Res. 01842-2009 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI — Nullity of IDA land titling on forested property declared State Natural HeritageNulidad de titulación del IDA sobre terreno con cobertura boscosa declarado Patrimonio Natural del Estado

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI

Resolución Nº 01842 - 2009

Fecha de la Resolución: 31 de Agosto del 2009 a las 07:30

Expediente: 08-000903-1027-CA

Redactado por: Otto González Vilchez

Clase de asunto: Proceso preferente

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Administrativo

Tema: Dominio público

Subtemas:

Alcances del concepto de patrimonio natural del Estado en zonas forestales.

Tema: Nulidad e ineficacia del acto administrativo

Subtemas:

Nulidad de la titulación efectuada por el IDA, al trasladar un inmueble que es patrimonio natural del Estado.

Tema: Instituto de Desarrollo Rural

Subtemas:

Nulidad de la titulación al trasladar un inmueble que es patrimonio natural del Estado.

“ IV-EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO COMO EXPRESIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO, RECONOCIDO Y TUTELADO POR EL DERECHO DE LA CONSTITUCIÓN: Considera este órgano jurisdiccional, que antes de entrar a resolver el caso en concreto, resulta necesario referirse a lo que ya esta misma Sección de este Tribunal, ha explicado, como marco general, de lo que se entiende como patrimonio natural del Estado, en zonas forestales. En ese sentido, la resolución número 0063-2009, dictada a las dieciséis horas del diecinueve de enero del dos mil nueve, indicó en lo que interesa para el dictado de esta sentencia, lo siguiente: 

"Reconocimiento constitucional  del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En Costa Rica, el reconocimiento y tutela en el Derecho de la Constitución del citado derecho fundamental  no tiene como punto de partida la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, dispuesta por Ley número 7412 del tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Lo anterior toda vez que ya que desde la promulgación del texto constitucional en el año 1949, la voluntad del Constituyente fue clara al establecer en el artículo 89, que: “Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico”; lo cual, se complementa con la tajante declaración contenida en el artículo 21, en el sentido de que en nuestro país, “La vida humana es inviolable”. La integración de lo dispuesto en ambos artículos implica, que la necesidad de preservar el medio ambiente –aunque en esa época el Constituyente utilizara el término de bellezas naturales-, trasciende una finalidad de carácter meramente cultural, para convertirse en una necesidad vital de todo ser humano, pues constituye un presupuesto esencial para hacer efectivos otros derechos fundamentales como lo son: la vida, la salud y el desarrollo. (véanse en ese sentido, las sentencias número 1993-03705 de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres; 1993-06240 de las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil  novecientos noventa y tres; 1993-04423 de las doce horas del siete de diciembre de mil novecientos noventa y tres, 1994-02485 de las nueve horas dieciocho minutos del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, todas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).  En ese sentido, cabe recordar que el Derecho de la Constitución está compuesto no sólo por el texto constitucional, sino también por los valores y principios que informan y permean su contenido, como también por los Tratados Públicos, los Convenios Internacionales y los Concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, así como también, por los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en la República (ver artículos 1, 7, 21, 50 de la Constitución Política; 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitución Política). Aunado a ello, las normas escritas y no escritas que conforman el Derecho a la Constitución, se caracterizan por ser de aplicación directa e inmediata, por lo que, sus destinatarios no sólo tienen el derecho de hacerlas efectivas en vía administrativa y jurisdiccional, si estiman que por acción u omisión han sido menoscabadas, sino que además, ello implica que los operadores del derecho tienen el deber de aplicarlas de forma directa e inmediata en su proceso de toma de decisiones, a efecto de cumplir los requerimientos constitucionales  (véase lo considerado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en sentencia número 1999-00644 de las once horas veinticuatro minutos del veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve).  Si se toma como base lo dispuesto en los artículos 7, 48 de la Constitución Política y, 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, podemos afirmar que aún y cuando el texto constitucional no hubiese contenido normas relativas al reconocimiento y tutela del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ese derecho y deber correlativo no sólo ya existían en el derecho interno costarricense, sino que además su tutela efectiva era exigible tanto a nivel doméstico como internacional. Ello en virtud de que el Estado Costarricense había suscrito una serie de Convenios, Tratados e Instrumentos Internacionales relacionados con esta materia, antes de que por Ley número 7412 del tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se reformara el artículo 50 de la Constitución Política, instrumentos entre los que destacan: el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (artículos 2.1, 12.1 y 12.2.c); el “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (artículo 11); la “Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural”, suscrita en París el 23 de noviembre de mil novecientos setenta y dos y, aprobada por Ley número 5980 del veintitrés de octubre de mil novecientos setenta y seis; la “Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América”, adoptada en Washington el tres de marzo de mil novecientos setenta y tres y aprobada por Ley número 3763 del diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y seis; la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, suscrito en Ramsar el dos de febrero de mil novecientos setenta y uno, y aprobado por Ley número 7224 de mil novecientos noventa y uno; el “Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono”, adoptado en Viena el veintidós de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, y aprobado por Ley número 7228 de veintidós de abril de mil novecientos noventa y uno, y su “Protocolo de Montreal Relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono”, suscrito en Montreal el dieciséis de setiembre de mil novecientos ochenta y siete, y aprobado por Ley número 7223 del dos de abril de mil novecientos noventa y uno; la “Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar”, suscrita en Montego Bay el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y aprobada por Ley número 7291 publicada el quince de julio de mil novecientos noventa y dos, entre otras. Todas esas normas internacionales se integraron al derecho interno costarricense de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 48 de la Constitución Política y, 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que, “...todos estos instrumentos internaciones son de obligado acatamiento y gozan de plena ejecutoriedad en tanto sus normas no precisen de mayor desarrollo legislativo y por ende deben ser respetadas (...) en tanto el rango normativo de aquéllas es superior...” (Sentencia número 1993-06240 dictada por la Sala Constitucional de la  Corte Suprema de Justicia a las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres). Desarrollo Infraconstitucional del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin duda, el reconocimiento y tutela del citado derecho fundamental, provocó el desarrollo infraconstitucional de aquel, por medio del dictado de normas legales o reglamentarias en las que se regulan diversas manifestaciones del mismo, las cuales fueron emitidas mucho antes de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política. Como ejemplo de ello tenemos: la Ley de Aguas (No. 276 del 27 de agosto de 1942; Ley de Planificación Urbana (No. 4240 del 15 de noviembre de 1978, la Ley Forestal (No. 4465 del 25 de noviembre de 1979, ya derogada); la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (No. 6043 del 2 de marzo de 1977); la Ley General de Salud (No.  5395 del 30 de octubre de 1973); la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales (No. 6084 del 24 de agosto de 1977); la Ley de Salud Animal (No.  6243 del 2 de mayo de 1978); la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (No. 7317 del 21 de octubre de 1992), entre otras. Lo anterior implica, que antes de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, el derecho fundamental a que hemos hecho referencia no sólo estaba reconocido y tutelado en el Derecho a la Constitución, sino también, se había desarrollado –aunque de manera sectorial y no con visión de conjunto- a nivel legal y reglamentario. En virtud de lo hasta ahora expuesto, este Tribunal estima que la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, no hizo sino reconocer de manera expresa y claramente individualizada, un derecho fundamental que ya estaba consagrado y garantizado por el Derecho de la Constitución; declarar en forma expresa, los alcances de la ya preexistente obligación del Estado,  respecto a garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y otorgar a las personas plena acción para defenderlo, a través de una acción popular (ver sentencias número 1994-01394 de a las quince horas veintiún minutos del dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, y 1994-05527 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de setiembre de mil novecientos noventa y  cuatro, ambas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). Consecuencias del reconocimiento de la garantía del artículo 50 constitucional en los términos explicados.  Dicho reconocimiento lleva aparejado dos aspectos relevantes para la resolución del presente proceso. Primero. La imposición de un deber, tanto para el Estado –entendido como Administración Central y Descentralizada- como para los mismos sujetos de derecho privado, de garantizar, defender y preservar ese derecho. Segundo. El establecimiento de una serie de mecanismos de carácter técnico jurídico para lograr una tutela efectiva de ese derecho, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional. En cuanto al primero de estos aspectos, cabe indicar que “La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, y congruentemente de las municipalidades (téngase presente el artículo 169 constitucional), encuentra su primera razón de ser en que por definición los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado en su papel de garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad.  La Constitución Política establece que el Estado debe garantizar, defender y preservar ese derecho.  Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales...” (sentencia No. 1999-00644 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 11:24 horas once horas del 29 de enero de 1999). En ese sentido, “...La acción que la Constitución Política impone al Estado  frente a los focos de contaminación ambiental es multidireccional y definitivamente activa, absolutamente intolerante frente a situaciones que amenazan o afectan las condiciones ambientales óptimas que están garantizadas por ella misma a los habitantes. Desde esta perspectiva no es permitido a la autoridades públicas hacer concesiones o conceder prórrogas para que se continúe afectando el medio ambiente, aún y cuando ello se haga con miras a traer beneficios económicos a una zona geográfica determinada...” (sentencia No. 1999-05906 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las 16:15 horas del 28 de julio de 1999). Ese deber constitucional del Estado de velar por la protección, defensa y preservación del medio ambiente, se desarrolla y manifiesta, entre otras,  en las siguientes normas: artículos 1, 2.a. 2.c, 2 párrafo último, 3, 12, 28, 32, 34, 37, 56, 59, 78, 83, 103 a 112 de la Ley Orgánica del Ambiente; artículos 1, 2, 9.4, 12, 22 a 30, 45, 49, 54, 86, 88 de la Ley de Biodiversidad; 3, 4, 6, 7, 15, 34, 122 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 1, 2, 5, 6, 13, 37, 54 de la Ley Forestal; 5, 6, 7, 11, 21, 29 a 33, 37 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 13.a ,13.o del Código Municipal; 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; 1, 2 de la Ley General de Salud; 1, 2, 17, 175, 176 de la Ley de Aguas; 15,18, 19, 51, 56, 58.5, Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana. Ahora bien, ese deber no sólo se circunscribe al Estado en su conjunto, sino también a los sujetos de derecho privado, quienes tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero también, a garantizarlo, preservarlo y defenderlo, tal y como se desprende, entre otros, de los artículos 1 párrafo primero, 2.a, 6, 22, 23, 99, de la Ley Orgánica del Ambiente; 10.2, 10.13, 11.4, 88 95, 101, 105 de la Ley de Biodiversidad; 15, 28 a 30, 36 a 38, 51 53, 62 a 64, 83, 88 a 121 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 57 a 66 de la ley Forestal; 37, 40, 41 a 45, 51 a 53 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 14 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; como también, de las sentencias número 1999-02219 de las quince horas dieciocho minutos del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve; 1999-05906 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las dieciséis horas quince minutos del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve, entre otras. En cuanto al segundo aspecto, relacionado con el establecimiento de una serie de mecanismos de carácter técnico jurídico para lograr una tutela efectiva de ese derecho, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional, este Tribunal considera que dichos medios de tutela pueden clasificarse en dos grandes grupos:  procesales y  materiales.  Es preciso aclarar, que si bien es cierto, se hará referencia a ejemplos concretos relacionados con cada uno de los criterios de clasificación antes indicados, la intención de este Tribunal no es la de establecer una lista de números clausus, sino únicamente resaltar por medio de dichos ejemplos, aspectos que tienen incidencia en el objeto de este proceso. En ese sentido, dentro del grupo de los mecanismos de tutela de índole procesal, cabe resaltar tres ejemplos: 1) La legitimación amplia que le otorga a toda persona el párrafo segundo del artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 105 de la Ley de Biodiversidad, para denunciar tanto en vía administrativa como jurisdiccional, las conductas que infrinjan el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y para reclamar el daño causado. Cabe resaltar que en principio, la legitimación en materia ambiental se originaría en una simple habilitación normativa sin que de por medio exista un derecho o un interés de carácter individual, colectivo o difuso,  no obstante, este Tribunal estima que en el fondo lo que cada persona pretenderá tutelar es un derecho que forma parte de su esfera vital y de cuya garantía, defensa y preservación efectiva, depende que pueda desarrollarse y vivir conforme al principio de dignidad humana (ver artículo 2.a de la Ley Orgánica del Ambiente, en el sentido de que el ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación). 2) Un sistema de medidas cautelares innominado y de ser necesario, de naturaleza anticipada (artículos 108 de la Ley de Biodiversidad, 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 19 a 30 del Código Procesal Contencioso Administrativo). 3) La aplicación de los principios rectores en materia ambiental, a saber: in dubio pro natura, preventivo y precautorio,  como medios para garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por ende, para evitar que su existencia esté restringida al plano semántico de la realidad jurídica (ver artículos 4.c, 17 y 34 de la Ley Orgánica del Ambiente, 11 incisos 1 y 2 , 92 de la Ley de Biodiversidad, principio 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río y entre otras, la sentencia número 1999-01250 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las once horas veinticuatro minutos del diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve). En ese sentido, el operador del derecho siempre deberá tomar en consideración que “...cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación  del medio ambiente...”. Por otra parte, en el grupo de los mecanismos de tutela de índole material, resultan muy representativas las dos siguientes manifestaciones: 1) La evaluación del Impacto Ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como requisito sine qua non para iniciar actividades, obras o proyectos, que puedan alterar o destruir elementos del ambiente o de la biodiversidad, o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos. Dicho requisito se encuentra vigente desde el 13  de noviembre de 1995, fecha en que se publicó la Ley Orgánica del Ambiente. También se encuentra regulado en los artículos 92 a 97 de la Ley de Biodiversidad; artículo 14 de la Convención sobre la Diversidad y sus Anexos I y II; principio 17 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río; artículo 18 de la Ley Forestal;  Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación Ambiental (Decreto Ejecutivo número 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), entre otros. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que  “...el hecho de que se reconozcan tanto el derecho a la salud como el derecho a gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado, como derechos fundamentales, obliga a la Sala a precisar que la solución del problema no puede estar fundamentado en soluciones rápidas; que, para adoptar una decisión en este campo, debe contarse con los estudios técnicos que la solución que se propone, en cada caso concreto, no será el origen de un problema de salud pública o de alteración indebida al ambiente...” (Entre otras, la sentencia No. 1995-02671 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 16:45 minutos del 24 de mayo de 1995). En ese sentido, “...no es posible que el Estado ejecute o autorice la ejecución de proyectos sobre los cuales existe duda en cuanto al impacto negativo que puedan generar al ambiente. En consecuencia, la omisión de efectuar un estudio de impacto ambiental previo, se traduce en una violación del artículo 50 constitucional...” (sentencia No. 1999-02219 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 15:18 horas del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve). 2) La existencia de bienes propios de la Nación –como les denomina el texto constitucional-, los que al formar parte del dominio público, se caracterizan por ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, por lo que, su desafectación o aplicación a usos públicos, está reservada a la Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 inciso 14 párrafo primero de la Constitución Política. Dentro de esos bienes cuya conservación constituye un asunto de interés público ambiental (artículo 11. de la Ley de Biodiversidad), se encuentran: el ambiente definido en el artículo 2.a) de la Ley Orgánica del Ambiente, como patrimonio común de todos los habitantes de la Nación; la Zona Marítimo Terrestre (artículos 1 y 73 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre); el Patrimonio Natural del Estado (artículos 13 a 18 de la Ley Forestal); la Fauna y la Flora Silvestre (artículos 3 y 4 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre); las Aguas conforme al desglose contenido en el artículo 1 de la Ley de Aguas. Sobre el Patrimonio Natural del Estado. Conforme al objeto del proceso que nos ocupa, este Tribunal centrará su análisis en el Patrimonio Natural del Estado (PNE). Dado los términos del reconocimiento del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como ya fueron explicados, es menester resaltar que la Ley Forestal No. 4465 ya citada ( y que fuera derogada por la Ley Forestal número 7575 del 5 de febrero de 1996), no sólo contenía “...como función esencial y prioridad del Estado, velar por la protección, conservación, el aprovechamiento, la industrialización, la administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables...” (artículo 1), sino también, los conceptos de Bosque (artículo 6) y de Patrimonio Forestal del Estado (artículo 32 párrafo primero). En cuanto al Patrimonio Forestal del Estado, la Ley No. 4465 establecía sus características (artículo 33); los órganos competentes para administrar y fiscalizar el Patrimonio Forestal del Estado, que conforme a esa normativa eran la Dirección General Forestal y el Ministerio de Ambiente y Energía (artículo 32 párrafo segundo), así  como las potestades conferidas a estos órganos para efectos de proteger y conservar el Patrimonio Forestal del Estado. Entre estas últimas, conviene destacar las siguientes: 1) Las acciones reinvindicatorias de esos inmuebles (artículo 33), 2) La constitución dentro del Patrimonio Natural del Estado de reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios nacionales de vida silvestre y reservas biológicas (artículos 35 a 37); 3) El deslinde en los terrenos de las áreas que conforman el Patrimonio Forestal del Estado (artículo 38). Por otra parte, en la Ley Forestal No. 7575 hoy vigente, se retoma ese concepto pero con una variación en el nombre, pues ahora se le denomina Patrimonio Natural del Estado. Dicho término es más amplio toda vez que abarca la protección y preservación del ecosistema boscoso (artículo 3 inciso c de la Ley Forestal). El Patrimonio Natural del Estado es de dominio público, razón por la cual, los terrenos y bosques comprendidos en él son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Asimismo, su conservación y administración están confiadas por ley al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), tal y como lo disponen los artículos 6.a, 13 párrafo segundo y 14 de la citada Ley Forestal y el numeral 32 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Ambiente. El PNE está integrado por dos importantes componentes: 1) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo y que se hayan declarado por Ley o por Decreto Ejecutivo, a saber: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley No. 7575, artículo 1°, párrafo 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32; Ley de Biodiversidad, artículo 22 y siguientes y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales, artículo 3° incisos. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE  y su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre, artículo 82, inciso a); 2) Los demás bosques y terrenos forestales de las áreas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las Municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, que tienen una afectación legal inmediata, excepto aquellos inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio (artículo 13 párrafo primero de la Ley Forestal). Cabe resaltar que,  tanto las Áreas Silvestres Protegidas como el resto de áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal comprendidas en la zona marítimo terrestre, están excluidas del ámbito  de regulación de la Ley No. 6043 y por ende, de la competencia de la Municipalidades, como se ampliará posteriormente.  Se encuentran estas zonas sujetas a su propia legislación (Ley Forestal), lo cual implica, que su administración compete al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (ver en este sentido la sentencia número 2008-16975 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las catorce horas cincuenta y tres minutos del doce de noviembre del dos mil ocho). Ahora bien, como parte de los deberes que les competen al MINAET y al SINAC para la conservación y protección del Patrimonio Nacional del Estado, están: 1) el ejercicio de la acción reinvindicatoria del PNE, que es imprescriptible (artículo 14); 2) delimitar en el terreno, los linderos que conforman el Patrimonio Natural del Estado (artículo 16); 3) coordinar con el Registro Nacional, el establecimiento de un catastro forestal, cuyo objetivo será regular las áreas comprendidas dentro del PNE y las que se sometan voluntariamente al régimen forestal (artículo 17); 4) La Administración Pública no puede permutar, ceder, enajenar de ninguna manera, entregar o dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes se hayan clasificado por el MINAET, por lo que, si estuvieran cubiertos de bosque, automáticamente quedarían incorporados al Patrimonio Natural del Estado (artículo 15). Con base en todo lo expuesto, este Tribunal llega a las siguientes conclusiones relevantes en el caso concreto. Primero Al constituirse el medio ambiente como Patrimonio Común de todos los habitantes de la Nación, el  Patrimonio Natural del Estado constituye una especie de ese género (artículos 50 párrafo segundo, 89, 121 inciso 14 párrafo primero de la Constitución Política, 2 inciso a) de la Ley Orgánica del Ambiente, 1 de la Ley de Biodiversidad y 13 de la Ley Forestal). Segundo. Existe una afectación legal inmediata al Patrimonio Natural del Estado, de todos aquellos terrenos comprendidos en las áreas silvestres protegidas, en las áreas declaradas inalienables –como la zona marítimo terrestre (artículo 73 de la Ley 6043)-, en los terrenos de aptitud forestal y en las fincas inscritas a nombre del Estado, de las Municipalidades, Instituciones Autónomas y demás entidades de la Administración Pública Descentralizada. Tercero. El Patrimonio Natural del Estado no requiere de una declaratoria expresa dado que, conforme a lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal, así como lo resuelto por la Sala Constitucional en sentencias 1992-03789 y 1997-04587, las zonas boscosas, los terrenos con aptitud forestal, los manglares y los humedales comprendidos dentro de las áreas inalienables, como la zona marítimo terrestre, quedan afectadas de forma inmediata a este Patrimonio, sin concurrencia de la Administración. Cuarto. En consecuencia,  la delimitación de los linderos de las áreas que conforman el Patrimonio Natural de Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Forestal, constituye una potestad que el MINAET, a través del SINAC,  debe ejercer de oficio y no sólo a instancia de parte. Ello no sólo en aplicación del deber que le imponen los artículos 21, 50 párrafo segundo y tercero, y 89 de la Constitución Política, de garantizar, preservar y conservar el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino también, porque la ley no indica que la delimitación deba realizarse sólo a instancia de parte.  No se justifica, a juicio de este órgano que el Estado pueda alegar válidamente la falta de recursos para tal efecto, como reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia constitucional (ver entre otras, las sentencias 1995-00915 de las dieciséis horas seis minutos del quince de febrero de mil novecientos noventa y cinco; 1996-000695 de las quince horas cuarenta y dos minutos del siete de febrero de mil novecientos noventa y seis) Quinto. En consecuencia,  la clasificación que realice el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, respecto del tipo de ecosistema existente en los inmuebles comprendidos dentro del Patrimonio Natural del Estado, constituye una mera categorización de aquellos, conforme a los criterios de clasificación dispuesto en el artículo 13 párrafo primero de la Ley Forestal y el Decreto Ejecutivo número 34295-MINAE, a saber: bosques, terrenos de aptitud forestal, humedales, manglares, entre otros. Sexto.  Es evidente que el Estado tiene el deber -tanto a nivel constitucional como legal- de garantizar, defender y proteger las zonas boscosas, los terrenos de aptitud forestal, los manglares, los humedales, entre otros, comprendidos en las áreas inalienables -como en este caso, la Zona Marítimo Terrestre- que por el simple hecho de tener ese carácter, quedaron afectadas de manera directa y automática al Patrimonio Natural del Estado. Por lo que, el resultado de la clasificación de la clase de ecosistema existente en dichas áreas -que debe realizarse de oficio y no sólo a instancia de parte, a fin de que tomar las medidas necesarias para lograr su protección y conservación efectivas-, no es el que determina su incorporación o no al Patrimonio Natural del Estado, pues por ley ya habían quedado afectadas a aquel, en virtud de tratarse de zonas inalienables."

De la sentencia citada, se pueden destacar para la solución de este caso, los siguientes aspectos: 1) El Estado tiene una obligación de origen constitucional y legal, de garantizar, defender y preservar el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y darle a todas las personas los instrumentos para defender este derecho fundamental; 2) Para garantizar una tutela efectiva al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se deben respetar los mecanismos de carácter técnicos y jurídicos; 3) El patrimonio natural del Estado, que forma parte del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se constituye de los inmuebles que se encuentren cubiertos de bosques, indepedientemente que se ubiquen dentro o fuera de las reservas nacionales (artículo 13 de la Ley Forestal); 4) El patrimonio natural del Estado debe estar inscrito en el Registro Nacional a nombre del Estado, y ser administrado por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (artículo 13 de la Ley Forestal); 5) El patrimonio natural del Estado, se constituye de bienes de dominio público, los cuales tienen las condiciones de ser inembargables, imprescriptibles e inalienables, por lo que su posesión por parte de particulares no causara derecho alguno a su favor  (artículo 14 de la Ley Forestal); 6) Existe una afectación legal inmediata al patrimonio natural del Estado, de cualquier inmueble que se encuentre cubierto de bosque (artículo 15 de la Ley Forestal), por lo que si se detecta por los órganos técnicos correspondientes la existencia de bosques, automáticamente y sin necesidad de declaración expresa previa, pasaran estos inmuebles a manos del Estado para que sean protegidos. Precisamente, como se explicará a continuación, el IDA no respetó en este caso ninguna de las pautas explicadas y que se encuentran reguladas en el bloque de legalidad.

 

V- SOBRE LA NULIDAD DE LA TITULACIÓN EFECTUADA POR EL IDA, A FAVOR DEL CODEMANDADO ELIZONDO SOLANO, AL TRASLADAR UN INMUEBLE QUE ES PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO: En este caso se tiene por probado que el inmueble objeto de este proceso, que se encuentra ubicado en La Sabana, del distrito La Legua del cantón Aserrí de la provincia de San José, con un área de 35 hectáreas, 82,59 metros cuadrados, que corresponde con el plano catastrado SJ-600333-99, le fue trasladado al codemandado Elizondo Solano, por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en su Artículo 32 de la Sesión 016-04 del 13 de mayo del 2004, es un terreno que es patrimonio natural del Estado, por los siguientes motivos: 1) Durante el procedimiento previo a que la Junta Directiva del IDA, le titulara el inmueble en cuestión al codemandado Elizondo Solano, éste tuvo que presentar una serie de documentos, uno de los cuales era la constancia emitida por el M.s.c. Julio Bustamante B., Coordinador Ordenamiento Territorial, del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, número ACOPAC-OTC-065, del 25 de noviembre del 2002, en este documento se indicó, en lo que interesa para el dictado de esta sentencia. lo siguiente:

"Hago constar que inspeccionada la finca correspondiente a plano catastrado SJ-600333-99, con área de 35 ha 0082.59 m2, ubicada en la Sabana de La Legua de Aserrí, San José, perteneciente a FR 1219039-000, a nombre del señor RONALD ELIZONDO SOLANO, céd. 1-709-134, que es terreno que se encuentra con cobertura de Bosque natural y bosque en sucesión temprana." (...) "No se observa además, que se afecte el artículo Nº 33 de la Ley Forestal Nº 7575 del 05 de febrero de 1996 y sus reformas"

Es importante destacar que esta constancia es clara al indicar que el terreno objeto de debate, se encuentra con cobertura de bosque natural y bosque en sucesión temprana, por lo que este tribunal considera que desde antes de la titulación, existían pruebas técnicas de que el inmueble es de naturaleza boscosa. Ahora, esta misma certificación indica que no se observa que el terreno se encuentre afectado por el artículo 33 de la Ley Forestal, esto significa para este órgano jurisdiccional, que lo que esa constancia indicó era que ese terreno no se encontraba ubicado en un área de protección, esto es totalmente irrelevante en este caso, debido a que si se relaciona el artículo 33 con el numeral 13, ambos de la Ley Forestal,  se puede llegar a la conclusión, que el patrimonio natural del Estado, se constituye en los inmuebles que se encuentren cubiertos de bosques, indepedientemente que se ubiquen dentro o fuera de las reservas nacionales o áreas de protección, por lo que los alegatos defensivos del IDA, en el sentido de que se cumplía con el requisito técnico de contar con una certificación o constancia, del MINAET, que acreditara la naturaleza del terreno, no se cumplió; 2) Asimismo, durante el mismo proceso de titulación, el codemandado Elizondo Solano, tuvo que presentar el plano catastrado del inmueble. Justamente,  en el plano catastrado SJ-6000333-99, que corresponde al terreno traspasado al demandado, se puede apreciar la existencia de montaña y tacotales, para este órgano jurisdiccional, como más adelante la prueba técnica lo confirmará, lo que se indica como montaña es precisamente la existencia de bosques; 3) También, durante el procedimiento de titulación el demandado Elizondo Solano, tuvo que presentar declaraciones juradas sobre la posesión del inmueble y de que la finca no estuviese inscrita. Precisamente, mediante las escrituras número doscientos seis, suscrita ante el Notario Público Juan Edgar Fallas García, suscrita a las nueve horas del ocho de noviembre del dos mil dos y la escritura pública número doscientos seis, realizada ante el mismo Notario Público, emitida a las diez horas del veinticinco de agosto del dos mil tres, en ambos documentos, el demandado bajo fe de juramento indicó claramente, sobre el inmueble objeto de esta controversia, que era propietario de una finca sin inscribir que es terreno de "montaña" . Nótese, que nuevamente, antes de que la Junta Directiva del IDA, titulara la propiedad a favor del demandado Elizondo Solano, la naturaleza del terreno a titular era de " montaña", que como se explicará más adelante con la prueba técnica que consta en autos el término montaña está haciendo referencia a la existencia de bosques; 4) En este mismo sentido, los miembros que suscriben esta sentencia, pudieron constatar directamente y en el propio inmueble objeto de este proceso, que efectivamente en el terreno existe una amplia cobertura boscosa, esto de conformidad con lo visto en el reconocimiento judicial efectuado, a partir de las diez horas con treinta minutos del veintinueve de setiembre del dos mil ocho, en el cual este órgano jurisdiccional pudo apreciar los siguientes aspectos relevantes: a. El ingreso al inmueble es de difícil acceso, b. Se apreció zona boscosa con una zona de potrero, c. No se apreció siembras o actividades agrícolas, d. Se detectaron ocho cabezas de ganado ubicadas en la zona de potrero, e. El clima en el inmueble era húmedo, con neblina y a mucha altura sobre el nivel del mar, f. El inmueble se encontraba cercado con alambre de púas, g. En la zona de potrero se ubica una casa de zinc, sin electricidad, servicio sanitario de hueco hecho de láminas de zinc y un pequeño corral de madera, h. Existencia de una quebrada, i. Se apreció quema de algunos arboles, j. Se pudo constatar que el demandado Ronald Elizondo Solano, no vive en el inmueble objeto de este proceso. Justamente, de lo indicado este Tribunal, extrae tres conclusiones importantes; la primera, de que se confirma la existencia de bosque, incluso de una quebrada, por lo que es innegable la naturaleza de esa propiedad como parte del patrimonio natural del Estado; segunda, que el demandado Elizondo Solano, no vive en el inmueble, aspecto relevante, ya que no podría a firmarse que este señor tiene como medio de subsistencia esa finca, debe hacerse notar que existe en la propiedad una casa de zinc y un servicio sanitario de hueco que no son el lugar de residencia del demandado Elizondo Solano y tercero, no existen siembras o actividades agrícolas, por lo que ese inmueble no está siendo utilizado para fines de producción agrícola. Incluso, se pudo constatar la existencia de ocho cabezas de ganado y un pequeño corral de madera, esto no constituye en criterio de este órgano jurisdiccional, una actividad agraria, ya que ese ganado es escaso, y por el acceso tan difícil a esa propiedad, es muy poco probable que de dicha finca se pueda comercializar carne o sacar productos agrícolas; 5) Ahora, todo lo indicado, viene a hacer confirmado por prueba técnica, que prueba, sin ninguna duda, que el terreno que tituló el IDA a favor del demandado Elizondo Solano, es patrimonio natural del Estado. En ese sentido, la prueba técnica elaborada por el Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes,  mediante oficio número DEGEO-047-09, del 30 de marzo de 2009, en el cual se realizó un Estudio para verificar el uso del suelo en fotográfias aéreas de inmueble ubicado en (La Sabana) La Legua, Aserrí San José, terreno objeto de este proceso y que se encuentra bajo el plano catastrado número SJ-600333-99, que justamente es la propiedad que nos ocupa en este caso, se determinó en lo que interesa para el dictado de la presente resolución los siguientes aspectos:

"La revisión de fotografías de 1997 y 2003 en relación con la ubicación aproximada del inmueble del plano catastrado SJ-6000333-99, ha generado las siguientes conclusiones: El uso del suelo del inmueble en el plano catastrado SJ-600333-99 es conforme a lo observado en fotografias aéreas de 1997 y 2003; a saber: que en esos dos años existieron dos manchas de bosque coincidentes con lo que el plano describe como "montaña"; asimismo, el resto del área de la finca posee una cobertura de pastos y arbustos entremezclados, que se desarrolla principalmente en el sector este de la propiedad, denominada en el plano como "tacotales."   

Este criterio técnico, confirma lo indicado tanto en las declaraciones juradas, como en el mismo plano catastrado, de que el término "montaña", en la realidad significa que existe en la finca cobertura boscosa. También esta prueba, constata lo apreciado en el reconocimiento judicial efectuado por este Tribunal, que en la propiedad titulada por el IDA a favor del demandado Elizondo Solano, existe y ha existido, bosque; 6) Otra prueba técnica de fundamental importancia, consiste en lo indicado en el oficio DST-217-09, del 23 de julio de 2009, emitido por el Jefe del Departamento de Servicios Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), en el cual le remitió a la Contraloría General de la República, un Certificado de Uso Conforme del Suelo, que como se explicará en el siguiente considerando, nunca fue elaborado durante el trámite de titulación realizado por el IDA, siendo este tipo de estudios obligatorios para la institución demandada, y que fue elaborado por el Ing. Agr. German José Aguilar Vega, funcionario del INTA, realizado en el inmueble objeto de este proceso, en el cual se dividió y analizó el uso del suelo en la propiedad titulada a nombre del codemandado Elizondo Solano, de la siguiente manera: Sector A: Potrero 3, 36 hectáreas (9,58%), Charral 5,23 hectáreas (14,91%), Bosque 6,30 hectáreas (17,95%); Sector B: Bosque 7,13 hectáreas (20,33%); Sector C: Potrero 2,90 hectáreas (8,27%); Sector D: Matorral 10,16 hectáreas (28,96%). Esta división, concuerda con lo que los miembros de este Tribunal apreciaron en la zona, pero desde una perspectiva técnica y científica. Asimismo, en esta certificación, se indicó textualmente, en lo que interesa para el dictado de esta resolución, lo siguiente:

"De conformidad con el artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Consevación de Suelos, Nº 7779 del 30 de abril de 1998 y con base en una visita de campo, esta instancia certifica que en el 9,58 por ciento de la finca NO SE HA EJERCIDO el uso conforme del suelo para la actividad que realiza de acuerdo con la metodología aprobada y en el 90,42 por ciento SE HA EJERCIDO el uso conforme del suelo para la actividad que se realiza con la metodología aprobada" (...) El uso actual de la tierra está en potrero, charral, matorral y bosque. (...) El potrero de tipo herbazal ralo (...) suelos ácidos, degradados y de baja fertilidad (...) Posiblemente esta modalidad de potrero solo permita una carga animal baja, menor a 1 unidad animal/hectária/año. En el sector A, cubierto por potrero se presenta el uso no conforme de la tierra, de acuerdo a la metodología actual para la determinación de la capacidad de uso de las tierras en Costa Rica, la pendiente fuertemente ondulada es la principal limitante de esta área, la cual es superior al 40 por ciento, simple, convexa, larga con orientación al poniente, por lo que no son aptas para su uso actual de pasturas, su manejo se cirscuncribe a la producción forestal o cultivos permanentes de altura, mediante a prácticas intensivas de conservación de suelos y aguas. (...) El charral esta sometido a regeneración natural por especies nativas, colonizadoras, las cuales son abundantes, con media a alta cobertura y cercanas al 1 metro de altura. El bosque esta cubierto de árboles y arbustos con sotobosque denso, la altura del estrato superior es alrededor de 15 metros, con especies siempreverdes, latifolias, perennes, en especial de la familia Fabaceae, robles encinos (Quercus spp), con numerosas epifitias Bromeleaceas, Sphagnum, y bejucos en sus ramas. La zona de matorral al oriente de la propiedad con relieve fuertemente escarpado cia (sic) la depresión de la quebradaPilas de la Cuenca del río Pirris, corresponde a un ecosistema de vegetación arbustiva rala, dominado por Asteraceas ((Vernomia spp), expuestas a fuertes y constantes vientos y neblina, por lo que son pequeños, ramificados, con tallos retorcidos y hojas coriáceas, existen espacios de exposición del suelo, el cual es extremadamente pedregoso y con profundidad efectiva superficial. Transcurren en las simas yurros y la quebrada Lajas la cual se encuentra protegida por boscaje. La propiedad esá (sic) afectada por la ley forestal 7575 artículo 33. Las áreas de regeneración natural, matorral y bosque deben mantenerse bajo las condiciones presentes, que son acordes con la capacidad de uso actual de la tierra. Las clases VII y VIII, según la legislación vigente son de manejo forestal o preservación de la flora y fauna, protección de áreas de recarga acuífera, reserva genética y belleza escénica."

De lo expresado en este Certificado de Uso Conforme del Suelo, elaborado por el INTA, este órgano jurisdiccional llega a las siguientes conclusiones: a) Que existe un porcentaje bastante elevado de hectáreas que son bosques, y además, que las zonas de charral y matorral son áreas de regeneración natural, que deben ser protegidas, por lo que la propiedad objeto de este proceso, es patrimonio natural del Estado en su totalidad; b) Esta certificación afirma que el inmueble titulado se encuentra afectado por el artículo 33 de la Ley Forestal 7575, esto significa que está comprendido dentro de un área de protección forestal; c) De la certificación indicada, este órgano jurisdiccional puede inferir, que la zona de potrero tiene una fertilidad baja, lo que significa que no es muy apta para el desarrollo de actividades agrícolas. Incluso, este documento afirma que en la zona de potrero, se permite una carga de ganado bastante baja, por lo que la propiedad tampoco es adecuada para realizar actividades ganaderas. Es decir, el inmueble titulado por la institución demandada a favor del codemandado Elizondo Solano, no clasifica para fines agrarios según la certificación de uso conforme del suelo emitida por el INTA. En consecuencia, el inmueble que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en su Artículo 32 de la Sesión 016-04 del 13 de mayo del 2004, tituló a favor del codemandado Elizondo Solano, constituye patrimonio natural del Estado, de conformidad con los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 33 de la Ley Forestal número 7575, por lo que es inembargable, imprescriptible e inalienable al ser un bien de dominio público, por lo que no son de recibo las alegaciones del codemandado Elizondo Solano, de que su derecho de titulación se deriva de los derechos de posesión ejercidos por él y su familia, ya que en estos terrenos la posesión por parte de particulares no causara derecho alguno a su favor. Asimismo, al ser dicha propiedad patrimonio natural del Estado, y constar esta naturaleza demanial, antes, durante y después del procedimiento de titulación efectuado por el IDA, vicia de nulidad absoluta todas las conductas administrativas formales que permitieron el traslado de esa propiedad al demandado Elizondo Solano. Asimismo, la conducta administrativa realizada por el IDA en este asunto se considera un funcionamiento anormal, que como se explicará en los siguientes considerandos, produce responsabilidad administrativa, que debe ser indemnizada por parte de dicha institución demandada.

 

VI- SOBRE LA NULIDAD DE LA TITULACIÓN EFECTUADA POR EL IDA, A FAVOR DEL CODEMANDADO ELIZONDO SOLANO, AL NO EXISTIR NORMATIVA QUE LA SUSTENTE Y OMITIRSE REQUISITOS NECESARIOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE TITULACIÓN: Para este órgano jurisdiccional, con solo lo explicado en el considerando anterior, es motivo suficiente para anular las conductas administrativas del IDA y declarar con lugar esta demanda, sin embargo, en el curso de este proceso, las partes han discutido sobre otras razones que vician el procedimiento de titulación efectuado a favor del codemandado Elizondo Solano, que este Tribunal debe analizar. En este sentido, las conductas administrativa efectuadas por el IDA, objeto de este proceso, también devienen en nulas, por las siguientes razoneS: 1) Se tiene por probado, que la titulación efectuada por la Junta Directiva del IDA, del inmueble en discordia, a favor del codemandado Elizondo Solano, se sustentó en el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Naturales, aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en su artículo segundo, de la sesión cero cincuenta y cinco -cero dos, celebrada el doce de agosto del dos mil dos, el cual fue publicado en La Gaceta número 173 del diez de setiembre del dos mil dos. Precisamente, por resolución dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto número 02063-07, de las catorce horas con cuarenta minutos del catorce de febrero del dos mil siete, se anuló por inconstitucional dicho reglamento. Asimismo, dicha sentencia indicó claramente lo siguiente:

"XV. De los efectos de la inconstitucionalidad que se declara: Al tenor de lo dispuesto en los artículos 90 párrafo primero y 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la estimación de inconstitucionalidad que se hace en esta sentencia en relación con el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario por el artículo 11 de la sesión número 055-02, del doce de agosto del dos mil dos, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 173, del diez de agosto del dos mil dos, tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de este cuerpo reglamentario, sea el doce de agosto del dos mil dos, lo anterio, de manera que procede la recuperación de los bienes que, siendo de dominio público, hayan sido objeto de titulación al tenor de la normativa que ahora se anula, lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial del Estado que derive de esta inconstitucionalidad"

Precisamente, la titulación realizada por el IDA, del terreno que constituye patrimonio natural del Estado, por lo ya explicado, a favor del codemandado Elizondo Solano, no se sustenta en una normativa que exista dentro del bloque de legalidad, por lo que deviene en una conducta administrativa nula, con la sola la declaración de inconstitucionalidad realizada por nuestro Tribunal Constitucional. Además, le preocupa a este Tribunal, que pese a lo ordenado por la Sala Constitucional, en el sentido de que se deben recuperar los bienes de dominio público, que fueron objeto de titulación con base en el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Naturales, en este caso en particular, el IDA no haya hecho ningún tipo de gestión tendiente a cumplir con lo ordenado por la Sala Constitucional, lo que denota una conducta omisiva y una clara violación a los deberes que tienen todas las Administraciones Públicas de proteger el patrimonio natural del Estado, lo que constituye un funcionamiento anormal, por tanto, contrario a Derecho; 2) Es un hecho probado que por Decreto Ejecutivo número 3667-G, dictado el dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y cuatro, y públicado en La Gaceta número 72, Alcance 64, del diecisiete de abril de mil novecientos setenta y cuatro, se traspasó de forma gratuita al Instituto de Tierras y Colonización (actual IDA), un área de 267.239 hectáreas para crear el Programa de Titulación "Parrita-Puriscal", en donde se ubicaban ocupantes de predios que no tenían regularizada la posesión de esos terrenos. Justamente, ese terreno traspasado al Instituto de Tierras y Colonización (actual IDA), se inscribió en el Registro Nacional a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, bajo el sistema de folio real, matrícula 1-219039-000, que fue la finca madre. A su vez, la parcela número 92691, que se encontraba ubicada dentro del Proyecto Puriscal Parrita, es decir, era una segregación de la finca madre indicada anteriormente, ubicada en La Sabana, del distrito La Legua del cantón Aserrí de la provincia de San José, con un área de 35 hectáreas, 82, 59 metros cuadrados, que correspondía con el plano catastrado SJ-600333-99, fue precisamente, el inmueble que la Junta Directiva del IDA, tituló a favor del codemandado Elizondo Solano, y que se inscribió en el Registro Nacional bajo la matrícula de folio real número 1-561877-000, a nombre del demandado Ronald Elizondo Solano. Ahora, el Decreto Ejecutivo número 3667-G, dictado el dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y cuatro, y publicado en La Gaceta número 72, Alcance 64, del diecisiete de abril de mil novecientos setenta y cuatro, fue derogado mediante Decreto Ejecutivo número 346554-MGP, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 147 del 31 de julio de 2008, el cual dispuso en su artículo 2º, textualmente lo siguiente:

"Se autoriza al Instituto de Desarrollo Agrario para que mediante el procedimiento correspondiente proceda a cancelar las inscripciones en el Registro Público que se generaron a raíz de los decretos mencionados"

Como se desprende de lo dicho, el Decreto Ejecutivo que creo la finca madre, que a su vez, se segrega de ésta el inmueble titulado por el IDA a favor del demandado Elizondo Solano, fue derogado por otro Decreto Ejecutivo, por lo que la titulación realizada al demandado Elizondo Solano, carece de sustento en su base, debido a que no existe actualmente la propiedad originaria y la norma que habilito la titulación de esos terrenos. Ahora, nuevamente, este Tribunal, nota que pese a la orden, expresa, dada en el Decreto Ejecutivo número 346554-MGP, al IDA en el sentido de que debía iniciar los procedimientos para cancelar las inscripciones en el Registro Público, que se generaron con el Decreto Ejecutivo número 3667-G, dictado el dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y cuatro, en el caso particular, ha existido una conducta omisiva, ya que el IDA, no gestionó en sede administrativa la nulidad del título dado al codemandado Elizondo Solano; 3) Además, de los motivos expuestos, existe un último argumento expuesto por la Contraloría General de la República, en el sentido de que la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, obliga al IDA a realizar de forma previa, a otorgar una titulación, contar con el estudio de capacidad de uso de suelo, requisito que de forma ilegal no cumplió el IDA, al momento de titular la propiedad objeto de este proceso a favor del codemandado Elizondo Solano. Además, de que el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, le imposibilitaba al IDA titular tierras que no clasifiquen para fines agrarios. Este alegato lo comparte plenamente este Tribunal, debido a que se tiene por probado que al momento de que el Instituto de Desarrollo Agrario, título el inmueble objeto de este proceso, a favor del codemandado Elizondo Solano, no se contó con el estudio de capacidad de uso del suelo, requerido por el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y los numerales 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento a dicha Ley. Esto debido a que el mismo IDA lo acepta en su escrito de demanda, y porque en este caso, dentro de la audiencia preliminar, se declararon como no controvertidos todos los hechos de la demanda, entre ellos este hecho. Asimismo, para este Tribunal, existió en este caso una clara violación a los establecido en el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, que dispone:

ARTÍCULO 27.- Será obligatorio para el Instituto de Desarrollo Agrario disponer de estudios de capacidad de uso de la tierra, antes de adquirir terrenos para fines de titulación.

Toda adjudicación de terrenos deberá tener como limitación que el uso del terreno adjudicado no pueda ir en contra de su capacidad de uso. El incumplimiento de esta disposición acarreará la revocatoria de la adjudicación, aparte de otras penas con que se pueda castigar por los delitos que le sean imputables.

Nótese, que la norma es muy clara en la obligación del IDA, de contar con los estudios de capacidad de uso de suelos, de previo a titular, y que el incumplimiento de ese mandato acarreará la revocatoria de la adjudicación, que fue lo que sucedió en este caso, debido a que en la titulación realizada a favor del codemandado Elizondo Solano, el IDA no solicitó, ni contó con este estudio, violando de manera grosera la citada norma, por lo que también desde esta perspectiva, la titulación realizada a favor del codemandado Elizondo Solano deviene en absolutamente nula. En este sentido, el argumento defensivo del IDA, de que el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, si bien es cierto establece la necesidad de que el IDA realice estudios de capacidad de uso de suelos, esa norma se aplica para fincas que compre el IDA con recursos propios para destinarlas a la formación de Asentamientos Campesinos, y este no es el caso, ya que lo que sucedió fue que por Decreto Ejecutivo se traspasó miles de hectáreas en todo el territorio nacional, por lo que esa norma no se puede aplicar en este asunto, es totalmente improcedente ese alegato, debido a que el citado artículo, indica, "antes de adquirir terrenos para fines de titulación", por lo que la norma no realiza distinción, de si los terrenos que adquiera el IDA, sea por compra con recursos propios o por simple traspaso, como en este caso, establecido por Decreto Ejecutivo. Es decir, el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, es de aplicación obligatoria para toda titulación de inmuebles que el IDA realice de terrenos que esta institución adquiera por cualquier título traslativo de dominio. Además, el IDA, violó abiertamente lo establecido en los artículos 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo número 29375 MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, que disponen:

Artículo 58.—En toda información posesoria o que se presente ante el IDA o ante los Tribunales de Justicia, con el fin de inscribir en el Registro Público de la Propiedad, el interesado, además de los requisitos que exige la normativa común, deberá de demostrar, con un estudio adecuado de suelos, que ha ejercido la posesión cumpliendo con el uso conforme del suelo para la actividad que realiza de acuerdo con la metodología aprobada, y ejecutándolas con las mejores prácticas de su manejo, según la mejor tecnología disponible en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43 y 64 de la Ley Nº 7779 y este Reglamento.

 

Artículo 59.—El estudio será realizado por el Certificador de Uso Conforme del Suelo, quien deberá analizar y certificar con base en visita de campo, si la posesión en las actividades del inmueble, se han ejercido de acuerdo con el uso conforme de suelo según su clasificación y que en el inmueble se realizan prácticas de manejo y conservación de suelos y aguas de acuerdo con la metodología aprobada.

 

Artículo 60.—Es obligatorio para el IDA contar con estudios de suelos, al menos a nivel de semidetalle en coordinación con el MAG, de previo a toda compra de fincas, parcelación, adjudicación, titulación, arrendamiento, y con mayor énfasis en la titulación de tierras ubicadas en reservas nacionales según ley 7599 del 29 de abril de 1996.

 

Artículo 61.—Por ningún concepto el IDA podrá adquirir, adjudicar o titular tierras que no clasifiquen para fines agrarios según el estudio de suelos.

 

Artículo 62.—Si del estudio de suelos y la clasificación de las tierras, no sea procedente la titulación para fines agrarios o urbanos, el IDA las destinará en su caso a reserva nacional traspasándolas en su caso al MINAE.

 

Artículo 63.—En el contrato o título de arrendamiento o adjudicación de tierras por parte del IDA, se incluirá necesariamente bajo pena de caducidad o revocación, la condición de que en el terreno el adjudicatario, no podrá realizar ninguna actividad contraria al uso, manejo y conservación de suelos y aguas. Conforme lo dispone el artículo 27 y 64 de la Ley Nº 7779. Demostrado su incumplimiento el IDA iniciará el procedimiento de revocación del TÍTULO, para lo que se anotará preventivamente en el Folio Real de la respectiva finca.

Debe hacerse notar, que la normativa citada es clara, respecto a que antes de titular e inscribir terrenos, el IDA tiene la obligación de realizar los estudios de capacidad de uso de suelos, de previo a titular. Asimismo, el citado artículo 61, le prohíbe al IDA adquirir, adjudicar o titular tierras que no clasifiquen para fines agrarios según el estudio de suelos, y precisamente, en este caso del Certificado de Uso Conforme del Suelo, elaborado por el Ing. Agr. German José Aguilar Vega, funcionario del INTA, analizado en el considerando anterior de esta resolución, se llega a la conclusión, que el inmueble objeto de este proceso, y que le fuera titulado a favor del demandado Elizondo Solano, no es apto para realizar actividades agrarias o ganaderas, por lo que la nulidad de la titulación efectuada por el IDA, no solo se presenta por la existencia de bosques en el inmueble, que lo constituye en patrimonio natural del Estado, sino también, en que se tituló sobre un terreno que no es apto para actividades de explotación agrícola. Ahora, en criterio de este órgano jurisdiccional, los alegatos defensivos dados por el IDA, en el sentido de que si bien es cierto que el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, solicita un estudio adecuado de uso conforme de suelos para los procedimientos de titulación realizados por el IDA, se consideró que estos debían ser realizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se le encargó posteriormente, al Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria  INTA, y por motivos de escases de recursos humanos y técnicos comenzaron a realizarse esos estudios hasta el dos mil uno, y que para cuando se le otorgó el título al demandado, el INTA, no contaba con el mecanismo o estructura para la atención de las certificaciones de uso conforme de suelos y es a esta institución la que le correspondía llevar a cabo las certificaciones de uso conforme de suelo del IDA, y el INTA, suspendió este tipo de certificaciones, son incorrectos, debido a que el IDA no puede trasladar su responsabilidad a otras dependencias como el Ministerio de Agricultura y Ganadería o al INTA, por no poder realizar los estudios de capacidad de uso de suelos, ya que tenía la obligación legal de cumplir con ese requisito. Además, si el IDA no contaba con esos estudios, porque otras instituciones eran las encargadas y no tenían los recursos humanos y técnicos necesarios para realizarlos, lo que debió haber hecho el IDA era no titular del todo los terrenos, hasta tanto no tuviera la capacidad de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos. Precisamente, en este caso la institución demandada, otorgó un título de propiedad sin cumplir con lo establecido en el citado artículo de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y las normas indicadas de el Reglamento a dicha Ley, por lo que la nulidad de las actuaciones del IDA en este caso, son evidentes y manifiestas. En consecuencia, por todas las razones explicadas, debe declararse la nulidad del acto administrativo, únicamente en la titulación del terreno correspondiente con el plano catastrado SJ-600333-1999 a favor del demandado Elizondo Solano, emitido por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en su Artículo 32 de la Sesión 016-04 del 13 de mayo del 2004, así como todos los actos conexos, que en los siguientes considerandos de esta sentencia se precisaran.”

 

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Texto de la resolución

 

Tribunal Contencioso Administrativo, II Circuito Judicial de San José, Dirección04 

 

Central 2545-00-03                                                 Fax 2545-00-33

                             

Correo Electrónico ...01

______________________________________________________________________________

 

Expediente: 08-000903-1027-CA

Proceso de Trámite Preferente

Actor: Contraloría General de la República 

Demandado: Instituto de Desarrollo Agrario y otro

 

 

Nº 1842-2009

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEXTA. II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Dirección144 . Goicoechea, a las siete horas con treinta minutos del treinta y uno de agosto del dos mil nueve.

 

Proceso de conocimiento declarado de trámite preferente interpuesto por la Contraloría General de la República, representada por Nombre602   , mayor, casado, abogado, portador de la cédula de identidad número CED413       y vecino de Santa Bárbara de Heredia y Nombre603   , mayor, casada, abogada, portadora de la cédula de identidad número CED414   y vecina de San Francisco de Heredia contra el Instituto de Desarrollo Agrario, representado por su Presidente Ejecutivo, Nombre127833   , mayor, casado, portador de la cédula de identidad número CED102868       y vecino de San Isidro de Heredia y Nombre125801  , mayor, casado una vez, agricultor, portador de la cédula de identidad número CED110553     y vecino de Dirección16929    .   

RESULTANDO

1- La Contraloría General de la República  interpone la demanda que ha dado origen al presente proceso, contra el Instituto de Desarrollo Agrario y el señor Nombre125801  , con la finalidad que se declare en sentencia, las siguientes pretensiones indicadas en el escrito de demanda: “1) Que se anule el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, contenido en el Artículo 32 de la sesión número 016-04 – de fecha 3 de mayo del 2004, únicamente, en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor del señor Nombre125801  , descrita en el plano catastrado número Placa26957. 2) Que se anule la escritura pública número 47, otorgada ante los Notarios Públicos Giovanni Varela Dijeres y Alba Iris Ortiz Recio, a las 8 horas del día 24 de mayo del 2004, que formalizó y protocolizó la titulación emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario, únicamente, en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor del señor Nombre125801  . 3) Que se anule el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo el sistema de Folio Real matrícula número Placa26958 (finca titulada), emitido por el Registro Nacional. 4) Que se declarare que la finca inscrita bajo el Folio Real matrícula número Placa26958 (finca titulada) fue inscrita ilegalmente a favor del señor Nombre125801  . 5) Que se declare la finca inscrita bajo el sistema de Folio Real matrícula número Placa26958 (finca titulada), Patrimonio Natural del Estado y su traslado al Ministerio del Ambiente y Energía, debiéndose ordenar a la Notaría del Estado confeccionar la escritura de traspaso de dicha finca a favor del Estado, así como tramitar su inscripción en el Registro Público con el respectivo cambio de naturaleza. 6) Que se ponga en posesión de esa finca al Estado y se ordene el desalojo del señor Nombre125801  . 7) Que se condene a los demandados, en abstracto, al pago de los daños y perjuicios ocasionados.”  

 

2- Este proceso fue declarado de trámite preferente mediante resolución dictada por este Tribunal a las quince horas del dieciocho de setiembre del dos mil ocho.

 

3- Mediante resolución número 700-2008 de las dieciséis horas con veinte minutos del dieciocho de setiembre del dos mil ocho, este Tribunal acogió la solicitud de medida cautelar inaudita altera parte, presentada por el órgano contralor.

 

4- El Instituto de Desarrollo Agrario contestó en tiempo y forma la demanda, solicitando que ésta se declare sin lugar, se le exima de responsabilidad en cuanto a los daños y perjuicios, costas  personales y procesales. Asimismo, interpuso la excepción de incompetencia en razón de la materia.   

5- El demandado Nombre125801  , contestó en tiempo y forma la demanda, solicitando que se desestime y se archive.

 

6- En la audiencia de medida cautelar efectuada a las ocho horas y treinta minutos del tres de octubre del dos mil ocho, se dictó la sentencia oral número 766-2008, mediante la cual se rechazó la excepción de incompetencia en razón de la materia interpuesta por la representación del Instituto de Desarrollo Agrario. 

 

7- Dentro de la continuación de la audiencia de medida cautelar, efectuada a las ocho horas y treinta y cinco minutos del ocho de octubre del dos mil ocho, este órgano jurisdiccional, mediante sentencia oral, con el mismo número de resolución 700-2008, mantuvo el contenido de las medidas cautelares aceptadas de manera provisional y admitió parcialmente las medidas solicitadas en la ampliación de éstas formulada por el órgano contralor, quedando las medidas cautelares requeridas en los siguientes términos: "1) Se le ordena al demandado Nombre125801 , que se abstenga de realizar quemas y tala de bosque en la totalidad del inmueble objeto de este proceso. 2) Se le ordena al demandado Nombre125801 , no introducir ganado o cualquier otro animal que perjudique el bosque del inmueble objeto del proceso. 3) Se le prohíbe al demandado Nombre125801 ,  realizar cualquier tipo de edificación en el inmueble objeto de este proceso. 4) Se le ordena al demandado Nombre125801 , evitar encausar o alterar el cauce de cualquier quebrada o río que se encuentre dentro del inmueble objeto de este proceso."Asimismo, se rechazaron las medidas cautelares consistentes en las siguientes: "1) El no poder realizar chapea en el inmueble, esto se entiende que el codemandado podrá chapear en las zonas de claros únicamente, y donde se ubique el ganado. Por ende, se establece la imposibilidad de realizar actividad de chapea o similar dentro de la zona que se corresponde a bosque. 2) No deberá sacar las ocho cabezas de ganado que actualmente se ubican en el inmueble en el entendido de que únicamente podría aumentar las cabezas de ganado que se deriven de las crías que tengan las ocho vacas que actualmente se encuentran en el lugar.  Lo anterior supone la imposibilidad de ubicar dentro del fundo, nuevas cabezas de ganado con la excepción ya indicada. La tenencia del ganado solo podrá realizarse en la zona de claro en la cual se ubica la edificación de láminas de zinc referida, únicamente." Este tribunal considera que para efectos de garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares se requiere que el Área Pacífico Central, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), le rinda a este órgano jurisdiccional, un informe dentro de los quince días posteriores a que se le notifique lo indicado en esta resolución oral, por medio de oficio al SINAC. En dicho informe deberá consignarse lo siguiente: 1)  Que las medidas cautelares adoptadas se estén cumpliendo en los términos ordenados por este tribunal. 2) Que indiquen cuales de las ocho vacas que se encuentran actualmente en el inmueble, estén preñadas y el tiempo de gestación y fecha posible de los nacimientos de las crías. 3) Que se verifique que la actividad de chapea se realice únicamente en la zona de claro donde pastan las ocho cabezas de ganado, y que misma actividad se realice con la finalidad de dar mantenimiento a las áreas destinadas para repasto. Se advierte a los demandados que incumplir las medidas  cautelares ordenadas por este tribunal, los hará incurrir en los delitos que al efecto establece nuestro ordenamiento jurídico penal.” Estas medidas cautelares se encuentran vigentes a la fecha.

 

8- En resolución número 000028-C-S1-2009, dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, a las diez horas treinta minutos del quince de enero del dos mil nueve, se declaró sin lugar la inconformidad presentada por Instituto de Desarrollo Agrario planteada contra la resolución número 766-2008, emitida por este tribunal, y declaró que el conocimiento del presente proceso le corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo.

 

9- Por resolución número 000136-A-TC-2009, dictada por el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, a las diez horas del veintiuno de julio de dos mil nueve, se tuvo por desistido el recurso de apelación presentado contra la resolución 700-2008, por lo que se declaró firme dicha resolución que admitió las medidas cautelares.  

 

10- De conformidad con los artículos 60 inciso 3) y 70 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, este Tribunal convocó a una única audiencia que se celebró a partir de las ocho horas con veintidós minutos del tres de agosto del dos mil nueve, en la cual se conocieron y resolvieron los extremos a los que alude el numeral 90 del citado Código Procesal. En dicha audiencia se ajustaron las pretensiones, numeradas en el escrito de demanda, como 4), 5) y 6), fijándose éstas de la siguiente manera: “4) Que la finca inscrita a folio real matrícula número Placa26958 fue inscrita técnica y jurídicamente de forma indebida a favor del señor Nombre125801  . 5) Que la finca descrita en el plano catastrado número Placa26959 es Patrimonio Natural del Estado y por ende, el competente para ejercer su administración es el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), debiendo el Instituto de Desarrollo Agrario adoptar las acciones pertinentes para confeccionar la escritura de traspaso a favor del Estado, así como, tramitar su inscripción en el registro Público con el respectivo cambio en su naturaleza. 6) Que se ponga en posesión de esa finca al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y se desaloje al Señor Nombre125801  .”

 

11- En la audiencia realizada a la hora y fecha señalada anteriormente, se declaró este proceso de trámite preferente como de puro derecho, al no existir prueba testimonial y ni pericial que evacuar, de conformidad con el artículo 98, inciso 2), en relación con el numeral 60, inciso 3), ambas normas del Código Procesal Contencioso Administrativo. Por lo que las partes  procedieron a dar sus conclusiones de manera oral, ante los miembros que integran esta Sección de este tribunal.

 

12- Al finalizar las conclusiones brindadas por ambas partes en la audiencia señalada, este Tribunal declaró este proceso como un asunto complejo, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 111 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo, en relación al numeral 82, inciso 1), del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda.

 

13- El expediente del presente asunto fue remitido al juez ponente, a partir del día siguiente a la celebración de la audiencia única el cuatro de agosto del dos mil nueve. Asimismo, el plazo para el dictado de la presente sentencia fue suspendido mediante resolución dictada por este Tribunal a las dieciséis horas con veinticinco minutos del siete de agosto del dos mil nueve, debido a la existencia de una causal de fuerza mayor que cubría al Juez Ponente, de conformidad a lo estipulado en el artículo 81, inciso 1) del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, por lo que la suspensión del plazo de quince días hábiles, transcurrió del día 10 al 14 de agosto del 2009, computándose nuevamente el plazo restante de once días hábiles a partir del diecisiete hasta el treinta y uno de agosto del dos mil nueve.

 

14- En los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas o que generen indefensión, por lo de conformidad con los artículos 111 del citado Código Procesal en relación con los numerales 79 y 82 de su Reglamento, previa deliberación, se procede con el dictado, redacción y comunicación de la presente sentencia dentro del término de ley. Se dicta esta sentencia con redacción del Juez ponente González Vílchez y el voto afirmativo de los Juzgadores Álvarez Molina y Garita Navarro, y;

 

CONSIDERANDO

I- HECHOS PROBADOS: De relevancia para efectos del presente proceso, se tienen por acreditados los siguientes: 1) Que por Decreto Ejecutivo número 3667-G, dictado el dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y cuatro, y publicado en La Gaceta número 72, Alcance 64, del diecisiete de abril de mil novecientos setenta y cuatro, se traspasó de forma gratuita al Instituto de Tierras y Colonización (actual IDA), un área de 267.239 hectáreas para crear el Programa de Titulación "Parrita-Puriscal", en donde se ubicaban ocupantes de predios que no tenían regularizada la posesión de esos terrenos (ver Decreto Ejecutivo a folios 4 y 5 del expediente judicial y hecho primero de la demanda, el cual no fue controvertido); 2) Que el terreno traspasado al Instituto de Tierras y Colonización (actual IDA), indicado en el hecho probado anterior, se inscribió en el Registro Nacional a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, bajo el sistema de Folio Real, matrícula Placa26960 (finca madre) (ver certificación que consta a folios 7 al 9 del expediente judicial y hecho primero de la demanda, el cual no fue controvertido); 3) Que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, aprobó en su artículo segundo, de la sesión cero cincuenta y cinco -cero dos, celebrada el doce de agosto del dos mil dos, el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Naturales, el cual fue publicado en La Gaceta número 173 del diez de setiembre del dos mil dos (ve reglamento a folios del 11 al 13 del expediente judicial); 4) Que el codemandado Nombre125801  , ha estado en posesión de la parcela número 92691, que se encuentra ubicada dentro del Proyecto Puriscal Parrita, en La Sabana, del distrito La Legua del cantón Aserrí de la provincia de San José, con un área de 35 hectáreas, 82, 59 metros cuadrados, que corresponde con el plano catastrado SJ-600333-99 (ver folio 1 y 2 del expediente administrativo aportado por el IDA); 5) Que el 8 de noviembre del dos mil dos, el codemandado Nombre125801  , presentó ante el Instituto de Desarrollo Agrario una solicitud para tramitar una titulación de tierras amparado a los artículos 10 y 11 del reglamento para la titulación de tierras en Reservas Nacionales y la Ley de Tierras y Colonización número 2825, del terreno ubicado en La Sabana, del distrito La Legua, del cantón de Aserrí de la provincia de San José, con un área de 35 hectáreas, 82, 59 metros cuadrados, que corresponde con el plano catastrado SJ-600333-99 (ver solicitud a folio 15 del expediente judicial y folio 3 del expediente administrativo aportado por el IDA); 6) Que de conformidad con la constancia emitida por el M.s.c. Julio Bustamante B., Coordinador Ordenamiento Territorial, del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, número ACOPAC-OTC-065, del 25 de noviembre del 2002, se indicó en lo que interesa para el dictado de esta sentencia lo siguiente: "Hago constar que inspeccionada la finca correspondiente a plano catastrado SJ-600333-99, con área de 35 ha 0082.59 m2, ubicada en la Dirección15384     ,  , perteneciente a FR 1219039-000, a nombre del señor Nombre125801  , céd. 1-709-134, que es terreno que se encuentra con cobertura de Bosque natural y bosque en sucesión temprana." (...) "No se observa además, que se afecte el artículo Nº 33 de la Ley Forestal Nº 7575 del 05 de febrero de 1996 y sus reformas" (ver folio 17 del expediente judicial y folio 11 del expediente administrativo aportado por el IDA); 7) Que en el plano catastrado SJ-6000333-99, que corresponde al terreno traspasado al demandado, se puede apreciar la existencia de montaña y tacotales (ver plano catastrado a folio 19 del expediente judicial y folios 4 y 5 del expediente administrativo aportado por el IDA); 8) Que en oficio número STAO-139-2004, del 19 de abril del 2004, emitido por el Coordinador de Programas Titulación del Área de Titulación del Departamento Ordenamiento Agrario del Instituto de Desarrollo Agrario y dirigido a la Junta Directiva de esa misma institución, se solicitó la autorización de la Junta Directiva del IDA, de segregar y traspasar 168 lotes y parcelas para que se extendieran los correspondientes títulos supletorios de dominio, entre los que se encontraba el terreno a nombre del demandado Nombre125801  y que correspondía con el plano catastrado Placa26957, esto debido a que se cumplía con la políticas institucionales y la normativa al respecto, así como con el reglamento para la titulación de tierras en reservas nacionales publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 173 del 10 de setiembre del 2002, quedando las parcelas y lotes bajo las condiciones y restricciones del artículo XVIII de dicho reglamento (ver folios del 21 al 29 del expediente judicial); 9) Que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en su Artículo 32 de la Sesión 016-04 del 13 de mayo del 2004, aprobó la solicitud de segregar y trasladar 168 lotes y parcelas del Proyecto Puriscal Parrita, realizada por el Coordinador de Programas de Titulación mediante oficio número STA-139,  entre los que se encontraba el terreno a nombre del demandado Nombre125801  y que correspondía con el plano catastrado Placa26957. En esa misma sesión de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, se autorizó a los señores Walter Céspedes Salazar, Presidente Ejecutivo, como al Ingeniero Nombre60401   , Gerente General, para que comparezcan en su momento ante el notario asignado, Alba Iris Ortiz Recio, para el otorgamiento de las respectivas escrituras de traspaso (ver folios del 31 al 44 del expediente judicial); 10) Que mediante Escritura Pública Número Cuarenta y Siete, otorgada ante los Notario Públicos Giovanni Varela Dijeres y Alba Iris Ortiz Recio, con la comparecencia del señor Nombre60401   , como Gerente General del Instituto de Desarrollo Agrario, suscrita a las ocho horas del veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, se segregó y adjudicó lotes del Proyecto Puriscal-Parrita, de la finca matrícula de Folio Real número Placa26956     -   , entre ellos se encontraba la Parcela Noventa y Dos mil Seiscientos Noventa y Uno, adjudicada al demandado Nombre125801  y que correspondía con el Plano Catastrado número Placa26961 (ver escritura  a folios del 48 al 149 del expediente judicial); 11) Que la parcela número 92621, correspondiente con el Plano Catastrado número SJ-600333-99, fue inscrita en el Registro Nacional bajo la matrícula de folio real número Placa26958, a nombre del demandado Nombre125801  (ver certificación a folios 152 y 153 del expediente judicial); 12) Que por resolución dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto número 02063-07, de las catorce horas con cuarenta minutos del catorce de febrero del dos mil siete, se anuló por inconstitucional el Reglamento para la Titulación en Reservas Nacionales, aprobado por acuerdo de Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en sesión 055-02 del doce de agosto del dos mil dos, y publicado en La Gaceta  173, del diez setiembre del dos mil dos (ver sentencia a folios del 155 al 169 del expediente judicial); 13) Que el Decreto Ejecutivo número 3667-G, dictado el dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y cuatro, y publicado en La Gaceta número 72, Alcance 64, del diecisiete de abril de mil novecientos setenta y cuatro, fue derogado mediante Decreto Ejecutivo número 346554-MGP, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 147 del 31 de julio de 2008, el cual dispuso en su artículo 2º, textualmente lo siguiente: "Se autoriza al Instituto de Desarrollo Agrario para que mediante el procedimiento correspondiente proceda a cancelar las inscripciones en el Registro Público que se generaron a raíz de los decretos mencionados" (ver folio 173 del expediente judicial); 14)  Que en las escrituras número doscientos seis, suscrita ante el Notario Público Juan Edgar Fallas García, la cual es una declaración jurada para efectos de solicitud de titulación, suscrita a las nueve horas del ocho de noviembre del dos mil dos y la escritura pública número doscientos seis, suscrita ante el Notario Público Juan Edgar Fallas García, la cual es una declaración jurada para efectos de solicitud de titulación, suscrita a las diez horas del veinticinco de agosto del dos mil tres, en ambos documentos el demandado bajo fe de juramento indicó claramente, sobre el inmueble objeto de esta controversia, que era propietario de una finca sin inscribir que es terreno de montaña (ver declaraciones juradas visibles a los folios 130 y 131 del expediente judicial y folios del 6 al 9 del expediente administrativo aportado por el IDA); 15) Que en el reconocimiento judicial efectuado por parte de los miembros que integran esta Sección de este Tribunal, a las diez horas con treinta minutos del veintinueve de setiembre del dos mil ocho, efectuado en el inmueble objeto de este proceso, este órgano jurisdiccional pudo apreciar los siguientes aspectos relevantes: a. El ingreso al inmueble es de dificil acceso, b. Se apreció zona boscosa con una zona de potrero, c. No se apreció siembras o actividades agrícolas, d. Se detectaron ocho cabezas de ganado ubicadas en la zona de potrero, e. El clima en el inmueble era húmedo, con neblina y a mucha altura sobre el nivel del mar, f. El inmueble se encontraba cercado con alambre de púas, g. En la zona de potrero se ubica una casa de zinc, sin electricidad, servicio sanitario de hueco hecho de láminas de zinc y un pequeño corral de madera, h. Existencia de una quebrada, i. Se apreció quema de algunos arboles, j. Se pudo constatar que el demandado Nombre125801  , no vive en el inmueble objeto de este proceso (ver reconocimiento judicial que se encuentra grabado en formato digital y que se ubica en el expediente judicial); 16) Que al momento de que el Instituto de Desarrollo Agrario, título el inmueble objeto de este proceso, a favor del codemandado Nombre125801 , no se contó con el estudio de capacidad de uso del suelo, requerido por el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y los numerales 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento a dicha Ley (ver escrito de contestación de la demanda del Instituto de Desarrollo Agrario a folios del 248 al 267 del expediente judicial y hecho no controvertido de conformidad a lo resuelto en la audiencia única efectuada a partir de las ocho horas con veintidós minutos del tres de agosto del dos mil nueve que se encuentra grabado en formato digital y que se ubica en el expediente judicial); 17) Que mediante oficio número DEGEO-047-09, del 30 de marzo de 2009, elaborado por el Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el cual se realizó un Estudio para verificar el uso del suelo en fotográfias aéreas de inmueble ubicado en (La Sabana) Le Legua, Aserrí San José, terreno objeto de este proceso y que se encuentra bajo el plano catastrado número SJ-600333-99, se determinó en lo que interesa para el dictado de la presente resolución los siguientes aspectos: "La revisión de fotografías de 1997 y 2003 en relación con la ubicación aproximada del inmueble del plano catastrado SJ-6000333-99, ha generado las siguientes conclusiones: El uso del suelo del inmueble en el plano catastrado SJ-600333-99 es conforme a lo observado en fotografias aéreas de 1997 y 2003; a saber: que en esos dos años existieron del manchas de bosque coincidentes con lo que el plano describe como "montaña"; asimismo, el resto del área de la finca posee una cobertura de pastos y arbustos entremezclados, que se desarrolla principalmente en el sector este de la propiedad, denominada en el plano como "tacotales." (ver estudio a folios 548 al 551 del expediente judicial); 18) Que mediante oficio DST-217-09, del 23 de julio de 2009, emitido por el Jefe del Departamento de Servicios Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), le remitió a la Contraloría General de la República, un Certificado de Uso Conforme del Suelo, elaborado por el Ing. Agr. German José Aguilar Vega, funcionario del INTA, realizado en el inmueble objeto de este proceso, en el cual se dividió y analizó el uso del suelo en la propiedad titulada a nombre del codemandado Nombre125801 , de la siguiente manera: Sector A: Potrero 3, 36 hectáreas (9,58%), Charral 5,23 hectáreas (14,91%), Bosque 6,30 hectáreas (17,95%); Sector B: Bosque 7,13 hectáreas (20,33%); Sector C: Potrero 2,90 hectáreas (8,27%); Sector D: Matorral 10,16 hectáreas (28,96%). Asimismo, se indicó textualmente, en lo que interesa para el dictado de esta resolución, lo siguiente: "De conformidad con el artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Consevación de Suelos, Nº 7779 del 30 de abril de 1998 y con base en una visita de campo, esta instancia certifica que en el 9,58 por ciento de la finca NO SE HA EJERCIDO el uso conforme del suelo para la actividad que realiza de acuerdo con la metodología aprobada y en el 90,42 por ciento SE HA EJERCIDO el uso conforme del suelo para la actividad que se realiza con la metodología aprobada" (...) El uso actual de la tierra está en potrero, charral, matorral y bosque. (...) El potrero de tipo herbazal ralo (...) suelos ácidos, degradados y de baja fertilidad (...) Posiblemente esta modalidad de potrero solo permita una carga animal baja, menor a 1 unidad animal/hectária/año. En el sector A, cubierto por potrero se presenta el uso no conforme de la tierra, de acuerdo a la metodología actual para la determinación de la capacidad de uso de las tierras en Costa Rica, la pendiente fuertemente ondulada es la principal limitante de esta área, la cual es superior al 40 por ciento, simple, convexa, larga con orientación al poniente, por lo que no son aptas para su uso actual de pasturas, su manejo se cirscuncribe a la producción forestal o cultivos permanentes de altura, mediante a prácticas intensivas de conservación de suelos y aguas. (...) El charral esta sometido a regeneración natural por especies nativas, colonizadoras, las cuales son abundantes, con media a alta cobertura y cercanas al 1 metro de altura. El bosque esta cubierto de árboles y arbustos con sotobosque denso, la altura del estrato superior es alrededor de 15 metros, con especies siempreverdes, latifolias, perennes, en especial de la familia Fabaceae, robles encinos (Quercus spp), con numerosas epifitias Bromeleaceas, Sphagnum, y bejucos en sus ramas. La zona de matorral al oriente de la propiedad con relieve fuertemente escarpado cia (sic) la depresión de la quebradaPilas de la Cuenca del río Pirris, corresponde a un ecosistema de vegetación arbustiva rala, dominado por Asteraceas (Vernomia spp), expuestas a fuertes y constantes vientos y neblina, por lo que son pequeños, ramificados, con tallos retorcidos y hojas coriáceas, existen espacios de exposición del suelo, el cual es extremadamente pedregoso y con profundidad efectiva superficial. Transcurren en las simas yurros y la quebrada Lajas la cual se encuentra protegida por boscaje. La propiedad esá (sic) afectada por la ley forestal 7575 artículo 33. Las áreas de regeneración natural, matorral y bosque deben mantenerse bajo las condiciones presentes, que son acordes con la capacidad de uso actual de la tierra. Las clases VII y VIII, según la legislación vigente son de manejo forestal o preservación de la flora y fauna, protección de áreas de recarga acuífera, reserva genética y belleza escénica." (ver folios 552 al 559 del expediente judicial).    

 

II- HECHO NO PROBADO: Determinante para la resolución del presente proceso, se tiene por indemostrado el siguiente: 1) Que el codemandado Nombre125801  , haya actuado de mala fe al momento de solicitar la titulación del inmueble objeto de este proceso y en su posterior titulación (los autos).

 

III- SOBRE EL OBJETO DE ESTE PROCESO DE CONOCIMIENTO DE TRAMITE PREFERENTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: La Contraloría General de la República, acude a esta instancia jurisdiccional, con la pretensión de que se anule el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, contenido en el Artículo 32 de la sesión número 016-04, de fecha 3 de mayo del 2004, únicamente, en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor del codemandado Nombre125801  , descrita en el plano catastrado número Placa26957, así como se anule la escritura pública número 47, otorgada ante los Notarios Públicos Giovanni Varela Dijeres y Alba Iris Ortiz Recio, a las 8 horas del día 24 de mayo del 2004, que formalizó y protocolizó la titulación emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario, únicamente, en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor del señor Nombre125801  . Asimismo, solicita el órgano contralor que se anule el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo el sistema de Folio Real matrícula número Placa26958 (finca titulada), emitido por el Registro Nacional. Además, solicita el órgano demandante, que se declare que la finca inscrita a folio real matrícula número Placa26958 fue inscrita técnica y jurídicamente de forma indebida a favor del señor Nombre125801  , así como se declare  el inmueble descrito en el plano catastrado número Placa26959 como Patrimonio Natural del Estado y por ende, el competente para ejercer su administración es el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), debiendo el Instituto de Desarrollo Agrario adoptar las acciones pertinentes para confeccionar la escritura de traspaso a favor del Estado, así como, tramitar su inscripción en el Registro Público con el respectivo cambio en su naturaleza. Por útimo, solicita la Contraloría General de la República, que se ponga en posesión de esa finca al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y se desaloje al Señor Nombre125801  , así como se condene a los demandados al pago en abstracto de los daños y perjuicios ocasionados, así como a las costas de este proceso. El órgano contralor, fundamenta sus pretensiones en los siguientes puntos: 1. La Sala Constitucional anuló por inconstitucional, el Reglamento para la Titulación en Reservas Nacionales, por lo que de forma conexa todos los actos administrativos que se emitieron con base en esa normativa reglamentaria devienen en nulos, como el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (en adelante IDA), en el cual se le tituló al codemandado Nombre125801   un inmueble ubicado en La Sabana, del distrito La Legua del cantón Aserrí de la provincia de San José, con un área de 35 hectáreas, 82, 59 metros cuadrados, que corresponde con el plano catastrado SJ-600333-99, así como los actos que son consecuencia de éste, como la escritura pública de traspaso de la propiedad y el respectivo asiento registral; 2. La propiedad que le fue titulada por el IDA al demandado Nombre125801 , está constituida por bosques que son patrimonio natural del Estado, por lo que ese inmueble es de dominio público o demanial, que en consecuencia, es inembargable, imprescriptible, inalienable, por lo que el IDA no podía otorgar títulos de propiedad en un bien de esta naturaleza. Por ello pide que se declare Patrimonio Natural del Estado y se traslade su posesión, así como su propiedad, al Estado, específicamente al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET); 3. La Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, obliga al IDA a realizar de forma previa a otorgar una titulación, contar con el estudio de capacidad de uso de suelo, requisito que de forma ilegal no cumplió el IDA, al momento de titular la propiedad objeto de este proceso a favor del codemandado Nombre125801 . Además, de que el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, le imposibilitaba al IDA titular tierras que no clasifiquen para fines agrarios. Por su parte el IDA, codemandado en este asunto, externó sus argumentos defensivos, indicando en lo medular, los siguientes: 1. El codemandado Nombre125801 , cumplió con todos los requisitos exigidos en ese momento para el otorgamiento del título de propiedad, y que el IDA actuó dentro del bloque de legalidad y bajo el marco de la normativa que regula su actividad; 2. La constancia elaborada por el Área de Conservación Pacífico Central, Sistema de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, número ACOPAC-OTC-065, aportada durante el trámite de titulación, indicaba que la propiedad objeto de este proceso, se encontraba fuera de la Áreas Silvestres Protegidas y que no áreas que se resguardan mediante el artículo 33 de la Ley Forestal número 7575, por lo que se actuó ajustado a derecho; 3. El artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, si bien es cierto establece la necesidad de que el IDA realice estudios de capacidad de uso de suelos, esa norma se aplica para fincas que compre el IDA con recursos propios para destinarlas a la formación de Asentamientos Campesinos, y este no es el caso, ya que lo que sucedió fue que por Decreto Ejecutivo se traspasó miles de hectáreas en todo el territorio nacional, por lo que esa norma no se puede aplicar en este asunto; 4. Si bien es cierto que el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, solicita un estudio adecuado de uso conforme de suelos para los procedimientos de titulación realizados por el IDA, se consideró que estos debían ser realizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se le encargó posteriormente, al Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (en adelante INTA), y por motivos de escazes de recursos humanos y técnicos comenzaron a realizarse esos estudios hasta el dos mil uno; 5. Para cuando se le otorgó el título al demandado el INTA, no contaba con el mecanismo o estructura para la atención de las certificaciones de uso conforme de suelos y es a esta institución la que le correspondía llevar a cabo las certificaciones de uso conforme de suelo del IDA, y el INTA, suspendió este tipo de certificaciones. Por su parte, el codemandado Nombre125801  , argumenta en su defensa, que la propiedad, en la cual el IDA le otorgó el título de propiedad, siempre la había poseído, incluso, él recibió los derechos de posesión de ese inmueble de su propia mamá. Asimismo, aduce que él presentó los requisitos que le solicitó el IDA, y dicha institución la otorgó el título de propiedad. Indica, que él siempre a explotado ese inmueble con algunas cabezas de ganado y que siempre ha respetado y conservado el bosque que se ubica dentro de esa propiedad. Establecidos los argumentos de las partes en conflicto, este Tribunal procede al análisis de los argumentos de fondos, a efectos de determinar quién lleva la razón en este asunto.

 

IV-EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO COMO EXPRESIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO, RECONOCIDO Y TUTELADO POR EL DERECHO DE LA CONSTITUCIÓN: Considera este órgano jurisdiccional, que antes de entrar a resolver el caso en concreto, resulta necesario referirse a lo que ya esta misma Sección de este Tribunal, ha explicado, como marco general, de lo que se entiende como patrimonio natural del Estado, en zonas forestales. En ese sentido, la resolución número 0063-2009, dictada a las dieciséis horas del diecinueve de enero del dos mil nueve, indicó en lo que interesa para el dictado de esta sentencia, lo siguiente: 

"Reconocimiento constitucional  del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En Costa Rica, el reconocimiento y tutela en el Derecho de la Constitución del citado derecho fundamental  no tiene como punto de partida la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, dispuesta por Ley número 7412 del tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Lo anterior toda vez que ya que desde la promulgación del texto constitucional en el año 1949, la voluntad del Constituyente fue clara al establecer en el artículo 89, que: “Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico”; lo cual, se complementa con la tajante declaración contenida en el artículo 21, en el sentido de que en nuestro país, “La vida humana es inviolable”. La integración de lo dispuesto en ambos artículos implica, que la necesidad de preservar el medio ambiente –aunque en esa época el Constituyente utilizara el término de bellezas naturales-, trasciende una finalidad de carácter meramente cultural, para convertirse en una necesidad vital de todo ser humano, pues constituye un presupuesto esencial para hacer efectivos otros derechos fundamentales como lo son: la vida, la salud y el desarrollo. (véanse en ese sentido, las sentencias número 1993-03705 de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres; 1993-06240 de las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil  novecientos noventa y tres; 1993-04423 de las doce horas del siete de diciembre de mil novecientos noventa y tres, 1994-02485 de las nueve horas dieciocho minutos del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, todas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).  En ese sentido, cabe recordar que el Derecho de la Constitución está compuesto no sólo por el texto constitucional, sino también por los valores y principios que informan y permean su contenido, como también por los Tratados Públicos, los Convenios Internacionales y los Concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, así como también, por los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en la República (ver artículos 1, 7, 21, 50 de la Constitución Política; 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitución Política). Aunado a ello, las normas escritas y no escritas que conforman el Derecho a la Constitución, se caracterizan por ser de aplicación directa e inmediata, por lo que, sus destinatarios no sólo tienen el derecho de hacerlas efectivas en vía administrativa y jurisdiccional, si estiman que por acción u omisión han sido menoscabadas, sino que además, ello implica que los operadores del derecho tienen el deber de aplicarlas de forma directa e inmediata en su proceso de toma de decisiones, a efecto de cumplir los requerimientos constitucionales  (véase lo considerado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en sentencia número 1999-00644 de las once horas veinticuatro minutos del veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve).  Si se toma como base lo dispuesto en los artículos 7, 48 de la Constitución Política y, 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, podemos afirmar que aún y cuando el texto constitucional no hubiese contenido normas relativas al reconocimiento y tutela del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ese derecho y deber correlativo no sólo ya existían en el derecho interno costarricense, sino que además su tutela efectiva era exigible tanto a nivel doméstico como internacional. Ello en virtud de que el Estado Costarricense había suscrito una serie de Convenios, Tratados e Instrumentos Internacionales relacionados con esta materia, antes de que por Ley número 7412 del tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se reformara el artículo 50 de la Constitución Política, instrumentos entre los que destacan: el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (artículos 2.1, 12.1 y 12.2.c); el “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (artículo 11); la “Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural”, suscrita en París el 23 de noviembre de mil novecientos setenta y dos y, aprobada por Ley número 5980 del veintitrés de octubre de mil novecientos setenta y seis; la “Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América”, adoptada en Washington el tres de marzo de mil novecientos setenta y tres y aprobada por Ley número 3763 del diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y seis; la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, suscrito en Ramsar el dos de febrero de mil novecientos setenta y uno, y aprobado por Ley número 7224 de mil novecientos noventa y uno; el “Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono”, adoptado en Viena el veintidós de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, y aprobado por Ley número 7228 de veintidós de abril de mil novecientos noventa y uno, y su “Protocolo de Montreal Relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono”, suscrito en Montreal el dieciséis de setiembre de mil novecientos ochenta y siete, y aprobado por Ley número 7223 del dos de abril de mil novecientos noventa y uno; la “Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar”, suscrita en Montego Bay el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y aprobada por Ley número 7291 publicada el quince de julio de mil novecientos noventa y dos, entre otras. Todas esas normas internacionales se integraron al derecho interno costarricense de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 48 de la Constitución Política y, 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que, “...todos estos instrumentos internaciones son de obligado acatamiento y gozan de plena ejecutoriedad en tanto sus normas no precisen de mayor desarrollo legislativo y por ende deben ser respetadas (...) en tanto el rango normativo de aquéllas es superior...” (Sentencia número 1993-06240 dictada por la Sala Constitucional de la  Corte Suprema de Justicia a las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres). Desarrollo Infraconstitucional del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin duda, el reconocimiento y tutela del citado derecho fundamental, provocó el desarrollo infraconstitucional de aquel, por medio del dictado de normas legales o reglamentarias en las que se regulan diversas manifestaciones del mismo, las cuales fueron emitidas mucho antes de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política. Como ejemplo de ello tenemos: la Ley de Aguas (No. 276 del 27 de agosto de 1942; Ley de Planificación Urbana (No. 4240 del 15 de noviembre de 1978, la Ley Forestal (No. 4465 del 25 de noviembre de 1979, ya derogada); la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (No. 6043 del 2 de marzo de 1977); la Ley General de Salud (No.  5395 del 30 de octubre de 1973); la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales (No. 6084 del 24 de agosto de 1977); la Ley de Salud Animal (No.  6243 del 2 de mayo de 1978); la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (No. 7317 del 21 de octubre de 1992), entre otras. Lo anterior implica, que antes de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, el derecho fundamental a que hemos hecho referencia no sólo estaba reconocido y tutelado en el Derecho a la Constitución, sino también, se había desarrollado –aunque de manera sectorial y no con visión de conjunto- a nivel legal y reglamentario. En virtud de lo hasta ahora expuesto, este Tribunal estima que la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, no hizo sino reconocer de manera expresa y claramente individualizada, un derecho fundamental que ya estaba consagrado y garantizado por el Derecho de la Constitución; declarar en forma expresa, los alcances de la ya preexistente obligación del Estado,  respecto a garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y otorgar a las personas plena acción para defenderlo, a través de una acción popular (ver sentencias número 1994-01394 de a las quince horas veintiún minutos del dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, y 1994-05527 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de setiembre de mil novecientos noventa y  cuatro, ambas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). Consecuencias del reconocimiento de la garantía del artículo 50 constitucional en los términos explicados.  Dicho reconocimiento lleva aparejado dos aspectos relevantes para la resolución del presente proceso. Primero. La imposición de un deber, tanto para el Estado –entendido como Administración Central y Descentralizada- como para los mismos sujetos de derecho privado, de garantizar, defender y preservar ese derecho. Segundo. El establecimiento de una serie de mecanismos de carácter técnico jurídico para lograr una tutela efectiva de ese derecho, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional. En cuanto al primero de estos aspectos, cabe indicar que “La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, y congruentemente de las municipalidades (téngase presente el artículo 169 constitucional), encuentra su primera razón de ser en que por definición los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado en su papel de garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad.  La Constitución Política establece que el Estado debe garantizar, defender y preservar ese derecho.  Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales...” (sentencia No. 1999-00644 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 11:24 horas once horas del 29 de enero de 1999). En ese sentido, “...La acción que la Constitución Política impone al Estado  frente a los focos de contaminación ambiental es multidireccional y definitivamente activa, absolutamente intolerante frente a situaciones que amenazan o afectan las condiciones ambientales óptimas que están garantizadas por ella misma a los habitantes. Desde esta perspectiva no es permitido a la autoridades públicas hacer concesiones o conceder prórrogas para que se continúe afectando el medio ambiente, aún y cuando ello se haga con miras a traer beneficios económicos a una zona geográfica determinada...” (sentencia No. 1999-05906 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las 16:15 horas del 28 de julio de 1999). Ese deber constitucional del Estado de velar por la protección, defensa y preservación del medio ambiente, se desarrolla y manifiesta, entre otras,  en las siguientes normas: artículos 1, 2.a. 2.c, 2 párrafo último, 3, 12, 28, 32, 34, 37, 56, 59, 78, 83, 103 a 112 de la Ley Orgánica del Ambiente; artículos 1, 2, 9.4, 12, 22 a 30, 45, 49, 54, 86, 88 de la Ley de Biodiversidad; 3, 4, 6, 7, 15, 34, 122 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 1, 2, 5, 6, 13, 37, 54 de la Ley Forestal; 5, 6, 7, 11, 21, 29 a 33, 37 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 13.a ,13.o del Código Municipal; 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; 1, 2 de la Ley General de Salud; 1, 2, 17, 175, 176 de la Ley de Aguas; 15,18, 19, 51, 56, 58.5, Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana. Ahora bien, ese deber no sólo se circunscribe al Estado en su conjunto, sino también a los sujetos de derecho privado, quienes tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero también, a garantizarlo, preservarlo y defenderlo, tal y como se desprende, entre otros, de los artículos 1 párrafo primero, 2.a, 6, 22, 23, 99, de la Ley Orgánica del Ambiente; 10.2, 10.13, 11.4, 88 95, 101, 105 de la Ley de Biodiversidad; 15, 28 a 30, 36 a 38, 51 53, 62 a 64, 83, 88 a 121 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 57 a 66 de la ley Forestal; 37, 40, 41 a 45, 51 a 53 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 14 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; como también, de las sentencias número 1999-02219 de las quince horas dieciocho minutos del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve; 1999-05906 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las dieciséis horas quince minutos del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve, entre otras. En cuanto al segundo aspecto, relacionado con el establecimiento de una serie de mecanismos de carácter técnico jurídico para lograr una tutela efectiva de ese derecho, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional, este Tribunal considera que dichos medios de tutela pueden clasificarse en dos grandes grupos:  procesales y  materiales.  Es preciso aclarar, que si bien es cierto, se hará referencia a ejemplos concretos relacionados con cada uno de los criterios de clasificación antes indicados, la intención de este Tribunal no es la de establecer una lista de números clausus, sino únicamente resaltar por medio de dichos ejemplos, aspectos que tienen incidencia en el objeto de este proceso. En ese sentido, dentro del grupo de los mecanismos de tutela de índole procesal, cabe resaltar tres ejemplos: 1) La legitimación amplia que le otorga a toda persona el párrafo segundo del artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 105 de la Ley de Biodiversidad, para denunciar tanto en vía administrativa como jurisdiccional, las conductas que infrinjan el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y para reclamar el daño causado. Cabe resaltar que en principio, la legitimación en materia ambiental se originaría en una simple habilitación normativa sin que de por medio exista un derecho o un interés de carácter individual, colectivo o difuso,  no obstante, este Tribunal estima que en el fondo lo que cada persona pretenderá tutelar es un derecho que forma parte de su esfera vital y de cuya garantía, defensa y preservación efectiva, depende que pueda desarrollarse y vivir conforme al principio de dignidad humana (ver artículo 2.a de la Ley Orgánica del Ambiente, en el sentido de que el ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación). 2) Un sistema de medidas cautelares innominado y de ser necesario, de naturaleza anticipada (artículos 108 de la Ley de Biodiversidad, 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 19 a 30 del Código Procesal Contencioso Administrativo). 3) La aplicación de los principios rectores en materia ambiental, a saber: in dubio pro natura, preventivo y precautorio,  como medios para garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por ende, para evitar que su existencia esté restringida al plano semántico de la realidad jurídica (ver artículos 4.c, 17 y 34 de la Ley Orgánica del Ambiente, 11 incisos 1 y 2 , 92 de la Ley de Biodiversidad, principio 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río y entre otras, la sentencia número 1999-01250 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las once horas veinticuatro minutos del diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve). En ese sentido, el operador del derecho siempre deberá tomar en consideración que “...cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación  del medio ambiente...”. Por otra parte, en el grupo de los mecanismos de tutela de índole material, resultan muy representativas las dos siguientes manifestaciones: 1) La evaluación del Impacto Ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como requisito sine qua non para iniciar actividades, obras o proyectos, que puedan alterar o destruir elementos del ambiente o de la biodiversidad, o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos. Dicho requisito se encuentra vigente desde el 13  de noviembre de 1995, fecha en que se publicó la Ley Orgánica del Ambiente. También se encuentra regulado en los artículos 92 a 97 de la Ley de Biodiversidad; artículo 14 de la Convención sobre la Diversidad y sus Anexos I y II; principio 17 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río; artículo 18 de la Ley Forestal;  Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación Ambiental (Decreto Ejecutivo número 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), entre otros. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que  “...el hecho de que se reconozcan tanto el derecho a la salud como el derecho a gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado, como derechos fundamentales, obliga a la Sala a precisar que la solución del problema no puede estar fundamentado en soluciones rápidas; que, para adoptar una decisión en este campo, debe contarse con los estudios técnicos que la solución que se propone, en cada caso concreto, no será el origen de un problema de salud pública o de alteración indebida al ambiente...” (Entre otras, la sentencia No. 1995-02671 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 16:45 minutos del 24 de mayo de 1995). En ese sentido, “...no es posible que el Estado ejecute o autorice la ejecución de proyectos sobre los cuales existe duda en cuanto al impacto negativo que puedan generar al ambiente. En consecuencia, la omisión de efectuar un estudio de impacto ambiental previo, se traduce en una violación del artículo 50 constitucional...” (sentencia No. 1999-02219 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 15:18 horas del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve). 2) La existencia de bienes propios de la Nación –como les denomina el texto constitucional-, los que al formar parte del dominio público, se caracterizan por ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, por lo que, su desafectación o aplicación a usos públicos, está reservada a la Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 inciso 14 párrafo primero de la Constitución Política. Dentro de esos bienes cuya conservación constituye un asunto de interés público ambiental (artículo 11. de la Ley de Biodiversidad), se encuentran: el ambiente definido en el artículo 2.a) de la Ley Orgánica del Ambiente, como patrimonio común de todos los habitantes de la Nación; la Zona Marítimo Terrestre (artículos 1 y 73 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre); el Patrimonio Natural del Estado (artículos 13 a 18 de la Ley Forestal); la Fauna y la Flora Silvestre (artículos 3 y 4 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre); las Aguas conforme al desglose contenido en el artículo 1 de la Ley de Aguas. Sobre el Patrimonio Natural del Estado. Conforme al objeto del proceso que nos ocupa, este Tribunal centrará su análisis en el Patrimonio Natural del Estado (PNE). Dado los términos del reconocimiento del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como ya fueron explicados, es menester resaltar que la Ley Forestal No. 4465 ya citada ( y que fuera derogada por la Ley Forestal número 7575 del 5 de febrero de 1996), no sólo contenía “...como función esencial y prioridad del Estado, velar por la protección, conservación, el aprovechamiento, la industrialización, la administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables...” (artículo 1), sino también, los conceptos de Bosque (artículo 6) y de Patrimonio Forestal del Estado (artículo 32 párrafo primero). En cuanto al Patrimonio Forestal del Estado, la Ley No. 4465 establecía sus características (artículo 33); los órganos competentes para administrar y fiscalizar el Patrimonio Forestal del Estado, que conforme a esa normativa eran la Dirección General Forestal y el Ministerio de Ambiente y Energía (artículo 32 párrafo segundo), así  como las potestades conferidas a estos órganos para efectos de proteger y conservar el Patrimonio Forestal del Estado. Entre estas últimas, conviene destacar las siguientes: 1) Las acciones reinvindicatorias de esos inmuebles (artículo 33), 2) La constitución dentro del Patrimonio Natural del Estado de reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios nacionales de vida silvestre y reservas biológicas (artículos 35 a 37); 3) El deslinde en los terrenos de las áreas que conforman el Patrimonio Forestal del Estado (artículo 38). Por otra parte, en la Ley Forestal No. 7575 hoy vigente, se retoma ese concepto pero con una variación en el nombre, pues ahora se le denomina Patrimonio Natural del Estado. Dicho término es más amplio toda vez que abarca la protección y preservación del ecosistema boscoso (artículo 3 inciso c de la Ley Forestal). El Patrimonio Natural del Estado es de dominio público, razón por la cual, los terrenos y bosques comprendidos en él son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Asimismo, su conservación y administración están confiadas por ley al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), tal y como lo disponen los artículos 6.a, 13 párrafo segundo y 14 de la citada Ley Forestal y el numeral 32 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Ambiente. El PNE está integrado por dos importantes componentes: 1) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo y que se hayan declarado por Ley o por Decreto Ejecutivo, a saber: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley No. 7575, artículo 1°, párrafo 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32; Ley de Biodiversidad, artículo 22 y siguientes y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales, artículo 3° incisos. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE  y su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre, artículo 82, inciso a); 2) Los demás bosques y terrenos forestales de las áreas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las Municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, que tienen una afectación legal inmediata, excepto aquellos inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio (artículo 13 párrafo primero de la Ley Forestal). Cabe resaltar que,  tanto las Áreas Silvestres Protegidas como el resto de áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal comprendidas en la zona marítimo terrestre, están excluidas del ámbito  de regulación de la Ley No. 6043 y por ende, de la competencia de la Municipalidades, como se ampliará posteriormente.  Se encuentran estas zonas sujetas a su propia legislación (Ley Forestal), lo cual implica, que su administración compete al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (ver en este sentido la sentencia número 2008-16975 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las catorce horas cincuenta y tres minutos del doce de noviembre del dos mil ocho). Ahora bien, como parte de los deberes que les competen al MINAET y al SINAC para la conservación y protección del Patrimonio Nacional del Estado, están: 1) el ejercicio de la acción reinvindicatoria del PNE, que es imprescriptible (artículo 14); 2) delimitar en el terreno, los linderos que conforman el Patrimonio Natural del Estado (artículo 16); 3) coordinar con el Registro Nacional, el establecimiento de un catastro forestal, cuyo objetivo será regular las áreas comprendidas dentro del PNE y las que se sometan voluntariamente al régimen forestal (artículo 17); 4) La Administración Pública no puede permutar, ceder, enajenar de ninguna manera, entregar o dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes se hayan clasificado por el MINAET, por lo que, si estuvieran cubiertos de bosque, automáticamente quedarían incorporados al Patrimonio Natural del Estado (artículo 15). Con base en todo lo expuesto, este Tribunal llega a las siguientes conclusiones relevantes en el caso concreto. Primero Al constituirse el medio ambiente como Patrimonio Común de todos los habitantes de la Nación, el  Patrimonio Natural del Estado constituye una especie de ese género (artículos 50 párrafo segundo, 89, 121 inciso 14 párrafo primero de la Constitución Política, 2 inciso a) de la Ley Orgánica del Ambiente, 1 de la Ley de Biodiversidad y 13 de la Ley Forestal). Segundo. Existe una afectación legal inmediata al Patrimonio Natural del Estado, de todos aquellos terrenos comprendidos en las áreas silvestres protegidas, en las áreas declaradas inalienables –como la zona marítimo terrestre (artículo 73 de la Ley 6043)-, en los terrenos de aptitud forestal y en las fincas inscritas a nombre del Estado, de las Municipalidades, Instituciones Autónomas y demás entidades de la Administración Pública Descentralizada. Tercero. El Patrimonio Natural del Estado no requiere de una declaratoria expresa dado que, conforme a lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal, así como lo resuelto por la Sala Constitucional en sentencias 1992-03789 y 1997-04587, las zonas boscosas, los terrenos con aptitud forestal, los manglares y los humedales comprendidos dentro de las áreas inalienables, como la zona marítimo terrestre, quedan afectadas de forma inmediata a este Patrimonio, sin concurrencia de la Administración. Cuarto. En consecuencia,  la delimitación de los linderos de las áreas que conforman el Patrimonio Natural de Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Forestal, constituye una potestad que el MINAET, a través del SINAC,  debe ejercer de oficio y no sólo a instancia de parte. Ello no sólo en aplicación del deber que le imponen los artículos 21, 50 párrafo segundo y tercero, y 89 de la Constitución Política, de garantizar, preservar y conservar el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino también, porque la ley no indica que la delimitación deba realizarse sólo a instancia de parte.  No se justifica, a juicio de este órgano que el Estado pueda alegar válidamente la falta de recursos para tal efecto, como reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia constitucional (ver entre otras, las sentencias 1995-00915 de las dieciséis horas seis minutos del quince de febrero de mil novecientos noventa y cinco; 1996-000695 de las quince horas cuarenta y dos minutos del siete de febrero de mil novecientos noventa y seis) Quinto. En consecuencia,  la clasificación que realice el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, respecto del tipo de ecosistema existente en los inmuebles comprendidos dentro del Patrimonio Natural del Estado, constituye una mera categorización de aquellos, conforme a los criterios de clasificación dispuesto en el artículo 13 párrafo primero de la Ley Forestal y el Decreto Ejecutivo número 34295-MINAE, a saber: bosques, terrenos de aptitud forestal, humedales, manglares, entre otros. Sexto.  Es evidente que el Estado tiene el deber -tanto a nivel constitucional como legal- de garantizar, defender y proteger las zonas boscosas, los terrenos de aptitud forestal, los manglares, los humedales, entre otros, comprendidos en las áreas inalienables -como en este caso, la Zona Marítimo Terrestre- que por el simple hecho de tener ese carácter, quedaron afectadas de manera directa y automática al Patrimonio Natural del Estado. Por lo que, el resultado de la clasificación de la clase de ecosistema existente en dichas áreas -que debe realizarse de oficio y no sólo a instancia de parte, a fin de que tomar las medidas necesarias para lograr su protección y conservación efectivas-, no es el que determina su incorporación o no al Patrimonio Natural del Estado, pues por ley ya habían quedado afectadas a aquel, en virtud de tratarse de zonas inalienables."

De la sentencia citada, se pueden destacar para la solución de este caso, los siguientes aspectos: 1) El Estado tiene una obligación de origen constitucional y legal, de garantizar, defender y preservar el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y darle a todas las personas los instrumentos para defender este derecho fundamental; 2) Para garantizar una tutela efectiva al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se deben respetar los mecanismos de carácter técnicos y jurídicos; 3) El patrimonio natural del Estado, que forma parte del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se constituye de los inmuebles que se encuentren cubiertos de bosques, indepedientemente que se ubiquen dentro o fuera de las reservas nacionales (artículo 13 de la Ley Forestal); 4) El patrimonio natural del Estado debe estar inscrito en el Registro Nacional a nombre del Estado, y ser administrado por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (artículo 13 de la Ley Forestal); 5) El patrimonio natural del Estado, se constituye de bienes de dominio público, los cuales tienen las condiciones de ser inembargables, imprescriptibles e inalienables, por lo que su posesión por parte de particulares no causara derecho alguno a su favor  (artículo 14 de la Ley Forestal); 6) Existe una afectación legal inmediata al patrimonio natural del Estado, de cualquier inmueble que se encuentre cubierto de bosque (artículo 15 de la Ley Forestal), por lo que si se detecta por los órganos técnicos correspondientes la existencia de bosques, automáticamente y sin necesidad de declaración expresa previa, pasaran estos inmuebles a manos del Estado para que sean protegidos. Precisamente, como se explicará a continuación, el IDA no respetó en este caso ninguna de las pautas explicadas y que se encuentran reguladas en el bloque de legalidad.

 

 

V- SOBRE LA NULIDAD DE LA TITULACIÓN EFECTUADA POR EL IDA, A FAVOR DEL CODEMANDADO Nombre125801 , AL TRASLADAR UN INMUEBLE QUE ES PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO: En este caso se tiene por probado que el inmueble objeto de este proceso, que se encuentra ubicado en La Sabana, del distrito La Legua del cantón Aserrí de la provincia de San José, con un área de 35 hectáreas, 82,59 metros cuadrados, que corresponde con el plano catastrado SJ-600333-99, le fue trasladado al codemandado Nombre125801 , por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en su Artículo 32 de la Sesión 016-04 del 13 de mayo del 2004, es un terreno que es patrimonio natural del Estado, por los siguientes motivos: 1) Durante el procedimiento previo a que la Junta Directiva del IDA, le titulara el inmueble en cuestión al codemandado Nombre125801 , éste tuvo que presentar una serie de documentos, uno de los cuales era la constancia emitida por el M.s.c. Julio Bustamante B., Coordinador Ordenamiento Territorial, del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, número ACOPAC-OTC-065, del 25 de noviembre del 2002, en este documento se indicó, en lo que interesa para el dictado de esta sentencia. lo siguiente:

"Hago constar que inspeccionada la finca correspondiente a plano catastrado SJ-600333-99, con área de 35 ha 0082.59 m2, ubicada en la Dirección15384     ,  , perteneciente a FR 1219039-000, a nombre del señor Nombre125801  , céd. Placa23073, que es terreno que se encuentra con cobertura de Bosque natural y bosque en sucesión temprana." (...) "No se observa además, que se afecte el artículo Nº 33 de la Ley Forestal Nº 7575 del 05 de febrero de 1996 y sus reformas"

Es importante destacar que esta constancia es clara al indicar que el terreno objeto de debate, se encuentra con cobertura de bosque natural y bosque en sucesión temprana, por lo que este tribunal considera que desde antes de la titulación, existían pruebas técnicas de que el inmueble es de naturaleza boscosa. Ahora, esta misma certificación indica que no se observa que el terreno se encuentre afectado por el artículo 33 de la Ley Forestal, esto significa para este órgano jurisdiccional, que lo que esa constancia indicó era que ese terreno no se encontraba ubicado en un área de protección, esto es totalmente irrelevante en este caso, debido a que si se relaciona el artículo 33 con el numeral 13, ambos de la Ley Forestal,  se puede llegar a la conclusión, que el patrimonio natural del Estado, se constituye en los inmuebles que se encuentren cubiertos de bosques, indepedientemente que se ubiquen dentro o fuera de las reservas nacionales o áreas de protección, por lo que los alegatos defensivos del IDA, en el sentido de que se cumplía con el requisito técnico de contar con una certificación o constancia, del MINAET, que acreditara la naturaleza del terreno, no se cumplió; 2) Asimismo, durante el mismo proceso de titulación, el codemandado Nombre125801 , tuvo que presentar el plano catastrado del inmueble. Justamente,  en el plano catastrado SJ-6000333-99, que corresponde al terreno traspasado al demandado, se puede apreciar la existencia de montaña y tacotales, para este órgano jurisdiccional, como más adelante la prueba técnica lo confirmará, lo que se indica como montaña es precisamente la existencia de bosques; 3) También, durante el procedimiento de titulación el demandado Nombre125801 , tuvo que presentar declaraciones juradas sobre la posesión del inmueble y de que la finca no estuviese inscrita. Precisamente, mediante las escrituras número doscientos seis, suscrita ante el Notario Público Juan Edgar Fallas García, suscrita a las nueve horas del ocho de noviembre del dos mil dos y la escritura pública número doscientos seis, realizada ante el mismo Notario Público, emitida a las diez horas del veinticinco de agosto del dos mil tres, en ambos documentos, el demandado bajo fe de juramento indicó claramente, sobre el inmueble objeto de esta controversia, que era propietario de una finca sin inscribir que es terreno de "montaña" . Nótese, que nuevamente, antes de que la Junta Directiva del IDA, titulara la propiedad a favor del demandado Nombre125801 , la naturaleza del terreno a titular era de " montaña", que como se explicará más adelante con la prueba técnica que consta en autos el término montaña está haciendo referencia a la existencia de bosques; 4) En este mismo sentido, los miembros que suscriben esta sentencia, pudieron constatar directamente y en el propio inmueble objeto de este proceso, que efectivamente en el terreno existe una amplia cobertura boscosa, esto de conformidad con lo visto en el reconocimiento judicial efectuado, a partir de las diez horas con treinta minutos del veintinueve de setiembre del dos mil ocho, en el cual este órgano jurisdiccional pudo apreciar los siguientes aspectos relevantes: a. El ingreso al inmueble es de difícil acceso, b. Se apreció zona boscosa con una zona de potrero, c. No se apreció siembras o actividades agrícolas, d. Se detectaron ocho cabezas de ganado ubicadas en la zona de potrero, e. El clima en el inmueble era húmedo, con neblina y a mucha altura sobre el nivel del mar, f. El inmueble se encontraba cercado con alambre de púas, g. En la zona de potrero se ubica una casa de zinc, sin electricidad, servicio sanitario de hueco hecho de láminas de zinc y un pequeño corral de madera, h. Existencia de una quebrada, i. Se apreció quema de algunos arboles, j. Se pudo constatar que el demandado Nombre125801  , no vive en el inmueble objeto de este proceso. Justamente, de lo indicado este Tribunal, extrae tres conclusiones importantes; la primera, de que se confirma la existencia de bosque, incluso de una quebrada, por lo que es innegable la naturaleza de esa propiedad como parte del patrimonio natural del Estado; segunda, que el demandado Nombre125801 , no vive en el inmueble, aspecto relevante, ya que no podría a firmarse que este señor tiene como medio de subsistencia esa finca, debe hacerse notar que existe en la propiedad una casa de zinc y un servicio sanitario de hueco que no son el lugar de residencia del demandado Nombre125801  y tercero, no existen siembras o actividades agrícolas, por lo que ese inmueble no está siendo utilizado para fines de producción agrícola. Incluso, se pudo constatar la existencia de ocho cabezas de ganado y un pequeño corral de madera, esto no constituye en criterio de este órgano jurisdiccional, una actividad agraria, ya que ese ganado es escaso, y por el acceso tan difícil a esa propiedad, es muy poco probable que de dicha finca se pueda comercializar carne o sacar productos agrícolas; 5) Ahora, todo lo indicado, viene a hacer confirmado por prueba técnica, que prueba, sin ninguna duda, que el terreno que tituló el IDA a favor del demandado Nombre125801 , es patrimonio natural del Estado. En ese sentido, la prueba técnica elaborada por el Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes,  mediante oficio número DEGEO-047-09, del 30 de marzo de 2009, en el cual se realizó un Estudio para verificar el uso del suelo en fotográfias aéreas de inmueble ubicado en (La Sabana) La Legua, Aserrí San José, terreno objeto de este proceso y que se encuentra bajo el plano catastrado número SJ-600333-99, que justamente es la propiedad que nos ocupa en este caso, se determinó en lo que interesa para el dictado de la presente resolución los siguientes aspectos:

"La revisión de fotografías de 1997 y 2003 en relación con la ubicación aproximada del inmueble del plano catastrado SJ-6000333-99, ha generado las siguientes conclusiones: El uso del suelo del inmueble en el plano catastrado SJ-600333-99 es conforme a lo observado en fotografias aéreas de 1997 y 2003; a saber: que en esos dos años existieron dos manchas de bosque coincidentes con lo que el plano describe como "montaña"; asimismo, el resto del área de la finca posee una cobertura de pastos y arbustos entremezclados, que se desarrolla principalmente en el sector este de la propiedad, denominada en el plano como "tacotales."   

Este criterio técnico, confirma lo indicado tanto en las declaraciones juradas, como en el mismo plano catastrado, de que el término "montaña", en la realidad significa que existe en la finca cobertura boscosa. También esta prueba, constata lo apreciado en el reconocimiento judicial efectuado por este Tribunal, que en la propiedad titulada por el IDA a favor del demandado Nombre125801 , existe y ha existido, bosque; 6) Otra prueba técnica de fundamental importancia, consiste en lo indicado en el oficio DST-217-09, del 23 de julio de 2009, emitido por el Jefe del Departamento de Servicios Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), en el cual le remitió a la Contraloría General de la República, un Certificado de Uso Conforme del Suelo, que como se explicará en el siguiente considerando, nunca fue elaborado durante el trámite de titulación realizado por el IDA, siendo este tipo de estudios obligatorios para la institución demandada, y que fue elaborado por el Ing. Agr. German José Aguilar Vega, funcionario del INTA, realizado en el inmueble objeto de este proceso, en el cual se dividió y analizó el uso del suelo en la propiedad titulada a nombre del codemandado Nombre125801 , de la siguiente manera: Sector A: Potrero 3, 36 hectáreas (9,58%), Charral 5,23 hectáreas (14,91%), Bosque 6,30 hectáreas (17,95%); Sector B: Bosque 7,13 hectáreas (20,33%); Sector C: Potrero 2,90 hectáreas (8,27%); Sector D: Matorral 10,16 hectáreas (28,96%). Esta división, concuerda con lo que los miembros de este Tribunal apreciaron en la zona, pero desde una perspectiva técnica y científica. Asimismo, en esta certificación, se indicó textualmente, en lo que interesa para el dictado de esta resolución, lo siguiente:

"De conformidad con el artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Consevación de Suelos, Nº 7779 del 30 de abril de 1998 y con base en una visita de campo, esta instancia certifica que en el 9,58 por ciento de la finca NO SE HA EJERCIDO el uso conforme del suelo para la actividad que realiza de acuerdo con la metodología aprobada y en el 90,42 por ciento SE HA EJERCIDO el uso conforme del suelo para la actividad que se realiza con la metodología aprobada" (...) El uso actual de la tierra está en potrero, charral, matorral y bosque. (...) El potrero de tipo herbazal ralo (...) suelos ácidos, degradados y de baja fertilidad (...) Posiblemente esta modalidad de potrero solo permita una carga animal baja, menor a 1 unidad animal/hectária/año. En el sector A, cubierto por potrero se presenta el uso no conforme de la tierra, de acuerdo a la metodología actual para la determinación de la capacidad de uso de las tierras en Costa Rica, la pendiente fuertemente ondulada es la principal limitante de esta área, la cual es superior al 40 por ciento, simple, convexa, larga con orientación al poniente, por lo que no son aptas para su uso actual de pasturas, su manejo se cirscuncribe a la producción forestal o cultivos permanentes de altura, mediante a prácticas intensivas de conservación de suelos y aguas. (...) El charral esta sometido a regeneración natural por especies nativas, colonizadoras, las cuales son abundantes, con media a alta cobertura y cercanas al 1 metro de altura. El bosque esta cubierto de árboles y arbustos con sotobosque denso, la altura del estrato superior es alrededor de 15 metros, con especies siempreverdes, latifolias, perennes, en especial de la familia Fabaceae, robles encinos (Quercus spp), con numerosas epifitias Bromeleaceas, Sphagnum, y bejucos en sus ramas. La zona de matorral al oriente de la propiedad con relieve fuertemente escarpado cia (sic) la depresión de la quebradaPilas de la Cuenca del río Pirris, corresponde a un ecosistema de vegetación arbustiva rala, dominado por Asteraceas ((Vernomia spp), expuestas a fuertes y constantes vientos y neblina, por lo que son pequeños, ramificados, con tallos retorcidos y hojas coriáceas, existen espacios de exposición del suelo, el cual es extremadamente pedregoso y con profundidad efectiva superficial. Transcurren en las simas yurros y la quebrada Lajas la cual se encuentra protegida por boscaje. La propiedad esá (sic) afectada por la ley forestal 7575 artículo 33. Las áreas de regeneración natural, matorral y bosque deben mantenerse bajo las condiciones presentes, que son acordes con la capacidad de uso actual de la tierra. Las clases VII y VIII, según la legislación vigente son de manejo forestal o preservación de la flora y fauna, protección de áreas de recarga acuífera, reserva genética y belleza escénica."

De lo expresado en este Certificado de Uso Conforme del Suelo, elaborado por el INTA, este órgano jurisdiccional llega a las siguientes conclusiones: a) Que existe un porcentaje bastante elevado de hectáreas que son bosques, y además, que las zonas de charral y matorral son áreas de regeneración natural, que deben ser protegidas, por lo que la propiedad objeto de este proceso, es patrimonio natural del Estado en su totalidad; b) Esta certificación afirma que el inmueble titulado se encuentra afectado por el artículo 33 de la Ley Forestal 7575, esto significa que está comprendido dentro de un área de protección forestal; c) De la certificación indicada, este órgano jurisdiccional puede inferir, que la zona de potrero tiene una fertilidad baja, lo que significa que no es muy apta para el desarrollo de actividades agrícolas. Incluso, este documento afirma que en la zona de potrero, se permite una carga de ganado bastante baja, por lo que la propiedad tampoco es adecuada para realizar actividades ganaderas. Es decir, el inmueble titulado por la institución demandada a favor del codemandado Nombre125801 , no clasifica para fines agrarios según la certificación de uso conforme del suelo emitida por el INTA. En consecuencia, el inmueble que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en su Artículo 32 de la Sesión 016-04 del 13 de mayo del 2004, tituló a favor del codemandado Nombre125801 , constituye patrimonio natural del Estado, de conformidad con los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 33 de la Ley Forestal número 7575, por lo que es inembargable, imprescriptible e inalienable al ser un bien de dominio público, por lo que no son de recibo las alegaciones del codemandado Nombre125801 , de que su derecho de titulación se deriva de los derechos de posesión ejercidos por él y su familia, ya que en estos terrenos la posesión por parte de particulares no causara derecho alguno a su favor. Asimismo, al ser dicha propiedad patrimonio natural del Estado, y constar esta naturaleza demanial, antes, durante y después del procedimiento de titulación efectuado por el IDA, vicia de nulidad absoluta todas las conductas administrativas formales que permitieron el traslado de esa propiedad al demandado Nombre125801 . Asimismo, la conducta administrativa realizada por el IDA en este asunto se considera un funcionamiento anormal, que como se explicará en los siguientes considerandos, produce responsabilidad administrativa, que debe ser indemnizada por parte de dicha institución demandada.

 

VI- SOBRE LA NULIDAD DE LA TITULACIÓN EFECTUADA POR EL IDA, A FAVOR DEL CODEMANDADO Nombre125801 , AL NO EXISTIR NORMATIVA QUE LA SUSTENTE Y OMITIRSE REQUISITOS NECESARIOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE TITULACIÓN: Para este órgano jurisdiccional, con solo lo explicado en el considerando anterior, es motivo suficiente para anular las conductas administrativas del IDA y declarar con lugar esta demanda, sin embargo, en el curso de este proceso, las partes han discutido sobre otras razones que vician el procedimiento de titulación efectuado a favor del codemandado Nombre125801 , que este Tribunal debe analizar. En este sentido, las conductas administrativa efectuadas por el IDA, objeto de este proceso, también devienen en nulas, por las siguientes razoneS: 1) Se tiene por probado, que la titulación efectuada por la Junta Directiva del IDA, del inmueble en discordia, a favor del codemandado Nombre125801 , se sustentó en el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Naturales, aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en su artículo segundo, de la sesión cero cincuenta y cinco -cero dos, celebrada el doce de agosto del dos mil dos, el cual fue publicado en La Gaceta número 173 del diez de setiembre del dos mil dos. Precisamente, por resolución dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto número 02063-07, de las catorce horas con cuarenta minutos del catorce de febrero del dos mil siete, se anuló por inconstitucional dicho reglamento. Asimismo, dicha sentencia indicó claramente lo siguiente:

"XV. De los efectos de la inconstitucionalidad que se declara: Al tenor de lo dispuesto en los artículos 90 párrafo primero y 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la estimación de inconstitucionalidad que se hace en esta sentencia en relación con el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario por el artículo 11 de la sesión número 055-02, del doce de agosto del dos mil dos, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 173, del diez de agosto del dos mil dos, tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de este cuerpo reglamentario, sea el doce de agosto del dos mil dos, lo anterio, de manera que procede la recuperación de los bienes que, siendo de dominio público, hayan sido objeto de titulación al tenor de la normativa que ahora se anula, lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial del Estado que derive de esta inconstitucionalidad"

Precisamente, la titulación realizada por el IDA, del terreno que constituye patrimonio natural del Estado, por lo ya explicado, a favor del codemandado Nombre125801 , no se sustenta en una normativa que exista dentro del bloque de legalidad, por lo que deviene en una conducta administrativa nula, con la sola la declaración de inconstitucionalidad realizada por nuestro Tribunal Constitucional. Además, le preocupa a este Tribunal, que pese a lo ordenado por la Sala Constitucional, en el sentido de que se deben recuperar los bienes de dominio público, que fueron objeto de titulación con base en el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Naturales, en este caso en particular, el IDA no haya hecho ningún tipo de gestión tendiente a cumplir con lo ordenado por la Sala Constitucional, lo que denota una conducta omisiva y una clara violación a los deberes que tienen todas las Administraciones Públicas de proteger el patrimonio natural del Estado, lo que constituye un funcionamiento anormal, por tanto, contrario a Derecho; 2) Es un hecho probado que por Decreto Ejecutivo número 3667-G, dictado el dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y cuatro, y públicado en La Gaceta número 72, Alcance 64, del diecisiete de abril de mil novecientos setenta y cuatro, se traspasó de forma gratuita al Instituto de Tierras y Colonización (actual IDA), un área de 267.239 hectáreas para crear el Programa de Titulación "Parrita-Puriscal", en donde se ubicaban ocupantes de predios que no tenían regularizada la posesión de esos terrenos. Justamente, ese terreno traspasado al Instituto de Tierras y Colonización (actual IDA), se inscribió en el Registro Nacional a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, bajo el sistema de folio real, matrícula Placa26960, que fue la finca madre. A su vez, la parcela número 92691, que se encontraba ubicada dentro del Proyecto Puriscal Parrita, es decir, era una segregación de la finca madre indicada anteriormente, ubicada en La Sabana, del distrito La Legua del cantón Aserrí de la provincia de San José, con un área de 35 hectáreas, 82, 59 metros cuadrados, que correspondía con el plano catastrado SJ-600333-99, fue precisamente, el inmueble que la Junta Directiva del IDA, tituló a favor del codemandado Nombre125801 , y que se inscribió en el Registro Nacional bajo la matrícula de folio real número Placa26958, a nombre del demandado Nombre125801  . Ahora, el Decreto Ejecutivo número 3667-G, dictado el dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y cuatro, y publicado en La Gaceta número 72, Alcance 64, del diecisiete de abril de mil novecientos setenta y cuatro, fue derogado mediante Decreto Ejecutivo número 346554-MGP, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 147 del 31 de julio de 2008, el cual dispuso en su artículo 2º, textualmente lo siguiente:

"Se autoriza al Instituto de Desarrollo Agrario para que mediante el procedimiento correspondiente proceda a cancelar las inscripciones en el Registro Público que se generaron a raíz de los decretos mencionados"

Como se desprende de lo dicho, el Decreto Ejecutivo que creo la finca madre, que a su vez, se segrega de ésta el inmueble titulado por el IDA a favor del demandado Nombre125801 , fue derogado por otro Decreto Ejecutivo, por lo que la titulación realizada al demandado Nombre125801 , carece de sustento en su base, debido a que no existe actualmente la propiedad originaria y la norma que habilito la titulación de esos terrenos. Ahora, nuevamente, este Tribunal, nota que pese a la orden, expresa, dada en el Decreto Ejecutivo número 346554-MGP, al IDA en el sentido de que debía iniciar los procedimientos para cancelar las inscripciones en el Registro Público, que se generaron con el Decreto Ejecutivo número Placa20346, dictado el dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y cuatro, en el caso particular, ha existido una conducta omisiva, ya que el IDA, no gestionó en sede administrativa la nulidad del título dado al codemandado Nombre125801 ; 3) Además, de los motivos expuestos, existe un último argumento expuesto por la Contraloría General de la República, en el sentido de que la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, obliga al IDA a realizar de forma previa, a otorgar una titulación, contar con el estudio de capacidad de uso de suelo, requisito que de forma ilegal no cumplió el IDA, al momento de titular la propiedad objeto de este proceso a favor del codemandado Nombre125801 . Además, de que el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, le imposibilitaba al IDA titular tierras que no clasifiquen para fines agrarios. Este alegato lo comparte plenamente este Tribunal, debido a que se tiene por probado que al momento de que el Instituto de Desarrollo Agrario, título el inmueble objeto de este proceso, a favor del codemandado Nombre125801 , no se contó con el estudio de capacidad de uso del suelo, requerido por el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y los numerales 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento a dicha Ley. Esto debido a que el mismo IDA lo acepta en su escrito de demanda, y porque en este caso, dentro de la audiencia preliminar, se declararon como no controvertidos todos los hechos de la demanda, entre ellos este hecho. Asimismo, para este Tribunal, existió en este caso una clara violación a los establecido en el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, que dispone:

ARTÍCULO 27.- Será obligatorio para el Instituto de Desarrollo Agrario disponer de estudios de capacidad de uso de la tierra, antes de adquirir terrenos para fines de titulación.

Toda adjudicación de terrenos deberá tener como limitación que el uso del terreno adjudicado no pueda ir en contra de su capacidad de uso. El incumplimiento de esta disposición acarreará la revocatoria de la adjudicación, aparte de otras penas con que se pueda castigar por los delitos que le sean imputables.

Nótese, que la norma es muy clara en la obligación del IDA, de contar con los estudios de capacidad de uso de suelos, de previo a titular, y que el incumplimiento de ese mandato acarreará la revocatoria de la adjudicación, que fue lo que sucedió en este caso, debido a que en la titulación realizada a favor del codemandado Nombre125801 , el IDA no solicitó, ni contó con este estudio, violando de manera grosera la citada norma, por lo que también desde esta perspectiva, la titulación realizada a favor del codemandado Nombre125801  deviene en absolutamente nula. En este sentido, el argumento defensivo del IDA, de que el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, si bien es cierto establece la necesidad de que el IDA realice estudios de capacidad de uso de suelos, esa norma se aplica para fincas que compre el IDA con recursos propios para destinarlas a la formación de Asentamientos Campesinos, y este no es el caso, ya que lo que sucedió fue que por Decreto Ejecutivo se traspasó miles de hectáreas en todo el territorio nacional, por lo que esa norma no se puede aplicar en este asunto, es totalmente improcedente ese alegato, debido a que el citado artículo, indica, "antes de adquirir terrenos para fines de titulación", por lo que la norma no realiza distinción, de si los terrenos que adquiera el IDA, sea por compra con recursos propios o por simple traspaso, como en este caso, establecido por Decreto Ejecutivo. Es decir, el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, es de aplicación obligatoria para toda titulación de inmuebles que el IDA realice de terrenos que esta institución adquiera por cualquier título traslativo de dominio. Además, el IDA, violó abiertamente lo establecido en los artículos 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo número 29375 MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, que disponen:

Artículo 58.—En toda información posesoria o que se presente ante el IDA o ante los Tribunales de Justicia, con el fin de inscribir en el Registro Público de la Propiedad, el interesado, además de los requisitos que exige la normativa común, deberá de demostrar, con un estudio adecuado de suelos, que ha ejercido la posesión cumpliendo con el uso conforme del suelo para la actividad que realiza de acuerdo con la metodología aprobada, y ejecutándolas con las mejores prácticas de su manejo, según la mejor tecnología disponible en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43 y 64 de la Ley Nº 7779 y este Reglamento.

 

Artículo 59.—El estudio será realizado por el Certificador de Uso Conforme del Suelo, quien deberá analizar y certificar con base en visita de campo, si la posesión en las actividades del inmueble, se han ejercido de acuerdo con el uso conforme de suelo según su clasificación y que en el inmueble se realizan prácticas de manejo y conservación de suelos y aguas de acuerdo con la metodología aprobada.

 

Artículo 60.—Es obligatorio para el IDA contar con estudios de suelos, al menos a nivel de semidetalle en coordinación con el MAG, de previo a toda compra de fincas, parcelación, adjudicación, titulación, arrendamiento, y con mayor énfasis en la titulación de tierras ubicadas en reservas nacionales según ley 7599 del 29 de abril de 1996.

 

Artículo 61.—Por ningún concepto el IDA podrá adquirir, adjudicar o titular tierras que no clasifiquen para fines agrarios según el estudio de suelos.

 

Artículo 62.—Si del estudio de suelos y la clasificación de las tierras, no sea procedente la titulación para fines agrarios o urbanos, el IDA las destinará en su caso a reserva nacional traspasándolas en su caso al MINAE.

 

Artículo 63.—En el contrato o título de arrendamiento o adjudicación de tierras por parte del IDA, se incluirá necesariamente bajo pena de caducidad o revocación, la condición de que en el terreno el adjudicatario, no podrá realizar ninguna actividad contraria al uso, manejo y conservación de suelos y aguas. Conforme lo dispone el artículo 27 y 64 de la Ley Nº 7779. Demostrado su incumplimiento el IDA iniciará el procedimiento de revocación del TÍTULO, para lo que se anotará preventivamente en el Folio Real de la respectiva finca.

Debe hacerse notar, que la normativa citada es clara, respecto a que antes de titular e inscribir terrenos, el IDA tiene la obligación de realizar los estudios de capacidad de uso de suelos, de previo a titular. Asimismo, el citado artículo 61, le prohíbe al IDA adquirir, adjudicar o titular tierras que no clasifiquen para fines agrarios según el estudio de suelos, y precisamente, en este caso del Certificado de Uso Conforme del Suelo, elaborado por el Ing. Agr. German José Aguilar Vega, funcionario del INTA, analizado en el considerando anterior de esta resolución, se llega a la conclusión, que el inmueble objeto de este proceso, y que le fuera titulado a favor del demandado Nombre125801 , no es apto para realizar actividades agrarias o ganaderas, por lo que la nulidad de la titulación efectuada por el IDA, no solo se presenta por la existencia de bosques en el inmueble, que lo constituye en patrimonio natural del Estado, sino también, en que se tituló sobre un terreno que no es apto para actividades de explotación agrícola. Ahora, en criterio de este órgano jurisdiccional, los alegatos defensivos dados por el IDA, en el sentido de que si bien es cierto que el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, solicita un estudio adecuado de uso conforme de suelos para los procedimientos de titulación realizados por el IDA, se consideró que estos debían ser realizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se le encargó posteriormente, al Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria  INTA, y por motivos de escases de recursos humanos y técnicos comenzaron a realizarse esos estudios hasta el dos mil uno, y que para cuando se le otorgó el título al demandado, el INTA, no contaba con el mecanismo o estructura para la atención de las certificaciones de uso conforme de suelos y es a esta institución la que le correspondía llevar a cabo las certificaciones de uso conforme de suelo del IDA, y el INTA, suspendió este tipo de certificaciones, son incorrectos, debido a que el IDA no puede trasladar su responsabilidad a otras dependencias como el Ministerio de Agricultura y Ganadería o al INTA, por no poder realizar los estudios de capacidad de uso de suelos, ya que tenía la obligación legal de cumplir con ese requisito. Además, si el IDA no contaba con esos estudios, porque otras instituciones eran las encargadas y no tenían los recursos humanos y técnicos necesarios para realizarlos, lo que debió haber hecho el IDA era no titular del todo los terrenos, hasta tanto no tuviera la capacidad de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos. Precisamente, en este caso la institución demandada, otorgó un título de propiedad sin cumplir con lo establecido en el citado artículo de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y las normas indicadas de el Reglamento a dicha Ley, por lo que la nulidad de las actuaciones del IDA en este caso, son evidentes y manifiestas. En consecuencia, por todas las razones explicadas, debe declararse la nulidad del acto administrativo, únicamente en la titulación del terreno correspondiente con el plano catastrado SJ-600333-1999 a favor del demandado Nombre125801 , emitido por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en su Artículo 32 de la Sesión 016-04 del 13 de mayo del 2004, así como todos los actos conexos, que en los siguientes considerandos de esta sentencia se precisaran.

 

VII- SOBRE LA PRETENSIÓN DE CONDENA EN DAÑOS Y PERJUICIOS EN ABSTRACTO A LOS DEMANDADOS: La Contraloría General de la República, solicita que se condene a los demandados al pago de los daños y perjuicios causados. Respecto a esta pretensión, considera este Tribunal, que el IDA debe ser condenado al pago en abstracto de los daños y perjuicios debido a que las conductas activas, así como omisivas, descritas a lo largo de esta resolución, son causa suficiente para determinar que esa institución accionada incurrió en un funcionamiento anormal que debe ser indemnizado a favor del Estado o Administración Pública Central, representada en este caso por la Contraloría General de la República, con base en lo dispuesto en los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, relacionado con el numeral 122, inciso m), subinciso iii) del Código Procesal Contencioso Administrativo. En consecuencia, se condena al pago en abstracto de los daños y perjuicios ocasionados con su funcionamiento anormal, al IDA, que se determinará su existencia y cuantía en la fase de ejecución de sentencia. Ahora, este Tribunal considera, que el codemandado Nombre125801  debe ser exonerado del pago de los daños y perjuicios solicitados por el órgano contralor, debido que a lo largo de este proceso, y de las pruebas que constan en autos, no se le puede atribuir responsabilidad, debido a que no se logró comprobar que sus actuaciones hayan sido realizadas con mala fe, dolo o culpa, al momento de ser beneficiario de una titulación, en la cual su participación fue pasiva y no activa como si lo fue la del IDA. Por lo que se exonera del pago de los daños y perjuicios al señor Nombre125801  .   

 

VIII- RESPECTO A LAS ACCIONES PERTINENTES PARA CONFECCIONAR LA ESCRITURA DE TRASPASO A FAVOR DEL ESTADO DEL INMUEBLE OBJETO DE ESTE PROCESO Y LOS TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL: La Contraloría General de la República, solicita que el inmueble objeto de este proceso, se declare patrimonio natural del Estado, aspecto aceptado en esta resolución, y que se proceda a confeccionar la escritura de traspaso a favor del Estado, así como, tramitar su inscripción en el Registro Público con su respectivo cambio de su naturaleza. Esta pretensión es aceptada por este órgano jurisdiccional, sin embargo debe hacerse según lo dispone el párrafo segundo del artículo 13 de la Ley Forestal, que dispone que será la Procuraduría General de la República, por medio de la Notaría del Estado, el órgano encargado de confeccionar la nueva escritura de traspaso, con su respectivo cambio de naturaleza, y hacer las gestiones pertinentes para inscribir esa escritura en el Registro Público de la Propiedad Inmueble.

 

IX- SOBRE LA DECLARATORIA CON LUGAR DE LAS PRETENSIONES ESTABLECIDAS EN ESTE PROCESO: Por todas las razones expuestas en esta resolución se declara con lugar la demanda, en los siguientes términos: 1) Se ordena anular el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, contenido en el Artículo 32 de la sesión número 016-04, de fecha 3 de mayo del 2004, únicamente, en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor del codemandado Nombre125801  , descrita en el plano catastrado número Placa26957. 2)  Se ordena anular la escritura pública número 47, otorgada ante los Notarios Públicos Giovanni Varela Dijeres y Alba Iris Ortiz Recio, a las 8 horas del día 24 de mayo del 2004, que formalizó y protocolizó la titulación emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario, únicamente, en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor del señor Nombre125801  . 3) Se ordena anular el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo el sistema de Folio Real matrícula número Placa26958 (finca titulada), emitido por el Registro Nacional. 4) Se declara que la finca inscrita a folio real matrícula número Placa26958 fue inscrita técnica y jurídicamente de forma indebida a favor del señor Nombre125801  . 5) Se declara  el inmueble descrito en el plano catastrado número Placa26959 como Patrimonio Natural del Estado y por ende, el competente para ejercer su administración es el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 6) Se le ordena a la Procuraduría General de la República, por medio de la Notaría del Estado, confeccionar la nueva escritura de traspaso, del inmueble objeto de este proceso, con su respectivo cambio de naturaleza, y hacer las gestiones pertinentes para inscribir esa escritura en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. 7) Se ordena desalojar del inmueble objeto de este proceso al Señor Nombre125801   y  poner en posesión de esa finca al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). Expídanse, los mandamientos respectivos al Registro Público. Se le indica a las partes que cualquier aspecto establecido en esta resolución, deberá ser ejecutado ante el Juez Ejecutor de este Tribunal, si así fuere necesario, para la debida ejecución de esta sentencia. 

 

X- RESPECTO AL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES IMPUESTAS EN ESTE PROCESO, HASTA QUE SE DICTE LA FIRMEZA DE ESTA SENTENCIA: Con la finalidad de proteger el objeto de este proceso, se ordena mantener las medidas cautelares dictadas por este Tribunal,  en la audiencia de medida cautelar, efectuada a las ocho horas y treinta y cinco minutos del ocho de octubre del dos mil ocho, mediante resolución  oral, número 700-2008, en los siguientes términos: "1) Se le ordena al demandado Nombre125801 , que se abstenga de realizar quemas y tala de bosque en la totalidad del inmueble objeto de este proceso. 2) Se le ordena al demandado Nombre125801 , no introducir ganado o cualquier otro animal que perjudique el bosque del inmueble objeto del proceso. 3) Se le prohíbe al demandado Nombre125801 ,  realizar cualquier tipo de edificación en el inmueble objeto de este proceso. 4) Se le ordena al demandado Nombre125801 , evitar encausar o alterar el cauce de cualquier quebrada o río que se encuentre dentro del inmueble objeto de este proceso."Asimismo, se rechazaron las medidas cautelares consistentes en las siguientes: "1) El no poder realizar chapea en el inmueble, esto se entiende que el codemandado podrá chapear en las zonas de claros únicamente, y donde se ubique el ganado. Por ende, se establece la imposibilidad de realizar actividad de chapea o similar dentro de la zona que se corresponde a bosque. 2) No deberá sacar las ocho cabezas de ganado que actualmente se ubican en el inmueble en el entendido de que únicamente podría aumentar las cabezas de ganado que se deriven de las crías que tengan las ocho vacas que actualmente se encuentran en el lugar.  Lo anterior supone la imposibilidad de ubicar dentro del fundo, nuevas cabezas de ganado con la excepción ya indicada. La tenencia del ganado solo podrá realizarse en la zona de claro en la cual se ubica la edificación de láminas de zinc referida, únicamente." Este tribunal considera que para efectos de garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares se requiere que el Área Pacífico Central, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), le rinda a este órgano jurisdiccional, un informe dentro de los quince días posteriores a que se le notifique lo indicado en esta resolución oral, por medio de oficio al SINAC. En dicho informe deberá consignarse lo siguiente: 1)  Que las medidas cautelares adoptadas se estén cumpliendo en los términos ordenados por este tribunal. 2) Que indiquen cuales de las ocho vacas que se encuentran actualmente en el inmueble, estén preñadas y el tiempo de gestación y fecha posible de los nacimientos de las crías. 3) Que se verifique que la actividad de chapea se realice únicamente en la zona de claro donde pastan las ocho cabezas de ganado, y que misma actividad se realice con la finalidad de dar mantenimiento a las áreas destinadas para repasto. Se advierte a los demandados que incumplir las medidas  cautelares ordenadas por este tribunal, los hará incurrir en los delitos que al efecto establece nuestro ordenamiento jurídico penal.”  Estas medidas cautelares se deberán mantener, hasta la firmeza de esta sentencia.

 

XI- SOBRE EL PAGO DE LAS COSTAS PERSONALES Y PROCESALES DE ESTE ASUNTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, y al no apreciar este órgano jurisdiccional razones válidas para la exoneración en costas, se condena al IDA, al pago de las costas procesales y personales de este proceso. Se exonera del pago de las costas procesales y personales de este proceso, al señor Nombre125801  , debido que a juicio de este Tribunal, su actuación ha sido de buena fe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193, inciso b), del Código Procesal Contencioso Administrativo.

 

POR TANTO

Se declara con lugar la presente demanda, en los siguientes términos: 1) Se ordena anular el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, contenido en el Artículo 32 de la sesión número 016-04, de fecha 3 de mayo del 2004, únicamente, en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor del codemandado Nombre125801  , descrita en el plano catastrado número Placa26957. 2)  Se ordena anular la escritura pública número 47, otorgada ante los Notarios Públicos Giovanni Varela Dijeres y Alba Iris Ortiz Recio, a las 8 horas del día 24 de mayo del 2004, que formalizó y protocolizó la titulación emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario, únicamente, en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor del señor Nombre125801  . 3) Se ordena anular el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo el sistema de Folio Real matrícula número Placa26958 (finca titulada), emitido por el Registro Nacional. 4) Se declara que la finca inscrita a folio real matrícula número Placa26958 fue inscrita técnica y jurídicamente de forma indebida a favor del señor Nombre125801  . 5) Se declara el inmueble descrito en el plano catastrado número Placa26959 como Patrimonio Natural del Estado y por ende, el competente para ejercer su administración es el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 6) Se le ordena a la Procuraduría General de la República, por medio de la Notaría del Estado, confeccionar la nueva escritura de traspaso, del inmueble objeto de este proceso, con su respectivo cambio de naturaleza, y hacer las gestiones pertinentes para inscribir esa escritura en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. 7) Se ordena desalojar del inmueble objeto de este proceso al Señor Nombre125801   y  poner en posesión de esa finca al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). Expídanse, los mandamientos respectivos al Registro Público. Se le indica a las partes que cualquier aspecto establecido en esta resolución, deberá ser ejecutado ante el Juez Ejecutor de este Tribunal, si así fuere necesario, para la debida ejecución de esta sentencia. 8) Se condena al IDA al pago en abstracto de los daños y perjuicios a favor del Estado o Administración Pública Central, representada en este caso por la Contraloría General de la República. Daños y perjuicios que se determinaran en su existencia y cuantía en la fase de ejecución de sentencia. 9) Se ordena mantener las medidas cautelares dictadas por este Tribunal,  en la audiencia de medida cautelar, efectuada a las ocho horas y treinta y cinco minutos del ocho de octubre del dos mil ocho, mediante resolución  oral, número 700-2008, hasta la firmeza de esta sentencia.10) Se condena al IDA, al pago de las costas procesales y personales de este proceso. Asimismo, se declara sin lugar la demanda en los siguientes aspectos: 1) Se exonera del pago de los daños y perjuicios al señor Nombre125801  ; 2) Se exonera del pago de las costas procesales y personales de este proceso, al señor Nombre125801  . 

 

 

 

Otto González Vílchez

 

 

Marianella Alvarez Molina                                                            José Roberto Garita Navarro

 

 

 

Expediente: 08-000903-1027-CA

Proceso de Trámite Preferente

Actor: Contraloría General de la República 

Demandado: Instituto de Desarrollo Agrario y otro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 07:17:37.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

IV - THE NATURAL HERITAGE OF THE STATE AS AN EXPRESSION OF THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT, RECOGNIZED AND PROTECTED BY CONSTITUTIONAL LAW: This jurisdictional body considers that, before proceeding to resolve the specific case, it is necessary to refer to what this same Section of this Court has already explained, as a general framework, regarding what is understood as the Natural Heritage of the State, in forest areas. In that sense, resolution number 0063-2009, issued at sixteen hours on January nineteenth, two thousand nine, indicated, with relevance to the issuance of this judgment, the following:

"Constitutional recognition of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. In Costa Rica, the recognition and protection in Constitutional Law of the cited fundamental right does not have as its starting point the reform of Article 50 of the Political Constitution, enacted by Law number 7412 of June third, nineteen ninety-four. This is because, since the promulgation of the constitutional text in 1949, the will of the Constituent was clear in establishing in Article 89 that: 'Among the cultural purposes of the Republic are: to protect natural beauties, to conserve and develop the historical and artistic heritage of the Nation, and to support private initiative for scientific and artistic progress'; this is complemented by the categorical declaration contained in Article 21, to the effect that in our country, 'Human life is inviolable'. The integration of what is provided in both articles implies that the need to preserve the environment – although at that time the Constituent used the term natural beauties – transcends a merely cultural purpose, to become a vital necessity for every human being, since it constitutes an essential prerequisite for making effective other fundamental rights such as: life, health, and development. (See in this sense, judgments number 1993-03705 at fifteen hours on July thirtieth, nineteen ninety-three; 1993-06240 at fourteen hours on November twenty-sixth, nineteen ninety-three; 1993-04423 at twelve hours on December seventh, nineteen ninety-three, 1994-02485 at nine hours eighteen minutes on May twenty-seventh, nineteen ninety-four, all from the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice). In this sense, it is worth remembering that Constitutional Law is composed not only of the constitutional text, but also of the values and principles that inform and permeate its content, as well as Public Treaties, International Conventions, and Concordats duly approved by the Legislative Assembly, as well as the International Human Rights Instruments applicable in the Republic (see Articles 1, 7, 21, 50 of the Political Constitution; 1 and 3 of the Constitutional Jurisdiction Law). In addition to this, the written and unwritten norms that make up Constitutional Law are characterized by being of direct and immediate application; therefore, their addressees not only have the right to enforce them through administrative and judicial channels, if they consider that by action or omission they have been impaired, but also, this implies that legal operators have the duty to apply them directly and immediately in their decision-making process, in order to comply with constitutional requirements (see what was considered by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in judgment number 1999-00644 at eleven hours twenty-four minutes on January twenty-ninth, nineteen ninety-nine). If we take as a basis what is provided in Articles 7, 48 of the Political Constitution and 1 and 3 of the Constitutional Jurisdiction Law, we can affirm that even if the constitutional text had not contained norms relating to the recognition and protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, that correlative right and duty not only already existed in Costa Rican domestic law, but also their effective protection was demandable at both the domestic and international levels. This is by virtue of the fact that the Costa Rican State had subscribed to a series of Conventions, Treaties, and International Instruments related to this matter, before Article 50 of the Political Constitution was reformed by Law number 7412 of June third, nineteen ninety-four. These instruments include: the 'International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights' (Articles 2.1, 12.1, and 12.2.c); the 'Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights' (Article 11); the 'Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage', signed in Paris on November 23, nineteen seventy-two, and approved by Law number 5980 of October twenty-third, nineteen seventy-six; the 'Convention on Nature Protection and Wild Life Preservation in the Western Hemisphere', adopted in Washington on October twelfth, nineteen forty, and approved by Law number 3763 of October nineteenth, nineteen seventy-six; the 'Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat', signed in Ramsar on February second, nineteen seventy-one, and approved by Law number 7224 of nineteen ninety-one; the 'Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer', adopted in Vienna on March twenty-second, nineteen eighty-five, and approved by Law number 7228 of April twenty-second, nineteen ninety-one, and its 'Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer', signed in Montreal on September sixteenth, nineteen eighty-seven, and approved by Law number 7223 of April second, nineteen ninety-one; the 'UN Convention on the Law of the Sea', signed in Montego Bay on December tenth, nineteen eighty-two, and approved by Law number 7291 published on July fifteenth, nineteen ninety-two, among others. All these international norms were integrated into Costa Rican domestic law in accordance with the provisions of Articles 7 and 48 of the Political Constitution and 1 and 3 of the Constitutional Jurisdiction Law, so that '...all these international instruments are of mandatory compliance and enjoy full enforceability insofar as their norms do not require further legislative development and therefore must be respected (...) insofar as the normative rank of those is superior...' (Judgment number 1993-06240 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at fourteen hours on November twenty-sixth, nineteen ninety-three). Infraconstitutional Development of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. Without a doubt, the recognition and protection of the cited fundamental right provoked its infraconstitutional development, through the issuance of legal or regulatory norms regulating various manifestations thereof, which were issued long before the reform of Article 50 of the Political Constitution. Examples include: the Water Law (No. 276 of August 27, 1942); the Urban Planning Law (No. 4240 of November 15, 1978); the Ley Forestal (No. 4465 of November 25, 1979, now repealed); the Maritime-Terrestrial Zone Law (No. 6043 of March 2, 1977); the General Health Law (No. 5395 of October 30, 1973); the Law for the Creation of the National Parks Service (No. 6084 of August 24, 1977); the Animal Health Law (No. 6243 of May 2, 1978); the Wildlife Conservation Law (No. 7317 of October 21, 1992), among others. This implies that, before the reform of Article 50 of the Political Constitution, the fundamental right to which we have referred was not only recognized and protected in Constitutional Law, but had also been developed – although in a sectoral manner and without a comprehensive vision – at the legal and regulatory level. By virtue of the foregoing, this Court considers that the reform of Article 50 of the Political Constitution did nothing but expressly and clearly recognize, in an individualized manner, a fundamental right that was already enshrined and guaranteed by Constitutional Law; expressly declare the scope of the already pre-existing obligation of the State to guarantee, defend, and preserve the right to a healthy and ecologically balanced environment; and grant persons full standing to defend it, through a popular action (see judgments number 1994-01394 at fifteen hours twenty-one minutes on March sixteenth, nineteen ninety-four, and 1994-05527 at ten hours forty-five minutes on September twenty-third, nineteen ninety-four, both from the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice). Consequences of the recognition of the guarantee of constitutional Article 50 in the terms explained. Said recognition entails two relevant aspects for the resolution of the present proceeding. First. The imposition of a duty, for both the State – understood as the Central and Decentralized Administration – and for subjects of private law themselves, to guarantee, defend, and preserve that right. Second. The establishment of a series of technical-legal mechanisms to achieve effective protection of that right, both at the administrative and jurisdictional levels. Regarding the first of these aspects, it should be noted that 'The impact that the right to a healthy and ecologically balanced environment has within the activity of the State, and congruently of the municipalities (bear in mind constitutional Article 169), finds its primary reason for being in that, by definition, rights are not limited to the private sphere of individuals but also have transcendence in the very structure of the State in its role as guarantor thereof, and, secondly, because the State's activity is directed toward satisfying the interests of the community. The Political Constitution establishes that the State must guarantee, defend, and preserve that right. Prima facie, to guarantee is to secure and protect the right against some risk or need, to defend is to prohibit, veto, and impede any activity that threatens the right, and to preserve is an action aimed at anticipatorily safeguarding the right from possible dangers in order to make it endure for future generations. The State must assume a dual behavior of acting and refraining; on one hand, it must refrain from itself threatening the right to a healthy and ecologically balanced environment, and on the other hand, it must assume the task of issuing the measures that allow compliance with the constitutional requirements...' (judgment No. 1999-00644 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 11:24 hours on January 29, 1999). In that sense, '...The action that the Political Constitution imposes on the State regarding sources of environmental pollution is multidirectional and definitively active, absolutely intolerant of situations that threaten or affect the optimal environmental conditions that are guaranteed by it itself to the inhabitants. From this perspective, public authorities are not permitted to make concessions or grant extensions for the continued harming of the environment, even when this is done with a view to bringing economic benefits to a specific geographical area...' (judgment No. 1999-05906 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at 16:15 hours on July 28, 1999). This constitutional duty of the State to ensure the protection, defense, and preservation of the environment is developed and manifested, among others, in the following norms: Articles 1, 2.a. 2.c, 2 last paragraph, 3, 12, 28, 32, 34, 37, 56, 59, 78, 83, 103 to 112 of the Organic Environmental Law; Articles 1, 2, 9.4, 12, 22 to 30, 45, 49, 54, 86, 88 of the Biodiversity Law; 3, 4, 6, 7, 15, 34, 122 of the Wildlife Conservation Law; 1, 2, 5, 6, 13, 37, 54 of the Ley Forestal; 5, 6, 7, 11, 21, 29 to 33, 37 of the Law on the Use, Management and Conservation of Soils; 13.a, 13.o of the Municipal Code; 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25 of the Maritime-Terrestrial Zone Law; 1, 2 of the General Health Law; 1, 2, 17, 175, 176 of the Water Law; 15, 18, 19, 51, 56, 58.5, Transition II of the Urban Planning Law. Now, this duty is not only confined to the State as a whole, but also to subjects of private law, who have the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, but also to guarantee, preserve, and defend it, as can be inferred, among others, from Articles 1 first paragraph, 2.a, 6, 22, 23, 99, of the Organic Environmental Law; 10.2, 10.13, 11.4, 88, 95, 101, 105 of the Biodiversity Law; 15, 28 to 30, 36 to 38, 51, 53, 62 to 64, 83, 88 to 121 of the Wildlife Conservation Law; 57 to 66 of the Ley Forestal; 37, 40, 41 to 45, 51 to 53 of the Law on the Use, Management and Conservation of Soils; 14 of the Maritime-Terrestrial Zone Law; as well as judgments number 1999-02219 at fifteen hours eighteen minutes on March twenty-fourth, nineteen ninety-nine; 1999-05906 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at sixteen hours fifteen minutes on July twenty-eighth, nineteen ninety-nine, among others. Regarding the second aspect, related to the establishment of a series of technical-legal mechanisms to achieve effective protection of that right, both at the administrative and jurisdictional levels, this Court considers that said means of protection can be classified into two large groups: procedural and material. It is necessary to clarify that, although reference will be made to specific examples related to each of the aforementioned classification criteria, the intention of this Court is not to establish a numerus clausus list, but only to highlight through said examples aspects that have an impact on the object of this proceeding. In that sense, within the group of procedural protection mechanisms, three examples stand out: 1) The broad standing granted to every person by the second paragraph of Article 50 of the Political Constitution and Article 105 of the Biodiversity Law, to denounce, both through administrative and judicial channels, conduct that infringes the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and to claim the damage caused. It should be noted that, in principle, standing in environmental matters would originate from a simple normative authorization without the existence of an individual, collective, or diffuse right or interest mediating it; however, this Court considers that, at heart, what each person will seek to protect is a right that forms part of their vital sphere and upon whose effective guarantee, defense, and preservation depends their ability to develop and live in accordance with the principle of human dignity (see Article 2.a of the Organic Environmental Law, to the effect that the environment is the common heritage of all the inhabitants of the Nation). 2) A system of unnamed precautionary measures, and if necessary, of an anticipatory nature (Articles 108 of the Biodiversity Law, 42 of the Constitutional Jurisdiction Law, and 19 to 30 of the Administrative Contentious Procedure Code). 3) The application of the guiding principles in environmental matters, namely: in dubio pro natura, preventive, and precautionary, as means to guarantee the effective protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and therefore, to prevent its existence from being restricted to the semantic plane of legal reality (see Articles 4.c, 17, and 34 of the Organic Environmental Law, 11 subsections 1 and 2, 92 of the Biodiversity Law, Principle 15 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, and among others, judgment number 1999-01250 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at eleven hours twenty-four minutes on February nineteenth, nineteen ninety-nine). In this sense, the legal operator must always take into consideration that '...when there is a danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures in terms of cost to prevent the degradation of the environment...'. On the other hand, in the group of material protection mechanisms, the following two manifestations are very representative: 1) The Environmental Impact Assessment by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), as a sine qua non requirement for initiating activities, works, or projects that may alter or destroy elements of the environment or biodiversity, or generate waste, toxic or hazardous materials. This requirement has been in force since November 13, 1995, the date on which the Organic Environmental Law was published. It is also regulated in Articles 92 to 97 of the Biodiversity Law; Article 14 of the Convention on Biological Diversity and its Annexes I and II; Principle 17 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration; Article 18 of the Ley Forestal; the General Regulation on Environmental Assessment Procedures (Decreto Ejecutivo number 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), among others. In this regard, constitutional jurisprudence has established that '...the fact that both the right to health and the right to enjoy an ecologically balanced environment are recognized as fundamental rights, obliges this Chamber to specify that the solution to the problem cannot be based on quick solutions; that, to adopt a decision in this field, one must have the technical studies that the proposed solution, in each specific case, will not be the origin of a public health problem or an undue alteration to the environment...' (Among others, judgment No. 1995-02671 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 16:45 on May 24, 1995). In that sense, '...it is not possible for the State to execute or authorize the execution of projects regarding which there is doubt as to the negative impact they may generate on the environment. Consequently, the omission of conducting a prior environmental impact assessment translates into a violation of constitutional Article 50...' (judgment No. 1999-02219 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 15:18 hours on March twenty-fourth, nineteen ninety-nine). 2) The existence of goods belonging to the Nation – as the constitutional text calls them – which, by forming part of the public domain, are characterized by being inalienable, imprescriptible, and unseizable, so their disaffection or application to public uses is reserved to the Law, in accordance with the provisions of Article 121 subsection 14, first paragraph of the Political Constitution. Among those goods whose conservation constitutes a matter of environmental public interest (Article 1.1 of the Biodiversity Law), are: the environment defined in Article 2.a) of the Organic Environmental Law, as the common heritage of all the inhabitants of the Nation; the Maritime-Terrestrial Zone (Articles 1 and 73 of the Maritime-Terrestrial Zone Law); the Natural Heritage of the State (Articles 13 to 18 of the Ley Forestal); Wild Fauna and Flora (Articles 3 and 4 of the Wildlife Conservation Law); Water in accordance with the breakdown contained in Article 1 of the Water Law. On the Natural Heritage of the State. In accordance with the object of the proceeding at hand, this Court will focus its analysis on the Natural Heritage of the State (PNE). Given the terms of the recognition of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, as already explained, it is necessary to highlight that the Ley Forestal No. 4465 already cited (and which was repealed by the Ley Forestal number 7575 of February 5, 1996), not only contained '...as an essential function and priority of the State, to ensure the protection, conservation, exploitation, industrialization, administration, and promotion of the country's forest resources, in accordance with the principle of rational use of renewable natural resources...' (Article 1), but also the concepts of Forest (Article 6) and State Forest Heritage (Article 32, first paragraph). Regarding the State Forest Heritage, Law No. 4465 established its characteristics (Article 33); the competent bodies for administering and supervising the State Forest Heritage, which according to that regulation were the Dirección General Forestal and the Ministry of Environment and Energy (Article 32, second paragraph), as well as the powers conferred on these bodies for the purpose of protecting and conserving the State Forest Heritage. Among the latter, the following are worth highlighting: 1) Actions for the recovery (reinvindicatory actions) of those properties (Article 33), 2) The constitution within the Natural Heritage of the State of forest reserves, protected zones, national parks, national wildlife refuges, and biological reserves (Articles 35 to 37); 3) The demarcation (deslinde) of the lands in the areas that make up the State Forest Heritage (Article 38). On the other hand, in the Ley Forestal No. 7575 currently in force, that concept is taken up again but with a variation in the name, since it is now called the Natural Heritage of the State. This term is broader as it encompasses the protection and preservation of the forest ecosystem (Article 3 subsection c of the Ley Forestal). The Natural Heritage of the State is public domain, which is why the lands and forests comprised therein are unseizable, imprescriptible, and inalienable. Likewise, their conservation and administration are entrusted by law to the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (MINAET), through the National System of Conservation Areas (SINAC), as provided in Articles 6.a, 13 second paragraph, and 14 of the cited Ley Forestal and numeral 32, second paragraph of the Organic Environmental Law. The PNE is composed of two important components: 1) The Protected Wild Areas, whatever their management category and whether they have been declared by Law or by Decreto Ejecutivo, namely: forest reserves, protected zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (Law No. 7575, Article 1°, 2nd paragraph, 3° subsection i; Organic Environmental Law, Article 32; Biodiversity Law, Article 22 et seq. and 58; National Parks Service Law, Article 3° subsections d and f, in relation to the Organic Law of MINAE and its Regulation; Wildlife Conservation Law, Article 82, subsection a); 2) The other forests and forest lands of the inalienable areas, of the properties registered in its name, and of those belonging to the Municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, which have an immediate legal affectation, except those properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its assets (Article 13, first paragraph of the Ley Forestal). It should be noted that both the Protected Wild Areas and the rest of the forested areas and lands with forest aptitude included in the maritime-terrestrial zone, are excluded from the regulatory scope of Law No. 6043 and therefore, from the jurisdiction of the Municipalities, as will be expanded upon later. These zones are subject to their own legislation (Ley Forestal), which implies that their administration is the responsibility of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, through the National System of Conservation Areas (see in this sense judgment number 2008-16975 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at fourteen hours fifty-three minutes on November twelfth, two thousand eight). Now, as part of the duties incumbent upon MINAET and SINAC for the conservation and protection of the National Natural Heritage, are: 1) the exercise of the action for recovery (reivindicatoria) of the PNE, which is imprescriptible (Article 14); 2) demarcating on the ground the boundaries that make up the Natural Heritage of the State (Article 16); 3) coordinating with the National Registry, the establishment of a forest cadastre, the objective of which will be to regulate the areas comprised within the PNE and those that are voluntarily submitted to the forest regime (Article 17); 4) The Public Administration may not exchange, assign, alienate in any way, give, or lease rural lands owned or administered by it, without their having first been classified by MINAET, so that, if they were covered with forest, they would automatically be incorporated into the Natural Heritage of the State (Article 15). Based on all the foregoing, this Court arrives at the following relevant conclusions for the specific case. First. As the environment is constituted as the Common Heritage of all the inhabitants of the Nation, the Natural Heritage of the State constitutes a species of that genus (Articles 50 second paragraph, 89, 121 subsection 14 first paragraph of the Political Constitution, 2 subsection a) of the Organic Environmental Law, 1 of the Biodiversity Law, and 13 of the Ley Forestal). Second. There is an immediate legal affectation to the Natural Heritage of the State, of all those lands comprised in the protected wild areas, in the areas declared inalienable – such as the maritime-terrestrial zone (Article 73 of Law 6043) –, in lands with forest aptitude, and in properties registered in the name of the State, Municipalities, Autonomous Institutions, and other entities of the Decentralized Public Administration. Third. The Natural Heritage of the State does not require an express declaration since, in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of the Ley Forestal, as well as what was resolved by the Constitutional Chamber in judgments 1992-03789 and 1997-04587, forested areas, lands with forest aptitude, mangroves, and wetlands comprised within inalienable areas, such as the maritime-terrestrial zone, are immediately affected to this Heritage, without the concurrence of the Administration. Fourth. Consequently, the demarcation (delimitación) of the boundaries of the areas that make up the Natural Heritage of the State, in accordance with the provisions of Article 16 of the Ley Forestal, constitutes a power that MINAET, through SINAC, must exercise ex officio and not only at the request of a party. This is not only in application of the duty imposed by Articles 21, 50 second and third paragraphs, and 89 of the Political Constitution, to guarantee, preserve, and conserve the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, but also because the law does not indicate that the demarcation should be carried out only at the request of a party. It is not justified, in the judgment of this body, that the State can validly claim a lack of resources for this purpose, as constitutional jurisprudence has repeatedly held (see among others, judgments 1995-00915 at sixteen hours six minutes on February fifteenth, nineteen ninety-five; 1996-000695 at fifteen hours forty-two minutes on February seventh, nineteen ninety-six) Fifth.

Consequently, the classification that the National System of Conservation Areas makes regarding the type of ecosystem existing on properties included within the State's Natural Heritage constitutes a mere categorization of those properties, according to the classification criteria set forth in the first paragraph of Article 13 of the Forest Law (Ley Forestal) and Executive Decree No. 34295-MINAE, namely: forests, lands with forestry aptitude (terrenos de aptitud forestal), wetlands, mangroves, among others. Sixth. It is evident that the State has the duty—both at a constitutional and legal level—to guarantee, defend, and protect forested areas, lands with forestry aptitude, mangroves, wetlands, among others, included in inalienable areas—as in this case, the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre)—which, by the mere fact of having that character, were directly and automatically affected to the State's Natural Heritage. Therefore, the result of the classification of the type of ecosystem existing in said areas—which must be carried out ex officio and not only at the request of a party, in order to take the necessary measures to achieve their effective protection and conservation—is not what determines their incorporation or not into the State's Natural Heritage, since by law they had already been affected to it, by virtue of being inalienable zones."

From the cited ruling, the following aspects can be highlighted for the resolution of this case: 1) The State has an obligation of constitutional and legal origin to guarantee, defend, and preserve the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment and to give all persons the instruments to defend this fundamental right; 2) To guarantee effective protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, the technical and legal mechanisms must be respected; 3) The State's natural heritage (patrimonio natural del Estado), which forms part of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, is constituted by properties that are covered with forests, regardless of whether they are located inside or outside national reserves (Article 13 of the Forest Law); 4) The State's natural heritage must be registered in the National Registry (Registro Nacional) in the name of the State, and be administered by the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (Article 13 of the Forest Law); 5) The State's natural heritage is constituted by public domain assets (bienes de dominio público), which have the characteristics of being unseizable, imprescriptible, and inalienable, such that their possession by private individuals shall not create any rights in their favor (Article 14 of the Forest Law); 6) There exists an immediate legal affectation to the State's natural heritage of any property that is covered with forest (Article 15 of the Forest Law), so that if the existence of forests is detected by the corresponding technical bodies, these properties automatically pass into the hands of the State to be protected, without the need for a prior express declaration. Precisely, as will be explained below, the IDA did not respect in this case any of the guidelines explained and regulated in the legal framework (bloque de legalidad).

V- REGARDING THE NULLITY OF THE TITLING CARRIED OUT BY THE IDA IN FAVOR OF CO-DEFENDANT ELIZONDO SOLANO, BY TRANSFERRING A PROPERTY THAT IS THE STATE'S NATURAL HERITAGE: In this case, it is proven that the property subject to this proceeding, which is located in La Sabana, La Legua district, Aserrí canton, San José province, with an area of 35 hectares, 82.59 square meters, corresponding to cadastral map (plano catastrado) SJ-600333-99, was transferred to co-defendant Elizondo Solano by the Board of Directors of the Agrarian Development Institute (Instituto de Desarrollo Agrario), in its Article 32 of Session 016-04 of May 13, 2004, and is land that is the State's natural heritage, for the following reasons: 1) During the procedure prior to the IDA Board of Directors titling the property in question to co-defendant Elizondo Solano, he had to present a series of documents, one of which was the certification issued by M.Sc. Julio Bustamante B., Coordinator of Territorial Planning, Central Pacific Conservation Area, National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, number ACOPAC-OTC-065, of November 25, 2002. This document stated, in what is relevant for the issuance of this judgment, the following:

"I certify that upon inspecting the farm corresponding to cadastral map SJ-600333-99, with an area of 35 ha 0082.59 m2, located in La Sabana de La Legua de Aserrí, San José, belonging to FR 1219039-000, in the name of Mr. RONALD ELIZONDO SOLANO, ID 1-709-134, it is land that has coverage of natural forest (Bosque natural) and early succession forest (bosque en sucesión temprana)." (...) "It is not observed, furthermore, that Article No. 33 of Forest Law No. 7575 of February 5, 1996, and its reforms, is affected."

It is important to highlight that this certification is clear in indicating that the land under debate has coverage of natural forest and early succession forest, so this court considers that, prior to the titling, there existed technical proof that the property is of a forested nature. Now, this same certification indicates that it is not observed that the land is affected by Article 33 of the Forest Law; this means for this jurisdictional body that what that certification indicated was that this land was not located in a protection area, which is completely irrelevant in this case, because if Article 33 is related to numeral 13, both of the Forest Law, one can reach the conclusion that the State's natural heritage is constituted by properties that are covered with forests, regardless of whether they are located inside or outside national reserves or protection areas, so that the defensive arguments of the IDA, in the sense that the technical requirement of having a certification or proof from MINAET accrediting the nature of the land was met, were not fulfilled; 2) Likewise, during the same titling process, co-defendant Elizondo Solano had to present the cadastral map of the property. Precisely, in cadastral map SJ-6000333-99, which corresponds to the land transferred to the defendant, one can appreciate the existence of mountain (montaña) and thickets (tacotales); for this jurisdictional body, as technical proof will later confirm, what is indicated as mountain is precisely the existence of forests; 3) Also, during the titling procedure defendant Elizondo Solano had to present sworn statements about the possession of the property and that the farm was not registered. Precisely, through deed number two hundred six, executed before Notary Public Juan Edgar Fallas García, executed at nine hours on November eight, two thousand two, and public deed number two hundred six, executed before the same Notary Public, issued at ten hours on August twenty-fifth, two thousand three, in both documents, the defendant under oath clearly indicated, regarding the property subject to this controversy, that he was the owner of an unregistered farm that is "mountain" land. Note that again, before the IDA Board of Directors titled the property in favor of defendant Elizondo Solano, the nature of the land to be titled was "mountain," which, as will be explained later with the technical evidence in the case file, the term mountain is referring to the existence of forests; 4) In this same sense, the members who sign this judgment were able to verify directly and on the property itself subject to this proceeding, that effectively there is extensive forest cover (cobertura boscosa) on the land, this in accordance with what was seen in the judicial inspection (reconocimiento judicial) carried out, from ten hours and thirty minutes on September twenty-nine, two thousand eight, in which this jurisdictional body was able to appreciate the following relevant aspects: a. Access to the property is difficult, b. A forested area was observed with a pasture area (potrero), c. No crops or agricultural activities were observed, d. Eight head of cattle were detected located in the pasture area, e. The climate on the property was humid, with fog and at a high altitude above sea level, f. The property was fenced with barbed wire, g. In the pasture area there is a zinc house, without electricity, a pit latrine made of zinc sheets, and a small wooden corral, h. Existence of a stream (quebrada), i. Burning of some trees was observed, j. It was possible to confirm that defendant Ronald Elizondo Solano does not live on the property subject to this proceeding. Precisely, from what has been indicated, this Court draws three important conclusions; first, it confirms the existence of forest, and even a stream, so the nature of that property as part of the State's natural heritage is undeniable; second, that defendant Elizondo Solano does not live on the property, a relevant aspect, since it could not be affirmed that this gentleman has this farm as a means of subsistence; it should be noted that there exists on the property a zinc house and a pit latrine that are not the place of residence of defendant Elizondo Solano; and third, there are no crops or agricultural activities, so that property is not being used for agricultural production purposes. Even the existence of eight head of cattle and a small wooden corral was confirmed; this does not constitute, in the opinion of this jurisdictional body, an agrarian activity, since that cattle is scarce, and given the very difficult access to that property, it is very unlikely that meat can be commercialized or agricultural products taken from said farm; 5) Now, everything indicated comes to be confirmed by technical evidence, which proves, without any doubt, that the land that the IDA titled in favor of defendant Elizondo Solano is the State's natural heritage. In that sense, the technical evidence produced by the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional) of the Ministry of Public Works and Transport, through official communication number DEGEO-047-09, of March 30, 2009, in which a Study was carried out to verify land use in aerial photographs of the property located in (La Sabana) La Legua, Aserrí, San José, the land subject to this proceeding and which is under cadastral map number SJ-600333-99, which is precisely the property that occupies us in this case, determined, in what is relevant for the issuance of the present resolution, the following aspects:

"The review of photographs from 1997 and 2003 in relation to the approximate location of the property of cadastral map SJ-6000333-99, has generated the following conclusions: The land use of the property in cadastral map SJ-600333-99 is consistent with what was observed in aerial photographs from 1997 and 2003; namely: that in those two years there existed two forest patches (manchas de bosque) coinciding with what the map describes as 'mountain'; likewise, the rest of the farm area has a cover of intermixed grasses and shrubs, which develops mainly in the eastern sector of the property, denominated in the map as 'thickets.'"

This technical criterion confirms what was indicated both in the sworn statements and in the cadastral map itself, that the term "mountain," in reality means that there exists forest cover on the farm. Also, this evidence confirms what was observed in the judicial inspection carried out by this Court, that on the property titled by the IDA in favor of defendant Elizondo Solano, there exists and has existed, forest; 6) Another technical evidence of fundamental importance consists of what is indicated in official communication DST-217-09, of July 23, 2009, issued by the Head of the Department of Technical Services of the National Institute of Innovation and Transfer in Agricultural Technology (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA), in which he sent to the Comptroller General of the Republic a Certificate of Conforming Land Use (Certificado de Uso Conforme del Suelo), which, as will be explained in the following recital (considerando), was never prepared during the titling procedure carried out by the IDA, this type of study being obligatory for the defendant institution, and which was prepared by Agr. Eng. German José Aguilar Vega, an official of the INTA, conducted on the property subject to this proceeding, in which the land use on the property titled in the name of co-defendant Elizondo Solano was divided and analyzed as follows: Sector A: Pasture 3.36 hectares (9.58%), Fallow Land (Charral) 5.23 hectares (14.91%), Forest 6.30 hectares (17.95%); Sector B: Forest 7.13 hectares (20.33%); Sector C: Pasture 2.90 hectares (8.27%); Sector D: Scrubland (Matorral) 10.16 hectares (28.96%). This division agrees with what the members of this Court observed in the area, but from a technical and scientific perspective. Likewise, in this certification, it was textually indicated, in what is relevant for the issuance of this resolution, the following:

"In accordance with Article 58 of the Regulation to the Law of Use, Management, and Conservation of Soils (Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos), No. 7779 of April 30, 1998, and based on a field visit, this authority certifies that on 9.58 percent of the farm, THE CONFORMING USE OF THE LAND HAS NOT BEEN EXERCISED for the activity carried out, according to the approved methodology, and on 90.42 percent, THE CONFORMING USE OF THE LAND HAS BEEN EXERCISED for the activity carried out with the approved methodology" (...) The current land use is pasture, fallow land, scrubland, and forest. (...) The pasture is of the sparse grassland type (...) acidic, degraded soils of low fertility (...) Possibly this pasture modality only allows a low stocking rate, less than 1 animal unit/hectare/year. In Sector A, covered by pasture, the non-conforming use of the land is present; according to the current methodology for determining land use capacity in Costa Rica, the strongly undulating slope, which is greater than 40 percent, simple, convex, long, with a western orientation, is the main limitation of this area, such that they are not suitable for their current use as pastures; their management is limited to forestry production or permanent high-altitude crops, through intensive soil and water conservation practices. (...) The fallow land is undergoing natural regeneration by native, colonizing species, which are abundant, with medium to high coverage and close to 1 meter in height. The forest is covered with trees and shrubs with a dense understory; the height of the upper stratum is around 15 meters, with evergreen, broadleaf, perennial species, especially of the Fabaceae family, encino oaks (Quercus spp), with numerous epiphytes Bromeliaceae, Sphagnum, and vines on their branches. The scrubland area to the east of the property with a steeply escarped relief toward the depression of the Pilas stream (quebrada Pilas) of the Pirrís River Basin, corresponds to an ecosystem of sparse shrubby vegetation, dominated by Asteraceae (Vernonia spp), exposed to strong and constant winds and fog, so they are small, branched, with twisted stems and leathery leaves; there are spaces of exposed soil, which is extremely stony and with superficial effective depth. Streams (yurros) and the Lajas stream (quebrada Lajas) run through the chasms, which is protected by woodland. The property is affected by Forest Law 7575, Article 33. The areas of natural regeneration, scrubland, and forest must be maintained under the present conditions, which are in accordance with the current land use capacity. Classes VII and VIII, according to current legislation, are for forestry management or preservation of flora and fauna, protection of aquifer recharge areas, genetic reserve, and scenic beauty."

From what is expressed in this Certificate of Conforming Land Use, prepared by the INTA, this jurisdictional body reaches the following conclusions: a) That there is a quite high percentage of hectares that are forests, and furthermore, that the areas of fallow land and scrubland are areas of natural regeneration that must be protected, so the property subject to this proceeding is the State's natural heritage in its entirety; b) This certification affirms that the titled property is affected by Article 33 of Forest Law 7575, meaning it is included within a forest protection area; c) From the indicated certification, this jurisdictional body can infer that the pasture area has low fertility, which means it is not very suitable for the development of agricultural activities. Even this document affirms that in the pasture area, a quite low stocking rate is permitted, so the property is also not suitable for carrying out livestock activities. That is, the property titled by the defendant institution in favor of co-defendant Elizondo Solano does not qualify for agrarian purposes according to the certification of conforming land use issued by the INTA. Consequently, the property that the Board of Directors of the Agrarian Development Institute, in its Article 32 of Session 016-04 of May 13, 2004, titled in favor of co-defendant Elizondo Solano, constitutes the State's natural heritage, in accordance with Articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 33 of Forest Law No. 7575, and therefore is unseizable, imprescriptible, and inalienable as it is a public domain asset; therefore, the allegations of co-defendant Elizondo Solano that his titling right derives from the possession rights exercised by him and his family are not receivable, since in these lands, possession by private individuals shall not create any rights in their favor. Likewise, as said property is the State's natural heritage, and this demanial nature is evidenced before, during, and after the titling procedure carried out by the IDA, all the formal administrative conducts that permitted the transfer of that property to defendant Elizondo Solano are vitiated by absolute nullity (nulidad absoluta). Likewise, the administrative conduct carried out by the IDA in this matter is considered an abnormal functioning, which, as will be explained in the following recitals, produces administrative liability, which must be compensated by said defendant institution.

VI- REGARDING THE NULLITY OF THE TITLING CARRIED OUT BY THE IDA IN FAVOR OF CO-DEFENDANT ELIZONDO SOLANO, AS THERE IS NO REGULATION TO SUPPORT IT AND NECESSARY REQUIREMENTS WERE OMITTED DURING THE TITLING PROCEDURE: For this jurisdictional body, what was explained in the previous recital alone is sufficient reason to annul the administrative conducts of the IDA and declare this claim admissible; however, during the course of this proceeding, the parties have discussed other reasons that vitiate the titling procedure carried out in favor of co-defendant Elizondo Solano, which this Court must analyze. In this sense, the administrative conducts carried out by the IDA, subject to this proceeding, also become null for the following reasons: 1) It is proven that the titling carried out by the IDA Board of Directors, of the property in dispute in favor of co-defendant Elizondo Solano, was based on the Regulation for the Titling of Lands in Natural Reserves (Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Naturales), approved by the Board of Directors of the Agrarian Development Institute, in its article two, of session zero fifty-five - zero two, held on August twelve, two thousand two, which was published in La Gaceta No. 173 of September ten, two thousand two. Precisely, by resolution issued by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice, vote number 02063-07, of fourteen hours and forty minutes on February fourteen, two thousand seven, said regulation was annulled for being unconstitutional. Likewise, said judgment clearly indicated the following:

"XV. On the effects of the unconstitutionality that is declared: Pursuant to the provisions of Articles 90, first paragraph, and 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), the finding of unconstitutionality made in this judgment in relation to the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves, approved by the Board of Directors of the Agrarian Development Institute, approved by the Board of Directors of the Agrarian Development Institute by Article 11 of session number 055-02, of August twelve, two thousand two, and published in the Official Gazette La Gaceta No. 173, of August ten, two thousand two, has declaratory and retroactive effects to the effective date of this regulatory body, namely August twelve, two thousand two; as a result, the recovery of the assets which, being public domain, have been subject to titling under the regulation that is now annulled, proceeds, without prejudice to the State's patrimonial liability that derives from this unconstitutionality."

Precisely, the titling carried out by the IDA, of the land that constitutes the State's natural heritage, as previously explained, in favor of co-defendant Elizondo Solano, is not based on a regulation that exists within the legal framework, and therefore becomes a null administrative conduct, with the sole declaration of unconstitutionality made by our Constitutional Court. Furthermore, it concerns this Court that, despite what was ordered by the Constitutional Chamber, in the sense that public domain assets that were subject to titling based on the Regulation for the Titling of Lands in Natural Reserves must be recovered, in this particular case, the IDA has not carried out any type of action aimed at complying with what was ordered by the Constitutional Chamber, which denotes an omissive conduct and a clear violation of the duties that all Public Administrations have to protect the State's natural heritage, which constitutes an abnormal functioning, therefore, contrary to Law; 2) It is a proven fact that by Executive Decree number 3667-G, issued on March eighteen, nineteen seventy-four, and published in La Gaceta No. 72, Supplement 64, of April seventeen, nineteen seventy-four, an area of 267,239 hectares was transferred free of charge to the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización, currently IDA) to create the "Parrita-Puriscal" Titling Program, where occupants of plots who had not regularized the possession of those lands were located. Exactly, that land transferred to the Institute of Lands and Colonization (currently IDA), was registered in the National Registry in the name of the Agrarian Development Institute, under the real estate folio system, registration 1-219039-000, which was the mother farm. In turn, plot number 92691, which was located within the Puriscal Parrita Project, meaning it was a segregation from the mother farm indicated above, located in La Sabana, La Legua district, Aserrí canton, San José province, with an area of 35 hectares, 82.59 square meters, which corresponded to cadastral map SJ-600333-99, was precisely the property that the IDA Board of Directors titled in favor of co-defendant Elizondo Solano, and which was registered in the National Registry under real estate folio registration number 1-561877-000, in the name of defendant Ronald Elizondo Solano. Now, Executive Decree number 3667-G, issued on March eighteen, nineteen seventy-four, and published in La Gaceta No. 72, Supplement 64, of April seventeen, nineteen seventy-four, was repealed by Executive Decree number 346554-MGP, published in the Official Gazette La Gaceta No. 147 of July 31, 2008, which provided in its Article 2, textually the following:

"The Agrarian Development Institute is authorized so that, through the corresponding procedure, it proceeds to cancel the registrations in the Public Registry that were generated as a result of the mentioned decrees."

As can be deduced from the foregoing, the Executive Decree that created the mother farm, from which, in turn, the property titled by the IDA in favor of defendant Elizondo Solano is segregated, was repealed by another Executive Decree, so the titling carried out for defendant Elizondo Solano lacks support in its foundation, because the original property and the regulation that enabled the titling of those lands no longer exist. Now, again, this Court notes that despite the express order given in Executive Decree number 346554-MGP to the IDA, in the sense that it should initiate the procedures to cancel the registrations in the Public Registry that were generated with Executive Decree number 3667-G, issued on March eighteen, nineteen seventy-four, in this particular case, there has been an omissive conduct, since the IDA did not seek in the administrative venue the nullity of the title given to co-defendant Elizondo Solano; 3) Furthermore, in addition to the reasons stated, there exists a final argument presented by the Comptroller General of the Republic, in the sense that the Law of Use, Management, and Conservation of Soils (Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos) obligates the IDA to have the land use capacity study prior to granting a titling, a requirement that the IDA illegally failed to fulfill at the time of titling the property subject to this proceeding in favor of co-defendant Elizondo Solano. Additionally, that the Regulation to the Law of Use, Management, and Conservation of Soils made it impossible for the IDA to title lands that do not qualify for agrarian purposes. This allegation is fully shared by this Court, because it is proven that at the time the Agrarian Development Institute titled the property subject to this proceeding in favor of co-defendant Elizondo Solano, it did not have the land use capacity study required by Article 27 of the Law of Use, Management, and Conservation of Soils and numerals 58, 59, 60, 61, 62, and 63 of the Regulation to said Law. This is because the IDA itself accepts it in its statement of claim, and because in this case, within the preliminary hearing, all the facts of the claim were declared not controverted, including this fact. Likewise, for this Court, there existed in this case a clear violation of what is established in Article 27 of the Law of Use, Management, and Conservation of Soils, which provides:

ARTICLE 27.- It shall be obligatory for the Agrarian Development Institute to have land use capacity studies before acquiring lands for titling purposes.

Every adjudication of lands shall have as a limitation that the use of the adjudicated land cannot go against its use capacity. Failure to comply with this provision shall result in the revocation of the adjudication, apart from other penalties that may be imposed for the crimes attributable to it.

Note that the regulation is very clear regarding the IDA's obligation to have land use capacity studies prior to titling, and that failure to comply with that mandate shall result in the revocation of the adjudication, which is what happened in this case, because in the titling carried out in favor of co-defendant Elizondo Solano, the IDA did not request, nor did it have this study, grossly violating the cited regulation, so from this perspective as well, the titling carried out in favor of co-defendant Elizondo Solano becomes absolutely null. In this sense, the defensive argument of the IDA that Article 27 of the Law of Use, Management, and Conservation of Soils, while it establishes the need for the IDA to carry out land use capacity studies, applies to farms that the IDA purchases with its own resources to destine them for the formation of Peasant Settlements (Asentamientos Campesinos), and that this is not the case, since what happened was that by Executive Decree thousands of hectares were transferred throughout the national territory, so that regulation cannot be applied in this matter, is totally unfounded, because the cited article indicates "before acquiring lands for titling purposes," so the regulation makes no distinction as to whether the lands that the IDA acquires are by purchase with its own resources or by simple transfer, as in this case, established by Executive Decree. That is, Article 27 of the Law of Use, Management, and Conservation of Soils is of mandatory application for all titling of properties that the IDA carries out on lands that this institution acquires by any translative title of ownership.

Furthermore, the IDA openly violated the provisions of Articles 58, 59, 60, 61, 62, and 63 of the Regulation to the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils, Executive Decree number 29375 MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, which state:

Article 58.—In all possessory information or information presented to the IDA or to the Courts of Justice, for the purpose of registering in the Public Property Registry, the interested party, in addition to the requirements demanded by common regulations, must demonstrate, with an adequate soil study, that possession has been exercised in compliance with the appropriate land use (uso conforme del suelo) for the activity carried out according to the approved methodology, and executing them with the best management practices, according to the best available technology in compliance with the provisions of Articles 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43, and 64 of Law No. 7779 and this Regulation.

 

Article 59.—The study shall be carried out by the Certifier of Appropriate Land Use (Certificador de Uso Conforme del Suelo), who must analyze and certify, based on a field visit, whether the possession in the activities of the property has been exercised in accordance with the appropriate land use according to its classification and that management and conservation of soils and waters practices are carried out on the property in accordance with the approved methodology.

 

Article 60.—It is obligatory for the IDA to have soil studies, at least at a semi-detailed level in coordination with the MAG, prior to any purchase of farms, parceling (parcelación), adjudication, titling, leasing, and with greater emphasis on the titling of lands located in national reserves according to Law 7599 of April 29, 1996.

 

Article 61.—Under no circumstances may the IDA acquire, adjudicate, or title lands that do not qualify for agricultural purposes according to the soil study.

 

Article 62.—If from the soil study and land classification, titling for agricultural or urban purposes is not appropriate, the IDA shall, as applicable, allocate them to a national reserve, transferring them in such case to MINAE.

 

Article 63.—In the contract or title of lease or adjudication of lands by the IDA, the condition shall necessarily be included, under penalty of expiration or revocation, that on the land the adjudicatee may not carry out any activity contrary to the use, management, and conservation of soils and waters. As provided by Articles 27 and 64 of Law No. 7779. Upon proof of non-compliance, the IDA shall initiate the revocation procedure of the TITLE, for which a preventive annotation shall be made in the Real Folio (Folio Real) of the respective property.

It must be noted that the cited regulations are clear, in that before titling and registering lands, the IDA has the obligation to carry out land-use capability studies (estudios de capacidad de uso de suelos), prior to titling. Likewise, the cited Article 61 prohibits the IDA from acquiring, adjudicating, or titling lands that do not qualify for agricultural purposes according to the soil study, and precisely, in this case, from the Certificate of Appropriate Land Use (Certificado de Uso Conforme del Suelo), prepared by Agricultural Engineer Germán José Aguilar Vega, an official of INTA, analyzed in the preceding considerando of this resolution, the conclusion is reached that the property subject to this process, which was titled in favor of the defendant Elizondo Solano, is not suitable for carrying out agricultural or livestock activities, meaning that the nullity of the titling carried out by the IDA arises not only from the existence of forests on the property, which constitutes it as natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), but also because a title was granted over land that is not suitable for agricultural exploitation activities. Now, in the opinion of this jurisdictional body, the defensive arguments given by the IDA, to the effect that while it is true that the Regulation to the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils requests an adequate study of appropriate land use for titling procedures carried out by the IDA, it was considered that these should be carried out by the Ministry of Agriculture and Livestock, which was later entrusted to the Institute of Innovation and Transfer of Agricultural Technology, INTA, and that due to a shortage of human and technical resources, these studies began to be carried out in two thousand one, and that when the title was granted to the defendant, INTA did not have the mechanism or structure to handle certifications of appropriate land use and it is this institution that was responsible for carrying out the certifications of appropriate land use for the IDA, and INTA suspended this type of certification, are incorrect, because the IDA cannot transfer its responsibility to other agencies such as the Ministry of Agriculture and Livestock or INTA, for not being able to carry out the land-use capability studies, since it had the legal obligation to comply with that requirement. Furthermore, if the IDA did not have those studies, because other institutions were responsible and did not have the necessary human and technical resources to carry them out, what the IDA should have done was not title the lands at all, until it had the capacity to fully comply with the provisions of Article 27 of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils. Precisely, in this case the defendant institution granted a property title without complying with what is established in the cited article of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils and the indicated norms of the Regulation to said Law, so the nullity of the IDA's actions in this case is evident and manifest. Consequently, for all the explained reasons, the nullity of the administrative act must be declared, solely in the titling of the land corresponding to the cadastral map SJ-600333-1999 in favor of the defendant Elizondo Solano, issued by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in its Article 32 of Session 016-04 of May 13, 2004, as well as all related acts, which will be specified in the following considerandos of this judgment.”

 

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Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments
Text of the resolution

 

Contentious Administrative Tribunal, II Judicial Circuit of San José, Address04 

 

Central 2545-00-03                                                 Fax 2545-00-33

                             

Email ...01

______________________________________________________________________________

 

Case File: 08-000903-1027-CA

Preferential Processing Proceeding

Plaintiff: Office of the Comptroller General of the Republic 

Defendant: Institute of Agrarian Development and another

 

 

No. 1842-2009

CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE TRIBUNAL. SIXTH SECTION. II JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Address144. Goicoechea, at seven thirty in the morning of August thirty-one, two thousand nine.

 

Preferential proceeding declared process brought by the Office of the Comptroller General of the Republic, represented by Name602, of legal age, married, attorney, bearer of identity card number CED413 and resident of Santa Bárbara de Heredia and Name603, of legal age, married, attorney, bearer of identity card number CED414 and resident of San Francisco de Heredia against the Institute of Agrarian Development, represented by its Executive President, Name127833, of legal age, married, bearer of identity card number CED102868 and resident of San Isidro de Heredia and Name125801, of legal age, married once, farmer, bearer of identity card number CED110553 and resident of Address16929. 

WHEREAS

1- The Office of the Comptroller General of the Republic files the lawsuit that has given rise to this process, against the Institute of Agrarian Development and Mr. Name125801, with the purpose that the following claims indicated in the complaint be declared in judgment: “1) That the agreement of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, contained in Article 32 of session number 016-04 – dated May 3, 2004, be annulled, solely with respect to the titling of a property in favor of Mr. Name125801, described in the cadastral map number Placa26957. 2) That public deed number 47, granted before Notaries Public Giovanni Varela Dijeres and Alba Iris Ortiz Recio, at 8 a.m. on May 24, 2004, which formalized and protocolized the titling issued by the Institute of Agrarian Development, be annulled, solely with respect to the titling of a property in favor of Mr. Name125801. 3) That the registration entry for the property registered under the Real Folio system, registration number Placa26958 (titled property), issued by the National Registry, be annulled. 4) That it be declared that the property registered under Real Folio registration number Placa26958 (titled property) was illegally registered in favor of Mr. Name125801. 5) That the property registered under the Real Folio system, registration number Placa26958 (titled property), be declared Natural Heritage of the State and its transfer to the Ministry of Environment and Energy, must be ordered, ordering the State Notary Office to prepare the transfer deed of said property in favor of the State, as well as to process its registration in the Public Registry with the respective change of nature. 6) That the State be placed in possession of that property and the eviction of Mr. Name125801 be ordered. 7) That the defendants be ordered, in the abstract, to pay the damages caused.” 

 

2- This process was declared of preferential processing by resolution issued by this Tribunal at three p.m. on September eighteenth, two thousand eight.

 

3- By resolution number 700-2008 of four twenty p.m. on September eighteenth, two thousand eight, this Tribunal granted the request for interim measure inaudita altera parte, filed by the supervisory body.

 

4- The Institute of Agrarian Development answered the lawsuit in due time and form, requesting that it be declared without merit, and that it be exempted from liability regarding damages, personal and procedural costs. Likewise, it filed the exception of lack of jurisdiction by subject matter. 

5- The defendant Name125801 answered the lawsuit in due time and form, requesting that it be dismissed and archived.

 

6- At the interim measure hearing held at eight thirty a.m. on October three, two thousand eight, oral judgment number 766-2008 was issued, by which the exception of lack of jurisdiction by subject matter filed by the representation of the Institute of Agrarian Development was rejected. 

 

7- Within the continuation of the interim measure hearing, held at eight thirty-five a.m. on October eight, two thousand eight, this jurisdictional body, by oral judgment, with the same resolution number 700-2008, upheld the content of the interim measures accepted provisionally and partially admitted the measures requested in the extension of these formulated by the supervisory body, the required interim measures being as follows: "1) The defendant Name125801 is ordered to refrain from carrying out burns and forest clearing (tala de bosque) on the entire property subject to this process. 2) The defendant Name125801 is ordered not to introduce livestock or any other animal that harms the forest of the property subject to the process. 3) The defendant Name125801 is prohibited from carrying out any type of building on the property subject to this process. 4) The defendant Name125801 is ordered to avoid channeling or altering the course of any creek or river found within the property subject to this process." Likewise, the following interim measures were rejected: "1) Not being able to clear brush (chapea) on the property, it is understood that the co-defendant may clear brush in the clearing zones only, and where the livestock is located. Therefore, the impossibility of carrying out brush clearing or similar activity within the zone corresponding to forest is established. 2) He must not remove the eight head of cattle currently located on the property, with the understanding that the number of cattle could only increase from offspring born to the eight cows currently on the site. The foregoing implies the impossibility of placing new head of cattle within the property, with the exception already indicated. Livestock may only be kept in the clearing zone where the referred-to zinc sheet building is located, exclusively." This tribunal considers that for the purpose of guaranteeing compliance with the interim measures, the Central Pacific Area of the National System of Conservation Areas (SINAC) is required to provide this jurisdictional body a report within fifteen days after being notified of what is indicated in this oral resolution, by official letter to SINAC. Said report must state the following: 1) That the adopted interim measures are being complied with under the terms ordered by this tribunal. 2) That they indicate which of the eight cows currently on the property are pregnant and the gestation time and possible dates of offspring births. 3) That it be verified that brush clearing is carried out only in the clearing zone where the eight head of cattle graze, and that said activity is carried out for the purpose of maintaining the areas designated for pasture. The defendants are warned that failure to comply with the interim measures ordered by this tribunal will cause them to incur the crimes established for that purpose by our criminal legal system.” These interim measures are in force to date.

 

8- In resolution number 000028-C-S1-2009, issued by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, at ten thirty a.m. on January fifteen, two thousand nine, the disagreement filed by the Institute of Agrarian Development against resolution number 766-2008, issued by this tribunal, was declared without merit, and it declared that jurisdiction over this process corresponds to the Contentious Administrative Tribunal.

 

9- By resolution number 000136-A-TC-2009, issued by the Court of Cassation of the Contentious Administrative, at ten a.m. on July twenty-one, two thousand nine, the appeal filed against resolution 700-2008 was deemed abandoned, therefore said resolution that admitted the interim measures was declared final. 

 

10- In accordance with Articles 60, subsection 3) and 70, subsection 2) of the Contentious Administrative Procedural Code, this Tribunal convened a single hearing that was held starting at eight twenty-two a.m. on August three, two thousand nine, in which the points referred to in number 90 of the cited Procedural Code were addressed and resolved. In said hearing, the claims, numbered in the complaint as 4), 5), and 6), were adjusted, being set as follows: “4) That the property registered under real folio registration number Placa26958 was technically and legally registered improperly in favor of Mr. Name125801. 5) That the property described in cadastral map number Placa26959 is Natural Heritage of the State and therefore, the competent entity to exercise its administration is the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (MINAET), and the Institute of Agrarian Development must adopt the pertinent actions to prepare the transfer deed in favor of the State, as well as process its registration in the Public Registry with the respective change in its nature. 6) That the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (MINAET) be placed in possession of that property and Mr. Name125801 be evicted.”

 

11- At the hearing held at the time and date indicated above, this preferential processing proceeding was declared as a matter of pure law, as there was no testimonial or expert evidence to examine, in accordance with Article 98, subsection 2), in relation to number 60, subsection 3), both rules of the Contentious Administrative Procedural Code. Therefore, the parties proceeded to give their oral conclusions before the members comprising this Section of this tribunal.

 

12- At the end of the conclusions provided by both parties at the indicated hearing, this Tribunal declared this process a complex matter, for the purposes of the provisions of Article 111, subsection 1) of the Contentious Administrative Procedural Code, in relation to number 82, subsection 1), of the Autonomous Regulation of Organization and Service of the Contentious Administrative and Civil Treasury Jurisdiction.

 

13- The case file of this matter was sent to the presiding judge, starting the day after the single hearing was held on August four, two thousand nine. Likewise, the deadline for issuing this judgment was suspended by resolution issued by this Tribunal at four twenty-five p.m. on August seven, two thousand nine, due to the existence of a force majeure cause affecting the Presiding Judge, in accordance with the provisions of Article 81, subsection 1) of the Autonomous Regulation of Organization and Service of the Contentious Administrative and Civil Treasury Jurisdiction, therefore the suspension of the fifteen-business-day period ran from August 10 to 14, 2009, the remaining period of eleven business days being counted again from the seventeenth until August thirty-one, two thousand nine.

 

14- In the proceedings before this Tribunal, no nullities have been observed that must be corrected or that cause defenselessness, therefore in accordance with Article 111 of the cited Procedural Code in relation to numbers 79 and 82 of its Regulation, after deliberation, we proceed with the issuance, drafting, and communication of this judgment within the term provided by law. This judgment is issued, drafted by presiding Judge González Vílchez, with the affirmative vote of Judges Álvarez Molina and Garita Navarro, and;

 

CONSIDERING

I- PROVEN FACTS: Of relevance for the purposes of this process, the following are deemed accredited: 1) That by Executive Decree number 3667-G, issued on March eighteenth, nineteen hundred seventy-four, and published in La Gaceta number 72, Supplement 64, of April seventeenth, nineteen hundred seventy-four, an area of 267,239 hectares was transferred free of charge to the Institute of Lands and Colonization (current IDA) to create the Titling Program "Parrita-Puriscal", where occupants of parcels who had not regularized their possession of those lands were located (see Executive Decree on folios 4 and 5 of the judicial file and first fact of the complaint, which was not disputed); 2) That the land transferred to the Institute of Lands and Colonization (current IDA), indicated in the previous proven fact, was registered in the National Registry in the name of the Institute of Agrarian Development, under the Real Folio system, registration Placa26960 (mother property) (see certification on folios 7 to 9 of the judicial file and first fact of the complaint, which was not disputed); 3) That the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in its article two, of session zero fifty-five - zero two, held on August twelfth, two thousand two, approved the Regulation for the Titling of Lands in Natural Reserves, which was published in La Gaceta number 173 of September tenth, two thousand two (see regulation on folios 11 to 13 of the judicial file); 4) That the co-defendant Name125801 has been in possession of parcel number 92691, located within the Puriscal Parrita Project, in La Sabana, La Legua district, Aserrí canton, San José province, with an area of 35 hectares, 82.59 square meters, which corresponds to cadastral map SJ-600333-99 (see folio 1 and 2 of the administrative file provided by the IDA); 5) That on November 8, two thousand two, the co-defendant Name125801 filed a request with the Institute of Agrarian Development to process a land titling under the protection of Articles 10 and 11 of the regulation for the titling of lands in National Reserves and the Law of Lands and Colonization number 2825, for the land located in La Sabana, La Legua district, Aserrí canton, San José province, with an area of 35 hectares, 82.59 square meters, which corresponds to cadastral map SJ-600333-99 (see request on folio 15 of the judicial file and folio 3 of the administrative file provided by the IDA); 6) That in accordance with the certification issued by M.Sc. Julio Bustamante B., Territorial Planning Coordinator of the Central Pacific Conservation Area, National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, number ACOPAC-OTC-065, of November 25, 2002, the following was indicated, as relevant to the issuance of this judgment: "I certify that the property corresponding to cadastral map SJ-600333-99, with an area of 35 ha 0082.59 m2, located at Dirección15384, , belonging to FR 1219039-000, in the name of Mr. Name125801, ID 1-709-134, is land that is found with natural forest cover (cobertura de Bosque natural) and early successional forest (bosque en sucesión temprana)." (...) "It is not observed, furthermore, that Article No. 33 of the Forestry Law No. 7575 of February 5, 1996, and its amendments are affected" (see folio 17 of the judicial file and folio 11 of the administrative file provided by the IDA); 7) That on cadastral map SJ-6000333-99, which corresponds to the land transferred to the defendant, the existence of mountain and brushland (tacotales) can be observed (see cadastral map on folio 19 of the judicial file and folios 4 and 5 of the administrative file provided by the IDA); 8) That in official communication number STAO-139-2004, of April 19, 2004, issued by the Titling Programs Coordinator of the Titling Area of the Department of Agrarian Planning of the Institute of Agrarian Development and addressed to the Board of Directors of that same institution, authorization was requested from the IDA's Board of Directors to segregate and transfer 168 lots and parcels so that the corresponding supplementary titles of ownership (títulos supletorios de dominio) could be issued, among which was the land in the name of the defendant Name125801 and that corresponded to cadastral map Placa26957, this being due to the fact that institutional policies and the applicable regulations were complied with, as well as the regulation for the titling of lands in national reserves published in the Official Journal La Gaceta number 173 of September 10, 2002, the parcels and lots being left under the conditions and restrictions of article XVIII of said regulation (see folios 21 to 29 of the judicial file); 9) That the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in its Article 32 of Session 016-04 of May 13, 2004, approved the request to segregate and transfer 168 lots and parcels of the Puriscal Parrita Project, made by the Titling Programs Coordinator through official communication number STA-139, among which was the land in the name of the defendant Name125801 and that corresponded to cadastral map Placa26957. In that same session, the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development authorized Mr. Walter Céspedes Salazar, Executive President, and Engineer Name60401, General Manager, to appear in due course before the assigned notary, Alba Iris Ortiz Recio, for the granting of the respective transfer deeds (see folios 31 to 44 of the judicial file); 10) That by Public Deed Number Forty-Seven, granted before Notaries Public Giovanni Varela Dijeres and Alba Iris Ortiz Recio, with the appearance of Mr. Name60401, as General Manager of the Institute of Agrarian Development, subscribed at eight a.m. on May twenty-four, two thousand four, lots were segregated and adjudicated from the Puriscal-Parrita Project, from the property with Real Folio registration number Placa26956 - , among them was Parcel Ninety-Two Thousand Six Hundred Ninety-One, adjudicated to the defendant Name125801 and that corresponded to Cadastral Map number Placa26961 (see deed on folios 48 to 149 of the judicial file); 11) That parcel number 92621, corresponding to Cadastral Map number SJ-600333-99, was registered in the National Registry under real folio registration number Placa26958, in the name of the defendant Name125801 (see certification on folios 152 and 153 of the judicial file); 12) That by resolution issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, vote number 02063-07, of two forty p.m. on February fourteenth, two thousand seven, the Regulation for Titling in National Reserves, approved by agreement of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in session 055-02 of August twelfth, two thousand two, and published in La Gaceta 173, of September tenth, two thousand two, was annulled as unconstitutional (see judgment on folios 155 to 169 of the judicial file); 13) That Executive Decree number 3667-G, issued on March eighteenth, nineteen hundred seventy-four, and published in La Gaceta number 72, Supplement 64, of April seventeenth, nineteen hundred seventy-four, was repealed by Executive Decree number 346554-MGP, published in the Official Journal La Gaceta number 147 of July 31, 2008, which provided in its Article 2, textually the following: "The Institute of Agrarian Development is authorized so that, through the corresponding procedure, it proceeds to cancel the registrations in the Public Registry that were generated as a result of the decrees mentioned" (see folio 173 of the judicial file); 14) That in deeds number two hundred six, subscribed before Notary Public Juan Edgar Fallas García, which is a sworn statement for the purpose of requesting titling, subscribed at nine a.m. on November eight, two thousand two, and public deed number two hundred six, subscribed before Notary Public Juan Edgar Fallas García, which is a sworn statement for the purpose of requesting titling, subscribed at ten a.m. on August twenty-five, two thousand three, in both documents the defendant under oath clearly indicated, regarding the property subject to this dispute, that he was the owner of an unregistered property that is mountain land (see sworn statements visible on folios 130 and 131 of the judicial file and folios 6 to 9 of the administrative file provided by the IDA); 15) That during the judicial inspection carried out by the members comprising this Section of this Tribunal, at ten thirty a.m. on September twenty-nine, two thousand eight, carried out on the property subject to this process, this jurisdictional body was able to observe the following relevant aspects: a. Access to the property is difficult, b. A forested zone with a pasture zone was observed, c. No crops or agricultural activities were observed, d. Eight head of cattle were detected located in the pasture zone, e. The climate on the property was humid, with fog and at a high altitude above sea level, f. The property was fenced with barbed wire, g. In the pasture zone there is a zinc house, without electricity, a pit latrine made of zinc sheets, and a small wooden corral, h. Existence of a creek, i. Burning of some trees was observed.

It was possible to confirm that the defendant Nombre125801 does not live on the property that is the subject of this proceeding (see judicial inspection recorded in digital format and located in the court file); 16) That at the time the Institute of Agrarian Development titled the property that is the subject of this proceeding in favor of the co-defendant Nombre125801, the land-use capacity study required by Article 27 of the Land Use, Management, and Conservation Law and numerals 58, 59, 60, 61, 62, and 63 of the Regulations to said Law was not available (see the statement of defense of the Institute of Agrarian Development at folios 248 through 267 of the court file and an uncontested fact pursuant to what was resolved in the single hearing held starting at eight hours and twenty-two minutes on August third, two thousand nine, recorded in digital format and located in the court file); 17) That by official communication number DEGEO-047-09, dated March 30, 2009, prepared by the National Geographic Institute of the Ministry of Public Works and Transport, in which a study was conducted to verify land use in aerial photographs of the property located in (La Sabana) La Legua, Aserrí, San José, the land that is the subject of this proceeding and which is under the cadastral map number SJ-600333-99, the following aspects of interest for the issuance of this ruling were determined: "The review of photographs from 1997 and 2003 in relation to the approximate location of the property in cadastral map SJ-6000333-99 has generated the following conclusions: The land use of the property in cadastral map SJ-600333-99 is consistent with that observed in aerial photographs from 1997 and 2003; namely: that in those two years there existed patches of forest coinciding with what the map describes as 'mountain'; likewise, the rest of the farm's area has a cover of grasses and shrubs intermingled, which develops mainly in the eastern sector of the property, referred to on the map as 'tacotales'" (see study at folios 548 through 551 of the court file); 18) That by official communication DST-217-09, dated July 23, 2009, issued by the Head of the Department of Technical Services of the National Institute of Innovation and Transfer in Agricultural Technology (INTA), he sent to the Comptroller General of the Republic a Certificate of Conforming Land Use, prepared by Agr. Eng. Germán José Aguilar Vega, an INTA official, conducted on the property that is the subject of this proceeding, in which the land use on the property titled in the name of the co-defendant Nombre125801 was divided and analyzed as follows: Sector A: Pasture 3.36 hectares (9.58%), Charral 5.23 hectares (14.91%), Forest 6.30 hectares (17.95%); Sector B: Forest 7.13 hectares (20.33%); Sector C: Pasture 2.90 hectares (8.27%); Sector D: Scrubland 10.16 hectares (28.96%). Likewise, the following was indicated textually, insofar as it is of interest for the issuance of this ruling: "In accordance with Article 58 of the Regulations to the Land Use, Management, and Conservation Law, No. 7779 of April 30, 1998, and based on a field visit, this instance certifies that on 9.58 percent of the farm CONFORMING LAND USE HAS NOT BEEN EXERCISED for the activity being carried out in accordance with the approved methodology and on 90.42 percent CONFORMING LAND USE HAS BEEN EXERCISED for the activity being carried out with the approved methodology" (...) The current land use is in pasture, charral, scrubland, and forest. (...) The pasture is of the sparse grassland type (...) acidic, degraded, and low-fertility soils (...) Possibly this pasture modality only allows a low animal load, less than 1 animal unit/hectare/year. In Sector A, covered by pasture, non-conforming land use is present, according to the current methodology for determining land-use capacity in Costa Rica, the strongly undulating slope is the main limitation in this area, which is greater than 40 percent, simple, convex, long with a westerly orientation, so they are not suitable for their current pasture use; their management is circumscribed to forest production or permanent highland crops, through intensive soil and water conservation practices. (...) The charral is undergoing natural regeneration by native, colonizing species, which are abundant, with medium to high cover and close to 1 meter in height. The forest is covered with trees and shrubs with a dense understory, the height of the upper stratum is around 15 meters, with evergreen, broad-leaved, perennial species, especially of the Fabaceae family, encino oaks (Quercus spp), with numerous epiphytes Bromeliaceae, Sphagnum, and vines on their branches. The scrubland area to the east of the property with a strongly steep relief toward the depression of the Pilas creek of the Pirrís River basin corresponds to an ecosystem of sparse shrubby vegetation, dominated by Asteraceae (Vernonia spp), exposed to strong and constant winds and fog, which is why they are small, branched, with twisted stems and coriaceous leaves; there are areas of soil exposure, which is extremely stony and with shallow effective depth. In the depths run yurros and the Lajas creek which is protected by forest. The property is affected by Forestry Law 7575, Article 33. The areas of natural regeneration, scrubland, and forest must remain under the present conditions, which are in accordance with the current land-use capacity. Classes VII and VIII, according to current legislation, are for forest management or preservation of flora and fauna, protection of aquifer recharge areas, genetic reserve, and scenic beauty." (see folios 552 through 559 of the court file).

II- FACT NOT PROVEN: Determinative for the resolution of this proceeding, the following is deemed unproven: 1) That the co-defendant Nombre125801 acted in bad faith at the time of requesting the titling of the property that is the subject of this proceeding and in its subsequent titling (the record).

III- REGARDING THE SUBJECT OF THIS PREFERENTIAL TRACK ADMINISTRATIVE CONTENTIOUS PROCEEDING UNDER COGNIZANCE: The Comptroller General of the Republic appears before this jurisdictional instance with the claim that the agreement of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, contained in Article 32 of session number 016-04, dated May 3, 2004, be annulled solely with regard to the titling of a farm in favor of the co-defendant Nombre125801, described in cadastral map number Placa26957, as well as that public deed number 47, granted before Public Notaries Giovanni Varela Dijeres and Alba Iris Ortiz Recio, at 8:00 a.m. on May 24, 2004, which formalized and protocolized the titling issued by the Institute of Agrarian Development, be annulled solely with regard to the titling of a farm in favor of Mr. Nombre125801. Likewise, the oversight body requests that the registry entry of the farm registered under the Real Folio system with registration number Placa26958 (titled farm), issued by the National Registry, be annulled. Additionally, the plaintiff body requests that it be declared that the farm registered under real folio registration number Placa26958 was technically and legally registered improperly in favor of Mr. Nombre125801, as well as that the property described in cadastral map number Placa26959 be declared Natural Heritage of the State and, therefore, the competent authority to exercise its administration is the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (MINAET), with the Institute of Agrarian Development being required to adopt the pertinent actions to draft the transfer deed in favor of the State, as well as to process its registration in the Public Registry with the respective change in its nature. Finally, the Comptroller General of the Republic requests that the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (MINAET) be placed in possession of that farm and that Mr. Nombre125801 be evicted, as well as that the defendants be ordered to pay, in the abstract, the damages and losses caused, as well as the costs of this proceeding. The oversight body bases its claims on the following points: 1. The Constitutional Chamber annulled as unconstitutional the Regulations for Titling in National Reserves, so that, in a connected manner, all the administrative acts issued based on that regulatory norm become null, such as the agreement of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development (hereinafter IDA), in which property located in La Sabana, district of La Legua, canton of Aserrí, province of San José, with an area of 35 hectares, 82.59 square meters, corresponding to cadastral map SJ-600333-99, was titled to the co-defendant Nombre125801, as well as the acts that are a consequence thereof, such as the public transfer deed of the property and the respective registry entry; 2. The property that was titled by the IDA to the defendant Nombre125801 is constituted by forests that are natural heritage of the State, so that property is public domain or demanial, which consequently is unattachable, imprescriptible, inalienable, for which reason the IDA could not grant property titles over an asset of this nature. For that reason, it requests that it be declared Natural Heritage of the State and that its possession, as well as its ownership, be transferred to the State, specifically to the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (MINAET); 3. The Land Use, Management, and Conservation Law requires the IDA, prior to granting a titling, to have a land-use capacity study, a requirement that the IDA illegally failed to comply with at the time of titling the property that is the subject of this proceeding in favor of the co-defendant Nombre125801. Moreover, the Regulations to the Land Use, Management, and Conservation Law made it impossible for the IDA to title lands that do not qualify for agrarian purposes. For its part, the IDA, co-defendant in this matter, expressed its defensive arguments, indicating in substance the following: 1. The co-defendant Nombre125801 complied with all the requirements demanded at that time for the granting of the property title, and that the IDA acted within the rule of law and under the framework of the regulations that govern its activity; 2. The certification prepared by the Central Pacific Conservation Area, System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, number ACOPAC-OTC-065, provided during the titling process, indicated that the property that is the subject of this proceeding was located outside the Protected Wilderness Areas and that there were no areas protected under Article 33 of Forestry Law number 7575, so it acted in accordance with the law; 3. Article 27 of the Land Use, Management, and Conservation Law, although it is true it establishes the need for the IDA to conduct land-use capacity studies, that norm applies to farms that the IDA purchases with its own resources to allocate them to the formation of Peasant Settlements, and this is not the case, since what happened was that through an Executive Decree thousands of hectares were transferred throughout the national territory, so that norm cannot be applied in this matter; 4. Although it is true that the Regulations to the Land Use, Management, and Conservation Law require an adequate conforming land-use study for titling procedures conducted by the IDA, it was considered that these should be carried out by the Ministry of Agriculture and Livestock, which was later entrusted to the Institute of Innovation and Transfer of Agricultural Technology (hereinafter INTA), and for reasons of scarcity of human and technical resources, those studies began to be conducted in two thousand one; 5. By the time the title was granted to the defendant, INTA did not have the mechanism or structure to handle the certifications of conforming land use, and it is this institution that was responsible for carrying out the IDA's conforming land-use certifications, and INTA suspended this type of certifications. For his part, the co-defendant Nombre125801 argues in his defense that the property on which the IDA granted him the property title he had always possessed; in fact, he received the possession rights of that property from his own mother. Likewise, he alleges that he submitted the requirements requested by the IDA, and said institution granted him the property title. He indicates that he has always exploited that property with some heads of cattle and that he has always respected and conserved the forest located within that property. Having set forth the arguments of the conflicting parties, this Court proceeds to the analysis of the substantive arguments, for the purpose of determining who has the right of this matter.

IV- THE NATURAL HERITAGE OF THE STATE AS AN EXPRESSION OF THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT, RECOGNIZED AND PROTECTED BY THE LAW OF THE CONSTITUTION: This jurisdictional body considers that before proceeding to resolve the specific case, it is necessary to refer to what this same Section of this Court has explained as a general framework of what is understood as natural heritage of the State in forest zones. In that sense, ruling number 0063-2009, issued at sixteen hours on January nineteenth, two thousand nine, indicated, insofar as it is of interest for the issuance of this judgment, the following:

"Constitutional recognition of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. In Costa Rica, the recognition and protection in the Law of the Constitution of the cited fundamental right does not have as its starting point the reform of article 50 of the Political Constitution, ordered by Law number 7412 of June third, nineteen ninety-four. The foregoing, since from the enactment of the constitutional text in 1949, the will of the Constituent was clear in establishing in article 89 that: 'Among the cultural purposes of the Republic are: to protect natural beauties, to conserve and develop the historical and artistic heritage of the Nation, and to support private initiative for scientific and artistic progress'; which is complemented by the emphatic declaration contained in article 21, to the effect that in our country, 'Human life is inviolable.' The integration of the provisions of both articles implies that the need to preserve the environment—although at that time the Constituent used the term natural beauties—transcends a purpose of a merely cultural nature to become a vital necessity of every human being, for it constitutes an essential prerequisite for making effective other fundamental rights such as: life, health, and development. (see in that sense, judgments number 1993-03705 of fifteen hours on July thirtieth, nineteen ninety-three; 1993-06240 of fourteen hours on November twenty-sixth, nineteen ninety-three; 1993-04423 of twelve hours on December seventh, nineteen ninety-three; 1994-02485 of nine hours and eighteen minutes on May twenty-seventh, nineteen ninety-four, all from the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice). In that sense, it bears recalling that the Law of the Constitution is composed not only of the constitutional text, but also of the values and principles that inform and permeate its content, as well as by Public Treaties, International Conventions and Concordats duly approved by the Legislative Assembly, as well as by International Human Rights Instruments applicable in the Republic (see articles 1, 7, 21, 50 of the Political Constitution; 1 and 3 of the Law of the Constitutional Jurisdiction). In addition to that, the written and unwritten norms that make up the Law of the Constitution are characterized by being of direct and immediate application, so that their addressees not only have the right to make them effective through administrative and jurisdictional channels if they deem that by action or omission they have been impaired, but also, it implies that legal practitioners have the duty to apply them directly and immediately in their decision-making process, in order to comply with the constitutional requirements (see what was considered by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in judgment number 1999-00644 of eleven hours and twenty-four minutes on January twenty-ninth, nineteen ninety-nine). If one takes as a basis the provisions of articles 7, 48 of the Political Constitution, and 1 and 3 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, we can affirm that even if the constitutional text had not contained norms relating to the recognition and protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, that right and correlative duty not only already existed in Costa Rican domestic law, but their effective protection was also demandable both at the domestic and international levels. This is by virtue of the fact that the Costa Rican State had signed a series of Conventions, Treaties, and International Instruments related to this matter before article 50 of the Political Constitution was reformed by Law number 7412 of June third, nineteen ninety-four, instruments among which the following stand out: the 'International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights' (articles 2.1, 12.1 and 12.2.c); the 'Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights' (article 11); the 'Convention for the Protection of Cultural and Natural Heritage,' signed in Paris on November 23, nineteen seventy-two, and approved by Law number 5980 of October twenty-third, nineteen seventy-six; the 'Convention for the Protection of the Flora, Fauna, and Natural Scenic Beauties of the Countries of America,' adopted in Washington on March third, nineteen seventy-three, and approved by Law number 3763 of October nineteenth, nineteen seventy-six; the 'Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat,' signed in Ramsar on February second, nineteen seventy-one, and approved by Law number 7224 of nineteen ninety-one; the 'Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer,' adopted in Vienna on March twenty-second, nineteen eighty-five, and approved by Law number 7228 of April twenty-second, nineteen ninety-one, and its 'Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer,' signed in Montreal on September sixteenth, nineteen eighty-seven, and approved by Law number 7223 of April second, nineteen ninety-one; the 'UN Convention on the Law of the Sea,' signed in Montego Bay on December tenth, nineteen eighty-two, and approved by Law number 7291, published on July fifteenth, nineteen ninety-two, among others. All those international norms were integrated into Costa Rican domestic law in accordance with the provisions of articles 7 and 48 of the Political Constitution and 1 and 3 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, so that '…all these international instruments are of obligatory compliance and enjoy full enforceability insofar as their norms do not require further legislative development and therefore must be respected (...) insofar as the normative rank of those is superior...' (Judgment number 1993-06240 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at fourteen hours on November twenty-sixth, nineteen ninety-three). Infraconstitutional Development of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. Without a doubt, the recognition and protection of the cited fundamental right caused its infraconstitutional development through the issuance of legal or regulatory norms regulating various manifestations thereof, which were issued long before the reform to article 50 of the Political Constitution. As examples of this we have: the Water Law (No. 276 of August 27, 1942); the Urban Planning Law (No. 4240 of November 15, 1978); the Forestry Law (No. 4465 of November 25, 1979, now repealed); the Maritime Terrestrial Zone Law (No. 6043 of March 2, 1977); the General Health Law (No. 5395 of October 30, 1973); the Law Creating the National Parks Service (No. 6084 of August 24, 1977); the Animal Health Law (No. 6243 of May 2, 1978); the Wildlife Conservation Law (No. 7317 of October 21, 1992), among others. The foregoing implies that before the reform to article 50 of the Political Constitution, the fundamental right to which we have made reference was not only recognized and protected in the Law of the Constitution, but was also developed—albeit in a sectoral manner and not with a comprehensive vision—at the legal and regulatory level. By virtue of what has been set forth so far, this Court deems that the reform to article 50 of the Political Constitution did nothing more than expressly and clearly individually recognize a fundamental right that was already enshrined and guaranteed by the Law of the Constitution; expressly declare the scope of the pre-existing obligation of the State regarding guaranteeing, defending, and preserving the right to a healthy and ecologically balanced environment; and grant individuals full standing to defend it through an actio popularis (see judgments number 1994-01394 of fifteen hours twenty-one minutes on March sixteenth, nineteen ninety-four, and 1994-05527 of ten hours forty-five minutes on September twenty-third, nineteen ninety-four, both from the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice). Consequences of the recognition of the guarantee of article 50 of the Constitution in the terms explained. Said recognition entails two aspects relevant for the resolution of the present proceeding. First: The imposition of a duty on both the State—understood as the Central and Decentralized Administration—and private legal subjects to guarantee, defend, and preserve that right. Second: The establishment of a series of technical-legal mechanisms to achieve effective protection of that right, both at the administrative and jurisdictional levels. Regarding the first of these aspects, it is appropriate to indicate that 'The incidence that the right to a healthy and ecologically balanced environment has within the activity of the State, and correspondingly of the municipalities (bear in mind article 169 of the Constitution), finds its first reason for being in that by definition rights are not limited to the private sphere of individuals but also have transcendence in the very structure of the State in its role as guarantor of the same and, secondly, because the activity of the State is directed toward the satisfaction of the interests of the community. The Political Constitution establishes that the State must guarantee, defend, and preserve that right. At first glance, to guarantee is to secure and protect the right against some risk or necessity; to defend is to prohibit, ban, and prevent any activity that violates the right; and to preserve is an action aimed at safeguarding the right in advance from possible dangers in order to make it endure for future generations. The State must assume a dual behavior of doing and not doing; on one hand it must refrain from itself violating the right to have a healthy and ecologically balanced environment, and on the other hand, it must undertake the task of issuing the measures that allow it to meet the constitutional requirements...' (Judgment No. 1999-00644 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at 11:24 a.m. on January 29, 1999). In that sense, '...The action that the Political Constitution imposes on the State vis-à-vis sources of environmental contamination is multidirectional and definitively active, absolutely intolerant of situations that threaten or affect the optimal environmental conditions that are guaranteed by it itself to the inhabitants. From this perspective, public authorities are not permitted to make concessions or grant extensions for the continued damaging of the environment, even when it is done with a view to bringing economic benefits to a specific geographic area...' (Judgment No. 1999-05906 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at 16:15 hours on July 28, 1999). That constitutional duty of the State to ensure the protection, defense, and preservation of the environment is developed and manifested, among others, in the following norms: articles 1, 2.a, 2.c, 2 last paragraph, 3, 12, 28, 32, 34, 37, 56, 59, 78, 83, 103 to 112 of the Organic Law of the Environment; articles 1, 2, 9.4, 12, 22 to 30, 45, 49, 54, 86, 88 of the Biodiversity Law; 3, 4, 6, 7, 15, 34, 122 of the Wildlife Conservation Law; 1, 2, 5, 6, 13, 37, 54 of the Forestry Law; 5, 6, 7, 11, 21, 29 to 33, 37 of the Land Use, Management, and Conservation Law; 13.a, 13.o of the Municipal Code; 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25 of the Maritime Terrestrial Zone Law; 1, 2 of the General Health Law; 1, 2, 17, 175, 176 of the Water Law; 15, 18, 19, 51, 56, 58.5, Transitory II of the Urban Planning Law. Now then, that duty is not only circumscribed to the State as a whole but also to private legal subjects, who have the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, but also to guarantee, preserve, and defend it, as is evident, among others, from articles 1 first paragraph, 2.a, 6, 22, 23, 99 of the Organic Law of the Environment; 10.2, 10.13, 11.4, 88, 95, 101, 105 of the Biodiversity Law; 15, 28 to 30, 36 to 38, 51, 53, 62 to 64, 83, 88 to 121 of the Wildlife Conservation Law; 57 to 66 of the Forestry Law; 37, 40, 41 to 45, 51 to 53 of the Land Use, Management, and Conservation Law; 14 of the Maritime Terrestrial Zone Law; as well as from judgments number 1999-02219 of fifteen hours and eighteen minutes on March twenty-fourth, nineteen ninety-nine; 1999-05906 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at sixteen hours and fifteen minutes on July twenty-eighth, nineteen ninety-nine, among others. As for the second aspect, related to the establishment of a series of technical-legal mechanisms to achieve effective protection of that right both at the administrative and jurisdictional levels, this Court considers that said means of protection can be classified into two large groups: procedural and material. It is necessary to clarify that, although reference will be made to specific examples related to each of the classification criteria indicated above, the intent of this Court is not to establish a numerus clausus list, but only to highlight through said examples aspects that have a bearing on the subject of this proceeding. In that sense, within the group of procedural protection mechanisms, three examples merit emphasis: 1) The broad standing granted to every person by the second paragraph of article 50 of the Political Constitution and article 105 of the Biodiversity Law to denounce both through administrative and jurisdictional channels conducts that infringe the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and to claim the damage caused. It is worth noting that, in principle, standing in environmental matters would originate from a simple normative authorization without there being an intervening right or interest of an individual, collective, or diffuse nature; however, this Court considers that, in essence, what each person will seek to protect is a right that forms part of their vital sphere and on whose effective guarantee, defense, and preservation depends their ability to develop and live in accordance with the principle of human dignity (see article 2.a of the Organic Law of the Environment, to the effect that the environment is the common heritage of all the inhabitants of the Nation). 2) An innominate system of precautionary measures, and if necessary of an anticipatory nature (articles 108 of the Biodiversity Law, 42 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, and 19 to 30 of the Administrative Contentious Procedural Code).

3) The application of the guiding principles in environmental matters, namely: in dubio pro natura, preventive and precautionary, as means to guarantee effective protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and therefore, to prevent its existence from being restricted to the semantic plane of legal reality (see articles 4.c, 17 and 34 of the Ley Orgánica del Ambiente, 11 subsections 1 and 2, 92 of the Ley de Biodiversidad, principle 15 of the United Nations Conference on Environment and Development, Declaración de Río and, among others, judgment number 1999-01250 issued by the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, at eleven hours twenty-four minutes on the nineteenth of February, nineteen ninety-nine). In that sense, the legal operator must always take into consideration that "...when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures in terms of cost to prevent environmental degradation...". Furthermore, in the group of substantive protection mechanisms, the following two manifestations are very representative: 1) The environmental impact assessment (evaluación del Impacto Ambiental) by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, as a sine qua non requirement to initiate activities, works or projects that may alter or destroy elements of the environment or biodiversity, or generate waste, toxic or hazardous materials. This requirement has been in force since November 13, 1995, the date on which the Ley Orgánica del Ambiente was published. It is also regulated in articles 92 to 97 of the Ley de Biodiversidad; article 14 of the Convention on Biological Diversity and its Annexes I and II; principle 17 of the United Nations Conference on Environment and Development, Declaración de Río; article 18 of the Ley Forestal; Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación Ambiental (Decreto Ejecutivo número 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), among others. In this regard, constitutional case law has provided that "...the fact that both the right to health and the right to enjoy an ecologically balanced environment are recognized as fundamental rights, obliges this Court to specify that the solution to the problem cannot be based on quick fixes; that, to adopt a decision in this field, there must be technical studies demonstrating that the proposed solution, in each specific case, will not be the source of a public health problem or undue alteration to the environment..." (Among others, judgment No. 1995-02671 issued by the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, at 16:45 on May 24, 1995). In that sense, "...it is not possible for the State to execute or authorize the execution of projects about which there is doubt regarding the negative impact they may generate on the environment. Consequently, the omission to carry out a prior environmental impact study translates into a violation of article 50 of the Constitution..." (judgment No. 1999-02219 issued by the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, at 15:18 on the twenty-fourth of March, nineteen ninety-nine). 2) The existence of property of the Nation (bienes propios de la Nación) –as the constitutional text calls them–, which, being part of the public domain, are characterized by being inalienable, imprescriptible and unseizable, so that their declassification or application to public uses is reserved to the Law, in accordance with the provisions of article 121 subsection 14 first paragraph of the Constitución Política. Among those properties whose conservation constitutes a matter of public environmental interest (article 11. of the Ley de Biodiversidad), are: the environment defined in article 2.a) of the Ley Orgánica del Ambiente, as the common heritage (patrimonio común) of all the inhabitants of the Nation; the Zona Marítimo Terrestre (articles 1 and 73 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre); the Patrimonio Natural del Estado (articles 13 to 18 of the Ley Forestal); the Wild Fauna and Flora (Fauna y la Flora Silvestre) (articles 3 and 4 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre); the Waters according to the breakdown contained in article 1 of the Ley de Aguas. Regarding the Patrimonio Natural del Estado. In accordance with the object of the process at hand, this Court will focus its analysis on the Patrimonio Natural del Estado (PNE). Given the terms of the recognition of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, as already explained, it is necessary to highlight that the Ley Forestal No. 4465 already cited (and which was repealed by the Ley Forestal number 7575 of February 5, 1996), not only contained "...as an essential function and priority of the State, to ensure the protection, conservation, use, industrialization, administration and promotion of the country's forest resources, in accordance with the principle of rational use of renewable natural resources..." (article 1), but also, the concepts of Forest (Bosque) (article 6) and State Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado) (article 32 first paragraph). As for the State Forest Heritage, Law No. 4465 established its characteristics (article 33); the competent bodies to administer and supervise the State Forest Heritage, which under that regulation were the Dirección General Forestal and the Ministerio de Ambiente y Energía (article 32 second paragraph), as well as the powers conferred on these bodies for the purpose of protecting and conserving the State Forest Heritage. Among the latter, it is worth highlighting the following: 1) The reivindicatory actions (acciones reinvindicatorias) for those properties (article 33), 2) The constitution within the Patrimonio Natural del Estado of forest reserves (reservas forestales), protective zones (zonas protectoras), national parks (parques nacionales), national wildlife refuges (refugios nacionales de vida silvestre) and biological reserves (reservas biológicas) (articles 35 to 37); 3) The demarcation (deslinde) of the lands in the areas that make up the State Forest Heritage (article 38). On the other hand, in the currently valid Ley Forestal No. 7575, that concept is taken up again but with a variation in the name, since it is now called Patrimonio Natural del Estado. This term is broader since it encompasses the protection and preservation of the forest ecosystem (ecosistema boscoso) (article 3 subsection c of the Ley Forestal). The Patrimonio Natural del Estado is of public domain, which is why the lands and forests comprised in it are unseizable, imprescriptible and inalienable. Likewise, its conservation and administration are entrusted by law to the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), as provided in articles 6.a, 13 second paragraph and 14 of the cited Ley Forestal and numeral 32 second paragraph of the Ley Orgánica del Ambiente. The PNE is composed of two important components: 1) The Protected Wild Areas (Áreas Silvestres Protegidas), whatever their management category and whether they have been declared by Law or by Decreto Ejecutivo, namely: forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands (humedales) and natural monuments (monumentos naturales) (Law No. 7575, article 1°, paragraph 2°, 3° subsection i; Ley Orgánica del Ambiente, article 32; Ley de Biodiversidad, article 22 et seq. and 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales, article 3° subsections d and f, in relation to the Ley Orgánica del MINAE and its Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre, article 82, subsection a); 2) The other forests and forest lands (terrenos forestales) of the inalienable areas, of the properties registered in its name and of those belonging to the Municipalities, autonomous institutions and other bodies of the Public Administration, which have an immediate legal affectation, except for those properties that guarantee credit operations with the Sistema Bancario Nacional and become part of its assets (article 13 first paragraph of the Ley Forestal). It should be noted that both the Protected Wild Areas and the rest of the forested areas and lands with forest aptitude comprised in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), are excluded from the scope of regulation of Law No. 6043 and therefore, from the competence of the Municipalities, as will be expanded upon later. These areas are subject to their own legislation (Ley Forestal), which implies that their administration is the responsibility of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (see in this regard judgment number 2008-16975 issued by the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, at fourteen hours fifty-three minutes on the twelfth of November, two thousand eight). Now then, as part of the duties incumbent upon MINAET and SINAC for the conservation and protection of the Patrimonio Nacional del Estado, are: 1) the exercise of the reivindicatory action (acción reinvindicatoria) of the PNE, which is imprescriptible (article 14); 2) to demarcate on the ground, the boundaries that make up the Patrimonio Natural del Estado (article 16); 3) to coordinate with the Registro Nacional, the establishment of a forest cadastre (catastro forestal), whose objective will be to regulate the areas comprised within the PNE and those that are voluntarily submitted to the forest regime (article 17); 4) The Public Administration cannot exchange, cede, alienate in any way, deliver or lease, rural lands of its property or under its administration, without them having first been classified by MINAET, so that, if they were covered with forest, they would automatically be incorporated into the Patrimonio Natural del Estado (article 15). Based on all the foregoing, this Court reaches the following relevant conclusions in the specific case. First Upon the environment being constituted as Common Heritage (Patrimonio Común) of all the inhabitants of the Nation, the Patrimonio Natural del Estado constitutes a species of that genus (articles 50 second paragraph, 89, 121 subsection 14 first paragraph of the Constitución Política, 2 subsection a) of the Ley Orgánica del Ambiente, 1 of the Ley de Biodiversidad and 13 of the Ley Forestal). Second. There is an immediate legal affectation to the Patrimonio Natural del Estado, of all those lands comprised in the protected wild areas, in the areas declared inalienable –such as the maritime-terrestrial zone (article 73 of Law 6043)–, in the lands with forest aptitude and in the properties registered in the name of the State, of the Municipalities, Autonomous Institutions and other entities of the Decentralized Public Administration. Third. The Patrimonio Natural del Estado does not require an express declaration given that, in accordance with the provisions of articles 13 and 14 of the Ley Forestal, as well as what was resolved by the Sala Constitucional in judgments 1992-03789 and 1997-04587, the forested areas, the lands with forest aptitude, the mangroves (manglares) and the wetlands comprised within the inalienable areas, such as the maritime-terrestrial zone, are immediately affected to this Heritage, without the concurrence of the Administration. Fourth. Consequently, the delimitation of the boundaries of the areas that make up the Patrimonio Natural de Estado, in accordance with the provisions of article 16 of the Ley Forestal, constitutes a power that MINAET, through SINAC, must exercise ex officio and not only at the request of a party. This not only in application of the duty imposed by articles 21, 50 second and third paragraphs, and 89 of the Constitución Política, to guarantee, preserve and conserve the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, but also, because the law does not indicate that the delimitation must be carried out only at the request of a party. It is not justified, in the opinion of this body, that the State can validly allege a lack of resources for that purpose, as constitutional case law has repeatedly held (see among others, judgments 1995-00915 at sixteen hours six minutes on the fifteenth of February, nineteen ninety-five; 1996-000695 at fifteen hours forty-two minutes on the seventh of February, nineteen ninety-six). Fifth. Consequently, the classification carried out by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, regarding the type of ecosystem existing in the properties comprised within the Patrimonio Natural del Estado, constitutes a mere categorization of those, in accordance with the classification criteria provided in article 13 first paragraph of the Ley Forestal and Decreto Ejecutivo number 34295-MINAE, namely: forests, lands with forest aptitude, wetlands, mangroves, among others. Sixth. It is evident that the State has the duty –both at the constitutional and legal level– to guarantee, defend and protect the forested areas, the lands with forest aptitude, the mangroves, the wetlands, among others, comprised in the inalienable areas –as in this case, the Zona Marítimo Terrestre– which by the simple fact of having that character, were affected directly and automatically to the Patrimonio Natural del Estado. Therefore, the result of the classification of the type of ecosystem existing in said areas –which must be carried out ex officio and not only at the request of a party, in order to take the necessary measures to achieve their effective protection and conservation–, is not what determines their incorporation or not into the Patrimonio Natural del Estado, since by law they had already been affected to it, by virtue of being inalienable zones."

From the cited judgment, the following aspects can be highlighted for the resolution of this case: 1) The State has an obligation of constitutional and legal origin, to guarantee, defend and preserve the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment and to give all persons the instruments to defend this fundamental right; 2) To guarantee effective protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, technical and legal mechanisms must be respected; 3) The patrimonio natural del Estado, which forms part of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, is constituted by properties that are covered with forests, regardless of whether they are located inside or outside national reserves (article 13 of the Ley Forestal); 4) The patrimonio natural del Estado must be registered in the Registro Nacional in the name of the State, and be administered by the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (article 13 of the Ley Forestal); 5) The patrimonio natural del Estado is constituted by public domain property, which has the conditions of being unseizable, imprescriptible and inalienable, so that its possession by private individuals will not create any right in their favor (article 14 of the Ley Forestal); 6) There is an immediate legal affectation to the patrimonio natural del Estado, of any property that is covered with forest (article 15 of the Ley Forestal), so that if the existence of forests is detected by the corresponding technical bodies, automatically and without the need for a prior express declaration, these properties shall pass into the hands of the State to be protected. Precisely, as will be explained below, the IDA did not respect in this case any of the guidelines explained and that are regulated in the block of legality.

V- ON THE NULLITY OF THE TITLING CARRIED OUT BY THE IDA, IN FAVOR OF THE CO-DEFENDANT Name125801, BY TRANSFERRING A PROPERTY THAT IS PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO: In this case it has been proven that the property that is the object of this process, which is located in La Sabana, in the district of La Legua in the canton of Aserrí in the province of San José, with an area of 35 hectares, 82.59 square meters, which corresponds to the cadastral map SJ-600333-99, was transferred to the co-defendant Name125801, by the Junta Directiva of the Instituto de Desarrollo Agrario, in its Article 32 of Session 016-04 of May 13, 2004, is land that is patrimonio natural del Estado, for the following reasons: 1) During the procedure prior to the Junta Directiva of the IDA titling the property in question to the co-defendant Name125801, he had to present a series of documents, one of which was the certificate issued by M.Sc. Julio Bustamante B., Coordinator of Territorial Planning (Ordenamiento Territorial), of the Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio del Ambiente y Energía, number ACOPAC-OTC-065, of November 25, 2002, in this document it was indicated, in what is relevant for the issuance of this judgment, the following:

"I certify that upon inspecting the property corresponding to cadastral map SJ-600333-99, with an area of 35 ha 0082.59 m2, located at Address15384, , belonging to FR 1219039-000, in the name of Mr. Name125801, ID Plate23073, it is land that is found with natural forest cover (cobertura de Bosque natural) and early succession forest (bosque en sucesión temprana)." (...) "It is also not observed, that article No. 33 of the Ley Forestal No. 7575 of February 5, 1996 and its reforms is affected"

It is important to highlight that this certificate is clear in indicating that the land under debate is found with natural forest cover and early succession forest, so this court considers that even before the titling, there was technical evidence that the property is of a forested nature. Now, this same certification indicates that it is not observed that the land is affected by article 33 of the Ley Forestal, this means for this jurisdictional body, that what this certificate indicated was that this land was not located in a protection area, this is totally irrelevant in this case, because if article 33 is related to numeral 13, both of the Ley Forestal, the conclusion can be reached that the patrimonio natural del Estado is constituted on properties that are covered with forests, regardless of whether they are located inside or outside national reserves or protection areas, so the defensive allegations of the IDA, in the sense that the technical requirement of having a certification or certificate from MINAET that accredited the nature of the land was met, was not fulfilled; 2) Likewise, during the same titling process, the co-defendant Name125801 had to present the cadastral map of the property. Precisely, on the cadastral map SJ-6000333-99, which corresponds to the land transferred to the defendant, the existence of mountain (montaña) and scrubland (tacotales) can be appreciated; for this jurisdictional body, as technical evidence will later confirm, what is indicated as mountain is precisely the existence of forests; 3) Also, during the titling procedure the defendant Name125801 had to present sworn statements (declaraciones juradas) regarding the possession of the property and that the property was not registered. Precisely, by means of deed number two hundred six, executed before Notary Public Juan Edgar Fallas García, executed at nine hours on the eighth of November, two thousand two, and public deed number two hundred six, executed before the same Notary Public, issued at ten hours on the twenty-fifth of August, two thousand three, in both documents, the defendant under oath of truthfulness clearly indicated, regarding the property that is the object of this controversy, that he was the owner of an unregistered property that is "mountain" ("montaña") land. Note that, again, before the Junta Directiva of the IDA titled the property in favor of the defendant Name125801, the nature of the land to be titled was "mountain", which as will be explained later with the technical evidence in the record, the term mountain is referring to the existence of forests; 4) In this same sense, the members who issue this judgment were able to verify directly and on the very property that is the object of this process, that indeed there is extensive forest cover (cobertura boscosa) on the land, this in accordance with what was seen in the judicial inspection (reconocimiento judicial) carried out, starting at ten hours thirty minutes on the twenty-ninth of September, two thousand eight, in which this jurisdictional body was able to observe the following relevant aspects: a. Access to the property is difficult, b. A forested area with a pasture area was observed, c. No crops or agricultural activities were observed, d. Eight head of cattle located in the pasture area were detected, e. The climate on the property was humid, with fog and at a high altitude above sea level, f. The property was fenced with barbed wire, g. In the pasture area there is a zinc house, without electricity, a pit latrine made of zinc sheets and a small wooden corral, h. Existence of a stream (quebrada), i. Burning of some trees was observed, j. It was possible to verify that the defendant Name125801 does not live on the property that is the object of this process. Precisely, from what has been indicated, this Court draws three important conclusions; the first, that the existence of forest is confirmed, including a stream, so the nature of that property as part of the patrimonio natural del Estado is undeniable; second, that the defendant Name125801 does not live on the property, a relevant aspect, since it could not be affirmed that this man has that farm as a means of subsistence; it must be noted that on the property there is a zinc house and a pit latrine that are not the place of residence of the defendant Name125801; and third, there are no crops or agricultural activities, so that property is not being used for agricultural production purposes. Even the existence of eight head of cattle and a small wooden corral was verified; this does not constitute, in the opinion of this jurisdictional body, an agrarian activity, since that cattle is scarce, and given the very difficult access to that property, it is very unlikely that meat can be commercialized or agricultural products obtained from that farm; 5) Now, all that has been indicated comes to be confirmed by technical evidence, which proves, without any doubt, that the land that the IDA titled in favor of the defendant Name125801 is patrimonio natural del Estado. In that sense, the technical evidence prepared by the Instituto Geográfico Nacional of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, by means of official document number DEGEO-047-09, of March 30, 2009, in which a Study was carried out to verify land use (uso del suelo) in aerial photographs of the property located in (La Sabana) La Legua, Aserrí San José, the land that is the object of this process and that is under cadastral map number SJ-600333-99, which is precisely the property at issue in this case, determined, in what is relevant for the issuance of this decision, the following aspects:

"The review of photographs from 1997 and 2003 in relation to the approximate location of the property on cadastral map SJ-6000333-99, has generated the following conclusions: The land use of the property on cadastral map SJ-600333-99 is consistent with what was observed in aerial photographs from 1997 and 2003; namely: that in those two years there existed two forest patches coinciding with what the map describes as "mountain"; likewise, the rest of the area of the farm has a cover of intermixed pastures and shrubs, which develops mainly in the eastern sector of the property, called on the map "scrublands (tacotales).""

This technical criterion confirms what was indicated both in the sworn statements and on the very cadastral map, that the term "mountain", in reality means that forest cover exists on the farm. This evidence also verifies what was observed in the judicial inspection carried out by this Court, that on the property titled by the IDA in favor of the defendant Name125801, there exists and has existed, forest; 6) Another technical evidence of fundamental importance consists of what is indicated in official document DST-217-09, of July 23, 2009, issued by the Chief of the Department of Technical Services (Departamento de Servicios Técnicos) of the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), in which he sent to the Contraloría General de la República, a Certificado de Uso Conforme del Suelo, which as will be explained in the following considerando, was never prepared during the titling process carried out by the IDA, this type of study being obligatory for the defendant institution, and which was prepared by Agr. Eng. German José Aguilar Vega, an official of INTA, carried out on the property that is the object of this process, in which the land use on the property titled in the name of the co-defendant Name125801 was divided and analyzed, as follows: Sector A: Pasture 3.36 hectares (9.58%), Scrub (Charral) 5.23 hectares (14.91%), Forest (Bosque) 6.30 hectares (17.95%); Sector B: Forest 7.13 hectares (20.33%); Sector C: Pasture 2.90 hectares (8.27%); Sector D: Scrubland (Matorral) 10.16 hectares (28.96%). This division matches what the members of this Court observed in the area, but from a technical and scientific perspective. Likewise, in this certification, it was stated textually, in what is relevant for the issuance of this decision, the following:

"In accordance with article 58 of the Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, No. 7779 of April 30, 1998 and based on a field visit, this body certifies that on 9.58 percent of the farm CONFORMING land use HAS NOT BEEN EXERCISED for the activity carried out in accordance with the approved methodology and on 90.42 percent CONFORMING land use HAS BEEN EXERCISED for the activity carried out with the approved methodology" (...) The current land use is pasture, scrub, scrubland and forest. (...) The sparse herbaceous type pasture (...) acidic, degraded and low fertility soils (...) Possibly this pasture modality only allows a low animal load, less than 1 animal unit/hectare/year. In Sector A, covered by pasture, non-conforming land use is presented, according to the current methodology for determining the land-use capacity in Costa Rica, the strongly undulating slope is the main limitation of this area, which is greater than 40 percent, simple, convex, long with a westerly orientation, therefore they are not suitable for their current use as pasture; their management is limited to forest production or permanent high-altitude crops, through intensive soil and water conservation practices. (...) The scrub is undergoing natural regeneration by native, colonizing species, which are abundant, with medium to high cover and close to 1 meter in height. The forest is covered with trees and shrubs with dense undergrowth, the height of the upper stratum is around 15 meters, with evergreen, broad-leaved, perennial species, especially from the Fabaceae family, encino oaks (Quercus spp), with numerous Bromeleaceae epiphytes, Sphagnum, and vines on their branches. The scrubland area to the east of the property with a strongly steep relief towards the depression of the Pilas stream (quebrada) of the Pirrís River Basin (Cuenca del río Pirris), corresponds to a sparse shrubby vegetation ecosystem, dominated by Asteraceae (Vernomia spp), exposed to strong and constant winds and fog, so they are small, branched, with twisted stems and leathery leaves; there are areas of exposed soil, which is extremely stony and with shallow effective depth. In the depths run small streams and the Lajas stream which is protected by woodland. The property is affected by Ley Forestal 7575 article 33. The areas of natural regeneration, scrubland and forest must be maintained under the present conditions, which are consistent with the current land-use capacity. Classes VII and VIII, according to current legislation, are for forest management or preservation of flora and fauna, protection of aquifer recharge areas, genetic reserve, and scenic beauty."

From what is expressed in this Certificado de Uso Conforme del Suelo, prepared by INTA, this jurisdictional body reaches the following conclusions: a) That there is a fairly high percentage of hectares that are forests, and furthermore, that the scrub and scrubland areas are natural regeneration areas, which must be protected, so the property that is the object of this process is patrimonio natural del Estado in its entirety; b) This certification states that the titled property is affected by article 33 of the Ley Forestal 7575, this means that it is comprised within a forest protection area; c) From the indicated certification, this jurisdictional body can infer that the pasture area has low fertility, which means that it is not very suitable for the development of agricultural activities. Even this document states that in the pasture area, a fairly low cattle load is allowed, so the property is also not suitable for carrying out livestock activities. That is, the property titled by the defendant institution in favor of the co-defendant Name125801, does not qualify for agrarian purposes according to the certification of conforming land use issued by INTA.

Consequently, the property that the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in its Article 32 of Session 016-04 of May 13, 2004, titled in favor of co-defendant Nombre125801, constitutes natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), in accordance with articles 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 33 of the Ley Forestal number 7575, and therefore it is unattachable, imprescriptible and inalienable, being a public-domain asset, so the allegations of co-defendant Nombre125801 that his titling right derives from the possession rights exercised by him and his family are not receivable, since on these lands possession by private parties could not create any right in their favor. Likewise, since said property is natural heritage of the State, and this demanial nature is evident before, during and after the titling procedure carried out by the IDA, all the formal administrative conducts that allowed the transfer of that property to defendant Nombre125801 are vitiated by absolute nullity. Likewise, the administrative conduct carried out by the IDA in this matter is considered an abnormal functioning (funcionamiento anormal), which, as will be explained in the following recitals, produces administrative liability, which must be compensated by said defendant institution.

VI- ON THE NULLITY OF THE TITLING CARRIED OUT BY THE IDA IN FAVOR OF CO-DEFENDANT Nombre125801, IN THE ABSENCE OF SUPPORTING REGULATIONS AND THE OMISSION OF NECESSARY REQUIREMENTS DURING THE TITLING PROCEDURE: For this jurisdictional body, what has been explained in the preceding recital alone is sufficient reason to annul the administrative conducts of the IDA and to grant the claim; however, in the course of this proceeding, the parties have discussed other reasons that vitiate the titling procedure carried out in favor of co-defendant Nombre125801, which this Tribunal must analyze. In this regard, the administrative conducts carried out by the IDA, the object of this proceeding, also become null and void, for the following reasons: 1) It is taken as proven that the titling carried out by the Board of Directors of the IDA, of the property in dispute, in favor of co-defendant Nombre125801, was based on the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Naturales, approved by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in its second article, of session zero fifty-five - zero two, held on August twelve, two thousand two, which was published in La Gaceta number 173 of September ten, two thousand two. Precisely, by resolution handed down by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, vote number 02063-07, at fourteen hours and forty minutes of February fourteen, two thousand seven, said regulation was annulled as unconstitutional. Likewise, said judgment clearly indicated the following:

"XV. On the effects of the unconstitutionality being declared: Pursuant to the provisions of articles 90, first paragraph, and 91 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the finding of unconstitutionality made in this judgment in relation to the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, approved by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, by article 11 of session number 055-02, of August twelve, two thousand two, and published in the Diario Oficial La Gaceta number 173, of August ten, two thousand two, has declaratory and retroactive effects to the date of entry into force of this regulatory body, that is, August twelve, two thousand two, the foregoing, so that the recovery of the assets which, being of public domain, have been the object of titling under the regulations now annulled, proceeds, the foregoing, without prejudice to the State's patrimonial liability arising from this unconstitutionality"

Precisely, the titling carried out by the IDA, of the land that constitutes natural heritage of the State, as already explained, in favor of co-defendant Nombre125801, is not supported by any regulation existing within the legal system, so it becomes a null administrative conduct, by the mere declaration of unconstitutionality made by our Constitutional Court. Furthermore, this Tribunal is concerned that, despite what was ordered by the Constitutional Chamber, to the effect that public-domain assets that were the object of titling based on the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Naturales must be recovered, in this particular case, the IDA has not undertaken any type of action tending to comply with what was ordered by the Constitutional Chamber, which denotes an omissive conduct and a clear violation of the duties that all Public Administrations have to protect the natural heritage of the State, which constitutes an abnormal functioning, therefore, contrary to Law; 2) It is a proven fact that by Decreto Ejecutivo number 3667-G, issued on March eighteen, nineteen seventy-four, and published in La Gaceta number 72, Alcance 64, of April seventeen, nineteen seventy-four, an area of 267,239 hectares was transferred free of charge to the Institute of Lands and Colonization (current IDA), to create the Titling Program "Parrita-Puriscal," where occupants of lands who had not regularized the possession of those lands were located. Precisely, that land transferred to the Institute of Lands and Colonization (current IDA), was registered in the National Registry in the name of the Institute of Agrarian Development, under the folio real system, registration number Placa26960, which was the parent property. In turn, parcel number 92691, which was located within the Puriscal Parrita Project, that is, it was a segregation from the parent property indicated above, located in La Sabana, of the La Legua district of the Aserrí canton of the province of San José, with an area of 35 hectares, 82, 59 square meters, which corresponded to cadastral plan SJ-600333-99, was precisely the property that the Board of Directors of the IDA titled in favor of co-defendant Nombre125801, and which was registered in the National Registry under the folio real registration number Placa26958, in the name of defendant Nombre125801. Now, Decreto Ejecutivo number 3667-G, issued on March eighteen, nineteen seventy-four, and published in La Gaceta number 72, Alcance 64, of April seventeen, nineteen seventy-four, was repealed by means of Decreto Ejecutivo number 346554-MGP, published in the Diario Oficial La Gaceta number 147 of July 31, 2008, which provided in its article 2, textually, the following:

"The Institute of Agrarian Development is authorized so that, through the corresponding procedure, it proceeds to cancel the registrations in the Public Registry that were generated as a result of the mentioned decrees"

As is evident from the foregoing, the Decreto Ejecutivo that created the parent property, from which, in turn, the property titled by the IDA in favor of defendant Nombre125801 was segregated, was repealed by another Decreto Ejecutivo, so the titling carried out to defendant Nombre125801 lacks support in its base, because the original property and the regulation that enabled the titling of those lands do not currently exist. Now, once again, this Tribunal notes that despite the express order given in Decreto Ejecutivo number 346554-MGP to the IDA, to the effect that it had to initiate the procedures to cancel the registrations in the Public Registry that were generated with Decreto Ejecutivo number Placa20346, issued on March eighteen, nineteen seventy-four, in this particular case, there has been an omissive conduct, since the IDA did not pursue, in the administrative venue, the nullity of the title granted to co-defendant Nombre125801; 3) In addition to the reasons set forth, there is a final argument raised by the Contraloría General de la República, to the effect that the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos obligates the IDA, prior to granting a titling, to have the soil-capability study, a requirement that the IDA illegally failed to comply with at the time of titling the property object of this proceeding in favor of co-defendant Nombre125801. Furthermore, the Reglamento to the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos made it impossible for the IDA to title lands that do not classify for agricultural purposes. This allegation is fully shared by this Tribunal, because it is taken as proven that at the time the Institute of Agrarian Development titled the property object of this proceeding in favor of co-defendant Nombre125801, the soil-capability study required by article 27 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos and numerals 58, 59, 60, 61, 62 and 63 of the Reglamento to said Law was not available. This is because the IDA itself accepts it in its statement of claim, and because in this case, within the preliminary hearing, all the facts of the claim were declared as non-controversial, among them this fact. Likewise, for this Tribunal, there was in this case a clear violation of the provisions of article 27 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, which provides:

ARTICLE 27.- It shall be mandatory for the Institute of Agrarian Development to have soil-capability studies before acquiring lands for titling purposes.

Every adjudication of lands shall have as a limitation that the use of the adjudicated land cannot go against its capability. Non-compliance with this provision shall result in revocation of the adjudication, apart from other penalties that may be imposed for the crimes attributable thereto.

Note that the regulation is very clear on the IDA's obligation to have soil-capability studies prior to titling, and that non-compliance with that mandate shall result in revocation of the adjudication, which is what happened in this case, because in the titling carried out in favor of co-defendant Nombre125801, the IDA did not request, nor did it have, this study, grossly violating the cited regulation, so that also from this perspective, the titling carried out in favor of co-defendant Nombre125801 becomes absolutely null. In this regard, the defensive argument of the IDA that article 27 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, while it is true it establishes the need for the IDA to conduct soil-capability studies, that regulation is applied to properties that the IDA purchases with its own resources to destine them to the formation of Peasant Settlements, and this is not the case, since what happened was that by Decreto Ejecutivo thousands of hectares were transferred throughout the national territory, so that regulation cannot be applied in this matter, that allegation is totally unfounded, because the cited article states, "before acquiring lands for titling purposes," so the regulation does not make a distinction as to whether the lands that the IDA acquires are by purchase with its own resources or by simple transfer, as in this case, established by Decreto Ejecutivo. That is, article 27 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos is mandatory for every titling of properties that the IDA carries out on lands that this institution acquires by any translative title of ownership. Furthermore, the IDA openly violated the provisions of articles 58, 59, 60, 61, 62 and 63 of the Reglamento to the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo number 29375 MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, which provide:

Article 58.—In all possessory information presented before the IDA or before the Courts of Justice, for the purpose of registering in the Public Property Registry, the interested party, in addition to the requirements demanded by common regulations, must demonstrate, with an adequate soil study, that possession has been exercised in compliance with the conforming use of the soil for the activity carried out in accordance with the approved methodology, and executing them with the best management practices, according to the best available technology, in compliance with the provisions of articles 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43 and 64 of Law No. 7779 and this Reglamento.

 

Article 59.—The study shall be carried out by the Certifier of Conforming Soil Use, who shall analyze and certify, based on a field visit, whether possession in the activities of the property has been exercised in accordance with the conforming use of the soil according to its classification and whether soil and water management and conservation practices are carried out on the property in accordance with the approved methodology.

 

Article 60.—It is mandatory for the IDA to have soil studies, at least at a semi-detailed level in coordination with the MAG, prior to any purchase of properties, parceling, adjudication, titling, leasing, and with greater emphasis on the titling of lands located in national reserves under law 7599 of April 29, 1996.

 

Article 61.—Under no circumstances may the IDA acquire, adjudicate or title lands that do not classify for agricultural purposes according to the soil study.

 

Article 62.—If from the soil study and land classification, titling for agricultural or urban purposes is not appropriate, the IDA shall destine them, as applicable, to national reserve, transferring them, as applicable, to MINAE.

 

Article 63.—In the lease or adjudication contract or title for lands by the IDA, the condition that the adjudicatee may not carry out any activity contrary to the use, management and conservation of soils and waters on the land shall necessarily be included, under penalty of expiration or revocation. As provided in articles 27 and 64 of Law No. 7779. Upon demonstration of non-compliance, the IDA shall initiate the TITLE revocation procedure, for which a preventive annotation shall be made in the Folio Real of the respective property.

It must be noted that the cited regulations are clear, with respect to the fact that before titling and registering lands, the IDA has the obligation to conduct soil-capability studies prior to titling. Likewise, the cited article 61 prohibits the IDA from acquiring, adjudicating or titling lands that do not classify for agricultural purposes according to the soil study, and precisely, in this case, from the Certificate of Conforming Soil Use, prepared by Agr. Eng. German José Aguilar Vega, an official of INTA, analyzed in the preceding recital of this resolution, the conclusion is reached that the property object of this proceeding, and which was titled in favor of defendant Nombre125801, is not suitable for carrying out agricultural or livestock activities, so the nullity of the titling carried out by the IDA arises not only from the existence of forests on the property, which makes it natural heritage of the State, but also because titling was carried out on land that is not suitable for agricultural exploitation activities. Now, in the opinion of this jurisdictional body, the defensive arguments given by the IDA, to the effect that while it is true that the Reglamento to the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos requires an adequate study of conforming soil use for the titling procedures carried out by the IDA, it was understood that these were to be carried out by the Ministry of Agriculture and Livestock, which was later entrusted to the Institute of Innovation and Transfer of Agricultural Technology, INTA, and for reasons of scarcity of human and technical resources these studies began to be carried out only in two thousand one, and when the title was granted to the defendant, INTA did not have the mechanism or structure for attending to certifications of conforming soil use, and it is this institution that was responsible for carrying out the certifications of conforming soil use for the IDA, and INTA suspended this type of certification, are incorrect, because the IDA cannot transfer its responsibility to other dependencies such as the Ministry of Agriculture and Livestock or INTA, for not being able to carry out the soil-capability studies, since it had the legal obligation to comply with that requirement. Furthermore, if the IDA did not have those studies because other institutions were in charge and did not have the necessary human and technical resources to carry them out, what the IDA should have done was not to title the lands at all, until it had the capacity to fully comply with the provisions of article 27 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos. Precisely, in this case the defendant institution granted a property title without complying with the provisions of the cited article of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos and the indicated norms of the Reglamento to said Law, so the nullity of the IDA's actions in this case are evident and manifest. Consequently, for all the reasons explained, the nullity of the administrative act must be declared, solely in the titling of the land corresponding to cadastral plan SJ-600333-1999 in favor of defendant Nombre125801, issued by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in its Article 32 of Session 016-04 of May 13, 2004, as well as all related acts, which will be specified in the following recitals of this judgment.

VII- ON THE CLAIM FOR DAMAGES AND LOSSES IN THE ABSTRACT AGAINST THE DEFENDANTS: The Contraloría General de la República requests that the defendants be ordered to pay the damages and losses caused. Regarding this claim, this Tribunal considers that the IDA must be ordered to pay damages and losses in the abstract because the active conducts, as well as the omissive ones, described throughout this resolution, are sufficient cause to determine that said sued institution incurred in an abnormal functioning that must be compensated in favor of the State or Central Public Administration, represented in this case by the Contraloría General de la República, based on the provisions of articles 190 and following of the Ley General de la Administración Pública, related to numeral 122, subsection m), sub-subsection iii) of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Consequently, the IDA is ordered to pay in the abstract the damages and losses caused by its abnormal functioning, whose existence and amount shall be determined in the judgment execution phase. Now, this Tribunal considers that co-defendant Nombre125801 must be exonerated from the payment of the damages and losses requested by the controlling body, because throughout this proceeding, and from the evidence in the record, no liability can be attributed to him, because it was not proven that his actions were carried out with bad faith, fraud or fault, at the time of being the beneficiary of a titling in which his participation was passive and not active, as that of the IDA was. Therefore, Mr. Nombre125801 is exonerated from the payment of damages and losses.

VIII- REGARDING THE PERTINENT ACTIONS TO PREPARE THE TRANSFER DEED IN FAVOR OF THE STATE FOR THE PROPERTY OBJECT OF THIS PROCEEDING AND THE REGISTRATION PROCEDURES IN THE NATIONAL REGISTRY: The Contraloría General de la República requests that the property object of this proceeding be declared natural heritage of the State, an aspect accepted in this resolution, and that proceedings be undertaken to prepare the transfer deed in favor of the State, as well as to process its registration in the Public Registry with its respective change of nature. This claim is accepted by this jurisdictional body; however, it must be done as provided in the second paragraph of article 13 of the Ley Forestal, which provides that the Procuraduría General de la República, through the Notary of the State, shall be the body in charge of preparing the new transfer deed, with its respective change of nature, and undertaking the pertinent actions to register that deed in the Public Property Registry.

IX- ON THE GRANTING OF THE CLAIMS ESTABLISHED IN THIS PROCEEDING: For all the reasons set forth in this resolution, the claim is granted, in the following terms: 1) It is ordered to annul the agreement of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, contained in Article 32 of session number 016-04, of May 3, 2004, solely, regarding the titling of a property in favor of co-defendant Nombre125801, described in cadastral plan number Placa26957. 2) It is ordered to annul public deed number 47, granted before Notaries Public Giovanni Varela Dijeres and Alba Iris Ortiz Recio, at 8:00 a.m. on May 24, 2004, which formalized and protocolized the titling issued by the Institute of Agrarian Development, solely, regarding the titling of a property in favor of Mr. Nombre125801. 3) It is ordered to annul the registration entry of the property registered under the Folio Real system, registration number Placa26958 (titled property), issued by the National Registry. 4) It is declared that the property registered under folio real registration number Placa26958 was technically and legally registered unduly in favor of Mr. Nombre125801. 5) The property described in cadastral plan number Placa26959 is declared as Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) and, therefore, the competent authority to exercise its administration is the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (MINAET). 6) The Procuraduría General de la República is ordered, through the Notary of the State, to prepare the new transfer deed for the property object of this proceeding, with its respective change of nature, and to undertake the pertinent actions to register that deed in the Public Property Registry. 7) It is ordered to evict Mr. Nombre125801 from the property object of this proceeding and to place the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (MINAET) in possession of that property. Let the respective orders be issued to the Public Registry. The parties are informed that any aspect established in this resolution must be executed before the Executing Judge of this Tribunal, should it be necessary, for the due execution of this judgment.

X- REGARDING THE MAINTENANCE OF THE PRECAUTIONARY MEASURES IMPOSED IN THIS PROCEEDING, UNTIL THIS JUDGMENT BECOMES FINAL: In order to protect the object of this proceeding, it is ordered to maintain the precautionary measures ordered by this Tribunal in the precautionary measure hearing, held at eight hours and thirty-five minutes on October eight, two thousand eight, by means of oral resolution number 700-2008, in the following terms: "1) Defendant Nombre125801 is ordered to refrain from burning and cutting forest on the entirety of the property object of this proceeding. 2) Defendant Nombre125801 is ordered not to introduce livestock or any other animal that may harm the forest on the property object of the proceeding. 3) Defendant Nombre125801 is prohibited from undertaking any type of construction on the property object of this proceeding. 4) Defendant Nombre125801 is ordered to avoid channeling or altering the course of any creek or river located within the property object of this proceeding." Likewise, the precautionary measures consisting of the following were rejected: "1) The inability to carry out clearing on the property, this is understood to mean that the co-defendant may clear only in the open areas, and where the livestock is located. Therefore, the impossibility of carrying out clearing activity or similar within the zone corresponding to forest is established. 2) He shall not remove the eight heads of livestock currently located on the property, with the understanding that he may only increase the heads of livestock from the offspring born to the eight cows currently on the site. The foregoing implies the impossibility of placing new heads of livestock on the property, with the exception already indicated. The keeping of livestock may only be carried out in the open area where the referred-to zinc-sheet building is located, solely." This tribunal considers that, for purposes of guaranteeing compliance with the precautionary measures, it is required that the Central Pacific Area of the National System of Conservation Areas (SINAC) provide this jurisdictional body with a report within fifteen days after being notified of what is indicated in this oral resolution, by means of official letter to SINAC. Said report must state the following: 1) That the adopted precautionary measures are being complied with under the terms ordered by this tribunal. 2) That they indicate which of the eight cows currently on the property are pregnant, the gestation period and the possible date of the birth of the offspring. 3) That it be verified that the clearing activity is carried out only in the open area where the eight heads of livestock graze, and that the same activity is carried out for the purpose of maintaining the areas destined for pasture. The defendants are warned that failure to comply with the precautionary measures ordered by this tribunal will cause them to incur the crimes established for that purpose by our criminal legal system." These precautionary measures must be maintained until this judgment becomes final.

XI- ON THE PAYMENT OF PERSONAL AND PROCEDURAL COSTS IN THIS MATTER: In accordance with the provisions of article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, and since this jurisdictional body does not find valid reasons for exoneration from costs, the IDA is ordered to pay the procedural and personal costs of this proceeding. Mr. Nombre125801 is exonerated from the payment of the procedural and personal costs of this proceeding, because in this Tribunal's judgment, his conduct has been in good faith, in accordance with the provisions of article 193, subsection b), of the Código Procesal Contencioso Administrativo.

POR TANTO

The present claim is granted, in the following terms: 1) It is ordered to annul the agreement of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, contained in Article 32 of session number 016-04, of May 3, 2004, solely, regarding the titling of a property in favor of co-defendant Nombre125801, described in cadastral plan number Placa26957. 2) It is ordered to annul public deed number 47, granted before Notaries Public Giovanni Varela Dijeres and Alba Iris Ortiz Recio, at 8:00 a.m. on May 24, 2004, which formalized and protocolized the titling issued by the Institute of Agrarian Development, solely, regarding the titling of a property in favor of Mr. Nombre125801. 3) It is ordered to annul the registration entry of the property registered under the Folio Real system, registration number Placa26958 (titled property), issued by the National Registry. 4) It is declared that the property registered under folio real registration number Placa26958 was technically and legally registered unduly in favor of Mr. Nombre125801. 5) The property described in cadastral plan number Placa26959 is declared as Natural Heritage of the State and, therefore, the competent authority to exercise its administration is the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (MINAET). 6) The Procuraduría General de la República is ordered, through the Notary of the State, to prepare the new transfer deed for the property object of this proceeding, with its respective change of nature, and to undertake the pertinent actions to register that deed in the Public Property Registry. 7) It is ordered to evict Mr. Nombre125801 from the property object of this proceeding and to place the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (MINAET) in possession of that property. Let the respective orders be issued to the Public Registry. The parties are informed that any aspect established in this resolution must be executed before the Executing Judge of this Tribunal, should it be necessary, for the due execution of this judgment. 8) The IDA is ordered to pay damages and losses in the abstract in favor of the State or Central Public Administration, represented in this case by the Contraloría General de la República. Damages and losses whose existence and amount shall be determined in the judgment execution phase. 9) It is ordered to maintain the precautionary measures ordered by this Tribunal in the precautionary measure hearing, held at eight hours and thirty-five minutes on October eight, two thousand eight, by means of oral resolution number 700-2008, until this judgment becomes final. 10) The IDA is ordered to pay the procedural and personal costs of this proceeding. Likewise, the claim is denied in the following aspects: 1) Mr. Nombre125801 is exonerated from the payment of damages and losses; 2) Mr. Nombre125801 is exonerated from the payment of the procedural and personal costs of this proceeding.

Otto González Vílchez

Marianella Alvarez Molina José Roberto Garita Navarro

File: 08-000903-1027-CA

Preferential Procedure

Plaintiff: Office of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República)

Defendant: Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario) and another