office file). 13.- That through official letter number 662-89/DAJF, dated September twentieth, nineteen eighty-nine, Licenciada Rosa Bustillo Lemaire, Head of the Forestry Legal Advisory Department of the General Forestry Directorate, notifies Nombre189333 that it is not possible to attend to her request of June twenty-second, nineteen eighty-nine, to halt the proceedings of purchase or expropriation, because in reality no effective possession has been demonstrated, and that the persons who are processing the payment for their lands possess bills of sale from years before and cadastral plans from nineteen seventy-three (see letter at folio 30). 14.- By a private bill of sale signed on June twenty-second, nineteen ninety, Nombre189333 transfers to Nombre55165, for the price of twelve million colones, the same land described in fact twelve above (see certifications at folios 105 and 106, the original of which is in the Office files). 15.- That the defendant herein, Nombre55165, promoted ad perpetuam information proceedings before the Civil Court of Cañas on December eleventh, nineteen ninety, Case File 411-90 and 412-90, regarding the lands described in cadastral plans numbers G-one thousand five hundred forty-five-sixty-four registered in the name of Nombre189353, and number Placa36261 registered in the name of Nombre189361 (see certifications at folios 60 to 85). 16.- That in a letter dated April fifteenth, nineteen ninety-one, the co-defendant Nombre55165 notifies the Vice-Minister of Energy and Mines that because she is the sole owner and possessor of the immovable properties described by the plans referenced in the previous fact, the plaintiffs have no right to receive any compensation for expropriation and that it is she who must be compensated (see copy of the letter at folio 32). 17.- That on October seventeenth, nineteen ninety-one, Nombre55165 sends a letter to Nombre189320, Nombre189322, Nombre189331, Nombre189332, and others, requesting an amicable settlement and requesting permission to have free access to the farm (see original in file under number 17). 18.- That currently, the farms possessed by the plaintiffs and counter-defendants, located in Agua Caliente de Cañas in the Province of Guanacaste, are described as follows: 1. Farm of Nombre189331; it is pastureland with four paddocks (apartados), with star grass and jaragua, fenced with four strands of wire, with a dwelling house built with a zinc roof, wooden walls and floor where he lives with his family, has gravity-fed piped water. It has planted sugarcane, coffee, banana, no mountain, it is crossed (sic) by a ravine called quebrada el macho. The farm adjoins with Río Bartolito in between with Nombre189320.- 2.- Farm of Nombre189320: It is located between Río Bartolito and Río Corobicí, pastureland with natural grass and retana, has three paddocks fenced with three strands, part of the land is dedicated to agriculture, no mountain. There is a dwelling house with a zinc roof, wooden walls where Mr. Nombre189320 lives, around the house there are fruit trees like orange, apple, and other trees that serve as windbreaks, has gravity-fed water. The defendant Nombre55165 states that she lived in this house. There are eight young bulls grazing that have the brand Placa36256 which we are told belongs to Nombre189320. Between each paddock and at the edge of the rivers there is a strip of mountain that serves as a windbreak and protection of the river waters respectively. 3.- Farm of Bolívar (sic) Nombre189327: It is located between Nombre189320 and Nombre189322, natural pastureland, fenced with three strands of wire, dead posts, no house, there are six head of cattle grazing that have the brand Placa36257, high scrubland (tacotal) at the edge of the road upon reaching the boundary with Nombre189322 and windbreaks. According to the plaintiffs, the road that crosses (sic) these farms was made with a tractor by a man named Nombre189398 ten years ago and that before it was a trail.- 4.- Farm of Nombre189322: Pastureland with star grass, a single paddock, has approximately ten hectares of mountain, it is noticeable that there was a dividing fence forming another paddock since only the posts exist. Also visible are signs where a house once stood, of which only the bases remain within the undergrowth. It is located between the farm of Nombre189327 and Nombre189323 (). There are four head of cattle grazing that have the following brand: There are also trees forming windbreaks. 5.- Farm of Nombre189323 (): Pastureland with retana grass approximately ten hectares, a single paddock, has approximately fifteen hectares of mountain, no house, is fenced with three strands and adjoins Nombre189338. 6. Farm of Nombre189332: It is reached by crossing the farm of Nombre189338 until arriving at a ravine called quebrada seca which serves as a boundary between Nombre189332 and Nombre189338, it is entirely mountain land, located on a hill, according to the plaintiffs it is at about eight hundred meters altitude, it is delimited by a lane (carril) on the boundary with Nombre189329.- 7. Farm of Nombre189329: Entirely mountain land, delimited by lanes. 8. Farm of Nombre189331: Pastureland with approximately eighteen hectares of star grass with two paddocks, three hectares of mountain and the rest in scrublands (tacotales), is delimited by a three-strand fence and lane, no house, adjoins Nombre189338 on one side and on the other by quebrada seca in between with Nombre189324. According to the defendant, the ravine is called "Las Vueltas". 9. Farm of Nombre189324: Pastureland with approximately eight hectares of star grass, five hectares of mountain, and the rest in scrublands (tacotales) dedicated to agriculture, no house, is delimited by fence and lanes. 10. Farm of Nombre189399: Pastureland with approximately eleven hectares of star grass, five hectares of mountain, and the rest in scrublands (tacotales) dedicated to agriculture, no house, is delimited by fence and lanes. 10. Farm of Nombre189326: Pastureland with approximately eleven hectares of star grass, fenced with three strands of wire, has approximately ten hectares of mountain and some five hectares of scrubland (tacotal) for agriculture, no house, and the Río Corobicí passes along one of its boundaries, has flat parts. 11.- Farm of Nombre189330: Mountain and scrubland (tacotales) with timber trees of different species, adjoins the Río Corobicí in between with Nombre189400.- 12. Farm of Nombre189325: Mountain and scrubland (tacotal) with timber trees of different species, adjoins the Río Corobicí in between with Nombre189401. 13. Farm of Nombre189328: Pastureland with approximately twelve hectares of star grass, fenced with three strands, approximately two hectares of scrubland (tacotal) and the rest in mountain, bounded on one sector by the Río Corobicí in between with another farm belonging to himself. It has flat parts. 14. Farm of Nombre189321: Pastureland with approximately eighteen manzanas of star grass, two hectares of scrubland (tacotal), and the rest mountain. Adjoins Nombre189331: This farm is small, measuring approximately seven hectares and is land of star grass and scrubland (tacotal). Most of the farms have undulating topography with flat parts and ravines. (See on-site inspection at folios 154 recto and verso, one hundred fifty-five recto). II. On the Unproven Facts: Of notorious influence for the resolution of this ordinary agrarian proceeding, the following is deemed as not accredited: 1. That the counterclaimant Nombre55165 is the possessor as owner of a land of mountain and pasture, with a wooden dwelling house, a small corral, cultivated with sugarcane, banana, and cuadrado, located in Agua Caliente de Cañas, first district, Sixth Canton of the Province of Guanacaste, measuring approximately five hundred seventy hectares, part of which comprises the areas indicated in cadastral plans number G-one thousand five hundred forty-five-sixty-four and G-one thousand six hundred nineteen-sixty-four. The counterclaimant did not prove that fact, she has not possessed any land, much less the extent of five hundred hectares, the exact location of which is not even known, or if it comprises the described plans, which lack cartographic location, or a tie point by which one can determine with certainty where said properties are located.- 2. That the related farm was originally acquired by her father, and defendant herein Nombre189334, since the year nineteen fifty-two, through a sale made to him by Mr. Nombre189350. She presents no document demonstrating the supposed sale made by Nombre189350. The only witness who refers to the supposed sale is Nombre108658 at folio one hundred seventy-three, son of Don Nombre189350, but his statement does not deserve credibility to the undersigned Judge, because the witness, in the year nineteen fifty-two or nineteen fifty-three, left the place and did not return, and he does not know if the arrangements his father made with Nombre189377 were for the supposed sale. As will be seen later, the majority of witnesses appearing in the case file rather affirm the thesis that Nombre189334 was a caretaker for Nombre189350, and that probably the sums he received from him were for payment for the care of the farm. 3. That the indicated farm has been possessed in a personal, quiet, public, peaceful, uninterrupted manner, as owners, for more than thirty years, by the family of the counterclaimant. This fact was also not accredited; the defendants have not exercised real and effective possession over those lands, much less in a personal manner; the only one who could have exercised any possessory act over the lands was the father of the counterclaimant, and defendant herein Nombre189334, but not as owner, rather as a servant of the possession held by other persons. Regarding the term of possession they claim, it was also not proven; rather, it is recorded in the case file that it was approximately thirty years ago that Mr. Nombre189334 left the immovable property with his family and they did not return. The only witnesses who refer to the supposed possession exercised by the defendants are Nombre189357, Nombre189402, and Nombre189403, who do not deserve credibility to the undersigned Judge, inasmuch as they have little knowledge of the reality that existed regarding those lands during the last thirty years. The first, Nombre189357, says that forty years ago, the defendant Nombre189334, whom he knew as "Nombre189404", lived on a farm adjoining him, and that he had a small banana plantation (chaqüite) and at that time told him he was going to have to leave there because he had several kids (güilas) and the farm was not productive for him, after that the witness does not give an account of whether said man continued possessing the cited property or what type of work he carried out; the witness further adds that he has not seen Doña Nombre55165 or her sister on the farm, as he has not visited it for eight years because it is very distant from his own (see folio 168). The witness Nombre189402, although she says that Don Nombre189377 lived on that farm, does not know for how long he lived there (See folio 170), and the witness Nombre189403 says that it was around the year nineteen fifty-three that she was working as a teacher in that place, that she later left and returned eleven years later, and then in nineteen eighty-seven, and she does not know if Nombre189334 was an owner or caretaker, but that he lived on the farm. After what was narrated above, the witnesses do not refer to any other possessory act carried out by the defendants, and the complacency of the witnesses is observed in referring to certain facts such as saying that Nombre189334 acquired or bought from Nombre189350, a situation which is not duly accredited. 4. That the plaintiffs herein entered said farm between the years nineteen eighty-eight and nineteen eighty-nine. That fact was not accredited; to the contrary, there is sufficient evidence in the case file that the counter-defendants began their possessory acts in nineteen seventy and have been transferring the property since that date, and exercising peaceful, continuous, and uninterrupted possession of those lands.- 5. That the counter-defendants intended to seize those immovable properties in order to obtain compensation from the State.- That fact was also not accredited; to the contrary, those possessions have been exercised since before the creation of the forest reserve, that is, since before the year nineteen seventy-six. 6. That the counter-defendants knew at the time of entering the farm claimed by the counterclaimant that said property belonged to the defendants, and that for this reason they are possessors in bad faith. That fact was also not accredited; it is rather recorded in the case file that when the counter-defendants entered the immovable property, they were abandoned lands, and that since the true owner never appeared, they continued their possession as owners up to the present.- III. On the Merits of the Case: a). Claims of the Complaint: The plaintiffs in their complaint request that the judgment declare: "... that we acquired, by right of possession, each one of us the plaintiffs, our farms, since the year nineteen sixty, from which date until today we have possessed the farms in litigation, in a quiet, public, peaceful, uninterrupted, and permanent manner as owners.- That the sole and recognized owners are we the plaintiffs of each of the farms indicated in fact eight of this action from nineteen sixty until today, and that the defendants have never possessed the farm they claim from nineteen sixty until today, and that consequently, they have no right whatsoever over our farms in litigation, for which reason they are not possessors thereof, much less owners thereof.- That the defendants have no right whatsoever to offer our farms for sale, neither to the Forestry Directorate, nor to the Ministry of Energy and Mines, nor to any other Institution, and that they be ordered to pay the costs of both instances of this action.- That we the plaintiffs are the owners and possessors of our lands and that in any case we have the better right of possession (mejor derecho de poseer) of each of our farms with respect to the defendants." B). Claims of the Counterclaim: The defendant Nombre55165 requests in her counterclaim that the judgment declare: "1.- That I am the sole owner of the described farm, possession which was transmitted to me by my sister Nombre189333, and before that was transferred to her by my father, Nombre189334, who held it since the year nineteen fifty-two in an uninterrupted manner. 2. That the counter-defendants are possessors in bad faith, and that they lack just title to possess. 3. That the counter-defendants have not possessed my property for more than ten years, nor in a quiet, public, peaceful, uninterrupted manner. 4. That the possessory rights and others which have been wrested from me by the counter-defendants must be restored to me, and consequently, I must be placed in possession of the farm that belongs to me. 5. That they must abandon my lands totally and immediately, without my having to pay any sum for this. 6. That because their possession is in bad faith, they must pay me all the damages and losses they have caused me, which shall be liquidated in the execution of the judgment, once it becomes final.".- c). The Protective Actions of Possession (as a Real Right) in the Ordinary Proceeding: As will be seen later, in the present ordinary proceeding, we encounter various types of possessory actions, both in the complaint and in the counterclaim, making it important to determine their legal nature in order to arrive at an adequate legal solution to the conflict submitted for judicial decision. The protective actions of the Right of Possession, one could say, maintain a parallelism with respect to the protective actions of the Right of Property. Thus, for example, to recover possession, the holder of the Right of property has the action for recovery of possession (acción reivindicatoria), while one who holds the Right of possession but who has been dispossessed has the known "Publician Action" or action for better right of possession (acción Publiciana). But also, when the owner does not seek to recover possession but does seek to obtain a declaratory judgment of his right with erga omnes effects, he has the Declaratory Action, and equally, one can deny the Right of property of another person who attributes it to himself, known as the Negative Action; it is logical to think that these last two are also appropriate in the case of the Right of possession as a real right that needs to be protected; thus, the possessor who is disturbed in his Right of possession (no longer in the possession as a mere fact, in which case he could exercise the injunctive action), may request in an ordinary proceeding that it be declared that it is he who holds the right, and also deny another person a Right that is unduly being attributed to him and that does not belong to him (Declaratory and Negative Actions). d). The Action for Recovery of Possession (Acción Reivindicatoria) and the Publician Action: "The action for recovery of possession is an action of a real nature, with erga omnes effects, whose essential purpose is the restitution of the movable or immovable thing to its legitimate owner, from which he has been dispossessed by a third party who possesses it illegitimately. It is the 'actio in rem' par excellence. With this action, the owner exercises the 'ius possidendi' inherent in his right of ownership. The most specialized doctrine on this matter attributes the following characteristics to this action: a) Real nature: Meaning it can be exercised against anyone who possesses the thing without right; b) It is recuperatory or restitutory: Its basic objective is to obtain the material possession of the asset; c) It is condemnatory: the judgment favorable to the plaintiff will impose a certain behavior on the defendant. The action for recovery of possession constitutes the most energetic procedural remedy against the most radical aggression that the owner can suffer, which is the dispossession of the thing that belongs to him." (See Nombre142750, , "La Acción reivindicatoria" In: Derecho Agrario Costarricense, San José, Costa Rica, Ilanud, 1992, page 69). "There are three prerequisites for the validity of the action for recovery of possession: 1). Active legitimation, according to which the plaintiff must hold the status of owner, specifying that the owner must be the master; 2) passive legitimation, according to which the possessor, or defendant, must exercise his possessory acts as an illegitimate possessor; and 3) identity of the thing, between the asset claimed by the owner and that illegitimately possessed by the defendant or possessor." (First Chamber of the Supreme Court, No. 230 of sixteen hours on July twentieth, nineteen ninety). The Ordinary action for better right of possession, or "Publician action", is also recognized as a restitutory action, let us see: "A fourth effect of originary possession consists of the exercise of the plenary action of possession or Publician action. Said action cannot be exercised by a derived possessor. This action is available to the acquirer with just title and good faith; its purpose is the definitive restitution of a movable or immovable thing."

This action is brought against the possessor without title, the possessor in bad faith, and the possessor with title and good faith (sic), but whose possession is less ancient than that of the plaintiff." (See Nombre183854 (Nombre189377), Derecho Civil Mexicano, Vol. III, Mexico, Editorial Porrúa S.A., 1981, fifth edition, pages 691-692) "The actio publiciana owes its name to the praetor Nombre189406 and is of pure Roman origin. We know that in ancient Roman Law, Quiritary ownership was acquired by mancipatio or by in iure cessio, as well as by usucapio in the absence of the two former methods. A sale followed by delivery did not confer ownership of the thing sold, since the buyer only acquired the thing in bonis; that is, its mere possession, which became ownership through usucapio. But while the prescriptive period was running, if the seller claimed the thing sold by means of the rei vindicatio, the buyer opposed the exceptio rei venditae et traditae. With this defense of a thing sold and delivered, he defended himself against the former owner of the thing; and, to defend himself against a third party who wished to dispossess or disturb him in his property, he had the interdicts to retain and to recover. But if the possessor was dispossessed of his possession, he could not bring the rei vindicatio if the time for usucapio had not elapsed, and in such a case he was completely defenseless. To remedy this anomaly, the praetor Nombre189406 (sic) created the action bearing his name, the actio publiciana, giving it the character of a rei vindicatio utilis, a fictitious action—fictae actio—by means of which the praetor feigned to believe that the possessor had completed the period of usucapio and claimed the thing as owner. When the distinction between Quiritary and bonitary ownership was erased from Roman law, and delivery became the normal way of conveying real rights, if said delivery proceeded from its legitimate owner, it transferred ownership and with it the rei vindicatio; but if not, it only transmitted possession suitable for usucapio. This distinction is important, since the owner of a thing, in order to litigate over it, had to prove that the transferor was the legitimate owner of it and therefore had transferred legitimate ownership and not mere possession. The difficulty of providing such proof in court caused all owners to resort to the actio publiciana instead of exercising the rei vindicatio; and more so when the actio publiciana, being a fictitious action, did not carry the sanctity of res judicata (cosa juzgada) and always left the rei vindicatio available. This meant that for the exercise of the actio publiciana, the possessor was required to have a just title (justo título), that is, a legitimate origin of the thing possessed." (Nombre189407 and Luis Muñoz, Elementos de Derecho Civil Mexicano, Vol. II, pages 352 to 354, cited by Nombre183853, op. cit., pages 691 and 692). "It is well known that the actio publiciana was granted in Roman Law to provide real protection to the good faith possessor who held a possession suitable for usucapio against disturbers. Through it, protection was afforded, on the one hand, to the acquirer of a thing who had received it by a title not suitable under Quiritary law for transferring ownership. On the other hand, it was also granted to the acquirer who derived his claim from a non-owner, when he was disturbed by a third party without any title. In our Law, the problem of the survival of the actio publiciana involves two fundamental questions: the first consists of ascertaining whether a possessor under title of owner, who holds a possession suitable for usucapio, although strictly speaking he is still a non dominus, can react against dispossession carried out by a third party without any title, beyond the period and other specific conditions of the interdict to recover, which prescribes after one year. Furthermore, the admission of the actio publiciana will resolve the question of the clash between two possessory titles, one of which presents itself with greater strength than the other. (See Nombre68866, Vicente L., La propiedad privada en el Sistema del Derecho Civil contemporáneo, Madrid, Editorial Civitas S.A., 1980 first edition, pages 294 and 295). From all the foregoing, it can be affirmed then that "Ultimately, in both the rei vindicatio and the actio publiciana, the plaintiff is not the current possessor, and in both cases he seeks to recover possession of the thing, but, in the first case, possession is to be granted to him as a consequence of his right; and in the second, because of the worse condition of the current possessor... Thus, in my opinion, the actio publiciana could be admitted as a real possessory action for recovery available to the possessor ad usucapionem..." (See Nombre68866 op. cit., page 295 ff.). Regarding the actio publiciana, which is the one of interest here, the Jurisprudence has established the following: "III. The action for better right to possession, originating in the Roman Law defense known as 'publiciana', has its foundation in our legal system in articles 317, 318, 319 and 322, as well as in numerals 277 to 286 of the Civil Code, and tends to protect the legitimate possessor against the illegitimate one, with the aim that he may achieve restitution of the possession of which he has been unduly deprived, or so that his preferential right over a prior possessor may be declared." In other words, it emerges that our Jurisprudence sees in the actio publiciana restorative effects, but it can also have declaratory effects. However, in our understanding, these are two different actions, because as stated above, the historical nature of the actio publiciana is fundamentally that of a real possessory action whose effects are restitutory; see even that our Civil Code, in Book II, Title I "Of Ownership", Chapter VI regulates matters relating to "Rights of restitution and indemnification", a chapter within which the actio publiciana was included, in article 322 of which it is established: "The ordinary action regarding the right of possession may be directed against anyone who claims to have a better right to possess.", and if it was included within said chapter it is because it is indeed an action that tends toward the restitution of possession. The case would be different when it concerns declaring the right of possession to the exclusion of another, as we shall see in the following point. e) The declaratory action for ownership or certainty, and the action for better right to possession: "The rei vindicatio action differs from the so-called declaratory action for ownership or certainty, in that the former is an action for restitution and the latter is rather of a preventive or defensive nature concerning the real right and the current enjoyment of the property, movable or immovable. It is not expressly provided for in our legal system, but both national jurisprudence and doctrine admit it. The ordinary proceeding for a court to declare a usucapio in favor of the possessor as the main action of a complaint filed against a third-party registered titleholder who is not a possessor, could well be categorized as a declaratory action or one for certainty, under the assumption that said usucapio is effectively declared... Judgment number 502-75 of the First Chamber of the Court, in its fifth considering, expressed the following regarding this action: 'Or as occurs with the so-called action for a declaration of certainty, which is available when another denies or disputes the owner's right, without the owner having been dispossessed of the thing; the owner sues so that it may be affirmed erga omnes that the thing belongs to him in order to oppose that declaration to third parties.' It is undoubtedly a real action and not a personal one, because it is based on the right of property and requires the judicial declaration of the plaintiff's ownership. The plaintiff must prove his ownership, identify the property, and demonstrate the disturbance committed by the defendant." (See Nombre142750, op. cit. pages 74 and 75). "In all of them, the rei vindicatio action is characterized as a means of protecting ownership against a possessory privation or detentatio, given that it is fundamentally directed toward the recovery of possession, while the declaratory action or action to contest property, which does not require the defendant to be the possessor of the thing, has the purpose of obtaining the declaration that the plaintiff is the owner of the thing, silencing the opposing party who disputes or arrogates that right to himself. Therefore, the rei vindicatio action is always an action for condemnation, aimed at the recovery of the claimed thing, while the declaratory action of property stops at the limits of a judicial declaration of the alleged right, without seeking enforcement within the same lawsuit, although it may have it in a different one. Consequently, there is no doubt that when it is not a matter of recovering the possession of the object of the property right, the appropriate action is the declaratory one instead of the rei vindicatio (See Nombre68866. p. 273-274). The declaratory action is then "That by which the verification or establishment of a legal situation is pursued... its purpose consists precisely in the affirmation of the existence of a factual situation that conforms to a rule of Law" (See Cabanellas, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Buenos Aires, Bibliografía Omeba, 1968, 6th edition, Vol. I., page 45), in such a way that also in the declaratory route, the verification of the right of possession exercised under title of owner in a quiet, public, peaceful and uninterrupted manner, for more than one year, silencing the one who arrogates that right to himself, that is, one may request that his preferential right be declared over a prior possessor or one who claims to be the current possessor. In our understanding, said action to obtain the protection of the right of possession finds its foundation (different from the actio publiciana), in Book I, Title II "Of Ownership", Chapter V "Of the Rights of Exclusion and Defense", in article 307 of the Civil Code insofar as it establishes: "To obtain the protection of the authority, it is sufficient to prove the fact of being a possessor, unless the claim is against the one who immediately and previously possessed as owner; in this case, the one seeking protection must also prove either that he has possessed publicly and peacefully as owner for more than one year, or that he has any other legitimate title to possess.", just as the possessor may also, through ordinary proceedings, request that his Right of possession be declared, either for having completed the period to acquire it or for holding a better title. F) The negatory action: The negatory action is also a real action that may be exercised both by an owner, and by one who legitimately holds the right of possession. "The negatory action assists the owner to obtain the declaration that the thing that is the object of his right is not subject to the right that another attributes to himself over it. It is called negatory or for the freedom of property and may be exercised by any owner, whether possessor or not, exclusive owner or co-owner, of both movable and immovable property... It is a means of defense against disturbance or intrusion into another's property, committed on the basis of asserting a right... The action is not expressly regulated by the Civil Code, but has been recognized and regulated in its exercise by the jurisprudence of the Supreme Court. Its exercise requirements would be, fundamentally, the following: 1. Justification of the plaintiff's current ownership. 2. Proof of the acts of disturbance that the defendant has caused in the enjoyment or exercise of ownership. This disturbance must have been carried out with the claim of holding a real right over the thing, since to repress disturbances of mere fact, possessory actions may be used.... The negatory action produces, fundamentally, the following effects: on the one part, the declaration that the alleged right of the defendant does not exist; on the other part, the indemnification for damages and losses that must be joined to the cessation of the disturbance." (See Nombre68866, op, cit., pages 106-108). The negatory action has also been defined as follows: "That which is available to possessors of real property against those who prevent them from freely exercising their real rights, so that this freedom may be restored. (Article 2.800 of the Argentine Civil Code). This action is brought against anyone who disturbs another's right to possess, even if it is the owner of the real property, when he arrogates an undue easement over it..." (See Cabanellas, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, op. cit, volume I, page 48). IV. From all of the foregoing, it emerges that in the case before us, we are faced with different types of actions. As for the complaint, it could be said that it involves not only a declaratory action, insofar as the plaintiffs seek to be declared legitimate possessors for more than ten years, but also a negatory action, insofar as they request that it be declared that the defendants lack the right of possession they are unduly claiming. As for the counterclaim, we are faced with a true actio publiciana, because the counterclaimant Nombre55165 claims to have a better right to possession, of which she says she has been unduly deprived by the counterclaim defendants, and therefore requests that the real property be restored to her (a restorative action), and that they pay her damages and losses. In accordance with the above, each type of action will be analyzed separately, as well as the defenses raised, in order to determine whether they are admissible or not based on the facts deemed proven. V.- Regarding the complaint. Factual framework and legal analysis. Admissibility. The reason why the plaintiffs are suing is due to the fact that, while they were processing the payment for their farms because they are located within a Forest Reserve, they have been unable to make said indemnifications effective, because the defendants opposed them, claiming to be the holders of the right of possession of those lands. Their complaint, therefore, tends toward having it declared that they are the possessors under title of owners, for more than ten years, of those lands, and to deny the right claimed by the defendants. From the facts held to be proven, it is clear that the lands where the plaintiffs' parcels are currently located had various owners before the plaintiffs entered them, as related by the witness Nombre183828 when he states: "...I knew Nombre189351 as owner, who sold it to Nombre189352, Mr. Nombre189373 sold to a gringo with the surname Nombre189353, afterwards I knew Nombre189334, nicknamed as..., as caretaker..." "The total farm measures approximately six hundred manzanas. I do not know if any other person has property in that place. I knew Nombre189350 as owner, first, before the others I mentioned, and it was he who measured it, and more or less in fifty-two he sold it to Nombre189351. Nombre189351 had the farm for about ten years. Nombre189373 had it very briefly; it was when he sold it to Nombre189353 who abandoned it." (See folio 172 front and back). In accordance with this statement, that of the witness Nombre189370, who comments: "...I have known as owner firstly Nombre189350, secondly Nombre189351, afterwards Nombre189352, afterwards there were two more owners but I did not know them nor do I remember their names because the farm was not very close to me and I seldom went there; the last owner was the foreigner but I did not know him." (See folio 169 front). Thus, the last known owner of those lands before the plaintiffs entered was Mr. Nombre189353. The co-defendant Nombre189334 was never known as the owner of those lands, but rather was a caretaker for many years, until approximately the year nineteen sixty, date on which he left with his family; in other words, the co-defendant here was simply a servant of possession, and therefore could not arrogate to himself a right of possession he never had. This is related by one of his friends when he says: "I did not know Mr. Nombre189334 nor his daughters, the defendants here, as owners of the farm; I knew them as caretakers, I believe, of a gringo who was the owner of that farm. I knew Mr. Nombre189334 for about five or ten years as the gringo's caretaker... I am certain that Mr. Nombre189334 was a caretaker of that farm because we have been very good friends and he told me he was a caretaker..." (testimony of Nombre189359 at folio 178 front and back), another witness says: "I know Mr. Nombre189334, he lived in Agua Caliente and was the caretaker of a gringo named Arnoldo, I clarify Nombre189353, and when I arrived at that place on February twelfth, nineteen sixty-one, Mr. Nombre189334 no longer lived there; I understand he had just left..." (testimony of Nombre189354, at folio 165 front), the witness Nombre189356 relates: "...I know the farm because I was born and raised there and I was also a caretaker; before, my father Nombre189356 was the caretaker, after him Nombre189320 was the caretaker, and afterwards me. Between the three of us it was about ten years, I looked after it for about three years. We looked after it for a Mr. Nombre189353. Mr. Nombre189334 was a caretaker and left the farm around fifty-nine, and he left, I believe, because they paid him a little money, a small amount. Mr. Nombre189334 was a caretaker for Mr. Nombre189350 and for Mr. Nombre189351; for Nombre189353 he was a caretaker for a short time, I don't remember how long..." (See folio 170 back). "The servant of possession is not an autonomous possessor, as the immediate possessor is, but rather, more than a possessor, he becomes a detentator who carries out possessory acts on behalf of a possessor; although he establishes the non-existence of a direct or immediate relationship of the possessor with the property, just like immediate possession, he differs from it in terms of the existence of that relationship of subordination that obliges him to follow the possessor's instructions..." (Meza Lazarus, Nombre189373. La posesión agraria, San José, Librería Barrabás, second edition, 1991, page 125). From the foregoing, it follows that the co-defendant Nombre189334 here was never a possessor under title of owner of the farm possessed by the plaintiffs, but was a servant of possession. It is also evident that, from the time the co-defendant Nombre189334 left the farm, the person in charge of it was Nombre189356, then Nombre189320, and finally Nombre189356, all in the capacity of servants of possession, for an approximate space of ten years among the three, it could be said from nineteen sixty to nineteen seventy, a period during which there is no evidence that a clear possession existed over those lands, since apparently the aforementioned caretakers worked for the last owner, that is, for Nombre189353, who even, in nineteen sixty-four, had a map made of part of those lands. We say that in that period there is no clear possession, because before nineteen seventy, the date on which the plaintiffs began to possess the real property, the farm was in a state of abandonment (See fact fifth held to be proven). It is evident, then, that even though in nineteen seventy there was a caretaker of those lands, who was Mr. Nombre189356, the plaintiffs began to enter the real property and to possess them under title of owners; even Nombre189320, who had been a caretaker, entered the land, but no longer in the capacity of servant, but as a possessor in his own name; it can even be affirmed that they are good faith possessors, because on the date they entered the real property, a report was made before the Rural Guard of the place, but since the owner never appeared, the plaintiffs here remained in possession of the real property, in a public, peaceful and uninterrupted manner, some transmitting their possession to the current possessors, others exercising personal possession up to the present. It is important to emphasize that at the moment when the plaintiffs, or their transferors, took possession of the real property, it was in a state of abandonment, which indicates that no agrarian activity was being exercised over it. One of the witnesses explains the following to us: "When I arrived in sixty-one, the only one who lived there was Nombre189320, and the rest arrived afterwards. I don't recall, I clarify the sellers entered those properties approximately in seventy and seventy-two, and from then on all the deals were made, with the exception of Nombre189320. Only Nombre189320 currently lives on the farm permanently with his family, and Nombre189331 who goes there every day to work and has a house; the others go there periodically, but to work and check on the cattle. The lands that are in mountainous areas are duly opened with paths by the owners. The property that I sold to Nombre189322, I took it; I entered after Mr. Nombre189353 left; no one prevented me from entering. About eight or fifteen days after making the paths, Nombre189356 sued us; he said he was Nombre189353's caretaker. Mr. Nombre189320 was also Nombre189353's caretaker before Nombre189356. When the Rural Guard came because of Nombre189356's complaint, they asked for the owner, and since he never appeared, I had no problem. I entered to make paths on the farm that I sold to Nombre189322 around seventy... When I entered, it was known that the owner of that property was a gringo who bought it Nombre14165 and they swindled him, but since it was abandoned, I entered." (See testimony of Nombre189354 at folio 166 back and 167 front). "All those who are there have been there for a similar time, I mean the plaintiffs all entered approximately in the year seventy" ... I knew that place when it was nothing but overgrown brush and mountains, and afterwards I saw that the plaintiffs carried out work... All the plaintiffs are hardworking people, and I have seen them working the farm..." (See testimony of Nombre189370 at folio 169 front and back). Another witness tells us: "The plaintiffs whose names were read to me, with the exception of Nombre189329 and Nombre189330 whose names I do not recall, all entered the farm in dispute around the same time, in the year seventy-three. Everyone has worked the farm; Nombre189320 worked the farm in cattle and agriculture, always; I do not know from whom Nombre189320 bought because the farm was abandoned, they grabbed it (sic)... All the plaintiffs whose names were read to me worked the farm when I lived in the place... When these people entered, about fifteen days later, I filed a report in Cañas and no owner appeared; the Rural Guard came to see the lands and everything remained quiet..." (see testimony of Nombre189356 at folio 170 back and 171 front). "When Nombre189356 was there, these boys who are working there now entered about twenty years ago; they had cattle and they planted agriculture on the farm; I can say that because I was the owner of a farm that bordered the farm in dispute, a farm that now belongs to my son, a farm that borders to the North. They entered when Nombre189356 was the caretaker, all the plaintiffs whose names were read to me. Most of that farm was mountains, and they have worked it..." (See testimony of Nombre183828 at folio 172 front and back). It is clear from all of the foregoing that since approximately the year nineteen seventy, those who have possessed under title of owners and worked those lands have been the plaintiffs, who have planted agriculture and pastured cattle, thus exercising for more than twenty years an agrarian activity on their lands. It is evident that the lands, when the plaintiffs or their transferors entered, were abandoned, and their owner never appeared to claim them, which is why they remained in possession of the real property under title of owners, especially since they consolidated a possession of more than one year exercised in accordance with the Law (see testimonies of Nombre189371 and Nombre189372 at folio 176 front and back). One of the most illustrative statements regarding the agrarian possession of the plaintiffs is that of Mr. Nombre189408, who worked for the Banco Nacional in the Credit Section, and says: "For twenty years, I visited the farms of Nombre189331, Nombre189320, and some Nombre189322, and all the neighboring people of Agua Caliente, at least about twelve or fifteen people who are on the farm in dispute; most of my visits were for cattle matters that the bank financed. For cultivation, there were few; the majority was for cattle raising. I did not know Mr. Nombre189334 or his daughters as owners or possessors of the real property during those twenty years... there were clients who operated to finance the purchase of three cows. The operations for agriculture were small, for corn, rice, and beans..." From the foregoing, and from the rest of the testimonial statements, it is clear that those who have remained in possession of the real property are the plaintiffs, and that the defendants have never exercised real and effective possession over them, much less under title of true owners. Given that there are no substantive norms in agrarian law that regulate the institute of agrarian possession, the correct approach in the face of such deficiency is to apply the norms relating to the right of possession contained in the Civil Code, adapting them to the specific principles of agrarian possession. On the other hand, and specifically regarding the assessment of evidence, it is important to state that we Agrarian Judges have the power to assess it conscientiously, and without strict subjection to the rules of common Law, provided that the grounds of equity and law on which the ruling is based are expressed. Article 277 of our Civil Code defines the right of possession as "The power that corresponds to a person to have under his control and will the thing that is the object of the right." For its part, doctrine has stated that "Agrarian possession is a power of fact over a productive asset, linked to the continuous exercise or effective and rational economic exploitation, with the presence of a biological, vegetal or animal cycle, directly or indirectly linked to the enjoyment of the forces and resources of nature" (See Meza Lazarus, op. cit.). Now then, if our Civil Code understands the right of possession as a power of the person to have under his control and will the thing that is the object of the right, for agrarian possession to exist, not only intention is necessary, but more importantly, activity, the effective exercise of possessory acts; and in the present case, the plaintiffs have demonstrated the performance of such possessory acts for more than ten years. VI. Our Jurisprudence has recently established that: "VIII. Agrarian possession, as occurs with all other real rights—regardless of whether they are civil or agrarian—also pertains to a certain life cycle referring to acquisition, conservation, extinction, or loss. As far as this appeal is concerned, its different forms of acquisition can be pointed out, as well as the requirements for its conservation. Acquisition may be unilateral when the property is acquired or entered into possession without a prior or current possession, or because it is acquired against the will of the prior or current possessor. Bilateral acquisition operates, in contrast, when there is a preceding possessor who transmits the object of possession to the new possessor; this generally occurs as a consequence of a legal transaction. In inter vivos bilateral acquisition, agrarian possession could not be acquired by mere contract or agreement of wills, or by contract joined to delivery, or by simple delivery, because the performance of possessory acts leading to the economic exploitation of the property is also necessary. Regarding mortis causa acquisition, upon the death of an agrarian possessor, since the property possessed by the deceased must not remain vacant, it must be delivered to whoever legally corresponds to carry out its exploitation. For its part, agrarian possession is conserved, unlike civil possession, as long as there exists a power of exercise, direct or immediate and productive, over the agrarian holding; that is, it is conserved as long as there is continuity in the performance of agrarian possessory acts, mere will or intentionality of the possessor not being sufficient. The loss of possession in the form of extinction occurs when the performance of the required possessory acts is suspended without justified cause, or when it is carried out deficiently or irrationally, and loss also operates, in itself, when a third party substitutes himself in the possession of the one who possessed. All of the foregoing is useful for analyzing the grievance that, at the time the inspection was conducted, the titling claimant had only two years of possession, a period during which he replanted and cleaned, but fundamentally with respect to denying the existence of usucapio because he considers the time of the ten prior years to have been poorly calculated.

This argument, aside from what has been said regarding the acquisition of possession, is admissible because the jurisprudence of more than a century has been settled in giving real content to the principle expressed in Article 863 of the Civil Code, according to which the possession of the transferor is useful to the acquirer, since what is important is the continuity of that possession, the lack of interruption, and because it concerns rights in rem (iura in re), it cannot be interpreted as acts referring exclusively to the titleholder but rather to the sequence of titleholders in relation to the thing. Indeed, numeral 863 establishes: "He who seeks to prescribe may complete the necessary time by adding to his own possession the time possessed by anyone from whom he acquired the right to possess, whether from the same person seeking to prescribe, or from his predecessor..." (See First Chamber of the Court, number 92 of ten o'clock on June twenty-first, nineteen ninety-one). Said citation of jurisprudence now allows us to proceed to analyze the manner of acquisition of agrarian possession by the plaintiffs, as well as its conservation, and subsequently to analyze whether, in light of said postulates, the defendants can claim the acquisition of agrarian possessory rights. 1.- Plaintiff Nombre189320, it is clear, was one of the first to enter the lands in dispute, precisely because he had been a caretaker (cuidador) on them, and finding the property abandoned, he chose to enter the real property and began to possess. Moreover, his possession, exercised in an effective manner over the real property, is supported by a private sale agreement signed on the sixteenth day of February, nineteen seventy, in which he purchased from Nombre189382 a farm with an approximate measurement of thirty-nine manzanas, transferring to him possession of more than three years (See proven fact 8,a); in addition, this plaintiff has a Cadastral Map (Plano Catastrado) of his farm, which is number G-seventeen thousand one hundred seventy-five-seventy-three of September twenty-sixth, nineteen seventy-three, describing an unregistered farm, located in Aguas (sic) Caliente of Cañas Province of Guanacaste, with a measurement of twenty-seven hectares seven thousand five hundred forty-six meters with forty-six square decimeters. Bounded on the North by Nombre189336, on the South by the Corobicí River, and Quebrada Cajón, on the East by the Corobicí River and on the West by Quebrada in the middle Nombre189336 (See proven fact 7 c); the acts of agrarian possession exercised by him are recorded in the judicial inspection report (acta de reconocimiento judicial), which indicates that the land is dedicated to pastureland (potrero) with natural pasture and retana, three enclosures (apartos) fenced with three wires, part of the land dedicated to agriculture, and there is no mountain, and they have eight steers (toretes) grazing (See judicial inspection at folio 154 front). 2.- Plaintiff Nombre189321, although he does not present a cadastral map, the acquisition of possessory rights is recorded in the case file by means of a private sale of the nineteenth of April, nineteen seventy-nine, which in reality was a resale (retroventa) of a farm that he himself had sold to Nombre189388, transferring his possessory rights, land described as an unregistered farm situated in Agua Caliente of Cañas, with an approximate measurement of thirty manzanas, Bounded on the North by Nombre189321, South by Nombre189320, East by Nombre189339 and West by River in the middle with Nombre93382, so in reality he has exercised possession directly himself (See numbered fact 8 e); in the judicial inspection report it is described as pastureland with approximately eighteen manzanas of star grass, two hectares of scrubland (tacotal) and remainder mountain. 3.- Plaintiff Nombre189322, his farm is described on map G-sixteen thousand two hundred four-seventy-three in the name of Nombre189354, the latter being the one who, by private sale agreement dated the thirteenth of January, nineteen eighty-two, transferred to him the possession exercised for more than ten years over the land located in Agua Caliente of Cañas, Province of Guanacaste, with a measurement of thirty-two hectares (sic) seven thousand six hundred seventy-seven meters with ninety-two square decimeters, Bounded on the North by Nombre189323 Nombre189323, South by Nombre189336; East by the Corobicí River and West by Quebrada, (See proven fact 7 a) and 8 i); his land is currently described as pastureland with star grass, a single enclosure (aparto), with approximately ten hectares of mountain (See judicial inspection at folio 154 verso); 4.- Plaintiff Nombre189323 acquired by private sale dated the fifteenth of May, nineteen eighty from Nombre189390, possession of more than five years, over the land described on cadastral map number G-seventeen thousand one hundred eighty-seventy-three (See proven facts 7 d) and 8 g); which is currently land with retana pasture approximately ten hectares, a single enclosure (aparto), and with approximately fifteen hectares of mountain. 5.- Plaintiff Nombre189324 acquired by Public (sic) deed on the twentieth of July, nineteen eighty-two, from Nombre189387, who sold him land of scrubland (tacotal) and mountain, located in Agua Caliente of Cañas, Province of Guanacaste, with an approximate measurement of twenty-five hectares, bounded on the North by Nombre189339, South by Nombre189334, East by Nombre189342, West by Nombre189339; in addition, he acquired a piece of land of approximately ten manzanas by means of a private sale agreement dated the twelfth of January, nineteen eighty-five from Nombre189392, situated in the same place (See proven fact 8 j) and k); currently the real property possessed by him is described as follows: pastureland with approximately eight hectares of star grass, five hectares of mountain and remainder scrublands (tacotales) dedicated to agriculture, demarcated with fences and tracks. (See inspection at folio 155 front); The (sic) plaintiff Nombre189325 acquired his possessory right by private sale agreement dated the twenty-fifth of August, nineteen seventy-five from Nombre189320; has a map surveyed on the twenty-second of April, nineteen eighty-nine; it is mountain and scrubland (tacotal) land (See proven facts numbered 7 h) and 8 f) and judicial inspection at folio 155 front); 7.- Plaintiff Nombre189326 acquired his possessory right from Nombre189345, by sale dated the fifth of May, nineteen eighty-seven, in which he transferred to him the ten-year possession (posesión decenal) (See proven fact 8 1); it is currently pastureland with approximately ten hectares of mountain and some five hectares of scrubland (tacotal) for agriculture (Judicial inspection at folio 155 front); 8.- Plaintiff Nombre189327, although no sale agreement appears, one of the witnesses stated: "Nombre189327 bought from Nombre93382 who lived in Agua Caliente, not on the farm and did work the farm, I do not remember when the sale was made, it may be about three years or more." (See testimony of Nombre189354 at folio 166 front), from which it is inferred that his possession is also derived; moreover, the land possessed by him is currently described as natural pasture land, fenced with three strands of wire, dead posts, there is no house, there are six head of cattle (reces) (sic) grazing..." (See judicial inspection at folio 154 verso); 9.- Plaintiff Nombre189328 acquired from Nombre189356 by deed dated the twenty-third of May, nineteen eighty-eight, transferring to him the possessory rights exercised for more than ten years over a piece of land located in Agua Caliente of Cañas, Province of Guanacaste, with an approximate measurement of twenty hectares (See fact 8 11), which land is currently pastureland with approximately twelve hectares of star grass, fenced with three strands of wire, approximately two hectares of scrubland (tacotal) and remainder mountain (See judicial inspection at folio 155 front). 10. Plaintiff Nombre189332 acquired his possessory right from Nombre189376, by deed dated the twentieth of November, nineteen eighty-one, of the land described on map G-sixteen thousand two hundred eight-seventy-three, transferring to him the ten-year possession (posesión decenal), which is currently entirely mountain land (See proven facts numbered 7 e), 8 h) and judicial inspection at folio 154 verso); 11.- Plaintiff Nombre189329 acquired from Nombre189324 by verbal agreement of the fifteenth of November, nineteen seventy-five, ratified by deed of the second of December, nineteen eighty-eight, land of scrublands (tacotales) and mountain, with an approximate measurement of one hundred twenty-five hectares, transferring possession for more than ten years (See proven fact 8 m), and it is currently entirely mountain land demarcated by tracks (See judicial inspection at folio 154 verso); 13.- Plaintiff Nombre189330 acquired from Nombre189364 by sale of the fifteenth of February, nineteen seventy-three, the possession exercised by the latter for three years, over a piece of land measuring approximately eighty manzanas, and which is currently mountain and scrubland (tacotales) land described on a nineteen eighty-nine map (See proven facts 8 c), 7 g), and judicial inspection at folio 155 front). From all the foregoing it can be concluded that the possession of the plaintiffs was acquired in the mode of bilateral acquisition, consequently being a derived possession (posesión derivada), to which must be added that exercised by their previous transferors, which dates from approximately the year nineteen seventy. They, apart from the title, have exercised real and effective possession over those lands, dedicating them to agriculture and livestock, thereby fully consolidating the agrarian possession. Unlike the plaintiffs, the defendants have not really exercised possession as owners (a título de dueño), since as observed from the witness statements, only the defendant Nombre189334 worked on those lands, but as a caretaker (cuidador), not as a possessor as owner (poseedor a título de dueño); nor did his daughters exercise real and effective possession over the real property, with the consequence of the foregoing being that the undersigned Judge must detract credibility and efficacy from the titles presented by the defendants, in which Nombre189334 transfers to Nombre189333, and she transfers to Nombre55165, since it is evident that Nombre189377 held no possessory right over the real property, which logically resulted in the supposed acquirers also being unable to exercise it because the de facto power did not exist, hence agrarian possession could never have been consolidated in favor of the defendants, since, as stated above, the transfer of titleholding is not enough; the effective exercise of agrarian possessory acts is required. VII.- Based on all the foregoing, it is appropriate to declare the present ordinary declaratory agrarian lawsuit filed by Nombre189320, Nombre189321, Nombre189322, Nombre189323, Nombre189324, Nombre189325, Nombre189326, Nombre189327, Nombre189328, Nombre189331, Nombre189332, Nombre189329, Nombre189330 against Nombre55165, Nombre189333 and Nombre189334, to be granted in all its aspects. Consequently, it is declared: 1.- That the plaintiffs, and their transferors, since approximately the year nineteen seventy, have possessed the farms described below, as owners (a título de dueños), in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner; 2.- That the sole recognized owners of the lands described below are the plaintiffs; 3. That the lands possessed by the plaintiffs are described as follows: For Nombre189320: mountain, scrubland (tacotales), pastureland (potrero) with a house, located in Agua Caliente, first district, of the sixth canton of Guanacaste. It measures: approximately twenty-seven hectares seven thousand five hundred forty-six meters with forty-six square decimeters. Bounded on the North: Nombre189336. South: Nombre189328 with the Corobicí River and Quebrada Cajón in between in part. East: Nombre189331 with the Corobicí River in between and West: Nombre189336 with Quebrada Cajón in between. For Nombre189321: mountain, scrubland (tacotales), pastureland (potrero) and a dwelling house, located in Agua Caliente, first district, of the sixth canton of Guanacaste. It measures: approximately twenty-eight hectares. Bounded on the North: Nombre189337; South: Nombre189331. East: Nombre189331 and West: Nombre189331, and also the farm which is pastureland (potrero), mountain and scrubland (tacotales) land, located in Agua Caliente, first district, of the sixth canton of Guanacaste. It measures approximately twenty-five hectares. Bounded on the North: Nombre189338. South: Nombre189320. East: Nombre189339. West: River in the middle of Nombre189327. For Nombre189322: It is mountain, pastureland (potrero), scrubland (tacotal) land, located in Agua Caliente, first district, of the sixth canton of Guanacaste. It measures approximately thirty-two hectares seven thousand six hundred seventy-seven meters with ninety-two square decimeters. Bounded on the North: Nombre189323; South: Nombre189327; East: Nombre189338 and West: with Quebrada Cajón in between, Nombre189325. For Nombre189323: It is mountain, pastureland (potrero), scrubland (tacotal) land. Located in Agua Caliente, first district, of the sixth canton of Guanacaste. It measures: approximately twenty-five hectares, six hundred thirty-six meters with twenty-six square decimeters. Bounded on the North: Nombre189340, South: Nombre189322; East: Nombre189341 and Nombre189338, both in part and West: Quebrada Cajón in the middle of Nombre189340. For Nombre189324: It is mountain, scrubland (tacotales) and pastureland (potrero) land. Located in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. Bounded on the North: Nombre189339. South: Nombre189334. East: Nombre189342 and West: Nombre189339. It measures: Approximately twenty-five hectares and also the farm, which is mountain, scrubland (tacotales) land. Located in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. It measures: Approximately ten hectares. Bounded on the North: Nombre189325. South: Nombre189330; East: Nombre189339 and West: Nombre189343. For Nombre189325: It is mountain land and a little scrubland (tacotal). Located in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. Bounded on the North: Nombre189338; South: Nombre189330; East: Nombre189344 and West: Nombre189324. It measures: approximately thirty-one hectares. For Nombre189326: It is mountain, pasture, and agriculture land, located in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. It measures: approximately twenty-one hectares (sic). Bounded on the North: Nombre189331. South: Nombre189328; East: Nombre189324 and West: Nombre189321. For Nombre189327: It is mountain, pastureland (potrero), scrubland (tacotales) and agriculture land, located in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. It measures: twenty-seven hectares. Bounded on the North: Nombre189322; South: Nombre189320. East: Corobicí River and West: Cajón River. For Nombre189328: It is pasture, mountain, scrubland (tacotales) and agriculture land, located in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. It measures: twenty hectares. Bounded on the North: Nombre189345, Nombre189326 and Nombre189326; on the South: Corobicí River in the middle of Nombre189328; East: Corobicí River in the middle of Nombre189345, Nombre189326 and Nombre189326 and West: Nombre189320. Nombre189329: It is mountain, scrubland (tacotales), reseeded pastures (repastos) and agriculture land. Located (sic) in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. It measures: one hundred twenty-five hectares. Bounded on the North: Nombre189332; South: Nombre189346; East: Nombre189409 and West: Nombre189347. For Nombre189330: It is mountain, scrubland (tacotales) and agriculture land. Located in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. It measures: forty-two hectares. Bounded on the North: Nombre189324 and Nombre189325; South: Nombre189328 and Nombre189348; East: Nombre189328, Nombre189348; and West: Nombre189328. For Nombre189331: It is mountain, pastureland (potrero), fenced scrubland (tacotales) land. Located (sic) in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. It measures: twenty-three hectares. Bounded on the North: Nombre189338; South: Nombre189326; East: Nombre189324 and West: Nombre189321, and another farm, which is mountain, scrubland (tacotal) and agriculture land. Located in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. It measures: seven hectares and bounded on the North: Nombre189321; South: none because it terminates in a vertex; East: Nombre189328 and Nombre189326 and West: Nombre189320, Cajón River in between. For Nombre189332: It is mountain land. Located in Agua Caliente, first district of the sixth canton of Guanacaste. It measures: Sixty-nine hectares. Bounded on the North: Nombre189349; South: Nombre189338; East: Nombre189349; and West: Nombre189410. 4. That the defendants, from the year nineteen sixty to the present day, have never possessed the plaintiffs' lands as owners (a título de dueños), and consequently they have no rights over those lands, nor the right to offer the plaintiffs' lands for sale; 5. That the plaintiffs are the true proprietors and possessors of the lands described, and in any case, they hold the better right of possession with respect to the defendants. 6. That the defendants are obligated to pay the costs of this proceeding. Regarding the defenses (excepciones) raised against the complaint, the defendants Nombre189334 and Nombre189333 interposed the defenses of lack of standing to sue and be sued (falta de legitimación activa y pasiva), lack of right (falta de derecho), statute of limitations (prescripción), and the generic defense of sine actione agit. The defendant Nombre55165 interposed the defenses of statute of limitations (prescripción), expiration (caducidad), lack of procedural capacity of the plaintiffs (falta de personalidad procesal de los actores), lack of right (falta de derecho), lack of standing to sue (falta de personería ad causam activa), and the generic defense of sine actione agit. The defense of lack of procedural capacity was rejected interlocutorily (See folio 145 front). Having demonstrated that the plaintiffs have the possessory right over the claimed lands, and having also demonstrated that the defendants have no right whatsoever because they have not exercised agrarian possession over them, it is clear that there is indeed standing both active (to sue) and passive (to be sued) and that the plaintiffs also have the right to seek what they request be declared in the judgment. Therefore, the defenses of lack of right, lack of standing to sue and be sued, encompassed within the generic sine actione agit, are rejected. The defenses of expiration (caducidad) and statute of limitations (prescripción) are also rejected, because the defendants did not demonstrate that any statute of limitations has operated against the plaintiffs regarding their possessory rights, meaning that they have not ceased to exercise them for more than one year or that another has exercised them for more than one year to the detriment of the plaintiffs (Article 860 of the Civil Code). VIII.- Regarding the counterclaim: As stated above, in the counterclaim, which is a true publician action (acción publiciana), the counterclaimant Nombre55165 seeks a declaration that she has a better right of possession than the plaintiffs, and that the lands possessed by them be restored to her. It is evident, and thus follows from the evidence in the case file, that neither the counterclaimant nor her transferors have exercised agrarian possession over the claimed lands. It is the counterdefendants who have really possessed. The transfer deeds presented by the counterclaimant, by virtue of which her father Nombre189334 transfers to Nombre189333 and the latter in turn to Nombre55165 the supposed possession exercised over those lands, have no efficacy in agrarian matters because, as stated, the transfer instrument (título traslativo) or the delivery (tradición) is not sufficient; the exercise of agrarian possessory acts over the real property is fundamentally required to constitute the right of agrarian possession, and in the present case, those who have exercised that right are the counterdefendants. It is evident that the counterclaimant, her father, and her sister sought to take advantage of a situation that occurred many years ago, which was the fact that Mr. Nombre189334 lived on those lands, but which he abandoned since the year nineteen sixty, and the manner in which he exercised possession was in the capacity of a servant (servidor), never as an owner (a título de dueño). Hence, based on the foregoing, it is necessary to dismiss in all its aspects the present counterclaim filed by Nombre55165 against Nombre189320, Nombre189321, Nombre189322, Nombre189323, Nombre189324, Nombre189325, Nombre189326, Nombre189327, Nombre189328, Nombre189329, Nombre189330, Nombre189331 and Nombre189332. Since they did not demonstrate that they had a possessory right over those lands, the defense of lack of right (falta de derecho) raised by the counterdefendants must be upheld; and we omit ruling on the remaining defenses as unnecessary. The counterclaimant is ordered to pay personal and procedural costs.

6º.-The defendants appealed, and the Superior Agrarian Tribunal, composed of Judges Luis E. Montero Mora, Carmenmaría Escoto Fernández and Alvaro Meza Lazarus, in a judgment issued at nine hours fifty minutes on the eighteenth of August, nineteen ninety-four, resolved: "The appealed judgment, issued at nine hours on the twenty-sixth of April of this year, is reversed insofar as it grants in all its aspects the lawsuit filed by the plaintiffs. Instead, it is resolved: The defense of Lack of Right (Falta de Derecho) raised by the defendants against the lawsuit filed against them by plaintiffs Nombre189331, Nombre189322, Nombre189323, Nombre189332, Nombre189329, Nombre189330, Nombre189325 and Nombre189321 is upheld. We omit ruling on the other defenses as unnecessary. The lawsuit filed by the aforementioned plaintiffs against Messrs. Nombre55165, Nombre189333, and Nombre189334 is dismissed in all its aspects. The defense of Lack of Right raised by those defendants regarding the claims of the remaining plaintiffs seeking to be declared with possessory and proprietary rights over the lands in dispute is upheld. We omit ruling on the other defenses related to the aforementioned claims as unnecessary. Regarding the remaining claims, the defenses raised against the action of Lack of Right, Lack of Standing to Sue (Falta de Legitimación ad causam activa), Lack of Standing to be Sued (Falta de Legitimación ad causam pasiva), statute of limitations (prescripción), expiration (caducidad), and sine actione agit are dismissed. The lawsuit filed by Nombre189320, Nombre189327, Nombre189324, Nombre189326 and Nombre189328 against the aforementioned Mrs. Nombre189334 and Mr. Nombre189334 is partially granted, denying what is not indicated, as follows: The defendants hold no right in the parcels possessed by those plaintiffs, located in Agua Caliente of Cañas Guanacaste, within the Cordillera Volcánica de Guanacaste Forest Reserve (Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica de Guanacaste), and consequently they are not authorized to offer those lands for sale to any institution or third party. The appealed judgment is reversed as to the ruling on costs, and instead it is resolved: The defendants are exempted from paying the costs of the proceeding to the unsuccessful plaintiffs Nombre189356, Nombre189322, Nombre189323, Nombre189332, Nombre189329, Nombre189400, Nombre189325 and Nombre189321. The defendants are ordered to pay the personal and procedural costs incurred by plaintiffs Nombre189320, Nombre189327, Nombre189324, Nombre189326 and Nombre189328. In all other respects, the appealed judgment is affirmed." The Tribunal based its ruling on the following considerations drafted by Judge Meza Lazarus: "I. This Tribunal adopts the proven facts contained in the appealed judgment, except those marked with numbers 1, 5, 6, 9, and 18. Number 9 is rejected as it is rather an unproven fact. The others are considered proven with the following variations: Fact 1: It must be read as drafted in that judgment, but instead of indicating that those lands 'had several owners,' it must be read 'that the local neighbors considered various persons as owners.' As evidentiary basis, the reasoning of the lower court is adopted. Regarding 5 - it must be considered proven that: 'Approximately between the years nineteen seventy and nineteen seventy-three, the plaintiffs Nombre189320, Nombre189321, Nombre189322, Nombre189323, Nombre189325, and Nombre189331 entered the farm in question, while it was being watched by Nombre189356 and was in a state of abandonment, and began carrying out various tasks, among which the felling of trees, sowing of pasture and other agricultural products stand out. The remaining plaintiffs entered or purchased some of those lands subsequently. Only Nombre189320 and Nombre189331 built houses on their parcels, and the former lives in it with his family.' (See witness statements of Nombre189354 at folios 165 and 166, Nombre189370 at folio 169, Nombre189411 at folio 172, Nombre189371 at folio 176, Nombre189356 at folio 170, Nombre189360 at folio 173, Nombre189372 at folio 176, Nombre189373 at folio 177 and Nombre189359 at folio 178. Also judicial inspection at folio 154). Number 18 must be read as drafted in the appealed judgment, but instead of indicating 'the farms possessed by the plaintiffs and counterdefendants,' it must read 'the farms over which the plaintiffs claim to have rights.' Additionally, two more proven facts must be added, as follows: 19- That the farms at issue in this litigation are located within the Cordillera Volcánica de Guanacaste Forest Reserve, created by Executive Decree 5836-A, of February twenty-fifth, nineteen seventy-six (See folio VM 013 from the Director General Forestal, at folio thirteen, copies of the appraisal reports from folios fifteen to twenty, and official letter No. 662-89/DAJF, from the Forest Legal Advisory Office (Asesoría Jurídica Forestal), at folio thirty). 20- After the creation of said Reserve, the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario) resettled the defendants Nombre189331, Nombre189322, Nombre189323, Nombre189412, Nombre189325 and Nombre189321, assigning them a parcel in the Nueva Guatemala settlement. (See witness statements of Nombre189354 at folio one hundred sixty-five, and Nombre189411 at folio one hundred seventy-two).- II.-Regarding unproven facts, the Tribunal adopts those marked with numerals 1, 2, 3 and 6. Unproven fact number 5 is accepted, but not for the reasons expressed by the lower court, but because there is no evidence to establish that the defendants, at the time of starting their work on those farms - in cases involving original invasions - or those who purchased them, those who did not originally invade them, had the intention of obtaining compensation from the State. Unproven fact number 4 is rejected, to be read instead as follows: The counterclaimant did not prove that all the defendants began carrying out work on that real property between the years nineteen eighty-eight and nineteen eighty-nine. There is no evidence indicating such. On the contrary, the evidence shows that the majority of them began working on those farms from nineteen seventy and nineteen seventy-three. Those who did not begin their work on those dates bought the rights from others who entered those lands in those years. A new unproven fact must be added: 7- Plaintiffs Nombre189332, Nombre189329 and Nombre189330 did not prove that they had performed any work that could be considered as possession, or at least (sic) any improvement susceptible to compensation by the State. When the Judge of Liberia conducted the judicial inspection of these defendants' parcels, he noted that in the cases of Nombre189334 and Nombre189329, their land consisted of mountain, and in the case of Nombre189334, there were only scrubland (tacotales) and mountain. There is no other evidence proving that they exercised possession. The conservation of the forest may well constitute possession, as will be discussed below, but in the case of these plaintiffs, there is no evidence to assess that they carried out any work aimed at achieving such conservation. The natural conservation of that resource, achieved simply by humans refraining from intervening to its detriment, should not be confused with intentional conservation, in which human intervention does exist, precisely by preventing unnatural causes from affecting the forest ecosystems, or by achieving, to some extent, the rational use of its products, or by allowing the development of scientific research. But none of this has been demonstrated in this case.-III.- The conservation of natural resources becomes more of a vital necessity for all humanity with each passing day. To the extent that environmental pollution increases, forests are deforested, and soils are degraded, we will be causing ourselves serious harm. Already in nineteen eighty, international organizations referred to this issue as follows: 'The living resources essential for human survival and for sustained development are being destroyed or are becoming increasingly depleted. At the same time, human demand for those resources is rapidly increasing. If land deterioration continues at the current rate, almost a third of the world's cropland will be destroyed within 20 years. Likewise, by the end of the century, at the current rate of clearing, only half of the present area of unexploited productive tropical forests will remain' (IUCN-UNEP-WWF. World Conservation Strategy. 1980).

This has obliged various nations to enact legal norms in pursuit of achieving the desired protection of those resources, norms which, as the First Chamber of the Supreme Court of Justice has indicated, have a "very high axiological content whose development is not exclusively national, but, on the contrary, is a movement of universal character whose result has been to place the right to a healthy and ecologically balanced environment as a true human right. It is placed within the so-called third-generation rights: a step forward from classic human rights, civil or political (first generation) and economic, social and cultural (second generation). This has given basis to formulate a new legal classification: Ecological Law, which today has a very defined object in natural resources, and its complex of sources characterized by organicity and completeness" (See judgment No. 189, of 14 hours 20 minutes of 30 October 1991). IV.- In our country one of the first and most important laws that have been enacted, seeking the aforementioned protection, is the Forest Law (Ley Forestal). This law, the Full Court indicated, acting as Constitutional Court, "seeks to protect natural resources, a circumstance that affects the organization of production. Hydrological resources, environmental changes, the healthiness of the place are factors that influence agricultural production and are directly related to the forest resources of the area; therefore regulations on forest exploitation do not harm but, on the contrary, affirm the constitutional guarantee of Article 50, in that it provides that the State must organize production" (Extraordinary session of 9 hours of 5 June 1984). It is for this reason, as was said in that same vote (voto), that "in the matter regulated by it there is a clear -public- interest ... because the protection, conservation and rational exploitation of forests must interest the organs of the State, as well as the community, since attacking them can produce changes in the ecological environment, of grave consequences". More recently the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has stated: "Our country has depended and will continue to depend, like any other nation, on its natural resources and its environment to meet the basic needs of its inhabitants and keep operating the productive apparatus that sustains the national economy, whose main source is agriculture and, in recent years, tourism, especially in its dimension of ecotourism. Soil, water, air, marine and coastal resources, forests, biological diversity, mineral resources and the landscape make up the environmental framework, without which basic demands -such as living space, food, energy, housing, healthiness and recreation- would be impossible" (Voto 3705, of 15 hours of 30 July 1993). V.- In accordance with those principles, there exists a series of norms, not only in the Forest Law (Ley Forestal), that seek the protection of forests, as some of the places in which the greatest biological diversity on the planet is found. With that normative set, state patrimony is declared, in its condition of public domain property -imprescriptible and inalienable-, the lands that have forest and are not subject to private property, prohibiting private individuals from carrying out any type of work on them and denying them the right of possession when, despite the express prohibitions, works are performed on them. Article 11 of the Ley de Tierras y Colonización (Ley de Tierras y Colonización), number 2825 of 14 October 1961 establishes that "belong to the State as national reserves: a) All the lands comprised between the limits of the Republic that are not registered as private property, of the Municipalities or of the Autonomous Institutions. b) Those not covered by ten-year possession. c) Those that, by special laws, have not been destined for the formation of agricultural colonies; and d) In general all those that, not being private property, are not occupied in public services". As a complement to the above, Article 8 of that law provides: "Except in the cases provided in this law, private individuals are prohibited from enclosing with fences, lanes or any other form, the lands declared national reserves; FROM CUTTING DOWN MOUNTAINS, establishing constructions and crops, or extracting from them firewood, wood, vines, palm and other products for exploitation purposes. Every act of that kind, if the legal procedures have not been previously completed and the corresponding authorization obtained, shall be considered, as the case may be, as Usurpation of Public Domain or marauding, the authorities must order the destruction and removal of the fences and prevent the use of those lands,..." Note that the acts performed on those lands are not considered as possession, because they are catalogued by the same Article 8, as "infractions (faltas)". So the activity carried out on those lands if for some circumstance they were deemed as possession, must be understood as an illegitimate possession, criminally sanctioned, as it is considered an infraction against the prohibition established by law. Regarding forests specifically, which is what concerns this analysis, since 23 November 1969, with the enactment of the last repealed Forest Law (Ley Forestal) number 4465, all forests located in National Reserves are affected to the purposes of that law and it is expressly established that possession exercised in them generates no right. Article 19 provided: "All forests and forest lands situated in: a) Lands considered National Reserves... are affected to the purposes of this law". For its part, Article 25 indicated: "The possession of lands situated in National Reserves and State farms, referred to in Article 19 of this law, shall not cause rights of any kind and the State's action for recovery (acción reivindicatoria), for the same, is imprescriptible, and the General Forestry Directorate (Dirección General Forestal), with the legal means at its disposal, shall proceed to evict from such lands the persons who occupy them totally or partially, in the case of Protective Zones, National Parks, Forest Reserves and Biological Reserves". With these norms, the forests mentioned therein are granted a double protection: First by their condition as National Reserve, in which it is prohibited to perform any possessory act, as indicated before; and second because they constitute Forest Patrimony of the State in which no act of possession shall cause any right of any kind. This aspect is confirmed by what Article 8 of the Regulations (Reglamento) to that Law established, which says: "The national lands comprised within the areas declared forest reserves are inalienable, that is, they may not leave the domain of the State, and their possession shall not cause rights of any kind in accordance with the provisions of Articles 25, 49 and 57 of the Forest Law (Ley Forestal)". In support of the provisions of the last cited norms, Article 80 of the repealed Forest Law (Ley Forestal), provided: "The invasion and occupation of lands in national parks, forest reserves and protective zones is prohibited. This prohibition extends to national reserves, as long as their classification and transfer has not been determined...". Article 100 indicated: "Shall be sanctioned with imprisonment of six months to two years or with a fine of fifteen to one hundred days, the persons who: a) Exploit a forest of the State's forest patrimony without the corresponding legal authorization... b) Invade a national park, biological reserve, protective zone or forest reserve, whatever the area occupied... If the invasion is in National Reserves, it shall be subject to the stipulations in Article 227 of the Penal Code". In turn Article 101 provided: "Shall be punished with a fine of ten to sixty days, the person who: a) Cuts trees, or any forest product, without permission, in national reserves... d) Subjects to grazing the forest lands of the Forest Patrimony of the State..." Likewise Article 227 of the Penal Code has provided since 1970: "Shall be sanctioned with imprisonment of six months to two years, or with fifteen to one hundred days fine:... 2) He who without legal authorization exploits a national forest..." As can be seen, the illegitimacy of possessory acts performed in a forest that was not subject to the private property regime is more than evident. Therefore there is no choice but to affirm that such acts do not confer the right of possession to whoever performs them. With the entry into force of the new Forest Law (Ley Forestal), number 7174 of 28 June 1990, this position is confirmed, since its Article 32 establishes: "The Forest Patrimony of the State is constituted by all forests and forest lands of the national reserves..." For its part Article 33 of that law provides: "The forest lands and forests that constitute the Forest Patrimony of the State, detailed in the previous article, shall be unseizable and inalienable, their possession by private individuals shall cause no right whatsoever in their favor and the State's action for recovery for these lands is imprescriptible. Consequently, they are not susceptible to registration in the Public Registry through possessory information proceedings (información posesoria), their invasion and occupation shall be sanctioned in accordance with the provisions of this Law". VI.- From what has been said so far an imperative arises to deny the right of possession to those persons who carried out any activity on lands not subject to private property, and that are constituted by forests, when those acts were carried out after the entry into force of Forest Law (Ley Forestal) 4465, that is, since 23 November 1969. Denying this right does not mean imposing restrictions on the property of private individuals, for being destined to purposes of general interest; because in reality those assets belong to the State and were destined to those purposes from before the private individual began to carry out activities on them. However, this does not mean that the work deployed by a subject on those assets must be disregarded. The same Ley de Tierras y Colonización (Ley de Tierras y Colonización) we already cited, in its Article 1 establishes: "This law has the purpose of: 1) Determining that land ownership must be promoted for the gradual increase of its productivity and for a just distribution of its product, elevating the social condition of the peasant and making him a conscious participant in the economic-social development of the nation. 2) Contributing to the flourishing of republican virtues, private and public, linking the citizen to a healthy regime of land possession; 3) Contributing to a more just distribution of wealth; 4) Contributing to the conservation and adequate use of the reserves of renewable natural resources of the Nation;... 6) Determining that land must not be used for the exploitation of the agricultural worker...". In turn, in Article 3 it is provided: "In accordance with the above in Article 1, the land must constitute for the man who works it, the guarantee of his economic well-being, of his freedom and dignity and, therefore, basis of the well-being, of the freedom and of the dignity of the Nation". The transcribed norms have a direct foundation in the Political Constitution itself, especially in its Articles 50 and 56, and especially in the second in that it recognizes work as a right of the individual and an obligation to society. So denying the right of possession entails denying that the individual has exercised his right to work, which by various circumstances, especially of a socio-economic nature, often must be deployed on assets destined to public purposes. From this point of view whoever has worked on a land destined by law to forest conservation has a right to have the work deployed on it recognized, provided that their actions do not constitute a criminal infraction. That work is recognized by the legal order as the foundation of agrarian possession inspired by the papal encyclical Laborem Exercem in what Pope Nombre189413 states: "Property is acquired above all through work so that it serves work. VII.- Now the work performed by a person on an immovable property (inmueble) can occur in various ways: either as agrarian activity, or as ecological activity, or as both. By agrarian activity we understand that in which the human being intervenes in the biological cycle of plants and animals, cultivating vegetables or raising animals, rationally using natural resources for it. It is therefore an activity that, in cases permitted by law, can come to constitute agrarian possession, when it is carried out as a business. Regarding this, this Tribunal and the First Chamber of the Supreme Court of Justice, have elaborated an ample and detailed jurisprudence. Since the judgment being challenged correctly addresses this topic we consider it unnecessary to expand on it. VIII.- By ecological activity or ecological possession we understand the set of activities and intentional omissions that a person (physical or legal) carries out, directed at protecting one or several duly delimited ecosystems, in order to maintain their ecological balance. It is an eminently conservationist activity that does not thereby exclude the production of economic wealth. (For all see, Nombre189414, La Posesión Ecológica, in press). From the above we must highlight that the omission of carrying out activities in the forest, in order to protect it, must be intentional. There must exist the animus of the possessor to "not do" in order to protect. This has a reasonable explanation: the interrelation of all the resources that make up the forest allows its natural conservation. Ergo, that conservation cannot be imputed to an individual who has done nothing to achieve it. Conversely, he who resists cutting down trees, or exploiting its resources beyond their natural regeneration capacity, or deploys vigilance to prevent others from causing damage or from hunting, because his interest is to conserve, obviously this individual exercises ecological possession, and as such must be recognized. This activity -or inactivity- allows deploying other complementary acts that will give the possessor economic sustenance to be able to continue in it; thus we can think of duly managed ecological tourism, the rational exploitation of some of the forest's resources for commercial or scientific purposes, hunting, when it becomes necessary due to the proliferation of a species that threatens others. As can be seen, this possession will not only achieve the particular benefit of its possessor, but achieves a good for the whole society. Therefore we find felicitously correct what the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has said in the vote (voto) we already cited before, when it states: "...precisely the primary objective of the use and protection of the environment is to obtain a development and evolution favorable to the human being. Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, but more important than that is to understand that although the human being has the right to make use of the environment for his own development, he also has the duty and the obligation to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not novel, because it is no more than the translation to this matter, of the principle of "injury (lesión)", already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself". For all that has been said we must conclude that whoever exercises ecological possession, even in those cases in which the law disregards his activity as possession, also has a right to have the labor deployed in conservation recognized. (see the recent reform of Article 50 of the Political Constitution). IX.- It can occur that on the same land agrarian activities and ecological activities are deployed. The thesis of those who sought conservation at all costs, even to the detriment of productive economic activities necessary for the subsistence of humanity, has already been overcome. Now it is understood that this is not only inconvenient, but materially impossible. It is common to find lands destined in part to the development of agrarian activities, in which part of the forest is also conserved. In those cases, in which we evidently find ourselves before sustainable development, the labor deployed both in the agrarian productive activity, and in the conservation, must be recognized to the possessor as part of his patrimony. In this scenario ecological activity is not always deployed with the sole purpose of conservation, independently of the agrarian productive activity. On the contrary, generally this results as a consequence of the possessor's conviction that if he destroys the forest, possibly water sources and other resources necessary to continue with his agricultural work will be lost. From this point of view the parameters to assess the conservationist activity in these cases must not necessarily be the same as when we find ourselves before an ecological possessor, because in mixed labor the protection results as a direct consequence of production, so one possession cannot be understood as independent of the other. X.- In this case, although the neighbors of the place considered that some persons were owners of the farm in conflict before the majority of the plaintiffs entered, the truth is that that land remained abandoned for several years, being at that time a virgin mountain. The uncertainty as to whether a true owner really existed reached such a degree that none of the witnesses, not even Nombre189356, who was caretaker of that immovable property, knew Mr. Nombre189353, who was considered the last owner, before the petitioners entered. Precisely for that reason the police officers who came to investigate what was happening, following the complaint filed by Mr. Nombre189356 after the invasion, did not carry out any subsequent steps, because no one appeared who claimed those lands as theirs. The circumstance that in nineteen sixty-four, after the enactment of the Ley de Tierras y Colonización (Ley de Tierras y Colonización) we cited before, two survey plans (planos) of that farm were drawn up, does not allow considering that the persons in whose name those plans were originally registered were possessors of those immovable properties, because Article 301 of the Civil Code establishes that "The survey of a piece of land, whether protested or not, is not sufficient by itself to prove possession of the same land". Nor does the fact that there were caretakers demonstrate possession by someone, because the mere act of placing a person to take care, it is not known for what, does not constitute an act of possession. Given this we must conclude that those lands, at the time the petitioners entered, in nineteen seventy or later, were affected by the transcribed provisions of the Ley de Tierras y Colonización (Ley de Tierras y Colonización) and the Forest Law (Ley Forestal) 4465. XI.- This Tribunal shares the reasoning given by the court a quo (a quo) to declare without merit the counterclaim (reconvención) filed by Nombre55165. We must add that there is no evidence demonstrating that Mrs. Nombre55165 was at any time a possessor of the lands in dispute. Precisely for that reason it does not matter if the defendant Nombre189334 was a possessor of those lands before nineteen sixty when he abandoned them, because what matters here is that for more than thirty years neither he nor his daughters have exercised possession over that immovable property, and what is even more important, there is no evidence demonstrating that Mr. Nombre189334 really was a possessor. The fact that in a survey plan Mr. Nombre189334 appears as a boundary neighbor, or that those survey plans are now in the name of the counterclaimant does not demonstrate possession, as was said before based on Article 301 of the Civil Code. The Tribunal also agrees that the exception that must be upheld is the lack of right, because Mrs. Nombre189334 has no right whatsoever to file this claim as she has done. Therefore in this aspect the appealed judgment must be confirmed. XII.- The plaintiffs seek to have it declared that they acquired the lands by right of possession, and therefore they are the sole owners in fee simple, holding a better right to possess than the defendants. In relation to the latter they request that it be declared that they have never been possessors and therefore they have no right whatsoever to offer their farms for sale to the Forestry Directorate (Dirección Forestal), to the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines (Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas), nor to any other institution. The claim has been filed by thirteen plaintiffs as if all claimed rights over a single property, when in reality it involves independent claims where each one of them seeks to have their better right of possession declared over different land parcels. It is for this reason that the Tribunal considers that the correct approach should have been for each petitioner to file their claim separately. Since that was not done, we are presented with two options: a) to annul everything done and decided in this matter from its initiation, so that it proceeds as indicated before, or b) to rule on the merits of the matter, thereby avoiding serious harm to the parties. The institution of nullity is an extraordinary remedy that should only be resorted to in extreme cases, when it causes defenselessness or when it is impossible to direct the normal course of the proceedings. (See Article 197 of the Civil Procedure Code, applicable to the case in a supplementary manner). Article 26 of the Ley de Jurisdicción Agraria establishes in this regard: "When applicable, the Courts may, on their own initiative, declare nullities and order the replacement of procedural steps, in order to correct irregularities that could affect the validity of the process". In our view the procedural defect noted does not affect the validity of the process, for the following reasons: a) No defenselessness has been caused. All parties have had the opportunity to refer to the claims submitted to the decision of the Tribunal, following for that purpose all the steps necessary to comply with due process. All have had the opportunity to offer their evidence, which has been duly admitted. b) If each plaintiff had filed his claim separately, it would facilitate the jurisdictional work, given that it could be assessed in greater detail whether each one of them really holds the rights they claim. However, in this we also do not find that a serious defect exists, because due to the abundant testimonial and documentary evidence offered and admitted, it is possible to make the respective assessment in relation to each one of the plaintiffs separately. We must add that although the plaintiff erred in filing the claim as they did, there is also shared responsibility for that defect on the part of the jurisdictional bodies that did not order its correction at the appropriate time. To annul the process would cause harm to the parties due to a defect in which the administration of justice also had an influence. Therefore we consider it is possible to resolve the merits, without thereby affecting the validity of the proceedings. Before referring specifically to each one of the plaintiffs it is necessary to make two more general observations. XIII.- According to what was indicated in Considerando X, when the petitioners entered the land, or purchased it between nineteen seventy and nineteen seventy-three, or after that date, the lands subject of this dispute were affected by the provisions of the Ley de Tierras y Colonización (Ley de Tierras y Colonización) and the Forest Law (Ley Forestal) 4465. As of nineteen seventy-six those lands are declared Forest Reserve of the Cordillera Volcánica de Guanacaste by Decreto Ejecutivo 5836-A of 25 February 1976, amended by Decreto Ejecutivo N8473-A-, of 24 April 1978. Therefore in accordance with the above in Considerandos V and VI, none of the plaintiffs can be considered possessors, because by legal imperative the work deployed on those land parcels generates no right of possession, much less of property. So the claims of the petitioners, requesting that they be declared with right of possession and of property must be declared without merit. XIV.- The conflict before us originated when the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines (Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas), initiated the procedures to pay the plaintiffs the rights they might have over the farms they work. The corresponding appraisals were made because those immovable properties are located in the Forest Reserve cited before. The defendants Nombre189334 opposed the payment of those rights to the plaintiffs, claiming they were the owners of those lands. Following this the administrative procedure was paralyzed and the plaintiffs must resort to this legal avenue in protection of their rights. All this has been the subject of this debate, even though it is not expressly stated in the claim, and therefore, in accordance with the provisions of Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, it is mandatory for us to refer to it. It is evident then that the claim of the plaintiff seeking to have it declared that the defendants have no right to offer their farms for sale to any public institution, is closely related to the payment that the Mirenem would make to whoever held rights over those lands. In accordance with what was set forth in Considerandos VI, VII, VIII, and IX, those who have demonstrated having performed works on those lands, and as a consequence thereof have made improvements on the same, have the right to be paid for those improvements, except in the cases that will be analyzed below. Therefore it is appropriate to analyze who holds those rights, because regarding these, their claim seeking to deny rights to the defendants to offer for sale the lands on which they have performed those works should be upheld. XV.- From the judicial inspection (reconocimiento judicial) carried out by the trial judge (Juez a quo) it appears that of the farms over which Nombre189332 and Nombre189329 claim to have rights, they only have mountain. Even though witness Nombre189373, a banking official of the area for many years, recalls that Mr. Nombre189332 was financed to carry out some agricultural activity, from that inspection we can understand that that activity was not performed on the land parcel subject of this process. Otherwise on that farm there would at least be some overgrown fields (tacotales). No other evidence allows us to perceive that Mr. Nombre189332 or Mr. Nombre189329 carried out any type of activity on the lands of which they say they are owners, not even a conservationist activity. So their claim must be declared without merit in all its parts. XVI.- On Mr. Nombre189330's farm there only exist overgrown fields (tacotales) and mountain. There is no evidence demonstrating that this man performed work on that land parcel. The fact that there are overgrown fields (tacotales) does not demonstrate that work was carried out, neither agrarian, nor of conservation, because rather what can be inferred from this is that ecological damage was caused by the cutting of trees without any known lawful purpose. Given that in relation to Mr. Nombre189400 a relevant circumstance also arises for the resolution of this dispute, we will refer to him again in the following Considerando. However, with only what has been said so far it is concluded that also in relation to him the claim must be declared without merit in all its parts. XVII.- In relation to Messrs. Nombre189331, Nombre189322, Nombre189323, Nombre189325, Nombre189321 and the cited Nombre189330, it is necessary to make the following observations. Article 7 of the cited Decree No. 5836-A establishes: "The possessors of unregistered lands shall be relocated by the Instituto de Tierras y Colonización (Instituto de Tierras y Colonización), or failing that they shall receive the fair price for their improvements". Witness Nombre189354, referring to the plaintiffs said: "Some of them are beneficiaries from the Instituto de Desarrollo Agrario such as Nombre189322, Nombre189323, Nombre189325, Nombre189331, Nombre189330. The parcels they have from the Instituto de Desarrollo Agrario are located in another place called Nueva Guatemala about two kilometers from Agua Caliente, when the Forestal entered the place a negotiation was being conducted on that farm with the Forestal, and because the property was inside the Reserve they requested from the Instituto de Desarrollo Agrario a parcel to live on..." Additionally witness Nombre183828 said: "About ten years ago the Forestal did not allow the farms to be worked anymore and because of that some of them requested parcels from the Instituto de Desarrollo Agrario in Nueva Guatemala but they have always been working up there. They gave a parcel to Nombre189322, Nombre189323, Nombre189325, Nombre189330".- These declarations allow us to perceive that the State has already compensated the work performed by the plaintiffs cited at the beginning of this Considerando, giving them in exchange for that work a parcel in a Settlement (Asentamiento).

If despite that these individuals continued to carry out work in a Forest Reserve, rather than acquiring rights they are causing damage to the detriment of the proper administration of a reserve of such great value to all of society. If we were to declare their claims well-founded here, we could be allowing these plaintiffs to obtain a double benefit from their activity: first with the allocation of a parcel in a Settlement of the Agrarian Development Institute (Instituto de Desarrollo Agrario), and then with the payment of improvements (mejoras), which is evidently entirely improper in all respects. Since the claim seeking a declaration that the defendants have no right to sell the lands to a public institution is closely related to the payment of those improvements (mejoras)—we reiterate—the proper course is to dismiss this claim in all its aspects with respect to the plaintiffs we are dealing with in this recital (considerando). XVIII.- The plaintiffs Nombre189320, Nombre189327, Nombre189324, Nombre189326, and Nombre189328 have demonstrated that they dedicate their parcels to various activities, and that they have worked on them, some since the original invasion between nineteen seventy and nineteen seventy-three, and others since they acquired them from their transferors. Nombre189320 and Nombre189327 carry out an agricultural activity, raising cattle, and the former even lives on the land with his family. The others carry out a mixed activity: agricultural and conservational, since they dedicate part of their parcel to cattle raising and conserve part as forest. This follows from the judicial inspection (reconocimiento judicial) and the witness evidence presented. Therefore, the claim they have brought must be declared well-founded, declaring that the defendants hold no right to the parcels worked by the plaintiffs and are therefore not authorized to offer those lands for sale. XIX.- We have considered that with respect to the plaintiffs mentioned in the preceding recital (considerando), their claim against the three defendants must be declared well-founded for the following reasons: The ladies Nombre189334 are the ones who directly offered to sell those properties to the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines (Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas), thereby paralyzing the entire proceeding that had been initiated to pay those plaintiffs for the improvements (mejoras) they had on that land. For his part, Mr. Nombre189334 has allowed and contributed to the other defendants acting as stated, by making a transfer, without any right to do so, of those properties to Nombre189333. Therefore, all of them have passive standing (legitimados pasivamente) to be sued as has been done. XX.- With respect to the defendants mentioned in recitals (considerandos) XV, XVI, and XVII, the objection (excepción) of Lack of Right (Falta de Derecho) raised by the defendants must be upheld, because they hold no right to the lands they claim in this proceeding. A ruling on the other objections (excepciones) is omitted as unnecessary. XXI.- For all of the foregoing, the appealed judgment must be reversed (revovar) [sic] insofar as it declares the action well-founded in all its aspects, and instead declared well-founded only in the terms and with respect to the defendants indicated in recital (considerando) XVIII. With respect to these, the objection (excepción) of Lack of Right (Falta de Derecho) raised against the action must be upheld regarding the claims seeking to have them declared possessors and owners of the properties in litigation. With respect to the claims that are upheld, all the objections (excepciones) raised by the defendants must be dismissed, as follows: That of lack of right because the plaintiffs in whose favor the claim is partially upheld have made improvements (mejoras) on the lands that are the subject of this conflict, which belong exclusively to them, so they have the right to a declaration that those assets do not belong to the defendants. That of Lack of Active Standing (Falta de Legitimación ad causam activa) because they—the plaintiffs mentioned—are the holders of the rights they seek to have declared in their favor in this judgment. That of lack of passive standing (falta de legitimación ad causam pasiva) for the reasons stated in recital (considerando) XIX. That of prescription (prescripción) because it is they—the successful plaintiffs—who are performing work on the properties in litigation, and the defendants publicly began their actions that would disturb the actions of the former with the letter sent by Mrs. Nombre189415 [sic] to the General Forestry Directorate (Dirección General Forestal) dated June twenty-second, nineteen eighty-nine (see folios one hundred nine and one hundred ten). Therefore, the ten-year period that would cause the plaintiffs’ right to prescribe has not elapsed. That of expiry (caducidad) because in this case there is no circumstance or legal provision applicable to the case that would cause the right or action of the plaintiffs to have expired. That of sine actione agit for all that has been said regarding the previous ones. XXII.- Costs (Costas): Since the claim is dismissed with respect to the plaintiffs mentioned in recitals (considerandos) XV, XVI, and XVII, and in turn the counterclaim (reconvención) is dismissed in all its aspects, the defendants must be exempted from paying the costs (costas) of the proceeding with respect to the expenses incurred by the said plaintiffs. Even though part of the other claims of the other plaintiffs were dismissed, we consider that those that were upheld constituted the main reason why this claim had to be filed. For that reason, and because we do not find that the defendants had grounds to litigate as they did, they must be ordered to pay both sets of costs (costas) to the successful plaintiffs. For what is set forth herein, the appealed judgment must also be reversed (revocar) in its resolution regarding costs (costas)."

          7º.- Mr. Francisco Castrillo Córdoba, attorney-in-fact (apoderado) for the plaintiffs Nombre189321, Nombre189331, Nombre189323, Nombre189322, Nombre189330, Nombre189325, Nombre189332, Nombre189329, filed an appeal in cassation (recurso de casación) in which he stated: "The appealed judgment contains defects in the assessment of evidence (apreciación de la prueba) [sic] that cause the Superior Judges to misapply the substantive law. In the case of Nombre189321, one of the most serious errors raised by the Superior Court is that, because his parcel that is the subject of this lawsuit was relocated or exchanged [sic] by the I.T.C.O., now I.D.A., he has no right to the claims of his action. I ask you [sic] to proceed to study the testimony of Nombre189354 and Nombre183828, which are the testimonies on which the appealed judgment relies to deny Mr. Nombre189321’s claims, and you will clearly realize that from the very citation the court below transcribes in its decision, they never mentioned my client as having been relocated, and this is so because he has never been, nor is he, an allottee of parcels or properties from the State. The poor evaluation and assessment of that evidence [sic] leads to erroneous conclusions and has the consequence that, with respect to Mr. [sic] Nombre189416 [sic], the claim is dismissed in the Second Instance, which is why, since his possession is proven, I request that it be reversed and the First Instance Judgment be confirmed. Now, with respect to plaintiffs Nombre189331, Nombre189323, Nombre189322, Nombre189330 [sic], and Nombre189325, insofar as their claim is dismissed because they were relocated to the Nueva Guatemala Settlement and upon negotiation their parcels were exchanged [sic], this according to the Superior Judges’ statement; They are again mistaken, but in the application of Decree No. 5836 A, amended by Dec. 8473 A, and also regarding Law No. 2825 of October 14, 1961. Their [sic] error arises [sic] from the very moment that the only evidence they have are two testimonies, of sincere, simple, credible men, but in this sense, in the light of suitable documentary evidence, to verify whether being allottees of parcels in the Nueva Guatemala Settlement was indeed the product of negotiations, and consequently it was these [sic] that gave rise to an exchange or a relocation, in which case they should simply have requested as evidence for a better ruling (prueba para mejor resolver) from the state entity that governs parceling (parcelamientos), a certification [sic] recording the negotiation and the commitment to exchange or relocate the said plaintiffs. It is not possible in such a delicate matter to rule based on speculation or conjecture; in affirming this, I do so convinced that when my clients were asked what the truth was in this regard, they were clear, precise, and concordant in telling me: 'We are in Nueva Guatemala because we qualified as allottees, since we do not appear with properties registered in the Public Registry (Registro Público); we are poor, we work and live from the land and with family, so the Government sold us those parcels that we are still paying for and that Nombre189323 has already paid off, this to the I.T.C.O., now I.D.A.; at no [sic] time was there a negotiation [sic]; at no [sic] time were our parcels in Agua Caliente exchanged for Nueva Guatemala; consequently, there is no such relocation, and the application of the aforementioned Decrees, nor a Law like 2825 cited by the Court, is proper. The state [sic] has not compensated anything to the plaintiffs, in this case. Both Nombre189417 [sic] and Nombre189323 also have our properties duly fenced, and with star grass (pastos de estrella) [sic], by virtue of the purpose of livestock and even agriculture in beans, coffee, corn, Etc. As the Justices can well see, the acts [sic] of possession are duly proven as well as the more than ten-year period. If the reasons for denying our Right have been the poor assessment of the witness evidence (prueba testimonial) and its poor interpretation, and if, as is demonstrated, there was no exchange, no relocation, and what occurred was a pure and simple purchase through the adjudication (adjudicación) procedure followed by the I.T.C.O., now I.D.A., it is clear, that the first-instance judgment cannot be reversed; rather, with respect to us, the proper course [sic] is to reverse the judgment appealed here and instead confirm the first-instance judgment. Consequently, and without prejudice to the reasons given [sic] by our attorney-in-fact (apoderado), we request that the judgment of the Superior Agrarian Court be reversed and instead the first-instance judgment be confirmed."

          8º.- The plaintiff Nombre189329 also filed an appeal in cassation (recurso de casación) against the judgment handed down by the Superior Agrarian Court at 9:50 a.m. on August 18, 1994, in which he stated where relevant: "My disagreement is motivated by the fact that the Superior Judges rely, to deny me the right of possession and ownership, on the following argument: That according to the inspection or judicial inspection (reconocimiento judicial), I do not have possession, because the land was composed of mountain (montaña) and thickets (tacotales). The Truth [sic] is that the Superior Judges are mistaken, since that land has been possessed since 1952 as I remember it, and precisely according to the Doctrine that informs Civil Law as well as Agrarian Law, possession is transmitted from possessor to possessor, until reaching, as regards me, obtaining that possession from my transferors, by acquiring through a purchase I made from Nombre189324, on November 15, 1975, a verbal [sic] purchase, ratified by Deed Number 41 granted before Notary Public Miguel Angel Salguero Calvo at 10 a.m., on December 2, 1988, land which, by the mere fact of being thickets (tacotales) and mountain (montaña), does not mean that I have not possessed it, since maintaining the tracks (carriles) on a property is neither easy nor free; although the Superior Judges consider that this action is not typical of possession, the truth of the matter is that the custom in remote rural areas is to make tracks (carriles) no less than five meters wide, where the underbrush clearing (socolas), by virtue of the rainy season (invierno) that occurs for half a year and every year, a season in which the scrub (monte), grass, and brush (charral) grow, one must therefore be working constantly to keep those tracks (carriles) clean, not with the pen, but with the machete, not at the desk, but bent over in the scrub carrying water and sun; this is possession, this is care; it cannot be that those who do not know the peasant’s work with the land dare to disregard my work, that care, that possession, and with a stroke of the pen and in a few lines, throw it [sic] overboard. It is worth adding that for some time, despite everything, there were parts of pastureland (potrero) with star grass, to keep a few cows; but as the State prevented us from working with cattle, and even in agriculture, such as beans that are customarily planted broadcast and whose planting lasts two or three months, that is why today those pasturelands (potreros) do not appear in their true dimension, but there are the thickets (tacotales), which for those of us who know about agriculture and the land, it is easy to understand that before them, there was pastureland (potrero), agriculture, etc.; today those thickets (tacotales) are the product of not having been allowed to work the land. As [sic] you will see, Justices, while the Attorney with his signature demonstrates that he works, we demonstrate with the machete, the work and therefore the possession. In the case file you will find the documentary evidence alluded to, although perhaps it is in the Lower Court filed under letter M, and which perhaps the Superior Judges did not have before them when deciding this matter. In this sense, it is important to note that the majority of my fellow Plaintiffs [sic] have provided this type of documentary evidence, as well as plans made since 1970, and although the plan by itself does not constitute suitable evidence, as the Superior Court states, it is evidence, if we consider that there is abundant witness evidence (prueba testimonial) in this lawsuit, which refers to the possessory acts performed by my colleagues and by myself; among others and the most convincing, I can cite Mr. Nombre183828, Nombre189359, Nombre189356, Nombre189354, etc. In any case, possession is proven by witnesses, insofar as it refers to the Acts that allow it to be proven, as the Cassation Chamber (Sala de Casación) has repeatedly stated. Consequently, since possession is proven as it is, and as the first-instance Judge found it proven, it is evident that the Judges of the Superior Agrarian Court have violated what is set forth in article 277 of the Civil Code and, by denying me possession and the right of ownership, they are also violating article 278 ibidem and are misapplying Forest Law No. 4465 and Law No. 2825, repealed laws, as well as Decree 5836 A amended by Decree No. 8473 A of September 24, I mean April 1978, and the current Forest Law, since in some cases the repealed Law is applied and in others it is disregarded and, of course, the Political Constitution is violated, in its article 34, by disregarding the general principle of law of non-retroactivity of the law. In this order of ideas, it is worth noting that the lands that are the subject of this litigation and particularly mine, date from time immemorial and my possession, pursuant to article 863 of the Civil Code, predates the declaration of Reserves and National Parks; this said simply so, without entering into a deep analysis of the new protectionist currents of the Modern State, in the sense of paying for lands even if not private, which is demonstrated very easily if we consider that the Appraisal Department of the Direct Taxation Office (Tributación Directa), at the instance of the State, establishes the appraisal (peritaje) of the value of my land, for the purpose of paying me for it, and because there was opposition from the female defendants to an effective payment being made to me for my property, I was forced to file the present claim against the defendants. I must clarify that the Deed of Sale that was made to me is duly registered with the Direct Taxation Office (Tributación Directa), under number 459999, and that this land is part of the parent property, and that unfortunately the Judge, when performing the judicial inspection (reconocimiento judicial), only reached the edge of the entrance to the property and from there limited himself to looking at it, which means he did not indicate and obviously could not see the wire and posts of a fence that is on the property. Furthermore, I have cleared brush (chapias), I clean the tracks (carriles) twice a year, at a cost each time of fifty thousand colones. I clarify [sic] that that land cost me three hundred thousand colones. As [sic] you see, Justices, if the inspection had been done by going over the entire property, in addition to the acts of possession indicated above, in the conservation of mountain (montaña), planting of grass, cleaning and brush clearing (limpia y chapia), planting of crops, the Judge would have provided more elements of judgment in his inspection. In any case, possession is duly demonstrated by the means of witness evidence (prueba testimonial), which is what is proper in law according to the Chamber’s rulings. I request that the appealed decision be reversed and the first-instance judgment be confirmed."

          9º.- The plaintiffs Nombre189331, Nombre189323, and Nombre189321 also filed an appeal in cassation (recurso de casación) against the second-instance judgment handed down by the Superior Agrarian Court at 9:50 a.m. on August 18, 1995, and in which they stated where relevant: "Our disagreement is motivated by several aspects of the analysis and evaluation that the Superior Judges made of the evidence; thus, we have that: in our cases, denying the right claimed and granted [sic] in the first-instance judgment is the product of conjecture by the adjudicators, without there being suitable evidence in the case file to reach that conclusion. The testimony of Nombre189354, on which the appealed judgment relies to deny the right claimed, has been poorly evaluated, since what the witness said was that the first two of us had parcels in the Nueva Guatemala Settlement; but that our lands in Agua Caliente were exchanged, that is a lie; that we made a negotiation in that sense with the ITCO and now IDA, that has never happened; what happened is that since we did not have lands registered in our name and we qualified, we were then given [sic] a parcel in that Settlement; but always attending, as is recorded, the one in Agua Caliente, the subject of this lawsuit. For further proof and abundance of reasons, it is worth noting that that parcel in the Nueva Guatemala Settlement was sold to us, not exchanged; we provide as evidence receipts showing that we are still paying for those lands, and in the case of Nombre189323, he has already paid off [sic] his parcel. In [sic] this order of ideas and situation are Nombre189325 and they [sic] Nombre189400 [sic]. Moreover, this is so entirely true that in case of any doubt, the I.D.A. can be requested to certify our statement. As you see, Justices, in the present matter, there is a different interpretation by the first-instance Judge and by the Superior Judges of a statement by a witness who, due to his simplicity and honesty, said things the way he did, and the truth of which is what we state in this writing. It is worth noting that the same Court only makes a [sic] conjecture because in this case there is no [sic] documentary evidentiary element in the file to prove that Court’s statement; what that Court should have done was to request that evidence from the I.D.A. as evidence for a better ruling (prueba para mejor resolver) to verify whether the application of Decree No. 5836 A amended by Decree No. 8473 A was proper, and not fall into the third error of misapplying those Decrees and consequently the denial of our rights and claims in this litigation. Regarding Nombre189321, it is of interest to me to point out that the court below is again mistaken, since I am not, nor am I, an allottee of the I.T.C.O., now I.D.A., and this is the reason for my disagreement since I am denied the right claimed and my claims for the mere fact that the Court’s judgment involves me as an allottee, without being one, which I demonstrate with the documentary evidence I provide from the I.D.A. Cañas Regional Office. For the rest of us, in [sic] the case of Nombre189323, the cadastral plan [sic] Placa36258 and the private sale-purchase agreement are in the file, where gerardo [sic] transferred [sic] to me the more than ten-year possession he exercised, with the property duly demarcated. As for Nombre189417 [sic], there is a sale-purchase agreement, as well as what corresponds to Nombre189418 [sic]. In the inspection carried out on the land itself, it is recorded that there are evident acts of possession in agriculture and a dwelling house in the case of Nombre189331; the properties are duly fenced. As [sic] was stated, he sold to them independently of whether they had their parcel in Agua Caliente, given that the parcel each one has in Nueva Guatemala was not given to them in exchange, as the appealed judgment states. That poor assessment of the evidence and the failure to realize that this question has not been raised as an issue in this litigation causes the Court to act with rashness, since by not being a point or fact [sic] to be raised [sic] as a litigated issue in this lawsuit, the evidence that would have allowed the Court to be [sic] clear about what happened with the parcels in Nueva Guatemala was not adduced. It was a precarious (precario) conflict, which I had in my hands as the Judge that I was [sic] in the Cañas Court, so I have knowledge of that situation from the years '78 onward. The foregoing, and to prevent that reason given by the Court from being the motive for dismissing the action of my principals (poderdantes), is why I allow myself to attach documents that prove that those parcels are being paid for by my clients, and in another or other cases, they are already paid off. According to the rest of the evidence, Nombre189418), Nombre189322, Nombre189323, and Nombre189325 proved their more than ten-year possession, by virtue of the evidence analyzed [sic] in both instances, both the testimonial evidence and the judicial inspection (reconocimiento judicial). Thus [sic], I request this Chamber to reverse the appealed judgment and confirm the first-instance one. A separate mention in this appeal, I make regarding my clients, Messrs.: Nombre189332, Nombre189329 [sic], and Nombre189330 [sic] and not Nombre189356, as indicated in fact deemed unproven 7, in which two errors are noted regarding second surnames. With respect to these plaintiffs, it is indicated that they did not prove their possession; in this sense, it is worth noting that the inspection itself shows that the plaintiffs have maintained permanent care of their parcels; as for the thickets (tacotales), if one knows the reason for the existence of the thicket (tacotal) and how it is used by farmers and even cattle ranchers, one can see that this thicket (tacotal) serves for planting beans especially, for keeping two or three heifers, which, if cared for, becomes forest, which is the antecedent on many occasions of mountain (montaña). The inspection also indicates how all the parcels had well-demarcated boundaries, some with tracks (carriles) and others with wire fences; it also indicates the existence of pasturelands (potreros) and in these cases of mountain (montaña), mountain (montaña) that, if not cared for, would not exist today; the second-instance judgment itself recognizes an ecological possession, but by ruling against and disregarding the protection and care of the mountain (montaña), that judgment contradicts itself. For the foregoing reasons, with respect to these plaintiffs, the appealed judgment must also be reversed and instead the first-instance judgment confirmed. Having analyzed the reasons why the action was dismissed in the appealed judgment, it is appropriate to note the violation of article 34 of our Magna Carta, since in the substance of the judgment, it is indicated that the lands in question belong to the State, and for that purpose, the criterion contained in Forest Law [sic] No. 4465, repealed by a later law, is applied; but which was declared null by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional). Furthermore, the new Forest Law is applied but with a criterion of retroactivity, which can be applied to my clients, who have been possessors since 1952, if we take that date as a starting point demonstrated in the lawsuit as to the existence of possessors on those lands; but it is unquestionable that they already existed before; what is stated under article 863 of the Civil Code means that the possession of my clients and principals (poderdantes) predates the enactment of the cited forest laws, the decrees also indicated, as well as Law 2825; according to what has been said, the legal argument contained in the appealed judgment is not acceptable. See how article 45 of our Political Constitution protects the right to private property, and when the State needs that property, it must indemnify; that is why in the majority of cases, and in this one in particular it occurs, it has been the State, through the Forestry Directorate (Dirección Forestal), Ministry of Energy and Mines, and the Direct Taxation Office (Tributación Directa), that after declaring those lands Reserves, offers to buy the lands and even carries out the appraisals (avalúos), even though my clients have not offered their properties for sale and have no [sic] interest in selling them [sic], as that Court speculates by stating that this is the motive for the action brought by my principals (poderdantes). To a confession of parties I relieve of evidence (confesión de partes relevo de pruebas), Justices, in the appraisals (avalúos) that appear in the file, the State’s experts value the lands. The consequence of all that has been stated is the erroneous conclusion of the Superior Agrarian Court in the application of the laws indicated as well as the non-application of articles 277, 278, 279, subsections 1, 2; 280, 281, 282, 283, 284. These [sic] last two articles refer to concepts that must be applied to the specific case, and it is that if possession is demonstrated for more than twenty years, it is amply exceeded by 1 year [sic] and is in good faith, and in the event of doubts about possession, this doubt favors the plaintiffs, articles 285 and 286 ibidem. 297, 302 of the cited legal text, and even the provisions of 3-5, 313, 317, and 319 are observed. The reasoning given in the first-instance judgment must be accepted, especially the doctrinal and legal ones; but at the same time [sic] reinforced with the legal arguments invoked in this appeal and previously set forth, to which I must add that possession does not need to be backed by title deeds of transfer of ownership, yet in the file there are titles that transfer the prior possession pursuant to art. 863 ibidem; furthermore, the possessory acts are pure and simple, which the Cassation Chamber (Sala de Casación) has repeatedly stated, and of extraordinary adverse possession (usucapión extraordinaria), which is what it is in Agrarian Law and which applies to lands or real estate of agricultural interest; in this sense, since the Jurisprudence becomes somewhat old, given that the decision to which I refer is Cassation No. 74 of 2:15 p.m. on August 4, 1975, and the new ecological currents have invaded the field of modern Law, that thesis must be expanded, in the sense that extraordinary adverse possession (usucapión extraordinaria) is applicable to Ecological Law, with which the mountain (montaña) and the forest are legally protected. We must not forget that possession is the sine qua non requirement for acquiring ownership of those lands not registered in the Public Registry (Registro Público) and which, incidentally, are plentiful in our environment; thus it follows from the requirements of the Law of Possessory Information (Ley de Informaciones Posesorias), Law No. 139 of July 14, 1941; consequently, it is the prerequisite for acquiring the right of Registered Ownership; it is worth citing very briefly in this regard the effects of possession: 'As a purely de facto state, possession produces effects of such importance that it sometimes becomes in even better condition than the right of ownership, because this right, considered in itself, is an abstraction, an ideal relationship between the subject and the object: it confers, it is true, the attribute that legally qualifies for future tenure... In contrast, possession is a present fact, unquestionable...: The effects that possession produces are numerous. Among them, the following deserve to be mentioned due to their importance: 1.- The fact of possession presumes the right to possess. 2.- In litigation over ownership or a better right to possess, the possessor is not obliged to provide proof. 3.- It gives ownership of things acquired by occupancy. 4.- Possession is equivalent to title,... 5.- It serves as the basis for the acquisition of ownership...' taken, pp. 54 and 55, Tratado de los Bienes, 5th ed. Editora juricentro S.A., Nombre36174. Perhaps it is prudent to recall from the same author and book cited to state: 'Possession is understood as the tenure [sic] of a thing under the power and will of a person, or the enjoyment of a right. Two elements are indispensable for one to have possession: the de facto power over the object and the will to retain it under one's control. Possession is acquired from the moment in which the actual and exclusive possibility of exercising material acts of usufruct, use, or transformation over a thing...' The foregoing has to do with this lawsuit because my clients have direct possession and another indirect possession through their previous possessors and transferors, Art. 863 Civ. Code. They have [sic] been and are in control of the lands, they perform direct possessory acts and also through interposed [sic] persons; their possession is now immemorial, to the point that in the file there is evidence that already in 1952, those lands were possessed by private individuals, such that the possession and its acts, elements [sic] that we did not have to prove, but we have demonstrated, and the disturbance caused by the defendants provides sufficient basis to request, based on the foregoing and the cited doctrinal and legal citations, that the appealed decision be reversed and instead the first-instance judgment be confirmed in all its aspects."

Furthermore, I request an express ruling on the counterclaim, given that the appealed judgment is silent in this regard."

10th.- The plaintiff Nombre189332 filed a cassation appeal against the same judgment, in which the relevant portion stated: "My disagreement stems from the fact that the Superior Judges, in denying me the right of possession and ownership, base their reasoning on the following: That according to the Judicial Inspection or View, I (sic) do not have possession, because the land consisted of mountain (montaña). The truth is that I have held that land for more than 20 years, I have built good lanes (carriles), which I kept clean the whole time, I had livestock, precisely on that parcel there is a part made into pasture (potrero) where what is there now is scrub (tacotal), but the star grass can still be seen. It must be understood that after entering into possession, approximately 5 years later, they no longer let us work, because they were going to buy those lands from us for a park or national reserve, but I always cared for and still care for the lanes (carriles), and in the scrub areas (tacotales) that do exist, I sowed (sic) short-cycle agriculture, like beans, corn, etc. As you see, Your Honors, I have indeed exercised possession, and even the current trend of forest conservation requires their care, and it is not as the judgment states, that the forest does not need care; today, if the forest is not cared for, parasites and loggers have their heyday, taking wood and destroying the forest. Is this an act of possession?... Of course it is, but only we peasants who work and live with the land know this. Of the land that I claim in my lawsuit, there are 33 Ha. 1545.57 m2 that I bought from Nombre189376; this fact is duly proven in the case file, as it is with a Private Purchase Deed (Carta Venta Privada) from many years ago, and despite the fact that the maps also exist, I add a certification of map No. G-18.809-73 prepared long after I acquired that land. Although the map alone is not full proof, mine must be analyzed in light of the testimonial evidence, the Private Purchase Deed (Carta Venta Privada), and the judicial view of my lands that appear in the case file. I note that I acquired this farm in addition to the one I already possessed, as it is contiguous to the one I bought from Mr. Nombre189376. Furthermore, I ask you to observe that the maps (sic) presented by the defendants are one more piece of evidence in my favor, of the existence of those lands that I possess and that were abandoned by their former owners, as was demonstrated in this trial, maps that they use, together with private purchase deeds (cartas ventas privadas) of very recent date and made between family members, and when there was already talk that the State would pay for the lands, it is at that time that these persons become interested, not in working the land, but in the money it represents. I wish to add that before the declaration of Natural Reserves and the Decree cited by the Superior Judges, those lands were already possessed by my transferor and other persons, and by me, therefore the criterion upheld in the appealed judgment cannot be applied, as this implies a violation of Article Fifty of our Political Constitution, and Article 34, which enshrines the principle of non-retroactivity of the law. Several articles of the Civil Code are also violated, among them, 277, 283, 284, 285 and 286; 302; 305 and 317 ff. and concordant articles of that Code. Jurisprudence: 'Possession does not need to be backed by a title transferring ownership' Number 75, 16 Hrs. August 12, 1964. 'Possessory acts are pure and simple, and are proven by testimonial evidence' No. 134, 16 Hrs. of December 4, 1956, of the Cassation Chamber. I remind you, Your Honors, that the natural antecedent for acquiring ownership historically was (sic) and is ten-year possession, whereby possession becomes an indispensable requirement, a sine qua non antecedent, to acquire ownership; in our legislation, the means is the possessory information proceeding (información posesoria). Based on the foregoing, I asked that my exercised possession, which is more than ten-year, be declared, held publicly, peacefully, quietly, without interruption, as owner of the property, and my right to freely dispose of the lands; thus, the petition to sell to the State falls within the indicated right of disposition, and in that sense, if the State does not pay for them, I could sell my farms to any other person, physical or legal. It is worth clarifying that in reality it is the State itself that has come to offer to buy the lands, not only mine nor those of the fellow plaintiffs, but also those of others, which in some cases have been paid for and in others their payment is pending. Proof of this, and it appears in the case file, is the appraisal of the lands made by the State, through the appraisal office of Tributación (Taxation). Consequently, despite the petition, what matters for my claims (sic) is that my better right over the defendants be declared. I request the reversal of the second-instance judgment and, in its place, the confirmation of the first-instance judgment and, in the alternative, that I be declared a possessor with a better right with respect to the defendants."

11th.- Mr. Francisco Castrillo Córdoba, in his capacity as special judicial attorney-in-fact for the plaintiffs, expanded the cassation appeal against the repeatedly cited judgment of the Superior Agrarian Court of 9:50 a.m. on August 18, 1994, in which he stated: "1.- We reproach the second-instance judgment for the lack of study and evaluation in accordance with reality that the judges of the instance made of both the testimonial and documentary evidence brought to the case file, including the technical evidence such as the judicial inspection or view. 2.- The disregard shown towards the excellent first-instance judgment, and this is only attributable to the reasons indicated in the previous point. Such is the gravity that two statements are taken, those of witnesses Nombre189322 and Nombre189411, and the Court speculates that because they said that several of the plaintiffs have parcels in the Nueva Guatemala Settlement, they received those parcels in exchange for their farms in Agua Caliente, a conclusion that has no support other than its speculation; the mistake is such that they include my client (sic) Nombre189321 as an adjudicatee of the I.D.A., when he is not even that. On this aspect, it is worth adding that there has been no exchange or relocation, as is stated; these persons bought those lands because they qualified for it, from the I.D.A., formerly I.T.C.O. 3.- The possession of others is disregarded, and as an argument it is indicated that they are forests or natural mountain (montaña) that does not need care; this is another of the great mistakes of the appealed judgment. That and any other forest or mountain (montaña), more than natural as it may be, must be cared for. Possessory acts are pure and simple and must be performed publicly, quietly, peacefully, without interruption, under title of owner; these elements have been present for more than 40 years in the lands of Agua Caliente, as is clear from the case file, since it must not be disregarded that possession is transmitted, nor must it be disregarded that possession can be maintained through an intermediary person (interposista persona), I say maintained, which is not the same as abstaining. The possessory acts of my clients have been clearly demonstrated, not only with the documents contributed, but also with their work, care, construction of lanes (carriles), fences, etc., including the making or construction of houses or shacks (ranchas); but despite the fact that Don Nombre189331 is disregarded in that judgment regarding the existence of a house on his farm, the same inspection (sic) indicates it. The case of Don Nombre189331 is one of those that most left (sic) not only the undersigned perplexed, but also myself, given that it is one of the best farms since it is fully cared for and developed. 4.- It is also reproachable that the right of disposition of my clients' farms is denied, thereby denying one of the attributes of ownership that every owner has, and possessors as well, since, as has been stated in the other arguments, possession is an indispensable requirement for ownership, when we are in the presence of situations involving an unregistered farm. The Constitutional Chamber, in its judgment No. 796-91, Considering I, among other things, states: ...They imply an expropriation of possession or ownership rights, as the case may be, because they are limitations on private property imposed contrary to the provisions of Article 45 of the Political Constitution, which are not based on reasons of social interest, nor have they been approved by two-thirds of the Legislative Assembly. Limitations imposed when creating the 'Arenal Forest Reserve' (Reserva Forestal de Arenal); the same happens with regard to the Reserve at hand, where even repealed Decrees and laws are applied, contravening even Article 34 of our Magna Carta. In this sense, we are in the presence of a situation where, by prohibiting the free disposition of our farms by that Court, we would curiously find ourselves in the case of an expropriation by a Court of justice, which is extremely dangerous and it could be said that it overstepped (sic) by not limiting itself to the petition, which was to decide who has the better right and thereby the disposition of the farms that are the subject of this litigation. It is fitting to refer, very respectfully, this Chamber to the cited judgment of the Constitutional Chamber, since details supporting the right of possession and ownership (sic) of my clients can be seen therein. I could elaborate further on reproaches (sic), but I hope that upon entering the analysis of the appealed judgment, you will agree with us and consequently, I request (sic) that the second-instance judgment be reversed and the decision of the first instance be confirmed, declaring our lawsuit granted in all its terms and the counterclaim dismissed."

12th.- The legal requirements have been observed in the proceedings. This judgment is issued outside the statutory time limit, but within the period granted by the Full Court.

Drafted by Judge Zeledón Z.; and,

WHEREAS:

I. The properties that are the subject of this ordinary agrarian proceeding are located within the Cordillera Volcánica de Guanacaste Forest Reserve, Tenorio Section. Said reserve was created by Executive Decree No. 5836-A of February 25, 1976. The properties are situated in Aguas Calientes, Cañas. Before 1970, there is news of several possessors of those lands. Among them Nombre189350, Nombre189351, Nombre189352, and finally Nombre189353. Nombre189334 was the caretaker until 1960 when he abandoned them. Before that date, Nombre189356, Nombre189320, and Nombre189356 were also caretakers. After the abandonment, between 1970 and 1973, Nombre189320, Nombre189321, Nombre189322, Nombre189323, Nombre189325, and Nombre189331 began work on the farms. Specifically, they carried out activities such as tree felling, planting pasture, and agricultural products. Some of the remaining plaintiffs entered quite some time later, and others bought possession rights. The Instituto de Desarrollo Agrario (Agrarian Development Institute), as a consequence of the declaration of the Cordillera Volcánica de Guanacaste Forest Reserve, relocated the possessors. Specifically, Nombre189356, Nombre189322, Nombre189323, Nombre189412, Nombre189325, and Nombre189321. This occurred in the Nueva Guatemala Settlement. The plaintiffs Nombre189332, Nombre189329, and Nombre189330 did not demonstrate effective agrarian possession, as on their lots there is only mountain (montaña) and scrub (tacotal). The defendants Nombre189334, Nombre189333, and Nombre55165 were not relocated because they never demonstrated any type of possession. As indicated, Nombre189334 was the first caretaker. The sisters Nombre189334 are daughters of Nombre189334. They also did not possess the disputed property. Rather, Nombre189334 left the farms in abandonment, as stated, and went to live in Limón. Years later, he returned to work as a Rural Guard. In 1989, the Appraisal Department of Direct Tax, at the request of the Ministry of Natural Resources, valued the lands of Nombre189320, Nombre189326, Nombre189327, Nombre189331, and Nombre189332. Said appraisal was carried out for the purpose of compensating them for the improvements. The co-defendants Nombre189333 and Nombre55165 opposed said compensation by the State, alleging they had a better right and claiming to be the ones to be compensated. The ordinary agrarian lawsuit aims to declare the better right of the relocated possessors regarding Dirección21705 and to deny it to the former caretaker (mandador) and his daughters. The defendants responded negatively, raised defenses (excepciones), and counterclaimed, alleging a better right of possession. The Trial Court granted the ordinary lawsuit in all its terms and dismissed the counterclaim, granting the defense of lack of right. The Court partially reversed the first-instance judgment. It granted only the lawsuit, and therefore the better right of possession, of plaintiffs Nombre189320, Nombre189327, Nombre189324, Nombre189326, and Nombre189328. Regarding the remaining plaintiffs, it dismissed their claims and granted the defense of lack of right raised by the defendants. The appeals filed, as will be seen, do not combat the second-instance judgment with clarity and precision. Despite this, the Chamber considers it of the utmost importance to delve into the subject of the forest regime (régimen forestal), as that is the central argument of the appealed judgment.

II.- One version of the history of Costa Rica focuses on its spirit of protecting natural resources. Another version would be that of the drive for agriculture, livestock, and the development of its cities at the expense of depredating natural resources. These are two antagonistic theses. The true history revolves around these two visions: the struggle for and at the mercy of natural resources. Since Independence, there has existed a profound conservationist sense coexisting with entrepreneurial development. From the most incipient legislation of the last century, rules aimed at protecting the mountains (montañas), the coasts, and the borders of the country are found. The first two with a protectionist sense, of an ancestral ecologism, excluded from private domain, while the latter imply a sense of defense. The mountains (montañas) are made up of the forests of the Volcanic Mountain Ranges. They cross the country from North to South. They are the Guanacaste, the Central, and the Talamanca ranges. This is a mountainous massif indispensable for the survival of the rest of the territory. Private individuals were authorized to possess, register, and become owners of the areas not subject to environmental protection. Today, the country presents a quarter of its area dedicated to the protection and conservation of Nature. The rest is dedicated to private activity. In this complex history, the most dissimilar legal regimes are found, from inalienable property to private property. There exists agrarian property, forest property, ecological property. Private property is generally subject to limitations of public and social interest, sometimes linked to environmental protection.

III.- Since the enactment of the Civil Code of 1888, following the guidelines of the French Civil Code of 1804, the existence of two different types of properties was established: private and public. Public would be all that destined for public use (roads, schools, plazas, etc.) and that not subjected to private property. Articles 267 and 486 of the Code deem public all that property not registered in the Public Registry of Property in the name of a third party. This has its explanation in historical facts. During the Colony, there was no Public Registry of Property. The Crown granted property to conquerors and colonists through Royal Decrees (Cédulas Reales). Registration was carried out in Spain. But fundamentally, the number of settlers in Costa Rica was very limited, and only a very small part of some areas of the Central Plateau could be cultivated. Consequently, the vast majority of Costa Rican lands were public. For this reason, when the Fiscal Code was enacted in 1865, all public lands were distinguished as "national uncultivated lands (baldíos nacionales)" (Baldío means unoccupied, ownerless), where the forests, the mountains (montañas), and uncultivated zones were found. Private individuals could enter those lands by paying the State a "canon" or price as rent. In other words, it was given the character of a good intended to cover State expenses. During that same period, private individuals were allowed to possess, within the National Uncultivated Lands, the lands indispensable for their survival. The State gave lands to large companies as payment for services: thus, the construction of the Atlantic Railroad was paid for, and lands were granted to American companies for banana planting. The reporting (denuncio) of national uncultivated lands was also permitted. The registration in the Public Registry in the name of private individuals of large tracts of land was managed before the State, especially through the exchange of services or for being affected by State action. The typical case was the exchange of lands possessed by third parties, that is, squatters (precaristas), for national uncultivated lands: the entire Osa Peninsula was registered in this way. With all these laws enacted since the end of the 19th Century, a process of "privatization" of public lands began. In this way, national uncultivated lands were destined to pass into the hands of private individuals. To fulfill this objective, the instrument of prescription was followed. It comes from the French Civil Code, but originally it is from Roman Law. It tends to protect all those with more than 10 years of possession who had behaved as owners and in good faith. Once that period of possession elapsed, possessors would become owners. In 1941, the Informaciones Posesorias Law (Ley de Informaciones Posesorias) was enacted. Through it, the registration of rights in the Public Registry of Property was streamlined. Possessors without title had to draw up a cadastral map, demonstrate their possession of more than 10 years through witnesses in a judicial proceeding of voluntary jurisdiction, and the Judge orders the Public Registry to register the farm individually. To demonstrate "possessory acts (actos posesorios)", that is, the acts demonstrating that possession for more than 10 years, possessors proceeded to destroy the mountain (montaña) to plant. In this way, deforestation became a legitimizing act of possession, as a means of registering farms in the Registry. Thousands and thousands of hectares of mountain (montaña) were destroyed to plant pastures for livestock or agricultural products. These were of much lower value than the wood because the forest was exchanged for corn, rice, beans, yuca, and other perishables.

IV.- In the same legislation tasked with promoting the privatization of public property, some principles were established to maintain the bases of forest property. Indeed, the Fiscal Code of 1865 contains a chapter referring to Forests where all the principles applicable to them are established (articles 549 to 550). The provisions of the Fiscal Code were repealed by the General Law on Uncultivated Lands (Ley General sobre Terrenos Baldíos) No. 13 of January 6, 1939. This new law incorporates practically the same provisions. The lands comprised within the limits of the Republic, not acquired nor registered in the name of private individuals, are presumed to be uncultivated (baldíos) and therefore belong to the State (Article 1). The State shall retain the necessary domain over the lands indispensable for the use of hydraulic forces (Article 11). The law expressly protects, and therefore they are not susceptible to being alienated, the lands of the islands, nor those situated on the banks of rivers, streams, and, in general, all the sources of hydrographic basins or watersheds where springs (manantiales) arise, there are islands or headwaters, and any watercourse from which some population is supplied or it is advisable to reserve for the same purpose. On flat lands, the prohibition comprises a strip of 200 meters on both sides of rivers, springs (manantiales), or streams, but if there are hydrographic basins or watersheds, the extension reaches 300 meters (Article 7). The Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961, maintained the same orientation but expanded those declared inalienable by the previous law (Article 7). In general, those reserves have had a prohibition against possessing them and against being registered in the Public Registry of Property through the judicial proceeding of informaciones posesorias. Initially, forest administration was entrusted to the Land and Colonies Section of the Rural Credit, Lands, and Colonies Department of the Bank of Costa Rica. Later it passed to the Instituto de Tierras y Colonización (Land and Colonization Institute). When Forest Law No. 4465 of November 25, 1969, came into force, the administration of the forest patrimony of the State was granted to the Dirección General Forestal (General Forestry Directorate), created within the Ministry of Agriculture and Livestock (Articles 7 to 17).

V.- In accordance with the second paragraph of Article 45 of the Political Constitution, limitations on property were imposed to protect, safeguard, and defend forest property. This is a different type of property. It has its own characteristics and particularities. It is not equal to civil property, agrarian property, or intellectual or industrial property. It is a property for conservation, not to produce nor to be part of human commerce. For that reason, it required a special regime. This Chamber, in resolution No. 189 of 10 hours 20 minutes on October 30, 1991, explained the regime of forest property. In the following whereases, a large part of that judgment is transcribed.

VI.- The history of forestry regulations presents three moments, with their particularities and vicissitudes -the analysis of which escapes the limits of this study- but with a single philosophy of conserving natural resources, as the only way for Nature to be maintained, and within it for fauna and flora, and particularly Human Beings, to survive. The first stage is framed by Forest Law No. 4465 of November 25, 1969 (published in La Gaceta No. 224 of December 2), incipient and with a series of technical and legal limitations, the gaps of which the reforms introduced by Laws No. 6084 of August 24, 1977 (published in La Gaceta No. 116 of September 7), and No. 6442 of May 22, 1980 (La Gaceta No. 109 of June 10) attempted to fill. But those reforms were not sufficient to have an organic body capable of confronting the complex forest problem, so a new stage opened through better-conceived regulations with Law No. 7032 of April 7, 1986 (La Gaceta No. 85 of May 7), which was later declared unconstitutional -as indicated in more detail in the following Whereas- with the Constitutional Chamber proceeding to annul it, leaving No. 4465 in force, which would mean the closing of the second stage to go back to November 25, 1969. The last stage operates with the enactment of another Forest Law, No. 7171 of June 28, 1990 (published in La Gaceta No. 133 of July 16), whose purpose was to re-enact the text of the one declared unconstitutional -No. 7032- addressing the considerations of the Constitutional Chamber, so a series of changes are found in its final text.

VII.- The reasoning of the jurisprudence has taken into consideration -and this is pointed out only for greater abundance, to further justify what will later be resolved- the advances of the legal order regarding the protection of natural resources. In the Constitution itself, new rules oriented in this sense are found. As an example, with the reform introduced to Article 6 of the Constitution (by virtue of Law No. 5699 of June 5, 1975, and approved in the first legislature with No. 5579 of September 24, 1974), it states "... in order to protect, conserve, and exploit exclusively all the natural resources and wealth existing in the waters, the soil, and the subsoil of those zones...", being, consequently, the State obligated to protect and conserve those zones -which are not only territorial- whereby the protection and conservation of natural resources and the environment acquire special treatment. Meanwhile, when Article 50 establishes the State's obligation to ensure the well-being of all its inhabitants, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth, that wealth must also be understood as referring to natural resources and the environment as the basis of the essential and primary wealth to achieve any type of sustainable development. Numeral 69 is also interesting as it enshrines an obligation for soil conservation. In a broader scope, referring to Ecological Law, Article 89

-even though located within the Culture section- has orientations of protection, conservation, and development, both of the historical and artistic patrimony of the Nation. For its part, 121 subsection 14 and 140 subsection 19 set guidelines for the Legislative Assembly and the Executive Power in relation to goods and resources of the public domain linked to equally public, highest interests.

VIII.- The recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment marks a milestone in the ecological history of the country. It contains guidelines of the highest axiological content whose development is not exclusively national. On the contrary, it is a universal movement whose result has been to place the right to a healthy and ecologically balanced environment as a true human right. It is located within the so-called third-generation rights: a step forward from classic human rights, civil or political (first generation) and economic, social, and cultural (second generation). This has provided the basis to formulate a new legal classification: Ecological Law. Today it has a very defined object in natural resources, and its complex of sources characterized by organicity and completeness. Just to mention two fundamental documents promoted by the United Nations, in which Nombre21605 has participated, the "Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment", held in Stockholm in June 1972, and the "Declaration on the Right to Development", approved by the General Assembly in its resolution 41-128 of December 4, 1986, must be highlighted. The first, starting from the premise that "Man is both creature and moulder of his environment, which gives him physical sustenance and affords him the opportunity for intellectual, moral, social and spiritual growth" establishes as fundamental principles -among others- the following: "The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate. ... The capacity of the earth to produce vital renewable resources must be maintained and, wherever practicable, restored or improved. ... Man has a special responsibility to safeguard and wisely manage the heritage of wildlife and its habitat, which are now gravely imperilled by a combination of adverse factors. Nature conservation, including wildlife, must therefore receive importance in planning for economic development. ... The non-renewable resources of the earth must be employed in such a way as to guard against the danger of their future exhaustion and to ensure that benefits from such employment are shared by all mankind. ... Resources should be made available to preserve and improve the environment, taking into account the circumstances... ... In order to achieve a more rational management of resources and thus to improve the environment, States should adopt an integrated and coordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improve the human environment for the benefit of their population. ... All countries, big and small, must address international matters concerning the protection and enhancement of the environment with a spirit of cooperation and on an equal footing..."

For its part, the "Declaration on the Right to Development" proclaims: "The human right to development also implies the full realization of the right of peoples to self-determination, which includes, subject to the relevant provisions of both International Covenants on Human Rights, the exercise of their inalienable right to full sovereignty over all their wealth and natural resources...".

IX.- The forest heritage (patrimonio forestal) of the State includes all of the national territory (Articles 4, 32 to 42), which in turn can be subdivided into three areas: A) That comprised by the forest regime (régimen forestal) (Articles 1, 2, 7, 47 to 54, 66 to 81); B) Forest harvesting (aprovechamientos forestales) on privately owned lands (Articles 43 to 46, 60 to 65, 82 to 91); and C) the national reserves (reservas nacionales) (Article 32 et seq.). For its part, the forest regime

—constituted by the set of legal, economic, and technical provisions responsible for giving content to the conservation, protection, and rational harvesting of forests and forest lands (Article 7)— also has three subareas: A) protective zones (zonas protectoras), B) national parks (parques nacionales), forest reserves (reservas forestales) and biological reserves (reservas biológicas), and C) forests and forest lands (bosques y terrenos forestales).

X.- With the name national reserves, all those lands termed by the Fiscal Code of 1865, and later by the same Law No. 13 of January 19, 1939 (Colección de Leyes y Decretos, 1939, I semestre, p. 10), as national vacant lands (baldíos nacionales) are identified, effective from the Ley de Tierras y Colonización No. 2825 of October 14, 1961. These are properties not subject to private ownership, not registered in the Public Property Registry, under the terms of Articles 267 and 486 of the Civil Code (see the decision of the Full Court, in the unconstitutionality appeal of Nombre185995 against the Ley de Tierras y Colonización, regarding the norms on excess lands, agreed upon in an extraordinary session on November 25, 1971). These lands differ from privately owned lands registered in the name of the State or its Institutions, and are constituted as a remnant of the two previous categories. Originally, during the Colonial era, they were not destined for public service or use. Following the guidelines of the Civil Code, the General Law of National Vacant Lands No. 13 of January 10, 1939 declared them as belonging to the State, within the limits of the Republic, and which had not been acquired in ownership through legitimate title by private individuals (e.g., by adverse possession), nor were they registered in the Public Registry in the name of any person —private or public—, nor destined for public service. The Ley de Tierras y Colonización No. 2825 of October 14, 1961 maintained the same orientation, only expanding those declared as inalienable by the previous law (Article 7). In general, these reserves have had limits for possessing them, as well as limits —regarding surface area— for being registered through possessory information. Initially, their administration was entrusted to the Sección de Tierras y Colonias of the Departamento de Crédito Rural, Tierras y Colonias of the Banco de Costa Rica, later it passed to the Instituto de Tierras y Colonización, and upon the entry into force of the Ley Forestal No. 4465, the administration of the State's forest heritage was granted to the Dirección General Forestal created within the Ministry of Agriculture and Livestock. Today, the Dirección General Forestal forms part of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines (Articles 9 to 16). All lands considered as national reserves are immediately subject to the purposes of forest regulations (Article 32). Over them, the State may create —by Law or by Executive Decree— forest reserves, protective zones, national parks, wildlife refuges (refugios de vida silvestre), and biological reserves, thus forming the forest heritage (Article 35). To be colonized or alienated, legislative authorization is required (Article 40), and even when possessed by third parties, these do not acquire any right, the State's right to reclaim being imprescriptible (Article 33). National reserves have detailed regulation within the Chapter "On the harvesting of the forest resource on lands of the State and other public administration bodies." This harvesting in the national reserves may only be carried out by concession granted by the Dirección General Forestal (Articles 55 and 56). Bidding processes shall be processed according to technical forest management plans, subject to the bidding specifications prepared by the Directorate (Article 55, subsection a), with the concessionaires providing sufficient guarantee (Article 56). No person may obtain concessions from the forest heritage in quantities exceeding the raw material needs they demonstrate they require. Authorizations obtained directly or through intermediary persons, contrary to what is indicated, are null (Article 59).

XI.- In a position diametrically opposed to that of the national reserves is that of private property, denominated in the law as "On the harvesting of the forest resource on privately owned lands." These lands, due to interests of social order, form part of the State's forest heritage. This is so because private parties —operating under any system (agricultural or livestock enterprise, for parceling or colonization, whether involving nationals or foreigners)— if their work plans include forest exploitation or the elimination of the forest, in any form, must necessarily obtain express approval from the Dirección General Forestal, under the terms of the Ley Forestal and its regulations (Article 60). Therefore, the State's forest heritage is applicable to all national assets where natural forest resources exist. To exploit their own timber resources, private parties must prepare technical forest plans, and the directorate shall grant them long-term concessions (Article 61). The foregoing implies a voluntary submission to the forest regime. This is a legal presumption as it proves to be the only alternative for the private party, who is prevented from felling trees, harvesting, or exploiting forest products within their own property without prior authorization from the Dirección General Forestal (Articles 63 and 65). For these purposes, the State grants a series of incentives for the management and regulation of privately owned forests and forest lands, especially through Certificados de Abono Forestal (Articles 82 to 86) and other fiscal incentives (Article 87). As the Dirección General Forestal must have trained personnel, forest rangers, and maintains relations with the authorities, it shall provide owners with all necessary collaboration to keep them free from invasions and occupants (Article 67).

XII.- National parks are the regions established for the protection and conservation of natural beauties and flora and fauna of national importance, so that, being under official surveillance, the public may better enjoy them. They present one or several ecosystems not transformed and little modified by human exploitation and occupation. In them, the plant and animal species, the geomorphological sites, and the habitats are of special scientific and recreational interest or contain a natural landscape of great beauty. The law authorizes taking the necessary measures to prevent or eliminate exploitation or occupation in the entire area and to enforce respect for the ecological, geomorphological, and aesthetic characteristics that determined its establishment (Article 34, subsection c). Biological reserves, for their part, are formed by those forests and forest lands whose main use is the conservation, study, and investigation of wildlife and the ecosystems existing therein (Article 35, subsection d). National parks and biological reserves are administered by the National Parks Service (Article 35, subsection c). The Executive Branch is empowered, through the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, to include within their limits the private farms or parts of farms necessary to achieve their objectives. In this case, the lands shall be acquired by purchase or expropriation. Through the National Parks Service, the boundaries of the areas forming the State's forest heritage must be demarcated on the ground.

XIII.- Also forming part of the State's forest heritage are forest reserves, protective zones, and national wildlife refuges (refugios nacionales de vida silvestre). The first are formed by forests whose main function is the production of timber, and by those forest lands that by nature are especially suitable for this purpose (Article 35, subsection a). The second are formed by forests and lands of forest aptitude, where the main objective is soil protection, regulation of the hydrological regime, and conservation of the environment and hydrographic basins (Article 35, subsection b). Wildlife refuges are formed by forests and lands whose main use is the protection, conservation, increase, and management of wild flora and fauna species (Article 35, subsection ch). For the creation of forest reserves, protective zones, and wildlife refuges, the State must purchase or expropriate, unless, at the request of the Dirección General Forestal, their owners agree to submit to the respective forest regime. If they do so, the Public Property Registry shall be notified for the corresponding annotation, which shall be maintained under the forest regime for the duration of the management plan (Article 37).

XIV.- There are also forests and lands of forest aptitude (terrenos de aptitud forestal). Whether state-owned or reduced to private domain, they are subject to the purposes of the Law. They are of public utility and therefore susceptible to expropriation, except for those voluntarily submitted to the forest regime, in which afforestation, reforestation, and natural forest management projects are efficiently developed (Articles 1 and 4). "Forests" are "all plant associations composed predominantly of trees and other woody vegetation" (Article 6). Lands of forest aptitude shall be those declared as such by the Dirección General Forestal according to the official methodology for land classification (Article 5). Within this framework, the forest management plan establishes the technical standards to regulate the actions executed in a forest or on lands of forest aptitude, with the aim of conserving, developing, and improving the arboreal vegetation existing therein or intended to be established. It has its foundation in the principle of rational use of renewable natural resources (Article 8). The forests and lands of forest aptitude constituting both public and private forest areas are subject to the respective management plan. The aim is to allow their conservation and promotion, in accordance with economic and silvicultural principles (Articles 47 and 48).

XV.- Consequently, the forest regulations establish, for all cases and throughout the entire national territory —and not just for some—, a special regime applicable to all forest resources, from which forest property arises. National reserves are subject to the regime by law, since belonging to the State the legislative will does not require any other requirement, and expropriation only proceeds when, in the case of private assets, they are affected to form national parks, forest or biological reserves, forests or forest lands. On privately owned farms, to constitute forest property, their titleholder must voluntarily submit to the legal regime established by the Law, specifically to the limitations of social interest imposed on property. When it comes to the creation of protective zones, if this occurs within national reserves, they can even be classified as inalienable, since —as has been repeatedly stated— they belong to the State, and it constitutes an act of imperium to subject assets to that condition. However, in the case of farms under private regime, the law subjects them to a compulsory forest regime, limited to undertaking agricultural tasks or destruction of vegetation —except with express authorization for this—, with the same advantages granted to private parties voluntarily submitted to the regime.

XVI. The creation of the Cordillera Volcánica de Guanacaste Forest Reserve is part of our country's ecological history. It is a response by the Costa Rican legislator to the conservation of natural resources. It aimed, from long ago, to guarantee a healthy and ecologically balanced environment and to bequeath it to future generations. It was born under the validity of the 1969 Ley Forestal and was created by Decree No. 5836-A of March 16, 1976. With its creation, private possessors in said areas had to be compensated for their property and improvements, as they could not carry out agricultural activities to the detriment of forest resources. To compensate for this situation and not leave many possessors unprotected, Decree No. 8473-A of April 24, 1978 established the possibility of relocating them to farms belonging to the Instituto de Tierras y Colonización. Many of them were relocated, but others continued possessing within the Forest Reserve. That is, they possessed within an area declared inalienable. Some plaintiffs demonstrated the exercise of agrarian possession without being relocated. Among them are Nombre189320, Nombre189327, Nombre189324, Nombre189326, and Nombre189328. Their claims, consequently, are receivable. This results from a free assessment of the evidence, both testimonial and documentary. And it was correctly assessed by the Tribunal in accordance with numeral 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria. The remaining possessors were either relocated or did not demonstrate the exercise of effective and intentional possessory acts aimed at conserving the forest. Their lands were totally and practically covered by natural forests whose conservation is intrinsic to the ecosystem.

XVII.- The appeal before this Chamber in agrarian matters, like all others, has its origin in the civil cassation appeal. It constitutes a species of the genus. Although it has been identified as an appeal before the Cassation Chamber —according to the language of the Labor Code— and also as a rogated third instance —by the Organic Law of the Judicial Branch of 1993— it remains an extraordinary appeal. It is only susceptible to being filed against certain resolutions and judgments, under the terms, conditions, and formalities imposed by Law. It is an appeal granted to the parties in a certain type of agrarian litigation to access the Cassation, as the highest Court in the country being located above the other judicial bodies. It is granted to combat the reasons, grounds, or arguments supported by unfavorable second-instance judgments or resolutions for the appellant. These resolutions or judgments are not all of them; they are expressly indicated by Law. In agrarian matters, the limitations on appeals also have their concrete expression in cassation, as it is only granted for specific legal situations. The Cassation Chamber judges concretely the resolution or the judgment accused of having infringed the Law. It does not judge cases. When it finds the error attributed by the appellant, it annuls the judgment, and by rendering it void issues a new one where the pertinent modifications are set out in its operative part. The Chamber is empowered to hear only the points on which objections to the appealed judgment have been raised. It cannot exceed those limits when ruling: its field of action is circumscribed to the competence granted by the appeal on the issues concretely raised. In this sense, it is an appeal admitted in relation. It was qualified as a rogated third instance, first by doctrine and jurisprudence, and later by legislation, because it does not require legally determined motives or grounds to be filed. But this does not link it to the appeal against judgment. They are totally different. Generically, it is filed for violation of the law. It is subject to specific technical formalities imposed by the legal system, as a species of the cassation appeal. It has been conceived to achieve the correct interpretation of the Law, in an evolutionary sense in accordance with the demands of Society, and also, as an indirect consequence, as an instrument of the organized justice system for the resolution of conflicts of subjective interests when there has been a breach of the adequate interpretation of the Law. Regarding its purpose, it is an instrument for the protection of positive Law. It fulfills a double function: first, protecting the principles of equality and legal certainty through the correct application of the Law in judicial rulings and avoiding the substitution of the law by the judge's discretion; secondly, exercising a unifying function of jurisprudence through the judicial body located at the apex of the system, to avoid uncertainty due to the diverse application of the same norms. That is, it aims to fulfill the general interest of giving a coherent and logical sense to positive law. Indirectly, it is also an appeal in the interest of the parties, insofar as the appellant combats the arguments of a judgment that violates the legal system. If this occurs, the Cassation indicates the correct interpretation of the Law, renders the judgment void, and proceeds to substitute it for another. Three concrete specificities of the agrarian cassation appeal, as a species, from the generic cassation appeal can be identified. In the appeal, no special formalities are required. This does not mean informality, because the appeal must be organized in a technical manner: enumerating and structuring the reproaches to the judgment to demonstrate its lack of legality. The appellant must necessarily explain the clear and precise reasons upon which they base their action. Each and every one of the legal foundations of the appealed judgment must be systematically combated. They are only exempt from expressly indicating the norms of the legal system violated, or the type of infringement committed. This is the first specific characteristic regarding the civil cassation appeal. On the other hand, the specialty of the agrarian cassation appeal corresponds to the specialty of the substantive law. In the same way that a complementary relationship exists between agrarian law and its procedure, to that same extent the agrarian cassation appeal is influenced by the principles of agrarian procedural law. Fundamentally, this occurs regarding the free assessment of evidence. The Ley de Jurisdicción Agraria, both in its Article 54, for trial judges, and in Article 61, for cassation judges, authorizes the assessment of evidentiary elements without strict subjection to common law norms. In this case, the Judge must express the principles of equity or law on which they base their criterion. This is the system of free assessment and not assessment according to conscience, because the latter is typical of non-jurist judges. This means a break with the process typical of the dispositive principle. In agrarian cassation, the Judge has broad powers to weigh and assess the evidence. Error of fact and error of law in the assessment of evidence are typical of the civil cassation appeal. In agrarian matters, they can be equally alleged, without the need to cite either the violated evidentiary norms or the substantive norms violated, but with the limit of the free assessment of evidence by the judge. The evidentiary error must be submitted to the cassation judge who, always using the powers of free assessment, shall determine if there was a breach regarding the evidence. The third specificity of the agrarian cassation appeal is its limitation to hearing exclusively substantive aspects. In this, it radically differs from the typical one in civil matters, where it proceeds for both procedural and substantive reasons. In this sense, the Chamber is inhibited from analyzing formal or in procedendo issues. For this reason, the appeal may be rejected if the appellant only alleges the violation of procedural norms, because procedural steps cannot be corrected, restored, or carried out through agrarian cassation. Despite this, when the appellant formulates their appeal alleging substantive and procedural reasons, a ruling shall only be issued on the substance. It may even rule on the substance even if the appellant erroneously qualified them as procedural, but if the appeal is based on procedural matters, regardless of how it is identified, it must be rejected.

XVIII.- The appeals filed do not combat with clarity and precision the main foundations of the second-instance judgment. They practically limit themselves to combating the criteria for assessing evidence. The Tribunal, it is argued, erroneously concludes the plaintiffs' lack of possession when the evidence indicates the contrary. Furthermore, they allege, they deny having a plot in the Nueva Guatemala Settlement in exchange for those possessed in Aguas Calientes. They indicate a different cause for being owners of the latter, since on that occasion they qualified as beneficiaries of the Institute and paid for said plots. But neither do the appeals combat the entire legal basis regarding the legal nature of the inalienable zone where they were possessing —a core aspect to be able to revoke the appealed judgment.

XIX.- The appeal of Nombre189321 by virtue of the dissenting vote merits special mention. This, like all the others, cannot be granted. It also does not effectively combat the arguments of the appealed judgment. The conclusions invoked there cannot be reached due to a lack of legal arguments. The failure to deliver a plot is not a sufficient reason to claim a better right of possession. The most important factor would have been the conservation of the forest resource. The main foundation of the judgment was not the delivery of plots to the plaintiffs, nor determining the lack of the right of possession for having received one. On the contrary, effective agrarian possession was required, and even the demonstration of possessory acts aimed at forest conservation. This aspect was not demonstrated by the appellant Nombre189321. On the contrary, lands of forest aptitude were converted into pastureland. This is an attack against the Cordillera Volcánica de Guanacaste Forest Reserve. The rest of the farm consisted of thickets and mountain, but no acts aimed at the effective conservation of the forest were demonstrated (judicial inspection on page 155).

XX.- On the other hand, the witness Nombre189354 did not refer to all the relocated possessors. In this regard, they indicated: "Some of them are beneficiaries through the IDA, such as Nombre189322, Nombre189323, Nombre189325, Nombre189331, Nombre189330..." The witness also referred to the limitations existing within the Forest Reserve. Everyone knew about the impossibility of exploiting the forest: "When the Forestal entered the place, a negotiation was taking place regarding that farm with the Forestal, and because the property was within the Reserve they requested a plot from the IDA to live on, since with the measures indicated by the Forestal one could not cut down to plant...". Evidently, those who carried out the procedures to be relocated and were beneficiaries of the Institute did so because they possessed. The rest did not. Therefore, the appellant's allegations lack support. The witness Nombre189370 does not give an account of possessory acts carried out by Nombre189321, they only say "Yes, I know Nombre189321 as the owner of a plot..." and this is not sufficient reason to consider forest possession as accredited. The witness Nombre183828 refers to the forest aptitude of the farm: "The majority of that farm was mountain and they have worked it.... About ten years ago the Forestal did not allow working the farms anymore and that is why some of them requested plots from the IDA in Nueva Guatemala but they have always been working up there." That is, despite the existing limitation for conservation purposes, the possessors continued exploiting the forest without being relocated. Even after that, seeking to benefit in a double sense, as they now claim compensation. Evidently, the work carried out did not tend toward the exercise of forest possession in accordance with the nature of the asset. On the contrary, they deforested to plant. They ignored the limitations and continued destroying the forest. Their possessory acts are, consequently, contrary to the ecological function of conserving natural resources to maintain the balance of ecosystems in the Cordillera Volcánica de Guanacaste Forest Reserve.

XXI.- In light of the foregoing recitals, demonstrating the plaintiffs' better right of possession leads nowhere. Much less against the defendants, who were also not possessors. They knew of the declaration of the Forest Reserve. The lands formed part of the State's Forest Heritage and were therefore, in light of the legal provisions in force at that time, inalienable and imprescriptible. Thus, the possession exercised within the reserve area cannot legitimize a right of possession, much less adverse possession (usucapión). If they had the opportunity to be relocated, as several witnesses indicate, and they did not do so, even less could they claim any compensation. Likewise, even if they had requested their relocation, possibly not all met the requirements for it. Only those who demonstrated improvements were granted the benefit. But a basic element of legitimation must be emphasized. If they did not qualify as adjudicatees, the claim should have been directed against the State and the Institute of Agrarian Development. Never against those against whom they directed their lawsuit. In this case, there is also a lack of active legitimation (legitimación activa).

XXII.- Based on all of the foregoing, and since it is in accordance with the law, it is proper to confirm the appealed judgment.

                                THEREFORE:

The appealed judgment is confirmed.

                                                Edgar Cervantes Villalta

Ricardo Zamora C. Hugo Picado Odio

Nombre182871. Ricardo Zeledón Z.

                      Dissenting Vote of Judge Zamora C.

The undersigned Judge dissents from the vote and dismisses the appeals filed by Nombre189332, Nombre189329, Nombre189330, Nombre189331, Nombre189322, Nombre189323, and Nombre189325, with costs to be borne by them. In what is the object of the appeal, it is granted with respect to Nombre189321, in the following terms: The defenses of statute of limitations (prescripción), expiry of rights (caducidad), and the generic one of sine actione agit, encompassing the lack of right and lack of active and passive standing to sue (legitimación ad causam activa y pasiva) raised by the defendants Nombre55165, Nombre189333, and Nombre189334, are dismissed. That said defendants hold no right whatsoever in the plot possessed by the plaintiff, located in Agua Caliente de Cañas, Guanacaste, and, consequently, are not authorized to offer those lands for sale to any institution or third party, as the plaintiff holds the better right of possession. The defendants are ordered to pay the plaintiff's personal and procedural costs. The basis for this vote is expressed in the considerations and reasons to be stated below:

I.- The plaintiffs file cassation appeals against the judgment of the Superior Agrarian Tribunal, claiming defects in the assessment of testimonial evidence, since, in their opinion, the Tribunal poorly assessed the testimony of the witnesses and incurred in a misapplication of substantive law by interpreting it erroneously to their detriment, and, finally, disregarded the possession exercised by them.

II.- Regarding the objections raised concerning the testimonial evidence, the appellants are not correct, because, as the Chamber has repeatedly held, the Tribunal does not incur any error when it grants greater value to some evidentiary elements over others, if all are of the same nature, since such action is the result of the free exercise of a discretionary power that the law grants to assess them, in accordance with sound criticism (sana crítica) (Article 330 of the Civil Procedure Code).

In any event, in agrarian matters the evidence is assessed in conscience and without strict adherence to the rules of ordinary law, as provided in the second paragraph of Article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria), such that, if in the present case fourteen witnesses testified, and the Court gave greater weight to some than to others, that assessment stems from the authority granted to them by said rules; and in the appealed judgment the judges expressed the principles on which they based their criterion for accepting the testimony of the declarants who in their opinion deserved greater credibility, which, then, were appreciated and assessed in accordance with the law governing the matter.

III.— In addition to the foregoing, it must be said, with respect to the testimony of Messrs. Nombre189354 and Nombre183828, mentioned in the appeals, that the Chamber finds no well-founded reason to consider their statements improperly assessed, since, as regards the plaintiffs Nombre189331, Nombre189322, Nombre189323, and Nombre189325, what the appealed judgment did in this regard was to determine, in accordance with that testimony, that said plaintiffs already have a parcel in the Nueva Guatemala settlement, and that, therefore, it must be understood that they had already been compensated, it being inferred that this occurs on account of the improvements that might benefit them within the land subject to litigation, which, moreover, is land registered in favor of the State. Accordingly, the reasons set forth in the preceding recital must be reiterated, regarding the broad discretion of the Judge in assessing evidence. Notwithstanding the foregoing, the Chamber does consider that, in relation to the plaintiff Nombre189321, the cited evidence tends to favor him, since a detailed examination of that testimony does not establish that Mr. Nombre189321 is an allottee in that Nueva Guatemala parceling, which is supported by the certification emanating from the Cañas Regional Office of the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario), indicating as much, so that in his case the appeal must be upheld, and as to him, the claim declared with merit, but not with respect to the other plaintiffs cited here.

IV.— Nor are the allegations of the appellants receivable, referring to a misapplication of substantive law and the Court’s disregard of the possession exercised on their part, for the Chamber does not find what erroneous interpretation they allege, firstly, because they do not specify such grievance, and secondly, because they alter the factual framework contained in the judgment subject to appeal, since, when dealing with the agrarian jurisdiction, it cannot be overlooked that agrarian principles, not civil ones, govern, so that, then, a challenge from a strictly civil standpoint is not valid, when it is true that we are in the presence of agrarian activities; and hence that if the judgment at issue held it proven that the plaintiffs Nombre189332, Nombre189329, and Nombre189330 have not developed any agrarian activity on such lands, the core of the discussion is not the institution of possession in general, but that of agrarian possession. Consequently, it has indeed been proven, by expert and testimonial evidence, that the lands of Nombre189332 and Nombre189329 are solely mountain, and that of Nombre189400 is partly old fallow land (tacotal) and the remainder mountain, faithfully establishing the fact that they have not engaged in any productive agrarian activity, and, therefore, it cannot be understood that they have exercised agrarian possession, since they have not participated in land transformation activities that would permit any compensation by the State, which, moreover, is the owner of those lands, as they are part of the Cordillera Volcánica de Guanacaste Forest Reserve (Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica de Guanacaste). In such a way, the grievances raised by said appellants do not occur, and for that reason, their appeal must be dismissed.

Ricardo Zamora C.

ns.—

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