Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)VI.- De manera que el poseedor que pretenda adquirir por usucapión un terreno cubierto de bosque, que formaba parte de las reservas nacionales, deberá demostrar la posesión decenal (originaria o trasmitida), y haber conservado el recurso forestal. En este caso la Procuradora indica que "Las declaraciones de los testigos no demuestran la posesión decenal apta para usucapir en cabeza del promovente". Sin embargo ello no es así. [...] Como se puede observar, en consecuencia, la posesión data de mas de treinta años, aproximadamente desde 1975, habiéndose desarrollado en el fundo una actividad agraria productiva de ganadería, y a su vez conservado el recurso forestal. No podía pretender la Procuradora exigir una posesión personal decenal, únicamente de la titulante, porque ello más bien iría en contra del criterio jurisprudencial constitucional, que permite la usucapión sumando la posesión trasmitida.
English (translation)VI.- Thus, the possessor seeking to acquire by usucaption forest-covered land that was part of the national reserves must demonstrate decennial possession (original or transmitted) and must have conserved the forest resource. In this case, the Procurator argues that "the witnesses' statements do not prove decennial possession suitable for usucaption on the part of the petitioner." Nevertheless, this is not so. [...] As can be seen, consequently, the possession dates back more than thirty years, approximately since 1975, with productive agricultural cattle-raising activity carried out on the property while simultaneously conserving the forest resource. The Procurator could not demand personal decennial possession solely by the petitioner, because that would contradict the constitutional jurisprudential criterion that permits usucaption by adding transmitted possession.
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Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 00088 - 2009 Fecha de la Resolución: 24 de Febrero del 2009 a las 15:45 Expediente: 07-000045-0419-AG Redactado por: Enrique Ulate Chacón Clase de asunto: Proceso de información posesoria Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencia con Voto Salvado Sentencias en igual sentido Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario Tema: Información posesoria agraria Subtemas: Consideraciones acera de la posesión ecológica, forestal, agraria y formas de propiedad. Aprobación de información posesoria sobre terrenos constituidos por bosques. Tema: Posesión ecológica Subtemas: Consideraciones acera de la posesión ecológica, forestal, agraria y formas de propiedad. Aprobación de información posesoria sobre terrenos constituidos por bosques. Tema: Posesión agraria Subtemas: Consideraciones acera de la posesión ecológica, forestal, agraria y formas de propiedad. Aprobación de información posesoria sobre terrenos constituidos por bosques. Tema: Posesión forestal Subtemas: Consideraciones acera de la posesión ecológica, forestal, agraria y formas de propiedad. Aprobación de información posesoria sobre terrenos constituidos por bosques. Tema: Propiedad agraria forestal Subtemas: Consideraciones acera de la posesión ecológica, forestal, agraria y formas de propiedad. Aprobación de información posesoria sobre terrenos constituidos por bosques. “V.- Sobre al tema de la interpretación del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, y el Patrimonio Natural del Estado el Tribunal en reiteradas resoluciones ha expresado: “La Ley de Informaciones Posesorias, en su artículo 7, así como las Leyes Forestales han procurado proteger los recursos forestales de la acción humana, sometiéndolos a diversas formas de manejo forestal. Aunque se ha permitido la titulación de dichas áreas, que ya declaradas como áreas de conservación pasan a formar parte del Patrimonio Forestal del Estado, se exige el cumplimiento de otros requisitos más calificados. Eso nos conduce, directamente al concepto de posesión ecológica, y al criterio de la función ecológica de la propiedad forestal. En reiteradas sentencias, tanto de la Sala Primera de Casación, como del mismo Tribunal Superior Agrario, se han establecido los principios que deben regir para resolver éste tipo de situaciones agro-ambientales. Nuestro país ha sido pionero en la construcción de los institutos de la posesión agraria y la posesión ecológica. La misma jurisprudencia ha reconocido y desarrollado estos institutos, así como el ciclo de vida de la posesión agraria y, recientemente de la posesión ecológica (dentro del más amplio criterio de la función ecológica de la propiedad forestal). La misma Jurisprudencia ha querido distinguir la propiedad y posesión empresarial donde se ejercita una actividad dirigida al cultivo del bosque, de aquella donde simplemente se realiza una actividad extractiva o bien, meramente conservativa. En estos últimos casos se estaría en presencia de una propiedad o posesión forestal (sin empresa). Precisamente es en estos casos donde la Ley Forestal viene a establecer todo un régimen jurídico para la protección de los recursos forestales, sometiendo algunas veces al propietario en forma obligatoria al régimen forestal y en otros casos en forma voluntaria. De esa forma, en la posesión forestal el poder de hecho se ejerce sobre un bien de vocación forestal o en su mayor parte destinado a proteger los recursos forestales, sin miras a su explotación o bien, dedicándolo a la simple extracción de especies maderables, a través de planes de manejo para lograr la regeneración natural del bosque. En uno y otro caso no existiría el desarrollo de un ciclo biológico vegetal o animal, ni asumiría el hombre ningún riesgo. Es por eso que la ley no tutela, al contrario reprime, la posesión a través de la cual se destruyan los recursos forestales de áreas protegidas. Además niega la posibilidad de adquirir derechos de posesión sobre tierras de las reservas nacionales cuando se ha ejercido una acción dañina en contra de los recursos forestales. Hoy, parte de la doctrina agrarista afirma la existencia de un Derecho forestal, con particularidades de sistema orgánico y completo, donde ocupan un lugar importante los institutos de la propiedad y posesión forestal. En Costa Rica la propiedad forestal, y también la posesión forestal como derecho real derivado de aquella, o bien concebido en forma independiente, se comienza a perfilar desde el Código Fiscal de 1885, que establece todo un capítulo en cuanto a bosques cuyas regulaciones tienden a su conservación. Posteriormente la Ley de Terrenos Baldíos No. 13 del 6 de enero de 1939 incorpora dichos principios. Luego la Ley de Tierras y Colonización en su artículo 7 amplía las reservas nacionales para la protección de tales recursos.- VII. La legislación especial en cuanto a la tutela de la propiedad y posesión forestales tiene tres etapas en nuestro país. La primera etapa de la propiedad forestal se enmarca con la Ley No. 4465 del 35 de noviembre de 1969. La segunda se abre a través de una normativa mejor concebida a través de la Ley No. 7032 del 7 de abril de 1986, la cual fue posteriormente declarada inconstitucional. La última opera con la promulgación de la Ley Forestal No. 7174 del 28 de junio de 1990, reformada recientemente, por Ley No. 7575 del 13 de febrero de 1996 (publicada en el alcance 21 de La Gaceta No. 72 del martes 16 de abril de 1996). En ellas, se contienen diversos regímenes de propiedad forestal, y limita el uso y aprovechamiento de los recursos por los particulares. No es posible adquirir la titularidad sobre terrenos con cobertura boscosa si no se demuestra haber protegido el recurso forestal. Su fundamento constitucional se encuentra en el párrafo segundo del artículo 45 de la Constitución. A través de limitaciones de interés social se protege el instituto de la propiedad y la posesión forestal. Esta no es igual a la civil, ni a la agraria, se trata de una propiedad para conservar, y por tanto los actos posesorios que en ella se realicen deben tener esa finalidad.- VIII. La posesión forestal ha tenido su régimen jurídico en las Leyes Forestales mencionadas. Recae sobre un bien específico: los terrenos cubiertos de bosques o de aptitud forestal. El propietario o poseedor de tales bienes tiene la obligación de conservar los recursos forestales y no los puede aprovechar económicamente sino bajo las restricciones o limitaciones impuestas por la ley. Para la solución jurídica de conflictos que nazcan del ejercicio de la posesión forestal, se debe aplicar ese régimen jurídico especial y los principios del Derecho forestal. La Ley Forestal establece como función esencial y prioridad del Estado, velar por la protección, la conservación, el aprovechamiento, la industrialización, la administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables.(Artículo 1). Todos los terrenos de aptitud forestal y los bosques del país, ya sea estatales o que estén reducidos a dominio particular, quedan sometidos a los fines de la ley. El régimen forestal es el conjunto de disposiciones, entre otras, de carácter jurídico, económico y técnico, establecidas por la ley, su reglamento y demás normas, que regulen la conservación, la renovación, el aprovechamiento y el desarrollo de los bosques y terrenos de aptitud forestal del país. Por ello, para adquirir la propiedad forestal por usucapión, se requiere el ejercicio de la posesión forestal. El artículo 7 de la Ley de Informaciones posesorias, reformado por la Ley Forestal, establecía, antes de su reforma: "Artículo 7.- Cuando el inmueble a que se refiere la información esté comprendido dentro de una zona declarada parque nacional, reserva biológico, reserva forestal o zona protectora, el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la respectiva ley o decreto en que se creó la respectiva área silvestre. Las fincas que estén fuera de esas áreas y que tengan bosques, solo podrán ser tituladas si el promovente demuestra haberlas poseído por diez años o más y haber protegido dicho recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado con cercas o carriles." En otros términos, el poder de hecho en la posesión forestal recae sobre el recurso natural "bosques" o "terrenos de aptitud forestal", y los actos posesorios deben ir encaminados a su protección y conservación. Sólo si se demuestra eso podría adquirirse o inscribirse terrenos a favor de dichos poseedores. De lo contrario, quedarían formando parte del patrimonio natural del estado (artículo 13 de la nueva Ley Forestal), con carácter inembargable e inalienable, y su posesión no causará ningún derecho a favor de los particulares (artículo 14 de la nueva Ley Forestal).- IX. El Tribunal Agrario, había interpretado el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, antes de ser reformado por la nueva Ley Forestal, en el sentido de exigir una posesión personal, ejercida con diez años de antelación a la creación de la reserva forestal o área protegida (Véase en tal sentido los Votos No. 169 de las 9 horas 40 minutos del 22 de marzo de 1991 y No. 251 de las 14 horas del 17 de abril de 1991)...". Sin embargo, esa interpretación del artículo 7 de la Ley Forestal, fue cuestionada de "inconstitucional", por la aquí titulante, y la Sala Constitucional, en Voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997) declaró, en lo que interesa, lo siguiente: "Se declara parcialmente con lugar la acción y, en consecuencia, que es inconstitucional la interpretación del artículo 7 de la Ley de informaciones Posesorias No. 139 del 14 de julio de 1941, cuyo texto corresponde a la reforma producida por la Ley Forestal No. 7174 del 28 de junio de 1990, de acuerdo con la cual para titular terrenos comprendidos en parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales o zonas protectoras, se requiere posesión personal con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto que crea el área silvestre protegida, y que no favorece en estos casos la posesión transmitida por anteriores poseedores. Esta sentencia es declarativa y sus efectos retroactivos, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe...". De manera tal que los poseedores actuales pueden aprovechar la posesión trasmitida...X. La Ley Forestal No. 7575, también mantuvo las restricciones en la Ley de Informaciones Posesorias, para poder titular terrenos comprendidos en áreas protegidas. Al respecto dispone el actual numeral: "Artículo 7.-Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre."(La negrita es nuestra). Es decir, la intención del legislador es que esas áreas se hayan mantenido protegidas, conservadas durante todo este tipo, incluso antes de la creación de las Reservas y áreas protegidas...". (Resolución de las 14:50 horas del 20 de febrero de 1998 que responde al Voto No. 113). V.- En casos más recientes, el Tribunal ha rechazado los alegatos que ahora reitera el apelante, sobre la supuesta interpretación o aplicación retroactiva del artículo 7 de la Ley Forestal. En un caso similar al que nos ocupa se dijo: V.- En cuanto a lo alegado por el recurrente respecto a que el juzgador de instancia comete un error al aplicar el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, el cual considera fue declarado inconstitucional por lo que debe analizarse las diligencias a la luz de lo dispuesto por el artículo 1 de dicha Ley, considera este Tribunal no lleva razón pues el artículo 7 citado no fue declarado inconstitucional, sino lo fue la interpretación que venía haciendo el Tribunal en cuanto no se contabilizaba la posesión ejercida por los anteriores transmitentes. De ahí, al estar vigente el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe el promovente demostrar una posesión decenal antes de la declaratoria del área silvestre protegida según lo indicó la Sala Constitucional en el voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997). Es importante mencionar que tampoco se estaría aplicando retroactivamente la ley como lo indica el recurrente, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. En ese sentido es importante señalar lo dicho por la Sala Constitucional al respecto en el voto citado “…El artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias impugnado, cuyo texto es anterior a la última reforma por Ley Forestal No.7575 de 13 de febrero de 1996, regula el caso de la titulación de bienes inmuebles comprendidos dentro de un área declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora. Señala ese artículo que el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que creó el área silvestre. La disposición cuestionada regula el caso de titulación de un bien inmueble que ha sido afectado al dominio público con la declaratoria de área silvestre protegida, cualquiera que sea su especificidad. Corresponde ahora determinar si de acuerdo con la hipótesis que contempla la norma impugnada, a la luz de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que informan los institutos de la usucapión y de la posesión necesaria para usucapir, expuestos anteriormente, la norma cuestionada regula un tipo especial de posesión necesaria para adquirir la propiedad sobre los bienes inmuebles, que impone requisitos específicos que pueden infringir el derecho de propiedad o el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, regulados en la Constitución. En primer término, debe señalarse que el artículo cuestionado no modifica -aumenta o disminuye- el plazo de diez años de posesión necesario para usucapir, fijado en el artículo 860 del Código Civil para la generalidad de los casos en que se pretende adquirir la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva. La ampliación del plazo que alega el accionante como infractor del derecho a la propiedad no se produce, porque dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley. Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho. En ese sentido, la disposición cuestionada, a pesar de que en apariencia regula un caso específico de usucapión, no crea un régimen con requisitos diferentes a los establecidos en el Código Civil para la generalidad de los casos. En ese sentido, tampoco se produce el alegado efecto retroactivo de la norma, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. Es decir, la norma no viene a establecer ningún principio diferente -o requisito más riguroso- en relación con la aplicación de las reglas generales de la usucapión. Simplemente especifica la forma en que deben aplicarse esas reglas, lo que coincide con un resultado lógico dada la condición de bien demanial del objeto a titular. De ahí que no se considere que la reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuyo texto se impugna, haya introducido un régimen diferente en relación con los requisitos de la usucapión, que haya podido agravar la situación de personas que se encontraban ejerciendo posesión ad usucapionem en terrenos que fueron declarados de interés público. (Tribunal Agrario, No. 173 de las 16:29 horas del 31 de marzo del 2003). VI.- De manera que el poseedor que pretenda adquirir por usucapión un terreno cubierto de bosque, que formaba parte de las reservas nacionales, deberá demostrar la posesión decenal (originaria o trasmitida), y haber conservado el recurso forestal. En este caso la Procuradora indica que "Las declaraciones de los testigos no demuestran la posesión decenal apta para usucapir en cabeza del promovente". Sin embargo ello no es así. El testigo [Nombre1] afirmó: "Conozco esta propiedad desde el año 1975 cuando era propiedad del señor [Nombre2] corrijo ([Nombre3]) quien (sic) la tuvo unos quince años inclusive cuando yo llegué ya él estaba en el terreno. Don [Nombre3] luego se la vendió a [Nombre4] quien la poseyó hasta hace como un año en que le vendió a la sociedad promovente..."(folio 59), en cuanto a la posesión ecológica que vino a exigir la Ley Forestal, el testigo indica "...tiene una parte de montaña la cual se encuentra protegida, parte de tacotal y el resto es potrero..."(folio 59 vuelto). El deponente [Nombre5] señaló que conoce la propiedad desde hace más de quince años, cuando era de [Nombre3], el cual se la vendió a [Nombre4] y hace como dos años la vendió a la sociedad promovente, la cual han dedicado a ganadería y a la conservación de la montaña, manteniéndola bien deslindada con cercas y carriles limpios (ver folio 60). Y el testigo [Nombre6] , manifiesta conocer desde hace catorce o quince años la finca, que era de [Nombre3], después la trasmitió a [Nombre4] , y este la vendió a la sociedad promovente, indicando que los poseedores se han dedicado a mantener ganado, carriles limpios y cercas, indicando expresamente que tiene una parte de montaña que se mantiene cuidada y protegida (folio 60). Como se puede observar, en consecuencia, la posesión data de mas de treinta años, aproximadamente desde 1975, habiéndose desarrollado en el fundo una actividad agraria productiva de ganadería, y a su vez conservado el recurso forestal. No podía pretender la Procuradora exigir una posesión personal decenal, únicamente de la titulante, porque ello más bien iría en contra del criterio jurisprudencial constitucional, que permite la usucapión sumando la posesión trasmitida.” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario Tema: Información posesoria agraria Subtemas: Consideraciones acera de la posesión ecológica, forestal, agraria y formas de propiedad. Aprobación de información posesoria sobre terrenos constituidos por bosques. “VOTO SALVADO DE LA JUEZA [Nombre1] . No se comparte el Voto de mayoría al aprobar la información posesoria sobre terrenos constituídos por bosques, por cuanto los mismos son parte del patrimonio natural del Estado y no se demostró una posesión decenal ejercida con antelación a la afectación de ese bien como demanial.- El Dominio Público -para el caso que nos interesa- es el conjunto de bienes propiedad pública del Estado, lato sensu, afectados al uso público directo o indirecto, de los habitantes, y sometido a un régimen especial de derecho público y, por tanto, exorbitante del derecho privado. El dominio público se encuentra conformado por cuatro elementos: subjetivo, objetivo, normativo y teleológico. El elemento subjetivo se refiere al titular del derecho -El Estado-; el elemento objetivo se refiere o se constituye por el bien o los bienes sobre los cuales recae el dominio público -para este caso el inmueble objeto de litigio-; el elemento normativo determina cuando un bien reúne los requisitos señalados por ley para considerarlo demanial, es el conjunto de normas que lo rigen -elenco de normas que en adelante se dirán-; y el elemento teleológico que se refiere a la finalidad que se persigue al incluir determinado bien dentro del dominio público, qué finalidad pública es asignada al bien -en este caso la protección de los recursos naturales-. Los bienes de dominio público están sometidos a un régimen jurídico especial, se encuentran sujetos a un poder de policía, y se caracterizan esencialmente por su inalienabilidad e imprescriptibilidad. Por su naturaleza están dirigidos a satisfacer necesidades públicas, este hecho impide que sobre ellos exista tenencia o posesión por parte de particulares o personas privadas, están fuera del comercio del derecho privado. Nuestra Constitución Política en su artículo 121 inciso 14) hace referencia a la Demanialidad indicándo qué bienes son susceptibles de ese régimen de propiedad pública, incluso estableciéndose en ese artículo diferentes grados de afectación pública dándose un grado de publicatio intenso y absoluto hasta otros grados menos intenso y se armonizan los derechos de los administrados con las potestades de la Administración. Nuestro Código Civil vigente que data desde el mes de abril de mil ochocientos ochenta y seis, regula las bases más importantes en materia de bienes de dominio público, concretamente en sus artículos 261 al 263. El artículo 262 del citado Código Civil, hace referencia a dos características importantes de los bienes de dominio público: a- las cosas públicas están fuera del comercio, y b- se establece la desafectación al decir que esos bienes no pueden entrar en el comercio privado, mientras legalmente no se disponga así. Como puede observarse la afectación al régimen de dominio público no depende de la naturaleza del bien, sino de la voluntad del legislador. Mediante voto número 447- 91 de las quince horas treinta minutos del 21 de febrero de 1991 la Sala Constitucional manifiesta que la declaración de dominio público del bien se establece por ley, esta declaración no constituye una limitación a la propiedad, de acuerdo con el artículo 45 de la Carta Magna, pues éste artículo se refiere a propiedad privada, y los bienes de dominio público no están sujetos a propiedad privada. El Patrimonio Forestal del Estado, es un bien Demanial regulado en un amplio conjunto normativo en el que históricamente hasta la actualidad se prohíbe a los particulares realizar cualquier tipo de labor dentro de los inmuebles con esa característica y como consecuencia negándoles el derecho de posesión, haciéndose una salvedad en una situación específica que más adelante se dirá. Se considera como Patrimonio Estatal, -en su condición de Demanio Público que implica los principios de imprescriptibilidad, inalienabilidad, e inembargabilidad-, los terrenos que constituyen Reservas Nacionales que tengan Bosques. Lo anterior encuentra su desarrollo normativo en las citas que a continuación se exponen: 1) El Código Fiscal de 1865 el cual contempla un capítulo referido a los bosques, el cual fue derogado por la Ley General de Terrenos Baldíos Número trece del 6 de enero de 1939 la cual incorporaba prácticamente las mismas disposiciones. Por ejemplo el artículo primero indicaba: "Que los terrenos comprendidos en los límites de la República, que no hayan sido adquiridos o inscritos en propiedad mediante título legítimo por particulares, se presumen baldíos y pertenecen al Estado."- Esta ley en general regula la prohibición para poseer e inscribir mediante el trámite de informaciones posesorias las Reservas Nacionales que sean Patrimonio Forestal, en otras palabras no son susceptibles de apropiación por parte de particulares.- La Ley de Tierras y Colonización Número 2825 del 14 de octubre de 1961 mantuvo la misma orientación y se encuentra vigente en la actualidad desde aquella fecha. Así el artículo 8 de esa Ley de Tierras y Colonización establece: "Exceptuado los casos previstos en esta ley es prohibido a los particulares encerrar con cercas, carriles, o cualquier otra forma los terrenos declarados Reservas Nacionales, derribar montes, establecer construcciones y cultivos o extraer de ellos leña, madera, bejuco, palma, y otros productos con fines de explotación. Todo acto de ese genero, si de previo no se han llenado los trámites legales y obtenido la autorización correspondiente será considerado, según el caso como usurpación de dominio público o merodeo, debiendo las autoridades ordenar la destrucción y remoción de las cercas e impedir el uso de esas tierras, sin lugar a indemnización ni a reclamos por el valor de las mejoras y sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran caber a quienes incurrieren en tales faltas".- Nótese que este artículo sanciona penalmente a aquel que se introdujere a una reserva Nacional para realizar cualquier actividad en esas tierras, por lo que no se le pueda considerar a ésta acto de posesión pues su actividad sería ilegítima.- El artículo 11 de esa misma Ley, establece que pertenecen al Estado en carácter de Reservas Nacionales: "a) Todos los terrenos comprendidos entre los límites de la República que no esten inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas. b-) Los que no esten amparados por la posesión decenal.- c-) Los que por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas.- d-) En general todo los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos."- Por su parte el artículo 19 de la Ley Forestal derogada número 4465 del veintitrés de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve dispuso: "Quedan afectados a los fines de la presente ley todos los bosques y terrenos forestales ubicados en: "a-) Las tierras consideradas Reservas Nacionales..." Y el artículo 25 de esta misma ley señalaba: "La posesión de los terrenos situados en las Reservas Nacionales y fincas del Estado a que se refiere el artículo 19 de esta Ley, no causará derechos de ninguna especie y la acción reivindicatoria del Estado, por los mismos, es imprescriptible, y la Dirección General Forestal con los medios legales a su disposición, procederá a desalojar de tales terrenos a las personas que los ocupan total o parcialmente, en el caso de que se trate de zonas protectoras, Parques Nacionales, Reservas Forestales, y Reservas Biológicas".- Con estas normas se otorga a los bosques allí mencionados una doble tutela: Primero por su condición de Reserva Nacional, en las que es prohibido realizar cualquier acto posesorio y segundo por constituir Patrimonio Forestal del Estado en el que ningún acto de posesión causará derecho de ninguna especie. Este aspecto se ve confirmado con el artículo 8 del reglamento a esa ley que dice: "Los terrenos Nacionales comprendidos dentro de las áreas declaradas Reservas Forestales son inalienables, es decir no podrán salir del dominio del Estado, y su posesión no causará derecho de ninguna especie de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25, 49 y 57 de la Ley Forestal".- El artículo 80 de la citada Ley Forestal derogada indicaba: "Queda prohibido la invasión y ocupación de terrenos en los Parques Nacionales, Reservas Forestales y Zonas Protectoras. Esta prohibición se extiende hasta las Reservas Nacionales, hasta tanto no se haya determinado su clasificación y transferencia..." El artículo 6 de esta misma ley disponía: " Será sancionado con prisión de seis meses a dos años o con multa de quince a cien días, la persona que: a-) Explote un bosque de patrimonio forestal sin autorización legal correspondiente... b-) Invada un Parque Nacional, Reserva Biológica, Zona Protectora o Reserva Forestal...Si la invasión es en Reservas Nacionales, estará sujeta a lo estipulado en el artículo 227 del Código Penal.-" Como puede observarse los actos posesorios realizados en un bosque patrimonio Estatal resultan ser ilegítimos por lo que no pueden conferir ningún derecho de posesión.- Con la entrada en vigencia de la Ley Forestal Número 7174 del 28 de junio de 1990, se continúa con esta misma filosofía. En el artículo 32 de la citada ley establece: "El patrimonio forestal del Estado esta constituído por todos los bosques y terrenos forestales de las Reservas Nacionales...". El artículo 33 de esa misma ley dispone: "Los terrenos forestales y bosques que constituyen el Patrimonio Forestal del Estado detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables, su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por esos terrenos es imprescriptible.- En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante Información Posesoria, su invasión y ocupación será sancionados conforme lo dispuesto en esta Ley".- Con la actual Ley Forestal vigente número 7575 del 5 de febrero de 1996, en su título II regula un capítulo único referido exclusivamente al Patrimonio Natural del Estado, siendo la misma filosofía que se había iniciado desde 1865 con el Código Fiscal, por lo que se reitera en esta nueva normativa que el Patrimonio Natural del Estado estará constituído por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, y las fincas inscritas a nombre de la Administración Pública. El artículo 14 de la misma ley forestal vigente es enfática en indicar que los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado son imprescriptibles, inembargables e inalienables y su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor. La Ley de Conservación de la Vida Silvestre Número 7317 del 21 de octubre de 1972, en sus artículos 3 y 4, además de la declaratoria como de dominio público e interés público, a la fauna y flora silvestre respectivamente, se indica que la flora y fauna silvestre es parte del Patrimonio Nacional. En este mismo sentido la Ley de Biodiversidad número 7788 del 30 de abril de 1998 en su artículo 6 declara los elementos de la biodiversidad como de dominio público, así como la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 46 que establece la soberanía del Estado sobre la diversidad biológica. Por lo expuesto resulta un imperativo legal negar el derecho de posesión a aquellas personas que realizaran cualquier actividad en terrenos no sometidos a propiedad privada y que estén constituidos por bosques en reservas Nacionales.- A esa prohibición imperativa mediante la Ley Forestal Número 7575 del año 1996, que reforma el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, establece una salvedad a la filosofía que hasta ahora se ha expuesto, y es que se posibilita la titulación de bosques cuando dentro de los mismos se haya desarrollado lo que se entiende como posesión ecológica. El terreno objeto de esta información posesoria, es Patrimonio Natural del Estado, pues está compuesto por cobertura boscosa, según se desprende del estudio de suelos visible a folios 16 y 17 y reconocimiento judicial de folio 61 y 62, en el que se indica el terreno está conformado por aproximadamente treinta y ocho hectáreas de montaña según estudio técnico de suelos, y 4.56 hectáreas de repasto, lo que implica la naturaleza total del terreno es predominantemente bosque.- Es es claro dicho terreno es Patrimonio Natural del Estado, desde antes de que se crearan esos Decretos como ya se expuso en el historial normativo supra. Cuando se discute la posesión sobre un bien demanial, sólo cabrá esa discusión cuando se haya adquirido el derecho antes de que se haya declarado el bien como de dominio público. Así mismo, el derecho de propiedad en tales casos sólo podrá obtenerse cuando el titular haya demostrado una posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley que declara el objeto como Patrimonio Natural del Estado. Como ya se ha expuesto la cronología legal que tutela el Patrimonio Natural del Estado, la ley que debe tomarse en consideración para realizar el cómputo de la posesión decenal de los particulares, es la Ley de Tierras y Colonización número 2825 del 14 de octubre de 1961, normativa actualmente vigente. No debe considerarse el Código Fiscal de 1865 y la Ley de Terrenos Baldíos de 1939, pues fueron normas que hacían referencia al tópico en forma genérica, además que no son disposiciones vigentes en la actualidad, no es sino hasta con la actual Ley de Tierras y Colonización que se viene a definir y regular en forma clara la Propiedad o Patrimonio Natural del Estado. Las leyes posteriores como Ley Forestal y otras que se han citado en este considerando, son complementarias a la referida Ley de Tierras y Colonización. Para el caso concreto, de la prueba testimonial recabada no se demuestra esa posesión decenal en los términos de la normativa aquí expuesta, pues en este sentido es que se consigna este voto salvado, para indicar el promovente debió demostrar diez años de posesión antes de la Ley de Tierras y Colonización, por lo que debió declararse sin lugar la información posesoria revocando el fallo venido en apelación.” ... Ver más Texto de la resolución VOTO N° 0088-F-09 TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de febrero del dos mil nueve. DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN POSESORIA, promovido por PORTOCITO DOMINICAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número CED1 - - , quien es representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma por Luis Garino Granados, quien es mayor, casado, abogado, cédula de identidad número CED2 - - , vecino de San José. Intervienen como partes el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, y EL ESTADO, representados por Annie Alicia Saborío Mora, mayor, divorciada, máster en administración de negocios, vecina de San José, cédula de identidad número CED3 - - , y por Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de procuradora adjunta, y de calidades desconocidas en autos, respectivamente. Actúan como apoderados especiales judiciales del promovente los licenciados Norman De Pass Ibarra, mayor, casado, abogado, vecino de Santa Ana, cédula de identidad número CED4 - - , y Luis Alberto Canales Cortes, mayor, casado, abogado, vecino de Puntarenas, cédula de identidad número CED5 - - quinientos setenta y cinco. RESULTANDO: 1.- La sociedad titulante estima las presentes diligencias de información posesoria en la suma de trescientos mil colones, y solicita que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la finca que describe así: "Terreno de pastos y tacotal, situado en La Mona, en el [Dirección1] : , , , de la Provincia de Puntarenas, con una medida de cuatrocientos veintiséis mil setenta y nueve metros con cincuenta y ocho decímetros cuadrados, la cual linda al norte con: [Nombre1] y [Nombre2] , sur: [Nombre3] , Portocito Dominical, (sic) S.A y [Nombre4] (); este: [Nombre1] , [Nombre5] () , (sic) y [Dirección2] ; y oeste: [Nombre2] . Que la propiedad descrita se ajusta en un todo al plano debidamente catastrado en el Catastro Nacional, bajo el número CED6", (folios 18 a 21).- 2.- Se tuvo como partes al Estado y al Instituto de Desarrollo Agrario quienes se apersonaron en los términos que corren a folios 41 y 46 respectivamente.- 3.- El licenciado Juan Gutiérrez Villalobos, juez de primera instancia, en sentencia de las nueve horas con cincuenta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil ocho, resolvió: "POR TANTO: Se aprueba la información posesoria y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, se ordena al Señor Registrador del Registro de la Propiedad inscribir, por primera vez, a nombre de PORTOCITO DOMINICAL S.A., cédula jurídica CED1 - - , quien es representada por su Presidente con Facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma [Nombre6] , quien es mayor, casado una vez, abogado, con cédula de identidad CED2 - - , vecino de San José, Condominios Alaska, la finca descrita en el plano inscrito en el Catastro Nacional bajo el número P- 1090840-2006, que se describe así: Terreno de pastos y tacotales, ubicado en La Mona, [Dirección3] : , [Dirección4] : Golfito, Provincia de Puntarenas, que según el plano catastrado adjunto No P-1090840-2006 posee una extensión de cuarenta y dos hectáreas seis mil setenta y nueve metros con cincuenta y seis decímetros cuadrados, cuyos linderos son: Norte: [Nombre1] y [Nombre2] , Sur: [Nombre3] , Portocito Dominical S.A y [Nombre4] , Este: [Nombre1] , [Nombre4] , Oeste: [Nombre2] . El inmueble objeto de estas diligencias se estima en la suma de dos millones de colones. RESERVAS Y RESTRICCIONES: Además de las descritas en los artículos 16, 17 y 19 de la Ley de Informaciones Posesoria y las disposiciones de la Ley de Aguas Nº 276 del 27 de agosto de 1942. La finca a cuya inscripción registral dan origen a la presente información, esta sujeta a respetar, el área contigua a la [Dirección5] que señala el artículo 33, inciso b), de la Ley Forestal Nº 7575 constituye área de protección y queda prohibida la corta o eliminación de árboles. Sirva la certificación de esta sentencia para inscribir en el Registro de la Propiedad la finca relacionada, (folios 116 a 120).- 4.- La representante de la Procuraduría General de la República Lydiana Rodríguez Paniagua, formula recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del juzgado de instancia", (folios 121 a 127).- 5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se nota la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo. Redacta el juez Ulate Chacón; y, CONSIDERANDO: I.- El Tribunal comparte lo dispuesto en cuanto a los hechos tenidos por probados, por tener buen sustento en los autos. II.- La a-quo acogió las presentes diligencias de información posesoria. III.- La procuradora adjunta, Lydiana Rodríguez Paniagua apeló aduciendo lo siguiente: 1. Los terrenos forestales y bosques de las reservas nacionales son patrimonio natural del Estado, al menos desde la Ley Forestal 4465 de 1969, aún cuando la legislación forestal permite titular inmuebles fuera de áreas silvestres protegidas, debe tenerse en cuenta dicha declaratoria de dominio público, de modo que los bosque solo pueden titularse si la usucapión se había consolidado antes de su ingreso al patrimonio natural del Estado, aduciendo en este caso las declaraciones de testigos no demuestran posesión decenal apta para usucapir en cabeza del promovente; 2. Aduce hay contradicción entre el reconocimiento judicial y el certificado de uso de suelos, por la dimensión de las hectáreas de bosque y montaña, además, el certificado de uso de suelo quedó sujeto a condiciones futuras, sin tener certeza de que la posesión se ha ejercido cumpliendo con el uso conforme para la actividad que se realiza, invocando la aplicación de los artículos 58 y 160 del reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos. 3) En cuanto al contenido de la resolución, indica que existe un error material, porque consigna el área contigua a la "[Dirección6] , siendo lo correcto "[Dirección7] "; y además pide se adicione el fallo para que se indique el derecho de vía de la calle pública es de 14 metros conforme a la Ley General de Caminos Públicos y 19 inciso a) de la Ley de Informaciones Posesorias. IV.- En relación a los dos primeros agravios, no lleva razón la recurrente. Si bien es cierto, la Ley de Tierras y Colonización de 1961 y la Ley Forestal de 1969, establecían que los terrenos cubiertos de bosque, sin ocupación privada eran parte de las reservas nacionales, dicha afectación al dominio público ha venido cambiando conforme la evolución de los Derechos Humanos, y específicamente con la incorporación de los de tercera generación, en los cuales se incluye el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Ley Forestal de 1996 reformó, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para permitir la usucapión, en terrenos cubiertos de bosque, pero demostrando una posesión ecológica, a través de la conservación del recurso forestal, durante más de diez años, pudiéndose aprovechar la posesión trasmitida (ver sentencia de la Sala Constitucional No. 4587-97). El Tribunal agrario sostuvo el criterio de que dicha posesión debía ser de carácter personal, pero la Sala declaró que el mismo era inconstitucional. V.- Sobre al tema de la interpretación del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, y el Patrimonio Natural del Estado el Tribunal en reiteradas resoluciones ha expresado: “La Ley de Informaciones Posesorias, en su artículo 7, así como las Leyes Forestales han procurado proteger los recursos forestales de la acción humana, sometiéndolos a diversas formas de manejo forestal. Aunque se ha permitido la titulación de dichas áreas, que ya declaradas como áreas de conservación pasan a formar parte del Patrimonio Forestal del Estado, se exige el cumplimiento de otros requisitos más calificados. Eso nos conduce, directamente al concepto de posesión ecológica, y al criterio de la función ecológica de la propiedad forestal. En reiteradas sentencias, tanto de la Sala Primera de Casación, como del mismo Tribunal Superior Agrario, se han establecido los principios que deben regir para resolver éste tipo de situaciones agro-ambientales. Nuestro país ha sido pionero en la construcción de los institutos de la posesión agraria y la posesión ecológica. La misma jurisprudencia ha reconocido y desarrollado estos institutos, así como el ciclo de vida de la posesión agraria y, recientemente de la posesión ecológica (dentro del más amplio criterio de la función ecológica de la propiedad forestal). La misma Jurisprudencia ha querido distinguir la propiedad y posesión empresarial donde se ejercita una actividad dirigida al cultivo del bosque, de aquella donde simplemente se realiza una actividad extractiva o bien, meramente conservativa. En estos últimos casos se estaría en presencia de una propiedad o posesión forestal (sin empresa). Precisamente es en estos casos donde la Ley Forestal viene a establecer todo un régimen jurídico para la protección de los recursos forestales, sometiendo algunas veces al propietario en forma obligatoria al régimen forestal y en otros casos en forma voluntaria. De esa forma, en la posesión forestal el poder de hecho se ejerce sobre un bien de vocación forestal o en su mayor parte destinado a proteger los recursos forestales, sin miras a su explotación o bien, dedicándolo a la simple extracción de especies maderables, a través de planes de manejo para lograr la regeneración natural del bosque. En uno y otro caso no existiría el desarrollo de un ciclo biológico vegetal o animal, ni asumiría el hombre ningún riesgo. Es por eso que la ley no tutela, al contrario reprime, la posesión a través de la cual se destruyan los recursos forestales de áreas protegidas. Además niega la posibilidad de adquirir derechos de posesión sobre tierras de las reservas nacionales cuando se ha ejercido una acción dañina en contra de los recursos forestales. Hoy, parte de la doctrina agrarista afirma la existencia de un Derecho forestal, con particularidades de sistema orgánico y completo, donde ocupan un lugar importante los institutos de la propiedad y posesión forestal. En Costa Rica la propiedad forestal, y también la posesión forestal como derecho real derivado de aquella, o bien concebido en forma independiente, se comienza a perfilar desde el Código Fiscal de 1885, que establece todo un capítulo en cuanto a bosques cuyas regulaciones tienden a su conservación. Posteriormente la Ley de Terrenos Baldíos No. 13 del 6 de enero de 1939 incorpora dichos principios. Luego la Ley de Tierras y Colonización en su artículo 7 amplía las reservas nacionales para la protección de tales recursos.- VII. La legislación especial en cuanto a la tutela de la propiedad y posesión forestales tiene tres etapas en nuestro país. La primera etapa de la propiedad forestal se enmarca con la Ley No. 4465 del 35 de noviembre de 1969. La segunda se abre a través de una normativa mejor concebida a través de la Ley No. 7032 del 7 de abril de 1986, la cual fue posteriormente declarada inconstitucional. La última opera con la promulgación de la Ley Forestal No. 7174 del 28 de junio de 1990, reformada recientemente, por Ley No. 7575 del 13 de febrero de 1996 (publicada en el alcance 21 de La Gaceta No. 72 del martes 16 de abril de 1996). En ellas, se contienen diversos regímenes de propiedad forestal, y limita el uso y aprovechamiento de los recursos por los particulares. No es posible adquirir la titularidad sobre terrenos con cobertura boscosa si no se demuestra haber protegido el recurso forestal. Su fundamento constitucional se encuentra en el párrafo segundo del artículo 45 de la Constitución. A través de limitaciones de interés social se protege el instituto de la propiedad y la posesión forestal. Esta no es igual a la civil, ni a la agraria, se trata de una propiedad para conservar, y por tanto los actos posesorios que en ella se realicen deben tener esa finalidad.- VIII. La posesión forestal ha tenido su régimen jurídico en las Leyes Forestales mencionadas. Recae sobre un bien específico: los terrenos cubiertos de bosques o de aptitud forestal. El propietario o poseedor de tales bienes tiene la obligación de conservar los recursos forestales y no los puede aprovechar económicamente sino bajo las restricciones o limitaciones impuestas por la ley. Para la solución jurídica de conflictos que nazcan del ejercicio de la posesión forestal, se debe aplicar ese régimen jurídico especial y los principios del Derecho forestal. La Ley Forestal establece como función esencial y prioridad del Estado, velar por la protección, la conservación, el aprovechamiento, la industrialización, la administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables.(Artículo 1). Todos los terrenos de aptitud forestal y los bosques del país, ya sea estatales o que estén reducidos a dominio particular, quedan sometidos a los fines de la ley. El régimen forestal es el conjunto de disposiciones, entre otras, de carácter jurídico, económico y técnico, establecidas por la ley, su reglamento y demás normas, que regulen la conservación, la renovación, el aprovechamiento y el desarrollo de los bosques y terrenos de aptitud forestal del país. Por ello, para adquirir la propiedad forestal por usucapión, se requiere el ejercicio de la posesión forestal. El artículo 7 de la Ley de Informaciones posesorias, reformado por la Ley Forestal, establecía, antes de su reforma: "Artículo 7.- Cuando el inmueble a que se refiere la información esté comprendido dentro de una zona declarada parque nacional, reserva biológico, reserva forestal o zona protectora, el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la respectiva ley o decreto en que se creó la respectiva área silvestre. Las fincas que estén fuera de esas áreas y que tengan bosques, solo podrán ser tituladas si el promovente demuestra haberlas poseído por diez años o más y haber protegido dicho recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado con cercas o carriles." En otros términos, el poder de hecho en la posesión forestal recae sobre el recurso natural "bosques" o "terrenos de aptitud forestal", y los actos posesorios deben ir encaminados a su protección y conservación. Sólo si se demuestra eso podría adquirirse o inscribirse terrenos a favor de dichos poseedores. De lo contrario, quedarían formando parte del patrimonio natural del estado (artículo 13 de la nueva Ley Forestal), con carácter inembargable e inalienable, y su posesión no causará ningún derecho a favor de los particulares (artículo 14 de la nueva Ley Forestal).- IX. El Tribunal Agrario, había interpretado el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, antes de ser reformado por la nueva Ley Forestal, en el sentido de exigir una posesión personal, ejercida con diez años de antelación a la creación de la reserva forestal o área protegida (Véase en tal sentido los Votos No. 169 de las 9 horas 40 minutos del 22 de marzo de 1991 y No. 251 de las 14 horas del 17 de abril de 1991)...". Sin embargo, esa interpretación del artículo 7 de la Ley Forestal, fue cuestionada de "inconstitucional", por la aquí titulante, y la Sala Constitucional, en Voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997) declaró, en lo que interesa, lo siguiente: "Se declara parcialmente con lugar la acción y, en consecuencia, que es inconstitucional la interpretación del artículo 7 de la Ley de informaciones Posesorias No. 139 del 14 de julio de 1941, cuyo texto corresponde a la reforma producida por la Ley Forestal No. 7174 del 28 de junio de 1990, de acuerdo con la cual para titular terrenos comprendidos en parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales o zonas protectoras, se requiere posesión personal con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto que crea el área silvestre protegida, y que no favorece en estos casos la posesión transmitida por anteriores poseedores. Esta sentencia es declarativa y sus efectos retroactivos, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe...". De manera tal que los poseedores actuales pueden aprovechar la posesión trasmitida...X. La Ley Forestal No. 7575, también mantuvo las restricciones en la Ley de Informaciones Posesorias, para poder titular terrenos comprendidos en áreas protegidas. Al respecto dispone el actual numeral: "Artículo 7.-Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre."(La negrita es nuestra). Es decir, la intención del legislador es que esas áreas se hayan mantenido protegidas, conservadas durante todo este tipo, incluso antes de la creación de las Reservas y áreas protegidas...". (Resolución de las 14:50 horas del 20 de febrero de 1998 que responde al Voto No. 113). V.- En casos más recientes, el Tribunal ha rechazado los alegatos que ahora reitera el apelante, sobre la supuesta interpretación o aplicación retroactiva del artículo 7 de la Ley Forestal. En un caso similar al que nos ocupa se dijo: V.- En cuanto a lo alegado por el recurrente respecto a que el juzgador de instancia comete un error al aplicar el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, el cual considera fue declarado inconstitucional por lo que debe analizarse las diligencias a la luz de lo dispuesto por el artículo 1 de dicha Ley, considera este Tribunal no lleva razón pues el artículo 7 citado no fue declarado inconstitucional, sino lo fue la interpretación que venía haciendo el Tribunal en cuanto no se contabilizaba la posesión ejercida por los anteriores transmitentes. De ahí, al estar vigente el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe el promovente demostrar una posesión decenal antes de la declaratoria del área silvestre protegida según lo indicó la Sala Constitucional en el voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997). Es importante mencionar que tampoco se estaría aplicando retroactivamente la ley como lo indica el recurrente, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. En ese sentido es importante señalar lo dicho por la Sala Constitucional al respecto en el voto citado “…El artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias impugnado, cuyo texto es anterior a la última reforma por Ley Forestal No.7575 de 13 de febrero de 1996, regula el caso de la titulación de bienes inmuebles comprendidos dentro de un área declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora. Señala ese artículo que el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que creó el área silvestre. La disposición cuestionada regula el caso de titulación de un bien inmueble que ha sido afectado al dominio público con la declaratoria de área silvestre protegida, cualquiera que sea su especificidad. Corresponde ahora determinar si de acuerdo con la hipótesis que contempla la norma impugnada, a la luz de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que informan los institutos de la usucapión y de la posesión necesaria para usucapir, expuestos anteriormente, la norma cuestionada regula un tipo especial de posesión necesaria para adquirir la propiedad sobre los bienes inmuebles, que impone requisitos específicos que pueden infringir el derecho de propiedad o el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, regulados en la Constitución. En primer término, debe señalarse que el artículo cuestionado no modifica -aumenta o disminuye- el plazo de diez años de posesión necesario para usucapir, fijado en el artículo 860 del Código Civil para la generalidad de los casos en que se pretende adquirir la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva. La ampliación del plazo que alega el accionante como infractor del derecho a la propiedad no se produce, porque dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley. Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho. En ese sentido, la disposición cuestionada, a pesar de que en apariencia regula un caso específico de usucapión, no crea un régimen con requisitos diferentes a los establecidos en el Código Civil para la generalidad de los casos. En ese sentido, tampoco se produce el alegado efecto retroactivo de la norma, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. Es decir, la norma no viene a establecer ningún principio diferente -o requisito más riguroso- en relación con la aplicación de las reglas generales de la usucapión. Simplemente especifica la forma en que deben aplicarse esas reglas, lo que coincide con un resultado lógico dada la condición de bien demanial del objeto a titular. De ahí que no se considere que la reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuyo texto se impugna, haya introducido un régimen diferente en relación con los requisitos de la usucapión, que haya podido agravar la situación de personas que se encontraban ejerciendo posesión ad usucapionem en terrenos que fueron declarados de interés público. (Tribunal Agrario, No. 173 de las 16:29 horas del 31 de marzo del 2003). VI.- De manera que el poseedor que pretenda adquirir por usucapión un terreno cubierto de bosque, que formaba parte de las reservas nacionales, deberá demostrar la posesión decenal (originaria o trasmitida), y haber conservado el recurso forestal. En este caso la Procuradora indica que "Las declaraciones de los testigos no demuestran la posesión decenal apta para usucapir en cabeza del promovente". Sin embargo ello no es así. El testigo [Nombre7] afirmó: "Conozco esta propiedad desde el año 1975 cuando era propiedad del señor [Nombre8] corrijo ([Nombre9]) quien (sic) la tuvo unos quince años inclusive cuando yo llegué ya él estaba en el terreno. Don [Nombre9] luego se la vendió a [Nombre10] quien la poseyó hasta hace como un año en que le vendió a la sociedad promovente..."(folio 59), en cuanto a la posesión ecológica que vino a exigir la Ley Forestal, el testigo indica "...tiene una parte de montaña la cual se encuentra protegida, parte de tacotal y el resto es potrero..."(folio 59 vuelto). El deponente [Nombre11] señaló que conoce la propiedad desde hace más de quince años, cuando era de [Nombre9], el cual se la vendió a [Nombre10] y hace como dos años la vendió a la sociedad promovente, la cual han dedicado a ganadería y a la conservación de la montaña, manteniéndola bien deslindada con cercas y carriles limpios (ver folio 60). Y el testigo [Nombre12] , manifiesta conocer desde hace catorce o quince años la finca, que era de [Nombre9], después la trasmitió a [Nombre10] , y este la vendió a la sociedad promovente, indicando que los poseedores se han dedicado a mantener ganado, carriles limpios y cercas, indicando expresamente que tiene una parte de montaña que se mantiene cuidada y protegida (folio 60). Como se puede observar, en consecuencia, la posesión data de mas de treinta años, aproximadamente desde 1975, habiéndose desarrollado en el fundo una actividad agraria productiva de ganadería, y a su vez conservado el recurso forestal. No podía pretender la Procuradora exigir una posesión personal decenal, únicamente de la titulante, porque ello más bien iría en contra del criterio jurisprudencial constitucional, que permite la usucapión sumando la posesión trasmitida. VII.- En cuanto al segundo agravio, tampoco observa este Tribunal que se esté irrespetando lo dispuesto en la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y su Reglamento. Para todos es sabido, que en el reconocimiento judicial lo que se consignan son dimensiones aproximadas, no precisas, a menos que se realizara una medición con un GPS. En el acta se indicó lo siguiente: "Dicha quebrada se encuentra bien protegida en sus márgenes con abundante vegetación y árboles. Continuamos el recorrido por el lindero oeste desde el [Dirección8] según el mapa hasta el [Dirección9] donde el carril se aprecia limpio y en buen estado. A partir del [Dirección9] continúa el mismo carril pero además con cerca de alambre de púas a tres hilos sobre poste vivo y muerto hasta llegar al [Dirección10] en donde iniciamos el recorrido. La propiedad se encuentra en su mayor parte dedicada a potreros pero en su parte norte y oeste tiene aproximadamente diez hectáreas de montaña con bosque primario el cual se aprecia muy bien cuidado el recurso y debidamente protegido sin daños al ambiente....". De lo anterior se desprende que en realidad la extensión del terreno indicada por el juez en el reconocimiento fue aproximada, porque si se toma como referencia los puntos del plano, evidentemente se llega a la ineludible conclusión de que la mayor parte de colindancias, sobre todo por el [Dirección11] son carriles, donde hay montaña. De ahí que no observa el Tribunal la contradicción con lo indicado en el estudio de suelos, que es más bien beneficioso para la titulante, porque en él se concluyó claramente que "De conformidad con el artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, No. 7779 del 30 de abril de 1998 y con base en una visita de campo, esta instancia verifica que en la finca SE HA EJERCIDO la posesión cumpliendo con el uso conforme del suelo para la actividad que realiza de acuerdo con la metodología aprobada" (folio 17). Del mismo estudio se desprende que hay catorce hectáreas de bosque en el Sector A, y en el sector B hay bosque y repastos, lo cual hace presumir que también se encuentra bosque en proceso de regeneración natural, y por ello es que se dan recomendaciones técnicas como es de rigor en este tipo de análisis. En conclusión, no lleva razón la Procuradora en los referidos agravios, pues está demostrada la usucapión ecológica y el uso conforme del suelo. VIII.- En cuanto a los reparos realizados al contenido de la resolución impugnada, observa este tribunal que, efectivamente, existe un error material, en la parte dispositiva del fallo (folio 120), al indicar "Quebrada El 20", cuando en realidad es "Quebrada Kilómetro 20", el cual deberá ser corregido de conformidad con el artículo 161 del Código Procesal Civil, previo a expedir la certificación de la ejecutoria. En relación al tema de la calle [Dirección12], procede acoger la solicitud, toda vez que no se indica el inmueble colinda por el este con calle pública, en consecuencia deberá adicionarse en la colindancia este: [Nombre1] , [Nombre4] y [Dirección13] con un ancho de catorce metros. POR TANTO: Se confirma la sentencia recurrida, en el entendido de que el nombre correcto de la Quebrada es "Quebrada Kilómetro veinte", y se agrega que la colindancia este con calle [Dirección12] es de un ancho de catorce metros. ENRIQUE ULATE CHACÓN DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA VOTO SALVADO DE LA JUEZA ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA. No se comparte el Voto de mayoría al aprobar la información posesoria sobre terrenos constituídos por bosques, por cuanto los mismos son parte del patrimonio natural del Estado y no se demostró una posesión decenal ejercida con antelación a la afectación de ese bien como demanial.- El Dominio Público -para el caso que nos interesa- es el conjunto de bienes propiedad pública del Estado, lato sensu, afectados al uso público directo o indirecto, de los habitantes, y sometido a un régimen especial de derecho público y, por tanto, exorbitante del derecho privado. El dominio público se encuentra conformado por cuatro elementos: subjetivo, objetivo, normativo y teleológico. El elemento subjetivo se refiere al titular del derecho -El Estado-; el elemento objetivo se refiere o se constituye por el bien o los bienes sobre los cuales recae el dominio público -para este caso el inmueble objeto de litigio-; el elemento normativo determina cuando un bien reúne los requisitos señalados por ley para considerarlo demanial, es el conjunto de normas que lo rigen -elenco de normas que en adelante se dirán-; y el elemento teleológico que se refiere a la finalidad que se persigue al incluir determinado bien dentro del dominio público, qué finalidad pública es asignada al bien -en este caso la protección de los recursos naturales-. Los bienes de dominio público están sometidos a un régimen jurídico especial, se encuentran sujetos a un poder de policía, y se caracterizan esencialmente por su inalienabilidad e imprescriptibilidad. Por su naturaleza están dirigidos a satisfacer necesidades públicas, este hecho impide que sobre ellos exista tenencia o posesión por parte de particulares o personas privadas, están fuera del comercio del derecho privado. Nuestra Constitución Política en su artículo 121 inciso 14) hace referencia a la Demanialidad indicándo qué bienes son susceptibles de ese régimen de propiedad pública, incluso estableciéndose en ese artículo diferentes grados de afectación pública dándose un grado de publicatio intenso y absoluto hasta otros grados menos intenso y se armonizan los derechos de los administrados con las potestades de la Administración. Nuestro Código Civil vigente que data desde el mes de abril de mil ochocientos ochenta y seis, regula las bases más importantes en materia de bienes de dominio público, concretamente en sus artículos 261 al 263. El artículo 262 del citado Código Civil, hace referencia a dos características importantes de los bienes de dominio público: a- las cosas públicas están fuera del comercio, y b- se establece la desafectación al decir que esos bienes no pueden entrar en el comercio privado, mientras legalmente no se disponga así. Como puede observarse la afectación al régimen de dominio público no depende de la naturaleza del bien, sino de la voluntad del legislador. Mediante voto número 447- 91 de las quince horas treinta minutos del 21 de febrero de 1991 la Sala Constitucional manifiesta que la declaración de dominio público del bien se establece por ley, esta declaración no constituye una limitación a la propiedad, de acuerdo con el artículo 45 de la Carta Magna, pues éste artículo se refiere a propiedad privada, y los bienes de dominio público no están sujetos a propiedad privada. El Patrimonio Forestal del Estado, es un bien Demanial regulado en un amplio conjunto normativo en el que históricamente hasta la actualidad se prohíbe a los particulares realizar cualquier tipo de labor dentro de los inmuebles con esa característica y como consecuencia negándoles el derecho de posesión, haciéndose una salvedad en una situación específica que más adelante se dirá. Se considera como Patrimonio Estatal, -en su condición de Demanio Público que implica los principios de imprescriptibilidad, inalienabilidad, e inembargabilidad-, los terrenos que constituyen Reservas Nacionales que tengan Bosques. Lo anterior encuentra su desarrollo normativo en las citas que a continuación se exponen: 1) El Código Fiscal de 1865 el cual contempla un capítulo referido a los bosques, el cual fue derogado por la Ley General de Terrenos Baldíos Número trece del 6 de enero de 1939 la cual incorporaba prácticamente las mismas disposiciones. Por ejemplo el artículo primero indicaba: "Que los terrenos comprendidos en los límites de la República, que no hayan sido adquiridos o inscritos en propiedad mediante título legítimo por particulares, se presumen baldíos y pertenecen al Estado."- Esta ley en general regula la prohibición para poseer e inscribir mediante el trámite de informaciones posesorias las Reservas Nacionales que sean Patrimonio Forestal, en otras palabras no son susceptibles de apropiación por parte de particulares.- La Ley de Tierras y Colonización Número 2825 del 14 de octubre de 1961 mantuvo la misma orientación y se encuentra vigente en la actualidad desde aquella fecha. Así el artículo 8 de esa Ley de Tierras y Colonización establece: "Exceptuado los casos previstos en esta ley es prohibido a los particulares encerrar con cercas, carriles, o cualquier otra forma los terrenos declarados Reservas Nacionales, derribar montes, establecer construcciones y cultivos o extraer de ellos leña, madera, bejuco, palma, y otros productos con fines de explotación. Todo acto de ese genero, si de previo no se han llenado los trámites legales y obtenido la autorización correspondiente será considerado, según el caso como usurpación de dominio público o merodeo, debiendo las autoridades ordenar la destrucción y remoción de las cercas e impedir el uso de esas tierras, sin lugar a indemnización ni a reclamos por el valor de las mejoras y sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran caber a quienes incurrieren en tales faltas".- Nótese que este artículo sanciona penalmente a aquel que se introdujere a una reserva Nacional para realizar cualquier actividad en esas tierras, por lo que no se le pueda considerar a ésta acto de posesión pues su actividad sería ilegítima.- El artículo 11 de esa misma Ley, establece que pertenecen al Estado en carácter de Reservas Nacionales: "a) Todos los terrenos comprendidos entre los límites de la República que no esten inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas. b-) Los que no esten amparados por la posesión decenal.- c-) Los que por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas.- d-) En general todo los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos."- Por su parte el artículo 19 de la Ley Forestal derogada número 4465 del veintitrés de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve dispuso: "Quedan afectados a los fines de la presente ley todos los bosques y terrenos forestales ubicados en: "a-) Las tierras consideradas Reservas Nacionales..." Y el artículo 25 de esta misma ley señalaba: "La posesión de los terrenos situados en las Reservas Nacionales y fincas del Estado a que se refiere el artículo 19 de esta Ley, no causará derechos de ninguna especie y la acción reivindicatoria del Estado, por los mismos, es imprescriptible, y la Dirección General Forestal con los medios legales a su disposición, procederá a desalojar de tales terrenos a las personas que los ocupan total o parcialmente, en el caso de que se trate de zonas protectoras, Parques Nacionales, Reservas Forestales, y Reservas Biológicas".- Con estas normas se otorga a los bosques allí mencionados una doble tutela: Primero por su condición de Reserva Nacional, en las que es prohibido realizar cualquier acto posesorio y segundo por constituir Patrimonio Forestal del Estado en el que ningún acto de posesión causará derecho de ninguna especie. Este aspecto se ve confirmado con el artículo 8 del reglamento a esa ley que dice: "Los terrenos Nacionales comprendidos dentro de las áreas declaradas Reservas Forestales son inalienables, es decir no podrán salir del dominio del Estado, y su posesión no causará derecho de ninguna especie de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25, 49 y 57 de la Ley Forestal".- El artículo 80 de la citada Ley Forestal derogada indicaba: "Queda prohibido la invasión y ocupación de terrenos en los Parques Nacionales, Reservas Forestales y Zonas Protectoras. Esta prohibición se extiende hasta las Reservas Nacionales, hasta tanto no se haya determinado su clasificación y transferencia..." El artículo 6 de esta misma ley disponía: " Será sancionado con prisión de seis meses a dos años o con multa de quince a cien días, la persona que: a-) Explote un bosque de patrimonio forestal sin autorización legal correspondiente... b-) Invada un Parque Nacional, Reserva Biológica, Zona Protectora o Reserva Forestal...Si la invasión es en Reservas Nacionales, estará sujeta a lo estipulado en el artículo 227 del Código Penal.-" Como puede observarse los actos posesorios realizados en un bosque patrimonio Estatal resultan ser ilegítimos por lo que no pueden conferir ningún derecho de posesión.- Con la entrada en vigencia de la Ley Forestal Número 7174 del 28 de junio de 1990, se continúa con esta misma filosofía. En el artículo 32 de la citada ley establece: "El patrimonio forestal del Estado esta constituído por todos los bosques y terrenos forestales de las Reservas Nacionales...". El artículo 33 de esa misma ley dispone: "Los terrenos forestales y bosques que constituyen el Patrimonio Forestal del Estado detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables, su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por esos terrenos es imprescriptible.- En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante Información Posesoria, su invasión y ocupación será sancionados conforme lo dispuesto en esta Ley".- Con la actual Ley Forestal vigente número 7575 del 5 de febrero de 1996, en su título II regula un capítulo único referido exclusivamente al Patrimonio Natural del Estado, siendo la misma filosofía que se había iniciado desde 1865 con el Código Fiscal, por lo que se reitera en esta nueva normativa que el Patrimonio Natural del Estado estará constituído por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, y las fincas inscritas a nombre de la Administración Pública. El artículo 14 de la misma ley forestal vigente es enfática en indicar que los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado son imprescriptibles, inembargables e inalienables y su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor. La Ley de Conservación de la Vida Silvestre Número 7317 del 21 de octubre de 1972, en sus artículos 3 y 4, además de la declaratoria como de dominio público e interés público, a la fauna y flora silvestre respectivamente, se indica que la flora y fauna silvestre es parte del Patrimonio Nacional. En este mismo sentido la Ley de Biodiversidad número 7788 del 30 de abril de 1998 en su artículo 6 declara los elementos de la biodiversidad como de dominio público, así como la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 46 que establece la soberanía del Estado sobre la diversidad biológica. Por lo expuesto resulta un imperativo legal negar el derecho de posesión a aquellas personas que realizaran cualquier actividad en terrenos no sometidos a propiedad privada y que estén constituidos por bosques en reservas Nacionales.- A esa prohibición imperativa mediante la Ley Forestal Número 7575 del año 1996, que reforma el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, establece una salvedad a la filosofía que hasta ahora se ha expuesto, y es que se posibilita la titulación de bosques cuando dentro de los mismos se haya desarrollado lo que se entiende como posesión ecológica. El terreno objeto de esta información posesoria, es Patrimonio Natural del Estado, pues está compuesto por cobertura boscosa, según se desprende del estudio de suelos visible a folios 16 y 17 y reconocimiento judicial de folio 61 y 62, en el que se indica el terreno está conformado por aproximadamente treinta y ocho hectáreas de montaña según estudio técnico de suelos, y 4.56 hectáreas de repasto, lo que implica la naturaleza total del terreno es predominantemente bosque.- Es es claro dicho terreno es Patrimonio Natural del Estado, desde antes de que se crearan esos Decretos como ya se expuso en el historial normativo supra. Cuando se discute la posesión sobre un bien demanial, sólo cabrá esa discusión cuando se haya adquirido el derecho antes de que se haya declarado el bien como de dominio público. Así mismo, el derecho de propiedad en tales casos sólo podrá obtenerse cuando el titular haya demostrado una posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley que declara el objeto como Patrimonio Natural del Estado. Como ya se ha expuesto la cronología legal que tutela el Patrimonio Natural del Estado, la ley que debe tomarse en consideración para realizar el cómputo de la posesión decenal de los particulares, es la Ley de Tierras y Colonización número 2825 del 14 de octubre de 1961, normativa actualmente vigente. No debe considerarse el Código Fiscal de 1865 y la Ley de Terrenos Baldíos de 1939, pues fueron normas que hacían referencia al tópico en forma genérica, además que no son disposiciones vigentes en la actualidad, no es sino hasta con la actual Ley de Tierras y Colonización que se viene a definir y regular en forma clara la Propiedad o Patrimonio Natural del Estado. Las leyes posteriores como Ley Forestal y otras que se han citado en este considerando, son complementarias a la referida Ley de Tierras y Colonización. Para el caso concreto, de la prueba testimonial recabada no se demuestra esa posesión decenal en los términos de la normativa aquí expuesta, pues en este sentido es que se consigna este voto salvado, para indicar el promovente debió demostrar diez años de posesión antes de la Ley de Tierras y Colonización, por lo que debió declararse sin lugar la información posesoria revocando el fallo venido en apelación.- [Nombre13] EXPEDIENTE NÚMERO: 07-000045-0419--AG PROCESO:INFORMACIÓN POSESORIA PROMOVENTE: PORTOCITO DOMINICAL SA [Nombre14] / [Nombre15] + [Nombre15] Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:24:46. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**V.-** On the subject of the interpretation of Article 7 of the Law of Possessory Information, and the Natural Heritage of the State, the Tribunal in repeated resolutions has stated: "The Law of Possessory Information, in its Article 7, as well as the Forest Laws have sought to protect forest resources from human action, subjecting them to various forms of forest management. Although the titling of such areas has been allowed, which once declared as conservation areas become part of the Forest Heritage of the State, compliance with other more qualified requirements is demanded. This leads us directly to the concept of ecological possession, and the criterion of the ecological function of forest property. In repeated rulings, both of the First Chamber of Cassation, as well as of this Superior Agrarian Tribunal, the principles that must govern to resolve this type of agro-environmental situations have been established. Our country has been a pioneer in the construction of the institutes of agrarian possession and ecological possession. The same jurisprudence has recognized and developed these institutes, as well as the life cycle of agrarian possession and, recently, of ecological possession (within the broader criterion of the ecological function of forest property). The same Jurisprudence has sought to distinguish business property and possession where an activity directed at forest cultivation is carried out, from that where simply an extractive activity or a merely conservative one is performed. In these latter cases, one would be in the presence of forest property or possession (without a business). Precisely in these cases, the Forest Law comes to establish an entire legal regime for the protection of forest resources, sometimes subjecting the owner obligatorily to the forest regime and in other cases voluntarily. In this way, in forest possession, the de facto power is exercised over a good of forestal vocation or mostly destined to protect forest resources, without a view to its exploitation or else, dedicating it to the simple extraction of timber species, through management plans to achieve the natural regeneration of the forest. In either case, there would be no development of a plant or animal biological cycle, nor would man assume any risk. That is why the law does not protect, but rather represses, possession through which the forest resources of protected areas are destroyed. It also denies the possibility of acquiring possessory rights over lands of the national reserves when a harmful action against forest resources has been exercised. Today, part of the agrarian doctrine affirms the existence of a Forest law, with particularities of an organic and complete system, where the institutes of forest property and possession occupy an important place. In Costa Rica, forest property, and also forest possession as a real right derived from the former, or conceived independently, began to take shape from the Fiscal Code of 1885, which establishes an entire chapter regarding forests whose regulations tend toward their conservation. Subsequently, Law of Public Lands No. 13 of January 6, 1939, incorporates said principles. Then the Law of Lands and Colonization in its Article 7 expands the national reserves for the protection of such resources. - VII. Special legislation regarding the tutelage of forest property and possession has three stages in our country. The first stage of forest property is framed by Law No. 4465 of November 35, 1969. The second is opened through better conceived norms through Law No. 7032 of April 7, 1986, which was subsequently declared unconstitutional. The last operates with the enactment of Forest Law No. 7174 of June 28, 1990, recently reformed by Law No. 7575 of February 13, 1996 (published in supplement 21 of La Gaceta No. 72 of Tuesday, April 16, 1996). In them, diverse regimes of forest property are contained, and it limits the use and exploitation of resources by individuals. It is not possible to acquire title over lands with forest cover (cobertura boscosa) if it is not demonstrated that the forest resource has been protected. Its constitutional basis is found in the second paragraph of Article 45 of the Constitution. Through limitations of social interest, the institute of forest property and possession is protected. This is not equal to civil, nor to agrarian, property; it is a property for conservation, and therefore the possessory acts carried out on it must have that purpose. - VIII. Forest possession has had its legal regime in the mentioned Forest Laws. It falls upon a specific good: lands covered with forests or of forest aptitude. The owner or possessor of such goods has the obligation to conserve forest resources and cannot exploit them economically except under the restrictions or limitations imposed by law. For the legal solution of conflicts arising from the exercise of forest possession, that special legal regime and the principles of Forest law must be applied. The Forest Law establishes as an essential function and priority of the State, to ensure the protection, conservation, exploitation, industrialization, administration, and promotion of the country's forest resources, in accordance with the principle of rational use of renewable natural resources. (Article 1). All lands of forest aptitude and the country's forests, whether state-owned or reduced to private domain, are subject to the aims of the law. The forest regime is the set of provisions, among others, of a legal, economic, and technical nature, established by the law, its regulation, and other norms, that regulate the conservation, renewal, exploitation, and development of the country's forests and lands of forest aptitude. Therefore, to acquire forest property by adverse possession (usucapión), the exercise of forest possession is required. Article 7 of the Law of Possessory Information, reformed by the Forest Law, established, before its reform: "Article 7.- When the property to which the information refers is comprised within a zone declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone, the titling party must demonstrate having exercised decennial possession at least ten years prior to the effective date of the respective law or decree in which the respective wild area was created. Farms that are outside those areas and that have forests, may only be titled if the petitioner demonstrates having possessed them for ten years or more and having protected said natural resource, with the understanding that the property must be duly demarcated with fences or boundary lanes." In other terms, the de facto power in forest possession falls upon the natural resource "forests" or "lands of forest aptitude", and the possessory acts must be directed at their protection and conservation. Only if this is demonstrated could lands be acquired or registered in favor of said possessors. Otherwise, they would become part of the natural heritage of the state (Article 13 of the new Forest Law), with the character of unseizable and inalienable, and its possession will not cause any right in favor of individuals (Article 14 of the new Forest Law). - IX. The Agrarian Tribunal had interpreted Article 7 of the Law of Possessory Information, before being reformed by the new Forest Law, in the sense of requiring personal possession, exercised ten years prior to the creation of the forest reserve or protected area (See in this sense Rulings No. 169 of 9 hours 40 minutes of March 22, 1991, and No. 251 of 14 hours of April 17, 1991)...". However, that interpretation of Article 7 of the Forest Law was questioned as "unconstitutional" by the titling party here, and the Constitutional Chamber, in Ruling No. 4587-97 (published in Judicial Bulletin No. 188 of October 1, 1997) declared, in what is relevant, the following: "The action is partially granted and, consequently, that the interpretation of Article 7 of the Law of Possessory Information No. 139 of July 14, 1941, whose text corresponds to the reform produced by Forest Law No. 7174 of June 28, 1990, according to which to title lands comprised in national parks, biological reserves, forest reserves, or protective zones, personal possession is required ten years prior to the effective date of the law or decree that creates the protected wild area, and that possession transmitted by previous possessors does not benefit in these cases, is unconstitutional. This ruling is declaratory and its effects retroactive, without prejudice to rights acquired in good faith...". So that current possessors can take advantage of transmitted possession... X. Forest Law No. 7575 also maintained the restrictions in the Law of Possessory Information, in order to be able to title lands comprised in protected areas. In this regard, the current numeral provides: "Article 7.- When the property to which the information refers is comprised within a protected wild area, whatever its management category, the titling party must demonstrate being the holder of legal rights over decennial possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree in which that wild area was created." (Our bold). That is, the legislator's intention is that these areas have been maintained protected, conserved throughout this entire time, even before the creation of the Reserves and protected areas...". (Resolution of 14:50 hours of February 20, 1998, corresponding to Ruling No. 113). V.- In more recent cases, the Tribunal has rejected the claims that the appellant now reiterates, regarding the supposed interpretation or retroactive application of Article 7 of the Forest Law. In a case similar to the one at hand, it was stated: V.- Regarding what was alleged by the appellant that the lower court judge commits an error by applying Article 7 of the Law of Possessory Information, which he considers was declared unconstitutional and therefore the proceedings should be analyzed in light of what is provided by Article 1 of said Law, this Tribunal considers he is not right, as the cited Article 7 was not declared unconstitutional, rather it was the interpretation the Tribunal had been making insofar as possession exercised by previous transferors was not counted. Hence, with ordinal 7 of the Law of Possessory Information being in force, the petitioner must demonstrate decennial possession prior to the declaration of the protected wild area as indicated by the Constitutional Chamber in ruling No. 4587-97 (published in Judicial Bulletin No. 188 of October 1, 1997). It is important to mention that the law is not being applied retroactively either, as the appellant indicates, because the ten-year period of possession for adverse possession is established in the Civil Code and the questioned provision simply highlights certain elements inherent to adverse possession that are also defined in the general norms, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be apt for adverse possession. In that sense, it is important to point out what was stated by the Constitutional Chamber in this regard in the cited ruling: "...The challenged Article 7, first paragraph of the Law of Possessory Information, whose text is prior to the last reform by Forest Law No. 7575 of February 13, 1996, regulates the case of titling real property comprised within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone. That article indicates that the titling party must demonstrate having exercised decennial possession at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created the wild area. The questioned provision regulates the case of titling a real property that has been affected to the public domain by the declaration of a protected wild area, whatever its specificity. It is now appropriate to determine if, in accordance with the hypothesis that the challenged norm contemplates, in light of the doctrinal and jurisprudential criteria that inform the institutes of adverse possession and the possession necessary for adverse possession set forth above, the questioned norm regulates a special type of possession necessary to acquire ownership over real property, which imposes specific requirements that could infringe the right of property or the principle of non-retroactivity of the law to the detriment of acquired rights or consolidated legal situations, regulated in the Constitution. In the first place, it should be noted that the questioned article does not modify - increase or decrease - the ten-year period of possession necessary for adverse possession, set forth in Article 860 of the Civil Code for the generality of cases in which it is sought to acquire ownership of real property by positive prescription. The extension of the period that the plaintiff alleges as an infringement of the right to property does not occur, because given the nature of the good intended to be titled (public thing), the period of possession apt for adverse possession must elapse before the affectation of the good to the public domain occurs. That is, the declaration of a protected wild area prevents possession subsequent to the affectation from counting, and impedes the specification of the requirements of adverse possession if by that moment the right has not been acquired, that is, the ten years of possession apt for adverse possession have not elapsed under the conditions established by law. The foregoing is only the natural result of applying the concepts regarding the object of possession and its condition of exercise as titleholder, necessary for possession ad usucapionem. It should be recalled that goods affected to the public domain, whatever their specifications may be, are not susceptible to acquisition by adverse possession, if before the affectation occurred the necessary conditions for the acquisition of the right were not met. In that sense, the questioned provision, despite apparently regulating a specific case of adverse possession, does not create a regime with requirements different from those established in the Civil Code for the generality of cases. In that sense, the alleged retroactive effect of the norm does not occur either, because the ten-year period of possession for adverse possession is set forth in the Civil Code and the questioned provision simply highlights certain elements inherent to adverse possession that are also defined in the general norms, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be apt for adverse possession. That is, the norm does not come to establish any different principle -or more rigorous requirement- in relation to the application of the general rules of adverse possession. It simply specifies the manner in which those rules must be applied, which coincides with a logical result given the condition of the object to be titled as a public domain good. Hence, it is not considered that the reform to Article 7 of the Law of Possessory Information, whose text is being challenged, introduced a different regime in relation to the requirements of adverse possession, which could have aggravated the situation of persons who were exercising possession ad usucapionem on lands that were declared of public interest. (Agrarian Tribunal, No. 173 of 16:29 hours of March 31, 2003).
**VI.-** So that the possessor who intends to acquire by adverse possession a land covered with forest, which was part of the national reserves, must demonstrate decennial possession (original or transmitted), and having conserved the forest resource. In this case, the Procurator indicates that "The witness statements do not demonstrate the decennial possession apt for adverse possession held by the petitioner". However, this is not so. Witness [Name1] stated: "I have known this property since the year 1975 when it was owned by Mister [Name2] I correct ([Name3]) who had it for about fifteen years, inclusive when I arrived he was already on the land. Don [Name3] then sold it to [Name4] who possessed it until about a year ago when he sold it to the petitioning company..." (folio 59). Regarding the ecological possession that the Forest Law came to require, the witness indicates "...has a mountainous part which is protected, part scrubland (tacotal) and the rest is pasture..." (folio 59 verso). The deponent [Name5] indicated that he has known the property for more than fifteen years, when it belonged to [Name3], who sold it to [Name4], and about two years ago sold it to the petitioning company, which they have dedicated to cattle ranching and the conservation of the mountain, keeping it well demarcated with fences and clean boundary lanes (see folio 60). And the witness [Name6] states knowing the farm for fourteen or fifteen years, that it was [Name3]'s, later transferred it to [Name4], and this one sold it to the petitioning company, indicating that the possessors have dedicated themselves to maintaining cattle, clean boundary lanes, and fences, expressly indicating that it has a mountainous part that is kept cared for and protected (folio 60). As can be observed, consequently, the possession dates back more than thirty years, approximately since 1975, with a productive agrarian activity of cattle ranching having been developed on the property, and in turn the forest resource conserved. The Procurator could not seek to demand a decennial personal possession solely from the titling party, because that would rather go against the constitutional jurisprudential criterion, which permits adverse possession by adding the transmitted possession."
**VI.-** So that the possessor who intends to acquire by adverse possession a land covered with forest, which was part of the national reserves, must demonstrate decennial possession (original or transmitted), and having conserved the forest resource. In this case, the Procurator indicates that "The witness statements do not demonstrate the decennial possession apt for adverse possession held by the petitioner". However, this is not so. Witness [Name1] stated: "I have known this property since the year 1975 when it was owned by Mister [Name2] I correct ([Name3]) who had it for about fifteen years, inclusive when I arrived he was already on the land. Don [Name3] then sold it to [Name4] who possessed it until about a year ago when he sold it to the petitioning company..." (folio 59). Regarding the ecological possession that the Forest Law came to require, the witness indicates "...has a mountainous part which is protected, part scrubland (tacotal) and the rest is pasture..." (folio 59 verso). The deponent [Name5] indicated that he has known the property for more than fifteen years, when it belonged to [Name3], who sold it to [Name4], and about two years ago sold it to the petitioning company, which they have dedicated to cattle ranching and the conservation of the mountain, keeping it well demarcated with fences and clean boundary lanes (see folio 60). And the witness [Name6] states knowing the farm for fourteen or fifteen years, that it was [Name3]'s, later transferred it to [Name4], and this one sold it to the petitioning company, indicating that the possessors have dedicated themselves to maintaining cattle, clean boundary lanes, and fences, expressly indicating that it has a mountainous part that is kept cared for and protected (folio 60). As can be observed, consequently, the possession dates back more than thirty years, approximately since 1975, with a productive agrarian activity of cattle ranching having been developed on the property, and in turn the forest resource conserved. The Procurator could not seek to demand a decennial personal possession solely from the titling party, because that would rather go against the constitutional jurisprudential criterion, which permits adverse possession by adding the transmitted possession."
Article 33 of that same law provides: "The forest lands and forests that constitute the State Forest Heritage detailed in the preceding article shall be unseizable and inalienable, their possession by private parties shall not create any right in their favor, and the State's action for recovery of those lands is imprescriptible.- Consequently, they are not susceptible to registration in the Public Registry through Possessory Information, and their invasion and occupation shall be sanctioned as provided in this Law."- With the current Forestry Law (Ley Forestal) in force, number 7575 of February 5, 1996, Title II regulates a single chapter referring exclusively to the State Natural Heritage, being the same philosophy that had begun in 1865 with the Fiscal Code (Código Fiscal), so it is reiterated in this new regulation that the State Natural Heritage shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, the areas declared inalienable, and the properties registered in the name of the Public Administration. Article 14 of the same current Forestry Law (Ley Forestal) emphatically indicates that the forest lands and forests that constitute the State Natural Heritage are imprescriptible, unseizable, and inalienable and their possession by private parties shall not create any right in their favor. The Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) Number 7317 of October 21, 1972, in its articles 3 and 4, in addition to the declaration as public domain and public interest, to wild fauna and flora respectively, indicates that wild flora and fauna are part of the National Heritage. In this same sense, the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) number 7788 of April 30, 1998, in its Article 6 declares the elements of biodiversity as public domain, as well as the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) in its Article 46 which establishes the State's sovereignty over biological diversity. Given the foregoing, it is a legal imperative to deny the right of possession to those persons who carry out any activity on lands not subject to private property and that are constituted by forests in National Reserves.- To that imperative prohibition through the Forestry Law (Ley Forestal) Number 7575 of 1996, which reforms Article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), establishes an exception to the philosophy that has been expounded up to now, and it is that it enables the titling of forests when within them there has been developed what is understood as ecological possession. The land subject to this possessory information is State Natural Heritage, because it is composed of forest cover (cobertura boscosa), as is evident from the soil study visible at folios 16 and 17 and judicial inspection at folio 61 and 62, in which it is indicated that the land is formed by approximately thirty-eight hectares of mountain according to the technical soil study, and 4.56 hectares of pasture, which implies the total nature of the land is predominantly forest.- It is clear that said land is State Natural Heritage, from before those Decrees were created as already stated in the normative history supra. When possession over a public domain asset is discussed, that discussion is only admissible when the right was acquired before the asset was declared as public domain. Likewise, the right of ownership in such cases may only be obtained when the holder has demonstrated decennial possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law that declares the object as State Natural Heritage. As the legal chronology that protects the State Natural Heritage has already been set forth, the law that must be taken into consideration for calculating the decennial possession of private parties is the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) number 2825 of October 14, 1961, a regulation currently in force. The Fiscal Code (Código Fiscal) of 1865 and the Vacant Lands Law (Ley de Terrenos Baldíos) of 1939 must not be considered, because they were norms that referred to the topic in a generic form, and moreover they are not provisions currently in force; it is not until the current Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) that State Property or Natural Heritage comes to be defined and regulated clearly. Subsequent laws such as the Forestry Law (Ley Forestal) and others that have been cited in this recital (considerando), are complementary to the referenced Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización). For the specific case, from the testimonial evidence collected, that decennial possession is not demonstrated under the terms of the regulations set forth herein, since it is in this sense that this dissenting vote is recorded, to indicate that the petitioner had to demonstrate ten years of possession prior to the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización), therefore the possessory information should have been declared without merit, revoking the ruling that came on appeal."
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Text of the resolution
VOTO N° 0088-F-09
AGRARIAN COURT (TRIBUNAL AGRARIO) OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Goicoechea, at fifteen hours forty-five minutes on the twenty-fourth of February two thousand nine.
POSSESSORY INFORMATION PROCEEDINGS (DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN POSESORIA), initiated by PORTOCITO DOMINICAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, legal entity identification number CED1 - - , who is represented by its president with powers of generalissimo attorney-in-fact without limit of amount by Luis Garino Granados, who is of legal age, married, attorney, identification card number CED2 - - , resident of San José. Appearing as parties are the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, and THE STATE, represented by Annie Alicia Saborío Mora, of legal age, divorced, master in business administration, resident of San José, identification card number CED3 - - , and by Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as assistant attorney general (procuradora adjunta), of unknown qualifications in the case file, respectively. Acting as special judicial attorneys for the petitioner are licensed attorneys Norman De Pass Ibarra, of legal age, married, attorney, resident of Santa Ana, identification card number CED4 - - , and Luis Alberto Canales Cortes, of legal age, married, attorney, resident of Puntarenas, identification card number CED5 - - five hundred seventy-five.
WHEREAS (RESULTANDO):
1.- The applicant company values the present possessory information proceedings in the amount of three hundred thousand colones, and requests that the property described as follows be registered in its name in the Public Registry of Property: "Land of pasture and scrubland (tacotal), located in La Mona, at [Dirección1] : , , , of the Province of Puntarenas, with a measurement of four hundred twenty-six thousand seventy-nine square meters and fifty-eight square decimeters, which borders on the north: [Nombre1] and [Nombre2] , south: [Nombre3] , Portocito Dominical, (sic) S.A and [Nombre4] (); east: [Nombre1] , [Nombre5] () , (sic) and [Dirección2] ; and west: [Nombre2] . That the described property fully conforms to the plan duly registered in the National Cadastre, under number CED6", (folios 18 to 21).-
2.- The State and the Instituto de Desarrollo Agrario were made parties and appeared in the terms stated at folios 41 and 46 respectively.-
3.- Attorney Juan Gutiérrez Villalobos, judge of first instance, in a judgment at nine hours fifty minutes on the twenty-fourth of October two thousand eight, resolved: "THEREFORE (POR TANTO): The possessory information is approved and without prejudice to third parties with superior rights, the Registrar of the Property Registry is ordered to register, for the first time, in the name of PORTOCITO DOMINICAL S.A., legal entity ID number CED1 - - , who is represented by its President with Powers of Generalissimo Attorney-in-fact without limit of amount [Nombre6] , who is of legal age, married once, attorney, with identification card number CED2 - - , resident of San José, Condominios Alaska, the property described in the plan registered in the National Cadastre under number P- 1090840-2006, which is described as follows: Land of pasture and scrubland (tacotales), located in La Mona, [Dirección3] : , [Dirección4] : Golfito, Province of Puntarenas, which according to the attached cadastral plan No. P-1090840-2006 has an extension of forty-two hectares six thousand seventy-nine square meters and fifty-six square decimeters, whose boundaries are: North: [Nombre1] and [Nombre2] , South: [Nombre3] , Portocito Dominical S.A and [Nombre4] , East: [Nombre1] , [Nombre4] , West: [Nombre2] . The real estate subject to these proceedings is valued at the sum of two million colones. RESERVATIONS AND RESTRICTIONS: In addition to those described in articles 16, 17, and 19 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesoria) and the provisions of the Water Law (Ley de Aguas) No. 276 of August 27, 1942. The property to which the present information gives rise for registration is subject to respecting the area contiguous to [Dirección5] which Article 33, subsection b), of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 designates as a protection area and cutting or elimination of trees is prohibited. Let the certification of this judgment serve to register the related property in the Property Registry, (folios 116 to 120).-
4.- The representative of the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) Lydiana Rodríguez Paniagua, files an appeal with express indication of the reasons for which she refutes the thesis of the trial court", (folios 121 to 127).-
5.- In the substantiation of the proceedings, the legal requirements have been observed, and the existence of errors or omissions capable of causing the nullity of the judgment is not noted.
Judge Ulate Chacón drafts; and,
RECITALS (CONSIDERANDO):
I.- The Court shares what was ordered regarding the facts taken as proven, as they have good support in the case file.
II.- The lower court granted these possessory information proceedings.
III.- The assistant attorney general (procuradora adjunta), Lydiana Rodríguez Paniagua appealed, alleging the following: 1. Forest lands and forests of the national reserves are State Natural Heritage, at least since the Forestry Law (Ley Forestal) 4465 of 1969, even though forestry legislation permits titling real estate outside of protected wild areas, such declaration of public domain must be taken into account, so that forests may only be titled if the prescriptive acquisition (usucapión) had been consolidated before their entry into the State Natural Heritage, alleging in this case that the witnesses' declarations do not demonstrate decennial possession suitable for prescriptive acquisition (usucapir) by the petitioner; 2. She argues there is a contradiction between the judicial inspection and the land use certificate, due to the dimension of the hectares of forest and mountain, and furthermore, the land use certificate was subject to future conditions, without certainty that possession has been exercised in compliance with the appropriate use for the activity being carried out, invoking the application of articles 58 and 160 of the regulation to the Law on Use, Management and Conservation of Soils. 3) Regarding the content of the resolution, she indicates that there is a clerical error, because it records the area contiguous to the "[Dirección6] , when the correct is "[Dirección7] "; and additionally she requests the judgment be supplemented to indicate the right-of-way of the public street is 14 meters in accordance with the General Law of Public Roads and 19 subsection a) of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias).
IV.- In relation to the first two grievances, the appellant is not correct. Although it is true the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) of 1961 and the Forestry Law (Ley Forestal) of 1969 established that lands covered by forest, without private occupation, were part of the national reserves, such affectation to the public domain has been changing in accordance with the evolution of Human Rights, and specifically with the incorporation of third-generation rights, which include the human right to a healthy and ecologically balanced environment. The Forestry Law (Ley Forestal) of 1996 reformed Article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), to permit prescriptive acquisition (usucapión) on lands covered by forest, but demonstrating ecological possession, through the conservation of the forest resource, for more than ten years, being able to utilize transferred possession (see judgment of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) No. 4587-97). The Agrarian Court (Tribunal agrario) held the criterion that such possession had to be of a personal nature, but the Chamber declared that it was unconstitutional.
V.- On the topic of the interpretation of Article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias) and the State Natural Heritage, the Court in reiterated resolutions has expressed: “The Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), in its Article 7, as well as the Forestry Laws have endeavored to protect forest resources from human action, subjecting them to various forms of forest management. Although the titling of such areas has been permitted, which once declared as conservation areas become part of the State Forest Heritage, the fulfillment of other, more qualified requirements is demanded. This leads us directly to the concept of ecological possession, and to the criterion of the ecological function of forest property. In reiterated judgments, both from the First Cassation Chamber (Sala Primera de Casación), as well as from this Superior Agrarian Court (Tribunal Superior Agrario), the principles have been established that must govern to resolve this type of agro-environmental situations. Our country has been a pioneer in the construction of the institutes of agrarian possession and ecological possession. The same jurisprudence has recognized and developed these institutes, as well as the life cycle of agrarian possession and, recently, of ecological possession (within the broader criterion of the ecological function of forest property). The same Jurisprudence has sought to distinguish business property and possession where an activity directed at cultivating the forest is carried out, from that where an extractive or merely conservative activity is simply performed. In these latter cases, one would be in the presence of forest property or possession (without enterprise). It is precisely in these cases where the Forestry Law (Ley Forestal) comes to establish an entire legal regime for the protection of forest resources, sometimes subjecting the owner obligatorily to the forest regime and in other cases voluntarily. In this way, in forest possession the de facto power is exercised over a good of forest vocation or mostly destined to protect forest resources, without aims of exploitation, or else dedicating it to the simple extraction of timber species, through management plans to achieve natural regeneration of the forest. In either case, there would not be the development of a biological plant or animal cycle, nor would the man assume any risk. That is why the law does not protect, but rather represses, possession through which forest resources of protected areas are destroyed. Furthermore, it denies the possibility of acquiring possession rights over lands of the national reserves when a harmful action against forest resources has been exercised. Today, part of the agrarian doctrine affirms the existence of a Forest law, with particularities of an organic and complete system, where the institutes of forest property and possession occupy an important place. In Costa Rica, forest property, and also forest possession as a real right derived from the former, or well conceived independently, begins to take shape from the Fiscal Code (Código Fiscal) of 1885, which establishes an entire chapter regarding forests whose regulations tend toward their conservation. Subsequently, the Vacant Lands Law (Ley de Terrenos Baldíos) No. 13 of January 6, 1939 incorporates said principles. Later, the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) in its Article 7 expands the national reserves for the protection of such resources.- VII. Special legislation regarding the protection of forest property and possession has three stages in our country. The first stage of forest property is framed with Law No. 4465 of November 35, 1969. The second is opened through better-conceived regulation through Law No. 7032 of April 7, 1986, which was subsequently declared unconstitutional. The last operates with the enactment of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7174 of June 28, 1990, recently reformed by Law No. 7575 of February 13, 1996 (published in supplement 21 of La Gaceta No. 72 of Tuesday, April 16, 1996). In these, various regimes of forest property are contained, and they limit the use and exploitation of resources by private parties. It is not possible to acquire title over lands with forest cover (cobertura boscosa) if having protected the forest resource is not demonstrated. Its constitutional foundation is found in the second paragraph of Article 45 of the Constitution. Through social interest limitations, the institute of forest property and possession is protected. This is not equal to civil, nor to agrarian, it deals with a property meant to conserve, and therefore the possessory acts carried out on it must have that purpose.- VIII. Forest possession has had its legal regime in the aforementioned Forestry Laws. It falls on a specific asset: lands covered by forests or of forest aptitude. The owner or possessor of such assets has the obligation to conserve forest resources and cannot exploit them economically except under the restrictions or limitations imposed by law. For the legal solution of conflicts arising from the exercise of forest possession, that special legal regime and the principles of Forest law must be applied. The Forestry Law (Ley Forestal) establishes as an essential function and priority of the State to ensure the protection, conservation, exploitation, industrialization, administration, and promotion of the country's forest resources, in accordance with the principle of rational use of renewable natural resources. (Article 1). All lands of forest aptitude and the forests of the country, whether state-owned or reduced to private ownership, are subject to the purposes of the law. The forest regime is the set of provisions, among others, of a legal, economic, and technical nature, established by law, its regulation, and other norms, that regulate the conservation, renewal, exploitation, and development of the country's forests and lands of forest aptitude. Therefore, to acquire forest property by prescriptive acquisition (usucapión), the exercise of forest possession is required. Article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones posesorias), reformed by the Forestry Law (Ley Forestal), established, before its reform: "Article 7.- When the real estate to which the information refers is included within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone, the applicant must demonstrate having exercised decennial possession at least ten years prior to the effective date of the respective law or decree in which the respective wild area was created. Properties that are outside those areas and that have forests may only be titled if the petitioner demonstrates having possessed them for ten years or more and having protected said natural resource, with the understanding that the real estate must be properly demarcated with fences or lanes." In other terms, the de facto power in forest possession falls on the natural resource "forests" or "lands of forest aptitude," and the possessory acts must be directed toward their protection and conservation. Only if that is demonstrated could lands be acquired or registered in favor of said possessors. Otherwise, they would remain forming part of the State Natural Heritage (Article 13 of the new Forestry Law (Ley Forestal)), with unseizable and inalienable character, and their possession shall not create any right in favor of private parties (Article 14 of the new Forestry Law (Ley Forestal)).- IX. The Agrarian Court (Tribunal Agrario) had interpreted Article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), before being reformed by the new Forestry Law (Ley Forestal), in the sense of requiring personal possession, exercised ten years prior to the creation of the forest reserve or protected area (See in that sense Votos No. 169 at 9 hours 40 minutes on March 22, 1991 and No. 251 at 14 hours on April 17, 1991)...". However, that interpretation of Article 7 of the Forestry Law (Ley Forestal), was challenged as "unconstitutional" by the applicant herein, and the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), in Voto No. 4587-97 (published in the Judicial Bulletin No. 188 dated October 1, 1997) declared, in what is of interest, the following: "The action is partially granted and, consequently, that the interpretation of Article 7 of the Possessory Information Law (Ley de informaciones Posesorias) No. 139 of July 14, 1941, whose text corresponds to the reform produced by the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7174 of June 28, 1990, is unconstitutional, according to which to title lands comprised in national parks, biological reserves, forest reserves, or protective zones, personal possession is required with ten years prior to the effective date of the law or decree that created the protected wild area, and that this does not favor transferred possession by previous possessors in these cases. This judgment is declaratory and its effects retroactive, without prejudice to good faith acquired rights...". In such a way that current possessors can utilize transferred possession...X. The Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 also maintained the restrictions in the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), to be able to title lands comprised in protected areas. In this regard, the current numeral provides: "Article 7.- When the real estate to which the information refers is comprised within a protected wild area, whatever its management category, the applicant must demonstrate being the holder of legal rights over decennial possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree in which that wild area was created." (Bold is ours). That is to say, the legislator's intention is that those areas have been maintained protected, conserved during all this time, even before the creation of the Reserves and protected areas...". (Resolution at 14:50 hours on February 20, 1998 which corresponds to Voto No. 113). V.- In more recent cases, the Court has rejected the arguments now reiterated by the appellant, regarding the alleged interpretation or retroactive application of Article 7 of the Forestry Law (Ley Forestal). In a case similar to the one before us, it was stated: V.- Regarding what was alleged by the appellant with respect to the trial court judge making an error in applying Article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), which he considers was declared unconstitutional and therefore the proceedings must be analyzed in light of what is provided by Article 1 of said Law, this Court considers he is not correct because the cited Article 7 was not declared unconstitutional, rather it was the interpretation that the Court had been making regarding not counting the possession exercised by previous transferors that was declared unconstitutional. Hence, with Article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias) being in force, the petitioner must demonstrate decennial possession prior to the declaration of the protected wild area as indicated by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in Voto No. 4587-97 (published in the Judicial Bulletin No. 188 dated October 1, 1997). It is important to mention that neither would the law be applied retroactively as the appellant indicates, because the ten-year period of possession for prescriptive acquisition (usucapir) is established in the Civil Code and the questioned provision simply highlights certain elements inherent to prescriptive acquisition that are also defined in general regulation, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for prescriptive acquisition. In that sense, it is important to note what the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) stated in this regard in the cited Voto “…Article 7, first paragraph, of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias) challenged, whose text predates the last reform by Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 of February 13, 1996, regulates the case of titling real estate comprised within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone. That article indicates that the applicant must demonstrate having exercised decennial possession at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created the wild area. The questioned provision regulates the case of titling a real estate that has been affected to the public domain with the declaration of a protected wild area, whatever its specificity. It now corresponds to determine if, according to the hypothesis contemplated by the challenged norm, in light of the doctrinal and jurisprudential criteria that inform the institutes of prescriptive acquisition and the possession necessary for prescriptive acquisition, set forth previously, the questioned norm regulates a special type of possession necessary to acquire ownership over real estate, which imposes specific requirements that may infringe the right of property or the principle of non-retroactivity of the law to the detriment of acquired rights or consolidated legal situations, regulated in the Constitution. First, it must be noted that the questioned article does not modify—increase or decrease—the ten-year period of possession necessary for prescriptive acquisition, set in Article 860 of the Civil Code for the generality of cases in which one seeks to acquire ownership of real estate by positive prescription. The extension of the period that the claimant alleges as infringing the right to property does not occur, because given the nature of the asset one seeks to title (public thing), the period of possession suitable for prescriptive acquisition must run before the affectation of the asset to the public domain occurs. That is, the declaration of a protected wild area prevents possession subsequent to the affectation from counting, and prevents the requirements of prescriptive acquisition from materializing if at that moment the right has not been acquired, i.e., the ten years of possession suitable for prescriptive acquisition have not elapsed with the conditions established by law. The foregoing is merely the natural result of applying the concepts regarding the object of possession and its condition of exercise as a holder, necessary for possession ad usucapionem. Recall that assets affected to the public domain, whatever their specifications, are not susceptible to acquisition by prescriptive acquisition, if before the affectation occurred the necessary conditions for the acquisition of the right were not met. In that sense, the questioned provision, despite apparently regulating a specific case of prescriptive acquisition, does not create a regime with requirements different from those established in the Civil Code for the generality of cases. In that sense, the alleged retroactive effect of the norm does not occur either, because the ten-year period of possession for prescriptive acquisition is established in the Civil Code and the questioned provision simply highlights certain elements inherent to prescriptive acquisition that are also defined in general regulation, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for prescriptive acquisition. That is, the norm does not come to establish any different principle—or more rigorous requirement—in relation to the application of the general rules of prescriptive acquisition. It simply specifies the manner in which those rules must be applied, which coincides with a logical result given the condition of public domain asset of the object to be titled. Hence, it is not considered that the reform to Article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), whose text is challenged, has introduced a different regime in relation to the requirements of prescriptive acquisition, which could have aggravated the situation of persons who were exercising possession ad usucapionem on lands that were declared of public interest. (Agrarian Court (Tribunal Agrario), No. 173 at 16:29 hours on March 31, 2003).
VI.- So that the possessor who intends to acquire by prescriptive acquisition land covered by forest, which formed part of the national reserves, must demonstrate decennial possession (original or transferred), and having conserved the forest resource. In this case, the Attorney General's Office attorney (Procuradora) indicates that "The declarations of the witnesses do not demonstrate the decennial possession suitable for prescriptive acquisition vested in the petitioner." However, that is not so. The witness [Nombre7] stated: "I have known this property since the year 1975 when it was owned by Mr. [Nombre8] I correct ([Nombre9]) who (sic) held it for about fifteen years, even when I arrived he was already on the land. Don [Nombre9] later sold it to [Nombre10] who possessed it until about a year ago when he sold it to the applicant company..." (folio 59), regarding the ecological possession that the Forestry Law (Ley Forestal) came to require, the witness indicates "...it has a mountain part which is protected, part scrubland (tacotal) and the rest is pasture..." (folio 59 verso). The deponent [Nombre11] stated that he has known the property for more than fifteen years, when it belonged to [Nombre9], who sold it to [Nombre10] and about two years ago sold it to the applicant company, which they have dedicated to cattle raising and to the conservation of the mountain, keeping it well demarcated with fences and clean lanes (see folio 60).
And the witness [Nombre12], states that they have known the farm for fourteen or fifteen years, that it belonged to [Nombre9], who later transferred it to [Nombre10], and the latter sold it to the promoting company, indicating that the possessors have dedicated themselves to keeping cattle, clean tracks (carriles) and fences, expressly stating that it has a mountain portion that remains cared for and protected (folio 60). As can be seen, consequently, the possession dates back more than thirty years, approximately since 1975, a productive agricultural livestock activity having been developed on the land, and at the same time the forest resource having been conserved. The Prosecutor could not seek to require a personal ten-year possession, solely by the titleholder, because that would rather run counter to the constitutional jurisprudential criterion, which permits adverse possession (usucapión) by adding together the transmitted possession.
VII.- Regarding the second grievance, this Tribunal also does not observe a violation of the provisions of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos and its Reglamento. It is known to all that in a judicial inspection (reconocimiento judicial) what is recorded are approximate, not precise, dimensions, unless a GPS measurement were taken. The record stated the following: "Said stream is well protected on its banks with abundant vegetation and trees. We continue the route along the western boundary from the [Dirección8] according to the map to the [Dirección9] where the track appears clean and in good condition. From the [Dirección9] the same track continues but also with a three-strand barbed wire fence on live and dead posts until reaching the [Dirección10] where we began the route. The property is mostly dedicated to pastures but in its northern and western part it has approximately ten hectares of mountain with primary forest which appears to be a very well cared-for resource and duly protected without damage to the environment...." It follows from the above that in reality the extent of the land indicated by the judge in the judicial inspection was approximate, because if the points on the map are taken as reference, it evidently leads to the unavoidable conclusion that most of the boundaries, especially along the [Dirección11], are tracks, where there is mountain. Hence, the Tribunal does not find a contradiction with what was stated in the soil study, which is rather beneficial to the titleholder, because it clearly concluded that "In accordance with article 58 of the Reglamento to the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, No. 7779 of April 30, 1998 and based on a field visit, this office verifies that on the farm possession HAS BEEN EXERCISED in compliance with the conforming land use (uso conforme del suelo) for the activity carried out in accordance with the approved methodology" (folio 17). The same study shows that there are fourteen hectares of forest in Sector A, and in Sector B there is forest and regrowth pastures (repastos), which leads to the presumption that there is also forest in the process of natural regeneration, and that is why technical recommendations are given, as is standard in this type of analysis. In conclusion, the Prosecutor is not correct in the stated grievances, because ecological adverse possession (usucapión ecológica) and conforming land use have been demonstrated.
VIII.- Regarding the objections made to the content of the challenged resolution, this tribunal observes that, effectively, there is a material error, in the operative part of the decision (folio 120), when stating "Quebrada El 20", when in reality it is "Quebrada Kilómetro 20", which shall be corrected in accordance with article 161 of the Código Procesal Civil, prior to issuing the certification of finality (ejecutoria). In relation to the issue of the [Dirección12] street, it is appropriate to accept the request, since it is not stated that the property borders on the east with a public street; consequently, the following shall be added to the eastern boundary: [Nombre1], [Nombre4] and [Dirección13] with a width of fourteen meters.
POR TANTO:
The appealed judgment is confirmed, on the understanding that the correct name of the stream is "Quebrada Kilómetro veinte", and it is added that the eastern boundary with [Dirección12] street is of a width of fourteen meters.
ENRIQUE ULATE CHACÓN
DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA
DISSENTING VOTE OF JUDGE ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA.
The majority vote is not shared insofar as it approves the possessory information (información posesoria) over lands consisting of forests, because the same form part of the State's natural heritage and a ten-year possession exercised prior to the designation of that property as public domain (demanial) was not demonstrated.- Public Domain -for the case of interest to us- is the set of publicly owned property of the State, lato sensu, designated for direct or indirect public use by the inhabitants, and subject to a special regime of public law and, therefore, exceeding private law. Public domain consists of four elements: subjective, objective, normative, and teleological. The subjective element refers to the holder of the right -the State-; the objective element refers to or is constituted by the property or properties over which the public domain falls -in this case the real property subject to litigation-; the normative element determines when a property meets the requirements established by law to be considered public domain property (demanial), it is the set of norms that govern it -a list of norms that will be set forth below-; and the teleological element refers to the purpose pursued when including a given property within the public domain, what public purpose is assigned to the property -in this case the protection of natural resources-. Public domain property is subject to a special legal regime, is subject to a police power, and is essentially characterized by its inalienability and imprescriptibility. By its nature it is intended to satisfy public needs; this fact prevents the existence of tenure or possession over it by private individuals or persons; it is outside the commerce of private law. Our Constitución Política in its article 121, subsection 14) makes reference to Public Domain Status (Demanialidad), indicating which property is susceptible to that regime of public ownership, even establishing in that article different degrees of public designation, ranging from an intense and absolute degree of publicatio to other less intense degrees, harmonizing the rights of the administered with the powers of the Administration. Our Código Civil, in force since April eighteen hundred and eighty-six, regulates the most important bases regarding public domain property, specifically in its articles 261 to 263. Article 262 of the cited Código Civil makes reference to two important characteristics of public domain property: a- public things are outside commerce, and b- de-designation (desafectación) is established by stating that such property cannot enter private commerce, as long as it is not legally provided. As can be observed, designation to the public domain regime does not depend on the nature of the property, but on the will of the legislator. Through vote number 447-91 of fifteen hours thirty minutes of February 21, 1991, the Sala Constitucional states that the declaration of public domain of property is established by law; this declaration does not constitute a limitation on property, in accordance with article 45 of the Carta Magna, because this article refers to private property, and public domain property is not subject to private property. The State's Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado) is a public domain property regulated in a broad set of norms in which, historically up to the present, private individuals are prohibited from carrying out any type of work within real property having that characteristic and, consequently, are denied the right of possession, with a reservation in a specific situation that will be discussed later. Considered as State Heritage, -in its condition of Public Domain which implies the principles of imprescriptibility, inalienability, and unattachability (inembargabilidad)-, are the lands that constitute National Reserves having Forests. The above finds its normative development in the citations set forth below: 1) The Código Fiscal of 1865 which contains a chapter referring to forests, which was repealed by Ley General de Terrenos Baldíos Number thirteen of January 6, 1939, which practically incorporated the same provisions. For example, article one stated: "That the lands comprised within the limits of the Republic, that have not been acquired or registered in ownership by lawful title by private individuals, are presumed to be vacant (baldíos) and belong to the State."- This law generally regulates the prohibition against possessing and registering, through the process of possessory information (informaciones posesorias), National Reserves that are Forest Heritage, in other words they are not susceptible to appropriation by private individuals.- The Ley de Tierras y Colonización Number 2825 of October 14, 1961 maintained the same orientation and is currently in force since that date. Thus, article 8 of that Ley de Tierras y Colonización establishes: "Except in the cases provided for in this law, it is prohibited for private individuals to enclose with fences, tracks, or any other form the lands declared National Reserves, to cut down woods, establish constructions and crops or extract from them firewood, lumber (madera), vines (bejuco), palm, and other products for exploitation purposes. Any act of that kind, if the legal procedures have not been previously completed and the corresponding authorization obtained, shall be considered, depending on the case, as usurpation of public domain or prowling (merodeo), and the authorities must order the destruction and removal of the fences and prevent the use of those lands, without indemnity or claims for the value of improvements and without prejudice to other liabilities that may apply to those who incurred in such offenses."- Note that this article criminally sanctions anyone who enters a National Reserve to carry out any activity on those lands, therefore this cannot be considered an act of possession because the activity would be illegitimate.- Article 11 of that same Ley establishes that the following belong to the State as National Reserves: "a) All lands comprised within the limits of the Republic that are not registered as private property, property of the Municipalities or of the Autonomous Institutions. b-) Those not protected by ten-year possession.- c-) Those that by special laws have not been destined for the formation of agricultural colonies.- d-) In general, all those which, not being private property, are not occupied in public services."- For its part, article 19 of the repealed Ley Forestal number 4465 of November twenty-third, nineteen sixty-nine provided: "The following are designated for the purposes of this law all forests and forest lands located in: "a-) The lands considered National Reserves..." And article 25 of this same law stated: "The possession of lands situated in the National Reserves and State farms referred to in article 19 of this Law shall not give rise to rights of any kind and the State's action for recovery (acción reivindicatoria) of the same is imprescriptible, and the Dirección General Forestal with the legal means at its disposal shall proceed to evict from such lands the persons who occupy them totally or partially, in the case of protective zones (zonas protectoras), National Parks, Forest Reserves, and Biological Reserves."- With these norms, the forests mentioned therein are granted a double protection: First, by their condition as National Reserve, in which it is prohibited to carry out any possessory act, and second, because they constitute State Forest Heritage in which no act of possession shall give rise to rights of any kind. This aspect is confirmed by article 8 of the reglamento to that law, which states: "The National lands included within the areas declared Forest Reserves are inalienable, that is, they may not leave the domain of the State, and their possession shall not give rise to rights of any kind in accordance with the provisions of articles 25, 49 and 57 of the Ley Forestal."- Article 80 of the cited repealed Ley Forestal indicated: "The invasion and occupation of lands in National Parks, Forest Reserves and Protective Zones is prohibited. This prohibition extends to National Reserves, as long as their classification and transfer has not been determined..." Article 6 of this same law provided: "Shall be sanctioned with imprisonment of six months to two years or with a fine of fifteen to one hundred days, the person who: a-) Exploits a forest of the forest heritage without the corresponding legal authorization... b-) Invades a National Park, Biological Reserve, Protective Zone or Forest Reserve... If the invasion is in National Reserves, it shall be subject to the provisions of article 227 of the Código Penal.-" As can be observed, possessory acts carried out in a State heritage forest turn out to be illegitimate and therefore cannot confer any right of possession.- With the entry into force of the Ley Forestal Number 7174 of June 28, 1990, this same philosophy is continued. Article 32 of the cited law establishes: "The forest heritage of the State is constituted by all forests and forest lands of the National Reserves...". Article 33 of that same law provides: "The forest lands and forests that constitute the State Forest Heritage detailed in the preceding article shall be unattachable and inalienable, their possession by private individuals shall not give rise to any right in their favor and the State's action for recovery of those lands is imprescriptible.- Consequently, they are not susceptible to registration in the Registro Público by means of Possessory Information, their invasion and occupation shall be sanctioned in accordance with the provisions of this Law."- With the current, in-force Ley Forestal number 7575 of February 5, 1996, its Title II regulates a single chapter referring exclusively to the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), maintaining the same philosophy that had begun in 1865 with the Código Fiscal, so this new legislation reiterates that the State's Natural Heritage shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, the areas declared inalienable, and the farms registered in the name of the Public Administration. Article 14 of the same in-force forest law is emphatic in indicating that the forest lands and forests that constitute the state's natural heritage are imprescriptible, unattachable and inalienable and their possession by private individuals shall not give rise to any right in their favor. The Ley de Conservación de la Vida Silvestre Number 7317 of October 21, 1972, in its articles 3 and 4, in addition to the declaration as public domain and public interest, of wild fauna and flora respectively, indicates that wild flora and fauna is part of the National Heritage. In this same sense, the Ley de Biodiversidad number 7788 of April 30, 1998 in its article 6 declares the elements of biodiversity as public domain, as does the Ley Orgánica del Ambiente in its article 46, which establishes the State's sovereignty over biological diversity. In light of the foregoing, it is a legal imperative to deny the right of possession to those persons who carry out any activity on lands not subject to private property and that are constituted by forests in National Reserves.- To this imperative prohibition, through the Ley Forestal Number 7575 of 1996, which reforms article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, an exception is established to the philosophy that has been set forth up to now, and it is that the titling of forests is made possible when within them what is understood as ecological possession (posesión ecológica) has been developed. The land subject of this possessory information is State Natural Heritage, because it is composed of forest cover (cobertura boscosa), as shown in the soil study visible at folios 16 and 17 and judicial inspection at folios 61 and 62, in which it is indicated the land consists of approximately thirty-eight hectares of mountain according to a technical soil study, and 4.56 hectares of regrowth pasture (repasto), which implies the entire nature of the land is predominantly forest.- It is clear said land is State Natural Heritage, since before those Decrees were created, as already set forth in the normative history above. When possession over a public domain property is discussed, that discussion shall only be appropriate when the right was acquired before the property was declared public domain. Likewise, the right of ownership in such cases may only be obtained when the holder has demonstrated a ten-year possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law that declares the object as State Natural Heritage. As the legal chronology that protects the State Natural Heritage has already been set forth, the law that must be taken into consideration to calculate the ten-year possession of private individuals is the Ley de Tierras y Colonización number 2825 of October 14, 1961, a currently in-force regulation. The Código Fiscal of 1865 and the Ley de Terrenos Baldíos of 1939 should not be considered, because they were norms that referred to the topic in a generic manner, and besides they are not provisions currently in force; it was not until the current Ley de Tierras y Colonización that State Property or Natural Heritage came to be defined and clearly regulated. Subsequent laws, such as the Ley Forestal and others that have been cited in this recital (considerando), are complementary to the referred Ley de Tierras y Colonización. In the specific case, the testimonial evidence gathered does not demonstrate that ten-year possession under the terms of the regulations set forth herein, and it is in this sense that this dissenting vote is recorded, to indicate the petitioner had to demonstrate ten years of possession before the Ley de Tierras y Colonización, and therefore the possessory information should have been declared without merit, revoking the judgment under appeal.-
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EXPEDIENTE NÚMERO: 07-000045-0419--AG
PROCESO:INFORMACIÓN POSESORIA
PROMOVENTE: PORTOCITO DOMINICAL SA
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