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Español (source)La restitución, entendida esta como el "restablecer o poner algo en el estado que antes tenía"..., es una consecuencia accesoria de todo hecho punible, conforme lo dispone el artículo 103 del Código Penal, y como tal, puede ser decretada independientemente de que se logre o no demostrar quién fue la persona responsable de haberlo cometido. (...) el sustento jurídico de esta medida se encuentra precisamente en el artículo 103 del Código Penal que cita el recurrente, así como en el artículo 50 de la Constitución Política, que no solo le otorga a todas las personas el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino también establece la obligación por parte del Estado de garantizar, defender o preservar ese derecho.
English (translation)Restitution, understood as "restoring or putting something back to its prior state"..., is an accessory consequence of any punishable act under Article 103 of the Penal Code, and as such, it may be ordered regardless of whether the person responsible for committing it has been identified. (...) the legal basis for this measure lies precisely in Article 103 of the Penal Code cited by the appellant, as well as in Article 50 of the Political Constitution, which not only grants everyone the right to a healthy and ecologically balanced environment, but also establishes the State's obligation to guarantee, defend, and preserve that right.
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Grande Normal Pequeña Tribunal de Casación Penal de San José Resolución Nº 00804 - 2006 Fecha de la Resolución: 10 de Agosto del 2006 a las 15:30 Expediente: 02-200780-0414-PE Redactado por: Martín Alfonso Rodríguez Miranda Clase de asunto: Recurso de casación Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Texto de la resolución @ PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL Res. [Telf1] Exp. 02-200780-0414-PE (6) TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las quince horas con treinta minutos del diez de agosto de dos mil seis. RECURSO DE CASACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], mayor, casado, cédula de identidad número CED1, agricultor, vecino de Nandayure, por el delito de INFRACCION A LA LEY FORESTAL, en perjuicio de LOS RECURSOS FORESTALES. Intervienen en la decisión del recurso los jueces [Nombre2], Jorge Luis Arce Víquez y [Nombre3]. Se apersonaron en Casación el Licenciado [Nombre4], Defensor Público, así como el Licenciado [Nombre5], representante del Ministerio Público. RESULTANDO: 1. Que mediante resolución dictada a las siete horas del ocho de febrero de dos mil seis, el Tribunal de Guanacaste, Sede Nicoya, resolvió: "POR TANTO: Conforme se dirá con la lectura integral, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 2, 6, 9, 142, 265, 267, 360, 364, 366 del Código Procesal Penal, 1, 24, 30, 31, 45, 103 del Código Penal, 61 incisos a) y c) de la Ley Forestal SE ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD A [Nombre6] por los delitos de APROVECHAMIENTO ILEGAL DE ESPECIES FORESTALES Y CAMBIO DE USO DE SUELO que se le ha venido atribuyendo en perjuicio del PATRIMONIO FORESTAL NACIONAL. Se declara sin lugar la querella establecida por la Procuraduría General de la República. Son las costas del proceso penal a cargo del Estado. Se declara sin lugar la acción civil resarcitoria establecida por el Estado contra [Nombre1]. Sin especial condenatoria en costas respecto de la acción civil resarcitoria. Se ordena por haberse probado el cambio de uso de suelo, la restitución del área afectada al estado anterior a la afectación. Firme la sentencia se ordena el archivo de la causa. Se varía la lectura de la sentencia integral, para la dieciséis horas treinta minutos del quince de febrero del año en curso. MEDIANTE LECTURA NOTIFÍQUESE. GERARDO RUBÉN ALFARO VARGAS. JUEZ.". 2. Que contra el anterior pronunciamiento el Licenciado [Nombre7] interpuso Recurso de Casación. 3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 450 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el Recurso. 4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. REDACTA el Juez de Casación [Nombre8]; y, CONSIDERANDO I.- En el primero y único motivo del recurso y con fundamento en los artículos 142, 178, 184, 361, 363, 369 y 379 del Código Procesal Penal; 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 24, 33, 36, 39 y 41 de la Constitución Política, el licenciado [Nombre4], en su condición de defensor público del imputado [Nombre1], solicita la nulidad parcial de la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio de Nicoya, específicamente lo referente a la restitución ordenada. En criterio del recurrente, la decisión en este punto carece de toda fundamentación, pues si no se acreditó quién fue la persona responsable de cometer los hechos que fueron investigados, tampoco se podía ordenar la restitución o regeneración de la supuesta área afectada por estos hechos. Argumenta al respecto que, aun cuando en el fallo se indica que fueron cortados árboles en una zona de bosque, lo cierto es que no se logró establecer cómo o quién lo hizo. Por otra lado, tampoco está claro si el terreno que se menciona como afectado corresponde o no a la extensión que debía protegerse por el contrato que firmó el señor [Nombre9], antiguo dueño del inmueble, ya que esta zona no se delimitó adecuadamente en la sentencia. De igual forma, no se dice cuál es el fundamento jurídico por el cual se ordena restituir el terreno a su estado anterior, pues no existe disposición alguna en la normativa que permita tomar esta clase de medidas, de ahí que -en su criterio- se esté imponiendo una restricción indebida al derecho de propiedad. Finalmente, refiere que: "(...) el derecho penal es un derecho sancionatorio, que si bien en algunas normas indica que las cosas deben ser restituidas a su dueño, no tiene un fin de ser un derecho de restitución por el solo hecho de tener demostrado que se cometió un delito o cambio del suelo, sino que debe demostrarse quien lo hizo, y en este caso se absolvió al acusado sin que se sindicara ninguna otra persona como eventualmente responsable del hecho y que a esa persona se le pueda obligar a regenerar." (Cf. folio 252). II.- No es atendible el reclamo: En primer término, y conforme lo dispone el artículo 424 del Código Procesal Penal, el licenciado [Nombre7] no se encuentra legitimado para recurrir la presente decisión, pues la misma no solo no afecta los intereses de su defendido, sino que además no le genera agravio alguno. En este sentido, no obstante que en la sentencia se indica que el endilgado es el representante legal de la empresa "La Real Unión de la Uvita Sociedad Anónima", actual dueña del inmueble, la función o tarea del licenciado [Nombre7], en su condición de defensor público, se debe limitar a defender los intereses personales de su representado en la causa, y no aquellos otros respecto a los cuales no se encuentra autorizado ni facultado para actuar, como lo son los intereses de la empresa antes citada. No es al justiciable [Nombre10] a quien se le impone la obligación de restituir el terreno a su estado anterior, sino que es al Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), como instancia estatal encargada de velar y proteger el medio ambiente, a quien se le está imponiendo esta tarea. Por lo anterior, de existir alguna inconformidad con lo resuelto, y siempre que ello le pudiera haber causado algún perjuicio, los únicos que estarían facultados para hacerlo lo serían los representantes legales de la empresa referida, actuando, claro está, como tales, y no en su condición como imputados en la causa. Por otra parte, distinto a lo que asegura el recurrente, el Tribunal sí fundamenta adecuadamente este extremo del fallo. Al respecto, si bien se dictó una sentencia absolviendo de toda pena y responsabilidad a imputado [Nombre10] de los hechos que le fueron endilgados, esta sola circunstancia no era obstáculo para que la autoridad juzgadora pudiera ordenar, como lo argumenta el quejoso, la restitución de las cosas a su estado anterior. La restitución, entendida esta como el "restablecer o poner algo en el estado que antes tenía" o "volver algo a quien lo tenía antes", según lo define el Diccionario de la Lengua Española (Thomo II, Vigésima Segunda Edición, Editorial Espasa, España, 2001, pág. 1961), es una consecuencia accesoria de todo hecho punible, conforme lo dispone el artículo 103 del Código Penal, y como tal, puede ser decretada independientemente de que se logre o no demostrar quién fue la persona responsable de haberlo cometido. Por lo anterior, y aun cuando no se pudo determinar quién o quiénes fueron los responsables de los hechos que se describen a folios 228 y 229 del expediente, sí queda claro que dicha acción afectó una área que recibía protección por parte del Estado, toda vez que se trataba un bosque en donde no solo había una fuerte pendiente, sino que también existía una pequeña quebrada que lo recorría a lo largo de cien metros. Estos hechos además encuentran su fundamento en lo dicho por los testigos [Nombre11] y [Nombre12], este último dueño anterior del inmueble, y la prueba documental que fue aportada al expediente, cuya validez e importancia nunca fueron ni han sido ahora cuestionadas. Asimismo, con base en estas probanzas, se determina con suficiente precisión en el fallo cuál fue el área afectada dentro de la finca, que en la actualidad pertenece a la empresa denominada "La Real Unión de la Uvita Sociedad Anónima", cuyo representante legal lo es el endilgado [Nombre1]. Por otra parte, el sustento jurídico de esta medida se encuentra precisamente en el artículo 103 del Código Penal que cita el recurrente, así como en el artículo 50 de la Constitución Política, que no solo le otorga a todas las personas el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino también establece la obligación por parte del Estado de garantizar, defender o preservar ese derecho. Garantía, defensa y preservación que en este caso estaría a cargo del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), como instancia estatal a la que se le asignó la tarea de restituir, o bien, velar por la que regeneración del bosque se desarrolle conforme a los parámetros técnicos respectivos. Por último, no es cierto, como lo indica el quejoso, que con esta medida se está imponiendo una restricción ilegal al derecho de propiedad, toda vez que el área afectada ya se encontraba, previo a los hechos, sometida a una restricción de uso, dado que, según lo que ya se indicó, no solo se trataba de un bosque, sino también de una área en la que, además de que había una quebrada, existían partes del terrerno con fuertes pendientes. Es decir, se trataba de una área que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Forestal (Arts. 19, 20, 33 y 34), no podía ser explotada, talada o modificada sin el permiso correspondiente de las autoridades facultadas para otorgarlo, autorización que además nunca fue otorgada en este caso. Así las cosas, no siendo atendibles los reproches que formula la defensa pública del imputado en esta causa, lo que se impone es declarar sin lugar el recurso que interpone. POR TANTO Se declara sin lugar el recurso interpuesto por la defensa pública del imputado. NOTIFIQUESE.- [Nombre2] Jorge Luis Arce Víquez [Nombre3] Jueces de Casación Penal Mec Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 17-02-2026 18:51:35. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
PODER JUDICIAL CRIMINAL APPEALS COURT Res. [Telf1] Exp. 02-200780-0414-PE (6) CRIMINAL APPEALS COURT. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at fifteen hours and thirty minutes on the tenth of August of two thousand six. CASSATION APPEAL filed in the present case against [Nombre1], adult, married, identity card number CED1, farmer, resident of Nandayure, for the crime of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW (INFRACCION A LA LEY FORESTAL), to the detriment of FOREST RESOURCES (LOS RECURSOS FORESTALES). The judges [Nombre2], Jorge Luis Arce Víquez, and [Nombre3] participate in the decision on the appeal. Attorney [Nombre4], Public Defender, and Attorney [Nombre5], representative of the Public Ministry, appeared in the Cassation proceedings. WHEREAS: 1. That by means of a resolution issued at seven hours on the eighth of February of two thousand six, the Trial Court of Guanacaste, Nicoya Seat, resolved: "THEREFORE: As will be stated with the full reading, articles 39 and 41 of the Political Constitution, 1, 2, 6, 9, 142, 265, 267, 360, 364, 366 of the Code of Criminal Procedure, 1, 24, 30, 31, 45, 103 of the Penal Code, 61 subsections a) and c) of the Forestry Law [Nombre6] IS ACQUITTED OF ALL PENALTY AND LIABILITY for the crimes of ILLEGAL LOGGING OF FOREST SPECIES (APROVECHAMIENTO ILEGAL DE ESPECIES FORESTALES) AND LAND-USE CHANGE (CAMBIO DE USO DE SUELO) that he has been charged with, to the detriment of the NATIONAL FOREST PATRIMONY (PATRIMONIO FORESTAL NACIONAL). The complaint filed by the Office of the Attorney General of the Republic is dismissed. The costs of the criminal proceedings shall be borne by the State. The civil action for damages filed by the State against [Nombre1] is dismissed. No special order as to costs regarding the civil action for damages. Given that the land-use change has been proven, the restoration (restitución) of the affected area to the state prior to the change is ordered. Once the judgment becomes final, the closure of the case file is ordered. The reading of the full judgment is rescheduled for sixteen hours thirty minutes on the fifteenth of February of this year. NOTIFY BY MEANS OF READING. GERARDO RUBÉN ALFARO VARGAS. JUDGE." 2. That against the preceding ruling, Attorney [Nombre7] filed a Cassation Appeal. 3. That having conducted the respective deliberation in accordance with the provisions of article 450 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the Appeal. 4. That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings. JUDGE [Nombre8] DRAFTS the opinion; and, CONSIDERING I.- In the first and sole ground of the appeal, based on articles 142, 178, 184, 361, 363, 369, and 379 of the Code of Criminal Procedure; 8 of the American Convention on Human Rights; and 24, 33, 36, 39, and 41 of the Political Constitution, Attorney [Nombre4], as public defender of the accused [Nombre1], requests the partial annulment of the judgment issued by the Trial Court of Nicoya, specifically as to the ordered restoration. In the appellant's view, the decision on this point lacks any reasoning, because if the person responsible for committing the acts under investigation was not established, neither could the restoration (restitución) or rehabilitation of the allegedly affected area by these acts be ordered. He argues in this regard that, even though the ruling indicates that trees were cut down in a forest area, the truth is that it was not possible to establish how or who did it. Furthermore, it is also unclear whether the land mentioned as affected does or does not correspond to the area that was to be protected under the contract signed by [Nombre9], the previous owner of the property, since this area was not adequately delimited in the judgment. Likewise, it does not state the legal basis for ordering the land restored to its prior state, as there is no provision in the regulations that allows taking this type of measure; hence, in his view, an improper restriction on property rights is being imposed. Finally, he states that: "(...) criminal law is a sanctioning law, which although some rules indicate that things should be restored to their owner, its purpose is not to be a law of restoration (derecho de restitución) just because it was shown that a crime or land-use change was committed, rather it must be shown who did it, and in this case, the accused was acquitted without any other person being named as potentially responsible for the act and who could be forced to rehabilitate." (Cf. folio 252). II.- The claim is not admissible: In the first place, and as provided by article 424 of the Code of Criminal Procedure, Attorney [Nombre7] does not have standing to appeal the present decision, as it not only does not affect the interests of his client but also causes him no grievance whatsoever. In this sense, despite the fact that the judgment indicates that the accused is the legal representative of the company "La Real Unión de la Uvita Sociedad Anónima," the current owner of the property, the function or task of Attorney [Nombre7], in his capacity as public defender, must be limited to defending the personal interests of his client in the case, and not those other interests for which he is not authorized or empowered to act, such as the interests of the aforementioned company. It is not the defendant [Nombre10] upon whom the obligation to restore the land to its prior state is imposed, but rather the Ministry of Environment and Energy (MINAE), as the state entity responsible for safeguarding and protecting the environment, is the one tasked with this duty. Therefore, if there were any disagreement with the decision, and provided that it could have caused them any harm, the only ones who would be authorized to do so would be the legal representatives of said company, acting, of course, as such, and not in their capacity as defendants in the case. Moreover, contrary to what the appellant asserts, the Trial Court does adequately justify this aspect of the ruling. In this regard, although a judgment was issued acquitting defendant [Nombre10] of all penalty and liability for the acts he was charged with, this circumstance alone was not an obstacle for the adjudicating authority to order, as the complainant argues, the restoration of things to their prior state. Restoration (restitución), understood as "to reestablish or put something back in the state it previously had" or "to return something to the one who previously had it," as defined by the Diccionario de la Lengua Española (Volume II, Twenty-Second Edition, Editorial Espasa, Spain, 2001, p. 1961), is an accessory consequence of any criminal act, as provided by article 103 of the Penal Code, and as such, it may be decreed regardless of whether the person responsible for committing it is or is not successfully identified. Therefore, even though it could not be determined who was or were responsible for the acts described on folios 228 and 229 of the case file, it is clearly established that said action affected an area that was receiving protection from the State, since it was a forest where there was not only a steep slope, but also a small stream (quebrada) running through it for approximately one hundred meters. These facts are also supported by the testimony of witnesses [Nombre11] and [Nombre12], the latter a prior owner of the property, and the documentary evidence provided to the case file, whose validity and importance have never been, nor are now, challenged. Likewise, based on this evidence, the judgment determines with sufficient precision the affected area within the farm, which currently belongs to the company called "La Real Unión de la Uvita Sociedad Anónima," whose legal representative is the accused [Nombre1]. Furthermore, the legal support for this measure is found precisely in article 103 of the Penal Code cited by the appellant, as well as in article 50 of the Political Constitution, which not only grants all persons the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment but also establishes the obligation of the State to guarantee, defend, or preserve that right. Guarantee, defense, and preservation that, in this case, would be the responsibility of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), as the state entity assigned the task of restoring, or rather, ensuring that the forest's rehabilitation proceeds according to the respective technical parameters. Lastly, it is not true, as the complainant indicates, that this measure imposes an illegal restriction on property rights, since the affected area was already, prior to the acts, subject to a restriction of use, given that, as already stated, it was not only a forest, but also an area where, besides there being a stream (quebrada), there were parts of the land with steep slopes. That is, it was an area that, according to the provisions of the Forestry Law (Ley Forestal) (Arts. 19, 20, 33, and 34), could not be exploited, cut down, or altered without the corresponding permit from the authorities authorized to grant it, an authorization that was also never granted in this case. This being the case, the objections raised by the public defender for the accused in this case are not admissible, and the appeal filed must be dismissed. THEREFORE The appeal filed by the public defender for the accused is dismissed. LET IT BE NOTIFIED.- [Nombre2] Jorge Luis Arce Víquez [Nombre3] Judges of the Criminal Appeals Court Mec It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 17-02-2026 18:51:35. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República