Res. 00066-2006 Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV — Upheld cancellation of quarry concession for Virilla river diversionConfirmación de cancelación de concesión por desvío del cauce del río Virilla

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV

Resolución Nº 00066 - 2006

Fecha de la Resolución: 13 de Julio del 2006 a las 09:50

Expediente: 99-000953-0163-CA

Redactado por: Alberto Juárez Gutiérrez

Clase de asunto: Proceso contencioso administrativo

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Constitucional

Tema: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado

Subtemas:

Desarrollo jurisprudencial y principios aplicables.
Explotación indebida de tajo que desvía el cauce del río provoca la cancelación de la concesión.

Tema: Concesión

Subtemas:

Explotación indebida de tajo que desvía el cauce del río provoca su cancelación.

Tema: Medio ambiente

Subtemas:

Desarrollo jurisprudencial y principios aplicables.
Explotación indebida de tajo que desvía el cauce del río provoca la cancelación de la concesión.

"III.- DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DE ESTE DERECHO. De previo al análisis de los agravios presentados por el representante de la actora, es oportuno y conveniente hacer referencia al desarrollo jurisprudencial realizado por la Sala Constitucional referente al Derecho Ambiental, y sobre todo, a los principios que sobre esta materia se han establedido. Previa a la reforma del artículo 50 de la Constitución Política, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional reconoció la protección y preservación del medio ambiente como un derecho fundamental (sentencia número 2233-93), al derivarlo de lo dispuesto en los artículos 21 (derecho a la salud), 69 (exigencia constitucional a la "explotación racional de la tierra") y 89 (protección de las bellezas naturales), todos de la Constitución Política. Así en la Sentencia No 6322/2003 de las catorce horas con catorce mintuos del tres de julio del año dos mil tres, la Sala Constitucional, a fin de evitar que la existencia del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado esté restringida al plano semántico, ha integrado una serie de principios rectores que garantizan la tutela efectiva del ambiente, los cuáles son de acatamiento obligatorio, tanto para los particulares como las instituciones del Estado -según se indicó anteriormente- en el aprovechamiento que hagan de los recursos naturales, y que se comentarán a continuación. Se hace la advertencia, de que esta enumeración, en modo alguno, constituye un listado cerrado (numerus clausus), por cuanto es la misma evolución de este derecho lo que enmarcará y definirá otros; por el momento, de la doctrina, normativa vigente y jurisprudencia constitucional se pueden derivar los siguientes, en relación con el tema de fondo que nos ocupa: En dicho pronunciamiento expresó: "...1.- de la tutela del derecho ambiental a cargo del Estado: A partir de la reciente reforma del artículo 50 constitucional, para consagrar expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, se establece también -en forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es al tenor de esta disposición, en relación con los artículos 20, 69 y 89 de la Constitución Política, que nace la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la normativa ambiental. Es así como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho. " Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales" (sentencia número 9193-2000, de las dieciséis horas veintiocho minutos del diecisiete de octubre del dos mil). En este orden de ideas, debe considerarse que la normativa establece al Ministerio del Ambiente y Energía en el órgano rector del sector de los recursos naturales, energía y minas, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de este ministerio, número 7152, de cuatro de junio de mil novecientos noventa: "Serán funciones del Ministerio del Ministerio del Ambiente y Energía, las siguientes: a) Formular, planificar y ejecutar las políticas de recursos naturales, energéticas, mineras y de protección ambiental del Gobierno de la República, así como la dirección, el control, la fiscalización, promoción y el desarrollo en los campos mencionados. Asimismo, realizar y supervisar las investigaciones, las exploraciones técnicas y los estudios económicos de los recursos del sector. b) Fomentar el desarrollo de los recursos naturales, energéticos y mineros. c) Promover y administrar la legislación sobre conservación y uso racional de los recursos naturales, a efecto de obtener un desarrollo sostenido de ellos, y velar por su cumplimiento. ch) Dictar, mediante decreto ejecutivo, normas y regulaciones, con carácter obligatorio, relativas al uso racional y a la protección de los recursos naturales, la energía y las minas. d) Promover la investigación científica y tecnológica relacionada con las materias de su competencia, en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. e) Promover y administrar la legislación sobre exploración, explotación, distribución, protección, manejo y procesamiento de los recursos naturales relacionados con el área de su competencia, y velar por su cumplimiento. f) Tramitar y otorgar los permisos y concesiones referentes a la materia de su competencia. g) Propiciar, conforme con la legislación vigente, la suscripción de tratados, convenios y acuerdos internacionales, así como representar al Gobierno de la República en los actos de su competencia, de carácter nacional e internacional. Todo lo anterior en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. h) Fomentar y desarrollar programas de formación ambiental en todos los niveles educativos y hacia el público en general. i) Realizar inventarios de los recursos naturales con que cuenta el país. j) Asesorar a instituciones públicas y privadas en relación con la planificación ambiental y el desarrollo de áreas naturales. k) Las demás que le asigne el ordenamiento jurídico." Sin embargo, a criterio de esta Sala, esta función de rectoría en la materia ambiental comprende no sólo el establecimiento de regulaciones adecuadas para el aprovechamiento del recurso forestal y los recursos naturales, según lo dispone también el artículo 56 de la Ley Orgánica del Ambiente, en tanto le confiere al Estado la importante función de ejercer la rectoría en la materia ambiental, consistente en mantener un papel preponderante en esta materia, para lo cual, " [...] dictará las medidas generales y particulares, relacionadas con la investigación, la exploración, la explotación y el desarrollo de esos recursos, con base en lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo"; función a la que se da cabal cumplimiento -por ejemplo- en lo que respecta a la definición de los lineamientos, principios, criterios e indicadores para el establecimiento de los planes de manejo forestal, establecidos por el propio Ministerio del Ambiente y Energía mediante Decreto Ejecutivo número 27.388-MINAE, regulaciones que son de acatamiento obligatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley Forestal 7575, 14 y 16 del Reglamento a la Ley Forestal y 1° y 2 del Decreto Ejecutivo número 27.388-MINAE; sino también, y sobre todo, lo correspondiente al control y fiscalización tendente a verificar el cumplimiento del ordenamiento ambiental, en primer lugar por las diversas dependencias administrativas, y en segundo -y no por ello menos importante-, por la ciudadanía en general, y por sobre todo, por los propietarios de inmuebles que tienen una afectación ambiental, según lo dispuesto en el transcrito inciso a) del artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente y Energía. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado al tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución, en tanto dispone en lo que interesa en el párrafo tercero: " El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho"; lo cual resulta concordante con el principio constitucional establecido en el párrafo segundo del artículo 9 de la Constitución Política, que expresamente prohíbe a los Poderes del Estado la delegación del ejercicio de funciones que le son propias, máxime cuando se constituyen en esenciales. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha considerado que "Los artículos 9, 10, 121, 140 y 152 de la Constitución, entre otros, claramente asignan funciones especializadas a diferentes órganos -Poderes- del Gobierno, y han diseñado un complejo sistema de frenos y contrapesos como una garantía, la más importante, si se quiere de la libertad. Desde esta perspectiva, la separación de funciones, la fiscalización recíproca y la autolimitación de esos poderes, se yergue como un valladar de protección de los valores, principios y normas constitucionales en beneficio directo de todos los habitantes del país " (Sentencia número 4091-94, de las quince horas doce minutos del nueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro). De manera que en razón de la materia de que se trata -la protección ambiental-, y por las implicaciones que tiene su desprotección –contaminación del medio ambiente y problemas en la salud de los habitantes-, es que para este Tribunal nunca será constitucional la delegación que se haga a particulares de las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, las cuáles se reservan en exclusiva al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas. 2.- Principio del uso racional de los recursos, a fin de que exista el necesario equilibrio entre el desarrollo del país y el derecho al ambiente: Con fundamento en el principio establecido en el artículo 69 constitucional del "uso racional de los recursos naturales", es que la Sala -en sus diversas resoluciones- ha establecido los parámetros constitucionales para el uso adecuado de los mismos; y en virtud de los cuales queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras. Por ello, el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es que a través de la producción y uso de la tecnología, se obtengan no sólo ganancias económicas (libertad de empresa) sino sobre todo un desarrollo y evolución favorable del medio ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio: "Esta Sala también ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación, sin el cual el primero no podría hacerse efectivo, son derechos fundamentales, de modo que, es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin o bien, a través de actos concretos por parte de la Administración. El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta para ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad de producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento demográfico o entre éste y los sistemas naturales. Es el desarrollo sostenible, el proceso de transformación en la utilización de los recursos, orientación de las inversiones, canalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y todo aquello que coadyuve para atender las necesidades humanas del presente y del futuro" (sentencia número 1763-94, de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro). 3.- Principio de la calidad ambiental: La calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual que la salud, la alimentación, el trabajo, la vivienda y la educación, entre otros. El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política, garantiza el derecho del hombre a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, lo que implica el correlativo deber de proteger y preservar el medio, mediante el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo. El Estado también tiene la obligación de procurar una protección adecuada al ambiente; consecuentemente, debe tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación y, en general, las alteraciones producidas por el hombre que constituyan una lesión al medio. Al respecto, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos estipula: " Artículo 11.- Derecho a un medio ambiente sano.- Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente". En igual sentido, el principio primero de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano establece: "El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras". 4.- Principio precautorio: Uno de los principios esenciales que componen el derecho ambiental es el "principio precautorio" o "principio de la evitación prudente", el cual está contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, que literalmente indica: " Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". (En igual sentido ver artículo 11 de la Ley de Biodiversidad). El término prevención deriva del latín "praeventio", que alude a la acción y efecto de prevenir, a aquellas preparaciones y disposiciones que se hacen anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una cosa. La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. 5.- de la realización del estudio de impacto ambiental previo a la iniciación de obras: Se parte del  principio de que las normas ambientales deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir de límites que determinen las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es así porque al ser los daños y contaminación del medio ambiente evaluables, como la presencia de sustancias tóxicas o elementos externos que provoquen en el ambiente características negativas, tanto para la diversidad biológica -comprendiendo a la flora y la fauna-, como -y sobre todo- para la vida humana, que se ve reflejada en la salud o bienestar del hombre -suelo, hábitat, aire, agua, etc.-, el impacto de estos elementos requiere de una evaluación y tratamiento científico. Por ello, este principio (de la realización previa del estudio de impacto ambiental) se constituye en corolario del principio anterior, y teniendo especial importancia su realización para todas las " [...] actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos materiales tóxicos o peligrosos , requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta Ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos." (Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco). Es así como la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar las medidas de carácter preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro de las principales medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran los Estudios de Impacto Ambiental, los que encuentran fundamento en lo dispuesto en el citado artículo 17 de la Ley Orgánica dl Ambiente. A este efecto, es importante resaltar en virtud de mandato constitucional –artículo 50-, y en la Ley –artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente-, se establece como principio general, que toda actividad humana de modificación del entorno requerirá el estudio de impacto ambiental, de donde, será la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, si se requiere o no del referido estudio técnico, y no el establecimiento de condiciones arbitrarias, sean éstas administrativas o reglamentarias (según lo indicado por este Tribunal, en sentencia número 1220-2002, de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del seis de febrero del dos mil dos). Es al tenor de esta disposición que la jurisprudencia constitucional recientemente ha exigido este estudio técnico previo a la realización de cualquier proyecto en que se pueda afectar el medio ambiente, como una garantía para hacer efectivo el derecho del medio ambiente, y a modo de ejemplo lo ha exigido en las siguientes actividades, haciéndose la advertencia de que en modo alguno puede implicar una enumeración cerrada (numerus clausus): tala de árboles en un refugio de vida silvestre (sentencia número 1888-95, supra citada), ubicación de un "centro de transferencia de basura" (sentencia número 2671-95, de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco), decisión para determinar el cierre o continuación de funcionamiento del "botadero de basura Río Azul" (sentencia número 1154-96, de las dieciséis horas del seis de marzo de mil novecientos noventa y seis), la reducción de la cabida de una zona protegida (sentencia número 7294-98, de las dieciséis horas quince minutos del trece de octubre de mil novecientos noventa y ocho), tratamiento de cáscaras de naranja en plantaciones (sentencia 1999-2219, de las quince horas dieciocho minutos del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve), planeamiento urbano y aprobación de urbanizaciones (sentencias número 2001-3694, de las dieciséis horas veintiséis minutos del quince de mayo del dos mil uno, y número 2002-1220, de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del seis de febrero del dos mil dos), construcción de plantas hidroeléctricas (sentencia número 2000-10466, de las diez horas diecisiete minutos del veinticuatro minutos del dos mil), construcción de diques en ríos (sentencia número 2001-6503, de las nueve horas veintiséis minutos del seis de julio del dos mil uno), construcción y operación de rellenos sanitarios manuales (sentencias número 2002-5977 y 2002-6782) tenencia de un viveros y plantación de helechos (sentencias número 2000-9735 y 2001-3840); con lo cual, bien se puede decir, que la realización de este estudio técnico se constituye en un principio de orden constitucional, y en consecuencia, de acatamiento obligatorio, tanto para los particulares, y con mayor razón, para las instituciones del Estado; según lo ha considerado con anterioridad ese Tribunal: " III.- Obligación de las instituciones del Estado de cumplir con la legislación ambiental en su actividad ordinaria: El párrafo tercero del numeral 50 Constitucional señala con toda claridad que el Estado debe garantizar, defender y preservar el derecho de todas persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; lo que implica afirmar que los entes públicos no sólo están en la obligación de hacer cumplir –a los particulares y otros entes públicos- la legislación ambiental, sino también, ante todo, que deben ajustar su accionar a los dictados de esos cuerpos normativos tutelares. Las instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental, sin que exista justificación alguna para eximirlas del cumplimiento de requisitos ambientales como, a manera de ejemplo, el estudio de impacto ambiental que exige la Ley Orgánica del Ambiente para las actividades que emprendan los entes públicos que, por su naturaleza, puedan alterar o destruir el ambiente." (sentencia número 2001-6503, supra citada). El legislador encomendó a la "Secretaría Técnica Nacional Ambiental", las evaluaciones a cargo de "un equipo interdisciplinario de profesionales, inscritos y autorizados por la Secretaría… de conformidad con las guías elaboradas por ella. El costo de las evaluaciones de impacto ambiental correrá por cuenta del interesado". En el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente se estableció que "las resoluciones de la Secretaría Técnica Ambiental deberán ser fundamentadas y razonadas", con lo que se recoge en esta materia el principio general de fundamentación de los actos administrativos desarrollado también por la Ley General de la Administración Pública, que es a su vez una garantía que integra el debido proceso sustantivo. La aprobación de un estudio de impacto ambiental requiere, de acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica y encomendados a SETENA, un análisis pormenorizado que incluya, como lo exige el artículo 24 de la Ley del Ambiente, los criterios técnicos y los porcentajes de ponderación que hacen posible la aprobación del estudio. Además, debe responder a las normas, los objetivos de ordenación y prioridades ambientales del Estado nacional y del gobierno local, tal como lo recoge el principio 11 de la Declaración de Río. El daño que se puede causar al ambiente es siempre de difícil o imposible reparación y la aprobación de un estudio de impacto ambiental requiere de la total certeza de mínima afectación de los recursos naturales, pues así lo impone por fuerza propia el artículo 50 de la Carta Política. En todo caso, debe hacerse la advertencia que la realización y aprobación del estudio de impacto ambiental no implica en sí misma la puesta en funcionamiento del proyecto en cuestión, por cuanto es tan sólo uno de los requisitos exigidos para culminar el proceso de autorización (sentencia número 5321-96, supra citada), que en algunos casos será la obtención del permiso de salud, la aprobación de los planos de la urbanización por la municipalidad respectiva, el visto bueno de la concesión por parte del Instituto Costarricense de Electricidad, el otorgamiento de las licencias comerciales, etc. Ello es así debido a que, tratándose del ambiente no se puede hablar de variables inmodificables; todo lo contrario, por su propia naturaleza el ambiente es, por sí mismo y con mayor grado por intervención del ser humano, cambiante. La aprobación de un estudio de impacto ambiental en los términos que lo señala la Ley Orgánica del Ambiente, tampoco supone una autorización inmodificable para realizar un determinado proyecto humano, toda vez que a través de la labor de fiscalización a cargo de la Administración, al detectarse un daño al ambiente, el permiso debe de revocarse, a fin de garantizar el derecho establecido en el numeral 50 de la Constitución Política. 6.- sólo el estado de necesidad declarado excepciona el cumplimiento de las normas ambientales: El estado de emergencia es fuente de Derecho, que conlleva, en algunos casos, un desplazamiento, y en otros un acrecentamiento de competencias públicas, precisamente con la finalidad de que pueda hacerle frente a la situación excepcional que se presente ("necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública"); de manera que se faculta al Poder Ejecutivo excepcionar los normales procedimientos de sus actividades o trámites, previéndose para tales casos, procedimientos excepcionales, más expeditos y simplificados. Se trata, por definición, de situaciones transitorias y que son urgentes en las que se hace necesario mantener la continuidad de los servicios públicos, de manera que se permite a la Administración improvisar una autoridad para el servicio de los intereses generales que no pueden ser sacrificados a un prurito legalista. De esta suerte, el derecho de excepción -formado por el conjunto de normas dictadas en el momento de necesidad-, deviene en inconstitucional en caso de normalidad, por cuanto se trata de un derecho esencialmente temporal, esto es, única y exclusivamente para solucionar la emergencia concreta que se enfrenta, toda vez que " [...] no es admisible un tratamiento de excepción para realizar actividad ordinaria de la administración, aunque ésta sea de carácter urgente; [...] " (sentencia número 2001-6503, supra citada). En este sentido debe hacerse la distinción entre la "mera urgencia", término que actúa a modo de calificativo, y que en muchos casos ni siquiera es necesariamente fundamental o inminente, en tanto " [...] no es otra cosa más [que] la pronta ejecución o remedio de una situación dada, que se ha originado en los efectos de cómo ha sido manejada ella misma, [...]" (Sentencia número 3410-92, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del diez de noviembre de mil novecientos noventa y dos); por lo que bien se le puede entender como la necesidad de actuar de la Administración en determinada situación, y en la mayoría de los casos, se debe a la inercia de ésta para encontrarle solución, conforme a los instrumentos que el ordenamiento jurídico le dota; del "estado de necesidad", entendiendo por tal las situaciones eventuales esto es- no dadas en el marco de la normalidad, y de tal magnitud que pueden afectar, de manera inminente la vida y la propiedad, el interés y el orden públicos, o la seguridad públicas, de manera que no pueden ser controladas, manejadas o dominadas a partir de la normativa ordinaria de que dispone el Gobierno, y que hacen inevitable e inaplazable la intervención administrativa, incluso, con al margen de la ley. Por ello, es que es contraria al Derecho de la Constitucional, no sólo la normativa, sino la actuación de las instituciones públicas que dispensen los trámites y procedimientos ordinarios para la actuación ordinaria de la Administración, y que en este caso, se refieren a la dispensa de la normativa ambiental, como lo son -por ejemplo- la realización del estudio de impacto ambiental o la solicitud de los permisos de salud. Ante situaciones de necesidad, pero que son previsibles a largo, mediano o corto plazo, no puede pretenderse la excepción del cumplimiento de las obligaciones ambientales, toda vez que se convierten en actividad ordinaria de la Administración (caso de la construcción de diques en los ríos para proteger a la población de inundaciones (sentencia número 2001-6503). Al respecto, debe tenerse claro, que para que se entienda de desarrollo constitucional la medida de emergencia, ésta debe atender única y exclusivamente a darle solución a la situación de emergencia que la motiva, y tener -además- como propósito el bien común: esto es, debe ser justa y además razonable (proporcionalidad en sentido estricto). 7.- la falta de recursos económicos de las instituciones públicas no es excusa que justifique la omisión de dar protección al derecho ambiental: La jurisprudencia constitucional ha sido constante en el sentido de que la falta de presupuestos (recursos económicos, materiales y/o personal calificado) no puede constituirse en un límite entre el respeto y la violación de los derechos fundamentales, es decir, no puede ser motivo para que la Administración no actúe y tome acciones concretas a fin de que a través de su gestión encuentre solución a los problemas que los particulares les requieran en materia ambiental; motivo por el cual, en las diversas acciones de amparo que se promueven ante esta Sala, en que la institución requerida se ha justificado su inacción en esta causal, la Sala le ha compelido al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, para darle efectivo contenido al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, contenido en el artículo 50 constitucional, precisamente en atención al valor de la persona humana y al ambiente como tal (recursos naturales, biodiversidad, entorno): " [...] este Tribunal estima como insuficiente la actuación administrativa tendente a remediar el problema de la contaminación, que con vehemencia acusan las interesadas. El Ministerio ha dicho en forma más o menos expresa, que la prolongación del problema que se examina, se debe a razones puramente de escasez de recursos humanos y materiales. Sin embargo, esa no es excusa válida. Ya en otras ocasiones esta Sala ha dicho que dada la jerarquía y trascendencia del valor humano y constitucional en juego; sea, la salud de las personas, así como su derecho a un ambiente sano, y en último caso, a su derecho de respirar y vivir en una atmósfera dentro de las normas de salud; la simple excusa de falta de medios materiales para enfrentar los problemas por parte del Estado, no es admisible, porque [en] estos casos la Administración tiene la obligación de dar prioridad a las soluciones y realizar con sus recursos limitados, lo que conforme al ordenamiento jurídico sea necesario para llevarlas a cabo con prontitud.- " (Sentencia número 0695-96, de las quince horas cuarenta y dos minutos del siete de febrero de mil novecientos noventa y seis). En idéntico sentido, se pueden consultar las sentencias número 4504-93, de las diecisiete horas treinta y seis minutos del ocho de septiembre de mil novecientos noventa y tres; 3705-93, de las quince horas del treinta de mayo de mil novecientos noventa y tres, número 7154-94, de las dieciséis horas cuarenta y ocho minutos del dos de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, número 0915-95, de las dieciséis horas seis minutos del quince de febrero, número 4149-95, de las nueve horas treinta minutos del veintiocho de julio; ambas de mil novecientos noventa y cinco, número 0459-96, de las quince horas nueve minutos del veintidós de enero de mil novecientos noventa y seis, y número 0726-98, de las doce horas veintiún horas del seis de febrero de mil novecientos noventa y ocho. 8.- coordinación entre las diversas dependencias públicas a fin de garantizar la protección del medio ambiente: En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del medio ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del medio ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que por supuesto tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial (cometido al que se hará referencia en específico en el próximo apartado). Al tenor de lo anterior, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad podría causar un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones y funcionamiento coordinado entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Ya con anterioridad –y en forma bastante clara- esta Sala se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión (sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve): "De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector). La relación de cooperación definida ha sido comprendida por la Sala Constitucional, que en forma reiterada ha señalado que para que puedan llevarse a cabo los proyectos de las distintas instituciones públicas, debe hacerse con respeto del ordenamiento jurídico: en primer lugar, las normas de rango constitucional, y después, las de rango legal y reglamentarias, de manera tal que, para que el Poder Ejecutivo o los otros entes públicos lleven a cabo proyectos de su iniciativa en una determinada localidad, deben contar con los respectivos permisos y licencias municipales, si es del caso, como lo indicó en sentencia de amparo número 02231-96, transcrita, en lo que interesa, en el Considerando VIII de esta sentencia. Esta obligación de coordinación entre las instituciones del Estado y las municipalidades está implícita en la propia Constitución Política; así por ejemplo, en lo que se refiere a la potestad tributaria municipal, en tanto que, la iniciativa debe ser de los propios Concejos, tanto para su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, como para la exención de los tributos, aún tratándose de la política económica del Estado, como se indicó en sentencia número 2311-95, supra citada; con lo cual, se está diciendo que debe existir una debida y obligada coordinación entre el Estado y los entes corporativos locales, cumpliéndose así lo ordenado por esta disposición, sin que ello implique una invasión a la autonomía municipal. Igualmente, estima la Sala que en materia de planificación urbana se debe dar esa misma relación de coordinación, aún cuando se ha definido -por disposición constitucional- que la planificación urbana es competencia de los gobiernos locales, la misma debería ordenarse de conformidad con las directrices y lineamientos generales del Plan Nacional de Urbanismo elaborado por el Poder Ejecutivo (a propuesta de la Dirección de Urbanismo del INVU y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica) e integrado en el Plan Nacional de Desarrollo a que alude la Ley de Planificación Nacional, en el entendido de que ese Plan debe ser aprobado por una ley ordinaria." De esta suerte, la protección, implementación y desarrollo de la materia ambiental resulta del mayor interés para la Nación, es que todas las dependencias públicas, incluidas las municipalidades, se encuentran en la obligación de "coordinar sus cometidos", a fin de hacer efectivo el derecho ambiental y garantizarle al ciudadano una verdadera cobertura al derecho al ambiente. Precisamente, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ambiente reconoce este principio al disponer: " Artículo 3. Participación conjunta para cumplir objetivos El Gobierno fijará un conjunto armónico e interrelacionado de objetivos, orientados a mejorar el ambiente y manejar adecuadamente los recursos naturales. A estos objetivos deberán incorporarse decisiones y acciones específicas destinadas a su cumplimiento, con el respaldo de normas, instituciones y procedimientos que permitan lograr la funcionalidad de esas políticas." En aplicación de lo anterior, es que en sentencia número 1888-95, supra citada, al conocer la Sala de las infracciones a la normativa al derecho ambiental y los daños causados en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, consideró " [...] pero considera sin embargo que sí ha existido una negligencia por parte del Estado en su conjunto, pues a pesar del tiempo transcurrido no se ha solucionado el problema base de este amparo. De los informes remitidos a esta Sala por parte de las otras entidades recurridas en este asunto, se llega ala conclusión que no existe una coordinación entre ellas para llevar a cabo la protección y control de una zona tan rica y variada con la responsabilidad -la cual debe ser compartida- de cada una de ellas un manejo integral de dicho ambiente, tan es así que dentro del Refugio de Gandoca-Manzanillo los que deseen realizar actividades o proyectos; el tratamiento de aguas y desechos sólidos forman parte de los requisitos a considerar, lo que es evidente que debe ser controlado por el Ministerio de Salud." Dentro de este mismo planteamiento, en sentencia número 2002-4830, de las dieciséis horas del veintiuno de mayo del dos mil dos, la Sala ordenó la coordinación de la municipalidad del cantón respectivo con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para hallar solución al problema de la falta de planeamiento en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o residuales en esa localidad: En idéntico sentido, ver sentencias número 4480-94, de las diez horas cincuenta y un minutos del diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, número 2671-95, de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco; 1499-96, de las nueve horas del veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis; 1360-97, de las quince horas dieciocho minutos del cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete; 1886-95, de las nueve horas doce minutos del siete de abril de mil novecientos noventa y cinco, y 2863-97, de las quince horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de mayo de mil novecientos noventa y siete. El deber de coordinación entre las diversas dependencias públicas fue reconocido en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano, en su principio número 13 -pero desde la perspectiva de la interrelación de las disciplinas, a fin de dar mayor exclusividad y estabilidad al ordenamiento jurídico ambiental-, en que se determinó: "A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar las condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo de modo que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano en beneficio de su población." 9.- la lesión a este derecho ambiental se da tanto por acción como por omisión: Las omisiones al deber de protección del medio ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al medio ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, o el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o residuales (Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud), o no verificar los controles sónicos en bares, karaokes y discotheques (municipalidades y Ministerio de Salud), etc. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha sido clara y contundente en señalar que esa omisión en el deber de cuidado y protección del medio ambiente, constituye una violación de la obligación consagrada en el artículo 50 de la Constitución Política. (En relación a este tema, entre otras ver sentencias número 1888-95, supra citada, y 2000-5798, de las dieciséis horas dieciséis minutos del once de julio del dos mil). 10.- no opera silencio positivo en materia de utilización de recursos naturales: El instituto del silencio positivo que se aplica en materia de permisos y autorizaciones frente a la Administración Pública se rige conforme a las reglas contenidas en los artículos 330 y 331 de la Ley General de la Administración Pública. Sin embargo, estas reglas no son de aplicación en materia de permisos de aprovechamiento de los recursos naturales (forestales, mineros, marinos, aguas de la Nación, fuerzas que derivan de los recursos hídricos, etc.) según la jurisprudencia constitucional (sentencias número 6836-93, de las ocho horas cincuenta y cuatro minutos del veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y tres y número 1730-94, de las quince horas seis minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro), precisamente en virtud del valor superior (interés público) de la tutela del ambiente, y precisamente por la conceptualización del derecho ambiental como un derecho fundamental: "[...] de modo que no puede entenderse que el silencio positivo opere simplemente por el transcurso del plazo dentro del cual la Administración debió pronunciarse sobre el permiso de explotación forestal, sin que lo hiciera, pues ello implicaría poner en inminente peligro el patrimonio forestal del país al permitirse, por esa vía, su explotación irracional e indiscriminada" (sentencia número 6836-93, supra citada). Recientemente, este principio fue recogido en el párrafo primero del artículo 4 de la Ley Forestal, número 7575, de trece de febrero de mil novecientos noventa y seis, que en lo que interesa dispone textualmente: "En materia de recursos naturales no operará el silencio positivo, contemplado en los artículos 330 y 331 de la Ley General de la Administración Pública." 11.- participación ciudadana en los asuntos ambientales: La participación ciudadana en los asuntos ambientales abarca dos puntos esenciales: el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente, y la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones en estos asuntos. Por ello, el Estado costarricense no sólo debe invitar a la participación ciudadana, sino que debe promoverla y respetarla cuando se produzca (Sentencias número 2001-10466, supra citada). De esta suerte, resulta de gran importancia la puesta a disposición de los interesados de la información que en la materia tengan en las oficinas públicas, caso de la relativa a los estudios de impacto ambiental a cargo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la requerida para la aprobación de los planes reguladores de las respectivas municipalidades, por ejemplo. Fue la Convención de Río la que en el principio 10 elevó esta participación a rango de principio en materia ambiental, al señalar "El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona debe tener adecuada formación sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes." De este principio, se evidencia claramente la importancia que a nivel internacional se da a las cuestiones ambientales, y en general, sobre todo, a la participación de la sociedad civil en decisiones de gran trascendencia para la comunidad. Al ser Costa Rica un Estado signatario, este instrumento ciertamente la obliga y condiciona, pues esa es la consecuencia de su suscripción, según con consideró este Tribunal, en sentencia número 8319-2000, de las diez horas dieciocho minutos del ocho de setiembre del dos mil: "Así, su propósito es que las decisiones gubernamentales sean consecuencia de una discusión que no se constriña a pequeños núcleos oficiales o de intereses parcializados, sino que sean tomadas en consideración otras opiniones, con la apertura necesaria para crear el debate ampliado, aunque sin dejar de cumplirse, claro, los requisitos que establece la legislación correspondiente. No se trata de una desconstitucionalización del principio de legalidad de la Administración Pública, aunque sí por supuesto, de una forma de gobierno más democrático, que amplía los foros de debate sobre temas como el de la protección al medio ambiente, y que por virtud de ello, quedan abiertos a la intervención y opinión ciudadana. Estamos, pues, ante una opción ya muy aceptada en la evolución del concepto de democracia y este amparo ofrece una magnífica oportunidad de darle clara y efectiva vigencia, para que no se quede en el mero discurso. Por eso mismo es que la cuestión ambiental es un tema que ya la Sala ha reconocido como aquellos que otorgan a los particulares una legitimación especial, y de la que se reconoce como un «derecho reaccional» (vid. sentencia 2233-93 y 3705-93 de esta Sala). «En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación tiende a extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero "derecho reaccional", que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para "reaccionar" frente a la violación originada en actos u omisiones ilegítimos.» (vid. sentencia 3705-93) Es por ello, que por Ley 7412 del 03 de junio de 1994, la Asamblea Legislativa reformó el artículo 50 de la Constitución Política, garantizando a toda persona el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esta materia, entonces, existe la legitimación para denunciar actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado, a través del acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos. De esta manera, cuando la Constitución Política hace mención de que el Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable, hemos de tener claro que la participación ciudadana no se limitaría al mero ejercicio del derecho al voto, o a la aspiración de alcanzar un cargo público de elección popular, sino, además y en esta nueva visión, a la de que a las personas se les ofrezca la oportunidad real de contribuir a la toma de las decisiones políticas del Estado, especialmente cuando éstas tengan trascendencia nacional, o eventualmente pudieren afectar los derechos fundamentales de ciertos sectores de la población. De los artículos 1 y 50 Constitucionales se rescata pues, la consideración que los ciudadanos merecen en un estado democrático, en el cual puedan al menos tener acceso a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, tal y como lo señalan los recurrentes. El precepto comentado, entonces, recoge el principio citado a través del acceso a la información de que se dispone y a la divulgación de ella, para que la toma de decisiones no se circunscriba a un limitado grupo de intereses. Ciertamente, que en la materia que ahora analizamos, nuestro ordenamiento jurídico ya prevé que los particulares pueden solicitar a la SETENA llevar a cabo audiencias públicas, para efecto de que se tomen en cuenta las posiciones formuladas por las comunidades interesadas en la toma de decisiones que afectan el ambiente, lo que ha sido recogido en la Ley Orgánica del Ambiente y de su Reglamento, como informó la autoridad recurrida." Precisamente, la Ley Orgánica del Ambiente reconoce este principio en los artículos 6 y 23, que textualmente disponen en lo que interesa: " Artículo 6. Participación de los habitantes El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente." " Artículo 23. Publicidad de la información La información contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental será de carácter público y estará disponible para ser consultada por cualquier persona u organización." Asimismo, en el Reglamento sobre procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, también se recoge este principio, al disponerse en el Capítulo IV, en el que se regula lo relativo a la audiencia pública prevista dentro del procedimiento del estudio de impacto ambiental (artículos 35 a 40), en el que se tiene prevista la participación activa, tanto de la sociedad civil como de las municipalidades -en su condición de ente " [...] constituido por el conjunto de vecinos residentes de un mismo cantón, que promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno municipal" (artículo 1° del Código Municipal). Norma similar tiene la Ley de Planificación Urbana, en lo relativo a la aprobación por las municipalidades de los planes reguladores, al obligarlo a "1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y la divulgación adicional necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer el proyecto y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince días hábiles" (artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana). Este principio de la participación ciudadana en los asuntos ambientales, nace y se justifica precisamente de la aplicación de la positivación del principio democrático -consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política-. Es importante resaltar que esta participación se puede lograr en forma individual, a través de grupos asociativos de orden particular, así como también a través de los gobiernos locales, a quienes, por su competencia asignada en el artículo 169 de la Constitución, se les reconoce plena competencia para promoverla en los asuntos que de algún modo puedan afectar la comunidad de su jurisdicción, y más bien, si no lo hace, estaría incumpliendo uno de sus cometidos que el constituyente le asignó, y que ha sido desarrollada en la legislación ordinaria "Las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática del pueblo en las tomas de decisiones del gobierno local. Las instituciones públicas estarán obligadas a colaborar para que estas decisiones se cumplan debidamente" (artículo 5 del Código Municipal). Queda claro que la participación ciudadana y de las municipalidades es de trascendental importancia a fin de promover la conciencia en los problemas ambientales y para coadyuvar en la toma de decisiones de las instituciones encargadas de la preservación, vigilancia y protección del medio ambiente y los recursos naturales. Este principio ya había sido reconocido en voto salvado de los Magistrados Piza, Solano y Arguedas en sentencia número 4423-93, supra citada, no sólo como un derecho de participación, sino un deber de la comunidad y municipalidad en la toma de decisiones y discusiones sobre la ubicación de un relleno sanitario en Esparza. En este mismo sentido, en sentencia número 10466-2000, de las diez horas diecisiete minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil, la Sala señaló que en modo alguno " [...] puede excluirse al ser humano que recibirá los efectos de las decisiones gubernamentales en materia ambiental-, de su participación en la decisión de asuntos vinculados con esta materia." Con anterioridad, este Tribunal, reconoció la importancia de la participación de los gobiernos locales en este tipo de procesos (estudios de impacto ambiental) bajo las siguientes consideraciones: " [...] queda claro para la Sala que en los procedimientos de estudio de impacto ambiental y declaratoria de viabilidad ambiental de los proyectos en los que se pretenda explotar recursos naturales, la participación de las municipalidades debe ser activa; sin embargo, en modo alguno puede pretenderse la sustitución del órgano director de los mismos -en este caso la Secretaría Técnica Nacional Ambiental- por las municipalidades. En el caso concreto, esa participación se traduce en la participación de los gobiernos locales en todo el procedimiento, y por ello es que en dicho procedimientos tienen plena cabida sus gestiones, pero como una parte más, motivo por el cual se le notifican todas las gestiones que se realicen dentro de ese procedimiento. En todo caso, el procedimiento previsto en los artículos 35 a 40 del Reglamento sobre Procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Decreto Ejecutivo número 25.705-MINAE, prevé no sólo la participación de la sociedad civil, sino sobre todo, de las municipalidades, con las cuales coordinará la celebración de la audiencia pública (artículo 36), pero a modo de colaborador de esta entidad con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, sin que en modo alguno pueda pretender la toma de decisiones. Por lo demás, las competencias municipales en lo que respecta a la preservación y protección del medio ambiente no pueden verse limitadas a la organización de la audiencia pública -que por disposición legal le corresponde a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental-, sino que va mucho más allá, como lo es la concientización de los munícipes en la participación ciudadana, la denuncia -con pruebas técnicas- ante entidades administrativas y los tribunales de justicia, el manejo adecuado de la basura y de los desechos industriales, el control y fiscalización para que las leyes ambientales se cumplan, y la promoción de los recursos legales pertinentes, como lo sería la solicitud de suspensión de los actos administrativos que estimen nocivos para el ambiente, pero no en la vía constitucional, sino en la jurisdicción contenciosa-administrativa y civil de Hacienda, entre otros cometidos" (sentencia número 2001-5737, de las catorce horas cuarenta y un minutos del veintisiete de junio del dos mil uno). En este sentido, resulta indispensable que la audiencia se lleve a cabo en el lugar donde los vecinos puedan asistir, y con preferencia en el lugar de los hechos, ya que lo contrario, la celebración de la audiencia ordenada por la Administración no lograría cumplir su finalidad, donde obviamente la falta de los recursos no puede constituirse en un obstáculo para hacer llegar al expediente todos los elementos probatorios que la Administración requiere para tomar una decisión en asuntos de tan fundamental importancia, ya que necesariamente tendrá implicaciones sobre el medio ambiente y la comunidad. Asimismo, la importancia de la participación de las municipalidades en la elaboración de los estudios de impacto ambiental ha sido reconocida en la propia Ley Orgánica Ambiental en el párrafo segundo del artículo 22, que prevé: "Dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de una evaluación de impacto ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental remitirá un extracto de ella a las municipalidades en cuya jurisdicción se realizará la obra, la actividad o el proyecto. Asimismo, le dará profusa divulgación, por los medios de comunicación colectiva, a la lista de estudios sometidos a su consideración" Con lo que se resalta que la participación comunal en la toma de decisiones en materia ambiental forma parte del procedimiento al que debe sujetarse el Estado, y a la vez es integrante del derecho fundamental de toda persona, en los términos previstos en el artículo 50 de la Constitución Política. Por ello, reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el derecho de audiencia hace parte del debido proceso sustantivo y que es una forma de expresión de la democracia participativa (en este sentido, entre otras ver voto salvado de los Magistrados Piza, Solano y Arguedas de la sentencia número 4423-93, de las doce horas del siete de setiembre de mil novecientos noventa y tres; 2331-96, de las catorce horas treinta y tres minutos del catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis; 3521-95, de las diecisiete horas tres minutos del diez de julio de mil novecientos noventa y seis; 6640-00, de las nueve horas dieciséis minutos del veintiocho de julio del dos mil; y 10466-2000, de las diez horas dieciséis minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil). Sobre el tema de información en materia de ambiente, se ha indicado "En materia del medio ambiente debemos trasladar este concepto sobre el derecho de información a una nueva perspectiva que tiene todo individuo o colectividad de solicitar información y de ser informado por cualquier ente estatal [información] que no puede ser obstruida por las instituciones estatales referentes a cualquier proyecto que pueda afectar el goce de su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es entonces esta, la garantía que permitirá participar a cualquier individuo o colectividad, haciendo uso de los intereses difusos del acceso a la participación, dentro de los procesos de toma de decisiones que afecten ese derecho, pues lo contrario sería ilusorio y la norma constitucional resultaría superflua [...]" (sentencia número 2331-96, supra citada). En esta especial materia, toda persona debe tener adecuada información sobre los materiales y las actividades o proyectos que pueden implicar un peligro o amenaza para las comunidades (derecho a la salud), y para la conservación y preservación del medio ambiente (derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado), así como para la efectiva oportunidad de participar en los procesos de adopción de tales decisiones; toda vez que tratándose del derecho al ambiente, la legitimación corresponde al ser humano como tal, pues la lesión a este derecho fundamental la sufre tanto la comunidad –como un todo-, como el individuo en particular. Por ello, la Administración debe facilitar y fomentar la sensibilidad y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos, no sólo de los miembros de la comunidad, sino también de la ciudadanía en general, en tanto en materia ambiental se ha considerado la existencia de un verdadero interés difuso (según se había anotado anteriormente en esta sentencia)".( Sentencia de la Sala Constitucional No 6322/2003 de las 14:14 horas del 3 de julio del año 2003) [...] V.- LA FALTA O AUSENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS EN EL DICTADO DE LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS. Indica el apoderado de los actores, que no existen medios probatorios suficientes y convincentes que hayan demostrado que efectivamente se dio una desviación del Río Virilla y consecuentemente se haya causado un daño ambiental. Tampoco lleva razón el recurrrente sobre este extremo, pues ha quedado demostrado con la basta prueba evacuada tanto en vía administrativa como en la vía judicial, que efectivamente hubo una desviación del cauce del Río Virilla, ocasionando un daño al medio ambiente, el cual corresponde a un derecho que se encuentra protegido a nivel constitucional con el fin de que todos los ciudadanos podamos disfrutar de un medio sano, de acuerdo con el principio Pro Natura. ( ver Sentencia de la Sala Constitucional No 3705-93 de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993). En autos, constan varios medios probatorios que determinan efectivamente, que hubo una desviación del cauce del Río Virilla y la provocación de un daño al ambiente. En mil novecientos noventa y tres, un funcionario de la Guardia Rural de Moravia, realizó una inspección a través de la cual se corroboró que se había construido una laguna, así como el tránsito de tractores sobre el cauce del río Virilla y la desviación del cauce original para el aprovechamiento de las aguas en la cantera. La siguiente visita, fue realizada el día 27 de julio de 1994, por la geóloga Sirzabel Ruiz de Control Minero del MINAE, y en ella se establece la extracción de material del río y la práctica de excavaciones de la ladera noroeste del río fuera del área de la concesión otorgada, así como la existencia de una represa en el río. Tres años después, en la semana del 8 al 10 de abril de 1997, la misma funcionaria, junto con el técnico ambiental José Ambrosio Obando, inspecciona y observa la desviación a que ha sido objeto el cauce del río, el cual inicialmente, corría paralelo a la margen izquierda aguas arriba, tal desviación como de cincuenta metros, así como la construcción de un dique de piedras para confirmar el nuevo cauce del río, de forma tal que para ese momento el río corría paralelo a la margen derecha aguas arriba, consecuencia de la desviación de su cauce; y por otra parte, para ese momento no se había iniciado las labores de recuperación ambiental establecidas en al estudio de impacto ambiental al que estaban obligados los actores. Posteriomente el 11 de febrero de 1998, funcionarios de la Secretaría Técnica Ambiental, y la Dirección de Geología y Minas, inspeccionan la concesión de explotación de la cantera, detectándose que se ha desviado el cauce del río en más de treinta metros con el fin de habilitar áreas de explotación, construyéndose una llanura donde el río tenía un cañón por cauce, se rompe la coraza del fondo del lecho, con lo cual se bajó el nivel del río, esto para habilitar áreas de explotación, provocando graves daños al entorno y variando la dinámica del cauce y la utilización de dinamita en el hecho del río, lo que propicia posibles desastres naturales, aguas abajo, la extracción de material del cauce del río con maquinaria pesada, sin autorización, y finalmente que la bitácora del Colegio de Geólogos no está al día. El día 24 de febrero de ese mismo mes, José Ambrosio y César Laurito, éste último del Departamento de Planificación y Desarrollo del MINAE, inspeccionan la concesión del expediente de los actores ( expediente No 1741), Tajo Zurquí, donde determinaron que los frentes de explotación se ubican dentro del cauce ampliado del río, que el extremo noreste estaba siendo explotado por un cargador y dos vagonetas, que el cauce en ese mismo extremo (noroeste), fue ampliado aproximadamente sesenta metros con una profundidad de cinco metros, evidenciándose la explotación de la coraza del río, para dejar un lecho del río uniforme a fin de que la maquinaria pueda llegar a las áreas de explotación, y uno de los aspectos más importantes es que se determina la zona noreste de la concesión donde el cauce del río fue ampliado corresponde a la margen derecha aguas abajo, haciendo que el río no siga su curso natural y provocando que parte de su caudal sea desviado a las bombas de agua, formando las aguas al rebalsarse una cascada frente a la explotación, que el frente de explotación oeste tambièn fue rebajado y ampliado en aproximadamente cien metros y el cauce fue alcantarillado en este punto para que la maquinaria pueda salir a la autopista, y como conclusión de dicha inspección se establece que no se ha cumplido el cronograma dispuesto en el estudio de impacto ambiental, como actividades de recuperación ambiental. Ante lo expuesto, tampoco el agravio expresado por el recurrente de una ausencia de medios probatorios es de recibo, pues ha quedado demostrado con la basta prueba expuesta, que efectivamente se desvió el cauce del río Virilla, y se ocasionó un grave daño al ambiente. A mayor abundamiento, de la prueba testimonial evacuada en el proceso el señor Emilio Garro Rojas, en su deposición indicó: " El acondicionamiento incluía un ligero desvío del cauce del Río Virilla en el vértice Noroeste de la propiedad de la concesión. Lo que se hizo fue profundizar un canal...". VI.- VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y DE LOS PRINCIPIOS PRECAUTORIO Y SANCIONATORIO Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL. El primero de los principios, que indica el recurrente que se le ha vulnerado, sea del debido proceso, ya la Sala Constitucional manifestó al respecto que en el caso bajo estudio no se dio tal vulneración del debido proceso, pues el Tribunal Ambiental actuó conforme al ordenamiento jurídico, y además al adicionar la resolución No 246-99-TAA, enmendó el error material en que incurrió en la resolución final, y por lo tanto, el agravio solicitado en cuanto a la vulneración del debido proceso debe rechazarse. ( Ver Sentencia No 6942-1999 de las 16:45 horas del 7 de septiembre del año 1999). Cabe señalar que el Tribunal Administrativo Ambiental, ante la denuncia presentada, inició el procedimiento administrativo en contra de la actora amparado al ordenamiento jurídico, en el cual respetó a cabalidad con dicho principio constitucional del debido proceso, otorgando la respectiva audiencia, la posibilidad de que la parte ejerciera su derecho de defensa, al principio del contradictio a la hora de evacuar los medios probatorios existentes, y culminando con la resolución final, y por la cual se conoce en esta jurisdicción de la legalidad de esa resolución y lo actuado en la fase administrativa. Ante tal situación, y con base en lo expuesto, ahunado a la resolución antes citada de la Sala Constitucional, este agravio carece de fundamento. En cuanto a lo manifestado en el sentido que la jueza de instancia confundió los principios precautorio y sancionatorio, tampoco es de recibo el recurso sobre este punto por las razones que a continuación se dirán. De acuerdo con el principio precautorio como manifiestación inequívoca de la obligación impuesta al Estado de proteger, garantizar y preservar de manera efectiva el ambiente, el ente mayor tiene el deber de procurar una protección adecuada al ambiente; consecuentemente, debe tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación y, en general las alteraciones producidas por el hombre que constituyan una lesión al medio. Al respecto el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos estipula: "Artículo 11.- Derecho a un medio ambiente saño y a contar con servicios públicos básicos. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente". En igual sentido, el principio primero de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano establece: "El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, igualdad, y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad de tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras". A fin de evitar que la existencia del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, esté restringida al plano semántico de la realidad jurídica, el derecho ambiental ha integrado una serie de principios rectores que garantizan la tutela efectiva de tal derecho, expuestos ya en el considerando III de esta sentencia, y uno de ellos es el denominado "principio precautorio", o "principio de la evitación prudente", el cual está contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, que literalmente indica: "Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". En igual sentido se puede ver el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad. El término prevención deriva del latín "preaventio", que alude a la acción y efecto de prevenir, a aquellas preparaciones y disposiciones que se hacen anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una cosa. La prevención por lo tanto, pretende anticiparse a los efectos negativos, y a asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso que exista un riesgo de daño grave o irreversible- o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensar los daños ocasionados al ambiente. Pues bien, en el caso bajo estudio, el Tribunal Ambiental con base en este principio constitucional dictó la resolución No 92-98 de las diez horas del veintinueve de abril de 1998, en la cual decidió imponer como medidas precautorias para evitar una lesión mayor al medio ambiente: La paralización total de las actividades que ejecutaba la actora de extracción de materiales, ordenando a los accionantes el retiro de las maquinarias que se encontraban en el río. En consecuencia, tales medidas se dictaron conforme a dicho principio. Por otra parte, en la resolución que dicta al final del procedimiento administrativo que llevó el Tribunal Ambiental contra los actores, dicta en la resolución final varias sanciones por haber comprobado que efectivamente los hechos que se le habían imputado a los accionantes fueron ciertos y de suma gravedad por lo que se hicieron acreedores de las sanciones impuestas. La gravedad al medio ambiente fue de tal magnitud, que el órgano administrativo ante las atrocidades cometidas por los actores, decidió cancelar la concesión que venían ostentando, sanción que de acuerdo con lo expuesto era necesario en virtud de las reiteradas ocasiones en que se cometieron los hechos investigados, pues como quedó demostrado no fue una única vez, sino varias en que sin control alguno desviaron el cauce del río y no cumplieron con los requisitos señalados en el estudio de impacto ambiental, conductas reiterativas ocasionando un daño continuo al medio ambiente. En consecuencia, no es cierto que la jueza de instancia haya confundido los dos principios antes señalados como lo manifiesta el representante de los actores. Tanto las medidas cautelares, como las sanciones dictadas en el acto final, cuando ya se llevó a cabo el procedimiento administrativo fueron dictadas amparadas a los principios sancionador y precautorio que rigen en esta materia. Ante esta situación, no lleva razón el recurrente en este punto de sus agravios por lo que se rechazan los mismos. VII.- DESPROPORCIÓN E IRRACIONALIDAD EN LAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO. Manifiesta la actora que se le impusieron las cuatro sanciones, y una de ellas es la más drástica, cual es la cancelación de la concesión que ostentaba de explotación del tajo del río Virilla, por lo que alega desproporción e irrazonabilidad a la hora de imponerle dichas sanciones, pues según su decir, los hechos que se le imputan no son de tal gravedad, que ameritaran la clausura del tajo. La explotación de los diversos recursos naturales debe responder a principios de razonabilidad y proporcionalidad, que no pongan en peligro la extinciòn de las diversas especies animales y vegetales. La Sala Constitucional en la Sentencia No 3208-97 de las trece horas treinta y nueve minutos del seis de junio de mil novecientos noventa y siete al respecto manifestó: "...La explotación privada de los recursos madereros, es posible, en la medida que se ejecute por medio de un plan de aprovechamiento o manejo, que debe ser aprobado por la Dirección General Forestal y que debe contener, como mínimo, las acciones del particular para recuperar o reponer el recurso que explota ( artículo 49 Forestal), así como las demás medidas que señala la ley, para que la explotación y aprovechamiento, se hagan en forma razonable y ponderada a efectos de proteger el medio ambiente natural y los recursos del Estado en general...". Pues bien, en igual sentido las sanciones que se le impongan a quienes infringen las normas que regulan la protección del medio ambiente, deben ser razonables y proporcionales en relación con el daño que han ocasionado a ese ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En autos, ha quedado demostrado el desastre ecológico que ocasionaron los autores no solamente en la desviación del río Virilla, sino en el entorno del mismo y en el incumplimiento del estudio del impacto ambiental al cual se encontraban obligados a cumplir. De las pruebas antes mencionadas, quedó acreditado que fueron varias veces en que los actores desviaron el cauce del río Virilla para fines propios de aprovechamiento sin contar con los permisos del MINAE, y por otra utilizaron las aguas de ese recurso natural para sus labores de explotación. Además, extrajeron material del cauce y lo adecuaron a fin de poder transitar la maquinaria pesada que se utilizaba para transportar el material extraído hacia la carretera Braulio Carrillo, ( ver testimonio del señor Emilo Garro Rojas, que corre a folios 142 a 144 del expediente). Ante esta situación y en virtud de las faltas cometidas por los accionantes, no solamente en contra del medio ambiente, al desviar el cauce del río Virilla sin que existiese permiso o autorización alguna, y que el extraer del mismo material natural para su beneficio, acarrea la potestad de imperio del Estado de imponer las sanciones correspondientes, que en el caso de marras al ser tan graves sus actuaciones, las mismas no fueron desproporcionadas ni tampoco irracionales. La sola comprobación del desvío del cauce del río y el incumplimiento de la recuperación ambiental ordenada en el estudio de impacto ambiental, como ha quedado demostrado en autos hacen oportuno la cancelación de la concesión de la explotación del tajo, pues con tales actuaciones el ambiente se vio seriamente perjudicado con la mala utilización de los recursos naturales por parte de los recurrentes, poniendo en peligro el derecho fundamental de todos los ciudadanos a tener un ambiente sano y protegido. Los actos efectuados por los recurrentes fueron atroses, desvastadores y violentos contra la naturaleza vegetal de nuestro país, y de permitir estas situaciones, sin tomar las medidas necesarias, acarrearían un país desforestado, sin recursos naturales y una desprotección al medio ambiente. Más aún, incluso a la fecha pretenden desmentir los estragos causados, lo que disminuye las probabilidades de proteger a futuro el interés público aquí lesionado, al no estar aún concientizados de sus actos En consecuencia, el Tribunal Ambiental amparado a la ley, impuso las sanciones que consideró oportuno y las cuales este Tribunal avala en tutela de los principios que rigen el Derecho Ambiental, como ya se expuso en el considerando IV de esta sentencia. Ante esta situación no se han vulnerado los principios de proporcionalidad ni tampoco de irrazonabilidad a la hora de sancionar a los actores. VIII.- CONCLUSIÓN.- De todo lo anterior, han quedado demostradas las irregularidades cometidas por los recurrentes en el uso y disfrute de los bienes dados en concesión, y por ende su explotación indebida y no conforme con la normativa que regula la materia ambiental, por lo que con base en lo dicho en los considerandos anteriores, las sanciones impuestas se encuentran acorde con el ordenamiento jurídico que regula la materia y por lo tanto, se debe confirmar en todos sus extremos la resolución venida en alzada."

 

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Texto de la resolución

Nº66-2006

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y C IVIL DE HACIENDA, SECCIÓN CUARTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, a las nueve horas cincuenta minutos del trece de julio del año dos mil seis.

Proceso Ordinario Contencioso Administrativo interpuesto por Rafael Zamora Fernández, mayor, casado, empresario, vecino de San Antonio de Belén, portador de la cédula de identidad número 1-563-370, en su carácter personal, y como apoderado generalísimo sin límite de suma de Constructora Zurquí Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- cero cincuenta y cuatro mil quinientos setenta y nueve- veinticinco.

RESULTANDO:

1).- Fijada la cuantía de este proceso como inestimable, el actor en su carácter personal, y como representante de la sociedad Constructora Zurquí S.A., interpone la demanda a fin de que en sentencia se declare: " EN FORMA PRINCIPAL: 1.- Que las resoluciones No 246-99 TAA, de las 8 del día tres de agosto de 1999, y No 291-99 TAA, de las 13:30 horas del día 24 de agosto de 1999, ambas dictadas por el Tribunal Ambiental Administrativo son nulas y deben revocarse. 2.- Que en consecuencia de lo anterior, debe permitirse a mi representada CONSTRUCTORA ZURQUÍ S.A., la operación de la concesión que ostenta, conforme a sus derechos y deberá comunicarse a la Dirección de Geología y Minas que las sanciones impuestas han quedado sin efecto ni valor legal alguno. 3.- Que se declare que el señor Rafael Angel Zamora Fernández no es responsable solidario, en virtud de la nulidad decretada de las resoluciones impugnadas. 4.- Que se condene al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados con las sanciones arbitrarias e ilegales que nos fueron impuestas y que se liquidarán en el proceso de ejecución de sentencia. 5.- Que se condene al Estado al pago de ambas costas de ésta acción. EN FORMA SUBSIDIARIA: 1.- Que las resoluciones No 246-99TAA, de las 8 del día 3 de agosto de 1999 y No 291-99 TAA, de las 13:30 horas del día 24 de agosto de 1999, ambas dictadas por el Tribunal Ambiental Administrativo son parcialmente nulas y deben revocarse, en especial la condena al pago solidario al daño ambiental producido por alteración del cauce; a la paralización inmediata de labores y la clausura definitiva del tajo. 2.- Que en consecuencia de lo anterior, debe permitirse a mi representada CONSTRUCTORA ZURQUÍ S.A. la operación de la concesión que ostenta, conforme a sus derechos y deberá comunicarse a al Dirección de Geología y Minas que las sanciones impuestas han quedado sin efecto ni valor legal alguno. 3.- Que se declare que el señor Rafael Angel Zamora Fernández no es responsable solidario, en virtud de la nulidad decretadas de las resoluciones impugnadas. 4.- Que como consecuencia de lo anterior, deberá comunicarse a la Dirección de Geología y Minas que las sanciones impuestas y revocadas han quedado sin efecto ni valor legal alguno. 5.- Que se condene al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados con las sanciones arbitrarias e ilegales que le fueron impuestas a mis mandantes y que se liquidarán en el proceso de ejecución de sentencia. 6.- Que se condene al Estado al pago de las costas de esta acción".

2.- Dentro del término conferido, el representante del Estado, contestó negativamente la demanda, y opuso las excepciones de falta de derecho y la genérica sine actione agit.

3.- La Licenciada Grace Emilia Loaiza Sánchez, en sentencia No No 1072-2003 de las ocho horas del diecinueve de diciembre del año dos mil tres dispuso en el POR TANTO: "Se acoge la excepción de falta de derecho. Se rechaza la excepción genérica de sine actione agit, en sus modalidades de falta de legitimación y falta de interés actual. Se declara sin lugar en todos sus extremos la presente demanda ordinaria incoada por Constructora Zurquí Sociedad Anónima y el señor Rafael Angel Zamora Fernández, en su doble calidad de representante de la citada sociedad y carácter personal. Se condena a los actores al pago de ambas costas de este proceso. Notifíquese.".

4.- Inconforme con lo resuelto, el apoderado de los actores, dentro del término de ley, apeló, recurso que le fue aceptado y en virtud del cual conoce este Tribunal en alzada.

5).- En los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor y no se notan causales de nulidad capaces de invalidar lo actuado y esta resolución se dicta en el plazo que lo permiten las obligaciones del despacho, previa su deliberación.

Redacta el Juez Segura Solís, Y;

CONSIDERANDO:

I.- HECHOS PROBADOS: Se avalan los hechos tenidos por probados, así como los no demostrados de la sentencia recurrida, por destacar los elementos de convicción que obran en el expediente y ser fiel reflejo de los autos.

II.- LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE.- Manifiesta el apoderado judicial de los actores que las resoluciones dictadas por el Tribunal Ambiental Administrativo fueron recurridas en esta sede por ser absolutamente nulas, en razón de ser inconsistentes y deficientes en su contenido. Basa sus argumentos en la inexistencia de normativa alguna que facultara al Tribunal a imponer una sanción como la de clausurar una concesión, y además no tienen relación alguna las normas citadas por él, y los hechos tenidos por demostrados en tales resoluciones. En esta instancia judicial, indica que la jueza de instancia tuvo como fundamento para la cancelación de la concesión y clausurar el tajo, los numerales 2,4,17,50, 51, 52 y 99 de la Ley Orgánica del Ambiente. Por otra parte, la juzgadora tiene como demostrado la variación del cauce del río en un testimonio del señor Emilio Garro Rojas, cuya deposición indicó que el desvío del cauce del río se produjo en el año mil novecientos noventa y tres, y aún cuando existiesen informes posteriores del año 1997, lo cierto que desde el primer momento se hizo un cambio en el cauce del río, buscando una salida hacia la autopista de Guápiles. De lo anterior se puede concluir que la Ley Orgánica del Ambiente, Ley No 7554 del 4 de octubre del año 1995, rige a partir de su publicación, por lo que la competencia del Tribunal Ambiental estaría vedada pues los hechos datan desde antes de la promulgación de tal norma, dándole efectos retroactivos a una norma sancionatoria como ella. En igual sentido, la jueza de instancia le da aplicación retroactiva al Código de Minería, el cual fue promulgado en el día 28 de junio del año 2002; años después de que acontecieron los hechos. Indica que para tales fechas, la única norma que establecía una sanción por el desvío del río era el numeral 226 del Código Penal, citado expresamente por el Tribunal Ambiental, pero que no puede ser aplicado por él por razones de competencia. En igual sentido, aun cuando se manifieste que su representado extrajo material del río sin estar autorizado, la única norma posible a aplicar sería el numeral 227 del Código Penal, el cual tampoco podía ser aplicado por el Tribunal Ambiental por las mismas razones antes dichas. En consecuencia, no existe norma alguna que permitiera imponerle las sanciones por parte del Tribunal Ambiental, y ante este hecho las mismas carecen de fundamento legal y por ende son nulas. Por otra parte, alega que existe falta de medios probatorios en el proceso que llevaran al Tribunal a la convicción de que mis representados al haber modificado el cauce del río, produjeron un daño ambiental. El citado Tribunal Administrativo no sabía y no supo si la variación del cauce requería medidas adicionales para su recuperación, o basta con las contempladas en el E.I.T., por lo que nunca constató si existió daño ambiental, o si se trataba de un impacto ambiental, por lo que no puede ponderar la razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones impuestas. Tampoco existe prueba para establecer con claridad, si los actos impugnados eran de tal gravedad que ameritaban la clausura de la concesión. De ahí sus alegatos de la violación al debido proceso en que incurrió el Tribunal Ambiental. En igual sentido, menciona que no comparte el criterio vertido por la señora Jueza, en cuanto al principio precautorio o de in dubio pro natura, y el principio de inversión de la prueba, pues en el caso bajo estudio las medidas a tomar no eran ni precautorias ni temporales. Si existió duda de que una actividad puede causar un daño, es razonable suspender hasta tanto se demuestre científicamente que esa actividad no causa daño o por el contrario que lo causa. En el caso bajo estudio la resolución del Tribunal Ambiental no se trató de una medida temporal, sino que fueron de cierre y clausura de la actividad, por lo que la señora jueza confunde entre el principio precautorio y el sancionatorio, por ende la carga de la prueba correspondía al ente acusador, en cuanto a la demostración de la certeza de que efectivamente se causó un daño y por lo tanto se debía cerrar. Acerca de la recuperación ambiental, el Tribunal Administrativo funda su decisión de cerrar el tajo, alegando que mi representada no había cumplido con la ejecución de la recuperación ambiental que se había establecido en el estudio de impacto ambiental. Sin embargo, el Còdigo de Minería establece en el numeral 67, cuales son las causales que pueden dar lugar a la caducidad de la concesión y el procedimiento para que la tal sanción pueda decretarse,( inciso ch) del tal numeral. En consecuencia al existir una norma que contempla esa falta que se nos achaca, y la sanción que la misma establece, también existe un procedimiento a seguir que implica notificar al concesionario para que dentro de un plazo de noventa días cumpla o justifique, de lo contrario, se procede a elevar el expediente al Ministro para que conceda un nuevo plazo o considere que no es necesario y proceda a declarar por la Dirección de Geología y Minas la caducidad de la concesión. Ante esta situación, existe una norma especial ( artículo 67 inciso ch) del Código de Minería, que prevalece sobre la norma general artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, por lo que el Tribunal debió, si la falta imputada es el no inicio de la recuperación ambiental, ordenar a la Dirección de Geología y Minas, que iniciara de inmediato el procedimiento ahí establecido, pero bajo ninguna circunstancia ordenar cancelar la concesión por la razón imputada sin haber cumplido el procedimiento establecido en el numeral 67 del Código de Minería. Esta es una nueva violación del debido proceso, y el derecho de defensa. En cuanto a la desproporcionalidad e irracionalidad de las sanciones, argumenta el recurrente que la jueza indicó que no se trató de cuatro sanciones impuestas, sino que es una sanción que va desde la amonestación hasta la clausura del tajo, pasando por la suspensión y establece cosa que no hace la resolución del Tribunal Ambiental, una división de ellas, unas por desviar el río y otras por no haber iniciado la recuperación ambiental. Así de que vale amonestar al administrado, si a la vez se le está cerrando la operación del negocio. Reitera, de que vale imponer una sanción temporal, si se aplica la clausura del negocio, por lo que existe una incongruencia entre las sanciones dictadas. Por otra parte, no se pronunció el hecho de que a pesar de que no demostró los supuestos efectos nocivos de la acción de mi representada, el Tribunal decide imponer cuatro sanciones y además las más graves, cuando no se demostró la gravedad de las supuestas faltas. El Tribunal Ambiental Administrativo no tuvo por demostrado el carácter nocivo de las acciones de mi representada y si eso es así, las supuestas faltas imputadas no revisten la gravedad necesaria para imponer, no solo cuatro sanciones, sino las más graves, como ese el cierre del tajo. Nótese que el legislador califica la conducta que daña el ambiente, señalando que no es cualquier daño o alteración, sino que deben ser daños o alteraciones nocivos para el medio ambiente. En el caso de la resolución que se impugna No 246-99-TAA el Tribunal Ambiental no señala en los hechos probados que los eventuales y supuestos daños y alteraciones cometidos por mi representada tengan el carácter de nocivos. Tampoco realiza esa valoración en el considerando III, limitándose a decir que existió una alteración del cauce del río, más nunca que la misma fuera nociva para el medio ambiente. Siendo así las cosas no era posible o legal que se impusieran cuatro sanciones entre ellas, la más grave de todas, el cierre definitivo, por lo que las sanciones impuestas no guardan proporcionalidad o racionalidad con las supuestas faltas encontradas. En razón de lo anterior, solicita se proceda a revocar la sentencia de primera instancia y acoger la demanda en todos sus extremos.

III.- DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DE ESTE DERECHO. De previo al análisis de los agravios presentados por el representante de la actora, es oportuno y conveniente hacer referencia al desarrollo jurisprudencial realizado por la Sala Constitucional referente al Derecho Ambiental, y sobre todo, a los principios que sobre esta materia se han establedido. Previa a la reforma del artículo 50 de la Constitución Política, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional reconoció la protección y preservación del medio ambiente como un derecho fundamental (sentencia número 2233-93), al derivarlo de lo dispuesto en los artículos 21 (derecho a la salud), 69 (exigencia constitucional a la "explotación racional de la tierra") y 89 (protección de las bellezas naturales), todos de la Constitución Política. Así en la Sentencia No 6322/2003 de las catorce horas con catorce mintuos del tres de julio del año dos mil tres, la Sala Constitucional, a fin de evitar que la existencia del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado esté restringida al plano semántico, ha integrado una serie de principios rectores que garantizan la tutela efectiva del ambiente, los cuáles son de acatamiento obligatorio, tanto para los particulares como las instituciones del Estado -según se indicó anteriormente- en el aprovechamiento que hagan de los recursos naturales, y que se comentarán a continuación. Se hace la advertencia, de que esta enumeración, en modo alguno, constituye un listado cerrado (numerus clausus), por cuanto es la misma evolución de este derecho lo que enmarcará y definirá otros; por el momento, de la doctrina, normativa vigente y jurisprudencia constitucional se pueden derivar los siguientes, en relación con el tema de fondo que nos ocupa: En dicho pronunciamiento expresó:

"...1.- de la tutela del derecho ambiental a cargo del Estado: A partir de la reciente reforma del artículo 50 constitucional, para consagrar expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, se establece también -en forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es al tenor de esta disposición, en relación con los artículos 20, 69 y 89 de la Constitución Política, que nace la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la normativa ambiental. Es así como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho.

" Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales" (sentencia número 9193-2000, de las dieciséis horas veintiocho minutos del diecisiete de octubre del dos mil).

En este orden de ideas, debe considerarse que la normativa establece al Ministerio del Ambiente y Energía en el órgano rector del sector de los recursos naturales, energía y minas, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de este ministerio, número 7152, de cuatro de junio de mil novecientos noventa:

"Serán funciones del Ministerio del Ministerio del Ambiente y Energía, las siguientes:

a) Formular, planificar y ejecutar las políticas de recursos naturales, energéticas, mineras y de protección ambiental del Gobierno de la República, así como la dirección, el control, la fiscalización, promoción y el desarrollo en los campos mencionados. Asimismo, realizar y supervisar las investigaciones, las exploraciones técnicas y los estudios económicos de los recursos del sector.

b) Fomentar el desarrollo de los recursos naturales, energéticos y mineros.

c) Promover y administrar la legislación sobre conservación y uso racional de los recursos naturales, a efecto de obtener un desarrollo sostenido de ellos, y velar por su cumplimiento.

ch) Dictar, mediante decreto ejecutivo, normas y regulaciones, con carácter obligatorio, relativas al uso racional y a la protección de los recursos naturales, la energía y las minas.

d) Promover la investigación científica y tecnológica relacionada con las materias de su competencia, en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

e) Promover y administrar la legislación sobre exploración, explotación, distribución, protección, manejo y procesamiento de los recursos naturales relacionados con el área de su competencia, y velar por su cumplimiento.

f) Tramitar y otorgar los permisos y concesiones referentes a la materia de su competencia.

g) Propiciar, conforme con la legislación vigente, la suscripción de tratados, convenios y acuerdos internacionales, así como representar al Gobierno de la República en los actos de su competencia, de carácter nacional e internacional. Todo lo anterior en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

h) Fomentar y desarrollar programas de formación ambiental en todos los niveles educativos y hacia el público en general.

i) Realizar inventarios de los recursos naturales con que cuenta el país.

j) Asesorar a instituciones públicas y privadas en relación con la planificación ambiental y el desarrollo de áreas naturales.

k) Las demás que le asigne el ordenamiento jurídico."

Sin embargo, a criterio de esta Sala, esta función de rectoría en la materia ambiental comprende no sólo el establecimiento de regulaciones adecuadas para el aprovechamiento del recurso forestal y los recursos naturales, según lo dispone también el artículo 56 de la Ley Orgánica del Ambiente, en tanto le confiere al Estado la importante función de ejercer la rectoría en la materia ambiental, consistente en mantener un papel preponderante en esta materia, para lo cual,

" [...] dictará las medidas generales y particulares, relacionadas con la investigación, la exploración, la explotación y el desarrollo de esos recursos, con base en lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo";

función a la que se da cabal cumplimiento -por ejemplo- en lo que respecta a la definición de los lineamientos, principios, criterios e indicadores para el establecimiento de los planes de manejo forestal, establecidos por el propio Ministerio del Ambiente y Energía mediante Decreto Ejecutivo número 27.388-MINAE, regulaciones que son de acatamiento obligatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley Forestal 7575, 14 y 16 del Reglamento a la Ley Forestal y 1° y 2 del Decreto Ejecutivo número 27.388-MINAE; sino también, y sobre todo, lo correspondiente al control y fiscalización tendente a verificar el cumplimiento del ordenamiento ambiental, en primer lugar por las diversas dependencias administrativas, y en segundo -y no por ello menos importante-, por la ciudadanía en general, y por sobre todo, por los propietarios de inmuebles que tienen una afectación ambiental, según lo dispuesto en el transcrito inciso a) del artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente y Energía. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado al tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución, en tanto dispone en lo que interesa en el párrafo tercero:

" El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho";

lo cual resulta concordante con el principio constitucional establecido en el párrafo segundo del artículo 9 de la Constitución Política, que expresamente prohíbe a los Poderes del Estado la delegación del ejercicio de funciones que le son propias, máxime cuando se constituyen en esenciales. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha considerado que

"Los artículos 9, 10, 121, 140 y 152 de la Constitución, entre otros, claramente asignan funciones especializadas a diferentes órganos -Poderes- del Gobierno, y han diseñado un complejo sistema de frenos y contrapesos como una garantía, la más importante, si se quiere de la libertad. Desde esta perspectiva, la separación de funciones, la fiscalización recíproca y la autolimitación de esos poderes, se yergue como un valladar de protección de los valores, principios y normas constitucionales en beneficio directo de todos los habitantes del país " (Sentencia número 4091-94, de las quince horas doce minutos del nueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro).

De manera que en razón de la materia de que se trata -la protección ambiental-, y por las implicaciones que tiene su desprotección –contaminación del medio ambiente y problemas en la salud de los habitantes-, es que para este Tribunal nunca será constitucional la delegación que se haga a particulares de las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, las cuáles se reservan en exclusiva al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas.

2.- Principio del uso racional de los recursos, a fin de que exista el necesario equilibrio entre el desarrollo del país y el derecho al ambiente: Con fundamento en el principio establecido en el artículo 69 constitucional del "uso racional de los recursos naturales", es que la Sala -en sus diversas resoluciones- ha establecido los parámetros constitucionales para el uso adecuado de los mismos; y en virtud de los cuales queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras. Por ello, el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es que a través de la producción y uso de la tecnología, se obtengan no sólo ganancias económicas (libertad de empresa) sino sobre todo un desarrollo y evolución favorable del medio ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio:

"Esta Sala también ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación, sin el cual el primero no podría hacerse efectivo, son derechos fundamentales, de modo que, es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin o bien, a través de actos concretos por parte de la Administración. El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta para ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad de producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento demográfico o entre éste y los sistemas naturales. Es el desarrollo sostenible, el proceso de transformación en la utilización de los recursos, orientación de las inversiones, canalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y todo aquello que coadyuve para atender las necesidades humanas del presente y del futuro" (sentencia número 1763-94, de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro).

3.- Principio de la calidad ambiental: La calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual que la salud, la alimentación, el trabajo, la vivienda y la educación, entre otros. El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política, garantiza el derecho del hombre a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, lo que implica el correlativo deber de proteger y preservar el medio, mediante el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo. El Estado también tiene la obligación de procurar una protección adecuada al ambiente; consecuentemente, debe tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación y, en general, las alteraciones producidas por el hombre que constituyan una lesión al medio. Al respecto, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos estipula:

" Artículo 11.- Derecho a un medio ambiente sano.- Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente".

En igual sentido, el principio primero de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano establece:

"El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras".

4.- Principio precautorio: Uno de los principios esenciales que componen el derecho ambiental es el "principio precautorio" o "principio de la evitación prudente", el cual está contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, que literalmente indica:

" Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". (En igual sentido ver artículo 11 de la Ley de Biodiversidad).

El término prevención deriva del latín "praeventio", que alude a la acción y efecto de prevenir, a aquellas preparaciones y disposiciones que se hacen anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una cosa. La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente.

5.- de la realización del estudio de impacto ambiental previo a la iniciación de obras: Se parte del principio de que las normas ambientales deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir de límites que determinen las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es así porque al ser los daños y contaminación del medio ambiente evaluables, como la presencia de sustancias tóxicas o elementos externos que provoquen en el ambiente características negativas, tanto para la diversidad biológica -comprendiendo a la flora y la fauna-, como -y sobre todo- para la vida humana, que se ve reflejada en la salud o bienestar del hombre -suelo, hábitat, aire, agua, etc.-, el impacto de estos elementos requiere de una evaluación y tratamiento científico. Por ello, este principio (de la realización previa del estudio de impacto ambiental) se constituye en corolario del principio anterior, y teniendo especial importancia su realización para todas las

" [...] actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos materiales tóxicos o peligrosos , requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta Ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos." (Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco).

Es así como la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar las medidas de carácter preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro de las principales medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran los Estudios de Impacto Ambiental, los que encuentran fundamento en lo dispuesto en el citado artículo 17 de la Ley Orgánica dl Ambiente. A este efecto, es importante resaltar en virtud de mandato constitucional –artículo 50-, y en la Ley –artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente-, se establece como principio general, que toda actividad humana de modificación del entorno requerirá el estudio de impacto ambiental, de donde, será la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, si se requiere o no del referido estudio técnico, y no el establecimiento de condiciones arbitrarias, sean éstas administrativas o reglamentarias (según lo indicado por este Tribunal, en sentencia número 1220-2002, de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del seis de febrero del dos mil dos).

Es al tenor de esta disposición que la jurisprudencia constitucional recientemente ha exigido este estudio técnico previo a la realización de cualquier proyecto en que se pueda afectar el medio ambiente, como una garantía para hacer efectivo el derecho del medio ambiente, y a modo de ejemplo lo ha exigido en las siguientes actividades, haciéndose la advertencia de que en modo alguno puede implicar una enumeración cerrada (numerus clausus): tala de árboles en un refugio de vida silvestre (sentencia número 1888-95, supra citada), ubicación de un "centro de transferencia de basura" (sentencia número 2671-95, de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco), decisión para determinar el cierre o continuación de funcionamiento del "botadero de basura Río Azul" (sentencia número 1154-96, de las dieciséis horas del seis de marzo de mil novecientos noventa y seis), la reducción de la cabida de una zona protegida (sentencia número 7294-98, de las dieciséis horas quince minutos del trece de octubre de mil novecientos noventa y ocho), tratamiento de cáscaras de naranja en plantaciones (sentencia 1999-2219, de las quince horas dieciocho minutos del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve), planeamiento urbano y aprobación de urbanizaciones (sentencias número 2001-3694, de las dieciséis horas veintiséis minutos del quince de mayo del dos mil uno, y número 2002-1220, de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del seis de febrero del dos mil dos), construcción de plantas hidroeléctricas (sentencia número 2000-10466, de las diez horas diecisiete minutos del veinticuatro minutos del dos mil), construcción de diques en ríos (sentencia número 2001-6503, de las nueve horas veintiséis minutos del seis de julio del dos mil uno), construcción y operación de rellenos sanitarios manuales (sentencias número 2002-5977 y 2002-6782) tenencia de un viveros y plantación de helechos (sentencias número 2000-9735 y 2001-3840); con lo cual, bien se puede decir, que la realización de este estudio técnico se constituye en un principio de orden constitucional, y en consecuencia, de acatamiento obligatorio, tanto para los particulares, y con mayor razón, para las instituciones del Estado; según lo ha considerado con anterioridad ese Tribunal:

" III.- Obligación de las instituciones del Estado de cumplir con la legislación ambiental en su actividad ordinaria: El párrafo tercero del numeral 50 Constitucional señala con toda claridad que el Estado debe garantizar, defender y preservar el derecho de todas persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; lo que implica afirmar que los entes públicos no sólo están en la obligación de hacer cumplir –a los particulares y otros entes públicos- la legislación ambiental, sino también, ante todo, que deben ajustar su accionar a los dictados de esos cuerpos normativos tutelares. Las instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental, sin que exista justificación alguna para eximirlas del cumplimiento de requisitos ambientales como, a manera de ejemplo, el estudio de impacto ambiental que exige la Ley Orgánica del Ambiente para las actividades que emprendan los entes públicos que, por su naturaleza, puedan alterar o destruir el ambiente." (sentencia número 2001-6503, supra citada).

El legislador encomendó a la "Secretaría Técnica Nacional Ambiental", las evaluaciones a cargo de "un equipo interdisciplinario de profesionales, inscritos y autorizados por la Secretaría… de conformidad con las guías elaboradas por ella. El costo de las evaluaciones de impacto ambiental correrá por cuenta del interesado". En el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente se estableció que "las resoluciones de la Secretaría Técnica Ambiental deberán ser fundamentadas y razonadas", con lo que se recoge en esta materia el principio general de fundamentación de los actos administrativos desarrollado también por la Ley General de la Administración Pública, que es a su vez una garantía que integra el debido proceso sustantivo. La aprobación de un estudio de impacto ambiental requiere, de acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica y encomendados a SETENA, un análisis pormenorizado que incluya, como lo exige el artículo 24 de la Ley del Ambiente, los criterios técnicos y los porcentajes de ponderación que hacen posible la aprobación del estudio. Además, debe responder a las normas, los objetivos de ordenación y prioridades ambientales del Estado nacional y del gobierno local, tal como lo recoge el principio 11 de la Declaración de Río. El daño que se puede causar al ambiente es siempre de difícil o imposible reparación y la aprobación de un estudio de impacto ambiental requiere de la total certeza de mínima afectación de los recursos naturales, pues así lo impone por fuerza propia el artículo 50 de la Carta Política. En todo caso, debe hacerse la advertencia que la realización y aprobación del estudio de impacto ambiental no implica en sí misma la puesta en funcionamiento del proyecto en cuestión, por cuanto es tan sólo uno de los requisitos exigidos para culminar el proceso de autorización (sentencia número 5321-96, supra citada), que en algunos casos será la obtención del permiso de salud, la aprobación de los planos de la urbanización por la municipalidad respectiva, el visto bueno de la concesión por parte del Instituto Costarricense de Electricidad, el otorgamiento de las licencias comerciales, etc. Ello es así debido a que, tratándose del ambiente no se puede hablar de variables inmodificables; todo lo contrario, por su propia naturaleza el ambiente es, por sí mismo y con mayor grado por intervención del ser humano, cambiante. La aprobación de un estudio de impacto ambiental en los términos que lo señala la Ley Orgánica del Ambiente, tampoco supone una autorización inmodificable para realizar un determinado proyecto humano, toda vez que a través de la labor de fiscalización a cargo de la Administración, al detectarse un daño al ambiente, el permiso debe de revocarse, a fin de garantizar el derecho establecido en el numeral 50 de la Constitución Política.

6.- sólo el estado de necesidad declarado excepciona el cumplimiento de las normas ambientales: El estado de emergencia es fuente de Derecho, que conlleva, en algunos casos, un desplazamiento, y en otros un acrecentamiento de competencias públicas, precisamente con la finalidad de que pueda hacerle frente a la situación excepcional que se presente ("necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública"); de manera que se faculta al Poder Ejecutivo excepcionar los normales procedimientos de sus actividades o trámites, previéndose para tales casos, procedimientos excepcionales, más expeditos y simplificados. Se trata, por definición, de situaciones transitorias y que son urgentes en las que se hace necesario mantener la continuidad de los servicios públicos, de manera que se permite a la Administración improvisar una autoridad para el servicio de los intereses generales que no pueden ser sacrificados a un prurito legalista. De esta suerte, el derecho de excepción -formado por el conjunto de normas dictadas en el momento de necesidad-, deviene en inconstitucional en caso de normalidad, por cuanto se trata de un derecho esencialmente temporal, esto es, única y exclusivamente para solucionar la emergencia concreta que se enfrenta, toda vez que

" [...] no es admisible un tratamiento de excepción para realizar actividad ordinaria de la administración, aunque ésta sea de carácter urgente; [...] " (sentencia número 2001-6503, supra citada).

En este sentido debe hacerse la distinción entre la "mera urgencia", término que actúa a modo de calificativo, y que en muchos casos ni siquiera es necesariamente fundamental o inminente, en tanto

" [...] no es otra cosa más [que] la pronta ejecución o remedio de una situación dada, que se ha originado en los efectos de cómo ha sido manejada ella misma, [...]" (Sentencia número 3410-92, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del diez de noviembre de mil novecientos noventa y dos);

por lo que bien se le puede entender como la necesidad de actuar de la Administración en determinada situación, y en la mayoría de los casos, se debe a la inercia de ésta para encontrarle solución, conforme a los instrumentos que el ordenamiento jurídico le dota; del "estado de necesidad", entendiendo por tal las situaciones eventuales esto es- no dadas en el marco de la normalidad, y de tal magnitud que pueden afectar, de manera inminente la vida y la propiedad, el interés y el orden públicos, o la seguridad públicas, de manera que no pueden ser controladas, manejadas o dominadas a partir de la normativa ordinaria de que dispone el Gobierno, y que hacen inevitable e inaplazable la intervención administrativa, incluso, con al margen de la ley. Por ello, es que es contraria al Derecho de la Constitucional, no sólo la normativa, sino la actuación de las instituciones públicas que dispensen los trámites y procedimientos ordinarios para la actuación ordinaria de la Administración, y que en este caso, se refieren a la dispensa de la normativa ambiental, como lo son -por ejemplo- la realización del estudio de impacto ambiental o la solicitud de los permisos de salud. Ante situaciones de necesidad, pero que son previsibles a largo, mediano o corto plazo, no puede pretenderse la excepción del cumplimiento de las obligaciones ambientales, toda vez que se convierten en actividad ordinaria de la Administración (caso de la construcción de diques en los ríos para proteger a la población de inundaciones (sentencia número 2001-6503). Al respecto, debe tenerse claro, que para que se entienda de desarrollo constitucional la medida de emergencia, ésta debe atender única y exclusivamente a darle solución a la situación de emergencia que la motiva, y tener -además- como propósito el bien común: esto es, debe ser justa y además razonable (proporcionalidad en sentido estricto).

7.- la falta de recursos económicos de las instituciones públicas no es excusa que justifique la omisión de dar protección al derecho ambiental: La jurisprudencia constitucional ha sido constante en el sentido de que la falta de presupuestos (recursos económicos, materiales y/o personal calificado) no puede constituirse en un límite entre el respeto y la violación de los derechos fundamentales, es decir, no puede ser motivo para que la Administración no actúe y tome acciones concretas a fin de que a través de su gestión encuentre solución a los problemas que los particulares les requieran en materia ambiental; motivo por el cual, en las diversas acciones de amparo que se promueven ante esta Sala, en que la institución requerida se ha justificado su inacción en esta causal, la Sala le ha compelido al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, para darle efectivo contenido al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, contenido en el artículo 50 constitucional, precisamente en atención al valor de la persona humana y al ambiente como tal (recursos naturales, biodiversidad, entorno):

" [...] este Tribunal estima como insuficiente la actuación administrativa tendente a remediar el problema de la contaminación, que con vehemencia acusan las interesadas. El Ministerio ha dicho en forma más o menos expresa, que la prolongación del problema que se examina, se debe a razones puramente de escasez de recursos humanos y materiales. Sin embargo, esa no es excusa válida. Ya en otras ocasiones esta Sala ha dicho que dada la jerarquía y trascendencia del valor humano y constitucional en juego; sea, la salud de las personas, así como su derecho a un ambiente sano, y en último caso, a su derecho de respirar y vivir en una atmósfera dentro de las normas de salud; la simple excusa de falta de medios materiales para enfrentar los problemas por parte del Estado, no es admisible, porque [en] estos casos la Administración tiene la obligación de dar prioridad a las soluciones y realizar con sus recursos limitados, lo que conforme al ordenamiento jurídico sea necesario para llevarlas a cabo con prontitud.- " (Sentencia número 0695-96, de las quince horas cuarenta y dos minutos del siete de febrero de mil novecientos noventa y seis).

En idéntico sentido, se pueden consultar las sentencias número 4504-93, de las diecisiete horas treinta y seis minutos del ocho de septiembre de mil novecientos noventa y tres; 3705-93, de las quince horas del treinta de mayo de mil novecientos noventa y tres, número 7154-94, de las dieciséis horas cuarenta y ocho minutos del dos de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, número 0915-95, de las dieciséis horas seis minutos del quince de febrero, número 4149-95, de las nueve horas treinta minutos del veintiocho de julio; ambas de mil novecientos noventa y cinco, número 0459-96, de las quince horas nueve minutos del veintidós de enero de mil novecientos noventa y seis, y número 0726-98, de las doce horas veintiún horas del seis de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

8.- coordinación entre las diversas dependencias públicas a fin de garantizar la protección del medio ambiente: En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del medio ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central –Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del medio ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que por supuesto tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial (cometido al que se hará referencia en específico en el próximo apartado). Al tenor de lo anterior, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad podría causar un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones y funcionamiento coordinado entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Ya con anterioridad –y en forma bastante clara- esta Sala se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión (sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve):

"De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).

La relación de cooperación definida ha sido comprendida por la Sala Constitucional, que en forma reiterada ha señalado que para que puedan llevarse a cabo los proyectos de las distintas instituciones públicas, debe hacerse con respeto del ordenamiento jurídico: en primer lugar, las normas de rango constitucional, y después, las de rango legal y reglamentarias, de manera tal que, para que el Poder Ejecutivo o los otros entes públicos lleven a cabo proyectos de su iniciativa en una determinada localidad, deben contar con los respectivos permisos y licencias municipales, si es del caso, como lo indicó en sentencia de amparo número 02231-96, transcrita, en lo que interesa, en el Considerando VIII de esta sentencia.

Esta obligación de coordinación entre las instituciones del Estado y las municipalidades está implícita en la propia Constitución Política; así por ejemplo, en lo que se refiere a la potestad tributaria municipal, en tanto que, la iniciativa debe ser de los propios Concejos, tanto para su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, como para la exención de los tributos, aún tratándose de la política económica del Estado, como se indicó en sentencia número 2311-95, supra citada; con lo cual, se está diciendo que debe existir una debida y obligada coordinación entre el Estado y los entes corporativos locales, cumpliéndose así lo ordenado por esta disposición, sin que ello implique una invasión a la autonomía municipal. Igualmente, estima la Sala que en materia de planificación urbana se debe dar esa misma relación de coordinación, aún cuando se ha definido -por disposición constitucional- que la planificación urbana es competencia de los gobiernos locales, la misma debería ordenarse de conformidad con las directrices y lineamientos generales del Plan Nacional de Urbanismo elaborado por el Poder Ejecutivo (a propuesta de la Dirección de Urbanismo del INVU y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica) e integrado en el Plan Nacional de Desarrollo a que alude la Ley de Planificación Nacional, en el entendido de que ese Plan debe ser aprobado por una ley ordinaria."

De esta suerte, la protección, implementación y desarrollo de la materia ambiental resulta del mayor interés para la Nación, es que todas las dependencias públicas, incluidas las municipalidades, se encuentran en la obligación de "coordinar sus cometidos", a fin de hacer efectivo el derecho ambiental y garantizarle al ciudadano una verdadera cobertura al derecho al ambiente. Precisamente, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ambiente reconoce este principio al disponer:

" Artículo 3. Participación conjunta para cumplir objetivos

El Gobierno fijará un conjunto armónico e interrelacionado de objetivos, orientados a mejorar el ambiente y manejar adecuadamente los recursos naturales.

A estos objetivos deberán incorporarse decisiones y acciones específicas destinadas a su cumplimiento, con el respaldo de normas, instituciones y procedimientos que permitan lograr la funcionalidad de esas políticas."

En aplicación de lo anterior, es que en sentencia número 1888-95, supra citada, al conocer la Sala de las infracciones a la normativa al derecho ambiental y los daños causados en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, consideró

" [...] pero considera sin embargo que sí ha existido una negligencia por parte del Estado en su conjunto, pues a pesar del tiempo transcurrido no se ha solucionado el problema base de este amparo. De los informes remitidos a esta Sala por parte de las otras entidades recurridas en este asunto, se llega ala conclusión que no existe una coordinación entre ellas para llevar a cabo la protección y control de una zona tan rica y variada con la responsabilidad -la cual debe ser compartida- de cada una de ellas un manejo integral de dicho ambiente, tan es así que dentro del Refugio de Gandoca-Manzanillo los que deseen realizar actividades o proyectos; el tratamiento de aguas y desechos sólidos forman parte de los requisitos a considerar, lo que es evidente que debe ser controlado por el Ministerio de Salud."

Dentro de este mismo planteamiento, en sentencia número 2002-4830, de las dieciséis horas del veintiuno de mayo del dos mil dos, la Sala ordenó la coordinación de la municipalidad del cantón respectivo con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para hallar solución al problema de la falta de planeamiento en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o residuales en esa localidad:

En idéntico sentido, ver sentencias número 4480-94, de las diez horas cincuenta y un minutos del diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, número 2671-95, de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco; 1499-96, de las nueve horas del veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis; 1360-97, de las quince horas dieciocho minutos del cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete; 1886-95, de las nueve horas doce minutos del siete de abril de mil novecientos noventa y cinco, y 2863-97, de las quince horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de mayo de mil novecientos noventa y siete.

El deber de coordinación entre las diversas dependencias públicas fue reconocido en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano, en su principio número 13 -pero desde la perspectiva de la interrelación de las disciplinas, a fin de dar mayor exclusividad y estabilidad al ordenamiento jurídico ambiental-, en que se determinó:

"A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar las condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo de modo que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano en beneficio de su población."

9.- la lesión a este derecho ambiental se da tanto por acción como por omisión: Las omisiones al deber de protección del medio ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al medio ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, o el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o residuales (Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud), o no verificar los controles sónicos en bares, karaokes y discotheques (municipalidades y Ministerio de Salud), etc. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha sido clara y contundente en señalar que esa omisión en el deber de cuidado y protección del medio ambiente, constituye una violación de la obligación consagrada en el artículo 50 de la Constitución Política. (En relación a este tema, entre otras ver sentencias número 1888-95, supra citada, y 2000-5798, de las dieciséis horas dieciséis minutos del once de julio del dos mil).

10.- no opera silencio positivo en materia de utilización de recursos naturales: El instituto del silencio positivo que se aplica en materia de permisos y autorizaciones frente a la Administración Pública se rige conforme a las reglas contenidas en los artículos 330 y 331 de la Ley General de la Administración Pública. Sin embargo, estas reglas no son de aplicación en materia de permisos de aprovechamiento de los recursos naturales (forestales, mineros, marinos, aguas de la Nación, fuerzas que derivan de los recursos hídricos, etc.) según la jurisprudencia constitucional (sentencias número 6836-93, de las ocho horas cincuenta y cuatro minutos del veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y tres y número 1730-94, de las quince horas seis minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro), precisamente en virtud del valor superior (interés público) de la tutela del ambiente, y precisamente por la conceptualización del derecho ambiental como un derecho fundamental:

"[...] de modo que no puede entenderse que el silencio positivo opere simplemente por el transcurso del plazo dentro del cual la Administración debió pronunciarse sobre el permiso de explotación forestal, sin que lo hiciera, pues ello implicaría poner en inminente peligro el patrimonio forestal del país al permitirse, por esa vía, su explotación irracional e indiscriminada" (sentencia número 6836-93, supra citada).

Recientemente, este principio fue recogido en el párrafo primero del artículo 4 de la Ley Forestal, número 7575, de trece de febrero de mil novecientos noventa y seis, que en lo que interesa dispone textualmente:

"En materia de recursos naturales no operará el silencio positivo, contemplado en los artículos 330 y 331 de la Ley General de la Administración Pública."

11.- participación ciudadana en los asuntos ambientales: La participación ciudadana en los asuntos ambientales abarca dos puntos esenciales: el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente, y la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones en estos asuntos. Por ello, el Estado costarricense no sólo debe invitar a la participación ciudadana, sino que debe promoverla y respetarla cuando se produzca (Sentencias número 2001-10466, supra citada). De esta suerte, resulta de gran importancia la puesta a disposición de los interesados de la información que en la materia tengan en las oficinas públicas, caso de la relativa a los estudios de impacto ambiental a cargo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la requerida para la aprobación de los planes reguladores de las respectivas municipalidades, por ejemplo. Fue la Convención de Río la que en el principio 10 elevó esta participación a rango de principio en materia ambiental, al señalar

"El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona debe tener adecuada formación sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes."

De este principio, se evidencia claramente la importancia que a nivel internacional se da a las cuestiones ambientales, y en general, sobre todo, a la participación de la sociedad civil en decisiones de gran trascendencia para la comunidad. Al ser Costa Rica un Estado signatario, este instrumento ciertamente la obliga y condiciona, pues esa es la consecuencia de su suscripción, según con consideró este Tribunal, en sentencia número 8319-2000, de las diez horas dieciocho minutos del ocho de setiembre del dos mil:

"Así, su propósito es que las decisiones gubernamentales sean consecuencia de una discusión que no se constriña a pequeños núcleos oficiales o de intereses parcializados, sino que sean tomadas en consideración otras opiniones, con la apertura necesaria para crear el debate ampliado, aunque sin dejar de cumplirse, claro, los requisitos que establece la legislación correspondiente. No se trata de una desconstitucionalización del principio de legalidad de la Administración Pública, aunque sí por supuesto, de una forma de gobierno más democrático, que amplía los foros de debate sobre temas como el de la protección al medio ambiente, y que por virtud de ello, quedan abiertos a la intervención y opinión ciudadana. Estamos, pues, ante una opción ya muy aceptada en la evolución del concepto de democracia y este amparo ofrece una magnífica oportunidad de darle clara y efectiva vigencia, para que no se quede en el mero discurso. Por eso mismo es que la cuestión ambiental es un tema que ya la Sala ha reconocido como aquellos que otorgan a los particulares una legitimación especial, y de la que se reconoce como un «derecho reaccional» (vid. sentencia 2233-93 y 3705-93 de esta Sala).

«En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación tiende a extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente al abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero "derecho reaccional", que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para "reaccionar" frente a la violación originada en actos u omisiones ilegítimos.» (vid. sentencia 3705-93)

Es por ello, que por Ley 7412 del 03 de junio de 1994, la Asamblea Legislativa reformó el artículo 50 de la Constitución Política, garantizando a toda persona el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esta materia, entonces, existe la legitimación para denunciar actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado, a través del acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos. De esta manera, cuando la Constitución Política hace mención de que el Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable, hemos de tener claro que la participación ciudadana no se limitaría al mero ejercicio del derecho al voto, o a la aspiración de alcanzar un cargo público de elección popular, sino, además y en esta nueva visión, a la de que a las personas se les ofrezca la oportunidad real de contribuir a la toma de las decisiones políticas del Estado, especialmente cuando éstas tengan trascendencia nacional, o eventualmente pudieren afectar los derechos fundamentales de ciertos sectores de la población. De los artículos 1 y 50 Constitucionales se rescata pues, la consideración que los ciudadanos merecen en un estado democrático, en el cual puedan al menos tener acceso a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, tal y como lo señalan los recurrentes. El precepto comentado, entonces, recoge el principio citado a través del acceso a la información de que se dispone y a la divulgación de ella, para que la toma de decisiones no se circunscriba a un limitado grupo de intereses. Ciertamente, que en la materia que ahora analizamos, nuestro ordenamiento jurídico ya prevé que los particulares pueden solicitar a la SETENA llevar a cabo audiencias públicas, para efecto de que se tomen en cuenta las posiciones formuladas por las comunidades interesadas en la toma de decisiones que afectan el ambiente, lo que ha sido recogido en la Ley Orgánica del Ambiente y de su Reglamento, como informó la autoridad recurrida."

Precisamente, la Ley Orgánica del Ambiente reconoce este principio en los artículos 6 y 23, que textualmente disponen en lo que interesa:

" Artículo 6. Participación de los habitantes

El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente."

" Artículo 23. Publicidad de la información

La información contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental será de carácter público y estará disponible para ser consultada por cualquier persona u organización."

Asimismo, en el Reglamento sobre procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, también se recoge este principio, al disponerse en el Capítulo IV, en el que se regula lo relativo a la audiencia pública prevista dentro del procedimiento del estudio de impacto ambiental (artículos 35 a 40), en el que se tiene prevista la participación activa, tanto de la sociedad civil como de las municipalidades -en su condición de ente

" [...] constituido por el conjunto de vecinos residentes de un mismo cantón, que promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno municipal" (artículo 1° del Código Municipal).

Norma similar tiene la Ley de Planificación Urbana, en lo relativo a la aprobación por las municipalidades de los planes reguladores, al obligarlo a

"1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y la divulgación adicional necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer el proyecto y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince días hábiles" (artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana).

Este principio de la participación ciudadana en los asuntos ambientales, nace y se justifica precisamente de la aplicación de la positivación del principio democrático -consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política-. Es importante resaltar que esta participación se puede lograr en forma individual, a través de grupos asociativos de orden particular, así como también a través de los gobiernos locales, a quienes, por su competencia asignada en el artículo 169 de la Constitución, se les reconoce plena competencia para promoverla en los asuntos que de algún modo puedan afectar la comunidad de su jurisdicción, y más bien, si no lo hace, estaría incumpliendo uno de sus cometidos que el constituyente le asignó, y que ha sido desarrollada en la legislación ordinaria

"Las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática del pueblo en las tomas de decisiones del gobierno local. Las instituciones públicas estarán obligadas a colaborar para que estas decisiones se cumplan debidamente" (artículo 5 del Código Municipal).

Queda claro que la participación ciudadana y de las municipalidades es de trascendental importancia a fin de promover la conciencia en los problemas ambientales y para coadyuvar en la toma de decisiones de las instituciones encargadas de la preservación, vigilancia y protección del medio ambiente y los recursos naturales. Este principio ya había sido reconocido en voto salvado de los Magistrados Piza, Solano y Arguedas en sentencia número 4423-93, supra citada, no sólo como un derecho de participación, sino un deber de la comunidad y municipalidad en la toma de decisiones y discusiones sobre la ubicación de un relleno sanitario en Esparza. En este mismo sentido, en sentencia número 10466-2000, de las diez horas diecisiete minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil, la Sala señaló que en modo alguno

" [...] puede excluirse al ser humano que recibirá los efectos de las decisiones gubernamentales en materia ambiental-, de su participación en la decisión de asuntos vinculados con esta materia."

Con anterioridad, este Tribunal, reconoció la importancia de la participación de los gobiernos locales en este tipo de procesos (estudios de impacto ambiental) bajo las siguientes consideraciones:

" [...] queda claro para la Sala que en los procedimientos de estudio de impacto ambiental y declaratoria de viabilidad ambiental de los proyectos en los que se pretenda explotar recursos naturales, la participación de las municipalidades debe ser activa; sin embargo, en modo alguno puede pretenderse la sustitución del órgano director de los mismos -en este caso la Secretaría Técnica Nacional Ambiental- por las municipalidades. En el caso concreto, esa participación se traduce en la participación de los gobiernos locales en todo el procedimiento, y por ello es que en dicho procedimientos tienen plena cabida sus gestiones, pero como una parte más, motivo por el cual se le notifican todas las gestiones que se realicen dentro de ese procedimiento. En todo caso, el procedimiento previsto en los artículos 35 a 40 del Reglamento sobre Procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Decreto Ejecutivo número 25.705-MINAE, prevé no sólo la participación de la sociedad civil, sino sobre todo, de las municipalidades, con las cuales coordinará la celebración de la audiencia pública (artículo 36), pero a modo de colaborador de esta entidad con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, sin que en modo alguno pueda pretender la toma de decisiones. Por lo demás, las competencias municipales en lo que respecta a la preservación y protección del medio ambiente no pueden verse limitadas a la organización de la audiencia pública -que por disposición legal le corresponde a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental-, sino que va mucho más allá, como lo es la concientización de los munícipes en la participación ciudadana, la denuncia -con pruebas técnicas- ante entidades administrativas y los tribunales de justicia, el manejo adecuado de la basura y de los desechos industriales, el control y fiscalización para que las leyes ambientales se cumplan, y la promoción de los recursos legales pertinentes, como lo sería la solicitud de suspensión de los actos administrativos que estimen nocivos para el ambiente, pero no en la vía constitucional, sino en la jurisdicción contenciosa-administrativa y civil de Hacienda, entre otros cometidos" (sentencia número 2001-5737, de las catorce horas cuarenta y un minutos del veintisiete de junio del dos mil uno).

En este sentido, resulta indispensable que la audiencia se lleve a cabo en el lugar donde los vecinos puedan asistir, y con preferencia en el lugar de los hechos, ya que lo contrario, la celebración de la audiencia ordenada por la Administración no lograría cumplir su finalidad, donde obviamente la falta de los recursos no puede constituirse en un obstáculo para hacer llegar al expediente todos los elementos probatorios que la Administración requiere para tomar una decisión en asuntos de tan fundamental importancia, ya que necesariamente tendrá implicaciones sobre el medio ambiente y la comunidad. Asimismo, la importancia de la participación de las municipalidades en la elaboración de los estudios de impacto ambiental ha sido reconocida en la propia Ley Orgánica Ambiental en el párrafo segundo del artículo 22, que prevé:

"Dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de una evaluación de impacto ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental remitirá un extracto de ella a las municipalidades en cuya jurisdicción se realizará la obra, la actividad o el proyecto. Asimismo, le dará profusa divulgación, por los medios de comunicación colectiva, a la lista de estudios sometidos a su consideración"

Con lo que se resalta que la participación comunal en la toma de decisiones en materia ambiental forma parte del procedimiento al que debe sujetarse el Estado, y a la vez es integrante del derecho fundamental de toda persona, en los términos previstos en el artículo 50 de la Constitución Política. Por ello, reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el derecho de audiencia hace parte del debido proceso sustantivo y que es una forma de expresión de la democracia participativa (en este sentido, entre otras ver voto salvado de los Magistrados Piza, Solano y Arguedas de la sentencia número 4423-93, de las doce horas del siete de setiembre de mil novecientos noventa y tres; 2331-96, de las catorce horas treinta y tres minutos del catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis; 3521-95, de las diecisiete horas tres minutos del diez de julio de mil novecientos noventa y seis; 6640-00, de las nueve horas dieciséis minutos del veintiocho de julio del dos mil; y 10466-2000, de las diez horas dieciséis minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil). Sobre el tema de información en materia de ambiente, se ha indicado

"En materia del medio ambiente debemos trasladar este concepto sobre el derecho de información a una nueva perspectiva que tiene todo individuo o colectividad de solicitar información y de ser informado por cualquier ente estatal [información] que no puede ser obstruida por las instituciones estatales referentes a cualquier proyecto que pueda afectar el goce de su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es entonces esta, la garantía que permitirá participar a cualquier individuo o colectividad, haciendo uso de los intereses difusos del acceso a la participación, dentro de los procesos de toma de decisiones que afecten ese derecho, pues lo contrario sería ilusorio y la norma constitucional resultaría superflua [...]" (sentencia número 2331-96, supra citada).

En esta especial materia, toda persona debe tener adecuada información sobre los materiales y las actividades o proyectos que pueden implicar un peligro o amenaza para las comunidades (derecho a la salud), y para la conservación y preservación del medio ambiente (derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado), así como para la efectiva oportunidad de participar en los procesos de adopción de tales decisiones; toda vez que tratándose del derecho al ambiente, la legitimación corresponde al ser humano como tal, pues la lesión a este derecho fundamental la sufre tanto la comunidad –como un todo-, como el individuo en particular. Por ello, la Administración debe facilitar y fomentar la sensibilidad y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos, no sólo de los miembros de la comunidad, sino también de la ciudadanía en general, en tanto en materia ambiental se ha considerado la existencia de un verdadero interés difuso (según se había anotado anteriormente en esta sentencia)".( Sentencia de la Sala Constitucional No 6322/2003 de las 14:14 horas del 3 de julio del año 2003)

IV.- LA APLICACIÓN POR PARTE DEL TRIBUNAL AMBIENTAL DE LA NORMATIVA EN FORMA RETROACTIVA EN EL CASO CONCRETO. Manifiesta el representante de los actores que la normativa en que se fundó el Tribunal Ambiental para sancionarlos, en las resoluciones que impugna en este proceso es una normativa, que al momento de los hechos no se encontraba vigente, y por lo tanto no se le puede aplicar al caso concreto, pues se estaría utilizando leyes en forma retroactiva en perjuicio de sus representados. De los hechos tenidos como demostrados, queda claro que fue el SETENA, en resolución 095/98 de las trece horas del tres de marzo del año mil novecientos noventa y ocho, quien puso en conocimiento de los hechos investigados ante el Tribunal Administrativo Ambiental, y èste como medida precautoria, de previo al inicio del procedimiento administrativo, dispuso en la resolución No 92/98 TAA de las diez horas del 29 de abril de ese año, la paralización de todas las obras de extracción de material del Río Virilla, por parte de la empresa Constructora Zurquí, y en la resolución 121/98 de las catorce horas del dos de junio de ese año inició el procedimiento administrativo a fin de verificar la verdad de los hechos, y determinar las posibles sanciones por el incumplimiento y el deterioro del medio ambiente. En consecuencia, no lleva razón el recurrente al decir que la normativa aplicable por ese Tribunal lo fue en forma retroactiva, pues para la fecha en que inició el procedimiento y que culminó con las resoluciones que impugna en este proceso, la normativa vigente era la Ley Orgánica del Ambiente, el Código de Minería y el Código Penal, normas que lo facultaban para iniciar el procedimiento hasta su finalización con la resolución que les impuso las sanciones administrativas correspondientes. Cabe señalar que si bien es cierto, los hechos se remotan a octubre de mil novecientos noventa y tres, es hasta el año 1998, en que el órgano competente establecido por la ley, inicia el estudio preliminar, determinando la desviación del Río Virilla y los perjuicios ocasionados al medio ambiente, por lo que presenta una denuncia ante el Tribunal Ambiental a fin de que se inicie el procedimiento correspondiente.- En cuanto a la alegación de una indebida aplicación del numeral 226 inciso 1) del Código Penal, es necesario manifestar que el Tribunal Ambiental se encuentra facultado para, en sus resoluciones hacer referencias a las normas infringidas aún cuando sean de índole penal, no obstante no implica ello que esté de modo alguno imponiendo o sancionando penalmente los hechos investigados, pues será la autoridad competente la que determinará si tales infracciones serán objeto del inicio de un proceso penal. Cabe señalar, que lo resuelto por el Tribunal es denunciar la infracción de un delito como lo es el de la usurpación de aguas, pero de ninguna manera sanciona penalmente a la actora por ese supuesto delito. En consecuencia, tampoco lleva razón el recurrente sobre este extremo, pues como se indicó, dentro de las competencias del Tribunal Ambiental se encuentra facultado para realizar esa denuncia, de conformidad con los numerales 2 y 111 inciso c) de la Ley Orgánica del Ambiente. Este último, faculta eso sí a dicho órgano a establecer las indemnizaciones que puedan originarse en relación con los daños producidos por violaciones de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales. En cuanto a la aplicación del Código de Minería por parte del a- quo, si bien es cierto aplicó inadecuadamente el Código de Minería vigente, sea el promulgado en el mes de febrero del año dos mil uno, y sus reformas; lo cierto del caso es que el que debió aplicar en el caso concreto fue el anterior a él, sea el que rigió a partir de abril del año 1984; vigente al momento en que se dieron los hechos que se investigaron y fueron base para que el Tribunal Ambiental dictara las resoluciones que impuso las sanciones a la accionante por el daño causado. Sin embargo, la normativa referente a la protección del ambiente y a las sanciones a imponer a los infractores en nada varió en aquella norma con respecto a la que se debió aplicar en este proceso, por lo que para cuando acontecieron los hechos, ya existía una normativa que protegía y regulaba el medio ambiente y las sanciones a quienes no lo protegiesen ( artículos 24, 28,34,61,62,97,98 y 99 del anterior Código de Minería). Ante esta situación no es de recibo el agravio señalado por el recurrente en este punto preciso.

V.- LA FALTA O AUSENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS EN EL DICTADO DE LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS. Indica el apoderado de los actores, que no existen medios probatorios suficientes y convincentes que hayan demostrado que efectivamente se dio una desviación del Río Virilla y consecuentemente se haya causado un daño ambiental. Tampoco lleva razón el recurrrente sobre este extremo, pues ha quedado demostrado con la basta prueba evacuada tanto en vía administrativa como en la vía judicial, que efectivamente hubo una desviación del cauce del Río Virilla, ocasionando un daño al medio ambiente, el cual corresponde a un derecho que se encuentra protegido a nivel constitucional con el fin de que todos los ciudadanos podamos disfrutar de un medio sano, de acuerdo con el principio Pro Natura. ( ver Sentencia de la Sala Constitucional No 3705-93 de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993). En autos, constan varios medios probatorios que determinan efectivamente, que hubo una desviación del cauce del Río Virilla y la provocación de un daño al ambiente. En mil novecientos noventa y tres, un funcionario de la Guardia Rural de Moravia, realizó una inspección a través de la cual se corroboró que se había construido una laguna, así como el tránsito de tractores sobre el cauce del río Virilla y la desviación del cauce original para el aprovechamiento de las aguas en la cantera. La siguiente visita, fue realizada el día 27 de julio de 1994, por la geóloga Sirzabel Ruiz de Control Minero del MINAE, y en ella se establece la extracción de material del río y la práctica de excavaciones de la ladera noroeste del río fuera del área de la concesión otorgada, así como la existencia de una represa en el río. Tres años después, en la semana del 8 al 10 de abril de 1997, la misma funcionaria, junto con el técnico ambiental José Ambrosio Obando, inspecciona y observa la desviación a que ha sido objeto el cauce del río, el cual inicialmente, corría paralelo a la margen izquierda aguas arriba, tal desviación como de cincuenta metros, así como la construcción de un dique de piedras para confirmar el nuevo cauce del río, de forma tal que para ese momento el río corría paralelo a la margen derecha aguas arriba, consecuencia de la desviación de su cauce; y por otra parte, para ese momento no se había iniciado las labores de recuperación ambiental establecidas en al estudio de impacto ambiental al que estaban obligados los actores. Posteriomente el 11 de febrero de 1998, funcionarios de la Secretaría Técnica Ambiental, y la Dirección de Geología y Minas, inspeccionan la concesión de explotación de la cantera, detectándose que se ha desviado el cauce del río en más de treinta metros con el fin de habilitar áreas de explotación, construyéndose una llanura donde el río tenía un cañón por cauce, se rompe la coraza del fondo del lecho, con lo cual se bajó el nivel del río, esto para habilitar áreas de explotación, provocando graves daños al entorno y variando la dinámica del cauce y la utilización de dinamita en el hecho del río, lo que propicia posibles desastres naturales, aguas abajo, la extracción de material del cauce del río con maquinaria pesada, sin autorización, y finalmente que la bitácora del Colegio de Geólogos no está al día. El día 24 de febrero de ese mismo mes, José Ambrosio y César Laurito, éste último del Departamento de Planificación y Desarrollo del MINAE, inspeccionan la concesión del expediente de los actores ( expediente No 1741), Tajo Zurquí, donde determinaron que los frentes de explotación se ubican dentro del cauce ampliado del río, que el extremo noreste estaba siendo explotado por un cargador y dos vagonetas, que el cauce en ese mismo extremo (noroeste), fue ampliado aproximadamente sesenta metros con una profundidad de cinco metros, evidenciándose la explotación de la coraza del río, para dejar un lecho del río uniforme a fin de que la maquinaria pueda llegar a las áreas de explotación, y uno de los aspectos más importantes es que se determina la zona noreste de la concesión donde el cauce del río fue ampliado corresponde a la margen derecha aguas abajo, haciendo que el río no siga su curso natural y provocando que parte de su caudal sea desviado a las bombas de agua, formando las aguas al rebalsarse una cascada frente a la explotación, que el frente de explotación oeste tambièn fue rebajado y ampliado en aproximadamente cien metros y el cauce fue alcantarillado en este punto para que la maquinaria pueda salir a la autopista, y como conclusión de dicha inspección se establece que no se ha cumplido el cronograma dispuesto en el estudio de impacto ambiental, como actividades de recuperación ambiental. Ante lo expuesto, tampoco el agravio expresado por el recurrente de una ausencia de medios probatorios es de recibo, pues ha quedado demostrado con la basta prueba expuesta, que efectivamente se desvió el cauce del río Virilla, y se ocasionó un grave daño al ambiente. A mayor abundamiento, de la prueba testimonial evacuada en el proceso el señor Emilio Garro Rojas, en su deposición indicó: " El acondicionamiento incluía un ligero desvío del cauce del Río Virilla en el vértice Noroeste de la propiedad de la concesión. Lo que se hizo fue profundizar un canal...".

VI.- VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y DE LOS PRINCIPIOS PRECAUTORIO Y SANCIONATORIO Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL. El primero de los principios, que indica el recurrente que se le ha vulnerado, sea del debido proceso, ya la Sala Constitucional manifestó al respecto que en el caso bajo estudio no se dio tal vulneración del debido proceso, pues el Tribunal Ambiental actuó conforme al ordenamiento jurídico, y además al adicionar la resolución No 246-99-TAA, enmendó el error material en que incurrió en la resolución final, y por lo tanto, el agravio solicitado en cuanto a la vulneración del debido proceso debe rechazarse. ( Ver Sentencia No 6942-1999 de las 16:45 horas del 7 de septiembre del año 1999). Cabe señalar que el Tribunal Administrativo Ambiental, ante la denuncia presentada, inició el procedimiento administrativo en contra de la actora amparado al ordenamiento jurídico, en el cual respetó a cabalidad con dicho principio constitucional del debido proceso, otorgando la respectiva audiencia, la posibilidad de que la parte ejerciera su derecho de defensa, al principio del contradictio a la hora de evacuar los medios probatorios existentes, y culminando con la resolución final, y por la cual se conoce en esta jurisdicción de la legalidad de esa resolución y lo actuado en la fase administrativa. Ante tal situación, y con base en lo expuesto, ahunado a la resolución antes citada de la Sala Constitucional, este agravio carece de fundamento. En cuanto a lo manifestado en el sentido que la jueza de instancia confundió los principios precautorio y sancionatorio, tampoco es de recibo el recurso sobre este punto por las razones que a continuación se dirán. De acuerdo con el principio precautorio como manifiestación inequívoca de la obligación impuesta al Estado de proteger, garantizar y preservar de manera efectiva el ambiente, el ente mayor tiene el deber de procurar una protección adecuada al ambiente; consecuentemente, debe tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación y, en general las alteraciones producidas por el hombre que constituyan una lesión al medio. Al respecto el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos estipula: "Artículo 11.- Derecho a un medio ambiente saño y a contar con servicios públicos básicos. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente". En igual sentido, el principio primero de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano establece: "El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, igualdad, y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad de tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras". A fin de evitar que la existencia del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, esté restringida al plano semántico de la realidad jurídica, el derecho ambiental ha integrado una serie de principios rectores que garantizan la tutela efectiva de tal derecho, expuestos ya en el considerando III de esta sentencia, y uno de ellos es el denominado "principio precautorio", o "principio de la evitación prudente", el cual está contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, que literalmente indica: "Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". En igual sentido se puede ver el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad. El término prevención deriva del latín "preaventio", que alude a la acción y efecto de prevenir, a aquellas preparaciones y disposiciones que se hacen anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una cosa. La prevención por lo tanto, pretende anticiparse a los efectos negativos, y a asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso que exista un riesgo de daño grave o irreversible- o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensar los daños ocasionados al ambiente. Pues bien, en el caso bajo estudio, el Tribunal Ambiental con base en este principio constitucional dictó la resolución No 92-98 de las diez horas del veintinueve de abril de 1998, en la cual decidió imponer como medidas precautorias para evitar una lesión mayor al medio ambiente: La paralización total de las actividades que ejecutaba la actora de extracción de materiales, ordenando a los accionantes el retiro de las maquinarias que se encontraban en el río. En consecuencia, tales medidas se dictaron conforme a dicho principio. Por otra parte, en la resolución que dicta al final del procedimiento administrativo que llevó el Tribunal Ambiental contra los actores, dicta en la resolución final varias sanciones por haber comprobado que efectivamente los hechos que se le habían imputado a los accionantes fueron ciertos y de suma gravedad por lo que se hicieron acreedores de las sanciones impuestas. La gravedad al medio ambiente fue de tal magnitud, que el órgano administrativo ante las atrocidades cometidas por los actores, decidió cancelar la concesión que venían ostentando, sanción que de acuerdo con lo expuesto era necesario en virtud de las reiteradas ocasiones en que se cometieron los hechos investigados, pues como quedó demostrado no fue una única vez, sino varias en que sin control alguno desviaron el cauce del río y no cumplieron con los requisitos señalados en el estudio de impacto ambiental, conductas reiterativas ocasionando un daño continuo al medio ambiente. En consecuencia, no es cierto que la jueza de instancia haya confundido los dos principios antes señalados como lo manifiesta el representante de los actores. Tanto las medidas cautelares, como las sanciones dictadas en el acto final, cuando ya se llevó a cabo el procedimiento administrativo fueron dictadas amparadas a los principios sancionador y precautorio que rigen en esta materia. Ante esta situación, no lleva razón el recurrente en este punto de sus agravios por lo que se rechazan los mismos.

VII.- DESPROPORCIÓN E IRRACIONALIDAD EN LAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL ORGANO ADMINISTRATIVO. Manifiesta la actora que se le impusieron las cuatro sanciones, y una de ellas es la más drástica, cual es la cancelación de la concesión que ostentaba de explotación del tajo del río Virilla, por lo que alega desproporción e irrazonabilidad a la hora de imponerle dichas sanciones, pues según su decir, los hechos que se le imputan no son de tal gravedad, que ameritaran la clausura del tajo. La explotación de los diversos recursos naturales debe responder a principios de razonabilidad y proporcionalidad, que no pongan en peligro la extinciòn de las diversas especies animales y vegetales. La Sala Constitucional en la Sentencia No 3208-97 de las trece horas treinta y nueve minutos del seis de junio de mil novecientos noventa y siete al respecto manifestó:

"...La explotación privada de los recursos madereros, es posible, en la medida que se ejecute por medio de un plan de aprovechamiento o manejo, que debe ser aprobado por la Dirección General Forestal y que debe contener, como mínimo, las acciones del particular para recuperar o reponer el recurso que explota ( artículo 49 Forestal), así como las demás medidas que señala la ley, para que la explotación y aprovechamiento, se hagan en forma razonable y ponderada a efectos de proteger el medio ambiente natural y los recursos del Estado en general...".

Pues bien, en igual sentido las sanciones que se le impongan a quienes infringen las normas que regulan la protección del medio ambiente, deben ser razonables y proporcionales en relación con el daño que han ocasionado a ese ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En autos, ha quedado demostrado el desastre ecológico que ocasionaron los autores no solamente en la desviación del río Virilla, sino en el entorno del mismo y en el incumplimiento del estudio del impacto ambiental al cual se encontraban obligados a cumplir. De las pruebas antes mencionadas, quedó acreditado que fueron varias veces en que los actores desviaron el cauce del río Virilla para fines propios de aprovechamiento sin contar con los permisos del MINAE, y por otra utilizaron las aguas de ese recurso natural para sus labores de explotación. Además, extrajeron material del cauce y lo adecuaron a fin de poder transitar la maquinaria pesada que se utilizaba para transportar el material extraído hacia la carretera Braulio Carrillo, ( ver testimonio del señor Emilo Garro Rojas, que corre a folios 142 a 144 del expediente). Ante esta situación y en virtud de las faltas cometidas por los accionantes, no solamente en contra del medio ambiente, al desviar el cauce del río Virilla sin que existiese permiso o autorización alguna, y que el extraer del mismo material natural para su beneficio, acarrea la potestad de imperio del Estado de imponer las sanciones correspondientes, que en el caso de marras al ser tan graves sus actuaciones, las mismas no fueron desproporcionadas ni tampoco irracionales. La sola comprobación del desvío del cauce del río y el incumplimiento de la recuperación ambiental ordenada en el estudio de impacto ambiental, como ha quedado demostrado en autos hacen oportuno la cancelación de la concesión de la explotación del tajo, pues con tales actuaciones el ambiente se vio seriamente perjudicado con la mala utilización de los recursos naturales por parte de los recurrentes, poniendo en peligro el derecho fundamental de todos los ciudadanos a tener un ambiente sano y protegido. Los actos efectuados por los recurrentes fueron atroses, desvastadores y violentos contra la naturaleza vegetal de nuestro país, y de permitir estas situaciones, sin tomar las medidas necesarias, acarrearían un país desforestado, sin recursos naturales y una desprotección al medio ambiente. Más aún, incluso a la fecha pretenden desmentir los estragos causados, lo que disminuye las probabilidades de proteger a futuro el interés público aquí lesionado, al no estar aún concientizados de sus actos En consecuencia, el Tribunal Ambiental amparado a la ley, impuso las sanciones que consideró oportuno y las cuales este Tribunal avala en tutela de los principios que rigen el Derecho Ambiental, como ya se expuso en el considerando IV de esta sentencia. Ante esta situación no se han vulnerado los principios de proporcionalidad ni tampoco de irrazonabilidad a la hora de sancionar a los actores.

VIII.- CONCLUSIÓN.- De todo lo anterior, han quedado demostradas las irregularidades cometidas por los recurrentes en el uso y disfrute de los bienes dados en concesión, y por ende su explotación indebida y no conforme con la normativa que regula la materia ambiental, por lo que con base en lo dicho en los considerandos anteriores, las sanciones impuestas se encuentran acorde con el ordenamiento jurídico que regula la materia y por lo tanto, se debe confirmar en todos sus extremos la resolución venida en alzada.

IX.- COSTAS.- No existiendo motivo alguno que amerite la exoneración en costas, se confirma también la resolución recurrida en el sentido de que las costas corren a cargo de la actora.

POR TANTO

Se confirma el fallo venido en alzada.

Lilliana Quesada Corella

Juan Carlos Segura Solís Julio Alb. Cordero Mora

Exp 99-000953-0163-ca Ordinario

Constructora Zurquí contra El Estado

lrocha

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 07:55:47.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

III. THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. CONSTITUTIONAL BASIS AND JURISPRUDENTIAL DEVELOPMENT OF THIS RIGHT. Prior to analyzing the grievances presented by the plaintiff's representative, it is timely and appropriate to refer to the jurisprudential development carried out by the Constitutional Chamber regarding Environmental Law, and above all, to the principles that have been established on this matter. Prior to the reform of Article 50 of the Political Constitution, the jurisprudence of our Constitutional Court recognized the protection and preservation of the environment as a fundamental right (ruling number 2233-93), deriving it from the provisions of Articles 21 (right to health), 69 (constitutional requirement for the "rational exploitation of the land"), and 89 (protection of natural beauties), all of the Political Constitution. Thus, in Ruling No. 6322/2003 of fourteen hours fourteen minutes of July third, two thousand three, the Constitutional Chamber, in order to prevent the existence of the right to a healthy and ecologically balanced environment from being restricted to the semantic plane, has integrated a series of guiding principles that guarantee the effective protection of the environment, which are of mandatory compliance, both for individuals and State institutions—as previously indicated—in the use they make of natural resources, and which will be discussed below. It is warned that this enumeration in no way constitutes a closed list (numerus clausus), since the very evolution of this right will frame and define others; for the moment, from the doctrine, current regulations, and constitutional jurisprudence, the following can be derived, in relation to the substantive issue at hand: In said pronouncement, it stated: "...1. The protection of the environmental right by the State: As of the recent reform of constitutional Article 50, to expressly enshrine the environmental right as a fundamental right, the obligation of the State to guarantee, defend, and protect this right is also established—in a conclusive manner—whereby the State becomes the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. It is pursuant to this provision, in relation to Articles 20, 69, and 89 of the Political Constitution, that the State's responsibility to exercise a protective and governing function in this matter arises, as provided by the constitutional norm itself under discussion, a function that environmental regulations develop. Thus, the constitutional mandate establishes the duty for the State to guarantee, defend, and preserve that right. Prima facie, guaranteeing means ensuring and protecting the right against any risk or need; defending means prohibiting, banning, and preventing any activity that threatens the right; and preserving is an action aimed at proactively shielding the right from possible dangers in order to make it endure for future generations. The State must assume a dual behavior of acting and refraining from acting; on the one hand, it must refrain from itself threatening the right to a healthy and ecologically balanced environment, and on the other hand, it must undertake the task of issuing measures that allow compliance with constitutional requirements" (ruling number 9193-2000, of sixteen hours twenty-eight minutes of October seventeenth, two thousand). In this vein, it must be considered that the regulations establish the Ministry of Environment and Energy as the governing body of the natural resources, energy, and mining sector, as provided in Article 2 of the Organic Law of this ministry, number 7152, of June fourth, nineteen ninety: "The functions of the Ministry of Environment and Energy shall be the following: a) To formulate, plan, and execute the natural resource, energy, mining, and environmental protection policies of the Government of the Republic, as well as the direction, control, oversight, promotion, and development in the aforementioned fields. Likewise, to conduct and supervise research, technical explorations, and economic studies of the sector's resources. b) To promote the development of natural, energy, and mining resources. c) To promote and administer legislation on the conservation and rational use of natural resources, in order to obtain their sustained development, and to ensure compliance therewith. ch) To issue, by executive decree, mandatory standards and regulations related to the rational use and protection of natural resources, energy, and mines. d) To promote scientific and technological research related to matters within its competence, in coordination with the Ministry of Science and Technology. e) To promote and administer legislation on the exploration, exploitation, distribution, protection, management, and processing of natural resources related to its area of competence, and to ensure compliance therewith. f) To process and grant permits and concessions regarding matters within its competence. g) To foster, in accordance with current legislation, the signing of international treaties, conventions, and agreements, as well as to represent the Government of the Republic in acts within its competence, of a national and international nature. All the above in coordination with the Ministry of Foreign Affairs and Worship. h) To promote and develop environmental training programs at all educational levels and for the general public. i) To conduct inventories of the natural resources available in the country. j) To advise public and private institutions regarding environmental planning and the development of natural areas. k) Any others assigned by the legal system." However, in the opinion of this Chamber, this governing function in environmental matters includes not only the establishment of adequate regulations for the use of forest resources (recurso forestal) and natural resources, as also provided by Article 56 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), while conferring upon the State the important function of exercising governance in environmental matters, consisting of maintaining a preponderant role in this area, for which purpose, " [...] it shall issue general and specific measures related to the research, exploration, exploitation, and development of those resources, based on the provisions of the National Development Plan (Plan Nacional de Desarrollo)"; a function that is fully complied with—for example—with respect to the definition of guidelines, principles, criteria, and indicators for establishing forest management plans (planes de manejo forestal), established by the Ministry of Environment and Energy itself through Executive Decree number 27.388-MINAE, regulations that are of mandatory compliance pursuant to Articles 20 of the Forestry Law 7575 (Ley Forestal 7575), 14 and 16 of the Regulation to the Forestry Law (Reglamento a la Ley Forestal), and 1 and 2 of Executive Decree number 27.388-MINAE; but also, and above all, the corresponding control and oversight aimed at verifying compliance with environmental law, first by the various administrative agencies, and second—and no less important—by the citizenry in general, and above all, by property owners who have an environmental impact, as provided in transcribed subsection a) of Article 2 of the Organic Law of the Ministry of Environment and Energy. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activity constitutes an essential function of the State pursuant to Article 50 of the Constitution, insofar as it provides, in what is relevant, in the third paragraph: "The State shall guarantee, defend, and preserve that right"; which is concordant with the constitutional principle established in the second paragraph of Article 9 of the Political Constitution, which expressly prohibits the Branches of Government from delegating the exercise of functions that are their own, especially when they are considered essential. In this sense, constitutional jurisprudence has considered that "Articles 9, 10, 121, 140, and 152 of the Constitution, among others, clearly assign specialized functions to different organs—Branches—of Government, and have designed a complex system of checks and balances as a guarantee, the most important, if you will, of freedom. From this perspective, the separation of functions, reciprocal oversight, and self-limitation of those powers stands as a bulwark of protection for constitutional values, principles, and norms, for the direct benefit of all inhabitants of the country" (Ruling number 4091-94, of fifteen hours twelve minutes of August ninth, nineteen ninety-four). Therefore, by reason of the matter at hand—environmental protection—and the implications of its lack of protection—contamination of the environment and health problems for the inhabitants—it is that for this Court, it will never be constitutional to delegate to private parties the functions of governance, control, and oversight of environmental matters, which are reserved exclusively to the State, through the various administrative agencies. 2. Principle of the rational use of resources, so that a necessary balance exists between the country's development and the right to the environment: Based on the principle established in constitutional Article 69 of the "rational use of natural resources," the Chamber—in its various rulings—has established the constitutional parameters for their adequate use; and by virtue of which it is clear that environmental protection must aim at the adequate and intelligent use of its elements and their natural, sociocultural, technological, and political relationships (sustainable development), in order to thereby safeguard the heritage to which present and future generations have a right. Therefore, the primary objective of environmental use and protection is that, through the production and use of technology, not only economic gains (freedom of enterprise) are obtained, but above all, a favorable development and evolution of the environment and natural resources with the human being, that is, without causing damage or harm: "This Chamber has also recognized that both the right to health and to an environment free of contamination, without which the former could not be effective, are fundamental rights, so it is the State's obligation to provide for their protection, whether through general policies to achieve that end or through specific actions by the Administration. Sustainable development is one of those general policies that the State dictates to expand the possibilities for all to fulfill their aspirations for a better life, increasing production capacity or expanding the possibilities of achieving equitable progress between demographic growth or between it and natural systems. Sustainable development is the process of transformation in the use of resources, orientation of investments, channeling of technological development, institutional changes, and everything that contributes to meeting present and future human needs" (ruling number 1763-94, of sixteen hours forty-five minutes of April thirteenth, nineteen ninety-four). 3. Principle of environmental quality: Environmental quality is a fundamental parameter of quality of life; just like health, food, work, housing, and education, among others. The right to a healthy and ecologically balanced environment, recognized in Article 50 of the Political Constitution, guarantees the right of man to use the environment for his own development, which implies the correlative duty to protect and preserve the environment, through rational exercise and useful enjoyment of the right itself. The State also has the obligation to provide adequate protection for the environment; consequently, it must take the necessary measures to prevent contamination and, in general, the alterations produced by man that constitute an injury to the environment. In this regard, the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social, and Cultural Rights stipulates: "Article 11.- Right to a healthy environment.- Every person has the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services. The States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the environment." In the same vein, the first principle of the Stockholm Declaration on the Human Environment states: "Man has the fundamental right to freedom, equality, and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations." 4. Precautionary principle: One of the essential principles that make up environmental law is the "precautionary principle" or "principle of prudent avoidance," which is contained in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which literally states: "Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." (Similarly, see Article 11 of the Biodiversity Law). The term prevention derives from the Latin "praeventio," which refers to the action and effect of preventing, to those preparations and dispositions made in advance to avoid a risk or execute something. Prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or people's health. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or doubt thereof—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. This is because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance but will hardly compensate for the damage caused to the environment. 5. Carrying out the environmental impact study prior to commencing works: The starting point is the principle that environmental standards must have a technical basis, because their application must start from limits that determine the conditions under which the use and exploitation of natural resources must be subject. This is so because, since environmental damage and contamination are evaluable, such as the presence of toxic substances or external elements that cause negative characteristics in the environment, both for biological diversity—including flora and fauna—and—and above all—for human life, which is reflected in the health or well-being of man—soil, habitat, air, water, etc.—the impact of these elements requires scientific evaluation and treatment. Therefore, this principle (of carrying out the environmental impact study beforehand) is a corollary of the previous principle, and its completion is of special importance for all " [...] human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous material residues shall require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) created in this Law. Its prior approval by this agency shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects." (Article 17 of the Organic Law of the Environment, number 7554, of September eighteenth, nineteen ninety-five). Thus, the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment obliges the State to take preventive measures to avoid its impairment; and among the main measures provided by the legislator in this sense are the Environmental Impact Assessments, which are based on the provisions of the cited Article 17 of the Organic Law of the Environment. To this effect, it is important to highlight that by virtue of the constitutional mandate—Article 50—and the Law—Article 17 of the Organic Law of the Environment—it is established as a general principle that all human activity that modifies the environment will require an environmental impact assessment, whereby it will be the condition of the project or work that will determine in each case whether the referenced technical study is required, and not the establishment of arbitrary conditions, whether administrative or regulatory (as indicated by this Court in ruling number 1220-2002, of fourteen hours forty-eight minutes of February sixth, two thousand two). It is pursuant to this provision that constitutional jurisprudence has recently required this prior technical study before carrying out any project that could affect the environment, as a guarantee to make environmental rights effective, and by way of example, it has required it in the following activities, with the warning that this in no way implies a closed enumeration (numerus clausus): tree felling in a wildlife refuge (ruling number 1888-95, cited above), location of a "garbage transfer center" (ruling number 2671-95, of sixteen hours forty-five minutes of May twenty-fourth, nineteen ninety-five), decision to determine the closure or continued operation of the "Río Azul garbage dump" (ruling number 1154-96, of sixteen hours of March sixth, nineteen ninety-six), reduction in the area of a protected zone (ruling number 7294-98, of sixteen hours fifteen minutes of October thirteenth, nineteen ninety-eight), treatment of orange peels on plantations (ruling 1999-2219, of fifteen hours eighteen minutes of March twenty-fourth, nineteen ninety-nine), urban planning and approval of subdivisions (urbanizaciones) (rulings number 2001-3694, of sixteen hours twenty-six minutes of May fifteenth, two thousand one, and number 2002-1220, of fourteen hours forty-eight minutes of February sixth, two thousand two), construction of hydroelectric plants (ruling number 2000-10466, of ten hours seventeen minutes of November twenty-fourth, two thousand), construction of dikes in rivers (ruling number 2001-6503, of nine hours twenty-six minutes of July sixth, two thousand one), construction and operation of manual sanitary landfills (rulings number 2002-5977 and 2002-6782), the keeping of a nursery and fern plantation (rulings number 2000-9735 and 2001-3840); whereby it can well be said that the completion of this technical study constitutes a principle of constitutional order, and consequently, of mandatory compliance, both for individuals, and with greater reason, for State institutions; as this Court has previously considered: "III. Obligation of State institutions to comply with environmental legislation in their ordinary activity: The third paragraph of constitutional numeral 50 clearly states that the State must guarantee, defend, and preserve the right of all persons to a healthy and ecologically balanced environment; which implies affirming that public entities are not only obligated to enforce—upon individuals and other public entities—environmental legislation, but also, above all, that they must adjust their actions to the dictates of those protective normative bodies. State institutions are the first called upon to comply with protective environmental legislation, without any justification existing to exempt them from complying with environmental requirements such as, by way of example, the environmental impact assessment required by the Organic Law of the Environment for activities undertaken by public entities that, by their nature, may alter or destroy the environment." (ruling number 2001-6503, cited above). The legislator entrusted the "National Environmental Technical Secretariat" (SETENA) with evaluations to be carried out by "an interdisciplinary team of professionals, registered and authorized by the Secretariat… in accordance with the guides prepared by it. The cost of the environmental impact evaluations (evaluaciones de impacto ambiental) shall be borne by the interested party." In Article 19 of the Organic Law of the Environment, it was established that "the resolutions of the National Environmental Technical Secretariat must be reasoned and justified," thereby incorporating into this matter the general principle of substantiation of administrative acts also developed by the General Law of Public Administration, which is in turn a guarantee that integrates substantive due process. The approval of an environmental impact study requires, in accordance with the international commitments undertaken by Costa Rica and entrusted to SETENA, a detailed analysis that includes, as required by Article 24 of the Environmental Law, the technical criteria and weighting percentages that make the study's approval possible. Furthermore, it must respond to the standards, land-use planning objectives, and environmental priorities of the national State and local government, as stated in Principle 11 of the Rio Declaration. The damage that can be caused to the environment is always difficult or impossible to repair, and the approval of an environmental impact study requires complete certainty of minimal impact to natural resources, as Article 50 of the Political Constitution (Carta Política) imposes by its own force. In any case, it must be noted that the completion and approval of the environmental impact study does not in itself imply the start-up of the project in question, as it is only one of the requirements needed to complete the authorization process (ruling number 5321-96, cited above), which in some cases will be obtaining a health permit, approval of plans for the subdivision (urbanización) by the respective municipality, approval of the concession by the Costa Rican Electricity Institute (Instituto Costarricense de Electricidad, ICE), the granting of commercial licenses, etc. This is so because, when dealing with the environment, one cannot speak of unmodifiable variables; quite the contrary, by its very nature, the environment is, by itself and to a greater degree through human intervention, changeable. The approval of an environmental impact study in the terms indicated by the Organic Law of the Environment does not imply an unmodifiable authorization to carry out a specific human project either, since through the oversight work carried out by the Administration, upon detecting environmental damage, the permit must be revoked in order to guarantee the right established in numeral 50 of the Political Constitution. 6. Only a declared state of necessity exempts compliance with environmental standards: The state of emergency is a source of Law, which entails, in some cases, a displacement, and in others, an increase in public powers, precisely so that it can address the exceptional situation that arises ("urgent or unforeseen necessities in cases of war, internal turmoil, or public calamity"); such that the Executive Branch is empowered to exempt the normal procedures of its activities or processes, providing for such cases exceptional procedures that are more expeditious and simplified. These are, by definition, transitory and urgent situations in which it is necessary to maintain the continuity of public services, so that the Administration is allowed to improvise an authority for the service of general interests that cannot be sacrificed to a legalistic scruple. Thus, the emergency law—formed by the set of norms dictated at the moment of necessity—becomes unconstitutional in cases of normality, because it is an essentially temporary law, that is, solely and exclusively to solve the specific emergency being faced, since " [...] exceptional treatment is not admissible to carry out ordinary activity of the administration, even if it is urgent; [...]" (ruling number 2001-6503, cited above). In this sense, a distinction must be made between "mere urgency," a term that acts in the manner of a qualifier, and which in many cases is not even necessarily fundamental or imminent, insofar as " [...] it is nothing more [than] the prompt execution or remedy of a given situation, which has originated in the effects of how it has been managed [...]" (Ruling number 3410-92, of fourteen hours forty-five minutes of November tenth, nineteen ninety-two); so that it can well be understood as the Administration's need to act in a specific situation, and in most cases, it is due to its inertia in finding a solution, according to the instruments that the legal system provides; from "state of necessity," understanding this to mean eventual situations—that is, those not occurring within the framework of normality—of such magnitude that they can imminently affect life and property, public interest and order, or public safety, such that they cannot be controlled, handled, or mastered using the ordinary regulations available to the Government, and which make administrative intervention inevitable and undelayable, even outside the law. Therefore, it is contrary to Constitutional Law not only the regulations, but also the actions of public institutions that dispense with the ordinary procedures and processes for the ordinary activity of the Administration, and which in this case refer to the dispensation of environmental regulations, such as—for example—conducting the environmental impact study or requesting health permits. In the face of situations of necessity that are foreseeable in the long, medium, or short term, the exemption from complying with environmental obligations cannot be pretended, since they become ordinary activity of the Administration (as in the case of building dikes in rivers to protect the population from floods (ruling number 2001-6503)). In this regard, it must be clear that for an emergency measure to be considered of constitutional development, it must attend solely and exclusively to solving the emergency situation that motivates it, and must also—in addition—have the common good as its purpose: that is, it must be just and also reasonable (proportionality in the strict sense).

7. The lack of financial resources on the part of public institutions is not an excuse that justifies the omission of protection for environmental rights: Constitutional jurisprudence has been constant in the sense that the lack of budgets (financial resources, materials, and/or qualified personnel) cannot constitute a limit between respect for and violation of fundamental rights; in other words, it cannot be a reason for the Administration to fail to act and take concrete actions so that, through its management, it finds a solution to the problems that individuals request of it in environmental matters. For this reason, in the various amparo actions brought before this Chamber in which the respondent institution has justified its inaction on this ground, the Chamber has compelled it to fulfill its constitutional obligations, in order to give effective content to the right to a healthy and ecologically balanced environment, contained in Article 50 of the Constitution, precisely in consideration of the value of the human person and of the environment as such (natural resources, biodiversity, surroundings): “[...] this Tribunal considers insufficient the administrative action aimed at remedying the contamination problem that the interested parties so vehemently allege. The Ministry has stated, more or less expressly, that the prolongation of the problem under examination is due to purely to a lack of human and material resources. However, that is not a valid excuse. On other occasions, this Chamber has already stated that, given the hierarchy and transcendence of the human and constitutional value at stake—that is, people’s health, as well as their right to a healthy environment, and ultimately, their right to breathe and live in an atmosphere within health standards—the mere excuse of a lack of material resources on the part of the State to confront the problems is not admissible, because in these cases the Administration has the obligation to prioritize solutions and to do, with its limited resources, what is necessary under the legal system to carry them out promptly.” (Judgment number 0695-96, of fifteen hours forty-two minutes of February seventh, nineteen ninety-six). In the same sense, see judgments number 4504-93, of seventeen hours thirty-six minutes of September eighth, nineteen ninety-three; 3705-93, of fifteen hours of May thirtieth, nineteen ninety-three; number 7154-94, of sixteen hours forty-eight minutes of December second, nineteen ninety-four; number 0915-95, of sixteen hours six minutes of February fifteenth; number 4149-95, of nine hours thirty minutes of July twenty-eighth, both of nineteen ninety-five; number 0459-96, of fifteen hours nine minutes of January twenty-second, nineteen ninety-six; and number 0726-98, of twelve hours twenty-one minutes of February sixth, nineteen ninety-eight.

8. Coordination among the various public agencies in order to guarantee the protection of the environment: On various occasions, constitutional jurisprudence has indicated that the protection of the environment is a task that belongs to everyone equally; that is, there is an obligation upon the State—as a whole—to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, and the excessive or inappropriate use of natural resources that endanger the health of those administered. In this task, “public institution” must be understood to include both the Central Administration—Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health, which, by reason of subject matter, have broad participation and responsibility with regard to the conservation and preservation of the environment and which act, most of the time, through their specialized agencies in the matter, such as, for example, the Dirección General de Vida Silvestre, the Dirección Forestal, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)—as well as decentralized institutions, such as the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, the Instituto Costarricense de Turismo, or the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; a task in which municipalities, of course, have great responsibility with respect to their territorial jurisdiction (a function that will be referred to specifically in the next section). In light of the foregoing, one might think that this multiple responsibility could cause chaos in administrative management, but this is not true, because in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, and the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of relationships and coordinated functioning among the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions that have been entrusted to them. Previously—and quite clearly—this Chamber referred to the principle of coordination among public agencies and municipalities in the pursuit of common goals—which, obviously, must be extended to the relationship that the institutions of the Central Administration and the decentralized ones carry out in this important function—for which it refers to what was indicated on that occasion (Judgment number 5445-99, of fourteen hours thirty minutes of July fourteenth, nineteen ninety-nine): “Thus, coordination is the ordering of relationships among these various independent activities, which takes charge of that concurrence upon a single object or entity in order to make it useful to a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects. Since there is no hierarchical relationship between decentralized institutions, nor between the State itself and the municipalities, it is not possible to impose certain conduct upon the latter, which gives rise to the indispensable inter-institutional ‘concert,’ in the strict sense, insofar as autonomous and independent centers of action agree upon that preventive and global scheme, in which each plays a role in view of a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, resulting in agreed-upon forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy that would allow subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it, but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the State (through the State’s ‘administrative tutelage,’ and specifically, in the function of legality control that belongs to it, with powers of general oversight over the entire sector). The defined relationship of cooperation has been understood by the Constitutional Chamber, which has repeatedly indicated that, in order for the projects of different public institutions to be carried out, it must be done with respect for the legal system: first, constitutional norms, and then, legal and regulatory norms, so that, for the Executive Branch or other public entities to carry out projects on their own initiative in a specific locality, they must obtain the respective municipal permits and licenses, if applicable, as indicated in amparo judgment number 02231-96, transcribed, in relevant part, in Considerando VIII of this judgment. This obligation of coordination between State institutions and municipalities is implicit in the Constitution itself; for example, with regard to municipal tax powers, since the initiative must come from the Councils themselves, both for their approval by the Legislative Assembly and for the exemption of taxes, even in the case of the State’s economic policy, as indicated in judgment number 2311-95, cited above; thereby it is being said that there must be proper and obligatory coordination between the State and local corporate entities, thus fulfilling what is ordered by this provision, without this implying an invasion of municipal autonomy. Likewise, the Chamber considers that in matters of urban planning, the same relationship of coordination must exist, even though it has been defined—by constitutional provision—that urban planning is the competence of local governments, it should be ordered in accordance with the general directives and guidelines of the National Urban Development Plan prepared by the Executive Branch (on the proposal of the Dirección de Urbanismo of INVU and the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica) and integrated into the National Development Plan referred to in the Ley de Planificación Nacional, with the understanding that this Plan must be approved by an ordinary law.” In this way, the protection, implementation, and development of environmental matters is of the greatest interest to the Nation; all public agencies, including municipalities, are under the obligation to “coordinate their functions” in order to make environmental law effective and guarantee the citizen true coverage of the right to the environment. Precisely, Article 3 of the Ley Orgánica del Ambiente recognizes this principle by providing: “Article 3. Joint participation to fulfill objectives. The Government shall establish a harmonious and interrelated set of objectives aimed at improving the environment and properly managing natural resources. Specific decisions and actions aimed at their fulfillment shall be incorporated into these objectives, with the support of norms, institutions, and procedures that allow the functionality of those policies to be achieved.” In application of the foregoing, in judgment number 1888-95, cited above, when the Chamber heard about the infractions of environmental law norms and the damages caused in the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo), it considered “[...] however, it considers that there has been negligence on the part of the State as a whole, because despite the time that has elapsed, the basic problem of this amparo has not been solved. From the reports sent to this Chamber by the other respondent entities in this matter, one reaches the conclusion that there is no coordination among them to carry out the protection and control of such a rich and varied area, with responsibility—which must be shared—of each of them for an integrated management of said environment, so much so that within the Gandoca-Manzanillo Refuge, those who wish to carry out activities or projects must consider the treatment of water and solid waste as part of the requirements, which obviously should be controlled by the Ministry of Health.” Within this same approach, in judgment number 2002-4830, of sixteen hours of May twenty-first, two thousand two, the Chamber ordered the coordination between the municipality of the respective canton (cantón) and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to find a solution to the problem of the lack of planning regarding the treatment of blackwater or wastewater (aguas negras o residuales) in that locality. In the same sense, see judgments number 4480-94, of ten hours fifty-one minutes of August nineteenth, nineteen ninety-four; number 2671-95, of sixteen hours forty-five minutes of May twenty-fourth, nineteen ninety-five; 1499-96, of nine hours of March twenty-ninth, nineteen ninety-six; 1360-97, of fifteen hours eighteen minutes of March fifth, nineteen ninety-seven; 1886-95, of nine hours twelve minutes of April seventh, nineteen ninety-five; and 2863-97, of fifteen hours forty-five minutes of May twenty-second, nineteen ninety-seven. The duty of coordination among the various public agencies was recognized in the Stockholm Declaration on the Human Environment, in its Principle 13—but from the perspective of the interrelationship of disciplines, in order to give greater exclusivity and stability to the environmental legal system—which determined: “In order to achieve a more rational management of resources and thus to improve the environment, States should adopt an integrated and coordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improve environment for the benefit of their population.”

9. The injury to this environmental right occurs both by action and by omission: Omissions of the duty to protect the environment and to comply with environmental regulations are of constitutional relevance, because as a consequence of the Administration’s inertia in this matter, damage to the environment and natural resources can be produced, sometimes with similar or greater consequences than those deriving from actions of the Administration, such as the approval of regulatory plans (planes reguladores), or constructions without the approval of the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, or the lack of control and oversight in the execution of management plans for protected areas (planes de manejo de las áreas protegidas) by the Dirección General de Vida Silvestre of the Ministry of Environment and Energy, or allowing the operation of businesses without health permits with regard to the treatment of blackwater or wastewater (Acueductos y Alcantarillados and Ministry of Health), or failing to verify noise controls in bars, karaoke bars, and discotheques (municipalities and Ministry of Health), etc. In this sense, constitutional jurisprudence has been clear and emphatic in pointing out that this omission of the duty of care and protection of the environment constitutes a violation of the obligation enshrined in Article 50 of the Constitution. (Regarding this topic, see, among others, judgments number 1888-95, cited above, and 2000-5798, of sixteen hours sixteen minutes of July eleventh, two thousand).

10. Tacit consent (silencio positivo) does not operate in matters of natural resource use: The institute of tacit consent (silencio positivo) that applies in matters of permits and authorizations before the Public Administration is governed according to the rules contained in Articles 330 and 331 of the Ley General de la Administración Pública. However, these rules are not applicable in matters of permits for the exploitation of natural resources (forestry, mining, marine, national waters, forces deriving from water resources, etc.) according to constitutional jurisprudence (judgments number 6836-93, of eight hours fifty-four minutes of December twenty-fourth, nineteen ninety-three, and number 1730-94, of fifteen hours six minutes of April thirteenth, nineteen ninety-four), precisely by virtue of the superior value (public interest) of environmental protection, and precisely because of the conceptualization of environmental law as a fundamental right: “[...] so it cannot be understood that tacit consent (silencio positivo) operates simply by the lapse of the period within which the Administration should have ruled on the forestry exploitation permit, without having done so, because that would imply placing the country’s forest heritage in imminent danger by allowing, through that means, its irrational and indiscriminate exploitation” (judgment number 6836-93, cited above). Recently, this principle was set forth in the first paragraph of Article 4 of the Ley Forestal, number 7575, of February thirteenth, nineteen ninety-six, which in relevant part textually provides: “In matters of natural resources, tacit consent (silencio positivo), contemplated in Articles 330 and 331 of the Ley General de la Administración Pública, shall not operate.”

11. Citizen participation in environmental matters: Citizen participation in environmental matters encompasses two essential points: the right to information relating to environmental projects, or those that may cause injury to natural resources and the environment, and the guarantee of effective participation in decision-making in these matters. Thus, the Costa Rican State must not only invite citizen participation, but must also promote it and respect it when it occurs (Judgments number 2001-10466, cited above). In this way, it is of great importance to make available to interested parties the information that public offices hold on the matter, such as that relating to environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) under the responsibility of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, or that required for the approval of regulatory plans (planes reguladores) by the respective municipalities, for example. It was the Rio Convention that, in Principle 10, elevated this participation to the rank of a principle in environmental matters, by stating: “Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.” From this principle, the importance given at the international level to environmental issues, and in general, above all, to the participation of civil society in decisions of great importance for the community is clearly evident. As Costa Rica is a signatory State, this instrument certainly obliges and conditions it, for that is the consequence of its subscription, as this Tribunal considered in judgment number 8319-2000, of ten hours eighteen minutes of September eighth, two thousand: “Thus, its purpose is that governmental decisions be the consequence of a discussion that is not constrained to small official or biased-interest circles, but that other opinions be taken into consideration, with the necessary openness to create a broadened debate, although, of course, without ceasing to fulfill the requirements established by the corresponding legislation. It is not a matter of de-constitutionalizing the principle of legality of the Public Administration, although it is, of course, a more democratic form of government, which broadens the forums for debate on topics such as environmental protection, and which by virtue thereof are open to citizen intervention and opinion. We are, then, before an option already widely accepted in the evolution of the concept of democracy, and this amparo offers a magnificent opportunity to give it clear and effective validity, so that it does not remain mere discourse. For this very reason, the environmental issue is a topic that the Chamber has already recognized as one that grants private individuals a special standing, and which is recognized as a ‘reactional right’ (see judgments 2233-93 and 3705-93 of this Chamber). ‘In environmental law, the procedural prerequisite of standing tends to extend and expand to such a degree that it necessarily leads to the abandonment of the traditional concept; it must be understood that, in general terms, any person can be a party and that their right does not emanate from property titles, rights, or specific actions that they might exercise according to the rules of conventional law, but rather that their procedural action responds to what modern commentators call the diffuse interest (interés difuso), by means of which the original standing of the legitimate interested party or even the mere interested party is diffused among all the members of a determined category of persons who are thus equally affected by the illegal acts that violate them. In the case of environmental protection, the typically diffuse interest (interés difuso) that legitimates the subject to bring an action is transformed, by virtue of its incorporation into the list of rights of the human person, into a true “reactional right,” which, as its name indicates, empowers its holder to “react” against the violation originating in illegitimate acts or omissions.’ (see judgment 3705-93). It is for this reason that, by Law 7412 of June 3, 1994, the Legislative Assembly reformed Article 50 of the Constitution, guaranteeing every person the right to a healthy and ecologically balanced environment. In this matter, then, standing exists to denounce acts that infringe that right and to demand reparation for the damage caused, through effective access to judicial and administrative proceedings. In this way, when the Constitution mentions that the Government of the Republic is popular, representative, alternative, and responsible, we must be clear that citizen participation would not be limited to the mere exercise of the right to vote, or to the aspiration of attaining a popularly elected public office, but also, and in this new vision, to providing persons with the real opportunity to contribute to the making of political decisions of the State, especially when these have national significance, or could potentially affect the fundamental rights of certain sectors of the population. From Articles 1 and 50 of the Constitution, then, the consideration that citizens deserve in a democratic state is rescued, in which they can at least have access to information about the environment held by public authorities, as the claimants indicate. The commented precept, then, incorporates the cited principle through access to the information available and its dissemination, so that decision-making is not limited to a narrow group of interests. Certainly, in the matter we now analyze, our legal system already provides that individuals may request SETENA to hold public hearings, so that the positions formulated by communities interested in decision-making that affects the environment are taken into account, which has been set forth in the Ley Orgánica del Ambiente and its Regulations, as the respondent authority reported.” Precisely, the Ley Orgánica del Ambiente recognizes this principle in Articles 6 and 23, which textually provide in relevant part: “Article 6. Participation of inhabitants. The State and the municipalities shall foster the active and organized participation of the inhabitants of the Republic in decision-making and actions aimed at protecting and improving the environment.” “Article 23. Public nature of information. The information contained in the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) file shall be public in nature and shall be available for consultation by any person or organization.” Likewise, in the Regulations on Procedures of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, this principle is also incorporated, as provided in Chapter IV, which regulates the public hearing provided for within the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) procedure (Articles 35 to 40), in which the active participation of both civil society and municipalities is provided for—in their capacity as an entity “[...] constituted by the set of neighboring residents of the same canton, who promote and administer their own interests through the municipal government” (Article 1 of the Código Municipal). The Ley de Planificación Urbana has a similar norm concerning the approval by municipalities of regulatory plans (planes reguladores), obliging it to “1) Call a public hearing by means of the Official Gazette (Diario Oficial) and the additional dissemination necessary, indicating the place, date, and time to learn about the project and the verbal or written observations that residents or interested parties may wish to make. The notice must be given no less than fifteen business days in advance” (Article 17 of the Ley de Planificación Urbana). This principle of citizen participation in environmental affairs is born from and justified precisely by the application of the positivization of the democratic principle—enshrined in Article 1 of the Constitution. It is important to highlight that this participation can be achieved individually, through associative groups of a private nature, as well as through local governments, which, by their competence assigned in Article 169 of the Constitution, are recognized as having full competence to promote it in matters that may in some way affect the community of their jurisdiction; rather, if they do not do so, they would be failing to fulfill one of the functions that the framers assigned to them and that has been developed in ordinary legislation: “Municipalities shall foster the active, conscious, and democratic participation of the people in the decision-making of the local government. Public institutions shall be obliged to collaborate so that these decisions are properly fulfilled” (Article 5 of the Código Municipal). It is clear that citizen and municipal participation is of transcendental importance in order to promote awareness of environmental problems and to contribute to the decision-making of the institutions charged with the preservation, surveillance, and protection of the environment and natural resources. This principle had already been recognized in the dissenting opinion of Justices Piza, Solano, and Arguedas in judgment number 4423-93, cited above, not only as a right of participation, but also as a duty of the community and municipality in the decision-making and discussions about the location of a sanitary landfill (relleno sanitario) in Esparza. In this same sense, in judgment number 10466-2000, of ten hours seventeen minutes of November twenty-fourth, two thousand, the Chamber pointed out that in no way “[...] can the human being—who will receive the effects of governmental decisions in environmental matters—be excluded from their participation in the decision on matters linked to this subject.” Previously, this Tribunal recognized the importance of the participation of local governments in this type of process (environmental impact assessments, estudios de impacto ambiental) under the following considerations: “[...] it is clear to the Chamber that in the procedures for environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) and declaration of environmental viability (declaratoria de viabilidad ambiental) of projects in which the exploitation of natural resources is intended, the participation of municipalities must be active; however, in no way can the substitution of the directing body of those procedures—in this case the Secretaría Técnica Nacional Ambiental—by the municipalities be intended. In the specific case, that participation translates into the participation of local governments throughout the procedure, and that is why their actions have full place within those procedures, but as another party, which is why they are notified of all actions taken within that procedure. In any case, the procedure provided for in Articles 35 to 40 of the Regulations on Procedures of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Decreto Ejecutivo number 25.705-MINAE, provides not only for the participation of civil society but, above all, for the participation of municipalities, with which it shall coordinate the holding of the public hearing (Article 36), but as a collaborator of this entity with the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, without in any way being able to claim decision-making authority. Moreover, municipal competences with regard to the preservation and protection of the environment cannot be seen as limited to the organization of the public hearing—which by legal provision corresponds to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental—but goes much further, such as raising awareness among citizens about citizen participation, reporting—with technical evidence—to administrative entities and courts of justice, the proper management of garbage and industrial waste, control and oversight to ensure that environmental laws are complied with, and the promotion of pertinent legal remedies, such as the request for suspension of administrative acts that they consider harmful to the environment, but not through the constitutional avenue, but rather through the contentious-administrative and civil Treasury jurisdiction, among other functions” (judgment number 2001-5737, of fourteen hours forty-one minutes of June twenty-seventh, two thousand one).

In this regard, it is essential that the hearing be held in a place where the neighbors can attend, and preferably at the site of the events, since otherwise, the holding of the hearing ordered by the Administration would fail to achieve its purpose, where obviously the lack of resources cannot constitute an obstacle to bringing into the case file all the evidentiary elements that the Administration requires to make a decision on matters of such fundamental importance, as it will necessarily have implications for the environment and the community. Likewise, the importance of the participation of municipalities in the preparation of environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) has been recognized in the Ley Orgánica Ambiental itself in the second paragraph of Article 22, which provides: "Within five business days following the receipt of an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), the Secretaría Técnica Nacional Ambiental shall send an extract of it to the municipalities in whose jurisdiction the work, activity, or project will be carried out. Likewise, it shall give wide dissemination, through the mass media, to the list of studies submitted for its consideration." This highlights that community participation in environmental decision-making forms part of the procedure to which the State must adhere, and at the same time is a component of the fundamental right of every person, under the terms provided in Article 50 of the Constitución Política. For this reason, constitutional jurisprudence has repeatedly held that the right to a hearing is part of substantive due process (debido proceso sustantivo) and is a form of expression of participatory democracy (in this regard, see, among others, the dissenting vote of Magistrates Piza, Solano, and Arguedas in judgment number 4423-93, at twelve o'clock on September seventh, nineteen ninety-three; 2331-96, at fourteen thirty-three on May fourteenth, nineteen ninety-six; 3521-95, at seventeen hours three minutes on July tenth, nineteen ninety-six; 6640-00, at nine sixteen on July twenty-eighth, two thousand; and 10466-2000, at ten sixteen on November twenty-fourth, two thousand). On the subject of information in environmental matters, it has been stated: "In the field of the environment, we must transfer this concept of the right to information to a new perspective that every individual or collective has to request information and to be informed by any state entity [information] that cannot be obstructed by state institutions regarding any project that may affect the enjoyment of their right to a healthy and ecologically balanced environment. This, then, is the guarantee that will allow any individual or collective to participate, making use of diffuse interests in access to participation, within the decision-making processes that affect that right, as the alternative would be illusory and the constitutional norm would be superfluous [...]" (judgment number 2331-96, cited above). In this special field, every person must have adequate information about materials and activities or projects that may pose a danger or threat to communities (right to health), and to the conservation and preservation of the environment (right to a healthy and ecologically balanced environment), as well as the effective opportunity to participate in the processes of adopting such decisions; given that when it comes to the right to the environment, standing corresponds to the human being as such, since the injury to this fundamental right is suffered both by the community–as a whole–and by the individual in particular. Therefore, the Administration must facilitate and encourage sensitivity and participation of the population by making information available to all, not only to the members of the community, but also to the citizenry in general, insofar as in environmental matters the existence of a true diffuse interest has been considered (as noted earlier in this judgment)." (Judgment of the Sala Constitucional No. 6322/2003 at 14:14 hours on July 3, 2003) [...] V.- THE LACK OR ABSENCE OF EVIDENTIARY MEANS IN THE ISSUANCE OF THE CHALLENGED RESOLUTIONS. The legal representative of the plaintiffs indicates that there are not sufficient and convincing evidentiary means that have demonstrated that a deviation of the Río Virilla actually occurred and consequently caused environmental damage. The appellant is also incorrect on this point, as it has been demonstrated with the ample evidence taken both in administrative proceedings and in judicial proceedings, that there was indeed a deviation of the channel of the Río Virilla, causing damage to the environment, which corresponds to a right that is protected at the constitutional level so that all citizens may enjoy a healthy environment, in accordance with the Pro Natura principle. (see Judgment of the Sala Constitucional No. 3705-93 at 15:00 hours on July 30, 1993). In the case file, there are several evidentiary means that effectively determine that there was a deviation of the channel of the Río Virilla and the causing of damage to the environment. In nineteen ninety-three, an official of the Guardia Rural of Moravia carried out an inspection through which it was corroborated that a lagoon had been built, as well as the transit of tractors over the channel of the Río Virilla and the deviation of the original channel for the use of the waters in the quarry. The following visit was made on July 27, 1994, by geologist Sirzabel Ruiz of Control Minero of MINAE, and in it, the extraction of material from the river and the practice of excavations on the northwest slope of the river outside the area of the granted concession are established, as well as the existence of a dam in the river. Three years later, in the week of April 8 to 10, 1997, the same official, together with environmental technician José Ambrosio Obando, inspects and observes the deviation that the river channel has undergone, which initially ran parallel to the left bank upstream, such deviation being approximately fifty meters, as well as the construction of a stone dike to confirm the new river channel, in such a way that at that time the river ran parallel to the right bank upstream, as a consequence of the deviation of its channel; and on the other hand, at that time the environmental recovery work established in the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) to which the plaintiffs were obligated had not begun. Subsequently, on February 11, 1998, officials of the Secretaría Técnica Ambiental and the Dirección de Geología y Minas inspected the quarry exploitation concession, detecting that the river channel had been deviated by more than thirty meters in order to enable exploitation areas, building a plain where the river had a canyon as a channel, breaking the armor of the riverbed floor, thereby lowering the river level, this to enable exploitation areas, causing serious damage to the surroundings and varying the dynamics of the channel, and the use of dynamite in the river itself, which fosters possible natural disasters downstream, the extraction of material from the river channel with heavy machinery without authorization, and finally that the logbook of the Colegio de Geólogos is not up to date. On February 24 of that same month, José Ambrosio and César Laurito, the latter from the Departamento de Planificación y Desarrollo of MINAE, inspected the concession of the plaintiffs' case file (expediente No. 1741), Tajo Zurquí, where they determined that the exploitation fronts are located within the expanded channel of the river, that the northeast end was being exploited by a loader and two dump trucks, that the channel at that same end (northwest) was expanded approximately sixty meters with a depth of five meters, evidencing the exploitation of the river's armor, to leave a uniform riverbed so that the machinery could reach the exploitation areas, and one of the most important aspects is that it is determined that the northeast zone of the concession where the river channel was expanded corresponds to the right bank downstream, causing the river not to follow its natural course and causing part of its flow to be diverted to the water pumps, forming a waterfall when the waters overflow in front of the exploitation, that the west exploitation front was also reduced and expanded by approximately one hundred meters and the channel was culverted at this point so that the machinery could exit onto the highway, and as a conclusion of said inspection, it is established that the schedule set forth in the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), as environmental recovery activities, has not been complied with. In light of the foregoing, the grievance expressed by the appellant regarding an absence of evidentiary means is also not admissible, as it has been demonstrated with the ample evidence presented that the channel of the Río Virilla was indeed deviated, and serious damage to the environment was caused. Furthermore, from the testimonial evidence taken in the process, Mr. Emilio Garro Rojas, in his deposition, stated: "The conditioning included a slight deviation of the channel of the Río Virilla at the Northwest vertex of the concession property. What was done was to deepen a channel...". VI.- VIOLATION OF DUE PROCESS AND THE PRECAUTIONARY AND SANCTIONING PRINCIPLES AND THE REPARATION OF ENVIRONMENTAL DAMAGE. Regarding the first of the principles, that of due process, which the appellant claims has been violated, the Sala Constitucional has already stated that in the case under study, no such violation of due process occurred, as the Tribunal Ambiental acted in accordance with the legal system, and furthermore, by supplementing resolution No. 246-99-TAA, it corrected the material error it incurred in the final resolution, and therefore, the grievance claimed regarding the violation of due process must be rejected. (See Judgment No. 6942-1999 at 16:45 hours on September 7, 1999). It should be noted that the Tribunal Administrativo Ambiental, upon the complaint filed, initiated the administrative proceeding against the plaintiff under the protection of the legal system, in which it fully respected said constitutional principle of due process, granting the respective hearing, the possibility for the party to exercise its right of defense, the adversarial principle when evaluating the existing evidentiary means, and culminating with the final resolution, and for which the legality of that resolution and the actions in the administrative phase are being examined in this jurisdiction. Given this situation, and based on the foregoing, coupled with the aforementioned resolution of the Sala Constitucional, this grievance lacks foundation. As for the statement that the trial judge confused the precautionary and sanctioning principles, the appeal on this point is also not admissible for the reasons that will be stated below. In accordance with the precautionary principle as an unequivocal manifestation of the obligation imposed on the State to effectively protect, guarantee, and preserve the environment, the highest entity has the duty to seek adequate protection for the environment; consequently, it must take the necessary measures to avoid pollution and, in general, the alterations produced by man that constitute harm to the environment. In this regard, the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights stipulates: "Article 11.- Right to a healthy environment and to have basic public services. The States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the environment." In the same vein, the first principle of the Stockholm Declaration on the Human Environment establishes: "Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations." In order to prevent the existence of the right to a healthy and ecologically balanced environment from being restricted to the semantic plane of legal reality, environmental law has integrated a series of guiding principles that guarantee the effective protection of such right, already set forth in Considerando III of this judgment, and one of them is the so-called "precautionary principle" or "principle of prudent avoidance," which is contained in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which literally states: "Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." In the same sense, see Article 11 of the Ley de Biodiversidad. The term prevention derives from the Latin "praeventio," which alludes to the action and effect of preventing, to those preparations and dispositions made in advance to avoid a risk or execute a thing. Prevention, therefore, aims to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people. In this way, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage–or a doubt in this regard–a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. The foregoing because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance, but it can hardly compensate for the damage caused to the environment. Well then, in the case under study, the Tribunal Ambiental, based on this constitutional principle, issued resolution No. 92-98 at ten o'clock on April twenty-ninth, nineteen ninety-eight, in which it decided to impose as precautionary measures to avoid greater harm to the environment: The total stoppage of the material extraction activities that the plaintiff was carrying out, ordering the plaintiffs to remove the machinery that was in the river. Consequently, such measures were dictated in accordance with said principle. On the other hand, in the resolution issued at the end of the administrative proceeding that the Tribunal Ambiental brought against the plaintiffs, the final resolution imposes several sanctions because it was proven that the facts that had been attributed to the plaintiffs were indeed true and extremely serious, for which they became subject to the imposed sanctions. The severity of the harm to the environment was of such magnitude that the administrative body, given the atrocities committed by the plaintiffs, decided to cancel the concession they had been holding, a sanction which, according to the foregoing, was necessary by virtue of the repeated occasions on which the investigated facts were committed, since as was demonstrated, it was not a single time, but several in which without any control they deviated the river channel and did not comply with the requirements set forth in the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), repetitive conduct causing continuous damage to the environment. Consequently, it is not true that the trial judge confused the two aforementioned principles as stated by the plaintiffs' representative. Both the precautionary measures and the sanctions imposed in the final act, once the administrative proceeding had already been carried out, were issued under the protection of the sanctioning and precautionary principles that govern in this matter. Given this situation, the appellant is incorrect on this point of its grievances, and therefore they are rejected. VII.- DISPROPORTION AND IRRATIONALITY IN THE SANCTIONS IMPOSED BY THE ADMINISTRATIVE BODY. The plaintiff states that all four sanctions were imposed on it, and one of them is the most drastic, which is the cancellation of the concession it held for the exploitation of the quarry of the Río Virilla, for which it alleges disproportionality and unreasonableness when imposing said sanctions, since according to its statement, the facts attributed to it are not of such seriousness as to warrant the closure of the quarry. The exploitation of diverse natural resources must respond to principles of reasonableness and proportionality, which do not endanger the extinction of diverse animal and plant species. The Sala Constitucional in Judgment No. 3208-97 at thirteen thirty-nine on June sixth, nineteen ninety-seven, stated in this regard: "...The private exploitation of timber resources is possible, to the extent that it is carried out through a management or handling plan, which must be approved by the Dirección General Forestal and which must contain, at a minimum, the actions of the individual to recover or replace the resource being exploited (Article 49 Forestal), as well as the other measures indicated by law, so that the exploitation and use are done in a reasonable and weighted manner in order to protect the natural environment and the State's resources in general...". Well then, in the same sense, the sanctions imposed on those who violate the norms regulating environmental protection must be reasonable and proportional in relation to the damage they have caused to that healthy and ecologically balanced environment. In the case file, the ecological disaster caused by the authors has been demonstrated, not only in the deviation of the Río Virilla, but in its surroundings and in the non-compliance with the environmental impact assessment (estudio del impacto ambiental) which they were obligated to fulfill. From the aforementioned evidence, it was accredited that there were several times in which the plaintiffs deviated the channel of the Río Virilla for their own exploitation purposes without having the permits from MINAE, and on the other hand, they used the waters of that natural resource for their exploitation work. In addition, they extracted material from the channel and adapted it in order to allow the transit of heavy machinery used to transport the extracted material to the Braulio Carrillo highway, (see the testimony of Mr. Emilio Garro Rojas, found at folios 142 to 144 of the case file). Given this situation and by virtue of the infractions committed by the plaintiffs, not only against the environment, by deviating the channel of the Río Virilla without any permit or authorization whatsoever, and the extraction of natural material from it for their benefit, it entails the State's power of imperium to impose the corresponding sanctions, which in the case at hand, their actions being so serious, were neither disproportionate nor irrational. The mere verification of the deviation of the river channel and the non-compliance with the environmental recovery ordered in the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), as has been demonstrated in the case file, make the cancellation of the quarry exploitation concession opportune, since with such actions the environment was seriously harmed by the poor use of natural resources by the appellants, endangering the fundamental right of all citizens to have a healthy and protected environment. The acts carried out by the appellants were atrocious, devastating, and violent against the plant life of our country, and allowing these situations, without taking the necessary measures, would result in a deforested country, without natural resources and a lack of protection for the environment. Moreover, even to date they attempt to deny the ravages caused, which diminishes the probabilities of protecting in the future the public interest harmed here, as they are not yet aware of their acts. Consequently, the Tribunal Ambiental, protected by law, imposed the sanctions it deemed appropriate and which this Court upholds in protection of the principles that govern Environmental Law, as already set forth in Considerando IV of this judgment. Given this situation, the principles of proportionality and unreasonableness have not been violated when sanctioning the plaintiffs. VIII.- CONCLUSION.- From all the foregoing, the irregularities committed by the appellants in the use and enjoyment of the assets granted in concession, and therefore their undue exploitation not in accordance with the regulations governing environmental matters, have been demonstrated. Therefore, based on what has been said in the preceding Considerandos, the imposed sanctions are in accordance with the legal system that regulates the matter, and consequently, the appealed resolution must be confirmed in all its aspects."


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No. 66-2006

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN CUARTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, at nine hours fifty minutes on the thirteenth of July of the year two thousand six.

Ordinary Administrative Contentious Proceeding filed by Rafael Zamora Fernández, of legal age, married, businessman, resident of San Antonio de Belén, bearer of identity card number 1-563-370, in his personal capacity, and as absolute general legal representative without limit of sum of Constructora Zurquí Sociedad Anónima, legal entity identification number three- one hundred one- zero fifty-four thousand five hundred seventy-nine- twenty-five.

RESULTANDO:

1).- The amount in controversy of this proceeding having been established as inestimable, the plaintiff in his personal capacity, and as representative of the company Constructora Zurquí S.A., files the lawsuit so that the judgment declares: "PRINCIPALLY: 1.- That resolutions No. 246-99 TAA, at 8 o'clock on August third, nineteen ninety-nine, and No. 291-99 TAA, at 13:30 hours on August 24, nineteen ninety-nine, both issued by the Tribunal Ambiental Administrativo, are null and must be revoked. 2.- That consequently, my represented company CONSTRUCTORA ZURQUÍ S.A. must be allowed to operate the concession it holds, in accordance with its rights, and the Dirección de Geología y Minas must be notified that the imposed sanctions are without any legal effect or value. 3.- That it be declared that Mr. Rafael Angel Zamora Fernández is not jointly and severally liable, by virtue of the declared nullity of the challenged resolutions. 4.- That the State be ordered to pay the damages caused by the arbitrary and illegal sanctions that were imposed on us, which will be liquidated in the judgment execution proceeding. 5.- That the State be ordered to pay both costs of this action. SUBSIDIARILY: 1.- That resolutions No. 246-99 TAA, at 8 o'clock on August 3, 1999, and No. 291-99 TAA, at 13:30 hours on August 24, 1999, both issued by the Tribunal Ambiental Administrativo, are partially null and must be revoked, especially the order for joint and several payment for the environmental damage caused by alteration of the channel; the immediate stoppage of work, and the definitive closure of the quarry. 2.- That consequently, my represented company CONSTRUCTORA ZURQUÍ S.A. must be allowed to operate the concession it holds, in accordance with its rights, and the Dirección de Geología y Minas must be notified that the imposed sanctions are without any legal effect or value. 3.- That it be declared that Mr. Rafael Angel Zamora Fernández is not jointly and severally liable, by virtue of the declared nullity of the challenged resolutions. 4.- That as a consequence of the foregoing, the Dirección de Geología y Minas must be notified that the imposed and revoked sanctions are without any legal effect or value. 5.- That the State be ordered to pay the damages caused by the arbitrary and illegal sanctions that were imposed on my principals, which will be liquidated in the judgment execution proceeding. 6.- That the State be ordered to pay the costs of this action."

2.- Within the granted term, the representative of the State answered the lawsuit negatively and raised the defense of lack of right and the generic defense sine actione agit.

3.- Licenciada Grace Emilia Loaiza Sánchez, in judgment No. 1072-2003 at eight o'clock on December nineteenth, two thousand three, ordered in the POR TANTO: "The defense of lack of right is upheld. The generic defense of sine actione agit is rejected, in its modalities of lack of standing and lack of current interest. The present ordinary lawsuit filed by Constructora Zurquí Sociedad Anónima and Mr. Rafael Angel Zamora Fernández, in his dual capacity as representative of the cited company and personal capacity, is declared without merit in all its aspects. The plaintiffs are ordered to pay both costs of this proceeding. Let it be notified."

4.- Disagreeing with the decision, the legal representative of the plaintiffs, within the legal term, appealed, which appeal was accepted and by virtue of which this Court hears the case on appeal.

5).- In the proceedings, the mandatory requirements have been observed, and no grounds for nullity capable of invalidating the actions are noted, and this resolution is issued within the time allowed by the obligations of the office, following its deliberation.

Drafted by Judge Segura Solís, AND;

CONSIDERANDO:

I.- PROVEN FACTS: The facts held as proven, as well as those not demonstrated, of the appealed judgment are endorsed, as they highlight the elements of conviction present in the case file and are a faithful reflection of the record.

II.- THE GRIEVANCES OF THE APPELLANT.- The legal representative of the plaintiffs states that the resolutions issued by the Tribunal Ambiental Administrativo were challenged in this venue for being absolutely null, due to being inconsistent and deficient in their content. He bases his arguments on the non-existence of any regulation that empowered the Tribunal to impose a sanction such as closing a concession, and furthermore, the norms cited by it bear no relation to the facts held as demonstrated in such resolutions. In this judicial instance, he indicates that the trial judge based the cancellation of the concession and closure of the quarry on numerals 2, 4, 17, 50, 51, 52, and 99 of the Ley Orgánica del Ambiente. On the other hand, the judge holds as demonstrated the variation of the river channel based on a testimony of Mr. Emilio Garro Rojas, whose deposition indicated that the deviation of the river channel occurred in nineteen ninety-three, and even if there are later reports from 1997, the fact is that from the first moment, a change was made in the river channel, seeking an exit to the Guápiles highway. From the foregoing, it can be concluded that the Ley Orgánica del Ambiente, Law No. 7554 of October 4, 1995, is effective from its publication, so the Tribunal Ambiental's jurisdiction would be barred because the facts date from before the enactment of such norm, giving retroactive effects to a sanctioning norm such as it is. In the same vein, the trial judge retroactively applies the Código de Minería, which was enacted on June 28, 2002; years after the events occurred. He indicates that at that time, the only norm establishing a sanction for river deviation was numeral 226 of the Código Penal, expressly cited by the Tribunal Ambiental, but which could not be applied by it for jurisdictional reasons. Likewise, even if it is stated that his represented party extracted material from the river without being authorized, the only possible norm to apply would be numeral 227 of the Código Penal, which also could not be applied by the Tribunal Ambiental for the same reasons stated above. Consequently, there is no norm that allowed the Tribunal Ambiental to impose sanctions, and given this fact, they lack legal foundation and are therefore null. On the other hand, he alleges there is a lack of evidentiary means in the proceeding that would lead the Tribunal to the conviction that his represented parties, having modified the river channel, produced environmental damage. The cited Tribunal Administrativo did not know, and never knew, whether the variation of the channel required additional measures for its recovery, or whether those contemplated in the E.I.T. were sufficient, so it never verified if environmental damage existed, or if it was an environmental impact, and therefore it cannot assess the reasonableness and proportionality of the imposed sanctions. Nor is there evidence to clearly establish if the challenged acts were of such seriousness as to warrant the closure of the concession. Hence his allegations of violation of due process incurred by the Tribunal Ambiental. In the same vein, he mentions that he does not share the criterion expressed by the Lady Judge regarding the precautionary principle or in dubio pro natura, and the principle of reversal of the burden of proof, since in the case under study, the measures to be taken were neither precautionary nor temporary. If there was doubt that an activity might cause damage, it is reasonable to suspend it until it is scientifically demonstrated that said activity does not cause damage or, on the contrary, that it does cause it.

In the case under study, the Environmental Tribunal's resolution did not involve a temporary measure, but rather the closure and shutdown of the activity, and therefore the judge confuses the precautionary principle with the sanctioning principle, meaning the burden of proof fell on the prosecuting entity to demonstrate with certainty that damage was actually caused and therefore closure was warranted. Regarding environmental recovery, the Administrative Tribunal bases its decision to close the pit, alleging that my client had not complied with executing the environmental recovery that had been established in the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental). However, the Mining Code establishes in section 67 the grounds that may give rise to the expiration of the concession and the procedure for such sanction to be decreed (subsection ch) of that section). Consequently, as there is a norm that contemplates this alleged fault, and the sanction it establishes, there is also a procedure to be followed that involves notifying the concessionaire so that within a ninety-day period they comply or justify; otherwise, the file is elevated to the Minister to grant a new period or to consider that it is not necessary and proceed to declare the expiration of the concession by the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas). In this situation, there is a special norm (Article 67, subsection ch) of the Mining Code) that prevails over the general norm, Article 99 of the Organic Environmental Law, such that the Tribunal should have, if the imputed fault was the failure to initiate environmental recovery, ordered the Directorate of Geology and Mines to immediately initiate the procedure established therein, but under no circumstances order the cancellation of the concession for the stated reason without having fulfilled the procedure established in section 67 of the Mining Code. This is a new violation of due process and the right of defense. Regarding the disproportionality and irrationality of the sanctions, the appellant argues that the judge indicated that it was not a matter of four sanctions imposed, but rather one sanction ranging from a warning to the closure of the pit, through suspension, and establishes something the Environmental Tribunal's resolution does not, a division of them, some for diverting the river and others for failing to initiate environmental recovery. So what is the point of warning the administrated party, if at the same time the business operation is being closed? He reiterates, what is the point of imposing a temporary sanction, if the business closure is applied, creating an incongruity among the sanctions issued. Furthermore, it did not pronounce on the fact that even though the alleged harmful effects of my client's actions were not demonstrated, the Tribunal decides to impose four sanctions, and moreover the most serious ones, when the gravity of the alleged faults was not demonstrated. The Administrative Environmental Tribunal did not consider the harmful nature of my client's actions as proven, and if that is so, the alleged faults imputed do not possess the necessary gravity to impose not only four sanctions but the most serious, such as the pit closure. Note that the legislator qualifies conduct that harms the environment, indicating that it is not just any damage or alteration, but must be harmful damage or alterations to the environment. In the case of the challenged resolution No. 246-99-TAA, the Environmental Tribunal does not indicate in the proven facts that the eventual and alleged damages and alterations committed by my client are of a harmful nature. Nor does it make that assessment in Considering III, limiting itself to saying there was an alteration of the river's channel (cauce), but never that it was harmful to the environment. This being so, it was not possible or legal to impose four sanctions, including the most serious of all, definitive closure, so the sanctions imposed lack proportionality or rationality with the alleged faults found. For the foregoing reasons, it requests that the first-instance judgment be revoked and the complaint be upheld in all its extremes.

III.- ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. CONSTITUTIONAL FOUNDATION AND JURISPRUDENTIAL DEVELOPMENT OF THIS RIGHT. Prior to analyzing the grievances presented by the plaintiff's representative, it is timely and convenient to refer to the jurisprudential development carried out by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) regarding Environmental Law, and above all, the principles established in this matter. Prior to the reform of Article 50 of the Political Constitution, the jurisprudence of our Constitutional Court recognized the protection and preservation of the environment as a fundamental right (ruling number 2233-93), deriving it from the provisions of Articles 21 (right to health), 69 (constitutional requirement for the "rational exploitation of the land"), and 89 (protection of natural beauties), all of the Political Constitution. Thus, in Ruling No. 6322/2003 at fourteen hours and fourteen minutes on July 3, 2003, the Constitutional Chamber, in order to prevent the existence of the right to a healthy and ecologically balanced environment from being restricted to a semantic level, integrated a series of guiding principles that guarantee the effective protection of the environment, which are mandatory for compliance by both private parties and State institutions—as indicated previously—in their use of natural resources, and which will be discussed below. A warning is made that this enumeration in no way constitutes a closed list (numerus clausus), as it is the very evolution of this right that will frame and define others; for the moment, from doctrine, current regulations, and constitutional jurisprudence, the following can be derived in relation to the substantive issue at hand: In said pronouncement, it stated:

"...1.- Of the protection of the environmental right by the State: Starting from the recent reform of Article 50 of the Constitution, to expressly enshrine the environmental right as a fundamental right, it also establishes—in clear terms—the obligation of the State to guarantee, defend, and protect this right, by which the State becomes the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. It is under this provision, in relation to Articles 20, 69, and 89 of the Political Constitution, that the State's responsibility arises to exercise a protective and governing function in this matter, according to what the constitutional norm under discussion itself provides, a function developed by environmental regulations. It is thus that the constitutional mandate establishes the duty for the State to guarantee, defend, and preserve that right.

" Prima facie, guaranteeing means securing and protecting the right against any risk or necessity; defending means prohibiting, forbidding, and impeding any activity that threatens the right; and preserving is an action aimed at shielding the right in advance from possible dangers in order to make it endure for future generations. The State must assume a dual behavior of action and inaction; on the one hand, it must refrain from itself threatening the right to a healthy and ecologically balanced environment, and on the other hand, it must undertake the task of issuing the measures that allow compliance with constitutional requirements" (ruling number 9193-2000, at sixteen hours twenty-eight minutes on October 17, 2000).

In this order of ideas, it must be considered that regulations establish the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía) as the governing body of the natural resources, energy, and mines sector, as provided in Article 2 of the Organic Law of this ministry, number 7152, of June 4, 1990:

"The functions of the Ministry of Environment and Energy shall be the following:

a) Formulate, plan, and execute the Government of the Republic's policies on natural resources, energy, mining, and environmental protection, as well as the direction, control, oversight, promotion, and development in the mentioned fields. Likewise, conduct and supervise investigations, technical explorations, and economic studies of the sector's resources.

b) Promote the development of natural, energy, and mining resources.

c) Promote and administer legislation on the conservation and rational use of natural resources, in order to achieve their sustained development, and ensure its compliance.

ch) Issue, via executive decree, mandatory rules and regulations related to the rational use and protection of natural resources, energy, and mines.

d) Promote scientific and technological research related to matters within its competence, in coordination with the Ministry of Science and Technology.

e) Promote and administer legislation on exploration, exploitation, distribution, protection, management, and processing of natural resources related to its area of competence, and ensure its compliance.

f) Process and grant permits and concessions regarding matters within its competence.

g) Foster, in accordance with current legislation, the signing of treaties, conventions, and international agreements, as well as represent the Government of the Republic in acts within its competence, of a national and international nature. All of the above in coordination with the Ministry of Foreign Affairs and Worship.

h) Promote and develop environmental education programs at all educational levels and for the general public.

i) Conduct inventories of the natural resources the country possesses.

j) Advise public and private institutions regarding environmental planning and the development of natural areas.

k) Other functions assigned to it by the legal order."

However, in the view of this Chamber, this governing function in environmental matters includes not only the establishment of adequate regulations for the use of forest and natural resources, as also provided in Article 56 of the Organic Environmental Law, inasmuch as it confers on the State the important function of exercising governance in environmental matters, consisting of maintaining a preponderant role in this area, for which purpose,

" [...] it shall issue general and specific measures related to the investigation, exploration, exploitation, and development of those resources, based on the provisions of the National Development Plan";

a function that is fully complied with—for example—regarding the definition of guidelines, principles, criteria, and indicators for the establishment of forest management plans (planes de manejo forestal), established by the Ministry of Environment and Energy itself via Executive Decree number 27.388-MINAE, regulations that are mandatory in light of the provisions of Articles 20 of the Forestry Law 7575, 14 and 16 of the Regulation to the Forestry Law, and 1 and 2 of Executive Decree number 27.388-MINAE; but also, and above all, that which corresponds to the control and oversight aimed at verifying compliance with the environmental legal order, first by the various administrative dependencies, and secondly—and no less important for that—by the citizenry in general, and above all by the owners of properties that have an environmental impact, as provided in the transcribed subsection a) of Article 2 of the Organic Law of the Ministry of Environment and Energy. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activities constitutes an essential function of the State under the provisions of Article 50 of the Constitution, as it provides in the relevant portion of the third paragraph:

"The State shall guarantee, defend, and preserve that right";

which is concordant with the constitutional principle established in the second paragraph of Article 9 of the Political Constitution, which expressly prohibits the Branches of Government from delegating the exercise of functions that are proper to them, especially when they are essential. In this sense, constitutional jurisprudence has considered that

"Articles 9, 10, 121, 140, and 152 of the Constitution, among others, clearly assign specialized functions to different organs—Branches—of Government, and have designed a complex system of checks and balances as a guarantee, perhaps the most important one, of freedom. From this perspective, the separation of functions, reciprocal oversight, and self-limitation of those powers stands as a protective barrier for constitutional values, principles, and norms for the direct benefit of all inhabitants of the country" (Ruling number 4091-94, at fifteen hours twelve minutes on August 9, 1994).

So that, given the nature of the matter in question—environmental protection—and the implications of its lack of protection—environmental contamination and problems in the health of the inhabitants—it is that for this Tribunal, the delegation to private parties of the functions of governance, control, and oversight of environmental matters will never be constitutional; these are reserved exclusively to the State, under the charge of the various administrative dependencies.

2.- Principle of the rational use of resources, so that the necessary balance exists between the country's development and the right to the environment: Based on the principle established in Article 69 of the Constitution of the "rational use of natural resources," the Chamber—in its various resolutions—has established the constitutional parameters for the adequate use of them; by virtue of which it is clear that environmental protection must be directed toward the adequate and intelligent use of its elements in their natural, sociocultural, technological, and political order relationships (sustainable development), in order to thereby safeguard the patrimony to which present and future generations have a right. Therefore, the primary objective of the use and protection of the environment is that through the production and use of technology, not only economic gains (freedom of enterprise) are obtained but above all a favorable development and evolution of the environment and natural resources with the human being, that is, without causing damage or harm:

"This Chamber has also recognized that both the right to health and the right to an environment free of contamination, without which the former could not be effective, are fundamental rights, such that it is the obligation of the State to provide for their protection, whether through general policies to procure that end or through concrete acts by the Administration. Sustainable development is one of those general policies that the State enacts to expand the possibilities for all to fulfill their aspirations for a better life, increasing production capacity or expanding the possibilities of achieving equitable progress between demographic growth or between it and natural systems. Sustainable development is the process of transformation in the use of resources, orientation of investments, channeling of technological development, institutional changes, and everything that contributes to meeting human needs of the present and the future" (ruling number 1763-94, at sixteen hours forty-five minutes on April 13, 1994).

3.- Principle of environmental quality: Environmental quality is a fundamental parameter of quality of life; like health, food, work, housing, and education, among others. The right to a healthy and ecologically balanced environment, recognized in Article 50 of the Political Constitution, guarantees the right of man to make use of the environment for his own development, which implies the correlative duty to protect and preserve the environment through rational exercise and useful enjoyment of the right itself. The State also has the obligation to procure adequate protection for the environment; consequently, it must take the necessary measures to avoid contamination and, in general, man-made alterations that constitute an injury to the environment. In this regard, the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social, and Cultural Rights stipulates:

"Article 11.- Right to a healthy environment.- Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services. The States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the environment."

In the same sense, Principle 1 of the Stockholm Declaration on the Human Environment establishes:

"Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations."

4.- Precautionary principle: One of the essential principles that comprise environmental law is the "precautionary principle" or "principle of prudent avoidance," which is contained in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which literally states:

"Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." (See in the same sense Article 11 of the Biodiversity Law).

The term prevention derives from the Latin "praeventio," which alludes to the action and effect of preventing, to those preparations and arrangements made in advance to avoid a risk or execute something. Prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or people's health. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or any doubt in that regard—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. This is because, in environmental matters, subsequent coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already been produced, repression may have moral importance but will hardly compensate for the damage caused to the environment.

5.- Of carrying out an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) prior to commencing works: It is based on the principle that environmental norms must have a technical basis, because their application must derive from limits that determine the conditions under which the use and exploitation of natural resources must be conducted. This is so because, since environmental damage and contamination are evaluable, such as the presence of toxic substances or external elements that produce negative characteristics in the environment, both for biological diversity—including flora and fauna—and—and especially—for human life, which is reflected in the health or well-being of man—soil, habitat, air, water, etc.—the impact of these elements requires scientific evaluation and treatment. Therefore, this principle (of prior completion of the environmental impact assessment) becomes a corollary of the previous principle, and its fulfillment is especially important for all

" [...] human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous material waste shall require an environmental impact assessment by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) created in this Law. Its prior approval by this body shall be an indispensable requirement to commence the activities, works, or projects." (Article 17 of the Organic Environmental Law, number 7554, of September 18, 1995).

It is thus that the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment obliges the State to take preventive measures to avoid its impairment; and among the principal measures provided by the legislator in this regard are the Environmental Impact Assessments (Estudios de Impacto Ambiental), which are founded on the provisions of said Article 17 of the Organic Environmental Law. To this effect, it is important to highlight that by virtue of constitutional mandate—Article 50—and in the Law—Article 17 of the Organic Environmental Law—it is established as a general principle that all human activity that modifies the environment shall require an environmental impact assessment, whereby it is the condition of the project or work that shall determine in each case whether the referred technical study is required or not, and not the establishment of arbitrary conditions, whether administrative or regulatory (as indicated by this Tribunal in ruling number 1220-2002, at fourteen hours forty-eight minutes on February 6, 2002).

It is under this provision that constitutional jurisprudence has recently required this technical study prior to undertaking any project that could affect the environment, as a guarantee to make the right to the environment effective, and by way of example has required it in the following activities, with the caveat that this in no way constitutes a closed list (numerus clausus): tree felling in a wildlife refuge (ruling number 1888-95, cited above), location of a "waste transfer center" (ruling number 2671-95, at sixteen hours forty-five minutes on May 24, 1995), decision to determine the closure or continued operation of the "Río Azul landfill" (ruling number 1154-96, at sixteen hours on March 6, 1996), the reduction of the area of a protected zone (ruling number 7294-98, at sixteen hours fifteen minutes on October 13, 1998), treatment of orange peels in plantations (ruling 1999-2219, at fifteen hours eighteen minutes on March 24, 1999), urban planning and approval of developments (rulings number 2001-3694, at sixteen hours twenty-six minutes on May 15, 2001, and number 2002-1220, at fourteen hours forty-eight minutes on February 6, 2002), construction of hydroelectric plants (ruling number 2000-10466, at ten hours seventeen minutes on [the twenty-fourth of] November [sic] 2000), construction of dikes in rivers (ruling number 2001-6503, at nine hours twenty-six minutes on July 6, 2001), construction and operation of manual sanitary landfills (rulings number 2002-5977 and 2002-6782), operation of nurseries and fern plantations (rulings number 2000-9735 and 2001-3840); by which, it can well be said that the completion of this technical study constitutes a principle of constitutional order, and consequently, of mandatory compliance, both for private parties and, with greater reason, for State institutions, as this Tribunal has previously considered:

" III.- Obligation of State institutions to comply with environmental legislation in their ordinary activity: The third paragraph of section 50 of the Constitution clearly states that the State must guarantee, defend, and preserve the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment; which implies affirming that public entities are not only obligated to enforce—on private parties and other public entities—environmental legislation, but also, above all, that they must adjust their actions to the dictates of those protective normative bodies. State institutions are the first called upon to comply with protective environmental legislation, without there being any justification to exempt them from complying with environmental requirements such as, for example, the environmental impact assessment required by the Organic Environmental Law for activities undertaken by public entities that, by their nature, may alter or destroy the environment." (ruling number 2001-6503, cited above).

The legislator entrusted the "National Environmental Technical Secretariat" with the evaluations to be conducted by "an interdisciplinary team of professionals, registered and authorized by the Secretariat… in accordance with the guides prepared by it. The cost of the environmental impact evaluations shall be borne by the interested party." Article 19 of the Organic Environmental Law established that "the resolutions of the Environmental Technical Secretariat must be well-founded and reasoned," thereby incorporating into this matter the general principle of proper justification of administrative acts also developed by the General Law of Public Administration, which is in turn a guarantee that forms part of substantive due process. The approval of an environmental impact assessment requires, in accordance with the international commitments undertaken by Costa Rica and entrusted to SETENA, a detailed analysis that includes, as required by Article 24 of the Environmental Law, the technical criteria and the weighting percentages that make the study's approval possible. Furthermore, it must respond to the norms, management objectives, and environmental priorities of the national State and the local government, as set forth in Principle 11 of the Rio Declaration. The damage that can be caused to the environment is always difficult or impossible to repair, and the approval of an environmental impact assessment requires the total certainty of minimal impact on natural resources, as imposed by Article 50 of the Political Charter by its own force. In any case, it must be noted that the completion and approval of the environmental impact assessment does not in itself imply the commissioning of the project in question, as it is only one of the requirements demanded to complete the authorization process (ruling number 5321-96, cited above), which in some cases will be obtaining the health permit, the approval of the development plans by the respective municipality, the approval of the concession by the Costa Rican Electricity Institute (ICE), the granting of commercial licenses, etc. This is so because, when dealing with the environment, one cannot speak of unmodifiable variables; quite to the contrary, by its very nature, the environment is, by itself and to a greater extent through human intervention, changeable. The approval of an environmental impact assessment in the terms indicated by the Organic Environmental Law also does not constitute an unmodifiable authorization to carry out a particular human project, since through the oversight work conducted by the Administration, upon detecting environmental damage, the permit must be revoked in order to guarantee the right established in section 50 of the Political Constitution.

6.- Only a declared state of necessity exempts compliance with environmental norms: A state of emergency is a source of Law, which entails, in some cases, a displacement, and in others an enhancement, of public competencies, precisely so that the exceptional situation that arises ("urgent or unforeseen necessities in cases of war, internal unrest, or public calamity") can be addressed; thus, the Executive Branch (Poder Ejecutivo) is empowered to make exceptions to the normal procedures for its activities or procedures, with exceptional, more expeditious and simplified procedures being provided for such cases. These are, by definition, transitory situations that are urgent, in which it becomes necessary to maintain the continuity of public services, such that the Administration is permitted to improvise an authority for the service of general interests that cannot be sacrificed to legalistic scruples.

Thus, the law of exception—formed by the set of norms issued at the moment of necessity—becomes unconstitutional in the event of normality, since it is an essentially temporary law, that is, solely and exclusively to resolve the specific emergency being faced, given that

"[...] exceptional treatment to carry out ordinary administrative activity is not admissible, even if it is of an urgent nature; [...]" (judgment number 2001-6503, cited above).

In this sense, a distinction must be made between "mere urgency," a term that acts as a qualifier and which in many cases is not even necessarily fundamental or imminent, since

"[...] it is nothing more than the prompt execution or remedy of a given situation, which has originated in the effects of how it has been handled, [...]" (Judgment number 3410-92, of fourteen forty-five hours of November tenth, nineteen ninety-two);

therefore, it can well be understood as the Administration's need to act in a given situation, and in most cases, it is due to the Administration's inertia in finding a solution, in accordance with the instruments provided by the legal system; and the "state of necessity," understanding this as eventual situations—that is, not occurring within the framework of normality—and of such magnitude that they may imminently affect life and property, public interest and order, or public safety, such that they cannot be controlled, handled, or managed using the ordinary regulations available to the Government, and which make administrative intervention inevitable and urgent, even outside the bounds of the law. For this reason, it is contrary to Constitutional Law not only for regulations, but also for the actions of public institutions, to dispense with ordinary procedures for the ordinary activity of the Administration, and which in this case refer to the dispensation of environmental regulations, such as—for example—conducting an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) or requesting health permits. In situations of necessity that are foreseeable in the long, medium, or short term, exemption from compliance with environmental obligations cannot be sought, since these become ordinary administrative activity (the case of building dikes in rivers to protect the population from floods (judgment number 2001-6503)). In this regard, it must be clear that for an emergency measure to be understood as constitutional in nature, it must attend solely and exclusively to resolving the emergency situation that motivates it, and also have the common good as its purpose: that is, it must be just and also reasonable (proportionality in the strict sense).

7.- The lack of financial resources of public institutions is not an excuse that justifies the failure to protect environmental rights: Constitutional case law has been consistent in the sense that the lack of budgets (financial, material resources, and/or qualified personnel) cannot constitute a limit between the respect for and the violation of fundamental rights, that is, it cannot be a reason for the Administration not to act and take concrete actions so that through its management it finds a solution to the environmental problems that private parties require of it; for this reason, in the various amparo actions brought before this Chamber, where the respondent institution has justified its inaction on this ground, the Chamber has compelled it to fulfill its constitutional obligations, to give effective content to the right to a healthy and ecologically balanced environment, contained in Article 50 of the Constitution, precisely in consideration of the value of the human person and the environment as such (natural resources, biodiversity, surroundings):

"[...] this Tribunal deems insufficient the administrative action aimed at remedying the contamination problem that the interested parties vehemently claim. The Ministry has stated, more or less expressly, that the prolongation of the problem under examination is due to purely reasons of scarcity of human and material resources. However, that is not a valid excuse. On other occasions, this Chamber has said that given the hierarchy and transcendence of the human and constitutional value at stake; that is, people's health, as well as their right to a healthy environment, and ultimately, their right to breathe and live in an atmosphere within health standards; the simple excuse of lack of material means by the State to face problems is not admissible, because in these cases the Administration has the obligation to prioritize solutions and carry out with its limited resources what, according to the legal system, is necessary to execute them promptly.- " (Judgment number 0695-96, of fifteen forty-two hours of February seventh, nineteen ninety-six).

In the same sense, one may consult judgments number 4504-93, of seventeen thirty-six hours of September eighth, nineteen ninety-three; 3705-93, of fifteen hours of May thirtieth, nineteen ninety-three, number 7154-94, of sixteen forty-eight hours of December second, nineteen ninety-four, number 0915-95, of sixteen hours six minutes of February fifteenth, number 4149-95, of nine hours thirty minutes of July twenty-eighth; both of nineteen ninety-five, number 0459-96, of fifteen hours nine minutes of January twenty-second, nineteen ninety-six, and number 0726-98, of twelve hours twenty-one hours of February sixth, nineteen ninety-eight.

8.- Coordination among the various public agencies in order to guarantee the protection of the environment: On various occasions, constitutional case law has indicated that the protection of the environment is a task that belongs to everyone equally, that is, that there is an obligation for the State—as a whole—to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid levels of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inadequate use of natural resources that endanger the health of the administered. In this task, "public institution" must be understood to include both the Central Administration—Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía, MINAE) and the Ministry of Health (Ministerio de Salud), which by reason of subject matter have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; who act, most of the time, through their specialized agencies in the field, such as, for example, the Dirección General de Vida Silvestre, the Dirección Forestal, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); as well as decentralized institutions, such as the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, the Instituto Costarricense de Turismo, or the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; a task in which the municipalities of course have great responsibility, regarding their territorial jurisdiction (a task to which specific reference will be made in the next section). In light of the above, one might think that this multiple responsibility could cause chaos in administrative management, which is not true, since in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of relationships and coordinated functioning among the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions entrusted to them. Previously—and quite clearly—this Chamber referred to the principle of coordination of public agencies with municipalities in the realization of common goals—which, obviously, must be extended to the relationship that Central Administration institutions and decentralized institutions carry out in this important function—, for which one is referred to what was indicated on that occasion (judgment number 5445-99, of fourteen hours thirty minutes of July fourteenth, nineteen ninety-nine):

"So coordination is the ordering of relationships among these various independent activities, which takes charge of that concurrence on the same object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the agent subjects. Since there is no hierarchical relationship among decentralized institutions, nor between the State itself and the municipalities, it is not possible to impose certain conducts on the latter, with which the indispensable interinstitutional 'concert' arises, in the strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, resulting in agreed forms of coordination, with the exclusion of any imperative form to the detriment of their autonomy, which would allow subjecting corporate entities to a coordination scheme without or against their will; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the latter (through the 'administrative oversight' of the State, and specifically, in the function of legality control that corresponds to it, with general oversight powers over the entire sector).

The defined cooperation relationship has been understood by the Constitutional Chamber, which has repeatedly pointed out that for the projects of the various public institutions to be carried out, it must be done with respect for the legal system: first, constitutional-ranking norms, and then, legal and regulatory-ranking norms, such that, for the Executive Branch or other public entities to carry out their own projects in a specific locality, they must have the respective municipal permits and licenses, if applicable, as indicated in amparo judgment number 02231-96, transcribed, in what is relevant, in Considerando VIII of this judgment.

This obligation of coordination between State institutions and municipalities is implicit in the Political Constitution itself; for example, regarding the municipal tax power, insofar as the initiative must come from the Councils themselves, both for its approval by the Legislative Assembly and for the exemption of taxes, even when dealing with the State's economic policy, as indicated in judgment number 2311-95, cited above; thereby saying that there must be due and obliged coordination between the State and local corporate entities, thus complying with what is ordered by this provision, without implying an invasion of municipal autonomy. Likewise, the Chamber deems that in urban planning matters this same coordination relationship must occur, even though it has been defined—by constitutional provision—that urban planning is the competence of local governments, it should be arranged in accordance with the general guidelines and lineaments of the National Urban Plan prepared by the Executive Branch (on the proposal of the Dirección de Urbanismo of the INVU and the Ministry of National Planning and Economic Policy) and integrated into the National Development Plan referred to by the National Planning Law, on the understanding that this Plan must be approved by an ordinary law."

Thus, since the protection, implementation, and development of environmental matters is of the highest interest for the Nation, all public agencies, including municipalities, are under the obligation to "coordinate their tasks," in order to make environmental rights effective and guarantee citizens true coverage of the right to the environment. Precisely, Article 3 of the Ley Orgánica del Ambiente recognizes this principle by providing:

"Article 3. Joint participation to fulfill objectives

The Government shall establish a harmonious and interrelated set of objectives aimed at improving the environment and properly managing natural resources.

Decisions and specific actions aimed at their fulfillment must be incorporated into these objectives, with the support of norms, institutions, and procedures that enable the functionality of these policies."

In application of the above, in judgment number 1888-95, cited above, when the Chamber heard about the infractions of environmental rights norms and the damages caused in the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, it considered

"[...] but nevertheless considers that there has been negligence on the part of the State as a whole, since despite the time elapsed, the basic problem of this amparo has not been resolved. From the reports sent to this Chamber by the other entities recurred against in this matter, the conclusion is reached that there is no coordination among them to carry out the protection and control of such a rich and varied area with the responsibility—which must be shared—of each of them for an integral management of said environment, so much so that within the Refugio de Gandoca-Manzanillo, for those who wish to carry out activities or projects, the treatment of water and solid waste form part of the requirements to be considered, which evidently must be controlled by the Ministry of Health."

Within this same approach, in judgment number 2002-4830, of sixteen hours of May twenty-first, two thousand two, the Chamber ordered the coordination of the municipality of the respective canton with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to find a solution to the problem of a lack of planning regarding the treatment of blackwater or sewage (aguas negras o residuales) in that locality:

In the identical sense, see judgments number 4480-94, of ten hours fifty-one minutes of August nineteenth, nineteen ninety-four, number 2671-95, of sixteen hours forty-five minutes of May twenty-fourth, nineteen ninety-five; 1499-96, of nine hours of March twenty-ninth, nineteen ninety-six; 1360-97, of fifteen hours eighteen minutes of March fifth, nineteen ninety-seven; 1886-95, of nine hours twelve minutes of April seventh, nineteen ninety-five, and 2863-97, of fifteen hours forty-five minutes of May twenty-second, nineteen ninety-seven.

The duty of coordination among the various public agencies was recognized in the Stockholm Declaration on the Human Environment, in its principle number 13—but from the perspective of the interrelation of disciplines, to give greater exclusivity and stability to the environmental legal system—, in which it was determined:

"In order to achieve a more rational management of resources and improve environmental conditions, States should adopt an integrated and coordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improve the human environment for the benefit of their population."

9.- Harm to this environmental right occurs both by action and by omission: Omissions in the duty to protect the environment and comply with environmental regulations are of constitutional relevance, since as a consequence of the Administration's inertia in this matter, damage can be caused to the environment and natural resources, sometimes with similar or greater consequences than those derived from the Administration's actions; such as the authorization of regulatory plans, or constructions without the approval of the environmental impact assessment by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, or the lack of control and oversight in the execution of management plans for protected areas by the Dirección General de Vida Silvestre of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), or permitting the operation of businesses without health permits regarding the treatment of blackwater or sewage (Acueductos y Alcantarillados and Ministry of Health), or not verifying sound controls in bars, karaokes, and discotheques (municipalities and Ministry of Health), etc. In this sense, constitutional case law has been clear and forceful in pointing out that this omission in the duty of care and protection of the environment constitutes a violation of the obligation enshrined in Article 50 of the Political Constitution. (In relation to this topic, among others see judgments number 1888-95, cited above, and 2000-5798, of sixteen hours sixteen minutes of July eleventh, two thousand).

10.- Positive silence does not operate in matters of natural resource use: The institution of positive silence (silencio positivo) applied in matters of permits and authorizations before the Public Administration is governed according to the rules contained in Articles 330 and 331 of the Ley General de la Administración Pública. However, these rules are not applicable in matters of permits for the use of natural resources (forestry, mining, marine, waters of the Nation, forces derived from water resources, etc.) according to constitutional case law (judgments number 6836-93, of eight hours fifty-four minutes of December twenty-fourth, nineteen ninety-three and number 1730-94, of fifteen hours six minutes of April thirteenth, nineteen ninety-four), precisely by virtue of the superior value (public interest) of environmental protection, and precisely because of the conceptualization of environmental rights as a fundamental right:

"[...] so it cannot be understood that positive silence operates simply due to the lapse of the period within which the Administration should have ruled on the forestry exploitation permit, without doing so, because that would imply placing the country's forestry heritage in imminent danger by permitting, through this route, its irrational and indiscriminate exploitation" (judgment number 6836-93, cited above).

Recently, this principle was incorporated into the first paragraph of Article 4 of the Ley Forestal, number 7575, of February thirteenth, nineteen ninety-six, which in what is relevant textually provides:

"In matters of natural resources, the positive silence contemplated in Articles 330 and 331 of the Ley General de la Administración Pública shall not operate."

11.- Citizen participation in environmental matters: Citizen participation in environmental matters encompasses two essential points: the right to information relating to environmental projects, or those that may cause harm to natural resources and the environment, and the guarantee of effective participation in the decision-making process in these matters. Therefore, the Costa Rican State must not only invite citizen participation but must also promote it and respect it when it occurs (Judgments number 2001-10466, cited above). Thus, making information held in public offices available to interested parties is of great importance, such as that relating to environmental impact assessments under the responsibility of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, or that required for the approval of regulatory plans by the respective municipalities, for example. It was the Rio Convention that, in principle 10, elevated this participation to the rank of a principle in environmental matters, by stating

"The best way to address environmental issues is with the participation of all interested citizens, at the appropriate level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on materials and activities that are hazardous in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided."

From this principle, the importance given internationally to environmental issues, and in general, above all, to the participation of civil society in decisions of great significance for the community, is clearly evident. As Costa Rica is a signatory State, this instrument certainly binds and conditions it, for that is the consequence of its subscription, as this Tribunal considered in judgment number 8319-2000, of ten hours eighteen minutes of September eighth, two thousand:

"Thus, its purpose is that government decisions be the consequence of a discussion that is not restricted to small official circles or partial interests, but that other opinions be taken into consideration, with the necessary openness to create expanded debate, while still complying, of course, with the requirements established by the corresponding legislation. This is not a matter of de-constitutionalizing the principle of legality in Public Administration, although it is, of course, a more democratic form of government, which expands the forums for debate on topics such as environmental protection, and by virtue of which, they are open to citizen intervention and opinion. We are, therefore, before an option already widely accepted in the evolution of the concept of democracy, and this amparo offers a magnificent opportunity to give it clear and effective validity, so that it does not remain mere discourse. It is for this very reason that the environmental question is a topic that the Chamber has already recognized as one granting private individuals a special legitimacy, and which is recognized as a 'reactional right' (vid. judgment 2233-93 and 3705-93 of this Chamber).

'In environmental law, the procedural prerequisite of standing tends to extend and expand in such a dimension that it necessarily leads to the abandonment of the traditional concept, it being understood that in general terms, any person can be a party and that their right does not emanate from titles of property, rights, or concrete actions that they might exercise according to the rules of conventional law, but rather that their procedural action responds to what modern scholars call diffuse interest, through which the original standing of the legitimate interested party or even the simply interested party diffuses among all the members of a certain category of persons who are thus equally affected by the illegal acts that harm them. In the case of environmental protection, the typically diffuse interest that legitimizes the subject to sue is transformed, by virtue of its incorporation into the list of human rights, becoming a true "reactional right," which, as its name indicates, empowers its holder to "react" against the violation originating from illegitimate acts or omissions.' (vid. judgment 3705-93)

It is for this reason that, by Law 7412 of June 3, 1994, the Legislative Assembly reformed Article 50 of the Political Constitution, guaranteeing every person the right to a healthy and ecologically balanced environment. In this matter, then, standing exists to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation of the damage caused, through effective access to judicial and administrative proceedings. In this way, when the Political Constitution mentions that the Government of the Republic is popular, representative, alternating, and responsible, we must be clear that citizen participation would not be limited to the mere exercise of the right to vote, or to the aspiration to attain a public office of popular election, but, additionally and in this new vision, to offering people the real opportunity to contribute to the making of the State's political decisions, especially when these have national significance, or could potentially affect the fundamental rights of certain sectors of the population. From Articles 1 and 50 of the Constitution, then, the consideration that citizens deserve in a democratic state is rescued, in which they can at least have access to information on the environment held by public authorities, just as the appellants point out. The commented precept, then, incorporates the cited principle through access to available information and its dissemination, so that decision-making is not limited to a narrow group of interests. Certainly, in the matter we now analyze, our legal system already provides that private parties may request SETENA to hold public hearings, for the purpose of taking into account the positions formulated by the interested communities in decisions affecting the environment, which has been incorporated into the Ley Orgánica del Ambiente and its Regulations, as the recurred authority reported."

Precisely, the Ley Orgánica del Ambiente recognizes this principle in Articles 6 and 23, which textually provide in what is relevant:

"Article 6. Participation of the inhabitants

The State and the municipalities shall foster the active and organized participation of the inhabitants of the Republic in making decisions and taking actions aimed at protecting and improving the environment."

"Article 23. Publicity of information

The information contained in the file of the environmental impact assessment shall be of a public nature and shall be available for consultation by any person or organization."

Likewise, in the Reglamento sobre procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, this principle is also incorporated, being provided in Chapter IV, which regulates matters relating to the public hearing envisaged within the procedure for the environmental impact assessment (articles 35 to 40), in which active participation is envisaged, both from civil society and from the municipalities—in their condition as an entity

"[...] constituted by the group of resident neighbors of a single canton, who promote and administer their own interests through the municipal government" (Article 1 of the Código Municipal).

The Ley de Planificación Urbana has a similar norm, regarding the approval of regulatory plans by the municipalities, obliging it to

"1) Convene a public hearing through the Official Gazette and the additional dissemination necessary with the indication of the place, date, and time to learn about the project and the verbal or written observations that the neighbors or interested parties may wish to formulate. The notice must be given no less than fifteen business days in advance" (Article 17 of the Ley de Planificación Urbana).

This principle of citizen participation in environmental matters is born and justified precisely from the application of the positivization of the democratic principle—enshrined in Article 1 of the Political Constitution—. It is important to highlight that this participation can be achieved individually, through associative groups of a private nature, as well as through local governments, to whom, by their competence assigned in Article 169 of the Constitution, full competence is recognized to promote it in matters that in some way may affect the community of their jurisdiction, and moreover, if they do not, they would be failing to fulfill one of the tasks assigned to them by the constituent, which has been developed in ordinary legislation

"Municipalities shall foster the active, conscious, and democratic participation of the people in the decision-making of local government. Public institutions shall be obliged to collaborate so that these decisions are duly fulfilled" (Article 5 of the Código Municipal).

It is clear that citizen and municipal participation is of transcendental importance in order to promote awareness of environmental problems and to assist in the decision-making of the institutions responsible for the preservation, oversight, and protection of the environment and natural resources. This principle had already been recognized in the dissenting vote of Magistrates Piza, Solano, and Arguedas in judgment number 4423-93, cited above, not only as a right of participation, but as a duty of the community and municipality in the decision-making and discussions regarding the location of a landfill in Esparza.

In this same vein, in judgment number 10466-2000, of ten hours seventeen minutes of November twenty-fourth, two thousand, the Chamber indicated that in no way

"[...] may the human being who will receive the effects of governmental decisions on environmental matters be excluded from participation in the decision on matters related to this subject."

Previously, this Tribunal recognized the importance of local government participation in this type of process (environmental impact studies) under the following considerations:

"[...] it becomes clear to the Chamber that in the procedures of environmental impact studies and declarations of environmental viability of projects in which it is intended to exploit natural resources, the participation of the municipalities must be active; however, in no way may the substitution of the directing body of such studies—in this case the Secretaría Técnica Nacional Ambiental—by the municipalities be intended. In the specific case, that participation translates into the participation of local governments throughout the entire procedure, and that is why their actions have full place in said procedures, but as one more party, which is the reason they are notified of all actions carried out within that procedure. In any event, the procedure provided for in Articles 35 to 40 of the Reglamento sobre Procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Decreto Ejecutivo número 25.705-MINAE, provides not only for the participation of civil society, but above all, of the municipalities, with which it shall coordinate the holding of the public hearing (Article 36), but as a collaborator of this entity with the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, without in any way being able to claim the decision-making. Moreover, municipal powers regarding the preservation and protection of the environment cannot be limited to the organization of the public hearing—which by legal provision corresponds to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental—but goes much further, such as raising awareness among residents regarding citizen participation, reporting—with technical evidence—to administrative entities and courts of justice, the adequate handling of garbage and industrial waste, the control and oversight so that environmental laws are complied with, and the promotion of the relevant legal resources, such as the request for the suspension of administrative acts they deem harmful to the environment, but not in constitutional proceedings, but rather in contentious-administrative and civil fiscal jurisdiction, among other duties" (judgment number 2001-5737, of fourteen hours forty-one minutes of June twenty-seventh, two thousand one).

In this regard, it is essential that the hearing be conducted in a place where the residents can attend, and preferably at the location of the events, since otherwise, the conduct of the hearing ordered by the Administration would not achieve its purpose, where obviously the lack of resources cannot constitute an obstacle to bringing to the case file all the evidentiary elements that the Administration requires to make a decision on matters of such fundamental importance, as they will necessarily have implications for the environment and the community. Likewise, the importance of the participation of municipalities in the preparation of environmental impact studies has been recognized in the Ley Orgánica Ambiental itself in the second paragraph of Article 22, which provides:

"Within the five business days following receipt of an environmental impact assessment, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental shall forward an extract thereof to the municipalities in whose jurisdiction the work, activity, or project will be carried out. Likewise, it shall give broad dissemination, through mass media, to the list of studies submitted for its consideration"

Thus highlighting that public participation in environmental decision-making forms part of the procedure to which the State must subject itself, and at the same time is a component of the fundamental right of every person, in the terms provided for in Article 50 of the Constitución Política. For this reason, constitutional jurisprudence has repeatedly held that the right to a hearing forms part of substantive due process and is a form of expression of participatory democracy (in this regard, see among others the dissenting vote of Magistrates Piza, Solano, and Arguedas in judgment number 4423-93, of twelve hours of September seventh, nineteen ninety-three; 2331-96, of fourteen hours thirty-three minutes of May fourteenth, nineteen ninety-six; 3521-95, of seventeen hours three minutes of July tenth, nineteen ninety-six; 6640-00, of nine hours sixteen minutes of July twenty-eighth, two thousand; and 10466-2000, of ten hours sixteen minutes of November twenty-fourth, two thousand). On the topic of information in environmental matters, it has been stated:

"In matters of the environment, we must transfer this concept regarding the right of information to a new perspective that every individual or collective has to request information and to be informed by any state entity [information] that cannot be obstructed by state institutions concerning any project that may affect the enjoyment of their right to a healthy and ecologically balanced environment. This is, then, the guarantee that will allow any individual or collective to participate, making use of diffuse interests of access to participation, within the decision-making processes that affect that right, for the contrary would be illusory and the constitutional norm would be superfluous [...]" (judgment number 2331-96, cited above).

In this special matter, every person must have adequate information about materials and activities or projects that may pose a danger or threat to communities (right to health), and to the conservation and preservation of the environment (right to a healthy and ecologically balanced environment), as well as the effective opportunity to participate in the processes for adopting such decisions; given that, regarding the right to the environment, standing corresponds to the human being as such, for the injury to this fundamental right is suffered both by the community—as a whole—and by the individual in particular. Therefore, the Administration must facilitate and foster the awareness and participation of the population by making information available to all, not only to members of the community but also to the general citizenry, since in environmental matters the existence of a true diffuse interest has been recognized (as previously noted in this judgment)." (Judgment of the Sala Constitucional No. 6322/2003 of 14:14 hours of July 3, 2003)

IV.— THE APPLICATION OF REGULATIONS IN A RETROACTIVE MANNER BY THE TRIBUNAL AMBIENTAL IN THE SPECIFIC CASE. The representative of the plaintiffs states that the regulations on which the Tribunal Ambiental based its sanction against them, in the resolutions challenged in this proceeding, is a regulation that was not in force at the time of the events, and therefore cannot be applied to the specific case, as this would be using laws retroactively to the detriment of his clients. From the facts that have been taken as proven, it is clear that it was SETENA, in resolution 095/98 of thirteen hours of March third, nineteen ninety-eight, that brought the investigated facts to the attention of the Tribunal Administrativo Ambiental, and that this body, as a precautionary measure, prior to initiating the administrative procedure, ordered in resolution No. 92/98 TAA of ten hours of April 29 of that year, the stoppage of all material-extraction works on the Río Virilla by the company Constructora Zurquí, and in resolution 121/98 of fourteen hours of June 2 of that year initiated the administrative procedure in order to verify the truth of the facts and determine the possible sanctions for non-compliance and the deterioration of the environment. Consequently, the appellant is not correct in stating that the regulation applied by that Tribunal was applied retroactively, since as of the date on which the procedure was initiated and culminated in the resolutions challenged in this proceeding, the regulation in force was the Ley Orgánica del Ambiente, the Código de Minería, and the Código Penal, norms that empowered it to initiate the procedure until its conclusion with the resolution imposing the corresponding administrative sanctions. It should be noted that while it is true that the facts date back to October of nineteen ninety-three, it was not until 1998 that the competent body established by law began the preliminary examination, determining the deviation of the Río Virilla and the harm caused to the environment, for which reason it filed a complaint before the Tribunal Ambiental in order for the corresponding procedure to be initiated.— As for the allegation of improper application of section 226(1) of the Código Penal, it is necessary to state that the Tribunal Ambiental is empowered to, in its resolutions, make references to the infringed norms even when they are of a criminal nature; however, this does not imply that it is in any way imposing or criminally sanctioning the investigated facts, since it will be the competent authority that will determine whether such infractions will be subject to the initiation of criminal proceedings. It should be noted that what was resolved by the Tribunal is to report the infringement of a crime, such as that of water usurpation, but in no way does it criminally sanction the plaintiff for that alleged crime. Consequently, the appellant is also not correct on this point, for as indicated, among the powers of the Tribunal Ambiental it is empowered to make such a report, in accordance with sections 2 and 111(c) of the Ley Orgánica del Ambiente. The latter empowers that body, indeed, to establish the compensation that may arise in relation to damages produced by violations of the protective legislation of the environment and natural resources. As for the application of the Código de Minería by the lower court, while it is true that it improperly applied the current Código de Minería, i.e., the one enacted in February of two thousand one, and its reforms; the fact is that the one that should have been applied in the specific case was the one preceding it, i.e., the one in force from April of 1984; in force at the time the investigated facts occurred and upon which the Tribunal Ambiental based its issuance of the resolutions imposing sanctions on the plaintiff for the damage caused. However, the regulations related to environmental protection and the sanctions to be imposed on offenders did not vary at all in that earlier norm compared to the one that should have been applied in this proceeding, so that when the events occurred, there already existed a regulation that protected and regulated the environment and the sanctions for those who did not protect it (Articles 24, 28, 34, 61, 62, 97, 98 and 99 of the former Código de Minería). Faced with this situation, the grievance alleged by the appellant on this specific point is not acceptable.

V.— THE LACK OR ABSENCE OF EVIDENTIARY MEANS IN THE ISSUANCE OF THE CHALLENGED RESOLUTIONS. The attorney of the plaintiffs indicates that there are insufficient and convincing evidentiary means that have demonstrated that a deviation of the Río Virilla indeed occurred and that, consequently, environmental damage was caused. The appellant is also not correct on this point, for it has been demonstrated with the ample evidence gathered both in the administrative proceedings and in the judicial proceedings, that there was indeed a deviation of the riverbed of the Río Virilla, causing damage to the environment, which corresponds to a right that is protected at the constitutional level so that all citizens may enjoy a healthy environment, in accordance with the Pro Natura principle. (see Judgment of the Sala Constitucional No. 3705-93 of 15:00 hours of July 30, 1993). In the case file, there are several evidentiary means that effectively determine that there was a deviation of the riverbed of the Río Virilla and the causing of environmental damage. In nineteen ninety-three, an official of the Guardia Rural of Moravia conducted an inspection through which it was corroborated that a lagoon had been constructed, as well as the transit of tractors over the riverbed of the Río Virilla and the deviation of the original riverbed for the use of the waters in the quarry. The next visit was conducted on July 27, 1994, by geologist Sirzabel Ruiz of Control Minero of MINAE, and it establishes the extraction of material from the river and the practice of excavations on the northwest bank of the river outside the area of the granted concession, as well as the existence of a dam on the river. Three years later, during the week of April 8 to 10, 1997, the same official, together with environmental technician José Ambrosio Obando, inspects and observes the deviation to which the riverbed has been subjected, which initially ran parallel to the left bank upstream, such deviation being around fifty meters, as well as the construction of a stone dike to confirm the new riverbed, such that at that moment the river ran parallel to the right bank upstream, a consequence of the deviation of its riverbed; and on the other hand, at that time the environmental recovery works established in the environmental impact study to which the plaintiffs were obligated had not begun. Subsequently, on February 11, 1998, officials of the Secretaría Técnica Ambiental, and the Dirección de Geología y Minas, inspect the quarry exploitation concession, detecting that the riverbed has been diverted by more than thirty meters in order to enable exploitation areas, building a plain where the river had a canyon as its riverbed, breaking the armor of the bed bottom, thereby lowering the river level, this to enable exploitation areas, causing serious harm to the surroundings and varying the dynamics of the riverbed, and the use of dynamite in the riverbed, which promotes possible natural disasters downstream, the extraction of material from the riverbed with heavy machinery, without authorization, and finally that the logbook of the Colegio de Geólogos is not up to date. On February 24 of that same month, José Ambrosio and César Laurito, the latter from the Department of Planning and Development of MINAE, inspect the concession of the plaintiffs’ case file (expediente No. 1741), Tajo Zurquí, where they determined that the exploitation fronts are located within the expanded riverbed, that the northeast end was being exploited by a loader and two dump trucks, that the riverbed at that same end (northwest) was expanded approximately sixty meters with a depth of five meters, evidencing the exploitation of the river armor, to leave a uniform riverbed so that the machinery could reach the exploitation areas, and one of the most important aspects is that it is determined that the northeast zone of the concession where the riverbed was expanded corresponds to the right bank downstream, causing the river not to follow its natural course and causing part of its flow to be diverted to the water pumps, forming a waterfall at the overflow in front of the exploitation, that the western exploitation front was also lowered and expanded by approximately one hundred meters and the riverbed was culverted at this point so that the machinery could exit onto the highway, and as a conclusion of said inspection it is established that the schedule set out in the environmental impact study has not been complied with, as environmental recovery activities. In light of the foregoing, the grievance expressed by the appellant regarding an absence of evidentiary means is also not acceptable, for it has been demonstrated with the ample evidence presented that the riverbed of the Río Virilla was indeed diverted, and serious environmental damage was caused. Further, from the testimonial evidence gathered in the proceeding, Mr. Emilio Garro Rojas stated in his deposition: "The conditioning included a slight diversion of the riverbed of the Río Virilla at the northwest vertex of the concession property. What was done was to deepen a channel...".

VI.— VIOLATION OF DUE PROCESS AND OF THE PRECAUTIONARY AND SANCTIONING PRINCIPLES AND THE REPARATION OF ENVIRONMENTAL DAMAGE. As for the first of the principles that the appellant claims has been violated, i.e., due process, the Sala Constitucional already stated in this regard that in the case under study no such violation of due process occurred, since the Tribunal Ambiental acted in accordance with the legal system, and in addition, by clarifying resolution No. 246-99-TAA, it corrected the material error incurred in the final resolution, and therefore, the grievance requested regarding the violation of due process must be rejected. (See Judgment No. 6942-1999 of 16:45 hours of September 7, 1999). It should be noted that the Tribunal Administrativo Ambiental, faced with the complaint filed, initiated the administrative procedure against the plaintiff under the legal system, in which it fully respected that constitutional principle of due process, granting the respective opportunity to be heard, the possibility for the party to exercise its right of defense, the adversarial principle when gathering the existing evidentiary elements, and culminating with the final resolution, for which reason this jurisdiction is reviewing the legality of that resolution and the actions taken in the administrative phase. Faced with such a situation, and based on what has been stated, together with the aforementioned resolution of the Sala Constitucional, this grievance lacks foundation. Regarding the statement that the trial judge confused the precautionary and sanctioning principles, the appeal on this point is also not acceptable for the reasons that follow. In accordance with the precautionary principle as an unequivocal manifestation of the obligation imposed on the State to effectively protect, guarantee, and preserve the environment, the higher authority has the duty to procure adequate environmental protection; consequently, it must take the necessary measures to avoid pollution and, in general, human-induced alterations that constitute an injury to the environment. In this regard, the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social, and Cultural Rights stipulates: "Article 11.— Right to a healthy environment and to have basic public services. The States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the environment." In the same vein, the first principle of the Stockholm Declaration on the Human Environment states: "Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations." In order to prevent the existence of the right to a healthy and ecologically balanced environment from being restricted to the semantic plane of legal reality, environmental law has integrated a series of guiding principles that guarantee the effective protection of such right, already set forth in Considerando III of this judgment, and one of them is the so-called "precautionary principle" or "principle of prudent avoidance," which is contained in the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which literally states: "Principle 15.— In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." In the same vein, see Article 11 of the Ley de Biodiversidad. The term prevention derives from the Latin "praeventio," which refers to the action and effect of preventing, to those preparations and arrangements made in advance to avoid a risk or execute something. Prevention, therefore, aims to anticipate negative effects and to ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or people's health. Thus, if there is a risk of serious or irreversible damage—or doubt in that regard—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. This is because, in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have a moral transcendence, but can hardly compensate for the damages caused to the environment. Indeed, in the case under study, the Tribunal Ambiental, based on this constitutional principle, issued resolution No. 92-98 of ten hours of April twenty-ninth, nineteen ninety-eight, in which it decided to impose as precautionary measures to avoid a greater injury to the environment: the total stoppage of the material-extraction activities being carried out by the plaintiff, ordering the plaintiffs to remove the machinery that was in the river. Consequently, such measures were issued in accordance with said principle. On the other hand, in the resolution issued at the end of the administrative procedure conducted by the Tribunal Ambiental against the plaintiffs, the final resolution imposes several sanctions upon verifying that the facts attributed to the plaintiffs were indeed true and extremely serious, for which they became subject to the imposed sanctions. The severity to the environment was of such magnitude that, faced with the atrocities committed by the plaintiffs, the administrative body decided to cancel the concession they had been holding, a sanction that according to what has been stated was necessary given the repeated occasions on which the investigated facts were committed, for as was demonstrated, it was not a single occasion, but several, in which without any control they diverted the riverbed and failed to comply with the requirements set forth in the environmental impact study, repeated conduct causing continuous damage to the environment. Consequently, it is not true that the trial judge confused the two aforementioned principles as asserted by the plaintiffs' representative. Both the precautionary measures and the sanctions issued in the final act, once the administrative procedure had been carried out, were issued under the sanctioning and precautionary principles that govern this matter. Faced with this situation, the appellant is not correct on this point of its grievances, and they are therefore rejected.

VII.— DISPROPORTION AND IRRATIONALITY IN THE SANCTIONS IMPOSED BY THE ADMINISTRATIVE BODY. The plaintiff states that four sanctions were imposed upon it, and one of them is the most drastic, namely the cancellation of the concession it held for the exploitation of the quarry of the Río Virilla, thus alleging disproportion and irrationality when imposing such sanctions, since according to its claim, the facts attributed to it are not of such severity as to warrant the closure of the quarry. The exploitation of diverse natural resources must respond to principles of reasonableness and proportionality, not placing in danger the extinction of various animal and plant species. The Sala Constitucional in Judgment No. 3208-97 of thirteen hours thirty-nine minutes of June sixth, nineteen ninety-seven, stated in this regard:

"...The private exploitation of timber resources is possible, to the extent that it is carried out through a management or exploitation plan, which must be approved by the Dirección General Forestal and which must contain, at a minimum, the actions of the individual to recover or replace the resource being exploited (Article 49 of the Ley Forestal), as well as the other measures indicated by law, so that exploitation and utilization are carried out in a reasonable and balanced manner to protect the natural environment and the State's resources in general..."

Indeed, in the same vein, the sanctions imposed on those who infringe the norms regulating environmental protection must be reasonable and proportional in relation to the damage they have caused to that healthy and ecologically balanced environment. In the case file, the ecological disaster caused by the actors has been demonstrated, not only in the deviation of the Río Virilla but also in its surroundings and in the non-compliance with the environmental impact study to which they were obligated. From the aforementioned evidence, it was accredited that the plaintiffs diverted the riverbed of the Río Virilla on several occasions for their own benefit, without the permits from MINAE, and on the other hand used the waters of that natural resource for their exploitation works. In addition, they extracted material from the riverbed and adapted it in order to allow the heavy machinery used to transport the extracted material to the Braulio Carrillo highway to transit (see testimony of Mr. Emilio Garro Rojas, appearing on folios 142 to 144 of the case file). Faced with this situation and given the offenses committed by the plaintiffs, not only against the environment by diverting the riverbed of the Río Virilla without any permit or authorization, and extracting natural material from it for their benefit, this entails the State's sovereign power to impose the corresponding sanctions, which in the present case, given the seriousness of their actions, were neither disproportionate nor irrational. The mere verification of the diversion of the riverbed and the failure to comply with the environmental recovery ordered in the environmental impact study, as has been demonstrated in the case file, makes the cancellation of the quarry exploitation concession appropriate, for with such actions the environment was seriously harmed by the improper use of natural resources by the appellants, endangering the fundamental right of all citizens to a healthy and protected environment. The acts carried out by the appellants were atrocious, devastating, and violent against the natural vegetation of our country, and if these situations were allowed, without taking the necessary measures, they would lead to a deforested country, without natural resources, and unprotected with respect to the environment. Moreover, even to date they seek to deny the ravages caused, which diminishes the probabilities of protecting the public interest injured here in the future, as they are still not aware of their actions. Consequently, the Tribunal Ambiental, under the law, imposed the sanctions it deemed appropriate, which this Tribunal endorses in protection of the principles governing Environmental Law, as already set forth in Considerando IV of this judgment. Faced with this situation, the principles of proportionality and irrationality were not violated when sanctioning the plaintiffs.

VIII.— CONCLUSION.— From all of the foregoing, the irregularities committed by the appellants in the use and enjoyment of the property granted in concession have been demonstrated, and therefore their improper exploitation, not in accordance with the regulations governing environmental matters, for which reason, based on what has been stated in the preceding considerandos, the imposed sanctions are in accordance with the legal system governing the matter and, therefore, the resolution under appeal must be confirmed in all its aspects.

IX.— COSTS.— There being no reason whatsoever warranting exoneration from costs, the appealed resolution is also confirmed in the sense that costs shall be borne by the plaintiff.

POR TANTO

The judgment under appeal is confirmed.

Lilliana Quesada Corella

Juan Carlos Segura Solís Julio Alb. Cordero Mora

Exp 99-000953-0163-ca Ordinario

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lrocha

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