Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)De lo expuesto deriva una evidente violación al artículo 365 del Código Procesal Penal, pues la sentencia tiene como acreditados hechos que no fueron acusados por el Ministerio Público y el querellante. En las piezas acusatorias únicamente se le atribuía una tala de árboles y quema del terreno, ocurrida a mediados de agosto del dos mil dos. El fallo agrega, de oficio, otro hecho que se produjo a mediados de octubre del dos mil dos, condenado luego al señor [Nombre6], por una conducta delictiva no acusada.
[...] La sentencia también contiene otro vicio y consiste en una ausencia de fundamentación sobre la participación del imputado en los hechos. Al realizar la valoración de la prueba (folios 60 a 69), en ningún momento expresa la juzgadora de dónde deriva que las talas y quemas localizadas por los funcionarios del MINAE fueron realizadas por el señor [Nombre1]. [...] En tal sentido el fallo carece de la motivación exigida por los artículos 142 y 363 del Código Procesal Penal.
English (translation)From the foregoing derives an evident violation of Article 365 of the Code of Criminal Procedure, since the judgment accepts as proven facts that were not charged by the Public Prosecutor and the complainant. The accusatory pleadings attributed only one tree-felling and land burning, occurring in mid-August 2002. The decision adds, on its own motion, another event that occurred in mid-October 2002, subsequently convicting Mr. [Name6] for uncharged criminal conduct. [...] The judgment also contains another defect, consisting of a lack of reasoning on the defendant's participation in the facts. In assessing the evidence (folios 60-69), the judge never indicates how she concludes that the logging and burning located by MINAE officials were carried out by Mr. [Name1]. [...] In this sense, the judgment lacks the motivation required by Articles 142 and 363 of the Code of Criminal Procedure.
Granted
Grande Normal Pequeña Tribunal de Casación Penal de San José Resolución Nº 00951 - 2004 Fecha de la Resolución: 16 de Setiembre del 2004 a las 09:00 Expediente: 02-201531-0306-PE Redactado por: Rafael Ángel Sanabria Rojas Clase de asunto: Recurso de casación Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Texto de la resolución Exp: 02-201531-306-PE-1 Res: 0951-2004 TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las nueve horas del dieciséis de setiembre de dos mil cuatro. RECURSO DE CASACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], mayor, cédula de identidad número CED1, nativo de Alajuela, por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso de casación, los Jueces [Nombre2], Ulises Zúñiga Morales y Jorge Luis Arce Víquez. Se apersonaron en casación el defensor del imputado Licenciado [Nombre3], el Procurador Licenciado [Nombre4] y el Fiscal Licenciado [Nombre5]. RESULTANDO: I.- Que mediante sentencia número 91-2004 de las dieciséis horas del veintidós de abril de dos mil cuatro, el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, resolvió: “POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, leyes citadas y los artículos 39 de la Constitución Política; 1, 30, 31, 45 del Código Penal; 58 inciso a) y c) de la Ley Forestal No. 7575; 265, 360, 361, 363, 364 del Código Procesal Penal; se declara a [Nombre1] autor responsable de haber cometido DOS INFRACCIONES A LA LEY FORESTAL, en su modalidad de TALA ILEGAL y DOS INFRACCIONES A LA LEY FORESTAL en su modalidad de CAMBIO DE USO DEL SUELO en perjuicio de los RECURSOS NATURALES y en tal carácter se le impone SEIS MESES DE PRISIÓN POR CADA UNA DE LAS INFRACCIONES para un total de DOS AÑOS DE PRISIÓN que deberá descontar en el establecimiento carcelario respectivo previo abono de la preventiva que hubiere sufrido. En virtud que el imputado [Nombre6] no reúne los requisitos establecidos por ley, por lo que no se le concede el beneficio de ejecución condicional de la pena. Se declara sin lugar la acción civil establecida por la Procuraduría General de la República, toda vez que no fijo sus pretensiones. Firme este fallo, inscríbase en el Registro Judicial y se remitirán los testimonios de la sentencia a las autoridades correspondientes Se condena igualmente al encartado del pago de las costas personales y procesales de la acción penal únicamente.- II.- Que contra el anterior pronunciamiento interpuso recurso de casación el defensor del imputado Licenciado [Nombre3] III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 450 del Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de casación.- IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. Redacta el Juez [Nombre7]; y, CONSIDERANDO: I. El recurso de casación reúne los requisitos de admisibilidad establecidos por los artículos 422, 423, 424, 443, 444, 445 y 447 del Código Procesal Penal. II. En el primer motivo de casación por el fondo, el defensor del imputado alega incorrecta aplicación de los artículos 61 incisos A y C de la Ley Forestal e inobservancia de los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Ley Forestal en relación con los artículos 1 y 2 del Código Penal y 1, 2 y 369 inciso 1 del Código Procesal Penal. Se reprocha que el Tribunal de Juicio se basa en el artículo 61 inciso a) y c) el cual se refiere a “realizar actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra... el cual, a su vez, hace referencia al artículo 19 que indica “...en terrenos cubiertos de bosque”... con lo que se infiere que el presupuesto objetivo para aplicar el tipo penal previsto en el artículo 61 ya mencionado es la existencia de bosque. Sin embargo, a su juicio, no fue comprobado por parte del ente acusador, que efectivamente el área afectada fuera bosque, sino que más bien, por los indicios presentados, se puede inferir que no es bosque según oficio presentado por el MINAE el cual consta a folio 3 del legajo de investigación principal. Dentro de este motivo también se alega inaplicabilidad de los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Ley Forestal, los cuales regulan la realización de talas y quemas en zonas no boscosas, situación que supuestamente fue la que se dio en el presente caso, pero que dichos artículos no establecen sanción alguna para esta conducta por lo que debe concluirse que dicha conducta es atípica. Se declara con lugar el motivo, por razones diferentes a las alegadas. Como bien lo hacer ver el representante del Ministerio Público, la sentencia contiene un vicio esencial, consistente en una falta de correlación entre acusación y sentencia. Sobre el particular tenemos que el Ministerio Público acusó “1. En el mes de noviembre del dos mil uno el aquí acusado [Nombre1], solicitó permiso para cortar charral en su propiedad ubicada en Caño Negro de los Chiles, el cual le fue rechazado por tratarse de una zona boscosa. 2. No siendo aceptada su solicitud el aquí denunciado [Nombre6] sin precisarse la fecha exacta pero sí a mediados del mes de agosto del año dos mil dos procedió a quemar y talar dos hectáreas y media de bosque, consistente de maleza, árboles comerciales y no comerciales, quemando parcialmente lo cortado. 3. Que el aquí acusado con su actuar doloso al talar y quemar en zonas de protección de una quebrada que pasa por su propiedad infringió la LeyForestal pues no contaba con permiso para cambiar el uso de tierra” (folio 15). La querella presentada por la Procuraduría General de la República contiene hechos similares (folios 1 y 2 del legajo respectivo). En la sentencia se tuvo por demostrado, en lo que interesa “...3. Habiéndose denegado el permiso solicitado y con plena conciencia de que actuaba ilegalmente, pues el imputado había ejercido funciones de guardia civil, el denunciado [Nombre6], en una primera oportunidad, cuya fecha exacta no se puede precisar, pero sí a mediados del mes de agosto del año dos mil dos, procedió, en un área aproximada de una hectárea y media, a talar árboles maderables y no maderables de un bosque muy intervenido y luego lo quemó. 4. Posteriormente, sin poderse determinar una fecha exacta, pero sí dos meses antes de la inspección realizada por los funcionarios del MINAE a inicios del mes de octubre del dos mil dos, sin contar con permiso para talar y quemar y plenamente consciente de la ilicitud que cometía, pues el imputado había sido guardia civil, el imputado [Nombre6] procedió a talar árboles maderables y no maderables, así como sotobosque que llegaba hasta la orilla de un humedal, donde se afectaron ciento cuarenta metros a lo largo de la orilla de dicho humedal y luego, procedió a quemar parcialmente la zona, que se extendía una hectárea aproximadamente. 4. Que el aquí acusado con su actuar doloso al talar y quemar en dos zonas diferentes, afectó también dos zonas de protección de dos quebradas que pasan por su propiedad; una ubicada en la primera zona descrita de una hectárea y media y que discurre por la parte talada y quemada y otra ubicada en la segunda zona afectada que desemboca en el humedal...” (folios 51 y 52). A partir de estos hechos el Tribunal de mérito condena al imputado por la comisión de dos infracciones a la Ley Forestal, en su modalidad de tala ilegal y dos infracciones a la Ley Forestal en su modalidad de Cambio de uso del suelo, en perjuicio de los Recursos Naturales y le impone seis meses de prisión por cada delito para un total de dos años de prisión (folios 70 y 71). De lo expuesto deriva una evidente violación al artículo 365 del Código Procesal Penal, pues la sentencia tiene como acreditados hechos que no fueron acusados por el Ministerio Público y el querellante. En las piezas acusatorias únicamente se le atribuía una tala de árboles y quema del terreno, ocurrida a mediados de agosto del dos mil dos. El fallo agrega, de oficio, otro hecho que se produjo a mediados de octubre del dos mil dos, condenado luego al señor [Nombre6], por una conducta delictiva no acusada. No obstante que el recurrente está reclamando una incorrecta aplicación de la ley sustantiva, al resultar admisible el recurso, esta Cámara puede examinar si la condenatoria se ha dictado respetando el debido proceso. En este caso resulta patente la violación a normas procesales esenciales, que conllevan a la violación del derecho de defensa, pues se condena a una persona por hecho no acusados y sobre los cuales no tuvo oportunidad de referirse en la audiencia oral y pública y además aportar prueba para rebatirlos. La sentencia también contiene otro vicio y consiste en una ausencia de fundamentación sobre la participación del imputado en los hechos. Al realizar la valoración de la prueba (folios 60 a 69), en ningún momento expresa la juzgadora de dónde deriva que las talas y quemas localizadas por los funcionarios del MINAE fueron realizadas por el señor [Nombre1]. Para cumplir con el principio lógico de razón suficiente y esencialmente con la derivación, es obligación del Tribunal de Juicio señalar los elementos de prueba de los cuáles es posible concluir, entre otros, con la autoría de los hechos. En este caso el fallo contiene afirmaciones generales sobre las talas y quemas descubiertas, pero en forma alguna se relaciona dichas conductas ilícitas con una actuación del imputado. En tal sentido el fallo carece de la motivación exigida por los artículos 142 y 363 del Código Procesal Penal. Lo anterior nos lleva a declarar con lugar la casación y a decretar la nulidad de la sentencia y el reenvío para nueva sustanciación. Por falta de interés no se conocen los restantes motivos del recurso. POR TANTO: Se declara con lugar la casación. Se anula la sentencia y se decreta el reenvío para nueva sustanciación. Rafael Ángel Sanabria Rojas Ulises Zúñiga Morales Jorge Luis Arce Víquez Jueces de Casación Penal Expediente Número: 02-201531-306-PE Contra: [Nombre1] Por: Infracción a la Ley Forestal En perjuicio de: Los Recursos Naturales KPA Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 07:38:41. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Grande
Normal
Pequeña
Criminal Cassation Tribunal of San José
Resolution No. 00951 - 2004
Resolution Date: September 16, 2004 at 09:00
Case File: 02-201531-0306-PE
Drafted by: Rafael Ángel Sanabria Rojas
Type of Matter: Appeal of cassation
Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL
Text of the resolution
Exp: 02-201531-306-PE-1
Res: 0951-2004
CRIMINAL CASSATION TRIBUNAL. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at nine o’clock on September sixteen, two thousand four.
APPEAL OF CASSATION filed in the present case against [Nombre1], of legal age, identity card number CED1, native of Alajuela, for the crime of VIOLATION OF THE LEY FORESTAL, to the detriment of THE NATURAL RESOURCES. The Judges [Nombre2], Ulises Zúñiga Morales, and Jorge Luis Arce Víquez participate in the decision on the appeal of cassation. Appearing in cassation were the defendant's defense attorney, Attorney [Nombre3], the State Attorney, Attorney [Nombre4], and the Prosecutor, Attorney [Nombre5].
WHEREAS:
I.- That by means of sentence number 91-2004 at sixteen hundred hours on April twenty-two, two thousand four, the Tribunal of the Second Judicial Circuit of Alajuela resolved: “POR TANTO: In accordance with the foregoing, cited laws, and Articles 39 of the Political Constitution; 1, 30, 31, 45 of the Penal Code; 58 subsections a) and c) of the Ley Forestal No. 7575; 265, 360, 361, 363, 364 of the Code of Criminal Procedure; [Nombre1] is declared to be the responsible perpetrator of having committed TWO VIOLATIONS OF THE LEY FORESTAL, in its modality of ILLEGAL LOGGING (TALA ILEGAL) and TWO VIOLATIONS OF THE LEY FORESTAL in its modality of LAND-USE CHANGE in detriment of the NATURAL RESOURCES and in this capacity is sentenced to SIX MONTHS OF IMPRISONMENT FOR EACH OF THE VIOLATIONS for a total of TWO YEARS OF IMPRISONMENT which shall be served in the respective penitentiary establishment after credit for any pretrial detention served. Considering that the accused [Nombre6] does not meet the requirements established by law, the benefit of conditional execution of the sentence is not granted. The civil action filed by the Procuraduría General de la República is dismissed, since it did not set forth its claims. Once this judgment becomes final, register it in the Judicial Registry and certified copies of the sentence shall be sent to the corresponding authorities. The defendant is likewise ordered to pay the personal and procedural costs of the criminal action only.-
II.- That against the preceding pronouncement, the defense attorney of the accused, Attorney [Nombre3], filed an appeal of cassation.
III.- That upon verification of the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 450 of the Code of Criminal Procedure, the Tribunal considered the issues raised in the appeal of cassation.-
IV.- That the relevant legal prescriptions have been observed in the proceedings.
Drafted by Judge [Nombre7]; and,
WHEREAS:
I. The appeal of cassation meets the admissibility requirements established by Articles 422, 423, 424, 443, 444, 445, and 447 of the Code of Criminal Procedure.
II. In the first ground of cassation on the merits, the defense attorney of the accused alleges incorrect application of Articles 61 subsections A and C of the Ley Forestal and non-observance of Articles 90 and 91 of the Regulations to the Ley Forestal in relation to Articles 1 and 2 of the Penal Code and 1, 2, and 369 subsection 1 of the Code of Criminal Procedure. It is reproached that the Trial Tribunal relies on Article 61 subsections a) and c), which refers to “carrying out activities that involve land-use change... which, in turn, refers to Article 19 which states ‘...on lands covered by forest’... from which it is inferred that the objective prerequisite for applying the criminal offense provided in the aforementioned Article 61 is the existence of forest. However, in his opinion, it was not proven by the prosecuting entity that the affected area was indeed forest, but rather, from the evidence presented, it can be inferred that it is not forest according to the official communication submitted by the MINAE which appears on page 3 of the main investigation file. Within this ground, the inapplicability of Articles 90 and 91 of the Regulations to the Ley Forestal is also alleged, which regulate logging and burning in non-forested areas, a situation that supposedly occurred in the present case, but that these articles do not establish any penalty for this conduct, so it must be concluded that said conduct is atypical. The ground is upheld, for reasons different from those alleged. As the representative of the Public Prosecutor's Office rightly points out, the sentence contains an essential defect, consisting of a lack of correlation between accusation and sentence. In this regard, we find that the Public Prosecutor's Office accused “1. In the month of November two thousand one, the accused herein [Nombre1] requested a permit to cut undergrowth on his property located in Caño Negro de los Chiles, which was rejected because it was a forested zone. 2. His request not being accepted, the accused herein [Nombre6], without being able to specify the exact date but certainly in mid-August of two thousand two, proceeded to burn and cut down two and a half hectares of forest, consisting of undergrowth, commercial and non-commercial trees, partially burning what was cut. 3. That the accused herein, with his intentional actions in logging and burning in protection zones of a creek that passes through his property, violated the Ley Forestal since he did not have a permit to change land use” (page 15). The complaint filed by the Procuraduría General de la República contains similar facts (pages 1 and 2 of the respective file). In the sentence, it was demonstrated, in relevant part, “...3. Having been denied the requested permit and fully aware that he was acting illegally, as the accused had served as a civil guard, the accused [Nombre6], on a first occasion, the exact date of which cannot be determined, but certainly in mid-August of two thousand two, proceeded, in an area of approximately one and a half hectares, to cut down timber and non-timber trees from a heavily intervened forest and then burned it. 4. Subsequently, without being able to determine an exact date, but certainly two months before the inspection carried out by MINAE officials at the beginning of October two thousand two, without having a permit to log and burn and fully aware of the illegality he was committing, as the accused had been a civil guard, the accused [Nombre6] proceeded to cut down timber and non-timber trees, as well as undergrowth that extended to the edge of a wetland, where one hundred forty meters along the edge of said wetland were affected, and then proceeded to partially burn the zone, which extended approximately one hectare. 4. That the accused herein, with his intentional actions in logging and burning in two different zones, also affected two protection zones of two creeks that pass through his property; one located in the first described zone of one and a half hectares and that runs through the cleared and burned part, and another located in the second affected zone that flows into the wetland...” (pages 51 and 52). Based on these facts, the Trial Court sentences the accused for committing two violations of the Ley Forestal, in its modality of illegal logging, and two violations of the Ley Forestal in its modality of land-use change, to the detriment of Natural Resources, and imposes six months of imprisonment for each crime for a total of two years of imprisonment (pages 70 and 71). From the foregoing, an evident violation of Article 365 of the Code of Criminal Procedure arises, as the sentence considers facts as proven that were not accused by the Public Prosecutor's Office and the complainant. In the accusatory documents, only a logging of trees and burning of the land, which occurred in mid-August two thousand two, were attributed. The ruling adds, ex officio, another fact that occurred in mid-October two thousand two, subsequently convicting Mr. [Nombre6] for a criminal conduct not charged. Despite the fact that the appellant is claiming an incorrect application of substantive law, since the appeal is admissible, this Chamber can examine whether the conviction has been handed down respecting due process. In this case, the violation of essential procedural rules is patent, which leads to the violation of the right to defense, as a person is convicted for facts not charged and about which they had no opportunity to speak during the public oral hearing and also to present evidence to rebut them. The sentence also contains another defect consisting of an absence of reasoning regarding the accused's participation in the facts. When conducting the assessment of evidence (pages 60 to 69), the judge at no time expresses from where she derives that the logging and burning located by the MINAE officials were carried out by Mr. [Nombre1]. To comply with the logical principle of sufficient reason and essentially with derivation, it is the duty of the Trial Tribunal to indicate the evidence elements from which it is possible to conclude, among other things, the authorship of the facts. In this case, the ruling contains general statements about the logging and burning discovered, but in no way are these illicit conducts related to an action by the accused. In this sense, the judgment lacks the reasoning required by Articles 142 and 363 of the Code of Criminal Procedure. The foregoing leads us to uphold the cassation and to decree the nullity of the sentence and the remand for new proceedings. For lack of interest, the remaining grounds of the appeal are not addressed.
POR TANTO:
The cassation is upheld. The sentence is annulled and remand is decreed for new proceedings.
Rafael Ángel Sanabria Rojas
Ulises Zúñiga Morales Jorge Luis Arce Víquez
Judges of Criminal Cassation
Case File Number: 02-201531-306-PE
Against: [Nombre1]
For: Violation of the Ley Forestal
To the detriment of: Natural Resources
KPA
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-29-2026 07:38:41.
SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República