Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)VII. Respecto al tema este Tribunal ha resuelto: " Relacionado con lo expuesto por la representación estatal, vinculada con el patrimonial forestal del estado, resulta oportuno hacer una breve referencia sobre el tema. Para ello, es oportuno citar el voto Nº51 de las 15 horas 15 minutos del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el cual en lo que interesa indica: " IX.- El patrimonio forestal del Estado incluye a todo el territorio nacional (artículos 4, 32 al 42), el cual a su vez se puede subdividir en tres áreas: A) La comprendida por el régimen forestal (artículos l, 2, 7, 47 a 54, 66 al 81) B) Los aprovechamientos forestales en terrenos de propiedad privada (artículos 43 al 46, 60 al 65, 82 al 91); y C) las reservas nacionales (artículos 32 y siguientes).
De lo anterior se desprende, el patrimonio forestal del Estado, se trata de los inmuebles no sometidos a propiedad privada, no inscritos en el Registro Público de la Propiedad, en los términos de los artículos 267 y 486 del Código Civil, según la referencia que se hace sobre lo indicado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Frente a este patrimonio, se encuentra también la propiedad privada. La cual a lo largo de la evolución de la legislación forestal se concedió la oportunidad a poseedores de fundos, que ya habían consolidado su derecho de propiedad por usucapión a titularlos. Esa posibilidad se da a través del cumplimiento de los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias, y por ello se autoriza de manera expresa a titular terrenos ubicados en áreas silvestres protegidas cualquiera que sea su categoría de manejo a obtener título inscribible en el Registro Público, al comprobar el titulante de una posesión de más de 10 años antes de la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se cree tal área silvestre (artículo 1 y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias) (voto 100-F-09 del Tribunal Agrario). Aunado a ello, l a Sala Constitucional en el voto 1167-2010 denegó la consulta de constitucionalidad planteada contra esa norma.-"
English (translation)VII. On this matter, this Court has held: "In relation to the State's argument concerning the State's forest heritage, it is appropriate to briefly refer to the topic. To that end, it is useful to cite ruling No. 51 of 3:15 p.m. on May 26, 1995, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, which states in relevant part: 'IX. The State's forest heritage includes the entire national territory (Articles 4, 32 to 42), which in turn can be subdivided into three areas: A) That covered by the forestry regime (Articles 1, 2, 7, 47 to 54, 66 to 81); B) Forestry uses on private property (Articles 43 to 46, 60 to 65, 82 to 91); and C) national reserves (Articles 32 et seq.).'
It follows from the foregoing that the State's forest heritage consists of properties not subject to private ownership, not registered in the Public Property Registry, under Articles 267 and 486 of the Civil Code, as referenced by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. Alongside this heritage, there is also private property. Throughout the evolution of forestry legislation, those who had already consolidated their ownership rights through adverse possession were given the opportunity to obtain title. This possibility is realized by fulfilling the requirements of the Possessory Information Law, which expressly authorizes the titling of lands located in protected wild areas, regardless of their management category, by obtaining a registrable title in the Public Registry, provided the applicant proves possession of more than 10 years before the date the law or decree creating that wild area came into force (Articles 1 and 7 of the Possessory Information Law) (ruling 100-F-09 of the Agrarian Court). Moreover, the Constitutional Chamber, in ruling 1167-2010, rejected the constitutional challenge to that provision."
Sustained on appeal
Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 00370 - 2010 Fecha de la Resolución: 22 de Abril del 2010 a las 10:02 Expediente: 05-000128-0419-AG Redactado por: María Rosa Castro García Clase de asunto: Proceso de información posesoria Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias en igual sentido Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario Tema: Información posesoria agraria Subtemas: Deber de demostrar posesión decenal anterior a la declaratoria del terreno como zona forestal protegida. Tema: Patrimonio forestal Subtemas: Normativa aplicable para el cómputo de la posesión decenal de los particulares aplicable en proceso de información posesoria. “VII. Respecto al tema este Tribunal ha resuelto: " Relacionado con lo expuesto por la representación estatal, vinculada con el patrimonial forestal del estado, resulta oportuno hacer una breve referencia sobre el tema. Para ello, es oportuno citar el voto Nº51 de las 15 horas 15 minutos del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el cual en lo que interesa indica: " IX.- El patrimonio forestal del Estado incluye a todo el territorio nacional (artículos 4, 32 al 42), el cual a su vez se puede subdividir en tres áreas: A) La comprendida por el régimen forestal (artículos l, 2, 7, 47 a 54, 66 al 81) B) Los aprovechamientos forestales en terrenos de propiedad privada (artículos 43 al 46, 60 al 65, 82 al 91); y C) las reservas nacionales (artículos 32 y siguientes). Por su parte el régimen forestal -constituido por el conjunto de disposiciones de carácter jurídico, económico y técnico, encargado de darle un contenido a la conservación, protección y racional aprovechamiento de los bosques y terrenos forestales (artículo 7)- tiene también tres subáreas: A) zonas protectoras, B) parques nacionales, reservas forestales y biológicas y C) bosques y terrenos forestales. X.- Con el nombre de reservas nacionales se identifica, a partir de la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 del 14 de octubre de l961, todas aquellas tierras denominadas por el Código Fiscal de l865, y luego por la misma Ley Nº l3 del 19 de enero de l939 (Colección de Leyes y Decretos, l939, I semestre, p. l0), como baldíos nacionales. Se trata de los inmuebles no sometidos a propiedad privada, no inscritos en el Registro Público de la Propiedad, en los términos de los artículos 267 y 486 del Código Civil (ver lo resuelto por la Corte Plena, en recurso de inconstitucionalidad de [Nombre1] contra la Ley de Tierras y Colonización, respecto de las normas de demasías, acordado en sesión extraordinaria del 25 de noviembre de l971). Estas tierras difieren de las tierras de dominio privado inscritas a nombre del Estado o de sus Instituciones, y se encuentran constituidas como remanente de las dos anteriores. Originalmente, en la época de la Colonia, no fueron destinadas al servicio o uso público. Siguiendo los lineamientos del Código Civil la Ley General de Baldíos Nacionales Nº l3 del l0 de enero de l939 las declaró pertenecientes al Estado, dentro de los límites de la República, y que no hubieren sido adquiridos en propiedad mediante título legítimo por particulares (vgr. por usucapión), ni estuvieran inscritas en el Registro Público a nombre de ninguna persona -privada o pública-, ni destinadas al servicio público. La Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 del l4 de octubre de l961 mantuvo la misma orientación, solo que amplió las declaradas, por la anterior ley, como inalienables (Artículo 7). En general esas reservas han tenido límites para poseerlas, así como límites -en cuanto a la superficie- para ser inscritas por medio de informaciones posesorias. En un principio su administración fue confiada a la Sección de Tierras y Colonias, del Departamento de Crédito Rural, Tierras y Colonias del Banco de Costa Rica, luego pasó al Instituto de Tierras y Colonización, y al entrar en vigencia la Ley Forestal Nº 4465 se concedió la administración del patrimonio forestal del Estado a la Dirección General Forestal creada en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy la Dirección General Forestal forma parte del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (artículos 9 al 16). Todas las tierras consideradas como reservas nacionales quedan afectas en forma inmediata a los fines de la normativa forestal (artículos 32). Sobre ellas puede el Estado crear -por Ley o por Decreto Ejecutivo- reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre y reservas biológicas, conformando así el patrimonio forestal (artículo 35). Para poder ser colonizadas o enajenadas se requiere autorización legislativa (artículo 40), y aún cuando fueren poseídas por terceros éstos no adquieren ningún derecho, siendo imprescriptible el derecho del Estado para reivindicar (artículo 33). Tienen las reservas nacionales una detallada regulación dentro del Capítulo "Del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos del Estado y demás organismos de la administración pública". Estos aprovechamientos en las reservas nacionales solo podrán practicarse por concesión otorgadas por la Dirección General Forestal (artículo 55 y 56). Las licitaciones se tramitarán de acuerdo a planes técnicos de manejo forestal, sujetos al cartel confeccionado por la Dirección (artículo 55 inciso a), otorgando garantía suficiente los concesionarios (artículo 56). Ninguna persona puede obtener concesiones del patrimonio forestal en cantidades superiores a las necesidades de materia prima que demuestre requerir. Son nulas las autorizaciones que se obtengan directamente o por medio de personas interpuestas, en contra de lo indicado (artículo 59). XI.- En una posición diametralmente opuesta a la de las reservas nacionales se encuentra la de la propiedad privada, denominada en la ley como "Del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos de propiedad privada". Estas tierras, por intereses de orden social, forman parte del patrimonio forestal del Estado. Esto es así porque los privados -funcionando bajo cualquier sistema (empresa agrícola o ganadera, para parcelación o colonización, tratándose de nacionales o extranjeros)- si dentro de sus planes de trabajo está la explotación forestal o la eliminación del bosque, en cualquier forma, deberán necesariamente obtener aprobación expresa de la Dirección General Forestal, en los términos de la Ley Forestal y del reglamento a la misma (artículo 60). Por ello el patrimonio forestal del Estado es aplicable a todos los bienes nacionales donde existan recursos naturales forestales. Para poder explotar sus propios recursos maderables los privados deben elaborar planes técnicos forestales, y la dirección les otorgará concesiones a largo plazo (artículo 6l). Lo anterior implica un sometimiento voluntario al régimen forestal. Esta es una presunción legal pues resulta ser la única alternativa del privado quien se encuentra impedido para talar árboles, aprovechar o explotar los productos forestales, dentro de su mismo bien, si previamente no hay autorización de la Dirección General Forestal (artículo 63 y 65). Para estos efectos el Estado otorga una serie de incentivos para el manejo y reglamentación de los bosques y terrenos forestales de dominio particular, especialmente a través de los Certificados de Abono Forestal (artículos 82 al 86) y otros incentivos fiscales (artículo 87). Como la Dirección General Forestal debe contar con personal capacitado, guardabosques, y mantiene relaciones con las autoridades, ésta le brindará a los propietarios toda la colaboración necesaria para mantenerlos libres de invasiones y ocupantes (artículo 67)..." De lo anterior se desprende, el patrimonio forestal del Estado, se trata de los inmuebles no sometidos a propiedad privada, no inscritos en el Registro Público de la Propiedad, en los términos de los artículos 267 y 486 del Código Civil, según la referencia que se hace sobre lo indicado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Frente a este patrimonio, se encuentra también la propiedad privada. La cual a lo largo de la evolución de la legislación forestal se concedió la oportunidad a poseedores de fundos, que ya habían consolidado su derecho de propiedad por usucapión a titularlos. Esa posibilidad se da a través del cumplimiento de los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias, y por ello se autoriza de manera expresa a titular terrenos ubicados en áreas silvestres protegidas cualquiera que sea su categoría de manejo a obtener título inscribible en el Registro Público, al comprobar el titulante de una posesión de más de 10 años antes de la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se cree tal área silvestre (artículo 1 y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias) (voto 100-F-09 del Tribunal Agrario). Aunado a ello, l a Sala Constitucional en el voto 1167-2010 denegó la consulta de constitucionalidad planteada contra esa norma.-“ ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Texto de la resolución VOTO Nº 0 370 - F -10 TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las diez horas dos minutos del veintidós de abril de l dos mil diez.- INFORMACIÓN POSESORIA, promovida por [Nombre1] , mayor, casado, agricultor, vecino de La Chanchera de Golfito, cédula de identidad número CED1- - . Intervienen en el proceso la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Lydiana Rodríguez Paniagua, de calidades desconocidas en autos, en su condición de procuradora adjunta, y el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, representado por Gerardo Vargas Rojas, mayor, casado, abogado, vecino de Atenas de Alajuela, cédula de identidad número CED2- - , en su condición de presidente ejecutivo con facultades de apoderado generalísimo. Tramitado en el Juzgado Agrario de la Zona Sur. Actúa como apoderada especial judicial de la parte promovente la licenciada Yadira Reyes Wong, mayor, casada, abogada, vecina de Ciudad Neily, cédula de identidad número CED3- - .- RESULTANDO: 1. La parte promovente planteó las presentes diligencias de información posesoria, estimadas en la suma de dos millones de colones, a fin de que se ordene inscribir en el Registro Público de la Propiedad, el inmueble que se describe así: "Terreno de potrero, situado en [Dirección1] ) ) de la Provincia de Puntarenas, con los siguientes linderos según consta en el Plano Catastrado: al Norte con [Nombre2] , al Sur con servidumbre de paso y quebrada, al Este con [Nombre3] y [Nombre4] y al Oeste con [Nombre5] y [Nombre2] , el terreno tiene una medida de treinta y cinco hectáreas con mil doscientos cincuenta y seis metros con treinta y cinco decímetros cuadrados según consta en el Plano novecientos setenta y siete mil cuatrocientos diecinueve- dos mil cinco."-, (folios 7 a 10).- 2. Se tuvieron como apersonados al proceso a la Procuraduría General de la República y el Instituto de Desarrollo Agrario, a los términos que corren a folios 32 a 33 y 38, respectivamente.- 3. La licenciada Marisel Zamora Arias, jueza de primera instancia, en resolución de las ocho horas treinta minutos del dieciocho de enero del dos mil diez, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto artículos 1, 2, 3, 4, 7 y siguientes de la Ley de Informaciones posesorias, se APRUEBAN las presentes diligencias de Información Posesoria promovidas por el señor [Nombre1] se ordena al Registro Público de la propiedad inscribir a su nombre el terreno que se describe de la siguiente forma: Terreno de potrero, situado en [Dirección2] ) de la provincia de Puntarenas con los siguientes linderos; al norte con [Nombre5] ), al Sur; con [Nombre6] , al Este con [Nombre3] y al Oeste con [Nombre7] y [Nombre8] , con una medida de treinta y cinco hectáreas mil doscientos cincuenta y seis metros cuadrados y treinta y cinco decímetros cuadrados. Lo anterior según el plano catastrado novecientos setenta y siete mil cuatrocientos diecinueve- dos mil cinco.-”, (folios 324 a 331).- 4. La Procuraduría General de la República interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del juzgado de instancia, a los términos que corren a folios 343 a 354.- 5. En la substantación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se observa la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo. Redacta la jueza Castro García; y, CONSIDERANDO: I. Se admiten como prueba para mejor resolver las fotografías presentadas ante esta sede a folio 271 a 277. Se rechazan las declaraciones juradas de folios 278 y 279, por resultar innecesarias para resolver esta apelación, al haber suficientes elementos de prueba. Con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Jurisdicción Agraria.- II- Se comparte el elenco de hechos probados por tener buen sustento en los autos, con excepción del hecho numerado tres, por ser un requisito del procedimiento y no un hecho de esta naturaleza. Y el hecho numerado seis se elimina, al no guardar ninguna relación con estas diligencias, al citarse poseedor y testimoniales ajenas a los que se analizaron en este proceso. III- La apelación es interpuesta por la licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua en su carácter de Procuradora Adjunta (folio 343 a 366). Se muestra disconforme con la sentencia de las 08 horas 30 minutos del 18 de enero del 2010 donde se aprobaron las diligencias de información posesoria (folio 324). Expone como agravios los siguientes: Consta en el reconocimiento judicial y prueba testimonial el terreno en su mayor parte, está formado de bosque, naturaleza confirmada por el Estudio de Suelos donde consta que es 100% bosques. Los mismos , por ubicarse en reservas nacionales están afectados a régimen de dominio público, patrimonio natural del Estado, desde la Ley Forestal 4465 de 1969, artículo 33, reformada por la Ley Forestal 7174 de 1990 (artículos 32 y 33) y de carácter demanial que mantiene la Ley 7575, (artículos 13 y 14). Argumenta, la Ley permite titular inmuebles fuera de las áreas silvestres protegidas si el promovente demuestra sus legítimos derechos de posesión decenal, haber protegido el recurso y tener el inmueble debidamente deslindado. Cita voto de la Sala Constitucional voto 4587-97 y reafirma los bosques solo podrán titularse si la usucapión se consolidó antes de ingresar por Ley a patrimonio natural de Estado y el plazo de la usucapión apta debe haber transcurrido antes de haberse producido la afectación, además esgrime los terrenos de bosques tienen una afectación inmediata por Ley a dominio público. Agravia la declaración de los testigos no demuestran la posesión decenal apta para usucapir en cabeza de su dueño. Transcribe precedentes judiciales y administrativos relativos a la supervivencia del derecho derogado para regular las situaciones jurídicas nacidas a su amparo. Cita voto de la Sala Constitucional 4587-97 y 15753-2005, [Telf1], 783-2003 relacionados al agravio referido. Agrega la imposibilidad de titular bienes de dominio publico y el impedimento de los particulares de ejercer posesión sobre estos bienes, así como la improcedencia de la usucapión y titulación, el principio de inalienabilidad, imprescriptibilidad. Solicita, se imprueben estas diligencias. Igualmente peticiona sean rectificados las colindancias [Dirección3], [Dirección4] y [Dirección5] del inmueble, por existir quebradas y existiendo omisión en ese aspecto. Pide se adicionen las limitaciones del articulo 33 inciso b) de la Ley Forestal 7575 y se establezca que el cauce y las aguas de las corrientes de agua son de dominio publico IV- El agravio de la representación estatal radica en estimar, al tratarse de una zona con cobertura boscosa no es apta para usucapir , por ser parte del patrimonio forestal del Estado. Estas diligencias se formulan con la finalidad de inscribir en el Registro Público de la Propiedad el inmueble ubicado en [Dirección6] de la provincia de Puntarenas, mide 35 hectáreas 1256 metros cuadrados con 35 decímetros cuadrados, según plano 6-977419-2005, folio ( folio 1). Dicho bien no es parte de área silvestre protegida, conforme se indica en la certificación emitida por Sistema Nacional de Áreas de Conservación aportada como prueba (folio 2). En el estudio de suelos que consta en autos (folio 61) se indica, se ha ejercido el uso conforme al suelo; al ser toda el área bosque secundario. Indicando en las observaciones, los bordes de las dos quebradas poseen zonas de protección. Agrega que en el sector C hay un área de aproximadamente 1500 metros cuadrados de potrero para que sirva como área de descanso para los caballos cuando la finca es visitada por turistas y en las recomendaciones apuntó: “Mantener el uso actual del suelo y en la zona denominada potrero, lo más recomendable es dejarlo como una zona de protección forestal”. El Juzgado practicó un reconocimiento judicial del inmueble el 21 de febrero del 2007 (folio 110) del que se levantó un acta que consignó : " Continuamos por un camino público con una distancia de unos doscientos cincuenta metros hasta donde llega el vehiculo , de ahí continúamos por un trillo hasta llegar a la colindancia sur de la propiedad. En la parte alta de la finca se encuentra ubicado las áreas de potrero ya que la mayor parte de la finca es de repastos, hay como unas tres hectáreas de montaña, la cual está debidamente conservada , la finca colinda por el norte y sur con una Quebrada (sic) de por medio, cuya margen se encuentra protegido. La finca se encuentra deslinda (sic) con carriles de tres metros de años debidamente limpios, no hay construcciones ..”. La parte aporta fotografías ante esta instancia (folio 271 a 277), donde se muestra la zona de potrero rodeada por bosques, área mencionada por el estudio de suelos y el reconocimiento judicial. También se recibió la declaración del testigo [Nombre9] , (folio 107), [Nombre10] ( folio 108) y [Nombre11] ( folio 147). El primero indicó conocer la finca desde que era niño por haber nacido en el lugar, menciona la finca fue comprada a [Nombre8] en una parte y otra a [Nombre12] , quienes la tuvieron en posesión por más de 15 años y el actual poseedor hace uno o dos años. Ubica correctamente la finca e indica mide aproximadamente 35 hectáreas. Una parte era de 15 hectáreas y la otra de 20 hectáreas en forma aproximada. Menciona a los colindantes, citando a [Nombre2] , [Nombre3] , [Nombre5] y [Nombre4] . Mencionó, la finca se ha dedicado a potrero y montaña, colinda en el sector suroeste con quebrada [Dirección7] , no le constan problemas de posesión del promovente, ni su anteriores poseedores, y manifiesta se ha ejercido la posesión en forma pacifica, pública y a título de dueño ininterrumpidamente. Los actos posesorios mencionados consistieron en darle mantenimiento a la finca, mantenerla deslindada con carriles de tres metros, y limpiándola una vez al año. Con área de montaña conservada y no le constan se tale el recurso forestal. El testigo [Nombre10] , depuso en forma coincidente con el anterior, indicando que conoce al promovente hacia como diez años, a su vez al transmitente [Nombre8] por ser su suegro desde hace como 22 años y a [Nombre12] hacia 10 años , y manifiesta haber trabajado en al finca. Acredita la cadena de transmisión de la posesión por parte de [Nombre8] y [Nombre12] , que eran colindantes y le vendieron al promovente. Indica, [Nombre8] tuvo en posesión la finca por más de veinte años y para ese entonces [Nombre12] ya estaba allí. Ubica la finca en forma coincidente con el plano y el testigo anterior. Cita correctamente la medida aproximada de la finca, identificando las áreas de cada uno de los transmitentes al promovente. Agrega, conoce de la existencia de carriles de tres metros de ancho, que se limpian habitualmente y no conocer de conflictos de posesión con terceros, al haberse ejercido una posesión p ú blica, pacifica, a título de dueño e interrumpida. Los actos posesorios que le constan consisten en limpieza, mantenimiento, la finca tiene una área de montaña protegida y no conoce se hubiera extraído madera. El testigo [Nombre11] , manifestó tener 15 años de vivir en Purruja de Golfito y conoce el terreno del promovente, al haber sido de su padre [Nombre12] , indicando que su padre tuvo el terreno por unos 20 años y se lo vendió a [Nombre1] hacia como tres o cuatro años. Menciona las colindancias y un área de 35 hectáreas, no le constan reclamos por conflictos posesorios. V- La recurrente agravi ó que las declaraciones de los testigos no demuestran la posesión decenal. No se comparte lo señalado por la representante estatal, respecto a esa falta de acreditación. No indicó en el recurso los motivos de su afirmación, sin embargo en aras de acreditar el cumplimiento de todos los requisitos de ley, se procederá a hacer el análisis de lo declarado por los tres testigos en este proceso. Los testimonios ya valorados en el considerando anterior, son coincidentes en demostrar la cadena de trasmisión que hicieran [Nombre8] y [Nombre12] de su posesión de más de diez años cada uno. El promovente adquirió el inmueble mediante ventas en escrituras publicas números quince (folio 5) y catorce (folio 6) otorgadas ante notario el día 5 de enero del 2005. En la escritura de venta de [Nombre8] , se le transmite una posesión de cuarenta y cinco años, según lo indica el documento de una área de terreno sin inscribir sin plano, situado en Purruja de Golfito, provincia de Puntarenas de doscientos mil metros cuadrados aproximadamente y en el segunda venta citada [Nombre12] transmite sus derechos posesorios sobre un terreno ubicado en la misma situación, con un área aproximada de ciento treinta y un mil metros cuadrados, indicando ser poseedor por mas de cuarenta y cinco años también. El adquirente aprovechó la posesión ejercida por sus transmitentes y para ello aportó documento publico del traspaso de su derecho acode con el numeral primero de la Ley de Informaciones Posesorias. Los tres testigos citaron en forma coincidente, los transmitentes de la posesión fueron [Nombre8] y [Nombre12] y que tenían más de diez años de posesión, lo cual esta acorde con los documentos públicos aportados y lo manifestado por el promovente. Se rechaza el agravio de la recurrente VI- La apelante expresa que existe bosque casi en la totalidad de inmueble, según se desprende del estudio de suelos y por tal motivo alega la prohibición de titular bienes cubiertos de bosques, por ostentar el carácter de dominio publico. No lleva razón la apelante en su agravio. El estudio de suelos citado indicó que el terre n o esta cubierto de bosque secundario y contiene un potrero de aproximadamente 1500 metros utilizado para el descaso de los caballos que usan los turistas. El estudio concluyó se estaba haciendo un uso conforme del suelo, lo mismo pudo ser verificado por la juzgadora de instancia en el reconocimiento judicial don d e ubica en las partes altas la zona de potreros y una zona de tres hectáreas, en forma aproximada de montaña. Las declaraciones de los testigos también indican no constarles exista tala del recurso forestal. De lo arrojado por esas declaraciones, el reconocimiento judicial y la certificación de suelos se denota que existe una actitud conservacionista por la promovente y sus anteriores transmitentes, cumpliéndose el numeral sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias. De acuerdo a lo anterior, que el terreno al estar destinado a bosque forma parte del patrimonio natural del Estado, porque de conformidad con el artículo 856 del Código Civil, el fundo es apto para adquirir por usucapión. Por ende, conforme al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, estima el Tribunal que efectivamente fue acreditado con la prueba aportada, el ejercicio de la posesión legal exigida sobre el fundo, con diez años de antelación a la fecha en la que se promovieron estas diligencias, y el terreno objeto de las presentes diligencias es apto para usucapir al encontrarse fuera de cualquier área silvestre protegida sea cual fuere su categoría de manejo y haber ejercido actos posesorios de conservación de los recursos naturales. VII. Respecto al tema este Tribunal ha resuelto: " Relacionado con lo expuesto por la representación estatal, vinculada con el patrimonial forestal del estado, resulta oportuno hacer una breve referencia sobre el tema. Para ello, es oportuno citar el voto Nº51 de las 15 horas 15 minutos del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el cual en lo que interesa indica: " IX.- El patrimonio forestal del Estado incluye a todo el territorio nacional (artículos 4, 32 al 42), el cual a su vez se puede subdividir en tres áreas: A) La comprendida por el régimen forestal (artículos l, 2, 7, 47 a 54, 66 al 81) B) Los aprovechamientos forestales en terrenos de propiedad privada (artículos 43 al 46, 60 al 65, 82 al 91); y C) las reservas nacionales (artículos 32 y siguientes). Por su parte el régimen forestal -constituido por el conjunto de disposiciones de carácter jurídico, económico y técnico, encargado de darle un contenido a la conservación, protección y racional aprovechamiento de los bosques y terrenos forestales (artículo 7)- tiene también tres subáreas: A) zonas protectoras, B) parques nacionales, reservas forestales y biológicas y C) bosques y terrenos forestales. X.- Con el nombre de reservas nacionales se identifica, a partir de la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 del 14 de octubre de l961, todas aquellas tierras denominadas por el Código Fiscal de l865, y luego por la misma Ley Nº l3 del 19 de enero de l939 (Colección de Leyes y Decretos, l939, I semestre, p. l0), como baldíos nacionales. Se trata de los inmuebles no sometidos a propiedad privada, no inscritos en el Registro Público de la Propiedad, en los términos de los artículos 267 y 486 del Código Civil (ver lo resuelto por la Corte Plena, en recurso de inconstitucionalidad de [Nombre13] contra la Ley de Tierras y Colonización, respecto de las normas de demasías, acordado en sesión extraordinaria del 25 de noviembre de l971). Estas tierras difieren de las tierras de dominio privado inscritas a nombre del Estado o de sus Instituciones, y se encuentran constituidas como remanente de las dos anteriores. Originalmente, en la época de la Colonia, no fueron destinadas al servicio o uso público. Siguiendo los lineamientos del Código Civil la Ley General de Baldíos Nacionales Nº l3 del l0 de enero de l939 las declaró pertenecientes al Estado, dentro de los límites de la República, y que no hubieren sido adquiridos en propiedad mediante título legítimo por particulares (vgr. por usucapión), ni estuvieran inscritas en el Registro Público a nombre de ninguna persona -privada o pública-, ni destinadas al servicio público. La Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 del l4 de octubre de l961 mantuvo la misma orientación, solo que amplió las declaradas, por la anterior ley, como inalienables (Artículo 7). En general esas reservas han tenido límites para poseerlas, así como límites -en cuanto a la superficie- para ser inscritas por medio de informaciones posesorias. En un principio su administración fue confiada a la Sección de Tierras y Colonias, del Departamento de Crédito Rural, Tierras y Colonias del Banco de Costa Rica, luego pasó al Instituto de Tierras y Colonización, y al entrar en vigencia la Ley Forestal Nº 4465 se concedió la administración del patrimonio forestal del Estado a la Dirección General Forestal creada en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy la Dirección General Forestal forma parte del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (artículos 9 al 16). Todas las tierras consideradas como reservas nacionales quedan afectas en forma inmediata a los fines de la normativa forestal (artículos 32). Sobre ellas puede el Estado crear -por Ley o por Decreto Ejecutivo- reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre y reservas biológicas, conformando así el patrimonio forestal (artículo 35). Para poder ser colonizadas o enajenadas se requiere autorización legislativa (artículo 40), y aún cuando fueren poseídas por terceros éstos no adquieren ningún derecho, siendo imprescriptible el derecho del Estado para reivindicar (artículo 33). Tienen las reservas nacionales una detallada regulación dentro del Capítulo "Del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos del Estado y demás organismos de la administración pública". Estos aprovechamientos en las reservas nacionales solo podrán practicarse por concesión otorgadas por la Dirección General Forestal (artículo 55 y 56). Las licitaciones se tramitarán de acuerdo a planes técnicos de manejo forestal, sujetos al cartel confeccionado por la Dirección (artículo 55 inciso a), otorgando garantía suficiente los concesionarios (artículo 56). Ninguna persona puede obtener concesiones del patrimonio forestal en cantidades superiores a las necesidades de materia prima que demuestre requerir. Son nulas las autorizaciones que se obtengan directamente o por medio de personas interpuestas, en contra de lo indicado (artículo 59). XI.- En una posición diametralmente opuesta a la de las reservas nacionales se encuentra la de la propiedad privada, denominada en la ley como "Del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos de propiedad privada". Estas tierras, por intereses de orden social, forman parte del patrimonio forestal del Estado. Esto es así porque los privados -funcionando bajo cualquier sistema (empresa agrícola o ganadera, para parcelación o colonización, tratándose de nacionales o extranjeros)- si dentro de sus planes de trabajo está la explotación forestal o la eliminación del bosque, en cualquier forma, deberán necesariamente obtener aprobación expresa de la Dirección General Forestal, en los términos de la Ley Forestal y del reglamento a la misma (artículo 60). Por ello el patrimonio forestal del Estado es aplicable a todos los bienes nacionales donde existan recursos naturales forestales. Para poder explotar sus propios recursos maderables los privados deben elaborar planes técnicos forestales, y la dirección les otorgará concesiones a largo plazo (artículo 6l). Lo anterior implica un sometimiento voluntario al régimen forestal. Esta es una presunción legal pues resulta ser la única alternativa del privado quien se encuentra impedido para talar árboles, aprovechar o explotar los productos forestales, dentro de su mismo bien, si previamente no hay autorización de la Dirección General Forestal (artículo 63 y 65). Para estos efectos el Estado otorga una serie de incentivos para el manejo y reglamentación de los bosques y terrenos forestales de dominio particular, especialmente a través de los Certificados de Abono Forestal (artículos 82 al 86) y otros incentivos fiscales (artículo 87). Como la Dirección General Forestal debe contar con personal capacitado, guardabosques, y mantiene relaciones con las autoridades, ésta le brindará a los propietarios toda la colaboración necesaria para mantenerlos libres de invasiones y ocupantes (artículo 67)..." De lo anterior se desprende, el patrimonio forestal del Estado, se trata de los inmuebles no sometidos a propiedad privada, no inscritos en el Registro Público de la Propiedad, en los términos de los artículos 267 y 486 del Código Civil, según la referencia que se hace sobre lo indicado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Frente a este patrimonio, se encuentra también la propiedad privada. La cual a lo largo de la evolución de la legislación forestal se concedió la oportunidad a poseedores de fundos, que ya habían consolidado su derecho de propiedad por usucapión a titularlos. Esa posibilidad se da a través del cumplimiento de los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias, y por ello se autoriza de manera expresa a titular terrenos ubicados en áreas silvestres protegidas cualquiera que sea su categoría de manejo a obtener título inscribible en el Registro Público, al comprobar el titulante de una posesión de más de 10 años antes de la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se cree tal área silvestre (artículo 1 y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias) (voto 100-F-09 del Tribunal Agrario). Aunado a ello, l a Sala Constitucional en el voto 1167-2010 denegó la consulta de constitucionalidad planteada contra esa norma.- VIII- Por los motivos expuestos anteriormente, deberá admitirse la prueba para mejor resolver de fotografías presentadas ante esta sede de folio 271 a 277 y rechazarse las declaraciones juradas de folios 278 y 279 por resultar innecesarias para resolver esta apelación ; y confirmarse la sentencia por haberse acreditado el cumplimiento de todos los requisitos de ley. Y llevando razón la recurrente, en que sean corregidos los linderos de la finca a titular, por existir colindancias con cauces de agua que se observan en el plano, al norte, este y sur con quebradas. Deberá ser agregado que en el lindero norte, oeste y sur colinda también con quebrada en medio, cauce de agua que es de dominio público, y zona de protección que debe ser respetada conforme el artículo 33 de la Ley Forestal 7575. Igualmente debe ordenarse, sea respetada la prohibición de talar, construir, cultivar, o realizar cualquier actividad perjudicial para la protección del recurso hídrico o forestal, en las áreas de protección de las quebradas existentes en las colindancias, por estar afecta la finca a las limitaciones de la Ley de Aguas y Ley Forestal, Ley de Tierras y Colonización articulo 7 inciso c) y aquellas que consigna el artículo diecinueve de la Ley de Informaciones Posesorias. Que el cauce de esas quebradas son de dominio público, conforme a los numerales 33 inciso b) y 34 de la Ley Forestal N° 7575, 1 incisos IV y 3 inciso III de la Ley de Aguas. Limitaciones de las cuales debe tomar nota el Registro Público y debe de ser indicado en la ejecutoria que se envía para esos efectos POR TANTO: Se admiten como prueba para mejor resolver las fotografías presentadas ante esta sede a folio doscientos setenta y uno a doscientos setenta y siete. Se rechazan las declaraciones juradas de folios doscientos setenta y ocho a doscientos setenta y nueve . Se confirma la sentencia en lo que ha sido objeto de apelación. Se revoca la sentencia en cuanto a los datos referidos a las colindancias por los rumbos norte, oeste y sur para que en su lugar el Registro haga constar que el inmueble colinda al norte con [Nombre5] , quebrada en medio, al oeste con [Nombre7] , [Nombre8] , quebrada en medio y al sur con [Nombre14] , quebrada en medio. Asimismo deberá consignar el Registro que de conformidad con el artículo 33 de la Ley Forestal 7575 s e ordena, sea respetada la prohibición de talar, construir, cultivar, o realizar cualquier actividad perjudicial para la protección del recurso hídrico o forestal, en las áreas de protección de las quebradas existentes en las colindancias, por estar afecta la finca a las limitaciones de la Ley de Aguas y Ley Forestal, Ley de Tierras y Colonización articulo 7 inciso c) y aquellas que consigna el artículo diecinueve de la Ley de Informaciones Posesorias. Se declara el cauce de esas quebradas son de dominio público, conforme a los numerales 33 inciso b) y 34 de la Ley Forestal N° 7575, 1 incisos IV y 3 inciso III de la Ley de Aguas , l imitaciones de las cuales debe tomar nota el Registro Público y debe de ser indicado en la ejecutoria que se envía para esos efectos. En lo demás, objeto de apelación, se confirma la resolución.- MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ VANESSA FISHER GONZÁLEZ EXPEDIENTE: EXPN1 PROCESO: INFORMACIÓN POSESORIA PROMUEVE: [Nombre1] [Nombre15] Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:17:56. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
VOTE No. 00370 - F -10
**AGRARIAN TRIBUNAL OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.** Goicoechea, at ten hours two minutes of April twenty-second, two thousand ten.-
**POSSESSORY INFORMATION**, petitioned by [Nombre1], of legal age, married, farmer, resident of La Chanchera de Golfito, identity card number CED1- - . Appearing in the proceeding are the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by Lydiana Rodríguez Paniagua, whose personal details are unknown in the case file, in her capacity as assistant procurator, and the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, represented by Gerardo Vargas Rojas, of legal age, married, attorney, resident of Atenas de Alajuela, identity card number CED2- - , in his capacity as executive president with powers of generalisimo attorney-in-fact. Heard at the Juzgado Agrario de la Zona Sur. Acting as special judicial attorney-in-fact for the petitioner is licensed attorney Yadira Reyes Wong, of legal age, married, attorney, resident of Ciudad Neily, identity card number CED3- - .-
**WHEREAS:**
1. The petitioner filed these possessory information proceedings, valued at the sum of two million colones, in order to have the following described real property registered in the Public Property Registry: "Pasture land, located at [Dirección1] ) ) of the Province of Puntarenas, with the following boundaries as stated in the Cadastral Map: to the North with [Nombre2], to the South with an easement (servidumbre de paso) and a ravine, to the East with [Nombre3] and [Nombre4] and to the West with [Nombre5] and [Nombre2], the land has an area of thirty-five hectares and one thousand two hundred fifty-six square meters with thirty-five square decimeters as stated in Map nine hundred seventy-seven thousand four hundred nineteen- two thousand five."-, (pages 7 to 10).-
2. The Procuraduría General de la República and the Instituto de Desarrollo Agrario were entered as appearing parties in the proceeding, in the terms set forth at pages 32 to 33 and 38, respectively.-
3. Licensed attorney Marisel Zamora Arias, trial court judge, in a resolution issued at eight hours thirty minutes on January eighteenth, two thousand ten, ordered: "THEREFORE: In accordance with the foregoing articles 1, 2, 3, 4, 7 et seq. of the Ley de Informaciones Posesorias, the present Possessory Information proceedings petitioned by Mr. [Nombre1] are APPROVED. The Public Property Registry is ordered to register in his name the land described as follows: Pasture land, located at [Dirección2] ) of the province of Puntarenas with the following boundaries: to the north with [Nombre5]), to the South with [Nombre6], to the East with [Nombre3] and to the West with [Nombre7] and [Nombre8], with an area of thirty-five hectares one thousand two hundred fifty-six square meters and thirty-five square decimeters. The foregoing according to cadastral map nine hundred seventy-seven thousand four hundred nineteen- two thousand five.-”, (pages 324 to 331).-
4. The Procuraduría General de la República filed an appeal with an express indication of the reasons why it contests the trial court's thesis, in the terms set forth at pages 343 to 354.-
5. The legal requirements have been observed in the substantiation of the proceeding, and no errors or omissions capable of rendering the judgment null are observed.
Drafting Judge: Castro García; and,
**WHEREAS:**
I. The photographs presented before this court at pages 271 to 277 are admitted as evidence in furtherance of judgment. The sworn statements at pages 278 and 279 are rejected, as they are unnecessary for deciding this appeal, there being sufficient evidentiary elements. Pursuant to Article 52 of the Ley de Jurisdicción Agraria.-
II. The list of proven facts is shared as it is well supported by the case file, with the exception of numbered fact three, as it is a procedural requirement and not a fact of this nature. And numbered fact six is eliminated, as it bears no relation to these proceedings, since it cites a possessor and witnesses unrelated to those analyzed in this proceeding.
III. The appeal is filed by licensed attorney Lydiana Rodríguez Paniagua in her capacity as Assistant Procurator (page 343 to 366). She disagrees with the judgment delivered at 08 hours 30 minutes on January 18, 2010, which approved the possessory information proceedings (page 324). She presents the following grievances: According to the judicial inspection and testimonial evidence, the land is mostly composed of forest, a nature confirmed by the Soil Study stating it is 100% forests. The same, by being located in national reserves, are subject to the public domain regime, natural patrimony of the State, since Ley Forestal 4465 of 1969, article 33, amended by Ley Forestal 7174 of 1990 (articles 32 and 33) and of a demanial nature maintained by Ley 7575, (articles 13 and 14). She argues that the Law allows titling real property outside of protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) if the petitioner demonstrates their legitimate rights of ten-year possession, has protected the resource, and has the property duly demarcated. She cites Constitutional Chamber vote 4587-97 and reaffirms that forests may only be titled if the adverse possession (usucapión) was consolidated before entering by Law into the natural patrimony of the State and the term for valid adverse possession must have elapsed before the encumbrance occurred; furthermore, she argues that forest lands have an immediate encumbrance by Law to the public domain. She grieves that the witnesses' statements do not demonstrate the ten-year possession valid to adversely possess in the name of their owner. She transcribes judicial and administrative precedents relating to the survival of repealed law to regulate legal situations born under its protection. She cites Constitutional Chamber votes 4587-97 and 15753-2005, [Telf1], 783-2003 related to the grievance mentioned. She adds the impossibility of titling public domain property and the impediment of private individuals to exercise possession over these properties, as well as the inadmissibility of adverse possession and titling, the principle of inalienability and imprescriptibility. She requests that these proceedings be disapproved. She likewise petitions that the adjacent properties [Dirección3], [Dirección4], and [Dirección5] of the property be corrected, due to the existence of ravines and the omission in that regard. She requests that the limitations of Article 33 subsection b) of the Ley Forestal 7575 be added and that it be established that the bed and waters of watercourses are of public domain.
IV. The grievance of the State's representation lies in considering that, as it is an area with forest cover (cobertura boscosa), it is not suitable for adverse possession, being part of the State's forest patrimony. These proceedings were initiated for the purpose of registering in the Public Property Registry the real property located in [Dirección6] of the province of Puntarenas, measuring 35 hectares 1256 square meters with 35 square decimeters, according to map 6-977419-2005, page (page 1). Said property is not part of a protected wilderness area, as indicated in the certification issued by Sistema Nacional de Áreas de Conservación submitted as evidence (page 2). The soil study that is in the case file (page 61) indicates that the land has been used in accordance with its soil suitability; the entire area being secondary forest. It notes in the observations that the edges of the two ravines have protection zones. It adds that in sector C there is an area of approximately 1500 square meters of pasture to serve as a resting area for horses when the farm is visited by tourists, and in the recommendations it noted: "Maintain the current land use and in the area designated as pasture, the most advisable is to leave it as a forest protection zone." The Court conducted a judicial inspection of the property on February 21, 2007 (page 110) of which a record was drawn up stating: "We continue along a public road for a distance of about two hundred fifty meters to where the vehicle reaches, from there we continue along a trail until reaching the southern boundary of the property. In the upper part of the farm is located the pasture areas, since most of the farm is pasture, there are about three hectares of mountain, which is duly conserved, the farm borders on the north and south with a Quebrada (sic) in between, whose bank is protected. The farm is delimited (sic) with three-meter lanes from years ago that are duly clean, there are no constructions...". The party submits photographs to this court (pages 271 to 277), showing the pasture area surrounded by forests, an area mentioned by the soil study and the judicial inspection. The testimony of witness [Nombre9], (page 107), [Nombre10] (page 108), and [Nombre11] (page 147) was also received. The first stated he knew the farm since he was a child, having been born in the place, mentions that the farm was bought from [Nombre8] in one part and another from [Nombre12], who held it in possession for more than 15 years, and the current possessor for one or two years. He correctly locates the farm and states it measures approximately 35 hectares. One part was 15 hectares and the other 20 hectares, approximately. He mentions the adjoining owners, citing [Nombre2], [Nombre3], [Nombre5], and [Nombre4]. He mentioned that the farm has been used for pasture and mountain, it borders on the southwest sector with the quebrada [Dirección7], he is not aware of possession problems involving the petitioner, or his predecessors in possession, and states that possession has been exercised peacefully, publicly, and with title of owner uninterruptedly. The possessory acts mentioned consisted of maintaining the farm, keeping it demarcated with three-meter lanes, and cleaning it once a year. With the mountain area conserved and he is not aware that the forest resource has been felled. Witness [Nombre10], testified coincidentally with the previous one, stating that he has known the petitioner for around ten years, in turn the transferor [Nombre8] for being his father-in-law for about 22 years, and [Nombre12] for about 10 years, and states he worked on the farm. He confirms the chain of transmission of possession by [Nombre8] and [Nombre12], who were adjoining owners and sold to the petitioner. He indicates that [Nombre8] held the farm in possession for more than twenty years and by that time [Nombre12] was already there. He locates the farm coincidentally with the map and the previous witness. He correctly cites the approximate measurement of the farm, identifying the areas of each of the transferors to the petitioner. He adds that he knows of the existence of three-meter-wide lanes, which are habitually cleaned, and he knows of no possession conflicts with third parties, possession having been exercised publicly, peacefully, with title of owner and uninterrupted. The possessory acts he can attest to consist of cleaning, maintenance, the farm has a protected mountain area and he does not know that wood has been extracted. Witness [Nombre11], stated he has lived in Purruja de Golfito for 15 years and knows the petitioner's land, it having belonged to his father [Nombre12], stating that his father had the land for about 20 years and sold it to [Nombre1] around three or four years ago. He mentions the boundaries and an area of 35 hectares, he is not aware of claims for possessory conflicts.
V. The appellant grieved that the witnesses' statements do not demonstrate the ten-year possession. The State representative's claim regarding this lack of proof is not shared. She did not indicate in the appeal the reasons for her statement; however, for the sake of proving compliance with all legal requirements, an analysis will be made of what was declared by the three witnesses in this proceeding. The testimonies already assessed in the preceding whereas are coincident in demonstrating the chain of transmission made by [Nombre8] and [Nombre12] of their possession, each of more than ten years. The petitioner acquired the property through sales in public deeds numbers fifteen (page 5) and fourteen (page 6) executed before a notary on January 5, 2005. In the deed of sale from [Nombre8], a possession of forty-five years is transferred to him, as indicated by the document, of an unregistered land area without a map, located in Purruja de Golfito, province of Puntarenas, of approximately two hundred thousand square meters, and in the second cited sale, [Nombre12] transfers his possessory rights over a land located in the same situation, with an approximate area of one hundred thirty-one thousand square meters, stating he has also been a possessor for more than forty-five years. The acquirer took advantage of the possession exercised by his transferors and for this he provided a public document of the transfer of his right in accordance with numeral one of the Ley de Informaciones Posesorias. The three witnesses cited coincidentally that the transferors of the possession were [Nombre8] and [Nombre12] and that they had more than ten years of possession, which is consistent with the public documents submitted and what was stated by the petitioner. The appellant's grievance is rejected.
VI. The appellant states that forest exists on almost the entire property, as is clear from the soil study, and for that reason she claims the prohibition on titling properties covered by forests, as they hold the character of public domain. The appellant is not correct in her grievance. The cited soil study indicated that the land is covered by secondary forest and contains a pasture of approximately 1500 meters used for the resting of horses used by tourists. The study concluded that the land was being used in accordance with its soil suitability, which could also be verified by the trial judge in the judicial inspection where she locates the pasture area in the upper parts and an area of approximately three hectares of mountain. The witnesses' statements also indicate they are not aware of any felling of the forest resource. From what was shown by those statements, the judicial inspection, and the soil certification, it is evident that there is a conservationist attitude by the petitioner and his previous transferors, thus complying with numeral seven of the Ley de Informaciones Posesorias. According to the foregoing, that the land, being destined for forest, forms part of the natural patrimony of the State, because in accordance with Article 856 of the Civil Code, the tract is suitable for acquisition by adverse possession. Therefore, pursuant to Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, the Tribunal considers that the exercise of the legal possession required over the tract was indeed proven with the evidence provided, with ten years prior to the date on which these proceedings were initiated, and the land subject to these proceedings is suitable for adverse possession, being located outside any protected wilderness area regardless of its management category and having exercised possessory acts for the conservation of natural resources.
VII. On this subject, this Tribunal has resolved: " Related to what was stated by the State representation, linked to the State's forest patrimony, it is appropriate to make a brief reference on the subject. To that end, it is appropriate to cite vote No. 51 of 15 hours 15 minutes of May 26, 1995, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, which, in its relevant part, states: " IX.- The forest patrimony of the State includes all the national territory (Articles 4, 32 to 42), which in turn can be subdivided into three areas: A) That comprised by the forestry regime (artículos 1, 2, 7, 47 to 54, 66 to 81) B) Forest uses on privately owned lands (Articles 43 to 46, 60 to 65, 82 to 91); and C) the national reserves (artículos 32 and following). For its part, the forestry regime -constituted by the set of legal, economic, and technical provisions, charged with giving content to the conservation, protection, and rational use of forests and forest lands (Article 7)- also has three sub-areas: A) protective zones, B) national parks, forest reserves and biological reserves and C) forests and forest lands. X.- With the name national reserves, from the Ley de Tierras y Colonización No. 2825 of October 14, 1961, all those lands denominated by the Código Fiscal of 1865, and later by the same Law No. 13 of January 19, 1939 (Collection of Laws and Decrees, 1939, I semester, p. 10), as national vacant lands (baldíos nacionales) are identified. These are the real properties not subject to private property, not registered in the Public Property Registry, under the terms of Articles 267 and 486 of the Civil Code (see the resolution by the Full Court, in the unconstitutionality appeal of [Nombre13] against the Ley de Tierras y Colonización, regarding surplus norms, agreed in extraordinary session of November 25, 1971). These lands differ from privately owned lands registered in the name of the State or its Institutions, and are constituted as the remainder of the two previous ones. Originally, in the Colonial period, they were not destined for public service or use. Following the Civil Code guidelines, the Ley General de Baldíos Nacionales No. 13 of January 10, 1939, declared them as belonging to the State, within the limits of the Republic, and which had not been acquired in property through legitimate title by individuals (e.g., by adverse possession), nor were they registered in the Public Registry in the name of any person -private or public-, nor destined for public service. The Ley de Tierras y Colonización No. 2825 of October 14, 1961, maintained the same orientation, only expanding those declared by the previous law as inalienable (Article 7). In general, those reserves had limits for possessing them, as well as limits -regarding area- for being registered through possessory informations. Initially, their administration was entrusted to the Sección de Tierras y Colonias, of the Departamento de Crédito Rural, Tierras y Colonias of the Banco de Costa Rica, later it passed to the Instituto de Tierras y Colonización, and upon the entry into force of Ley Forestal No. 4465, the administration of the State's forest patrimony was granted to the Dirección General Forestal created within the Ministry of Agriculture and Livestock. Today the Dirección General Forestal is part of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines (Articles 9 to 16). All lands considered as national reserves are immediately encumbered to the purposes of the forestry regulations (Articles 32). On them, the State may create -by Law or by Executive Decree- forest reserves, protective zones, national parks, wildlife refuges, and biological reserves, thus forming the forest patrimony (Article 35). To be colonized or alienated, legislative authorization is required (Article 40), and even if they were possessed by third parties, these acquire no right, the State's right to reclaim being imprescriptible (Article 33). The national reserves have a detailed regulation within the Chapter "On the use of the forest resource on State lands and other public administration bodies". These uses in the national reserves may only be practiced by concession granted by the Dirección General Forestal (Articles 55 and 56). The bidding processes will be handled according to technical forest management plans, subject to the specifications prepared by the Directorate (Article 55 subsection a), the concessionaires providing sufficient guarantee (Article 56). No person may obtain concessions from the forest patrimony in quantities exceeding the raw material needs they demonstrate to require. Authorizations obtained directly or through intermediaries contrary to what is stated are null (Article 59). XI.- In a diametrically opposed position to that of the national reserves is that of private property, designated in the law as "On the use of the forest resource on privately owned lands". These lands, for reasons of social interest, form part of the State's forest patrimony. This is so because private individuals -operating under any system (agricultural or livestock enterprise, for parcelling or colonization, whether nationals or foreigners)- if forest exploitation or forest elimination is part of their work plans, in any form, must necessarily obtain express approval from the Dirección General Forestal, under the terms of the Forestry Law and its regulations (Article 60). Therefore, the State's forest patrimony applies to all national properties where natural forest resources exist. To exploit their own timber resources, private individuals must prepare technical forest plans, and the Directorate will grant them long-term concessions (Article 61). The foregoing implies a voluntary submission to the forestry regime. This is a legal presumption because it is the only alternative for the private individual who is prevented from felling trees, using or exploiting forest products, within their own property, if there is no prior authorization from the Dirección General Forestal (Articles 63 and 65). For these purposes, the State grants a series of incentives for the management and regulation of forests and forest lands of private domain, especially through Certificados de Abono Forestal (Articles 82 to 86) and other tax incentives (Article 87). As the Dirección General Forestal must have trained personnel, forest rangers, and maintains relations with the authorities, it will provide owners all necessary collaboration to keep them free of invasions and squatters (Article 67)..." From the foregoing, it follows that the forest patrimony of the State consists of real properties not subject to private property, not registered in the Public Property Registry, under the terms of Articles 267 and 486 of the Civil Code, according to the reference made to what was stated by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. Contrasting this patrimony is also private property. Throughout the evolution of forestry legislation, the opportunity was granted to possessors of tracts, who had already consolidated their property right by adverse possession, to title them. That possibility is given through compliance with the requirements of the Ley de Informaciones Posesorias, and therefore it is expressly authorized to title lands located in protected wilderness areas, regardless of their management category, to obtain a title registrable in the Public Registry, upon the titling party proving possession of more than 10 years before the effective date of the law or decree in which such wilderness area was created (Articles 1 and 7 of the Ley de Informaciones Posesorias) (vote 100-F-09 of the Agrarian Tribunal). In addition to this, the Constitutional Chamber, in vote 1167-2010, denied the constitutional consultation raised against that rule.-“
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XI.– In a position diametrically opposed to that of the national reserves is that of private property, denominated in the law as "Del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos de propiedad privada." These lands, for reasons of social order, form part of the forest patrimony (patrimonio forestal) of the State. This is so because private parties—operating under any system (agricultural or livestock enterprise, for subdivision (parcelación) or colonization, whether nationals or foreigners)—if within their work plans there is forest exploitation (explotación forestal) or the elimination of the forest, in any form, must necessarily obtain express approval from the Dirección General Forestal, under the terms of the Ley Forestal and its implementing regulation (article 60). Therefore, the forest patrimony of the State is applicable to all national assets where forest natural resources exist. In order to exploit their own timber resources, private parties must prepare technical forest plans, and the directorate will grant them long-term concessions (article 6l). The foregoing implies a voluntary submission to the forest regime. This is a legal presumption, as it turns out to be the only alternative for the private party who is prevented from felling trees, utilizing or exploiting forest products, within the same property, without prior authorization from the Dirección General Forestal (articles 63 and 65). For these purposes, the State grants a series of incentives for the management and regulation of forests and forest lands of private domain, especially through Certificados de Abono Forestal (articles 82 to 86) and other tax incentives (article 87). Because the Dirección General Forestal must have trained personnel, forest rangers (guardabosques), and maintains relations with the authorities, it will provide property owners all necessary collaboration to keep them free from invasions and occupants (article 67)..." From the foregoing it follows that the forest patrimony of the State concerns real property not subject to private property, not registered in the Registro Público de la Propiedad, under the terms of articles 267 and 486 of the Civil Code, according to the reference made regarding what was indicated by the Sala Constitucional of the Supreme Court of Justice. Alongside this patrimony, private property also exists. Which throughout the evolution of forest legislation was granted the opportunity to possessors of rural properties (fundos), who had already consolidated their property right by adverse possession (usucapión), to title them. This possibility is afforded through compliance with the requirements of the Ley de Informaciones Posesorias, and for that reason it is expressly authorized to title lands located in protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) whatever their management category, to obtain a title registrable in the Registro Público, upon the applicant proving possession of more than 10 years prior to the effective date of the law or decree creating such wilderness area (articles 1 and 7 of the Ley de Informaciones Posesorias) (voto 100-F-09 of the Tribunal Agrario). In addition, the Sala Constitucional in voto 1167-2010 denied the constitutional challenge lodged against that provision.-
VIII.- For the reasons set forth above, the evidence for better adjudication consisting of photographs submitted to this venue at folios 271 to 277 must be admitted and the sworn statements at folios 278 and 279 must be rejected as unnecessary to resolve this appeal; and the judgment must be confirmed because compliance with all legal requirements was proven. And the appellant is correct that the boundaries of the rural property to be titled should be corrected, as there are boundaries with watercourses (cauces de agua) observed on the survey map, to the north, east, and south with creeks (quebradas). It must be added that along the northern, western, and southern boundary it also borders a creek in the middle, a watercourse that is of public domain, and a protection zone that must be respected pursuant to article 33 of the Ley Forestal 7575. Likewise, it must be ordered that the prohibition on felling trees, building, cultivating, or carrying out any activity harmful to the protection of water or forest resources be respected in the protection areas of the creeks existing along the boundaries, because the rural property is subject to the limitations of the Ley de Aguas and the Ley Forestal, Ley de Tierras y Colonización article 7 subsection c), and those set forth in article nineteen of the Ley de Informaciones Posesorias. That the channel of those creeks is of public domain, pursuant to articles 33 subsection b) and 34 of the Ley Forestal No. 7575, 1 subsections IV and 3 subsection III of the Ley de Aguas. Limitations of which the Registro Público must take note and which must be indicated in the final ruling (ejecutoria) that is sent for those purposes.
POR TANTO:
The photographs submitted to this venue at folios two hundred seventy-one to two hundred seventy-seven are admitted as evidence for better adjudication. The sworn statements at folios two hundred seventy-eight to two hundred seventy-nine are rejected. The judgment is confirmed with respect to what has been the subject of the appeal. The judgment is reversed as to the data regarding the boundaries along the northern, western, and southern directions so that in its place the Registro records that the real property borders to the north with [Name5], creek in the middle, to the west with [Name7], [Name8], creek in the middle, and to the south with [Name14], creek in the middle. Likewise, the Registro must record that, in accordance with article 33 of the Ley Forestal 7575, the prohibition on felling trees, building, cultivating, or carrying out any activity harmful to the protection of water or forest resources in the protection areas of the creeks existing along the boundaries must be respected, because the rural property is subject to the limitations of the Ley de Aguas and the Ley Forestal, Ley de Tierras y Colonización article 7 subsection c), and those set forth in article nineteen of the Ley de Informaciones Posesorias. It is declared that the channels of those creeks are of public domain, pursuant to articles 33 subsection b) and 34 of the Ley Forestal No. 7575, 1 subsections IV and 3 subsection III of the Ley de Aguas, limitations of which the Registro Público must take note and which must be indicated in the final ruling that is sent for those purposes. In all other matters, the subject of the appeal, the resolution is confirmed.-
MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA
DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ VANESSA FISHER GONZÁLEZ
EXPEDIENTE: EXPN1
PROCESO: INFORMACIÓN POSESORIA
PROMUEVE: [Name1]
[Name15]
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