Res. 00359-2004 Tribunal de Casación Penal de San José — Logging on non-forest land does not constitute a forestry crimeLa tala en terrenos no boscosos no constituye delito forestal

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Tribunal de Casación Penal de San José

Resolución Nº 00359 - 2004

Fecha de la Resolución: 22 de Abril del 2004 a las 09:23

Expediente: 01-200175-0278-PE

Redactado por: Omar Julio Vargas Rojas

Clase de asunto: Recurso de casación

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




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Sentencia relevante

Sentencias Relacionadas


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Penal

Tema: Tala ilegal de productos forestales

Subtemas:

Concepto de "forestal", "bosque" y "terreno de uso agropecuario".
Consecuencias de la corta de árboles en propiedad privada no boscosa.

Tema: Infracción a la ley forestal

Subtemas:

Concepto de "forestal", "bosque" y "terreno de uso agropecuario".
Consecuencias de la corta de árboles en propiedad privada no boscosa.

Tema: Patrimonio forestal

Subtemas:

Concepto de "forestal", "bosque" y "terreno de uso agropecuario".
Consecuencias de la corta de árboles en propiedad privada no boscosa.

"II. [...] Aunque el impugnante formula su reclamo en tres motivos separados, lo cierto es que todos versan sobre los mismos aspectos. De allí que se resuelvan conjuntamente. De acuerdo con la sentencia No:  254-2003 de las dieciséis horas del seis de marzo de dos mil tres, el imputado fue condenado como autor del delito de infracción a la ley forestal (ley No 7575), imponiéndose el tanto de  tres meses de prisión, concediéndole por cinco años el beneficio de ejecución condicional de la pena. Según los hechos probados,  en fecha trece de mayo de dos mil uno, funcionarios del Ministerio de  Ambiente y Energía se hicieron presentes en la finca de [Nombre1], sito en San Pedro de Turrubares, en donde encontraron  varias tablas de madera provenientes de dos árboles de  Guanacaste que habían sido previamente cortados en fecha y por persona ignorada. Tras una pequeña investigación se determinó que posterior a la corta de los árboles, el encartado contrató a [Nombre2] para que aserrara la madera con el fin de aprovecharla en trabajos de la misma finca(ver folio 89).  En  síntesis, se condena al encartado por aprovechar la madera de dos árboles de Guanacaste que habían sido cortados en circunstancias y por persona desconocida. Sobre este tema, el tribunal de casación se ha pronunciado en varias ocasiones. Al respecto, en voto No: 682-F-97, de las quince horas, cuarenta y cinco minutos del veinticinco de Agosto de mil novecientos noventa y siete, cuyo ponente es el juez [Nombre3], se indicó:  "El Art. 61 inciso a) de la Ley Forestal indica que se impondrá prisión de dos meses a dos años a quien "Aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada sin el permiso de la Administración Forestal del Estado o a quien aunque cuente con el permiso no se ajuste a lo autorizado". Dicho artículo en lo relativo al concepto de aprovechamiento ha sido interpretado en relación con el Art. 3 inciso a) de la Ley, que indica que "aprovechamiento maderable" es: "Acción de corta, eliminación de árboles maderables en pie o utilización de árboles caídos, realizada en terrenos privados, no incluída en el Art. 1 de esta ley, que genera o pueda generar algún provecho, beneficio, ventaja, utilidad o ganancia para la persona que la realiza o para quien esta representa".            De la relación de ambos artículos se ha concluido por la jurisprudencia que la simple acción de cortar un árbol maderable, independientemente de si forma parte de un bosque o plantación forestal es constitutiva del delito contemplado en el Art. 61 inciso a), arriba mencionado (véase el voto 524-F-97 de este Tribunal (hay un voto salvado). Sin embargo, los jueces integrantes del Tribunal Superior de Casación Penal designados para el conocimiento de este asunto, consideramos que debe variarse la jurisprudencia indicada. Es de gran importancia el texto del tipo penal contemplado en el Art. 61 inciso a), en el que se hace mención al aprovechamiento "... de uno o varios productos forestales..."En lo relativo a la interpretación de las leyes se ha señalado la existencia de diversos métodos, todos lo cuales por supuesto encuentran como límite el principio de legalidad, previsto por el Art. 1 del Código Penal y el 39 de la Constitución Política, que es uno de los principios fundamentales de un Estado de Derecho, sobre lo que existe consenso (véase por ejemplo: Sala Constitucional, voto 461-91). Importante es que se ha tendido por la jurisprudencia a conceptualizar "forestal" como "relativo a los árboles", lo que no es correcto. En efecto si se busca el término forestal en el diccionario se verá que quiere decir "relativo a los bosques y a sus aprovechamientos" (Vox Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española. Barcelona, 1995, p. 517. Véase también: Larousse. Diccionario Usual, México, 1985, p. 266). Nótese incluso que el término forestal viene de la palabra del latín "foresta", sea bosque. Es cierto que el Diccionario de la Real Academia al definir "forestal" indica que por dicho término se entiende lo "relativo a los bosques y a los aprovechamientos de leñas, pastos, etc." (Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Madrid, vigésimo primera edición, 1992, p. 984). Sin embargo, el término "bosque" debe estimarse como el fundamental y lo concerniente a los "aprovechamientos de leñas, pastos, etc.", hace mención al aprovechamiento del bosque, tal y como se hace referencia en otros diccionarios. Debe anotarse que el tipo penal objetivo de un delito se compone de elementos descriptivos y por vía de excepción de elementos normativos. Se ha estimado que una consecuencia del principio de legalidad es que deben evitarse estos últimos elementos, debido a la inseguridad jurídica que introducen, como consecuencia del ámbito valorativo que le conceden al juzgador. Por ello mismo debe partirse al momento de interpretación de un elemento del tipo penal de que éste es de carácter descriptivo, salvo que hayan razones [sic] suficientes para estimar que no es de este carácter, sino que es normativo. En el caso concreto no hay elementos que indiquen que el término forestal, deba ser entendido en sentido diverso al indicado arriba, sea como un elemento descriptivo. Lo anterior sin perjuicio de que en forma indirecta el término adquiere caracteres normativos, en la medida en que la ley forestal precisa conceptos como el de "bosque" y de "plantación forestal" (Art. 3 de la ley).  De relevancia para sostener lo anterior en cuanto al término forestal es que el fin de la ley forestal es en definitiva la protección y administración de los bosques y el aprovechamiento de los recursos forestales. Esto queda claro en el artículo 1 de la ley forestal, el que precisa los objetivos de dicha ley, aspecto que tiene una importancia capital en la interpretación de las diversas normas de la misma. Así se dispone:  "Objetivos. La presente ley establece como función esencial y prioritaria del Estado velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables...".  Por su parte el artículo 3 de la ley da una serie de definiciones, por ejemplo la de aprovechamiento maderable, terrenos de aptitud forestal, ecosistema boscoso, bosque, plan de manejo forestal, plantación forestal, régimen forestal, sistema agroforestal, área silvestre protegida, centro de industrialización primaria y servicios ambientales. Importante es que todas ellas se refieren en definitiva al "régimen forestal", destacándose en ellas los términos "bosque" y "plantación forestal".  Debe hacerse referencia a la mención que se ha hecho en ocasiones del Art. 3 inciso a) de la Ley Forestal, para justificar que se sanciona en el Art. 63 inciso a) la corta de árboles en terrenos no forestales. Lo anterior en cuanto a la referencia que se hace en dicho artículo a la corta de árboles no incluida en el Art. 1. Así se ha expresado que por ello dicha corta está desvinculada de los objetivos de la ley fijados en el Art. 1, mencionados arriba. Esta interpretación debe ser rechazada, en primer lugar ya que el Art. 1, como se dijo, es fundamental para la interpretación de toda la ley en cuanto menciona los objetivos de la misma. Pero la razón fundamental es que la referencia que se hace en el Art. 3 inciso a) al Art. 1, no es en lo relativo al párrafo primero del mismo, que fue transcrito en lo que interesa arriba, sino propiamente en lo concerniente al párrafo 2) del mismo artículo, que hace mención, al igual que el Art. 3 inciso a) a la corta de árboles, ello al decir: "En virtud del interés público y salvo lo estipulado en el artículo 18 de esta ley, se prohíbe la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológica, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado".  De relevancia en lo relativo a la utilización del concepto de "forestal" como  concerniente a los bosques, a la que se hizo referencia antes, es que en la ley forestal el único artículo que se refiere a la prohibición de cortar árboles en propiedad privada que no sea bosques o plantaciones es el 27. En este se dispone: "Sólo se podrá llevar a cabo la corta de árboles en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, obteniendo previamente la autorización del Consejo Regional Ambiental o de la municipalidad respectiva y hasta por un máximo de cinco árboles por hectárea por año. Para una corta que sobrepase los veinte árboles por inmueble se requerirá la autorización de la Administración Forestal del Estado".  Ello lleva a que conforme a una interpretación a contrario sensu, en terrenos sin bosque y que no sean de uso agropecuario no hay ninguna prohibición en la ley para la corta de árboles.  Esto trató de ser corregido por la vía reglamentaria. Así el Reglamento a la Ley Forestal, publicado en la Gaceta del 23 de enero de 1997, que define qué se entiende por terrenos de uso agropecuario sin bosque, indicando que estos son "aquellas fincas privadas con la presencia de árboles no establecidos bajo un sistema agroforestal o fincas que tienen áreas con cobertura boscosa menores a dos hectáreas, o aquellos árboles ubicados en áreas urbanas" (Art. 2). Sin embargo, la no aplicación al presente caso concreto del Reglamento en lo relativo a dicha definición es clara. Ello en primer lugar debido a que el hecho que se juzga fue cometido a principios de noviembre de 1995, resultando que incluso el Reglamento fue publicado el 23 de enero de 1997, de modo que si se tratara de aplicar el mismo se estaría ante un supuesto prohibido de aplicación retroactiva. A lo anterior se agrega que el Reglamento al definir que se entiende por "terrenos de uso agropecuario", se excede, olvidándose el carácter meramente ejecutivo de la ley que tiene, por cuanto se trata de ubicar en el término "agropecuario" todo lo que no es forestal, lo que no concuerda con el sentido de la palabra "agropecuario" (sea que tiene relación con la agricultura y ganadería), llegándose incluso al absurdo de calificar de "agropecuario" lo urbano.  De todas maneras incluso es discutible qué sanción tiene la infracción al Art. 27 de la Ley Forestal, sea en lo relativo a la tala de árboles en terrenos de uso agropecuario, puesto que no se establece en la ley sanción alguna y es sumamente cuestionable que en virtud de ello pueda interpretarse que en tal caso, sería de aplicación el Art. 61 inciso a) de la Ley Forestal, en cuanto se refiere al aprovechamiento de productos forestales. Una interpretación en tal sentido no sería en realidad concordante con el principio de legalidad, puesto que en ninguna parte de la ley se indica que por productos forestales, se entienda también los productos arbóreos provenientes de un terreno que no es bosque, sino de un terreno de uso agropecuario. Si se intentara una interpretación que comprendiera dentro del Art. 61 inciso a) de la Ley Forestal la corta de árboles en terrenos de uso agropecuario tendría que partirse de la denominación del Título Tercero de la Ley Forestal, sea "Propiedad Forestal Privada", dentro del cual está ubicado el Art. 27 de la Ley Forestal. Pero una interpretación que por esa vía tratara de ampliar el tipo penal del Art. 61 inciso a) de dicha ley, no sería concordante con el principio de legalidad, el que exige la claridad en la descripción de la conducta prohibida, claridad que no existiría con la interpretación indicada. Importante es el requerimiento de tratar de interpretar las normas conforme a la Constitución Política, de la que habla la doctrina constitucionalista, lo que exige que no sea posible que a través de interpretaciones sistemáticas extensivas del tipo penal respectivo, se llegue a considerar como típica una conducta que no aparece claramente descrita dentro del tipo penal, y es que un concepto es el de "forestal" y otro totalmente diverso es el de "agropecuario", no siendo clara una interpretación que dijera que lo agropecuario es forestal.  De todas maneras en el caso concreto ni siquiera podría hablarse de la existencia de una corta de un árbol en "terrenos de uso agropecuario", puesto que la corta  de los dos árboles se dio en un terreno para construcción (véase folio 35 fte líneas 27-29).  A pesar de ser reiterativo debe recalcarse que si se sostuviera que la corta de árboles prevista en el Art. 27 de la Ley Forestal encuentra su sanción en el Art. 63 inciso a) de la Ley Forestal, la extensión del término agropecuario prevista en el Reglamento de la Ley Forestal además de contrariar el carácter ejecutivo del reglamento con respecto a la ley, violentaría el mismo principio de legalidad (Art. 39 de la Constitución Política). Este principio exige que el supuesto de hecho calificado como delictivo sea previsto en un ley ordinaria, no pudiéndose hacer ello en un simple reglamento, todo lo cual encuentra su fundamento en la doctrina de la Ilustración que dio origen a la llamada división de poderes (Art. 9 de la Constitución Política). Por vía de excepción la Sala Constitucional ha admitido la constitucionalidad de leyes penales en blanco, sea de leyes que en lo relativo a la precisión de uno de los elementos del tipo delictivo remite a una norma de menor rango. Importante al respecto es que Sala Constitucional ha dicho que "resulta posible completar una  norma penal por medio de un reglamento, siempre que al hacerlo el Poder Ejecutivo se mantenga dentro de su espera propia de competencia y que la ley que remite establezca con suficiente claridad los presupuestos de la punibilidad, así como la clase y extensión de la pena..." (Sala Constitucional, voto 1876-90). Sin embargo, es claro que con la definición de "terrenos de uso agropecuario sin bosque" el Reglamento de la Ley Forestal extendería el ámbito de la conducta típica prevista en la Ley Forestal y con ello de la competencia del Poder Ejecutivo.  Lo mismo puede decirse de cualquier intento de utilizar la palabra "árbol" como sinónimo de "forestal", como al parecer pretende el Reglamento de la Ley Forestal  al usar el término "árbol forestal" (Art. 2). Además de la interpretación a  contrario sensu del Art. 27 de la Ley Forestal,  hecha antes, tiene gran relevancia en este asunto la  interpretación del Art. 63 inciso a) en relación con el Art. 56 de la Ley Forestal.  El primero de dichos artículos sanciona como delictivo la infracción del Art. 56 mencionado.  Este artículo por su parte indica que "No se podrá movilizar madera en trozas, encuadrada ni  aserrada proveniente de bosque ni de plantación, si no se cuenta con la documentación respectiva".  De importancia es que, como ya lo ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Superior de Casación Penal, se sanciona sólo el transporte no autorizado de madera "proveniente de bosque o plantación", pero no el transporte de madera proveniente  de terrenos que no sean bosque o plantación, lo que es un  argumento de relevancia para estimar que el Art. 61 inciso a) sólo sanciona el aprovechamiento (y dentro de éste la corta) de árboles provenientes de bosques o plantaciones.  Nótese que el legislador trató  de extender "las tenazas" del Derecho Penal a diversas conductas que forman parte de lo que  podríamos llamar el "ciclo de la deforestación", parafraseando la terminología que se ha  utilizado con  respecto a  otros tipos de delitos, de modo que se trata de sancionar no sólo  las conductas relacionadas con la corta de árboles  no autorizada en terrenos forestales, sino también el transporte no autorizado de la madera  de árboles de dicho terreno.  Por ello  no habría razón alguna para sancionar el transporte solamente  cuando la madera proviene de bosques o plantaciones, pero en  lo relativo a la  corta de árboles sancionar la realizada aun en terrenos que no reúnan esas características.  Debe indicarse que existe una gran preocupación en Costa Rica por la protección del medio ambiente, y dentro de éste de los bosques. Inclusive en la Constitución Política, de acuerdo con la reforma producida por la ley 7412 del 3 de junio de 1994 se dispuso que "Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.  El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes" (Art. 50 párrafo 2) y 3)).  La protección del medio ambiente, incluso por la vía penal, es una de las tendencias dentro del Derecho Comparado. Sin embargo, ello no debe llevar a una "inflación" de conductas delictivas que vaya en contra del principio del Derecho Penal como "ultima ratio" y del de "lesividad". Es cierto que es más fácil para la represión de los delitos de deforestación que se sancione cualquier corta de árbol, sea ésta en terrenos forestales o no. Sin embargo, ello llevaría a una extensión desmedida del Derecho Penal, tal y como ha ocurrido en la práctica costarricense, en la que se ha llegado, como se dijo, a sancionar simples cortas de árboles incluso en terrenos urbanos. En definitiva razones de mera conveniencia en la represión de determinados delitos no deberían llevar a extender la represión a supuestos diversos a los relacionados con el bien jurídico protegido (Medio Ambiente: protección de los bosques).  Importante es que es claro que debe actuarse estatalmente para evitar la deforestación, sea la destrucción de los bosques. Pero la destrucción de éstos, si se recurre a la incriminación penal, se puede tratar de evitar a través de la sanción en caso de tala de árboles en dichos bosques y no de la sanción a la tala de árboles que no forman parte de bosques. Por todo ello no puede sostenerse que esta sentencia, suponga la desprotección de los bosques frente a la deforestación, sino más bien es coherente con la necesidad de proteger los bosques, llevando dicha protección a la justa medida, de manera que con el argumento de proteger los bosques no se llegue a sancionar penalmente la corta de árboles en los "no-bosques". Todo ello es consecuencia no sólo del principio de legalidad, arriba mencionado, sino del mismo principio de lesividad. Por todo lo anterior estándose en el caso concreto ante una conducta atípica, lo correcto es declarar con lugar el recurso por fondo y absolver al imputado del delito de infracción a la ley forestal que se le ha venido atribuyendo" (En similar sentido  votos CED1 de las 10:00 horas del 17 de octubre de 1997 y voto 2001-929 de las 9:45 horas del 16 de noviembre de dos mil uno). De la  jurisprudencia invocada se extrae que la tala y aprovechamiento de árboles en terrenos privados está protegida como delito, siempre y cuando se realice en un bosque, con las dimensiones ya citadas, lo que no ocurre en este caso. En efecto, aunque la sentencia no lo diga expresamente, de la prueba citada  en el fallo se desprende que el terreno donde se dio el aprovechamiento es una finca de setecientos cinco mil trescientos noventa y dos metros dedicada a la ganadería y con una casa de habitación (ver certificación de folio 72).    Así las cosas, Se declara con lugar el recurso por el fondo. Se absuelve al imputado [Nombre4] del delito de infracción a la ley forestal que se le había venido atribuyendo."

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Otras Referencias: Se citan, de la Sala Constitucional, los votos Nº 1876 de 1990, Nº 461 de 1991; del Tribunal de Casación Penal, los votos Nº 524 y Nº 845 de 10,00 hrs. de 17 de octubre, ambas de 1997.

Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
Texto de la resolución
Exp: 01-200175-278-PE-5

Res: [Telf1]

TRIBUNAL DE CASACION PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José.  Goicoechea, a las nueve horas con veintitrés minutos del veintidós de abril de dos mil cuatro.

            RECURSO DE CASACION interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], mayor, casado, 57 años de edad, vecino de San Pedro de Turrubares, por el delito de INFRACCION A LA LEY FORESTAL en perjuicio del PATRIMONIO FORESTAL.  Intervienen en la decisión del recurso, los Jueces [Nombre2], Jorge Luis Arce Víquez y [Nombre3].   Se apersonó en casación, el defensor Lic. [Nombre4].

RESULTANDO:

                1. Que mediante resolución  de las dieciséis horas del seis de marzo de dos mil tres, el Tribunal de Juicios del Primer Circuito Judicial de San José, resolvió: POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, artículos 1, 30, 31, 45, 50, 51, 59, 60, 62, 71 y 110 del Código Penal, artículos 1, 6, 58, 141, 142, 144, 184, 360, 361, 363, 364, 365, 367 y 459 del Código Procesal Penal, artículo 33 y 58 inciso B de la Ley Forestal N. 7575 se declara a [Nombre1] autor repsondable del delito de INFJRACCION A LA LEY FORESTAL cometido en perjuicio del PATRIMONIO FORESTAL, en tal caracter se le impone el tanto de TRES MESES DE PRISION, pena que deberá descontar en el lugar y forma que lo indiquen los respectivos reglamentos penitenciarios, previo abono de la preventiva sufrida.  Por considerarlo procedente se le otorga al condenado el BENEFICIO DE EJECUCION  CONDICIONALD E LA PENA por un período de prueba de CINCO AÑOS, en el entendido de que durante dicho lapso no deberá resultar ocndenado por nuevo delito doloso en que se le imponga una pena de prisión superior a seis meses, pues en dicho evento, le será revocado el beneficio aquí concedido y deberá descontar en prisión la pena impuesta.  Son los gastos del proceso penal a cargo del estado.  Asimismo SE ORDENA EL COMISO DE LA MADERA SECUESTRADA, PÓNGASE A LA ORDEN DE LA ADMINISTRACION FORESTAL DEL ESTADO PARA QUE DISPONGA DE ELLA.  Una vez firme la sentencia inscríbase en el Registro Judicial y envíense los testimonios de estilo para ante el Juzgado de Ejecución de la Pena y el Instituto Nacional de Criminología.  Mediante lectura notifíquese.  LIC. [Nombre5], JUEZ DE JUICIO.

            2. Que contra el anterior pronunciamiento el Lic. [Nombre1],   interpuso Recurso de Casación .

            3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 450 del Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el Recurso.

4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

                REDACTA EL JUEZ [Nombre6]; Y,

CONSIDERANDO:

I.- El recurso  de casación reúne los requisitos de admisibilidad de los artículos 422, 423, 424, 443, 444, 445 y 447 del Código Procesal Penal, por lo que se entra a conocer el motivo presentado.

          II.- En el primer motivo del recurso se alega violación de la ley sustantiva, puesto que el  artículo 58 inciso B) de la Ley Forestal sanciona  a quien aproveche los recursos forestales en terrenos de patrimonio natural del Estado, así como en las áreas de protección  para fines diferentes a los establecidos en la ley. Considera que  la norma no puede interpretarse aisladamente, sino que debe entenderse  inmersa dentro de la misma ley. Reclama que la sentencia impugnada interpreta el "concepto de aprovechamiento del recurso forestal como el aprovechamiento de un árbol muerto, ya cortado, por la acción de un tercero, en la cual, (…) interpreta la ley analógicamente, y extiende ese concepto a situaciones no previstas ni queridas por el legislador penal. Al interpretar extensivamente el concepto de recurso forestal, la sentencia impugnada viola, por aplicación indebida, el artículo 58 inc. b) de La Ley Forestal. En el segundo motivo se aduce violación al artículo 39 de la Constitución Política, y falta de aplicación de los artículos 3 y 58 de la Ley Forestal. Se aduce que la sentencia viola  el principio de adecuación social de la conducta, puesto que aprovechar los recursos de un árbol "seco" no representa ningún ataque al bien jurídico tutelado y más bien constituye una actividad socialmente aceptada por nuestros campesinos. En el tercer y último motivo de casación por el fondo se alega que el juzgador violó los numerales 39 y 45 de la Constitución Política, 1 y 2 del Código Penale, 3 y 58 inciso b) de la Ley Forestal. Argumenta que al dictarse la sentencia condenatoria "por el aprovechamiento de una madera para los fines de la finca, que es propiedad del dueño de la finca, sin considerar que ese aprovechamiento debe ser antijurídico, -contrario a derecho-, la sentencia impugnada viola, por falta de aplicación el artículo 45 de la Constitución Política, que establece que la propiedad es inviolable y que a nadie puede privársele de ella, salvo expropiación por el Estado y con una previa indemnización, viola, por falta de aplicación, el artículo 39 de la Constitución Política, que establece el principio de legalidad criminal, viola también, por falta de aplicación, los artículos 1 y 2 del Código Penal, que establecen el principio de legalidad y la prohibición de la analogía y viola, por aplicación indebida, los artículos 3 y 58 inciso b) de la Ley Forestal."  CON LUGAR EL RECURSO.  Aunque el impugnante formula su reclamo en tres motivos separados, lo cierto es que todos versan sobre los mismos aspectos. De allí que se resuelvan conjuntamente. De acuerdo con la sentencia No:  254-2003 de las dieciséis horas del seis de marzo de dos mil tres, el imputado fue condenado como autor del delito de infracción a la ley forestal (ley No 7575), imponiéndose el tanto de  tres meses de prisión, concediéndole por cinco años el beneficio de ejecución condicional de la pena. Según los hechos probados,  en fecha trece de mayo de dos mil uno, funcionarios del Ministerio de  Ambiente y Energía se hicieron presentes en la finca de [Nombre7], sito en San Pedro de Turrubares, en donde encontraron  varias tablas de madera provenientes de dos árboles de  Guanacaste que habían sido previamente cortados en fecha y por persona ignorada. Tras una pequeña investigación se determinó que posterior a la corta de los árboles, el encartado contrató a [Nombre8] para que aserrara la madera con el fin de aprovecharla en trabajos de la misma finca(ver folio 89).  En  síntesis, se condena al encartado por aprovechar la madera de dos árboles de Guanacaste que habían sido cortados en circunstancias y por persona desconocida. Sobre este tema, el tribunal de casación se ha pronunciado en varias ocasiones. Al respecto, en voto No: 682-F-97, de las quince horas, cuarenta y cinco minutos del veinticinco de Agosto de mil novecientos noventa y siete, cuyo ponente es el juez [Nombre9], se indicó:

" El Art. 61 inciso a) de la Ley Forestal indica que se impondrá prisión de dos meses a dos años a quien "Aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada sin el permiso de la Administración Forestal del Estado o a quien aunque cuente con el permiso no se ajuste a lo autorizado". Dicho artículo en lo relativo al concepto de aprovechamiento ha sido interpretado en relación con el Art. 3 inciso a) de la Ley, que indica que "aprovechamiento maderable" es: "Acción de corta, eliminación de árboles maderables en pie o utilización de árboles caídos, realizada en terrenos privados, no incluída en el Art. 1 de esta ley, que genera o pueda generar algún provecho, beneficio, ventaja, utilidad o ganancia para la persona que la realiza o para quien esta representa".            De la relación de ambos artículos se ha concluido por la jurisprudencia que la simple acción de cortar un árbol maderable, independientemente de si forma parte de un bosque o plantación forestal es constitutiva del delito contemplado en el Art. 61 inciso a), arriba mencionado (véase el voto 524-F-97 de este Tribunal (hay un voto salvado). Sin embargo, los jueces integrantes del Tribunal Superior de Casación Penal designados para el conocimiento de este asunto, consideramos que debe variarse la jurisprudencia indicada. Es de gran importancia el texto del tipo penal contemplado en el Art. 61 inciso a), en el que se hace mención al aprovechamiento "... de uno o varios productos forestales..."En lo relativo a la interpretación de las leyes se ha señalado la existencia de diversos métodos, todos lo cuales por supuesto encuentran como límite el principio de legalidad, previsto por el Art. 1 del Código Penal y el 39 de la Constitución Política, que es uno de los principios fundamentales de un Estado de Derecho, sobre lo que existe consenso (véase por ejemplo: Sala Constitucional, voto 461-91). Importante es que se ha tendido por la jurisprudencia a conceptualizar "forestal" como "relativo a los árboles", lo que no es correcto. En efecto si se busca el término forestal en el diccionario se verá que quiere decir "relativo a los bosques y a sus aprovechamientos" (Vox Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española. Barcelona, 1995, p. 517. Véase también: Larousse. Diccionario Usual, México, 1985, p. 266). Nótese incluso que el término forestal viene de la palabra del latín "foresta", sea bosque. Es cierto que el Diccionario de la Real Academia al definir "forestal" indica que por dicho término se entiende lo "relativo a los bosques y a los aprovechamientos de leñas, pastos, etc." (Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Madrid, vigésimo primera edición, 1992, p. 984). Sin embargo, el término "bosque" debe estimarse como el fundamental y lo concerniente a los "aprovechamientos de leñas, pastos, etc.", hace mención al aprovechamiento del bosque, tal y como se hace referencia en otros diccionarios. Debe anotarse que el tipo penal objetivo de un delito se compone de elementos descriptivos y por vía de excepción de elementos normativos. Se ha estimado que una consecuencia del principio de legalidad es que deben evitarse estos últimos elementos, debido a la inseguridad jurídica que introducen, como consecuencia del ámbito valorativo que le conceden al juzgador. Por ello mismo debe partirse al momento de interpretación de un elemento del tipo penal de que éste es de carácter descriptivo, salvo que hayan razones suficientes para estimar que no es de este carácter, sino que es normativo. En el caso concreto no hay elementos que indiquen que el término forestal, deba ser entendido en sentido diverso al indicado arriba, sea como un elemento descriptivo. Lo anterior sin perjuicio de que en forma indirecta el término adquiere caracteres normativos, en la medida en que la ley forestal precisa conceptos como el de "bosque" y de "plantación forestal" (Art. 3 de la ley).

            De relevancia para sostener lo anterior en cuanto al término forestal es que el fin de la ley forestal es en definitiva la protección y administración de los bosques y el aprovechamiento de los recursos forestales. Esto queda claro en el artículo 1 de la ley forestal, el que precisa los objetivos de dicha ley, aspecto que tiene una importancia capital en la interpretación de las diversas normas de la misma. Así se dispone:

            "Objetivos. La presente ley establece como función esencial y prioritaria del Estado velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables...".

            Por su parte el artículo 3 de la ley da una serie de definiciones, por ejemplo la de aprovechamiento maderable, terrenos de aptitud forestal, ecosistema boscoso, bosque, plan de manejo forestal, plantación forestal, régimen forestal, sistema agroforestal, área silvestre protegida, centro de industrialización primaria y servicios ambientales. Importante es que todas ellas se refieren en definitiva al "régimen forestal", destacándose en ellas los términos "bosque" y "plantación forestal".  Debe hacerse referencia a la mención que se ha hecho en ocasiones del Art. 3 inciso a) de la Ley Forestal, para justificar que se sanciona en el Art. 63 inciso a) la corta de árboles en terrenos no forestales. Lo anterior en cuanto a la referencia que se hace en dicho artículo a la corta de árboles no incluida en el Art. 1. Así se ha expresado que por ello dicha corta está desvinculada de los objetivos de la ley fijados en el Art. 1, mencionados arriba. Esta interpretación debe ser rechazada, en primer lugar ya que el Art. 1, como se dijo, es fundamental para la interpretación de toda la ley en cuanto menciona los objetivos de la misma. Pero la razón fundamental es que la referencia que se hace en el Art. 3 inciso a) al Art. 1, no es en lo relativo al párrafo primero del mismo, que fue transcrito en lo que interesa arriba, sino propiamente en lo concerniente al párrafo 2) del mismo artículo, que hace mención, al igual que el Art. 3 inciso a) a la corta de árboles, ello al decir: "En virtud del interés público y salvo lo estipulado en el artículo 18 de esta ley, se prohíbe la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológica, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado".

            De relevancia en lo relativo a la utilización del concepto de "forestal" como  concerniente a los bosques, a la que se hizo referencia antes, es que en la ley forestal el único artículo que se refiere a la prohibición de cortar árboles en propiedad privada que no sea bosques o plantaciones es el 27. En este se dispone: "Sólo se podrá llevar a cabo la corta de árboles en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, obteniendo previamente la autorización del Consejo Regional Ambiental o de la municipalidad respectiva y hasta por un máximo de cinco árboles por hectárea por año. Para una corta que sobrepase los veinte árboles por inmueble se requerirá la autorización de la Administración Forestal del Estado".  Ello lleva a que conforme a una interpretación a contrario sensu, en terrenos sin bosque y que no sean de uso agropecuario no hay ninguna prohibición en la ley para la corta de árboles.  Esto trató de ser corregido por la vía reglamentaria. Así el Reglamento a la Ley Forestal, publicado en la Gaceta del 23 de enero de 1997, que define qué se entiende por terrenos de uso agropecuario sin bosque, indicando que estos son "aquellas fincas privadas con la presencia de árboles no establecidos bajo un sistema agroforestal o fincas que tienen áreas con cobertura boscosa menores a dos hectáreas, o aquellos árboles ubicados en áreas urbanas" (Art. 2). Sin embargo, la no aplicación al presente caso concreto del Reglamento en lo relativo a dicha definición es clara. Ello en primer lugar debido a que el hecho que se juzga fue cometido a principios de noviembre de 1995, resultando que incluso el Reglamento fue publicado el 23 de enero de 1997, de modo que si se tratara de aplicar el mismo se estaría ante un supuesto prohibido de aplicación retroactiva. A lo anterior se agrega que el Reglamento al definir que se entiende por "terrenos de uso agropecuario", se excede, olvidándose el carácter meramente ejecutivo de la ley que tiene, por cuanto se trata de ubicar en el término "agropecuario" todo lo que no es forestal, lo que no concuerda con el sentido de la palabra "agropecuario" (sea que tiene relación con la agricultura y ganadería), llegándose incluso al absurdo de calificar de "agropecuario" lo urbano.

De todas maneras incluso es discutible qué sanción tiene la infracción al Art. 27 de la Ley Forestal, sea en lo relativo a la tala de árboles en terrenos de uso agropecuario, puesto que no se establece en la ley sanción alguna y es sumamente cuestionable que en virtud de ello pueda interpretarse que en tal caso, sería de aplicación el Art. 61 inciso a) de la Ley Forestal, en cuanto se refiere al aprovechamiento de productos forestales. Una interpretación en tal sentido no sería en realidad concordante con el principio de legalidad, puesto que en ninguna parte de la ley se indica que por productos forestales, se entienda también los productos arbóreos provenientes de un terreno que no es bosque, sino de un terreno de uso agropecuario. Si se intentara una interpretación que comprendiera dentro del Art. 61 inciso a) de la Ley Forestal la corta de árboles en terrenos de uso agropecuario tendría que partirse de la denominación del Título Tercero de la Ley Forestal, sea "Propiedad Forestal Privada", dentro del cual está ubicado el Art. 27 de la Ley Forestal. Pero una interpretación que por esa vía tratara de ampliar el tipo penal del Art. 61 inciso a) de dicha ley, no sería concordante con el principio de legalidad, el que exige la claridad en la descripción de la conducta prohibida, claridad que no existiría con la interpretación indicada. Importante es el requerimiento de tratar de interpretar las normas conforme a la Constitución Política, de la que habla la doctrina constitucionalista, lo que exige que no sea posible que a través de interpretaciones sistemáticas extensivas del tipo penal respectivo, se llegue a considerar como típica una conducta que no aparece claramente descrita dentro del tipo penal, y es que un concepto es el de "forestal" y otro totalmente diverso es el de "agropecuario", no siendo clara una interpretación que dijera que lo agropecuario es forestal.

            De todas maneras en el caso concreto ni siquiera podría hablarse de la existencia de una corta de un árbol en "terrenos de uso agropecuario", puesto que la corta  de los dos árboles se dio en un terreno para construcción (véase folio 35 fte líneas 27-29).

A pesar de ser reiterativo debe recalcarse que si se sostuviera que la corta de árboles prevista en el Art. 27 de la Ley Forestal encuentra su sanción en el Art. 63 inciso a) de la Ley Forestal, la extensión del término agropecuario prevista en el Reglamento de la Ley Forestal además de contrariar el carácter ejecutivo del reglamento con respecto a la ley, violentaría el mismo principio de legalidad (Art. 39 de la Constitución Política). Este principio exige que el supuesto de hecho calificado como delictivo sea previsto en un ley ordinaria, no pudiéndose hacer ello en un simple reglamento, todo lo cual encuentra su fundamento en la doctrina de la Ilustración que dio origen a la llamada división de poderes (Art. 9 de la Constitución Política). Por vía de excepción la Sala Constitucional ha admitido la constitucionalidad de leyes penales en blanco, sea de leyes que en lo relativo a la precisión de uno de los elementos del tipo delictivo remite a una norma de menor rango. Importante al respecto es que Sala Constitucional ha dicho que "resulta posible completar una  norma penal por medio de un reglamento, siempre que al hacerlo el Poder Ejecutivo se mantenga dentro de su espera propia de competencia y que la ley que remite establezca con suficiente claridad los presupuestos de la punibilidad, así como la clase y extensión de la pena..." (Sala Constitucional, voto 1876-90). Sin embargo, es claro que con la definición de "terrenos de uso agropecuario sin bosque" el Reglamento de la Ley Forestal extendería el ámbito de la conducta típica prevista en la Ley Forestal y con ello de la competencia del Poder Ejecutivo.  Lo mismo puede decirse de cualquier intento de utilizar la palabra "árbol" como sinónimo de "forestal", como al parecer pretende el Reglamento de la Ley Forestal  al usar el término "árbol forestal" (Art. 2). Además de la interpretación a  contrario sensu del Art. 27 de la Ley Forestal,  hecha antes, tiene gran relevancia en este asunto la  interpretación del Art. 63 inciso a) en relación con el Art. 56 de la Ley Forestal.  El primero de dichos artículos sanciona como delictivo la infracción del Art. 56 mencionado.  Este artículo por su parte indica que "No se podrá movilizar madera en trozas, encuadrada ni  aserrada proveniente de bosque ni de plantación, si no se cuenta con la documentación respectiva".  De importancia es que, como ya lo ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Superior de Casación Penal, se sanciona sólo el transporte no autorizado de madera "proveniente de bosque o plantación", pero no el transporte de madera proveniente  de terrenos que no sean bosque o plantación, lo que es un  argumento de relevancia para estimar que el Art. 61 inciso a) sólo sanciona el aprovechamiento (y dentro de éste la corta) de árboles provenientes de bosques o plantaciones.  Nótese que el legislador trató  de extender "las tenazas" del Derecho Penal a diversas conductas que forman parte de lo que  podríamos llamar el "ciclo de la deforestación", parafraseando la terminología que se ha  utilizado con  respecto a  otros tipos de delitos, de modo que se trata de sancionar no sólo  las conductas relacionadas con la corta de árboles  no autorizada en terrenos forestales, sino también el transporte no autorizado de la madera  de árboles de dicho terreno.  Por ello  no habría razón alguna para sancionar el transporte solamente  cuando la madera proviene de bosques o plantaciones, pero en  lo relativo a la  corta de árboles sancionar la realizada aun en terrenos que no reúnan esas características.

Debe indicarse que existe una gran preocupación en Costa Rica por la protección del medio ambiente, y dentro de éste de los bosques. Inclusive en la Constitución Política, de acuerdo con la reforma producida por la ley 7412 del 3 de junio de 1994 se dispuso que

"Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes" (Art. 50 párrafo 2) y 3)).  La protección del medio ambiente, incluso por la vía penal, es una de las tendencias dentro del Derecho Comparado. Sin embargo, ello no debe llevar a una "inflación" de conductas delictivas que vaya en contra del principio del Derecho Penal como "ultima ratio" y del de "lesividad". Es cierto que es más fácil para la represión de los delitos de deforestación que se sancione cualquier corta de árbol, sea ésta en terrenos forestales o no. Sin embargo, ello llevaría a una extensión desmedida del Derecho Penal, tal y como ha ocurrido en la práctica costarricense, en la que se ha llegado, como se dijo, a sancionar simples cortas de árboles incluso en terrenos urbanos. En definitiva razones de mera conveniencia en la represión de determinados delitos no deberían llevar a extender la represión a supuestos diversos a los relacionados con el bien jurídico protegido (Medio Ambiente: protección de los bosques).

Importante es que es claro que debe actuarse estatalmente para evitar la deforestación, sea la destrucción de los bosques. Pero la destrucción de éstos, si se recurre a la incriminación penal, se puede tratar de evitar a través de la sanción en caso de tala de árboles en dichos bosques y no de la sanción a la tala de árboles que no forman parte de bosques. Por todo ello no puede sostenerse que esta sentencia, suponga la desprotección de los bosques frente a la deforestación, sino más bien es coherente con la necesidad de proteger los bosques, llevando dicha protección a la justa medida, de manera que con el argumento de proteger los bosques no se llegue a sancionar penalmente la corta de árboles en los "no-bosques". Todo ello es consecuencia no sólo del principio de legalidad, arriba mencionado, sino del mismo principio de lesividad. Por todo lo anterior estándose en el caso concreto ante una conducta atípica, lo correcto es declarar con lugar el recurso por fondo y absolver al imputado del delito de infracción a la ley forestal que se le ha venido atribuyendo" (En similar sentido  votos 845-F-97 de las 10:00 horas del 17 de octubre de 1997 y voto 2001-929 de las 9:45 horas del 16 de noviembre de dos mil uno). De la  jurisprudencia invocada se extrae que la tala y aprovechamiento de árboles en terrenos privados está protegida como delito, siempre y cuando se realice en un bosque, con las dimensiones ya citadas, lo que no ocurre en este caso. En efecto, aunque la sentencia no lo diga expresamente, de la prueba citada  en el fallo se desprende que el terreno donde se dio el aprovechamiento es una finca de setecientos cinco mil trescientos noventa y dos metros dedicada a la ganadería y con una casa de habitación (ver certificación de folio 72).    Así las cosas, Se declara con lugar el recurso por el fondo. Se absuelve al imputado [Nombre10] del delito de infracción a la ley forestal que se le había venido atribuyendo. Por innecesario se omite pronunciamiento en cuanto al recurso de casación por la forma.

 

POR TANTO

            Se declara con lugar el recurso por el fondo. Se absuelve al imputado [Nombre10] del delito de infracción a la ley forestal que se le había venido atribuyendo. Por innecesario se omite pronunciamiento en cuanto al recurso de casación por la forma.  NOTIFIQUESE.

           

 

[Nombre2]

 

 

 

 

[Nombre11]          [Nombre3] 

JUECES DE CASACIÓN PENAL

SAN JOSE

E:  01-200175-278-PE-5,  C:  [Nombre1].  Dig./ [Nombre12]

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 07:38:39.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

[Content of Interest:
Type of content: Majority Vote
Branch of Law: Criminal Law
Topic: Illegal logging of forest products
Subtopics:
Concept of "forest" (forestal), "forest" (bosque), and "agricultural land" (terreno de uso agropecuario).
Consequences of cutting trees on non-forested private property.

Topic: Violation of the Forestry Law
Subtopics:
Concept of "forest" (forestal), "forest" (bosque), and "agricultural land" (terreno de uso agropecuario).
Consequences of cutting trees on non-forested private property.

Topic: Forestry Heritage
Subtopics:
Concept of "forest" (forestal), "forest" (bosque), and "agricultural land" (terreno de uso agropecuario).
Consequences of cutting trees on non-forested private property.

"II. [...] Although the appellant formulates his claim in three separate grounds, all of them deal with the same aspects. Therefore, they are resolved jointly. According to judgment No. 254-2003 of sixteen hundred hours on March 6, two thousand three, the accused was convicted as the perpetrator of the crime of violation of the Forestry Law (Ley Forestal) (Law 7575), being sentenced to three months' imprisonment and granted the benefit of conditional execution of the penalty (beneficio de ejecución condicional de la pena) for five years. According to the proven facts, on May 13, two thousand one, officials of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía) appeared at the property of [Name1], located in San Pedro de Turrubares, where they found several boards of wood from two Guanacaste trees that had been previously cut on an unknown date and by an unknown person. After a brief investigation, it was determined that after the cutting of the trees, the accused hired [Name2] to saw the wood in order to use it in work on the same property (see folio 89). In summary, the accused is convicted for using the wood from two Guanacaste trees that had been cut under unknown circumstances and by an unknown person. On this subject, the Court of Cassation has ruled on several occasions. In this regard, in Vote No. 682-F-97, of fifteen hours and forty-five minutes on August 25, nineteen ninety-seven, with Judge [Name3] as the rapporteur, it was stated: "Article 61, subsection a) of the Forestry Law indicates that a prison sentence of two months to two years shall be imposed on anyone who 'Exploits one or more forest products on private property without the authorization of the State Forestry Administration (Administración Forestal del Estado) or who, even with authorization, does not comply with what was authorized.' That article, regarding the concept of exploitation (aprovechamiento), has been interpreted in relation to Article 3, subsection a) of the Law, which indicates that 'timber exploitation (aprovechamiento maderable)' is: 'The action of cutting, removal of standing timber trees, or utilization of fallen trees, carried out on private lands, not included in Article 1 of this law, which generates or may generate some benefit, advantage, use, or gain for the person carrying it out or for whom that person represents.' From the relationship of both articles, the case law has concluded that the simple action of cutting a timber tree, regardless of whether it forms part of a forest or forest plantation (plantación forestal), constitutes the crime contemplated in Article 61, subsection a), mentioned above (see Vote 524-F-97 of this Court (there is a dissenting vote). However, the judges constituting this Court of Criminal Cassation designated to hear this matter consider that the indicated case law must be changed. The text of the criminal provision contemplated in Article 61, subsection a), in which mention is made of the exploitation '... of one or more forest products...' is of great importance. Regarding the interpretation of laws, the existence of various methods has been noted, all of which of course find as a limit the principle of legality (principio de legalidad), provided for by Article 1 of the Penal Code and Article 39 of the Political Constitution, which is one of the fundamental principles of a Rule of Law State, on which there is consensus (see for example: Constitutional Chamber, Vote 461-91). It is important that case law has tended to conceptualize 'forest' (forestal) as 'relating to trees,' which is not correct. Indeed, if one looks up the term forestal in the dictionary, one will see that it means 'relating to forests and their exploitation' (Vox Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española. Barcelona, 1995, p. 517. See also: Larousse. Diccionario Usual, México, 1985, p. 266). Note even that the term forestal comes from the Latin word 'foresta,' meaning forest. It is true that the Dictionary of the Royal Academy, when defining 'forest' (forestal), indicates that this term means 'relating to forests and the exploitation of firewood, pastures, etc.' (Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Madrid, twenty-first edition, 1992, p. 984). However, the term 'forest' (bosque) should be considered as fundamental, and the reference to 'exploitation of firewood, pastures, etc.' refers to the exploitation of the forest, as referenced in other dictionaries. It should be noted that the objective criminal provision of an offense is composed of descriptive elements and, by way of exception, normative elements. It has been considered that a consequence of the principle of legality is that these latter elements must be avoided, due to the legal uncertainty they introduce, as a consequence of the evaluative scope they grant to the judge. For this very reason, when interpreting an element of the criminal provision, one must assume that it is of a descriptive nature, unless there are sufficient reasons to consider that it is not of this nature, but rather normative. In the specific case, there are no elements indicating that the term forestal should be understood in a sense different from that indicated above, that is, as a descriptive element. The foregoing is without prejudice to the fact that the term indirectly acquires normative characteristics, to the extent that the Forestry Law specifies concepts such as 'forest' (bosque) and 'forest plantation' (plantación forestal) (Article 3 of the law). Of relevance to support the above regarding the term forestal is that the purpose of the Forestry Law is ultimately the protection and administration of forests and the exploitation of forest resources. This is clear in Article 1 of the Forestry Law, which specifies the objectives of said law, an aspect of capital importance in interpreting its various norms. Thus it provides: 'Objectives. This law establishes as an essential and priority function of the State to ensure the conservation, protection, and administration of natural forests and the production, exploitation, industrialization, and promotion of the country's forest resources destined for that purpose, in accordance with the principle of adequate and sustainable use of renewable natural resources...' For its part, Article 3 of the law provides a series of definitions, for example, timber exploitation (aprovechamiento maderable), lands of forest aptitude (terrenos de aptitud forestal), forest ecosystem, forest, forest management plan (plan de manejo forestal), forest plantation, forest regime (régimen forestal), agroforestry system (sistema agroforestal), protected wild area (área silvestre protegida), primary industrialization center, and environmental services. It is important that all of them ultimately refer to the 'forest regime,' highlighting the terms 'forest' (bosque) and 'forest plantation' (plantación forestal). Reference must be made to the mention that has been made at times of Article 3, subsection a) of the Forestry Law, to justify that the cutting of trees on non-forest lands is sanctioned under Article 63, subsection a). The foregoing regarding the reference made in said article to the cutting of trees not included in Article 1. Thus, it has been expressed that for this reason said cutting is unrelated to the objectives of the law established in Article 1, mentioned above. This interpretation must be rejected, firstly because Article 1, as stated, is fundamental for the interpretation of the entire law as it mentions its objectives. But the fundamental reason is that the reference made in Article 3, subsection a) to Article 1 is not regarding the first paragraph thereof, which was transcribed in the relevant part above, but rather properly concerning paragraph 2) of the same article, which mentions, like Article 3, subsection a), the cutting of trees, stating: 'By virtue of public interest and except as stipulated in Article 18 of this law, the cutting or exploitation of forests in national parks, biological reserves, mangroves, protective zones, wildlife refuges, and State-owned forest reserves is prohibited.' Of relevance regarding the use of the concept of 'forest' (forestal) as concerning forests, as referred to above, is that in the Forestry Law, the only article that refers to the prohibition of cutting trees on private property that is not forests or plantations is Article 27. It provides: 'The cutting of trees on lands of agricultural use (terrenos de uso agropecuario) without forest may only be carried out after obtaining prior authorization from the Regional Environmental Council or the respective municipality and up to a maximum of five trees per hectare per year. For cutting exceeding twenty trees per property, authorization from the State Forestry Administration will be required.' This leads to the conclusion, through an a contrario sensu interpretation, that on lands without forest and that are not of agricultural use, there is no prohibition in the law for cutting trees. An attempt was made to correct this through regulations. Thus, the Regulation to the Forestry Law (Reglamento a la Ley Forestal), published in La Gaceta on January 23, 1997, which defines what is meant by lands of agricultural use without forest, indicating that these are 'those private properties with the presence of trees not established under an agroforestry system or properties that have areas with forest cover (cobertura boscosa) of less than two hectares, or those trees located in urban areas' (Article 2). However, the non-application of the Regulation to this specific case regarding said definition is clear. This is firstly because the act being judged was committed in early November 1995, and it turns out that even the Regulation was published on January 23, 1997, so if it were to be applied, it would be a prohibited case of retroactive application. In addition, the Regulation, when defining what is meant by 'lands of agricultural use,' goes too far, forgetting its merely executive character vis-à-vis the law, because it attempts to place everything that is not forest under the term 'agricultural,' which does not coincide with the meaning of the word 'agricultural' (that is, relating to agriculture and livestock), even reaching the absurdity of classifying 'urban' as 'agricultural.' In any case, it is even debatable what sanction the violation of Article 27 of the Forestry Law carries, that is, regarding the felling of trees on lands of agricultural use, since the law does not establish any sanction, and it is highly questionable that by virtue of this, it can be interpreted that in such a case, Article 61, subsection a) of the Forestry Law would be applicable, insofar as it refers to the exploitation of forest products. An interpretation in that sense would not actually be consistent with the principle of legality, since nowhere in the law is it indicated that forest products also include arboreal products from land that is not forest, but rather land of agricultural use. If an interpretation were attempted that included within Article 61, subsection a) of the Forestry Law the cutting of trees on lands of agricultural use, one would have to start from the title of Title Three of the Forestry Law, that is, 'Private Forest Property,' within which Article 27 of the Forestry Law is located. But an interpretation that by this route sought to expand the criminal provision of Article 61, subsection a) of said law would not be consistent with the principle of legality, which requires clarity in the description of the prohibited conduct, clarity that would not exist with the indicated interpretation. The requirement to try to interpret norms in accordance with the Political Constitution, as constitutional doctrine speaks of, is important, which requires that it not be possible for extensive systematic interpretations of the respective criminal provision to lead to conduct being considered typical that does not appear clearly described within the criminal provision, and it is that 'forest' (forestal) is one concept, and 'agricultural' is a totally different one, such that an interpretation claiming that agricultural is forest would not be clear. In any case, in the specific case, one could not even speak of the existence of a cutting of a tree on 'lands of agricultural use,' since the cutting of the two trees occurred on land for construction (see folio 35, front, lines 27-29). Despite being repetitive, it must be emphasized that if it were held that the cutting of trees provided for in Article 27 of the Forestry Law finds its sanction in Article 63, subsection a) of the Forestry Law, the extension of the term agricultural provided for in the Regulation to the Forestry Law, in addition to contravening the executive character of the regulation with respect to the law, would violate the very principle of legality (Article 39 of the Political Constitution). This principle requires that the factual circumstance classified as criminal be provided for in an ordinary law, and it cannot be done in a mere regulation, all of which finds its basis in the doctrine of the Enlightenment that gave rise to the so-called division of powers (Article 9 of the Political Constitution). By way of exception, the Constitutional Chamber has admitted the constitutionality of blank criminal laws, that is, laws that, regarding the specification of one of the elements of the criminal provision, refer to a norm of lower rank. It is important in this regard that the Constitutional Chamber has said that 'it is possible to complete a criminal norm by means of a regulation, provided that in doing so the Executive Branch remains within its own sphere of competence and that the referring law establishes with sufficient clarity the prerequisites of punishability, as well as the type and extent of the penalty...' (Constitutional Chamber, Vote 1876-90). However, it is clear that with the definition of 'lands of agricultural use without forest,' the Regulation to the Forestry Law would extend the scope of the typical conduct provided for in the Forestry Law and thereby the competence of the Executive Branch. The same can be said of any attempt to use the word 'tree' as a synonym for 'forest' (forestal), as the Regulation to the Forestry Law seems to intend by using the term 'forest tree' (árbol forestal) (Article 2). In addition to the a contrario sensu interpretation of Article 27 of the Forestry Law made above, the interpretation of Article 63, subsection a) in relation to Article 56 of the Forestry Law has great relevance in this matter. The first of these articles sanctions as criminal the violation of the aforementioned Article 56. This article, for its part, indicates that 'It shall not be permitted to transport wood in logs, squared, or sawn, coming from a forest or plantation, if the respective documentation is not available.' It is important that, as the case law of the Court of Criminal Cassation has already stated, only the unauthorized transport of wood 'coming from a forest or plantation' is sanctioned, but not the transport of wood from lands that are not forest or plantation, which is a relevant argument for considering that Article 61, subsection a) only sanctions the exploitation (and within it, the cutting) of trees coming from forests or plantations. It should be noted that the legislator tried to extend 'the tentacles' of criminal law to various conducts that form part of what we might call the 'deforestation cycle,' paraphrasing the terminology that has been used with respect to other types of crimes, so that the aim is to sanction not only the conducts related to the unauthorized cutting of trees on forest lands, but also the unauthorized transport of wood from trees on such lands. Therefore, there would be no reason to sanction transport only when the wood comes from forests or plantations, but in relation to the cutting of trees, to sanction cutting even on lands that do not meet those characteristics. It should be noted that there is great concern in Costa Rica for the protection of the environment, and within it, of forests. Even in the Political Constitution, in accordance with the amendment introduced by Law 7412 of June 3, 1994, it was provided that 'Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to report acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions' (Article 50, paragraph 2) and 3)). Environmental protection, including through criminal means, is one of the trends in comparative law. However, this should not lead to an 'inflation' of criminal conduct that goes against the principle of Criminal Law as 'ultima ratio' and that of 'harmfulness' (lesividad). It is true that it is easier for the repression of deforestation crimes to sanction any cutting of a tree, whether on forest lands or not. However, that would lead to an excessive extension of Criminal Law, as has occurred in Costa Rican practice, in which, as stated, simple tree cuttings, even on urban land, have come to be sanctioned. Ultimately, reasons of mere convenience in the repression of certain crimes should not lead to extending repression to scenarios other than those related to the protected legal interest (legal interest: Protection of forests). It is important that it is clear that the State must act to prevent deforestation, that is, the destruction of forests. But their destruction, if criminal incrimination is resorted to, can be sought to be prevented through sanction in the case of the felling of trees in said forests, and not by sanctioning the felling of trees that are not part of forests. For all these reasons, it cannot be argued that this judgment implies the lack of protection of forests against deforestation; rather, it is consistent with the need to protect forests, bringing that protection to the right measure, so that with the argument of protecting forests, the cutting of trees in 'non-forests' is not criminally sanctioned. All of this is a consequence not only of the principle of legality, mentioned above, but also of the very principle of harmfulness (lesividad). For all the foregoing, since the specific case involves atypical conduct, the correct thing is to grant the appeal on the merits and acquit the accused of the crime of violation of the Forestry Law that has been attributed to him" (In a similar sense, Votes [CED1] of 10:00 a.m. on October 17, 1997, and Vote 2001-929 of 9:45 a.m. on November 16, two thousand one). From the invoked case law, it is extracted that the felling and exploitation of trees on private land is protected as a crime, provided it is carried out in a forest, with the dimensions already cited, which is not the case here. Indeed, although the judgment does not say so expressly, it follows from the evidence cited in the ruling that the land where the exploitation took place is a property of seven hundred five thousand three hundred ninety-two meters dedicated to livestock and with a dwelling house (see certification at folio 72). Therefore, the appeal on the merits is granted. Accused [Name4] is acquitted of the crime of violation of the Forestry Law that had been attributed to him."

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Other References: Cited from the Constitutional Chamber, Votes No. 1876 of 1990, No. 461 of 1991; from the Court of Criminal Cassation, Votes No. 524 and No. 845 of 10:00 a.m. on October 17, both of 1997.

Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments
Text of the resolution
Exp: 01-200175-278-PE-5

Res: [Telf1]

COURT OF CRIMINAL CASSATION. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at nine hours and twenty-three minutes on April twenty-second, two thousand four.

APPEAL IN CASSATION filed in the present case against [Name1], of legal age, married, 57 years old, resident of San Pedro de Turrubares, for the crime of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW to the detriment of the FORESTRY HERITAGE. Judges [Name2], Jorge Luis Arce Víquez, and [Name3] participate in the decision on the appeal. The defense attorney, Lic. [Name4], appeared in cassation.

WHEREAS:

1. That by resolution at sixteen hundred hours on March 6, two thousand three, the Trial Court of the First Judicial Circuit of San José resolved: THEREFORE: In accordance with the foregoing, Articles 39 and 41 of the Political Constitution, Articles 1, 30, 31, 45, 50, 51, 59, 60, 62, 71, and 110 of the Penal Code, Articles 1, 6, 58, 141, 142, 144, 184, 360, 361, 363, 364, 365, 367, and 459 of the Code of Criminal Procedure, Article 33 and 58 subsection B of Forestry Law No. 7575, [Name1] is declared the responsible perpetrator of the crime of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW committed to the detriment of the FORESTRY HERITAGE, and in that capacity, he is sentenced to THREE MONTHS OF IMPRISONMENT, a penalty he shall serve in the place and manner indicated by the respective penitentiary regulations, with credit for the pre-trial detention served. Considering it appropriate, the convicted person is granted the BENEFIT OF CONDITIONAL EXECUTION OF THE PENALTY for a probation period of FIVE YEARS, on the understanding that during said period he must not be convicted of a new intentional crime for which a prison sentence of more than six months is imposed, since in that event, the benefit hereby granted shall be revoked, and he must serve the imposed penalty in prison. The costs of the criminal proceedings are to be borne by the State. Likewise, THE CONFISCATION OF THE SEIZED WOOD IS ORDERED; PLACE IT AT THE DISPOSAL OF THE STATE FORESTRY ADMINISTRATION SO THAT IT MAY DISPOSE OF IT. Once the judgment is final, register it in the Judicial Registry and send the corresponding certified copies to the Sentence Enforcement Court and the National Institute of Criminology. Notify by reading. LIC. [Name5], TRIAL JUDGE.

2. That against the foregoing pronouncement, Lic. [Name1] filed an Appeal in Cassation.

3. That having conducted the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 450 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the Appeal.

4. That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

DRAFTED BY JUDGE [Name6]; AND,

WHEREAS:

I.- The appeal in cassation meets the admissibility requirements of Articles 422, 423, 424, 443, 444, 445, and 447 of the Code of Criminal Procedure; therefore, the ground presented is taken up.

II.- In the first ground of the appeal, a violation of substantive law is alleged, since Article 58, subsection B) of the Forestry Law sanctions anyone who exploits forest resources on State natural heritage lands, as well as in protected areas, for purposes other than those established in the law. It is considered that the norm cannot be interpreted in isolation but must be understood as embedded within the same law. It is claimed that the appealed judgment interprets the "concept of exploitation of forest resources as the exploitation of a dead tree, already cut, by the action of a third party, in which, (...) it interprets the law analogically, and extends that concept to situations not foreseen or desired by the criminal legislator. By extensively interpreting the concept of forest resource, the appealed judgment violates, by improper application, Article 58, subsection b) of the Forestry Law. In the second ground, a violation of Article 39 of the Political Constitution is alleged, together with a failure to apply Articles 3 and 58 of the Forestry Law. It is argued that the judgment violates the principle of social adequacy of conduct, since exploiting the resources of a 'dry' tree does not represent any attack on the protected legal interest and rather constitutes an activity socially accepted by our farmers. In the third and final ground of cassation on the merits, it is alleged that the judge violated numerals 39 and 45 of the Political Constitution, 1 and 2 of the Penal Code, 3 and 58 subsection b) of the Forestry Law. It is argued that by issuing the conviction 'for the exploitation of wood for the purposes of the property, which is owned by the owner of the property, without considering that such exploitation must be unlawful—contrary to law—the appealed judgment violates, by failure to apply, Article 45 of the Political Constitution, which establishes that property is inviolable and no one may be deprived of it, except by expropriation by the State and with prior compensation; it violates, by failure to apply, Article 39 of the Political Constitution, which establishes the principle of criminal legality; it also violates, by failure to apply, Articles 1 and 2 of the Penal Code, which establish the principle of legality and the prohibition of analogy, and violates, by improper application, Articles 3 and 58 subsection b) of the Forestry Law." THE APPEAL IS GRANTED. Although the appellant formulates his claim in three separate grounds, all of them deal with the same aspects. Therefore, they are resolved jointly. According to judgment No. 254-2003 of sixteen hundred hours on March 6, two thousand three, the accused was convicted as the perpetrator of the crime of violation of the Forestry Law (Law 7575), being sentenced to three months' imprisonment and granted the benefit of conditional execution of the penalty for five years. According to the proven facts, on May 13, two thousand one, officials of the Ministry of Environment and Energy appeared at the property of [Name7], located in San Pedro de Turrubares, where they found several boards of wood from two Guanacaste trees that had been previously cut on an unknown date and by an unknown person. After a brief investigation, it was determined that after the cutting of the trees, the accused hired [Name8] to saw the wood in order to use it in work on the same property (see folio 89). In summary, the accused is convicted for using the wood from two Guanacaste trees that had been cut under unknown circumstances and by an unknown person. On this subject, the Court of Cassation has ruled on several occasions. In this regard, in Vote No. 682-F-97, of fifteen hours and forty-five minutes on August 25, nineteen ninety-seven, with Judge [Name9] as the rapporteur, it was stated:

" Article 61, subsection a) of the Forestry Law indicates that a prison sentence of two months to two years shall be imposed on anyone who 'Exploits one or more forest products on private property without the authorization of the State Forestry Administration or who, even with authorization, does not comply with what was authorized.' That article, regarding the concept of exploitation, has been interpreted in relation to Article 3, subsection a) of the Law, which indicates that 'timber exploitation' is: 'The action of cutting, removal of standing timber trees, or utilization of fallen trees, carried out on private lands, not included in Article 1 of this law, which generates or may generate some benefit, advantage, use, or gain for the person carrying it out or for whom that person represents.' From the relationship of both articles, the case law has concluded that the simple action of cutting a timber tree, regardless of whether it forms part of a forest or forest plantation, constitutes the crime contemplated in Article 61, subsection a), mentioned above (see Vote 524-F-97 of this Court (there is a dissenting vote). However, the judges constituting this Court of Criminal Cassation designated to hear this matter consider that the indicated case law must be changed. The text of the criminal provision contemplated in Article 61, subsection a), in which mention is made of the exploitation '... of one or more forest products...' is of great importance. Regarding the interpretation of laws, the existence of various methods has been noted, all of which of course find as a limit the principle of legality, provided for by Article 1 of the

1 of the Criminal Code and 39 of the Political Constitution, which is one of the fundamental principles of a State of Law, on which there is consensus (see for example: Constitutional Chamber, vote 461-91). Importantly, jurisprudence has tended to conceptualize "forestal" as "relating to trees," which is not correct. Indeed, if one looks up the term forestal in the dictionary, it will be seen that it means "relating to forests and their uses" (Vox Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española. Barcelona, 1995, p. 517. See also: Larousse. Diccionario Usual, Mexico, 1985, p. 266). Note even that the term forestal comes from the Latin word "foresta," meaning forest. It is true that the Dictionary of the Royal Academy, when defining "forestal," indicates that this term is understood as "relating to forests and the uses of firewood, pastures, etc." (Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Madrid, twenty-first edition, 1992, p. 984). However, the term "forest" must be considered the fundamental one, and that concerning "uses of firewood, pastures, etc." refers to the use of the forest, just as referenced in other dictionaries. It should be noted that the objective criminal classification (tipo penal objetivo) of a crime is composed of descriptive elements and, by way of exception, normative elements. It has been considered that one consequence of the principle of legality is that these latter elements must be avoided, due to the legal uncertainty they introduce, as a consequence of the evaluative scope they grant to the judge. For this very reason, when interpreting an element of a criminal classification, one must start from the assumption that it is descriptive in nature, unless there are sufficient reasons to consider that it is not of this nature, but rather normative. In the specific case, there are no elements indicating that the term forestal must be understood in a different sense than that indicated above, that is, as a descriptive element. The foregoing is without prejudice to the fact that indirectly the term acquires normative characteristics, to the extent that the Forestry Law (Ley Forestal) specifies concepts such as "forest" and "forest plantation (plantación forestal)" (Article 3 of the law).

            Of relevance to sustaining the foregoing regarding the term forestal is that the purpose of the Forestry Law is ultimately the protection and administration of forests and the use of forest resources. This is clear in Article 1 of the Forestry Law, which specifies the objectives of said law, an aspect that has capital importance in the interpretation of its various norms. It thus provides:

            "Objectives. This law establishes as an essential and priority function of the State to ensure the conservation, protection, and administration of natural forests and the production, use, industrialization, and promotion of the country's forest resources destined for this purpose, in accordance with the principle of adequate and sustainable use of renewable natural resources...".

            For its part, Article 3 of the law provides a series of definitions, for example, that of timber harvesting (aprovechamiento maderable), lands of forest aptitude (terrenos de aptitud forestal), forest ecosystem (ecosistema boscoso), forest, forest management plan (plan de manejo forestal), forest plantation (plantación forestal), forest regime (régimen forestal), agroforestry system (sistema agroforestal), protected wilderness area (área silvestre protegida), primary industrialization center, and environmental services (servicios ambientales). Importantly, all of them ultimately refer to the "forest regime (régimen forestal)," with the terms "forest" and "forest plantation (plantación forestal)" standing out among them. Reference must be made to the mention that has occasionally been made of Article 3, subsection a) of the Forestry Law, to justify that the cutting of trees on non-forest lands is sanctioned in Article 63, subsection a). The foregoing, regarding the reference made in said article to the cutting of trees not included in Article 1. Thus, it has been expressed that for this reason, said cutting is unrelated to the objectives of the law set forth in Article 1, mentioned above. This interpretation must be rejected, first of all, since Article 1, as stated, is fundamental for the interpretation of the entire law as it mentions its objectives. But the fundamental reason is that the reference made in Article 3, subsection a) to Article 1 is not regarding the first paragraph of the same, which was transcribed in pertinent part above, but properly concerning paragraph 2) of the same article, which mentions, like Article 3, subsection a), the cutting of trees, stating: "By virtue of public interest and except as stipulated in Article 18 of this law, the cutting or use of forests in national parks, biological reserves, mangroves, protective zones, wildlife refuges, and forest reserves owned by the State is prohibited."

            Of relevance regarding the use of the concept of "forestal" as concerning forests, which was referenced earlier, is that in the Forestry Law, the only article that refers to the prohibition of cutting trees on private property that is not forests or plantations is 27. This provides: "The cutting of trees on lands of agricultural use (uso agropecuario) and without forest may only be carried out, having previously obtained authorization from the Regional Environmental Council or the respective municipality, and up to a maximum of five trees per hectare per year. For a cutting that exceeds twenty trees per property, the authorization of the State Forestry Administration will be required." This means that, according to an interpretation a contrario sensu, on lands without forest and that are not of agricultural use (uso agropecuario), there is no prohibition in the law for the cutting of trees. An attempt was made to correct this through the regulatory route. Thus, the Regulation to the Forestry Law (Reglamento a la Ley Forestal), published in the Gazette of January 23, 1997, defines what is understood by lands of agricultural use without forest (terrenos de uso agropecuario sin bosque), indicating that these are "those private properties with the presence of trees not established under an agroforestry system (sistema agroforestal) or properties that have areas with forest cover (cobertura boscosa) smaller than two hectares, or those trees located in urban areas" (Article 2). However, the non-application to this specific case of the Regulation regarding said definition is clear. This is, first of all, because the act being judged was committed at the beginning of November 1995, and it turns out that even the Regulation was published on January 23, 1997, so that if one were to apply it, one would be facing a prohibited case of retroactive application. To the foregoing is added that the Regulation, by defining what is understood by "lands of agricultural use (terrenos de uso agropecuario)," goes too far, forgetting its merely executive character relative to the law, as it tries to place under the term "agropecuario" everything that is not forest, which does not agree with the meaning of the word "agropecuario" (meaning relating to agriculture and livestock), even reaching the absurdity of classifying "urban" as "agropecuario."

In any case, it is even debatable what sanction the violation of Article 27 of the Forestry Law carries, meaning regarding the felling of trees on lands of agricultural use (uso agropecuario), since the law establishes no sanction whatsoever and it is highly questionable whether, by virtue of this, it can be interpreted that in such a case, Article 61, subsection a) of the Forestry Law would be applicable, as it refers to the use of forest products. An interpretation in this sense would not actually be consistent with the principle of legality, since nowhere in the law is it indicated that forest products are also understood to mean tree products coming from land that is not forest, but rather from land of agricultural use (uso agropecuario). If one were to attempt an interpretation that included the cutting of trees on lands of agricultural use (uso agropecuario) within Article 61, subsection a) of the Forestry Law, one would have to start from the denomination of Title Three of the Forestry Law, that is, "Private Forest Property," within which Article 27 of the Forestry Law is located. But an interpretation that tried, by that route, to broaden the criminal classification (tipo penal) of Article 61, subsection a) of said law would not be consistent with the principle of legality, which requires clarity in the description of the prohibited conduct, clarity that would not exist with the indicated interpretation. Important is the requirement to try to interpret norms in accordance with the Political Constitution, as discussed in constitutional doctrine, which demands that it not be possible for extensive systematic interpretations of the respective criminal classification (tipo penal) to end up considering as typical conduct that does not appear clearly described within the criminal classification (tipo penal); indeed, "forestal" is one concept and "agropecuario" is another totally different one, and an interpretation stating that what is agropecuario is forestal is not clear.

            In any case, in the specific case, one could not even speak of the existence of a cutting of a tree on "lands of agricultural use (terrenos de uso agropecuario)," since the cutting of the two trees occurred on land for construction (see folio 35, front, lines 27-29).

Despite being repetitive, it must be emphasized that if it were held that the cutting of trees provided for in Article 27 of the Forestry Law finds its sanction in Article 63, subsection a) of the Forestry Law, the extension of the term agropecuario provided for in the Regulation to the Forestry Law, besides contradicting the executive character of the regulation with respect to the law, would violate the very principle of legality (Article 39 of the Political Constitution). This principle requires that the fact situation classified as criminal be foreseen in an ordinary law, and this cannot be done in a mere regulation, all of which finds its basis in the doctrine of the Enlightenment that gave rise to the so-called division of powers (Article 9 of the Political Constitution). By way of exception, the Constitutional Chamber has admitted the constitutionality of blank criminal laws, that is, laws that, regarding the specification of one of the elements of the criminal classification (tipo delictivo), refer to a norm of lower rank. Importantly, in this regard, the Constitutional Chamber has stated that "it is possible to complete a criminal norm by means of a regulation, provided that in doing so the Executive Branch remains within its own proper sphere of competence and that the referring law establishes with sufficient clarity the presuppositions of punishability, as well as the class and extent of the penalty..." (Constitutional Chamber, vote 1876-90). However, it is clear that with the definition of "lands of agricultural use without forest (terrenos de uso agropecuario sin bosque)," the Regulation to the Forestry Law would extend the scope of the typical conduct provided for in the Forestry Law and with it, the competence of the Executive Branch. The same can be said of any attempt to use the word "tree" as a synonym for "forestal," as the Regulation to the Forestry Law apparently intends by using the term "forest tree (árbol forestal)" (Article 2). Besides the interpretation a contrario sensu of Article 27 of the Forestry Law made before, the interpretation of Article 63, subsection a) in relation to Article 56 of the Forestry Law has great relevance in this matter. The first of these articles criminalizes the violation of the mentioned Article 56. This article, for its part, indicates that "Wood in logs, squared, or sawn coming from forest or plantation may not be mobilized if the respective documentation is not available." Of importance is that, as the jurisprudence of the Superior Court of Criminal Cassation has already stated, only the unauthorized transport of wood "coming from forest or plantation" is sanctioned, but not the transport of wood coming from lands that are not forest or plantation, which is a relevant argument to consider that Article 61, subsection a) only sanctions the use (and within this, the cutting) of trees coming from forests or plantations. Note that the legislator tried to extend the "grip" of Criminal Law to various conducts that form part of what we could call the "cycle of deforestation," paraphrasing the terminology that has been used with respect to other types of crimes, so that the aim is not only to sanction conducts related to the unauthorized cutting of trees on forest lands, but also the unauthorized transport of wood from trees on said land. For this reason, there would be no reason to sanction transport only when the wood comes from forests or plantations, but regarding the cutting of trees, to sanction cutting carried out even on lands that do not meet those characteristics.

It should be noted that there is great concern in Costa Rica for the protection of the environment, and within this, of forests. Even in the Political Constitution, in accordance with the reform produced by Law 7412 of June 3, 1994, it was provided that

"Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are legitimately entitled to denounce acts that infringe upon this right and to claim reparation for the damage caused.

The State shall guarantee, defend, and preserve this right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions" (Article 50, paragraphs 2) and 3)). The protection of the environment, including through the criminal route, is one of the trends within Comparative Law. However, this should not lead to an "inflation" of criminal conduct that goes against the principle of Criminal Law as "ultima ratio" and that of "harmfulness (lesividad)." It is true that for the repression of deforestation crimes, it is easier to sanction any tree cutting, whether on forest lands or not. However, this would lead to an excessive extension of Criminal Law, as has occurred in Costa Rican practice, in which, as stated, simple tree cutting, even on urban lands, has come to be sanctioned. Ultimately, reasons of mere convenience in the repression of certain crimes should not lead to extending the repression to cases other than those related to the protected legal interest (Environment: protection of forests).

Importantly, it is clear that the state must act to prevent deforestation, that is, the destruction of forests. But their destruction, if one resorts to criminal incrimination, can be sought to be prevented through sanctions in the case of tree felling in said forests, and not through the sanction of felling trees that are not part of forests. For all these reasons, it cannot be maintained that this judgment implies the non-protection of forests against deforestation, but rather it is consistent with the need to protect forests, bringing that protection to the right measure, so that with the argument of protecting forests, the cutting of trees in "non-forests" is not criminally sanctioned. All of this is a consequence not only of the principle of legality, mentioned above, but also of the very principle of harmfulness (lesividad). For all the foregoing, this being a specific case of atypical conduct, the correct action is to declare the appeal on the merits admissible and to acquit the accused of the crime of violation of the forestry law that he has been charged with" (In a similar sense, votes 845-F-97 of 10:00 a.m. on October 17, 1997, and vote 2001-929 of 9:45 a.m. on November 16, two thousand one). From the jurisprudence invoked, it is extracted that the felling and use of trees on private lands is protected as a crime, provided it is carried out in a forest, with the dimensions already cited, which does not occur in this case. Indeed, although the judgment does not explicitly state it, from the evidence cited in the ruling, it can be inferred that the land where the use occurred is a farm of seven hundred and five thousand three hundred and ninety-two meters dedicated to livestock and with a dwelling house (see certification on folio 72). This being the case, the appeal on the merits is declared admissible. The accused [Name10] is acquitted of the crime of violation of the forestry law that he had been charged with. As it is unnecessary, any ruling on the appeal for cassation on procedural grounds (recurso de casación por la forma) is omitted.

 

THEREFORE

            The appeal on the merits is declared admissible. The accused [Name10] is acquitted of the crime of violation of the forestry law that he had been charged with. As it is unnecessary, any ruling on the appeal for cassation on procedural grounds (recurso de casación por la forma) is omitted. LET IT BE NOTIFIED.

           

 

 

[Name2]

 

 

 

 

[Name11]             [Name3] 

JUDGES OF CRIMINAL CASSATION

SAN JOSE

E:  01-200175-278-PE-5,  C:  [Name1]. Dig./ [Name12]

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