Res. 00157-2002 Tribunal de Casación Penal de San José — Personal criminal liability of a physical person for forestry crimes committed as a representative of a corporationResponsabilidad penal de persona física por delitos forestales cometidos como representante de sociedad anónima

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Tribunal de Casación Penal de San José

Resolución Nº 00157 - 2002

Fecha de la Resolución: 22 de Febrero del 2002 a las 11:15

Expediente: 99-201519-0306-PE

Redactado por: Javier Llobet Rodríguez

Clase de asunto: Recurso de casación

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución
Exp: 99-201519-306-PE-3

Res: [Telf1]

TRIBUNAL DE CASACION PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José.  Goicoechea, a las once horas quince minutos del veintidós de febrero de dos mil dos.

     RECURSO DE CASACION interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], mayor, cédula de identidad número CED1, vecino de San Carlos, por el delito de INFRACCION A LA LEY FORESTAL, en perjuicio de LLOS RECURSOS NATURALES.  Intervienen en la decisión del recurso, los Jueces Javier Llobet Rodríguez, Alejandro López Mc Adam y [Nombre2].  Se apersonó en casación, el encartado [Nombre3]. 

RESULTANDO:

     1. Que mediante resolución dictada a las dieciséis horas treinta minutos del siete de mayo del año dos mil uno, el Tribunal del Segundo  Circuito Judicial de Alajuela, Ciudad Quesada, resolvió:  "POR TANTO:  De conformidad con lo expuesto, leyes citadas y artículos 39 de la Constitución Política; 1, 30, 31 y 45 del Código Penal; 38, 360, 361, 363, 364, 365 y 368 del Código Procesal; 58 inciso b) y c) de la Ley Forestal número 7575, 1045 del Código Civil, 122, 123, 124 y 126 del Código Penal de 1941, que son reglas vigentes sobre responsabilidad civil según Ley Número 4891 del 8 de noviembre de 1971, se declara a [Nombre4], autor responsable de haber cometido UN DELITO DE INFRACCION A LA LEY FORESTAL EN SU MODALIDAD DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES EN AREAS DE PROTECCION, UN DELITO DE INFRACCION A LA LEY FORESTAL EN SU MODALIDAD DE APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES EN PROPIEDAD PRIVADA SIN PERMISO DE LA ADMINISTRACION FORESTAL Y UN DELITO DE INFRACCION A LA LEY FORESTAL EN SU MODALIDAD DE CAMBIO EN EL USO DE LA TIERRA, q  ue se le han venido atribuyendo en daño de LOS RECURSOS NATURALES, y en tal carácter se le impone una pena de prisión de TRES MESES POR EL PRIMERO DE LOS DELITOS, DOS MESES POR EL SEGUNDO Y TRES MESES POR EL TERCERO, para un pena total de OCHO MESES DE PRISION, que deberá descontar en el establecimiento carcelario respectivo, previo abono de la preventiva que hubiere sufrido.  No se le concede el beneficio de ejecución condicional de la pena de prisión impuesta, por cuanto acusa juzgamientos penales anteriores.  Se le condena igualmente al pago de ambas costas de este proceso en cuanto a lo penal se refiere.  Firme el presente asunto inscríbase en el Registro Judicial de Delincuentes y remítanse los testimonios de sentencia a las autoridades correspondientes.  Se declara con lugar la acción civil resarcitoria incoada por el representante de La Procuraduría General de La República y se condena al imputado y demandado civil [Nombre5] en abstracto al pago de daños y perjuicios, así como los intereses legales respectivos, a partir de la firmeza de esta resolución y hasta el pago efectivo así como ambas costas.  Mediante lectura notifíquese.  Noldan [Nombre6]. Juez.”.

     2. Que contra el anterior pronunciamiento, el imputado [Nombre3] interpuso Recurso de Casación .

     3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 450 del Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el Recurso.

4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

REDACTA el Juez [Nombre7]; y,

CONSIDERANDO:

I.              Se conoce primero el recurso por la forma, en que se alega que los hechos atribuidos nunca se demostraron de modo categórico. Indica que algunas de las pruebas fueron sobrevaloradas. Dice que los testimonios de los testigos en ningún momento señalan al imputado como el autor directo o indirecto de los hechos, no tomando en cuenta lo dicho por dichos testigos en cuanto dijeron que nunca lo vieron cortar los árboles. Manifiesta que en la valoración de la prueba se siguieron criterios subjetivos. En lo atinente a la inspección ocular, que fue determinante en el dictado de la sentencia, se violentaron normas elementales del debido proceso, ya que el abogado defensor indicó previó a la diligencia que no podía acudir, ya que tenía otro compromiso señalado por otra autoridad judicial, teniendo por resultado que el imputado debió acudir sin su defensor. Manifiesta que la sentencia no contiene una relación clara y circunstancia de los hechos tenidos por probados, fundándose en pruebas no incorporadas legalmente al debate y con violación de las reglas de la sana crítica. Dice que la sentencia no ubica en el tiempo la realización de los actos ilícitos. Indica que se debió aplicar el in dubio pro reo. Añade que en la audiencia el defensor pidió la nulidad de todo lo actuado, ya que la denuncia en contra de [Nombre8] fue como representante de Sociedad Ganadera Blanco Calvo e Hijos. Dice que eso se obvió y se le indagó en carácter personal. Indica que por ello no se le puede conceder el beneficio de la condena de ejecución condicional, ya que tiene una condenatoria anterior. En lo relativo a la acción civil resarcitoria, la misma debe ser rechazada en todos sus extremos, ya que los hechos se dieron en la finca de Ganadera Blanco e Hijos S. A., actuando el imputado como representante de la misma. El motivo se declara sin lugar. Lo que formula el impugnante son una serie de apreciaciones de carácter subjetivo, por ejemplo en cuanto a la inexistencia de testigos incriminatorios.  No es de recibo el argumento del imputado de que debió tenerse como imputada a la sociedad anónima Ganadera Blanco Calvo e Hijos y no a él, ya que en el sistema jurídico costarricense no es procedente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, siendo responsable penal la persona física que haya tenido una participación en el ilícito, resultando que en el caso concreto se estableció en la sentencia dicha responsabilidad del imputado. En la sentencia se indica en forma expresa, con base en la declaración de [Nombre9] que los árboles se cortaron por orden del imputado [Nombre3], de modo que no lleva razón el impugnante, además se analiza la declaración de éste en cuanto al cambio de destino del inmueble, considerándose que dicho cambio fue dispuesto por el imputado (Véase folios 109-110). Igualmente se hace referencia en la sentencia a lo indicado por el Ingeniero Forestal [Nombre10], en cuanto a que quien gestionaba los permisos ante el Ministerio de Ambiente era el acusado [Nombre11], quien se dedica a la comercialización de madera (folio 109). Con respecto al reclamo de falta de relación circunstanciada de los hechos, debe concluirse que no se da ese vicio. De la sentencia se extrae que la corta de los árboles ocurrió luego de la autorización que había dado el Ministerio de Ambiente y Energía en diciembre de 1998 y antes del 26 de octubre de 1999. Ello no sólo se deduce del orden en que se encuentran los hechos probados, sino también del resto de la sentencia, en donde se dice que los hechos por los que se condena al imputado son producto del incumplimiento de lo autorizado por el Ministerio (Véase folio 108). En asuntos como este es muy difícil precisar en forma exacta la fecha en que ocurrieron los hechos, cumpliéndose con el deber de precisar dicha fecha al hacerse de manera aproximada, tal y como ocurrió aquí, sin que el día exacto tenga relevancia, puesto que no ha ocupado un lugar importante en la estrategia defensiva del imputado ni tampoco tiene implicaciones con respecto a la posible prescripción del asunto, tomando en cuenta la fecha en que se inició el procedimiento. Con respecto a la acción civil debe anotarse que un hecho ilícito penal genera responsabilidad civil para los sujetos que sean responsables del mismo, ello independientemente de que también eventualmente podría tener responsabilidad civil una sociedad como tercera demandada civil (Art. 103 del Código Penal). En lo atinente a la inspección judicial, debe decirse que la misma no tiene un carácter esencial, ya que la sentencia tiene fundamento en la prueba testimonial, entre la que se encuentra [Nombre12] y [Nombre10], además del informe respectivo del Ministerio de Ambiente y Energía de folios 1-2. Por lo anterior procede declarar sin lugar este motivo (Art. 369 inciso d) del Código Procesal Penal).

II.         En el recurso por el fondo el impugnante errónea aplicación de la calificación legal.  Señala que la presente causa nunca debió haberse iniciado. Indica que no obstante que el Ministerio Público recibió una denuncia en contra del representante de [Nombre13] e Hijos, enderezó la causa en carácter personal en contra del imputado [Nombre8] y no en calidad de representante de la referida sociedad, tal y como correspondía. Manifiesta que en la audiencia oral no se demostró con prueba fehaciente y confiable que los hechos acusados ocurrieron y que fueron cometidos por [Nombre8]. Indica que el Ministerio Público no ubica en forma precisa en el tiempo los hechos. Dice que la calificación de los hechos como infracción al Art. 61 de la Ley Forestal es totalmente desacertada, ya que lo único real y concreto es que a nadie le consta que [Nombre8] haya cortado o mandado cortar los árboles, ni que haya dispuesto de la madera, ni que haya cambiado el uso del suelo. Indica que el juzgador incurre en una serie de presunciones y especulaciones al decir que el imputado arrasó un área boscosa, donde antes se dio un incendio que liquidó y extinguió prácticamente cualquier naturaleza o condición boscosa. Reclama que el testigo [Nombre14] fue clarísimo al decir que fue por su cuenta y riesgo y sin que mediara orden que regó una parte de las semillas de pasto. Indica que lo cierto es, con base en la certificación del registro, que el terreno es para agricultura, de modo que sería aplicable a favor del imputado un error de prohibición. Indica que se da una violación de las reglas de la sana crítica y que el Tribunal confió ciegamente en las probanzas, algunas de las cuales presentan graves vicios. El motivo se declara sin lugar. En la sentencia se establece la responsabilidad del imputado en la corta de los árboles. Así se tuvieron como hechos probados los siguientes: “1. Como propietaria registral de la finca número 184267-000 del partido de Alajuela, ubicada en el Jocote de Pocosol de San Carlos aparece la sociedad anónima Ganadera Blanco Calvo e Hijos, de quien el encartado [Nombre11], es su presidente con facultades de apoderado generalísimo, sin límite de suma. 2. Mediante resolución del Ministerio de Ambiente y Energía NO. 150-99 SCH, de las dieciséis horas del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se le otorgó a la citada sociedad permiso para cortar y aprovechar 75 árboles en dicho inmueble y así mismo se le autorizó permiso para empatiar 11 árboles situados en el área boscosa que se ubica en esa misma propiedad. 3. Sin que se precise fecha exacta, pero si antes del veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve, el encartado [Nombre5] presidente de dicha sociedad y encargado directo de los trabajos que en dicha finca se realizaron i) cambió el uso del suelo, al arrancar ilícitamente con un tractor un área de bosque de aproximadamente cinco hectáreas; ii) también dentro del área de protección de una quebrada que discurre por el lugar procedió a talar un árbol de la especie Titor y un árbol de la especie Caobilla, ambos a tan sólo siete metros de la quebrada y iii) dentro del bosque procedió a talar ilícitamente un árbol de la especie Areno Seco. Todo lo anterior lo realizó el encartado sin contar con el permiso forestal respectivo”. Los anteriores hechos probados trata el imputado de combatirlos, pidiendo una nueva valoración de la prueba, lo que es improcedente en un recurso de casación por el fondo, en el que rige el principio de intangibilidad de los hechos probados (Art. 369 inciso i) del Código Procesal Penal). Los reclamos formulados por ello no corresponden a un recurso por el fondo, debiéndose de todas maneras remitir a lo dicho al resolver el recurso por la forma.  Tampoco es de recibo el reclamo de que pudo existir un error de prohibición. Se trata de un aspecto en el que el recurrente pretende apartarse de lo establecido en la sentencia, lo que es improcedente en un recurso por el fondo. De todas maneras es claro que el imputado conocía la necesidad de pedir autorizaciones para la corta de árboles, prueba de lo cual es que precisamente en la misma relación de hechos probados se menciona la existencia de un permiso a la sociedad representada por el imputado para la corta de una cantidad de árboles. En realidad los datos consignados en el Registro Público sobre la naturaleza del inmueble carecen de relevancia, puesto que lo fundamental es a qué está destinado el mismo. Lo relativo a la existencia de un incendio anterior en el bosque es analizado en la sentencia, ello en lo atinente a la declaración del Ingeniero Forestal [Nombre10] (folio 110-111), sin que se pueda apreciar que se haya incurrido en la sentencia en presunciones o especulaciones. Precisamente en la sentencia se dice que para los efectos del delito es irrelevante que el incendio haya eliminado la vegetación en la zona, ya que precisamente por ello fue que solicitaron los permisos respectivos para aprovechar algunas especies forestales (folios 111-112). Por todo lo anterior se declara sin lugar este motivo.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso interpuesto.

 

 

Javier Llobet Rodríguez

 

 

Alejandro López Mc Adam                     [Nombre2]

 

 

Jueces de Casación

 

 

Mec

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:08:24.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

TRIBUNAL DE CASACION PENAL. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at eleven hours fifteen minutes on the twenty-second of February of two thousand two.

CASSATION APPEAL filed in the present case against [Nombre1], of legal age, identity card number CED1, resident of San Carlos, for the crime of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW (INFRACCION A LA LEY FORESTAL), to the detriment of NATURAL RESOURCES. Participating in the decision of the appeal are Judges Javier Llobet Rodríguez, Alejandro López Mc Adam, and [Nombre2]. The accused [Nombre3] appeared in cassation.

WHEREAS:

1. That by means of a decision issued at sixteen hours thirty minutes on the seventh of May of the year two thousand one, the Tribunal of the Second Judicial Circuit of Alajuela, Ciudad Quesada, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing, cited laws, and articles 39 of the Political Constitution; 1, 30, 31, and 45 of the Penal Code; 38, 360, 361, 363, 364, 365, and 368 of the Procedural Code; 58 subsections b) and c) of the Forestry Law number 7575, 1045 of the Civil Code, 122, 123, 124, and 126 of the Penal Code of 1941, which are rules in force on civil liability pursuant to Law Number 4891 of November 8, 1971, it is declared that [Nombre4] is the responsible perpetrator of having committed A CRIME OF VIOLATION OF THE FORESTRY LAW IN ITS MODALITY OF EXPLOITATION OF FOREST RESOURCES IN PROTECTED AREAS (DELITO DE INFRACCION A LA LEY FORESTAL EN SU MODALIDAD DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES EN AREAS DE PROTECCION), A CRIME OF VIOLATION OF THE FORESTRY LAW IN ITS MODALITY OF EXPLOITATION OF FOREST PRODUCTS ON PRIVATE PROPERTY WITHOUT PERMISSION FROM THE FORESTRY ADMINISTRATION (DELITO DE INFRACCION A LA LEY FORESTAL EN SU MODALIDAD DE APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES EN PROPIEDAD PRIVADA SIN PERMISO DE LA ADMINISTRACION FORESTAL), AND A CRIME OF VIOLATION OF THE FORESTRY LAW IN ITS MODALITY OF LAND-USE CHANGE (DELITO DE INFRACCION A LA LEY FORESTAL EN SU MODALIDAD DE CAMBIO EN EL USO DE LA TIERRA), which have been attributed to him to the detriment of NATURAL RESOURCES, and in that capacity he is sentenced to a prison term of THREE MONTHS FOR THE FIRST OF THE CRIMES, TWO MONTHS FOR THE SECOND, AND THREE MONTHS FOR THE THIRD, for a total sentence of EIGHT MONTHS OF IMPRISONMENT, to be served in the respective prison facility, after crediting the pretrial detention that he may have suffered. The benefit of conditional execution of the imposed prison sentence is not granted, given that he has prior criminal judgments. He is also sentenced to the payment of both costs of this process as far as the criminal aspect is concerned. Once this matter is final, register it in the Judicial Registry of Offenders and send certified copies of the judgment to the corresponding authorities. The civil action for damages brought by the representative of the Procuraduría General de La República is granted, and the accused and civil defendant [Nombre5] is sentenced in the abstract to the payment of damages and losses, as well as the respective legal interest, from the finality of this decision and until effective payment, as well as both costs. Notify by reading. Noldan [Nombre6]. Judge."

2. That against the preceding ruling, the accused [Nombre3] filed a Cassation Appeal.

3. That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 450 of the Code of Criminal Procedure, the Tribunal considered the questions raised in the Appeal.

4. That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

DRAFTS Judge [Nombre7]; and,

WHEREAS:

I. The appeal is first considered as to form, alleging that the attributed facts were never proven categorically. It indicates that some of the evidence was overvalued. It states that the witness testimonies do not at any point identify the accused as the direct or indirect perpetrator of the acts, failing to take into account what said witnesses stated, namely that they never saw him cut the trees. It claims that subjective criteria were followed in the assessment of the evidence. Regarding the judicial inspection, which was decisive in issuing the judgment, fundamental due process rules were violated, since the defense attorney indicated prior to the proceeding that he could not attend because he had another commitment set by another judicial authority, resulting in the accused having to attend without his defender. It claims that the judgment does not contain a clear and circumstantial account of the facts held as proven, being based on evidence not legally introduced at trial and with violation of the rules of sound criticism. It states that the judgment does not locate the perpetration of the illicit acts in time. It indicates that the principle of in dubio pro reo should have been applied. It adds that during the hearing, the defender requested the nullity of all proceedings, because the complaint against [Nombre8] was as a representative of Sociedad Ganadera Blanco Calvo e Hijos. It states that this was ignored and he was questioned in a personal capacity. It indicates that, for this reason, he cannot receive the benefit of a conditional execution sentence, given that he has a prior conviction. Regarding the civil action for damages, it must be rejected in its entirety, since the events occurred on the property of Ganadera Blanco e Hijos S. A., with the accused acting as its representative. This ground is declared without merit. What the appellant formulates is a series of subjective assessments, for example, regarding the inexistence of incriminating witnesses. The argument of the accused that the corporation Ganadera Blanco Calvo e Hijos should have been considered the accused and not him is not admissible, since in the Costa Rican legal system, corporate criminal liability is not applicable, with the natural person who participated in the illicit act being criminally responsible, and it turns out that in this specific case, said responsibility of the accused was established in the judgment. The judgment expressly indicates, based on the statement of [Nombre9], that the trees were cut at the order of the accused [Nombre3], so the appellant is not correct; moreover, his statement regarding the change of land use of the property is analyzed, considering that said change was ordered by the accused (See folios 109-110). The judgment also references what was indicated by Forestry Engineer [Nombre10], to the effect that it was the accused [Nombre11] who managed the permits before the Ministry of Environment, and who is dedicated to the commercialization of wood (folio 109). With respect to the claim of a lack of a circumstantial account of the facts, it must be concluded that this defect does not exist. From the judgment, it is extracted that the cutting of the trees occurred after the authorization given by the Ministry of Environment and Energy in December 1998 and before October 26, 1999. This is inferred not only from the order in which the proven facts are presented, but also from the rest of the judgment, which states that the acts for which the accused is convicted are the product of the non-compliance with what was authorized by the Ministry (See folio 108). In matters such as this, it is very difficult to specify the exact date on which the events occurred, and the duty to specify that date is fulfilled by doing so approximately, as happened here, without the exact day being relevant, since it did not play an important role in the defendant's defense strategy nor does it have implications regarding the possible statute of limitations of the matter, considering the date on which the proceedings were initiated. Regarding the civil action, it should be noted that a criminal illicit act generates civil liability for the individuals who are responsible for it, regardless of the fact that a corporation could also potentially have civil liability as a third-party civil defendant (Art. 103 of the Penal Code). Regarding the judicial inspection (inspección judicial), it must be said that it does not have an essential character, since the judgment is based on the testimonial evidence, among which are [Nombre12] and [Nombre10], in addition to the respective report from the Ministry of Environment and Energy on folios 1-2. For the foregoing reasons, it is appropriate to declare this ground without merit (Art. 369 subsection d) of the Code of Criminal Procedure).

II. In the appeal on the merits, the appellant alleges erroneous application of the legal classification. He points out that this case should never have been initiated. He indicates that despite the Public Ministry receiving a complaint against the representative of [Nombre13] e Hijos, it directed the case personally against the accused [Nombre8] and not in his capacity as representative of the referred corporation, as was appropriate. He states that in the oral hearing, it was not proven with reliable and trustworthy evidence that the alleged acts occurred or that they were committed by [Nombre8]. He indicates that the Public Ministry does not precisely locate the acts in time. He says that classifying the acts as a violation of Art. 61 of the Forestry Law is completely misguided, since the only real and concrete fact is that no one can testify that [Nombre8] cut or ordered the cutting of the trees, nor that he disposed of the wood, nor that he changed the land use (cambio del uso del suelo). He indicates that the judge incurs in a series of presumptions and speculations when stating that the accused razed an area of forest cover (área boscosa), where a prior fire had occurred that liquidated and extinguished practically any woodland nature or condition. He complains that the witness [Nombre14] was very clear in saying that it was on his own initiative and without any order to do so that he scattered some of the grass seeds. He indicates that the truth is, based on the registry certification, that the land is for agriculture, so an error of prohibition would be applicable in favor of the accused. He indicates that a violation of the rules of sound criticism occurred and that the Tribunal blindly trusted the evidence, some of which presents serious defects. This ground is declared without merit. The judgment establishes the responsibility of the accused in the cutting of the trees. The following were thus held as proven facts: "1. The registral owner of property number 184267-000 of the district of Alajuela, located in El Jocote de Pocosol de San Carlos, is the corporation Ganadera Blanco Calvo e Hijos, of which the accused [Nombre11] is its president with powers as a general unrestricted power of attorney, without limit of amount. 2. By resolution of the Ministry of Environment and Energy NO. 150-99 SCH, at sixteen hours in the month of December of nineteen ninety-eight, the cited corporation was granted a permit to cut and exploit 75 trees on said property and likewise a permit was authorized to ring-bark 11 trees located in the forest-covered area on that same property. 3. Without a precise date being specified, but certainly before the twenty-sixth of October of nineteen ninety-nine, the accused [Nombre5], president of said corporation and directly in charge of the work carried out on that property, i) changed the land use, by illicitly removing with a tractor an area of forest of approximately five hectares; ii) also within the protection area of a stream (quebrada) that runs through the place, proceeded to fell one tree of the Titor species and one tree of the Caobilla species, both located only seven meters from the stream, and iii) within the forest, proceeded to illicitly fell one tree of the Areno Seco species. The accused carried out all of the foregoing without having the respective forestry permit." The accused tries to challenge the above proven facts by requesting a new assessment of the evidence, which is inappropriate in an appeal for cassation on the merits, where the principle of the intangibility of the proven facts governs (Art. 369 subsection i) of the Code of Criminal Procedure). The claims made regarding this therefore do not correspond to an appeal on the merits, and in any case, one must refer to what was said when resolving the appeal as to form. The claim that an error of prohibition could have existed is also not admissible. This is an aspect in which the appellant seeks to depart from what was established in the judgment, which is inappropriate in an appeal on the merits. In any case, it is clear that the accused knew of the need to request authorizations for the cutting of trees, proof of which is that precisely in the same statement of proven facts, the existence of a permit is mentioned for the corporation represented by the accused for the cutting of a number of trees. In reality, the data recorded in the Public Registry regarding the nature of the property are irrelevant, since what is fundamental is what it is being used for. The matter regarding the existence of a previous fire in the forest is analyzed in the judgment, in relation to the statement of Forestry Engineer [Nombre10] (folio 110-111), and it cannot be seen that the judgment incurred in presumptions or speculations. Precisely, the judgment states that for the purposes of the crime, it is irrelevant that the fire eliminated the vegetation in the area, since it was precisely because of that that the respective permits were requested to exploit some forest species (folios 111-112). For all the foregoing reasons, this ground is declared without merit.

THEREFORE

The appeal filed is declared without merit.

Javier Llobet Rodríguez

Alejandro López Mc Adam [Nombre2]

Cassation Judges

Mec

It is a faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 29-03-2026 08:08:24.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República