Res. 00030-2001 Tribunal Contencioso Administrativo Sección I — Suspension of power-line easement in wildlife refugeSuspensión de servidumbre eléctrica en refugio de vida silvestre

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección I

Resolución Nº 00030 - 2001

Fecha de la Resolución: 02 de Febrero del 2001 a las 10:45

Expediente: 99-000935-0163-CA

Redactado por: Hubert Fernández Argüello

Clase de asunto: Proceso contencioso administrativo

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Contencioso Administrativo

Tema: Suspensión de la ejecución del acto administrativo

Subtemas:

Posibles daños de difícil o imposible reparación.
Servidumbre para el paso de líneas de transmisión sobre refugio de vida silvestre.
Inexistencia de estudios de impacto ambiental debidamente terminados.

Tema: Biodiversidad

Subtemas:

Criterios de protección.
Concepto y alcances del desarrollo sostenible.

Tema: Acto administrativo

Subtemas:

Suspensión de la ejecución por posibles daños de difícil o imposible reparación.
Servidumbre para líneas de transmisión sobre refugio de vida silvestre.
Inexistencia de estudios de impacto ambiental debidamente terminados.

"III).- El artículo 91 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción estipula que: "La interposición de la demanda no impedirá a la Administración ejecutar el acto o la disposición impugnada, salvo que el Tribunal acordare, a instancia del demandante, la suspensión.   2. Procederá ésta cuando la ejecución hubiere de ocasionar daños o perjuicios de reparación imposible o difícil", en mérito de lo cual, debe analizarse si la ejecución del acuerdo del Consejo Directivo del ICE impugnado, podría ocasionar al ambiente, los daños y perjuicios de la magnitud que exige la Ley.- Lo primero que debe indicarse, es que la propiedad afectada es en su totalidad, un Refugio de Vida Silvestre, así declarado mediante decreto ejecutivo número 27257-MINAE, del 20 de mayo de 1998.- En la parte considerativa de ese decreto, y en relación con la importancia ambiental del inmueble, se lee lo siguiente: "3º Que el inmueble... debido a sus condiciones biofísicas constituye un refugio natural para gran cantidad de especies de flora y fauna silvestre con poblaciones reducidas en la Meseta Central. 4º Que dicha área constituye un núcleo muy importante para la conservación de la vida silvestre en esa zona, entre la cual se encuentran varios elementos florísticos especiales como el pochote (Bombacopsis quinatum), espavel (Anacardium exelsum), ceiba (Ceiba pentandra), cocobolo (Dalbergia retusa), guanacaste (Enterolobium exelsum), ojoche (Brosinum costarricanum), cedro (Cedrela mexicana). Entre la fauna destacan especies con poblaciones reducidas o en peligro de extinción en el país, tales como: león breñero (Herpailurus yaguaroundi), caucel (Leopardus weidii), mono carablanca (Cebus capucinus) y mono congo (Alouatta palliata); así como guatuza (Dasyprocta punctata), Nombre53636 (Agouti paca), Nombre53637 (Nasua Narica), Nombre34822 (Procyon lotor), zorro de agua (Chironectes minimus), zorro pelón (Didelphis marsupialis), Nombre53638 (Bradypus variegatus), oso hormiguero (Tamandua mexicana), ardilla (Sciurus variegatoides), tolomuco (Eira barbara), puerco espín (Coendu Mexicanum) y armadillo (Dasypus novemsinctus). En el grupo de las aves destacan el tucán pico arco iris (Ramphastus sulfuratus), toledo (Chiroxiphia linearis) y cuco ardilla (Playa cayana). Entre las serpientes destacan la boa (Boa constrictor), terciopelo (Botorps asper), zopilota (Spilotes pullatus), lora (Leptophis depressirostris), sabanera (Drymarchon corals). Otros reptiles incluyen el cherepo (Basiliscus basiiscus), la chisbala (Ameiba spp) y el garrobo (Ctenosaura simitis). 5º Que el manejo racional integrado de los recursos naturales renovables contribuye a satisfacer las necesidades regionales para la investigación, recreación, educación ambiental así como el aprovechamiento de los recursos naturales explotados racionalmente." Es claro que el inmueble de los actores está hoy por hoy, afecto a una finalidad que de un alto interés público, que tiene por demás profunda raigambre constitucional, cual es la conservación del ambiente y, en particular, la de la vida silvestre.- En efecto, el artículo 50 de la Carta Fundamental establece el derecho de toda persona, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y la obligación correlativa del Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho; disposición ésta que encuentra amplio desarrollo en una innumerable cantidad de instrumentos internacionales, entre los que pueden citarse, a manera de ejemplo, la Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América (Ley 3641), la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural (Ley 5980), el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la Capa de Ozono (Ley 7223), la Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (Ley 7224), el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (Ley 7228), el Convenio de Creación del Instituto Interamericano de Investigación y Cambio Global (Ley 7402), el Convenio Marco de las Naciones Unidas   sobre cambios climáticos (Ley 7402), la Convención sobre la Diversidad Biológica (Ley 7414), el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres prioritarias en América Central (Ley 7433) y el Convenio de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (Ley 7498).- También encontramos una buena cantidad de Declaraciones y textos similares, entre ellos, la Declaración de Estocolmo, aprobada en junio de 1972 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano; la Carta Mundial de la Naturaleza, resolución número 37-7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de octubre de 1982; la Declaración sobre el derecho al desarrollo, que es resolución número 41-128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 4 de diciembre de 1986; la Declaración de Río -citada por los incidentistas- aprobada en la Reunión de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en junio de 1992, y finalmente, la Declaración de Viena, aprobada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en junio de 1993.- Los  cuerpos normativos citados, valga decir, la norma constitucional y los instrumentos internacionales, se complementan para integrar el parámetro constitucional en materia ambiental, y de allí surgen los principios esenciales y vinculantes, tanto para los particulares como para todos los órganos públicos, en esta temática y que han inspirado la legislación secundaria vigente, entre ellas, la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad, por citar sólo las más recientes; incluso en ésta última ley se establecen como criterios de interpretación, en materia de protección de la biodiversidad, los siguientes (artículo 11): el criterio preventivo, que reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas; el criterio precautorio o indubio pro natura, conforme al cual, cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección; el criterio de interés público ambiental, que señala que el uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos; y finalmente, el de integración, según el cual, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad deberán incorporarse a los planes, los programas, las actividades y estrategias sectoriales e intersectoriales, para los efectos de que se integren al proceso de desarrollo. IV).- Ahora, si bien es cierto todos los textos enunciados regulan temas concretos, no hay uno sólo de ellos en los que no se reconozca el hecho incontrovertible de que proteger la naturaleza, que es patrimonio mundial, es salvaguardar no sólo la vida de las personas y su salud, sino también la de la humanidad sobre la tierra.- Y es por esa razón que en la actualidad, se habla de "desarrollo sostenible", que en su concepción más básica incorpora a los aspectos económicos y sociales, tradicionalmente integrantes de todo plan de desarrollo, la variable ambiental, en la idea de proteger nuestro presente, así como de salvaguardar el patrimonio de las generaciones venideras.- Nuestra jurisprudencia constitucional ha sido abundante en este aspecto, y ha hecho una férrea defensa del ambiente, en relación con los diversos planes y políticas de desarrollo que se han pretendido implementar en nuestro medio. Así, en la sentencia número 2641-96, señaló: "El ambiente... debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el futuro y el presente y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras... El objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción de esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el Derecho Común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y útil del derecho mismo". En esa misma línea, y más concretamente sobre el derecho sostenible, ha expresado ese Tribunal: "...es obligación del Estado proveer a su protección [la del ambiente], ya sea a través de políticas generales  para procurar ese fin o bien, a través de actos concretos por parte de la Administración. El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta para ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad de producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento demográfico o entre éste y los sistemas naturales. Es el desarrollo sostenible, el proceso de transformación en la utilización de los recursos, orientación de las inversiones, canalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y todo aquello que coadyuve para atender las necesidades humanas del presente y del futuro." (Sentencia número 1763-94). Esta nueva concepción, acerca de cómo debe buscarse el desarrollo de nuestra sociedad, obliga a que todos -particulares o funcionarios públicos- nos esmeremos en la búsqueda de soluciones para conciliar todos los intereses en juego, tratando de evitar, en la medida de lo posible, el menor daño al ambiente; de manera que no se trata de impedir el desarrollo tecnológico de los países, ni la satisfacción de las necesidades básicas de la población, sino de buscar que el cumplimiento de tales fines se haga en armonía con el medio, valga decir, en el equilibrio de todos los factores que inciden en la toma de las decisiones. De dicha obligación no escapa esta jurisdicción especializada, y menos aún, cuando se trata de resolver acerca de la procedencia o no, de medidas cautelares en defensa del ambiente.- V).- La constitución de la servidumbre, y por ende, el paso de la línea de transmisión por la propiedad de los incidentistas, implica según el artículo 2º del acuerdo impugnado, que por razones de seguridad, así como por previsiones para expansión y requerimientos de operación y mantenimiento, en los derechos de paso o servidumbres, se prohiben actividades como: todo tipo de edificaciones, siembra de cultivos que deban quemarse en forma periódica, como la caña de azúcar, y cultivos como el arroz. Tampoco podrán sembrarse árboles o cultivos que en su desarrollo final, se aproximen a cinco metros de los conductores más bajos, estando en condiciones de carga máxima o de contingencia. De igual forma se prohiben los movimientos de tierra que eleven o alteren el perfil del terreno y el almacenamiento de materiales inflamables o explosivos. En caso de realizar excavaciones en las cercanías de las estructuras de la obra se deberá consultar al ICE con anterioridad. Igualmente, se deberá permitir el acceso a funcionarios encargados de la obra, para su construcción o mantenimiento.- Por eso, aunque en esta sede no se ha logrado constatar si las líneas de transmisión atraviesan o no la parte boscosa del Refugio -por no existir elementos de juicio suficientes al respecto en los autos, debe tomarse en cuenta que "el área de la servidumbre está cubierta de bosque secundario y tacotal" y que de ello está plenamente consciente el ICE.- Siendo ello así, es fácil arribar a la conclusión de que el paso de la línea de transmisión, de no tomarse las medidas de protección necesarias, sí es susceptible de producir un impacto directo importante sobre las especies que allí coexisten.- Dentro del "bosque secundario" que allí se localiza, se encuentran elementos florísticos especiales como el pochote, espavel, cocobolo, guanacaste, ceiba, ojoche y cedro, entre muchos otros, cuyo desarrollo final, en todos los casos, sobrepasa la altura máxima establecida en el acuerdo de constitución de la servidumbre; y de allí que pueda afirmarse que, incluso para el normal funcionamiento de las líneas de transmisión, el ICE tendrá que tomar las medidas necesarias para proteger el proyecto, con lo cual  no podrían existir árboles que en su desarrollo final se aproximen a cinco metros de los conductores más bajos, con el riesgo inminente de su tala.- Además, la servidumbre partiría el Refugio en dos, y se amenazaría el hábitat de las especies de fauna, las cuales también podrían ocasionar daños a la estructura del ICE. Piénsese por ejemplo, en el peligro que significa para las aves en riesgo de extinción, la existencia de una línea de transmisión de electricidad, de alto voltaje, en su entorno natural, o en la posibilidad no lejana de que, de instalarse una torre en el área que atraviesa el Refugio (y tampoco existe prueba alguna en el expediente que indique que dentro del Refugio no será necesario construirlas), algunas especies de monos o ardillas de las que allí habitan, por citar sólo esas, puedan morir como consecuencia directa del contacto con los cables u ocasionar daños a los mismos. De los autos no se desprende, por otra parte, que el ICE haya concluido con los estudios de impacto ambiental que exige nuestra legislación, antes bien, de la documentación que obra en los autos, la única referencia que existe acerca del estudio de impacto ambiental, se encuentra a folio 14 del expediente administrativo, en donde se indica que "el estudio de impacto ambiental de la línea Parrita Lindora se encuentra actualmente avanzado, faltando únicamente el estudio arqueológico", pero nada más; los resultados de dicho estudio aún se desconocen, y por ende no se sabe a ciencia cierta si éste analiza o no, las consecuencias de pasar la línea por el Refugio.- En este sentido, resulta importante transcribir en lo conducente, lo dicho por la Sala Constitucional, que a pesar de que desestimó un recurso de amparo, que por similares razones a las que aquí se exponen, promovieron los incidentistas, señaló en relación con la protección que ameritaba la existencia de un Refugio de Vida Silvestre.- Se trata de la sentencia número 2504-01, de las 18:03 horas del siete de abril de mil novecientos noventa y nueve, en cuyo último Considerando se lee lo siguiente: "... en lo que toca a la protección al medio ambiente que consagra el artículo 50 de la Constitución Política, importa resaltar que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del Ministerio del Ambiente y Energía (SETENA) autorizó la obra con una simple declaración jurada de compromisos ambientales. Sin embargo, para ello -según se expresó en el informe rendido por el representante de la Secretaría- no se tuvo en cuenta la declaratoria de refugio privado de vida silvestre de la propiedad de los actores, que operó al amparo del Decreto Ejecutivo número 27257-MINAE, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" número 60 del viernes 11 de setiembre de 1998. Lo anterior porque aún no se había firmado y publicado el Decreto en cuestión. Este planteamiento elude la cuestión de fondo, que es si la obra puede continuar aprobada en esos términos pese a la declaratoria de refugio de vida silvestre del terreno y, aun cuando ello fuera posible, si la declaración jurada en sus términos actuales implica la protección ambiental que el refugio requiere. Ninguna de esas circunstancias se comprendió al completar el Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar que corre a folios 40 y 41 de este expediente (la pregunta número 27 del formulario expresamente apunta a si el terreno se localiza dentro de un área protegida y se contestó que no), al dictar la resolución número 503-97-SETENA (folio 44), ni al rendir la declaración jurada de compromisos ambientales (folio 45), que dio lugar a la resolución número S.G.497-97 de la Secretaría, exonerando de la presentación de un estudio de impacto ambiental. Este trámite se cumplió un año antes de que apareciera publicado el Decreto que importa (el formulario tiene fecha 21 de julio de 1997, la primera resolución de la Secretaría es del 28 de julio de 1997, y la segunda del 2 de setiembre de 1997), de manera que no existía obligación del Instituto o la Secretaría de tratar el asunto desde esa óptica. De igual forma, los informes rendidos por el Instituto Costarricense de Electricidad y la SETENA son de algunos días anteriores a la publicación (4 y 2 de setiembre de 1998, respectivamente). Sin embargo, es claro que el Decreto Ejecutivo número 27257-MINAE obliga a replantear, antes de iniciar las obras, el problema de su impacto sobre el medio ambiente, de modo que a las recomendaciones formuladas en el anterior acápite valga añadir aquí que el punto debe ser obligatoriamente sometido por el Instituto Costarricense de Electricidad a consideración de la SETENA, con la debida antelación al inicio de las obras." Véase pues, que la propia Sala Constitucional sentó la obligación del ente demandado, de tomar medidas especiales en protección del Refugio, pero no hay en autos elementos suficientes para considerar que se haya dado cumplimiento al deber impuesto.- VI).- Ahora bien, el demandado alega que no se ha acreditado que la ejecución del acto administrativo produzca daños de difícil o imposible reparación, y que lo que su ejecución posibilita es únicamente iniciar el trámite de la expropiación, y no instalar la línea de transmisión, pues ello sólo sería factible una vez concluidas las diligencias de expropiación y depositado el justiprecio que se establezca en la sentencia, amén de que los daños se refieren a hechos futuros condicionados a la instalación de la línea de transmisión, y de que no existen pruebas científicas que demuestren la relación causal entre la instalación de éstas y un daño al ambiente. La juzgadora de instancia acogió esos criterios, y rechazó la incidencia por estimar que resulta prematura y por la inexistencia de prueba científica acerca de los daños que ocasionaría al ambiente, argumentos de los que discrepa este Tribunal.- En primer término, resulta evidente que, una vez declarada de utilidad pública la constitución de la servidumbre, y fijado en sede administrativa el monto de la indemnización, las diligencias judiciales de expropiación únicamente tienen por objeto, la determinación del justiprecio, sin que pueda discutirse en esa vía un eventual daño al ambiente. Más aún, con la fijación definitiva del monto, y su depósito por parte del ente expropiante, procede en buen derecho, poner al ICE en posesión de lo expropiado, de manera que no es de recibo la tesis de que la gestión resulta prematura. Afirmar que los daños al ambiente se causarían eventualmente con la instalación de la línea, implicaría desnaturalizar el objeto de la tutela cautelar, al permitirse primero la construcción del proyecto y luego determinar si éste en su funcionamiento, perjudica o no los intereses ambientales de la Nación. Como ya se dijo, en esta delicada materia, es de aplicación el denominado "principio precautorio", conforme al cual, cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con éstos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección, y de allí que no es posible sostener, sin lesionar a su vez dicho principio, que como no existen estudios de impacto ambiental que permitan definir los inconvenientes del trazado de la servidumbre por la propiedad de los actores, no se dan los presupuestos legales para la adopción de la medida -como se señala en la resolución recurrida- cuando es más bien la inexistencia de tales estudios, lo que obliga a imponerla.- VII).- Y sobre este tema en particular, debe indicarse que a nuestro juicio, la resolución número 2806-98, de las 14:30 horas del 28 de abril de 1998 de la Sala Constitucional, que también se cita en los escritos de la demandada, poco tiene que ver con la situación del caso concreto.- En dicha sentencia, dictada con ocasión de un recurso de amparo interpuesto por vecinos del Cantón de Belén contra el ICE, por la ampliación de la línea de transmisión de alto voltaje existente en ese Cantón, denominada Línea de Transmisión Alajuela-La Caja, lo que se determinó, a partir de una serie de estudios de impacto ambiental y de buena cantidad de criterios científicos y técnicos llevados a dicho proceso de garantía -los que por cierto, se echan de menos aquí- fue que no había base científica suficiente para determinar que  los campos electromagnéticos como el que genera la línea de transmisión mencionada, tuvieran efectos negativos en la salud de los seres humanos, y más concretamente con la aparición ciertos tipos de cáncer (ver copia íntegra de la sentencia, de folios 47 a 66 del incidente).- Dicha discusión se abrió en sede constitucional, en virtud de que las líneas atravesaban varios residenciales de la zona, y por el supuesto riesgo en la aparición de cáncer en las personas que habitan cerca de ellas, que no es lo que se discute en este caso. Aquí la cuestión tiene matices distintos, pues lo que está de por medio no es la influencia de los campos electromagnéticos sobre el ambiente o la salud de las personas -ni tampoco la de dichos campos sobre plantas o animales- sino más bien, la influencia directa de la instalación de la línea de transmisión, en un área que fue declarada por el propio Estado -lato censu- como Refugio de Vida Silvestre, para la protección de especies de flora y fauna en peligro de extinción.- Y para supuestos distintos, soluciones también diversas.- A diferencia del caso resuelto en la sentencia constitucional, en el presente no hay estudios de impacto ambiental debidamente concluidos, ni otros estudios científicos que demuestren que no va a existir tal daño, y por el contrario, habida cuenta de la naturaleza de las obras a desarrollar, hay un principio elemental de lógica (artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública), que nos indica que sí puede haber impacto directo en el Refugio por el desarrollo de la obra, sin que conste tampoco que la institución haya tomado en cuenta todos los elementos técnicos, ambientales y socio-económicos necesarios, como tan claramente se afirma.- En resumen, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 91.2 de la Ley de esta Jurisdicción, y por las especiales características del caso, es evidente que permitir la ejecución del acuerdo impugnado, habría de ocasionar daños de difícil o imposible reparación al ambiente, ante el inminente riesgo de que una vez instalada la línea de transmisión, perezcan o se vean afectadas, especies de flora y fauna en peligro de extinción. En ese tanto, se estima que acoger la medida cautelar solicitada constituye sencillamente, la aplicación concreta del consabido principio "precautorio o pro natura" que, implica admitir que en caso de duda, acerca de si una obra pública ocasiona o no un daño ambiental, debe resolverse en favor de la protección del ambiente, al menos hasta tanto no se garantice fehacientemente, que las especies protegidas no encontrarán peligro alguno, con lo que a su vez se honrarían los compromisos adquiridos por toda la colectividad, al insertarse el texto actual del artículo 50 constitucional, así como los que derivan de los instrumentos internacionales suscritos, aprobados y ratificados por Costa Rica, en esta materia.- VIII).- Tampoco comparte el Tribunal, los razonamientos que contiene la resolución recurrida, sobre la inexistencia de una apariencia de buen derecho en el caso concreto (fumus boni iuris), ni los referidos a que la suspensión debe denegarse por cuanto la constitución de la servidumbre se funda en el interés público.- Para refutar lo primero, basta con advertir que fueron los propios dueños del inmueble, los que voluntariamente decidieron acogerse al régimen de protección de un Refugio de Vida Silvestre, y que con ello, vieron sustancialmente limitadas sus posibilidades de disposición y disfrute de la propiedad, en beneficio de la colectividad entera; además, con vista de los autos, no puede negarse la seriedad de los alegatos esgrimidos durante el proceso -sin que esta afirmación implique por supuesto, adelanto alguno de criterio acerca de la nulidad reclamada en el proceso principal- ni el hecho de que los incidentistas no acuden a esta sede en defensa de intereses patrimoniales o económicos, valga decir meramente privados, sino más bien en protección del ambiente y de las especies amenazadas. Y justamente por lo dicho, ha de afirmarse que no se está ante un conflicto entre un interés público y uno privado, sino ante la necesidad de satisfacer dos intereses públicos con fundamento constitucional, e igualmente importantes para la sociedad. El Tribunal no se desconoce ni el fundamento constitucional de la expropiación, ni las potestades legales del Instituto Costarricense de Electricidad, para imponer la constitución de servidumbres para el paso de líneas de transmisión, y menos aún, la importancia nacional y el interés público que involucra la conclusión de una obra de infraestructura como el proyecto Parrita-Lindora, pero opta por acoger la medida cautelar, no sólo porque sí se dan los presupuestos de ley, sino por considerar que la ejecución inmediata del acuerdo cuestionado, ocasionaría al ambiente daños mayores que los que la suspensión causaría al ICE, pues como las obras aún no se han iniciado, bien puede la Institución continuar con los trámites de constitución de servidumbres en otros inmuebles afectados, concluir los estudios de impacto ambiental e incluso, analizar si fuera del caso, otras posibles opciones de trazado de la línea de transmisión en el área en conflicto, si los estudios técnicos y científicos así lo recomiendan, especialmente en el caso concreto, en donde el área de la servidumbre es relativamente pequeña, pues tiene una longitud promedio que no excede los 73 metros.- La suspensión de los efectos del acuerdo, claro está, tiene carácter provisional, y nada impide que, si se diera un cambio en las condiciones que hoy obligan a conceder la cautelar, pueda esta jurisdicción replantearse la conveniencia y necesidad de mantener la medida.-"

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Nº 30-2001

SECCION PRIMERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del dos de febrero dos mil uno.-

Incidente de suspensión de los efectos del acto administrativo, promovido por los actores dentro del proceso ordinario seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por Andrew Stuart Gingold Segan, cédula de residencia 175-76742-7718 y Avice Maetha Friedman Cohen, cédula 8-057-459, ambos mayores, casados, empresarios turísticos y vecinos de Ciudad Colón, contra el Instituto Costarricense de Electricidad. Como apoderado especial judicial de los actores figura el Dr. Rafael González Ballar, y por parte del demandado, la licenciada Julieta Bejarano Hernández, apoderada general judicial.-

RESULTANDO:

1.- Que el apoderado especial judicial de los actores promueve este incidente, para que se suspenda el Acuerdo del Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad, de la sesión número 5057 del 23 de marzo de 1999 y publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", número 110 del 8 de junio de 1999, mediante el cual se constituyó un derecho de servidumbre, sobre una franja de terreno ubicada en un inmueble propiedad de sus poderdantes, para el paso de la línea de transmisión Tarbaca-Lindora.-

2.- Que la Licenciada Julieta Bejarano Hernández, apoderada del Instituto demandado, se opuso a la suspensión.-

3.-  Que la Licenciada Yazmín Aragón Cambronero, Juez del citado Despacho, por resolución número 09-00, de las diez horas del siete de enero del año anterior, resolvió: “Se declara sin lugar el presente incidente de suspensión de acto administrativo. Se resuelve sin especial condenatoria en costas".-

4.- Que inconforme con el fallo, el apoderado de los actores apeló, recurso que le fue admitido y en virtud de lo cual conoce este Tribunal en alzada.-

5.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor, y esta sentencia se dicta dentro del plazo de ley.-

Redacta el Juez Fernández Argüello, y

CONSIDERANDO:

            I).- Se aprueba el hecho probado que contiene la resolución venida en alzada, por ser reflejo de los elementos que constan en autos, y se agregan los siguientes: 2) Que los incidentistas Andrew Stuart Gingold Segan y Avice Martha Friedman Cohen, son co-propietarios por partes iguales, del inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad, Partido de San José, matrícula de folio real número doscientos treinta y seis mil novecientos treinta (certificación de folio 1 del incidente); 3) Que mediante decreto ejecutivo número 27757-MINAE, del 20 de mayo de 1998, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", número 178, Alcance 60-A, del 11 de setiembre del mismo año, dicho inmueble fue declarado "Refugio de Vida Silvestre Familia Gingold" (decreto número 27257-MINAE, que se ha tenido a la vista); 4) Que dicha área constituye un núcleo muy importante para la conservación de la vida silvestre en la zona, entre la cual se encuentran varios elementos florísticos especiales y entre la fauna destacan especies con poblaciones reducidas o en peligro de extinción en el país (decreto 27257-MINAE, parte considerativa); 5) Que el derecho de servidumbre se constituirá sobre una franja de ese terreno, con una longitud promedio de  72,45 metros y un ancho de 30 metros para un área de 2.173.43 metros cuadrados. Está cubierta de bosque secundario y tacotal, e inicia en el lindero Sureste de la Finca y la cruza con un azimuth de 336º 49' 22" hasta finalizar en el lindero Noroeste (artículo 2 párrafos 2 y 3 del Acuerdo del Consejo Directivo del ICE, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" número 110, del 8 de junio de 1999).- Igualmente, se tiene como un hecho no probado, que el Instituto Costarricense de Electricidad, haya concluido los estudios de impacto ambiental dentro de la propiedad de los señores Gingold y Friedman y que los haya sometido a conocimiento de la Secretaría Técnica Ambiental -SETENA- (los autos).-

            II).- El apoderado de los actores, apela la resolución del juzgado que desestimó el incidente de suspensión de los efectos del acto, promovido contra el Acuerdo del Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad, mediante el cual se constituyó un derecho de servidumbre, sobre una finca propiedad de los señores Andrew Stuart Gingold Segan y Avice Martha Friedman Cohen, para el paso de la línea de transmisión Tarbaca-Lindora.- Se señala en el recurso, que la juzgadora de primera instancia no tomó en consideración que la propiedad afectada es un Refugio Privado de Vida Silvestre y que por ello, el proyecto que pretende desarrollar la demandada, pondría en riesgo las especies en peligro de extinción que allí se localizan, al tiempo que ocasionaría un perjuicio grave e irreparable al ambiente; igualmente, indica que al hacer el trazado, el ICE no tomó en cuenta el interés público, pues existiendo otras opciones, se escogió un Refugio de Vida Silvestre, a contrapelo de lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley General de la Administración Pública y de dos instrumentos internacionales, a saber, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. La apoderada del ente demandado, por su parte, considera que no se ha demostrado que la ejecución del acto cuya suspensión se pide, produzca daños de difícil  o imposible reparación, y que en todo caso, éste se funda en un claro interés público, dado que el proyecto tiene por finalidad, satisfacer la demanda de energía eléctrica en el país. Que la ejecución del acuerdo de expropiación, lo único que posibilita es iniciar el trámite de la expropiación y no instalar la línea de transmisión, lo que únicamente sería factible una vez concluidas esas diligencias y depositado el justiprecio que se establezca en la sentencia; que se trata de una obra de infraestructura de gran importancia a nivel nacional y que sí se han tomado en cuenta todos los aspectos técnicos, ambientales y socio-económicos necesarios, amén de que no existe prueba científica que demuestre el nexo causal entre la instalación de líneas de transmisión y daños significativos al medio ambiente, como ya lo ha señalado la Sala Constitucional en la sentencia número 2806-98, razones por las que se pide rechazar el recurso.- Agrega, que ya los actores acudieron a la Sala Constitucional y que ésta desestimó el amparo interpuesto, mediante sentencia 2504-99. Ambas sentencias han sido analizadas detenidamente por el Tribunal, a los efectos de resolver este incidente.-

            III).- El artículo 91 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción estipula que: "La interposición de la demanda no impedirá a la Administración ejecutar el acto o la disposición impugnada, salvo que el Tribunal acordare, a instancia del demandante, la suspensión.  2. Procederá ésta cuando la ejecución hubiere de ocasionar daños o perjuicios de reparación imposible o difícil", en mérito de lo cual, debe analizarse si la ejecución del acuerdo del Consejo Directivo del ICE impugnado, podría ocasionar al ambiente, los daños y perjuicios de la magnitud que exige la Ley.- Lo primero que debe indicarse, es que la propiedad afectada es en su totalidad, un Refugio de Vida Silvestre, así declarado mediante decreto ejecutivo número 27257-MINAE, del 20 de mayo de 1998.- En la parte considerativa de ese decreto, y en relación con la importancia ambiental del inmueble, se lee lo siguiente:

"3º Que el inmueble... debido a sus condiciones biofísicas constituye un refugio natural para gran cantidad de especies de flora y fauna silvestre con poblaciones reducidas en la Meseta Central.

4º Que dicha área constituye un núcleo muy importante para la conservación de la vida silvestre en esa zona, entre la cual se encuentran varios elementos florísticos especiales como el pochote (Bombacopsis quinatum), espavel (Anacardium exelsum), ceiba (Ceiba pentandra), cocobolo (Dalbergia retusa), guanacaste (Enterolobium exelsum), ojoche (Brosinum costarricanum), cedro (Cedrela mexicana). Entre la fauna destacan especies con poblaciones reducidas o en peligro de extinción en el país, tales como: león breñero (Herpailurus yaguaroundi), caucel (Leopardus weidii), mono carablanca (Cebus capucinus) y mono congo (Alouatta palliata); así como guatuza (Dasyprocta punctata), tepezcuintle (Agouti paca), pizote (Nasua Narica), mapache (Procyon lotor), zorro de agua (Chironectes minimus), zorro pelón (Didelphis marsupialis), perezoso (Bradypus variegatus), oso hormiguero (Tamandua mexicana), ardilla (Sciurus variegatoides), tolomuco (Eira barbara), puerco espín (Coendu Mexicanum) y armadillo (Dasypus novemsinctus). En el grupo de las aves destacan el tucán pico arco iris (Ramphastus sulfuratus), toledo (Chiroxiphia linearis) y cuco ardilla (Playa cayana). Entre las serpientes destacan la boa (Boa constrictor), terciopelo (Botorps asper), zopilota (Spilotes pullatus), lora (Leptophis depressirostris), sabanera (Drymarchon corals). Otros reptiles incluyen el cherepo (Basiliscus basiiscus), la chisbala (Ameiba spp) y el garrobo (Ctenosaura simitis).

5º Que el manejo racional integrado de los recursos naturales renovables contribuye a satisfacer las necesidades regionales para la investigación, recreación, educación ambiental así como el aprovechamiento de los recursos naturales explotados racionalmente."

            Es claro que el inmueble de los actores está hoy por hoy, afecto a una finalidad que de un alto interés público, que tiene por demás profunda raigambre constitucional, cual es la conservación del ambiente y, en particular, la de la vida silvestre.- En efecto, el artículo 50 de la Carta Fundamental establece el derecho de toda persona, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y la obligación correlativa del Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho; disposición ésta que encuentra amplio desarrollo en una innumerable cantidad de instrumentos internacionales, entre los que pueden citarse, a manera de ejemplo, la Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América (Ley 3641), la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural (Ley 5980), el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la Capa de Ozono (Ley 7223), la Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (Ley 7224), el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (Ley 7228), el Convenio de Creación del Instituto Interamericano de Investigación y Cambio Global (Ley 7402), el Convenio Marco de las Naciones Unidas  sobre cambios climáticos (Ley 7402), la Convención sobre la Diversidad Biológica (Ley 7414), el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres prioritarias en América Central (Ley 7433) y el Convenio de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (Ley 7498).- También encontramos una buena cantidad de Declaraciones y textos similares, entre ellos, la Declaración de Estocolmo, aprobada en junio de 1972 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano; la Carta Mundial de la Naturaleza, resolución número 37-7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de octubre de 1982; la Declaración sobre el derecho al desarrollo, que es resolución número 41-128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 4 de diciembre de 1986; la Declaración de Río -citada por los incidentistas- aprobada en la Reunión de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en junio de 1992, y finalmente, la Declaración de Viena, aprobada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en junio de 1993.- Los  cuerpos normativos citados, valga decir, la norma constitucional y los instrumentos internacionales, se complementan para integrar el parámetro constitucional en materia ambiental, y de allí surgen los principios esenciales y vinculantes, tanto para los particulares como para todos los órganos públicos, en esta temática y que han inspirado la legislación secundaria vigente, entre ellas, la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad, por citar sólo las más recientes; incluso en ésta última ley se establecen como criterios de interpretación, en materia de protección de la biodiversidad, los siguientes (artículo 11): el criterio preventivo, que reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas; el criterio precautorio o indubio pro natura, conforme al cual, cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección; el criterio de interés público ambiental, que señala que el uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos; y finalmente, el de integración, según el cual, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad deberán incorporarse a los planes, los programas, las actividades y estrategias sectoriales e intersectoriales, para los efectos de que se integren al proceso de desarrollo.

IV).- Ahora, si bien es cierto todos los textos enunciados regulan temas concretos, no hay uno sólo de ellos en los que no se reconozca el hecho incontrovertible de que proteger la naturaleza, que es patrimonio mundial, es salvaguardar no sólo la vida de las personas y su salud, sino también la de la humanidad sobre la tierra.- Y es por esa razón que en la actualidad, se habla de "desarrollo sostenible", que en su concepción más básica incorpora a los aspectos económicos y sociales, tradicionalmente integrantes de todo plan de desarrollo, la variable ambiental, en la idea de proteger nuestro presente, así como de salvaguardar el patrimonio de las generaciones venideras.- Nuestra jurisprudencia constitucional ha sido abundante en este aspecto, y ha hecho una férrea defensa del ambiente, en relación con los diversos planes y políticas de desarrollo que se han pretendido implementar en nuestro medio. Así, en la sentencia número 2641-96, señaló:

    "El ambiente... debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el futuro y el presente y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras... El objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción de esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el Derecho Común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y útil del derecho mismo"

En esa misma línea, y más concretamente sobre el derecho sostenible, ha expresado ese Tribunal:

"...es obligación del Estado proveer a su protección [la del ambiente], ya sea a través de políticas generales  para procurar ese fin o bien, a través de actos concretos por parte de la Administración. El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta para ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad de producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento demográfico o entre éste y los sistemas naturales. Es el desarrollo sostenible, el proceso de transformación en la utilización de los recursos, orientación de las inversiones, canalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y todo aquello que coadyuve para atender las necesidades humanas del presente y del futuro." (Sentencia número 1763-94)

            Esta nueva concepción, acerca de cómo debe buscarse el desarrollo de nuestra sociedad, obliga a que todos -particulares o funcionarios públicos- nos esmeremos en la búsqueda de soluciones para conciliar todos los intereses en juego, tratando de evitar, en la medida de lo posible, el menor daño al ambiente; de manera que no se trata de impedir el desarrollo tecnológico de los países, ni la satisfacción de las necesidades básicas de la población, sino de buscar que el cumplimiento de tales fines se haga en armonía con el medio, valga decir, en el equilibrio de todos los factores que inciden en la toma de las decisiones. De dicha obligación no escapa esta jurisdicción especializada, y menos aún, cuando se trata de resolver acerca de la procedencia o no, de medidas cautelares en defensa del ambiente.-

            V).- La constitución de la servidumbre, y por ende, el paso de la línea de transmisión por la propiedad de los incidentistas, implica según el artículo 2º del acuerdo impugnado, que por razones de seguridad, así como por previsiones para expansión y requerimientos de operación y mantenimiento, en los derechos de paso o servidumbres, se prohiben actividades como: todo tipo de edificaciones, siembra de cultivos que deban quemarse en forma periódica, como la caña de azúcar, y cultivos como el arroz. Tampoco podrán sembrarse árboles o cultivos que en su desarrollo final, se aproximen a cinco metros de los conductores más bajos, estando en condiciones de carga máxima o de contingencia. De igual forma se prohiben los movimientos de tierra que eleven o alteren el perfil del terreno y el almacenamiento de materiales inflamables o explosivos. En caso de realizar excavaciones en las cercanías de las estructuras de la obra se deberá consultar al ICE con anterioridad. Igualmente, se deberá permitir el acceso a funcionarios encargados de la obra, para su construcción o mantenimiento.- Por eso, aunque en esta sede no se ha logrado constatar si las líneas de transmisión atraviesan o no la parte boscosa del Refugio -por no existir elementos de juicio suficientes al respecto en los autos, debe tomarse en cuenta que "el área de la servidumbre está cubierta de bosque secundario y tacotal" y que de ello está plenamente consciente el ICE.- Siendo ello así, es fácil arribar a la conclusión de que el paso de la línea de transmisión, de no tomarse las medidas de protección necesarias, sí es susceptible de producir un impacto directo importante sobre las especies que allí coexisten.- Dentro del "bosque secundario" que allí se localiza, se encuentran elementos florísticos especiales como el pochote, espavel, cocobolo, guanacaste, ceiba, ojoche y cedro, entre muchos otros, cuyo desarrollo final, en todos los casos, sobrepasa la altura máxima establecida en el acuerdo de constitución de la servidumbre; y de allí que pueda afirmarse que, incluso para el normal funcionamiento de las líneas de transmisión, el ICE tendrá que tomar las medidas necesarias para proteger el proyecto, con lo cual  no podrían existir árboles que en su desarrollo final se aproximen a cinco metros de los conductores más bajos, con el riesgo inminente de su tala.- Además, la servidumbre partiría el Refugio en dos, y se amenazaría el hábitat de las especies de fauna, las cuales también podrían ocasionar daños a la estructura del ICE. Piénsese por ejemplo, en el peligro que significa para las aves en riesgo de extinción, la existencia de una línea de transmisión de electricidad, de alto voltaje, en su entorno natural, o en la posibilidad no lejana de que, de instalarse una torre en el área que atraviesa el Refugio (y tampoco existe prueba alguna en el expediente que indique que dentro del Refugio no será necesario construirlas), algunas especies de monos o ardillas de las que allí habitan, por citar sólo esas, puedan morir como consecuencia directa del contacto con los cables u ocasionar daños a los mismos. De los autos no se desprende, por otra parte, que el ICE haya concluido con los estudios de impacto ambiental que exige nuestra legislación, antes bien, de la documentación que obra en los autos, la única referencia que existe acerca del estudio de impacto ambiental, se encuentra a folio 14 del expediente administrativo, en donde se indica que "el estudio de impacto ambiental de la línea Parrita Lindora se encuentra actualmente avanzado, faltando únicamente el estudio arqueológico", pero nada más; los resultados de dicho estudio aún se desconocen, y por ende no se sabe a ciencia cierta si éste analiza o no, las consecuencias de pasar la línea por el Refugio.- En este sentido, resulta importante transcribir en lo conducente, lo dicho por la Sala Constitucional, que a pesar de que desestimó un recurso de amparo, que por similares razones a las que aquí se exponen, promovieron los incidentistas, señaló en relación con la protección que ameritaba la existencia de un Refugio de Vida Silvestre.- Se trata de la sentencia número 2504-01, de las 18:03 horas del siete de abril de mil novecientos noventa y nueve, en cuyo último Considerando se lee lo siguiente:

"... en lo que toca a la protección al medio ambiente que consagra el artículo 50 de la Constitución Política, importa resaltar que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del Ministerio del Ambiente y Energía (SETENA) autorizó la obra con una simple declaración jurada de compromisos ambientales. Sin embargo, para ello -según se expresó en el informe rendido por el representante de la Secretaría- no se tuvo en cuenta la declaratoria de refugio privado de vida silvestre de la propiedad de los actores, que operó al amparo del Decreto Ejecutivo número 27257-MINAE, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" número 60 del viernes 11 de setiembre de 1998. Lo anterior porque aún no se había firmado y publicado el Decreto en cuestión. Este planteamiento elude la cuestión de fondo, que es si la obra puede continuar aprobada en esos términos pese a la declaratoria de refugio de vida silvestre del terreno y, aun cuando ello fuera posible, si la declaración jurada en sus términos actuales implica la protección ambiental que el refugio requiere. Ninguna de esas circunstancias se comprendió al completar el Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar que corre a folios 40 y 41 de este expediente (la pregunta número 27 del formulario expresamente apunta a si el terreno se localiza dentro de un área protegida y se contestó que no), al dictar la resolución número 503-97-SETENA (folio 44), ni al rendir la declaración jurada de compromisos ambientales (folio 45), que dio lugar a la resolución número S.G.497-97 de la Secretaría, exonerando de la presentación de un estudio de impacto ambiental. Este trámite se cumplió un año antes de que apareciera publicado el Decreto que importa (el formulario tiene fecha 21 de julio de 1997, la primera resolución de la Secretaría es del 28 de julio de 1997, y la segunda del 2 de setiembre de 1997), de manera que no existía obligación del Instituto o la Secretaría de tratar el asunto desde esa óptica. De igual forma, los informes rendidos por el Instituto Costarricense de Electricidad y la SETENA son de algunos días anteriores a la publicación (4 y 2 de setiembre de 1998, respectivamente). Sin embargo, es claro que el Decreto Ejecutivo número 27257-MINAE obliga a replantear, antes de iniciar las obras, el problema de su impacto sobre el medio ambiente, de modo que a las recomendaciones formuladas en el anterior acápite valga añadir aquí que el punto debe ser obligatoriamente sometido por el Instituto Costarricense de Electricidad a consideración de la SETENA, con la debida antelación al inicio de las obras."

Véase pues, que la propia Sala Constitucional sentó la obligación del ente demandado, de tomar medidas especiales en protección del Refugio, pero no hay en autos elementos suficientes para considerar que se haya dado cumplimiento al deber impuesto.-

            VI).- Ahora bien, el demandado alega que no se ha acreditado que la ejecución del acto administrativo produzca daños de difícil o imposible reparación, y que lo que su ejecución posibilita es únicamente iniciar el trámite de la expropiación, y no instalar la línea de transmisión, pues ello sólo sería factible una vez concluidas las diligencias de expropiación y depositado el justiprecio que se establezca en la sentencia, amén de que los daños se refieren a hechos futuros condicionados a la instalación de la línea de transmisión, y de que no existen pruebas científicas que demuestren la relación causal entre la instalación de éstas y un daño al ambiente. La juzgadora de instancia acogió esos criterios, y rechazó la incidencia por estimar que resulta prematura y por la inexistencia de prueba científica acerca de los daños que ocasionaría al ambiente, argumentos de los que discrepa este Tribunal.- En primer término, resulta evidente que, una vez declarada de utilidad pública la constitución de la servidumbre, y fijado en sede administrativa el monto de la indemnización, las diligencias judiciales de expropiación únicamente tienen por objeto, la determinación del justiprecio, sin que pueda discutirse en esa vía un eventual daño al ambiente. Más aún, con la fijación definitiva del monto, y su depósito por parte del ente expropiante, procede en buen derecho, poner al ICE en posesión de lo expropiado, de manera que no es de recibo la tesis de que la gestión resulta prematura. Afirmar que los daños al ambiente se causarían eventualmente con la instalación de la línea, implicaría desnaturalizar el objeto de la tutela cautelar, al permitirse primero la construcción del proyecto y luego determinar si éste en su funcionamiento, perjudica o no los intereses ambientales de la Nación. Como ya se dijo, en esta delicada materia, es de aplicación el denominado "principio precautorio", conforme al cual, cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con éstos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección, y de allí que no es posible sostener, sin lesionar a su vez dicho principio, que como no existen estudios de impacto ambiental que permitan definir los inconvenientes del trazado de la servidumbre por la propiedad de los actores, no se dan los presupuestos legales para la adopción de la medida -como se señala en la resolución recurrida- cuando es más bien la inexistencia de tales estudios, lo que obliga a imponerla.-

            VII).- Y sobre este tema en particular, debe indicarse que a nuestro juicio, la resolución número 2806-98, de las 14:30 horas del 28 de abril de 1998 de la Sala Constitucional, que también se cita en los escritos de la demandada, poco tiene que ver con la situación del caso concreto.- En dicha sentencia, dictada con ocasión de un recurso de amparo interpuesto por vecinos del Cantón de Belén contra el ICE, por la ampliación de la línea de transmisión de alto voltaje existente en ese Cantón, denominada Línea de Transmisión Alajuela-La Caja, lo que se determinó, a partir de una serie de estudios de impacto ambiental y de buena cantidad de criterios científicos y técnicos llevados a dicho proceso de garantía -los que por cierto, se echan de menos aquí- fue que no había base científica suficiente para determinar que  los campos electromagnéticos como el que genera la línea de transmisión mencionada, tuvieran efectos negativos en la salud de los seres humanos, y más concretamente con la aparición ciertos tipos de cáncer (ver copia íntegra de la sentencia, de folios 47 a 66 del incidente).- Dicha discusión se abrió en sede constitucional, en virtud de que las líneas atravesaban varios residenciales de la zona, y por el supuesto riesgo en la aparición de cáncer en las personas que habitan cerca de ellas, que no es lo que se discute en este caso. Aquí la cuestión tiene matices distintos, pues lo que está de por medio no es la influencia de los campos electromagnéticos sobre el ambiente o la salud de las personas -ni tampoco la de dichos campos sobre plantas o animales- sino más bien, la influencia directa de la instalación de la línea de transmisión, en un área que fue declarada por el propio Estado -lato censu- como Refugio de Vida Silvestre, para la protección de especies de flora y fauna en peligro de extinción.- Y para supuestos distintos, soluciones también diversas.- A diferencia del caso resuelto en la sentencia constitucional, en el presente no hay estudios de impacto ambiental debidamente concluidos, ni otros estudios científicos que demuestren que no va a existir tal daño, y por el contrario, habida cuenta de la naturaleza de las obras a desarrollar, hay un principio elemental de lógica (artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública), que nos indica que sí puede haber impacto directo en el Refugio por el desarrollo de la obra, sin que conste tampoco que la institución haya tomado en cuenta todos los elementos técnicos, ambientales y socio-económicos necesarios, como tan claramente se afirma.- En resumen, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 91.2 de la Ley de esta Jurisdicción, y por las especiales características del caso, es evidente que permitir la ejecución del acuerdo impugnado, habría de ocasionar daños de difícil o imposible reparación al ambiente, ante el inminente riesgo de que una vez instalada la línea de transmisión, perezcan o se vean afectadas, especies de flora y fauna en peligro de extinción. En ese tanto, se estima que acoger la medida cautelar solicitada constituye sencillamente, la aplicación concreta del consabido principio "precautorio o pro natura" que, implica admitir que en caso de duda, acerca de si una obra pública ocasiona o no un daño ambiental, debe resolverse en favor de la protección del ambiente, al menos hasta tanto no se garantice fehacientemente, que las especies protegidas no encontrarán peligro alguno, con lo que a su vez se honrarían los compromisos adquiridos por toda la colectividad, al insertarse el texto actual del artículo 50 constitucional, así como los que derivan de los instrumentos internacionales suscritos, aprobados y ratificados por Costa Rica, en esta materia.-

            VIII).- Tampoco comparte el Tribunal, los razonamientos que contiene la resolución recurrida, sobre la inexistencia de una apariencia de buen derecho en el caso concreto (fumus boni iuris), ni los referidos a que la suspensión debe denegarse por cuanto la constitución de la servidumbre se funda en el interés público.- Para refutar lo primero, basta con advertir que fueron los propios dueños del inmueble, los que voluntariamente decidieron acogerse al régimen de protección de un Refugio de Vida Silvestre, y que con ello, vieron sustancialmente limitadas sus posibilidades de disposición y disfrute de la propiedad, en beneficio de la colectividad entera; además, con vista de los autos, no puede negarse la seriedad de los alegatos esgrimidos durante el proceso -sin que esta afirmación implique por supuesto, adelanto alguno de criterio acerca de la nulidad reclamada en el proceso principal- ni el hecho de que los incidentistas no acuden a esta sede en defensa de intereses patrimoniales o económicos, valga decir meramente privados, sino más bien en protección del ambiente y de las especies amenazadas. Y justamente por lo dicho, ha de afirmarse que no se está ante un conflicto entre un interés público y uno privado, sino ante la necesidad de satisfacer dos intereses públicos con fundamento constitucional, e igualmente importantes para la sociedad. El Tribunal no se desconoce ni el fundamento constitucional de la expropiación, ni las potestades legales del Instituto Costarricense de Electricidad, para imponer la constitución de servidumbres para el paso de líneas de transmisión, y menos aún, la importancia nacional y el interés público que involucra la conclusión de una obra de infraestructura como el proyecto Parrita-Lindora, pero opta por acoger la medida cautelar, no sólo porque sí se dan los presupuestos de ley, sino por considerar que la ejecución inmediata del acuerdo cuestionado, ocasionaría al ambiente daños mayores que los que la suspensión causaría al ICE, pues como las obras aún no se han iniciado, bien puede la Institución continuar con los trámites de constitución de servidumbres en otros inmuebles afectados, concluir los estudios de impacto ambiental e incluso, analizar si fuera del caso, otras posibles opciones de trazado de la línea de transmisión en el área en conflicto, si los estudios técnicos y científicos así lo recomiendan, especialmente en el caso concreto, en donde el área de la servidumbre es relativamente pequeña, pues tiene una longitud promedio que no excede los 73 metros.- La suspensión de los efectos del acuerdo, claro está, tiene carácter provisional, y nada impide que, si se diera un cambio en las condiciones que hoy obligan a conceder la cautelar, pueda esta jurisdicción replantearse la conveniencia y necesidad de mantener la medida.-

POR TANTO:

Se revoca la resolución apelada y en su lugar, se declara con lugar este incidente.- En consecuencia, se suspenden los efectos del Acuerdo del Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad, tomado en la sesión número 5057 del 23 de marzo de 1999 y publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", número 110 del 8 de junio de 1999, mediante el que se constituyó un derecho de servidumbre para la instalación de la línea de transmisión Tarbaca-Lindora, dentro del "Refugio Privado de Vida Silvestre Familia Gingold". Notifíquese.-

 

 

 
Horacio González Quiroga

 

 

            Cristina Víquez Cerdas                                  Hubert Fernández Argüello

 

REF. Incidente de suspensión de los efectos del acto administrativo.

Exp. Nº 99-0935-163 CA, de Andrew Stuart Gingold Segan y otra contra el ICE

Ale

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:13:24.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

III).- Article 91 of the Law governing this Jurisdiction stipulates that: "The filing of the claim shall not prevent the Administration from executing the challenged act or provision, unless the Court agrees, at the request of the claimant, to suspend it. 2. This shall proceed when the execution would cause damages or losses that are impossible or difficult to repair," by virtue of which, it must be analyzed whether the execution of the challenged ICE Board of Directors’ agreement could cause the environment damages and losses of the magnitude required by the Law.- The first thing to be indicated is that the affected property is, in its entirety, a Wildlife Refuge, so declared by Executive Decree No. 27257-MINAE of May 20, 1998.- In the recitals of that decree, and in relation to the environmental importance of the property, the following is stated: "3rd That the property... due to its biophysical conditions constitutes a natural refuge for a large number of species of wild flora and fauna with reduced populations in the Central Plateau. 4th That said area constitutes a very important nucleus for the conservation of wildlife in that zone, among which are found several special floristic elements such as pochote (Bombacopsis quinatum), espavel (Anacardium exelsum), ceiba (Ceiba pentandra), cocobolo (Dalbergia retusa), guanacaste (Enterolobium exelsum), ojoche (Brosinum costarricanum), cedar (Cedrela mexicana). Among the fauna, species with reduced populations or in danger of extinction in the country stand out, such as: jaguarundi (Herpailurus yaguaroundi), margay (Leopardus weidii), white-faced capuchin monkey (Cebus capucinus) and howler monkey (Alouatta palliata); as well as agouti (Dasyprocta punctata), Nombre53636 (Agouti paca), Nombre53637 (Nasua Narica), Nombre34822 (Procyon lotor), water opossum (Chironectes minimus), common opossum (Didelphis marsupialis), Nombre53638 (Bradypus variegatus), anteater (Tamandua mexicana), squirrel (Sciurus variegatoides), tayra (Eira barbara), porcupine (Coendu Mexicanum) and armadillo (Dasypus novemsinctus). Among birds, the keel-billed toucan (Ramphastus sulfuratus), long-tailed manakin (Chiroxiphia linearis) and squirrel cuckoo (Playa cayana) stand out. Among snakes, the boa (Boa constrictor), terciopelo (Botorps asper), zopilota (Spilotes pullatus), lora (Leptophis depressirostris), sabanera (Drymarchon corals) stand out. Other reptiles include the cherepo (Basiliscus basiiscus), the chisbala (Ameiba spp) and the garrobo (Ctenosaura simitis). 5th That the rational integrated management of renewable natural resources contributes to satisfying regional needs for research, recreation, environmental education as well as the rationally exploited use of natural resources." It is clear that the claimants’ property is currently, at this time, assigned to a purpose of high public interest, which moreover has deep constitutional roots, namely the conservation of the environment and, in particular, that of wildlife.- Indeed, Article 50 of the Constitution establishes the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment and the State’s correlative obligation to guarantee, defend, and preserve that right; a provision that is extensively developed in an innumerable quantity of international instruments, among which may be cited, by way of example, the Convention for the Protection of Flora, Fauna, and Natural Scenic Beauties of the Countries of America (Law 3641), the Convention for the Protection of Cultural and Natural Heritage (Law 5980), the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Law 7223), the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Law 7224), the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (Law 7228), the Agreement for the Creation of the Inter-American Institute for Global Change Research (Law 7402), the United Nations Framework Convention on Climate Change (Law 7402), the Convention on Biological Diversity (Law 7414), the Convention for the Conservation of Biodiversity and Protection of Priority Wild Areas in Central America (Law 7433), and the Agreement of the Central American Commission for Environment and Development (Law 7498).- We also find a good quantity of Declarations and similar texts, among them, the Stockholm Declaration, approved in June 1972 by the United Nations Conference on the Human Environment; the World Charter for Nature, Resolution No. 37-7 of the United Nations General Assembly of October 28, 1982; the Declaration on the Right to Development, which is Resolution No. 41-128 of the United Nations General Assembly of December 4, 1986; the Rio Declaration -cited by the incident claimants- approved at the United Nations Conference on Environment and Development in June 1992, and finally, the Vienna Declaration, approved at the World Conference on Human Rights, held in June 1993.- The cited normative bodies, it is worth saying, the constitutional norm and the international instruments, complement each other to integrate the constitutional standard regarding environmental matters, and from there arise the essential and binding principles, both for private individuals and for all public bodies, on this subject and which have inspired the current secondary legislation, among them, the Organic Law of the Environment and the Biodiversity Law, to cite only the most recent; in this last law, the following are even established as criteria for interpretation regarding the protection of biodiversity (Article 11): the preventive criterion, which recognizes that it is vitally important to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats; the precautionary criterion or in dubio pro natura, according to which, when there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures; the criterion of public environmental interest, which indicates that the use of biodiversity elements must guarantee the development options of future generations, food security, ecosystem conservation, the protection of human health, and the improvement of citizens’ quality of life; and finally, the integration criterion, according to which the conservation and sustainable use of biodiversity must be incorporated into plans, programs, activities, and sectoral and intersectoral strategies, for the purposes of integrating them into the development process. IV).- Now, although it is true that all the enunciated texts regulate specific subjects, there is not a single one of them in which the incontrovertible fact is not recognized that protecting nature, which is world heritage, is safeguarding not only the lives of people and their health, but also that of humanity on earth.- And it is for that reason that currently, we speak of "sustainable development," which in its most basic conception incorporates into the economic and social aspects, traditionally integral parts of any development plan, the environmental variable, with the idea of protecting our present, as well as safeguarding the heritage of generations to come.- Our constitutional jurisprudence has been abundant in this aspect, and has made a steadfast defense of the environment, in relation to the diverse development plans and policies that have been intended to be implemented in our country. Thus, in Judgment No. 2641-96, it stated: "The environment... must be understood as a development potential to be used adequately, having to act in an integrated manner in its natural, sociocultural, technological, and political relations, since, otherwise, its productivity for the future and the present is degraded and the heritage of future generations could be put at risk... The primary objective of the use and protection of the environment is to obtain development and evolution favorable to human beings. Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is understanding that although humans have the right to use the environment for their own development, they also have the duty to protect it and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is no more than the translation in this matter, of the principle of 'lesión' [abuse of right], already consolidated in Common Law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: on the one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational and useful exercise of the right itself." Along the same lines, and more concretely on sustainable development, that Court has expressed: "...it is the obligation of the State to provide for its [the environment’s] protection, whether through general policies to achieve that end or, through concrete acts by the Administration. Sustainable development is one of those general policies that the State dictates to expand the possibilities for everyone to fulfill their aspirations for a better life, increasing production capacity or, expanding the possibilities of achieving equitable progress between demographic growth or between it and natural systems. Sustainable development is the process of transformation in resource utilization, direction of investments, channeling of technological development, institutional changes, and everything that contributes to meeting present and future human needs." (Judgment No. 1763-94). This new conception of how our society’s development must be sought obliges everyone -private individuals or public officials- to strive to find solutions to reconcile all the interests at stake, trying to avoid, as far as possible, the least damage to the environment; so that it is not about preventing the technological development of countries, nor the satisfaction of the basic needs of the population, but about ensuring that the fulfillment of such purposes is done in harmony with the environment, that is to say, in the balance of all the factors that influence decision-making. This specialized jurisdiction does not escape that obligation, and even less so, when it comes to deciding on the appropriateness or not of precautionary measures in defense of the environment.- V).- The constitution of the easement (servidumbre), and therefore, the passing of the transmission line through the incident claimants’ property, implies according to Article 2 of the challenged agreement, that for safety reasons, as well as for expansion forecasts and operation and maintenance requirements, in the rights-of-way or easements (servidumbres), activities such as the following are prohibited: all types of buildings, planting of crops that must be burned periodically, such as sugar cane, and crops such as rice. Nor may trees or crops be planted that in their final development come within five meters of the lowest conductors, when under maximum load or contingency conditions. Likewise, earthworks (movimientos de tierra) that raise or alter the ground profile and the storage of flammable or explosive materials are prohibited. In case of carrying out excavations near the work structures, the ICE must be consulted beforehand. Equally, access to officials in charge of the work must be allowed for its construction or maintenance.- Therefore, although at this stage it has not been possible to verify whether the transmission lines cross the forested part of the Refuge or not -due to insufficient evidence in the case file, it must be taken into account that "the area of the easement (servidumbre) is covered with secondary forest and scrubland (tacotal)" and that the ICE is fully aware of this.- This being so, it is easy to reach the conclusion that the passing of the transmission line, if the necessary protection measures are not taken, is indeed susceptible to producing a significant direct impact on the species that coexist there.- Within the "secondary forest" located there, special floristic elements are found such as pochote, espavel, cocobolo, guanacaste, ceiba, ojoche, and cedar, among many others, whose final development, in all cases, exceeds the maximum height established in the easement (servidumbre) constitution agreement; and hence it can be affirmed that, even for the normal functioning of the transmission lines, the ICE will have to take the necessary measures to protect the project, with which trees whose final development comes within five meters of the lowest conductors could not exist, with the imminent risk of their felling.- Furthermore, the easement (servidumbre) would split the Refuge in two, threatening the habitat of the fauna species, which could also cause damage to the ICE’s structure. Consider, for example, the danger that the existence of a high-voltage electric transmission line in their natural environment represents for birds at risk of extinction, or the not remote possibility that, if a tower were installed in the area that crosses the Refuge (and there is also no evidence whatsoever in the file indicating that within the Refuge it will not be necessary to build them), some monkey or squirrel species that inhabit there, to cite only those, could die as a direct consequence of contact with the cables or cause damage to them. Nor does it appear from the case file, on the other hand, that the ICE has concluded the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) studies that our legislation requires; rather, from the documentation in the case file, the only reference that exists regarding the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) is found on folio 14 of the administrative file, where it is indicated that "the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) for the Parrita-Lindora line is currently advanced, with only the archaeological study remaining," but nothing more; the results of said study are still unknown, and therefore it is not known with certainty whether it analyzes or not the consequences of passing the line through the Refuge.- In this sense, it is important to transcribe the relevant portion of what the Constitutional Chamber stated, which despite having dismissed a constitutional complaint (recurso de amparo) that the incident claimants filed for similar reasons to those presented here, indicated in relation to the protection merited by the existence of a Wildlife Refuge.- This concerns Judgment No. 2504-01, at 18:03 hours on April 7, 1999, in whose last Recital the following is stated: "...regarding the environmental protection enshrined in Article 50 of the Political Constitution, it is important to highlight that the National Environmental Technical Secretariat of the Ministry of Environment and Energy (SETENA) authorized the work with a simple sworn declaration of environmental commitments. However, for this -as expressed in the report rendered by the representative of the Secretariat- the declaration of the claimants’ property as a private wildlife refuge, which operated under Executive Decree No. 27257-MINAE, published in the Official Gazette 'La Gaceta' No. 60 of Friday, September 11, 1998, was not taken into account. The foregoing because the Decree in question had not yet been signed and published. This approach eludes the core issue, which is whether the work can continue to be approved under those terms despite the wildlife refuge declaration for the land and, even if that were possible, whether the sworn declaration in its current terms implies the environmental protection that the refuge requires. None of those circumstances were included when completing the Preliminary Environmental Assessment Form that appears on folios 40 and 41 of this file (Question No. 27 of the form expressly asks if the land is located within a protected area and it was answered no), when issuing Resolution No. 503-97-SETENA (folio 44), nor when rendering the sworn declaration of environmental commitments (folio 45), which gave rise to Secretariat Resolution No. S.G.497-97, exempting from the presentation of an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental). This procedure was completed a year before the relevant Decree appeared published (the form is dated July 21, 1997, the first Secretariat resolution is from July 28, 1997, and the second from September 2, 1997), so that there was no obligation for the Institute or the Secretariat to address the matter from that perspective. Likewise, the reports rendered by the Instituto Costarricense de Electricidad and SETENA are from some days before the publication (September 4 and 2, 1998, respectively). However, it is clear that Executive Decree No. 27257-MINAE compels a re-evaluation, before starting the works, of the problem of their impact on the environment, so that to the recommendations formulated in the previous section it is worth adding here that the point must be obligatorily submitted by the Instituto Costarricense de Electricidad to SETENA’s consideration, with due notice before the start of the works." See then, that the Constitutional Chamber itself established the obligation for the defendant entity to take special measures to protect the Refuge, but there are not sufficient elements in the case file to consider that the imposed duty has been fulfilled.- VI).- Now then, the defendant alleges that it has not been proven that the execution of the administrative act would produce damages that are difficult or impossible to repair, and that what its execution enables is only to initiate the expropriation procedure, and not to install the transmission line, since that would only be feasible once the expropriation proceedings are concluded and the just compensation established in the judgment is deposited, besides the fact that the damages refer to future facts conditioned upon the installation of the transmission line, and that there is no scientific proof demonstrating the causal relationship between their installation and environmental damage. The judge of the lower court accepted those criteria, and rejected the incident on the grounds that it is premature and due to the lack of scientific proof regarding the damages that it would cause to the environment, arguments with which this Court disagrees.- In the first place, it is evident that, once the constitution of the easement (servidumbre) has been declared of public utility, and the amount of compensation has been set in the administrative venue, the judicial expropriation proceedings only have the purpose of determining the just compensation, without the possibility of discussing eventual environmental damage in that channel. Moreover, with the definitive setting of the amount, and its deposit by the expropriating entity, it is procedurally proper to place the ICE in possession of the expropriated property, so that the thesis that the action is premature is not acceptable. To affirm that environmental damage would eventually be caused by the installation of the line would imply distorting the object of precautionary protection, by allowing the construction of the project first and then determining whether its functioning harms or not the Nation’s environmental interests. As already stated, in this delicate matter, the so-called "precautionary principle" applies, according to which, when there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures, and hence it is not possible to sustain, without in turn violating said principle, that since there are no environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) studies allowing the disadvantages of the easement’s (servidumbre) route through the claimants’ property to be defined, the legal requirements for adopting the measure are not met -as indicated in the appealed resolution- when rather it is the absence of such studies that compels its imposition.- VII).- And on this particular subject, it must be indicated that in our judgment, Judgment No. 2806-98, at 14:30 hours on April 28, 1998, of the Constitutional Chamber, which is also cited in the defendant’s briefs, has little to do with the situation of the specific case.- In said judgment, issued on the occasion of a constitutional complaint (recurso de amparo) filed by residents of the Canton of Belén against the ICE, for the expansion of the existing high-voltage transmission line in that Canton, called the Alajuela-La Caja Transmission Line, what was determined, based on a series of environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) studies and a good quantity of scientific and technical criteria brought to that constitutional review process -which, incidentally, are lacking here- was that there was no sufficient scientific basis to determine that electromagnetic fields such as the one generated by the mentioned transmission line had negative effects on human health, and more specifically on the appearance of certain types of cancer (see the complete copy of the judgment, from folios 47 to 66 of the incident).- That discussion was opened in the constitutional venue, by virtue of the fact that the lines crossed several residential areas of the zone, and due to the supposed risk of cancer appearing in people living near them, which is not what is being discussed in this case. Here the question has different nuances, since what is at stake is not the influence of electromagnetic fields on the environment or people’s health -nor that of said fields on plants or animals- but rather, the direct influence of the installation of the transmission line in an area that was declared by the State itself -lato sensu- as a Wildlife Refuge, for the protection of flora and fauna species in danger of extinction.- And for different scenarios, solutions also are different.- Unlike the case resolved in the constitutional judgment, in the present case there are no duly concluded environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) studies, nor other scientific studies demonstrating that such damage will not exist, and on the contrary, given the nature of the works to be developed, there is a basic principle of logic (Article 16 of the General Law of Public Administration) that indicates to us that there may indeed be a direct impact on the Refuge from the development of the work, without it being clear either that the institution has taken into account all the necessary technical, environmental, and socio-economic elements, as so clearly asserted.- In summary, for the purposes of the provisions of Article 91.2 of the Law of this Jurisdiction, and due to the special characteristics of the case, it is evident that allowing the execution of the challenged agreement would cause damages that are difficult or impossible to repair to the environment, given the imminent risk that once the transmission line is installed, flora and fauna species in danger of extinction may perish or be affected. To that extent, it is considered that granting the requested precautionary measure simply constitutes the concrete application of the well-known "precautionary or pro natura" principle which implies admitting that in case of doubt about whether a public work causes or not environmental damage, it must be resolved in favor of environmental protection, at least until it is reliably guaranteed that the protected species will not encounter any danger, which in turn would honor the commitments assumed by the entire community, upon inserting the current text of constitutional Article 50, as well as those deriving from the international instruments signed, approved, and ratified by Costa Rica in this matter.- VIII).- Nor does the Court share the reasoning contained in the appealed resolution regarding the lack of appearance of a good right in the specific case (fumus boni iuris), nor those referring to the fact that the suspension must be denied because the constitution of the easement (servidumbre) is based on public interest.- To refute the first, it suffices to note that it was the owners of the property themselves who voluntarily decided to avail themselves of the protection regime of a Wildlife Refuge, and that with this, they saw their possibilities of disposal and enjoyment of the property substantially limited, for the benefit of the entire community; furthermore, in view of the case file, the seriousness of the allegations put forward during the process cannot be denied -without this affirmation implying, of course, any advance of opinion about the nullity claimed in the main process- nor the fact that the incident claimants do not come to this venue in defense of patrimonial or economic interests, that is to say purely private ones, but rather in protection of the environment and threatened species. And precisely because of what has been said, it must be affirmed that this is not a conflict between a public interest and a private one, but rather the need to satisfy two public interests with constitutional foundation, equally important for society. The Court is not unaware of the constitutional basis for expropriation, nor the legal powers of the Instituto Costarricense de Electricidad to impose the constitution of easements (servidumbres) for the passage of transmission lines, and even less, the national importance and public interest involved in the completion of an infrastructure work such as the Parrita-Lindora project, but it opts to grant the precautionary measure, not only because the legal requirements are indeed met, but because it considers that the immediate execution of the questioned agreement would cause greater damages to the environment than the suspension would cause to the ICE, since the works have not yet begun, the Institution can perfectly well continue with the procedures for constituting easements (servidumbres) on other affected properties, conclude the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) studies and even analyze, if appropriate, other possible routing options for the transmission line in the conflict area, if the technical and scientific studies so recommend, especially in this specific case, where the easement (servidumbre) area is relatively small, as it has an average length not exceeding 73 meters.- The suspension of the effects of the agreement, of course, is provisional in nature, and nothing prevents, if a change in the conditions that today compel granting the precautionary measure occurs, this jurisdiction from reconsidering the advisability and necessity of maintaining the measure.-

Rafael González Ballar, and on behalf of the defendant, licensed attorney Julieta Bejarano Hernández, general judicial representative.—

WHEREAS:

1.— That the special judicial representative of the plaintiffs files this motion to suspend the Agreement of the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Electricidad, from session number 5057 of March 23, 1999, and published in the Official Gazette "La Gaceta," number 110 of June 8, 1999, by which an easement (servidumbre) right was constituted over a strip of land located on a property owned by his principals, for the passage of the Tarbaca-Lindora transmission line.—

2.— That licensed attorney Julieta Bejarano Hernández, representative of the defendant Institute, opposed the suspension.—

3.— That licensed attorney Yazmín Aragón Cambronero, Judge of the cited Court, by resolution number 09-00, at ten o'clock on January seventh of the previous year, resolved: "The present motion for suspension of the administrative act is hereby dismissed. Resolved without special award of costs."—

4.— That dissatisfied with the ruling, the representative of the plaintiffs appealed, a remedy that was admitted to him and by virtue of which this Court hears the matter on appeal.—

5.— That the proceedings have observed the required formalities, and this judgment is issued within the legal deadline.—

Judge Fernández Argüello writes, and

WHEREAS:

            I).— The proven fact contained in the appealed resolution is approved, as it reflects the elements appearing in the record, and the following are added: 2) That the movants Andrew Stuart Gingold Segan and Avice Martha Friedman Cohen are co-owners, in equal shares, of the property registered in the Public Property Registry, Canton of San José, under real folio registration number two hundred thirty-six thousand nine hundred thirty (certification of folio 1 of the motion); 3) That by executive decree number 27757-MINAE, of May 20, 1998, published in the Official Gazette "La Gaceta," number 178, Alcance 60-A, of September 11 of the same year, said property was declared "Refugio de Vida Silvestre Familia Gingold" (decree number 27257-MINAE, which has been examined); 4) That said area constitutes a very important nucleus for the conservation of wildlife in the zone, within which are found several special floristic elements and, among the fauna, species with reduced populations or in danger of extinction in the country stand out (decree 27257-MINAE, recital section); 5) That the easement (servidumbre) right is to be constituted over a strip of that land, with an average length of 72.45 meters and a width of 30 meters, for an area of 2,173.43 square meters. It is covered with secondary forest and brushland (tacotal), and begins at the Southeast boundary of the Farm and crosses it with an azimuth of 336º 49' 22" until ending at the Northwest boundary (article 2, paragraphs 2 and 3 of the Agreement of the Board of Directors of ICE, published in the Official Gazette "La Gaceta" number 110, of June 8, 1999).— Likewise, it is taken as a non-proven fact that the Instituto Costarricense de Electricidad has completed the environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) within the property of Mr. Gingold and Mrs. Friedman and that it has submitted them for consideration of the Secretaría Técnica Ambiental -SETENA- (the record).—

            II).— The representative of the plaintiffs appeals the trial court's resolution that dismissed the motion for suspension of the effects of the act, brought against the Agreement of the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Electricidad, by which an easement (servidumbre) right was constituted over a farm owned by Mr. Andrew Stuart Gingold Segan and Mrs. Avice Martha Friedman Cohen, for the passage of the Tarbaca-Lindora transmission line.— The appeal points out that the lower-court judge did not take into consideration that the affected property is a Private Wildlife Refuge and that, therefore, the project the defendant intends to develop would endanger the endangered species located there, while causing serious and irreparable harm to the environment; likewise, it indicates that in making the layout, ICE did not take into account the public interest, since other options existing, a Wildlife Refuge was chosen, contrary to the provisions of numeral 113 of the Ley General de la Administración Pública and two international instruments, namely, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna and the Río Declaration on Environment and Development. The representative of the defendant entity, for her part, considers that it has not been demonstrated that the execution of the act whose suspension is sought produces damages of difficult or impossible reparation, and that in any case, it is based on a clear public interest, given that the project's purpose is to satisfy the demand for electric energy in the country. That the execution of the expropriation agreement only makes it possible to initiate the expropriation process and not to install the transmission line, which would only be feasible once those proceedings are concluded and the just compensation established in the judgment is deposited; that it is an infrastructure work of great national importance and that all necessary technical, environmental, and socio-economic aspects have been taken into account, besides the fact that there is no scientific proof demonstrating a causal link between the installation of transmission lines and significant environmental damage, as the Constitutional Chamber has already indicated in judgment number 2806-98, reasons for which the appeal is requested to be rejected.— She adds that the plaintiffs already went to the Constitutional Chamber and that it dismissed the amparo filed, through judgment 2504-99. Both judgments have been carefully analyzed by the Court, for the purpose of resolving this motion.—

            III).— Article 91 of the Law regulating this Jurisdiction stipulates that: "The filing of the complaint shall not prevent the Administration from executing the challenged act or provision, unless the Court agrees, at the request of the plaintiff, to the suspension. 2. This shall proceed when the execution would cause damages or injuries of impossible or difficult reparation," by virtue of which, it must be analyzed whether the execution of the challenged ICE Board of Directors agreement could cause the environment damages and injuries of the magnitude required by the Law.— The first thing that must be indicated is that the affected property is, in its entirety, a Wildlife Refuge, declared as such by executive decree number 27257-MINAE, of May 20, 1998.— In the recital section of that decree, and in relation to the environmental importance of the property, the following is read:

"3º That the property... due to its biophysical conditions constitutes a natural refuge for a great quantity of species of wild flora and fauna with reduced populations in the Meseta Central.

4º That said area constitutes a very important nucleus for the conservation of wildlife in that zone, within which are found several special floristic elements such as the pochote (Bombacopsis quinatum), espavel (Anacardium exelsum), ceiba (Ceiba pentandra), cocobolo (Dalbergia retusa), guanacaste (Enterolobium exelsum), ojoche (Brosinum costarricanum), cedar (Cedrela mexicana). Among the fauna, species with reduced populations or in danger of extinction in the country stand out, such as: jaguarundi (Herpailurus yaguaroundi), margay (Leopardus weidii), white-faced capuchin monkey (Cebus capucinus) and howler monkey (Alouatta palliata); as well as agouti (Dasyprocta punctata), paca (Agouti paca), coati (Nasua Narica), raccoon (Procyon lotor), water opossum (Chironectes minimus), common opossum (Didelphis marsupialis), three-toed sloth (Bradypus variegatus), northern tamandua (Tamandua mexicana), squirrel (Sciurus variegatoides), tayra (Eira barbara), Mexican hairy dwarf porcupine (Coendu Mexicanum) and nine-banded armadillo (Dasypus novemsinctus). In the group of birds, the keel-billed toucan (Ramphastus sulfuratus), long-tailed manakin (Chiroxiphia linearis) and squirrel cuckoo (Playa cayana) stand out. Among the snakes, the boa (Boa constrictor), fer-de-lance (Botorps asper), tiger rat snake (Spilotes pullatus), olive-striped racer (Leptophis depressirostris), indigo snake (Drymarchon corals) stand out. Other reptiles include the common basilisk (Basiliscus basiiscus), the ameiva (Ameiba spp) and the black spiny-tailed iguana (Ctenosaura simitis).

5º That the integrated rational management of renewable natural resources contributes to satisfying regional needs for research, recreation, environmental education, as well as the rationally exploited use of natural resources."

            It is clear that the property of the plaintiffs is currently, here and now, dedicated to a purpose that is of high public interest, which has, moreover, deep constitutional roots, which is the conservation of the environment and, in particular, that of wildlife.— Indeed, article 50 of the Fundamental Charter establishes every person's right to a healthy and ecologically balanced environment and the State's correlative obligation to guarantee, defend, and preserve that right; a provision that finds broad development in an innumerable quantity of international instruments, among which may be cited, by way of example, the Convention for the Protection of Flora, Fauna, and Natural Scenic Beauties of the American Countries (Law 3641), the Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Law 5980), the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Law 7223), the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Law 7224), the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (Law 7228), the Agreement for the Creation of the Inter-American Institute for Global Change Research (Law 7402), the United Nations Framework Convention on Climate Change (Law 7402), the Convention on Biological Diversity (Law 7414), the Convention for the Conservation of Biodiversity and the Protection of Priority Wildland Areas in Central America (Law 7433) and the Agreement of the Central American Commission on Environment and Development (Law 7498).— We also find a good number of Declarations and similar texts, among them, the Stockholm Declaration, approved in June 1972 by the United Nations Conference on the Human Environment; the World Charter for Nature, resolution number 37-7 of the United Nations General Assembly of October 28, 1982; the Declaration on the Right to Development, which is resolution number 41-128 of the United Nations General Assembly of December 4, 1986; the Río Declaration —cited by the movants— approved at the United Nations Conference on Environment and Development in June 1992, and finally, the Vienna Declaration, approved at the World Conference on Human Rights, held in June 1993.— The cited normative bodies, it is worth saying, the constitutional norm and the international instruments, complement each other to integrate the constitutional parameter in environmental matters, and from there arise the essential and binding principles, for both private individuals and all public bodies, on this topic and that have inspired the current secondary legislation, among them, the Ley Orgánica del Ambiente and the Ley de Biodiversidad, to cite only the most recent; even in this last law, the following are established as criteria for interpretation in matters of biodiversity protection (article 11): the preventive criterion, which recognizes that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats; the precautionary or indubio pro natura criterion, according to which, when there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures; the criterion of environmental public interest, which indicates that the use of the elements of biodiversity shall guarantee the development options of future generations, food security, the conservation of ecosystems, the protection of human health, and the improvement of the quality of life of citizens; and finally, the integration criterion, according to which, the conservation and sustainable use of biodiversity shall be incorporated into plans, programs, activities, and sectoral and intersectoral strategies, for the purposes of integrating them into the development process.

IV).— Now, while it is true that all the enunciated texts regulate specific topics, there is not a single one of them in which the incontrovertible fact is not recognized that protecting nature, which is world heritage, is to safeguard not only the life of people and their health, but also that of humanity on earth.— And it is for that reason that currently, we speak of "sustainable development," which in its most basic conception incorporates into the economic and social aspects, traditionally components of every development plan, the environmental variable, with the idea of protecting our present, as well as safeguarding the heritage of future generations.— Our constitutional jurisprudence has been abundant in this aspect, and has made a fierce defense of the environment, in relation to the various development plans and policies that have been intended to be implemented in our environment. Thus, in judgment number 2641-96, it stated:

    "The environment... must be understood as a development potential to be used adequately, having to act in an integrated manner in its natural, sociocultural, technological, and political order relationships, since, otherwise, its productivity for the future and the present is degraded and the heritage of future generations could be put at risk... The primary objective of the use and protection of the environment is to obtain development and evolution favorable to human beings. Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is to understand that while man has the right to make use of the environment for his own development, he also has the duty to protect it and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation in this matter, of the principle of 'injury,' already consolidated in Common Law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: on one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational and useful exercise of the right itself"

In that same line, and more concretely on sustainable development, that Court has expressed:

"...it is the State's obligation to provide for its protection [that of the environment], whether through general policies to achieve that end or, through concrete acts by the Administration. Sustainable development is one of those general policies that the State dictates to expand the possibilities for everyone to fulfill their aspirations for a better life, increasing production capacity or, expanding the possibilities of reaching equitable progress between demographic growth or between it and natural systems. Sustainable development is the process of transformation in the use of resources, orientation of investments, channeling of technological development, institutional changes, and everything that contributes to meeting the human needs of the present and the future." (Judgment number 1763-94)

            This new conception, about how the development of our society should be sought, obliges everyone —private individuals or public officials— to strive in the search for solutions to reconcile all the interests at stake, trying to avoid, as much as possible, the least damage to the environment; so that it is not about preventing the technological development of countries, nor the satisfaction of the basic needs of the population, but about seeking that the fulfillment of such ends be done in harmony with the environment, that is to say, in the balance of all the factors that influence the making of decisions. From this obligation, this specialized jurisdiction does not escape, and even less so, when it comes to resolving on the appropriateness or not of precautionary measures in defense of the environment.—

            V).— The constitution of the easement (servidumbre), and therefore, the passage of the transmission line through the property of the movants, implies according to article 2 of the challenged agreement, that for safety reasons, as well as for expansion provisions and operation and maintenance requirements, within the rights-of-way or easements (servidumbres), activities such as the following are prohibited: all types of buildings, planting of crops that must be burned periodically, such as sugar cane, and crops such as rice. Nor may trees or crops be planted that in their final development, come within five meters of the lowest conductors, under maximum load or contingency conditions. Likewise, earthworks (movimientos de tierra) that raise or alter the terrain profile and the storage of flammable or explosive materials are prohibited. In case of performing excavations near the structures of the work, ICE must be consulted beforehand. Similarly, access must be allowed to officials in charge of the work, for its construction or maintenance.— For that reason, although in this venue it has not been possible to verify whether or not the transmission lines cross the forested part of the Refuge —since there are insufficient elements of judgment in this regard in the record, it must be taken into account that "the easement (servidumbre) area is covered with secondary forest and brushland (tacotal)" and that ICE is fully aware of this.— That being so, it is easy to reach the conclusion that the passage of the transmission line, if the necessary protection measures are not taken, is indeed susceptible to producing a significant direct impact on the species that coexist there.— Within the "secondary forest" located there, are found special floristic elements such as the pochote, espavel, cocobolo, guanacaste, ceiba, ojoche, and cedar, among many others, whose final development, in all cases, exceeds the maximum height established in the agreement constituting the easement (servidumbre); and hence it can be stated that, even for the normal operation of the transmission lines, ICE will have to take the necessary measures to protect the project, with which trees that in their final development come within five meters of the lowest conductors could not exist, with the imminent risk of their felling.— Furthermore, the easement (servidumbre) would split the Refuge in two, and the habitat of the fauna species would be threatened, which could also cause damage to the ICE structure. Think for example, of the danger that the existence of a high-voltage electricity transmission line in their natural environment means for birds at risk of extinction, or of the not distant possibility that, if a tower is installed in the area that crosses the Refuge (and there is also no proof whatsoever in the record indicating that within the Refuge it will not be necessary to build them), some species of monkeys or squirrels that inhabit there, to cite only those, could die as a direct consequence of contact with the cables or cause damage to them. From the record, it does not appear, on the other hand, that ICE has completed the environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) that our legislation requires; rather, from the documentation existing in the record, the only reference that exists about the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) is found at folio 14 of the administrative record, where it is indicated that "the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) of the Parrita Lindora line is currently advanced, only the archaeological study being pending," but nothing more; the results of said study are still unknown, and therefore it is not known with certainty whether or not it analyzes the consequences of passing the line through the Refuge.— In this sense, it is important to transcribe, as relevant, what was said by the Constitutional Chamber, which despite having dismissed an amparo action, which for similar reasons to those exposed here, was brought by the movants, stated in relation to the protection that the existence of a Wildlife Refuge merited.— This is judgment number 2504-01, at 18:03 hours on April seventh, nineteen ninety-nine, in whose last Considering the following is read:

"... as regards the environmental protection enshrined in article 50 of the Political Constitution, it is important to highlight that the Secretaría Técnica Nacional Ambiental of the Ministerio del Ambiente y Energía (SETENA) authorized the work with a simple sworn statement of environmental commitments. However, for this —according to what was expressed in the report rendered by the representative of the Secretariat— the declaration as a private wildlife refuge of the plaintiffs' property, which operated under Executive Decree number 27257-MINAE, published in the Official Gazette 'La Gaceta' number 60 of Friday, September 11, 1998, was not taken into account. The foregoing because the Decree in question had not yet been signed and published. This argument eludes the core question, which is whether the work can remain approved in those terms despite the declaration of the land as a wildlife refuge and, even if that were possible, whether the sworn statement in its current terms implies the environmental protection that the refuge requires. None of these circumstances was understood upon completing the Preliminary Environmental Assessment Form that appears at folios 40 and 41 of this record (question number 27 of the form expressly asks whether the land is located within a protected area and it was answered no), upon issuing resolution number 503-97-SETENA (folio 44), nor upon rendering the sworn statement of environmental commitments (folio 45), which gave rise to resolution number S.G.497-97 of the Secretariat, exempting from the presentation of an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental). This process was completed one year before the Decree in question appeared published (the form is dated July 21, 1997, the first resolution of the Secretariat is from July 28, 1997, and the second from September 2, 1997), so that there was no obligation on the part of the Institute or the Secretariat to address the matter from that perspective. Likewise, the reports rendered by the Instituto Costarricense de Electricidad and SETENA are from a few days before the publication (September 4 and 2, 1998, respectively). However, it is clear that Executive Decree number 27257-MINAE obliges rethinking, before starting the works, the problem of their impact on the environment, so that to the recommendations formulated in the previous section, it is worth adding here that the point must be obligatorily submitted by the Instituto Costarricense de Electricidad to consideration of SETENA, with due advance notice prior to the start of the works."

See then, that the Constitutional Chamber itself established the obligation of the defendant entity to take special measures in protection of the Refuge, but there are not sufficient elements in the record to consider that the imposed duty has been fulfilled.—

            VI).— Now then, the defendant alleges that it has not been proven that the execution of the administrative act produces damages of difficult or impossible reparation, and that its execution only makes it possible to initiate the expropriation process, and not to install the transmission line, since that would only be feasible once the expropriation proceedings are concluded and the just compensation established in the judgment is deposited, besides the fact that the damages refer to future events conditioned on the installation of the transmission line, and that there is no scientific proof demonstrating a causal link between the installation of these and environmental damage. The lower-court judge accepted those criteria, and rejected the motion for considering it premature and for the lack of scientific proof about the damages it would cause to the environment, arguments with which this Court disagrees.— In the first place, it is evident that, once the constitution of the easement (servidumbre) has been declared of public utility, and the amount of the compensation has been set at the administrative level, the judicial expropriation proceedings are solely aimed at determining the just compensation, without it being possible to discuss in that venue eventual environmental damage. Moreover, with the definitive setting of the amount, and its deposit by the expropriating entity, it is proper in good law to place ICE in possession of the expropriated property, so that the thesis that the action is premature is not acceptable. To affirm that environmental damage would eventually be caused with the installation of the line would imply distorting the purpose of precautionary protection, by allowing first the construction of the project and then determining whether it, in its operation, harms or not the Nation's environmental interests. As already stated, in this delicate matter, the so-called "precautionary principle" applies, according to which, when there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures, and hence it is not possible to maintain, without in turn harming said principle, that because there are no environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) that allow defining the drawbacks of the layout of the easement (servidumbre) through the property of the plaintiffs, the legal prerequisites for the adoption of the measure do not exist —as is stated in the appealed resolution— when it is rather the absence of such studies that obliges imposing it.—

            VII).— And on this particular topic, it must be indicated that in our judgment, resolution number 2806-98, at 14:30 hours on April 28, 1998, from the Constitutional Chamber, which is also cited in the defendant's writings, has little to do with the situation of the specific case.— In said judgment, issued on the occasion of an amparo action brought by residents of the Canton of Belén against ICE, for the expansion of the existing high-voltage transmission line in that Canton, called the Alajuela-La Caja Transmission Line, what was determined, based on a series of environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) and a good amount of scientific and technical criteria brought to said guarantee process —which, by the way, are missing here— was that there was insufficient scientific basis to determine that the electromagnetic fields such as the one generated by the mentioned transmission line had negative effects on human health, and more concretely with the appearance of certain types of cancer (see full copy of the judgment, from folios 47 to 66 of the motion).— Said discussion was opened in constitutional venue, by virtue of the fact that the lines crossed several residential areas of the zone, and because of the alleged risk of cancer appearing in people living near them, which is not what is discussed in this case. Here the issue has different nuances, since what is at stake is not the influence of electromagnetic fields on the environment or human health —nor that of said fields on plants or animals— but rather, the direct influence of the installation of the transmission line, in an area that was declared by the State itself —lato censu— as a Wildlife Refuge, for the protection of endangered species of flora and fauna.— And for different scenarios, solutions are also diverse.— Unlike the case resolved in the constitutional judgment, in the present one there are no duly completed environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental), nor other scientific studies demonstrating that such damage will not exist, and on the contrary, given the nature of the works to be developed, there is an elementary principle of logic (article 16 of the Ley General de la Administración Pública), which indicates to us that there may indeed be a direct impact on the Refuge from the development of the work, without it being evident either that the institution has taken into account all the necessary technical, environmental, and socio-economic elements, as is so clearly affirmed.— In summary, for the purposes of the provisions of article 91.2 of the Law of this Jurisdiction, and due to the special characteristics of the case, it is evident that allowing the execution of the challenged agreement would cause damages of difficult or impossible reparation to the environment, given the imminent risk that once the transmission line is installed, endangered species of flora and fauna perish or are affected.

In that regard, it is estimated that granting the requested precautionary measure constitutes, simply, the concrete application of the well-known "precautionary or pro natura" principle, which implies admitting that in case of doubt as to whether a public work causes or does not cause environmental harm, the matter must be resolved in favor of protecting the environment, at least until it is reliably guaranteed that protected species will face no danger whatsoever, which in turn would honor the commitments assumed by the entire community, upon the insertion of the current text of Article 50 of the Constitution, as well as those deriving from international instruments signed, approved, and ratified by Costa Rica in this matter.-

VIII).- Nor does the Court share the reasoning contained in the appealed decision regarding the absence of an appearance of good right (fumus boni iuris) in the specific case, nor the reasoning that the suspension must be denied because the constitution of the easement (servidumbre) is based on public interest.- To refute the first point, it is sufficient to note that it was the property owners themselves who voluntarily decided to submit to the protection regime of a Wildlife Refuge, and that by doing so, they saw their possibilities of disposition and enjoyment of the property substantially limited for the benefit of the entire community; furthermore, in view of the record, the seriousness of the allegations raised during the proceeding cannot be denied —without this statement implying, of course, any advance of opinion regarding the nullity claimed in the main proceeding— nor can the fact that the moving parties are not coming to this venue in defense of patrimonial or economic interests, that is to say merely private ones, but rather in protection of the environment and threatened species. And precisely because of the foregoing, it must be affirmed that this is not a conflict between a public interest and a private one, but rather the need to satisfy two constitutionally grounded public interests, equally important for society. The Court is not unaware of the constitutional basis for expropriation, nor the legal powers of the Instituto Costarricense de Electricidad to impose the constitution of easements (servidumbres) for the passage of transmission lines, and even less so the national importance and the public interest involved in completing an infrastructure work such as the Parrita-Lindora project, but it opts to grant the precautionary measure, not only because the legal requirements are indeed met, but because it considers that the immediate execution of the challenged agreement would cause greater harm to the environment than the suspension would cause to ICE, since the works have not yet begun, the Institution can well continue with the easement constitution procedures on other affected properties, complete the environmental impact studies, and even analyze, if applicable, other possible routing options for the transmission line in the area in conflict, if the technical and scientific studies so recommend, especially in the specific case, where the easement area is relatively small, as it has an average length not exceeding 73 meters.- The suspension of the agreement’s effects, of course, is provisional in nature, and nothing prevents, should there be a change in the conditions that now compel granting the precautionary measure, this jurisdiction from reconsidering the advisability and necessity of maintaining the measure.-

THEREFORE:

The appealed decision is reversed and, in its place, this motion is granted.- Consequently, the effects of the Agreement of the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Electricidad, adopted at session number 5057 of March 23, 1999 and published in the Official Gazette "La Gaceta," number 110 of June 8, 1999, by which an easement right (derecho de servidumbre) was constituted for the installation of the Tarbaca-Lindora transmission line within the "Familia Gingold Private Wildlife Refuge," are suspended. Let it be notified.-


 

 
Horacio González Quiroga

 

 
            Cristina Víquez Cerdas                         Hubert Fernández Argüello

 

REF. Motion for suspension of the effects of the administrative act.

File No. 99-0935-163 CA, Andrew Stuart Gingold Segan and another v. ICE

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