Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Si bien es cierto, por mayoría de esta integración de Tribunal se considera el conteo el plazo decenal de posesión de terrenos boscosos lo es antes de la afectación de dominio público según Ley Forestal de 1969, ello no es de aplicación a este caso concreto, pues nótese se trata de un inmueble compuesto de bosque secundario, lo que implica ese terreno fue regenerado por parte de su poseedor además del reconocimiento judicial se desprende se ha cuidado ese recurso. (...) La actividad silvícola y la regeneradora de bosques secundarios son actividades necesarias para la captación de carbono en la atmósfera y por ende medidas ambientales contra el calentamiento global, actividades beneficiosas para el medio ambiente por lo que sería incoherente castigar a los poseedores que tienen ese tipo de actividad regeneradora de bosques denegándoles la obtención de su título de propiedad.
English (translation)While it is true that, by majority of this Court's composition, the decennial period of possession of forest lands is counted before the public domain affectation according to the 1969 Forestry Law, this is not applicable to this specific case, since it concerns a property composed of secondary forest, which implies that land was regenerated by its possessor and, moreover, from the judicial inspection it is clear that this resource has been cared for. (...) Silviculture and secondary forest regeneration are necessary activities for carbon sequestration in the atmosphere and therefore environmental measures against global warming; they are beneficial activities for the environment, so it would be inconsistent to punish the possessors who carry out such forest regeneration activities by denying them the granting of their property title.
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Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 00050 - 2010 Fecha de la Resolución: 28 de Enero del 2010 a las 14:10 Expediente: 05-000104-0419-AG Redactado por: Alexandra Alvarado Paniagua Clase de asunto: Proceso de información posesoria Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias en igual sentido Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario Tema: Información posesoria agraria Subtemas: Aprobación sobre terreno constituido por bosque secundario. Tema: Bosques y terrenos forestales Subtemas: Aprobación de información posesoria sobre terreno constituido por bosque secundario. III.- No se comparten los agravios expuestos por la apelante por las siguientes razones: Del estudio de suelos elaborado por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA), se desprende que los inmuebles descritos en los planos catastrados números P-937098-2004 y P-939682-2004 son terrenos con bosque secundario y potrero, y se indica la quebrada posee una zona de protección. Si bien es cierto, por mayoría de esta integración de Tribunal se considera el conteo el plazo decenal de posesión de terrenos boscosos lo es antes de la afectación de dominio público según Ley Forestal de 1969, ello no es de aplicación a este caso concreto, pues nótese se trata de un inmueble compuesto de bosque secundario, lo que implica ese terreno fue regenerado por parte de su poseedor además del reconocimiento judicial se desprende se ha cuidado ese recurso. La Comisión Nacional de Certificación Forestal de Costa Rica define el bosque secundario como “... aquella tierra con vegetación leñosa de carácter sucesional secundaria que se desarrolla una vez que la vegetación original fue eliminada por actividades humanas o fenómenos naturales; con una superficie mínima de 0,5 ha y una densidad no menor a 500 árboles por ha de todas las especies, con dap no menor a 5 cm” (CNCF 1999, Comisión Nacional de Certificación Forestal. 1999. Estándares y procedimientos para el manejo sostenible y la certificación forestal en Costa Rica. San José,. Costa Rica. 54 p.) Partiendo de esta definición y del estudio técnico del INTA visible a folios 92-95, el bosque original fue convertido en potreros o su vegetación fue eliminada, para luego dar lugar a un bosque secundario el cual como se dijo ha sido cuidado por sus poseedores, declarar ese tipo de bosque secundario como bien demanial sería no incentivar ese tipo de actividad regeneradora de bosques, pues los poseedores preferirían mantener sus terrenos de naturaleza de potreros para tenerlos bajo su patrimonio y no correr el riesgo le sean declarados estatales. La actividad silvícola y la regeneradora de bosques secundarios son actividades necesarias para la captación de carbono en la atmósfera y por ende medidas ambientales contra el calentamiento global, actividades beneficiosas para el medio ambiente por lo que sería incoherente castigar a los poseedores que tienen ese tipo de actividad regeneradora de bosques denegándoles la obtención de su título de propiedad. Aunado a lo anterior, según estudio del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el terreno a titular no es un inmueble de recarga acuífera que sea de utilidad para abastecer de agua a alguna población, en este sentido ver el estudio visible a folios 140 a 142, y tampoco el mismo está dentro de alguna zona protectora, por el contrario está ubicado fuera de áreas silvestres protegidas según documento de folio 226. Con base en lo anterior, las declaraciones testimoniales en las que se hace referencia a una posesión de treinta a treinta y cinco años, es tiempo apto para usucapir, pues de cumple con el requisito del ejercicio de una posesión decenal en forma pública, pacífica, continua, y de buena fe, sin que sea necesario referirnos a la posesión decenal anterior a la Ley Forestal, pues el terreno fue convertido a bosque secundario, actividad ejercida por los poseedores que sería un contrasentido castigar no teniendo esa actividad como válida para usucapir.- En otro orden de ideas, referido al agravio en cuanto a si la posesión es originaria o derivada, a folio 225 con el carácter de declaración jurada, se aclara que la adquisión del inmueble ha sido en forma derivada tal y como lo han referido los testigos. Finalmente, con relación a la indicación que el inmueble colinda con una servidumbre de paso, el hecho que se haga tal referencia como una colindancia ello no implica se está constituyendo una servidumbre de esa forma, pues como bien lo señalan los artículos 376 y 379 del Código Civil, este tipo de servidumbe solo se pueden constituir por convenio de parte o testamento, lo cual no ocurre en este caso, donde se hace referencia a la servidumbre como colindancia, no como servidumbre de paso por motivo de que el inmueble sea fundo enclavado -lo que no es este caso- , en cuyo supuesto sí sería necesario demostrar con prueba idónea que la servidumbre que le da salida ha sido legalmente constituída.” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Texto de la resolución VOTO N° 0050-F-10 TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las catorce horas diez minutos del veintiocho de enero de dos mil diez.- INFORMACIÓN POSESORIA, promovida por [Nombre1] , mayor, casado, agricultor, vecino de Coto Brus, cédula de identidad número CED1- - , y [Nombre2] , mayor, casada, ejecutiva del hogar, vecina de Coto Brus, cédula de identidad número CED2- - . Intervienen en el proceso la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Lydiana Rodríguez Paniagua, de calidades desconocidas en autos, en su condición de procuradora adjunta, y el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, representado por Gerardo Vargas Rojas, mayor, casado, abogado, vecino de Atenas, cédula de identidad número CED3- - , en su condición de apoderado generalísimo. Tramitado en el Juzgado Agrario de la Zona Sur. Actúa como apoderada especial judicial de la parte promovente la licenciada Marbiodal Saavedra Ramírez, mayor, casada, abogada, vecina de Corredores, cédula de identidad número CED4- - y como abogada directora de Instituto de Desarrollo Agrario, la licenciada Carmelina Vargas Hidalgo, de calidades desconocidas en autos.- RESULTANDO: 1. La parte promovente planteó las presentes diligencias de información posesoria, estimadas en la suma de cinco millones de colones, a fin de que se ordene inscribir en el Registro Público de la Propiedad, los inmuebles que se describen así: " A) Terreno de Montaña, Situado en Bajo Araya, [Dirección1] : , : Golfito, de la provincia de Puntarenas, colinda al norte con: [Dirección2] , con una medida lineal de quinientos uno punto tres centímetros, al sur: [Nombre3] , al este: [Nombre4] y [Nombre5] , al oeste: Servidumbre Agrícola con doscientos treinta y tres punto sesenta y nueve centímetros, [Nombre6], [Nombre7] y [Nombre8] todas de apellidos [Nombre8] . Mide cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos metros con treinta y cinco decímetros cuadrados, según el plano catastrado P- nueve tres siete cero nueve ocho- dos mil cuatro. B) Terreno de Montaña, Situado en Bajo Araya, [Dirección3] : , [Dirección4] : Golfito, de la provincia de Puntarenas, colinda al norte con: [Nombre9] , al sur: [Nombre10] , [Dirección5] , [Nombre8] , [Nombre10] , al este: [Nombre11] , y al oeste: Río Claro, [Nombre4] Seca, [Nombre12] y [Nombre13] . Mide 1753818.37 metros cuadrados, según el plano catastrado P- nueve tres nueve seis ocho dos- dos mil cuatro."-, (folios 9 a 10 y 20).- 2. Se tuvieron como apersonados al proceso la Procuraduría General de la República y el Instituto de Desarrollo Agrario, a los términos que corren a folios 71 a 73 y 74, respectivamente.- 3. El licenciado Juan Gutiérrez Villalobos, juez de primera instancia, en resolución de las quince horas cincuenta minutos del veinte de abril de dos mil nueve, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, normas legales citadas; SE APRUEBAN las presentes diligencias de Información Posesoria establecidas por [Nombre1] y [Nombre2] . En consecuencia, proceda el Registro Público de la Propiedad a inscribir a nombre de [Nombre1] mayor de edad, casado una vez, agricultor, vecino de Agua Buena de Coto Brus, portador de la cédula de identidad número CED5- - y [Nombre2] mayor de edad, casada una vez, de oficios del hogar, vecina de Agua Buena de Coto Brus, portadora de la cédula de identidad número CED6- - , las fincas que se describen así: a) Terreno de montaña, situado en [Dirección6] , cantón sétimo Golfito de la provincia de Puntarenas, con linderos al norte: calle [Dirección7] con una medida lineal de quinientos uno punto tres centímetros, al sur con [Nombre14] , al este con [Nombre4] y [Nombre5] y al oeste servidumbre agrícola con doscientos treinta y tres punto sesenta y nueve centimetros, [Nombre6], [Nombre7] y [Nombre8] . Mide cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos metros con treinta y cinco decímetros cuadrados según plano P-nueve tres siete cero nueve ocho-dos mil cuatro. b) Terreno de montaña situado en [Dirección6] , cantón sétimo Golfito de la provincia de Puntarenas, con linderos al norte: [Nombre9] , al sur con [Nombre10] , [Dirección5] , [Nombre8] , al este con [Nombre11] y al oeste Río Claro, [Nombre4] Seca, [Nombre12] y [Nombre13] . Mide un millón setecientos cincuenta y tres mil ochocientos dieciocho metros treinta y siete decímetros cuadrados según plano P-uno cero cuatro cinco cinco cuatro cero-dos mil seis. Que dichos inmuebles los adquirió mediante donación que le hiciera el señor [Nombre10] . Que su posesión sobre los terrenos ha sido en forma quieta, pública, pacífica y sin interrupción, consistiendo esa posesión en la limpieza y cuido de la montaña, sembrar árboles, limpieza de carriles y linderos, conservación de los animales y del ambiente. Sobre dichos inmuebles no existen gravámenes. Que carecen de título inscribible de dominio y no pretenden evadir las consecuencias de un juicio sucesorio. Los bienes fueron estimados el denominado a) en la suma de dos millones de colones y el denominado b) en tres millones de colones. Que el edicto citando a colindantes y terceros interesados se publicó en el Boletín Judicial número 197 del 13 de octubre del año dos mil cinco. De conformidad con el artículo 19 de la Ley de Informaciones Posesorias, queda la propiedad afecta sin perjuicio de terceros de mejor derecho y con las reservas que señalan la Ley de Aguas en sus artículos 72 y 73 y, de conformidad con el artículo 16 de la referida Ley, esta propiedad queda definitivamente convalidada para terceros a los tres años, los cuales comenzarán a contar a partir del día inmediato a la inscripción del título correspondiente en el Registro Público. El área contigua a las nacientes constituye área de protección y queda prohibida la corta o eliminación de árboles de conformidad con la ley Forestal número 7575 artículo 33 incisos a) y b). Firme la presente resolución extiéndase la certificación correspondiente para la inscripción respectiva.-”, (folios 227 a 236).- 4. La Procuraduría General de la República interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del juzgado de instancia, a los términos que corren a folios 250 a 254.- 5. En la substantación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se observa la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo. Redacta la jueza Alvarado Paniagua; y, CONSIDERANDO: I.- Este Tribunal prohija la relación de hechos tenidos por probados en el fallo recurrido al ser fiel reflejo de lo constante en autos.- II.- La Procuradora adjunta Licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, apela la sentencia de las quince horas cincuenta minutos del veinte de abril del dos mil nueve, argumentando los inmuebles que se pretenden inscribir son terrenos forestales y bosques de las reservas nacionales por lo que están afectos a dominio público, y son patrimonio natural del Estado desde la Ley Forestal 4465 de 1969, artículo 33 reformada por la Ley Forestal 7174 de 1990, y el carácter demanial se mantiene en la Lely 7575 en los artículos 13 y 14.- Considera las declaraciones de los testigos no demuestran la posesión decenal apta para usucapir , además consiera hay contradicción en el tipo de posesión ejercida pues en el escrito inicial dicen lo es originaria, cuando los testigos refieren lo es derivada. Considera la sentencia tiene por acreditado que el inmueble colinda por el [Dirección8] con una servidumbre de paso, cuando no hay documento que corrobore tal constitución de servidumbre, y la ley de informaciones posesorias no es un mecanismo adecuado para constituirla. Sin perjuicio de lo anterior, solicita la sentencia debe indicar que el área contigua a la naciente, quebradas y al Río Zapote constituye área de protección según el artículo 33 inciso b) de la Ley Forestal Número 7575 y que queda prohibida la corta o eliminación de árboles, debiéndose consignar en sentencia para efectos de inscripción en el Registro (artículo 34 ibídem). Además que el cauce y las aguas de esa corriente son de dominio público (Ley de Aguas, artículos 1, inciso IV, y 3 inciso III). Que el derecho de vía de la calle pública que colinda por el rumbo norte con el inmueble correspondiente al plano P-937098-2004 es de 14.00 metros y que el derecho de vía de la calle pública que colinda por el rumbo sur con el inmueble correspondiente al plano P-1045540-2006 es de 14.00 metros (artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19 inciso a de la Ley de Informaciones Posesorias).- (ver folios 250 a 259).- III.- No se comparten los agravios expuestos por la apelante por las siguientes razones: Del estudio de suelos elaborado por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA), se desprende que los inmuebles descritos en los planos catastrados números P-937098-2004 y P-939682-2004 son terrenos con bosque secundario y potrero, y se indica la [Nombre4] posee una zona de protección. Si bien es cierto, por mayoría de esta integración de Tribunal se considera el conteo el plazo decenal de posesión de terrenos boscosos lo es antes de la afectación de dominio público según Ley Forestal de 1969, ello no es de aplicación a este caso concreto, pues nótese se trata de un inmueble compuesto de bosque secundario, lo que implica ese terreno fue regenerado por parte de su poseedor además del reconocimiento judicial se desprende se ha cuidado ese recurso. La Comisión Nacional de Certificación Forestal de Costa Rica define el bosque secundario como “... aquella tierra con vegetación leñosa de carácter sucesional secundaria que se desarrolla una vez que la vegetación original fue eliminada por actividades humanas o fenómenos naturales; con una superficie mínima de 0,5 ha y una densidad no menor a 500 árboles por ha de todas las especies, con dap no menor a 5 cm” (CNCF 1999, Comisión Nacional de Certificación Forestal. 1999. Estándares y procedimientos para el manejo sostenible y la certificación forestal en Costa Rica. San José,. Costa Rica. 54 p.) Partiendo de esta definición y del estudio técnico del INTA visible a folios 92-95, el bosque original fue convertido en potreros o su vegetación fue eliminada, para luego dar lugar a un bosque secundario el cual como se dijo ha sido cuidado por sus poseedores, declarar ese tipo de bosque secundario como bien demanial sería no incentivar ese tipo de actividad regeneradora de bosques, pues los poseedores preferirían mantener sus terrenos de naturaleza de potreros para tenerlos bajo su patrimonio y no correr el riesgo le sean declarados estatales. La actividad silvícola y la regeneradora de bosques secundarios son actividades necesarias para la captación de carbono en la atmósfera y por ende medidas ambientales contra el calentamiento global, actividades beneficiosas para el medio ambiente por lo que sería incoherente castigar a los poseedores que tienen ese tipo de actividad regeneradora de bosques denegándoles la obtención de su título de propiedad. Aunado a lo anterior, según estudio del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el terreno a titular no es un inmueble de recarga acuífera que sea de utilidad para abastecer de agua a alguna población, en este sentido ver el estudio visible a folios 140 a 142, y tampoco el mismo está dentro de alguna zona protectora, por el contrario está ubicado fuera de áreas silvestres protegidas según documento de folio 226. Con base en lo anterior, las declaraciones testimoniales en las que se hace referencia a una posesión de treinta a treinta y cinco años, es tiempo apto para usucapir, pues de cumple con el requisito del ejercicio de una posesión decenal en forma pública, pacífica, continua, y de buena fe, sin que sea necesario referirnos a la posesión decenal anterior a la Ley Forestal, pues el terreno fue convertido a bosque secundario, actividad ejercida por los poseedores que sería un contrasentido castigar no teniendo esa actividad como válida para usucapir.- En otro orden de ideas, referido al agravio en cuanto a si la posesión es originaria o derivada, a folio 225 con el carácter de declaración jurada, se aclara que la adquisión del inmueble ha sido en forma derivada tal y como lo han referido los testigos. Finalmente, con relación a la indicación que el inmueble colinda con una servidumbre de paso, el hecho que se haga tal referencia como una colindancia ello no implica se está constituyendo una servidumbre de esa forma, pues como bien lo señalan los artículos 376 y 379 del Código Civil, este tipo de servidumbe solo se pueden constituir por convenio de parte o testamento, lo cual no ocurre en este caso, donde se hace referencia a la servidumbre como colindancia, no como servidumbre de paso por motivo de que el inmueble sea fundo enclavado -lo que no es este caso- , en cuyo supuesto sí sería necesario demostrar con prueba idónea que la servidumbre que le da salida ha sido legalmente constituída.- IV.- Por lo expuesto deberá confirmarse el fallo recurrido, y agregárse a la parte dispositiva lo siguiente: El área contigua a la naciente, quebradas y al [Dirección9] constituye área de protección según el artículo 33 inciso b) de la Ley Forestal Número 7575 y que queda prohibida la corta o eliminación de árboles, para efectos de inscripción en el Registro (artículo 34 ibídem). El cauce y las aguas de esa corriente son de dominio público (Ley de Aguas, artículos 1, inciso IV, y 3 inciso III). El derecho de vía de la calle pública que colinda por el rumbo norte con el inmueble correspondiente al plano P-937098-2004 es de 14.00 metros y que el derecho de vía de la calle pública que colinda por el rumbo sur con el inmueble correspondiente al plano P-1045540-2006 es de 14.00 metros (artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19 inciso a de la Ley de Informaciones Posesorias). POR TANTO: Se confirma la sentencia. Se adiciona al fallo recurrido lo siguiente: El área contigua a la naciente, quebradas y al Río Zapote constituye área de protección según el artículo treinta y tres inciso b) de la Ley Forestal Número siete mil quinientos setenta y cinco y que queda prohibida la corta o eliminación de árboles, para efectos de inscripción en el Registro. El cauce y las aguas de esa corriente son de dominio público. El derecho de vía de la calle pública que colinda por el rumbo norte con el inmueble correspondiente al plano P-novecientos treinta y siete mil noventa y ocho-dos mil cuatro es de catorce metros y que el derecho de vía de la calle pública que colinda por el rumbo sur con el inmueble correspondiente al plano P-un millón cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta-dos mil seis es de catorce metros según artículo cuatro de la Ley General de Caminos Públicos.- ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA ANTONIO DARCIA CARRANZA CARLOS PICADO VARGAS EXPEDIENTE: EXPN1 PROCESO: INFORMACIÓN POSESORIA PROMUEVE: [Nombre1] Y OTRO C+P+N Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:06:45. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
VOTE N° 0050-F-10 AGRARIAN TRIBUNAL OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Goicoechea, at fourteen hours ten minutes on the twenty-eighth of January, two thousand ten.- POSSESSORY INFORMATION, promoted by [Nombre1], of legal age, married, farmer, resident of Coto Brus, identity card number CED1- - , and [Nombre2], of legal age, married, homemaker, resident of Coto Brus, identity card number CED2- - . Appearing in the proceeding are the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA), represented by Lydiana Rodríguez Paniagua, whose particulars are unknown in the record, in her capacity as deputy attorney general, and the INSTITUTE OF AGRARIAN DEVELOPMENT (INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO), represented by Gerardo Vargas Rojas, of legal age, married, attorney, resident of Atenas, identity card number CED3- - , in his capacity as universal agent. Processed in the Agrarian Court of the Zona Sur. Acting as special judicial agent for the petitioners is licensed attorney Marbiodal Saavedra Ramírez, of legal age, married, attorney, resident of Corredores, identity card number CED4- - , and as directing attorney of the Institute of Agrarian Development, licensed attorney Carmelina Vargas Hidalgo, whose particulars are unknown in the record.- WHEREAS: 1. The petitioners filed these possessory information proceedings, valued at the sum of five million colones, in order that the following properties be ordered inscribed in the Public Registry of Property, described as follows: "A) Mountain Land, Situated in Bajo Araya, [Dirección1]: , : Golfito, of the province of Puntarenas, bordering to the north with: [Dirección2], with a linear measurement of five hundred and one point three centimeters, to the south: [Nombre3], to the east: [Nombre4] and [Nombre5], to the west: Agricultural Easement (Servidumbre Agrícola) with two hundred and thirty-three point sixty-nine centimeters, [Nombre6], [Nombre7] and [Nombre8] all with the surnames [Nombre8]. Measures fifty-five thousand eight hundred and forty-two square meters and thirty-five square decimeters, according to cadastral survey plan P- nine three seven zero nine eight- two thousand four. B) Mountain Land, Situated in Bajo Araya, [Dirección3]: , [Dirección4]: Golfito, of the province of Puntarenas, bordering to the north with: [Nombre9], to the south: [Nombre10], [Dirección5], [Nombre8], [Nombre10], to the east: [Nombre11], and to the west: Río Claro, [Nombre4] Seca, [Nombre12] and [Nombre13]. Measures 1753818.37 square meters, according to cadastral survey plan P- nine three nine six eight two- two thousand four."- (folios 9 to 10 and 20).- 2. The Office of the Attorney General and the Institute of Agrarian Development were deemed to have appeared in the proceeding, under the terms set forth at folios 71 to 73 and 74, respectively.- 3. Licensed attorney Juan Gutiérrez Villalobos, judge of first instance, in a resolution issued at fifteen hours fifty minutes on the twentieth of April, two thousand nine, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing and the cited legal provisions; THE present possessory information proceedings established by [Nombre1] and [Nombre2] ARE APPROVED. Consequently, let the Public Registry of Property proceed to inscribe in the name of [Nombre1], of legal age, married once, farmer, resident of Agua Buena de Coto Brus, holder of identity card number CED5- - , and [Nombre2], of legal age, married once, homemaker, resident of Agua Buena de Coto Brus, holder of identity card number CED6- - , the properties described as follows: a) Mountain land, situated in [Dirección6], canton seven Golfito of the province of Puntarenas, with boundaries to the north: street [Dirección7] with a linear measurement of five hundred and one point three centimeters, to the south with [Nombre14], to the east with [Nombre4] and [Nombre5], and to the west agricultural easement with two hundred and thirty-three point sixty-nine centimeters, [Nombre6], [Nombre7] and [Nombre8]. Measures fifty-five thousand eight hundred and forty-two square meters and thirty-five square decimeters according to plan P-nine three seven zero nine eight-two thousand four. b) Mountain land situated in [Dirección6], canton seven Golfito of the province of Puntarenas, with boundaries to the north: [Nombre9], to the south with [Nombre10], [Dirección5], [Nombre8], to the east with [Nombre11], and to the west Río Claro, [Nombre4] Seca, [Nombre12] and [Nombre13]. Measures one million seven hundred and fifty-three thousand eight hundred and eighteen square meters and thirty-seven square decimeters according to plan P-one zero four five five four zero-two thousand six. That they acquired said properties through a donation made to them by Mr. [Nombre10]. That their possession of the lands has been in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner, consisting of said possession in the cleaning and care of the mountain, planting trees, clearing paths and boundaries, conservation of animals and the environment. There are no encumbrances on said properties. They lack a registrable title of ownership and are not attempting to evade the consequences of a succession proceeding. The assets were valued, the one denominated a) at the sum of two million colones and the one denominated b) at three million colones. That the edict citing bordering owners and interested third parties was published in the Boletín Judicial number 197 of October 13, two thousand five. In accordance with Article 19 of the Ley de Informaciones Posesorias, the property remains affected without prejudice to third parties with superior rights and with the reservations set forth in Articles 72 and 73 of the Ley de Aguas, and in accordance with Article 16 of the referenced Law, this property is definitively validated with respect to third parties after three years, which shall begin to run from the day immediately following the inscription of the corresponding title in the Public Registry. The area adjacent to the springs (nacientes) constitutes a protection area and the felling or elimination of trees is prohibited in accordance with Ley Forestal number 7575, Article 33, subsections a) and b). Once this resolution is final, issue the corresponding certification for the respective inscription.-” (folios 227 to 236).- 4. The Office of the Attorney General filed an appeal with express indication of the reasons for which it refutes the trial court's thesis, under the terms set forth at folios 250 to 254.- 5. In the substantiation of the proceeding, the legal prescriptions have been observed, and no errors or omissions capable of causing the nullity of the judgment are evident. Drafted by Judge Alvarado Paniagua; and, WHEREAS: I.- This Tribunal adopts the relation of facts held as proven in the appealed judgment, as it faithfully reflects what is contained in the record.- II.- Deputy Attorney General, licensed attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, appeals the judgment of fifteen hours fifty minutes on the twentieth of April, two thousand nine, arguing that the properties sought to be inscribed are forest lands (terrenos forestales) and forests of the national reserves and are therefore subject to public domain, and have been natural patrimony of the State since Ley Forestal 4465 of 1969, Article 33, as amended by Ley Forestal 7174 of 1990, and the public domain character is maintained in Ley 7575 in Articles 13 and 14.- She considers that the witness statements do not demonstrate the ten-year possession suitable for acquisitive prescription (usucapir), and she also considers there is a contradiction in the type of possession exercised because in the initial petition they state it is original, whereas the witnesses state it is derivative. She considers the judgment holds it as accredited that the property borders on the [Dirección8] side with a right of way easement (servidumbre de paso), when there is no document corroborating such establishment of an easement, and the Ley de Informaciones Posesorias is not an adequate mechanism to establish it. Notwithstanding the foregoing, she requests the judgment must indicate that the area adjacent to the spring, streams and the Río Zapote constitutes a protection area according to Article 33, subsection b) of Ley Forestal Number 7575 and that the felling or elimination of trees is prohibited, and this must be set forth in the judgment for purposes of inscription in the Registry (Article 34 ibidem). Additionally, that the channel and the waters of that watercourse are public domain (Ley de Aguas, Articles 1, subsection IV, and 3 subsection III). That the right-of-way of the public road bordering on the north side with the property corresponding to plan P-937098-2004 is 14.00 meters and that the right-of-way of the public road bordering on the south side with the property corresponding to plan P-1045540-2006 is 14.00 meters (Article 4 of the Ley General de Caminos Públicos and 19 subsection a) of the Ley de Informaciones Posesorias).- (see folios 250 to 259).- III.- The grievances set forth by the appellant are not shared for the following reasons: From the soil study prepared by the National Institute of Innovation and Transfer of Agricultural Technology (INTA), it is evident that the properties described in cadastral survey plans numbers P-937098-2004 and P-939682-2004 are lands with secondary forest (bosque secundario) and pastureland, and it indicates the [Nombre4] has a protection zone. While it is true that a majority of this Tribunal panel considers the counting of the ten-year period of possession of forested lands to be prior to their being affected as public domain according to the Ley Forestal of 1969, that is not applicable to this specific case, because it is noted that this is a property composed of secondary forest, which implies that this land was regenerated by its possessor; moreover, from the judicial inspection it is evident that this resource has been cared for. The National Forest Certification Commission of Costa Rica defines secondary forest as “... that land with woody vegetation of a secondary successional character that develops once the original vegetation was eliminated by human activities or natural phenomena; with a minimum area of 0.5 ha and a density of no fewer than 500 trees per ha of all species, with dbh no smaller than 5 cm” (CNCF 1999, Comisión Nacional de Certificación Forestal. 1999. Estándares y procedimientos para el manejo sostenible y la certificación forestal en Costa Rica. San José,. Costa Rica. 54 p.) Based on this definition and the technical study by INTA visible at folios 92-95, the original forest was converted into pasturelands or its vegetation was eliminated, to later give rise to a secondary forest which, as stated, has been cared for by its possessors; declaring that type of secondary forest as public domain property would not incentivize that type of forest-regenerating activity, because possessors would prefer to keep their lands of a pastureland nature in order to have them under their patrimony and not run the risk of having them declared state property. Silvicultural activity and the regeneration of secondary forests are necessary activities for carbon sequestration in the atmosphere and therefore environmental measures against global warming, activities beneficial to the environment, so it would be incoherent to punish possessors who engage in that type of forest-regenerating activity by denying them the obtaining of their title of ownership. Added to the foregoing, according to a study by the Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), the land to be titled is not an aquifer recharge property that is useful for supplying water to any population; in this regard, see the study visible at folios 140 to 142, and neither is it within any protective zone; on the contrary, it is located outside protected wilderness areas according to the document at folio 226. Based on the foregoing, the witness statements referring to possession of thirty to thirty-five years constitute time suitable for acquisitive prescription, because the requirement of exercising ten-year possession in a public, peaceful, continuous, and good faith manner is met, without it being necessary to refer to ten-year possession prior to the Ley Forestal, because the land was converted to secondary forest, an activity carried out by the possessors, and it would be a contradiction to punish not considering that activity as valid for acquisitive prescription.- In another vein, regarding the grievance as to whether the possession is original or derivative, at folio 225, in the nature of a sworn statement, it is clarified that the acquisition of the property was in a derivative manner, just as the witnesses have stated. Finally, regarding the indication that the property borders on a right of way easement, the fact that such a reference is made as a boundary does not imply that an easement is being established in that form, because, as Articles 376 and 379 of the Código Civil correctly state, this type of easement can only be established by agreement of the parties or by testament, which is not the case here, where reference is made to the easement as a boundary, not as a right of way easement because the property is a landlocked estate (fundo enclavado)—which is not the case here—in which case it would indeed be necessary to demonstrate with suitable proof that the easement providing it an outlet has been legally established.- IV.- Based on the foregoing, the appealed judgment must be confirmed, and the following added to the operative part: The area adjacent to the spring, streams and the [Dirección9] constitutes a protection area according to Article 33, subsection b) of Ley Forestal Number 7575, and the felling or elimination of trees is prohibited, for purposes of inscription in the Registry (Article 34 ibidem). The channel and the waters of that watercourse are public domain (Ley de Aguas, Articles 1, subsection IV, and 3 subsection III). The right-of-way of the public road bordering on the north side with the property corresponding to plan P-937098-2004 is 14.00 meters and the right-of-way of the public road bordering on the south side with the property corresponding to plan P-1045540-2006 is 14.00 meters (Article 4 of the Ley General de Caminos Públicos and 19 subsection a) of the Ley de Informaciones Posesorias). THEREFORE: The judgment is confirmed. The following is added to the appealed judgment: The area adjacent to the spring, streams and the Río Zapote constitutes a protection area according to Article thirty three, subsection b) of Ley Forestal Number seven thousand five hundred seventy five, and the felling or elimination of trees is prohibited, for purposes of inscription in the Registry. The channel and the waters of that watercourse are public domain. The right-of-way of the public road bordering on the north side with the property corresponding to plan P-nine hundred thirty-seven thousand ninety-eight-two thousand four is fourteen meters, and the right-of-way of the public road bordering on the south side with the property corresponding to plan P-one million forty-five thousand five hundred forty-two thousand six is fourteen meters, according to Article four of the Ley General de Caminos Públicos.- ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA ANTONIO DARCIA CARRANZA CARLOS PICADO VARGAS EXPEDIENTE: EXPN1 PROCEEDING: POSSESSORY INFORMATION PROMOTED BY: [Nombre1] AND ANOTHER C+P+N Classification prepared by the CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for a fee is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 08:06:45. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República