Res. 00674-2003 Tribunal de Casación Penal de San José — Rejection of nullity for unwarned testimony in forest crime caseImprocedencia de nulidad por testimonio no advertido

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Tribunal de Casación Penal de San José

Resolución Nº 00674 - 2003

Fecha de la Resolución: 17 de Julio del 2003 a las 10:09

Expediente: 01-000399-0573-PE

Redactado por: Rafael Ángel Sanabria Rojas

Clase de asunto: Recurso de casación

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Normativa Internacional: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José

Normativa internacional


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Penal

Tema: Derecho de abstención en el proceso penal

Subtemas:

Momento a partir del cual debe advertirse.

Tema: Defensa técnica

Subtemas:

Momento a partir del cual se tiene derecho a la asistencia de un profesional en derecho.

"IV. [...]. Lleva razón la defensora en el sentido de que es obligación de las autoridades advertir a una persona de su derecho de abstenerse de declarar, desde el mismo momento en que se le tenga como sospechoso de la comisión de un hecho ilícito e igualmente del derecho a la asistencia de un profesional en derecho que ejerza su defensa técnica.  Lo anterior para garantizar el derecho de defensa consagrado en los artículos 39 de la Constitución Política, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 12, 13 y 82 del Código Procesal Penal.  No se desprende de las declaraciones dadas por los oficiales en la audiencia oral y pública que hubiesen advertido de ese derecho al imputado [Nombre1] , lo cual impide utilizar como prueba las expresiones que realizó el imputado cuando los inspectores del MINAE realizaban la inspección y recogían elementos probatorios precisamente para determinar quién había sido el autor del hecho.  Sin embargo, excluyendo hipotéticamente la citada prueba, el fallo se mantiene incólume, pues la participación de [Nombre2]   deriva de otros elementos probatorios válidos ya citados, en el tanto que la manifestación que aquí se excluye había sido utilizada como un elemento más para justificar el fallo, pero no como prueba esencial.  De ahí que no resulte atendible la solicitud de declarar la nulidad del fallo."

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Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución
Exp: 01-000399-573-PE-4
Res: [Telf1]

            TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL.  Segundo Circuito Judicial de San José.  Goicoechea, a las diez horas nueve minutos del diecisiete de julio del dos mil tres.-  

RECURSO DE CASACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], mayor, soltero, cédula de identidad número CED1, hijo de [Nombre2] y [Nombre3],  por el delito de INFRACCION A LA LEY FORESTAL, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES.  Intervienen en la decisión del recurso, los Jueces Rafael Ángel Sanabria Rojas, Jorge Luis Arce Víquez y Ulises Zúñiga Morales.  Se apersonaron en casación la Licenciada [Nombre4], defensora pública del imputado y en representación del Ministerio Público el Licenciado [Nombre5].-

RESULTANDO:

I.- Que mediante sentencia número 103-2003, de las quince horas del veinticinco de febrero del dos mil tres, el Tribunal Penal de Juicio de Heredia, resolvió:  POR TANTO:  De conformidad con lo expuesto, normas y leyes citadas y artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 8, inciso 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos, 9, inciso 2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 111 a 124, 265 a 267, 269, 341, 343, 349, 351, 355, 356, 358, 360, 361, 363, 364, 365, 367 y 368, del Código Procesal Penal; 1, 30, 45, 71 59 a 63 y 110 del Código Penal; 122, 124 y 126 del Código Penal de 1941 y 1, 61 inciso a) y 65 de la Ley Forestal número 7575, se declara a [Nombre6] autor responsable del delito de Aprovechamiento de productos forestales sin el permiso de la Administración Forestal del Estado en perjuicio de LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BOSQUES NATURALES Y LOS RECURSOS FORESTALES DEL ESTADO, imponiéndosele como sanción el tanto de UN MES DE PRISIÓN que deberá descontar en el lugar y forma que indiquen los respectivos reglamentos penitenciarios, previo abono de la preventiva cumplida.  Se le condena además al pago de ambas costas del proceso y a que se inscriba el fallo una vez firme en el Registro Judicial.  Comuníquese lo resuelto al Instituto Nacional de Criminología y al Juzgado de Ejecución de la Pena.-  Por un período de prueba de tres años se otorga al imputado el Beneficio de Ejecución condicional de la Pena, bajo la advertencia de que si durante ese periodo llega a cometer algún delito doloso y se le imponga más de seis meses de prisión el beneficio que aquí se le otorga le será revocado debiendo, en tal caso, cumplir la pena que se le ha impuesto.  Se ordena a favor del Estado el comiso de la madera secuestrada.-  Se declara con lugar la acción civil resarcitoria condenándose al demandado civil, [Nombre7], al pago de los daños y perjuicios causados con su acción al Estado, lo cuales se acogen en abstracto para que dichos montos sean establecidos con certeza en la vía civil.  De la misma forma se condena al demandado civil al pago de ambas costas de la acción civil a favor del Estado.  NOTIFÍQUESE.-  (Exp. 01-000399-573-PE  C/ [Nombre6]. DELITO: Aprovechamiento de productos forestales sin el permiso de la Administración Forestal del Estado).-  Lic.  [Nombre8].  JUEZ

II.- Que contra el anterior pronunciamiento interpuso Recurso de Casación la Licenciada [Nombre4], defensora pública del imputado.-

            III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 450 del Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el Recurso.-

IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el Juez de Casación [Nombre9]; y,

CONSIDERANDO:

I.- El recurso de casación reúne los requisitos de admisibilidad establecidos por los artículos 443, 444 y 445 del Código Procesal Penal, razón por la cual se entra a resolver los motivos planteados.

II.-  En el primer motivo de casación la defensora pública del imputado alega falta de fundamentación.  Cita como violados los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 361 inciso c y e, 363, 369 del Código Procesal Penal.  Estima que existe contradicción en el fallo pues por un lado el juzgador tiene por demostrado que se talaron cuatro árboles en la finca del imputado, quien tuvo pleno conocimiento y dominio total de la acción, mientras que al analizar la tipicidad y sanción expresa que don [Nombre10] procedió a cortar por sí mismo o autorizar a un tercero, lo que no se pudo llegar a establecer con certeza, los citados cuatro árboles.  De lo anterior infiere la impugnante que existe una contradicción insalvable pues estamos antes dos situaciones totalmente adversas.  El motivo no es atendible.  La sentencia debe apreciarse como una unidad lógico jurídica.  De la lectura del fallo se extrae, con exactitud, que la falta de certeza se centra en si la tala de los árboles la realizó directamente el imputado u otra persona que él contrató al efecto, pero para el juzgador no queda la menor duda que la acción se ejecutó porque así lo dispuso [Nombre11].  Para concluir en tal sentido el A quo valora la prueba de cargo, así como la declaración del imputado y de los testigos que aportó, restando credibilidad a los últimos, respetando en tal menester las reglas de la sana crítica.  De tal forma que no existe una contradicción insalvable en la sentencia, como pretende hacerlo ver la recurrente, ya que la decisión se orienta a determinar que el hecho delictivo se cometió por el imputado y la duda apuntada no excluye su responsabilidad, todo lo cual es objeto de análisis por el juzgador (folios 122 a 125). 

III.-  En el segundo motivo se reprocha falta de fundamentación descriptiva, citándose como violados los artículos 38, 41 de la Constitución Política, 1, 142 y 363 inciso b) del Código Procesal Penal.  Sostiene la recurrente que el juzgador omitió incluir en los testimonios de los oficiales del MINAE algunos datos que resultan esenciales para descartar la responsabilidad del imputado.  El reproche se relaciona con los testigos [Nombre12] y [Nombre13], funcionarios del MINAE que realizaron la investigación, quienes, según la defensa, indicaron que no lograron determinar quién cortó los árboles en la propiedad de [Nombre7] y luego los trasladó al sitio donde se decomisaron.  Agrega que esa prueba resulta esencial en el tanto que excluye la responsabilidad de [Nombre11].  El reclamo no es de recibo.  Si bien es cierto el A quo no consigna las manifestaciones que echa de menos la defensora, también lo es que estas no resultan esenciales, ni afectan lo resuelto.  El Tribunal logra derivar la existencia del hecho y la participación del imputado de elementos de prueba válidos, así como de indicios claros, precisos y concordantes, mediante una valoración que se ajusta a las reglas de la sana crítica.  Así de lo expuesto por los citados oficiales extrae que los árboles habían sido cortados en un lapso no mayor de veintidós días, por la destrucción de la maleza, el aserrín localizado en los troncos y las huellas de arrastre que dejó el traslado de la madera, descartando de esta forma lo indicado por el imputado quien en su defensa alegó que los árboles habían sido talados hacía más de un año.  Se valoró igualmente que el acusado no tenía permisos del MINAE para el aprovechamiento de dichos árboles y que estos fueron talados a escasos ciento cincuenta metros de la casa de [Nombre14], utilizando para ello una motosierra.  La cercanía de los árboles a la vivienda del acusado y el ruido que producían la máquina usada para talarlos y aserrarlos permite al juez descartar que [Nombre14] no estuviera enterado de dicha acción, es decir, que la realizaran otras personas sin su consentimiento.  De igual forma se analiza que los árboles tenían un tamaño considerable, circunstancia que exigía bastante tiempo para talarlos, aserrarlos y trasladar la madera, lo que no podía hacerse sin la autorización del imputado que vivía en el sitio (folios 122 a 124).  Las manifestaciones que no se incluyeron en el relato de los testimonios de [Nombre15] y [Nombre16] no logran desvirtuar el análisis sobre la existencia del hecho y la participación del imputado que realizó el juzgador.  Nótese que el A quo admite lo que reclama la recurrente, en cuanto a que no se determinó con certeza quién cortó los árboles, es decir, si lo hizo el imputado directamente u otras personas por orden suya, pero la responsabilidad penal no varía, pues como bien se afirma en el fallo el imputado tenía dominio del hecho y la circunstancia apuntada carece de relevancia.

IV.-  En el tercer motivo se alega violación al debido proceso por introducción de prueba ilícita.  Se invoca quebranto de los artículos 142, 181, 363 y 369 del Código Procesal Penal, 38 y 41 de la Constitución Política.  Se reprocha que el Tribunal de mérito utilizó como prueba una supuesta manifestación espontánea que hizo el imputado, en presencia de los inspectores del MINAE, donde le pedía a don [Nombre17] que se hiciera cargo del problema para no involucrar a otras personas, a lo que se negó el último.  Que esa expresión del imputado no puede tomarse como una manifestación espontánea porque las autoridades debieron advertirle de su derecho de mantenerse callado, mientras se realizaba la inspección, conforme lo regula el artículo 82 del Código Procesal Penal.  Se rechaza el motivo.   Lleva razón la defensora en el sentido de que es obligación de las autoridades advertir a una persona de su derecho de abstenerse de declarar, desde el mismo momento en que se le tenga como sospechoso de la comisión de un hecho ilícito e igualmente del derecho a la asistencia de un profesional en derecho que ejerza su defensa técnica.  Lo anterior para garantizar el derecho de defensa consagrado en los artículos 39 de la Constitución Política, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 12, 13 y 82 del Código Procesal Penal.  No se desprende de las declaraciones dadas por los oficiales en la audiencia oral y pública que hubiesen advertido de ese derecho al imputado [Nombre11], lo cual impide utilizar como prueba las expresiones que realizó el imputado cuando los inspectores del MINAE realizaban la inspección y recogían elementos probatorios precisamente para determinar quién había sido el autor del hecho.  Sin embargo, excluyendo hipotéticamente la citada prueba, el fallo se mantiene incólume, pues la participación de [Nombre1] deriva de otros elementos probatorios válidos ya citados, en el tanto que la manifestación que aquí se excluye había sido utilizada como un elemento más para justificar el fallo, pero no como prueba esencial.  De ahí que no resulte atendible la solicitud de declarar la nulidad del fallo.

POR TANTO:

            Se declara sin lugar el recurso de casación.

 

 
 
Rafael Ángel Sanabria Rojas
 
 
Jorge Luis Arce Víquez                            Ulises Zúñiga Morales

Jueces de Casación Penal

 

 

Dig/Beirute

 

 

 

 

 

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:25:44.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Tribunal de Casación Penal de San José

Resolution No. 00674 - 2003

Date of Resolution: July 17, 2003 at 10:09

Expediente: 01-000399-0573-PE

Drafted by: Rafael Ángel Sanabria Rojas

Type of matter: Recurso de casación

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

International Normative Instruments: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José

International normative instruments

Content of Interest:

Type of content: Voto de mayoría

Branch of Law: Derecho Procesal Penal

Topic: Right to abstain in criminal proceedings

Subtopics:

Moment from which it must be advised.

Topic: Technical defense

Subtopics:

Moment from which the right to assistance from a legal professional arises.

"IV. [...]. The defense counsel is correct in stating that it is the obligation of the authorities to advise a person of their right to abstain from testifying, from the very moment that person is considered a suspect in the commission of an unlawful act, and likewise of the right to assistance from a legal professional to exercise their technical defense. The foregoing, in order to guarantee the right of defense enshrined in articles 39 of the Constitución Política, 8 of the Convención Americana de Derechos Humanos, 12, 13 and 82 of the Código Procesal Penal. It does not appear from the statements given by the officers in the oral and public hearing that they advised the accused [Name1] of that right, which prevents using as evidence the expressions the accused made when the inspectors from MINAE were carrying out the inspection and gathering evidentiary elements precisely to determine who had been the perpetrator of the act. However, hypothetically excluding said evidence, the judgment remains unaltered, since the participation of [Name2] derives from other valid evidentiary elements already cited, insofar as the statement excluded here had been used as one more element to justify the judgment, but not as essential evidence. Hence, the request to declare the judgment null and void is not admissible."

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Citations of Legislation and Doctrine
Text of the resolution
Exp: 01-000399-573-PE-4
Res: [Telf1]

TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, at ten hours and nine minutes of July seventeenth, two thousand three.-

RECURSO DE CASACIÓN filed in the present cause brought against [Name1], of legal age, single, identity card number CED1, son of [Name2] and [Name3], for the crime of INFRACCION A LA LEY FORESTAL, to the detriment of LOS RECURSOS NATURALES. Participating in the decision on the appeal are Judges Rafael Ángel Sanabria Rojas, Jorge Luis Arce Víquez and Ulises Zúñiga Morales. Appearing in cassation were Licenciada [Name4], public defender of the accused, and Licenciado [Name5] representing the Ministerio Público.-

RESULTANDO:

I.- That by judgment number 103-2003, at fifteen hours of February twenty-fifth, two thousand three, the Tribunal Penal de Juicio de Heredia, resolved: POR TANTO: In accordance with the foregoing, cited norms and laws, and articles 39 and 41 of the Constitución Política, 8, subsection 1) of the Convención Americana de Derechos Humanos, 9, subsection 2) of the Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 111 to 124, 265 to 267, 269, 341, 343, 349, 351, 355, 356, 358, 360, 361, 363, 364, 365, 367 and 368, of the Código Procesal Penal; 1, 30, 45, 71 59 to 63 and 110 of the Código Penal; 122, 124 and 126 of the Código Penal of 1941 and 1, 61 subsection a) and 65 of the Ley Forestal number 7575, [Name6] is declared the responsible perpetrator of the crime of Aprovechamiento de productos forestales sin el permiso de la Administración Forestal del Estado to the detriment of LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BOSQUES NATURALES Y LOS RECURSOS FORESTALES DEL ESTADO, being imposed as a penalty the amount of ONE MONTH OF IMPRISONMENT which he shall serve in the place and manner indicated by the respective penitentiary regulations, with credit for time served in preventive detention. He is further sentenced to pay both costs of the proceeding and to have the judgment, once final, recorded in the Registro Judicial. Notify what has been resolved to the Instituto Nacional de Criminología and the Juzgado de Ejecución de la Pena.- For a probationary period of three years, the Benefit of Conditional Execution of the Penalty is granted to the accused, under the warning that if during that period he commits any intentional crime and is sentenced to more than six months of imprisonment, the benefit granted herein will be revoked and he must, in such case, serve the imposed penalty. The confiscation in favor of the State of the seized wood is ordered.- The civil action for damages is granted, sentencing the civil defendant, [Name7], to pay the damages caused to the State by his action, which are accepted in the abstract so that said amounts may be established with certainty in the civil venue. In the same manner, the civil defendant is sentenced to pay both costs of the civil action in favor of the State. NOTIFÍQUESE.- (Exp. 01-000399-573-PE C/ [Name6]. CRIME: Aprovechamiento de productos forestales sin el permiso de la Administración Forestal del Estado).- Lic. [Name8]. JUDGE

II.- That against the preceding pronouncement, Licenciada [Name4], public defender of the accused, filed a Recurso de Casación.-

III.- That after conducting the respective deliberation in accordance with the provisions of article 450 of the Código de Procesal Penal, the Tribunal considered the issues raised in the appeal.-

IV.- That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.

Drafted by Judge of Cassation [Name9]; and,

CONSIDERANDO:

I.- The recurso de casación meets the admissibility requirements established by articles 443, 444 and 445 of the Código Procesal Penal, which is why we proceed to resolve the grounds raised.

II.- In the first ground of cassation, the accused's public defender alleges lack of reasoning. She cites as violated articles 39 and 41 of the Constitución Política, 361 subsections c and e, 363, and 369 of the Código Procesal Penal. She considers that there is a contradiction in the judgment because, on one hand, the adjudicator finds it proven that four trees were felled on the accused's property and that he had full knowledge and total control over the action, while, when analyzing the criminal classification and penalty, he states that Mr. [Name10] proceeded to cut, by himself or by authorizing a third party—which could not be established with certainty—the cited four trees. From the foregoing, the appellant infers that there is an irreconcilable contradiction since we are dealing with two completely adverse situations. The ground is not admissible. The judgment must be appreciated as a logical-legal unit. From reading the judgment, it is accurately inferred that the lack of certainty revolves around whether the felling of the trees was carried out directly by the accused or by another person he hired for that purpose, but the adjudicator has no doubt that the action was executed because [Name11] so ordered. To conclude in this sense, the A quo evaluates the incriminating evidence, as well as the statement of the accused and the witnesses he presented, discrediting the latter, respecting in this task the rules of sound criticism. Hence, there is no irreconcilable contradiction in the judgment, as the appellant seeks to make it appear, since the decision is oriented toward determining that the criminal act was committed by the accused, and the doubt pointed out does not exclude his liability, all of which is subject to analysis by the adjudicator (folios 122 to 125).

III.- In the second ground, a lack of descriptive reasoning is reproached, citing as violated articles 38 and 41 of the Constitución Política, and 1, 142 and 363 subsection b) of the Código Procesal Penal. The appellant maintains that the adjudicator omitted to include in the testimony of the MINAE officers certain data that are essential to rule out the liability of the accused. The reproach relates to witnesses [Name12] and [Name13], MINAE officials who conducted the investigation, who, according to the defense, indicated that they were unable to determine who cut the trees on the property of [Name7] and then moved them to the site where they were seized. She adds that this evidence is essential insofar as it excludes the liability of [Name11]. The claim is not accepted. Although it is true that the A quo does not record the statements the defense counsel misses, it is also true that these are not essential, nor do they affect the resolution. The Tribunal manages to derive the existence of the act and the participation of the accused from valid elements of proof, as well as from clear, precise, and concordant indicia, through an assessment that conforms to the rules of sound criticism. Thus, from the statements of the cited officers, it derives that the trees had been cut within a period of no more than twenty-two days, due to the destruction of the undergrowth, the sawdust located on the trunks, and the drag marks left by moving the wood, thereby discarding what was stated by the accused, who alleged in his defense that the trees had been felled more than a year earlier. It was also assessed that the accused did not have permits from MINAE for the aprovechamiento (harvesting) of said trees and that they were felled barely one hundred fifty meters from the house of [Name14], using a chainsaw for this purpose. The proximity of the trees to the dwelling of the accused and the noise produced by the machine used to fell and saw them allow the judge to discard the possibility that [Name14] was not aware of said action, that is, that other persons carried it out without his consent. Similarly, it is analyzed that the trees were of considerable size, a circumstance that demanded a significant amount of time to fell them, saw them, and move the wood, which could not be done without the authorization of the accused who lived at the site (folios 122 to 124). The statements that were not included in the account of the testimony of [Name15] and [Name16] do not succeed in detracting from the analysis of the existence of the act and the participation of the accused conducted by the adjudicator. Note that the A quo admits what the appellant claims, in that it was not determined with certainty who cut the trees, that is, whether the accused did it directly or other persons by his order, but the criminal liability does not vary, since as is correctly affirmed in the judgment, the accused had control over the act and the circumstance noted is irrelevant.

IV.- In the third ground, a violation of due process due to the introduction of illicit evidence is alleged. Breach of articles 142, 181, 363 and 369 of the Código Procesal Penal, and 38 and 41 of the Constitución Política is invoked. It is reproached that the Trial Court used as evidence an alleged spontaneous statement made by the accused, in the presence of the MINAE inspectors, where he asked Mr. [Name17] to take charge of the problem so as not to involve other persons, to which the latter refused. That this expression by the accused cannot be taken as a spontaneous statement because the authorities should have advised him of his right to remain silent, while the inspection was being carried out, as regulated by article 82 of the Código Procesal Penal. The ground is rejected. The defense counsel is correct in stating that it is the obligation of the authorities to advise a person of their right to abstain from testifying, from the very moment that person is considered a suspect in the commission of an unlawful act, and likewise of the right to assistance from a legal professional to exercise their technical defense. The foregoing, in order to guarantee the right of defense enshrined in articles 39 of the Constitución Política, 8 of the Convención Americana de Derechos Humanos, 12, 13 and 82 of the Código Procesal Penal. It does not appear from the statements given by the officers in the oral and public hearing that they advised the accused [Name11] of that right, which prevents using as evidence the expressions the accused made when the inspectors from MINAE were carrying out the inspection and gathering evidentiary elements precisely to determine who had been the perpetrator of the act. However, hypothetically excluding said evidence, the judgment remains unaltered, since the participation of [Name1] derives from other valid evidentiary elements already cited, insofar as the statement excluded here had been used as one more element to justify the judgment, but not as essential evidence. Hence, the request to declare the judgment null and void is not admissible.

POR TANTO:

The recurso de casación is declared without merit.

Rafael Ángel Sanabria Rojas

Jorge Luis Arce Víquez Ulises Zúñiga Morales

Judges of Casación Penal

Dig/Beirute

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