Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)La sentencia no tiene una determinación precisa ni circunstanciada en relación al hecho por el que condena al imputado. (...) Sin que el juzgador llegue en algún momento a precisar si fue el acusado quien personalmente realizó la acción por la que le condena o si a diferencia de ello, lo que hizo el acusado fue ordenar o permitir que se realizara la citada conducta por parte de otro u otros sujetos; asimismo no establece ni siquiera en forma aproximada la fecha en que ello ocurrió (...).
Con lo que, como lo argumenta la señora defensora, se está violando el estado de inocencia y el derecho de abstenerse de declarar que tiene el imputado, sin que de ello pueda extraerse aspectos que le perjudiquen o interpretaciones en su contra. Corresponde a quien acusa probar el hecho, y el imputado no está obligado a desvirtuarlo, su silencio al respecto no puede depararle ningún perjuicio.
English (translation)The judgment lacks a precise and detailed determination of the fact for which it convicts the defendant. (...) The judge never establishes whether the defendant personally carried out the action for which he is convicted, or whether he ordered or allowed the conduct to be carried out by another person or persons; nor does it even approximate the date it occurred (...).
Thus, as argued by defense counsel, the state of innocence and the defendant's right to abstain from testifying are being violated, from which no detrimental aspects or interpretations against him can be drawn. It is for the prosecution to prove the fact, and the defendant is not obliged to refute it; his silence in this regard cannot cause him any harm.
Granted
Grande Normal Pequeña Tribunal de Casación Penal de San José Resolución Nº 00319 - 1996 Fecha de la Resolución: 31 de Mayo del 1996 a las 13:50 Expediente: 94-000189-0008-PE Redactado por: Rosario Fernández Vindas Clase de asunto: Recurso de casación Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Texto de la resolución 319-F-96 TRIBUNAL SUPERIOR DE CASACION. San José, a las trece horas con cincuenta minutos del treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y seis. RECURSO DE CASACION interpuesto en la presente causa seguida contra [[Nombre1]], mayor, unión libre, nativo de Ococa, Acosta, San José, el día 16 de noviembre de 1942, vecino de esta ciudad, hijo de [Nombre2] y [Nombre3], con cédula de identidad número CED1; por el delito de INFRACCION A LA LEY FORESTAL, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, los Licenciados [Nombre4], [Nombre5] y [Nombre6]. Se apersonaron en casación la Licenciada [Nombre7], defensora pública del imputado [Nombre8] y la Licenciada Leda Méndez Vargas, en Representación del Ministerio Público. RESULTANDO: 1) Que mediante sentencia número 142-92, dictada a las nueve horas treinta minutos del dos de noviembre de mil novecientos noventa y dos, el Juzgado Penal de [Nombre9] resolvió: "POR TANTO: Por lo antes expuesto y de conformidad a los artículos 39 de la Constitución Política, 1, 30, 45, 50, 51, 59, 63, 71 y 74 del Código Penal; 1, 5, 122 inciso ch) de la Ley No. 7174 del mes de julio de 1990; Ley Forestal vigente; 1, 393, 395, 399, 400, 512, 542 del Código de Procedimientos Penales, SE RESUELVE: Se declara a [Nombre10], autor responsable del delito de INFRACCION A LA LEY FORESTAL, en la modalidad de REALIZACION DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN TERRENOS DE APTITUD FORESTAL y por lo cual se le impone la pena mínima de SEIS MESES DE PRISION, que deberá descontar donde indique el régimen carcelario. Por un período de prueba de TRES AÑOS, se le concede el Beneficio de la Ejecución Condicional de la Pena, con la advertencia de la causal por la cual perderá dicha gracia. Son las costas a cargo del Estado. Firme la sentencia inscríbase un resumen de la misma en el Registro Judicial de Delincuentes. Se ordena el testimonio de piezas ante la Alcaldía de Turno, para la imposición de la multa de ley al testigo [Nombre11], por no haber comparecido el Debate, estando debidamente citado. Por la Infracción Forestal en la modalidad de CORTA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PRIVADA SIN AUTORIZACION DE LA OFICINA FORESTAL, se ABSUELVE de toda pena y responsabilidad al imputado [Nombre10] en aplicación del Indubio Pro Reo. HAGASE SABER. (Causa Penal No. 196-92).- Lic. [Nombre12], Juez, [Nombre13], Srio." (sic).- 2) Que contra el anterior pronunciamiento, la Licenciada [Nombre7], defensora pública del imputado, interpuso Recurso de Casación por la forma. 3) Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 481 del Código de Procedimientos Penales, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el Recurso. 4) Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. Redacta la Jueza Superior [Nombre14], y; CONSIDERANDO: I. Recurre en Casación por la forma la Licda. [Nombre7], Defensora pública del imputado [Nombre8]. Alega que se violó el principio de inocencia y el derecho de imputado de no declarar, lo que no puede ser utilizado en su contra. Que no existe una determinación precisa del hecho que se tuvo por acreditado, y que la sentencia carece de fundamentación en relación a la vinculación del acusado con la acción delictiva. Conforme con la exigencia de separación de motivos, la Licda. [Nombre15] alega los vicios antes citados, en forma separada, pero éste Tribunal, por encontrar que los mismos se relacionan con la fundamentación de la sentencia, los resuelve en conjunto. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO POR LA FORMA. Ciertamente el juzgador incurrió en los vicios alegados por la defensa. La sentencia no tiene una determinación precisa ni circunstanciada en relación al hecho por el que condena al imputado. En el Considerando II, al contemplar los hechos probados, se dice "...2) Que el encartado [Nombre8], sin que pueda precisarse la fecha pero antes del mes de agosto del año en curso, realizó actividades agropecuarias en terreno de aptitud forestal, al disponer que en su finca sita en La Florida de Barú de Pérez Zeledón, socolaron una área aproximada de dos hectáreas y media en bosque de protección con fuertes pendientes de un sesenta por ciento promedio, con la finalidad de sembrarlo de pasto de la variedad braquiaria y sin la autorización de la Dirección General Forestal..." (la letra en negrita no es del original). Más adelante, en el Considerado IV, sobre el fondo,al folio 24, se dice "...sabemos fehacientemente que la socola se realizó en finca del encartado ... dicha área fue socolada y casi en su totalidad fue sembrada de pasto..." (la letra en negrita es nuestra). Sin que el juzgador llegue en algún momento a precisar si fue el acusado quien personalmente realizó la acción por la que le condena o si a diferencia de ello, lo que hizo el acusado fue ordenar o permitir que se realizara la citada conducta por parte de otro u otros sujetos; asimismo no establece ni siquiera en forma aproximada la fecha en que ello ocurrió, pese a que el requerimiento fiscal lo hacía, y a que tenía elementos probatorios de dónde extraerlo, pues decir que la socola se realizó antes de agosto del noventa y dos es totalmente impreciso, pudiendo haber ocurrido, como lo señala la defensora, en años anteriores y estar prescrito. Por ello se violaron los artículos 39 de la Constitución Política y el 395, en los incisos 2 y 3, del Código de Procedimientos Penales, al faltar una debida fundamentación fáctica, producto de una imprecisión en la determinación del hecho acreditado, que afecta el derecho de defensa. También en la sentencia, Considerando IV, folio 23 vuelto, se afirma que por constituir prueba ilegítima no se acude a lo que el acusado manifestó a los funcionarios de la oficina forestal,"... pues más bien lo que nos sirve es lo que el imputado no dijo a los funcionarios, esto es que en ningún momento ha negado no ser el propietario de dicha finca o en su defecto que alguien hizo esos trabajos sin la autorización suya y si nada dijo en descargo o para justificar los trabajos que el mismo anduvo enseñando a los inspectores, habrá que concluir que la finca es de su propiedad y que estaba consciente de los trabajos realizados en su finca." (la letra en negrita es nuestra). Con lo que, como lo argumenta la señora defensora, se está violando el estado de inocencia y el derecho de abstenerse de declarar que tiene el imputado, sin que de ello pueda extraerse aspectos que le perjudiquen o interpretaciones en su contra. Corresponde a quien acusa probar el hecho, y el imputado no está obligado a desvirtuarlo, su silencio al respecto no puede depararle ningún perjuicio. Al fundamentarse de la manera expuesta, la sentencia tiene una fundamentación ilegítima, que viola lo dispuesto por los artículos 36 y 39 de la Constitución, y 395 inciso 2 del Código de Procedimientos Penales. Por último, también la sentencia carece de fundamentación, al no establecer de qué elementos probatorios extrae que el acusado fue la persona que realizó la socola en la propiedad de aptitud forestal, o quien la ordenó, o autorizó. Por lo expuesto, conforme con los artículos 400, incisos 2 y 4, y 483, del Código de Procedimientos Penales, se anula la sentencia, así como el debate que le sirvió de base, y se ordena la remisión del proceso para la nueva sustanciación. POR TANTO: Se declara con lugar el recurso de casación por la forma. Se anula la sentencia y el debate que le sirvió de base. Se ordena la remisión del proceso para la nueva sustanciación. Exp. 189-3-94 Dig. Edo. Licda. [Nombre4] Lic. [Nombre5] Lic. Carlos L. Redondo Gutiérrez Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 06:43:05. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
319-F-96 SUPERIOR COURT OF CASSATION. San José, at thirteen hours fifty minutes on the thirty-first of May, nineteen ninety-six. CASSATION APPEAL filed in the present case against [[Nombre1]], of legal age, common-law union, native of Ococa, Acosta, San José, on November 16, 1942, resident of this city, child of [Nombre2] and [Nombre3], with identity card number CED1; for the crime of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW (INFRACCION A LA LEY FORESTAL), to the detriment of NATURAL RESOURCES. Attorneys [Nombre4], [Nombre5], and [Nombre6] participate in the decision of the appeal. Appearing in cassation are Attorney [Nombre7], public defender of the accused [Nombre8], and Attorney Leda Méndez Vargas, representing the Public Prosecutor's Office. WHEREAS: 1) That by judgment number 142-92, issued at nine hours thirty minutes on November 2, nineteen ninety-two, the Criminal Court of [Nombre9] resolved: "THEREFORE: Based on the foregoing and in accordance with articles 39 of the Political Constitution, 1, 30, 45, 50, 51, 59, 63, 71, and 74 of the Penal Code; 1, 5, 122 subsection ch) of Law No. 7174 of the month of July 1990; the Forestry Law (Ley Forestal) in force; 1, 393, 395, 399, 400, 512, 542 of the Code of Criminal Procedure, IT IS RESOLVED: [Nombre10] is declared the responsible perpetrator of the crime of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW (INFRACCION A LA LEY FORESTAL), in the form of CARRYING OUT AGRICULTURAL ACTIVITIES ON LAND CLASSIFIED AS FORESTRY-USE (REALIZACION DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN TERRENOS DE APTITUD FORESTAL), and therefore the minimum penalty of SIX MONTHS OF IMPRISONMENT is imposed, to be served at such place as the prison system designates. The Benefit of Conditional Execution of Sentence is granted for a probation period of THREE YEARS, with the warning of the grounds on which said grace shall be lost. Costs are borne by the State. Once the judgment is final, a summary thereof shall be recorded in the Judicial Registry of Offenders. Certified copies of the record are ordered to be sent to the Duty Magistrate for the imposition of the statutory fine on witness [Nombre11] for failing to appear at trial despite being duly summoned. For the Forestry Violation in the form of FELLING TREES ON PRIVATE PROPERTY WITHOUT AUTHORIZATION FROM THE FORESTRY OFFICE (CORTA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PRIVADA SIN AUTORIZACION DE LA OFICINA FORESTAL), the accused [Nombre10] is ACQUITTED of all penalty and responsibility in application of the In Dubio Pro Reo principle. LET IT BE KNOWN. (Criminal Case No. 196-92).- Attorney [Nombre12], Judge, [Nombre13], Clerk." (sic).- 2) That against the foregoing ruling, Attorney [Nombre7], public defender of the accused, filed a Cassation Appeal as to form. 3) That having conducted the respective deliberation in accordance with article 481 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the Appeal. 4) That in the proceedings, the pertinent legal requirements have been observed. Written by Superior Judge [Nombre14], and; WHEREAS: I. Attorney [Nombre7], Public Defender of the accused [Nombre8], appeals in Cassation as to form. She alleges that the principle of innocence and the right of the accused not to testify were violated, which cannot be used against him. That there is no precise determination of the fact deemed proven, and that the judgment lacks sufficient reasoning regarding the connection of the accused with the criminal act. In accordance with the requirement to separate grounds, Attorney [Nombre15] alleges the aforementioned defects separately, but this Court, finding that they relate to the reasoning of the judgment, resolves them jointly. THE APPEAL AS TO FORM IS GRANTED. The judge indeed incurred in the defects alleged by the defense. The judgment lacks a precise and detailed determination of the fact for which it convicts the accused. In Considering II, when contemplating the proven facts, it states "...2) That the defendant [Nombre8], without being able to specify the date but before the month of August of this year, carried out agricultural activities on forestry-use land (terreno de aptitud forestal), by arranging that on his farm located in La Florida de Barú de Pérez Zeledón, an approximate area of two and a half hectares of protective forest with steep slopes averaging sixty percent was cleared (socolaron), with the purpose of planting it with brachiaria grass and without authorization from the General Forestry Office (Dirección General Forestal)..." (the bold lettering is not in the original). Further on, in Considering IV, on the merits, at folio 24, it states "...we know reliably that the clearing (socola) was carried out on the defendant's farm ... said area was cleared and almost entirely planted with grass..." (the bold lettering is ours). The judge never specifies whether it was the accused who personally carried out the action for which he is convicted, or whether, in contrast, what the accused did was order or permit said conduct to be carried out by another party or parties; likewise, the judge does not establish even an approximate date on which this occurred, even though the fiscal request did so, and despite having evidentiary elements from which to extract it, because saying that the clearing (socola) took place before August of ninety-two is entirely imprecise, as it could have occurred, as the defense points out, in prior years and be time-barred. Therefore, articles 39 of the Political Constitution and 395, subsections 2 and 3, of the Code of Criminal Procedure were violated, due to a lack of proper factual reasoning, resulting from an imprecision in the determination of the proven fact, which affects the right to defense. Also in the judgment, Considering IV, folio 23 verso, it is stated that because it constitutes illegitimate evidence, what the accused stated to the officers of the forestry office is not resorted to, "... since what serves us rather is what the accused did not tell the officers, that is, that at no time has he denied being the owner of said farm or, failing that, that someone carried out those works without his authorization, and if he said nothing in exculpation or to justify the works that he himself went about showing the inspectors, it must be concluded that the farm is his property and that he was aware of the works carried out on his farm." (the bold lettering is ours). By this, as the defense attorney argues, the presumption of innocence and the right of the accused to abstain from testifying are being violated, and no aspects that prejudice him or interpretations against him can be drawn from this. The burden of proving the fact falls on the accuser, and the accused is not obliged to disprove it; his silence in this regard cannot cause him any prejudice. By relying on reasoning presented in such a manner, the judgment has an illegitimate basis, violating articles 36 and 39 of the Constitution, and 395 subsection 2 of the Code of Criminal Procedure. Lastly, the judgment also lacks reasoning, by failing to establish from which evidentiary elements it deduces that the accused was the person who carried out the clearing (socola) on the forestry-use property, or who ordered it, or authorized it. Based on the foregoing, in accordance with articles 400, subsections 2 and 4, and 483, of the Code of Criminal Procedure, the judgment and the trial that served as its basis are annulled, and the remand of the proceedings for a new substantiation is ordered. THEREFORE: The cassation appeal as to form is granted. The judgment and the trial that served as its basis are annulled. The remand of the proceedings for a new substantiation is ordered. Exp. 189-3-94 Dig. Edo. Attorney [Nombre4] Attorney [Nombre5] Attorney Carlos L. Redondo Gutiérrez It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-29-2026 06:43:05. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República