Res. 01229-2006 Tribunal Agrario — Decennial possession requirements in protected wilderness areasRequisitos de posesión decenal en áreas silvestres protegidas

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 01229 - 2006

Fecha de la Resolución: 14 de Diciembre del 2006 a las 11:00

Expediente: 03-000105-0419-AG

Redactado por: Antonio Darcia Carranza

Clase de asunto: Proceso ordinario agrario

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario

Tema: Información posesoria agraria

Subtemas:

Análisis histórico normativo con respecto al carácter demanial de los terrenos ubicados en áreas silvestres protegidas.
Requisitos.

Tema: Zonas naturales protegidas

Subtemas:

Análisis histórico normativo con respecto al carácter demanial de los terrenos ubicados en áreas silvestres y requisitos de la información posesoria agraria.

Tema: Área silvestre protegida

Subtemas:

Análisis histórico normativo con respecto al carácter demanial y requisitos de la información posesoria agraria.

Tema: Bien demanial

Subtemas:

Análisis histórico normativo con respecto a los terrenos ubicados en áreas silvestres y requisitos de la información posesoria agraria.

"V.-[...] Considera este Tribunal importante hacer un recuento histórico de las diferentes leyes que indican la demanialidad de los terrenos inmersos dentro de las áreas silvestres protegidas. VI.- En nuestro país la titulación de terrenos que se encuentran ubicados en áreas silvestres protegidas se ha venido permitiendo teniendo como fundamento el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, el cual ha sido reformado a lo largo del tiempo en varias oportunidades. En los primeros treinta y tres años de vigencia de la ley, el texto de la norma no guardaba relación con la materia que actualmente regula, a saber, la posesión ad usucapionem de bienes inmuebles que quedan comprendidos en áreas silvestres protegidas. Al respecto, se tiene que por Ley No.5257 de 31 de julio de 1973, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias sufrió una reforma, y su texto decía: “Artículo 7.- Cuando el inmueble a que se refiere la información contenga un área de bosque de la mitad o más de su extensión, habrá necesidad de probar la debida adquisición, con documento público con más de diez años de otorgado. A la información posesoria, de acuerdo con este artículo, deberá aportarse, en todo caso, constancia de la Dirección General Forestal, de que el terreno no forma parte de las reservas o parques nacionales.”  El texto anterior fue reformado por la Ley Forestal No.7032 de 2 de mayo de 1986, y la disposición impugnada quedó de la siguiente manera: “Artículo 7.- Cuando el inmueble a que se refiere la información esté comprendido dentro de una zona declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora, el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la respectiva ley o decreto en que se creó la respectiva área silvestre. Las fincas que estén fuera de esas áreas y que tengan bosques, solo podrán ser tituladas si el promovente demuestra haberlas poseído por diez años o más y haber protegido dicho recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado con cercas o carriles limpios. Los planos catastrados que se aporten en diligencias de información posesoria, sin excepción alguna, deberán ser certificados por la Dirección General Forestal y el Servicio de Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dependencias que darán fe de si el inmueble que se pretende titular se encuentra dentro o fuera de esas áreas protegidas.” El texto de la norma antes citado se mantuvo con la reforma que introdujo la Ley Forestal No.7174 del 28 de junio de 1990, a la Ley de Informaciones Posesorias, variándose únicamente el Ministerio al que estaba adscrito el Servicio de Parques Nacionales, que pasó a pertenecer al Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. El texto de dicha norma decía: “Artículo 7.- Cuando el inmueble a que se refiere la información esté comprendido dentro de una zona declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora, el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la respectiva ley o decreto en que se creó la respectiva área silvestre. Las fincas que estén fuera de esas áreas y que tengan bosques, solo podrán ser tituladas si el promovente demuestra haberlas poseído por diez años o más y haber protegido dicho recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado con cercas o carriles limpios.  Los planos catastrados que se aporten en diligencias de información posesoria, sin excepción alguna, deberán ser certificados por la Dirección General Forestal y el Servicio de Parques Nacionales del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, dependencias que darán fe de si el inmueble que se pretende titular se encuentra dentro o fuera de esas áreas protegidas." Actualmente, por la reforma efectuada por la Ley Forestal No.7575 de 13 de febrero de 1996, el texto vigente de la Ley de Informaciones Posesorias dice:  “Artículo 7.-Cuando el inmueble al que se refiere la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre. Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que tengan bosques, sólo podrán ser tituladas si el promovente  demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios. Sin excepción alguna, los planos catastrados que se aporten en diligencias de información posesoria, deberán ser certificados por el Ministerio del Ambiente y Energía, por medio del ente encargado, el cual dará fe de si el inmueble que se pretende titular se encuentra dentro o fuera de esas áreas silvestres protegidas.” Partiendo de lo anterior en los casos en los cuales el terreno esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, debe cumplirse con un requisito más calificado en cuanto al ejercicio y tiempo de la posesión. En dicho sentido se ha pronunciado el Tribunal Agrario:  “…De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, de aplicación al caso por encontrarse el inmueble a titular dentro de la Zona Protectora …, para poder inscribir dicho bien en el Registro Público, es preciso el gestionante demuestre haber estado en posesión del inmueble por lo menos diez años antes de la vigencia del Decreto que creó la citada Reserva, así como haber protegido el recurso forestal”(voto Nº170-03 de las 16:24 horas del 31 de marzo del 2003. Ver también al respecto el voto Nº755- 03 citado). Lo anterior se exige en protección del patrimonio forestal del Estado y la biodiversidad, sin afectarse por ello los derechos que efectivamente los sujetos privados hubiesen consolidado por el transcurso del tiempo (ver al respecto el voto Nº497 de las 15:20 horas del 30 de julio del 2003 del Tribunal). En ese sentido, la Sala Constitucional en Voto N° 4587 de las 15:45 horas del 5 de agosto de 1997, en el cual analizó la constitucionalidad del artículo 7 citado, dispuso para poder titular los terrenos ubicados en las zonas protegidas que ahí se señalan, debía el interesado demostrar la posesión diez años antes de la vigencia del Decreto respectivo. Básicamente dijo la Sala en esa oportunidad: "… dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley… resulta importante sintetizar los elementos básicos que a nivel de doctrina y jurisprudencia se manejan con estos temas, y que obligan al juez – en relación con la norma impugnada- a determinar en cada caso el tipo específico de acto posesorio que se ha ejercido en el fundo – que entra a formar parte del área silvestre protegida- que se pretende titular. Lo anterior con el objeto de que el juez tenga un criterio más amplio – que no se limite a la fecha de entrada en vigencia de la ley o el decreto ejecutivo que defina los límites de un área silvestre determinada- para establecer con mayor precisión el momento en que dichos bienes se convirtieron en inalienables e imprescriptibles, a los efectos de determinar si sobre ellos se ejerció la posesión ad usucapionem durante diez años anteriores a que adquirieron esa condición. Esta perspectiva de mayor amplitud favorece la protección del patrimonio ambiental de la Nación, determina que cuando se pretenda titular – mediante el procedimiento de informaciones posesorias- un terreno ubicado dentro de un área silvestre protegida, la discusión no se reduzca al simple cálculo del tiempo que tiene de haber ingresado a un inmueble en relación con la fecha en que se haya producido la declaratoria de área silvestre protegida, ya que  -por un lado deberá contemplarse a los efectos de acreditar la posesión ad usucapionem durante el plazo establecido en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, los elementos que cada tipo específico de posesión contempla, y –por otro lado- la posible existencia de normas que de antaño declaraban inalienables esos terrenos, aún antes de su afectación específica al dominio público… ".  De lo dicho por la  Sala Constitucional se se logra extraer una serie de conclusiones importantes, ya que además de la posesión decenal antes de la creación del área silvestre protegida, debe demostrar haber protegido el recurso existente en los terrenos objeto de titulación. Además, en dicho voto se indica el juzgador ha de ser cuidadoso en la aprobación de las diligencias de  titulación de terrenos al amparo del artículo 7 de la Ley de Informaciones posesorias, por lo que deberá revisar en cada caso concreto si los terrenos no han sido afectos al dominio público por alguna ley anterior a la creación de la zona protegida. En este caso particular es claro la posesión fue primeramente ejercida por el señor [Nombre1]   , según el mismo lo indicó al declarar la finca fue de él cuando eran tierras baldías, y tomando en cuenta su declaración fue rendida  el 14 de setiembre del 2004, retrotrayéndose en el tiempo 22 años atrás de su declaración, nos ubica temporalmente en el año 1982, por lo que se estaría discutiendo sobre terrenos que fueron afectos al demanio público desde antes de esa fecha al estar comprendidos dentro de la  Reserva Forestal Golfo Dulce creada por decreto Ejecutivo Nº 8494-A de 28 de abril de 1978. Respecto a los bienes demaniales, ellos no pueden ser susceptibles de apropiación particular al estar fuera del comercio de los hombres. Sobre el régimen de dominio público se hace necesario previamente, definir lo que es el dominio público. Es el conjunto de bienes propiedad pública del Estado, lato sensu, afectados al uso público directo o indirecto, de los habitantes, y sometido a un régimen especial de derecho público y, por tanto, exorbitante del derecho privado. El dominio público se encuentra conformado por cuatro elementos: subjetivo, objetivo, normativo y teleológico. El elemento subjetivo se refiere al titular del derecho -El Estado-; el elemento objetivo se refiere o se constituye por el bien o los bienes sobre los cuales recae el dominio público -para este caso el inmueble objeto de litigio- ; el elemento normativo determina cuando un bien reúne los requisitos señalados por ley para considerarlo demanial, es el conjunto de normas que lo rigen -elenco de normas que en adelante se dirán-; y el elemento teleológico que se refiere a la finalidad que se persigue al incluir determinado bien dentro del dominio público, qué finalidad pública es asignada al bien -en este caso la protección de los recursos naturales-.  Los bienes de dominio público están sometidos a un régimen jurídico especial, se encuentran sujetos a un poder de policía, y se caracterizan esencialmente por su inalienabilidad e imprescriptibilidad. Por su naturaleza están dirigidos a satisfacer necesidades públicas, este hecho impide que sobre ellos exista tenencia o posesión por parte de particulares o personas privadas, están fuera del comercio, del derecho privado. Nuestra Constitución Política en su artículo 121 inciso 14) hace referencia a la Demanialidad indicando qué bienes son susceptibles de ese régimen de propiedad pública, incluso estableciéndose en ese artículo diferentes grados de afectación pública dándose un grado de publicatio intenso y absoluto hasta otros grados menos intenso y se armonizan los derechos de los administrados con las potestades de la Administración. Nuestro Código Civil vigente que data desde el mes de abril de mil ochocientos ochenta y seis, regula las bases más importantes en materia de bienes de dominio público, concretamente en sus artículos 261 al 263. El artículo 262 del citado Código Civil, hace referencia a dos características importantes de los bienes de dominio público: a- las cosas públicas están fuera del comercio, y b- se establece la desafectación al decir que esos bienes no pueden entrar en el comercio privado, mientras legalmente no se disponga así. Como puede observarse la afectación al régimen de dominio público no depende de la naturaleza del bien, sino de la voluntad del legislador. Mediante voto número 447-91 de las quince horas treinta minutos del 21 de febrero de 1991  la Sala Constitucional manifiesta que la declaración de dominio público del bien se establece por ley, esta declaración no constituye una limitación a la propiedad, de acuerdo con el artículo 45 de la Carta Magna, pues éste artículo se refiere a propiedad privada, y los bienes de dominio público no están sujetos a propiedad privada. En este sentido la Sala Constitucional ha dicho, respecto a este tipo de bienes  “ El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la Comunidad, al interés público. Son los llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres, es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio.” (Voto N° 2306 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno de la Sala Constitucional). Con fundamento en el análisis realizado de todo el elemento probatorio considera este Tribunal los terrenos en disputa son bienes de dominio público no sujetos de apropiación particular, por lo que el objeto de este litigio respecto a ventas y dobles ventas del mismo resulta ilícito desde esta perspectiva, por ser un bien afecto a la demanialidad. Es importante tener presente también conforme al reconocimiento judicial practicado, el fundo en litigio está compuesto en su mayoría por montaña o  bosque(ver folio 49), lo que implica se trata de un bien destinado a la conservación dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, el cual fue el objetivo de la declaratoria como área silvestre protegida en el año de mil novecientos setenta y ocho. En relación a un caso similar al de estudio donde se discutía sobre un mejor derecho de posesión en terrenos comprendidos dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia mediante voto Nº 56 de las 14 horas del 5 de febrero de 1999 señaló: " CONSIDERANDO:       I.- En el presente proceso ordinario agrario, se discute la existencia de un mejor derecho de posesión sobre terrenos sin inscribir ubicados en la Reserva Forestal de Golfo Dulce. La sociedad Osa Ganadera S. A., demandada y reconventora en este juicio, inconforme con la desestimación de su contrademanda, formula el presente recurso.  Lo sustenta en estas tres afirmaciones: a) Que su posesión, adicionada a la de los transmitentes del inmueble, se remonta al año 1969, lo que implica 28 años de tenencia del bien que debieron ser tutelados por los juzgadores; b) Que ha realizado varios actos, de ejercicio de la posesión, implicando una gran inversión económica y; c) Que el terreno en litigio no se encuentra sometido al régimen forestal debido a que esto no es posible por no estar inscrito en el Registro, lo que también impide la existencia de un plan de manejo o explotación aprobado por la Dirección General Forestal. Concluye, en consideración a lo anterior que no procede exigir una posesión ecológica en los términos que lo propone el Tribunal, y por ende, sus actos posesorios son válidos eficaces y deben ser tutelados.  II.- Frente al recurso de casación en materia agraria, esta Sala ha sido reiterativa en punto a la obligación a cargo del recurrente de combatir, en forma sistemáticamente y técnica los argumentos jurídicos del juzgador, cuanto las apreciaciones de hecho aducidas para inclinar la decisión.  La censura debe hacerse explicando, con razones claras y precisas el disenso para concluir señalando en qué consiste la presunta falta de juridicidad de la sentencia objetada, de ser posible, puntualizando los supuestos errores cometidos por el Tribunal Superior.  De allí que las apreciaciones de orden general o carente de soporte probatorio no pueden constituir una censura idónea en esta sede.  III.- Precisamente, en el recurso, la censurante no se preocupa por desvirtuar las consideraciones del Tribunal Superior. Se limita a realizar apreciaciones de carácter general sobre el tema del proceso que poco o nada se relacionan con los fundamentos del fallo.  Esto valga decirlo, bien puede resumirse así: a) Que el inmueble en conflicto es parte del Patrimonio Forestal del Estado desde 1978, por lo que el área reclamada es propiedad pública, y por ende, imprescriptible e inalienable;  b) Que no se demostró el ejercicio de una posesión ecológica al menos desde abril de 1968; c) Que la tala en áreas boscosas (aproximadamente 100 hectáreas) no se corresponde con la posesión exigida por ley sobre este tipo de terrenos se trata.  A partir de lo anterior, sostienen los juzgadores, que la actividad desplegada sobre los terrenos objeto de litigio no es idónea y por lo mismo no podría ésta hacer nacer ningún derecho a favor de la sociedad contraventora.  El recurso en estudio no es por lo mismo consecuente con los requerimientos técnicos elementales exigidos para estimar una censura en materia agraria, pues en él se refuta la sentencia del Ad quem utilizando argumentos con los que en realidad no se combaten los motivos que dieron cimento a la decisión recurrida. Tampoco se censura debidamente los juramentos jurídicos que aduce el juzgador para dirimir el caso.  Por consiguiente, el recurso resulta bastante informal y esto sólo justificaría su rechazo.  IV.- No obstante, conviene destacar que la casacionista insiste en el reconocimiento judicial de actos posesorios ordinarios sobre un bien que pertenece al patrimonio forestal del Estado. Pasa por alto, que los juzgadores fueron claros en aseverar la imprescriptibilidad e inalienabilidad de los terrenos pretendidos, a partir del fuero otorgado a ellos con la vigencia de los Decretos Ejecutivos Nos. 8494-A de 28 de abril de 1978, 9388-A de 30 de noviembre de ese mismo año y, 10142 de 12 de junio de 1979.  Como consecuencia de estos actos administrativos argumentó el Tribunal, esas propiedades pasaron a integrar la Reserva Forestal de Golfo Dulce. Esta Sala comparte ese aserto. Si bien con esta acotación:  La cualidad de propiedad pública esos referidos bienes no surgió en el año 1978. Esta, proviene del Código Fiscal de 1865. Esta regulación, en efecto regía sobre los baldíos nacionales con bosques y montañas, y de allí su condición de bienes públicos desde aquella época. Posteriormente, esas disposiciones fueron derogadas por la Ley General sobre Terrenos Baldíos Nº 13 de 6 de enero de 1939; pero la normativa emergente mantuvo también la condición de propiedad pública para esos terrenos. Luego, con la promulgación de la Ley  Nº 2825 de 14 de  octubre de 1961, pasaron a ser reservas nacionales del  Estado los terrenos " a) ... comprendidos entre los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal; c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos." (artículo 11, el subrayado no pertenece al original).  Esto dice que esas tierras continuaron integrando la propiedad pública del Estado costarricense.  Más tarde, la Ley Forestal Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969 introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la figura denominada Patrimonio Forestal del Estado, que de conformidad con el artículo 18 de aquella normativa, estaba constituido por: Reservas Nacionales, Reservas Forestales, Parques Nacionales, Viveros Forestales del Estado, Zonas Protectoras y Reservas Biológicas, con lo cual esa zona asumió un interés forestal.  Finalmente, las zonas en litigio fueron declarados reservas forestales, a través de los decretos citados supra, manteniendo la condición de bienes imprescriptibles e inalienables por constituir terrenos públicos del Estado (Sobre el desarrollo de la protección estatal al patrimonio histórico, esta Sala profundizó su análisis en el voto Nº 51 de 15:15 horas del 26 de mayo de 1995). En consecuencia, las condiciones de imprescriptibilidad e inalienabilidad, así como la protección forestal son anteriores a los decretos citados por el Tribunal Superior. Pese a esto, lo que aquí se expone no cambia lo decidido sino que más bien lo reafirma.  V.- No está de más agregar, que incluso en la hipótesis de la naturaleza pública de los fundos hubiese surgido en abril de 1978 -con la incorporación en la reserva forestal de Golfo Dulce-, la casacionista debió siempre demostrar la posesión decenal de los inmuebles a esa fecha, utilizando para ello no sólo su tenencia sobre ellos, sino también adicionando la ejercida por los anteriores transmitentes.  Así lo exigió el Tribunal. En el recurso se alega -sin justificación, pues quedó demostrado que la tenencia se realiza a partir de 1971-, una posesión desde 1969.  Tal reclamo, independientemente del aspecto probatorio, que puede ser objeto de cuestionamiento, resulta ineficaz para modificar el fallo impugnado; esto por cuanto el requisito decenal de la actividad posesoria tampoco habría sido satisfecho, asumiendo como ciertos los argumentos de la recurrente.        VI.- Por último, reclama la contrademandate que a los terrenos litigiosos no se les aplica el régimen forestal y por ende, no es necesario que la posesión sea de carácter ecológico. Para sustentar su alegato refiérese, de manera imprecisa, al mecanismo de aprovechamiento forestal que estipulaban los numerales 63 y siguientes de la Ley Forestal 1969.  Sin embargo, esas normas sólo eran aplicables a los bosques privados cuyo propietario pretendiera explotarlos, porque tratándose de terreno sin dueño, el régimen forestal se imponía en forma inmediata por imperativo legal.  El argumento es así deleznable y deben sin más desestimarse.  VII.- Con base en las razones expuestas, es de rigor desestimar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia impugnada.  POR TANTO  Se confirma el fallo recurrido …".  Por todo lo anteriormente expuesto se hace necesario confirmar lo resuelto pero por los motivos dados en esta instancia."

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Texto de la resolución

 

VOTO Nº 1229-F-06

            TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las once horas del catorce de diciembre del dos mil seis.

            Proceso Ordinario Agrario, planteado por [Nombre1]  , mayor, casado, empresario, vecino de San José, cédula número CED1-    -  ; contra [Nombre2]  , mayor, soltero, comerciante, vecino de San José, cédula número CED2-  -    , tramitado ante el Juzgado Agrario de Corredores. En el proceso se tuvo como parte al Estado representado por Víctor Bulgarelli Céspedes, mayor, casado, Abogado, vecino de Heredia, cédula número CED3-  -  , en su condición de Procurador Agrario. Actúa como Apoderada Especial Judicial de la parte actora la Licenciada Marcela Rodríguez Chaves, mayor, soltera, abogada, cédula número CED4-    -   y de la parte demandada la licenciada Merly González Mayorga, mayor, divorciada, Abogada, vecina de Puntarenas, cédula número CED5-    -    .

RESULTANDO:

            1.- La parte actora plantea proceso ordinario estimado en la suma de diez millones de colones, para que en sentencia se declare: "1- Se declare al suscrito único poseedor de los terrenos descritos en el plano catastrado número P- 111049-93 cuya posesión adquirí de [Nombre3]   quien a su vez la adquirió de [Nombre4]   quien adquirió de [Nombre5]  . 2- Que se declare que el suscrito y los anteriores transmitentes hemos ejercido como propietarios, de forma quieta pública y a título de dueños la posesión durante mas de cuarenta años sobre la totalidad de los terrenos. 3- Que el demandado nunca ha ejercido la posesión sobre los terrenos sin inscribir del suscrito. 4- Que en virtud de la posesión ejercida por el suscrito, en forma personal y por la derivada de mis transmitentes se ordene la inscripción en el Registro Público, de los terrenos aquí reclamados, a mi nombre. 5- Que la posesión ejercida por el suscrito es de buena fe y además de ello ha sido materializada mediante actos de producción de la tierra. 6- Que el demandado no ha ejercido ningún acto de posesión o producción sobre los terrenos que me pertenecen. 7- Que la pretendida posesión del demandado es de mala fe. 8- Se condene al demandado al pago de las costas procesales y personales de esta acción", (folios 5 al 8).

            2.- La parte demandada contestó la acción incoada en su contra en los términos que corren de folios 31 al 35, e interpuso las excepciones de falta de: derecho, legitimación, así como la excepción genérica sine actione agit. 

            3.- El licenciado Wilberth Álvarez Lí, juez de primera instancia en resolución de las once horas del veintinueve de abril del dos mil cinco, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, jurisprudencia y normativa citada, se acoge la excepción de falta de derecho, y en cuanto a la falta de legitimación y la genérica de sine actione, por innecesario se omite pronunciamiento sobre ellas. En consecuencia se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda ordinaria agraria establecida por [Nombre1]   contra [Nombre2]  . Se condena a la parte actora al pago de ambas costas de esta acción", (folios 300 al 312).

            4.- La parte actora formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, folios 313 al 318.

            5.-  En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, sin notarse la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo.

            Redacta el juez Darcia Carranza; y,

CONSIDERANDO:  

            I.- El Tribunal prohija los hechos tenidos por probados al ser fiel reflejo de lo acaecido en autos. De dicha naturaleza téngase el siguiente: 4.-  Mediante escritura pública otorgada ante el notario público [Nombre6]   a las ocho horas del veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, el señor [Nombre5]    le vende una finca sin inscribir con una medida de  cien hectáreas cuatro mil seiscientos cincuenta y seis metros con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados, identificada con el plano catastrado Nº P-111049-93, ubicada en Puerto jiménez, de Golfito de la Provincia de Puntarenas, lindante al norte con [Nombre7]  , [Nombre8]  , Chimpol S.A.; al sur con [Nombre1]  , [Nombre9]  , [Dirección1]         frente a ésta;  al este con [Nombre10]   y al oeste con [Nombre1]   trasladándole, al señor [Nombre4]   una posesión de más de sesenta años (ver folio 107 del legajo de prueba del actor). 5) Por escritura pública otorgada ante el notario público Olman Castro Madrigal a las nueve horas del veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, [Nombre4]   traspasa a [Nombre9]   la finca sin inscribir identificada en el plano catastrado Nº P- 111049-93, que él había adquirido de [Nombre5]   (ver folio 109 del legajo de prueba del actor). 6) La señora [Nombre9]  inició trámites de diligencias de información posesoria seguida en el expediente EXPN1, en fecha 21 de noviembre de 2000 (ver folio 105 a 130 del legajo de pruebas del actor). 7. Mediante escritura ciento treinta y siete otorgada en el tomo cuarto del protocolo de la notario público Marcela Rodríguez Chaves, folio 100, la señora [Nombre9]   cedió los derechos de la información posesoria al señor [Nombre1]  , la cual fue aceptada por el Juzgado Agrario de origen por resolución de las  nueve horas treinta minutos del 3 de diciembre de 2002 (ver folios 243 y 246 del principal).  8. La escritura mediante la cual el señor [Nombre5]    vende el terreno descrito en el plano catastrado P-111049- 93, a [Nombre2]   (hoy [Nombre2] ), el cual es objeto de discusión fue suscrita en fecha 24 de abril de 1997, por lo que fue posterior a la escritura mediante la cual le había transmitido el mismo bien al señor [Nombre4]   (ver folios 107, del legajo de prueba del actor y 25 del principal). 9).- El terreno objeto de litigio se encuentra dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce creada mediante decreto ejecutivo Nº 8494-A de 28 de abril de 1978 (folio 74).

            II.- No se comparten los hechos tenidos por no probados al considerarse el a quo confunde la acción planteada.

            III.-  La apoderada especial judicial de la  parte actora, licenciada Marcela Rodríguez Chaves  interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de origen con fundamento en lo siguiente. 1) Indica el recurrente, la sentencia omitió analizar la totalidad de la situación fáctica y probatoria constante en autos, por lo que la misma es el resultado de un análisis parcial lo que conlleva a una conclusión errada en el fallo. 2) Dice, en el hecho probado  uno se afirma que es el demandado quien ha estado trabajando y poseyendo el fundo, sin embargo ello carece de un análisis lógico jurídico, que lo fundamente y también adolece de un análisis probatorio de los antecedentes fácticos de la posesión. Al iniciarse este proceso se ofreció como prueba dos expedientes que constaban en el mismo despacho, el número EXPN1 y el EXPN2, prueba que nunca fue analizada, valorada, ni mencionada por el a quo. Mediante dicha prueba se logra establecer que su representado adquirió, el derecho aquí alegado mediante una cesión de derechos litigiosos en un trámite de información posesoria, y se demuestra también se trata de un terreno sin inscribir, de ahí que el hecho cuarto sobre el fondo del asunto, en el cual el  a quo analiza la legitimación activa y justifica las razones para determinar, que su representado adolece de legitimación activa, al decir que en ningún momento ostenta la calidad de propietario registral, carece de todo sentido. Aduce que el a quo ni siquiera leyó el libelo de demanda en cuyo hecho primero se indica claramente que la legitimación de su representado deviene de una cesión de derechos litigiosos dada en el expediente EXPN1. 3) En cuanto al hecho tenido por no demostrado el  a quo indica no se demostró que su representado ejerciera algún tipo de acto posesorio y por otra parte se dice tampoco demostró ser el propietario del fundo. Ambos hechos, si se hubiere tenido la totalidad de la prueba evacuada se tendrían por demostrados, pues la declaración de la cedente de los derechos no fue analizada en un todo, como en derecho corresponde y ésta fue clara en señalar que ha sufrido amenazas del actor para que no se apersone al fundo en litigio y por otra parte, no podría su representado demostrar la propiedad de un inmueble sin inscribir, más que con los documentos que constan en autos, pues no podría pretender una inscripción registral como parece indicarlo el fallo. 4) la prueba no fue analizada en su conjunto como lo ordenan los principios procesales, pues el juzgador de instancia lo único que hace es copiar expresiones aisladas de los testigos, omitiendo con ello analizar la totalidad de cada declaración e interrelacionarla con el resto de prueba; a saber, la documental y el acta de reconocimiento judicial. 5) Alega, no fue tomado en cuenta que la transmitente de su representado adquirió mediante escritura pública número 119 visible a folio 75 del tomo primero del protocolo del notario público Olman Castro Madrigal, otorgada a las 9 horas del 29 de noviembre de 1999, por compra hecha al señor [Nombre4]  , quien había adquirido del poseedor anterior [Nombre5]   , mediante escritura número 19 del tomo 13 del notario Jeremías Vargas Chavarría otorgada a las 8 horas del 21 de noviembre de 1996. Alude, que con la prueba testimonial se acreditó que el señor [Nombre5] , no solo, era la persona que ejercía de manera directa la posesión sobre el fundo en disputa, sino, también, que su voluntad siempre fue que dicha posesión le fuera entregada a su transmitente, [Nombre9] . 6) La parte demandada presenta como base de este proceso una escritura otorgada ante el notario público Adolfo Rojas Breedy, de fecha 24 de abril de 1997, mediante la cual [Nombre5]   le transmite los derechos posesorios, sin embargo ya para esa fecha el no era el dueño del fundo al haberle traspasado con anterioridad los derechos posesorios a [Nombre4]  , por lo que éste no podía traspasar algo que ya no le pertenecía.  Tal escritura no ha sido rescindida para justificar el título que exhibe el demandado, situación que ni siquiera fue objeto de análisis por parte del a quo. 7) El a quo indica que la explotación agraria está amparada por la legislación como fundamento para proteger al poseedor del propietario, tal posesión debe cumplir con una serie de requisitos entre ellos el de ser pacífica y de buena fe. También dice, debe tenerse claro que mientras don [Nombre5] vivía, los actos de posesión que pudo ejercer el demandado eran por mera tolerancia de éste, en virtud de su relación de parentesco con el poseedor directo, pues éste era quien ejercía la verdadera posesión, pues a pesar de sus actos notariales Don [Nombre5] hasta su fallecimiento mantuvo la posesión y fue a partir de dicho momento que el aquí demandado le impidió a doña [Nombre9] el ejercicio del derecho de posesión que hoy se reclama, todo lo cual no ha sido objeto de valoración por el juez. 8) Indica, hay un elemento que resulta fundamental en este proceso y es el hecho que doña [Nombre9] , quien era la esposa de Don [Nombre5] ejerció de manera directa y conjunta, por años la posesión sobre los terrenos aquí reclamados, por lo que además de título legal, ella había tenido el título real, cual es el ejercicio de actividades productivas en el fundo en litigio. 9) Dice, resultan fundamentales los testimonios recabados en el sentido de que la explotación agrícola del bien se ha hecho en la misma área en la que lo hizo don [Nombre5] y en segundo lugar la declaración rendida por el mismo demandado quien indicó de manera clara y precisa que no había tenido problemas con otros poseedores por que no habían ido a la finca, a contrario sensu se puede deducir que si llegaran tendría problemas tal y como lo indicó la señora [Nombre9]  quien ha sido amedrentada por el demandado. 10) La prueba testimonial otorga elementos de juicio que resultan interesantes, pues los testigos son contestes en indicar que el demandado, laboraba en la finca cuando don [Nombre5] era dueño (declaración de [Nombre11]  ) y aún más claro al señalar "debo aclarar que cuando yo veía a los hijos de don [Nombre5] que iban a trabajar a la finca yo consideraba que don [Nombre5] era el dueño de ella y yo nunca supe cuando don [Nombre5] dejo de ser el dueño de esa finca". Indica el apelante. queda aún más claro en cuanto a la posesión consentida del demandado y no como dueño lo dicho por [Nombre12]  , deponente ofrecido por el demandado en cuanto a que quien ha poseído la finca lo ha sido don [Nombre5] y posteriormente que quien la ha trabajado a sido [Nombre13] , por lo que se denota que el demandado y sus hermanos han trabajado el fundo  ejerciendo actos posesorios que no eran propios ni a título de dueños, sino como consecuencia lógica de la relación de parentesco y que han prorrogado a través del tiempo mediante la intimidación a los verdaderos dueños del fundo. Aduce incluso que si el testimonio de [Nombre12]  hubiese sido analizado íntegramente se habría dado cuenta el juez de que el mismo resulta contradictorio pues también indicó: que el no sabía quien trabajaba la finca cuando era de don [Nombre5], que no sabía si sus hijos trabajaban en ese entonces con él, pero al final de su deposición ante una repregunta dijo: Que el conoció una carta - venta, mediante la cual [Nombre2] adquirió el fundo, el día del juicio pasado refiriéndose a la inspección realizada en mayo del año pasado (2004), lo cual hace concluir que dicho deponente en ningún momento tiene referencia anterior a mayo del 2004, como para establecer en que momento el señor [Nombre5] dejó de ejercer la posesión, quien a la postre se la transmitió a la cesionaria del aquí actor. 8) El actor en su deposición fue claro al indicar que no iba a la finca, por que  gente conocida del pueblo le ha dicho que los hijos de don [Nombre5] lo van a machetear o a tirar, lo cual coincide también con los demás testimonios en cuanto a si bien es cierto el demandado es solo uno de los hijos de don [Nombre5], está acreditado que quien pasa más tiempo en los terrenos es otro hermano. 9) El fallo tampoco analiza el reconocimiento judicial de fecha 1 de abril del 2004, en el cual se determina de manera clara y precisa que la finca es básicamente de bosque primario y secundario con una pequeña cabaña de madera la cual tiene muchos años de construida, y los pocos árboles que se encuentran a su alrededor tienen también años de sembrados, lo que acredita de manera irrefutable que no existe un ejercicio real y actual de una empresa agraria, lo cual implica la posesión le fue trasmitida por sus verdaderos sucesores y no ha existido más explotación de áreas que las que ellos hicieron originalmente. Dice hay que tener en consideración el fundo mide un millón cuatro mil seiscientos cincuenta y seis metros con cuatro decímetros cuadrados y tal y como se desprende del reconocimientos judicial los siembros ni son a gran escala ni son recientes, lo que viene a eliminar el elemento principal de legitimación en materia agraria cual es el uso de la tierra, el cual ha sido desvirtuado por la prueba objetiva incorporada al proceso y no analizada por el a quo. Dice, hay dos aspectos que resultan trascendentales para resolver este caso, el primero  referido a la legitimidad de la posesión que ejerce el demandado y el segundo, respecto al efectivo ejercicio de la producción agrícola, aspectos en los cuales el juzgador de instancia fue absolutamente omiso, al dictar el fallo (folios 313 a 324).

            IV.- El demandado ataca el fallo básicamente en cuanto a  la falta de valoración de la prueba documental primordial referida a las escrituras de traspaso del bien por el anterior poseedor antes de traspasárselo al aquí demandado, prueba no valorada ni analizada, pues se trataba de una doble venta cuando ya el señor [Nombre5]  ya no era dueño del inmueble, también critica la falta de valoración y análisis de otras pruebas constantes en autos como lo son el reconocimiento judicial y la testimonial. Alega también se tiene por no demostrado que fuera el propietario del fundo cuando no se podría hablar de propiedad registral al ser un fundo sin inscribir.

V.-  En cuanto a los alegatos que hace el recurrente respecto a la que el a quo no valoró la prueba documental constante en autos referente a la venta anterior que había hecho el señor [Nombre5]   al señor [Nombre4]  , lleva razón la recurrente, pues se nota la carencia de análisis de tal prueba por parte del juzgador de instancia. Considera importante este Tribunal hacer una relación concatenada de lo sucedido en este caso.  Mediante escritura pública otorgada ante el notario público Jeremías Vargas Chavarría a las ocho horas del veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, el señor [Nombre5]    le vende su finca sin inscribir con una medida de  cien hectáreas cuatro mil seiscientos cincuenta y seis metros con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados, identificada con el plano catastrado Nº P-111049-93, ubicada en Puerto Jiménez de Golfito de la Provincia de Puntarenas, lindante al norte con [Nombre7]  , [Nombre8]  , Chimpol S.A.; al sur con [Nombre1]  , [Nombre9]  , [Dirección1]         frente a ésta;  al este con [Nombre10]   y al oeste con [Nombre1]  , al señor [Nombre4]  , trasladándole una posesión de más de sesenta años (ver folio 107 del legajo de prueba del actor). Por escritura pública otorgada ante el notario público Olman Castro Madrigal a las nueve horas del veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, [Nombre4]   traspasa a [Nombre9]   la finca sin inscribir identificada en el plano catastrado Nº P- 111049-93, que él había adquirido de [Nombre5]   (ver folio 109 del legajo de prueba del actor). La señora [Nombre9]  inició trámites de diligencias de información posesoria seguida en el expediente EXPN1, en fecha 21 de noviembre de 2000 (ver folio 105 a 130 del legajo de pruebas del actor). Mediante escritura ciento treinta y siete otorgada en el tomo cuarto del protocolo de la notario público Marcela Rodríguez Chaves, folio 100, la señora [Nombre9]   cedió los derechos de la información posesoria al señor [Nombre1]  , la cual fue aceptada por el Juzgado Agrario de origen por resolución de las  nueve horas treinta minutos del 3 de diciembre de 2002 (ver folios 243 y 246 del principal).  La escritura mediante la cual el señor [Nombre5]    vende el terreno descrito en el plano catastrado P-111049-93, a [Nombre2]   (hoy [Nombre2] ), el cual es objeto de discusión fue suscrita en fecha 24 de abril de 1997, por lo que fue posterior a la escritura mediante la cual le había transmitido el mismo bien al señor [Nombre4]   (ver folios 107, del legajo de prueba del actor y 25 del principal). Partiendo de ello es claro que cuando el señor [Nombre5]    le vende al aquí demandado, ya dicho fundo no le pertenecía al haberlo transmitido prácticamente un año antes, es decir no estaba en capacidad de vender al no ser el dueño del terreno en dicho momento pues se trata de cosa ajena. Partiendo de lo anteriormente expuesto resulta claro que la escritura pública número ciento diecinueve visible al folio 75 del tomo primero del protocolo del notario público Olman Castro Madrigal mediante la cual [Nombre5]  le vende el fundo objeto de este proceso en fecha de las nueve horas del veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis al señor [Nombre4]    es anterior por lo que  cualquier otro traspaso no fue en el carácter de dueño. Al respecto, dispone el numeral 1061 del Código Civil: “La venta de cosa ajena es absolutamente nula; pero el comprador que ignora el vicio del contrato, tiene derecho a los daños y perjuicios aun contra el vendedor de buena fe”; y refiriéndose a ello, el artículo 1063 del mismo cuerpo normativo establece: “La nulidad de la venta de cosa ajena, queda salvada si el verdadero propietario ratifica la enajenación, o si el vendedor llega a ser ulteriormente propietario de la cosa vendida”. De acuerdo a lo anterior, la venta hecha por [Nombre5]  a [Nombre2]   estaría viciada de nulidad a menos que el vendedor hubiera adquirido nuevamente la condición de propietario o que el propietario ratificara dicha venta. Ninguno de esos supuestos se dan en este caso.  En primer término, [Nombre5]  no volvió a ser dueño del inmueble; y en segundo lugar, existen pruebas suficientes en el proceso como para concluir, [Nombre1]   no ha ratificado en ningún momento la aludida enajenación. Al contrario, consta en autos, luego de que [Nombre5]  le vendió a [Nombre4]   éste le traspasa el inmueble en disputa a la señora [Nombre9]   por escritura pública otorgada ante el notario público Olman Castro Madrigal a las nueve horas del veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (ver folio 109 de legajo de prueba del actor) y esta inició trámites de diligencias de información posesoria seguida en el expediente EXPN1, en fecha 21 de noviembre de 2000 (ver folio 105 a 130 del legajo de pruebas del actor), y mediante escritura ciento treinta y siete otorgada en el tomo cuarto del protocolo de la notario público Marcela Rodríguez Chaves, folio 100, la señora [Nombre9]   cedió los derechos de la información posesoria al señor [Nombre1]  , la cual fue aceptada por el Juzgado Agrario de origen por resolución de las  nueve horas treinta minutos del 3 de diciembre de 2002 (ver folios 243 y 246 del principal). Todas estas escritura tienen la validez correspondiente al haber adquirido de la sucesión de dueños anteriores, hasta llegar al señor [Nombre5]   como dueño anterior. De acuerdo a lo expuesto, no se está en presencia de los supuestos señalados por el numeral 1063 transcrito, manteniendo la venta mediante la cual adquirió el señor  [Nombre2]   vicios de nulidad.Independientemente al análisis anterior respecto a una doble venta ello no quiere decir el bien le pertenezca a la parte aquí actora, pues es importante hacer un análisis jurídico de los terrenos en disputa pues se encuentran dentro de un área silvestre protegida creada desde junio de mil novecientos setenta y ocho y como se verá más adelante la posesión inicial sobre esos terrenos por parte del primer poseedor lo fue desde el año mil novecientos ochenta y dos según la prueba contante en autos. Hay que tener presente lo dicho por la Procuraduría General de la República en cuanto a que el bien objeto de litigio se encuentra ubicado en la Reserva Forestal Golfo Dulce creada por decreto Ejecutivo Nº 8494-A de 28 de abril de 1978 (folio 74), por lo que no puede ser susceptible de apropiación particular sino se demuestra una posesión decenal diez años antes de su creación según lo estipula el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, al ser  parte del dominio público al pertenecer al  Patrimonio Natural del Estado.. Según los planos que identifican el inmueble en disputa el mismo se localiza dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce y así lo indica la certificación del Ministerio del Ambiente y Energía (ver folios 4 y folio 5 del legajo de prueba del actor y folio 92 del principal). De la prueba documental y testimonial existente en el expediente se logra determinar una posesión aproximada desde el año mil novecientos setenta y ocho, pues el señor  [Nombre11]   indicó el conoce la finca desde hace unos veintidós años, pues el fue poseedor de la misma. Este señor es claro en indicar lo siguiente: " Tengo de conocer la finca en litis hace veintidós años, incluso esa finca fue mía, cuando eran tierras baldías, después de mi el señor [Nombre14]  fue el dueño, luego se la vendió a don [Nombre5]..." (ver folio 66 frente) y siendo que su declaración lo fue el 14 de setiembre de 2004, ello retrotrae a una posesión desde el año 1982, cuando ya se había hecho la declaratoria de la Reserva Forestal, pues la misma data desde 28 de abril de 1978. Los demás testigos conocen el inmueble en disputa en fechas posteriores a la indicada por el deponente citado, al indicar [Nombre12]   que lo conoce desde hace quince años, [Nombre9]   desde el año mil novecientos noventa y dos (ver folios 65, 66), por lo que para efectos de demostrar una posesión decenal anterior al 28 de abril de 1978, carecen de validez. Considera este Tribunal importante hacer un recuento histórico de las diferentes leyes que indican la demanialidad de los terrenos inmersos dentro de las áreas silvestres protegidas.

            VI.- En nuestro país la titulación de terrenos que se encuentran ubicados en áreas silvestres protegidas se ha venido permitiendo teniendo como fundamento el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, el cual ha sido reformado a lo largo del tiempo en varias oportunidades. En los primeros treinta y tres años de vigencia de la ley, el texto de la norma no guardaba relación con la materia que actualmente regula, a saber, la posesión ad usucapionem de bienes inmuebles que quedan comprendidos en áreas silvestres protegidas. Al respecto, se tiene que por Ley No.5257 de 31 de julio de 1973, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias sufrió una reforma, y su texto decía: “Artículo 7.- Cuando el inmueble a que se refiere la información contenga un área de bosque de la mitad o más de su extensión, habrá necesidad de probar la debida adquisición, con documento público con más de diez años de otorgado. A la información posesoria, de acuerdo con este artículo, deberá aportarse, en todo caso, constancia de la Dirección General Forestal, de que el terreno no forma parte de las reservas o parques nacionales.”  El texto anterior fue reformado por la Ley Forestal No.7032 de 2 de mayo de 1986, y la disposición impugnada quedó de la siguiente manera: “Artículo 7.- Cuando el inmueble a que se refiere la información esté comprendido dentro de una zona declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora, el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la respectiva ley o decreto en que se creó la respectiva área silvestre. Las fincas que estén fuera de esas áreas y que tengan bosques, solo podrán ser tituladas si el promovente demuestra haberlas poseído por diez años o más y haber protegido dicho recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado con cercas o carriles limpios. Los planos catastrados que se aporten en diligencias de información posesoria, sin excepción alguna, deberán ser certificados por la Dirección General Forestal y el Servicio de Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dependencias que darán fe de si el inmueble que se pretende titular se encuentra dentro o fuera de esas áreas protegidas.” El texto de la norma antes citado se mantuvo con la reforma que introdujo la Ley Forestal No.7174 del 28 de junio de 1990, a la Ley de Informaciones Posesorias, variándose únicamente el Ministerio al que estaba adscrito el Servicio de Parques Nacionales, que pasó a pertenecer al Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. El texto de dicha norma decía: “Artículo 7.- Cuando el inmueble a que se refiere la información esté comprendido dentro de una zona declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora, el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la respectiva ley o decreto en que se creó la respectiva área silvestre. Las fincas que estén fuera de esas áreas y que tengan bosques, solo podrán ser tituladas si el promovente demuestra haberlas poseído por diez años o más y haber protegido dicho recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado con cercas o carriles limpios.  Los planos catastrados que se aporten en diligencias de información posesoria, sin excepción alguna, deberán ser certificados por la Dirección General Forestal y el Servicio de Parques Nacionales del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, dependencias que darán fe de si el inmueble que se pretende titular se encuentra dentro o fuera de esas áreas protegidas." Actualmente, por la reforma efectuada por la Ley Forestal No.7575 de 13 de febrero de 1996, el texto vigente de la Ley de Informaciones Posesorias dice:  “Artículo 7.-Cuando el inmueble al que se refiere la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre. Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que tengan bosques, sólo podrán ser tituladas si el promovente  demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios. Sin excepción alguna, los planos catastrados que se aporten en diligencias de información posesoria, deberán ser certificados por el Ministerio del Ambiente y Energía, por medio del ente encargado, el cual dará fe de si el inmueble que se pretende titular se encuentra dentro o fuera de esas áreas silvestres protegidas.” Partiendo de lo anterior en los casos en los cuales el terreno esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, debe cumplirse con un requisito más calificado en cuanto al ejercicio y tiempo de la posesión. En dicho sentido se ha pronunciado el Tribunal Agrario:  “…De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, de aplicación al caso por encontrarse el inmueble a titular dentro de la Zona Protectora …, para poder inscribir dicho bien en el Registro Público, es preciso el gestionante demuestre haber estado en posesión del inmueble por lo menos diez años antes de la vigencia del Decreto que creó la citada Reserva, así como haber protegido el recurso forestal”(voto Nº170-03 de las 16:24 horas del 31 de marzo del 2003. Ver también al respecto el voto Nº755- 03 citado). Lo anterior se exige en protección del patrimonio forestal del Estado y la biodiversidad, sin afectarse por ello los derechos que efectivamente los sujetos privados hubiesen consolidado por el transcurso del tiempo (ver al respecto el voto Nº497 de las 15:20 horas del 30 de julio del 2003 del Tribunal). En ese sentido, la Sala Constitucional en Voto N° 4587 de las 15:45 horas del 5 de agosto de 1997, en el cual analizó la constitucionalidad del artículo 7 citado, dispuso para poder titular los terrenos ubicados en las zonas protegidas que ahí se señalan, debía el interesado demostrar la posesión diez años antes de la vigencia del Decreto respectivo. Básicamente dijo la Sala en esa oportunidad: "… dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley… resulta importante sintetizar los elementos básicos que a nivel de doctrina y jurisprudencia se manejan con estos temas, y que obligan al juez – en relación con la norma impugnada- a determinar en cada caso el tipo específico de acto posesorio que se ha ejercido en el fundo – que entra a formar parte del área silvestre protegida- que se pretende titular. Lo anterior con el objeto de que el juez tenga un criterio más amplio – que no se limite a la fecha de entrada en vigencia de la ley o el decreto ejecutivo que defina los límites de un área silvestre determinada- para establecer con mayor precisión el momento en que dichos bienes se convirtieron en inalienables e imprescriptibles, a los efectos de determinar si sobre ellos se ejerció la posesión ad usucapionem durante diez años anteriores a que adquirieron esa condición. Esta perspectiva de mayor amplitud favorece la protección del patrimonio ambiental de la Nación, determina que cuando se pretenda titular – mediante el procedimiento de informaciones posesorias- un terreno ubicado dentro de un área silvestre protegida, la discusión no se reduzca al simple cálculo del tiempo que tiene de haber ingresado a un inmueble en relación con la fecha en que se haya producido la declaratoria de área silvestre protegida, ya que  -por un lado deberá contemplarse a los efectos de acreditar la posesión ad usucapionem durante el plazo establecido en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, los elementos que cada tipo específico de posesión contempla, y –por otro lado- la posible existencia de normas que de antaño declaraban inalienables esos terrenos, aún antes de su afectación específica al dominio público… ".  De lo dicho por la  Sala Constitucional se se logra extraer una serie de conclusiones importantes, ya que además de la posesión decenal antes de la creación del área silvestre protegida, debe demostrar haber protegido el recurso existente en los terrenos objeto de titulación. Además, en dicho voto se indica el juzgador ha de ser cuidadoso en la aprobación de las diligencias de  titulación de terrenos al amparo del artículo 7 de la Ley de Informaciones posesorias, por lo que deberá revisar en cada caso concreto si los terrenos no han sido afectos al dominio público por alguna ley anterior a la creación de la zona protegida. En este caso particular es claro la posesión fue primeramente ejercida por el señor [Nombre11]   , según el mismo lo indicó al declarar la finca fue de él cuando eran tierras baldías, y tomando en cuenta su declaración fue rendida  el 14 de setiembre del 2004, retrotrayéndose en el tiempo 22 años atrás de su declaración, nos ubica temporalmente en el año 1982, por lo que se estaría discutiendo sobre terrenos que fueron afectos al demanio público desde antes de esa fecha al estar comprendidos dentro de la  Reserva Forestal Golfo Dulce creada por decreto Ejecutivo Nº 8494-A de 28 de abril de 1978. Respecto a los bienes demaniales, ellos no pueden ser susceptibles de apropiación particular al estar fuera del comercio de los hombres. Sobre el régimen de dominio público se hace necesario previamente, definir lo que es el dominio público. Es el conjunto de bienes propiedad pública del Estado, lato sensu, afectados al uso público directo o indirecto, de los habitantes, y sometido a un régimen especial de derecho público y, por tanto, exorbitante del derecho privado. El dominio público se encuentra conformado por cuatro elementos: subjetivo, objetivo, normativo y teleológico. El elemento subjetivo se refiere al titular del derecho -El Estado-; el elemento objetivo se refiere o se constituye por el bien o los bienes sobre los cuales recae el dominio público -para este caso el inmueble objeto de litigio- ; el elemento normativo determina cuando un bien reúne los requisitos señalados por ley para considerarlo demanial, es el conjunto de normas que lo rigen -elenco de normas que en adelante se dirán-; y el elemento teleológico que se refiere a la finalidad que se persigue al incluir determinado bien dentro del dominio público, qué finalidad pública es asignada al bien -en este caso la protección de los recursos naturales-.  Los bienes de dominio público están sometidos a un régimen jurídico especial, se encuentran sujetos a un poder de policía, y se caracterizan esencialmente por su inalienabilidad e imprescriptibilidad. Por su naturaleza están dirigidos a satisfacer necesidades públicas, este hecho impide que sobre ellos exista tenencia o posesión por parte de particulares o personas privadas, están fuera del comercio, del derecho privado. Nuestra Constitución Política en su artículo 121 inciso 14) hace referencia a la Demanialidad indicando qué bienes son susceptibles de ese régimen de propiedad pública, incluso estableciéndose en ese artículo diferentes grados de afectación pública dándose un grado de publicatio intenso y absoluto hasta otros grados menos intenso y se armonizan los derechos de los administrados con las potestades de la Administración. Nuestro Código Civil vigente que data desde el mes de abril de mil ochocientos ochenta y seis, regula las bases más importantes en materia de bienes de dominio público, concretamente en sus artículos 261 al 263. El artículo 262 del citado Código Civil, hace referencia a dos características importantes de los bienes de dominio público: a- las cosas públicas están fuera del comercio, y b- se establece la desafectación al decir que esos bienes no pueden entrar en el comercio privado, mientras legalmente no se disponga así. Como puede observarse la afectación al régimen de dominio público no depende de la naturaleza del bien, sino de la voluntad del legislador. Mediante voto número 447-91 de las quince horas treinta minutos del 21 de febrero de 1991  la Sala Constitucional manifiesta que la declaración de dominio público del bien se establece por ley, esta declaración no constituye una limitación a la propiedad, de acuerdo con el artículo 45 de la Carta Magna, pues éste artículo se refiere a propiedad privada, y los bienes de dominio público no están sujetos a propiedad privada. En este sentido la Sala Constitucional ha dicho, respecto a este tipo de bienes  “ El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la Comunidad, al interés público. Son los llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres, es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio.” (Voto N° 2306 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno de la Sala Constitucional). Con fundamento en el análisis realizado de todo el elemento probatorio considera este Tribunal los terrenos en disputa son bienes de dominio público no sujetos de apropiación particular, por lo que el objeto de este litigio respecto a ventas y dobles ventas del mismo resulta ilícito desde esta perspectiva, por ser un bien afecto a la demanialidad. Es importante tener presente también conforme al reconocimiento judicial practicado, el fundo en litigio está compuesto en su mayoría por montaña o  bosque(ver folio 49), lo que implica se trata de un bien destinado a la conservación dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, el cual fue el objetivo de la declaratoria como área silvestre protegida en el año de mil novecientos setenta y ocho. En relación a un caso similar al de estudio donde se discutía sobre un mejor derecho de posesión en terrenos comprendidos dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia mediante voto Nº 56 de las 14 horas del 5 de febrero de 1999 señaló: " CONSIDERANDO:       I.- En el presente proceso ordinario agrario, se discute la existencia de un mejor derecho de posesión sobre terrenos sin inscribir ubicados en la Reserva Forestal de Golfo Dulce. La sociedad Osa Ganadera S. A., demandada y reconventora en este juicio, inconforme con la desestimación de su contrademanda, formula el presente recurso.  Lo sustenta en estas tres afirmaciones: a) Que su posesión, adicionada a la de los transmitentes del inmueble, se remonta al año 1969, lo que implica 28 años de tenencia del bien que debieron ser tutelados por los juzgadores; b) Que ha realizado varios actos, de ejercicio de la posesión, implicando una gran inversión económica y; c) Que el terreno en litigio no se encuentra sometido al régimen forestal debido a que esto no es posible por no estar inscrito en el Registro, lo que también impide la existencia de un plan de manejo o explotación aprobado por la Dirección General Forestal. Concluye, en consideración a lo anterior que no procede exigir una posesión ecológica en los términos que lo propone el Tribunal, y por ende, sus actos posesorios son válidos eficaces y deben ser tutelados.  II.- Frente al recurso de casación en materia agraria, esta Sala ha sido reiterativa en punto a la obligación a cargo del recurrente de combatir, en forma sistemáticamente y técnica los argumentos jurídicos del juzgador, cuanto las apreciaciones de hecho aducidas para inclinar la decisión.  La censura debe hacerse explicando, con razones claras y precisas el disenso para concluir señalando en qué consiste la presunta falta de juridicidad de la sentencia objetada, de ser posible, puntualizando los supuestos errores cometidos por el Tribunal Superior.  De allí que las apreciaciones de orden general o carente de soporte probatorio no pueden constituir una censura idónea en esta sede.  III.- Precisamente, en el recurso, la censurante no se preocupa por desvirtuar las consideraciones del Tribunal Superior. Se limita a realizar apreciaciones de carácter general sobre el tema del proceso que poco o nada se relacionan con los fundamentos del fallo.  Esto valga decirlo, bien puede resumirse así: a) Que el inmueble en conflicto es parte del Patrimonio Forestal del Estado desde 1978, por lo que el área reclamada es propiedad pública, y por ende, imprescriptible e inalienable;  b) Que no se demostró el ejercicio de una posesión ecológica al menos desde abril de 1968; c) Que la tala en áreas boscosas (aproximadamente 100 hectáreas) no se corresponde con la posesión exigida por ley sobre este tipo de terrenos se trata.  A partir de lo anterior, sostienen los juzgadores, que la actividad desplegada sobre los terrenos objeto de litigio no es idónea y por lo mismo no podría ésta hacer nacer ningún derecho a favor de la sociedad contraventora.  El recurso en estudio no es por lo mismo consecuente con los requerimientos técnicos elementales exigidos para estimar una censura en materia agraria, pues en él se refuta la sentencia del Ad quem utilizando argumentos con los que en realidad no se combaten los motivos que dieron cimento a la decisión recurrida. Tampoco se censura debidamente los juramentos jurídicos que aduce el juzgador para dirimir el caso.  Por consiguiente, el recurso resulta bastante informal y esto sólo justificaría su rechazo.  IV.- No obstante, conviene destacar que la casacionista insiste en el reconocimiento judicial de actos posesorios ordinarios sobre un bien que pertenece al patrimonio forestal del Estado. Pasa por alto, que los juzgadores fueron claros en aseverar la imprescriptibilidad e inalienabilidad de los terrenos pretendidos, a partir del fuero otorgado a ellos con la vigencia de los Decretos Ejecutivos Nos. 8494-A de 28 de abril de 1978, 9388-A de 30 de noviembre de ese mismo año y, 10142 de 12 de junio de 1979.  Como consecuencia de estos actos administrativos argumentó el Tribunal, esas propiedades pasaron a integrar la Reserva Forestal de Golfo Dulce. Esta Sala comparte ese aserto. Si bien con esta acotación:  La cualidad de propiedad pública esos referidos bienes no surgió en el año 1978. Esta, proviene del Código Fiscal de 1865. Esta regulación, en efecto regía sobre los baldíos nacionales con bosques y montañas, y de allí su condición de bienes públicos desde aquella época. Posteriormente, esas disposiciones fueron derogadas por la Ley General sobre Terrenos Baldíos Nº 13 de 6 de enero de 1939; pero la normativa emergente mantuvo también la condición de propiedad pública para esos terrenos. Luego, con la promulgación de la Ley  Nº 2825 de 14 de  octubre de 1961, pasaron a ser reservas nacionales del  Estado los terrenos " a) ... comprendidos entre los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal; c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos." (artículo 11, el subrayado no pertenece al original).  Esto dice que esas tierras continuaron integrando la propiedad pública del Estado costarricense.  Más tarde, la Ley Forestal Nº 4465 de 25 de noviembre de 1969 introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la figura denominada Patrimonio Forestal del Estado, que de conformidad con el artículo 18 de aquella normativa, estaba constituido por: Reservas Nacionales, Reservas Forestales, Parques Nacionales, Viveros Forestales del Estado, Zonas Protectoras y Reservas Biológicas, con lo cual esa zona asumió un interés forestal.  Finalmente, las zonas en litigio fueron declarados reservas forestales, a través de los decretos citados supra, manteniendo la condición de bienes imprescriptibles e inalienables por constituir terrenos públicos del Estado (Sobre el desarrollo de la protección estatal al patrimonio histórico, esta Sala profundizó su análisis en el voto Nº 51 de 15:15 horas del 26 de mayo de 1995). En consecuencia, las condiciones de imprescriptibilidad e inalienabilidad, así como la protección forestal son anteriores a los decretos citados por el Tribunal Superior. Pese a esto, lo que aquí se expone no cambia lo decidido sino que más bien lo reafirma.  V.- No está de más agregar, que incluso en la hipótesis de la naturaleza pública de los fundos hubiese surgido en abril de 1978 -con la incorporación en la reserva forestal de Golfo Dulce-, la casacionista debió siempre demostrar la posesión decenal de los inmuebles a esa fecha, utilizando para ello no sólo su tenencia sobre ellos, sino también adicionando la ejercida por los anteriores transmitentes.  Así lo exigió el Tribunal. En el recurso se alega -sin justificación, pues quedó demostrado que la tenencia se realiza a partir de 1971-, una posesión desde 1969.  Tal reclamo, independientemente del aspecto probatorio, que puede ser objeto de cuestionamiento, resulta ineficaz para modificar el fallo impugnado; esto por cuanto el requisito decenal de la actividad posesoria tampoco habría sido satisfecho, asumiendo como ciertos los argumentos de la recurrente.        VI.- Por último, reclama la contrademandate que a los terrenos litigiosos no se les aplica el régimen forestal y por ende, no es necesario que la posesión sea de carácter ecológico. Para sustentar su alegato refiérese, de manera imprecisa, al mecanismo de aprovechamiento forestal que estipulaban los numerales 63 y siguientes de la Ley Forestal 1969.  Sin embargo, esas normas sólo eran aplicables a los bosques privados cuyo propietario pretendiera explotarlos, porque tratándose de terreno sin dueño, el régimen forestal se imponía en forma inmediata por imperativo legal.  El argumento es así deleznable y deben sin más desestimarse.  VII.- Con base en las razones expuestas, es de rigor desestimar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia impugnada.  POR TANTO  Se confirma el fallo recurrido …".  Por todo lo anteriormente expuesto se hace necesario confirmar lo resuelto pero por los motivos dados en esta instancia.

POR TANTO

            Por los motivos dados en esta instancia se confirma la sentencia dictada.

 

 

 

ANTONIO DARCIA CARRANZA

 

 

 

ENRIQUE ULATE CHACÓN                       ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA

BAM

PROCESO:// ORDINARIO

EXP:// EXPN3

ACT:// [Nombre1]   

DEM:// [Nombre2]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:28:14.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

V.- [...] This Tribunal considers it important to provide a historical account of the different laws that indicate the public domain status (demanialidad) of lands submerged within protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas). VI.- In our country, the titling of lands located in protected wilderness areas has been permitted based on Article 7 of the Law of Possessory Information (Ley de Informaciones Posesorias), which has been reformed several times over the years. In the first thirty-three years of the law's effectiveness, the text of the provision bore no relation to the matter it currently regulates, namely, the possession ad usucapionem of real property falling within protected wilderness areas. In this regard, it is known that through Law No. 5257 of July 31, 1973, Article 7 of the Law of Possessory Information was amended, and its text stated: "Article 7.- When the property to which the information refers contains a forest area of half or more of its extent, it will be necessary to prove proper acquisition, with a public document granted more than ten years prior. To the possessory information, in accordance with this article, a certificate from the General Forestry Directorate (Dirección General Forestal) must be provided in all cases, stating that the land does not form part of national reserves or parks." The previous text was amended by the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7032 of May 2, 1986, and the challenged provision was left as follows: "Article 7.- When the property to which the information refers is comprised within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone, the titular must demonstrate having exercised decennial possession for at least ten years prior to the effective date of the respective law or decree in which the respective wilderness area was created. Farms that are outside these areas and that have forests may only be titled if the proponent demonstrates having possessed them for ten or more years and having protected said natural resource, on the understanding that the property must be properly demarcated with fences or clean lanes. The cadastral plans provided in possessory information proceedings, without exception, must be certified by the General Forestry Directorate and the National Parks Service (Servicio de Parques Nacionales) of the Ministry of Agriculture and Livestock, dependencies that will attest whether the property sought to be titled is located inside or outside these protected areas." The text of the aforementioned provision was maintained with the amendment introduced by Forestry Law No. 7174 of June 28, 1990, to the Law of Possessory Information, varying only the Ministry to which the National Parks Service was attached, which became part of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines. The text of said provision stated: "Article 7.- When the property to which the information refers is comprised within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone, the titular must demonstrate having exercised decennial possession for at least ten years prior to the effective date of the respective law or decree in which the respective wilderness area was created. Farms that are outside these areas and that have forests may only be titled if the proponent demonstrates having possessed them for ten or more years and having protected said natural resource, on the understanding that the property must be properly demarcated with fences or clean lanes. The cadastral plans provided in possessory information proceedings, without exception, must be certified by the General Forestry Directorate and the National Parks Service of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, dependencies that will attest whether the property sought to be titled is located inside or outside these protected areas." Currently, by the amendment effected by Forestry Law No. 7575 of February 13, 1996, the effective text of the Law of Possessory Information states: "Article 7.- When the property to which the information refers is comprised within a protected wilderness area, whatever its management category, the titular must demonstrate being the holder of legal rights over decennial possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree in which that wilderness area was created. Farms located outside these areas and that have forests may only be titled if the proponent demonstrates being the holder of the legal rights of decennial possession, exercised for at least ten years, and having protected that natural resource, on the understanding that the property must be properly demarcated and with fences or clean lanes. Without exception, the cadastral plans provided in possessory information proceedings must be certified by the Ministry of Environment and Energy, through the responsible entity, which will attest whether the property sought to be titled is located inside or outside these protected wilderness areas." Based on the foregoing, in cases where the land is comprised within a protected wilderness area, a more qualified requirement regarding the exercise and duration of possession must be met. In this sense, the Agrarian Tribunal has ruled: "...In accordance with the provisions of Article 7 of the Law of Possessory Information, applicable to the case because the property to be titled is located within the Protective Zone ..., in order to register said property in the Public Registry, the applicant must demonstrate having been in possession of the property for at least ten years before the effectiveness of the Decree that created said Reserve, as well as having protected the forest resource" (Voto Nº 170-03 of 4:24 p.m. on March 31, 2003. See also in this regard Voto Nº 755-03 cited). The foregoing is required for the protection of the State's forest heritage and biodiversity, without thereby affecting the rights that private subjects had effectively consolidated through the passage of time (see in this regard Voto Nº 497 of 3:20 p.m. on July 30, 2003, of the Tribunal). In that sense, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), in Voto N° 4587 of 3:45 p.m. on August 5, 1997, in which it analyzed the constitutionality of the cited Article 7, ordered that in order to title the lands located in the protected zones indicated therein, the interested party had to demonstrate possession ten years before the effectiveness of the respective Decree. Basically, the Chamber stated on that occasion: "...given the nature of the property sought to be titled (public thing), the period of possession suitable for usucapion must elapse before the property's affectation to the public domain occurs. That is, the declaration of a protected wilderness area prevents possession subsequent to the affectation from counting, and prevents the requirements of usucapion from being realized if at that moment the right has not been acquired, that is, the ten years of possession suitable for usucapion with the conditions established by law have not elapsed... it is important to synthesize the basic elements handled at the doctrinal and jurisprudential levels on these topics, and which oblige the judge – in relation to the challenged provision – to determine in each case the specific type of possessory act that has been exercised on the tract of land – that becomes part of the protected wilderness area – sought to be titled. The foregoing so that the judge has a broader criterion – not limited to the effective date of the law or executive decree defining the limits of a specific wilderness area – to establish with greater precision the moment when said properties became inalienable and imprescriptible, for purposes of determining whether possession ad usucapionem was exercised over them during the ten years prior to their acquiring that condition. This broader perspective favors the protection of the Nation's environmental heritage, determines that when an attempt is made to title – through the possessory information procedure – land located within a protected wilderness area, the discussion is not reduced to the simple calculation of the time since entry onto a property in relation to the date on which the declaration of the protected wilderness area occurred, since – on one hand, for purposes of accrediting possession ad usucapionem during the period established in Article 7 of the Law of Possessory Information, the elements contemplated by each specific type of possession must be considered, and – on the other hand – the possible existence of provisions that of old declared those lands inalienable, even before their specific affectation to the public domain... " From what was stated by the Constitutional Chamber, a series of important conclusions can be drawn, since in addition to the decennial possession before the creation of the protected wilderness area, the holder must demonstrate having protected the existing resource on the lands subject to titling. Furthermore, in said Voto it is indicated that the judge must be careful in approving proceedings for the titling of lands under the protection of Article 7 of the Law of Possessory Information, and must therefore review in each specific case whether the lands were not affected to the public domain by some law prior to the creation of the protected zone. In this particular case, it is clear the possession was first exercised by Mr. [Name1], as he himself indicated when he declared the farm was his when they were vacant lands (tierras baldías), and taking into account his declaration was rendered on September 14, 2004, going back in time 22 years prior to his declaration places us temporally in the year 1982, such that lands would be under discussion that were affected to the public domain from before that date, being comprised within the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce) created by Executive Decree No. 8494-A of April 28, 1978. Regarding public domain property (bienes demaniales), they cannot be susceptible to private appropriation as they are outside the commerce of men. Regarding the public domain regime, it is necessary first to define what public domain is. It is the set of goods owned publicly by the State, lato sensu, affected to direct or indirect public use by the inhabitants, and subjected to a special regime of public law and, therefore, exorbitant from private law. The public domain is comprised of four elements: subjective, objective, normative, and teleological. The subjective element refers to the holder of the right - the State -; the objective element refers to or is constituted by the good or goods over which the public domain extends - in this case the property subject to litigation -; the normative element determines when a good meets the requirements set forth by law to be considered public domain, it is the set of norms that govern it - list of norms that will be stated hereinafter -; and the teleological element refers to the purpose pursued when including a specific good within the public domain, what public purpose is assigned to the good - in this case the protection of natural resources -. Public domain goods are subject to a special legal regime, are subject to a police power, and are essentially characterized by their inalienability and imprescriptibility. By their nature, they are directed at satisfying public needs; this fact prevents tenancy or possession over them by private individuals or persons, they are outside commerce, outside private law. Our Political Constitution in its Article 121, subsection 14), refers to public domain status (Demanialidad), indicating which goods are susceptible to that public property regime, even establishing in that article different degrees of public affectation, ranging from an intense and absolute degree of publicatio to other less intense degrees, and the rights of the administered are harmonized with the powers of the Administration. Our effective Civil Code, which dates from the month of April eighteen eighty-six, regulates the most important bases regarding public domain goods, specifically in its Articles 261 to 263. Article 262 of the cited Civil Code refers to two important characteristics of public domain goods: a- public things are outside commerce, and b- disaffectation (desafectación) is established by stating that those goods cannot enter private commerce, as long as it is not legally disposed otherwise. As can be observed, affectation to the public domain regime does not depend on the nature of the good, but on the will of the legislator. Through Voto number 447-91 of three-thirty p.m. on February 21, 1991, the Constitutional Chamber states that the declaration of public domain of the good is established by law; this declaration does not constitute a limitation on property, in accordance with Article 45 of the Magna Carta, since this article refers to private property, and public domain goods are not subject to private property. In this sense, the Constitutional Chamber has stated, regarding this type of goods: "The public domain is comprised of goods that manifest, by express will of the legislator, a special destiny of serving the Community, the public interest. These are the so-called dominical goods, public domain goods, public things or public goods, which do not belong individually to private parties and which are destined for a public use and subjected to a special regime, outside the commerce of men, that is, affected by their own nature and vocation. Consequently, these goods belong to the State in the broadest sense of the concept, are affected to the service they provide and which is invariably essential by virtue of express provision. Characteristic notes of these goods are that they are inalienable, they cannot be mortgaged or be susceptible to encumbrance under the terms of Civil Law, and administrative action substitutes for interdicts to recover possession." (Voto N° 2306 of two forty-five p.m. on November sixth, nineteen ninety-one, of the Constitutional Chamber). Based on the analysis performed of all the probative elements, this Tribunal considers the lands in dispute are public domain goods not subject to private appropriation, for which reason the object of this litigation regarding sales and double sales of the same is illicit from this perspective, being a good affected to public domain status. It is also important to bear in mind that, according to the judicial inspection (reconocimiento judicial) carried out, the tract of land in litigation is composed mostly of mountain or forest (see folio 49), which implies it is a good destined for conservation within the Golfo Dulce Forest Reserve, which was the objective of the declaration as a protected wilderness area in the year nineteen seventy-eight. In relation to a case similar to the one under study where a better right of possession was disputed over lands comprised within the Golfo Dulce Forest Reserve, the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice, through Voto Nº 56 of 2:00 p.m. on February 5, 1999, stated: "WHEREAS: I.- In this ordinary agrarian proceeding, the existence of a better right of possession is disputed over unregistered lands located in the Golfo Dulce Forest Reserve. The company Osa Ganadera S. A., defendant and counterclaimant in this lawsuit, dissatisfied with the dismissal of its counterclaim, files this appeal. It bases it on these three assertions: a) That its possession, added to that of the grantors of the property, dates back to the year 1969, which implies 28 years of tenancy of the good that should have been protected by the judges; b) That it has performed various acts, in the exercise of possession, implying a large economic investment; and c) That the land in litigation is not subject to the forest regime because this is not possible for not being registered in the Registry, which also prevents the existence of a management or exploitation plan approved by the General Forestry Directorate. It concludes, in consideration of the foregoing, that it is not appropriate to demand ecological possession in the terms proposed by the Tribunal, and therefore, its possessory acts are valid, effective, and must be protected. II.- In the face of the cassation appeal in agrarian matters, this Chamber has been reiterative regarding the obligation of the appellant to combat, systematically and technically, the legal arguments of the judge, as well as the factual appreciations adduced to incline the decision. The censure must be made by explaining, with clear and precise reasons, the dissent, to conclude by indicating what the alleged lack of legality of the objected judgment consists of, if possible, pinpointing the supposed errors committed by the Superior Tribunal. Hence, appreciations of a general nature or lacking probative support cannot constitute a suitable censure in this venue. III.- Precisely, in the appeal, the appellant does not worry about refuting the considerations of the Superior Tribunal. It limits itself to making general appreciations on the subject of the proceeding that have little or nothing to do with the foundations of the ruling. This, it is worth saying, can well be summarized thus: a) That the property in conflict is part of the State's Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado) since 1978, such that the claimed area is public property, and therefore, imprescriptible and inalienable; b) That the exercise of ecological possession was not demonstrated at least since April 1968; c) That the logging in forested areas (approximately 100 hectares) does not correspond to the legally required possession over this type of land. Based on the foregoing, the judges maintain that the activity deployed over the lands subject to litigation is not suitable and, for the same reason, it could not give rise to any right in favor of the counterclaiming company. The appeal under study is therefore not consequent with the elementary technical requirements demanded to consider a censure in agrarian matters, since in it the judgment of the Ad quem is refuted using arguments with which the motives that gave foundation to the appealed decision are not actually combated. Neither are the legal oaths adduced by the judge to resolve the case properly censured. Consequently, the appeal is quite informal and this alone would justify its rejection. IV.- Nonetheless, it is fitting to highlight that the cassation appellant insists on the judicial recognition of ordinary possessory acts over a good that belongs to the State's forest heritage. It overlooks that the judges were clear in asserting the imprescriptibility and inalienability of the claimed lands, based on the privilege granted to them with the effectiveness of Executive Decrees Nos. 8494-A of April 28, 1978, 9388-A of November 30 of that same year, and 10142 of June 12, 1979. As a consequence of these administrative acts, the Tribunal argued, those properties became part of the Golfo Dulce Forest Reserve. This Chamber shares that assertion. Albeit with this qualification: The quality of public property of those referred goods did not arise in the year 1978. This comes from the Fiscal Code of 1865. This regulation, in effect, governed national vacant lands (baldíos nacionales) with forests and mountains, and hence their condition as public goods since that era. Subsequently, those provisions were repealed by the General Law on Vacant Lands No. 13 of January 6, 1939; but the emerging legislation also maintained the condition of public property for those lands. Later, with the enactment of Law Nº 2825 of October 14, 1961, the lands became national reserves of the State: "a) ... comprised within the limits of the Republic that are not registered as private property, of the Municipalities or of Autonomous Institutions; b) Those that are not protected by decennial possession; c) Those that, by special laws, have not been destined for the formation of agricultural colonies; and d) In general, all those that, not being private property, are not occupied for public services." (Article 11, underlining not in original). This says that those lands continued to form part of the public property of the Costa Rican State. Later, Forestry Law Nº 4465 of November 25, 1969, introduced into our legal system the figure called State's Forest Heritage, which in accordance with Article 18 of that legislation, was constituted by: National Reserves, Forest Reserves, National Parks, State Forest Nurseries, Protective Zones, and Biological Reserves, with which that zone assumed a forest interest. Finally, the zones in litigation were declared forest reserves, through the decrees cited supra, maintaining the condition of imprescriptible and inalienable goods for constituting public lands of the State (Regarding the development of state protection of the historical heritage, this Chamber deepened its analysis in Voto Nº 51 of 3:15 p.m. on May 26, 1995). Consequently, the conditions of imprescriptibility and inalienability, as well as forest protection, predate the decrees cited by the Superior Tribunal. Despite this, what is set forth herein does not change what was decided but rather reaffirms it. V.- It is not superfluous to add that even under the hypothesis that the public nature of the tracts of land had arisen in April 1978 –with incorporation into the Golfo Dulce forest reserve–, the cassation appellant should always have demonstrated the decennial possession of the properties as of that date, using for this purpose not only its tenancy over them, but also adding that exercised by the prior grantors. Thus the Tribunal required. In the appeal it is alleged –without justification, since it was demonstrated that the tenancy began in 1971–, possession since 1969. Such a claim, independently of the probative aspect, which may be subject to questioning, is ineffective to modify the impugned ruling; this because the decennial requirement of possessory activity would also not have been satisfied, assuming the appellant's arguments are true. VI.- Finally, the counterclaimant claims that the forest regime does not apply to the litigious lands and, therefore, it is not necessary for the possession to be of an ecological nature. To support its allegation, it refers, in an imprecise manner, to the forest exploitation mechanism stipulated by numerals 63 and following of the 1969 Forestry Law. However, those norms were only applicable to private forests whose owner sought to exploit them, because in the case of land without an owner, the forest regime was imposed immediately by legal imperative. The argument is thus contemptible and must be dismissed outright. VII.- Based on the reasons set forth, it is de rigueur to dismiss the appeal filed and confirm the impugned judgment. THEREFORE The appealed ruling is confirmed ...". For all the reasons set forth, it is necessary to confirm what was resolved but for the grounds given in this instance."

VOTO Nº 1229-F-06

AGRARIAN TRIBUNAL OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Goicoechea, at eleven o'clock on December fourteenth, two thousand six.

Ordinary Agrarian Proceeding, filed by [Name1], of legal age, married, businessman, resident of San José, personal identification card number CED1- - ; against [Name2], of legal age, single, merchant, resident of San José, personal identification card number CED2- - , processed before the Agrarian Court of Corredores. In the proceeding, the State was joined as a party, represented by Víctor Bulgarelli Céspedes, of legal age, married, Attorney, resident of Heredia, personal identification card number CED3- - , in his capacity as Agrarian Procurator. Acting as Special Judicial Attorney-in-Fact for the plaintiff is Attorney Marcela Rodríguez Chaves, of legal age, single, lawyer, personal identification card number CED4- - and for the defendant, Attorney Merly González Mayorga, of legal age, divorced, Attorney, resident of Puntarenas, personal identification card number CED5- - .

WHEREAS:

1.- The plaintiff files an ordinary proceeding estimated in the sum of ten million colones, so that in judgment it be declared: "1- That the undersigned be declared the sole possessor of the lands described in cadastral plan number P-111049-93, the possession of which I acquired from [Name3] who in turn acquired it from [Name4] who acquired it from [Name5]. 2- That it be declared that the undersigned and the prior grantors have exercised, as owners, in a quiet, public manner and as owners, possession for more than forty years over the totality of the lands. 3- That the defendant has never exercised possession over the undersigned's unregistered lands. 4- That by virtue of the possession exercised by the undersigned, personally and derived from my grantors, the registration in the Public Registry of the lands claimed here, in my name, be ordered. 5- That the possession exercised by the undersigned is in good faith and, besides this, has been materialized through acts of production on the land. 6- That the defendant has not exercised any act of possession or production over the lands that belong to me. 7- That the defendant's purported possession is in bad faith. 8- That the defendant be ordered to pay the procedural and personal costs of this action", (folios 5 to 8).

2.- The defendant answered the action brought against him in the terms that run from folio 31 to 35, and interposed the defenses of lack of: right, standing (legitimación), as well as the generic defense sine actione agit.

3.- Licentiate Wilberth Álvarez Lí, judge of first instance, in resolution of eleven o'clock on April twenty-ninth, two thousand five, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing, cited jurisprudence and legislation, the defense of lack of right is granted, and as for the lack of standing and the generic defense of sine actione, as unnecessary, a pronouncement on them is omitted. Consequently, the ordinary agrarian lawsuit filed by [Name1] against [Name2] is declared without merit in all its extremities. The plaintiff is ordered to pay both sets of costs of this action", (folios 300 to 312).

4.- The plaintiff filed an appeal with express indication of the reasons for which he refutes the thesis of the Court of instance, folios 313 to 318.

5.- In the substantiation of the proceeding, the legal prescriptions have been observed, without noting the existence of errors or omissions capable of producing the nullity of the ruling.

Drafted by Judge Darcia Carranza; and,

WHEREAS:

I.- The Tribunal adopts the facts held as proven, as they are a faithful reflection of what occurred in the record. Of such nature, take the following: 4.- Through public deed granted before notary public [Name6] at eight o'clock on November twenty-first, nineteen ninety-six, Mr. [Name5] sells an unregistered farm with an area of one hundred hectares, four thousand six hundred fifty-six square meters and fifty-four square decimeters, identified with cadastral plan No. P-111049-93, located in Puerto Jiménez, of Golfito, Province of Puntarenas, bordering on the north with [Name7], [Name8], Chimpol S.A.; on the south with [Name1], [Name9], [Address1] in front of this one; on the east with [Name10] and on the west with [Name1] transferring, to Mr. [Name4], a possession of more than sixty years (see folio 107 of the plaintiff's evidence file). 5) By public deed granted before notary public Olman Castro Madrigal at nine o'clock on November twenty-ninth, nineteen ninety-nine, [Name4] transfers to [Name9] the unregistered farm identified in cadastral plan No. P-111049-93, which he had acquired from [Name5] (see folio 109 of the plaintiff's evidence file).

6) Ms. [Nombre9] initiated proceedings for a possessory information inquiry (diligencias de información posesoria) pursued in case file EXPN1, on November 21, 2000 (see folios 105 to 130 of the plaintiff's evidentiary bundle). 7. Through deed number one hundred thirty-seven, executed in volume four of the protocol of notary public Marcela Rodríguez Chaves, folio 100, Ms. [Nombre9] assigned the rights of the possessory information to Mr. [Nombre1], which was accepted by the Agrarian Court of origin by resolution at nine thirty on December 3, 2002 (see folios 243 and 246 of the main file). 8. The deed through which Mr. [Nombre5] sold the land described in cadastral plan P-111049-93 to [Nombre2] (now [Nombre2]), which is the subject of dispute, was signed on April 24, 1997, meaning it was subsequent to the deed through which he had previously transferred the same property to Mr. [Nombre4] (see folios 107 of the plaintiff's evidentiary bundle and 25 of the main file). 9).- The land under litigation lies within the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce), created by Executive Decree No. 8494-A of April 28, 1978 (folio 74).

            II.- The facts held as unproven are not shared, as it is considered that the a quo confuses the claim brought.

            III.- The special judicial representative of the plaintiff, Marcela Rodríguez Chaves, filed an appeal against the judgment issued by the court of origin, based on the following. 1) The appellant indicates that the judgment failed to analyze the entirety of the factual and evidentiary situation contained in the record; therefore, it is the result of a partial analysis, leading to an erroneous conclusion in the ruling. 2) She states that in proven fact one, it is affirmed that it is the defendant who has been working and possessing the farm, yet this lacks a logical legal analysis to support it and also suffers from a lack of evidentiary analysis of the factual background of the possession. When this proceeding was initiated, two case files located in the same office were offered as evidence, numbers EXPN1 and EXPN2, evidence that was never analyzed, evaluated, or mentioned by the a quo. Through said evidence, it is established that her principal acquired the right claimed herein through an assignment of litigious rights (cesión de derechos litigiosos) in a possessory information proceeding, and it is also demonstrated that the land is unregistered, hence the fourth fact regarding the merits, in which the a quo analyzes active standing and justifies the reasons for determining that her principal lacks active standing by stating that he never held the quality of registered owner, makes no sense. She argues that the a quo did not even read the statement of claim, whose first fact clearly indicates that her principal's standing derives from an assignment of litigious rights given in case file EXPN1. 3) Regarding the fact held as unproven, the a quo indicates that it was not demonstrated that her principal exercised any type of possessory act and, on the other hand, it is also stated that he did not demonstrate being the owner of the farm. Both facts would be considered proven if the totality of the evidence collected had been considered, since the declaration of the assignor of the rights was not analyzed in its entirety, as legally required, and she was clear in stating that she has suffered threats from the plaintiff to prevent her from appearing at the disputed farm, and on the other hand, her principal could not demonstrate ownership of an unregistered property other than with the documents contained in the record, as he could not seek registry registration as the ruling seems to indicate. 4) The evidence was not analyzed as a whole as ordered by procedural principles, since the trial court judge merely copies isolated expressions from the witnesses, thereby failing to analyze the entirety of each declaration and interrelate it with the rest of the evidence; namely, documentary evidence and the judicial inspection record. 5) She alleges it was not taken into account that her principal’s transferor acquired through public deed number 119, recorded at folio 75 of volume one of the protocol of notary public Olman Castro Madrigal, executed at 9 a.m. on November 29, 1999, by purchase from Mr. [Nombre4], who had acquired from the previous possessor, Mr. [Nombre5], through deed number 19 of volume 13 of notary Jeremías Vargas Chavarría, executed at 8 a.m. on November 21, 1996. She alludes that the testimonial evidence proved that Mr. [Nombre5] was not only the person who directly exercised possession over the disputed farm, but also that his intention was always for said possession to be transferred to his transferor, [Nombre9]. 6) The defendant presents as the basis of this proceeding a deed executed before notary public Adolfo Rojas Breedy, dated April 24, 1997, through which Mr. [Nombre5] transferred the possessory rights to him; however, by that date, he was no longer the owner of the farm, having previously transferred the possessory rights to [Nombre4]; therefore, he could not transfer something that no longer belonged to him. Such deed has not been rescinded to justify the title the defendant exhibits, a situation that was not even analyzed by the a quo. 7) The a quo indicates that agricultural exploitation is protected by legislation as a basis to protect the possessor from the owner; such possession must meet a series of requirements, including being peaceful and in good faith. She also states that it must be clear that while Mr. [Nombre5] was alive, the possessory acts that the defendant may have exercised were by mere tolerance of the latter, by virtue of his family relationship with the direct possessor, as it was Mr. [Nombre5] who exercised true possession; for despite his notarial acts, Mr. [Nombre5] maintained possession until his death, and it was from that moment that the defendant herein prevented Ms. [Nombre9] from exercising the right of possession claimed today, all of which has not been evaluated by the judge. 8) She indicates there is an element that is fundamental in this proceeding, namely the fact that Ms. [Nombre9], who was Mr. [Nombre5]’s wife, directly and jointly exercised possession of the lands claimed here for years; therefore, in addition to a legal title, she had held the real title, which is the exercise of productive activities on the disputed farm. 9) She says the testimonies collected are fundamental in the sense that the agricultural exploitation of the property has been carried out in the same area where Mr. [Nombre5] did it, and secondly, the declaration given by the defendant himself, who indicated clearly and precisely that he had not had problems with other possessors because they had not come to the farm; a contrario sensu, it can be deduced that if they came, there would be problems, just as Ms. [Nombre9] indicated, having been intimidated by the defendant. 10) The testimonial evidence provides elements of judgment that are interesting, as the witnesses are consistent in indicating that the defendant worked on the farm when Mr. [Nombre5] was the owner (declaration of [Nombre11]), and even clearer when stating, "I must clarify that when I saw Mr. [Nombre5]’s children going to work on the farm, I considered Mr. [Nombre5] to be the owner of it, and I never knew when Mr. [Nombre5] ceased to be the owner of that farm." The appellant indicates it becomes even clearer regarding the consented possession of the defendant and not as owner, what [Nombre12] stated—a deponent offered by the defendant—regarding that it was Mr. [Nombre5] who possessed the farm, and subsequently that it was [Nombre13] who has worked it; thus, it is noted that the defendant and his siblings have worked the farm, exercising possessory acts that were not their own nor as owners, but as a logical consequence of the family relationship, and that they have prolonged over time through intimidation of the true owners of the farm. She argues that even if [Nombre12]’s testimony had been integrally analyzed, the judge would have realized that it is contradictory, since he also indicated that he did not know who worked the farm when it belonged to Mr. [Nombre5]; that he did not know if his children worked with him at that time; but at the end of his deposition, upon a cross-question, he said that he learned of a sale letter through which [Nombre2] acquired the farm on the day of the previous trial, referring to the inspection conducted in May of last year (2004); which leads to the conclusion that said deponent has no reference prior to May 2004 to establish at what moment Mr. [Nombre5] ceased to exercise possession, who ultimately transmitted it to the assignor of the plaintiff herein. 8) The plaintiff in his deposition was clear in indicating that he did not go to the farm because people he knows from the town have told him that Mr. [Nombre5]’s children will machete him or shoot him, which also coincides with the other testimonies in that, although it is true the defendant is only one of Mr. [Nombre5]’s children, it is proven that another sibling spends more time on the land. 9) The ruling does not analyze the judicial inspection of April 1, 2004, in which it is determined clearly and precisely that the farm is basically primary and secondary forest with a small wooden cabin that is many years old, and the few trees found around it are also years old, which indisputably proves that there is no real and current exercise of an agrarian enterprise; this implies possession was transmitted to it by its true successors and there has been no exploitation of areas beyond what they originally did. She states it must be considered that the farm measures one million four thousand six hundred fifty-six meters and four square decimeters, and as can be deduced from the judicial inspection, the plantings are neither large-scale nor recent, which eliminates the principal element of standing in agrarian matters, which is land use, said element having been contradicted by the objective evidence incorporated into the proceeding and not analyzed by the a quo. She states there are two aspects that are transcendental for resolving this case: the first refers to the legitimacy of the possession exercised by the defendant, and the second, regarding the effective exercise of agricultural production; aspects in which the trial court judge was absolutely remiss in issuing the ruling (folios 313 to 324).

            IV.- The defendant attacks the ruling basically regarding the lack of evaluation of the primary documentary evidence referring to the deeds of transfer of the property by the previous possessor before transferring it to the defendant herein; evidence not evaluated or analyzed, as it involved a double sale (doble venta) when Mr. [Nombre5] was already no longer the owner of the property; he also criticizes the lack of evaluation and analysis of other evidence contained in the record, such as the judicial inspection and the testimonial evidence. He also alleges it is held as unproven that he was the owner of the farm when one could not speak of registered ownership, the farm being unregistered.

V.- Regarding the arguments made by the appellant that the a quo did not evaluate the documentary evidence in the record concerning the prior sale that Mr. [Nombre5] had made to Mr. [Nombre4], the appellant is correct, as the lack of analysis of such evidence by the trial court judge is noticeable. This Tribunal considers it important to make a concatenated account of what occurred in this case. Through a public deed executed before notary public Jeremías Vargas Chavarría at eight o’clock on November twenty-first, nineteen ninety-six, Mr. [Nombre5] sold his unregistered farm measuring one hundred hectares, four thousand six hundred fifty-six meters and fifty-four square decimeters, identified by cadastral plan No. P-111049-93, located in Puerto Jiménez, Golfito, Puntarenas Province, bordering to the north: [Nombre7], [Nombre8], Chimpol S.A.; to the south: [Nombre1], [Nombre9], [Dirección1] in front of it; to the east: [Nombre10]; and to the west: [Nombre1], to Mr. [Nombre4], transferring a possession of more than sixty years (see folio 107 of the plaintiff's evidentiary bundle). Through a public deed executed before notary public Olman Castro Madrigal at nine o’clock on November twenty-ninth, nineteen ninety-nine, [Nombre4] transferred to [Nombre9] the unregistered farm identified in cadastral plan No. P-111049-93, which he had acquired from [Nombre5] (see folio 109 of the plaintiff's evidentiary bundle). Ms. [Nombre9] initiated possessory information proceedings followed in case file EXPN1 on November 21, 2000 (see folios 105 to 130 of the plaintiff's evidentiary bundle). Through deed number one hundred thirty-seven, executed in volume four of the protocol of notary public Marcela Rodríguez Chaves, folio 100, Ms. [Nombre9] assigned the rights of the possessory information to Mr. [Nombre1], which was accepted by the Agrarian Court of origin by resolution at nine thirty on December 3, 2002 (see folios 243 and 246 of the main file). The deed through which Mr. [Nombre5] sold the land described in cadastral plan P-111049-93 to [Nombre2] (now [Nombre2]), which is the subject of dispute, was signed on April 24, 1997, meaning it was subsequent to the deed through which he had transferred the same property to Mr. [Nombre4] (see folios 107 of the plaintiff's evidentiary bundle and 25 of the main file). Based on this, it is clear that when Mr. [Nombre5] sold to the defendant herein, said farm no longer belonged to him, having transferred it practically a year earlier; that is, he was not in a position to sell, as he was not the owner of the land at that moment, since it was the property of another (cosa ajena). Based on the foregoing, it is clear that public deed number one hundred nineteen, recorded at folio 75 of volume one of the protocol of notary public Olman Castro Madrigal, through which Mr. [Nombre5] sold the farm that is the subject of this proceeding, executed at nine o’clock on November twenty-first, nineteen ninety-six, to Mr. [Nombre4], is earlier; therefore, any subsequent transfer was not made in the capacity of owner. In this regard, Article 1061 of the Civil Code provides: “The sale of another’s property is absolutely null; but the buyer who is unaware of the defect of the contract is entitled to damages even against a good-faith seller”; and referring to this, Article 1063 of the same normative body establishes: “The nullity of the sale of another’s property is saved if the true owner ratifies the alienation, or if the seller later becomes the owner of the thing sold.” According to the above, the sale made by [Nombre5] to [Nombre2] would be vitiated by nullity unless the seller had reacquired the condition of owner or the owner ratified said sale. Neither of these scenarios occurs in this case. First, [Nombre5] did not become the owner of the property again; and second, there is sufficient evidence in the proceeding to conclude that [Nombre1] has never ratified the aforementioned alienation. On the contrary, it is recorded that after [Nombre5] sold to [Nombre4], the latter transferred the disputed property to Ms. [Nombre9] by public deed executed before notary public Olman Castro Madrigal at nine o’clock on November twenty-ninth, nineteen ninety-nine (see folio 109 of the plaintiff's evidentiary bundle), and she initiated possessory information proceedings followed in case file EXPN1 on November 21, 2000 (see folios 105 to 130 of the plaintiff's evidentiary bundle), and through deed number one hundred thirty-seven, executed in volume four of the protocol of notary public Marcela Rodríguez Chaves, folio 100, Ms. [Nombre9] assigned the rights of the possessory information to Mr. [Nombre1], which was accepted by the Agrarian Court of origin by resolution at nine thirty on December 3, 2002 (see folios 243 and 246 of the main file). All these deeds have the corresponding validity, having been acquired from the succession of previous owners, reaching back to Mr. [Nombre5] as the previous owner. According to the above, the scenarios set forth in Article 1063 cited above are not present, meaning the sale through which Mr. [Nombre2] acquired remains vitiated by nullity. Independently of the above analysis regarding a double sale, this does not mean the property belongs to the plaintiff herein, as it is important to carry out a legal analysis of the disputed lands, for they lie within a protected wilderness area created in June nineteen seventy-eight, and as will be seen below, the initial possession of those lands by the first possessor began in the year nineteen eighty-two according to the evidence in the record. One must bear in mind what the Office of the Attorney General of the Republic stated, that the property under litigation is located within the Golfo Dulce Forest Reserve, created by Executive Decree No. 8494-A of April 28, 1978 (folio 74); therefore, it cannot be susceptible to private appropriation unless a decennial possession (posesión decenal) ten years prior to its creation is demonstrated, as stipulated by Article 7 of the Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias), as it is part of the public domain, belonging to the Natural Heritage of the State. According to the maps identifying the disputed property, it is located within the Golfo Dulce Forest Reserve, as indicated by the certification of the Ministry of Environment and Energy (see folios 4 and folio 5 of the plaintiff's evidentiary bundle and folio 92 of the main file). From the documentary and testimonial evidence in the case file, possession can be determined as dating from approximately nineteen seventy-eight, as Mr. [Nombre11] indicated he has known the farm for about twenty-two years, since he was its possessor. This gentleman is clear in stating the following: “I have known the farm in litigation for twenty-two years; that farm was even mine, when the lands were public vacant lands (tierras baldías); after me, Mr. [Nombre14] was the owner, then he sold it to Mr. [Nombre5]…” (see front of folio 66), and since his declaration was made on September 14, 2004, this traces possession back to 1982, when the declaration of the Forest Reserve had already been made, given that it dates from April 28, 1978. The other witnesses came to know the disputed property at dates subsequent to that indicated by the cited deponent, as [Nombre12] indicated he has known it for fifteen years, and [Nombre9] since nineteen ninety-two (see folios 65, 66); therefore, for purposes of demonstrating a decennial possession prior to April 28, 1978, they lack validity. This Tribunal considers it important to provide a historical review of the different laws that establish the public ownership (demanialidad) of lands located within protected wilderness areas.

            VI.- In our country, the titling of lands located within protected wilderness areas has been permitted based on Article 7 of the Law of Possessory Informations, which has been amended over time on several occasions. In the first thirty-three years of the law’s validity, the text of the rule bore no relation to the matter it currently regulates, namely, the ad usucapionem possession of real property that falls within protected wilderness areas. In this regard, it is noted that by Law No. 5257 of July 31, 1973, Article 7 of the Law of Possessory Informations was amended, and its text read: “Article 7.- When the property to which the information refers contains a forest area of half or more of its extent, it shall be necessary to prove the proper acquisition with a public document more than ten years old. To the possessory information, in accordance with this Article, a certificate from the Dirección General Forestal must always be provided, stating that the land does not form part of reserves or national parks.” The preceding text was amended by Forest Law No. 7032 of May 2, 1986, and the challenged provision was as follows: “Article 7.- When the property to which the information refers is comprised within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone, the titling applicant must demonstrate having exercised decennial possession at least ten years prior to the effective date of the respective law or decree creating said wilderness area. Farms that are outside such areas and have forests may only be titled if the promoter demonstrates having possessed them for ten years or more and having protected said natural resource, on the understanding that the property must be duly delineated with fences or clean trails. Cadastral maps submitted in possessory information proceedings, without any exception, must be certified by the Dirección General Forestal and the Servicio de Parques Nacionales of the Ministry of Agriculture and Livestock, entities which shall attest whether the property sought to be titled lies within or outside such protected areas.” The text of the above-cited rule remained with the amendment introduced by Forest Law No. 7174 of June 28, 1990, to the Law of Possessory Informations, only varying the Ministry to which the Servicio de Parques Nacionales was attached, which became part of the Ministry of Natural Resources, Energy, and Mines. The text of said rule read: “Article 7.- When the property to which the information refers is comprised within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone, the titling applicant must demonstrate having exercised decennial possession at least ten years prior to the effective date of the respective law or decree creating said wilderness area. Farms that are outside such areas and have forests may only be titled if the promoter demonstrates having possessed them for ten years or more and having protected said natural resource, on the understanding that the property must be duly delineated with fences or clean trails. Cadastral maps submitted in possessory information proceedings, without any exception, must be certified by the Dirección General Forestal and the Servicio de Parques Nacionales of the Ministry of Natural Resources, Energy, and Mines, entities which shall attest whether the property sought to be titled lies within or outside such protected areas.” Currently, by the amendment made by Forest Law No. 7575 of February 13, 1996, the current text of the Law of Possessory Informations states: “Article 7.- When the property to which the information refers is comprised within a protected wilderness area (área silvestre protegida), whatever its management category, the titling applicant must demonstrate being the holder of legal rights over decennial possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree creating said wilderness area. Farms located outside such areas that have forests may only be titled if the promoter demonstrates being the holder of the legal rights of decennial possession, exercised during at least ten years and having protected that natural resource, on the understanding that the property must be duly delineated and with fences or clean trails. Without any exception, cadastral maps submitted in possessory information proceedings must be certified by the Ministry of Environment and Energy, through the responsible entity, which shall attest whether the property sought to be titled lies within or outside those protected wilderness areas.” Based on the foregoing, in cases where the land is comprised within a protected wilderness area, a more qualified requirement regarding the exercise and time of possession must be met. In this regard, the Agrarian Tribunal has pronounced: “…In accordance with the provisions of Article 7 of the Law of Possessory Informations, applicable to this case because the property to be titled lies within the Protective Zone … , in order to register said property in the Public Registry, the applicant must demonstrate having been in possession of the property for at least ten years before the effective date of the Decree creating the aforementioned Reserve, as well as having protected the forest resource” (decision No. 170-03 of 4:24 p.m. on March 31, 2003. See also in this regard decision No. 755-03 cited). The above is required to protect the forest heritage of the State and biodiversity, without thereby affecting rights that private parties had effectively consolidated through the passage of time (see in this regard decision No. 497 of 3:20 p.m. on July 30, 2003, of the Tribunal). In that sense, the Constitutional Chamber in Decision No. 4587 of 3:45 p.m. on August 5, 1997, in which it analyzed the constitutionality of Article 7 cited, held that in order to title lands located in the protected zones indicated therein, the interested party must demonstrate possession ten years before the effective date of the respective Decree. Basically, the Chamber stated on that occasion: “…given the nature of the property sought to be titled (public thing), the period of possession suitable for adverse possession must run before the property is affected to the public domain. That is, the declaration of a protected wilderness area prevents possession after the affectation from counting, and prevents the requirements for adverse possession from being met if the right has not been acquired by that moment, i.e., the ten years of possession suitable for adverse possession under the conditions established by law have not elapsed… it is important to synthesize the basic elements that, at the level of doctrine and jurisprudence, are handled in these matters, and that oblige the judge – in relation to the challenged rule – to determine in each case the specific type of possessory act that has been exercised on the farm – which becomes part of the protected wilderness area – that is sought to be titled. The purpose is for the judge to have a broader criterion – not limited to the effective date of the law or executive decree defining the boundaries of a given wilderness area – to more precisely establish the moment when said properties became inalienable and imprescriptible, for the purpose of determining whether the ad usucapionem possession was exercised over them for ten years prior to their acquiring that condition. This broader perspective favors the protection of the Nation’s environmental heritage; it determines that when one seeks to title – through the possessory information procedure – land located within a protected wilderness area, the discussion should not be reduced to a simple calculation of the time a person has been on a property in relation to the date the declaration of the protected wilderness area was made, since – on one hand, to prove the ad usucapionem possession during the period established in Article 7 of the Law of Possessory Informations, the elements contemplated by each specific type of possession must be considered, and – on the other hand – the possible existence of rules that long ago declared those lands inalienable, even before their specific affectation to the public domain…”. From what was stated by the Constitutional Chamber, a series of important conclusions can be drawn, as in addition to the decennial possession before the creation of the protected wilderness area, the titling applicant must demonstrate having protected the existing resource on the lands subject to titling. Furthermore, in that decision, it is indicated that the judge must be diligent in the approval of land titling proceedings under Article 7 of the Law of Possessory Informations, and must therefore review in each specific case whether the lands have not been affected to the public domain by some law prior to the creation of the protected zone. In this particular case, it is clear that possession was first exercised by Mr. [Nombre11], as he himself indicated when he testified that the farm was his when they were public vacant lands; and taking into account that his declaration was rendered on September 14, 2004, going back in time 22 years from his declaration places us temporally in 1982, meaning the discussion concerns lands that were affected to the public domain before that date, as they lie within the Golfo Dulce Forest Reserve, created by Executive Decree No. 8494-A of April 28, 1978. Regarding public domain property (bienes demaniales), they cannot be subject to private appropriation, as they are outside commerce. With regard to the public domain regime, it is first necessary to define what public domain is.

It is the set of assets that are public property of the State, lato sensu, designated for direct or indirect public use by the inhabitants, and subject to a special regime of public law and, therefore, outside the scope of private law. Public domain (dominio público) is comprised of four elements: subjective, objective, normative, and teleological. The subjective element refers to the holder of the right—the State—; the objective element refers to or is constituted by the asset or assets upon which public domain falls—in this case, the real property subject to litigation—; the normative element determines when an asset meets the requirements established by law to be considered public property (demanial), it is the set of rules that govern it—the list of rules to be mentioned below—; and the teleological element refers to the purpose pursued by including a specific asset within public domain, what public purpose is assigned to the asset—in this case, the protection of natural resources. Public domain assets are subject to a special legal regime, they are subject to a police power, and are essentially characterized by their inalienability and imprescriptibility. By their nature, they are intended to satisfy public needs; this fact prevents the existence of tenure or possession by individuals or private persons; they are outside of commerce, of private law. Our Political Constitution, in its article 121, subsection 14), refers to public ownership (Demanialidad), indicating which assets are susceptible to that public property regime, even establishing in that article different degrees of public designation, ranging from an intense and absolute degree of publicatio to other less intense degrees, and harmonizes the rights of the administered with the powers of the Administration. Our current Civil Code, dating from the month of April of eighteen eighty-six, regulates the most important bases regarding public domain assets, specifically in its articles 261 to 263. Article 262 of the cited Civil Code refers to two important characteristics of public domain assets: a- public things are outside of commerce, and b- the removal of the public designation (desafectación) is established by stating that those assets cannot enter private commerce, as long as it is not legally so ordered. As can be observed, the designation to the public domain regime does not depend on the nature of the asset, but on the will of the legislature. By means of Vote number 447-91 of fifteen hours thirty minutes of February 21, 1991, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) states that the declaration of public domain of an asset is established by law; this declaration does not constitute a limitation on property, in accordance with article 45 of the Magna Carta, since this article refers to private property, and public domain assets are not subject to private property. In this sense, the Constitutional Chamber has stated, regarding this type of assets: “Public domain is integrated by assets that manifest, by express will of the legislature, a special purpose of serving the Community, the public interest. They are the so-called dominical assets, public property assets (bienes demaniales), public goods or things, or public assets, which do not belong individually to private parties and are destined for public use and subject to a special regime, outside the commerce of men, that is, designated by their own nature and vocation. Consequently, these assets belong to the State in the broadest sense of the concept, they are designated to the service they provide and which is invariably essential by virtue of an express rule. Characteristic notes of these assets are that they are inalienable, they cannot be mortgaged nor be susceptible to encumbrance under Civil Law terms, and administrative action substitutes for interdicts to recover domain.” (Vote No. 2306 of fourteen hours forty-five minutes of November six, nineteen ninety-one of the Constitutional Chamber). Based on the analysis performed of all the evidentiary material, this Court considers the disputed lands to be public domain assets not subject to private appropriation, so the object of this litigation regarding sales and double sales of the same is illicit from this perspective, as it is an asset subject to public ownership (demanialidad). It is also important to keep in mind, according to the judicial inspection carried out, that the property in dispute is composed mostly of mountain or forest (see folio 49), which implies it is an asset destined for conservation within the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce), which was the objective of the declaration as a protected wild area in the year nineteen seventy-eight. In relation to a case similar to the one under study, where a better right of possession was being discussed over lands encompassed within the Golfo Dulce Forest Reserve, the First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia), by means of Vote No. 56 of 14 hours of February 5, 1999, indicated: “WHEREAS: I.- In this ordinary agrarian proceeding, the existence of a better right of possession over unregistered lands located in the Golfo Dulce Forest Reserve is disputed. The company Osa Ganadera S. A., defendant and counterclaimant in this trial, dissatisfied with the dismissal of her counterclaim, files this appeal. She sustains it on these three affirmations: a) That her possession, added to that of the transferors of the real property, dates back to the year 1969, which implies 28 years of tenure of the asset that should have been safeguarded by the judges; b) That she has carried out several acts of exercising possession, implying a large economic investment; and c) That the land in litigation is not subject to the forestry regime because this is not possible as it is not registered in the Registry, which also prevents the existence of a management or exploitation plan approved by the General Forestry Directorate. She concludes, in consideration of the above, that it is not proper to require an ecological possession in the terms proposed by the Court, and therefore, her possessory acts are valid, effective, and must be safeguarded. II.- Regarding the cassation appeal in agrarian matters, this Chamber has been reiterative on the point of the obligation incumbent upon the appellant to combat, in a systematic and technical manner, the legal arguments of the judge, as well as the factual assessments adduced to lean the decision. The censure must be made by explaining, with clear and precise reasons, the dissent, to conclude by indicating what the alleged lack of legality of the objected judgment consists of, specifying, if possible, the supposed errors committed by the Superior Court. Hence, assessments of a general nature or lacking evidentiary support cannot constitute a suitable censure in this venue. III.- Precisely, in the appeal, the appellant does not bother to refute the considerations of the Superior Court. She limits herself to making general assessments on the subject matter of the proceeding that have little or nothing to do with the grounds of the ruling. This, it is worth saying, can well be summarized as follows: a) That the real property in conflict has been part of the Forest Heritage of the State (Patrimonio Forestal del Estado) since 1978, so the claimed area is public property, and therefore, imprescriptible and inalienable; b) That the exercise of an ecological possession was not demonstrated at least as of April 1968; c) That the logging in forested areas (approximately 100 hectares) does not correspond to the possession required by law over this type of land. Based on the foregoing, the judges maintain that the activity carried out on the lands subject to litigation is not suitable and, for the same reason, it could not give rise to any right in favor of the counterclaiming company. The appeal under study is, for the same reason, not consistent with the elementary technical requirements demanded to consider a censure in agrarian matters, because it refutes the judgment of the Ad quem using arguments with which the reasons that gave foundation to the appealed decision are not actually combated. Nor are the legal oaths cited by the judge to settle the case properly censured. Consequently, the appeal is quite informal and this alone would justify its rejection. IV.- Nevertheless, it is fitting to highlight that the cassation appellant insists on the judicial recognition of ordinary possessory acts over an asset that belongs to the forest heritage of the State. She overlooks that the judges were clear in asserting the imprescriptibility and inalienability of the claimed lands, based on the immunity (fuero) granted to them with the validity of Executive Decrees Nos. 8494-A of April 28, 1978, 9388-A of November 30 of that same year, and 10142 of June 12, 1979. As a consequence of these administrative acts, the Court argued, those properties became part of the Golfo Dulce Forest Reserve. This Chamber shares that assertion. Albeit with this annotation: The quality of public property of those referred assets did not arise in the year 1978. This comes from the Fiscal Code of 1865. This regulation, in effect, governed over national vacant lands (baldíos nacionales) with forests and mountains, and hence their condition as public assets since that time. Subsequently, those provisions were repealed by the General Law on Vacant Lands (Ley General sobre Terrenos Baldíos) No. 13 of January 6, 1939; but the emerging legislation also maintained the condition of public property for those lands. Later, with the enactment of Law No. 2825 of October 14, 1961, the lands "a) ... included within the boundaries of the Republic that are not registered as private property, of the Municipalities, or of the Autonomous Institutions; b) Those not covered by ten-year possession; c) Those that, by special laws, have not been destined for the formation of agricultural colonies; and d) In general, all those that, not being of private property, are not occupied for public services." became national reserves of the State. (article 11, the underlining is not in the original). This says that those lands continued to be part of the public property of the Costa Rican State. Later, Forestry Law (Ley Forestal) No. 4465 of November 25, 1969, introduced into our legal system the figure called Forest Heritage of the State, which, in accordance with article 18 of that legislation, was constituted by: National Reserves, Forest Reserves, National Parks, State Forest Nurseries, Protective Zones, and Biological Reserves, whereby that zone assumed a forest interest. Finally, the zones in litigation were declared forest reserves, through the decrees cited supra, maintaining the condition of imprescriptible and inalienable assets because they constitute public lands of the State (Regarding the development of state protection of the historical heritage, this Chamber deepened its analysis in Vote No. 51 of 15:15 hours of May 26, 1995). Consequently, the conditions of imprescriptibility and inalienability, as well as the forest protection, predate the decrees cited by the Superior Court. Despite this, what is set forth here does not change what was decided, but rather reaffirms it. V.- It is not superfluous to add that even under the hypothesis that the public nature of the lands had arisen in April 1978—with the incorporation into the Golfo Dulce forest reserve—, the cassation appellant should have always demonstrated the ten-year possession of the real properties as of that date, using for it not only her tenure over them, but also adding that exercised by the previous transferors. The Court required it so. In the appeal, it is alleged—without justification, since it was demonstrated that the tenure is carried out as of 1971—a possession since 1969. Such claim, independently of the evidentiary aspect, which may be subject to questioning, is ineffective to modify the contested ruling; this because the ten-year requirement of the possessory activity would also not have been satisfied, assuming the appellant's arguments to be true. VI.- Finally, the counterclaimant claims that the litigation lands are not subject to the forestry regime and, therefore, it is not necessary for the possession to be of an ecological nature. To support her plea, she refers, in an imprecise manner, to the forest exploitation mechanism stipulated in numerals 63 and following of the Forestry Law of 1969. However, those rules were only applicable to private forests whose owner intended to exploit them, because in the case of ownerless land, the forestry regime was imposed immediately by legal imperative. The argument is thus contemptible and must be dismissed without more. VII.- Based on the reasons set forth, it is strictly required to dismiss the interposed appeal and confirm the contested judgment. THEREFORE The appealed ruling is confirmed …". For all the reasons set forth above, it is necessary to confirm the resolved decision, but for the motives given in this instance.

THEREFORE

For the motives given in this instance, the given sentence is confirmed.

ANTONIO DARCIA CARRANZA

ENRIQUE ULATE CHACÓN                       ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA

BAM

PROCEEDING:// ORDINARY

EXP:// EXPN3

ACT:// [Name1]

DEM:// [Name2]

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