Res. 00379-2006 Tribunal Contencioso Administrativo Sección III — Standing of associations to claim compensation for collective environmental damageLegitimación de asociaciones para reclamar indemnización por daño ambiental colectivo

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección III

Resolución Nº 00379 - 2006

Fecha de la Resolución: 22 de Setiembre del 2006 a las 11:40

Expediente: 02-000682-0163-CA

Redactado por: Silvia Consuelo Fernández Brenes

Clase de asunto: Proceso de ejecución de sentencia

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Contencioso Administrativo

Tema: Ejecución de sentencia contencioso administrativa

Subtemas:

Legitimación activa para reclamar indemnización por el daño al ambiente en tanto actúen en representación de las comunidades afectadas.

Tema: Legitimación activa

Subtemas:

Ejecución de sentencia contencioso administrativo.
Reclamo de indemnización por el daño al ambiente en tanto actúen en representación de las comunidades afectadas.

"V.- DE LA LEGITIMACIÓN DE LOS RECURRENTES PARA PROMOVER ESTA EJECUCIÓN DE SENTENCIA.- Es lo cierto que con la reforma del artículo 50 de la Constitución, mediante ley número 7412, de tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, no solo se reconoció en forma expresa el contenido del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a todas las personas, sino también que, respecto de la debida tutela de este derecho, se estableció una amplísima legitimación (directa o difusa) que permite a todo individuo a interponer las correspondientes acciones ante las instancias administrativas o jurisdiccionales para reclamar la protección de este derecho, en atención a la especial naturaleza del bien de que se trata –ambiente–, que trasciende la esfera particular de los interesados y se confunde con el de la colectividad de la nación, en tanto su titularidad reposa en los mismos detentadores de la soberanía, es decir en todos y cada uno de los habitantes de la República, motivo por el cual, la jurisprudencia constitucional ha señalado que se trata de un verdadero interés que atañe a la colectividad nacional (en tal sentido pueden consultarse las sentencias número 2002-9703, 2003-3656 y 2003-6323). Fue precisamente en ejercicio de esa legitimación que Julie Roos Ayub; Luis Quesada Altamirano, Abel Víquez Fuentes y José Luis Madrigal Moya presentaron recurso de amparo ante la Sala Constitucional, tema en el que no hay discusión; como sí lo hay en relación con la legitimación de las asociaciones actoras para promover esta ejecución de sentencia, así como para percibir el pago de la supuesta indemnización por daño ambiental. En cuanto al primer punto, estima este Tribunal que no lleva razón el a-quo al haber admitido la excepción de falta de legitimación ad causam respecto de las asociaciones actoras, en virtud de lo cual, el reclamo que se hace en esta ocasión esté limitado a un daño eminentemente personal de sus representantes, que sí habían presentado ese recurso de amparo. No tomó en consideración el juzgador de instancia que aún cuando ese recurso de amparo fue interpuesto por cuatro personas en su condición personal, es lo cierto que lo hicieron en representación de los intereses de las comunidades de Siquiares, Cebadilla, Turrúcares y San Miguel, para lo cual alegaron los efectos dañinos que provocó en el ambiente el funcionamiento de la planta procesadora de leche de la Cooperativa Dos Pinos (imposibilidad de aprovechar el agua para riego y toma de agua del ganado, para destino recreativo, malos olores, alteración de las condiciones naturales del agua del río); situación que sí entendió el Alto Tribunal Constitucional, toda vez que estimó la infracción del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado respecto de "todos los vecinos de las comunidades afectadas". En virtud de lo cual, es que deben tenerse como debidamente legitimadas a los actores para promover esta ejecución de sentencia, en tanto actúan en representación de los intereses de las comunidades afectadas por la contaminación en cuestión, precisamente por el derecho que les fue declarado a su favor en la sentencia 2001-1882 de la Sala Constitucional. De igual manera, y por los mismos motivos indicados, es que las objeciones que se hacen respecto de la actuación en este proceso de dos asociaciones sin fines de lucro, conformadas y representadas precisamente por dos de los propios recurrentes de ese amparo, tampoco son de recibo, no obstante que fueron creadas con posterioridad a ese fallo constitucional. En efecto, debe estimarse que, al ser los mismos actores y los mismos intereses en juego, puede estimarse que hubo una subsunción de la representación que estaban ejerciendo los gestores del amparo en estas dos asociaciones creadas, precisamente para dedicarse a la tutela del ambiente de las comunidades de Ciruelas, Siquiares y Turrúcares. VI.- DE LA LEGITIMACIÓN DE LOS RECURRENTES PARA PERCIBIR LA LEGITIMACIÓN RECLAMADA.- Sobre este punto debe de advertirse que, aún cuando la legitimación para reclamar por el daño al ambiente sea realmente amplia –en los términos establecidos en el citado numeral 50 de la Carta Fundamental–, es lo cierto que en forma indiscriminada no cabe una extensión de la titularidad para recibir el pago de la correspondiente indemnización con ocasión a la demanda por el daño ambiental, sobre todo si se atiende a la especial naturaleza del bien de que se trata, toda vez que el ambiente se comporta como un bien colectivo, de donde, en principio no es posible que un particular o entidad de derecho privado pretender una indemnización o reparación de un daño del cual no es su titular. Por este motivo es que la representación de la empresa codemandada alegó como excepción de este proceso la falta de competencia de los actores para percibir el pago, en tanto sólo le atañe al Tribunal Ambiental Administrativo el cobro del daño al ambiente, y al Ministerio de Salud el del daño a la salud. No comparte este Tribunal esta tesis, toda vez que en materia ambiental se producen dos tipos de daños diferenciados, los directos, sobre los que no hay discusión, por cuanto son susceptibles de ser individualizados, por constituirse en daños directos en la víctima, al traducirse en daños corporales, patrimoniales o intereses morales, en los términos expresamente previstos en el artículo 41 de la Constitución Política; de manera que será el titular del patrimonio lesionado, o aquel que hubiera sufrido el daño en su esfera personal o en sus intereses jurídicamente protegidos, el que pueden instar la correspondiente indemnización; y los indirectos, que la doctrina internacional y la jurisprudencia constitucional nacional ha catalogado como colectivos, esto es, que atañen a la colectividad en su conjunto. Es sobre este último tipo de daño que se motiva esta ejecución, y no como pretende la Procuraduría, que lo califica y circunscribe al primer tipo de daño ambiental, como se indicó en el Considerando anterior; sobre el que la doctrina (DE MIGUEL PERALES, Carlos, La responsabilidad civil por daños al medio ambiente. Editorial Civitas, S.A. Primera reimpresión. Madrid. España. 1994. pp. 285 a 332, y MORENO TRUJILLO, Eulalia. La protección jurídico-privada del medio ambiente y la responsabilidad por su deterioro. J.M. Bosch Editor, S.A. Barcelona. España. 1991. pp. 286 y 287) como consecuencia del ordenamiento norteamericano, ha elaborado un nuevo concepto que permite reconocer la legitimación para realizar este cobro: las "class actions" (que puede ser traducida como la "acción de la clase o del grupo"), que surge como un mecanismo procesal definido como la acción ejercida por el demandante no encaminada a garantizar únicamente su propio interés, sino igualmente el de los que se encuentren en la misma situación que él, de manera que se permite a un actor actuar en representación de otras reclamaciones individuales similares a la suya; sin que pueda ser confundida ni con la acción popular ni con la litis consorcio. Así, no resulta siquiera necesario la existencia de una organización jurídicamente organizada –asociación o ente corporativo– para la tutela ambiental, sino que basta la mera categoría de hecho, de una clase individualizada o individualizable sobre la base de cualquier criterio de distinción que, en nuestro caso, es el daño al ambiente, situación que precisamente se da en este caso, en que, unos vecinos se arrogan la representación de los intereses de la comunidad en lo relativo, primero a la determinación de una actuación antijurídica por daño ambiental, y ahora, para lograr su debida indemnización. En virtud de lo cual, es que se estima que las asociaciones actoras (Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente Ciruelas de Alajuela (ACORACI), y Asociación de Amigos del Medio Ambiente del Río Siquiares y sus Nacientes de Turrúcares (ASAMARS) están debidamente legitimadas para percibir la indemnización reclamada por el daño ambiental que determinó la Sala Constitucional en sentencia número 2001-1882. VII.- DE LA ACREDITACIÓN DE LOS DAÑOS POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.- Determinada la legitimación que ostentan las asociaciones ejecutantes para pretender la indemnización por daño ambiental que ocasionó la puesta en funcionamiento de la planta procesadora de leche de la Cooperativa de Productores de Leche, R.L. Dos Pinos en el Coyol de Alajuela, es necesario advertir que, tratándose de una materia técnica, este Tribunal se sustentará en los estudios que han sido aportados por las actoras, en tanto han sido elaborados por el órgano técnico de la Administración en la materia (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) –de conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley Orgánica del Ambiente– y por profesionales competentes en la materia, los cuales no fueron objetados ni desvirtuados por las demandadas, con lo cual, se da cumplimiento al principio constitucional ambiental de la objetivación de la tutela ambiental, que exige que las decisiones en esta materia estén debidamente sustentadas en la ciencia y la técnica (como derivado de la discrecionalidad administrativa, artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública). Es así como, de conformidad con valoración ambiental económica del daño ambiental visible a folios 1041 a 1087, ampliado por el estudio visible a folios 453 a 504), mediante la metodología de costos de tratamiento, que comprende las siguientes variables del daño al ambiente: a) el costo del tratamiento, que no valora –en rigor– el daño ambiental que la contaminación ha producido, sino más bien establece una aproximación del valor del daño con el costo de haber aplicado las medidas pertinentes para que la fuente de daño no se produjera, por lo que es un el valor mínimo aplicable (estudio técnico de la valoración económica del daño ambiental ocasionado, folios 1041 a 1053), que fue fijado en noventa y dos mil ciento ochenta y nueve dólares americanos ($92.189.00); b) el costo biótico del daño, que atiende al componente de vida y todos los sub-componentes, esto es, a "la calidad del ambiente, las posibilidades de que el ambiente satisfaga las necesidades para que los organismos que lo habitan se desarrollen de manera saludable, y el equilibrio que debe existir de manera natural entre los aspectos físicos y químicos dentro de los rangos normales, para cada situación particular. En el caso de procesos de contaminación ambiental, todos esos sub-componentes se alteran, dando paso a la degradación de la fase abiótica de los ecosistemas, dando paso a la degradación de la fase abiótica de los ecosistemas y alterando el equilibrio natural: es el caso del derrame de vertidos desde la planta de tratamiento de la Dos Pinos el cual ha provocado una ruptura en el equilibrio del río Siquiares" (Ampliación de Informe Final, folio 454). En el caso del río Siquiares, con sustento en las pruebas bioquímicas aportadas al expediente y reflejadas en los estudios técnicos, se logró determinar que en la estación que se encuentra en la salida del efluente de la planta de procesamiento de leche de la Dos Pinos, aproximadamente cincuenta metros aguas abajo, demás de la contaminación arrastrada por el agua de las estaciones anteriores, se suman los vertidos de esta industria, que presenta las siguientes características –según visita de campo realizada el diez de abril del dos mil uno–: "Ha sido afectada por el incremento de sólidos totales, sólidos suspendidos totales, sólidos disueltos y sólidos sedimentables, materia orgánica en general y ligeramente por la carga de grasas y aceites que se vierten desde la planta de tratamiento, lo que ha provocado un incremento en la tasa de DBO5 y de DQO y, por lo tanto también de la desoxigenación del agua. La existencia de grasas en las aguas genera problemas en su poder tensoactivo que impiden la captación de oxígeno o genera una película envolvente de los flóculos biológicos impidiendo su respiración y aligerándolos por lo que entran en flotación." Lo anterior se traduce en la pérdida del oxígeno del agua, esto es, se impiden los procesos respiratorios de los organismos acuáticos, debido a que saturan las branquias de los peces, insectos y otros, provocando la muerte de los mismos por asfixia; lo que impide cualquier tipo de vida en el lecho del río y en esas aguas. Este daño (al componente biótico) fue valorado en veintisiete mil seiscientos cincuenta y seis dólares ($ 27.656.00); c) el costo social del daño causado, que son los daños sufridos por la comunidad con ocasión de la contaminación en estudio producto de los malos olores del río –debido al arrastre del material orgánico y su sedimentación, por lo que se generan lodos orgánicos en proceso de descomposición anaeróbica–, la pérdida de los usos potenciales del río (para uso agrícola, ganadero, recreativo y de esparcimiento), y el crecimiento de algunas plagas (especialmente zancudos y moscas), valorado en noventa y dos mil ciento ochenta y nueve dólares americanos ($92.189.00); y d) el costo de gestión, que comprende todos los gastos en que los actores incurrieron, tanto para la presentación del recurso de amparo como también de esta ejecución, que como lo señalan las demandadas, comprenden las costas del proceso (personales y procesales), tasadas en seis mil trescientos siete dólares americanos ($ 6.307.00). Con lo cual, se da cumplimiento a la exigencia dispuesta en el artículo 693 del Código Procesal Civil que exige que, en los procesos de ejecución, cuando se ha condenado en abstracto a pagar daños y perjuicios, al victorioso le asiste la carga de la prueba de la demostración de esos daños y perjuicios que han sido ocasionados con la actuación antijurídica del vencido, así como la correspondiente liquidación concreta y detallada. En virtud de lo cual, no resulta atendible la excepción opuesta por la Cooperativa demandada, en el sentido de estimar una falta de formalidad y de derecho por no haber demostrado las actoras los daños causados con ocasión del funcionamiento de su planta procesadora de leche; por cuanto se insiste, los mismos están sustentados en los respectivos estudios técnicos, sin que hubiesen sido desacreditados por los demandados. VIII.- DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE RIGEN LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO AMBIENTAL. Previo a la valoración de las sumas solicitadas en concepto de indemnización por daño ambiental en perjuicio de los vecinos de las comunidades afectadas, es necesario recordar que, todo el esquema de la responsabilidad patrimonial tiende a la reparación de los daños sufridos, en los términos previstos en el artículo 41 constitucional, que prevé el mecanismo general del resarcimiento, precisamente para subsanar todo daño "... recibido en su persona, propiedad o intereses morales." Esta reparación en materia ambiental cobra especial relevancia, por cuanto, en atención al tipo de bien de que se trata, por ser un bien de evidente interés de la colectividad, y por las significativas consecuencias que pueden provocar en los diversos sistemas ecológicos, es que, en forma prioritaria debe de procurarse la restauración del ambiente a la situación en que se encontraba con anterioridad al daño causado, para revertir esos efectos negativos sobre los diversos componentes ambientales, que comprende la denominada indemnización in natura, consistente en medidas compensatorias o preventivas, que tienen maticen ese carácter esencialmente reparador de la indemnización; y en forma adicional, cuando así proceda, la indemnización patrimonial (dineraria), sin que sean excluyentes una de la otra, ni tampoco subsidiarias. En todo caso, es importante anotar que, los dineros que se reconozcan en concepto de indemnización por daño ambiental deben de ser destinados en forma exclusiva a paliar la lesión que la motiva, que tiene como sustento el reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que no va a acontecer, si las actoras pueden disponer de esos fondos de la manera que les plazca, sin aplicarlos de una vez a la mitigación de la lesión ambiental juzgada; por cuanto el permitir su destino a otras causas o fines implicaría desnaturalizar la figura de la indemnización (En igual sentido, puede consultarse la sentencia número 392-2006, de las catorce horas cuarenta minutos del treinta y uno de agosto del dos mil seis, de la Sección Segunda de este Tribunal). IX.- DE LOS DAÑOS QUE SE CONCEDEN.- Ahora bien, en cuanto al primer componente de la indemnización que se conoce (el relativo al costo del tratamiento por el daño), es lo cierto que el mismo fue pagado en la vía administrativa por la empresa contaminante – la Cooperativa de Productores de Leche, R.L. (Dos Pinos)– el dos de octubre del dos mil uno, con ocasión de la denuncia interpuesta en esa vía ante el Tribunal Ambiental Administrativo por Julie Roos Ayub, por los mismos hechos aquí conocidos, que en resolución número 369-01-TAA, de las ocho horas del cuatro de junio del dos mil uno, le impuso el pago de la suma fijada en la valoración económica realizada por la SETENA y el IPS por ese concepto, sea, por noventa y dos mil ciento ochenta y nueve dólares americanos ($92.189.00) al tipo de cambio de ese momento, que sumó la cantidad de TREINTA MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE COLONES (¢ 30.123.677.00). Sobre este pago deben hacerse dos advertencias: en primer lugar, que tal y como se indicó en el estudio técnico que realizó la valoración económica por este daño ambiental, este componente es "un mínimo", que se impone pagarlo al agente activo contaminador, en atención a que su cálculo se realiza sobre la base de los costos que esa industria debió de haber realizado para adecuar su funcionamiento a los parámetros y estándares ambientales, esto es, el costo del tratamiento de las aguas residuales, de donde la base de cálculo lo determinó el nivel de contaminación que entra al sistema y el nivel de contaminación que es vertido al río. Sin embargo, tal y como lo señalaron los estudios técnicos de referencia, ese no es el único componente para cuantificar esta indemnización, lo que hace que deba acogerse de manera parcial la excepción de pago, aducida por la empresa co-demanda, en razón de que no pagó la totalidad del daño causado. Es así como resulta de interés denotar que en aquella ocasión –vía administrativa– no se atendió a la recomendación de reconocer un rubro por concepto del daño al ambiente por el costo biótico; en virtud de lo cual, habiéndose sido acreditado en el respectivo estudio técnico-científico, cómo se estimó en el Considerando anterior, corresponde ser reconocido en esta vía, en la suma fijada, esto es, por el monto de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DÓLARES ($ 27.656.00), para ser pagado en forma solidaria por las demandas, como lo impuso la sentencia ejecutada. Este monto está justificado en el citado informe sobre la siguiente base: "Es nuestra opinión que en el estimado del costo se debe incluir el componente biótico, el cual, sin embargo no puede ser cobrado en función de una comunidad natural, debido a que aguas arriba de la salida del efluente a planta de tratamiento de la empresa Dos Pinos el ecosistema ya muestra señales de contaminación. Por esa razón el costo estimado debe ser multiplicado por un factor entre 1 (agua natural) y 0 (agua totalmente contaminada), en este caso se estima que el factor se sitúa en 0.3. Por lo tanto, a la fórmula utilizada por IPS, Costo de Tratamiento+a Costro Social+Costo de Gestión se le incluye un cuarto componente B *Costo de Tratamiento, correspondiente al deterioro en la fase biótica, por lo tanto el estimado sería Cobro Total=$92.189 + 1*$92.189 + 0,3 * $92.189 +6.307" (folio 455). X.- Especial consideración debe hacerse respecto del costo social por el daño ambiental reclamado, por cuanto este Tribunal no puede admitir la suma dispuesta en ese informe, por cuanto se fija sin ninguna acreditación metodológica para su cuantificación, lo cual impide su reconocimiento en la suma tasada, precisamente por la falta de pericia. Sin embargo, es lo cierto que en los autos quedaron debidamente sustentados los perjuicios y molestias causadas a las comunidades circundantes del río Siquiares –concretamente Ciruelas, San Miguel, Cebadillas y Turrúcares–, como se detallan en el respectivo informe técnico: "la degradación de la calidad del agua, razón por la cual este líquido no puede ser utilizado durante un largo período y a través de un tramo prolongado de su cauce para otros propósitos tales como riego, abrevadero para ganado, recreación y mucho menos utilizar el agua como fuente para consumo humano" (folio 486), el cual, para su restablecimiento tardará un período medianamente largo (de tres a cinco años). Estima este órgano colegiado que este rubro debe ser tratado de manera semejante que el daño moral, que permite al juzgador su determinación conforme a la valoración de las circunstancias que rodean el caso, esto es in re ipsa, pero sin que se confunda o identifique con el daño moral en sentido lato o estricto, por cuanto es lo cierto que este tipo de daños (al ambiente) provoca molestias y perjuicios a los afectados; en virtud de lo cual habiéndose acreditado la existencia de esos perjuicios a los vecinos de las comunidades indicadas, no puede dejarse de reconocer su debida indemnización, precisamente en aplicación de los principios de equidad y justicia, la cual, a falta de criterio técnico debe ser fijado en la suma prudencial de CINCO MILLONES DE COLONES (¢5.000.000.00), que corresponde pagar en forma solidaria a las demandadas. En cuanto al último componente del daño ambiental, el relativo al costo de gestión, llevan razón las demandadas en el sentido de que deben ser tratados como costas (personales y procesales); los que en la sentencia recurrida fueron determinados en la suma de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO COLONES CON VEINTE CÉNTIMOS; rubro que no fue apelado en esta sentencia, motivo por el cual no procede su valoración en esta ocasión. XI.- Conforme a las razones dadas en el Considerando VIII.- de esta sentencia, se advierte que a las asociaciones actoras (Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela –ACORACI– y Asociación de Amigos del Medio Ambiente del Río Siquiares y sus Nacientes de Turrúcares –ASAMARS–) que las sumas reconocidas en este pronunciamiento deben de ser destinadas ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a proyectos de restauración del río Siquiares; para lo cual, requerirán la adecuación de los mismos a criterios y estándares técnicos, avalados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, órgano técnico de la Administración en la materia ambiental; labor que asimismo está sujeta a los controles que competen a las autoridades administrativas, tales como el propio Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Procuraduría General de la República, y la Defensoría de los Habitantes, que por mandato legal tienen competencia en esta materia. En todo caso, se advierte que, el cambio de destino de los dineros reconocidos en este fallo conforme al ordenamiento penal, podría conformar un delito (desobediencia a la autoridad, enriquecimiento sin causa, malversación de fondos, etc.). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sobre las sumas concedidas se reconocen intereses a partir de la firmeza de este fallo y hasta su efectivo pago, conforme al tipo legal del artículo 1163 del Código Civil. XII.- DE LA IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO A LA SALUD DE LOS VECINOS DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS.- No corren igual suerte los otros daños que se solicitan sean reconocidos por las asociaciones actoras. En efecto, respecto del daño a la salud, que piden se trate como un daño moral, por las afecciones que esta contaminación ha producido en la población no puede ser tratado como tal, en tanto se trata de afecciones corporales absolutamente indeterminadas y genéricas, que a lo sumo podrían motivar el correspondiente reclamo, pero propiamente de los afectados. Asimismo, tal y como lo señalan las propias gestionantes, no existe un estudio técnico-objetivo que acredite a ciencia cierta y con absoluta certeza un problema de salud o epidemia que se haya desencadenado en estas comunidades con ocasión de la puesta en funcionamiento de la planta procesadora de leche Dos Pinos; siendo que no obstante haberse revisado aproximadamente trece mil quinientos expedientes clínicos de los puestos de Salud de Equipo Básico de Atención Integral (EBAIS) de Ciruelas y la Clínica de San Rafael Sur, es lo cierto no se logró determinar en forma fehaciente que la causa de las alergias, infecciones virales respiratorias, crisis de asma leve, parasitosis intestinales, migrañas y cuadros fuertes de diarreas que se intensificaron en los meses de enero a junio del dos mil uno, encuentren su origen único en la contaminación del río Siquiares. Lo que se obtuvo fue una lista de enfermedades "que podrían estar relacionadas con factores ambientales adversos, como es el caso de la calidad del agua del río Siquiares", pero que también pueden motivarse en "una serie de actividades antropogénicas tales como el urbanismo y principalmente industrialización de la zona aledaña", tal y como lo señalaron los propios gestores. XIII.- DE LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS SOLICITADAS.- Por último, las actoras solicitan una serie de medidas compensatorias del daño ambiental causado con la conducta de las demandadas; sin embargo, en su mayoría resultan a todas luces improcedentes, por exceder el contenido reconocido en la sentencia estimatoria de la Sala Constitucional que se ejecuta. En este sentido debe advertirse que aún cuando quedó debidamente motivada y sustentada la contaminación que causó el funcionamiento de la planta procesadora de leche de la Dos Pinos, no puede pretenderse que esta empresa deba pagar y restaurar todo el daño y contaminación ambiental que diversos agentes han causado al río Siquiares, primero, se insiste, por cuanto no se derivan de la sentencia que se ejecuta, y segundo por cuanto en aplicación del principio constitucional ambiental que se enuncia como "el que contamina paga", corresponde a esos otros agentes contaminantes su reparación. En virtud de lo anterior, no es posible reconocer como parte de esta ejecución rubros para el financiamiento de las asociaciones actoras, que se imponga la construcción de obras de captación y entubamiento de nacientes y tanques sépticos, en tanto se motivan en la contaminación que sobre el río causan las urbanizaciones ubicadas río arriba de la planta Dos Pinos, acciones y dinero para la protección de las nacientes del río, la captación en la Pradera para evitar desabastecimiento en la época de sequía, el patrocinio de una campaña para reforestar los linderos del río y la siembra de peces en el río. Se advierte que la solicitud de publicar esta sentencia en un diario de circulación nacional se constituye en una sanción más, la cual, en atención al principio de tipicidad que rige las sanciones –artículo 39 constitucional–, debe estar debidamente establecida con anterioridad en una ley formal y material, situación que no se da en la especie. No obstante lo anterior, en aplicación del principio constitucional ambiental que rige la indemnización por daño ambiental, que exige que en este tipo de daño debe de procurarse, primero que nada la restauración in natura –finalidad última de la indemnización en este tipo de daños–, es que, por estar debidamente motivada en el respectivo estudio técnico, debe de imponerse a la Cooperativa Productora de Leche Dos Pinos, R.L adecuar su funcionamiento conforme a los parámetros ambientales establecidos en el ordenamiento y a realizar una limpieza artificial de los cauces del río en las cercanías de la salida de la planta de tratamiento de esa empresa y hasta un kilómetro aguas abajo una vez por tres años consecutivos. Igualmente, resulta pertinente recordarle al Ministerio de Salud su obligación de ejercer el control de la actividad industrial realizada por la codemandada, de manera que debe –al menos– realizar cuatro monitoreos de la calidad del agua al año (uno en la época lluviosa, uno en la época seca, uno en cada período de transición)."

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Texto de la resolución

No. 379-2006

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA. Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea a las once horas cuarenta minutos del veintidós de setiembre del dos mil seis.

Proceso de ejecución de sentencia tramitado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, establecido por JULIE ROOS AYUB, con cédula de identidad número 1-600-955, vecina de Ciruelas, en su condición personal y como Presidenta de la ASOCIACIÓN CONSERVACIONISTA DE LOS RÍOS Y EL AMBIENTE DE CIRUELAS DE ALAJUELA (ACORACI), cédula jurídica 3-002-298374, y JOSÉ LUIS MADRIGAL MOYA, pensionado, cédula 1-233-345, vecino de Turrúcares de Alajuela, en su carácter personal y como Presidente de la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE DEL RÍO SIQUIARES Y SUS NACIENTES DE TURRÚCARES (ASAMARS), contra la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE R.L.(DOS PINOS), representada por Jorge Pattoni Saenz, ingeniero mecánico, cédula 1-398-416, vecino de San José, y contra el ESTADO, representado por el Procurador Administrativo Iván Vincenti Rojas, abogado, cédula 1-695-983 vecino de Curridabat, todos mayores y casados.

RESULTANDO:

1.- Se ejecuta la sentencia de la Sala Constitucional número 2001-01882, de las nueve horas con veinticuatro minutos del nueve de marzo de dos mil uno, la cual dispuso: "Se declara con lugar el recurso. Se condena a la Cooperativa de Productores de Leche R.L. y al Estado, solidariamente, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."

2.- En ejecución de ese fallo se pretende: "1) Que se acoja la presente ejecución de sentencia en todos sus extremos, con fundamento en la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las 9:24 horas del 9 de marzo del año dos mil uno, número 2001-01882, la cual declaró con lugar dicho Recurso y condenó a la Cooperativa de Productores de Leche R.L Dos Pinos y al Estado, en forma solidaria, al pago de ambas costas, y al pago de los daños y perjuicios causados. 2) Que se declare en sentencia que tanto la Cooperativa de Productores de Leche R.L. Dos Pinos y el Estado están obligada a pagarnos, por concepto de daños y perjuicios, la suma de CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOLARES o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio oficial. Que se ordene que dichas sumas de dinero a que sean condenados los accionados sean indexadas, de tal forma que la sumas que ellos reconozcan sean equivalentes al valor de la moneda de Costa Rica, en el momento que se dicte la sentencia. 3) Además, que por concepto de costas derivadas del Recurso de Amparo debe cancelarse la suma de 90.00000 (NOVENTA MIL COLONES). 4) Que se condene tanto a la Cooperativa de Productores de Leche R.L. Dos Pinos y el Estado al pago de ambas costas de esta ejecución de sentencia. 5) Que se condene tanto a la Cooperativa de Productores de Leche R.L. Dos Pinos y al Estado, al pago de los montos por concepto de gestión comunal, que son gastos en que incurrieron los habitantes de las comunidades afectadas para acceder a las instancias administrativas y judiciales en defensa de la salud de los habitantes de las comunidades y del ambiente, por la contaminación de que fue objeto el Río Siquiares. 6) Que los montos a que sean condenados tanto la Dos Pinos como el Estado, solicitamos se empleen en proyectos ambientales que favorezcan a las comunidades afectadas. A tales efectos me permito presentar y detallar los distintos proyectos en que solicitamos se empleen estos dineros, así como solicitamos al Despacho que se ordene que estos montos sean manejados en una cuenta especial, debidamente monitoreada por el mismo Despacho, otorgando la administración de dichos dineros a las asociaciones ambientalistas que representamos bajo la supervisión del Juzgado u otro órgano u organización ambientalista que el Despacho designe, para evitar que dichos dineros vayan a parar a otras organizaciones no ambientalistas o a la Caja Única del Estado, que es precisamente copartícipe en el daño ambiental y a la salud que se le provocó a las comunidades de Siquiares, Ciruelas y Turrúcares, entre otras, y con ello garantizar que los dineros que se recuperen por estos conceptos se empleen en proyectos que tienden a mejorar la salud y el ambiente de las comunidades afectadas: COMPENSACIÓN A LAS COMUNIDADES DE CIRUELAS Y TURRUCARES POR PARTE DE LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS Y EL ESTADO ANTE LA EVIDENTE CONTAMINACIÓN DEL RIO SIQUIARES, POR EL DESASTRE ECOLÓGICO CAUSADO A LA ZONA Y POR EL DAÑO FÍSICO, SOCIAL Y MATERIAL OCASIONADO A LA POBLACIÓN. En razón de la similitud entre el peritaje presentado por IPS y el contratado por la comunidad, con respecto a los diferentes tipos de afectación provocada por la contaminación del Río Siquiares en Ciruelas y Turrucares, se somete a consideración del juzgado el siguiente plan de compensación hacia dichas comunidades por parte de la empresa Dos Pinos y el Estado. 1. COMPENSACIÓN POR LA CONTAMINACIÓN A.- La empresa Dos Pinos cumplirá de por vida con todos los requerimientos necesarios para estabilizar y poner a funcionar óptimamente su planta de tratamiento, como es y ha sido su obligación para con el ambiente y comunidades que le rodean/ desde que empezó a producir, de manera que sus aguas de vertido en vez de contaminar, ayuden a la purificación natural de que es objeto el Río Siquiares tal y como lo demuestran las pruebas biológicas descritas en el peritaje contratado por la comunidad. B. Para que las Asociaciones conservacionistas de Ciruelas y Turrúcares puedan estar seguras del cumplimiento de la empresa para con el ambiente, la empresa destinará un rubro mensualmente por cinco años para que cada una de estas asociaciones pueda desempeñar su función fiscalizadora y denunciante. C. La empresa Dos Pinos pagará los gastos de la Gestión Comunal, gastos que la comunidad nunca debió haber tenido que realizar. 1. COMPENSACIÓN POR EL DAÑO BIOLÓGICO AL RIO Y SUS ALREDEDORES A. La cooperativa patrocinará una campaña comunal de reforestación de las márgenes del río desde (a pista hasta Turrúcares, mediante la adquisición de árboles autóctonos de la zona, los cuales a manera de motivación y promoción para la empresa, serán sembrados por los mismos vecinos y niños de la comunidad, quienes a su vez deberán velar por su desarrollo. B. La empresa patrocinará por cinco años, una vez a! año, una campaña de limpieza profunda de basura no tradicional a lo largo de todo el río, desde la pista hasta Turrúcares. (incluye personal y vehículos). C. Siembra de peces autóctonos de esta zona. D. Hacer el estudio para encontrar la mejor formo para captar la naciente del Río Siquiares. realizar dicho captación y entubar el río hasta la zona industrial, para evitar la contaminación del río con materia fecal proveniente de Las urbanizaciones construidas en los alrededores del río, y con esto obtener un perfecto control de la contaminación que la zona industrial pudiera ocasionar al Río Siquiares, y contribuir con ello a la salud de los habitantes de toda esta zona. 2. COMPENSACIÓN POR EL DAÑO SOCIAL, FÍSICO (a la salud), MATERIAL Y MORAL DE LA POBLACIÓN DE CIRUELAS A. La Dos Pinos pagará por una sola vez a una empresa privada, escogida por la Asociación Conservacionista, un estudio de las aguas negras que van al río para determinar puntos y soluciones estratégicas. B. La Dos Pinos proporcionará todos los materiales y mano de obra necesarios para la construcción de mínimo cuatro tanques sépticos comunales para captar las aguas negras y domésticas en lugares en donde por las condiciones sociales se dificulta su captación y son dirigidas al río. La Asociación conservacionista de Ciruelas será la responsable de buscar permisos con los propietarios de fas propiedades en donde se harían estos tanques. 3. COMPENSACIÓN POR EL DAÑO SOCIAL, FÍSICO, MATERIAL Y MORAL DE LA POBLACIÓN DE TURRÚCARES A. La empresa Dos Pinos colaborará, tal y como lo había acordado con la Municipalidad en 1998, con la protección de las dos primeras nacientes, que son las que se encuentran a nivel del río (Siquiares y Turrúcares centro). Asumirá los costos de un buen estudio por parte de un hidrólogo que determine el método más conveniente de hacerlo, y proporcionará todos los materiales y mano de obra necesarios para la construcción. B. La Dos Pinos proporcionará todos los materiales para una nueva captación de agua en la Pradera la cual se encuentra lejos del Río Siquiares previniendo que las antiguas nacientes se inunden por el posible aumento del caudal del río, producto de la recepción de las aguas residuales de la empresa ó bien hará un pozo en Turrúcares Centro que abastezca de agua potable a la comunidad durante la época de sequía. 3. OTRAS FORMAS DE COMPENSACIÓN A. La compensación aprobada por los tribunales deberá ser publicado en La Nación, La República y el Extra/ para de esta manera, la justicia aplicada sirva de ejemplo a todas las empresas que en lo sucesivo intenten dañar nuestros recursos, perturbando la tranquilidad de las poblaciones/ y poniendo en peligro la salud de las comunidades y así sentar un precedente. B. Con el fin de asegurar el cumplimiento y el buen desarrollo de las obras, en pro del bienestar de todos, proponemos que la ONG Asociación Justicia para la Naturaleza se haga cargo del monitoreo en la zona. visitando las obras las veces que sea necesario y arreglando personalmente con la empresa sus honorarios por esta función. A esta inspección deberán asistir regularmente miembros de las Asociaciones Conservacionistas de Ciruelas y Turrúcares, y se convocará, de ser necesario, a miembros del MINAE. Municipalidad y Ministerio de Salud, para que asistan a la inspección. PARA EL ESTADO A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE SALUD: A. Que agilice todos los procedimientos y permisos necesarios para el buen desarrollo de todos los proyectos que proponemos y que se aprueben en los Tribunales. B. Que el Ministerio de Salud proteja de toda contaminación la naciente del río Siquiares, que actualmente, y también por negligencia de este Ministerio por falta de exigencia y control, está siendo contaminada por urbanizaciones que no tienen plantas de tratamiento. C. Que el Ministerio de Salud presente a las asociaciones conservacionistas de Ciruelas y Turrúcares, cada dos meses un informe sobre el funcionamiento de la empresa Dos Pinos. " @

3.- La representación de la Cooperativa de Productores de Leche, R.L (Dos Pinos) contesta la demanda oponiendo las excepciones de falta de capacidad de las asociaciones ejecutantes, de pago, la que denominó falta de formalidad y de derecho, de prescripción del principal e intereses, cosa juzgada, la genérica de sine actione agit y la falta de competencia, para que se rechace en todos sus extremos la ejecución y se condene a la parte actora al pago de las costas procesales y personales por actitud temeraria. Por su parte la representación Estatal también se opone a la ejecución alegando las excepciones de falta de legitimación ad causam activa y pasiva, falta de derecho y falta de interés actual, para que se rechacen las liquidaciones presentadas, se absuelva al Estado del pago de costas de la ejecución y se condene al promovente al pago de ambas costas.

4.- El licenciado Luis Guillermo Ruiz Bravo, Juez del indicado Juzgado, en sentencia número 807-04 de las diez horas del seis de julio del dos mil cuatro dispuso: "POR TANTO: Por todo lo expuesto y citas de ley indicadas, se rechazan las excepciones de prescripción de principal e intereses, la excepción de falta de derecho e interés actual y la genérica de sine actione agit, la de pago y cosa juzgada. Se acogen las excepciones denominadas, falta de formalidad y de derecho en el pago al ambiente y falta de competencia atinente a las pretensiones de los ejecutantes. Se declara con lugar la excepción de falta de legitimación y capacidad de las Asociaciones Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela (ACORACE) y Amigos del medio ambiente del río Siquiares y sus Nacientes de Turrucares (ASAMARS). Se declara parcialmente con lugar la presente ejecución de sentencia, en consecuencia se condena en forma solidaria al Estado y la Cooperativa de Productores de Leche R.L., al pago en favor de la ejecutante Julie Roos Ayub, de la suma de ciento setenta y ocho mil seiscientos treinta y cuatro colones con veinte céntimos por concepto de costas procesales y personales del recurso de amparo, mas los intereses que tal rubro genere desde la firmeza de esta resolución y hasta su efectivo pago. Son las costas procesales y personales de esta ejecución a cargo de los demandados."

5.- Que inconforme con lo resuelto, los actores apelaron, recurso que le fue admitido, y en virtud de lo cual conoce este Tribunal en alzada.

6.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor y no se notan causales de nulidad que invaliden lo actuado o deban ser corregidas. Esta sentencia se dicta previas las deliberaciones de rigor y,

Redacta la Juez Fernández Brenes, y,

CONSIDERANDO:

I.- DE LOS HECHOS PROBADOS.- Para una mayor claridad, este Tribunal se permite reformular el elenco de hechos probados, para tenerlos de la siguiente manera: 1).- Que dentro del proceso de evaluación de estudio de impacto ambiental, la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Ambiental en sesión número 053-99, celebrada el 21 de diciembre de 1999, artículo 4, fijó un monto de garantía al proyecto la Planta Procesadora de Leche Cruda El Coyol-Dos Pinos, de ciento veintiocho mil cuatrocientos treinta dólares americanos ( $ 128.430.00) o su equivalente al cambio de la moneda nacional, a ser depositado en la cuenta de custodia de garantías ambientales número 297-MINAE-FONDO NACIONAL AMBIENTAL (SETENA), en el Banco Nacional de Costa Rica, el cual fue depositado por la empresa el 19 de mayo del 2000 (folios 594 a 598); 2).- Que la planta Procesadora de Leche Cruda El Coyol-Dos Pinos comenzó a funcionar en el mes de octubre del 2000 (sentencia 2001-1882 de la Sala Constitucional, que se ejecuta, folio 1010); 3).- Que el 29 de noviembre del 2000, Julie Roos Ayub, Carlos Luis Quesada Altamirano, Abel Víquez Fuentes y José Luis Madrigal Moya presentaron recurso de amparo contra el Ministerio de Salud y la empresa Cooperativa de Productores de Leche, R.L. (Dos Pinos) ante la Sala Constitucional, por la contaminación de las aguas del río Siquiares en afección de las comunidades de Turrúcares, Cebadilla, San Miguel y Siquiares, el cual fue tramitado en expediente número 00-010098-0007-CO (folios 17 a 20); 3).- Que mediante sentencia número 2001-01882, de las 09:24 horas del 9 de marzo del 2001, la Sala Constitucional resolvió ese recurso, disponiendo "Se declara con lugar el recurso. Se condena a la Cooperativa de Productores de Leche R.L. y al Estado, solidariamente, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo" (ejecutoria de folio 996 al 1025, así como copia certificada del expediente competo del folio 17 al 452); 4).- Que en diciembre del 2001 Julie Roos Ayub formuló denuncia administrativa por daño ambiental ante el Tribunal Ambiental Administrativo, la cual se tramitó en expediente número 171-00-TAA (folio 682 y 1141); 5.) Que en marzo del 2001, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) en colaboración con el IPS realizó una valoración económica del daño ambiental ocasionada por el proyecto de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, en el Coyol de Alajuela, el cual fue adicionado por informe de abril de ese mismo año, en el que, sobre la metodología costos de tratamiento, se hace la siguiente tasación de los daños ambientales: costos de tratamiento: $ 92.189, costo social: $ 92.189, costo biótico del daño: $ 27.653,7 y costo de gestión: $ 6.307, para un gran total de $ 218.341,7 (folios 453 a 504 y 1041 a 1088); 6).- Que la denuncia tramitada en expediente 171-00-TAA fue resuelta por el Tribunal Ambiental Administrativo en resolución 369-01-TAA, de las 8:00 horas del 4 de junio del 2001, en que declaró responsable por daño ambiental por la contaminación del río Siquiares a la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L y al señor Jorge Julio Pattoni Saenz solidariamente, por lo que dispuso entre otras medidas de mitigación del daño, la cancelación de noventa y dos mil ciento ochenta y nueve dólares, que al tipo de cambio para la venta es la suma de treinta millones ciento veintitrés mil seiscientos sesenta y siete colones de indemnización, según la valoración económica del daño realizada por la SETENA y el IPS, y le impuso las siguientes medidas de mitigación al ambiente: presentar ante la SETENA y el Ministerio de Salud para su aprobación, un programa para succionar los sedimentos y larvas acumulados derivados de la contaminación en el cauce del río contaminado y un plan de gestión ambiental que contemple el manejo integral de los desechos sólidos y líquidos (folios 1141 al 1154 y certificación de folio 1219 al 1238); 7).- Que el 2 de octubre del 2001, la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L depositó en favor del MINAE, mediante el cheque 99273-4 del primero de octubre del 2001, la suma indemnizatoria fijada por resolución 369-01-TAA, emitiéndose el entero a favor del gobierno numero 392084 D por la suma de treinta millones ciento veintitrés mil seiscientos setenta y siete colones exactos (certificación de folio 1163 al 1166 y del 1236 al 1238); 8).- Que la contaminación del río Siquiares causada por el funcionamiento de la Procesadora de Leche Cruda El Coyol-Dos Pinos provocó daños y molestias en las comunidades de Turrúcares, Siquiares, San Miguel y Cebadillas, consistentes en los malos olores que emanaban del río, pérdida de usos potenciales, perjuicios en actividades económicas y recreativas, aumento de plagas (zancudos y moscas) (informe de estimación de costos por los daños socio-económicos ambientales, visible a folios 453 a 504); 9.) Que los ejecutantes aportan ciento once documentos originales entre facturas, recibos, colillas y comprobantes, como parte de los gatos realizados en esta litis y sus antecedentes (folio 526 al 569); 10).- Que al momento de promoverse y fallarse el recurso de amparo no estaban conformadas las asociaciones ejecutantes (los autos).

II.- DE LOS AGRAVIOS DE LOS RECURRENTES.- Los actores apelan la sentencia número 807-04 de las diez horas del seis de julio del dos mil cuatro, por no compartir la posición del a-quo respecto del acogimiento de la falta de legitimación ad causam activa aducida, lo cual torna improcedente la mayor parte de los rubros reclamados, por cuanto el recurso de amparo se interpuso para pretender la tutela del derecho ambiental que otorga el artículo 50 de la Constitución Política estimado infringido por la actuación de las demandadas (contaminación del río Siquiares) en perjuicio de las comunidades de Ciruelas, Turrúcares, San Miguel y Cebadillas; de manera que en ningún momento, pese a que ese recurso fue suscrito por cuatro personas, no se actuó a título personal, sino en nombre de las indicadas comunidades, y siempre fueron apoyados por grupos de hecho que compartían su posición, de ahí también, que al formular la petitoria se refiriera para proyectos comunales no para beneficio personal de los actores. Nótese, que la propia Sala Constitucional estableció: "... A juicio de la Sala, de la situación descrita se constata que durante el periodo señalado ocurrió la contaminación acusada, lo que constituyó una infracción a los derechos fundamentales a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los vecinos de las comunidades afectadas, lo que obliga a estimar el amparo..."; por lo que la sentencia fue favorable para toda la comunidad, no solo para Julie Roos y demás denunciantes. En virtud de lo anterior, estiman que si ellos interpusieron el recurso de amparo, lógicamente son ellos los que tienen capacidad para interponer las diligencias de ejecución. Alegan que el espíritu del artículo 50 de la Constitución, va más allá de simples conceptos procesales y permiten o amplían la posibilidad de que la ejecución por los daños ambientales causados puedan ser liquidados a nombre de la colectividad, por la naturaleza de los intereses difusos que rigen la materia. Limitar la legitimación se contrapone con lo consagrado en esa norma constitucional, motivos por lo que solicitan revocar la resolución apelada y reconocer los aspectos denegados incluyendo el daño moral reclamado.

III.- POSICIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO.- El representante estatal pide confirmar la sentencia recurrida, cuyos razonamientos hace suyos e indica que en el estado actual de la evolución jurídica, lo pedido no puede ser otorgado so pena de quebrantar no solo el valor de la cosa juzgada, sino los mismos fundamentos en que descansa la legitimación activa que se exige en cualquier proceso jurisdiccional; además de que lo pretendido no encuentra asidero normativo, deviniendo en obligatoria la desestimación parcial de la demanda, en los términos y alcances con que fuera resuelto por el a-quo.

IV.- VALORACIONES PREVIAS PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE SE CONOCE.- Se advierte que en este tipo de procesos no se puede cuestionar ni valorar la actuación de la Administración –concretamente del Ministerio de Salud– ni de la empresa codemandada –Cooperativa de Productores de Leche, R.L. (Dos Pinos), por cuanto ha sido en virtud del conocimiento que de ella hizo nuestro Tribunal Constitucional, que se determinó que era contraria al Derecho de la Constitución, al quebrantar de manera directa el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en los términos previstos en el artículo 50 constitucional, por una conducta omisiva, respecto de la primera, al haber omitido la labor de control y fiscalización que el ordenamiento le impone en aras de hacer efectiva esa tutela al ambiente, y por una conducta activa contaminante de la segunda, por verter los desechos directamente al río, sin adecuarse a los parámetros ambientales definidos en el ordenamiento (Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo número 26.042-S-MINAE). De manera que en este proceso, sólo se determinará la existencia de los daños ocasionados al ambiente por aquella conducta (evaluada por la Sala Constitucional), la cuantificación económica de esos daños, y el sujeto legitimado para accionar en esta vía y para percibir ese pago. Ahora bien, se advierte que, aún cuando los hechos que fueron valorados por la Sala Constitucional se dieron a partir del funcionamiento de la planta procesadora de la Dos Pinos en el Coyol de Alajuela en octubre del dos mil, y es en febrero del dos mil uno que ese Tribunal dicta su sentencia estimatoria del recurso de amparo que le fuera planteado, no es posible estimar que los daños –cuya existencia y liquidación se intentan determinar en este proceso de ejecución– deban de circunscribirse a ese lapso de cuatro meses, como lo alega la representación del Estado, por cuanto es lo cierto que hubo una acción contaminante de efectos continuados en el ambiente, que como lo indican los estudios técnicos aportados al expediente, requiere, de acciones técnicas adecuadas y de un plazo prolongado para revertir la contaminación causada al río Siquiares, esto es, para restituirle a la situación anterior de la afectación sufrida.

V.- DE LA LEGITIMACIÓN DE LOS RECURRENTES PARA PROMOVER ESTA EJECUCIÓN DE SENTENCIA.- Es lo cierto que con la reforma del artículo 50 de la Constitución, mediante ley número 7412, de tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, no solo se reconoció en forma expresa el contenido del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a todas las personas, sino también que, respecto de la debida tutela de este derecho, se estableció una amplísima legitimación (directa o difusa) que permite a todo individuo a interponer las correspondientes acciones ante las instancias administrativas o jurisdiccionales para reclamar la protección de este derecho, en atención a la especial naturaleza del bien de que se trata –ambiente–, que trasciende la esfera particular de los interesados y se confunde con el de la colectividad de la nación, en tanto su titularidad reposa en los mismos detentadores de la soberanía, es decir en todos y cada uno de los habitantes de la República, motivo por el cual, la jurisprudencia constitucional ha señalado que se trata de un verdadero interés que atañe a la colectividad nacional (en tal sentido pueden consultarse las sentencias número 2002-9703, 2003-3656 y 2003-6323). Fue precisamente en ejercicio de esa legitimación que Julie Roos Ayub; Luis Quesada Altamirano, Abel Víquez Fuentes y José Luis Madrigal Moya presentaron recurso de amparo ante la Sala Constitucional, tema en el que no hay discusión; como sí lo hay en relación con la legitimación de las asociaciones actoras para promover esta ejecución de sentencia, así como para percibir el pago de la supuesta indemnización por daño ambiental. En cuanto al primer punto, estima este Tribunal que no lleva razón el a-quo al haber admitido la excepción de falta de legitimación ad causam respecto de las asociaciones actoras, en virtud de lo cual, el reclamo que se hace en esta ocasión esté limitado a un daño eminentemente personal de sus representantes, que sí habían presentado ese recurso de amparo. No tomó en consideración el juzgador de instancia que aún cuando ese recurso de amparo fue interpuesto por cuatro personas en su condición personal, es lo cierto que lo hicieron en representación de los intereses de las comunidades de Siquiares, Cebadilla, Turrúcares y San Miguel, para lo cual alegaron los efectos dañinos que provocó en el ambiente el funcionamiento de la planta procesadora de leche de la Cooperativa Dos Pinos (imposibilidad de aprovechar el agua para riego y toma de agua del ganado, para destino recreativo, malos olores, alteración de las condiciones naturales del agua del río); situación que sí entendió el Alto Tribunal Constitucional, toda vez que estimó la infracción del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado respecto de "todos los vecinos de las comunidades afectadas". En virtud de lo cual, es que deben tenerse como debidamente legitimadas a los actores para promover esta ejecución de sentencia, en tanto actúan en representación de los intereses de las comunidades afectadas por la contaminación en cuestión, precisamente por el derecho que les fue declarado a su favor en la sentencia 2001-1882 de la Sala Constitucional. De igual manera, y por los mismos motivos indicados, es que las objeciones que se hacen respecto de la actuación en este proceso de dos asociaciones sin fines de lucro, conformadas y representadas precisamente por dos de los propios recurrentes de ese amparo, tampoco son de recibo, no obstante que fueron creadas con posterioridad a ese fallo constitucional. En efecto, debe estimarse que, al ser los mismos actores y los mismos intereses en juego, puede estimarse que hubo una subsunción de la representación que estaban ejerciendo los gestores del amparo en estas dos asociaciones creadas, precisamente para dedicarse a la tutela del ambiente de las comunidades de Ciruelas, Siquiares y Turrúcares.

VI.- DE LA LEGITIMACIÓN DE LOS RECURRENTES PARA PERCIBIR LA LEGITIMACIÓN RECLAMADA.- Sobre este punto debe de advertirse que, aún cuando la legitimación para reclamar por el daño al ambiente sea realmente amplia –en los términos establecidos en el citado numeral 50 de la Carta Fundamental–, es lo cierto que en forma indiscriminada no cabe una extensión de la titularidad para recibir el pago de la correspondiente indemnización con ocasión a la demanda por el daño ambiental, sobre todo si se atiende a la especial naturaleza del bien de que se trata, toda vez que el ambiente se comporta como un bien colectivo, de donde, en principio no es posible que un particular o entidad de derecho privado pretender una indemnización o reparación de un daño del cual no es su titular. Por este motivo es que la representación de la empresa codemandada alegó como excepción de este proceso la falta de competencia de los actores para percibir el pago, en tanto sólo le atañe al Tribunal Ambiental Administrativo el cobro del daño al ambiente, y al Ministerio de Salud el del daño a la salud. No comparte este Tribunal esta tesis, toda vez que en materia ambiental se producen dos tipos de daños diferenciados, los directos, sobre los que no hay discusión, por cuanto son susceptibles de ser individualizados, por constituirse en daños directos en la víctima, al traducirse en daños corporales, patrimoniales o intereses morales, en los términos expresamente previstos en el artículo 41 de la Constitución Política; de manera que será el titular del patrimonio lesionado, o aquel que hubiera sufrido el daño en su esfera personal o en sus intereses jurídicamente protegidos, el que pueden instar la correspondiente indemnización; y los indirectos, que la doctrina internacional y la jurisprudencia constitucional nacional ha catalogado como colectivos, esto es, que atañen a la colectividad en su conjunto. Es sobre este último tipo de daño que se motiva esta ejecución, y no como pretende la Procuraduría, que lo califica y circunscribe al primer tipo de daño ambiental, como se indicó en el Considerando anterior; sobre el que la doctrina (DE MIGUEL PERALES, Carlos, La responsabilidad civil por daños al medio ambiente. Editorial Civitas, S.A. Primera reimpresión. Madrid. España. 1994. pp. 285 a 332, y MORENO TRUJILLO, Eulalia. La protección jurídico-privada del medio ambiente y la responsabilidad por su deterioro. J.M. Bosch Editor, S.A. Barcelona. España. 1991. pp. 286 y 287) como consecuencia del ordenamiento norteamericano, ha elaborado un nuevo concepto que permite reconocer la legitimación para realizar este cobro: las "class actions" (que puede ser traducida como la "acción de la clase o del grupo"), que surge como un mecanismo procesal definido como la acción ejercida por el demandante no encaminada a garantizar únicamente su propio interés, sino igualmente el de los que se encuentren en la misma situación que él, de manera que se permite a un actor actuar en representación de otras reclamaciones individuales similares a la suya; sin que pueda ser confundida ni con la acción popular ni con la litis consorcio. Así, no resulta siquiera necesario la existencia de una organización jurídicamente organizada –asociación o ente corporativo– para la tutela ambiental, sino que basta la mera categoría de hecho, de una clase individualizada o individualizable sobre la base de cualquier criterio de distinción que, en nuestro caso, es el daño al ambiente, situación que precisamente se da en este caso, en que, unos vecinos se arrogan la representación de los intereses de la comunidad en lo relativo, primero a la determinación de una actuación antijurídica por daño ambiental, y ahora, para lograr su debida indemnización. En virtud de lo cual, es que se estima que las asociaciones actoras (Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente Ciruelas de Alajuela (ACORACI), y Asociación de Amigos del Medio Ambiente del Río Siquiares y sus Nacientes de Turrúcares (ASAMARS) están debidamente legitimadas para percibir la indemnización reclamada por el daño ambiental que determinó la Sala Constitucional en sentencia número 2001-1882.

VII.- DE LA ACREDITACIÓN DE LOS DAÑOS POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.- Determinada la legitimación que ostentan las asociaciones ejecutantes para pretender la indemnización por daño ambiental que ocasionó la puesta en funcionamiento de la planta procesadora de leche de la Cooperativa de Productores de Leche, R.L. Dos Pinos en el Coyol de Alajuela, es necesario advertir que, tratándose de una materia técnica, este Tribunal se sustentará en los estudios que han sido aportados por las actoras, en tanto han sido elaborados por el órgano técnico de la Administración en la materia (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) –de conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley Orgánica del Ambiente– y por profesionales competentes en la materia, los cuales no fueron objetados ni desvirtuados por las demandadas, con lo cual, se da cumplimiento al principio constitucional ambiental de la objetivación de la tutela ambiental, que exige que las decisiones en esta materia estén debidamente sustentadas en la ciencia y la técnica (como derivado de la discrecionalidad administrativa, artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública). Es así como, de conformidad con valoración ambiental económica del daño ambiental visible a folios 1041 a 1087, ampliado por el estudio visible a folios 453 a 504), mediante la metodología de costos de tratamiento, que comprende las siguientes variables del daño al ambiente: a) el costo del tratamiento, que no valora –en rigor– el daño ambiental que la contaminación ha producido, sino más bien establece una aproximación del valor del daño con el costo de haber aplicado las medidas pertinentes para que la fuente de daño no se produjera, por lo que es un el valor mínimo aplicable (estudio técnico de la valoración económica del daño ambiental ocasionado, folios 1041 a 1053), que fue fijado en noventa y dos mil ciento ochenta y nueve dólares americanos ($92.189.00); b) el costo biótico del daño, que atiende al componente de vida y todos los sub-componentes, esto es, a

"la calidad del ambiente, las posibilidades de que el ambiente satisfaga las necesidades para que los organismos que lo habitan se desarrollen de manera saludable, y el equilibrio que debe existir de manera natural entre los aspectos físicos y químicos dentro de los rangos normales, para cada situación particular. En el caso de procesos de contaminación ambiental, todos esos sub-componentes se alteran, dando paso a la degradación de la fase abiótica de los ecosistemas, dando paso a la degradación de la fase abiótica de los ecosistemas y alterando el equilibrio natural: es el caso del derrame de vertidos desde la planta de tratamiento de la Dos Pinos el cual ha provocado una ruptura en el equilibrio del río Siquiares" (Ampliación de Informe Final, folio 454).

En el caso del río Siquiares, con sustento en las pruebas bioquímicas aportadas al expediente y reflejadas en los estudios técnicos, se logró determinar que en la estación que se encuentra en la salida del efluente de la planta de procesamiento de leche de la Dos Pinos, aproximadamente cincuenta metros aguas abajo, demás de la contaminación arrastrada por el agua de las estaciones anteriores, se suman los vertidos de esta industria, que presenta las siguientes características –según visita de campo realizada el diez de abril del dos mil uno–:

"Ha sido afectada por el incremento de sólidos totales, sólidos suspendidos totales, sólidos disueltos y sólidos sedimentables, materia orgánica en general y ligeramente por la carga de grasas y aceites que se vierten desde la planta de tratamiento, lo que ha provocado un incremento en la tasa de DBO5 y de DQO y, por lo tanto también de la desoxigenación del agua. La existencia de grasas en las aguas genera problemas en su poder tensoactivo que impiden la captación de oxígeno o genera una película envolvente de los flóculos biológicos impidiendo su respiración y aligerándolos por lo que entran en flotación."

Lo anterior se traduce en la pérdida del oxígeno del agua, esto es, se impiden los procesos respiratorios de los organismos acuáticos, debido a que saturan las branquias de los peces, insectos y otros, provocando la muerte de los mismos por asfixia; lo que impide cualquier tipo de vida en el lecho del río y en esas aguas. Este daño (al componente biótico) fue valorado en veintisiete mil seiscientos cincuenta y seis dólares ($ 27.656.00); c) el costo social del daño causado, que son los daños sufridos por la comunidad con ocasión de la contaminación en estudio producto de los malos olores del río –debido al arrastre del material orgánico y su sedimentación, por lo que se generan lodos orgánicos en proceso de descomposición anaeróbica–, la pérdida de los usos potenciales del río (para uso agrícola, ganadero, recreativo y de esparcimiento), y el crecimiento de algunas plagas (especialmente zancudos y moscas), valorado en noventa y dos mil ciento ochenta y nueve dólares americanos ($92.189.00); y d) el costo de gestión, que comprende todos los gastos en que los actores incurrieron, tanto para la presentación del recurso de amparo como también de esta ejecución, que como lo señalan las demandadas, comprenden las costas del proceso (personales y procesales), tasadas en seis mil trescientos siete dólares americanos ($ 6.307.00). Con lo cual, se da cumplimiento a la exigencia dispuesta en el artículo 693 del Código Procesal Civil que exige que, en los procesos de ejecución, cuando se ha condenado en abstracto a pagar daños y perjuicios, al victorioso le asiste la carga de la prueba de la demostración de esos daños y perjuicios que han sido ocasionados con la actuación antijurídica del vencido, así como la correspondiente liquidación concreta y detallada. En virtud de lo cual, no resulta atendible la excepción opuesta por la Cooperativa demandada, en el sentido de estimar una falta de formalidad y de derecho por no haber demostrado las actoras los daños causados con ocasión del funcionamiento de su planta procesadora de leche; por cuanto se insiste, los mismos están sustentados en los respectivos estudios técnicos, sin que hubiesen sido desacreditados por los demandados.

VIII.- DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE RIGEN LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO AMBIENTAL. Previo a la valoración de las sumas solicitadas en concepto de indemnización por daño ambiental en perjuicio de los vecinos de las comunidades afectadas, es necesario recordar que, todo el esquema de la responsabilidad patrimonial tiende a la reparación de los daños sufridos, en los términos previstos en el artículo 41 constitucional, que prevé el mecanismo general del resarcimiento, precisamente para subsanar todo daño "... recibido en su persona, propiedad o intereses morales." Esta reparación en materia ambiental cobra especial relevancia, por cuanto, en atención al tipo de bien de que se trata, por ser un bien de evidente interés de la colectividad, y por las significativas consecuencias que pueden provocar en los diversos sistemas ecológicos, es que, en forma prioritaria debe de procurarse la restauración del ambiente a la situación en que se encontraba con anterioridad al daño causado, para revertir esos efectos negativos sobre los diversos componentes ambientales, que comprende la denominada indemnización in natura, consistente en medidas compensatorias o preventivas, que tienen maticen ese carácter esencialmente reparador de la indemnización; y en forma adicional, cuando así proceda, la indemnización patrimonial (dineraria), sin que sean excluyentes una de la otra, ni tampoco subsidiarias. En todo caso, es importante anotar que, los dineros que se reconozcan en concepto de indemnización por daño ambiental deben de ser destinados en forma exclusiva a paliar la lesión que la motiva, que tiene como sustento el reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que no va a acontecer, si las actoras pueden disponer de esos fondos de la manera que les plazca, sin aplicarlos de una vez a la mitigación de la lesión ambiental juzgada; por cuanto el permitir su destino a otras causas o fines implicaría desnaturalizar la figura de la indemnización (En igual sentido, puede consultarse la sentencia número 392-2006, de las catorce horas cuarenta minutos del treinta y uno de agosto del dos mil seis, de la Sección Segunda de este Tribunal).

IX.- DE LOS DAÑOS QUE SE CONCEDEN.- Ahora bien, en cuanto al primer componente de la indemnización que se conoce (el relativo al costo del tratamiento por el daño), es lo cierto que el mismo fue pagado en la vía administrativa por la empresa contaminante – la Cooperativa de Productores de Leche, R.L. (Dos Pinos)– el dos de octubre del dos mil uno, con ocasión de la denuncia interpuesta en esa vía ante el Tribunal Ambiental Administrativo por Julie Roos Ayub, por los mismos hechos aquí conocidos, que en resolución número 369-01-TAA, de las ocho horas del cuatro de junio del dos mil uno, le impuso el pago de la suma fijada en la valoración económica realizada por la SETENA y el IPS por ese concepto, sea, por noventa y dos mil ciento ochenta y nueve dólares americanos ($92.189.00) al tipo de cambio de ese momento, que sumó la cantidad de TREINTA MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE COLONES (¢ 30.123.677.00). Sobre este pago deben hacerse dos advertencias: en primer lugar, que tal y como se indicó en el estudio técnico que realizó la valoración económica por este daño ambiental, este componente es "un mínimo", que se impone pagarlo al agente activo contaminador, en atención a que su cálculo se realiza sobre la base de los costos que esa industria debió de haber realizado para adecuar su funcionamiento a los parámetros y estándares ambientales, esto es, el costo del tratamiento de las aguas residuales, de donde la base de cálculo lo determinó el nivel de contaminación que entra al sistema y el nivel de contaminación que es vertido al río. Sin embargo, tal y como lo señalaron los estudios técnicos de referencia, ese no es el único componente para cuantificar esta indemnización, lo que hace que deba acogerse de manera parcial la excepción de pago, aducida por la empresa co-demanda, en razón de que no pagó la totalidad del daño causado. Es así como resulta de interés denotar que en aquella ocasión –vía administrativa– no se atendió a la recomendación de reconocer un rubro por concepto del daño al ambiente por el costo biótico; en virtud de lo cual, habiéndose sido acreditado en el respectivo estudio técnico-científico, cómo se estimó en el Considerando anterior, corresponde ser reconocido en esta vía, en la suma fijada, esto es, por el monto de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DÓLARES ($ 27.656.00), para ser pagado en forma solidaria por las demandas, como lo impuso la sentencia ejecutada. Este monto está justificado en el citado informe sobre la siguiente base:

"Es nuestra opinión que en el estimado del costo se debe incluir el componente biótico, el cual, sin embargo no puede ser cobrado en función de una comunidad natural, debido a que aguas arriba de la salida del efluente a planta de tratamiento de la empresa Dos Pinos el ecosistema ya muestra señales de contaminación. Por esa razón el costo estimado debe ser multiplicado por un factor entre 1 (agua natural) y 0 (agua totalmente contaminada), en este caso se estima que el factor se sitúa en 0.3. Por lo tanto, a la fórmula utilizada por IPS,

Costo de Tratamiento+a Costro Social+Costo de Gestión

se le incluye un cuarto componente B *Costo de Tratamiento, correspondiente al deterioro en la fase biótica, por lo tanto el estimado sería

Cobro Total=$92.189 + 1*$92.189 + 0,3 * $92.189 +6.307" (folio 455).

X.- Especial consideración debe hacerse respecto del costo social por el daño ambiental reclamado, por cuanto este Tribunal no puede admitir la suma dispuesta en ese informe, por cuanto se fija sin ninguna acreditación metodológica para su cuantificación, lo cual impide su reconocimiento en la suma tasada, precisamente por la falta de pericia. Sin embargo, es lo cierto que en los autos quedaron debidamente sustentados los perjuicios y molestias causadas a las comunidades circundantes del río Siquiares –concretamente Ciruelas, San Miguel, Cebadillas y Turrúcares–, como se detallan en el respectivo informe técnico: "la degradación de la calidad del agua, razón por la cual este líquido no puede ser utilizado durante un largo período y a través de un tramo prolongado de su cauce para otros propósitos tales como riego, abrevadero para ganado, recreación y mucho menos utilizar el agua como fuente para consumo humano" (folio 486), el cual, para su restablecimiento tardará un período medianamente largo (de tres a cinco años). Estima este órgano colegiado que este rubro debe ser tratado de manera semejante que el daño moral, que permite al juzgador su determinación conforme a la valoración de las circunstancias que rodean el caso, esto es in re ipsa, pero sin que se confunda o identifique con el daño moral en sentido lato o estricto, por cuanto es lo cierto que este tipo de daños (al ambiente) provoca molestias y perjuicios a los afectados; en virtud de lo cual habiéndose acreditado la existencia de esos perjuicios a los vecinos de las comunidades indicadas, no puede dejarse de reconocer su debida indemnización, precisamente en aplicación de los principios de equidad y justicia, la cual, a falta de criterio técnico debe ser fijado en la suma prudencial de CINCO MILLONES DE COLONES (¢5.000.000.00), que corresponde pagar en forma solidaria a las demandadas. En cuanto al último componente del daño ambiental, el relativo al costo de gestión, llevan razón las demandadas en el sentido de que deben ser tratados como costas (personales y procesales); los que en la sentencia recurrida fueron determinados en la suma de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO COLONES CON VEINTE CÉNTIMOS; rubro que no fue apelado en esta sentencia, motivo por el cual no procede su valoración en esta ocasión.

XI.- Conforme a las razones dadas en el Considerando VIII.- de esta sentencia, se advierte que a las asociaciones actoras (Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela –ACORACI– y Asociación de Amigos del Medio Ambiente del Río Siquiares y sus Nacientes de Turrúcares –ASAMARS–) que las sumas reconocidas en este pronunciamiento deben de ser destinadas ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a proyectos de restauración del río Siquiares; para lo cual, requerirán la adecuación de los mismos a criterios y estándares técnicos, avalados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, órgano técnico de la Administración en la materia ambiental; labor que asimismo está sujeta a los controles que competen a las autoridades administrativas, tales como el propio Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Procuraduría General de la República, y la Defensoría de los Habitantes, que por mandato legal tienen competencia en esta materia. En todo caso, se advierte que, el cambio de destino de los dineros reconocidos en este fallo conforme al ordenamiento penal, podría conformar un delito (desobediencia a la autoridad, enriquecimiento sin causa, malversación de fondos, etc.). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sobre las sumas concedidas se reconocen intereses a partir de la firmeza de este fallo y hasta su efectivo pago, conforme al tipo legal del artículo 1163 del Código Civil.

XII.- DE LA IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO A LA SALUD DE LOS VECINOS DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS.- No corren igual suerte los otros daños que se solicitan sean reconocidos por las asociaciones actoras. En efecto, respecto del daño a la salud, que piden se trate como un daño moral, por las afecciones que esta contaminación ha producido en la población no puede ser tratado como tal, en tanto se trata de afecciones corporales absolutamente indeterminadas y genéricas, que a lo sumo podrían motivar el correspondiente reclamo, pero propiamente de los afectados. Asimismo, tal y como lo señalan las propias gestionantes, no existe un estudio técnico-objetivo que acredite a ciencia cierta y con absoluta certeza un problema de salud o epidemia que se haya desencadenado en estas comunidades con ocasión de la puesta en funcionamiento de la planta procesadora de leche Dos Pinos; siendo que no obstante haberse revisado aproximadamente trece mil quinientos expedientes clínicos de los puestos de Salud de Equipo Básico de Atención Integral (EBAIS) de Ciruelas y la Clínica de San Rafael Sur, es lo cierto no se logró determinar en forma fehaciente que la causa de las alergias, infecciones virales respiratorias, crisis de asma leve, parasitosis intestinales, migrañas y cuadros fuertes de diarreas que se intensificaron en los meses de enero a junio del dos mil uno, encuentren su origen único en la contaminación del río Siquiares. Lo que se obtuvo fue una lista de enfermedades "que podrían estar relacionadas con factores ambientales adversos, como es el caso de la calidad del agua del río Siquiares", pero que también pueden motivarse en "una serie de actividades antropogénicas tales como el urbanismo y principalmente industrialización de la zona aledaña", tal y como lo señalaron los propios gestores.

XIII.- DE LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS SOLICITADAS.- Por último, las actoras solicitan una serie de medidas compensatorias del daño ambiental causado con la conducta de las demandadas; sin embargo, en su mayoría resultan a todas luces improcedentes, por exceder el contenido reconocido en la sentencia estimatoria de la Sala Constitucional que se ejecuta. En este sentido debe advertirse que aún cuando quedó debidamente motivada y sustentada la contaminación que causó el funcionamiento de la planta procesadora de leche de la Dos Pinos, no puede pretenderse que esta empresa deba pagar y restaurar todo el daño y contaminación ambiental que diversos agentes han causado al río Siquiares, primero, se insiste, por cuanto no se derivan de la sentencia que se ejecuta, y segundo por cuanto en aplicación del principio constitucional ambiental que se enuncia como "el que contamina paga", corresponde a esos otros agentes contaminantes su reparación. En virtud de lo anterior, no es posible reconocer como parte de esta ejecución rubros para el financiamiento de las asociaciones actoras, que se imponga la construcción de obras de captación y entubamiento de nacientes y tanques sépticos, en tanto se motivan en la contaminación que sobre el río causan las urbanizaciones ubicadas río arriba de la planta Dos Pinos, acciones y dinero para la protección de las nacientes del río, la captación en la Pradera para evitar desabastecimiento en la época de sequía, el patrocinio de una campaña para reforestar los linderos del río y la siembra de peces en el río. Se advierte que la solicitud de publicar esta sentencia en un diario de circulación nacional se constituye en una sanción más, la cual, en atención al principio de tipicidad que rige las sanciones –artículo 39 constitucional–, debe estar debidamente establecida con anterioridad en una ley formal y material, situación que no se da en la especie. No obstante lo anterior, en aplicación del principio constitucional ambiental que rige la indemnización por daño ambiental, que exige que en este tipo de daño debe de procurarse, primero que nada la restauración in natura –finalidad última de la indemnización en este tipo de daños–, es que, por estar debidamente motivada en el respectivo estudio técnico, debe de imponerse a la Cooperativa Productora de Leche Dos Pinos, R.L adecuar su funcionamiento conforme a los parámetros ambientales establecidos en el ordenamiento y a realizar una limpieza artificial de los cauces del río en las cercanías de la salida de la planta de tratamiento de esa empresa y hasta un kilómetro aguas abajo una vez por tres años consecutivos. Igualmente, resulta pertinente recordarle al Ministerio de Salud su obligación de ejercer el control de la actividad industrial realizada por la codemandada, de manera que debe –al menos– realizar cuatro monitoreos de la calidad del agua al año (uno en la época lluviosa, uno en la época seca, uno en cada período de transición).

XIV.- DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS.- Como se ha ido indicando en este pronunciamiento, y al tenor de las consideraciones dadas, es que debe de revocarse la sentencia apelada en relación con las excepciones que inciden sobre la apelación formulada; motivo por el que deben de rechazarse las excepciones de falta de legitimación ad causam activa y falta de competencia de los actores para recibir el pago opuestas por las demandas, y acoger parcialmente las excepciones de pago y de falta de derecho (también denominada como de falta de formalidad), por cuanto no se reconocieron la totalidad de las pretensiones de las actoras.

XV.- DE LAS COSTAS.- No obstante que no fue apelado lo relativo a la condenatoria en costas que hiciera la sentencia de instancia, el artículo 224 del Código Procesal Civil permite su valoración, aún de oficio, en la segunda instancia, con ocasión de la apelación formulada, conforme al pronunciamiento que se haga. No estima este Tribunal motivo por el cual deba de ser revocada o modificado ese fallo respecto de este punto –que condenó a las demandadas al pago íntegro a las demandadas (Estado y Cooperativa de Productores de Leche, R.L. Dos Pinos)–, en atención a que se trata de un proceso de ejecución de una sentencia constitucional estimatoria, en la que, se hizo el reconocimiento de una vulneración a un derecho fundamental, y habiéndose admitido la legitimación de actuación de las asociaciones actoras y para percibir el pago correspondiente por la indemnización por daño ambiental, así como haberse acreditado los daños causados por la contaminación del río Siquiares y su cuantificación económica, es que procede su confirmación. Nótese al efecto que si la empresa codemandada hubiese adecuado su funcionamiento a los parámetros ambientales y la Administración hubiese cumplido con las obligaciones contenidas en el ordenamiento ambiental, reprendiendo y fiscalizando a tiempo el funcionamiento de la planta procesadora de leche de la Cooperativa Dos Pinos, se hubiese evitado el daño ambiental que causó estos procesos en procura de la efectiva tutela al ambiente, como lo ordena el artículo 50 constitucional.

POR TANTO:

En lo apelado, se revoca la sentencia venida en alzada, para en su lugar rechazar las excepciones de falta de legitimación activa y falta de competencia de los actores para recibir el pago. Se acogen parcialmente las excepciones de pago y de falta de derecho (también denominada como de falta de formalidad), entendiéndose denegada la demanda en lo no indicado. En virtud de lo anterior, se condena al Estado y a la Cooperativa Productora de Leche, R.L. Dos Pinos al pago solidario de las siguientes sumas a favor de la Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela (ACORACI) y a la Asociación de Amigos del Medio Ambiente del Río Siquiares y sus Nacientes de Turrúcares (ASAMARS): VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS ($27.665.00) en concepto de daño al ambiente y CINCO MILLONES DE COLONES EXACTOS (¢ 5.000.000.00) en concepto de costo social por el daño ambiental producido, para destinarlo única y exclusivamente a proyectos de restauración del río Siquiares, montos sobre los que se reconocen intereses a partir de la firmeza de este fallo y hasta su efectivo pago, conforme al tipo legal del artículo 1163 del Código Civil. Asimismo, se impone a la Cooperativa Productora de Leche Dos Pinos, R.L a adecuar su funcionamiento conforme a los parámetros ambientales establecidos en el ordenamiento y a realizar una limpieza artificial de los cauces del río en las cercanías de la salida de la planta de tratamiento de esa empresa y hasta un kilómetro aguas abajo una vez por tres años consecutivos. Al Ministerio de Salud se le recuerda su obligación de ejercer el control de la actividad industrial realizada por la codemandada, de manera que debe –al menos– realizar cuatro monitoreos de la calidad del agua al año (uno en la época lluviosa, uno en la época seca, uno en cada período de transición). Comuníquese a la Defensoría de los Habitantes y a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para lo de su cargo, una vez firme esta sentencia.

Horacio González Quiroga

Roberto J. Gutiérrez Freer Silvia C. Fernández Brenes

EXP: 02-000682-0163-CA

Ejecución de sentencia

ACORACI y otros c/ la Dos Pinos y el Estado.

ILoáiciga

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 23-02-2026 15:57:29.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

III. – Before addressing the grounds of appeal in this decision, the ruling being reviewed here will be transcribed in full, as follows:

"[...] Accordingly, the action filed by the Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente Ciruelas de Alajuela (ACORACI) and the Asociación de Amigos del Medio Ambiente del Río Siquiares y sus Nacientes de Turrúcares (ASAMARS) AGAINST the State and the Cooperativa de Productores de Leche R.L. Dos Pinos is partially upheld. The exception of lack of standing (falta de legitimación) regarding the plaintiff associations is sustained. The exception of res judicata (cosa juzgada material) is rejected. The exception of payment (pago) is sustained in part, only with respect to Julie Roos Ayub's claim. The defense of lack of right (falta de derecho) is rejected. It is understood that the right claimed by the representatives of the plaintiff associations, Mrs. Julie Roos Ayub, Messrs. Luis Quesada Altamirano, Abel Víquez Fuentes, and José Luis Madrigal Moya, is based solely on the ruling issued in their favor by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) under case number 01-001882-0007-CO, filed at 14:45 on March 2, 2001. The State and the Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. are ordered, based on strict joint and several liability (responsabilidad solidaria), to pay the plaintiffs Luis Quesada Altamirano, Abel Víquez Fuentes, José Luis Madrigal Moya, and Julie Roos Ayub the sum of SIX MILLION COLONES (¢6,000,000.00) each. Interest must be paid on the awarded sum at the legal rate established in Article 1163 of the Civil Code, calculated from the finality of this ruling until its effective payment. The plaintiff associations are ordered to pay the costs of this action, which are hereby set at fifteen percent of the total amount of the judgment, in favor of the defendant cooperative only. Given the nature of this ruling, the State is exempted from paying costs. Regarding the exception of lack of standing (falta de legitimación) upheld, the claim filed by the plaintiff associations regarding the measures they demand be imposed on the defendant company to prevent further environmental damage (daño ambiental) in the future is declared time-barred, without prejudice to filing such claims through the appropriate channels and venue, as indicated. The exception of lack of right (falta de derecho) regarding the claim for recovery of attorney's fees (honorarios de abogado) as costs is sustained, and therefore this claim is denied. After this ruling becomes final, the technical report submitted in relation to this claim must be forwarded to the Technical Secretariat of the National Environmental Authority (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) and the Ministry of Health for the relevant purposes. [...]."

IV. – The judgment set forth above was appealed by the plaintiff associations, whose grounds of appeal, based on a careful reading of the relevant document, are summarized as follows: a) The lower court incorrectly upheld the defense of lack of standing (falta de legitimación) regarding their representation. b) It failed to order payment for environmental damage (daño ambiental) and to the health of residents of the affected communities. c) It did not properly assess all the evidence submitted to prove the environmental damage (daño ambiental), by relying solely on the report of the expert Mauricio Delgadillo and disregarding SETENA's own criteria. d) It did not analyze the issue of standing (legitimación) from the diffuse perspective characteristic of environmental law. e) It failed to assess that SETENA itself determined in its report that the damage caused by the plant's operation continues to grow and will continue to do so. f) The compensation for moral damages (daño moral) to neighbors as a social component of the environmental damage (daño ambiental), which is accrued as the loss of potential uses of water resources, was omitted. g) The measures aimed at recovering the damage caused by the contaminating agents were not ordered.

V. – ON THE STANDING OF THE APPELLANTS TO PROMOTE THIS EXECUTION OF JUDGMENT (EJECUCIÓN DE SENTENCIA). – It is true that with the reform of Article 50 of the Constitution, through Law 7412 of June 3, 1994, not only was the content of the right to a healthy and ecologically balanced environment expressly recognized for all persons, but also that, regarding the proper protection of this right, a very broad standing (direct or diffuse) was established, allowing any individual to bring the corresponding actions before administrative or jurisdictional bodies to claim protection of this right, given the special nature of the asset in question –the environment– which transcends the private sphere of the interested parties and merges with that of the nation's community, as its ownership rests with the holders of sovereignty themselves, i.e., in each and every inhabitant of the Republic. For this reason, constitutional jurisprudence has indicated that it is a true interest that concerns the national community (in this regard, see rulings number 2002-9703, 2003-3656, and 2003-6323). It was precisely in the exercise of this standing that Julie Roos Ayub, Luis Quesada Altamirano, Abel Víquez Fuentes, and José Luis Madrigal Moya filed an amparo appeal (recurso de amparo) before the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), a matter which is not in dispute. However, it is in dispute regarding the standing of the plaintiff associations to promote this execution of judgment (ejecución de sentencia), as well as to receive payment of the alleged compensation for environmental damage (daño ambiental). On the first point, this Court considers that the lower court judge is incorrect in having admitted the exception of lack of standing ad causam (falta de legitimación ad causam) against the plaintiff associations, by virtue of which the claim made on this occasion is limited to a strictly personal damage of their representatives, who had indeed filed that amparo appeal (recurso de amparo). The lower court judge did not consider that even though that amparo appeal (recurso de amparo) was filed by four persons in their personal capacity, it is true that they did so representing the interests of the communities of Siquiares, Cebadilla, Turrúcares, and San Miguel, for which they alleged the harmful effects on the environment caused by the operation of the Cooperativa Dos Pinos milk processing plant (impossibility of using water for irrigation and livestock watering, for recreational purposes, foul odors, alteration of the natural conditions of the river water); a situation that the High Constitutional Court did understand, since it found a violation of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment with respect to "all the residents of the affected communities." By virtue of this, the plaintiffs must be considered duly vested with standing (legitimación) to promote this execution of judgment (ejecución de sentencia), as they act representing the interests of the communities affected by the contamination in question, precisely because of the right declared in their favor in Constitutional Chamber (Sala Constitucional) ruling 2001-1882. Similarly, and for the same reasons indicated, the objections made regarding the participation in this proceeding by two non-profit associations, formed and represented precisely by two of the amparo appeal (recurso de amparo) petitioners themselves, are also not admissible, even though they were created after that constitutional ruling. Indeed, it must be considered that, as the plaintiffs and the interests at stake are the same, it can be considered that a subsumption occurred of the representation being exercised by the amparo petitioners into these two associations created precisely to dedicate themselves to protecting the environment of the communities of Ciruelas, Siquiares, and Turrúcares.

VI. – ON THE STANDING OF THE APPELLANTS TO RECEIVE THE CLAIMED COMPENSATION. – On this point, it must be noted that, although the standing to claim for damage to the environment is indeed broad –in the terms established in the aforementioned Article 50 of the Constitution–, it is true that an indiscriminate extension of the right to receive payment of the corresponding compensation arising from a claim for environmental damage (daño ambiental) is not appropriate, especially considering the special nature of the asset in question, since the environment behaves as a collective asset, whereby, in principle, it is not possible for an individual or private law entity to claim compensation or reparation for a damage of which it is not the owner. For this reason, the representation of the co-defendant company raised as an exception in this proceeding the lack of standing (falta de legitimación) of the plaintiffs to receive payment, as only the Administrative Environmental Court (Tribunal Ambiental Administrativo) is responsible for collecting for damage to the environment, and the Ministry of Health for damage to health. This Court does not share this thesis, since in environmental matters two differentiated types of damages are produced: direct damages, which are not in dispute, as they are capable of being individualized, constituting direct damages to the victim, translating into bodily, patrimonial, or moral interest damages, in the terms expressly provided in Article 41 of the Political Constitution; thus, the owner of the injured property, or the person who suffered the damage in their personal sphere or legally protected interests, is the one who can pursue the corresponding compensation; and indirect damages, which international doctrine and national constitutional jurisprudence have classified as collective, that is, concerning the community as a whole. It is regarding this latter type of damage that this execution is motivated, and not as the Attorney General's Office (Procuraduría) intends, which classifies and circumscribes it to the first type of environmental damage (daño ambiental), as indicated in the previous Recital (Considerando); on which doctrine (DE MIGUEL PERALES, Carlos, La responsabilidad civil por daños al medio ambiente. Editorial Civitas, S.A. First reprint. Madrid. Spain. 1994. pp. 285 to 332, and MORENO TRUJILLO, Eulalia. La protección jurídico-privada del medio ambiente y la responsabilidad por su deterioro. J.M. Bosch Editor, S.A. Barcelona. Spain. 1991. pp. 286 and 287) as a consequence of the North American legal system, has developed a new concept that allows standing for this collection to be recognized: "class actions" (which can be translated as "acción de la clase o del grupo"), emerging as a procedural mechanism defined as the action exercised by the plaintiff not aimed solely at guaranteeing their own interest, but equally that of those who find themselves in the same situation as them, thereby allowing one plaintiff to act on behalf of other individual claims similar to theirs; without being confused with either the popular action (acción popular) or joinder of parties (litis consorcio). Thus, the existence of a legally organized entity –association or corporate entity– for environmental protection is not even necessary; rather, a mere de facto category of an individualized or individualizable class based on any distinguishing criterion suffices, which, in our case, is the environmental damage (daño ambiental). This situation precisely occurs in this case, where certain neighbors assume the representation of the community's interests regarding, first, the determination of unlawful conduct due to environmental damage, and now, to achieve its due compensation. By virtue of this, it is considered that the plaintiff associations (Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente Ciruelas de Alajuela (ACORACI), and Asociación de Amigos del Medio Ambiente del Río Siquiares y sus Nacientes de Turrúcares (ASAMARS)) are duly vested with standing (legitimación) to receive the compensation claimed for the environmental damage (daño ambiental) determined by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in ruling number 2001-1882.

VII. – ON THE PROOF OF DAMAGES FROM ENVIRONMENTAL CONTAMINATION. – Having determined the standing (legitimación) held by the executing associations to seek compensation for environmental damage (daño ambiental) caused by the start-up of the milk processing plant of Cooperativa de Productores de Leche, R.L. Dos Pinos in Coyol de Alajuela, it is necessary to note that, being a technical matter, this Court will rely on the studies provided by the plaintiffs, as they have been prepared by the technical body of the Administration in this field (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) – in accordance with the provisions of Articles 83 and 84 of the Ley Orgánica del Ambiente – and by competent professionals in the field, which were neither objected to nor disproven by the defendants, thereby fulfilling the environmental constitutional principle of the objectification of environmental protection (objetivación de la tutela ambiental), which requires that decisions in this matter be duly supported by science and technique (as derived from administrative discretion, Articles 16 and 160 of the Ley General de la Administración Pública). It is thus that, according to the environmental economic valuation of the visible environmental damage on folios 1041 to 1087, expanded by the study visible on folios 453 to 504), using the treatment cost methodology, which includes the following variables of environmental damage: a) the cost of treatment, which does not assess –strictly speaking– the environmental damage that the contamination has produced, but rather establishes an approximation of the damage value with the cost of having applied the relevant measures so that the source of damage would not have occurred, therefore it is the minimum applicable value (technical study of the economic valuation of the environmental damage caused, folios 1041 to 1053), which was set at ninety-two thousand one hundred eighty-nine US dollars ($92,189.00); b) the biotic cost of the damage, which addresses the life component and all sub-components, that is, "the quality of the environment, the possibilities for the environment to satisfy the needs for the organisms that inhabit it to develop healthily, and the balance that must naturally exist between physical and chemical aspects within normal ranges, for each particular situation. In the case of environmental contamination processes, all these sub-components are altered, giving way to the degradation of the abiotic phase of ecosystems, altering the natural balance: this is the case of the discharge of effluents from the Dos Pinos treatment plant which has caused a disruption in the balance of the Siquiares River" (Expansion of the Final Report, folio 454). In the case of the Siquiares River, supported by the biochemical tests provided in the case file and reflected in the technical studies, it was determined that at the station located at the outlet of the effluent from the Dos Pinos milk processing plant, approximately fifty meters downstream, in addition to the contamination carried by the water from upstream stations, the discharges from this industry are added, presenting the following characteristics –according to a field visit conducted on April 10, 2001–: "It has been affected by the increase in total solids, total suspended solids, dissolved solids, and settleable solids, organic matter in general, and slightly by the load of fats and oils discharged from the treatment plant, which has caused an increase in the BOD5 and COD rates and, therefore, also in the deoxygenation of the water. The existence of fats in the waters generates problems in their surfactant power that prevent oxygen uptake or generates an enveloping film around biological flocs preventing their respiration and lightening them, causing them to float." The above translates into the loss of oxygen in the water, that is, the respiratory processes of aquatic organisms are prevented because they saturate the gills of fish, insects, and others, causing their death by asphyxiation; which prevents any type of life in the riverbed and in those waters. This damage (to the biotic component) was valued at twenty-seven thousand six hundred fifty-six US dollars ($27,656.00); c) the social cost of the damage caused, which are the damages suffered by the community due to the contamination under study resulting from the foul odors of the river –due to the dragging of organic material and its sedimentation, generating organic sludge in an anaerobic decomposition process–, the loss of potential uses of the river (for agricultural, livestock, recreational, and leisure use), and the growth of certain pests (especially mosquitoes and flies), valued at ninety-two thousand one hundred eighty-nine US dollars ($92,189.00); and d) the management cost, which includes all expenses incurred by the plaintiffs, both for filing the amparo appeal (recurso de amparo) and for this execution, which as the defendants indicate, include the costs of the proceeding (costas personales y procesales), assessed at six thousand three hundred seven US dollars ($6,307.00). With this, the requirement established in Article 693 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil) is met, which requires that, in execution proceedings, when a party has been ordered in the abstract to pay damages (daños y perjuicios), the victorious party bears the burden of proof to demonstrate those damages that have been caused by the unlawful conduct of the defeated party, as well as the corresponding concrete and detailed liquidation. By virtue of this, the exception raised by the defendant Cooperative, in the sense of considering a lack of formality and right because the plaintiffs did not prove the damages caused by the operation of their milk processing plant, is not admissible; because it is reiterated, these are supported by the respective technical studies, without having been discredited by the defendants.

VIII. – ON THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES GOVERNING COMPENSATION FOR ENVIRONMENTAL DAMAGE. Prior to the assessment of the sums requested as compensation for environmental damage (daño ambiental) to the detriment of the residents of the affected communities, it is necessary to recall that the entire scheme of patrimonial liability aims at the reparation of damages suffered, in the terms provided in Article 41 of the Constitution, which provides the general mechanism for compensation, precisely to remedy any damage "... received in their person, property, or moral interests." This reparation in environmental matters takes on special relevance, since, given the type of asset in question, being an asset of evident community interest, and due to the significant consequences that can be caused in various ecological systems, the restoration of the environment to the state it was in prior to the damage caused must be sought as a priority, to reverse those negative effects on the various environmental components, which includes the so-called in-kind compensation (indemnización in natura), consisting of compensatory or preventive measures, which nuance that essentially restorative character of the compensation; and additionally, when appropriate, patrimonial (monetary) compensation, without one excluding the other, nor being subsidiary. In any case, it is important to note that the funds recognized as compensation for environmental damage (daño ambiental) must be allocated exclusively to alleviate the injury that motivates it, which is based on the recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment. This will not occur if the plaintiffs can dispose of those funds as they please, without immediately applying them to the mitigation of the adjudicated environmental injury; because allowing their allocation to other causes or purposes would distort the figure of compensation (In the same sense, see ruling number 392-2006, of fourteen hours forty minutes on August 31, 2006, of Section Two of this Court).

IX. – ON THE DAMAGES AWARDED. – Now then, regarding the first component of the compensation being considered (relating to the cost of treatment for the damage), it is true that it was paid through administrative channels by the contaminating company – the Cooperativa de Productores de Leche, R.L. (Dos Pinos) – on October 2, 2001, on the occasion of the complaint filed through that channel before the Administrative Environmental Court (Tribunal Ambiental Administrativo) by Julie Roos Ayub, for the same facts considered here, which in resolution number 369-01-TAA, at eight hours on June 4, 2001, imposed payment of the sum set in the economic valuation carried out by SETENA and the IPS for that concept, i.e., ninety-two thousand one hundred eighty-nine US dollars ($92,189.00) at the exchange rate of that time, which totaled the amount of THIRTY MILLION ONE HUNDRED TWENTY-THREE THOUSAND SIX HUNDRED SEVENTY-SEVEN COLONES (¢30,123,677.00). Regarding this payment, two observations must be made: first, that as indicated in the technical study that carried out the economic valuation for this environmental damage, this component is "a minimum," which the active contaminating agent is obliged to pay, considering that its calculation is performed based on the costs that this industry should have incurred to adapt its operation to environmental parameters and standards, that is, the cost of wastewater treatment, whereby the calculation basis was determined by the level of contamination entering the system and the level of contamination discharged into the river. However, as the reference technical studies pointed out, this is not the only component for quantifying this compensation, which means that the exception of payment must be partially upheld, as argued by the co-defendant company, because it did not pay the totality of the damage caused. It is thus of interest to denote that on that occasion –through administrative channels– the recommendation to recognize an item for environmental damage for the biotic cost was not followed; by virtue of which, having been accredited in the respective technical-scientific study, as estimated in the previous Recital (Considerando), it must be recognized in this venue, in the sum set, i.e., for the amount of TWENTY-SEVEN THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY-SIX DOLLARS ($27,656.00), to be paid jointly and severally by the defendants, as imposed by the executed judgment. This amount is justified in the cited report on the following basis: "It is our opinion that the cost estimate must include the biotic component, which, however, cannot be charged based on a natural community, because upstream of the effluent outlet from the Dos Pinos company's treatment plant, the ecosystem already shows signs of contamination. For that reason, the estimated cost must be multiplied by a factor between 1 (natural water) and 0 (completely contaminated water); in this case, it is estimated that the factor is situated at 0.3. Therefore, to the formula used by IPS, Cost of Treatment + Social Cost + Management Cost, a fourth component B * Cost of Treatment is included, corresponding to the deterioration in the biotic phase, therefore the estimate would be Total Charge = $92,189 + 1*$92,189 + 0.3 * $92,189 + $6,307" (folio 455).

X. – Special consideration must be made regarding the social cost for the claimed environmental damage (daño ambiental), as this Court cannot admit the sum set forth in that report, because it is fixed without any methodological accreditation for its quantification, which prevents its recognition in the assessed sum, precisely due to the lack of expert analysis. However, it is true that the case file duly substantiated the damages and nuisances caused to the communities surrounding the Siquiares River –specifically Ciruelas, San Miguel, Cebadillas, and Turrúcares–, as detailed in the respective technical report: "the degradation of water quality, which is why this liquid cannot be used over a long period and through a prolonged stretch of its course for other purposes such as irrigation, livestock watering, recreation, and much less use the water as a source for human consumption" (folio 486), which, for its restoration, will take a moderately long period (three to five years). This collegiate body considers that this item should be treated similarly to moral damages (daño moral), which allows the judge to determine it according to the assessment of the circumstances surrounding the case, i.e., in re ipsa, but without being confused or identified with moral damages (daño moral) in a broad or strict sense, because it is true that this type of damage (to the environment) causes nuisances and damages to those affected; by virtue of which, having accredited the existence of these damages to the residents of the indicated communities, their due compensation cannot be left unrecognized, precisely in application of the principles of equity and justice, which, in the absence of a technical criterion, must be set at the prudential sum of FIVE MILLION COLONES (¢5,000,000.00), to be paid jointly and severally by the defendants. Regarding the last component of the environmental damage, relating to the management cost, the defendants are correct in that it must be treated as costs (costas personales y procesales); which in the appealed judgment were determined at the sum of ONE HUNDRED SEVENTY-EIGHT THOUSAND SIX HUNDRED THIRTY-FOUR COLONES AND TWENTY CÉNTIMOS; an item that was not appealed in this judgment, which is why its assessment on this occasion is not appropriate.

XI. – In accordance with the reasons given in Recital (Considerando) VIII of this judgment, it is noted that for the plaintiff associations (Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela –ACORACI– and Asociación de Amigos del Medio Ambiente del Río Siquiares y sus Nacientes de Turrúcares –ASAMARS–), the sums recognized in this ruling must be allocated SOLELY AND EXCLUSIVELY to restoration projects for the Siquiares River; for which, they will require their adaptation to technical criteria and standards, endorsed by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, the technical body of the Administration in environmental matters; a task that is also subject to the controls falling to the administrative authorities, such as the Ministry of Health itself, the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), and the Office of the Ombudsperson (Defensoría de los Habitantes), which by legal mandate have jurisdiction in this matter. In any case, it is noted that changing the destination of the funds recognized in this ruling, according to criminal law, could constitute a crime (disobedience to authority, unjust enrichment, embezzlement of funds, etc.). In accordance with the provisions of Article 79 of the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, interest is recognized on the awarded sums from the finality of this ruling until its effective payment, at the legal rate of Article 1163 of the Civil Code.

XII. – ON THE INADMISSIBILITY OF RECOGNIZING DAMAGE TO THE HEALTH OF RESIDENTS OF THE AFFECTED COMMUNITIES. – The other damages that the plaintiff associations request to be recognized do not fare the same. Indeed, regarding the damage to health, which they ask to be treated as moral damages (daño moral), for the affections that this contamination has produced in the population, it cannot be treated as such, as it involves absolutely undetermined and generic bodily affections, which at most could motivate the corresponding claim, but properly from those affected. Likewise, as the applicants themselves point out, there is no objective technical study that certifies with scientific certainty and absolute sureness a health problem or epidemic that has been unleashed in these communities on the occasion of the start-up of the Dos Pinos milk processing plant; and despite having reviewed approximately thirteen thousand five hundred clinical files from the Health Posts of the Equipo Básico de Atención Integral (EBAIS) of Ciruelas and the Clínica de San Rafael Sur, it is true that it was not possible to reliably determine that the cause of the allergies, viral respiratory infections, mild asthma attacks, intestinal parasitosis, migraines, and severe diarrhea episodes that intensified from January to June 2001, finds its sole origin in the contamination of the Siquiares River. What was obtained was a list of diseases "that could be related to adverse environmental factors, such as the water quality of the Siquiares River," but that can also be caused by "a series of anthropogenic activities such as urban development and mainly industrialization of the surrounding area," as the applicants themselves indicated.

XIII. – ON THE COMPENSATORY MEASURES REQUESTED. – Finally, the plaintiffs request a series of compensatory measures for the environmental damage (daño ambiental) caused by the defendants' conduct; however, for the most part, they are clearly inadmissible, as they exceed the content recognized in the ruling of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) being executed. In this regard, it must be noted that even though the contamination caused by the operation of the Dos Pinos milk processing plant was duly reasoned and supported, it cannot be intended that this company must pay for and restore all the environmental damage and contamination that various agents have caused to the Siquiares River, first, it is reiterated, because they do not derive from the judgment being executed, and second, because in application of the constitutional environmental principle stated as "polluter pays," it is up to those other contaminating agents to repair it. By virtue of the foregoing, it is not possible to recognize as part of this execution items for the financing of the plaintiff associations, imposing the construction of works for capturing and piping springs (nacientes) and septic tanks, as they are motivated by the contamination caused to the river by the housing developments located upstream of the Dos Pinos plant, actions and money for the protection of the river's springs (nacientes), catchment at La Pradera to prevent shortages during the dry season, sponsorship of a campaign to reforest the river's boundaries, and the stocking of fish in the river. It is noted that the request to publish this judgment in a nationally circulated newspaper constitutes an additional sanction, which, in accordance with the principle of legality (tipicidad) governing sanctions –Article 39 of the Constitution–, must be duly established beforehand in a formal and material law, a situation that does not occur in this case. Notwithstanding the foregoing, in application of the constitutional environmental principle governing compensation for environmental damage (daño ambiental), which requires that in this type of damage, in-kind restoration (restauración in natura) must be sought first of all –the ultimate purpose of compensation in this type of damage–, it is that, being duly motivated in the respective technical study, the Cooperativa Productora de Leche Dos Pinos, R.L. must be ordered to adapt its operation to the environmental parameters established in the regulations and to perform an artificial cleaning of the riverbeds near the outlet of that company's treatment plant and up to one kilometer downstream once per year for three consecutive years. Likewise, it is pertinent to remind the Ministry of Health of its obligation to exercise control over the industrial activity carried out by the co-defendant, so it must –at least– perform four water quality monitoring checks per year (one in the rainy season, one in the dry season, one in each transition period)."

Second Judicial Circuit of San José, Goicoechea, at eleven hours forty minutes on the twenty-second of September of two thousand six.

Execution of judgment proceeding processed in the Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, brought by JULIE ROOS AYUB, identity card number 1-600-955, resident of Ciruelas, in her personal capacity and as President of the ASOCIACIÓN CONSERVACIONISTA DE LOS RÍOS Y EL AMBIENTE DE CIRUELAS DE ALAJUELA (ACORACI), legal ID 3-002-298374, and JOSÉ LUIS MADRIGAL MOYA, pensioner, ID 1-233-345, resident of Turrúcares de Alajuela, in his personal capacity and as President of the ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE DEL RÍO SIQUIARES Y SUS NACIENTES DE TURRÚCARES (ASAMARS), against COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE R.L. (DOS PINOS), represented by Jorge Pattoni Saenz, mechanical engineer, ID 1-398-416, resident of San José, and against the ESTADO, represented by the Procurador Administrativo Iván Vincenti Rojas, attorney, ID 1-695-983, resident of Curridabat, all of legal age and married.

WHEREAS:

1.- The judgment of the Sala Constitucional number 2001-01882, of nine hours twenty-four minutes on the ninth of March of two thousand one, is being executed, which ordered: "The appeal is granted. The Cooperativa de Productores de Leche R.L. and the State are jointly and severally ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in execution of judgment before the contentious-administrative jurisdiction."

2.- In execution of that ruling, the following is sought: "1) That this execution of judgment be granted in its entirety, based on the resolution of the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia, of 9:24 hours on March 9, two thousand one, number 2001-01882, which granted said Appeal and jointly and severally ordered the Cooperativa de Productores de Leche R.L Dos Pinos and the State to pay both costs, and to pay the damages and losses caused. 2) That the judgment declare that both the Cooperativa de Productores de Leche R.L. Dos Pinos and the State are obligated to pay us, for damages and losses, the sum of FOUR HUNDRED TEN THOUSAND DOLLARS or its equivalent in national currency at the official exchange rate. That it be ordered that the sums of money to which the defendants are ordered be indexed, such that the sums they acknowledge be equivalent to the value of the Costa Rican currency at the time the judgment is issued. 3) Additionally, that for costs arising from the Amparo Appeal, the sum of 90,000.00 (NINETY THOUSAND COLONES) must be paid. 4) That both the Cooperativa de Productores de Leche R.L. Dos Pinos and the State be ordered to pay both costs of this execution of judgment. 5) That both the Cooperativa de Productores de Leche R.L. Dos Pinos and the State be ordered to pay the amounts for community management (gestión comunal), which are expenses incurred by the inhabitants of the affected communities to access administrative and judicial bodies in defense of the health of the community inhabitants and the environment, due to the contamination suffered by the Río Siquiares. 6) That we request that the amounts to which both Dos Pinos and the State are ordered be used for environmental projects that benefit the affected communities. For these purposes, I take the liberty of presenting and detailing the various projects for which we request these funds be used, and we also request the Court to order that these amounts be managed in a special account, duly monitored by the Court itself, granting the administration of said funds to the environmental associations we represent under the supervision of the Court or another environmental body or organization designated by the Court, to prevent said funds from going to other non-environmental organizations or to the Caja Única del Estado, which is precisely a co-participant in the environmental and health damage caused to the communities of Siquiares, Ciruelas, and Turrúcares, among others, and thereby guarantee that the funds recovered for these items be used in projects aimed at improving the health and environment of the affected communities: COMPENSATION TO THE COMMUNITIES OF CIRUELAS AND TURRUCARES BY THE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS AND THE STATE FOR THE EVIDENT CONTAMINATION OF THE RIO SIQUIARES, FOR THE ECOLOGICAL DISASTER CAUSED TO THE AREA, AND FOR THE PHYSICAL, SOCIAL, AND MATERIAL DAMAGE CAUSED TO THE POPULATION. Given the similarity between the expert report presented by IPS and the one contracted by the community, regarding the different types of impact caused by the contamination of the Río Siquiares in Ciruelas and Turrucares, the following compensation plan for said communities by the company Dos Pinos and the State is submitted for the court's consideration. 1. COMPENSATION FOR THE CONTAMINATION A.- The company Dos Pinos shall comply for life with all necessary requirements to stabilize and optimally operate its treatment plant, as is and has been its obligation to the environment and surrounding communities since it began production, so that its discharge waters, instead of contaminating, aid the natural purification that the Río Siquiares undergoes, as demonstrated by the biological tests described in the expert report contracted by the community. B. So that the conservationist associations of Ciruelas and Turrúcares can be assured of the company's environmental compliance, the company shall allocate a monthly item for five years so that each of these associations can carry out its oversight and reporting function. C. The company Dos Pinos shall pay the community management (Gestión Comunal) expenses, expenses that the community should never have had to incur. 1. COMPENSATION FOR THE BIOLOGICAL DAMAGE TO THE RIVER AND ITS SURROUNDINGS A. The cooperative shall sponsor a community reforestation campaign along the riverbanks from (the airstrip to Turrúcares, through the acquisition of native trees of the area, which, as motivation and promotion for the company, shall be planted by the residents and children of the community themselves, who in turn shall be responsible for their development. B. The company shall sponsor for five years, once a year, a deep-cleaning campaign for non-traditional garbage along the entire river, from the airstrip to Turrúcares (includes personnel and vehicles). C. Sowing of native fish of this area. D. Conduct a study to find the best way to capture the spring (naciente) of the Río Siquiares, carry out said capture, and pipe the river to the industrial zone, to avoid contamination of the river with fecal matter from the residential developments (urbanizaciones) built around the river, and thereby obtain perfect control of the contamination that the industrial zone could cause to the Río Siquiares, and contribute to the health of the inhabitants of this entire area. 2. COMPENSATION FOR THE SOCIAL, PHYSICAL (to health), MATERIAL, AND MORAL DAMAGE TO THE POPULATION OF CIRUELAS A. Dos Pinos shall pay, on a one-time basis, a private company chosen by the conservationist association to conduct a study of the black water going to the river to determine strategic points and solutions. B. Dos Pinos shall provide all materials and labor necessary for the construction of at least four community septic tanks to capture black and domestic water in places where, due to social conditions, its capture is difficult and it is directed to the river. The conservationist association of Ciruelas shall be responsible for seeking permits with the owners of the properties where these tanks would be built. 3. COMPENSATION FOR THE SOCIAL, PHYSICAL, MATERIAL, AND MORAL DAMAGE TO THE POPULATION OF TURRÚCARES A. The company Dos Pinos shall collaborate, as it had agreed with the Municipality in 1998, with the protection of the first two springs (nacientes), which are those found at river level (Siquiares and Turrúcares centro). It shall assume the costs of a proper study by a hydrologist to determine the most suitable method for doing so, and shall provide all materials and labor necessary for the construction. B. Dos Pinos shall provide all materials for a new water capture in La Pradera, which is located far from the Río Siquiares, preventing the old springs (nacientes) from flooding due to a possible increase in the river's flow as a result of receiving the company's wastewater, or alternatively, it shall drill a well in Turrúcares Centro that supplies potable water to the community during the dry season. 3. OTHER FORMS OF COMPENSATION A. The compensation approved by the courts must be published in La Nación, La República, and El Extra, so that in this way, the justice applied serves as an example to all companies that henceforth attempt to damage our resources, disturbing the peace of the populations and endangering the health of the communities, and thus sets a precedent. B. In order to ensure compliance and the proper development of the works, for the well-being of all, we propose that the NGO Asociación Justicia para la Naturaleza take charge of monitoring in the area, visiting the works as many times as necessary and arranging directly with the company its fees for this function. Members of the conservationist associations of Ciruelas and Turrúcares shall regularly attend this inspection, and members of MINAE, the Municipality, and the Ministry of Health shall be convened, if necessary, to attend the inspection. FOR THE STATE THROUGH THE MINISTRY OF HEALTH: A. To expedite all procedures and permits necessary for the proper development of all the projects we propose and that are approved by the Courts. B. That the Ministry of Health protect the spring (naciente) of the Río Siquiares from all contamination, which currently, and also due to this Ministry's negligence for lack of enforcement and control, is being contaminated by residential developments (urbanizaciones) that do not have treatment plants. C. That the Ministry of Health present to the conservationist associations of Ciruelas and Turrúcares, every two months, a report on the operation of the company Dos Pinos. "

3.- The representation of the Cooperativa de Productores de Leche, R.L (Dos Pinos) answers the complaint, raising the exceptions of lack of standing of the executing associations, payment, what it termed lack of formality and of right, statute of limitations on the principal and interest, res judicata, the generic sine actione agit, and lack of jurisdiction, so that the execution be rejected in its entirety and the plaintiff be ordered to pay the procedural and personal costs for reckless conduct. For its part, the State's representation also opposes the execution, alleging the exceptions of lack of active and passive standing to sue (legitimación ad causam activa y pasiva), lack of right, and lack of current interest, so that the liquidations presented be rejected, the State be absolved from paying the costs of the execution, and the petitioner be ordered to pay both costs.

4.- Licenciado Luis Guillermo Ruiz Bravo, Judge of the indicated Court, in judgment number 807-04 of ten hours on the sixth of July of two thousand four, ordered: "THEREFORE: For all the foregoing and legal citations indicated, the exceptions of statute of limitations on the principal and interest, the exception of lack of right and current interest, and the generic sine actione agit, payment, and res judicata are rejected. The exceptions called lack of formality and of right in the payment to the environment and lack of jurisdiction pertaining to the claims of the executing parties are granted. The exception of lack of standing and capacity of the Asociaciones Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela (ACORACE) and Amigos del medio ambiente del río Siquiares y sus Nacientes de Turrucares (ASAMARS) is granted. The present execution of judgment is partially granted; consequently, the State and the Cooperativa de Productores de Leche R.L. are jointly and severally ordered to pay, in favor of the executing party Julie Roos Ayub, the sum of one hundred seventy-eight thousand six hundred thirty-four colones and twenty céntimos for procedural and personal costs of the amparo appeal, plus the interest that such item generates from the finality of this resolution until its effective payment. The procedural and personal costs of this execution are the responsibility of the defendants."

5.- Dissatisfied with the decision, the plaintiffs appealed, an appeal that was admitted, and by virtue of which this Court hears the case on appeal.

6.- That the prescribed formalities have been observed in the proceedings, and no grounds for nullity that invalidate the actions taken or must be corrected are noted. This judgment is issued following the prescribed deliberations, and,

Drafted by Judge Fernández Brenes, and,

CONSIDERING:

I.- OF THE PROVEN FACTS.- For greater clarity, this Court allows itself to reformulate the list of proven facts, to have them as follows: 1).- That within the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) study evaluation process, the Comisión Plenaria of the Secretaría Técnica Ambiental, in session number 053-99, held on December 21, 1999, Article 4, set a guarantee amount for the project Planta Procesadora de Leche Cruda El Coyol-Dos Pinos of one hundred twenty-eight thousand four hundred thirty US dollars ($128,430.00) or its equivalent to the national currency exchange rate, to be deposited in the environmental guarantee custody account number 297-MINAE-FONDO NACIONAL AMBIENTAL (SETENA), at the Banco Nacional de Costa Rica, which was deposited by the company on May 19, 2000 (folios 594 to 598); 2).- That the Planta Procesadora de Leche Cruda El Coyol-Dos Pinos began operating in October 2000 (judgment 2001-1882 of the Sala Constitucional, which is being executed, folio 1010); 3).- That on November 29, 2000, Julie Roos Ayub, Carlos Luis Quesada Altamirano, Abel Víquez Fuentes, and José Luis Madrigal Moya filed an amparo appeal against the Ministry of Health and the company Cooperativa de Productores de Leche, R.L. (Dos Pinos) before the Sala Constitucional, for the contamination of the waters of the Río Siquiares affecting the communities of Turrúcares, Cebadilla, San Miguel, and Siquiares, which was processed under case file number 00-010098-0007-CO (folios 17 to 20); 3).- That through judgment number 2001-01882, of 09:24 hours on March 9, 2001, the Sala Constitucional resolved that appeal, ordering "The appeal is granted. The Cooperativa de Productores de Leche R.L. and the State are jointly and severally ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in execution of judgment before the contentious-administrative jurisdiction" (enforcement order from folio 996 to 1025, as well as certified copy of the complete file from folio 17 to 452); 4).- That in December 2001, Julie Roos Ayub filed an administrative complaint for environmental damage (daño ambiental) before the Tribunal Ambiental Administrativo, which was processed under case file number 171-00-TAA (folios 682 and 1141); 5).- That in March 2001, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) in collaboration with IPS conducted an economic valuation of the environmental damage caused by the project of the Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, in El Coyol de Alajuela, which was supplemented by a report from April of that same year, in which, using the treatment cost methodology, the following assessment of the environmental damages is made: treatment costs: $92,189, social cost: $92,189, biotic cost of the damage: $27,653.7, and management cost: $6,307, for a grand total of $218,341.7 (folios 453 to 504 and 1041 to 1088); 6).- That the complaint processed under case file 171-00-TAA was resolved by the Tribunal Ambiental Administrativo in resolution 369-01-TAA, of 8:00 hours on June 4, 2001, in which it declared the Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. and Mr. Jorge Julio Pattoni Saenz jointly and severally liable for environmental damage for the contamination of the Río Siquiares, ordering, among other damage mitigation measures, the payment of ninety-two thousand one hundred eighty-nine dollars, which at the selling exchange rate is the sum of thirty million one hundred twenty-three thousand six hundred sixty-seven colones as compensation, according to the economic valuation of the damage performed by SETENA and IPS, and imposed the following environmental mitigation measures: to submit to SETENA and the Ministry of Health for their approval, a program to suction the accumulated sediments and larvae derived from the contamination in the contaminated riverbed and an environmental management plan that addresses the comprehensive management of solid and liquid waste (folios 1141 to 1154 and certification from folio 1219 to 1238); 7).- That on October 2, 2001, the Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. deposited in favor of MINAE, via check 99273-4 dated October 1, 2001, the compensatory sum set by resolution 369-01-TAA, issuing the government payment receipt number 392084 D for the exact sum of thirty million one hundred twenty-three thousand six hundred sixty-seven colones (certification from folio 1163 to 1166 and from 1236 to 1238); 8).- That the contamination of the Río Siquiares caused by the operation of the Procesadora de Leche Cruda El Coyol-Dos Pinos caused damages and nuisances in the communities of Turrúcares, Siquiares, San Miguel, and Cebadillas, consisting of bad odors emanating from the river, loss of potential uses, harm to economic and recreational activities, increase in pests (mosquitoes and flies) (cost estimation report for socio-economic environmental damages, visible at folios 453 to 504); 9).- That the executing parties provide one hundred eleven original documents including invoices, receipts, pay stubs, and vouchers, as part of the expenses incurred in this litigation and its background (folios 526 to 569); 10).- That at the time the amparo appeal was filed and decided, the executing associations were not formed (the court records).

II.- OF THE APPELLANTS' GRIEVANCES.- The plaintiffs appeal judgment number 807-04 of ten hours on the sixth of July of two thousand four, because they do not share the lower court's position regarding the granting of the alleged lack of active standing to sue (legitimación ad causam activa), which renders most of the claimed items inappropriate, since the amparo appeal was filed to seek the protection of the environmental right granted by Article 50 of the Constitución Política, deemed infringed by the actions of the defendants (contamination of the Río Siquiares) to the detriment of the communities of Ciruelas, Turrúcares, San Miguel, and Cebadillas; so that at no time, despite the fact that the appeal was signed by four people, was it brought in a personal capacity, but rather on behalf of the indicated communities, and they were always supported by de facto groups that shared their position, hence also, that when formulating the petition, it referred to community projects and not for the personal benefit of the plaintiffs. Note that the Sala Constitucional itself established: "... In the Court's judgment, from the described situation it is verified that during the indicated period the alleged contamination occurred, which constituted an infringement of the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the residents of the affected communities, which obliges the amparo to be granted..."; so the judgment was favorable for the entire community, not just for Julie Roos and the other complainants. By virtue of the foregoing, they consider that if they filed the amparo appeal, logically they are the ones who have the capacity to file the execution proceedings. They argue that the spirit of Article 50 of the Constitution goes beyond simple procedural concepts and allows or expands the possibility that the execution for environmental damages caused can be liquidated on behalf of the community, due to the nature of the diffuse interests (intereses difusos) governing the matter. Limiting standing contradicts what is enshrined in that constitutional norm, reasons for which they request that the appealed decision be revoked and the denied aspects be recognized, including the claimed moral damage.

III.- POSITION OF THE STATE'S REPRESENTATION.- The State representative requests that the appealed judgment be confirmed, adopts its reasoning, and indicates that in the current state of legal evolution, what is requested cannot be granted under penalty of violating not only the value of res judicata, but also the very foundations on which active standing rests, which is required in any jurisdictional process; in addition, what is sought has no normative basis, making the partial dismissal of the complaint obligatory, in the terms and scope as resolved by the lower court.

IV.- PRELIMINARY ASSESSMENTS FOR THE EXECUTION OF JUDGMENT BEING HEARD.- It is noted that in this type of proceeding, the conduct of the Administration –specifically the Ministry of Health– or of the co-defendant company –Cooperativa de Productores de Leche, R.L. (Dos Pinos)– cannot be questioned or assessed, since it was by virtue of the review our Constitutional Court made of it, that it was determined to be contrary to Constitutional Law, by directly violating the right to a healthy and ecologically balanced environment, in the terms provided in Article 50 of the Constitution, due to an omissive conduct, regarding the former, for having failed to carry out the control and oversight duties imposed by the legal system to effectuate that environmental protection, and due to an active contaminating conduct by the latter, for discharging waste directly into the river, without conforming to the environmental parameters defined in the legal system (Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo number 26.042-S-MINAE). Therefore, in this proceeding, only the existence of the damages caused to the environment by that conduct (assessed by the Sala Constitucional), the economic quantification of those damages, and the party with standing to sue in this venue and to receive that payment will be determined. Now, it is noted that, even though the events assessed by the Sala Constitucional occurred from the start of operations of the Dos Pinos processing plant in El Coyol de Alajuela in October of two thousand, and it is in February of two thousand one that said Court issued its judgment granting the amparo appeal filed, it is not possible to consider that the damages –whose existence and liquidation are sought to be determined in this execution proceeding– must be limited to that four-month period, as the State's representation argues, since the truth is that there was a contaminating action with continued effects on the environment, which, as the technical studies provided to the file indicate, requires appropriate technical actions and an extended period to reverse the contamination caused to the Río Siquiares, that is, to restore it to the situation prior to the impact suffered.

V.- OF THE STANDING OF THE APPELLANTS TO BRING THIS EXECUTION OF JUDGMENT.- It is true that with the reform of Article 50 of the Constitution, through law number 7412, of June third, nineteen ninety-four, not only was the content of the right to a healthy and ecologically balanced environment expressly recognized for all persons, but also that, regarding the proper protection of this right, an extremely broad standing (directa o difusa) was established that allows any individual to file the corresponding actions before administrative or jurisdictional bodies to claim the protection of this right, given the special nature of the good in question –the environment–, which transcends the private sphere of the interested parties and merges with that of the nation's community, insofar as its ownership rests with the very holders of sovereignty, that is, with each and every one of the inhabitants of the Republic, for which reason constitutional jurisprudence has indicated that it is a genuine interest that concerns the national community (in this regard, judgments number 2002-9703, 2003-3656, and 2003-6323 may be consulted). It was precisely in exercise of that standing that Julie Roos Ayub, Luis Quesada Altamirano, Abel Víquez Fuentes, and José Luis Madrigal Moya filed an amparo appeal before the Sala Constitucional, an issue on which there is no discussion; as there indeed is regarding the standing of the plaintiff associations to bring this execution of judgment, as well as to receive payment of the alleged compensation for environmental damage. Regarding the first point, this Court considers that the lower court was not correct in having admitted the exception of lack of standing to sue (legitimación ad causam) with respect to the plaintiff associations, by virtue of which, the claim made on this occasion is limited to an eminently personal damage of their representatives, who had indeed filed that amparo appeal. The lower court judge did not consider that even though that amparo appeal was filed by four people in their personal capacity, it is true that they did so representing the interests of the communities of Siquiares, Cebadilla, Turrúcares, and San Miguel, for which they alleged the harmful effects that the operation of the Cooperativa Dos Pinos milk processing plant caused to the environment (impossibility of using the water for irrigation and livestock watering, for recreational purposes, bad odors, alteration of the natural conditions of the river water); a situation that the High Constitutional Court did understand, since it found an infringement of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment with respect to "all the residents of the affected communities." By virtue of which, the plaintiffs must be considered duly legitimized to bring this execution of judgment, as they act representing the interests of the communities affected by the contamination in question, precisely for the right that was declared in their favor in judgment 2001-1882 of the Sala Constitucional. Likewise, and for the same reasons indicated, the objections made regarding the participation in this process of two non-profit associations, formed and represented precisely by two of the very appellants of that amparo, are also not admissible, despite the fact that they were created after that constitutional ruling. Indeed, it must be considered that, since the plaintiffs and the interests at stake are the same, it can be considered that there was a subsumption of the representation that the managers of the amparo were exercising into these two associations created specifically to dedicate themselves to the protection of the environment of the communities of Ciruelas, Siquiares, and Turrúcares.

VI.- OF THE STANDING OF THE APPELLANTS TO RECEIVE THE CLAIMED COMPENSATION.- On this point, it must be noted that, even though the standing to claim for environmental damage is truly broad –in the terms established in the cited numeral 50 of the Carta Fundamental–, it is true that an indiscriminate extension of the entitlement to receive payment of the corresponding compensation arising from the claim for environmental damage is not permissible, especially if the special nature of the good in question is considered, given that the environment behaves as a collective good, whence, in principle, it is not possible for an individual or a private law entity to claim compensation or reparation for a damage of which it is not the owner. For this reason, the representation of the co-defendant company alleged as an exception in this proceeding the plaintiffs' lack of jurisdiction to receive the payment, as only the Tribunal Ambiental Administrativo is responsible for the collection of environmental damage, and the Ministry of Health for health damage. This Court does not share this thesis, since in environmental matters two differentiated types of damages occur: direct damages, on which there is no discussion, as they are susceptible to individualization, constituting direct damages to the victim, translating into bodily harm, patrimonial losses, or moral interests, in the terms expressly provided in Article 41 of the Constitución Política; so that it will be the owner of the injured patrimony, or he who suffered the damage in his personal sphere or in his legally protected interests, who can seek the corresponding compensation; and indirect damages, which international doctrine and national constitutional jurisprudence have classified as collective, that is, concerning the community as a whole. It is on this last type of damage that this execution is based, and not as the Procuraduría intends, which classifies and limits it to the first type of environmental damage, as indicated in the preceding Considering; on which doctrine (DE MIGUEL PERALES, Carlos, La responsabilidad civil por daños al medio ambiente. Editorial Civitas, S.A. First reprint. Madrid. Spain. 1994. pp. 285 a 332, and MORENO TRUJILLO, Eulalia. La protección jurídico-privada del medio ambiente y la responsabilidad por su deterioro. J.M. Bosch Editor, S.A. Barcelona. Spain. 1991. pp.

286 and 287) as a consequence of North American law, has developed a new concept that allows standing for this recovery to be recognized: the "class actions," which emerges as a procedural mechanism defined as the action brought by the plaintiff not aimed solely at safeguarding his own interest, but equally that of those in the same situation as him, thus allowing one actor to act on behalf of other individual claims similar to his own; without it being confused with either the popular action or joinder of parties. Thus, the existence of a legally organized organization—association or corporate entity—for environmental protection is not even necessary; rather, the mere de facto category of an individualized or individualizable class suffices, based on any distinguishing criterion which, in our case, is the damage to the environment, a situation that precisely occurs in this case, in which some neighbors assume the representation of the community's interests regarding, first, the determination of an unlawful act for environmental damage (daño ambiental), and now, to obtain its due compensation. By virtue of this, it is deemed that the plaintiff associations (Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente Ciruelas de Alajuela (ACORACI), and Asociación de Amigos del Medio Ambiente del Río Siquiares y sus Nacientes de Turrúcares (ASAMARS)) are duly legitimized to receive the compensation claimed for the environmental damage determined by the Sala Constitucional in judgment number 2001-1882.

VII.- ON THE PROOF OF DAMAGES FROM ENVIRONMENTAL CONTAMINATION.- Having determined the standing held by the executing associations to claim the compensation for environmental damage caused by the start-up of the milk processing plant of the Cooperativa de Productores de Leche, R.L. Dos Pinos in Coyol de Alajuela, it is necessary to note that, as this is a technical matter, this Court will rely on the studies provided by the plaintiffs, insofar as they were prepared by the technical body of the Administration in the matter (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) –in accordance with the provisions of articles 83 and 84 of the Ley Orgánica del Ambiente– and by competent professionals in the field, which were neither challenged nor refuted by the defendants, thereby fulfilling the constitutional environmental principle of the objectivization of environmental protection (tutela ambiental), which requires that decisions in this matter be duly grounded in science and technique (as derived from administrative discretion, articles 16 and 160 of the Ley General de la Administración Pública). It is thus, in accordance with the economic environmental valuation of the visible environmental damage (daño ambiental) at folios 1041 to 1087, expanded by the study visible at folios 453 to 504), using the treatment cost methodology, which comprises the following variables of damage to the environment: a) the cost of treatment, which does not—strictly speaking—assess the environmental damage that the contamination has produced, but rather establishes an approximation of the value of the damage based on the cost of having applied the pertinent measures so that the source of the damage would not have occurred, making it the minimum applicable value (technical study of the economic valuation of the environmental damage caused, folios 1041 to 1053), which was set at ninety-two thousand one hundred eighty-nine United States dollars ($92,189.00); b) the biotic cost of the damage, which addresses the life component and all its sub-components, that is,

"the quality of the environment, the possibilities that the environment meets the needs for the organisms that inhabit it to develop healthily, and the balance that must naturally exist between the physical and chemical aspects within normal ranges, for each particular situation. In the case of environmental contamination processes, all those sub-components are altered, giving way to the degradation of the abiotic phase of the ecosystems, giving way to the degradation of the abiotic phase of the ecosystems and altering the natural balance: this is the case of the spillage of discharges from the Dos Pinos treatment plant which has caused a rupture in the balance of the Siquiares River" (Expansion of the Final Report, folio 454).

In the case of the Siquiares River, based on the biochemical tests provided in the case file and reflected in the technical studies, it was determined that at the station located at the effluent outlet of the Dos Pinos milk processing plant, approximately fifty meters downstream, in addition to the contamination carried by the water from the upstream stations, the discharges from this industry are added, which present the following characteristics –according to a field visit made on April tenth, two thousand one–:

"It has been affected by the increase of total solids, total suspended solids, dissolved solids, and settleable solids, organic matter in general, and slightly by the load of fats and oils discharged from the treatment plant, which has caused an increase in the BOD5 and COD rate and, therefore, also in the deoxygenation of the water. The existence of fats in the waters generates problems in their surfactant power that prevent oxygen uptake or generate an enveloping film of biological flocs, preventing their respiration and lightening them so they enter into flotation."

The foregoing translates into the loss of oxygen in the water, that is, the respiratory processes of aquatic organisms are impeded, because they saturate the gills of fish, insects, and others, causing their death by asphyxiation; which prevents any type of life in the riverbed and in those waters. This damage (to the biotic component) was valued at twenty-seven thousand six hundred fifty-six dollars ($27,656.00); c) the social cost of the damage caused, which are the damages suffered by the community as a result of the contamination under study, due to the bad odors from the river –owing to the drag of organic material and its sedimentation, generating organic sludge in an anaerobic decomposition process–, the loss of the potential uses of the river (for agricultural, livestock, recreational, and leisure use), and the growth of some pests (especially mosquitoes and flies), valued at ninety-two thousand one hundred eighty-nine United States dollars ($92,189.00); and d) the management cost, which includes all the expenses that the plaintiffs incurred, both for filing the amparo remedy (recurso de amparo) and also for this execution, which, as the defendants point out, comprise the costs of the proceeding (personal and procedural), assessed at six thousand three hundred seven United States dollars ($6,307.00). In which manner, compliance is given to the requirement set forth in article 693 of the Código Procesal Civil, which requires that, in execution proceedings, when a party has been condemned in the abstract to pay damages and losses (daños y perjuicios), the prevailing party bears the burden of proof of demonstrating those damages and losses that were caused by the unlawful act of the losing party, as well as the corresponding specific and detailed settlement. By virtue of this, the defense raised by the defendant Cooperative, in the sense of considering a lack of formality and of right because the plaintiffs failed to prove the damages caused by the operation of its milk processing plant, cannot be upheld; it is reiterated, these are supported by the respective technical studies, without having been discredited by the defendants.

VIII.- ON THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES GOVERNING COMPENSATION FOR ENVIRONMENTAL DAMAGE (INDEMNIZACIÓN POR DAÑO AMBIENTAL). Prior to evaluating the amounts requested as compensation for environmental damage to the detriment of the residents of the affected communities, it is necessary to recall that the entire scheme of patrimonial liability is aimed at repairing the damages suffered, under the terms provided in article 41 of the Constitution, which establishes the general mechanism for reparation, precisely to remedy any damage "... received to one's person, property, or moral interests." This reparation takes on special relevance in environmental matters, because, in light of the type of good at issue, it being a good of evident collective interest, and due to the significant consequences that may be caused in the various ecological systems, the restoration of the environment to the state it was in prior to the damage caused must be sought as a priority, to reverse those negative effects on the various environmental components, which comprises the so-called in-kind compensation (indemnización in natura), consisting of compensatory or preventive measures that nuance that essentially reparative nature of the compensation; and additionally, where applicable, the patrimonial (monetary) compensation (indemnización patrimonial), without one excluding the other, nor being subsidiary. In any case, it is important to note that the monies granted as compensation for environmental damage must be used exclusively to palliate the injury that motivates it, which is based on the recognition of the right to a healthy and ecologically balanced environment, which will not happen if the plaintiffs can dispose of those funds as they please, without immediately applying them to the mitigation of the adjudged environmental injury; because allowing their allocation to other causes or purposes would distort the figure of compensation (In the same vein, see judgment number 392-2006, of fourteen hours forty minutes on August thirty-first, two thousand six, of the Second Section of this Court).

IX.- ON THE DAMAGES AWARDED.- Now then, regarding the first component of the compensation recognized (that relating to the cost of treatment for the damage), it is true that the same was paid in the administrative venue by the polluting company – Cooperativa de Productores de Leche, R.L. (Dos Pinos)– on October second, two thousand one, on the occasion of the complaint filed in that venue before the Tribunal Ambiental Administrativo by Julie Roos Ayub, for the same facts known here, which in resolution number 369-01-TAA, of eight hours on June fourth, two thousand one, imposed on it the payment of the sum established in the economic valuation carried out by SETENA and IPS for that concept, that is, ninety-two thousand one hundred eighty-nine United States dollars ($92,189.00) at the exchange rate of that moment, which totaled the amount of THIRTY MILLION ONE HUNDRED TWENTY-THREE THOUSAND SIX HUNDRED SEVENTY-SEVEN COLONES (¢ 30,123,677.00). Regarding this payment, two observations must be made: first, that as indicated in the technical study that performed the economic valuation for this environmental damage (daño ambiental), this component is "a minimum," which the active polluting agent is obliged to pay, in that its calculation is made based on the costs that this industry should have incurred to adapt its operations to the environmental parameters and standards, that is, the cost of wastewater treatment, where the calculation basis was determined by the level of contamination entering the system and the level of contamination discharged to the river. However, as the referenced technical studies pointed out, this is not the only component for quantifying this compensation, which means that the defense of payment raised by the co-defendant company must be partially accepted, on the grounds that it did not pay the entirety of the damage caused. It is thus of interest to note that on that occasion –in the administrative venue– the recommendation to recognize an item for damage to the environment for the biotic cost was not heeded; by virtue of which, having been accredited in the respective technical-scientific study, as was considered in the preceding Considerando, it corresponds to be recognized in this venue, in the amount fixed, that is, for the sum of TWENTY-SEVEN THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY-SIX DOLLARS ($27,656.00), to be paid jointly and severally by the defendants, as imposed by the executed judgment. This amount is justified in the cited report on the following basis:

"It is our opinion that the cost estimate should include the biotic component, which, however, cannot be charged based on a natural community, because upstream of the effluent outlet of the Dos Pinos company's treatment plant, the ecosystem already shows signs of contamination. For this reason, the estimated cost must be multiplied by a factor between 1 (natural water) and 0 (totally contaminated water); in this case, it is estimated that the factor stands at 0.3. Therefore, to the formula used by IPS,

Treatment Cost+a Social Cost+Management Cost

a fourth component B *Treatment Cost is added, corresponding to the deterioration in the biotic phase, therefore the estimate would be

Total Charge=$92,189 + 1*$92,189 + 0.3 * $92,189 + 6,307" (folio 455).

X.- Special consideration must be made regarding the social cost for the environmental damage (daño ambiental) claimed, as this Court cannot admit the amount set forth in that report, because it was fixed without any methodological accreditation for its quantification, which prevents its recognition in the amount assessed, precisely due to the lack of expert analysis. However, it is true that the case file duly supported the damages and nuisances caused to the communities surrounding the Siquiares River –specifically Ciruelas, San Miguel, Cebadillas, and Turrúcares–, as detailed in the respective technical report: "the degradation of the water quality, which is the reason why this liquid cannot be used for a long period and along an extended stretch of its course for other purposes such as irrigation, watering holes for livestock, recreation, and much less used as a source for human consumption" (folio 486), which will take a moderately long period (three to five years) to recover. This collegiate body considers that this item should be treated in a manner similar to moral damages (daño moral), which allows the adjudicator to determine them according to the assessment of the circumstances surrounding the case, that is, in re ipsa, but without being confused or identified with moral damage in the broad or strict sense, because it is true that this type of damage (to the environment) causes nuisances and damages to the affected parties; by virtue of which, having accredited the existence of those damages to the residents of the indicated communities, their due compensation cannot be left unrecognized, precisely in application of the principles of equity and justice, which, in the absence of a technical criterion, must be fixed in the equitable sum of FIVE MILLION COLONES (¢5,000,000.00), to be paid jointly and severally by the defendants. As for the last component of the environmental damage, that relating to the management cost, the defendants are correct in the sense that it should be treated as costs (personal and procedural); which in the appealed judgment were determined in the sum of ONE HUNDRED SEVENTY-EIGHT THOUSAND SIX HUNDRED THIRTY-FOUR COLONES WITH TWENTY CÉNTIMOS; an item that was not appealed in this judgment, for which reason its valuation is not appropriate on this occasion.

XI.- In accordance with the reasons given in Considerando VIII.- of this judgment, it is noted that the plaintiff associations (Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela –ACORACI– and Asociación de Amigos del Medio Ambiente del Río Siquiares y sus Nacientes de Turrúcares –ASAMARS–) must allocate the sums granted in this ruling SOLELY AND EXCLUSIVELY to restoration projects for the Siquiares River; for which, they will require the adaptation of the same to technical criteria and standards, endorsed by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, the technical body of the Administration in environmental matters; a task that is also subject to the controls incumbent upon the administrative authorities, such as the Ministerio de Salud itself, the Ministerio de Ambiente y Energía, the Procuraduría General de la República, and the Defensoría de los Habitantes, which by legal mandate have competence in this matter. In any case, it is noted that the change of destination of the monies recognized in this ruling, in accordance with criminal law, could constitute a crime (disobedience to authority, unjust enrichment, misappropriation of funds, etc.). In accordance with the provisions of article 79 of the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, interest is recognized on the sums granted from the finality of this ruling and until the date of effective payment, in accordance with the legal rate of article 1163 of the Código Civil.

XII.- ON THE INADMISSIBILITY OF RECOGNIZING DAMAGE TO THE HEALTH OF THE RESIDENTS OF THE AFFECTED COMMUNITIES.- The other damages that the plaintiff associations seek to have recognized do not fare the same. Indeed, regarding the damage to health, which they request be treated as moral damages (daño moral), for the affections that this contamination has produced in the population, it cannot be treated as such, as they are absolutely indeterminate and generic bodily affections, which at most could give rise to the corresponding claim, but properly from the affected persons themselves. Likewise, as the petitioners themselves point out, there is no technical-objective study that proves with certainty and absolute reliability a health problem or epidemic that was triggered in these communities by the start-up of the Dos Pinos milk processing plant; given that despite having reviewed approximately thirteen thousand five hundred clinical files from the Equipo Básico de Atención Integral (EBAIS) health posts of Ciruelas and the San Rafael Sur Clinic, it is true that it could not be reliably determined that the cause of the allergies, viral respiratory infections, mild asthma attacks, intestinal parasitosis, migraines, and severe diarrheal episodes that intensified in the months of January to June two thousand one, find their sole origin in the contamination of the Siquiares River. What was obtained was a list of illnesses "that could be related to adverse environmental factors, such as the water quality of the Siquiares River," but which may also be caused by "a series of anthropogenic activities such as urban development and mainly the industrialization of the surrounding area," as the managers themselves pointed out.

XIII.- ON THE REQUESTED COMPENSATORY MEASURES.- Finally, the plaintiffs request a series of compensatory measures for the environmental damage (daño ambiental) caused by the conduct of the defendants; however, the majority are clearly inadmissible, for exceeding the content recognized in the favorable judgment of the Sala Constitucional being executed. In this sense, it must be noted that even though the contamination caused by the operation of the Dos Pinos milk processing plant was duly reasoned and substantiated, it cannot be claimed that this company must pay for and restore all the damage and environmental contamination that various agents have caused to the Siquiares River, first, it is reiterated, because they do not derive from the judgment being executed, and second, because in application of the constitutional environmental principle stated as "the polluter pays," it falls upon those other polluting agents to repair it. By virtue of the foregoing, it is not possible to recognize as part of this execution items for the financing of the plaintiff associations, or to order the construction of works for the catchment and piping of springs (nacientes) and septic tanks, insofar as they are motivated by the contamination caused to the river by the residential developments located upstream of the Dos Pinos plant, actions and money for the protection of the river's springs (nacientes), the water catchment in La Pradera to prevent shortages in the dry season, the sponsorship of a campaign to reforest the river boundaries, and the stocking of fish in the river. It is noted that the request to publish this judgment in a national circulation newspaper constitutes sanctions, which, in light of the principle of legality that governs sanctions –article 39 of the Constitution–, must be previously established in a formal and material law, a situation that does not apply in this case. Notwithstanding the foregoing, in application of the constitutional environmental principle that governs compensation for environmental damage (indemnización por daño ambiental), which requires that in this type of damage, in-kind restoration (restauración in natura) must be sought before anything else –the ultimate purpose of compensation in this type of damage–, because it is duly substantiated in the respective technical study, the Cooperativa Productora de Leche Dos Pinos, R.L must be ordered to adapt its operations in accordance with the environmental parameters established in the law and to perform an artificial cleaning of the river's channels in the vicinity of the outlet of that company's treatment plant and up to one kilometer downstream once every three consecutive years. Likewise, it is pertinent to remind the Ministerio de Salud of its obligation to exercise control over the industrial activity carried out by the co-defendant, so that it must –at least– carry out four water quality monitorings per year (one in the rainy season, one in the dry season, one in each transition period).

XIV.- ON THE DEFENSES RAISED.- As has been indicated in this ruling, and in light of the considerations given, the appealed judgment concerning the defenses that bear on the formulated appeal must be reversed; for which reason the defenses of lack of active standing to sue (falta de legitimación ad causam activa) and lack of competence of the plaintiffs to receive payment raised by the defendants must be rejected, and the defenses of payment and lack of right (also called lack of formality) must be partially accepted, because not all of the plaintiffs' claims were recognized.

XV.- ON COSTS.- Notwithstanding that the imposition of costs ordered by the lower court judgment was not appealed, article 224 of the Código Procesal Civil allows its valuation, even ex officio, in the second instance, on the occasion of the appeal filed, in accordance with the ruling made. This Court does not find any reason why that ruling on this point –which condemned the defendants to full payment to the plaintiffs (State and Cooperativa de Productores de Leche, R.L. Dos Pinos)– should be reversed or modified, given that this is an execution proceeding of a favorable constitutional judgment, in which a violation of a fundamental right was recognized, and having admitted the standing to act of the plaintiff associations and to receive the corresponding payment for the compensation for environmental damage, as well as having accredited the damages caused by the contamination of the Siquiares River and their economic quantification, its confirmation is appropriate. Note in this regard that if the co-defendant company had adapted its operations to the environmental parameters and the Administration had fulfilled the obligations contained in the environmental law, reprimanding and overseeing the functioning of the Dos Pinos Cooperative's milk processing plant in a timely manner, the environmental damage that caused these proceedings in pursuit of effective environmental protection (tutela al ambiente), as mandated by article 50 of the Constitution, would have been avoided.

POR TANTO:

As to the appealed matters, the judgment appealed is reversed, in order to instead reject the defenses of lack of active standing (legitimación activa) and lack of competence of the plaintiffs to receive the payment. The defenses of payment and lack of right (also called lack of formality) are partially accepted, the claim being deemed denied as to that which is not indicated. By virtue of the foregoing, the State and the Cooperativa Productora de Leche, R.L. Dos Pinos are condemned to jointly and severally pay the following sums in favor of the Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela (ACORACI) and the Asociación de Amigos del Medio Ambiente del Río Siquiares y sus Nacientes de Turrúcares (ASAMARS): TWENTY-SEVEN THOUSAND SIX HUNDRED SIXTY-FIVE UNITED STATES DOLLARS ($27,665.00) as environmental damage (daño al ambiente) and FIVE MILLION COLONES EXACTLY (¢ 5,000,000.00) as social cost for the environmental damage produced, to be used solely and exclusively for restoration projects for the Siquiares River, amounts upon which interest is recognized from the finality of this ruling and until the date of effective payment, in accordance with the legal rate of article 1163 of the Código Civil. Likewise, the Cooperativa Productora de Leche Dos Pinos, R.L is ordered to adapt its operations in accordance with the environmental parameters established in the law and to perform an artificial cleaning of the river's channels in the vicinity of the outlet of that company's treatment plant and up to one kilometer downstream once every three consecutive years. The Ministerio de Salud is reminded of its obligation to exercise control over the industrial activity carried out by the co-defendant, so that it must –at least– carry out four water quality monitorings per year (one in the rainy season, one in the dry season, one in each transition period). Let the Defensoría de los Habitantes and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental be notified for their respective responsibilities, once this judgment becomes final.

Horacio González Quiroga

Roberto J. Gutiérrez Freer Silvia C. Fernández Brenes

EXP: 02-000682-0163-CA

Execution of judgment

ACORACI and others v/ Dos Pinos and the State.

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