Res. 00238-1998 Tribunal Agrario — Possession in a forest reserve: neither agrarian nor ecologicalPosesión en reserva forestal: ni agraria ni ecológica

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00238 - 1998

Fecha de la Resolución: 17 de Abril del 1998 a las 10:50

Expediente: 98-000238-0029-AG

Redactado por: Carmenmaría Escoto Fernández

Clase de asunto: Proceso ordinario agrario

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución

* * * * *  VOTO 238.-*

* * * *  TRIBUNAL AGRARIO.- Goicoechea, a las diez horas cincuenta minutos del diecisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho.-*

* * * *  Proceso Ordinario, establecido ante el Juzgado Agrario de Pococí, Guácimo y Sarapiquí, por [Nombre1]   , contra [Nombre2]   , ambas de calidades en autos conocidas. Intervienen además los licenciados Erick Núñez Rodríguez y Seyla Meza Pérez, en sus condiciones de Defensores Públicos de la parte actora y demandada en su orden. Se ha tenido en este proceso como parte a la Procuraduría General de la República.-*

RESULTANDO:*

* * * *  1).- La presente demanda, estimada en la suma de quinientos mil colones sin céntimos, es para que en sentencia se declare: "1.- Que la finca descrita en el hecho primero de esta demanda, es de exclusiva propiedad de mi poderdante, señora [Nombre1]  . 2.- Que la demandada habita de mala fe, el inmueble indicado en el hecho primero, y por pura tolerancia de mi poderdante. 3.- Que por haber puesto fin mi poderdante al estado de tolerancia de la demandada, ésta debe desalojar el inmueble, y negocio que ocupa de mala fe. 4.- Que se condene a la demandada a pagar ambas costas de esta acción, así como los daños y perjuicios ocasionados".-*

* * * *  2).- La accionada contestó la demanda e interpuso a la misma las excepciones de falta de competencia por razón de la materia, litis consorcio pasiva necesaria, falta de legitimatium ab causam pasiva y activa y falta de derecho. Y contrademandó a la actora para que en sentencia se declare: "A.- Que la reconventora [Nombre2]  es la única y legítima dueña del derecho de posesión ejercido sobre el terreno descrito en el aparte primero de la reconvención, ubicado dentro del [Dirección1]  , así como de todas las mejoras existentes en el mismo, en virtud de haberlo cuidado, trabajado, y ejercido exclusivo dominio sobre esa área por más de tres años, al momento de establecerse la presente litis. B.- Que igualmente es [Nombre2] , legítima y única dueña del Negocio comercial denominado La Reserva, ubicado en el mismo terreno, dado que lo construyó y constituyó con sus propios recursos, y lo ha explotado con todos sus elementos desde 1987 hasta la fecha. C.- Que en consecuencia es nulo, carente de todo efecto y valor, el contrato celebrado entre la reconvenida y [Nombre3]  , ante el Notario Fernando Morera Solano, en San José a las 13hrs del 11 de julio de 1990, dado que se vendió cosa ajena, perteneciente únicamente a la reconventora, sin que ella hubiese otorgado consentimiento o al menos tenido conocimiento sobre el supuesto contrato. D.- Que cualquier derecho de posesión pretendido por la contrademandada sobre el terreno descrito en el hecho primero de la reconvención ya prescribió en virtud de no haber ella ejercido esa posesión en ningún momento, por espacio de más de tres años. E.-Que la recontrademandante no está obligada a reconocer mejoras daños o perjuicios a la reconvenida por no haberlas introducido ni adquirido legalmente, ni haberlos sufrido, y porque los supuestos contratos de compara celebrados por [Nombre1]  lo fueron de mala fe, con el afán de perjudicar a la compañera de su hijo, la reconventora. F.- Que al reconvenida [Nombre1]  junto con la Sucesión de [Nombre3]  , deberá pagar a [Nombre2]  los daños y perjuicios que le hay causado al momento de quedar firme esta sentencia, daños morales por el sufrimiento y las preocupaciones que implican una demanda ordinaria, y las acciones realizadas dentro del juicio sucesorio para despojarle de los elementos que conforma el Negocio comercial La Reserva, que se estiman en quinientos mil colones y los perjuicios representados por la perturbación a su derecho de posesión, a la explotación del mismo negocio y eventual privación de algunos bienes muebles que pudiese haber obtenido la sucesión del mismo establecimiento, los que se estiman en trescientos mil colones. G.- Que ambos reconvenidos deberán pagar costas personales y procesales de este juicio".-*

* * * *  3).- La actora reconvenida contestó la contrademanda establecida en su contra e interpuso a la misma las excepciones de falta de derecho, falta de legitimatium ad causam activa y pasiva y la genérica de sine actione agit.-*

* * * *  4).- La licenciada Damaris Vargas Vásquez, Jueza de primera instancia, en sentencia dictada a las trece horas del treinta de abril de mil novecientos noventa y siete, dispuso: "POR TANTO: Con fundamento en las consideraciones expuestas, jurisprudencia citada y artículos 1, 2, 6, 26, 54, 55, 56 y 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria, 693 del Código Procesal Civil y 277, 295, 330 y siguientes del Código Civil, aplicado en forma supletoria, se resuelve: Se rechazan las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva opuestas por la demandada y se declara con lugar la DEMANDA ORDINARIA Planteada por [Nombre1]   contra [Nombre2]    en la forma que se dirá: 1.) Que [Nombre1]   es acreedora del mejor derecho de posesión con exclusión de la demandada sobre la finca sin inscribir en el Registro Público de la Propiedad, destinada a la agricultura y con un local comercial en ella construido denominado "La Reserva", ubicada en La Unión de Guápiles de Pococí de Limón, con una medida de ocho mil doscientos noventa y cuatro metros con cincuenta y cinco decímetros cuadrados y colinda al Norte con la [Dirección2]  que conduce de San José a Guápiles, al Oeste y Sur con [Nombre1]   y al Este con [Nombre4]  . 2.) Que la demandada se encuentra en posesión de ese inmueble de mala fe. 3.) Que la demandada debe desalojar el citado inmueble a partir de la firmeza de esta resolución. 4.) Que la demandada debe pagar los daños y perjuicios ocasionados a la actora en el citado bien, condenatoria que se hace en abstracto para que sean demostrados y liquidados esos daños y perjuicios en ejecución de sentencia. 5.) Que la demandada debe pagar las costas procesales y personales ocasionadas a la actora con ocasión de este proceso. Asimismo, se declaran con lugar las excepciones de FALTA DE DERECHO, FALTA DE LEGITIMACION AD CAUSAN ACTIVA Y PASIVA Y SINE ACTIONE AGIT opuestas por las contrademandadas, rechazándose la primera únicamente en cuanto al cobro de mejoras por parte de la contrademandante. Y, se declara con lugar la CONTRADEMANDA planteada por [Nombre2]    contra [Nombre1]   en su condición personal y como Albacea Provisional de la SUCESION DE [Nombre3]   en la forma que se dirá: 1.) Que debe [Nombre1]   en su condición personal reconocer a la contrademandante el pago de las mejoras necesarias y útiles que demuestre ésta  haber introducido, conservando el derecho de retención sobre las primeras, debiendo ser liquidadas en ejecución de sentencia; lo anterior, en relación a las fincas sin inscribir en el Registro Público de la Propiedad, ubicadas en La Unión de Guápiles de Pococí de Limón, la primera destinada a la agricultura y con un local comercial en ella construido denominado "La Reserva", con una medida de ocho mil doscientos noventa y cuatro metros con cincuenta y cinco decímetros cuadrados y colinda al Norte con la [Dirección2]  que conduce de San José a Guápiles, al Oeste y Sur con [Nombre1]   y al Este con [Nombre4]  ; y la segunda, destinada a la agricultura, con una medida de una hectárea nueve mil trescientos noventa y seis metros con doce decímetros cuadrados, colinda al [Dirección3] con [Dirección4] , al Sur y Oeste con [Nombre5]   y al Este con [Nombre1]  , graficada en el Plano Catastrado Número L-Setecientos quince mil doscientos setenta-ochenta y ocho. 2.) Debe la contrademandante cancelar las costas procesales y personales ocasionadas a ambos contrademandados. Se rechaza la contrademanda en relación al resto de las pretensiones principales y subsidiarias. Se fijan de oficio los Honorarios de Abogado en la suma de trescientos mil colones. NOTIFIQUESE. Fs...".-*

* * * *  5).- De este fallo conoce el Tribunal en virtud de apelación interpuesta por la parte demandada; y en los procedimientos se han observado las prescripciones correspondientes.-*

* * * *  Redacta la Jueza Escoto Fernández, Y;*

CONSIDERANDO:*  *

* * * *  * I.-SOBRE DOCUMENTOS: Se admite con el carácter de prueba para mejor resolver los documentos de folios 409, 411, 425 a 428, 430, y 437.-*

* * * *  II.- El Tribunal prohija la relación de hechos probados que contiene el fallo bajo examen por ser fiel reflejo de los autos y constar efectivamente dentro del expediente los elementos probatorios en que se fundamentan, debiéndose agregar al marcado como 4) después de la palabra "peones": Tal edificación comercial se efectuó en el predio objeto de esta contienda identificado con el plano catastrado No.L-713275-87, el cual tiene una extensión de 8.294,55 metros cuadrados. (misma prueba de cita así como escritos de demanda y reconvención a folios 4, 5, 15, contestación a la contrademanda a folio 106 vlto., documental de folios 1, 22, y reconocimientos judiciales de folios 24, 25 y 460 a 461). De igual naturaleza deberá agregarse: 9) El predio objeto de la demanda inicial que responde al plano catastrado No. L-713275-87 y el que también resulta objeto de la reconvención junto con el descrito en el plano catastral No. L-715270-88 que presenta una cabida de una hectárea 9.396.12 metros cuadrados, son colindantes entre sí, ubicados contiguo a la entrada del Centro Turístico conocido como Bosque Húmedo donde está el Teleférico sobre la [Dirección5]  , en la realidad material conforman una sola unidad, con un frente a calle pública aproximado de 150 metros. La zona donde se ubican se caracteriza por tener clima típico de bosque lluvioso con suelos poco desarrollados de baja fertilidad y con limitaciones severas para cultivarlo, su potencial es para ser utilizado en protección o para reforestación.  El terreno es totalmente quebrado e irregular con una pendiente de aproximadamente 45 grados.  Dentro del primero y al frente de la carretera principal que es el lindero norte de los predios, se observa un local comercial con un rótulo que dice: "Chicharronera La Reserva", en funcionamiento donde se vende comida y hay implementos propios de una soda, edificación que tiene once metros de frente por diez de fondo, de dos plantas, con base de cemento y la otra de perling, ambas con piso de cemento en parte y resto de madera, paredes de madera techado de zinc en parte y otra con toldo, está cerrado sólo el sector de la cocina. La edificación cuenta con agua propia y luz eléctrica por medio de una planta eléctrica. (certificación de planos a folios 22 y 23, reconocimientos judiciales de folios 24 y 460 a 461, escrito de contrademanda a folio 15 y escrito de la actora reconvenida donde así lo admite a folio 57 y reconocimientos judiciales de folios 24, 25, 252, 460 y 461). 10) Los predios objeto de este litigio se encuentran comprendidos dentro de la Reserva Nacional Forestal Cordillera Volcánica Central y son terrenos en administración del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de lo cual tenía conocimiento la actora reconvenida según se indicó en la escritura pública descrita en el plano catastral No.L-715270-88 y su hijo también, de quien adquirió la otra finca descrita en el plano catastral No. L-713275-87. (certificaciones de planos catastrales de diciembre de 1987, de abril de 1988 y de diciembre de 1993 y del plano No. L-158404-93, certificación de escritura pública del predio correspondiente al plano No. L-715.270-88 a folios 22 y 23, 61, 74 y 437, así como declaraciones testificales de [Nombre6]   a folio 256 vlto., [Nombre7]    de folio 285 y certificación notarial de la Dirección General Forestal de folio 411). 11) En junio del año de 1992 la heredad descrita en el plano catastrado L-715270-88 mostraba tierra con maleza, encontrándose montaña en el centro del terreno, con algunos siembros en precario hacia el este y oeste por la colindancia con [Nombre4]  , dentro de los cuales había unos doscientos metros cuadrados de café de unos veinticinco a cincuenta centímetros, cuarenta metros cuadrados de palmito y en un área mayor a ésta matas de plátano.  Al final del predio, confundidos con montaña había algunos palos de pejibaye viejos y naturales así como palmas de coco, observándose una construcción de madera que sirve de casa a un peón. En el centro de la finca existía una vereda rodeada de caña. (reconocimiento judicial de folio 25). 12). En el reconocimiento judicial y dictamen pericial practicados en marzo de 1996 se observó en el mismo terreno descrito en el hecho anterior que en su mayoría está cubierto de pastos que aparentaban estar recientemente quemados a lo largo de toda la finca con algún producto químico similar a gramoxon, quizás uno o dos meses aproximadamente. Luego había unas quince palmeras altas de las especies real, pejivalle y palmito y otras más pequeñas en un número aproximado de cien, las cuales muestran no tener asistencia y algunas dañadas y otras totalmente perdidas cubiertas por maleza. Había unas treinta matas de café de cinco a seis años de edad en abandono y sin producción, encontrándose la vereda aún con las plantas de caña india, pero ya abandonadas sin hojas de una edad entre cinco a diez años. Se observaron pocos árboles maderables de caobilla, algunos cortados hace varios años (10-15 años atrás) que no fueron aprovechados y están en proceso de descomposición, y otros hace pocos meses sin ser aprovechados.  En el predio contiguo, la naturaleza aparece a esta fecha similar al anterior con pasto retana mezclado con jaragua y otras especies el cual está quemado recientemente en su mayoría inclusive había un galón con el rótulo: "Gramoxon", también existían 20 matas de banano sembradas en forma desperdigada, dos cepas en producción al igual que dos de caña dulce pero en abandono, seis árboles en pie de caobilla, otros de zapotillo, cuatro palmeras de coco sin producir. (folios 252 a 254). 13) En el reconocimiento judicial practicado por este Despacho el pasado 24 de febrero de 1998 se constató la inexistencia de algún tipo de actividad agraria, salvo algunas plantas de cuadrado, palmito y café de manera dispersa y en estado de abandono. Existe una pequeña galera con dos cerdos y un gallinero rústico. Un noventa por ciento del terreno está socolado con pastos y charral natural; y únicamente por la colindancia oeste existen algunos árboles maderables dispersos, sin deslindes de cercas o carriles, notándose que los fundos colindantes fuera del área en conflicto en los rumbos este y [Dirección6] están con bosques conservados. Hacia el fondo del predio existe una edificación de madera totalmente abandonada con el techo podrido rodeada de gran cantidad de basura. (folios 460 ). La colindancia oeste que aparenta haber sido socolada hace años está en proceso de regeneración. (folios 269, 270, 461 y 462). 14) Con fecha 11 de mayo de 1990 se efectuó una solicitud de construcción de local comercial ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el plano L-713275-87. Y al señor [Nombre3]  le fue otorgado el permiso de construcción No. 351 cancelado en setiembre de 1987 para construir local comercial de 63 metros todo de madera con techado de H.G. No.29, local comercial que además cuenta con la respectiva patente municipal otorgada el 11-8-87 el cual no puede ser cerrado por estar cumpliendo con todos los requisitos de ley. (folios 425, copias de informe del Ejecutivo municipal de fecha 17 de mayo de 1990 no impugnado a folio 426 y de comprobante de apgoi a folio 427.  15) La señora [Nombre1]   aparece como contribuyente de la Municipalidad de Pococí donde a la fecha 29 de abril de 1997 ha cancelado impuestos territoriales, detalle de caminos de dos fincas numeradas: 912232-001 y 913060-001. (escrito de folios 422 y 423 así como copia no impugnada de folio 430).- * * * *  *

* * * *  III.- Igualmente se adopta el elenco de hechos considerados ayunos de prueba y dignos de mención al objeto de darle solución a este caso, contenidos en el considerando marcado como II en el entendido que ha de leerse: HECHOS NO PROBADOS: En esta instancia se tiene por no probado lo siguiente al ser de influencia en la decisión de este asunto. 5) No demostró la parte actora ni la demandada haber ejercido posesión agraria o ecológica por sí mismas o por los transmitentes diez años antes de la entrada en vigor del Decreto Ejecutivo No. 4961-A, vigente a partir del 26 de junio de 1975 regulado en el decreto ejecutivo 5386-A y sus reformas que declara la Creación de la Reserva Forestal Volcánica Central. Ninguna prueba en tal sentido se hizo pues ni de los testigos ni de las certificaciones adjuntas se extrae tal hecho. 6) No se probó por ninguna de las partes ni por el señor [Nombre3]   que hubieren solicitado permiso para construir en los predios objeto de esta contienda en el Ministerio respectivo. Al respecto existen en el Ministerio de Ambiente y Energía para el Aérea de Conservación Cordillera Volcánica Central permisos de uso, concesiones o autorizaciones para construir a nombre de las partes o de [Nombre3]   en los predios que describen los planos No. L-715279-88 y L-7132275-87. (documento de folio 409 no impugnado). 7) No demostró la parte demandada y reconventora que hubiere cuidado del recurso forestal o tratado de regenerar y reforestar el predio 8) Tampoco demostró la actora reconvenida que hubiere denunciado la tala y depredación o deforestación irracional que se dio en el fundo.  Ninguna prueba ni alegato en este sentido consta en el expediente.- *  * * *  *

* * * *  IV.- El Apoderado Especial Judicial de la parte demandada y reconventora recurre de la sentencia por los siguientes agravios: 1) No comparte los extremos en que se funda el fallo especialmente en lo que se refiere a la posesión ejercida por su representada en los fundos de que se trata. Siente que el respaldo jurídico se orienta hacia la perspectiva civilista, lo cual conduce a la ausencia que persigue el proceso agrario. 2) Agrega luego, ha poseído su representada por una año el fundo que se califica de agrario pero que en realidad es forestal, al estar ubicado dentro de la Reserva Nacional Forestal de la Cordillera Volcánica Central contiguo al Centro turístico Bosque Húmedo (Teleférico). Aduce que por la naturaleza misma del lugar la posesión de ésta ha sido la del cuido del terreno con su bosque donde no se produce agricultura  porque no es ésa su vocación. 3) Considera que al tratarse de una RESERVA NACIONAL DEBIO tenerse como parte al ESTADO en la persona del Procurador Agrario o en el peor de los casos debió dársele audiencia a dicha Procuraduría, porque fue creada para velar por los terrenos forestales cuando forman parte de Parques Nacionales o Reservas Nacionales. Por tal motivo, a su juicio es procedente la defensa de Litis Consorcio Pasiva Necesaria la que oportunamente interpuso. Si el Estado hubiere sido parte el resultado hubiere sido diverso. (folios 365, 371 a 372).- *

* * * *  V.- En este caso se observa, sobretodo de la certificación de  reconocimiento judicial practicado por el Tribunal que el fundo objeto de la contienda, situado en Las Minas de la Unión de Pococí a la par del Centro turístico conocido como Bosque Húmedo Teleférico, es un bien que se encuentra dentro de la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central creada por Decreto Ejecutivo No. 4961-A de 26 de junio de 1975 regulado en el decreto ejecutivo 5386-A y sus reformas. Aunado a ello por su localización y topografía es de vocación forestal según dictamen pericial rendido en autos.-  *

* * * *  VI.- Con base en la situación dada en este caso y descrita en el anterior considerando, resulta trascendente citar lo que este Tribunal con relación a la posesión agraria y ecológica, ha estimado, ya que resulta insoslayable para el Juzgador Agrario delimitar los principios y valores del ordenamiento agro-ambiental que se han de tomar en cuenta para resolver en los casos en que deba se esté ante fundos que se encuentren dentro de áreas declaradas reservas forestales, como ocurre en este caso, donde puedan darse las producciones agrarias y a la vez resulte necesaria la conservación o uso sostenido de los recursos naturales, en especial los forestales.  Con relación a la posesión forestal ha dispuesto: "IV. En la jurisdicción agraria, también se ha protegido al poseedor ecológico o forestal. En la posesión forestal el poder de hecho se ejerce sobre un bien de vocación forestal o en su mayor parte destinado a proteger los recursos forestales, sin miras a su explotación o bien, dedicándolo a la simple extracción de especies maderables, a través de planes de manejo para lograr la regeneración natural del bosque.  En uno y otro caso no existiría el desarrollo de un ciclo biológico vegetal o animal, ni asumiría el hombre ningún riesgo. La posesión forestal ha tenido su régimen jurídico las Leyes Forestales.  Recae sobre un bien específico: los terrenos cubiertos de bosques o de aptitud forestal.  El poseedor de tales bienes tiene la obligación de conservar los recursos forestales y no los puede aprovechar económicamente sino bajo las restricciones o limitaciones impuestas por la ley.  La posesión forestal o ecológica requiere, al menos para su ejercicio, la ejecución de cierto tipo de actos tales como el cuido permanente del bosque, y la hechura de rondas o carriles cada cierto tiempo para evitar su destrucción o la propagación de incendios. También es posible ejercitar este tipo de actividades, complementariamente con actividades agrícolas o pecuarias (agroforestales), siempre y cuando no se dañe el recurso forestal.- (Tribunal Superior Agrario, No. 829 de las 9 horas 30 minutos del 23 de diciembre de 1997. En igual sentido merecen citarse los Votos No. 779 de las 10:40 horas del 28 de noviembre de 1997 y No. 393 de las 16 horas del 14 de julio de 1997).- VI. En el Voto No. 721 de las 11 horas 40 minutos del 7 de noviembre de 1997, se establecen las diferencias entre la posesión agraria y la posesión ecológica, a propósito de la función ecológica que deben cumplir estos bienes:*  V...Eso nos conduce, directamente al concepto de posesión ecológica, y al criterio de la función ecológica de la propiedad forestal.  En reiteradas sentencias, tanto de la Sala Primera de Casación, como del mismo Tribunal Superior Agrario, se han establecido los principios que deben regir para resolver éste tipo de conflictos agro-ambientales. Nuestro país ha sido pionero en la construcción de los institutos de la posesión agraria y la posesión ecológica. La misma jurisprudencia ha reconocido y desarrollado estos institutos, así como el ciclo de vida de la posesión agraria y, recientemente de la posesión ecológica (dentro del más amplio criterio de la función ecológica de la propiedad forestal). El Profesor [Nombre8] Meza ha definido la posesión agraria así:*  "La posesión agraria es un poder de hecho sobre  un bien de naturaleza productiva unido tal poder al ejercicio continuo o explotación económica, efectiva y racional, con la presencia de un ciclo biológico, vegetal o animal, ligado directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas y los recursos naturales" ([Nombre9] , [Nombre8]. La posesión agraria, San José, Costa Rica, Editorial Barrabás, 2a. edición, 1994, pág. 116).  Los elementos de la posesión agraria deben responder al fin económico social del bien de que se trate.  Por ello se ha requerido un animus especial caracterizado por la intención de apropiarse económicamente de los frutos producidos en el bien. Igualmente el corpus no es la simple tenencia material, pues se debe manifestar a través del ejercicio de actos posesorios agrarios estables y efectivos. El poseedor agrario para que sea tal debe demostrar capacidad técnica y experiencia en el ejercicio de actividades agrarias: tanto de cría de animales como cultivo de vegetales.  Es decir debe tener la capacidad para organizar todos los bienes indispensables para el ejercicio de su actividad.  El objeto de la posesión agraria es un bien de naturaleza productiva, por ello la función de la posesión agraria está muy vinculada a la utilidad social del bien de que se trate. La naturaleza del bien agrario implica la posibilidad de que, a través de su uso directo o indirecto, se logren producir seres vivos animales o vegetales. * *  La relación posesoria debe manifestarse en el despliegue, por parte del poseedor, de un actividad agraria organizada profesionalmente sobre el bien, para que a través de un ciclo biológico se puedan obtener productos animales y vegetales destinándolos al consumo directo.  Ello implica que al poseedor agrario le corresponde organizar, directa o indirectamente, todos los elementos necesarios para el despliegue de la actividad agraria empresarial. La Usucapión agraria ha sido una consecuencia del principio de la función social que debe cumplir la tierra.  En la usucapión agraria común se requiere demostrar el ejercicio de actos posesorios agrarios, estables y efectivos, por más de diez años, en forma pública pacífica, continua, ininterrumpida, y a título de dueño.  Además se exigen los requisitos de justo título como causa adquisitiva originaria o derivada, y de buena fe.  En cambio en la posesión precaria de tierras, se le exime al usucapiente del justo título y de la buena fe, pero debe cumplir otra serie de exigencias tales como la posesión personal y con su familia, en forma estable y efectivas, dirigida a producir bienes para satisfacer las necesidades propias y de la familia. Todas esas particularidades se podrían aplicar a la POSESION AGRARIA FORESTAL, entendida tal como un poder de hecho ejercido sobre un bien de naturaleza forestal, unido tal poder al ejercicio de actos posesorios estables y efectivos tendientes a cultivar especies forestales con el fin de su comercialización.  Implica una actuación de parte del poseedor directamente encaminada a dirigir el ciclo biológico de las especies forestales que quiere producir, dándole continuidad a su actividad de silvicultura (cultivo del bosque). "Sería una propiedad forestal empresarial si la actividad del empresario implica la participación suya en el ciclo biológico, desde la siembra, cultivo de árboles, sustitución de una especies por otras, y en general cuido del bosque con el fin de producción silvícola, o cuando menos la voluntad de someterse a un régimen jurídico cuya obligación consiste en impulsar una labor empresarial orientada a tener un inmueble caracterizado por producir árboles maderables para ser colocados en el mercado..." (Sala Primera de la Corte, * No. 68 de las 16 horas y 10 minutos del 8 de mayo de 1991). * * *  La misma Jurisprudencia ha querido distinguir la propiedad y posesión empresarial donde se ejercita una actividad dirigida al cultivo del bosque, de aquella donde simplemente se realiza una actividad extractiva o bien, meramente conservativa.  En estos últimos casos se estaría en presencia de una propiedad o posesión forestal (sin empresa).  Precisamente es en estos casos donde la Ley Forestal viene a establecer todo un régimen jurídico para la protección de los recursos forestales, sometiendo algunas veces al propietario en forma obligatoria al régimen forestal y en otros casos en forma voluntaria. De esa forma, en la posesión forestal el poder de hecho se ejerce sobre un bien de vocación forestal o en su mayor parte destinado a proteger los recursos forestales, sin miras a su explotación o bien, dedicándolo a la simple extracción de especies maderables. En uno y otro caso no existiría el desarrollo de un ciclo biológico vegetal o animal, ni asumiría el hombre ningún riesgo.  Es por eso que la ley no tutela, al contrario reprime, la posesión a través de la cual se destruyan los recursos forestales.  Además niega la posibilidad de adquirir derechos de posesión sobre tierras de las reservas nacionales cuando se ha ejercido una acción dañina en contra de los recursos forestales. *  Hoy, parte de la doctrina agrarista afirma la existencia de un Derecho forestal, con particularidades de sistema orgánico y completo, donde ocupan un lugar importante los institutos de la propiedad y posesión forestal. * * *  En Costa Rica la propiedad forestal, y también la posesión forestal como derecho real derivado de aquélla, o bien concebido en forma independiente, se comienza a perfilar desde el Código Fiscal de 1985, que establece todo un capítulo en cuanto a bosques cuyas regulaciones tienden a su conservación. Posteriormente la Ley de Terrenos Baldíos No. 13 del 6 de enero de 1939 incorpora dichos principios.  Luego la Ley de Tierras y Colonización en su artículo 7 amplía las reservas nacionales para la protección de tales recursos. * * *  La legislación especial en cuanto a la tutela de la propiedad y posesión forestales tiene tres etapas en nuestro país. * * * *  La primer etapa de la propiedad forestal se enmarca con la Ley No. 4465 del 35 de noviembre de 1969. La segunda etapa se abre a través de una normativa mejor concebida en la Ley No. 7032 del 7 de abril de 1986, la cual fue posteriormente declarada inconstitucional. La tercera opera con la promulgación de la Ley Forestal No. 7174 del 28 de junio de 1990, reformada recientemente por la número 7575, publicada en el alcance 12 de la Gaceta número 72 del martes 16 de abril de 1996. En ellas, como se ha visto se contienen diversos regímenes de propiedad forestal, y limita el uso y aprovechamiento de los recursos por los particulares.  No es posible adquirir la titularidad sobre terrenos con cobertura boscosa sino se demuestra haber protegido el recurso forestal.  Su fundamento constitucional se encuentra en el párrafo segundo del artículo 45 de la Constitución. * A través de limitaciones de interés social se protege el instituto de la propiedad forestal.  Esta no es igual a la civil, ni a la agraria, se trata de una propiedad para conservar, y por tanto los actos posesorios que en ella se realice deben tener esa finalidad. En síntesis, podríamos decir, la posesión forestal ha tenido su régimen jurídico en las Leyes Forestales mencionadas.  Recae sobre un bien específico: los terrenos cubiertos de bosques o de aptitud forestal.  El propietario o poseedor de tales bienes tiene la obligación de conservar los recursos forestales y no los puede aprovechar económicamente sino bajo las restricciones o limitaciones impuestas por la ley.  Para la solución jurídica de conflictos que nazcan del ejercicio de la posesión forestal, se debe aplicar ese régimen jurídico especial y los principios del Derecho forestal. El artículo 7 de la Ley de Informaciones posesorias, reformado por la Ley Forestal número 4465, establecía, antes de su reforma:*  "Artículo 7.- Cuando el inmueble a que se refiere la información esté comprendido dentro de una zona declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora, el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la respectiva ley o decreto en que se creó la respectiva área silvestre. Las fincas que estén fuera de esas áreas y que tengan bosques, sólo podrán ser tituladas si el promovente demuestra haberlas poseído por diez años o más y haber protegido dicho recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado con cercas o carriles."  En otros términos, el poder de hecho en la posesión forestal recae únicamente sobre el recurso natural "bosques" o "terrenos de aptitud forestal", y los actos posesorios deben ir encaminados a su protección y conservación.  Solo si se demuestra eso podría adquirirse o inscribirse terrenos a favor de dichos poseedores. VIII.- Pero cuando se trata de la función ecológica de la propiedad forestal y de la posesión ecológica, la tutela del ordenamiento jurídico es más exigente y profunda.  La posesión ecológica es distinta de la posesión agraria forestal y de la misma posesión forestal.  Ello es así porque se trata de un instituto patrimonio del Derecho ecológico.  Si éste tiene como objeto principal la protección de los recursos naturales en general y el equilibrio ecológico, es evidente que la posesión ecológica deberá "reportar" el objeto de su disciplina. Con ello el ámbito de la posesión ecológica es, evidentemente, mucho más amplio que el de la posesión forestal. * * *  En la posesión ecológica el poder de hecho debe recaer sobre un ámbito territorial donde exista un ecosistema, y los actos posesorios deben ir encaminados a proteger dichos ecosistemas, procurando el estudio y las investigaciones científicas sobre todas las interrelaciones ahí existentes tanto si se trata de seres vivos vegetales (y no únicamente bosques) o animales y su relación con la conservación y la propia existencia humana.  En otros términos, los actos posesorios en la posesión ecológica vendrían a ser tanto omisivos como activos, cuya combinación permita conservar el equilibrio ecológico.  Por ello el sujeto o "poseedor ecológico", debe ser una persona física o jurídica con suficiente capacidad técnica y conocimientos del equilibrio ecológico y manejo de ecosistemas.  La estructura de la posesión ecológica, es decir, el conjunto de derechos y obligaciones que de ella se deriven estarían sujetos a una serie de regulaciones contenidas en diversas leyes especiales, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Forestal, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la Ley de Salud, la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, etc., así como todos aquellos Convenios Internacionales firmados por nuestro país para la protección del ambiente.  En general el régimen jurídico aplicable sería el derecho agro-ambiental.  Incluso, la solución de conflictos nacidos del ejercicio de la posesión ecológica, ante ausencia de normativa especial, deben reflejar los principios del Derecho ecológico que, sobre todo a nivel constitucional, se han creado, tales como:*  La tutela del paisaje, la explotación racional de los recursos, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.-" (Véase en igual sentido los votos de éste Tribunal No. 77 de las 9:10 horas del 12 de febrero de 1997 y No. 154 de las 9:20 horas del 4 de abril de 1997).-" (Así citado en resolución de las 14:50 hrs. del 27 de febrero de 1998 que es Voto No. 143) Y en igual sentido y así citada, en parte transcrita resolución de las 11:40 hrs. del 7 de noviembre de 1997 que responde al Voto No. 721 dictada en un proceso ordinario de mejor derecho de posesión). Se estimó también por el Tribunal en un proceso de información posesoria en que se pretende inscribir un terreno que está dentro de la Reserva Forestal de Golfo Dulce: "...VIII. La posesión forestal ha tenido su régimen jurídico en las Leyes Forestales mencionadas.  Recae sobre un bien específico: los terrenos cubiertos de bosques o de aptitud forestal.  El propietario o poseedor de tales bienes tiene la obligación de conservar los recursos forestales y no los puede aprovechar económicamente sino bajo las restricciones o limitaciones impuestas por la ley.  Para la solución jurídica de conflictos que nazcan del ejercicio de la posesión forestal, se debe aplicar ese régimen jurídico especial y los principios del Derecho forestal.  La Ley Forestal establece como función esencial y prioridad del Estado, velar por la protección, la conservación, el  aprovechamiento, la industrialización, la administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables.(Artículo 1).  Todos los terrenos de aptitud forestal y los bosques del país, ya sea estatales o que estén reducidos a dominio particular, quedan sometidos a los fines de la ley.  El régimen forestal es el conjunto de disposiciones, entre otras, de carácter jurídico, económico y técnico, establecidas por la ley, su reglamento y demás normas, que regulen la conservación, la renovación, el aprovechamiento y el desarrollo de los bosques y terrenos de aptitud forestal del país.  Por ello, para adquirir la propiedad forestal por usucapión, se requiere el ejercicio de la posesión forestal. El artículo 7 de la Ley de Informaciones posesorias, reformado por la Ley Forestal, establecía, antes de su reforma: "Artículo 7.- Cuando el inmueble a que se refiere la información esté comprendido dentro de una zona declarada parque nacional, reserva biológico, reserva forestal o zona protectora, el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la respectiva ley o decreto en que se creó la respectiva área silvestre.*  Las fincas que estén fuera de esas áreas y que tengan bosques, solo podrán ser tituladas si el promovente demuestra haberlas poseído por diez años o más y haber protegido dicho recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado con cercas o carriles." En otros términos, el poder de hecho en la posesión forestal recae sobre el recurso natural "bosques" o "terrenos de aptitud forestal", y los actos posesorios deben ir encaminados a su protección y conservación.  Solo si se demuestra eso podría adquirirse o inscribirse terrenos a favor de dichos poseedores.* De lo contrario, quedarían formando parte del patrimonio natural del estado (artículo 13 de la nueva Ley Forestal), con carácter inembargable e inalienable, y su posesión no causará ningún derecho a favor de los particulares (artículo 14 de la nueva Ley Forestal).IX. El Tribunal Superior Agrario, había interpretado el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, antes de ser reformado por la nueva Ley Forestal, en el sentido de exigir una posesión personal, ejercida con diez años de antelación a la creación de la reserva forestal o área protegida (Véase en tal sentido los Votos No. 169 de las 9 horas 40 minutos del 22 de marzo de 1991 y No. 251 de las 14 horas del 17 de abril de 1991). Para ello explicó:*  "A este Tribunal, no le cabe duda de que el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, antes de la reforma introducida al mismo por la Ley Forestal número 7124 del veintiocho de junio de mil novecientos noventa y en su texto actual, se aparta de la regla general establecida en el artículo 1 de la Ley de Informaciones Posesorias que establece:*  "Cuando el titulante no haya tenido la posesión decenal del inmueble podrá aprovechar la ejercida por sus transmitentes, según lo dispuesto en el artículo 863 del Código Civil; pero en este caso deberá presentar documento público en que conste el traspaso de su derecho, aunque no el de anteriores poseedores; se dice lo anterior por lo siguiente: en lo que interesa el numeral 7 citado antes de la reforma disponía: "Cuando el inmueble a que se refiera la información contenga un área de bosque de la mitad o más de su extensión habrá necesidad de probar la debida adquisición, con documento público con más de diez años de otorgado." Si al titulante en el último supuesto se le exigía, aportar documento público con más de diez años de otorgada que probara la adquisición del inmueble a titular, era porque se pretendía que en esos casos, la posesión decenal la hubiera ejercido el titulante en forma personal, ya que con esa prueba se garantizaba la posesión directa de quien promovía la información posesoria, pues nadie iba a aportar un título otorgado más de diez años atrás si no había conservado personalmente la posesión.  Con la reforma lo que pasó fue que en forma expresa se dijo lo que implícitamente estaba dicho antes de ésta, porque ahora si se establece que cuanto el inmueble está ubicado dentro de una zona declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora, el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de la vigencia de la respectiva ley o decreto en que se creó la respectiva área silvestre....".  Sin embargo, esa interpretación del artículo 7 de la Ley Forestal, fue cuestionada de "inconstitucional", por la aquí titulante,  y la Sala Constitucional, en Voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997) declaró, en lo que interesa, lo siguiente: "Se declara parcialmente con lugar la acción y, en consecuencia, que es inconstitucional la interpretación del artículo 7 de la Ley de informaciones Posesorias No. 139 del 14 de julio de 1941, cuyo texto corresponde a la reforma producida por la Ley Forestal No. 7174 del 28 de junio de 1990, de acuerdo con la cual para titular terrenos comprendidos en parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales o zonas protectoras, se requiere posesión personal con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto que crea el área silvestre protegida, y que no favorece en estos casos la posesión transmitida por anteriores poseedores. Esta sentencia es declarativa y sus efectos retroactivos, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe...". ...X. La Ley Forestal No. 7575, también mantuvo las restricciones en la Ley de Informaciones Posesorias, para poder titular terrenos comprendidos en áreas protegidas.  Al respecto dispone el actual artículo: "Artículo 7.-Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre." (La negrita es nuestra). Es decir, la intención del legislador es que esas áreas se hayan mantenido protegidas, conservadas durante todo este tipo, incluso antes de la creación de las Reservas y áreas protegidas. En el presente caso, la titulante ha cumplido con todas las exigencias de la Legislación especial, para poder inscribir a su nombre un derecho de propiedad adquirido por usucapión, dentro de una área protegida...El inmueble, se ha indicado, está dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, creada en abril de 1978. Se trata de una Aérea Silvestre Protegida, entendida ésta como el "Espacio, cualquiera que sea su categoría de manejo, estructurado por el Poder Ejecutivo para conservarlos y protegerlo, tomando en consideración sus parámetros geográficos, bióticos, sociales y económicos que justifiquen el interés público".  Indudablemente, el área constituye un pulmón importante dentro de la zona, pues sirve de área de preservación del Ecosistema boscoso, y  a su vez brinda servicios ambientales muy importante a actividades agroforestales como las que desarrolla la misma empresa interesada. Por ello la labor que ha ejercido la titulante, en la posesión agroforestal de dichas zonas, es sumamente valiosa, para las generaciones actuales y futuras.  Al haber demostrado la posesión decenal, con diez años de antelación de la creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce, procede impartir la aprobación de estas diligencias, y ordenar al Registro Público de la Propiedad, inscribir a su nombre el inmueble, sujeto a las limitaciones y restricciones de la Ley Forestal, y de la Zona Marítimo Terrestre..." (Consúltese resolución de las 14:50 hrs. del 20 de febrero de 1998 que es Voto No. 113). *

* * * *  VII.- Pretende la parte actora en la petitoria de la demanda lo siguiente : "1.- Que la finca descrita en el hecho primero de esta demanda, es de exclusiva propiedad de mi poderdante, señora [Nombre1]  .- 2- Que la demandada habita de mala fe, el inmueble indicado en el hecho primero y por pura tolerancia de mi poderdante.- 3.- Que por haber puesto fin mi poderdante al estado de tolerancia de la demandada, ésta debe desalojar el inmueble, y negocio que ocupa de mala fe.- 4.- Que se condene a la demandada a pagar ambas costas de esta acción, así como los daños y perjuicios ocasionados.-". (folios 4 vlto y 5). Desde otro ángulo, la demandada reconviene para que en sentencia se establezca entre otros extremos: "A.-Que la reconventora [Nombre2]  es la única y legítima dueña del derecho de posesión ejercido sobre el terreno descrito en el aparte primero  de la reconvención, ubicado dentro del Parque Braulio Carrillo, asó como de todas las mejoras existentes en el mismo, en virtud de haberlo cuidado, trabajado, y ejercido exclusivo dominio sobre esa área por más de tres años, al momento de establecerse la presente litis.-B.- Que igualmente es [Nombre2] , legítima y única dueña del Negocio comercial denominado La Reserva, ubicado en el mismo terreno, dado que lo construyó y constituyó con sus propios recursos, y lo ha explotado con todos sus elementos desde 1987 hasta la fecha. C.- Que en consecuencia es nulo, carente de todo efecto y valor, el contrato celebrado entre la reconvenida y [Nombre3]  , ante el Notario Fernando Morera Solano, en San José a las 13 hrs del 11 de julio de 1990, dado que se vendió cosa ajena, perteneciente únicamente a la reconventora, sin que ella hubiese otorgado consentimiento o al menos tenido conocimiento sobre el supuesto contrato. D.- Que cualquier derecho de posesión pretendido por la contrademandada sobre el terreno descrito en el hecho primero de la reconvención ya prescribió en virtud de no haber ella ejercido esa posesión en ningún momento, por espacio de más de tres años..." . (folio 16).  Acorde a lo pretendido tanto en la demanda cuanto en la reconvención, es del caso señalar que ninguna de las partes en este proceso demostró ejercer actos posesorios agrarios o ambientales de tutela, utilización racional de la zona boscosa que tenía y en que está inmersa el predio objeto de este litigio.  Más bien ha habido una depredación desmedida, injustificada, irracional y total de la que presentaba el terreno, sin consideración alguna hacia los recursos naturales, notándose un menosprecio total por los ecosistemas. Bien pudo la actora, dada la posesión que alega y probó tener por diez años en la heredad, denunciar la tala desmedida y total que en el fundo se efectuó, arrasando con toda la vegetación que cubría éste, de la cual según reconocimiento judicial efectuado por el Juzgador de Instancia en junio de 1992 que corre a folios 24 y 25 aún había parte de montaña.  Lo único que ha quedado demostrado y que efectuaba la actora fue edificar y mantener el local comercial existente en el fundo para lo cual obtuvo permiso de la Municipalidad del área, así como la cosecha de cultivos de café y de palmito en pequeña escala.  En consecuencia, no se puede en esta vía declarar el derecho de propiedad y el posesión del predio a favor de ninguna de las partes; en el caso pretendido de la actora con todas las atribuciones del dominio, puesto que ni siquiera se trata de un bien inscrito a su nombre en el Registro Público de la Propiedad, de ahí que no prospere una acción reivindicatoria, al tratarse de un bien no inscrito; lo que eventualmente podía interponerse es una acción de mejor derecho de posesión, para la cual según reiterada jurisprudencia patria que comparte el Tribunal se requiere cumplir con tres requisitos: 1) Legitimación activa, 2) Legitimación pasiva 3) e Identidad del bien. Al estarse ante un predio que se encuentra inmerso dentro de una reserva forestal nacional, conforme a lo expuesto en anteriores considerandos y con base a lo dispuesto por la Sala Constitucional, debió probarse una posesión calificada, cual es haber acreditado que ha poseído el bien con diez años de antelación a la fecha de creación de la Reserva a la cual pertenece y que se haya cuidado y tutelado el recurso forestal del fundo, aspectos los dos que no logró probar la actora; y por ende no le asiste derecho para pretender siquiera el mejor derecho de posesión que pretende sobre la heredad en litigio.  Y en el caso de la demandada reconventora, quien expresamente pretende el mejor derecho de posesión, tampoco cumple con lo anteriormente expuesto. En síntesis, ninguna de las dos probó haber ejercido productividad agraria o ecológica alguna. Lo que hay en el predio fuera del local comercial es un deterioro ecológico total y la no existencia de actividad agraria alguna, donde se observa hasta el uso de productos químicos como el gramoxon que han quemado hasta la tierra del predio, esto último cuando ya estaba en posesión del bien la demandada reconvenida. De manera que los alegatos del Apoderado Especial Judicial de la recurrente resultan inatendibles pues no podría tenerse que ha cuidado el recurso forestal del fundo.  Esta situación del predio en la actualidad según reconocimiento judicial efectuado por el Tribunal y que corre a folios 460 y 461 contraría todos los principios de tutela a los recursos naturales y boscosos *

donde, sin conciencia del uso racional y sostenible de la naturaleza, el predio ha sido totalmente socolado y depredado, encontrándose en total abandono las pocas plantas de café y palmito que quedan.  Sea por lo que fuere la actora, no trató de rescatar el predio que estaba a su cargo sin demostrar fehacientemente todas las diligencias requeridas para que el bosque perdido en parte a partir de que la demandada toma posesión del bien, se regenerare, por lo que estos juzgadores arriban al convencimiento de que su interés ha sido nada más la siembra de algunos productos agrarios de subsistencia y en especial la posesión para la explotación comercial. No se aportó diligencia alguna de parte de la actora para denunciar las actuaciones deleznables y criticables que de los recursos naturales ahí existentes se hizo, como era su deber.  No hay ninguna prueba documental de que ella haya acudido a las autoridades correspondientes a dar aviso de los destrozos que se estaban dando y en su caso se habían dado en la finca contra la naturaleza y los cultivos que tenía.  Solamente mostró interés por el negocio comercial y en parte cultivar algunos productos agrarios en terrenos aptos únicamente para el mantenimiento del bosque natural existente según prueba pericial que así lo estima, era su deber demostrar toda esa serie de diligencias tendientes a preservar y regenerar el ambiente o a comunicar a las autoridades correspondientes los destrozos que se estaban dando en el área donde se localizan los predios objeto de esta contienda.  El derecho de posesión del Código Civil de un año no es posible otorgarse en bienes del Estado al ser demaniales, por lo siguiente.  La Sala Constitucional, cuyas resoluciones son vinculantes y por ende de aplicación obligatoria según lo dispone el numeral 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional estimó: "El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son los llamados bienes dominicales, bienes denominiales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público  y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables , imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad.*  El permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del particular es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa...En general ningún derecho fundamental se puede entender vulnerado, si se trata de conservar la naturaleza y el uso de los bienes públicos; el trabajo, el libre comercio, la propiedad y el patrimonio objetivo de las personas y todos los demás derechos, no pueden imponerse ilegítimamente por sobre y contra el interés general, grabando los bienes del Estado que conforman el demanio.". (Consúltese Resolución de las 14:45 hrs. del 6 de noviembre de 1991 de la Sala Constitucional en Recurso de Amparo, publicada en Revista: Jurisprudencia Constitucional No. 9 págs. 195 y 196. Se hace la observación que lo subrayado no responde al original). * * *  De lo anterior se concluye que sobre los bienes demaniales como lo constituyen las reservas forestales, acorde a lo dispuesto en la legislación vigente y la jurisprudencia vinculante no se puede usucapir, salvo que tal usucapión se hubiere dado porque se hubiere demostrado que mínimo diez años antes de la creación de la reserva, en este caso, se hubiere poseído en la forma requerida para este tipo de propiedad especial y calificada. Y sino es por este Tribunal la Administración Pública, por medio de la Municipalidad y a quienes corresponde tutelar los bienes declarados reservas forestales han sido en parte complacientes de esa situación irregular por donde pasan miles de personas. Esto así como lo dispuesto en el fallo de la Sala Constitucional es lo que le permite únicamente por cuestiones de justicia y equidad otorgar a la parte actora, lo único y mínimo que de acuerdo a sus pretensiones y lo probado en autos procedería, cual es el derecho al APROVECHAMIENTO del local comercial existente en el predio y no un derecho de posesión y menos a la propiedad del terreno, ya que éste es un caso de excepción, porque la actora no lo hizo de forma oculta o clandestinamente, no sólo al estar localizado el inmueble frente a una carretera como lo es la [Dirección7]  , que corre por el frente del predio, a vista y paciencia de todas las autoridades estatales que de hecho se lo han permitido, sino porque consta en autos que la Municipalidad de la localidad le viene cobrando impuestos y le otorgó al hijo de la actora de quien ésta adquirió uno de los predios, el permiso de construcción en el predio y le otorgó patente para ejercer el comercio en el negocio comercial existente en el mismo. Sin embargo, por tratarse de un conflicto de posesión entre particulares, sin perjuicio de los eventuales derechos del Estado, al estar localizado el terreno en un área de reserva forestal, procede únicamente disponer que deberá mantenerse en el local comercial a dicha actora. En lo demás procede confirmar la resolución recurrida. Sobre la excepción de Litis Consorcio, la misma fue resuelta interlocutoriamente sin lugar, para la cual no adujo el recurrente lo que ahora estima, pues simplemente la interpuso sin consideración ni fundamentación alguna. (véanse folios 14 y 45).  LLama la atención, que si su patrocinada reconvino nada le impedía haber traído al proceso como parte al Estado en su oportunidad procesal, y es hasta en segunda instancia donde hace los alegatos anteriores. De toda forma el Tribunal trajo al proceso como parte interesada al Estado, pero se estima que al ser un litigio donde se dilucida el derecho posesión entre particulares no era necesario tener al estado como parte demandada o actora. De ahí que este argumento tampoco sea de recibo. De todas maneras, la parte aduce que al menos debió dársele audiencia al Estado, lo cual ya se hizo.- * *  *

* * * *  VIII.- En razón de lo que se ha expuesto y razonado es del caso.  revocar parcialmente la resolución recurrida en cuanto rechaza las excepciones a la demanda de FALTA DE DERECHO, FALTA DE LEGITIMACION en sus dos modalidades: ACTIVA Y PASIVA, para en su lugar acoger parcialmente la excepción de FALTA DE DERECHO, omiténdose pronunciamiento sobre las de FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA Y PASIVA por innecesario. Se declarará parcialmente CON LUGAR LA DEMANDA únicamente en el siguiente orden: Se declara únicamente que la actora tiene derecho al aprovechamiento del negocio comercial existente en el fundo, sin perjuicio de los eventuales derechos que correspondan al Estado. *  La demandada habita y explota de mala fe el inmueble sin inscribir situado en La Unión de Guápiles de Pococí de Limón Centro de la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, con una medida de ocho mil doscientos noventa y cuatro metros con cincuenta y cinco decímetros cuadrados donde se encuentra ubicado un negocio comercial denominado: "La Reserva", que colinda al norte con la [Dirección2]  que conduce a Guápiles, al oeste y sur con la actora [Nombre1]   y al Este con [Nombre4]  , según plano catastral No. L-713275-87. La demandada [Nombre2]    deberá desalojar el mismo a partir de la firmeza de esta resolución. Deberá la misma con relación al local comercial únicamente pagar los daños y perjuicios que hubiere ocasionado a la actora [Nombre1]  que en la etapa de ejecución de sentencia logre demostrar causare.  Se deniega la demanda respecto a los demás extremos pretendidos y otorgados como 1) Que la finca descrita anteriormente sea propiedad exclusiva de [Nombre1]  . 2) Que la demandada habita por tolerancia de la actora. 3) Y que por habérsele puesto fin al estado de tolerancia de la demandada deba desalojar. En lo demás deberá confirmarse la sentencia recurrida.-*

* * *  * *  POR TANTO:*

* * * *  SOBRE DOCUMENTOS: Se admite con el carácter de prueba para mejor resolver los documentos de folios cuatrocientos nueve, cuatrocientos once, cuatrocientos veinticinco a cuatrocientos veintiocho, cuatrocientos treinta y cuatrocientos treinta y siete.  Se revoca parcialmente la sentencia recurrida de las trece horas del treinta de abril de mil novecientos noventa y siete, en cuanto rechaza las excepciones a la demanda de FALTA DE DERECHO, FALTA DE LEGITIMACION en sus dos modalidades: ACTIVA Y PASIVA y declara con lugar la demanda en todos sus extremos. En su lugar se acoge parcialmente la excepción de FALTA DE DERECHO, se omite pronunciamiento sobre las de FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA Y PASIVA. Se rechaza la excepción de falta de derecho con relación al derecho de aprovechamiento del local comercial. Se acoge la DEMANDA instaurada por [Nombre1]   únicamente en el siguiente orden: Se declara únicamente que la actora [Nombre1]    tiene derecho al aprovechamiento del negocio comercial existente en el fundo, sin perjuicio de los eventuales derechos que correspondan al Estado. Que la demandada, [Nombre2]    habita y explota de mala fe y sin derecho alguno al aprovechamiento del inmueble sin inscribir situado en La Unión de Guápiles de Pococí de Limón Centro, localizado dentro de la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, con una medida de ocho mil doscientos noventa y cuatro metros con cincuenta y cinco decímetros cuadrados donde se encuentra ubicado un negocio comercial denominado: "La Reserva", que colinda al norte con la [Dirección2]  que conduce a Guápiles, al oeste y sur con la actora [Nombre1]   y al Este con [Nombre4]  , según plano catastral Número L- setecientos trece mil doscientos setenta y cinco guión ochenta y siete. La demandada [Nombre2]    debe desalojar el mismo a partir de la firmeza de esta resolución. Deberá la misma con relación al local comercial únicamente pagar los daños y perjuicios que hubiere ocasionado a la actora que en la etapa de ejecución de sentencia logre demostrar. Se deniega la demanda respecto a los extremos pretendidos y otorgados como 1) Que la finca descrita anteriormente sea propiedad exclusiva de [Nombre1]  . 2) Que la demandada habita por tolerancia de la actora. 3) Y que por habérsele puesto fin al estado de tolerancia de la demandada deba desalojar. En lo demás se confirma la sentencia recurrida.-*

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* * * *  LIGIA MARIA MESEN MADRIGAL*

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CARMENMARIA ESCOTO FERNANDEZ *  ENRIQUE NAPOLEON ULATE CHACON*

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whd.-*

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 06:42:11.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

* * * * * VOTE 238.-*

* * * * AGRARIAN TRIBUNAL.- Goicoechea, at ten hours fifty minutes on the seventeenth of April of nineteen ninety-eight.-*

* * * * Ordinary Proceeding, filed before the Agrarian Court of Pococí, Guácimo y Sarapiquí, by [Nombre1]   , against [Nombre2]   , both with qualities known in the record. Also participating are attorneys Erick Núñez Rodríguez and Seyla Meza Pérez, in their capacities as Public Defenders for the plaintiff and defendant, respectively. The Office of the Attorney General of the Republic has been considered a party in this proceeding.-*

WHEREAS:*

* * * * 1).- The present claim, valued at the sum of five hundred thousand colones without centimes, is for the judgment to declare: "1.- That the property described in the first fact of this claim is the exclusive property of my principal, Mrs. [Nombre1]  . 2.- That the defendant inhabits, in bad faith, the real property indicated in the first fact, and by pure tolerance of my principal. 3.- That because my principal has ended the state of tolerance toward the defendant, the latter must vacate the real property, and the business she occupies in bad faith. 4.- That the defendant be ordered to pay both costs of this action, as well as the damages caused".-*

* * * * 2).- The defendant answered the claim and interposed against it the defenses of lack of jurisdiction by reason of the subject matter, necessary joinder of passive parties, lack of passive and active standing to sue (falta de legitimatium ab causam pasiva y activa), and lack of right. And she counterclaimed against the plaintiff for the judgment to declare: "A.- That the counterclaimant [Nombre2]  is the sole and legitimate owner of the right of possession exercised over the land described in the first part of the counterclaim, located within the [Dirección1]  , as well as of all the improvements existing on it, by virtue of having cared for, worked, and exercised exclusive dominion over that area for more than three years, at the time this litis was established. B.- That [Nombre2] is likewise the legitimate and sole owner of the commercial business named La Reserva, located on the same land, given that she built and established it with her own resources, and has exploited it with all its elements from 1987 to date. C.- That consequently, the contract entered into between the counterdefendant and [Nombre3]  , before Notary Fernando Morera Solano, in San José at 1:00 p.m. on July 11, 1990, is null, devoid of all effect and value, given that another person's property was sold, belonging solely to the counterclaimant, without her having granted consent or at least had knowledge about the supposed contract. D.- That any right of possession claimed by the counterdefendant over the land described in the first fact of the counterclaim has already prescribed by virtue of her not having exercised that possession at any time, for a period of more than three years. E.- That the counterclaimant is not obligated to recognize improvements, damages to the counterdefendant for not having introduced or legally acquired them, nor having suffered them, and because the supposed purchase contracts entered into by [Nombre1]  were done in bad faith, with the aim of harming the companion of her son, the counterclaimant. F.- That the counterdefendant [Nombre1]  together with the Estate of [Nombre3]  , must pay to [Nombre2]  the damages caused to her at the time this judgment becomes final, moral damages for the suffering and worries involved in an ordinary lawsuit, and the actions taken within the probate proceeding to deprive her of the elements that constitute the commercial business La Reserva, which are estimated at five hundred thousand colones and the damages represented by the disturbance to her right of possession, the exploitation of the same business and eventual deprivation of some movable goods that the estate might have obtained from the same establishment, which are estimated at three hundred thousand colones. G.- That both counterdefendants must pay personal and procedural costs of this trial".-*

* * * * 3).- The plaintiff-counterdefendant answered the counterclaim filed against her and interposed against it the defenses of lack of right, lack of active and passive standing to sue (falta de legitimatium ad causam activa y pasiva), and the generic defense of sine actione agit.-*

* * * * 4).- Attorney Damaris Vargas Vásquez, Judge of first instance, in a judgment issued at thirteen hours on the thirtieth of April of nineteen ninety-seven, ordered: "THEREFORE: Based on the considerations set forth, cited jurisprudence and articles 1, 2, 6, 26, 54, 55, 56 and 79 of the Ley de Jurisdicción Agraria, 693 of the Código Procesal Civil and 277, 295, 330 and following of the Civil Code, applied supplementarily, it is resolved: The defenses of lack of right and lack of active and passive standing interposed by the defendant are rejected and the ORDINARY CLAIM filed by [Nombre1]    against [Nombre2]    is declared with merit in the manner to be stated: 1.) That [Nombre1]   is the holder of the better right of possession to the exclusion of the defendant over the property not registered in the Public Property Registry, destined for agriculture and with a commercial premises built on it called "La Reserva", located in La Unión de Guápiles de Pococí de Limón, measuring eight thousand two hundred ninety-four square meters and fifty-five square decimeters and bordering to the North with [Dirección2]  that runs from San José to Guápiles, to the West and South with [Nombre1]   and to the East with [Nombre4]  . 2.) That the defendant is in possession of that real property in bad faith. 3.) That the defendant must vacate the cited real property once this resolution becomes final. 4.) That the defendant must pay the damages caused to the plaintiff on the cited property, an award made in the abstract so that those damages may be proven and liquidated in the execution of the judgment. 5.) That the defendant must pay the procedural and personal costs caused to the plaintiff on the occasion of this proceeding. Likewise, the defenses of LACK OF RIGHT, LACK OF ACTIVE AND PASSIVE STANDING TO SUE (FALTA DE LEGITIMACION AD CAUSAN ACTIVA Y PASIVA), and SINE ACTIONE AGIT interposed by the counterdefendants are declared with merit, the first being rejected only regarding the claim for improvements by the counterclaimant. And, the COUNTERCLAIM filed by [Nombre2]    against [Nombre1]   in her personal capacity and as Provisional Executor of the ESTATE OF [Nombre3]   is declared with merit in the manner to be stated: 1.) That [Nombre1]   in her personal capacity must recognize the payment to the counterclaimant of the necessary and useful improvements that the latter proves to have introduced, preserving the right of retention over the former, which must be liquidated in the execution of the judgment; the foregoing, in relation to the properties not registered in the Public Property Registry, located in La Unión de Guápiles de Pococí de Limón, the first destined for agriculture and with a commercial premises built on it called "La Reserva", measuring eight thousand two hundred ninety-four square meters and fifty-five square decimeters and bordering to the North with [Dirección2]  that runs from San José to Guápiles, to the West and South with [Nombre1]   and to the East with [Nombre4]  ; and the second, destined for agriculture, measuring one hectare nine thousand three hundred ninety-six square meters and twelve square decimeters, bordering to the [Dirección3] with [Dirección4] , to the South and West with [Nombre5]   and to the East with [Nombre1]  , depicted in Cadastral Map Number L-Seven hundred fifteen thousand two hundred seventy-eighty eight. 2.) The counterclaimant must pay the procedural and personal costs caused to both counterdefendants. The counterclaim is rejected regarding the remainder of the principal and subsidiary claims. Attorney's Fees are set ex officio in the sum of three hundred thousand colones. NOTIFY. Fs...".-*

* * * * 5).- This Court hears this ruling by virtue of an appeal filed by the defendant party; and the corresponding procedural requirements have been observed in the proceedings.-*

* * * * Judge Escoto Fernández drafts, And;*

CONSIDERING:*  *

* * * * * I.- REGARDING DOCUMENTS: The documents on folios 409, 411, 425 to 428, 430, and 437 are admitted as evidence for a better resolution.-*

* * * * II.- The Court adopts the statement of proven facts contained in the ruling under review as a faithful reflection of the record and because the evidentiary elements on which it is based effectively appear within the case file, being necessary to add to the one marked as 4) after the word "laborers": Such commercial building was constructed on the land that is the object of this dispute identified with cadastral map No.L-713275-87, which has an area of 8,294.55 square meters. (same cited evidence as well as the claim and counterclaim briefs on folios 4, 5, 15, answer to the counterclaim on folio 106 verso, documentary evidence on folios 1, 22, and judicial inspections on folios 24, 25 and 460 to 461). Of the same nature shall be added: 9) The land that is the object of the initial claim, corresponding to cadastral map No. L-713275-87, and the one that is also the object of the counterclaim together with the one described in cadastral map No. L-715270-88, which has an area of one hectare 9,396.12 square meters, are adjacent to each other, located next to the entrance of the Tourist Center known as Bosque Húmedo where the Cable Car is located on the [Dirección5]  , in material reality they form a single unit, with an approximate frontage onto a public road of 150 meters. The area where they are located is characterized by having a typical rainforest climate with poorly developed soils of low fertility and with severe limitations for cultivation; its potential is for use in protection or for reforestation. The land is totally rugged and irregular with a slope of approximately 45 degrees. Within the first and in front of the main road that is the northern boundary of the lands, a commercial premises is observed with a sign that reads: "Chicharronera La Reserva", in operation where food is sold and there are implements typical of a soda, a building that has eleven meters of frontage by ten meters of depth, two stories, with a cement base and the other one of perling, both with a cement floor in part and the rest wood, wood walls, zinc roof in part and another with an awning, only the kitchen area is closed. The building has its own water and electricity by means of an electric plant. (certification of maps on folios 22 and 23, judicial inspections on folios 24 and 460 to 461, counterclaim brief on folio 15 and brief of the plaintiff-counterdefendant where she so admits on folio 57 and judicial inspections on folios 24, 25, 252, 460 and 461). 10) The lands that are the object of this litigation are included within the Reserva Nacional Forestal Cordillera Volcánica Central and are lands under the administration of the Ministerio de Agricultura y Ganadería, of which the plaintiff-counterdefendant was aware as stated in the public deed described in cadastral map No. L-715270-88 and her son also, from whom she acquired the other property described in cadastral map No. L-713275-87. (certifications of cadastral maps of December 1987, of April 1988 and of December 1993 and of map No. L-158404-93, certification of public deed for the property corresponding to map No. L-715.270-88 on folios 22 and 23, 61, 74 and 437, as well as testimonial statements of [Nombre6]   on folio 256 verso, [Nombre7]    on folio 285 and notarial certification from the Dirección General Forestal on folio 411). 11) In June of 1992, the estate described in cadastral map L-715270-88 showed land with weeds, with forest found in the center of the land, with some precarious plantings to the east and west along the boundary with [Nombre4]  , within which there were about two hundred square meters of coffee plants of about twenty-five to fifty centimeters, forty square meters of palmito and, in an area larger than this, banana plants. At the end of the property, merging with the forest, there were some old and natural pejibaye trees as well as coconut palms, observing a wooden construction that serves as a house for a laborer. In the center of the farm there was a trail surrounded by sugar cane. (judicial inspection on folio 25). 12). In the judicial inspection and expert opinion carried out in March of 1996, it was observed on the same land described in the previous fact that it is mostly covered with pasture that appeared to have been recently burned along the entire farm with some chemical product similar to gramoxon, perhaps one or two months ago approximately. Then there were about fifteen tall palm trees of the royal, pejivalle and palmito species and others smaller in a number approximately of one hundred, which show no care and some damaged and others completely lost covered by weeds. There were about thirty coffee plants five to six years old abandoned and without production, the trail still being found with Indian cane plants, but already abandoned without leaves of an age between five to ten years. Few timber trees of caobilla were observed, some cut several years ago (10-15 years ago) that were not utilized and are in a process of decomposition, and others a few months ago without being utilized. On the adjacent property, nature appears at this date similar to the previous one with retana grass mixed with jaragua and other species which is recently burned in its majority; there was even a gallon container with the label: "Gramoxon", there were also 20 banana plants planted in a scattered manner, two cepas in production as well as two of sweet cane but abandoned, six standing caobilla trees, others of zapotillo, four coconut palms without producing. (folios 252 to 254). 13) In the judicial inspection carried out by this Office on the past 24th of February of 1998, the nonexistence of any type of agrarian activity was verified, except for some square, palmito and coffee plants in a dispersed manner and in a state of abandonment. There is a small shed with two pigs and a rustic chicken coop. Ninety percent of the land is cleared with pasture and natural scrub; and only along the western boundary are there some dispersed timber trees, without fence or boundary lane demarcations, noting that the adjacent farmlands outside the area in conflict in the east and [Dirección6] directions are with conserved forests. Towards the back of the property there is a wooden building completely abandoned with a rotten roof surrounded by a large amount of garbage. (folios 460). The western boundary, which appears to have been cleared years ago, is in a process of regeneration. (folios 269, 270, 461 and 462). 14) On May 11, 1990, an application for construction of a commercial premises was filed before the Ministerio de Obras Públicas y Transportes on map L-713275-87. And Mr. [Nombre3]  was granted construction permit No. 351, paid in September 1987, to build a commercial premises of 63 square meters, all of wood with an H.G. No. 29 roof, a commercial premises that also has the respective municipal business license granted on 8-11-87, which cannot be closed as it is complying with all legal requirements. (folios 425, copies of the Municipal Executive's report dated May 17, 1990, not challenged on folio 426 and of payment receipt on folio 427). 15) Mrs. [Nombre1]   appears as a taxpayer of the Municipality of Pococí where, as of the date of April 29, 1997, she has paid territorial taxes, detail of roads for two numbered properties: 912232-001 and 913060-001. (brief on folios 422 and 423 as well as a not challenged copy on folio 430).- * * * *

* * * * III.- The list of facts considered devoid of proof and worthy of mention for the purpose of providing a solution to this case, contained in the considering section marked as II, is likewise adopted, with the understanding that it shall read: UNPROVEN FACTS: At this instance, the following is held as not proven, as it influences the decision in this matter. 5) Neither the plaintiff nor the defendant proved having exercised agrarian or ecological possession by themselves or by their transferors ten years before the entry into force of Decreto Ejecutivo No. 4961-A, effective from June 26, 1975, regulated in Decreto Ejecutivo 5386-A and its amendments, which declares the Creation of the Reserva Forestal Volcánica Central. No evidence was produced in this sense, as such fact is not extracted from either the witnesses or the attached certifications. 6) None of the parties, nor Mr. [Nombre3]  , proved that they had requested permission to build on the lands that are the object of this dispute from the respective Ministry. In this regard, there exist in the Ministerio de Ambiente y Energía for the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central use permits, concessions or authorizations to build in the name of the parties or [Nombre3]   on the lands described in maps No. L-715279-88 and L-7132275-87. (not challenged document on folio 409). 7) The defendant and counterclaimant did not prove that she had cared for the forest resource or tried to regenerate and reforest the property. 8) The plaintiff-counterdefendant also did not prove that she had reported the irrational felling and depredation or deforestation that occurred on the farm. No evidence or argument in this sense appears in the case file.- *  * * * *

* * * * IV.- The Special Judicial Attorney for the defendant and counterclaimant appeals the judgment based on the following grievances: 1) He does not share the bases on which the ruling is founded, especially regarding the possession exercised by his client over the farms in question. He feels that the legal backing is oriented toward a civil law perspective, which leads to the absence that the agrarian proceeding pursues. 2) He then adds, his client has possessed for one year the farm that is classified as agrarian but that in reality is forestal, being located within the Reserva Nacional Forestal de la Cordillera Volcánica Central next to the Bosque Húmedo Tourist Center (Cable Car). He argues that due to the very nature of the place, her possession has been that of caring for the land with its forest where agriculture is not produced because that is not its vocation. 3) He considers that, as this is a RESERVA NACIONAL, the STATE in the person of the Agrarian Prosecutor should have been considered a party, or in the worst case, the said Prosecutor's Office should have been given a hearing, because it was created to look after forest lands when they form part of National Parks or Reservas Nacionales. For this reason, in his judgment, the defense of Necessary Joinder of Passive Parties (Litis Consorcio Pasiva Necesaria), which he timely filed, is appropriate. If the State had been a party, the outcome would have been different. (folios 365, 371 to 372).- *

* * * * V.- In this case, it is observed, above all from the certification of the judicial inspection carried out by the Court, that the farm that is the object of the dispute, located in Las Minas de la Unión de Pococí next to the Tourist Center known as Bosque Húmedo Teleférico, is a property that is found within the Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central created by Decreto Ejecutivo No. 4961-A of June 26, 1975, regulated in Decreto Ejecutivo 5386-A and its amendments. Added to this, due to its location and topography, it is of forestal vocation according to the expert opinion rendered in the record.-  *

* * * * VI.- Based on the situation present in this case and described in the previous considering section, it is important to cite what this Court has held regarding agrarian and ecological possession, as it is unavoidable for the Agrarian Judge to delineate the principles and values of the agro-environmental system that must be taken into account to resolve cases where farms are found within areas declared forest reserves, as occurs in this case, where agrarian productions may occur and at the same time the conservation or sustained use of natural resources, especially forest resources, is necessary. Regarding forest possession, it has ordered: "IV. In the agrarian jurisdiction, the ecological or forest possessor has also been protected. In forest possession, the de facto power is exercised over a property of forest vocation or mostly destined to protect forest resources, without an aim towards its exploitation or, alternatively, dedicating it to the simple extraction of timber species, through management plans to achieve the natural regeneration of the forest. In either case, there would be no development of a plant or animal biological cycle, nor would man assume any risk. Forest possession has had its legal regime in the Leyes Forestales. It falls upon a specific good: lands covered with forests or of forestal aptitude. The possessor of such lands has the obligation to conserve forest resources and cannot exploit them economically except under the restrictions or limitations imposed by law. Forest or ecological possession requires, at least for its exercise, the execution of certain types of acts such as the permanent care of the forest, and the making of firebreaks or lanes from time to time to prevent its destruction or the spread of fires. It is also possible to exercise this type of activity, complementarily with agricultural or livestock activities (agroforestry), as long as the forest resource is not damaged.- (Agrarian Superior Tribunal, No. 829 of 9 hours 30 minutes on December 23, 1997. In the same sense, Votes No. 779 of 10:40 hours on November 28, 1997, and No. 393 of 16 hours on July 14, 1997, deserve to be cited).- VI. In Vote No. 721 of 11 hours 40 minutes on November 7, 1997, the differences between agrarian possession and ecological possession are established, regarding the ecological function that these goods must fulfill:*  V...This leads us directly to the concept of ecological possession, and to the criterion of the ecological function of forest property. In repeated judgments, both of the First Chamber of Cassation and of the same Agrarian Superior Tribunal, the principles that must govern to resolve this type of agro-environmental conflicts have been established. Our country has been a pioneer in the construction of the institutes of agrarian possession and ecological possession. The same jurisprudence has recognized and developed these institutes, as well as the life cycle of agrarian possession and, recently, of ecological possession (within the broader criterion of the ecological function of forest property). Professor [Nombre8] Meza has defined agrarian possession as follows:*  "Agrarian possession is a de facto power over a property of productive nature, such power linked to the continuous exercise or effective and rational economic exploitation, with the presence of a biological, plant or animal cycle, linked directly or indirectly to the enjoyment of the forces and natural resources" ([Nombre9] , [Nombre8]. La posesión agraria, San José, Costa Rica, Editorial Barrabás, 2nd edition, 1994, p. 116). The elements of agrarian possession must respond to the social economic purpose of the property in question. Therefore, a special animus has been required, characterized by the intention to economically appropriate the fruits produced on the property. Likewise, the corpus is not the simple material tenancy, as it must manifest itself through the exercise of stable and effective agrarian possessory acts. The agrarian possessor, to be such, must demonstrate technical capacity and experience in the exercise of agrarian activities: both in animal husbandry and plant cultivation. That is, they must have the capacity to organize all the goods indispensable for the exercise of their activity. The object of agrarian possession is a property of a productive nature, therefore the function of agrarian possession is closely linked to the social utility of the property in question. The nature of the agrarian property implies the possibility that, through its direct or indirect use, living animal or plant beings can be produced. * *  The possessory relationship must manifest itself in the display, by the possessor, of a professionally organized agrarian activity on the property, so that through a biological cycle animal and plant products can be obtained destined for direct consumption. This implies that the agrarian possessor is responsible for organizing, directly or indirectly, all the elements necessary for the display of the entrepreneurial agrarian activity. Agrarian usucapion (Usucapión agraria) has been a consequence of the principle of the social function that land must fulfill. In common agrarian usucapion, it is required to demonstrate the exercise of agrarian possessory acts, stable and effective, for more than ten years, in a public, peaceful, continuous, uninterrupted manner, and as owner. Additionally, the requirements of just title as an original or derivative acquisitive cause, and good faith are demanded. In contrast, in precarious possession of lands, the usucapient is exempted from just title and good faith, but must fulfill another series of requirements such as personal possession and with their family, in a stable and effective manner, directed at producing goods to satisfy their own needs and those of the family. All these particularities could be applied to AGRARIAN FOREST POSSESSION, understood as a de facto power exercised over a property of forest nature, such power linked to the exercise of stable and effective possessory acts aimed at cultivating forest species for the purpose of their commercialization. It implies an action on the part of the possessor directly aimed at directing the biological cycle of the forest species they wish to produce, giving continuity to their silviculture activity (cultivation of the forest). "It would be an entrepreneurial forest property if the entrepreneur's activity implies their participation in the biological cycle, from the planting, cultivation of trees, substitution of one species for another, and in general care of the forest for the purpose of silvicultural production, or at least the will to submit to a legal regime whose obligation consists of promoting an entrepreneurial labor oriented towards having a real property characterized by producing timber trees to be placed on the market..." (First Chamber of the Supreme Court, * No. 68 of 16 hours and 10 minutes on May 8, 1991). * * *  The same Jurisprudence has sought to distinguish the entrepreneurial property and possession where an activity directed at the cultivation of the forest is exercised, from that in which an extractive or merely conservative activity is simply carried out. In these latter cases, one would be in the presence of a forest property or possession (without enterprise). It is precisely in these cases that the Ley Forestal comes to establish a whole legal regime for the protection of forest resources, sometimes subjecting the owner in a mandatory manner to the forest regime and in other cases in a voluntary manner. Thus, in forest possession, the de facto power is exercised over a property of forestal vocation or mostly destined to protect forest resources, without aiming for its exploitation, or alternatively, dedicating it to the simple extraction of timber species. In either case, there would be no development of a plant or animal biological cycle, nor would man assume any risk. That is why the law does not protect, and on the contrary represses, possession through which forest resources are destroyed. Furthermore, it denies the possibility of acquiring rights of possession over lands of the national reserves when a harmful action has been exercised against forest resources. *  Today, part of the agrarian doctrine affirms the existence of a Forest Law, with particularities of an organic and complete system, where the institutes of forest property and possession occupy an important place. * * *  In Costa Rica, forest property, and also forest possession as a real right derived from the former, or conceived independently, began to take shape since the Código Fiscal of 1985, which establishes a whole chapter on forests whose regulations tend towards their conservation. Subsequently, the Ley de Terrenos Baldíos No. 13 of January 6, 1939, incorporates said principles. Later, the Ley de Tierras y Colonización in its article 7 expands the national reserves for the protection of such resources. * * *  The special legislation regarding the protection of forest property and possession has three stages in our country. * * * *  The first stage of forest property is framed by Law No. 4465 of November 35 [sic], 1969. The second stage opens through a better-conceived regulation in Law No. 7032 of April 7, 1986, which was later declared unconstitutional. The third operates with the enactment of the Ley Forestal No. 7174 of June 28, 1990, recently reformed by number 7575, published in supplement 12 of Gaceta number 72 of Tuesday, April 16, 1996.

These, as has been seen, contain various forest property regimes and limit the use and exploitation of resources by private individuals. It is not possible to acquire title over lands with forest cover (cobertura boscosa) unless it is demonstrated that the forest resource has been protected. Its constitutional basis is found in the second paragraph of Article 45 of the Constitution. * Through limitations of social interest, the institution of forest property is protected. It is not the same as civil property or agrarian property; it is property held for conservation, and therefore any possessory acts carried out on it must have that purpose. In summary, we could say that forest possession has had its legal regime in the aforementioned Forest Laws. It applies to a specific good: lands covered by forests or of forest aptitude. The owner or possessor of such goods has the obligation to conserve the forest resources and may not exploit them economically except under the restrictions or limitations imposed by law. For the legal resolution of conflicts arising from the exercise of forest possession, that special legal regime and the principles of Forest Law must be applied. Article 7 of the Law of Possessory Informations, as amended by Forest Law No. 4465, provided, before its amendment:* "Article 7.- When the property to which the information refers is included within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone, the title applicant must demonstrate having exercised decennial possession at least ten years prior to the effective date of the respective law or decree creating the respective wild area. Farms that are outside those areas and have forests may only be titled if the petitioner demonstrates having possessed them for ten years or more and having protected said natural resource, on the understanding that the property must be duly delineated with fences or lanes." In other words, the de facto power in forest possession applies solely to the natural resource "forests" or "lands of forest aptitude," and possessory acts must be directed toward their protection and conservation. Only if that is demonstrated could lands be acquired or registered in favor of such possessors. VIII.- But when it comes to the ecological function of forest property and ecological possession, the protection of the legal system is more demanding and profound. Ecological possession is distinct from agrarian forest possession and from forest possession itself. This is so because it is an institution belonging to Ecological Law. If its principal object is the protection of natural resources in general and ecological balance, it is evident that ecological possession must "reflect" the object of its discipline. Thus, the scope of ecological possession is, evidently, much broader than that of forest possession. * * * In ecological possession, the de facto power must apply to a territorial area where an ecosystem exists, and possessory acts must be directed toward protecting those ecosystems, ensuring the study and scientific research of all the interrelations existing there, whether involving plant life (and not only forests) or animals and their relationship with conservation and human existence itself. In other words, possessory acts in ecological possession would be both omissive and active, whose combination allows for the conservation of ecological balance. For this reason, the subject or "ecological possessor" must be a natural or legal person with sufficient technical capacity and knowledge of ecological balance and ecosystem management. The structure of ecological possession, that is, the set of rights and obligations derived from it, would be subject to a series of regulations contained in various special laws, such as the Organic Law of the Environment, the Forest Law, the Wildlife Conservation Law, the Health Law, the Maritime-Terrestrial Zone Law, etc., as well as all those International Conventions signed by our country for the protection of the environment. In general, the applicable legal regime would be agro-environmental law. Indeed, the resolution of conflicts born from the exercise of ecological possession, in the absence of special regulations, must reflect the principles of Ecological Law that, especially at the constitutional level, have been created, such as:* The protection of the landscape, the rational exploitation of resources, the right to a healthy and ecologically balanced environment.-" (See in the same sense the votes of this Tribunal No. 77 of 9:10 hours on February 12, 1997 and No. 154 of 9:20 hours on April 4, 1997).-" (Thus cited in resolution of 14:50 hrs. on February 27, 1998, which is Vote No. 143) And in the same sense and as cited, in part transcribed resolution of 11:40 hrs. on November 7, 1997, corresponding to Vote No. 721 issued in an ordinary proceeding for better right of possession). The Tribunal also considered in a possessory information proceeding seeking to register a piece of land within the Golfo Dulce Forest Reserve: "...VIII. Forest possession has had its legal regime in the aforementioned Forest Laws. It applies to a specific good: lands covered by forests or of forest aptitude. The owner or possessor of such goods has the obligation to conserve the forest resources and may not exploit them economically except under the restrictions or limitations imposed by law. For the legal resolution of conflicts arising from the exercise of forest possession, that special legal regime and the principles of Forest Law must be applied. The Forest Law establishes as an essential function and priority of the State, to ensure the protection, conservation, exploitation, industrialization, administration, and promotion of the country's forest resources, in accordance with the principle of rational use of renewable natural resources (Article 1). All lands of forest aptitude and the country's forests, whether state-owned or under private domain, are subject to the purposes of the law. The forest regime is the set of provisions, among others, of a legal, economic, and technical nature, established by the law, its regulations, and other norms, that regulate the conservation, renewal, exploitation, and development of the country's forests and lands of forest aptitude. Therefore, to acquire forest property by usucapion (usucapión), the exercise of forest possession is required. Article 7 of the Law of Possessory Informations, as amended by the Forest Law, provided, before its amendment: "Article 7.- When the property to which the information refers is included within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone, the title applicant must demonstrate having exercised decennial possession at least ten years prior to the effective date of the respective law or decree creating the respective wild area.* Farms that are outside those areas and have forests may only be titled if the petitioner demonstrates having possessed them for ten years or more and having protected said natural resource, on the understanding that the property must be duly delineated with fences or lanes." In other words, the de facto power in forest possession applies to the natural resource "forests" or "lands of forest aptitude," and possessory acts must be directed toward their protection and conservation. Only if that is demonstrated could lands be acquired or registered in favor of such possessors.* Otherwise, they would become part of the natural heritage of the state (Article 13 of the new Forest Law), with an unseizable and inalienable character, and their possession shall not create any right in favor of private individuals (Article 14 of the new Forest Law). IX. The Superior Agrarian Tribunal had interpreted Article 7 of the Law of Possessory Informations, before being amended by the new Forest Law, as requiring personal possession, exercised ten years prior to the creation of the forest reserve or protected area (See in that sense Votes No. 169 of 9 hours 40 minutes on March 22, 1991 and No. 251 of 14 hours on April 17, 1991). It explained:* "This Tribunal has no doubt that Article 7 of the Law of Possessory Informations, before the amendment introduced by Forest Law No. 7124 of June twenty-eighth, nineteen ninety and in its current text, departs from the general rule established in Article 1 of the Law of Possessory Informations which provides:* "When the title applicant has not had decennial possession of the property, they may avail themselves of the possession exercised by their transferors, in accordance with Article 863 of the Civil Code; but in this case, they must present a public document evidencing the transfer of their right, although not that of previous possessors; this is stated for the following reason: as relevant, numeral 7 cited before the amendment provided: "When the property to which the information refers contains a forest area of half or more of its extent, it will be necessary to prove proper acquisition, with a public document executed more than ten years prior." If the title applicant in the latter case was required to provide a public document executed more than ten years prior proving the acquisition of the property to be titled, it was because it was intended that, in those cases, the title applicant had personally exercised the decennial possession, since that proof guaranteed the direct possession of the one promoting the possessory information, as no one would provide a title executed more than ten years earlier if they had not personally maintained possession. With the amendment, what happened was that what was implicitly stated before the amendment was expressly stated, because now it is established that when the property is located within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone, the title applicant must demonstrate having exercised decennial possession at least ten years prior to the effective date of the respective law or decree creating the respective wild area..." However, that interpretation of Article 7 of the Forest Law was challenged as "unconstitutional" by the title applicant here, and the Constitutional Chamber, in Vote No. 4587-97 (published in Judicial Bulletin No. 188 on October 1, 1997) declared, in what is relevant, the following: "The action is partially granted and, consequently, the interpretation of Article 7 of Law of Possessory Informations No. 139 of July 14, 1941, whose text corresponds to the amendment produced by Forest Law No. 7174 of June 28, 1990, according to which, to title lands included in national parks, biological reserves, forest reserves, or protective zones, personal possession is required, exercised ten years prior to the effective date of the law or decree creating the protected wild area, and which does not favor, in these cases, possession transmitted by previous possessors, is unconstitutional. This judgment is declaratory and its effects retroactive, without prejudice to rights acquired in good faith..." ...X. Forest Law No. 7575 also maintained the restrictions in the Law of Possessory Informations for being able to title lands included in protected areas. In this regard, the current article provides: "Article 7.-When the property to which the information refers is included within a protected wild area, whatever its management category, the title applicant must demonstrate being the holder of legal rights over the decennial possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree creating that wild area." (Emphasis ours). That is, the legislator's intention is that those areas have remained protected, conserved throughout this entire period, even before the creation of the Reserves and protected areas. In the present case, the title applicant has met all the requirements of the special legislation to be able to register in her name a property right acquired by usucapion, within a protected area... The property, as indicated, is within the Golfo Dulce Forest Reserve, created in April 1978. It is a Protected Wild Area, understood as a "Space, whatever its management category, structured by the Executive Branch to conserve and protect it, taking into consideration its geographic, biotic, social, and economic parameters that justify the public interest." Undoubtedly, the area constitutes an important green space within the zone, as it serves as an area of preservation for the forest Ecosystem, and in turn provides very important environmental services to agroforestry activities such as those carried out by the interested company itself. Therefore, the work that the title applicant has exercised, in the agroforestry possession of said zones, is extremely valuable for current and future generations. Having demonstrated decennial possession, ten years prior to the creation of the Golfo Dulce Forest Reserve, it is appropriate to grant the approval of these proceedings, and order the Public Registry of Property to register the property in her name, subject to the limitations and restrictions of the Forest Law, and the Maritime-Terrestrial Zone Law..." (Consult resolution of 14:50 hrs. on February 20, 1998, which is Vote No. 113). *

* * * * VII.- The plaintiff in the prayer of the complaint seeks the following: "1.- That the farm described in fact one of this complaint is the exclusive property of my principal, Mrs. [Name1] .- 2- That the defendant inhabits, in bad faith, the property indicated in fact one and by mere tolerance of my principal.- 3.- That because my principal has put an end to the state of tolerance of the defendant, the latter must vacate the property and the business she occupies in bad faith.- 4.- That the defendant be ordered to pay both costs of this action, as well as the damages caused.-". (folios 4 v and 5). From another angle, the defendant counterclaims so that the judgment establishes, among other points: "A.- That the counterclaimant [Name2] is the sole and legitimate owner of the right of possession exercised over the land described in section one of the counterclaim, located within Braulio Carrillo Park, as well as all improvements existing on it, by virtue of having cared for it, worked it, and exercised exclusive dominion over that area for more than three years, at the time this litigation was initiated.- B.- That likewise [Name2] is the legitimate and sole owner of the Commercial business called La Reserva, located on the same land, given that she built and established it with her own resources, and has exploited it with all its elements from 1987 to date. C.- That consequently, the contract entered into between the defendant and [Name3] , before Notary Fernando Morera Solano, in San José at 13 hrs on July 11, 1990, is null, lacking all effect and value, given that another person's property was sold, belonging solely to the counterclaimant, without her having granted consent or at least having knowledge of the supposed contract. D.- That any right of possession claimed by the counter-defendant over the land described in fact one of the counterclaim has already prescribed by virtue of her not having exercised that possession at any time, for a period of more than three years..." . (folio 16). In accordance with what is sought both in the complaint and in the counterclaim, it is appropriate to note that neither of the parties in this proceeding demonstrated exercising agrarian or environmental possessory acts of protection, rational use of the forested area that it had and in which the property subject to this litigation is immersed. Rather, there has been an excessive, unjustified, irrational, and total depredation of what the land presented, without any consideration for the natural resources, noting a total disregard for the ecosystems. The plaintiff, given the possession she alleges and proved having had for ten years on the property, could have reported the excessive and total logging that was carried out on the land, razing all the vegetation that covered it, of which, according to the judicial inspection conducted by the Trial Judge in June 1992 that appears at folios 24 and 25, there was still part of a wooded area. The only thing that has been demonstrated and that the plaintiff did was to build and maintain the existing commercial premises on the land, for which she obtained permission from the area's Municipality, as well as harvesting coffee and palmito crops on a small scale. Consequently, the right of ownership and possession of the property cannot be declared in this proceeding in favor of any of the parties; in the case sought by the plaintiff, with all the attributes of ownership, since it is not even a property registered in her name in the Public Registry of Property, hence a reivindicatory action does not prosper, as it is an unregistered property; what could eventually be filed is an action for better right of possession, for which, according to reiterated national jurisprudence shared by the Tribunal, three requirements must be met: 1) Active standing, 2) Passive standing 3) and Identity of the property. Being before a property that is located within a national forest reserve, in accordance with what was stated in previous recitals and based on what was decided by the Constitutional Chamber, a qualified possession must have been proven, which is having accredited that the property was possessed ten years prior to the date of creation of the Reserve to which it belongs and that the forest resource of the property was cared for and protected, both aspects that the plaintiff could not prove; and therefore, she has no right to even claim the better right of possession she seeks over the property in dispute. And in the case of the defendant counterclaimant, who expressly seeks the better right of possession, she also does not meet the above. In summary, neither of the two proved having exercised any agrarian or ecological productivity. What exists on the property outside the commercial premises is total ecological deterioration and the non-existence of any agrarian activity, where even the use of chemical products like gramoxon is observed, which have burned even the soil of the property, the latter when the defendant was already in possession of the property. Thus, the arguments of the Special Judicial Representative of the appellant are unacceptable, as it cannot be considered that the forest resource of the property has been cared for. This current situation of the property according to the judicial inspection conducted by the Tribunal and appearing at folios 460 and 461 contradicts all the principles of protection of natural and forest resources *

where, without awareness of the rational and sustainable use of nature, the property has been totally cleared (socolado) and depredated, finding the few remaining coffee and palmito plants in total abandonment. For whatever reason, the plaintiff did not try to rescue the property that was under her care without conclusively demonstrating all the diligences required for the forest, partially lost after the defendant took possession of the property, to regenerate, thus these judges reach the conviction that her interest has been nothing more than the planting of some subsistence agrarian products and especially possession for commercial exploitation. No diligence whatsoever was provided by the plaintiff to denounce the despicable and reprehensible actions taken against the existing natural resources there, as was her duty. There is no documentary evidence that she approached the corresponding authorities to give notice of the destruction that was taking place and in its case had taken place on the farm against nature and the crops she had. She only showed interest in the commercial business and partly in cultivating some agrarian products on lands suitable only for the maintenance of the existing natural forest according to expert evidence that so considers; it was her duty to demonstrate all that series of diligences aimed at preserving and regenerating the environment or at communicating to the corresponding authorities the destruction that was taking place in the area where the properties subject to this dispute are located. The right of possession of the Civil Code of one year cannot be granted over State property as they are public domain (demaniales), for the following reason. The Constitutional Chamber, whose resolutions are binding and therefore of mandatory application as provided by numeral 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction, held: "The public domain is composed of goods that manifest, by the will of the legislator, a special purpose of serving the community, the public interest. They are the so-called dominical goods, demanial goods, public goods or things, which do not belong individually to private parties and are destined for public use and subject to a special regime, outside the commerce of men. That is, affected by their own nature and vocation. Consequently, those goods belong to the State in the broadest sense of the concept, are assigned to the service they provide and which invariably is essential by virtue of express norms. Characteristic features of these goods are that they are inalienable, imprescriptible, unseizable, cannot be mortgaged or subject to encumbrances in the terms of Civil Law, and administrative action replaces interdicts to recover dominion. As they are outside commerce, these goods cannot be the object of possession, although a right to exploitation (aprovechamiento) can be acquired, though not a right to property.* The use permit is a unilateral legal act issued by the Administration, in the exercise of its functions, and what is placed in the hands of the private individual is the useful domain of the good, the State always reserving direct dominion over the thing... In general, no fundamental right can be understood to be violated, if it is a matter of conserving nature and the use of public goods; work, free commerce, property, and the objective patrimony of individuals and all other rights cannot illegitimately impose themselves over and against the general interest, encumbering State goods that form the public domain." (Consult Resolution of 14:45 hrs. on November 6, 1991 of the Constitutional Chamber in an Amparo Recourse, published in Journal: Constitutional Jurisprudence No. 9 pp. 195 and 196. Note that the underlining does not correspond to the original). * * * From the above, it is concluded that over public domain goods, as forest reserves are constituted, in accordance with the provisions of current legislation and binding jurisprudence, usucapion cannot occur, except if such usucapion had occurred because it had been demonstrated that at least ten years before the creation of the reserve, in this case, possession had been exercised in the form required for this type of special and qualified property. And if not by this Tribunal, the Public Administration, through the Municipality and those responsible for protecting goods declared forest reserves, have been partly complacent with that irregular situation through which thousands of people pass. This, as well as what was provided in the ruling of the Constitutional Chamber, is what allows, solely for reasons of justice and equity, to grant to the plaintiff the only and minimum thing that, according to her claims and what was proven in the record, would proceed, which is the right to the EXPLOITATION (aprovechamiento) of the commercial premises existing on the property and not a right of possession, let alone to the ownership of the land, since this is an exceptional case, because the plaintiff did not do so in a hidden or clandestine manner, not only because the property is located in front of a highway, which is the [Address7], that runs along the front of the property, in plain view and with the patience of all state authorities that in fact have permitted it, but also because the record shows that the local Municipality has been charging her taxes and granted the plaintiff's son, from whom she acquired one of the properties, the construction permit on the property and granted a license to conduct commerce in the commercial business existing on it. However, because it is a possession conflict between private parties, without prejudice to the eventual rights of the State, since the land is located in a forest reserve area, it is only appropriate to order that the said plaintiff must be maintained in the commercial premises. In all other respects, the appealed decision is confirmed. Regarding the exception of Litis Consorcio, it was interlocutorily dismissed, for which the appellant did not allege what she now claims, as she simply raised it without any consideration or basis whatsoever. (see folios 14 and 45). It is striking that, if her client counterclaimed, nothing prevented her from bringing the State into the proceeding as a party at the proper procedural time, and it is only in the second instance that she makes the previous arguments. In any event, the Tribunal brought the State into the proceeding as an interested party, but it is considered that, being a litigation where the right of possession between private individuals is being elucidated, it was not necessary to have the State as a defendant or plaintiff. Hence, this argument is also not accepted. In any case, the party argues that at least the State should have been heard, which has already been done.- * * *

* * * * VIII.- For the reasons stated and reasoned, it is appropriate: to partially revoke the appealed decision insofar as it dismisses the exceptions to the complaint of LACK OF RIGHT, LACK OF STANDING in its two modalities: ACTIVE AND PASSIVE, and in its place partially grant the exception of LACK OF RIGHT, omitting a ruling on the exceptions of LACK OF ACTIVE AND PASSIVE STANDING as unnecessary. The COMPLAINT will be partially GRANTED only in the following manner: It is declared solely that the plaintiff has the right to the exploitation (aprovechamiento) of the commercial business existing on the property, without prejudice to the eventual rights that may correspond to the State. * The defendant inhabits and exploits, in bad faith, the unregistered property located in La Unión de Guápiles de Pococí de Limón Centro, within the Cordillera Volcánica Central Forest Reserve, with an area of eight thousand two hundred ninety-four square meters and fifty-five square decimeters, where a commercial business called: "La Reserva" is located, which borders on the north with the [Address2] that leads to Guápiles, on the west and south with the plaintiff [Name1], and on the east with [Name4], according to cadastral plan No. L-713275-87. The defendant [Name2] must vacate it once this decision becomes final. She must, in relation to the commercial premises only, pay the damages that she may have caused to the plaintiff [Name1] that the plaintiff manages to demonstrate she caused during the execution of sentence stage. The complaint is denied with respect to the other points sought and granted such as 1) That the farm described above is the exclusive property of [Name1]. 2) That the defendant inhabits by tolerance of the plaintiff. 3) And that, because an end was put to the state of tolerance of the defendant, she must vacate. In all other respects, the appealed judgment must be confirmed.- *

* * * * * THEREFORE: *

* * * * REGARDING DOCUMENTS: The documents on folios four hundred nine, four hundred eleven, four hundred twenty-five to four hundred twenty-eight, four hundred thirty, and four hundred thirty-seven are admitted as evidence for a better resolution. The appealed judgment of thirteen hours on April thirty, nineteen ninety-seven is partially revoked, insofar as it dismisses the exceptions to the complaint of LACK OF RIGHT, LACK OF STANDING in its two modalities: ACTIVE AND PASSIVE, and declares the complaint granted in all its points. In its place, the exception of LACK OF RIGHT is partially granted, and a ruling on the exceptions of LACK OF ACTIVE AND PASSIVE STANDING is omitted. The exception of lack of right in relation to the right to exploitation (aprovechamiento) of the commercial premises is dismissed. The COMPLAINT filed by [Name1] is GRANTED only in the following manner: It is declared solely that the plaintiff [Name1] has the right to the exploitation (aprovechamiento) of the commercial business existing on the property, without prejudice to the eventual rights that may correspond to the State. That the defendant, [Name2], inhabits and exploits, in bad faith and without any right to the exploitation, the unregistered property located in La Unión de Guápiles de Pococí de Limón Centro, located within the Cordillera Volcánica Central Forest Reserve, with an area of eight thousand two hundred ninety-four square meters and fifty-five square decimeters, where a commercial business called: "La Reserva" is located, which borders on the north with the [Address2] that leads to Guápiles, on the west and south with the plaintiff [Name1], and on the east with [Name4], according to cadastral plan Number L- seven hundred thirteen thousand two hundred seventy-five dash eighty-seven. The defendant [Name2] must vacate it once this decision becomes final.-

The same shall, with respect to the commercial premises, only pay the damages that it may have caused to the plaintiff, which shall be proven in the sentence enforcement stage. The claim is denied regarding the following sought and granted elements: 1) That the property described above be the exclusive property of [Name1]. 2) That the defendant resides there by tolerance of the plaintiff. 3) And that, because the state of tolerance of the defendant has been terminated, she must vacate. In all other respects, the appealed judgment is upheld.-*

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* * * * LIGIA MARIA MESEN MADRIGAL*

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CARMENMARIA ESCOTO FERNANDEZ * ENRIQUE NAPOLEON ULATE CHACON*

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whd.-*

 
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 06:42:11.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República