Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)El representante del Estado, en memorial remitido por medio de fax el cinco de diciembre (Folio 52), cuyo original fue presentado ante el Juzgado de origen el siete de diciembre (Folio 54), ambos del dos mil uno, interpuso Recurso de Apelación contra la citada sentencia, dentro de los plazos previstos por los artículos 59 de la Ley de Jurisdicción Agraria y 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mostrándose inconforme por lo siguiente: Alega, hizo ver al Despacho en escrito presentado el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, ninguno de los testigos en esta información posesoria dio fe, el inmueble hubiese sido poseído con por lo menos diez años diez años de antelación a la vigencia del Decreto Ejecutivo N° 8494-A del veintiocho de abril de mil novecientos setenta y ocho, creador de la Reserva Forestal Golfo Dulce; no obstante ello, el Juzgador en la sentencia desecha el valor probatorio de la testimonial y únicamente concede credibilidad a una carta venta privada con fecha cierta, la cual no constituye documento público y ni siquiera indica los años de posesión que se transmiten.
Conforme se indicó al inicio del considerando anterior, en caso de existir hechos tenidos por indemostrados relevantes para el dictado del fallo, debió el juzgador incluir una lista de tales. Ante esa omisión, considera el Tribunal importante tener por indemostrado lo siguiente: 1.) No demostró el titulante haber estado en posesión del inmueble a titular, junto con su transmitente, diez años antes de que éste fuera incluido como parte de la Reserva Forestal Golfo Dulce, y haber protegido el recurso forestal desde esa fecha. No hay prueba en tal sentido.
Lo anterior significa, de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias el titulante para poder inscribir a su nombre el bien en mención, debió demostrar haber protegido el recurso y haber ejercido posesión sobre éste con por lo menos diez años antes de la vigencia del Decreto que creó la Reserva Forestal Golfo Dulce, es decir, antes del veintiocho de abril de mil novecientos sesenta y ocho, sin que se haya acreditado en este caso ninguno de esos dos requisitos.
English (translation)The State representative, in a brief sent by fax on December 5 (Folio 52), the original of which was filed at the trial court on December 7 (Folio 54), both in 2001, filed an appeal against the cited judgment, within the time limits set by Articles 59 of the Agrarian Jurisdiction Law and 6 bis of the Organic Law of the Judiciary, expressing disagreement as follows: He contends, he pointed out to the Court in a brief filed on November 22, 1999, that none of the witnesses in this possessory information attested that the property had been possessed for at least ten years prior to the effective date of Executive Decree No. 8494-A of April 28, 1978, which created the Golfo Dulce Forest Reserve; however, the Judge in the judgment discards the probative value of the testimonial evidence and only grants credibility to a private sale agreement with a certain date, which is not a public document and does not even indicate the years of possession being transferred.
As indicated at the beginning of the preceding recital, if there were facts considered unproven that were relevant for the decision, the Judge should have included a list of such. Faced with this omission, the Tribunal considers it important to hold the following as unproven: 1.) The claimant did not prove to have been in possession of the property to be titled, together with his transferor, ten years before it was included as part of the Golfo Dulce Forest Reserve, and to have protected the forest resource since that date. There is no evidence to that effect.
This means that, in accordance with Article 7 of the Possessory Information Law, in order to register the aforementioned property in his name, the claimant had to demonstrate he protected the resource and exercised possession over it for at least ten years prior to the effective date of the Decree creating the Golfo Dulce Forest Reserve, i.e., before April 28, 1968, without having proved either of those two requirements in this case.
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Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 00194 - 2002 Fecha de la Resolución: 21 de Marzo del 2002 a las 09:20 Expediente: 99-000120-0419-AG Redactado por: Damaris María Vargas Vásquez Clase de asunto: Proceso de información posesoria Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencia con nota separada Texto de la resolución VOTO N° 194 TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE. GOICOECHEA, A LAS NUEVE HORAS VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL DOS.- Proceso de Información Posesoria planteado por [Nombre1] , de calidades conocidas en autos, tramitado en el Juzgado Agrario de la Zona Sur. En el proceso se tuvo como parte al Instituto de Desarrollo Agrario y al Estado, este último representado por la Procuraduría General de la República, apersonándose por el primero el Ingeniero Marco Antonio Bolaños Viquez en el carácter de Apoderado Generalísimo sin límite de suma y del segundo, el Licenciado Víctor Bulgarelli Céspedes como Procurador Agrario y Ambiental. Conoce el Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el representante del Estado contra la sentencia dictada por el Juzgado de origen a las once horas veinte minutos del veintidós de noviembre del dos mil.- RESULTANDO 1) El titulante plantea proceso de Información Posesoria solicitando: “ A fin de que careciendo de título inscribible de dominio en el Registro Público y no pretendiendo evadir trámite alguno de Juicios Sucesorio, se inscriba el lote que se dirá en el Registro Público, ubicado en [Dirección1] , , , Provincia de Puntarenas. Mide: Dieciséis hectáreas mil ciento setenta y un metros ochenta decímetros cuadrados, según plano catastrado número P-541924-99. [Dirección2]: [Dirección3] : , [Dirección4] : [Nombre1] .- 2) El representante de la Procuraduría General de la República, contestó la demanda en los términos que corren de folio 18 a 20, oponiéndose a la misma, pues el terreno descrito en el plano N° P541924-99 forma parte del Patrimonio Natural del Estado, es inalienable y la posesión de particulares no causa ningún derecho a su favor (Ley Forestal, N° 7575, artículos 13,14 y 15) en virtud de lo anterior, solicito al Despacho el rechazo de esta información posesoria en la resolución de fondo. Asimismo el representante del Instituto de Desarrollo Agrario contestó la demanda en los términos que corre de folio 30 oponiéndose de igual forma a la misma.- 3) La Licenciada Marisel Zamora Arias jueza de primera instancia, en sentencia de las once horas con veinte minutos del veintidós de noviembre del dos mil uno, resolvió: “ POR TANTO: habiendo llenado todos los requisitos que exige la Ley de Informaciones Posesorias número ciento treinta y nueve del catorce de julio de mil novecientos cuarenta y uno y sus reformas, teniéndose como parte al Instituto de Desarrollo Agrario y a la Procuraduría General de la República quienes estuvieron conforme con las presentes diligencias, en consecuencia, inscríbase en el Registro Público de la Propiedad sin perjuicios de terceros con mejor derecho a favor de [Nombre1] , mayor, casado una vez, agricultor, vecino de El Porvenir, Sierpe Osa, cédula de identidad número CED1, el inmueble que se describe así: Terreno de aproximadamente dos hectáreas y media de tacotales sembrado de árboles frutales y el resto de montaña, SITUADO: El Porvenir, [Dirección5] , , Provincia de Puntarenas, COLINDANCIAS: NORTE Y ESTE: [Nombre2] , SUR Y OESTE: [Nombre1] . PLANO: P-541924-99, de fecha 05-02-1999. ACTOS POSESORIOS: consisten en siembra como mamón chino, aguacate, castañas, mango y limón, así como la protección del bosque natural consistente en actos de vigilancia para evitar la casería y la tala ilegal. ADQUISICIÓN: mediante compra venta a el señor [Nombre3] , mayor, casado, agricultor, vecino de Barranca, Puntarenas, cédula de identidad número CED2, ESTIMACIÓN: El inmueble a titular y las presentes diligencias fue estimado en la suma de Un Millón de Colones. EDICTO: Publicado en el Boletín Judicial N° 53 de fecha quince de Marzo del dos mil. GRÁVAMENES Y CARGAS REALES: No soporta ni existen codueños ni cargas legales. POSESIÓN: El promovente [Nombre1] , ha poseído el terreno en forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida de buena fe y a título de dueño por más de diez años, incluyendo la posesión del anterior dueño de quién lo adquirió. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES: El inmueble a titular debe inscribirse sujeto a las reservas que indica el artículo 19 de la Ley de Informaciones Posesorias. Asimismo cualquier actividad que se pretenda realizar dentro del inmueble que pueda afectar la conservación, protección, renovación, de los bosques, queda prohibido la corta o eliminación de árboles, previamente autorizado por la Dirección General Forestal, lo anterior con el fin de que exista el equilibrio óptimo de los recursos naturales y el aprovechamiento sostenible del bosque. Igualmente el área continuo la quebrada que señala el artículo 33 inciso b) y 34 de la Ley Forestal Número 7575”. - 4) En los procedimientos y plazos se han observado las formalidades de ley. No se notan defectos u omisiones capaces de causar indefensión a las partes.- Redacta la jueza Vargas Vásquez; y, CONSIDERANDO I.- El juzgador de instancia no incluyó en su sentencia un elenco de hechos probados, requisito esencial dispuesto por el artículo 155 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente; no obstante, tal omisión por sí misma no es constitutiva de una nulidad del fallo, pues es posible en esta instancia llenar esa omisión en relación con la resolución que sobre este proceso se dicte. Como tales se tienen: 1.) El representante del Estado, en libelo presentado al Juzgado de origen el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, solicitó al Juzgado el rechazo en sentencia de la Información Posesoria, aduciendo se trataba de inscribir un bien que forma parte del Patrimonio Natural del Estado, el cual dijo, es inalienable y la posesión de los particulares no causa derecho a su favor. (Folios 32 a 34). 2.) El inmueble a titular se encuentra representado en el Plano Catastrado Número P-Quinientos cuarenta y un mil novecientos veinticuatro-noventa y nueve, tiene una medida de dieciséis hectáreas mil ciento setenta y un metros con ochenta decímetros cuadrados, y según el citado levantamiento topográfico, colinda al norte, noreste y este con [Dirección6] y al sur y oeste con [Dirección7] Valencia Valencia; y se encuentra ubicado dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce. (Plano de folio 1, certificación de folio 5 y escrito inicial presentado por el promovente de folio 10). 3.) En carta venta privada fechada veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, [Nombre3] traspasó a [Nombre1] una finca ubicada en El Porvenir de Sierpe de Osa, con una medida de treinta hectáreas, lindante al sur o este con [Nombre1] y al [Dirección8] y [Dirección9] con [Nombre2] , en la cual no había ninguna clase de agricultura. (Documento de folio 3).- II.- Conforme se indicó al inicio del considerando anterior, en caso de existir hechos tenidos por indemostrados relevantes para el dictado del fallo, debió el juzgador incluir una lista de tales. Ante esa omisión, considera el Tribunal importante tener por indemostrado lo siguiente: 1.) No demostró el titulante haber estado en posesión del inmueble a titular, junto con su transmitente, diez años antes de que éste fuera incluido como parte de la Reserva Forestal Golfo Dulce, y haber protegido el recurso forestal desde esa fecha. No hay prueba en tal sentido.- III.- La sentencia impugnada, dictada a las once horas veinte minutos del veintidós de noviembre del dos mil uno (Folio 50) aprobó la Información Posesoria y dispuso se inscribiera a nombre del promovente el inmueble objeto de titulación.- IV.- El representante del Estado, en memorial remitido por medio de fax el cinco de diciembre (Folio 52), cuyo original fue presentado ante el Juzgado de origen el siete de diciembre (Folio 54), ambos del dos mil uno, interpuso Recurso de Apelación contra la citada sentencia, dentro de los plazos previstos por los artículos 59 de la Ley de Jurisdicción Agraria y 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mostrándose inconforme por lo siguiente: Alega, hizo ver al Despacho en escrito presentado el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, ninguno de los testigos en esta información posesoria dio fe, el inmueble hubiese sido poseído con por lo menos diez años diez años de antelación a la vigencia del Decreto Ejecutivo N° 8494-A del veintiocho de abril de mil novecientos setenta y ocho, creador de la Reserva Forestal Golfo Dulce; no obstante ello, el Juzgador en la sentencia desecha el valor probatorio de la testimonial y únicamente concede credibilidad a una carta venta privada con fecha cierta, la cual no constituye documento público y ni siquiera indica los años de posesión que se transmiten. Se cuestiona, porqué fue recibida la prueba testimonial si para la juzgadora ésta era innecesaria. A su criterio, resuelta obvio que si la Ley de Informaciones Posesorias establece como requisitos la declaración de tres testigos, es porque éstos tienen un valor probatorio de peso y no como una mera referencia. Cita como fundamento de sus argumentos, lo dicho por este Tribunal en Voto N° 323 de las 16:01 horas del 7 de julio del 2000, en el siguiente sentido: "Aunque se indicase en las citadas escrituras el tiempo de traspaso de posesión, ello no constituye plena prueba, pues según la ley de informaciones posesorias la posesión debe necesariamente demostrarse con prueba testimonial, excluyendo así la prueba documental, la cual puede reflejar una verdad formal, y no material como en el caso de testimonios." Pareciera entonces, según indica el recurrente, la jueza de instancia analiza la prueba de manera aislada, y no en su conjunto, pues al resolver toma solamente en cuenta la documental, la cual no era óptima, desdeñando la testimonial recibida con lo cual no existiría una visión integradora del elenco probatorio. A su criterio, la pruebas no deben verse solas, sino que las mismas han de ser complementarias. En este caso es patente, la testimonial no fue observada, de ahí nunca debió aprobarse la información posesoria, menos aún si se está en presencia de un bien integrante del Patrimonio Natural del Estado. Finalmente, llama la atención acerca de lo indicado en la sentencia, en el sentido la Procuraduría se mostró conforme con el trámite, pues en el escrito presentado el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, pidió el rechazo del mismo.- V.- En primer término debe señalarse, la juzgadora de instancia al dictar la sentencia, no guardó las formalidades establecidas por el artículo 155 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente; situación que por sí misma no es causal de nulidad, como se indicó en los considerandos primero y segundo, en la medida pueda ser subsanado ese vacío en esta instancia. No obstante, resulta incorrecto afirmar, como en efecto se hace en la sentencia impugnada: "…teniéndose como parte al … y a la Procuraduría General de la República quienes estuvieron conforme (sic) con las presentes diligencias …" (Folio 50); pues en escrito presentado por dicho ente público el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, expresamente se indicó: "… Así las cosas, el terreno descrito en el plano N° O541924-99 forma parte del Patrimonio Natural del Estado, es inalienable y la posesión de particulares no causa ningún derecho a su favor (Ley Forestal, N 7575, artículos 13, 14 y 15) en virtud de lo anterior, solicito al Despacho el rechazo de esta información posesoria en la resolución de fondo." (Folios 36 a 38). Independientemente, fueran compartidos o no los argumentos expuestos por el representante del Estado en esa oportunidad, debió la juzgadora en su sentencia, pronunciarse sobre ellos al ser objeto de lo debatido, de acuerdo a lo establecido por el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, y expresar en la sentencia lo que realmente reflejan los autos, sin alterar los términos expuestos por el representante del Estado en el escrito en mención, menos aún variando completamente su sentido. Lo anterior, constituye un vicio importante en la sentencia; sin embargo, no fue atacado de nulidad por la parte interesada, razón por la cual considera el Tribunal no amerita el dictado de la nulidad del fallo, pudiendo solventarse la misma por la forma en que se resolverá el asunto en esta instancia.- VI.- Los agravios del recurrente están vinculados con la forma en que la juzgadora de instancia apreció la prueba. Al respecto es importante aclarar, en materia agraria, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria: "… Al resolver sobre el fondo del negocio, el juez apreciará la prueba a conciencia y sin sujeción estricta a las normas del derecho común …". Este método de valoración probatoria no se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico dada la forma en que el mismo está organizado, de ahí, la Sala Primera de la Corte en forma reiterada ha interpretado, el mismo debe entenderse como el sistema de libre valoración probatoria al tener éste límites legales y de equidad que respetar. Básicamente, se ha dicho: “… en materia agraria impera el principio de la apreciación en conciencia de la prueba, que esta Sala ha interpretado como de libre valoración, lo que significa que el juez no está sujeto a criterios preestablecidos y que puede hacer la ponderación del acervo probatorio con gran amplitud, sin otro límite que actuar respetando principios de equidad y derecho …” (Voto N°9 de las quince horas del veintinueve de enero de mil novecientos noventa y siete); “… la Ley de Jurisdicción Agraria, en su artículo 54 para los jueces de instancia, y en el 61 para los de casación, autoriza valorar el elemento probatorio sin sujeción estricta a las normas de derecho común …” (Voto N°50-98 de las quince horas veinte minutos del veinte de mayo de mil novecientos noventa y ocho); “… De modo que la inclinación del Tribunal por los testigos del actor, censurada en el recurso, no fue arbitraria, sino asentada en la lógica, la experiencia y el sentido común. En suma, no hay motivo para admitir que se hubiese juzgado el caso al margen de los elementos de juicio debidamente acreditados en el proceso, ni que se interpretara la prueba bajo una percepción viciosa o meramente subjetiva …” (Sala Primera de la Corte, Voto N° 310-01 de las dieciséis horas del veinticinco de abril del dos mil uno); y últimamente se ha señalado: “… La Ley de Jurisdicción Agraria, tanto en su artículo 54, para los jueces de instancia, como en el 61, para los jueces de casación, autoriza a valorar el elemento probatorio sin sujeción estricta a normas de derecho común. En este caso el juez deberá expresar los principios de equidad o de derecho sobre el cual funde su criterio. Se trata del sistema de la libre valoración y no el de la valoración a conciencia pues esta última es típica de los juzgadores no juristas. Esto significa un rompimiento con el proceso típico del principio dispositivo …” (Sala Primera de la Corte, Voto N° 445-01 de las catorce horas quince minutos del veinte de junio del año dos mil uno). El Tribunal comparte lo expuesto por la Sala Primera, al tenor de lo dispuesto por los artículo 9 del Código Civil y 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de ahí, si el juzgador de instancia dio mayor importancia a una prueba que a otra o se separó de los lineamientos establecidos para la materia civil al momento de interpretar la misma, siempre y cuando haya tomado en consideración los principios de derecho y equidad, no se ha producido ninguna violación al principio de libre valoración probatoria. En tal orden de ideas, el análisis de la prueba debió ser realizado en forma integral, sin que desprenda del fallo la juzgadora se haya inclinado por la documental y haya desdeñado del todo la testimonial, pues ni siquiera dejó plasmado en la sentencia un análisis de una u otra, limitándose a ordenar la inscripción del bien al considerar se había cumplido con "…todos los requisitos que exige la Ley de Informaciones Posesorias, número ciento treinta y nueve del catorce de julio de mil novecientos cuarenta y uno y sus reformas …" (Folio 50). A juicio del Tribunal, ese actuar es incorrecto en la medida, limita el derecho de defensa del representante del Estado al no conocer cuáles fueron los lineamientos de la a quo para dar mayor valor a una prueba que a otra, máxime en este caso, que como se analizará en el siguiente considerando, los resultados de la documental no coinciden con los de la testimonial.- VII.- En el subjúdice, en el escrito inicial presentado por el promovente a estrados el veinte de agosto de mil novecientos noventa y nueve (Folio 10), éste afirmó con carácter de declaración jurada, desde hace más de diez años, incluyendo la posesión del anterior poseedor, ha estado ejerciendo la posesión sobre el inmueble que pretende titular a su nombre, la cual dice, ha sido realizada en forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida, de buena fe y a título de dueño; a su vez, describió el inmueble como ubicado en Sierpe de Osa, con una medida de dieciséis hectáreas mil ciento setenta y un metros con ochenta decímetros cuadrados. Sin embargo, aportó como prueba de la adquisición del bien, una carta venta privada fechada veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, en la cual se consignó, [Nombre3] le traspasaba un inmueble ubicado en el lugar citado, pero con una medida diferente, mencionándose en ese documento el traspaso se hacía por treinta hectáreas, colindantes al sur y oeste con [Nombre1] , y al norte y este con [Nombre2] , el cual no contaba con "ninguna clase de agricultura" (Folio 3). Es evidente, dicho documento no puede en forma alguna ser representativo de posesión alguna por parte del transmitente o del aquí titulante, en la medida, no se indica si el anterior dueño ejercía algún tipo de posesión, todo lo contrario; además, en caso de ésta haberse realizado, no se detalla la forma en la cual pudo haber sido materializada por parte del señor [Nombre3] . Lo anterior, sin dejar de lado, el inmueble a titular, graficado en el Plano Catastrado P-Quinientos cuarenta y un mil novecientos veinticuatro-noventa y nueve (Folio 1), que por sí mismo tampoco podría demostrar el ejercicio de posesión alguna al tenor de lo establecido por el artículo 301 del Código Civil, mide casi la mitad del terreno descrito en la carta venta privada en mención, con una diferencia entre uno y otro de dieciséis hectáreas, citándose colindantes distintos a los descritos en ese documento. Ahora bien, de acuerdo a la certificación emanada por la Oficina de Atención al Usuario del Sistema Nacional de Areas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve (Folio 5), el inmueble a titular se encuentra ubicado dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, creada según Decreto Ejecutivo N° 8494-A del veintiocho de abril de mil novecientos setenta y ocho, hoy regulado por el Decreto Ejecutivo N° 10142-A del veintisiete de julio de mil novecientos setenta y nueve. Lo anterior significa, de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias el titulante para poder inscribir a su nombre el bien en mención, debió demostrar haber protegido el recurso y haber ejercido posesión sobre éste con por lo menos diez años antes de la vigencia del Decreto que creó la Reserva Forestal Golfo Dulce, es decir, antes del veintiocho de abril de mil novecientos sesenta y ocho, sin que se haya acreditado en este caso ninguno de esos dos requisitos. En primer término, [Nombre4] en su declaración, recibida el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, dijo tener veintidós años de edad, eso significa, partiendo de que es cierto conoció el bien desde que tiene "uso de razón" (Folio 25), que difícilmente sería en sus primeros años de edad, es imposible pueda constarle el ejercicio de la posesión por parte del titulante o su transmitente desde el veintiocho de abril de mil novecientos sesenta y ocho, pues para esa fecha faltaban aproximadamente diez años para que naciera. Por su parte, el testigo [Nombre5] admitió, refiriéndose al promovente, lo siguiente: "… el terreno que él hoy pretende titular lo conozco hace más de doce años …" (Folio 26), es decir, desde el año mil novecientos ochenta y siete si se toma en consideración la declaración fue rendida el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, por lo cual sobra decir, no le consta el titulante o su transmitente hayan estado en posesión del bien desde el veintiocho de abril de mil novecientos sesenta y ocho, conforme lo exige el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, menos aún podría acreditar, se ha protegido el recurso forestal. Finalmente, [Nombre6] dijo conocer el bien desde hace dieciséis años (Folio 26 vto), sea desde mil novecientos ochenta y tres partiendo de la fecha en que la declaración de los testigos fue recibida en el Juzgado, de manera tal que igual que los dos anteriores, tampoco podría constarle el ejercicio de la posesión por parte del titulante o su transmitente en los términos exigidos por ley. En consecuencia, del análisis integral de la prueba constante en autos, incluyendo tanto la documental como la testimonial, es fácil concluir debe rechazarse el trámite de información posesoria al no demostrar el promovente haber estado en posesión del inmueble a titular, diez años antes de la vigencia del Decreto que creó la Reserva Forestal Golfo Dulce, ni haber protegido el recurso forestal, contrario a lo expuesto por la juzgadora de instancia, quien debió ser mas cautelosa, al momento de analizar la prueba y en especial, exponer expresamente cuáles fueron las razones que la indujeron a considerar, se cumplió con todos los requisitos exigidos por la Ley de Informaciones Posesorias, sin limitarse en sentencia a aprobar el trámite.- VIII.- Por lo expuesto, ha de revocarse la sentencia impugnada. En su lugar, deberá rechazarse la Información Posesoria promovida por [Nombre1] .- POR TANTO Se revoca la sentencia dictada por el Juzgado Agrario de la Zona Sur a las once horas veinte minutos del veintidós de noviembre del dos mil. En su lugar, se rechaza la Información Posesoria promovida por [Nombre1] .- [Nombre7] ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA CARLOS BOLAÑOS CÉSPEDES NOTA EXPUESTA POR LA JUEZA ALVARADO PANIAGUA AL VOTO QUE ANTECEDE: El Dominio Público -para el caso que nos interesa- es el conjunto de bienes propiedad pública del Estado, lato sensu, afectados al uso público directo o indirecto, de los habitantes, y sometido a un régimen especial de derecho público y, por tanto, exorbitante del derecho privado. El dominio público se encuentra conformado por cuatro elementos: subjetivo, objetivo, normativo y teleológico. El elemento subjetivo se refiere al titular del derecho -El Estado-; el elemento objetivo se refiere o se constituye por el bien o los bienes sobre los cuales recae el dominio público -para este caso el inmueble objeto de litigio- ; el elemento normativo determina cuando un bien reúne los requisitos señalados por ley para considerarlo dominial, es el conjunto de normas que lo rigen -elenco de normas que en adelante se dirán-; y el elemento teleológico que se refiere a la finalidad que se persigue al incluir determinado bien dentro del dominio público, qué finalidad pública es asignada al bien -en este caso la protección de los recursos naturales-. Los bienes de dominio público están sometidos a un régimen jurídico especial, se encuentran sujetos a un poder de policía, y se caracterizan esencialmente por su inalienabilidad e imprescriptibilidad. Por su naturaleza están dirigidos a satisfacer necesidades públicas, este hecho impide que sobre ellos exista tenencia o posesión por parte de particulares o personas privadas, están fuera del comercio del derecho privado. Nuestra Constitución Política en su artículo 121 inciso 14) hace referencia a la Demanialidad indicándo qué bienes son susceptibles de ese régimen de propiedad pública, incluso estableciéndose en ese artículo diferentes grados de afectación pública dándose un grado de publicatio intenso y absoluto hasta otros grados menos intenso y se armonizan los derechos de los administrados con las potestades de la Administración. Nuestro Código Civil vigente que data desde el mes de abril de mil ochocientos ochenta y seis, regula las bases más importantes en materia de bienes de dominio público, concretamente en sus artículos 261 al 263. El artículo 262 del citado Código Civil, hace referencia a dos características importantes de los bienes de dominio público: a- las cosas públicas están fuera del comercio, y b- se establece la desafectación al decir que esos bienes no pueden entrar en el comercio privado, mientras legalmente no se disponga así. Como puede observarse la afectación al régimen de dominio público no depende de la naturaleza del bien, sino de la voluntad del legislador. Mediante voto número 447-91 de las quince horas treinta minutos del 21 de febrero de 1991 la Sala Constitucional manifiesta que la declaración de dominio público del bien se establece por ley, esta declaración no constituye una limitación a la propiedad, de acuerdo con el artículo 45 de la Carta Magna, pues éste artículo se refiere a propiedad privada, y los bienes de dominio público no están sujetos a propiedad privada. El Patrimonio Forestal del Estado, es un bien Demanial regulado en un amplio conjunto normativo en el que históricamente hasta la actualidad se prohíbe a los particulares realizar cualquier tipo de labor dentro de los inmuebles con esa característica y como consecuencia negándoles el derecho de posesión, haciéndose una salvedad en una situación específica que más adelante se dirá. Se considera como Patrimonio Estatal, -en su condición de Demanio Público que implica los principios de imprescriptibilidad, inalienabilidad, e inembargabilidad-, los terrenos que constituyen Reservas Nacionales que tengan Bosques. Lo anterior encuentra su desarrollo normativo en las citas que a continuación se exponen: 1) El Código Fiscal de 1865 el cual contempla un capítulo referido a los bosques, el cual fue derogado por la Ley General de Terrenos Baldíos Número trece del 6 de enero de 1939 la cual incorporaba prácticamente las mismas disposiciones. Por ejemplo el artículo primero indicaba: "Que los terrenos comprendidos en los límites de la República, que no hayan sido adquiridos o inscritos en propiedad mediante título legítimo por particulares, se presumen baldíos y pertenecen al Estado."- Esta ley en general regula la prohibición para poseer e inscribir mediante el trámite de informaciones posesorias las Reservas Nacionales que sean Patrimonio Forestal, en otras palabras no son susceptibles de apropiación por parte de particulares.- La Ley de Tierras y Colonización Número 2825 del 14 de octubre de 1961 mantuvo la misma orientación y se encuentra vigente en la actualidad desde aquella fecha. Así el artículo 8 de esa Ley de Tierras y Colonización establece: "Exceptuado los casos previstos en esta ley es prohibido a los particulares encerrar con cercas, carriles, o cualquier otra forma los terrenos declarados Reservas Nacionales, derribar montes, establecer construcciones y cultivos o extraer de ellos leña, madera, bejuco, palma, y otros productos con fines de explotación. Todo acto de ese genero, si de previo no se han llenado los trámites legales y obtenido la autorización correspondiente será considerado, según el caso como usurpación de dominio público o merodeo, debiendo las autoridades ordenar la destrucción y remoción de las cercas e impedir el uso de esas tierras, sin lugar a inmdenización ni a reclamos por el valor de las mejoras y sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran caber a quienes incurrieren en tales faltas".- Nótese que este artículo sanciona penalmente a aquel que se introdujere a una reserva Nacional para realizar cualquier actividad en esas tierras, por lo que no se le pueda considerar a ésta acto de posesión pues su actividad sería ilegítima.- El artículo 11 de esa misma Ley, establece que pertenecen al Estado en carácter de Reservas Nacionales: "a) Todos los terrenos comprendidos entre los límites de la República que no esten inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autonómas. b-) Los que no esten amparados por la posesión decenal.- c-) Los que por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas.- d-) En general todo los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos."- Por su parte el artículo 19 de la Ley Forestal derogada número 4465 del veintitrés de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve dispuso: "Quedan afectados a los fines de la presente ley todos los bosques y terrenos forestales ubicados en: "a-) Las tierras consideradas Reservas Nacionales..." Y el artículo 25 de esta misma ley señalaba: "La posesión de los terrenos situados en las Reservas Nacionales y fincas del Estado a que se refiere el artículo 19 de esta Ley, no causará derechos de ninguna especie y la acción reinvidicatoria del Estado, por los mismos, es imprescriptible, y la Dirección General Forestal con los medios legales a su disposición, procederá a desalojar de tales terrenos a las personas que los ocupan total o parcialmente, en el caso de que se trate de zonas protectoras, Parques Nacionales, Reservas Forestales, y Reservas Biologícas".- Con estas normas se otorga a los bosques allí mencionados una doble tutela: Primero por su condición de Reserva Nacional, en las que es prohibido realizar cualquier acto posesorio y segundo por constituir Patrimonio Forestal del Estado en el que ningún acto de posesión causará derecho de ninguna especie. Este aspecto se ve confirmado con el artículo 8 del reglamento a esa ley que dice: "Los terrenos Nacionales comprendidos dentro de las áreas declaradas Reservas Forestales son inalineables, es decir no podrán salir del dominio del Estado, y su posesión no causará derecho de ninguna especie de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25, 49 y 57 de la Ley Forestal".- El artículo 80 de la citada Ley Forestal derogada indicaba: "Queda prohibido la invasión y ocupación de terrenos en los Parques Nacionales, Reservas Forestales y Zonas Protectoras. Esta prohibición se extiende hasta las Reservas Nacionales, hasta tanto no se haya determinado su clasificación y transferencia..." El artículo 6 de esta misma ley disponía: " Será sancionado con prisión de seis meses a dos años o con multa de quince a cien días, la persona que: a-) Explote un bosque de patrimonio forestal sin autorización legal correspondiente... b-) Invada un Parque Nacional, Reserva Biologica, Zona Protectora o Reserva Forestal...Si la invasión es en Reservas Nacionales, estará sujeta a lo estipulado en el artículo 227 del Código Penal.-" Como puede observarse los actos posesorios realizados en un bosque patrimonio Estatal resultan ser ilegítimos por lo que no pueden conferir ningún derecho de posesión.- Con la entrada en vigencia de la Ley Forestal Número 7174 del 28 de junio de 1990, se continúa con esta misma filosofía. En el artículo 32 de la citada ley establece: "El patrimonio forestal del Estado esta constituído por todos los bosques y terrenos forestales de las Reservas Nacionales...". El artículo 33 de esa misma ley dispone: "Los terrenos forestales y bosques que constituyen el Patrimonio Forestal del Estado detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalineables, su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reinvidicatoria del Estado por esos terrenos es imprescriptible.- En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante Información Posesoria, su invasión y ocupación será sancionados conforme lo dispuesto en esta Ley".- Con la actual Ley Forestal vigente número 7575 del 5 de febrero de 1996, en su título II regula un capítulo único referido exclusivamente al Patrimonio Natural del Estado, siendo la misma filosofía que se había iniciado desde 1865 con el Código Fiscal, por lo que se reitera en esta nueva normativa que el Patrimonio Natural del Estado estará constituído por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, y las fincas inscritas a nombre de la Administración Pública. El artículo 14 de la misma ley forestal vigente es enfática en indicar que los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado son imprescriptibles, inembargables e inalienables y su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor. La Ley de Conservación de la Vida Silvestre Número 7317 del 21 de octubre de 1972, en sus artículos 3 y 4, además de la declaratoria como de dominio público e interés público, a la fauna y flora silvestre respectivamente, se indica que la flora y fauna silvestre es parte del Patrimonio Nacional. En este mismo sentido la Ley de Biodiversidad número 7788 del 30 de abril de 1998 en su artículo 6 declara los elementos de la biodiversidad como de dominio público, así como la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 46 que establece la soberanía del Estado sobre la diversidad biológica. Por lo expuesto resulta un imperativo legal negar el derecho de posesión a aquellas personas que realizaran cualquier actividad en terrenos no sometidos a propiedad privada y que estén constituídos por bosques en reservas Nacionales.- A esa prohibición imperativa mediante la Ley Forestal Número 7575 del año 1996, que reforma el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, establece una salvedad a la filosofía que hasta ahora se ha expuesto, y es que se posibilita la titulación de bosques cuando dentro de los mismos se haya desarrollado lo que se entiende como posesión ecológica. El terreno objeto de esta información posesoria, es Patrimonio Natural del Estado, pues está compuesto por bosque primario casi en su totalidad, siendo su ubicación parte de la Reserva Forestal Golfo Dulce, lo que es claro dicho territorio es Patrimonio Natural del Estado, desde antes de que se crearan esos Decretos como ya se expuso en el historial normativo supra. Cuando se discute la posesión sobre un bien demanial, sólo cabrá esa discusión cuando se haya adquirido el derecho antes de que se haya declarado el bien como de dominio público. Así mismo, el derecho de propiedad en tales casos sólo podrá obtenerse cuando el titular haya demostrado una posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley que declara el objeto como Patrimonio Natural del Estado. Como ya se ha expuesto la cronología legal que tutela el Patrimonio Natural del Estado, la ley que debe tomarse en consideración para realizar el cómputo de la posesión decenal de los particulares, es la Ley de Tierras y Colonización número 2825 del 14 de octubre de 1961, normativa actualmente vigente. No debe considerarse el Código Fiscal de 1865 y la Ley de Terrenos Baldíos de 1939, pues fueron normas que hacían referencia al tópico en forma genérica, además que no son disposiciones vigentes en la actualidad, no es sino hasta con la actual Ley de Tierras y Colonización que se viene a definir y regular en forma clara la Propiedad o Patrimonio Natural del Estado. Las leyes posteriores como Ley Forestal y otras que se han citado en este considerando, son complementarias a la referida Ley de Tierras y Colonización. Para el caso concreto, de la prueba testimonial recabada no se demuestra esa posesión decenal en los términos de la normativa aquí expuesta, pues en este sentido es que se consigna esta nota, para indicar el promovente debió demostrar diez años de posesión antes de la Ley de Tierras y Colonización, y no del Decreto que creó la zona protectora o refugio silvestre, según se explicó. Las razones expuestas en esta Nota son los fundamentos por los cuales se considera revocar la sentencia recurrida y rechazar esta información posesoria.- ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA EXP: EXPN1. FPS// INFORMACIÓN POSESORIA.- PROMUEVE: [Nombre1] .- Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:25:22. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
VOTE No. 194 SECOND CIRCUIT AGRARIAN COURT OF SAN JOSE. GOICOECHEA, AT NINE HOURS TWENTY MINUTES ON THE TWENTY-FIRST OF MARCH OF TWO THOUSAND TWO.- Possessory Information Proceeding filed by [Nombre1] , of known qualifications in the record, processed in the Agrarian Court of the Southern Zone. The Agrarian Development Institute and the State were parties to the proceeding, the latter represented by the Office of the Attorney General of the Republic, with Engineer Marco Antonio Bolaños Viquez appearing on behalf of the former in the capacity of Unlimited General Agent without limit of amount and, for the latter, Licenciado Víctor Bulgarelli Céspedes as Agrarian and Environmental Attorney. The Court hears the Appeal filed by the representative of the State against the judgment issued by the court of origin at eleven hours twenty minutes on the twenty-second of November of two thousand.- WHEREAS 1) The applicant files a Possessory Information proceeding requesting: “So that, lacking a registrable title of ownership in the Public Registry and not intending to evade any Succession Proceeding, the lot to be described be registered in the Public Registry, located at [Dirección1] , , , Province of Puntarenas. It measures: Sixteen hectares one thousand one hundred seventy-one meters eighty square decimeters, according to cadastral map number P-541924-99. [Dirección2] : [Dirección3] : , [Dirección4] : [Nombre1] .- 2) The representative of the Office of the Attorney General of the Republic answered the complaint in the terms appearing on pages 18 to 20, opposing it, since the land described in map No. P541924-99 forms part of the Natural Heritage of the State, is inalienable, and possession by private individuals does not create any right in their favor (Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575, articles 13, 14, and 15); by virtue of the foregoing, he requested the Court to reject this possessory information in the final judgment. Likewise, the representative of the Agrarian Development Institute answered the complaint in the terms appearing on page 30, opposing it in the same manner.- 3) Licenciada Marisel Zamora Arias, judge of first instance, in a judgment at eleven hours and twenty minutes on the twenty-second of November of two thousand one, resolved: “THEREFORE: having fulfilled all the requirements demanded by the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias) number one hundred thirty-nine of the fourteenth of July of one thousand nine hundred forty-one and its amendments, having as parties the Agrarian Development Institute and the Office of the Attorney General of the Republic, who were in agreement with the present proceedings, consequently, let the following be registered in the Public Property Registry without prejudice to third parties with better right in favor of [Nombre1] , of legal age, married once, farmer, resident of El Porvenir, Sierpe Osa, identity card number CED1, the property described as follows: Land of approximately two and a half hectares of fallow land planted with fruit trees and the remainder mountain, LOCATED: El Porvenir, [Dirección5] , , Province of Puntarenas, BOUNDARIES: NORTH AND EAST: [Nombre2] , SOUTH AND WEST: [Nombre1] . MAP: P-541924-99, dated 05-02-1999. POSSESSORY ACTS: consist of planting such as rambutan, avocado, chestnut, mango, and lemon, as well as the protection of the natural forest consisting of surveillance acts to prevent illegal hunting and logging. ACQUISITION: by purchase and sale from Mr. [Nombre3] , of legal age, married, farmer, resident of Barranca, Puntarenas, identity card number CED2. ESTIMATION: The property to be titled and the present proceedings were estimated at the sum of One Million Colones. NOTICE: Published in Judicial Bulletin No. 53 of the fifteenth of March of two thousand. LIENS AND REAL ENCUMBRANCES: It bears none, nor are there co-owners or legal encumbrances. POSSESSION: The promoter [Nombre1] has possessed the land in a quiet, public, peaceful, uninterrupted manner, in good faith, and as owner for more than ten years, including the possession of the previous owner from whom he acquired it. RESTRICTIONS AND LIMITATIONS: The property to be titled must be registered subject to the reservations indicated in article 19 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias). Likewise, any activity intended to be carried out within the property that may affect the conservation, protection, or renewal of the forests is prohibited; the cutting or elimination of trees is prohibited without prior authorization from the General Forestry Directorate, the foregoing in order to ensure the optimal balance of natural resources and the sustainable use of the forest. Likewise, the area adjacent to the stream indicated in article 33 subsection b) and 34 of the Forestry Law (Ley Forestal) Number 7575”. - 4) The procedural formalities and time limits prescribed by law have been observed. No defects or omissions capable of causing defenselessness to the parties are noted.- Drafted by Judge Vargas Vásquez; and, CONSIDERING I.- The judge of first instance did not include in her judgment a list of proven facts, an essential requirement set forth in article 155 of the Civil Procedure Code, applied supplementarily; however, such omission by itself does not constitute a nullity of the ruling, since it is possible at this instance to fill that omission in relation to the decision issued in this proceeding. As such, the following are held: 1.) The representative of the State, in a brief submitted to the court of origin on the twenty-sixth of November of nineteen hundred ninety-nine, requested the Court to reject the Possessory Information in its judgment, arguing that it involved registering an asset that forms part of the Natural Heritage of the State, which, he stated, is inalienable and the possession of private individuals does not create any right in their favor. (Pages 32 to 34). 2.) The property to be titled is represented in Cadastral Map Number P-Five hundred forty-one thousand nine hundred twenty-four-ninety-nine, has a measurement of sixteen hectares one thousand one hundred seventy-one meters eighty square decimeters, and according to said topographic survey, it borders to the north, northeast, and east with [Dirección6] and to the south and west with [Dirección7] Valencia Valencia; and it is located within the Golfo Dulce Forest Reserve. (Map on page 1, certification on page 5, and initial brief submitted by the promoter on page 10). 3.) In a private bill of sale dated the twenty-ninth of December of nineteen hundred eighty-nine, [Nombre3] transferred to [Nombre1] a property located in El Porvenir de Sierpe de Osa, measuring thirty hectares, bordering to the south or east with [Nombre1] and to the [Dirección8] and [Dirección9] with [Nombre2] , on which there was no kind of agriculture. (Document on page 3).- II.- As indicated at the beginning of the previous considering, if there were facts held to be unproven that are relevant to the issuance of the ruling, the judge should have included a list of such. Given that omission, the Court considers it important to hold the following as unproven: 1.) The applicant did not demonstrate having been in possession of the property to be titled, together with his transferor, ten years before it was included as part of the Golfo Dulce Forest Reserve, nor having protected the forest resource since that date. There is no evidence to that effect.- III.- The challenged judgment, issued at eleven hours twenty minutes on the twenty-second of November of two thousand one (Page 50), approved the Possessory Information and ordered that the property subject to titling be registered in the name of the promoter.- IV.- The representative of the State, in a brief sent by fax on the fifth of December (Page 52), the original of which was submitted before the court of origin on the seventh of December (Page 54), both of two thousand one, filed an Appeal against said judgment, within the time limits provided for in articles 59 of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria) and 6 bis of the Organic Law of the Judicial Branch, expressing his disagreement for the following reasons: He alleges he brought to the Court's attention in a brief submitted on the twenty-second of November of nineteen hundred ninety-nine that none of the witnesses in this possessory information attested that the property had been possessed for at least ten years prior to the entry into force of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 8494-A of the twenty-eighth of April of nineteen hundred seventy-eight, creating the Golfo Dulce Forest Reserve; despite that, the Judge in the judgment discards the probative value of the witness testimony and only gives credibility to a private bill of sale with a certain date, which does not constitute a public document and does not even indicate the years of possession being transferred. He questions why the witness evidence was received if the judge considered it unnecessary. In his opinion, it is obvious that if the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias) establishes the declaration of three witnesses as a requirement, it is because they have significant probative value and not merely as a reference. He cites as a basis for his arguments what was stated by this Court in Vote No. 323 at 16:01 on July 7, 2000, in the following sense: "Even if the transfer of possession time were indicated in the cited deeds, this does not constitute full proof, because according to the possessory information law, possession must necessarily be demonstrated by witness evidence, thus excluding documentary evidence, which may reflect a formal truth, and not a material one as in the case of testimonies." It would seem then, as the appellant indicates, the judge of first instance analyzes the evidence in an isolated manner, and not as a whole, since when resolving, she only takes into account the documentary evidence, which was not optimal, disregarding the testimonial evidence received, meaning there would be no integrating vision of the body of evidence. In his view, evidence should not be seen in isolation, but rather must be complementary. In this case, it is clear that the testimonial evidence was not considered; therefore, the possessory information should never have been approved, even less so when dealing with an asset forming part of the Natural Heritage of the State. Finally, he draws attention to what is indicated in the judgment, in the sense that the Attorney General's Office was in agreement with the proceeding, since in the brief submitted on the twenty-second of November of nineteen hundred ninety-nine, it requested its rejection.- V.- First, it must be noted that when issuing the judgment, the judge of first instance did not observe the formalities established by article 155 of the Civil Procedure Code, applied supplementarily; a situation that by itself is not a cause for nullity, as indicated in the first and second considering, to the extent that void can be filled at this instance. However, it is incorrect to affirm, as is indeed done in the challenged judgment: "…having as parties … and the Office of the Attorney General of the Republic, who were in agreement (sic) with the present proceedings …" (Page 50); since in a brief submitted by said public entity on the twenty-sixth of November of nineteen hundred ninety-nine, it was expressly indicated: "… Thus, the land described in map No. O541924-99 forms part of the Natural Heritage of the State, is inalienable, and the possession of private individuals does not create any right in their favor (Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575, articles 13, 14, and 15); by virtue of the foregoing, I request the Court to reject this possessory information in the final judgment." (Pages 36 to 38). Regardless of whether the arguments presented by the State's representative at that time were shared or not, the judge in her judgment should have ruled on them, as they were the subject of the debate, in accordance with the provisions of article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria), and express in the judgment what the record truly reflects, without altering the terms put forth by the representative of the State in the aforementioned brief, much less completely changing its meaning. The foregoing constitutes a significant defect in the judgment; however, it was not challenged as null by the interested party, which is why the Court considers it does not warrant declaring the nullity of the ruling, it being possible to resolve the matter by the manner in which the case will be decided at this instance.- VI.- The appellant's grievances are linked to the way the judge of first instance assessed the evidence. In this regard, it is important to clarify that in agrarian matters, according to the provisions of article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria): "… When deciding on the merits of the case, the judge shall assess the evidence conscientiously and without strict subjection to the rules of common law …". This method of probative assessment does not conform to our legal system given the manner in which it is organized; hence, the First Chamber of the Supreme Court has repeatedly interpreted that it must be understood as the system of free assessment of evidence, given that it has legal and equitable limits to respect. Basically, it has been stated: “… in agrarian matters, the principle of conscientious assessment of evidence prevails, which this Chamber has interpreted as free assessment, meaning that the judge is not subject to pre-established criteria and may weigh the body of evidence with great latitude, with no other limit than to act respecting principles of equity and law …” (Vote No. 9 at fifteen hours on the twenty-ninth of January of nineteen hundred ninety-seven); “… the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria), in its article 54 for judges of instance, and in 61 for judges of cassation, authorizes the assessment of the probative element without strict subjection to the rules of common law …” (Vote No. 50-98 at fifteen hours twenty minutes on the twentieth of May of nineteen hundred ninety-eight); “… So the Court's inclination toward the plaintiff's witnesses, criticized in the appeal, was not arbitrary, but based on logic, experience, and common sense. In sum, there is no reason to admit that the case was judged outside the elements of judgment duly accredited in the proceeding, nor that the evidence was interpreted under a flawed or merely subjective perception …” (First Chamber of the Supreme Court, Vote No. 310-01 at sixteen hours on the twenty-fifth of April of two thousand one); and recently it has been stated: “… The Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria), both in its article 54, for judges of instance, and in 61, for judges of cassation, authorizes the assessment of the probative element without strict subjection to the rules of common law. In this case, the judge must express the principles of equity or law on which he bases his criterion. This concerns the system of free assessment and not that of conscientious assessment, since the latter is typical of non-jurist adjudicators. This signifies a break with the typical process of the dispositive principle …” (First Chamber of the Supreme Court, Vote No. 445-01 at fourteen hours fifteen minutes on the twentieth of June of two thousand one). The Court shares what was stated by the First Chamber, in accordance with the provisions of articles 9 of the Civil Code and 5 of the Organic Law of the Judicial Branch; hence, if the judge of first instance gave greater importance to one piece of evidence than another or departed from the guidelines established for civil matters when interpreting it, as long as she has taken into consideration the principles of law and equity, no violation of the principle of free assessment of evidence has occurred. In that vein, the analysis of the evidence should have been carried out in an integral manner, without it being apparent from the ruling that the judge leaned towards the documentary evidence and completely disregarded the testimonial evidence, since she did not even set forth in the judgment an analysis of either, limiting herself to ordering the registration of the asset by considering that "…all the requirements demanded by the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), number one hundred thirty-nine of the fourteenth of July of one thousand nine hundred forty-one and its amendments …" had been met (Page 50). In the Court's opinion, that conduct is incorrect to the extent that it limits the right of defense of the State's representative by not informing him what the trial judge's criteria were for giving greater weight to one piece of evidence over another, especially in this case, where, as will be analyzed in the following considering, the results of the documentary evidence do not coincide with those of the testimonial evidence.- VII.- In the case at hand, in the initial brief submitted by the promoter to the court on the twentieth of August of nineteen hundred ninety-nine (Page 10), he affirmed under oath that for more than ten years, including the possession of the previous possessor, he has been exercising possession over the property he intends to title in his name, which, he states, has been carried out in a quiet, public, peaceful, uninterrupted manner, in good faith, and as owner; in turn, he described the property as located in Sierpe de Osa, measuring sixteen hectares one thousand one hundred seventy-one meters eighty square decimeters. However, he provided as proof of the acquisition of the asset a private bill of sale dated the twenty-ninth of December of nineteen hundred eighty-nine, in which it was stated that [Nombre3] transferred to him a property located in the cited place, but with a different measurement, that document mentioning the transfer was for thirty hectares, bordering to the south and west with [Nombre1] , and to the north and east with [Nombre2] , which had "no kind of agriculture" (Page 3). It is evident that said document cannot in any way be representative of any possession by the transferor or the applicant herein, insofar as it does not indicate whether the previous owner exercised any type of possession, quite the contrary; moreover, if it had been exercised, the manner in which it could have been materialized by Mr. [Nombre3] is not detailed. The foregoing, without overlooking that the property to be titled, mapped in Cadastral Map P-Five hundred forty-one thousand nine hundred twenty-four-ninety-nine (Page 1), which by itself could also not demonstrate the exercise of any possession according to the provisions of article 301 of the Civil Code, measures almost half of the land described in the aforementioned private bill of sale, with a difference between the two of sixteen hectares, citing boundaries different from those described in that document. Now, according to the certification issued by the User Service Office of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy on the twenty-eighth of July of nineteen hundred ninety-nine (Page 5), the property to be titled is located within the Golfo Dulce Forest Reserve, created by Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 8494-A of the twenty-eighth of April of nineteen hundred seventy-eight, now regulated by Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 10142-A of the twenty-seventh of July of nineteen hundred seventy-nine. The foregoing means, in accordance with article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), that in order to register the aforementioned asset in his name, the applicant had to demonstrate having protected the resource and having exercised possession over it for at least ten years before the entry into force of the Decree that created the Golfo Dulce Forest Reserve, that is, before the twenty-eighth of April of nineteen hundred sixty-eight, and neither of those two requirements has been accredited in this case. First, [Nombre4] in his statement, received on the fifth of November of nineteen hundred ninety-nine, said he was twenty-two years old; that means, starting from the premise that it is true he knew the property since he had "the use of reason" (Page 25), which would hardly have been in his earliest years of life, it is impossible for him to attest to the exercise of possession by the applicant or his transferor since the twenty-eighth of April of nineteen hundred sixty-eight, since approximately ten years before his birth remained at that time. For his part, the witness [Nombre5] admitted, referring to the promoter, the following: "… the land that he today intends to title I have known for more than twelve years …" (Page 26), that is, since nineteen hundred eighty-seven, if one takes into account that the statement was given on the fifth of November of nineteen hundred ninety-nine; thus, it goes without saying that he cannot attest that the applicant or his transferor had been in possession of the asset since the twenty-eighth of April of nineteen hundred sixty-eight, as required by article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), much less could he accredit that the forest resource has been protected. Finally, [Nombre6] said he had known the property for sixteen years (Page 26 verso), that is, since nineteen hundred eighty-three, based on the date when the witness statements were received at the Court, such that, like the two previous witnesses, he also could not attest to the exercise of possession by the applicant or his transferor under the terms required by law. Consequently, from the integral analysis of the evidence contained in the record, including both documentary and testimonial evidence, it is easy to conclude that the possessory information proceeding must be rejected, since the promoter did not demonstrate having been in possession of the property to be titled ten years before the entry into force of the Decree that created the Golfo Dulce Forest Reserve, nor having protected the forest resource, contrary to what was stated by the judge of first instance, who should have been more cautious when analyzing the evidence and, especially, expressly set forth the reasons that led her to consider that all the requirements demanded by the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias) had been met, without limiting herself in the judgment to approving the proceeding.- VIII.- Based on the foregoing, the challenged judgment must be reversed. In its place, the Possessory Information promoted by [Nombre1] must be rejected.- THEREFORE The judgment issued by the Agrarian Court of the Southern Zone at eleven hours twenty minutes on the twenty-second of November of two thousand is reversed. In its place, the Possessory Information promoted by [Nombre1] is rejected.- (b) Those not covered by decennial possession.—(c) Those that, by special laws, have not been designated for the formation of agricultural colonies.—(d) In general, all those that, not being private property, are not occupied in public services.” In turn, Article 19 of the repealed Forest Law (Ley Forestal) No. 4465 of November twenty-third, nineteen sixty-nine, provided: “All forests and forest lands located in the following are subject to the purposes of this law: (a) Lands considered National Reserves (Reservas Nacionales)...” And Article 25 of this same law stated: “Possession of lands located in the National Reserves and State properties referred to in Article 19 of this Law shall not create rights of any kind, and the State’s action for recovery (acción reivindicatoria) of the same is imprescriptible, and the Dirección General Forestal, using the legal means at its disposal, shall proceed to evict from such lands the persons who occupy them totally or partially, in the case of protective zones (zonas protectoras), National Parks, Forest Reserves (Reservas Forestales), and Biological Reserves (Reservas Biológicas).” With these provisions, the forests mentioned therein are granted double protection: first, by their status as National Reserve, in which performing any possessory act is prohibited, and second, by their constituting Forest Heritage of the State (Patrimonio Forestal del Estado) in which no possessory act shall create rights of any kind. This aspect is confirmed by Article 8 of the regulation to that law, which states: “National lands included within areas declared Forest Reserves are inalienable, that is, they may not leave the domain of the State, and their possession shall not create rights of any kind in accordance with the provisions of Articles 25, 49 and 57 of the Forest Law.” Article 80 of the cited repealed Forest Law stated: “The invasion and occupation of lands in National Parks, Forest Reserves and Protective Zones is prohibited. This prohibition extends to National Reserves, until their classification and transfer have been determined...” Article 6 of this same law provided: “Any person who: (a) Exploits a forest of forest heritage without the corresponding legal authorization... (b) Invades a National Park, Biological Reserve, Protective Zone or Forest Reserve... shall be punished with imprisonment of six months to two years or with a fine of fifteen to one hundred days. If the invasion is in National Reserves, it shall be subject to the provisions of Article 227 of the Criminal Code.” As can be observed, possessory acts carried out in a State heritage forest are illegitimate and therefore cannot confer any right of possession. With the entry into force of the Forest Law No. 7174 of June 28, 1990, the same philosophy continued. Article 32 of the cited law establishes: “The forest heritage of the State is constituted by all forests and forest lands of the National Reserves...” Article 33 of that same law provides: “The forest lands and forests that constitute the Forest Heritage of the State detailed in the preceding article shall be unattachable (inembargables) and inalienable, their possession by private parties shall not create any right in their favor, and the State’s action for recovery of those lands is imprescriptible. Consequently, they are not susceptible to registration in the Public Registry through possessory information (Información Posesoria); their invasion and occupation shall be punished in accordance with the provisions of this Law.” With the current Forest Law in force, No. 7575 of February 5, 1996, Title II regulates a single chapter referring exclusively to the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), being the same philosophy that had been initiated since 1865 with the Fiscal Code, such that this new regulation reiterates that the Natural Heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of areas declared inalienable, and properties registered in the name of the Public Administration. Article 14 of the same current forest law is emphatic in indicating that the forest lands and forests that constitute the natural heritage of the State are imprescriptible, unattachable, and inalienable, and their possession by private parties shall not create any right in their favor. The Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) No. 7317 of October 21, 1972, in Articles 3 and 4, in addition to the declaration as public domain and public interest of wild fauna and flora respectively, indicates that wild flora and fauna are part of the National Heritage. In this same sense, the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) No. 7788 of April 30, 1998, in Article 6 declares the elements of biodiversity as public domain, as does the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) in Article 46, which establishes the State’s sovereignty over biological diversity. For the foregoing reasons, it is a legal imperative to deny the right of possession to those persons who perform any activity on lands not subject to private ownership and that are constituted by forests in National Reserves. From that imperative prohibition, through the Forest Law No. 7575 of 1996, which amends Article 7 of the Law on Possessory Information (Ley de Informaciones Posesorias), there is established an exception to the philosophy that has been set forth up to now, and that is that the titling of forests is made possible when what is understood as ecological possession (posesión ecológica) has developed within them. The land that is the subject of this possessory information is Natural Heritage of the State, since it is composed almost entirely of primary forest (bosque primario), its location being part of the Golfo Dulce Forest Reserve, and it is clear that said territory is Natural Heritage of the State, from before those Decrees were created, as already set forth in the regulatory history supra. When possession of a demanial asset is disputed, such dispute shall only be admissible when the right was acquired before the asset was declared as public domain. Likewise, the right of ownership in such cases may only be obtained when the holder has demonstrated decennial possession (posesión decenal), exercised at least ten years prior to the date of entry into force of the law that declares the object as Natural Heritage of the State. As the legal chronology that protects the Natural Heritage of the State has already been set forth, the law that must be taken into consideration to compute the decennial possession of private parties is the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) No. 2825 of October 14, 1961, a regulation currently in force. The Fiscal Code of 1865 and the Vacant Lands Law (Ley de Terrenos Baldíos) of 1939 must not be considered, for they were rules that referred to the topic in a generic manner, and moreover they are not provisions currently in force; it is only with the current Land and Colonization Law that the Property or Natural Heritage of the State came to be clearly defined and regulated. Subsequent laws such as the Forest Law and others that have been cited in this recital (considerando) are complementary to the referred Land and Colonization Law. In the specific case, from the testimonial evidence gathered, that decennial possession is not demonstrated under the terms of the regulations set forth herein, for it is in this sense that this note is recorded, to indicate the proponent should have demonstrated ten years of possession prior to the Land and Colonization Law, and not prior to the Decree that created the protective zone or wildlife refuge, as was explained. The reasons set forth in this Note are the grounds on which it is considered to reverse the appealed judgment and reject this possessory information.— ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA EXP: EXPN1. FPS// INFORMACIÓN POSESORIA.— PROMUEVE: [Name1] .— It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 08:25:22. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República