Res. 00529-2005 Tribunal de Casación Penal de San José — Annulment for lack of reasoning in legal classification and civil damages in forestry crimesNulidad por infundamentación de la calificación jurídica y condena civil en delitos forestales

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Tribunal de Casación Penal de San José

Resolución Nº 00529 - 2005

Fecha de la Resolución: 09 de Junio del 2005 a las 10:50

Expediente: 02-003336-0647-PE

Redactado por: Lilliana García Vargas

Clase de asunto: Recurso de casación

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución
Exp: 02-003336-0647-PE

Res:  2005-0529

TRIBUNAL DE CASACION PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José.  Goicoechea, a las diez horas cincuenta minutos del nueve de junio de dos mil cinco.

            Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], mayor, casado, agricultor, vecino de San Vito de Coto Brus, con cédula de identidad número CED1, por el  delitos de tala ilegal, cambio de uso de tierra, apertura ilegal de trocha y destrucción de vegetación en arena protegida, en perjuicio de los recursos naturales.  Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Lilliana García Vargas, [Nombre2] y [Nombre3]. Se apersonaron en casación, los licenciados [Nombre4]  [Nombre5] como codefensor particular del imputado, [Nombre6] Procuarador Penal y [Nombre7] en su condición de Fiscal Auxiliar Agrario Ambiental del Ministerio Público.

Resultanto:

            1. Que mediante sentencia No. 173-04 dictada a las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos del primero de octubre de dos mil cuatro, el Tribunal de Juicio de la Zona Sur, Sede [Dirección1],  resolvió: “ POR TANTO:  En virtud de lo expuesto, artículos 37, 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 141, 142, 363, 364, 365, 366, 367, y 368 del Código Procesal Penal, 1, 22, 30, 31, 45, 71 a 74, 76, 110 del Código Penal, 3, 19, 33, 58 inciso a, 59, 61 incisos a y c, y 62 de la Ley Forestal y 90 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Tabla de Honorarios vigente, artículos vigentes del Código de 1941, se DECLARA A [Nombre8], AUTOR UNICO Y RESPONSABLE DE  LOS DELITOS DE APROVECHAMIENTO ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES, CONSTRUCCION ILEGAL DE TROCHA EN TERRENOS CON BOSQUE, CAMBIO ILEGAL DE USO DEL SUELO Y DESTRUCCION DE PLANTAS EN ZONAS DE PROTECCION, que se le atribuyeron en perjuicio de los Recursos Naturales y el Estado y en tal sentido se le impone el tanto de SEIS MESES DE PRISIÓN POR EL PRIMERO, DOS AÑOS DE PRISIÓN POR EL SEGUNDO SEIS MESES DE PRISIÓN POR EL TERCERO Y VEINTICUATRO MIL COLONES DE MULTA POR EL CUARTO, que en concurso material suman un total de TRES AÑOS DE PRISION Y VEINTICUATRO MIL COLONES DE MULTA. Las penas de prisión, con abono de la preventiva que hubiere sufrido, deberá cumplirlas en los sitios y formas que determinen los respectivos reglamentos carcelarios y la multa, a los quince días posteriores a la firmeza del fallo.  Son las costas a su cargo.  Se ordena el testimonio de sentencia ante el Juzgado de Ejecución de la Pena y el Instituto Nacional de Criminología, Se ordena el  desarraigo de todos los pastos sembrados en el terreno y el cierre inmediato de la trocha levantada en la finca y se ordena, para estos efectos, la supervisión directa del Ministerio de Ambiente y Energía. Se ABSUELVE A [Nombre9] de toda pena y responsabilidad, por el delito de Desobediencia a la Autoridad que se le atribuyó en perjuicio de la Autoridad Pública.  Sin especial condenatoria en costas.  La acción civil resarcitoria incoada por el Estado contra [Nombre1], debe ser declarada con lugar, y en tal sentido se le condena al pago de los siguientes rubros:  TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES DÓLARES POR DAÑO ECOLÓGICO, MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES TREINTA Y SEIS CENTAVOS POR REPARACION PARCIAL DEL DAÑO; OCHOCIENTOS DÓLARES POR VALOR DEL USO DIRECTO Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES POR VALOR DE USO INDIRECTO, PARA UN TOTAL DE CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE DÓLARES QUE AL TIPO DE CAMBIO DE CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE COLONES, SUMA VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE COLONES.  Son las costas a su cargo fijándose los honorarios de abogado en la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS COLONES. Levántese todas las medidas cautelares existentes en este proceso si las hubiere. Comuníquese al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal para lo que corresponda respecto del convicto y la finca inscrita al folio real del registro público número  ocho nueve seis tres ocho – cero cero uno.  Sin lugar el comiso de la finca objeto de la causa. Notifíquese por lectura. [Nombre10] JUEZ DE JUICIO.”(sic)

            2. Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado [Nombre11], interpuso Recurso de Casación.

            3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 450 del Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el Recurso.

4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta la jueza [Nombre12]; y,

Considerando:

I- El recurso de casación reúne los requisitos de admisibilidad exigidos por los artículos 422, 423, 424, 443, 444, 445 y 447 del Código Procesal Penal

II- En el tercer motivo por la forma, el licenciado [Nombre11], en su condición de abogado particular de [Nombre13], reclama Falta de fundamentación de la calificación jurídica. Expone que la sentencia de instancia, no dice por qué los hechos que se tuvieron por demostrados, constituyen un concurso material y no un concurso ideal o un concurso aparente de normas. En su opinión, la sentencia se limita a citar el “nomen iuris de la norma”, dejando a la imaginación del lector el iter lógico seguido, lo que en su opinión, constituye un evidente vicio de infundamentación.  Lleva razón la defensa.  Efectivamente si se analizan los fundamentos de la sentencia, de cara a los hechos que se tuvo por demostrados y a las normas jurídicas que se aplicaron, es posible observar que, no solo existe una inconsistencia en la sentencia en cuanto a no definir de manera concreta cada una de las conductas, sino que incluso, pareciera que existe una errónea aplicación de las reglas del concurso material, que no es posible entrar a conocer, en virtud de la ausencia de una determinación clara y precisa sobre cada una de las acciones que se indica realizó el imputado.  En ese sentido, los hechos que tuvo por demostrados la sentencia fueron: “II. Durante el mes de julio del año dos mil uno, [Nombre1], con la finalidad de establecer pastos para la cría de ganado, procedió a ordenar la destrucción con cuchillo, de la vegetación que integraba el bosque de esa propiedad, en una extensión de diez hectáreas… y recayó sobre gran cantidad de especies de árboles de menor tamaño que conformaban el sotobosque, incluidas especies comerciales y no comerciales producto de la regeneración natural… V. Durante el mes de marzo del dos mil dos, el imputado [Nombre1], procedió a regar semilla del pasto denominado decumbens, en un área de siete hectáreas comprendidas en aquella donde él mismo había destruido la vegetación, con la finalidad de establecer allí pastos para la cría de ganado y cambiar de esta forma el uso del suelo, a terrenos de potrero. VI. Para el mismo tiempo anterior, [Nombre13] taló mil árboles de diferentes especies sin contar con la respectiva autorización de la Administración Forestal del Estado en un área total de cuatro hectáreas. VIII. En el mes de abril del año dos mil dos el imputado alquiló un tractor y ordenó la apertura de una trocha dentro de los terrenos de bosque situados en el inmueble de referencia… (ver folios 291, 292 y 296).  Como se puede ver, estos hechos son concretos y cada uno de los mismos debió ser considerado en los fundamentos de fondo, para establecer, frente a la prueba que se recibió en debate, de qué manera se tenía por acreditados cada uno de éstos y además los aspectos de tipicidad que permitía al Juzgador aplicar las reglas del concurso material.  Lo anterior para que de manera clara y precisa se pudiera deslindar entre cada una de las acciones por las que resultó condenado [Nombre13].  A diferencia de lo anterior, en la valoración de la prueba a folio 312 el Juez ad-quo señala: “La tala ilegal de árboles, el primero, la siembra de pasto para ganado, la segunda, y la abertura de una trocha en la propiedad.  En un poco más de quince hectáreas fue donde se realizó la socola, la tala y el siembro de pasto…(ver folio 312).  Véase que en este mismo párrafo, ya no queda claro cuál fue la primera acción que hiciera el imputado, ni la relación temporal y espacial entre dichas conductas.  Esta situación no se aclara conforme se avanza en la lectura de los fundamentos de la sentencia, por el contrario, más adelante se afirma: “No es por desarrollar actividades dentro de áreas silvestres protegidas. No. Es por convertir un bosque en terreno para ganadería par lo cual derribó mil árboles, lastimó dos quebradas, una naciente y vegetación básica de bosque” (ver folio 316). En igual sentido, a folio 316 la sentencia indica: “un ecosistema boscoso de quince hectáreas y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro metros cuadrados, fue afectado severamente por el encartado y que durante el mes de julio del año dos mil uno, con el objetivo de desarrollar pastos para la cría de ganado, procedió a ordenar la destrucción con cuchillo de la vegetación que integraba el bosque de esa propiedad, en una extensión de diez hectáreas, realizó socolas tanto en las áreas de protección de una naciente… destruyó gran cantidad de especies de árboles de menor tamaño…; que durante el mes de marzo del dos mil dos, el [Nombre13], procedió a regar semilla del pasto… donde había destruido la vegetación con la finalidad de establecer allí pastos para la cría de ganado y cambiar de esta forma el uso del suelo; además taló mil árboles de diferentes especies… Estas acciones descritas así de manera genérica, luego fueron calificadas por el Juzgador como los delitos de “ Aprovechamiento ilegal de productos forestales, construcción ilegal de trocha en terrenos con bosque, cambio ilegal de uso del suelo y destrucción de plantas en zonas de protección”, delitos por los que se le impusieron seis meses de prisión, por el primer hecho, dos años de prisión por el segundo hecho, seis meses de prisión por el tercero y veinticuatro mil colones de multa, por el último. Nunca se hizo una correcta adecuación típica para cada hecho.  Incluso, pareciera que se confunden las acciones en sentido físico o de la naturaleza, con las acciones en sentido jurídico, criterio que debe ser claro y definido, para poder establecer si nos encontramos ante un concurso material o ante un concurso ideal, o incluso, si se trata de un problema de concurso aparente de normas.  Lo anterior se debe señalar porque así como no hubo una correcta fundamentación para cada hecho, según su adecuación típica, también se observa que en diversas partes de la sentencia se insiste en señalar que la finalidad única del imputado era cambiar el uso del suelo de vocación forestal a explotación ganadera. La sentencia para que se considere correctamente fundamentada, no sólo debe exponer las razones por las que se tuvieron acreditados los hechos, sino que debe analizar desde la perspectiva jurídica las razones para aplicar determinada figura penal.  Más aún en un caso como el presente, en el que se presenta una coincidencia de tipos penales, con diferentes niveles de protección a un mismo bien jurídico general, que es el medio ambiente. Sin embargo esa coincidencia puede ser tan solo aparente, de modo que la función del Juzgador es decidir en forma expresa, por qué opta por aplicar determinada forma de concurso, sea este ideal o material o incluso, si cabe la posibilidad de un concurso aparente de normas, sin que sea válido eludir tal responsabilidad aplicando un tipo de concurso sin expresar los fundamentos.  Por todo lo expuesto se acoge el tercer motivo del recurso interpuesto y en consecuencia se anula la sentencia condenatoria en su integridad, para que en juicio de reenvío se resuelva según lo que corresponde en derecho. 

III- En el cuarto motivo la defensa alega, falta de fundamentación de la condena civil. Como apoyo para esto se expone que “No es posible para el lector imparcial, comprender de qué elementos probatorios logra asirse el a quo para determinar el monto del daño resarcitorio”… No dice porqué (sic) le concede crédito a las manifestaciones del biólogo” (ver folio 337). El motivo se acoge.  Lleva razón la defensa en su reclamo en tanto que, la fundamentación de la responsabilidad civil no es completa, si bien es cierto se habla de los daños que ocasionó la acción del imputado, no se detalla de manera clara y expresa de qué elementos de prueba se valió el juzgador para determinar los montos por el daño ecológico.  La sentencia debe bastarse a sí misma, de manera que debe expresar todas las razones de hecho y de derecho en que funda sus conclusiones.  En el presente caso no se expone de qué prueba deriva las conclusiones sobre el valor de uso directo del suelo, el valor de uso indirecto del suelo y por qué ese valor representa seis mil seiscientos cincuenta dólares. Es posible que tales datos los tomara el juzgador de algún tipo de pericia que se presentó durante la investigación, pero el punto es que no se indica en sus fundamentos, de manera que más parece de su conocimiento privado, que el análisis de alguno de los elementos probatorios que se presentó al debate y que por consecuencia, debió ser sometido al criterio de valoración al que toda prueba esencial debe ser sometido.  En consecuencia, se anula la sentencia también en lo que se refiere a la condena civil, se ordena el juicio de reenvío para que se proceda conforme a derecho.

Por tanto:

Se declaran con lugar los motivos tercero y cuarto del recurso de casación interpuesto, en consecuencia, se anula la sentencia en su integridad y se ordena el juicio de reenvío para que en nueva sustanciación se resuelva conforme corresponda en derecho.  Por innecesario se omite pronunciamiento respecto a los otros motivos del recurso. Regrese el expediente al Tribunal de origen. Notifíquese.

 

 

Lilliana García Vargas

 

 

[Nombre2]                                                                 [Nombre3]

 

 

Jueces de Casación Penal

 

Edo.

 

 

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 06:27:56.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Criminal Cassation Chamber of San José

Resolution No. 00529 - 2005

Resolution Date: June 9, 2005 at 10:50

Case File: 02-003336-0647-PE

Drafted by: Lilliana García Vargas

Type of Matter: Cassation Appeal

Analyzed by: JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER

Text of the Resolution
Case File: 02-003336-0647-PE

Res: 2005-0529

CRIMINAL CASSATION CHAMBER. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at ten hours and fifty minutes on June ninth, two thousand five.

Cassation appeal filed in the present case against [Name1], of legal age, married, farmer, resident of San Vito de Coto Brus, with identity card number CED1, for the crimes of illegal logging (tala ilegal), land-use change (cambio de uso de tierra), illegal opening of a trail (apertura ilegal de trocha), and destruction of vegetation in a protected area (destrucción de vegetación en arena protegida), to the detriment of natural resources. Judges Lilliana García Vargas, [Name2], and [Name3] participate in the decision on the appeal. Appearing in cassation are attorneys [Name4] and [Name5] as private co-defense counsel for the accused, [Name6] Criminal Prosecutor, and [Name7] in his capacity as Deputy Agrarian Environmental Prosecutor of the Public Ministry.

Whereas:

1. That by judgment No. 173-04 issued at seventeen hours and fifty-five minutes on October first, two thousand four, the Trial Court of the Southern Zone, [Address1] Venue, resolved: "THEREFORE: By virtue of the foregoing, Articles 37, 39 and 41 of the Political Constitution, 1, 141, 142, 363, 364, 365, 366, 367, and 368 of the Code of Criminal Procedure, 1, 22, 30, 31, 45, 71 to 74, 76, 110 of the Penal Code, 3, 19, 33, 58 subsection a, 59, 61 subsections a and c, and 62 of the Ley Forestal and 90 of the Wildlife Conservation Law, the current Fee Schedule, current articles of the 1941 Code, [Name8] IS DECLARED THE SOLE AND RESPONSIBLE PARTY FOR THE CRIMES OF ILLEGAL EXTRACTION OF FOREST PRODUCTS, ILLEGAL CONSTRUCTION OF A TRAIL ON FORESTED LANDS, ILLEGAL LAND-USE CHANGE, AND DESTRUCTION OF PLANTS IN PROTECTION ZONES, which were attributed to him to the detriment of Natural Resources and the State, and in this sense, he is sentenced to the penalty of SIX MONTHS OF IMPRISONMENT FOR THE FIRST, TWO YEARS OF IMPRISONMENT FOR THE SECOND, SIX MONTHS OF IMPRISONMENT FOR THE THIRD, AND TWENTY-FOUR THOUSAND COLONES FINE FOR THE FOURTH, which in material joinder (concurso material) total THREE YEARS OF IMPRISONMENT AND TWENTY-FOUR THOUSAND COLONES FINE. The prison sentences, with credit for any preventive detention suffered, shall be served in the locations and manner determined by the respective prison regulations, and the fine, within fifteen days after the judgment becomes final. Costs are to be borne by him. Testimony of the judgment is ordered to be sent to the Sentence Enforcement Court and the National Institute of Criminology. The eradication of all pasture planted on the land and the immediate closure of the trail opened on the farm are ordered, and for these purposes, the direct supervision of the Ministry of Environment and Energy is ordered. [Name9] IS ACQUITTED of all penalty and responsibility for the crime of Disobedience to Authority attributed to him to the detriment of the Public Authority. No special ruling on costs. The civil action for damages filed by the State against [Name1] must be declared with merit, and in this sense, he is ordered to pay the following items: THIRTY-NINE THOUSAND SIX HUNDRED THREE DOLLARS FOR ECOLOGICAL DAMAGE, ONE THOUSAND FOUR HUNDRED NINETY-SIX DOLLARS AND THIRTY-SIX CENTS FOR PARTIAL REPARATION OF THE DAMAGE; EIGHT HUNDRED DOLLARS FOR DIRECT USE VALUE AND FIVE THOUSAND EIGHT HUNDRED DOLLARS FOR INDIRECT USE VALUE, FOR A TOTAL OF FORTY-SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED FORTY-NINE DOLLARS, WHICH AT THE EXCHANGE RATE OF FOUR HUNDRED FORTY-NINE COLONES, AMOUNTS TO TWENTY-ONE MILLION FOUR HUNDRED EIGHTY-SEVEN THOUSAND COLONES. Costs are to be borne by him, setting attorney's fees at the sum of ONE MILLION FOUR HUNDRED NINETY-NINE THOUSAND TWO HUNDRED TWENTY-TWO COLONES. All existing precautionary measures in this proceeding, if any, are lifted. Notify the National Forest Financing Fund (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal) for whatever may correspond regarding the convicted person and the farm registered under real folio number eight nine six three eight – zero zero one of the public registry. The confiscation (comiso) of the farm subject to the case is denied. Notify by reading. [Name10] TRIAL JUDGE."(sic)

2. That against the preceding ruling, attorney [Name11] filed a Cassation Appeal.

3. That upon conducting the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 450 of the Code of Criminal Procedure, the Chamber considered the questions raised in the Appeal.

4. That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

Drafted by Judge [Name12]; and,

Considering:

I- The cassation appeal meets the admissibility requirements demanded by Articles 422, 423, 424, 443, 444, 445, and 447 of the Code of Criminal Procedure.

II- In the third ground on procedural form, attorney [Name11], acting as private counsel for [Name13], claims a Lack of substantiation of the legal classification. He states that the trial court judgment does not explain why the facts that were held as proven constitute a material joinder (concurso material) and not an ideal joinder (concurso ideal) or an apparent joinder of norms (concurso aparente de normas). In his opinion, the judgment limits itself to citing the "nomen iuris of the rule," leaving the logical path followed to the reader's imagination, which in his view constitutes an evident defect of lack of substantiation. The defense is correct. Indeed, if one analyzes the grounds of the judgment, in light of the facts held as proven and the legal norms that were applied, it is possible to observe that not only is there an inconsistency in the judgment regarding the failure to concretely define each of the conducts, but it even appears there is an erroneous application of the rules of material joinder, which it is not possible to address due to the absence of a clear and precise determination of each of the actions the accused is indicated to have performed. In that sense, the facts held as proven by the judgment were: "II. During the month of July of the year two thousand one, [Name1], with the purpose of establishing pasture for cattle raising, proceeded to order the destruction, with a machete, of the vegetation that made up the forest on that property, over an area of ten hectares… and it fell upon a large quantity of smaller tree species that formed the understory (sotobosque), including commercial and non-commercial species resulting from natural regeneration… V. During the month of March of two thousand two, the accused [Name1], proceeded to scatter seed of the pasture called decumbens, in an area of seven hectares included within that where he himself had destroyed the vegetation, with the purpose of establishing pasture there for cattle raising and thus changing the land-use (uso del suelo), to pasture lands. VI. Around the same time as the above, [Name13] felled one thousand trees of different species without having the respective authorization from the State Forest Administration in a total area of four hectares. VIII. In the month of April of the year two thousand two, the accused rented a tractor and ordered the opening of a trail (trocha) within the forested lands located on the referenced property… (see folios 291, 292, and 296). As can be seen, these facts are specific and each one of them should have been considered in the substantive grounds to establish, in light of the evidence received at trial, how each of these was accredited and also the aspects of criminality (tipicidad) that allowed the Judge to apply the rules of material joinder. This is so that the actions for which [Name13] was convicted could be clearly and precisely separated. In contrast to the above, in the assessment of evidence at folio 312, the a-quo Judge states: "The illegal tree felling, the first, the planting of pasture for cattle, the second, and the opening of a trail on the property. In slightly more than fifteen hectares is where the clearing (socola), the felling, and the planting of pasture took place… (see folio 312). Note that in this same paragraph, it is no longer clear what the first action taken by the accused was, nor the temporal and spatial relationship between these conducts. This situation is not clarified as one progresses through the reading of the judgment's grounds; on the contrary, further on it is stated: "It is not for carrying out activities within protected wild areas. No. It is for converting a forest into land for cattle ranching, for which he felled one thousand trees, damaged two streams (quebradas), a spring (naciente), and basic forest vegetation" (see folio 316). In the same vein, at folio 316 the judgment indicates: "a forested ecosystem of fifteen hectares and four thousand one hundred fifty-four square meters was severely affected by the defendant and that during the month of July of the year two thousand one, with the objective of developing pasture for cattle raising, he proceeded to order the destruction with a machete of the vegetation that made up the forest on that property, over an area of ten hectares, he carried out clearings (socolas) both in the protection areas of a spring (naciente)… he destroyed a large quantity of smaller tree species…; that during the month of March of two thousand two, [Name13] proceeded to scatter pasture seed… where he had destroyed the vegetation with the purpose of establishing pasture there for cattle raising and thus changing the land-use; he also felled one thousand trees of different species…" These actions described in such a generic manner were later classified by the Judge as the crimes of "Illegal extraction of forest products, illegal construction of a trail on forested lands, illegal land-use change, and destruction of plants in protection zones," crimes for which sentences of six months of imprisonment were imposed for the first act, two years of imprisonment for the second act, six months of imprisonment for the third, and twenty-four thousand colones fine for the last. A correct criminal classification (adecuación típica) was never made for each fact. It even appears that actions in the physical or natural sense are confused with actions in the legal sense, a criterion that must be clear and defined to be able to establish whether we are facing a material joinder or an ideal joinder, or even if it is a problem of apparent joinder of norms. The foregoing must be pointed out because just as there was no correct substantiation for each fact, according to its criminal classification, it is also observed that in various parts of the judgment it is insisted that the sole purpose of the accused was to change the land-use from forestry vocation to cattle ranching exploitation. For a judgment to be considered correctly substantiated, it must not only set forth the reasons for which the facts were deemed accredited but also analyze from a legal perspective the reasons for applying a specific criminal provision. Even more so in a case like the present one, where there is a coincidence of criminal types, with different levels of protection for a same general legal interest, which is the environment. However, that coincidence may be merely apparent, so that the Judge's function is to decide expressly why they choose to apply a specific form of joinder, be it ideal or material, or even if the possibility of an apparent joinder of norms applies, without it being valid to evade such responsibility by applying a type of joinder without expressing the grounds. For all the foregoing, the third ground of the filed appeal is granted, and consequently, the conviction judgment is annulled in its entirety, so that in a new referral trial (juicio de reenvío) the matter is resolved according to what is right under the law.

III- In the fourth ground, the defense alleges a lack of substantiation of the civil judgment. In support of this, it is stated that "It is not possible for the impartial reader to understand from what evidentiary elements the a quo judge managed to grasp to determine the amount of compensable damage"… It does not say why (sic) it gives credit to the biologist's statements" (see folio 337). The ground is granted. The defense is correct in its claim insofar as the substantiation of the civil liability is incomplete; although it is true that the damages caused by the accused's action are discussed, it is not detailed in a clear and express manner what evidentiary elements the judge used to determine the amounts for the ecological damage. The judgment must be self-sufficient, meaning it must express all the reasons of fact and law on which it bases its conclusions. In the present case, it is not set forth from what proof the conclusions on the direct use value of the land, the indirect use value of the land, and why that value represents six thousand six hundred fifty dollars, derive. It is possible that the judge took such data from some type of expert report presented during the investigation, but the point is that it is not indicated in their grounds, so that it appears more from their private knowledge than from the analysis of any of the evidentiary elements that were presented at trial and that consequently should have been subjected to the assessment criteria to which all essential evidence must be submitted. Consequently, the judgment is also annulled with regard to the civil judgment, and a new referral trial is ordered so that proceedings are conducted according to law.

Therefore:

The third and fourth grounds of the filed cassation appeal are granted; consequently, the judgment is annulled in its entirety, and a new referral trial (juicio de reenvío) is ordered so that in a new substantiation the matter is resolved as corresponds under the law. As unnecessary, a ruling regarding the other grounds of the appeal is omitted. Return the case file to the Court of origin. Notify.

 

 

Lilliana García Vargas

 

 

[Name2]                                                                                           [Name3]

 

 

Judges of the Criminal Cassation Chamber

 

State.

 

 

 

 

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