Res. 00217-2004 Tribunal Agrario — Failure to Prove Decennial Possession in Golfo Dulce Forest Reserve Bars TitlingFalta de posesión decenal en Reserva Forestal Golfo Dulce impide titulación

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00217 - 2004

Fecha de la Resolución: 22 de Abril del 2004 a las 11:30

Expediente: 00-001460-0419-AG

Redactado por: Damaris María Vargas Vásquez

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Sentencia con nota separada

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Texto de la resolución

VOTO N° 217-F-04

TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE. Goicoechea, a las once horas treinta minutos del veintidós de abril del dos mil cuatro.-

Información Posesoria planteada por [Nombre1]  , mayor,  casado una vez, agricultor, vecino de Atenas, cédula número CED1 -   -    , tramitada en el Juzgado Agrario de la Zona Sur. En el proceso se tuvo como parte al Estado y al Instituto de Desarrollo Agrario, el primero de ellos representado por el Licenciado Mauricio Castro Lizano, mayor, casado, vecino de Heredia, cédula número CED2 -     -  , en la condición de Procurador Adjunto, y el Ingeniero José Joaquín Acuña Mesén, mayor, casado una vez, ingeniero agronómo, vecino de Goicoechea, cédula número CED3 -   -    , en el carácter de Presidente Ejecutivo de la Institución, respectivamente. Actúa como apoderado especial judicial del titulante el licenciado Ricardo Otárola Otárola, mayor, casado, abogado, vecino de Ciudad Neily, cédula número CED4 -     -    .-

RESULTANDO

            1. -Con base en los hechos expuestos y disposiciones legales citadas, el promovente plantea diligencias de información posesoria, cuya cuantía se fijó en la suma de cinco millones quinientos mil colones; para que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad: El inmueble que se describe así: “Terreno de pastos, con  una casa de habitación y nueve hectáreas de montaña, situado en Chacuaco, [Dirección1]  ,    , Provincia de Puntarenas; con los siguientes colindantes Norte, [Nombre2]  ; Sur, [Nombre3]  ; Oeste, [Nombre4]   y Oeste, [Dirección2]  con un frente a ella de seiscientos cincuenta y seis metros, sesenta y siete centímetros. Tiene plano catastrado número bajo el número P - quinientos noventa y cinco mil seiscientos noventa y uno - noventa y nueve, (folio 6 a 8).-

            2. - La Procuraduría General de la República  y el Instituto de Desarrollo Agrario, se apersonaron al proceso en los términos que corren de folio 38 a 39, 45 a 47, 61 a 64 y 58, respectivamente, oponiéndose al mismo el estado.-  

            3.- La jueza licenciada Marisel Zamora Arias, en sentencia de las quince horas quince minutos del treinta y uno de julio de dos mil tres, resolvió: “ Se rechazan las presentes diligencias de información posesoria promovidas por [Nombre1]  ”, (folio 79).-

            4.- El licenciado Ricardo Otárola, en su condición de apoderado especial judicial del titulante, interpone recurso de apelación para ante este Tribunal, contra la sentencia de las quince horas quince minutos del treinta y uno de julio de dos mil tres, (folio 80 a 82).-º

            5.- Se han observado las prescripciones legales en la substanciación del proceso. No se notan defectos u omisiones que se hubieren cometido.-  

            Redacta la jueza Vargas Vásquez; y,

CONSIDERANDO

I.- Se rechaza la prueba testimonial ofrecida por el representante del titulante para mejor resolver con base en lo dispuesto por los artículos 52 de la Ley de Jurisdicción Agraria y 575 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente. Lo anterior, debido a que ese tipo de prueba ya fue evacuada en el proceso, básicamente los tres testigos que exige el artículo 6 de la Ley de Informaciones Posesorias, en la oportunidad correspondiente, momento en el cual debió el titulante ocuparse de la demostración de su posesión en términos reales, no sujeto a la eventual aplicación de normativa general o especial.-

II.- Se comparten los hechos tenidos por probados en la sentencia recurrida, primero y cuarto, al estar acordes a las probanzas evacuadas en el proceso; no así los demás al carecer de relevancia para el dictado de esta resolución y el quinto por incluir información que es parte de los resultandos del fallo. De tal naturaleza en esta instancia se incluye:  7.) En el Plano Catastrado P-595691-99, fechado 15 de noviembre de 1999 e inscrito a nombre del titulante, se consignó que el inmueble está en un 20% aproximadamente dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce. (Folio 1).-

III.- Se prohijan los hechos tenidos por indemostrados en la resolución impugnada al no existir prueba que les de fundamento.-

IV.- El representante del titulante, Licenciado Ricardo Otárola Otárola, en memorial presentado a estrados el 14 de agosto del 2003, interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada a las 15:15 horas del 31 de julio del citado año, en la que se rechazó el trámite de Información Posesoria. Expone los siguientes agravios: La juzgadora en el fallo indicó, no se probó que el inmueble que le compró [Nombre5]   en el año 1975 sea el mismo que se pretende inscribir; sin embargo, considera no es lógico ante esa duda y existiendo en el expediente una declaración jurada del titulante en sentido contrario a lo expuesto rechazara la gestión, cuando lo correcto era que preguntara a los testigos los datos que necesitaba. Así mismo agrega, la discrepancia que pueda existir entre el documento de adquisición y la descripción actual del terreno, responde a una situación normal, pues cuando se compra una propiedad sin escritura ni plano, lo describen "a ojo" y luego, cuando hacen los documento formales, concretamente el plano es cuando realmente se determina la medida y otros aspectos. Aparte de eso, dice hay algunos datos que con el paso del tiempo van cambiando, como son los colindantes y a veces la medida ya que en ocasiones se venden lotes y se reduce la cabida, como sucedió en este caso.  En ese mismo considerando, según señala, se hecha de menos la prueba de la posesión decenal antes de la vigencia del Decreto que creó la Reserva Forestal Golfo Dulce. Al respecto indica, no se hizo prueba en ese sentido porque cuando se inició el trámite en el 2000 no se sabía había un porcentaje de la finca, el 20%, dentro de dicha Reserva, siendo hasta el 16 de julio del 2002, según se puede constatar en documento de folio 50, con la certificación del MINAE, que se determina esa situación. Para ese momento ya la prueba testimonial había sido recabada, de manera tal que éstos se ofrecieron únicamente para que hicieran referencia a la posesión decenal común y no a diez años antes de la vigencia del Decreto. Por ese motivo, dice de inmediato ofreció otros tres testigos para mejor resolver, pero no se evacuó. Alega en este proceso se ha hecho una gran inversión de tiempo y dinero por parte del titulante y los representantes estatales, para tener que volver a presentar la Información Posesoria ante esa situación, por lo que considera lo más prudente sería admitir dicha prueba en el carácter dicho en esta instancia.-

V.- En el proceso se pretende inscribir un inmueble ubicado en Chocuaco de Sierpe de Osa, [Dirección3]     de la provincia de Puntarenas, con una medida de 29 hectáreas 550,40 metros cuadrados, según el Plano N° P-595691-99, fechado 15 de noviembre de 1999, inscrito a nombre del titulante. En dicho plano se consignó, el inmueble se localiza aproximadamente en un 20% dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, creada mediante Decreto Ejecutivo N° DE 10142-P del 27 de junio de 1979, de manera tal que no se ajusta a la realidad lo alegado por el recurrente en el sentido de que se enteró de esa situación hasta que presentó a estrados la certificación emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía el 16 de julio del 2002, presentada a estrados el día 26 de ese mismo mes y año, fecha para la cual dice ya se había evacuado la prueba testimonial. Aunado a lo anterior, aún en caso de que el titulante se percatara de la afectación parcial del inmueble hasta la fecha de emisión de dicha certificación, sea después de la recepción de la prueba citada, no comparte el Tribunal ese sea un motivo por el cual deba admitirse en el proceso nueva prueba testimonial, debido a que la Ley de Informaciones Posesorias exige expresamente el ofrecimiento de tres testigos para la demostración de la posesión, cuyas declaraciones deben versar sobre la realidad posesoria sin limitarse a hacer alusión al período de años que el titulante considere sea necesario para lograr la aprobación de la titulación. Así mismo, en cuanto a tal requerimiento, establecido en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesoria, sea la demostración de la posesión diez años antes de la vigencia del Decreto que creó tal Reserva Forestal, indicó el titulante en el escrito inicial se encuentra en posesión de tal bien desde el 7 de marzo de 1975, fecha en que adquirió la propiedad mediante compra que hiciera a [Nombre5]  . Para demostrar lo anterior, aportó como prueba un documento donde consta la escritura pública mediante la cual se protocolizó la venta que le hiciera el señor [Nombre5]  el siete de mayo de 1975, en la cual se consignó el traspaso lo era sobre una finca con una medida aproximada de 85 hectáreas ubicada en Los Chiqueros de Osa de Puntarenas, lindante al norte con [Nombre6] , al sur con [Nombre7] , al este con [Nombre8]  y [Nombre9] , y al oeste con [Nombre6]   e [Nombre10] . Tales características no coinciden con las descritas por el promovente en el escrito inicial ni con lo indicado en el plano catastrado, pues este último cita una medida de casi 30 hectáreas, sea mucho menos de la mitad de la finca que se traspasó en ese documento, sin que haya acreditado el titulante se haya producido alguna segregación del inmueble tal que el resto o finca madre se haya reducido a 29 hectáreas 550,40 metros cuadrados. Aunado a lo anterior, en el plano se citan colindantes que difícilmente podrían cambiar con el tiempo, a saber, la calle pública que se cita en el plano, la cual abarca casi toda la colindante este del inmueble, ni la quebrada mencionada en toda la colindancia oeste, de manera tal que no es válido el argumento del recurrente en el sentido de que los colindantes pueden variar con el tiempo, lo cual es válido únicamente con ocasión de los dueños de las fincas lindantes, no del río o caminos. En relación con la prueba testimonial, se recibió la declaración de [Nombre2]   , [Nombre4]   y [Nombre3]  , quienes dijeron conocer la propiedad desde el año 1982, los dos primeros y 1975 el tercero sin especificar fecha, respectivamente, de manera tal que ninguno de ellos podría indicar quien ejerció la posesión desde que el bien fue incluido dentro de la Reserva Forestal en referencia, por lo que no sería relevante dicha prueba para tener por demostrado el requisito de la posesión que exige el artículo 7 citado. El resto de la documental tampoco logra acreditar esa situación. Finalmente, el último alegato del recurrente según el cual la denegatoria de esta información posesoria por la falta de demostración de la posesión lo único que ocasionaría serían atrasos procesales y costos económicos mayores para él y los representantes de las instituciones estatales a las que se les dio participación, tampoco es válido. Lo anterior debido a que, por el simple hecho de evitar un trámite posterior no es posible alterar el procedimiento establecido por ley y menos aún, eximir del cumplimiento de requisitos legales esenciales, tales como la demostración de la posesión.-

VI.- Por lo expuesto, en lo apelado deberá confirmarse la resolución impugnada.-

POR TANTO

Se rechaza la prueba ofrecida por el titulante para mejor resolver. En lo apelado, se confirma la sentencia.-

 

 

 

 

 

 

 

DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ

 

 

 

 

ANTONIO DARCIA CARRANZA          ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA

NOTA DE LA JUEZA [Nombre11]

El Dominio Público -para el caso que nos interesa- es el conjunto de bienes propiedad pública del Estado, lato sensu, afectados al uso público directo o indirecto, de los habitantes, y sometido a un régimen especial de derecho público y, por tanto, exorbitante del derecho privado. El dominio público se encuentra conformado por cuatro elementos: subjetivo, objetivo, normativo y teleológico. El elemento subjetivo se refiere al titular del derecho -El Estado-; el elemento objetivo se refiere o se constituye por el bien o los bienes sobre los cuales recae el dominio público -para este caso el inmueble objeto de litigio- ; el elemento normativo determina cuando un bien reúne los requisitos señalados por ley para considerarlo deminial, es el conjunto de normas que lo rigen -elenco de normas que en adelante se dirán-; y el elemento teleológico que se refiere a la finalidad que se persigue al incluir determinado bien dentro del dominio público, qué finalidad pública es asignada al bien -en este caso la protección de los recursos naturales-.  Los bienes de dominio público están sometidos a un régimen jurídico especial, se encuentran sujetos a un poder de policía, y se caracterizan esencialmente por su inalienabilidad e imprescriptibilidad. Por su naturaleza están dirigidos a satisfacer necesidades públicas, este hecho impide que sobre ellos exista tenencia o posesión por parte de particulares o personas privadas, están fuera del comercio del derecho privado. Nuestra Constitución Política en su artículo 121 inciso 14) hace referencia a la Demanialidad indicando qué bienes son susceptibles de ese régimen de propiedad pública, incluso estableciéndose en ese artículo diferentes grados de afectación pública dándose un grado de publicatio intenso y absoluto hasta otros grados menos intenso y se armonizan los derechos de los administrados con las potestades de la Administración. Nuestro Código Civil vigente que data desde el mes de abril de mil ochocientos ochenta y seis, regula las bases más importantes en materia de bienes de dominio público, concretamente en sus artículos 261 al 263. El artículo 262 del citado Código Civil, hace referencia a dos características importantes de los bienes de dominio público: a- las cosas públicas están fuera del comercio, y b- se establece la desafectación al decir que esos bienes no pueden entrar en el comercio privado, mientras legalmente no se disponga así. Como puede observarse la afectación al régimen de dominio público no depende de la naturaleza del bien, sino de la voluntad del legislador. Mediante voto número 447-91 de las quince horas treinta minutos del 21 de febrero de 1991  la Sala Constitucional manifiesta que la declaración de dominio público del bien se establece por ley, esta declaración no constituye una limitación a la propiedad, de acuerdo con el artículo 45 de la Carta Magna, pues éste artículo se refiere a propiedad privada, y los bienes de dominio público no están sujetos a propiedad privada.  El Patrimonio Forestal del Estado, es un bien Demanial regulado en un amplio conjunto normativo en el que históricamente hasta la actualidad se prohibe a los particulares realizar cualquier tipo de labor dentro de los inmuebles con esa característica y como consecuencia negándoles el derecho de posesión, haciéndose una salvedad en una situación específica que más adelante se dirá. Se considera como Patrimonio Estatal, -en su condición de Demanio Público que implica los principios de imprescriptibilidad, inalienabilidad, e inembargabilidad-, los terrenos que constituyen Reservas Nacionales que tengan Bosques. Lo anterior encuentra su desarrollo normativo en las citas que a continuación se exponen: 1) El Código Fiscal de 1865 el cual contempla un capítulo referido a los bosques, el cual fue derogado por la Ley General de Terrenos Baldíos Número trece del 6 de enero de 1939 la cual incorporaba prácticamente las mismas disposiciones. Por ejemplo el artículo primero indicaba: "Que los terrenos comprendidos en los límites de la República, que no hayan sido adquiridos o inscritos en propiedad mediante título legítimo por particulares, se presumen baldíos y pertenecen al Estado."- Esta ley en general regula la prohibición para poseer e inscribir mediante el trámite de informaciones posesorias las Reservas Nacionales que sean Patrimonio Forestal, en otras palabras no son susceptibles de apropiación por parte de particulares.- La Ley de Tierras y Colonización Número 2825 del 14 de octubre de 1961 mantuvo la misma orientación y se encuentra vigente en la actualidad desde aquella fecha. Así el artículo 8 de esa Ley de Tierras y Colonización establece: "Exceptuado los casos previstos en esta ley es prohibido a los particulares encerrar con cercas, carriles, o cualquier otra forma los terrenos declarados Reservas Nacionales, derribar montes, establecer construcciones y cultivos o extraer de ellos leña, madera, bejuco, palma, y otros productos con fines de explotación. Todo acto de ese genero, si de previo no se han llenado los trámites legales y obtenido la autorización correspondiente será considerado, según el caso como usurpación de dominio público o merodeo, debiendo las autoridades ordenar la destrucción y remoción de las cercas e impedir el uso de esas tierras, sin lugar a indemnización ni a reclamos por el valor de las mejoras y sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran caber a quienes incurrieren en tales faltas".- Nótese que este artículo sanciona penalmente a aquel que se introdujere a una reserva Nacional para realizar cualquier actividad en esas tierras, por lo que no se le pueda considerar a ésta acto de posesión pues su actividad sería ilegítima.-  El artículo 11 de esa misma Ley, establece que pertenecen al Estado en carácter de Reservas Nacionales: "a) Todos los terrenos comprendidos entre los límites de la República que no esten inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autonómas. b-) Los que no esten amparados por la posesión decenal.- c-) Los que por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas.- d-) En general todo los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos."- Por su parte el artículo 19 de la Ley Forestal derogada número 4465 del veintitrés de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve dispuso: "Quedan afectados a los fines de la presente ley todos los bosques y terrenos forestales ubicados en: "a-) Las tierras consideradas Reservas Nacionales..." Y el artículo 25 de esta misma ley señalaba: "La posesión de los terrenos situados en las Reservas Nacionales y fincas del Estado a que se refiere el artículo 19 de esta Ley, no causará derechos de ninguna especie y la acción reinvidicatoria del Estado, por los mismos, es imprescriptible, y la Dirección General Forestal con los medios legales a su disposición, procederá a desalojar de tales terrenos a las personas que los ocupan total o parcialmente, en el caso de que se trate de zonas protectoras, Parques Nacionales, Reservas Forestales, y Reservas Biologícas".- Con estas normas se otorga a los bosques allí mencionados una doble tutela: Primero por su condición de Reserva Nacional, en las que es prohibido realizar cualquier acto posesorio y segundo por constituir Patrimonio Forestal del Estado en el que ningún acto de posesión causará derecho de ninguna especie. Este aspecto se ve confirmado con el artículo 8 del reglamento a esa ley que dice: "Los terrenos Nacionales comprendidos dentro de las áreas declaradas Reservas Forestales son inalineables, es decir no podrán salir del dominio del Estado, y su posesión no causará derecho de ninguna especie de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25, 49 y 57 de la Ley Forestal".- El artículo 80 de la citada Ley Forestal derogada indicaba: "Queda prohibido la invasión y ocupación de terrenos en los Parques Nacionales, Reservas Forestales y Zonas Protectoras. Esta prohibición se extiende hasta las Reservas Nacionales, hasta tanto no se haya determinado su clasificación y transferencia..." El artículo 6 de esta misma ley disponía: " Será sancionado con prisión de seis meses a dos años o con multa de quince a cien días, la persona que: a-) Explote un bosque de patrimonio forestal sin autorización legal correspondiente... b-) Invada un Parque Nacional, Reserva Biológica, Zona Protectora o Reserva Forestal...Si la invasión es en Reservas Nacionales, estará sujeta a lo estipulado en el artículo 227 del Código Penal.-" Como puede observarse los actos posesorios realizados en un bosque patrimonio Estatal resultan ser ilegítimos por lo que no pueden conferir ningún derecho de posesión.- Con la entrada en vigencia de la Ley Forestal Número 7174 del 28 de junio de 1990, se continúa con esta misma filosofía. En el artículo 32 de la citada ley establece: "El patrimonio forestal del Estado esta constituído por todos los bosques y terrenos forestales de las Reservas Nacionales...". El artículo 33 de esa misma ley dispone: "Los terrenos forestales y bosques que constituyen el Patrimonio Forestal del Estado detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalineables, su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reinvidicatoria del Estado por esos terrenos es imprescriptible.- En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante Información Posesoria, su invasión y ocupación será sancionados conforme lo dispuesto en esta Ley".- Con la actual Ley Forestal vigente número 7575 del 5 de febrero de 1996, en su título II regula un capítulo único referido exclusivamente al Patrimonio Natural del Estado, siendo la misma filosofía que se había iniciado desde 1865 con el Código Fiscal, por lo que se reitera en esta nueva normativa que el Patrimonio Natural del Estado estará constituído por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, y las fincas inscritas a nombre de la Administración Pública. El artículo 14 de la misma ley forestal vigente es enfática en indicar que los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado son imprescriptibles, inembargables e inalienables y su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor. La Ley de Conservación de la Vida Silvestre Número 7317 del 21 de octubre de 1972, en sus artículos 3 y 4, además de la declaratoria como de dominio público e interés público, a la fauna y flora silvestre respectivamente, se indica que la flora y fauna silvestre es parte del Patrimonio Nacional. En este mismo sentido la Ley de Biodiversidad número 7788 del 30 de abril de 1998 en su artículo 6 declara los elementos de la biodiversidad como de dominio público, así como la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 46 que establece la soberanía del Estado sobre la diversidad biológica. Por lo expuesto resulta un imperativo legal negar el derecho de posesión a aquellas personas que realizaran cualquier actividad en terrenos no sometidos a propiedad privada y que estén constituídos por bosques en reservas Nacionales.- A esa prohibición imperativa mediante la Ley Forestal Número 7575 del año 1996, que reforma el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, posibilita la titulación de bosques cuando dentro de los mismos se haya desarrollado lo que se entiende como posesión ecológica. El terreno objeto de esta información posesoria, es Patrimonio Natural del Estado, pues está compuesto en parte por bosque primario  siendo un veinte por ciento de su ubicación parte de la Reserva Forestal Golfo Dulce, lo que es claro dicho territorio es Patrimonio Natural del Estado, desde antes de que se crearan esos Decretos como ya se expuso en el historial normativo supra. Cuando se discute la posesión sobre un bien demanial, sólo cabrá esa discusión cuando se haya adquirido el derecho antes de que se haya declarado el bien como de dominio público. Así mismo, el derecho de propiedad en tales casos sólo podrá obtenerse cuando el titular haya demostrado una posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley que declara el  objeto como Patrimonio Natural del Estado. Como ya se ha expuesto la cronología legal que tutela el Patrimonio Natural del Estado, la ley que debe tomarse en consideración para realizar el cómputo de la posesión decenal de los particulares, es la Ley de Tierras y Colonización número 2825 del 14 de octubre de 1961, normativa actualmente vigente. No debe considerarse el Código Fiscal de 1865 y la Ley de Terrenos Baldíos de 1939, pues fueron normas que hacían referencia al tópico en forma genérica, además que no son disposiciones vigentes en la actualidad, no es sino hasta con la actual Ley de Tierras y Colonización que se viene a definir y regular en forma clara la Propiedad o Patrimonio Natural del Estado. Las leyes posteriores como Ley Forestal y otras que se han citado en este considerando, son complementarias a la referida Ley de Tierras y Colonización. Para el caso concreto, de la prueba testimonial recabada no se demuestra esa posesión decenal en los términos de la normativa aquí expuesta, pues en este sentido es que se consigna esta nota, para indicar el promovente debió demostrar diez años de posesión antes de la Ley de Tierras y Colonización, y no del Decreto que creó la Reserva Forestal según se explicó. El voto de mayoría considera normativa posterior considerada para levantar la prohibición de titular patrimonio natural del Estado, ello no es compartido, pues tal limitación existe desde normas anteriores.

 

 

 

 

 

[Nombre11] 

 

 

 

C.B.M

INFORMACION POSESORIA

EXP. Nº EXPN1

TIT:[Nombre1]//  

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:08:36.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

VOTE No. 217-F-04

AGRARIAN TRIBUNAL OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSE. Goicoechea, at eleven hours thirty minutes on the twenty-second of April of two thousand four.-

Possessory Information (Información Posesoria) filed by [Name1], of legal age, married once, farmer, resident of Atenas, identity card number CED1 - - , processed in the Agrarian Court of the Southern Zone. The State and the Instituto de Desarrollo Agrario were joined as parties in the proceeding, the former represented by Licenciado Mauricio Castro Lizano, of legal age, married, resident of Heredia, identity card number CED2 - - , in the capacity of Deputy Procurator, and Engineer José Joaquín Acuña Mesén, of legal age, married once, agronomist, resident of Goicoechea, identity card number CED3 - - , in the character of Executive President of the Institution, respectively. Licenciado Ricardo Otárola Otárola, of legal age, married, attorney, resident of Ciudad Neily, identity card number CED4 - - , acts as special judicial representative of the applicant.-

WHEREAS (RESULTANDO)

1. -Based on the facts set forth and legal provisions cited, the petitioner files possessory information (información posesoria) proceedings, the amount of which was set at the sum of five million five hundred thousand colones; so that the following real property be registered in the Public Property Registry: Land for pasture, with a dwelling house and nine hectares of mountain, located in Chacuaco, [Address1] , , Province of Puntarenas; with the following adjoining properties: North, [Name2]; South, [Name3]; East, [Name4] and West, [Address2] with a frontage thereon of six hundred fifty-six meters, sixty-seven centimeters. It has cadastral map number P - five hundred ninety-five thousand six hundred ninety-one - ninety-nine, (folio 6 to 8).-

2. - The Procuraduría General de la República and the Instituto de Desarrollo Agrario appeared in the proceeding in the terms appearing on folios 38 to 39, 45 to 47, 61 to 64 and 58, respectively, the State opposing the same.-

3.- Judge Licenciada Marisel Zamora Arias, in a judgment rendered at fifteen hours fifteen minutes on the thirty-first of July of two thousand three, resolved: "The present possessory information (informaciones posesorias) proceedings promoted by [Name1] are rejected", (folio 79).-

4.- Licenciado Ricardo Otárola, in his capacity as special judicial representative of the applicant, files an appeal (recurso de apelación) before this Tribunal against the judgment rendered at fifteen hours fifteen minutes on the thirty-first of July of two thousand three, (folio 80 to 82).-

5.- The legal prescriptions in the substantiation of the proceeding have been observed. No defects or omissions that may have been committed are noted.-

Judge Vargas Vásquez writes; and,

WHEREAS (CONSIDERANDO)

I.- The testimonial evidence offered by the applicant’s representative for better resolution (para mejor resolver) is rejected based on the provisions of articles 52 of the Ley de Jurisdicción Agraria and 575 of the Código Procesal Civil applied supplementarily. The foregoing, because that type of evidence was already taken in the proceeding, basically the three witnesses required by article 6 of the Ley de Informaciones Posesorias, at the corresponding opportunity, a moment at which the applicant should have attended to the demonstration of his possession in real terms, not subject to the eventual application of general or special regulations.-

II.- The facts held as proven in the appealed judgment, first and fourth, are shared, as they are consistent with the evidence taken in the proceeding; not so the others as they lack relevance for the issuance of this resolution, and the fifth because it includes information that is part of the recitals (resultandos) of the ruling. Of such nature, the following is included at this instance: 7.) In Cadastral Map P-595691-99, dated November 15, 1999, and registered in the name of the applicant, it was recorded that the real property is approximately 20% within the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce). (Folio 1).-

III.- The facts held as unproven in the challenged resolution are adopted, as there is no evidence to support them.-

IV.- The applicant’s representative, Licenciado Ricardo Otárola Otárola, in a brief filed before the court on August 14, 2003, filed an appeal (recurso de apelación) against the judgment rendered at 15:15 hours on July 31 of the cited year, in which the Possessory Information (Información Posesoria) proceeding was rejected. He sets forth the following grievances: The lower court judge indicated in the ruling that it was not proven that the real property he bought from [Name5] in 1975 is the same one sought to be registered; however, he considers it illogical that, faced with that doubt and with the existence in the file of a sworn statement from the applicant contrary to what was stated, she would reject the action, when the correct course would have been to ask the witnesses for the data she needed. Likewise, he adds that any discrepancy between the acquisition document and the current description of the land corresponds to a normal situation, since when a property is purchased without a deed or map, they describe it "by eye" and later, when they prepare the formal documents, specifically the map, that is when the measurement and other aspects are really determined. Apart from that, he says there are some data that change over time, such as the adjoining property owners and sometimes the measurement, since occasionally lots are sold and the area is reduced, as happened in this case. In that same recital (considerando), according to what he points out, proof of the ten-year possession prior to the effective date of the Decree that created the Golfo Dulce Forest Reserve is found lacking. In that regard, he indicates that no evidence in that sense was produced because when the proceeding began in 2000, it was not known that a percentage of the farm, 20%, was within said Reserve; it was not until July 16, 2002, as can be verified in the document on folio 50, with the certification from MINAE, that this situation was determined. By that time, the testimonial evidence had already been gathered, such that these witnesses were offered only to refer to the common ten-year possession and not to ten years before the Decree’s effective date. For that reason, he says he immediately offered three other witnesses for better resolution (para mejor resolver), but this was not carried out. He alleges that in this proceeding, a great investment of time and money has been made by the applicant and the state representatives, only to have to file the Possessory Information again given this situation, for which reason he considers the most prudent course would be to admit said evidence in the character stated at this instance.-

V.- The proceeding seeks to register a real property located in Chocuaco of Sierpe de Osa, [Address3] of the province of Puntarenas, with a measurement of 29 hectares 550.40 square meters, according to Map No. P-595691-99, dated November 15, 1999, registered in the name of the applicant. In said map, it was recorded that the real property is located approximately 20% within the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce), created by Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. DE 10142-P of June 27, 1979, such that what is alleged by the appellant—that he learned of this situation only when he filed the certification issued by the Ministerio de Ambiente y Energía on July 16, 2002, presented before the court on the 26th of that same month and year—does not conform to reality. In addition to the foregoing, even in the event that the applicant became aware of the partial affectation of the real property only on the date of issuance of said certification, that is, after the reception of the cited evidence, the Tribunal does not agree that this is a reason why new testimonial evidence should be admitted in the proceeding, because the Ley de Informaciones Posesorias expressly requires the offering of three witnesses for the demonstration of possession, whose statements must deal with the possessory reality without limiting themselves to alluding to the period of years that the applicant considers necessary to achieve the approval of the titling. Likewise, regarding such a requirement, established in article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, that is, the demonstration of possession ten years before the effective date of the Decree that created said Forest Reserve, the applicant indicated in the initial brief that he has been in possession of said property since March 7, 1975, the date on which he acquired the property by purchase from [Name5]. To demonstrate the foregoing, he provided as evidence a document containing the public deed by which the sale made to him by Mr. [Name5] on May 7, 1975, was protocolized, in which it was recorded that the transfer was of a farm with an approximate measurement of 85 hectares located in Los Chiqueros of Osa of Puntarenas, bordering on the north with [Name6], on the south with [Name7], on the east with [Name8] and [Name9], and on the west with [Name6] and [Name10]. Such characteristics do not coincide with those described by the petitioner in the initial brief or with what is indicated in the cadastral map, since the latter cites a measurement of almost 30 hectares, that is, much less than half of the farm that was transferred in that document, without the applicant having proven that any segregation of the real property occurred such that the remainder or parent farm was reduced to 29 hectares 550.40 square meters. Added to the foregoing, the map cites adjoining properties that could hardly change over time, namely, the public road cited in the map, which covers almost the entire eastern boundary of the real property, and the stream mentioned along the entire western boundary, such that the appellant’s argument that adjoining properties can vary over time is not valid, which is valid only regarding the owners of the adjoining farms, not the river or roads. Regarding the testimonial evidence, the statements of [Name2], [Name4], and [Name3] were received, who said they knew the property since 1982, the first two, and 1975 without specifying a date, the third, respectively, such that none of them could indicate who exercised possession since the property was included within the Forest Reserve in reference; therefore, said evidence would not be relevant to consider the requirement of possession demanded by the cited article 7 as proven. The rest of the documentary evidence also fails to accredit that situation. Finally, the appellant’s last argument, according to which the denial of this possessory information (información posesoria) due to the lack of demonstration of possession would only cause procedural delays and greater economic costs for him and the representatives of the state institutions granted participation, is also not valid. The foregoing is because, for the simple fact of avoiding a subsequent proceeding, it is not possible to alter the procedure established by law, and even less so, to exempt from the fulfillment of essential legal requirements, such as the demonstration of possession.-

VI.- For the reasons stated, in the appealed matter, the challenged resolution must be confirmed.-

THEREFORE (POR TANTO)

The evidence offered by the applicant for better resolution (para mejor resolver) is rejected. In the appealed matter, the judgment is confirmed.-

DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ

ANTONIO DARCIA CARRANZA ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA

SEPARATE NOTE OF JUDGE [Name11]

Public Domain (Dominio Público)—for the case that concerns us—is the set of assets publicly owned by the State, lato sensu, designated for direct or indirect public use by the inhabitants, and subject to a special public law regime and, therefore, outside the scope of private law. Public domain is constituted by four elements: subjective, objective, normative, and teleological. The subjective element refers to the titleholder of the right—the State—; the objective element refers to or is constituted by the asset or assets over which the public domain is exercised—for this case, the real property subject to litigation—; the normative element determines when an asset meets the requirements established by law to be considered public domain (deminial), it is the set of norms that govern it—a list of norms that will be stated hereinafter—; and the teleological element refers to the purpose pursued by including a particular asset within public domain, what public purpose is assigned to the asset—in this case, the protection of natural resources—. Public domain assets are subject to a special legal regime, they are subject to police power, and are characterized essentially by their inalienability (inalienabilidad) and imprescriptibility (imprescriptibilidad). By their nature, they are intended to satisfy public needs; this fact prevents tenure (tenencia) or possession (posesión) of them by private individuals or persons, as they are outside private law commerce. Our Political Constitution (Constitución Política), in its article 121 subsection 14), refers to Public Domain Status (Demanialidad), indicating which assets are susceptible to that public property regime, even establishing in that article different degrees of public affectation, ranging from an intense and absolute degree of publicness (publicatio) to other less intense degrees, and harmonizing the rights of the administered with the powers of the Administration. Our current Civil Code (Código Civil), dating from the month of April of eighteen hundred eighty-six, regulates the most important bases regarding public domain assets, specifically in its articles 261 to 263. Article 262 of the cited Civil Code refers to two important characteristics of public domain assets: a- public things are outside commerce, and b- the removal of public domain status (desafectación) is established by stating that those assets cannot enter private commerce, while legally not disposed otherwise. As can be observed, affectation to the public domain regime does not depend on the nature of the asset, but on the will of the legislator. Through Vote number 447-91 of fifteen hours thirty minutes on February 21, 1991, the Sala Constitucional states that the declaration of public domain of the asset is established by law; this declaration does not constitute a limitation on property, in accordance with article 45 of the Magna Carta (Carta Magna), as this article refers to private property, and public domain assets are not subject to private property. The State Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado) is a Public Domain (Demanial) asset regulated in a broad set of norms in which, historically up to the present, private individuals are prohibited from carrying out any type of work within real properties with that characteristic and, as a consequence, are denied the right of possession, with an exception being made in a specific situation that will be stated later. Considered as State Heritage—in its condition of Public Domain (Demanio Público), which implies the principles of imprescriptibility (imprescriptibilidad), inalienability (inalienabilidad), and non-seizability (inembargabilidad)—are the lands that constitute National Reserves that have Forests. The foregoing finds its normative development in the citations set forth below: 1) The Código Fiscal of 1865, which includes a chapter referring to forests, was repealed by the Ley General de Terrenos Baldíos Number thirteen of January 6, 1939, which incorporated practically the same provisions. For example, the first article indicated: "That the lands comprised within the limits of the Republic, which have not been acquired or registered in property through legitimate title by private individuals, are presumed to be public lands (baldíos) and belong to the State." This law generally regulates the prohibition to possess and register, through possessory information (informaciones posesorias) proceedings, the National Reserves that are Forest Heritage, in other words, they are not susceptible to appropriation by private individuals. The Ley de Tierras y Colonización Number 2825 of October 14, 1961, maintained the same orientation and has been in force from that date to the present. Thus, article 8 of that Ley de Tierras y Colonización establishes: "Except for the cases provided for in this law, private individuals are prohibited from enclosing with fences, lanes, or any other form, lands declared National Reserves, from felling forests, establishing buildings and crops, or extracting from them firewood, wood, vines, palms, and other products for exploitation purposes. Any act of that kind, if the legal procedures have not been previously completed and the corresponding authorization obtained, will be considered, according to the case, as usurpation of public domain or marauding (merodeo), the authorities being obliged to order the destruction and removal of the fences and prevent the use of those lands, without place for compensation or claims for the value of improvements and without prejudice to other liabilities that may fall upon those who incur such faults." Note that this article criminally sanctions anyone who enters a National Reserve to carry out any activity on those lands; therefore, this cannot be considered an act of possession since his activity would be illegitimate. Article 11 of that same Law establishes that the following belong to the State in character of National Reserves: "a) All lands comprised within the limits of the Republic that are not registered as private property, of the Municipalities, or of Autonomous Institutions. b) Those that are not protected by ten-year possession. c) Those that, by special laws, have not been destined for the formation of agricultural colonies. d) In general, all those that, not being private property, are not occupied in public services." For its part, article 19 of the repealed Forest Law (Ley Forestal) number 4465 of November 23, nineteen hundred sixty-nine provided: "All forests and forest lands located in: a) The lands considered National Reserves... are affected to the purposes of this law." And article 25 of this same law stated: "Possession of lands located in the National Reserves and State farms referred to in article 19 of this Law shall not create rights of any kind, and the State's action for recovery (acción reinvidicatoria) is imprescriptible, and the Dirección General Forestal, with the legal means at its disposal, shall proceed to evict from such lands persons who occupy them totally or partially, in the event that they are protection zones, National Parks, Forest Reserves, and Biological Reserves." With these norms, the forests mentioned therein are granted a dual protection: First, by their condition as National Reserve, in which it is prohibited to carry out any possessory act, and second, because they constitute State Forest Heritage, in which no act of possession shall create rights of any kind. This aspect is confirmed by article 8 of the regulation to that law which says: "National lands comprised within areas declared Forest Reserves are inalienable, that is, they shall not leave the domain of the State, and their possession shall not create rights of any kind in accordance with the provisions of articles 25, 49 and 57 of the Ley Forestal." Article 80 of the cited repealed Ley Forestal indicated: "The invasion and occupation of lands in National Parks, Forest Reserves and Protection Zones is prohibited. This prohibition extends to National Reserves, until their classification and transfer has been determined..." Article 6 of this same law provided: "A person who: a) Exploits a forest of forest heritage without the corresponding legal authorization... b) Invades a National Park, Biological Reserve, Protection Zone, or Forest Reserve... shall be sanctioned with imprisonment of six months to two years or with a fine of fifteen to one hundred days. If the invasion is in National Reserves, it shall be subject to the provisions of article 227 of the Código Penal." As can be observed, possessory acts carried out in a State Heritage forest turn out to be illegitimate and therefore cannot confer any right of possession. With the entry into force of the Ley Forestal Number 7174 of June 28, 1990, this same philosophy continues. Article 32 of the cited law establishes: "The forest heritage of the State is constituted by all forests and forest lands of the National Reserves..." Article 33 of that same law provides: "The forest lands and forests that constitute the State Forest Heritage detailed in the previous article shall be non-seizable (inembargables) and inalienable (inalienables), their possession by private individuals shall not create any right in their favor, and the State's recovery action (acción reinvidicatoria) for those lands is imprescriptible. Consequently, they are not susceptible to registration in the Public Registry through Possessory Information (Información Posesoria); their invasion and occupation shall be sanctioned according to the provisions of this Law." With the current and effective Forest Law (Ley Forestal) number 7575 of February 5, 1996, in its Title II, it regulates a single chapter referring exclusively to the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), upholding the same philosophy that had been initiated since 1865 with the Código Fiscal, so it is reiterated in this new regulation that the Natural Heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, the areas declared inalienable, and the farms registered in the name of the Public Administration. Article 14 of the same effective forest law is emphatic in indicating that the forest lands and forests that constitute the natural heritage of the state are imprescriptible, non-seizable and inalienable, and their possession by private individuals shall not create any right in their favor. The Ley de Conservación de la Vida Silvestre Number 7317 of October 21, 1972, in its articles 3 and 4, in addition to the declaration as public domain and public interest for wild fauna and flora respectively, indicates that wild flora and fauna are part of the National Heritage. In this same sense, the Ley de Biodiversidad number 7788 of April 30, 1998, in its article 6, declares the elements of biodiversity as public domain, as well as the Ley Orgánica del Ambiente, in its article 46, which establishes the State's sovereignty over biological diversity. Therefore, it is a legal imperative to deny the right of possession to those persons who carried out any activity on lands not subject to private property and that are constituted by forests in National Reserves. To this imperative prohibition, through the Ley Forestal Number 7575 of 1996, which reforms article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, the titling of forests is made possible when what is understood as ecological possession (posesión ecológica) has been developed within them. The land subject to this possessory information (información posesoria) is Natural Heritage of the State, because it is composed in part of primary forest, with twenty percent of its location being part of the Golfo Dulce Forest Reserve, making it clear that said territory has been Natural Heritage of the State since before those Decrees were created, as already set forth in the normative history supra. When possession of a public domain asset is disputed, that discussion shall only be possible when the right was acquired before the asset was declared as public domain. Likewise, the right of property in such cases shall only be obtained when the titleholder has demonstrated a ten-year possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law declaring the object as Natural Heritage of the State. As the legal chronology that protects the State's Natural Heritage has already been set forth, the law that must be taken into consideration for computing the ten-year possession of private individuals is the Ley de Tierras y Colonización number 2825 of October 14, 1961, a regulation currently in force. The Código Fiscal of 1865 and the Ley de Terrenos Baldíos of 1939 should not be considered, because they were norms that referred to the topic in a generic manner, and furthermore they are not provisions currently in force; it is not until the current Ley de Tierras y Colonización that the Property or Natural Heritage of the State comes to be defined and regulated clearly. Later laws such as the Ley Forestal and others that have been cited in this recital (considerando) are complementary to the referred Ley de Tierras y Colonización. For the specific case, the ten-year possession in the terms of the regulations set forth herein is not demonstrated by the testimonial evidence gathered, since it is in this sense that this note is recorded, to indicate that the petitioner should have demonstrated ten years of possession before the Ley de Tierras y Colonización, and not before the Decree that created the Forest Reserve as was explained. The majority vote considers later regulations considered for lifting the prohibition on titling State natural heritage; this is not shared, because such a limitation has existed since earlier norms.

[Name11]

C.B.M

POSSESSORY INFORMATION (INFORMACION POSESORIA)

FILE NO. EXPN1

APPLICANT: [Name1]//

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-29-2026 08:08:36.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República