Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Estima esta Sede que la mención de la existencia de "montaña" en el inmueble que hace la juzgadora en el acta de reconocimiento, no debe ser considerada como un criterio técnico que demuestre la existencia de zonas boscosas en los términos técnicos que define la Ley Forestal N. 7575, pues la persona juzgadora no es quién técnicamente vierte criterio para reconocer cuando se está en presencia de bosques primarios, secundarios o definir el tipo de vegetación presente en los fundos que inspecciona. Para ello, el procedimiento cuenta con una serie de criterios técnicos vertidos por profesionales competentes legalmente, que coadyuvan al juez o jueza en la determinación de la existencia o no de bosques y de qué clase, según las definiciones técnicas en la Ley Forestal N 7575. En este caso de la valoración de los testimonios citados, y el estudio de suelos que consta en autos, es posible deducir que en el terreno no existe bosque en los términos expuestos por la apelante, sino tacotates o charrales, y que las nacientes están debidamente protegidas con cobertura vegetal.
Declarar ese tipo de vegetación como bien demanial o bosque, sería no aplicar la legislación correctamente, ni incentivar ese tipo de actividad regeneradora de bosques. Esta actividad es necesaria para la captación de carbono en la atmósfera y por ende medidas ambientales contra el calentamiento global, actividades beneficiosas para el medio ambiente por lo que sería incoherente castigar a los poseedores que tienen ese tipo de actividad regeneradora de bosques, denegándoles la obtención de su título de propiedad.
English (translation)This Court considers that the mention of the existence of 'mountain' on the property made by the judge in the judicial inspection record should not be regarded as a technical criterion demonstrating the existence of forested areas in the technical terms defined by Forestry Law No. 7575, since the judge is not the one who technically provides a criterion to recognize when one is in the presence of primary or secondary forests or to define the type of vegetation present on the inspected properties. For that purpose, the proceeding relies on a series of technical criteria rendered by legally competent professionals, who assist the judge in determining the existence or not of forests and their type, according to the technical definitions in Forestry Law No. 7575. In this case, from the assessment of the cited testimonies and the soil study contained in the record, it can be deduced that there is no forest on the land in the terms put forward by the appellant, but rather scrub (tacotates) or fallow (charrales), and that the springs are duly protected with vegetation cover.
To declare that type of vegetation as public-domain property or forest would mean not applying the legislation correctly, nor encouraging that type of forest-regenerating activity. This activity is necessary for carbon sequestration from the atmosphere and thus environmental measures against global warming, activities beneficial to the environment; therefore, it would be inconsistent to punish possessors who engage in that type of forest-regenerating activity by denying them the granting of their property title.
Confirmed and supplemented
Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 00760 - 2010 Fecha de la Resolución: 12 de Agosto del 2010 a las 13:02 Expediente: 04-000076-0699-AG Redactado por: María Rosa Castro García Clase de asunto: Proceso de información posesoria Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Información posesoria agraria Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales Sentencias en igual sentido Texto de la resolución VOTO Nº 0760-F-10 TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE. Goicoechea, a las trece horas dos minutos del doce de agosto del dos mil diez.- PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA, tramitado ante el Juzgado Agrario de Cartago, y promovidas por HACIENDA LOS JAULES SOCIEDAD ANONIMA, con cédula jurídica número CED1 - - - , representada por su apoderada generalísima sin límite de suma Olga Kikut Gutiérrez, mayor, viuda, ama de casa, vecina de Cartago, con cédula de identidad número CED2 - - . Intervienen en el proceso la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, representada por Lydiana Rodríguez Paniagua, de calidades desconocidas en autos, en su condición de procuradora adjunta y el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, con cédula jurídica número CED3 - - - , representada por Carmelina Vargas Hidalgo, mayor, divorciada, abogada, vecina de Escazú, con cédula de identidad número CED4 - - , en su condición de apoderada general judicial. Actúa como abogado director de la promovente el licenciado Jorge Brenes Garro de calidades ignoradas.- RESULTANDO: 1.- La parte promovente plantea el presente proceso a fin de que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la siguiente fincas: Situado en Guatuso, [Dirección1] , , de la provincia de Cartago, Mide: Noventa y un mil novecientos ochenta y uno punto sesenta y cinco metros cuadrados. Linda al Norte: [Nombre1] y [Nombre2] ; Sur: [Nombre3] ; Este: [Nombre3] , [Nombre2] , [Nombre4] , [Nombre5] , [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre8] , [Nombre9] , [Nombre10] , [Nombre11] , [Nombre12] , [Nombre13] , [Nombre14] , [Nombre15] , [Nombre16] , [Nombre17] , [Nombre18] , [Nombre19] , [Nombre20] , [Nombre21] , [Nombre22] , [Nombre23] , [Nombre24] y [Nombre25] , así como calle pública con un frente lineal de ciento un metros en parte y en otra parte con calle pública con un frente lineal de cincuenta metros y un centímetro y al Oeste: carretera [Dirección2] con un frente lineal de seis mil trescientos setenta y dos punto diez metros, [Nombre26] , [Nombre27] , [Nombre28] , [Nombre29] , [Nombre30] , [Nombre31] , [Nombre32] , [Nombre33] y [Nombre1] , según plano catastrado número: C-508064-98. (ver folios 7 y 8). 2.- Se tuvieron como apersonados al proceso el Instituto de Desarrollo Agrario y la Procuraduría General de la República a los términos que corren a los folios 90 y 94.- 3.- La licenciada Rebeca Salazar Alcócer jueza de primera instancia en resolución de las trece horas del dieciséis de junio del dos mil diez, resolvió: "...POR TANTO: Se aprueban las presentes diligencias de Información Posesoria y en consecuencia se ordena al señor Registrador del Registro Público de la Propiedad inscribir a nombre de HACIENDA LOS JAULES SOCIEDAD ANONIMA, con cédula jurídica número: CED5 - - - , representada por [Nombre34] , viuda, ama de casa, vecina de Cartago, con cédula : CED6 - - , el inmueble que se describe así: Situado en Guatuso, [Dirección1] , , de la provincia de Cartago, Mide: Noventa y un mil novecientos ochenta y uno punto sesenta y cinco metros cuadrados. Linda al Norte: [Nombre1] y [Nombre2] ; Sur: [Nombre3] ; Este: [Nombre3] , [Nombre2] , [Nombre4] , [Nombre5] , [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre8] , [Nombre9] , [Nombre10] , [Nombre11] , [Nombre12] , [Nombre13] , [Nombre14] , [Nombre15] , [Nombre16] , [Nombre17] , [Nombre18] , [Nombre19] , [Nombre20] , [Nombre21] , [Nombre22] , [Nombre23] , [Nombre24] y [Nombre25] , así como calle pública con un frente lineal de ciento un metros en parte y en otra parte con calle pública con un frente lineal de cincuenta metros y un centímetro y al Oeste: [Dirección3] con un frente lineal de seis mil trescientos setenta y dos punto diez metros, [Nombre26] , [Nombre27] , [Nombre28] , [Nombre29] , [Nombre30] , [Nombre31] , [Nombre32] , [Nombre33] y [Nombre1] , según plano catastrado número: C-508064-98. Este inmueble fue estimado en la suma de veinticinco millones de colones y las presentes diligencias en la suma de tres millones de colones. El área contigua a las corrientes constituye área de protección según el artículo 33, inciso b) de la Ley Forestal Nº 7575 y queda prohibida la corta o eliminación de árboles, así también se hace constar que el cauce y las aguas de esas corrientes son de dominio público según artículo 1, inciso IV y 3, inciso III de la Ley de Aguas, por otra parte del derecho de vía de la calle pública que colinda por el rumbo este con el predio a titular es de 14.00, 16.00 y 18.00 metros (artículo 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19, inciso a, de la Ley de Informaciones Posesorias). Y la calle pública que colinda por el rumbo oeste con el predio a titular es la [Dirección4] y tiene un derecho de vía de 50.00 metros..." (folios 131 a 133). 4.- La Procuraduría General de la República interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del juzgado de instancia, en los términos que corren a folios 134. 5.- En la substanciación del proceso no se han observado las prescripciones legales y no se observa la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo.- Redacta la jueza Castro García; y, CONSIDERANDO: I. Se comparte el elenco de hechos probados por tener sustento en los autos. De igual naturaleza, se agrega: 8) La finca objeto de este proceso se dedica a potrero, charral y tacotal y sobre la misma existen dos nacientes en el sector de montaña que están protegidas (ver declaraciones de [Nombre35] a folio 83, [Nombre35] a folio 84 y de [Nombre36] a folio 84, reconocimiento judicial a folio 82, y estudio de suelos a folio 4 y 5). II. La apelación es interpuesta por la licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua en su carácter de Procuradora Adjunta ( folio 134). Se muestra disconforme con la sentencia de las 13 horas del 16 de junio del 2010 donde se aprobaron las diligencias de Información Posesoria (folio 131). Expone como agravios los siguientes: 1) Pide sea agregado a la sentencia lo regulado en el numeral 33 inciso a) de la Ley Forestal 7575, por cuanto en el oficio N. SUB-G-AID-UEN-AMB-2010-584 del ICAA, en el inmueble a titular existe una naciente y que posee una área de protección que debe ser declarada y prohibirse la corta o eliminación de árboles y que el cause y aguas de esa corriente son de dominio público. 2) Combate que consta en el reconocimiento judicial y prueba testimonial recibida, que la naturaleza del terreno a titular es boscosa (montaña) y que los terrenos de bosques ubicados en reservas nacionales están afectados a régimen de dominio público, patrimonio natural del Estado, desde la Ley Forestal 4465 de 1969, artículo 33, reformada por la Ley Forestal 7174 de 1990 (artículos 32 y 33) y de carácter demanial que mantiene la Ley 7575, (artículos 13 y 14). Argumenta, la Ley permite titular inmuebles fuera de las áreas silvestres protegidas si el promovente demuestra sus legítimos derechos de posesión decenal, haber protegido el recurso y tener el inmueble debidamente deslindado. Cita voto de la Sala Constitucional voto 4587-97 y reafirma los bosques solo podrán titularse si la usucapión se consolidó antes de ingresar por Ley a Patrimonio Natural de Estado y el plazo de la usucapión apta debe haber transcurrido antes de antes haberse producido la afectación, además esgrime los terrenos de bosques tienen una afectación inmediata por Ley a dominio público. 3) Agravia, la declaración de los testigos no demuestra la posesión decenal apta para usucapir en cabeza de su dueño y solicita la revocatoria para decretar la improbación de estas diligencias. III. Sobre el agravio de la representación estatal referido a la existencia de una zona con cobertura boscosa que no es apta para usucapir, por ser parte del Patrimonio Natural del Estado, no lleva razón la apelante. Estas diligencias se formulan con la finalidad de inscribir en el Registro Público de la Propiedad el inmueble ubicado en [Dirección5] de la provincia de Cartago, mide 91 hectáreas 9.816 metros con 50 decímetros cuadrados, según plano C-508064-98, (folio 1). Dicho bien no es parte de área silvestre protegida, conforme se indica en la certificación emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación aportada a los autos (folio 6). En el estudio de suelos que consta en autos se indica, se ha ejercido el uso conforme al suelo; (folios 4 y 5). El Juzgado practicó un reconocimiento judicial del inmueble, del que se levantó un acta que consignó que el terreno a titular es una finca ubicada en medio de dos calles públicas con las que colinda, delimitada por casas de habitación en su gran parte y cercas de alambres de púas, con dos casas, una en mal estado y la otra en buen estado y habitada, sin cultivos con naturaleza de potrero, charral y montaña en donde se ubican dos nacientes, que se notan bien protegidas y no existen afectaciones a los recurso naturales, no la atraviezan ríos o quebradas y es de topografía quebrada. ( folio 82). También se recibió la declaración de los testigos [Nombre35] , [Nombre35] y [Nombre36] (folios 83 a 85). Los testigos aducen conocer la propiedad desde hacía más de cincuenta años, el testigo [Nombre35] manifestó que el inmueble era poseído por [Nombre37] , luego pasó a ser de [Nombre38] y actualmente de sus hijos, el terreno anteriormente se dedicó a la lechería y siempre se ha mantenido con charral, por su parte el testigo [Nombre35] indicó que conoce la fInca desde hacía 60 años y que era de [Nombre37] y posteriormente de Hacienda Los Jaules S.A. que es de la misma familia, cuya posesión data desde 1957 ò 1958, y siempre ha sido charral, y el testigo [Nombre36] depuso conocer el terreno desde hacía 20 años y que pertenecía a Los Jaules S.A. quienes siguen siendo los dueños y que el fundo anteriormente se dedicaba al ganado, y actualmente es potrero y charral. La apelante expresa al existir bosque en el inmueble, según se desprende del reconocimiento judicial y de la declaración de los testigos, no es posible titularla. Estima esta Sede que la mención de la existencia de "montaña" en el inmueble que hace la juzgadora en el acta de reconocimiento, no debe ser considerada como un criterio técnico que demuestre la existencia de zonas boscosas en los términos técnicos que define la Ley Forestal N. 7575, pues la persona juzgadora no es quién técnicamente vierte criterio para reconocer cuando se está en presencia de bosques primarios, secundarios o definir el tipo de vegetación presente en los fundos que inspecciona. Para ello, el procedimiento cuenta con una serie de criterios técnicos vertidos por profesionales competentes legalmente, que coadyuvan al juez o jueza en la determinación de la existencia o no de bosques y de qué clase, según las definiciones técnicas en la Ley Forestal N 7575. En este caso de la valoración de los testimonios citados, y el estudio de suelos que consta en autos, es posible deducir que en el terreno no existe bosque en los términos expuestos por la apelante, sino tacotates o charrales, y que las nacientes están debidamente protegidas con cobertura vegetal. El estudio de suelos grafica que un 55 por ciento del terreno es tacotal, un 15 por ciento es charral y un 25 por ciento es repasto, es decir no se consignó la presencia de bosque. No lleva razón en su argumento la apelante, y no es posible considerar que el inmueble esté cubierto de zonas boscosas pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado. Sobre la definición de bosque secundario, que es el caso que nos ocupa, la Comisión Nacional de Certificación Forestal de Costa Rica define el bosque secundario como “... aquella tierra con vegetación leñosa de carácter sucesional secundaria que se desarrolla una vez que la vegetación original fue eliminada por actividades humanas o fenómenos naturales; con una superficie mínima de 0,5 ha y una densidad no menor a 500 árboles por ha de todas las especies." (CNCF 1999, Comisión Nacional de Certificación Forestal. 1999. Estándares y procedimientos para el manejo sostenible y la certificación forestal en Costa Rica. San José,. Costa Rica. 54 p.) Asimismo el concepto de Tacotal es "matorral espeso" y no debe entenderse que es un bosque. La Ley Forestal N. CED7, define bosque de la siguiente forma: "Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas caracterizada por la presencia de àrboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más del 70% de esa superficie y donde existan más de sesenta árboles por hectárea de quince o más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho". Por su parte, la Ley de Informaciones Posesorias en su artículo sétimo indica que las fincas ubicadas fuera de áreas silvestres protegidas y con bosques, podrían ser tituladas si el promovente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal y haber protegido el recurso, sin hacer diferencias si son bosques secundarios o primarios. Partiendo de estas definiciones y del estudio técnico del INTA visible a folios 4 y 5, en el que se hace referencia solo a la existencia de repasto, charral y tacotal, se deduce que el bosque original que existió en dicha zona, desde hace muchos años fue convertido en potreros o su vegetación fue eliminada, asi lo manifestaron los testigos, para luego dar lugar a un charral y tacotal, en un área de un 75 por ciento del terreno. Declarar ese tipo de vegetación como bien demanial o bosque, sería no aplicar la legislación correctamente, ni incentivar ese tipo de actividad regeneradora de bosques. Esta actividad es necesaria para la captación de carbono en la atmósfera y por ende medidas ambientales contra el calentamiento global, actividades beneficiosas para el medio ambiente por lo que sería incoherente castigar a los poseedores que tienen ese tipo de actividad regeneradora de bosques, denegándoles la obtención de su título de propiedad. Aparte de ello, de lo arrojado por esas declaraciones, el reconocimiento judicial y la certificación de suelos, se denota que existe una actitud conservacionista por la sociedad promovente, pues no declararon le hubiera contado la tala. De acuerdo a lo anterior, no se comparte lo señalado por la representante estatal, que el terreno al estar destinado a bosque forma parte del patrimonio natural del Estado, porque de conformidad con el artículo 856 del Código Civil, el fundo es apto para adquirir por usucapión. Por ende, conforme al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, estima el Tribunal que efectivamente se acreditó con la prueba aportada, el ejercicio de la posesión legal exigida sobre el fundo, con diez años de antelación a la fecha en la que se promovió este proceso , y el terreno objeto de las presentes diligencias es apto para usucapir al encontrarse fuera de cualquier área silvestre protegida sea cual fuere su categoría de manejo y haber ejercido actos posesorios de conservación de los recursos naturales. (Al respecto puede ser consultado el voto Nº51 de las 15 horas 15 minutos del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). IV- Sobre el agravio referente a que la declaración de los testigos no demuestra la posesión decenal, tampoco lleva razón la apelante. Aún y cuando no indica en forma específica el motivo por el cual considera que los mismos no son aptos para acreditar la posesión decenal, del estudio de lo que cada uno depuso se concluye que los tres son contestes en describir una cadena posesoria que comprueba que se ha ejercido la posesión en forma ininterrumpida por parte de la sociedad promovente y sus transmitentes y que conocen el terreno desde hace varias décadas, así como no conocen la existencia de conflictos posesorios originados en la posesión ejercida sobre el terreno, por lo que se rechaza tal agravio. V- Con respecto a la solicitud de la declaratoria del área de protección de la naciente ubicada en el inmueble, lleva razón la apelante, pues en aplicación del artículo 33 inciso a) de la Ley Forestal, las áreas que bordeen nacientes permanentes medidas en un radio de cien metros medidas de modo horizontal, son áreas de protección, por lo que deberá agregarse la existencia dicha área de protección citada, la prohibición de eliminación de cobertura vegetal y la declaratoria de dominio público del caudal de la misma y de todos los cursos de agua que existan. VI.- En razón de lo anterior, en lo apelado, deberá confirmarse lo resuelto y adicionarse a la sentencia apelada que se declara área de protección el área que bordea la naciente permanente ubicada en el fundo a titular, cuya extensión abarca el radio de cien metros medidos de forma horizontal y se declara la prohibición de eliminación de cobertura vegetal o tala en la misma, con fundamento en el artículo 33 inciso a) de la Ley Forestal N. 7575. Se deberá también declarar de dominio público el caudal de la naciente y de todos los cursos de agua que existan con fundamento en el artículo primero de la Ley de Aguas, lo cual deberá ser agregado en la ejecutoria que emita el despacho de origen, dirigido al Registro Público para inscribir el bien inmueble objeto de estas diligencias. POR TANTO: En lo apelado, se confirma la resolución apelada. Se adiciona en esta instancia, lo siguiente: se declara área de protección un radio de cien metros medidos de forma horizontal, el área que bordea las nacientes permanentes ubicadas en el fundo a titular y la prohibición de eliminación de cobertura vegetal o tala en la misma. Se declara de dominio público el caudal de la naciente y de todos los cursos de agua que existan en el fundo.- [Nombre39] DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ JOSÉ FRANCISCO CHACÓN ACUÑA Redacta la jueza Vargas Vásquez; y, NOTA: UNICO: La suscrita jueza comparte lo resuelto en el voto de mayoría; sin embargo, estima necesario aclarar que el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias hace referencia a dos supuestos para la titulación, uno de ellos que el inmueble esté ubicado en áreas protegidas, supuesto en el cual debe acreditarse que se ha protegido el recurso forestal, que se ha delimitado el fundo con cercas o con carriles y que se ha poseído el bien diez años antes de la vigencia de la ley o decreto que crea el área protegida; y en caso de tener bosque, si está fuera de áreas protegidas, deben cumplirse esos mismos requisitos, salvo el tercero. Cuando se hace referencia a la existencia de bosque, no especifica si se trata de un bosque primario o un bosque secundario. Este último supuesto es producto de un proceso de regeneración natural, mientras que un bosque primario sería determinable sólo por personas expertas debido a que implica no haber sido afectado a través de los años por acciones humanas o naturales. Sin embargo, la norma no hace distinción entre uno y otro, de forma tal que las exigencias ahí expuestas son aplicables a inmuebles que contengan bosque, ya sean éstos primarios o producto de una regeneración natural. De ahí no se compartan los argumentos expuestos sobre ese extremo, aunque sí la forma en que se resuelve y la valoración que se hace sobre los elementos probatorios conforme a las facultades que establece el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria. [Nombre40] Nº EXPN1 Información Posesoria Promovida Hacienda los Jaules S.A. li. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:39:11. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
VOTO Nº 0760-F-10 TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE. Goicoechea, at thirteen hours two minutes of the twelfth of August of two thousand ten.- PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA, processed before the Juzgado Agrario de Cartago, and initiated by HACIENDA LOS JAULES SOCIEDAD ANONIMA, with legal identification number CED1 - - - , represented by its generalissima agent without limit of sum Olga Kikut Gutiérrez, of legal age, widow, homemaker, resident of Cartago, with identity card number CED2 - - . Appearing in the process are the PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, represented by Lydiana Rodríguez Paniagua, whose qualifications are unknown in the case file, in her capacity as deputy procuradora, and the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, with legal identification number CED3 - - - , represented by Carmelina Vargas Hidalgo, of legal age, divorced, attorney, resident of Escazú, with identity card number CED4 - - , in her capacity as general judicial agent. Acting as directing attorney for the initiating party is licensed attorney Jorge Brenes Garro, whose qualifications are unknown.- RESULTANDO: 1.- The initiating party files this process so that the following property be registered in its name in the Registro Público de la Propiedad: Located in Guatuso, [Dirección1] , , of the province of Cartago, Measures: Ninety-one thousand nine hundred eighty-one point sixty-five square meters. Bordered on the North: [Nombre1] and [Nombre2] ; South: [Nombre3] ; East: [Nombre3] , [Nombre2] , [Nombre4] , [Nombre5] , [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre8] , [Nombre9] , [Nombre10] , [Nombre11] , [Nombre12] , [Nombre13] , [Nombre14] , [Nombre15] , [Nombre16] , [Nombre17] , [Nombre18] , [Nombre19] , [Nombre20] , [Nombre21] , [Nombre22] , [Nombre23] , [Nombre24] and [Nombre25] , as well as public road with a linear frontage of one hundred one meters in part and in another part with public road with a linear frontage of fifty meters and one centimeter and to the West: [Dirección2] highway with a linear frontage of six thousand three hundred seventy-two point ten meters, [Nombre26] , [Nombre27] , [Nombre28] , [Nombre29] , [Nombre30] , [Nombre31] , [Nombre32] , [Nombre33] and [Nombre1] , according to cadastral plan number: C-508064-98. (see folios 7 and 8). 2.- The Instituto de Desarrollo Agrario and the Procuraduría General de la República were deemed to have appeared in the process under the terms running at folios 90 and 94.- 3.- Licensed attorney Rebeca Salazar Alcócer, judge of first instance, in a resolution of thirteen hours of the sixteenth of June of two thousand ten, resolved: "...POR TANTO: These diligencias de Información Posesoria are approved and consequently the Registrar of the Registro Público de la Propiedad is ordered to register in the name of HACIENDA LOS JAULES SOCIEDAD ANONIMA, with legal identification number: CED5 - - - , represented by [Nombre34] , widow, homemaker, resident of Cartago, with identity card: CED6 - - , the real estate described as follows: Located in Guatuso, [Dirección1] , , of the province of Cartago, Measures: Ninety-one thousand nine hundred eighty-one point sixty-five square meters. Bordered on the North: [Nombre1] and [Nombre2] ; South: [Nombre3] ; East: [Nombre3] , [Nombre2] , [Nombre4] , [Nombre5] , [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre8] , [Nombre9] , [Nombre10] , [Nombre11] , [Nombre12] , [Nombre13] , [Nombre14] , [Nombre15] , [Nombre16] , [Nombre17] , [Nombre18] , [Nombre19] , [Nombre20] , [Nombre21] , [Nombre22] , [Nombre23] , [Nombre24] and [Nombre25] , as well as public road with a linear frontage of one hundred one meters in part and in another part with public road with a linear frontage of fifty meters and one centimeter and to the West: [Dirección3] with a linear frontage of six thousand three hundred seventy-two point ten meters, [Nombre26] , [Nombre27] , [Nombre28] , [Nombre29] , [Nombre30] , [Nombre31] , [Nombre32] , [Nombre33] and [Nombre1] , according to cadastral plan number: C-508064-98. This real estate was valued at the sum of twenty-five million colones and these diligencias at the sum of three million colones. The area contiguous to watercourses constitutes a protection area according to Article 33, subsection b) of the Ley Forestal Nº 7575 and the cutting or elimination of trees is prohibited, and it is also noted that the channel and waters of these watercourses are public domain according to Article 1, subsection IV and 3, subsection III of the Ley de Aguas, furthermore the right-of-way of the public road bordering the property to be titled on the east side is 14.00, 16.00 and 18.00 meters (Article 4 of the Ley General de Caminos Públicos and 19, subsection a, of the Ley de Informaciones Posesorias). And the public road bordering the property to be titled on the west side is [Dirección4] and has a right-of-way of 50.00 meters..." (folios 131 to 133). 4.- The Procuraduría General de la República filed an appeal with express indication of the reasons for which it refutes the thesis of the trial court, under the terms running at folio 134. 5.- In the substantiation of the process, the legal prescriptions have been observed and no errors or omissions capable of producing the nullity of the judgment are noted.- Judge Castro García writes; and, CONSIDERANDO: I. The list of proven facts is shared as it has support in the case file. Of the same nature, the following is added: 8) The property subject to this process is used as pasture, charral and tacotal and on it there exist two springs (nacientes) in the mountain sector that are protected (see declarations of [Nombre35] at folio 83, [Nombre35] at folio 84 and of [Nombre36] at folio 84, judicial inspection (reconocimiento judicial) at folio 82, and soil study at folios 4 and 5). II. The appeal is filed by licensed attorney Lydiana Rodríguez Paniagua in her capacity as Procuradora Adjunta (folio 134). She expresses disagreement with the judgment of 13 hours of June 16, 2010, where the diligencias de Información Posesoria were approved (folio 131). She sets forth the following grievances: 1) She requests that the provisions of numeral 33 subsection a) of the Ley Forestal 7575 be added to the judgment, because in official communication N. SUB-G-AID-UEN-AMB-2010-584 of the ICAA, there exists a spring (naciente) on the real estate to be titled and that it possesses a protection area that must be declared and the cutting or elimination of trees prohibited, and that the channel and waters of that watercourse are public domain. 2) She contests that it is recorded in the judicial inspection (reconocimiento judicial) and testimonial evidence received, that the nature of the land to be titled is forested (montaña) and that forest lands located in national reserves are subject to a public domain regime, natural heritage of the State, since the Ley Forestal 4465 of 1969, Article 33, amended by the Ley Forestal 7174 of 1990 (Articles 32 and 33) and of public domain character maintained by Ley 7575, (Articles 13 and 14). She argues that the Law allows titling real estate outside protected wilderness areas if the initiator demonstrates their legitimate rights of decennial possession, having protected the resource, and having the real estate duly demarcated. She cites a vote of the Sala Constitucional, vote 4587-97 and reaffirms that forests may only be titled if the usucapion was consolidated before entering, by Law, into the Natural Heritage of the State and the term of the suitable usucapion must have elapsed before the encumbrance was established, and she further asserts that forest lands have an immediate encumbrance by Law to the public domain. 3) As a grievance, the declaration of the witnesses does not demonstrate the decennial possession suitable for usucapion in the head of its owner, and she requests revocation to decree the disapproval of these diligencias. III. Regarding the grievance of the state representation referring to the existence of a zone with forest cover (cobertura boscosa) that is not suitable for usucapion, because it is part of the Natural Heritage of the State, the appellant is incorrect. These diligencias are formulated with the purpose of registering in the Registro Público de la Propiedad the real estate located in [Dirección5] of the province of Cartago, measuring 91 hectares 9,816 meters and 50 square decimeters, according to plan C-508064-98, (folio 1). Said property is not part of a protected wilderness area, as indicated in the certification issued by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación provided in the case file (folio 6). In the soil study contained in the case file, it is indicated that use has been exercised in accordance with the soil suitability; (folios 4 and 5). The Court conducted a judicial inspection (reconocimiento judicial) of the real estate, of which a record was drawn up noting that the land to be titled is a property located between two public roads with which it borders, delimited largely by dwelling houses and barbed-wire fences, with two houses, one in poor condition and the other in good condition and inhabited, without crops, with a nature of pasture (potrero), charral and montaña where two springs (nacientes) are located, which are noted to be well protected and there are no impacts to natural resources, it is not crossed by rivers or streams and has broken topography. (folio 82). The declarations of witnesses [Nombre35], [Nombre35] and [Nombre36] were also received (folios 83 to 85). The witnesses claim to have known the property for more than fifty years; witness [Nombre35] stated that the real estate was possessed by [Nombre37], then it passed to being the property of [Nombre38] and currently of his children, the land was previously used for dairy farming and has always been maintained as charral; for his part, witness [Nombre35] indicated that he had known the property for 60 years and that it was owned by [Nombre37] and later by Hacienda Los Jaules S.A., which belongs to the same family, whose possession dates from 1957 or 1958, and it has always been charral; and witness [Nombre36] testified to knowing the land for 20 years and that it belonged to Los Jaules S.A., who continued being the owners, and that the property was previously used for cattle, and currently is pasture (potrero) and charral. The appellant states that since forest exists on the real estate, as inferred from the judicial inspection (reconocimiento judicial) and the witnesses’ declarations, it is not possible to title it. This Court considers that the mention of the existence of "montaña" on the real estate made by the judge in the inspection record should not be considered a technical criterion demonstrating the existence of forested zones in the technical terms defined by the Ley Forestal N. 7575, since the judging person is not someone who technically provides criteria to recognize when one is in the presence of primary forests, secondary forests, or define the type of vegetation present on the properties inspected. For that purpose, the procedure counts on a series of technical criteria provided by legally competent professionals, who assist the judge in determining the existence or not of forests and of what kind, according to the technical definitions in the Ley Forestal N. 7575. In this case, from the assessment of the cited testimonies and the soil study in the case file, it is possible to deduce that on the land there does not exist forest in the terms set forth by the appellant, but rather tacotales or charrales, and that the springs (nacientes) are duly protected with vegetative cover. The soil study shows that 55 percent of the land is tacotal, 15 percent is charral, and 25 percent is pasture, that is, the presence of forest was not recorded. The appellant is incorrect in her argument, and it is not possible to consider that the real estate is covered with forested zones belonging to the Natural Heritage of the State. Regarding the definition of secondary forest, which is the case at hand, the Comisión Nacional de Certificación Forestal de Costa Rica defines secondary forest as "... that land with woody vegetation of a secondary successional character that develops once the original vegetation was eliminated by human activities or natural phenomena; with a minimum area of 0.5 ha and a density of no less than 500 trees per ha of all species." (CNCF 1999, Comisión Nacional de Certificación Forestal. 1999. Estándares y procedimientos para el manejo sostenible y la certificación forestal en Costa Rica. San José,. Costa Rica. 54 p.) Likewise, the concept of Tacotal is "dense thicket" and should not be understood as a forest. The Ley Forestal N. CED7 defines a forest as follows: "Native or autochthonous ecosystem, intervened or not, regenerated by natural succession or other silvicultural techniques, which occupies an area of two or more hectares characterized by the presence of mature trees of different ages, species, and varied size, with one or more canopies that cover more than 70% of that area and where there exist more than sixty trees per hectare of fifteen or more centimeters in diameter measured at breast height." For its part, the Ley de Informaciones Posesorias in its seventh article indicates that properties located outside protected wilderness areas and with forests could be titled if the initiator demonstrates being the holder of the legal rights of decennial possession and having protected the resource, without making distinctions between secondary or primary forests. Based on these definitions and the technical study of the INTA visible at folios 4 and 5, in which reference is made only to the existence of pasture, charral and tacotal, it is deduced that the original forest that existed in said zone was converted into pastures many years ago or its vegetation was eliminated, as the witnesses stated, later giving way to charral and tacotal, in an area of 75 percent of the land. To declare that type of vegetation as public domain or forest would be to not correctly apply the legislation, nor to incentivize that type of forest-regenerating activity. This activity is necessary for carbon sequestration in the atmosphere and therefore environmental measures against global warming, activities beneficial for the environment, so it would be incoherent to punish the possessors who have that type of forest-regenerating activity, denying them the obtaining of their property title. Apart from that, from what was revealed by those declarations, the judicial inspection (reconocimiento judicial) and the soil certification, it is denoted that there exists a conservationist attitude by the initiating company, since they did not declare that logging had been carried out. According to the above, what was pointed out by the state representative is not shared, that the land, being intended for forest, forms part of the natural heritage of the State, because in accordance with Article 856 of the Civil Code, the property is suitable to be acquired by usucapion. Therefore, pursuant to Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, the Court considers that the required legal possession exercised over the property was indeed accredited with the evidence provided, with ten years prior to the date on which this process was initiated, and the land subject to these diligencias is suitable for usucapion as it is located outside any protected wilderness area whatever its management category and having exercised possessory acts of conservation of natural resources. (In this regard, vote No. 51 of 15 hours 15 minutes of May 26, 1995, of the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia may be consulted). IV- Regarding the grievance referring to the fact that the witnesses' declarations do not demonstrate decennial possession, the appellant is also incorrect. Even though she does not specifically indicate the reason why she considers them unsuitable for accrediting decennial possession, from the study of what each one testified, it is concluded that all three are consistent in describing a possessory chain that proves that possession has been exercised uninterruptedly by the initiating company and its transferors, and that they have known the land for several decades, and they are unaware of the existence of possessory conflicts arising from the possession exercised over the land; therefore, this grievance is rejected. V- With respect to the request for the declaration of the protection area of the spring (naciente) located on the real estate, the appellant is correct, because in application of Article 33 subsection a) of the Ley Forestal, the areas that border permanent springs (nacientes) measured within a radius of one hundred meters measured horizontally are protection areas, therefore the existence of said cited protection area, the prohibition of elimination of vegetative cover, and the declaration of public domain of the flow thereof and of all the watercourses that exist must be added. VI.- By reason of the foregoing, regarding what was appealed, the resolution should be confirmed and the appealed judgment should be supplemented to declare as a protection area the area that borders the permanent spring (naciente) located on the property to be titled, whose extension encompasses the radius of one hundred meters measured horizontally, and the prohibition of eliminating vegetative cover or logging within the same is declared, based on Article 33 subsection a) of the Ley Forestal N. 7575. It shall also be declared that the flow of the spring (naciente) and of all the watercourses that exist are public domain based on Article one of the Ley de Aguas, which must be added in the execution order issued by the originating court, addressed to the Registro Público to register the real estate subject to these diligencias. POR TANTO: Regarding what was appealed, the appealed resolution is confirmed. At this instance, the following is added: a radius of one hundred meters measured horizontally, the area that borders the permanent springs (nacientes) located on the property to be titled, is declared a protection area, and the prohibition of eliminating vegetative cover or logging within the same is declared. The flow of the spring (naciente) and of all the watercourses that exist on the property is declared public domain.- [Nombre39] DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ JOSÉ FRANCISCO CHACÓN ACUÑA Judge Vargas Vásquez writes; and, NOTE: SOLE: The undersigned judge shares what was resolved in the majority vote; however, she deems it necessary to clarify that Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias refers to two scenarios for titling, one of them being that the real estate is located in protected areas, a scenario in which it must be accredited that the forest resource has been protected, that the property has been delimited with fences or with firebreaks, and that the property has been possessed for ten years prior to the effectiveness of the law or decree creating the protected area; and in case of having forest, if it is outside protected areas, those same requirements must be met, except for the third. When reference is made to the existence of a forest, it does not specify whether it is a primary forest or a secondary forest. This latter scenario is the product of a natural regeneration process, whereas a primary forest would be determinable only by expert persons because it implies not having been affected through the years by human or natural actions. However, the norm does not distinguish between one and the other, such that the requirements set forth therein are applicable to real estate containing forest, whether these are primary or the product of natural regeneration. Therefore, the arguments set forth on that point are not shared, although the way in which it is resolved and the assessment made of the evidentiary elements according to the powers established by Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria is shared. [Nombre40] Nº EXPN1 Información Posesoria Initiated by Hacienda los Jaules S.A. li. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 08:39:11. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República