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Español (source)En el primer motivo de casación por la forma, el representante de la Procuraduría General de la República aduce el vicio de falta de fundamentación de la sentencia y el quebranto de los artículos 142 del Código Procesal Penal y 58 de la Ley Forestal. Señala que en el presente asunto se acusó la presunta comisión del delito de Tala Ilegal, así como el delito previsto y sancionado en el numeral 58 de la Ley Forestal. Sin embargo, en la sentencia cuestionada, el tribunal de Juicio de la Zona Sur, sede de Pérez Zeledón, el juzgador procede a dictar una sentencia de sobreseimiento por prescripción sin tomar en consideración que el delito de Invasión a una Zona Protegida es un delito instantáneo de efectos permanentes, en cuyo caso la prescripción empieza a correr hasta el momento en que cese la invasión. [...] Ahora bien, la jurisprudencia de este Tribunal de Casación ha sido abundante al sostener que este tipo de delitos son de efectos permanentes, por lo que el cómputo de los plazos de prescripción empieza a correr a partir del momento en que cesa la invasión a la zona protegida (Cfr.Tribunal de Casación Penal, Votos [Telf1] de las 9:30 horas del 11 de fulio de 2002, [Telf2] de las 16:15 horas del 30 de setiembre de 2002, [Telf3] de las 10: 52 horas del 20 de mayo de 2004). En el presente asunto, según lo reconoce el propio juzgador en la sentencia recurrida, aparentemente se mantiene la invasión, con lo cual ni siquiera ha iniciado el plazo de prescripción.
English (translation)In the first ground of cassation on the grounds of form, the representative of the Attorney General's Office argues the defect of lack of reasoning of the judgment and the violation of Articles 142 of the Code of Criminal Procedure and 58 of the Forestry Law. He points out that in the present matter the alleged commission of the crime of Illegal Logging was charged, as well as the crime set forth and punished in section 58 of the Forestry Law. However, in the contested judgment, the Trial Court of the Southern Zone, Pérez Zeledón seat, the judge proceeded to issue a dismissal judgment due to statute of limitations without taking into consideration that the crime of Invasion of a Protected Area is an instantaneous crime with permanent effects, in which case the statute of limitations begins to run only from the moment the invasion ceases. [...] Now, the jurisprudence of this Cassation Court has been abundant in holding that these types of crimes are of permanent effects, so the computation of the statute of limitations begins to run from the moment the invasion of the protected area ceases (Cf. Criminal Cassation Court, Rulings [various] of 2002 and 2004). In the present matter, as the trial judge himself acknowledges in the appealed judgment, the invasion apparently continues, so that the statute of limitations period has not even begun.
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Grande Normal Pequeña Tribunal de Casación Penal de San José Resolución Nº 01151 - 2006 Fecha de la Resolución: 27 de Octubre del 2006 a las 09:40 Expediente: 01-000400-0219-PE Redactado por: Omar Julio Vargas Rojas Clase de asunto: Recurso de casación Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Penal Tema: Tala ilegal de árboles Subtemas: Naturaleza del delito. Tema: Cambio no autorizado del uso de la tierra Subtemas: Naturaleza del delito. Tema: Delitos ecológicos Subtemas: Ilícitos de carácter permanente. "II. En el primer motivo de casación por la forma, el representante de la Procuraduría General de la República aduce el vicio de falta de fundamentación de la sentencia y el quebranto de los artículos 142 del Código Procesal Penal y 58 de la Ley Forestal. Señala que en el presente asunto se acusó la presunta comisión del delito de Tala Ilegal, así como el delito previsto y sancionado en el numeral 58 de la Ley Forestal. Sin embargo, en la sentencia cuestionada, el tribunal de Juicio de la Zona Sur, sede de Pérez Zeledón, el juzgador procede a dictar una sentencia de sobreseimiento por prescripción sin tomar en consideración que el delito de Invasión a una Zona Protegida es un delito instantáneo de efectos permanentes, en cuyo caso la prescripción empieza a correr hasta el momento en que cese la invasión. Sin embargo, para obviar ese tema, el tribunal consideró que para determinar si existía o no el delito de Invasión a la zona protegida era necesario establecer si la naciente a que se hacía referencia era o no permanente, por lo cual remitió a las partes a que establecieran otro proceso. Estima que la resolución dictada carece de fundamento, por lo cual solicita se declare con lugar el recurso, se anule la sentencia y se ordene "una nueva audiencia de debate". El alegato es atendible. En la querella planteada por la Procuraduría General de la República (folios 1 y 2), así como en la acusación formulada por el Ministerio Público (folios 34 a 37),se atribuye a los imputados [Nombre1], [Nombre2] y [Nombre3], todos [Nombre4], el actuar conjuntamente para talar de forma ilegal, aproximadamente una "quinta héctarea" de un bosque tropical húmedo situado en Santa Elena de General Viejo de Pérez Zeledón con el propósito de cambiar el uso del suelo y dedicarlo a la siembra de café. Para ello procedieron a talar 51 árboles de diversas especies que se encontraban a una distancia de 75 metros de una naciente y procedieron a anillar otros árboles maderables. Tales hechos fueron calificados como constitutivos de los delitos previstos y sancionados en los numerales 58 y 61 de la Ley Forestal. Según dispone el primero de ellos, "se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o participes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos". Norma que se complementa con el artículo 33 de la misma ley que declara como área de proteccion "Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal". Si en el presente caso las acusaciones señalan que el lugar donde ocurrió la tala y el cambio del suelo se ubica a setenta y cinco metros de una naciente, es evidente que el tema de si la misma es o no permanente, se trata de una cuestión probatoria que necesarimente debe ser discutida en el proceso. De allí que no resulte atendible el argumento del juzgador cuando en el considerando 2, específicamente en el punto 2.3. sostiene que "según se desprende del oficio MINAE de folio 154, podría estarse dando un delito de Invasión al Area de protección, ello en caso de que la naciente que se describe en la acusación fuere permanente, ya que a la fecha se mantienen en el sitio los cultivos de café. Pero ese tema deberá ser resuelto en otro proceso si es de interés del órgano acusados, ya que en esta causa no se describe en la pieza acusatoria..." (folio 178). Contrario a lo afirmado por el juzgador, las piezas acusatorias sí son claras al describir que la tala y cambio de destino del suelo ocurrieron a una distancia de 75 metros de una naciente. Elementos que a criterio de este tribunal resultan suficientes para que los acusados conozcan los hechos por los cuales se les investiga, así como para garantizar el derecho de defensa. El establecer si dicha [Placa1] es o no permanente, es un tema estrictamente probatorio que debe ser dilucidado en el desarrollo del proceso. En concordancia con lo anterior, queda claro que tanto la descripción de los hechos establecidos en las acusaciones, como en la calificación legal dada en la querella, contemplan el delito de Invasión a Zona Protegida. Ahora bien, la jurisprudencia de este Tribunal de Casación ha sido abundante al sostener que este tipo de delitos son de efectos permanentes, por lo que el cómputo de los plazos de prescripción empieza a correr a partir del momento en que cesa la invasión a la zona protegida (Cfr.Tribunal de Casación Penal, Votos [Telf1] de las 9:30 horas del 11 de fulio de 2002, [Telf2] de las 16:15 horas del 30 de setiembre de 2002, [Telf3] de las 10: 52 horas del 20 de mayo de 2004). En el presente asunto, según lo reconoce el propio juzgador en la sentencia recurrida, aparentemente se mantiene la invasión, con lo cual ni siquiera ha iniciado el plazo de prescripción. Finalmente, aunque las piezas acusatorias se refieren a la comisión de distintos delitos, debe el juzgador analizar y fundamentar debidamente, si se trata de una sóla acción constitutiva de un solo delito, de una acción donde se vulneren distintos bienes jurídicos o de varias acciones independientes. Ello con el fin de evitar que se produzca la cosa juzgada, puesto que para esos efectos lo que interesa son los hechos y no las calificaciones legales. En consecuencia, al existir el vicio reclamado, se declara con lugar el motivo, se anula la sentencia de sobreseimiento recurrida, ordenándose el reenvío, para que se continúe la tramitación de la causa, conforme corresponda en derecho. Por resultar innecesario se omite resolver el segundo motivo de la impugnación." ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Texto de la resolución @ PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL Res. [Telf1] Exp. 01-000400-0219-PE (4) TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintisiete de octubre de dos mil seis. RECURSO DE CASACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], [Nombre2] y [Nombre3], de calidades y vecindario conocidos en autos, por el delito de INFRACCION LEY FORESTAL, en perjuicio de RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso los jueces [Nombre4], Ulises Zúñiga Morales y [Nombre5]. Se apersonó en Casación el Licenciado [Nombre6], Procurador Penal. RESULTANDO: 1. Que mediante resolución dictada a las dieciséis horas del dieicisiete de agosto de dos mil seis, el Tribunal de Juicio de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón, resolvió: "POR TANTO: En la presente causa seguida contra [Nombre7] de cédula de identidad número CED1, contra [Nombre8] de cédula CED2 y contra [Nombre9] de cédula CED3, por el delito de Infracción a La Ley Forestal, cometido en perjuicio de Los Recursos Naturales, por los hechos descritos en la pieza acusatoria de folio 35 y en la querella formulada por la Procuraduría General de La República, se dicta a favor de los acusados una SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION PENAL. Se ordena el archivo de la acción civil ressarcitoria formulada por el Estado. Son ambas costas del proceso penal a cargo del Estado. Se resuelve sin especial condena en costas en cuanto a la acción civil. Una vez firme archívese el expediente. Francisco Sánchez Fallas. JUEZ.". 2. Que contra el anterior pronunciamiento el Licenciado [Nombre6] interpuso Recurso de Casación. 3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 450 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el Recurso. 4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. REDACTA el Juez de Casación [Nombre10]; y, CONSIDERANDO: I. El recurso de casación reúne los requisitos de admisibilidad de los artículos 422, 423, 424, 443, 444 y 447 del Código Procesal Penal, por lo que se entran a conocer los motivos presentados. II. En el primer motivo de casación por la forma, el representante de la Procuraduría General de la República aduce el vicio de falta de fundamentación de la sentencia y el quebranto de los artículos 142 del Código Procesal Penal y 58 de la Ley Forestal. Señala que en el presente asunto se acusó la presunta comisión del delito de Tala Ilegal, así como el delito previsto y sancionado en el numeral 58 de la Ley Forestal. Sin embargo, en la sentencia cuestionada, el tribunal de Juicio de la Zona Sur, sede de Pérez Zeledón, el juzgador procede a dictar una sentencia de sobreseimiento por prescripción sin tomar en consideración que el delito de Invasión a una Zona Protegida es un delito instantáneo de efectos permanentes, en cuyo caso la prescripción empieza a correr hasta el momento en que cese la invasión. Sin embargo, para obviar ese tema, el tribunal consideró que para determinar si existía o no el delito de Invasión a la zona protegida era necesario establecer si la naciente a que se hacía referencia era o no permanente, por lo cual remitió a las partes a que establecieran otro proceso. Estima que la resolución dictada carece de fundamento, por lo cual solicita se declare con lugar el recurso, se anule la sentencia y se ordene "una nueva audiencia de debate". El alegato es atendible. En la querella planteada por la Procuraduría General de la República (folios 1 y 2), así como en la acusación formulada por el Ministerio Público (folios 34 a 37),se atribuye a los imputados [Nombre11], [Nombre12] y [Nombre13], todos [Nombre14], el actuar conjuntamente para talar de forma ilegal, aproximadamente una "quinta héctarea" de un bosque tropical húmedo situado en Santa Elena de General Viejo de Pérez Zeledón con el propósito de cambiar el uso del suelo y dedicarlo a la siembra de café. Para ello procedieron a talar 51 árboles de diversas especies que se encontraban a una distancia de 75 metros de una naciente y procedieron a anillar otros árboles maderables. Tales hechos fueron calificados como constitutivos de los delitos previstos y sancionados en los numerales 58 y 61 de la Ley Forestal. Según dispone el primero de ellos, "se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o participes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos". Norma que se complementa con el artículo 33 de la misma ley que declara como área de proteccion "Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal". Si en el presente caso las acusaciones señalan que el lugar donde ocurrió la tala y el cambio del suelo se ubica a setenta y cinco metros de una naciente, es evidente que el tema de si la misma es o no permanente, se trata de una cuestión probatoria que necesarimente debe ser discutida en el proceso. De allí que no resulte atendible el argumento del juzgador cuando en el considerando 2, específicamente en el punto 2.3. sostiene que "según se desprende del oficio MINAE de folio 154, podría estarse dando un delito de Invasión al Area de protección, ello en caso de que la naciente que se describe en la acusación fuere permanente, ya que a la fecha se mantienen en el sitio los cultivos de café. Pero ese tema deberá ser resuelto en otro proceso si es de interés del órgano acusados, ya que en esta causa no se describe en la pieza acusatoria..." (folio 178). Contrario a lo afirmado por el juzgador, las piezas acusatorias sí son claras al describir que la tala y cambio de destino del suelo ocurrieron a una distancia de 75 metros de una naciente. Elementos que a criterio de este tribunal resultan suficientes para que los acusados conozcan los hechos por los cuales se les investiga, así como para garantizar el derecho de defensa. El establecer si dicha naciente es o no permanente, es un tema estrictamente probatorio que debe ser dilucidado en el desarrollo del proceso. En concordancia con lo anterior, queda claro que tanto la descripción de los hechos establecidos en las acusaciones, como en la calificación legal dada en la querella, contemplan el delito de Invasión a Zona Protegida. Ahora bien, la jurisprudencia de este Tribunal de Casación ha sido abundante al sostener que este tipo de delitos son de efectos permanentes, por lo que el cómputo de los plazos de prescripción empieza a correr a partir del momento en que cesa la invasión a la zona protegida (Cfr.Tribunal de Casación Penal, Votos [Telf2] de las 9:30 horas del 11 de fulio de 2002, [Telf3] de las 16:15 horas del 30 de setiembre de 2002, [Telf4] de las 10: 52 horas del 20 de mayo de 2004). En el presente asunto, según lo reconoce el propio juzgador en la sentencia recurrida, aparentemente se mantiene la invasión, con lo cual ni siquiera ha iniciado el plazo de prescripción. Finalmente, aunque las piezas acusatorias se refieren a la comisión de distintos delitos, debe el juzgador analizar y fundamentar debidamente, si se trata de una sóla acción constitutiva de un solo delito, de una acción donde se vulneren distintos bienes jurídicos o de varias acciones independientes. Ello con el fin de evitar que se produzca la cosa juzgada, puesto que para esos efectos lo que interesa son los hechos y no las calificaciones legales. En consecuencia, al existir el vicio reclamado, se declara con lugar el motivo, se anula la sentencia de sobreseimiento recurrida, ordenándose el reenvío, para que se continúe la tramitación de la causa, conforme corresponda en derecho. Por resultar innecesario se omite resolver el segundo motivo de la impugnación. POR TANTO: Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General de la República. Se anula la sentencia de sobreseimeinto recurrida, ordenándose el reenvío, para que se continúe la tramitación de la causa, conforme corresponda en derecho. Por resultar innecesario se omite resolver el segundo motivo de la impugnación. NOTIFÍQUESE. [Nombre4] Ulises Zúñiga Morales [Nombre5] Jueces de Casación Penal Mec Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 06:40:37. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Tribunal de Casación Penal de San José Resolution Nº 01151 - 2006 Resolution Date: October 27, 2006 at 09:40 Expediente: 01-000400-0219-PE Drafted by: Omar Julio Vargas Rojas Type of matter: Cassation appeal (Recurso de casación) Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Content of Interest: Type of content: Majority vote (Voto de mayoría) Branch of Law: Criminal Law (Derecho Penal) Topic: Illegal logging (Tala ilegal de árboles) Subtopics: Nature of the crime. Topic: Unauthorized land-use change (Cambio no autorizado del uso de la tierra) Subtopics: Nature of the crime. Topic: Ecological crimes (Delitos ecológicos) Subtopics: Permanent-effect offenses (Ilícitos de carácter permanente). "II. In the first ground of cassation for form, the representative of the Procuraduría General de la República alleges the defect of lack of substantiation of the judgment and the violation of articles 142 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal) and 58 of the Forest Law (Ley Forestal). He points out that in the present matter, the alleged commission of the crime of Illegal Logging (Tala Ilegal) was charged, as well as the crime provided for and punished in numeral 58 of the Forest Law (Ley Forestal). However, in the questioned judgment, the trial court of the South Zone (Zona Sur), Pérez Zeledón seat, the judge proceeds to issue a dismissal judgment (sentencia de sobreseimiento) due to the statute of limitations (prescripción) without taking into consideration that the crime of Invasion of a Protected Area (Invasión a una Zona Protegida) is an instantaneous crime with permanent effects (delito instantáneo de efectos permanentes), in which case the statute of limitations begins to run only from the moment the invasion ceases. Nevertheless, to sidestep that issue, the court considered that in order to determine whether or not the crime of Invasion of the Protected Area existed, it was necessary to establish whether the spring (naciente) referred to was permanent or not, for which reason it referred the parties to initiate another proceeding. He deems that the issued resolution lacks foundation, for which reason he requests the appeal be declared granted, the judgment annulled, and 'a new trial hearing' be ordered. The argument is admissible. In the complaint filed by the Procuraduría General de la República (folios 1 and 2), as well as in the accusation formulated by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) (folios 34 to 37), the accused [Nombre1], [Nombre2] and [Nombre3], all [Nombre4], are attributed with acting jointly to illegally log approximately 'a fifth of a hectare' of a tropical humid forest located in Santa Elena de General Viejo de Pérez Zeledón with the purpose of land-use change (cambio del uso del suelo) and dedicating it to coffee planting. To do so, they proceeded to log 51 trees of various species that were at a distance of 75 meters from a spring (naciente) and proceeded to ring-bark other timber trees. Such facts were classified as constituting the crimes provided for and punished in numerals 58 and 61 of the Forest Law (Ley Forestal). According to the provisions of the first of these, 'a prison sentence of three months to three years shall be imposed on anyone who: a) Invades a conservation or protection area, whatever its management category, or other forest areas or lands subject to the forestry regime, whatever the area occupied; regardless of whether it involves private lands of the State or other Public Administration bodies or privately owned lands. The perpetrators or participants in the act shall not be entitled to any compensation for any construction or work they have carried out on the invaded lands.' A rule that is complemented by article 33 of the same law, which declares as a protection area 'The areas bordering permanent springs (nacientes permanentes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally.' If in the present case the accusations indicate that the place where the logging and land change occurred is located seventy-five meters from a spring (naciente), it is evident that the issue of whether it is permanent or not is an evidentiary matter that must necessarily be discussed in the proceeding. Hence, the judge's argument is not acceptable when in recital 2, specifically in point 2.3, he maintains that 'as inferred from official letter MINAE on folio 154, a crime of Invasion of the Protection Area could be occurring, in the event that the spring (naciente) described in the accusation is permanent, since coffee crops remain on the site to date. But that issue must be resolved in another proceeding if it is of interest to the prosecuting body, since in this case it is not described in the charging document...' (folio 178). Contrary to what was stated by the judge, the charging documents are clear in describing that the logging and change of land use occurred at a distance of 75 meters from a spring (naciente). Elements that, in the opinion of this court, are sufficient for the accused to know the facts for which they are being investigated, as well as to guarantee the right of defense. Establishing whether said spring (naciente) is permanent or not is a strictly evidentiary matter that must be elucidated during the course of the proceeding. In accordance with the foregoing, it is clear that both the description of the facts established in the accusations, and the legal classification given in the complaint, contemplate the crime of Invasion of a Protected Area (Invasión a Zona Protegida). Now then, the jurisprudence of this Tribunal de Casación has been abundant in maintaining that these types of crimes are of permanent effects, so the calculation of the statute of limitations periods begins to run from the moment the invasion of the protected area ceases (Cfr. Tribunal de Casación Penal, Votes [Telf1] of 9:30 hours on July 11, 2002, [Telf2] of 4:15 p.m. on September 30, 2002, [Telf3] of 10:52 a.m. on May 20, 2004). In the present matter, as recognized by the judge himself in the appealed judgment, the invasion apparently continues, with which the statute of limitations period has not even begun. Finally, although the charging documents refer to the commission of different crimes, the judge must analyze and duly substantiate whether it involves a single action constituting a single crime, an action where different legal interests are harmed, or several independent actions. This is in order to prevent res judicata (cosa juzgada), since for these purposes what matters are the facts and not the legal classifications. Consequently, as the alleged defect exists, the ground is declared granted, the appealed dismissal judgment (sentencia de sobreseimiento) is annulled, and a remand (reenvío) is ordered, so that the proceedings of the case may continue, as appropriate in law. As it is unnecessary, resolving the second ground of the challenge is omitted." ... See more Legislation and Doctrine Citations Related Rulings Text of the resolution @ PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL Res. [Telf1] Exp. 01-000400-0219-PE (4) TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at nine forty hours on October twenty-seventh, two thousand six. CASSATION APPEAL (RECURSO DE CASACIÓN) filed in the present case against [Nombre1], [Nombre2] and [Nombre3], whose personal details and place of residence are known in the case file, for the crime of VIOLATION OF THE FOREST LAW (INFRACCION LEY FORESTAL), to the detriment of NATURAL RESOURCES (RECURSOS NATURALES). Judges [Nombre4], Ulises Zúñiga Morales and [Nombre5] participate in the decision on the appeal. Attorney [Nombre6], Criminal Prosecutor (Procurador Penal), appeared in the Cassation. WHEREAS (RESULTANDO): 1. That by means of a resolution dictated at sixteen hours on August seventeenth, two thousand six, the Trial Court of the South Zone (Tribunal de Juicio de la Zona Sur), Pérez Zeledón seat, resolved: "THEREFORE (POR TANTO): In the present case against [Nombre7] with identity card number CED1, against [Nombre8] with identity card CED2 and against [Nombre9] with identity card CED3, for the crime of Violation of the Forest Law (Infracción a La Ley Forestal), committed to the detriment of Natural Resources (Los Recursos Naturales), for the facts described in the charging document on folio 35 and in the complaint formulated by the Procuraduría General de La República, a JUDGMENT OF DEFINITIVE DISMISSAL DUE TO STATUTE OF LIMITATIONS FOR THE CRIMINAL ACTION (SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION PENAL) is issued in favor of the accused. The filing of the civil action for damages (acción civil resarcitoria) formulated by the State is ordered. Costs of the criminal proceeding are to be borne by the State. It is resolved without special condemnation in costs regarding the civil action. Once final, file the expediente. Francisco Sánchez Fallas. JUDGE." 2. That against the preceding pronouncement, Attorney [Nombre6] filed a Cassation Appeal (Recurso de Casación). 3. That having conducted the respective deliberation in conformity with the provisions of article 450 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), the Court considered the issues raised in the Appeal. 4. That in the proceedings, the pertinent legal prescriptions have been observed. DRAFTED by Cassation Judge [Nombre10]; and, WHEREAS (CONSIDERANDO): I. The cassation appeal meets the admissibility requirements of articles 422, 423, 424, 443, 444 and 447 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), so the grounds presented are examined. II. In the first ground of cassation for form, the representative of the Procuraduría General de la República alleges the defect of lack of substantiation of the judgment and the violation of articles 142 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal) and 58 of the Forest Law (Ley Forestal). He points out that in the present matter, the alleged commission of the crime of Illegal Logging (Tala Ilegal) was charged, as well as the crime provided for and punished in numeral 58 of the Forest Law (Ley Forestal). However, in the questioned judgment, the trial court of the South Zone (Zona Sur), Pérez Zeledón seat, the judge proceeds to issue a dismissal judgment (sentencia de sobreseimiento) due to the statute of limitations (prescripción) without taking into consideration that the crime of Invasion of a Protected Area (Invasión a una Zona Protegida) is an instantaneous crime with permanent effects (delito instantáneo de efectos permanentes), in which case the statute of limitations begins to run only from the moment the invasion ceases. Nevertheless, to sidestep that issue, the court considered that in order to determine whether or not the crime of Invasion of the Protected Area existed, it was necessary to establish whether the spring (naciente) referred to was permanent or not, for which reason it referred the parties to initiate another proceeding. He deems that the issued resolution lacks foundation, for which reason he requests the appeal be declared granted, the judgment annulled, and 'a new trial hearing' be ordered. The argument is admissible. In the complaint filed by the Procuraduría General de la República (folios 1 and 2), as well as in the accusation formulated by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) (folios 34 to 37), the accused [Nombre11], [Nombre12] and [Nombre13], all [Nombre14], are attributed with acting jointly to illegally log approximately 'a fifth of a hectare' of a tropical humid forest located in Santa Elena de General Viejo de Pérez Zeledón with the purpose of land-use change (cambio del uso del suelo) and dedicating it to coffee planting. To do so, they proceeded to log 51 trees of various species that were at a distance of 75 meters from a spring (naciente) and proceeded to ring-bark other timber trees. Such facts were classified as constituting the crimes provided for and punished in numerals 58 and 61 of the Forest Law (Ley Forestal). According to the provisions of the first of these, 'a prison sentence of three months to three years shall be imposed on anyone who: a) Invades a conservation or protection area, whatever its management category, or other forest areas or lands subject to the forestry regime, whatever the area occupied; regardless of whether it involves private lands of the State or other Public Administration bodies or privately owned lands. The perpetrators or participants in the act shall not be entitled to any compensation for any construction or work they have carried out on the invaded lands.' A rule that is complemented by article 33 of the same law, which declares as a protection area 'The areas bordering permanent springs (nacientes permanentes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally.' If in the present case the accusations indicate that the place where the logging and land change occurred is located seventy-five meters from a spring (naciente), it is evident that the issue of whether it is permanent or not is an evidentiary matter that must necessarily be discussed in the proceeding. Hence, the judge's argument is not acceptable when in recital 2, specifically in point 2.3, he maintains that 'as inferred from official letter MINAE on folio 154, a crime of Invasion of the Protection Area could be occurring, in the event that the spring (naciente) described in the accusation is permanent, since coffee crops remain on the site to date. But that issue must be resolved in another proceeding if it is of interest to the prosecuting body, since in this case it is not described in the charging document...' (folio 178). Contrary to what was stated by the judge, the charging documents are clear in describing that the logging and change of land use occurred at a distance of 75 meters from a spring (naciente). Elements that, in the opinion of this court, are sufficient for the accused to know the facts for which they are being investigated, as well as to guarantee the right of defense. Establishing whether said spring (naciente) is permanent or not is a strictly evidentiary matter that must be elucidated during the course of the proceeding. In accordance with the foregoing, it is clear that both the description of the facts established in the accusations, and the legal classification given in the complaint, contemplate the crime of Invasion of a Protected Area (Invasión a Zona Protegida). Now then, the jurisprudence of this Tribunal de Casación has been abundant in maintaining that these types of crimes are of permanent effects, so the calculation of the statute of limitations periods begins to run from the moment the invasion of the protected area ceases (Cfr. Tribunal de Casación Penal, Votes [Telf2] of 9:30 hours on July 11, 2002, [Telf3] of 4:15 p.m. on September 30, 2002, [Telf4] of 10:52 a.m. on May 20, 2004). In the present matter, as recognized by the judge himself in the appealed judgment, the invasion apparently continues, with which the statute of limitations period has not even begun. Finally, although the charging documents refer to the commission of different crimes, the judge must analyze and duly substantiate whether it involves a single action constituting a single crime, an action where different legal interests are harmed, or several independent actions. This is in order to prevent res judicata (cosa juzgada), since for these purposes what matters are the facts and not the legal classifications. Consequently, as the alleged defect exists, the ground is declared granted, the appealed dismissal judgment (sentencia de sobreseimiento) is annulled, and a remand (reenvío) is ordered, so that the proceedings of the case may continue, as appropriate in law. As it is unnecessary, resolving the second ground of the challenge is omitted. THEREFORE (POR TANTO): The cassation appeal filed by the Procuraduría General de la República is declared granted. The appealed dismissal judgment is annulled, and a remand (reenvío) is ordered, so that the proceedings of the case may continue, as appropriate in law. As it is unnecessary, resolving the second ground of the challenge is omitted. NOTIFY. [Nombre4] Ulises Zúñiga Morales [Nombre5] Judges of Cassation Mec Classification prepared by CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial. 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