Res. 00837-2010 Tribunal Agrario — Possessory Information on Forested Land Outside Protected AreaInformación posesoria sobre terreno boscoso fuera de área protegida

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00837 - 2010

Fecha de la Resolución: 31 de Agosto del 2010 a las 10:48

Expediente: 02-000022-0689-AG

Redactado por: María Rosa Castro García

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario

Tema: Información posesoria agraria

Subtemas:

Terreno apto para usucapir al estar fuera de área silvestre protegida.
Requisitos que debe reunir el titulante.

Tema: Área silvestre protegida

Subtemas:

Terreno no lo constituye por lo que es apta para usucapir.

“III.- Sobre el agravio de la representación estatal referido a la existencia de una zona con cobertura boscosa que no es apta para usucapir, por ser parte del Patrimonio Natural del Estado, no lleva razón la apelante. Estas diligencias se formulan con la finalidad de inscribir en el Registro Público de la Propiedad el inmueble ubicado en [Dirección1]        de la provincia de San José, mide 13 hectáreas 0202 metros cuadrados con 76 decímetros cuadrados, según plano 1- 1291003-2008, (folio 97). Dicho bien no es parte de área silvestre protegida, conforme se indica en la certificación emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación aportada a los autos (folio 103). En el estudio de suelos que consta en autos se indica, se ha ejercido el uso conforme al suelo (folio 21). El Juzgado practicó un reconocimiento judicial del inmueble, del que se levantó un acta que consignó que el terreno a titular es de "montaña virgen" y la misma esta bien protegida, no se observaron claros entre los árboles que denote extracción de madera, los carriles estaban limpios y no habían sembradíos de ninguna especie ganado o construcción, no se observaron nacientes o quebradas dentro del inmueble y es de topografía quebrada. ( folio 75). También se recibió la declaración de los testigos [Nombre1]  , [Nombre2]   y [Nombre3]    (folios 76 a 78). testigo [Nombre1]  adujo conocer la propiedad desde hacía más de veinticuatro años, el testigo [Nombre3]  hacía 38 años y el testigo [Nombre2]  desde 37 años atrás. Todos son coincidentes en manifestar que el señor [Nombre4]  le vendió el inmueble a [Nombre5]  y éste útimo al promovente hacía 24 años, que el terreno mantiene una cobertura boscosa de bosque primario y secundario desde hace muchos años y reconocen la actitud de protección de los recursos naturales que tiene el titulante, pues se conserva el bosque existente y prohibe la cacería en el mismo. En este caso de la valoración de los testimonios citados, y el estudio de suelos que consta en autos, es posible deducir que en el terreno bosque, el cual ha sido debidamente protegido por el titulante. Por su parte, la Ley de Informaciones Posesorias en su artículo sétimo indica que las fincas ubicadas fuera de áreas silvestres protegidas y con bosques, podrían ser tituladas si el promovente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal y haber protegido el recurso, sin hacer diferencias si son bosques secundarios o primarios. Partiendo de estas definiciones y del estudio técnico del INTA visible a folios 21, en el que se hace referencia a que el terrreno esta cubierto de bosques en su totalidad y habiendose protegido el recurso en los terminos exigidos por ley, no se comparte lo señalado por la representante estatal, que el terreno al estar destinado a bosque forma parte del patrimonio natural del Estado, porque de conformidad con el artículo 856 del Código Civil, el fundo es apto para adquirir por usucapión. Por ende, conforme al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, estima el Tribunal que efectivamente fue acreditado con la prueba aportada, el ejercicio de la posesión legal exigida sobre el fundo, con diez años de antelación a la fecha en la que se promovieron este proceso , y el terreno objeto de las presentes diligencias es apto para usucapir al encontrarse fuera de cualquier área silvestre protegida, sea cual fuere su categoría de manejo y haber ejercido actos posesorios de conservación de los recursos naturales. (Al respecto puede ser consultado el voto N°51 de las 15 horas 15 minutos dei 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).”

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Texto de la resolución

 

VOTO Nº 0 83 7-F-10

TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las diez horas cuarenta y ocho minutos del treinta y uno de agosto de dos mil diez.-

            INFORMACIÓN POSESORIA, promovida por [Nombre1]  , mayor, agricultor, casado, vecino de San Lorenzo, Tarrazu, cédula de identidad número CED1 -   -     . Intervienen en el proceso, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Lydiana Rodríguez Paniagua, de calidades desconocidas en autos, en su condición de procuradora adjunta, y el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, cédula jurídica CED2 -   -          - , representado por [Nombre2]    , mayor, casado una vez, ingeniero agrónomo, vecino de Siquirres, Limón, cédula de identidad número CED3 -   -   . Tramitada ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José . Actúa como abogado director del titulante, el licenciado Ricardo Valverde Céspedes , de calidades desconocidas en autos.-

RESULTANDO:

            1.- El promovente  plantea proceso de información posesoria con el fin de que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la finca que describe así: “ Terreno de montaña, sito en [Dirección1]  SAN LORENZO, del cantón quinto TARRAZÚ, de la Provincia de SAN JOSÉ, linda actualmente: norte [Nombre3]  , sur [Nombre4]   Y [Dirección2]            , este [Nombre4]   QUEBRADA EN MEDIO y al oeste con [Dirección3]              . Que dichos linderos son actuales y verdaderos.  Mide TRECE HECTÁREAS DOSCIENTOS METROS CON SETENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS, según plano catastrado número SJ - SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE - DOS MIL ” , (folio 6 ).-   

2.- La Procuraduría General de la República y e l Instituto de Desarrollo Agrario, se apersonaron al proceso en los términos visibles de folios 35 a 38, 81 a 87, 124, 125 y 49 ; respectivamente, sin manifestar ambos su oposición a las presentes diligencias.-

            3.- La licenciad a Vanessa Fisher González , juez a del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José , mediante sentencia de las nueve horas con veintiséis minutos del veinticinco de mayo del dos mil diez , resolvió: “ POR TANTO: De conformidad con la Ley de Informaciones Posesorias Nº 139 del 14 de julio de 1941 y sus reformas, se aprueban estas diligencias de Información Posesoria, en la cual han intervenido como partes la Procuraduría General de la República y el Instituto de Desarrollo Agrario. El terreno a titular quedará afectado por las reservas que indica la Ley General de Caminos Públicos, en cuanto a que el ancho mínimo de las carreteras es de veinte metros y de los caminos vecinales de catorce metros (Artículos 19 de la Ley de Informaciones Posesorias y 4 de la Ley General de Caminos Públicos). Proceda el Registro Público de la Propiedad a inscribir libre de gravámenes, condueños y cargas relaes, y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, a nombre de [Nombre1]  , mayor, casado, agricultor, cédula de identidad CED4, vecino de Quebrada Arroyo de San Lorenzo de Tarrazú, el terreno de naturaleza  de montaña, situado  en Quebrada [Dirección4],    ,    de la Provincia de San José, con una medida de trece hectáreas doscientos dos metros con setenta y seis decímetros cuadrados, linda al norte  con [Nombre3]  , al sur con [Nombre4]   y [Dirección5]  con un frente de ciento veinticuatro metros con veintiocho centímetros lineales, al oeste  con [Dirección5]  con un frente de cuatrocientos once metros con noventa y tres centímetros lineales y al este  con [Nombre4]   uebrada en medio, descrito  en el plano catastrado SJ-1291003-2008. El inmueble a titular lo adquirió por compraventa que le hiciera [Nombre5]  , cédula CED5, mayor, casado una vez, agricultor, vecino de [Dirección6]   . Declararon como testigos [Nombre6]   cédula de identidad CED6 y [Nombre4]    conocido como [Nombre4]    cédula de identidad CED7. El inmueble fue estimado en la suma de cien mil colones y en la misma suma las presentes diligencias. El edicto relativo a estas diligencias salió publicado en el Boletín Judicial número 236 de fecha 8 de diciembre del 2006. El inmueble está fuera de cualquier área silvestre protegida y se han ejercido los actos posesorios cumpliendo con el uso conforme del suelo. ” (folios 138 y 139 ).-

4.- La licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de Procuradora Adjunta, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (folios 145 y 146 ).-

5. En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.

            Redacta la jueza Castro García; y,

CONSIDERANDO:

        I.- Se comparte el elenco de hechos probados por tener sustento en los autos. De igual naturaleza, se agrega:  La finca objeto de este proceso colinda al [Dirección7]     y al [Dirección8] con [Dirección9]   (informe técnico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados folio 57, plano calastrado 1-2365048 folio 97).

II.-La apelación es interpuesta por la licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua en su carácter de Procuradora Adjunta ( folio 145). Se muestra disconforme con la sentencia de las 09 horas 26 minutos del 25 de mayo del 2010, donde se aprobaron las diligencias de Información Posesoria (folio 125). Expone corno agravios los siguientes: 1) NO fue indicado en la sentencia que el área contigua a las corrientes, es área de protección según en el numeral 33 inciso a) y b)  de la Ley Forestal 7575, en donde se preceptúa que queda prohibida la corta o eliminación de arboles, según artículo 34 de la misma norma citada. Asimismo, que el cauce y las aguas de esa corriente son de dominio público, citando como fundamento la Ley de Aguas artículos 1 inciso IV y 3 inciso III. 2) Combate que consta en el reconocimiento judicial y prueba testimonial recibida, certificado de uso de suelos y manifestaciones del mismo promovente, que la naturaleza del terreno a titular es boscosa (montaña) y que los terrenos de bosques ubicados en reservas nacionales están afectados a régimen de dominio público, Patrimonio Natural del   Estado, desde la Ley Forestal 4465 de 1969, artículo 33, reformada por la Ley Forestal 7174 de 1990 (artículos 32 y 33) y de carácter demanial que mantiene la Ley 7575, (artículos 13 y 14). Argumenta, la Ley permite titular inmuebles fuera de las áreas silvestres protegidas si el promovente demuestra sus legítimos derechos de posesión decenal, haber protegido el recurso y tener el inmueble debidamente deslindado. Cita voto de la Sala Constitucional voto 4587-97 y reafirma los bosques solo podrán titularse si la usucapión se consolidó antes de ingresar por Ley a Patrimonio Natural de Estado y el plazo de la usucapión apta debe haber transcurrido antes de antes haberse producido la afectación, además esgrime los terrenos de bosques tienen una afectación inmediata por Ley a dominio público. 3) Agravia, la declaración de los testigos no demuestra la posesión decenal apta para usucapir en cabeza de su dueño y solicita la revocatoria para decretar la improbación de estas diligencias.

            III.- Sobre el agravio de la representación estatal referido a la existencia de una zona con cobertura boscosa que no es apta para usucapir, por ser parte del Patrimonio Natural del Estado, no lleva razón la apelante. Estas diligencias se formulan con la finalidad de inscribir en el Registro Público de la Propiedad el inmueble ubicado en [Dirección10]        de la provincia de San José, mide 13 hectáreas 0202 metros cuadrados con 76 decímetros cuadrados, según plano 1- 1291003-2008, (folio 97). Dicho bien no es parte de área silvestre protegida, conforme se indica en la certificación emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación aportada a los autos (folio 103). En el estudio de suelos que consta en autos se indica, se ha ejercido el uso conforme al suelo (folio 21). El Juzgado practicó un reconocimiento judicial del inmueble, del que se levantó un acta que consignó que el terreno a titular es de "montaña virgen" y la misma esta bien protegida, no se observaron claros entre los árboles que denote extracción de madera, los carriles estaban limpios y no habían sembradíos de ninguna especie ganado o construcción, no se observaron nacientes o quebradas dentro del inmueble y es de topografía quebrada. ( folio 75). También se recibió la declaración de los testigos [Nombre6]  , [Nombre7]   y [Nombre4]    (folios 76 a 78). testigo [Nombre6]  adujo conocer la propiedad desde hacía más de veinticuatro años, el testigo [Nombre4]  hacía 38 años y el testigo [Nombre7]  desde 37 años atrás. Todos son coincidentes en manifestar que el señor [Nombre8]  le vendió el inmueble a [Nombre5]  y éste útimo al promovente hacía 24 años, que el terreno mantiene una cobertura boscosa de bosque primario y secundario desde hace muchos años y reconocen la actitud de protección de los recursos naturales que tiene el titulante, pues se conserva el bosque existente y prohibe la cacería en el mismo. En este caso de la valoración de los testimonios citados, y el estudio de suelos que consta en autos, es posible deducir que en el terreno bosque, el cual ha sido debidamente protegido por el titulante. Por su parte, la Ley de Informaciones Posesorias en su artículo sétimo indica que las fincas ubicadas fuera de áreas silvestres protegidas y con bosques, podrían ser tituladas si el promovente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal y haber protegido el recurso, sin hacer diferencias si son bosques secundarios o primarios. Partiendo de estas definiciones y del estudio técnico del INTA visible a folios 21, en el que se hace referencia a que el terrreno esta cubierto de bosques en su totalidad y habiendose protegido el recurso en los terminos exigidos por ley, no se comparte lo señalado por la representante estatal, que el terreno al estar destinado a bosque forma parte del patrimonio natural del Estado, porque de conformidad con el artículo 856 del Código Civil, el fundo es apto para adquirir por usucapión. Por ende, conforme al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, estima el Tribunal que efectivamente fue acreditado con la prueba aportada, el ejercicio de la posesión legal exigida sobre el fundo, con diez años de antelación a la fecha en la que se promovieron este proceso , y el terreno objeto de las presentes diligencias es apto para usucapir al encontrarse fuera de cualquier área silvestre protegida, sea cual fuere su categoría de manejo y haber ejercido actos posesorios de conservación de los recursos naturales. (Al respecto puede ser consultado el voto N°51 de las 15 horas 15 minutos dei 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).

            IV.- Sobre el agravio referente a que la declaración de los testigos no demuestra la posesión decenal, tampoco lleva razón la apelante. Aún y cuando no indica en forma específica el motivo por el cual considera que los mismos no son aptos para acreditar la posesión decenal, del estudio de lo que cada uno depuso se concluye que los tres son contestes en describir una cadena posesoria que comprueba, se ha ejercido la posesión en forma ininterrumpida por parte del promovente y sus transmitentes, y que conocen el terreno desde hace varias décadas, así como no conocer de conflictos posesorios originados en la posesión ejercida sobre el terreno, por lo que se rechaza tal agravio.

            V.- Con respecto a la solicitud de la declaratoria del área de protección de las corrientes de agua que existen en el inmueble, se indica que al haberse acreditado que en el lindero noreste del fundo se colinda en parte con quebrada Arroyo y al sur con [Dirección11] , debe agregarse a la sentencia apelada, en aplicación del artículo 33 inciso a) de la Ley Forestal y 19 de la Ley de Informaciones Posesorias, que el inmueble queda afecto a las limitaciones de la Ley Forestal, por existir áreas de protección en las riberas de las corrientes de agua indicadas y la consecuente prohibición de eliminación de cobertura vegetal en dichas zonas, además de la declaratoria de dominio público del caudal de la misma y de todos los cursos de agua que existan. En dicho agravio, lleva la razón la apelante.

            VI.- En razón de lo anterior, en lo apelado, deberá confirmarse lo resuelto y adicionarse a la sentencia apelada que por existir en la colindacia noreste del fundo la quebrada Arroyo y al sur la quebrada Blanco, sea deberá agregar a la sentencia apelada, que en aplicación del artículo 33 inciso a) de la Ley Forestal y 19 de la Ley de Informaciones Posesorias, que el inmueble queda afecto a las limitaciones de la Ley Forestal por la existencia de áreas de protección en las riberas de las corrientes de agua indicadas, y la consecuente prohibición de eliminación de cobertura vegetal en dichas zonas, además de la declaratoria de dominio público del caudal de la misma y de todos los cursos de agua que existan. Tales adiciones deberán ser incluidas en el ejecutoria que el despacho de origen dirija al Registro Público para efectos de la inscripción registral del inmueble

POR TANTO:

            Se confirmar la sentencia apelada. Agréguese a lo resuelto, que por existir en la [Dirección12]  del [Dirección13] la quebrada Arroyo y al [Dirección8] la quebrada Blanco, en aplicación del artículo 33 inciso a) de la Ley Forestal y 19 de la Ley de Informaciones Posesorias, que el inmueble queda afecto a las limitaciones de la Ley Forestal por la existencia de área de protección en las riberas de las corrientes de agua indicadas. Se prohíbe la eliminación de cobertura vegetal en dichas zonas, y se declara de dominio público el caudal de la quebrada Arroyo y quebrada Blanco y de todos los cursos de agua que existan. Tales adiciones deberán ser incluidas en el ejecutoria que el despacho de origen dirija al Registro Público para efectos de la inscripción registral del inmueble.

 

 

 

MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA

 

 

 

DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ              CARLOS PICADO VARGAS

 

EXPEDIENTE: EXPN1

INFORMACIÓN POSESORIA

PROMOVENTE: [Nombre1] 

A+R+R

  

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 07:38:52.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

VOTE No. 00837-F-10

AGRARIAN TRIBUNAL OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Goicoechea, at ten hours and forty-eight minutes on the thirty-first of August, two thousand and ten.-

POSSESSORY INFORMATION, promoted by [Nombre1], of legal age, farmer, married, resident of San Lorenzo, Tarrazu, identity card number CED1 - - . Appearing in the proceeding are the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA), represented by Lydiana Rodríguez Paniagua, whose qualifications are unknown in the record, in her capacity as deputy attorney general, and the AGRARIAN DEVELOPMENT INSTITUTE (INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, IDA), legal entity number CED2 - - - , represented by [Nombre2], of legal age, married once, agricultural engineer, resident of Siquirres, Limón, identity card number CED3 - - . Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of San José. Acting as legal counsel for the applicant is licensed attorney Ricardo Valverde Céspedes, whose qualifications are unknown in the record.-

WHEREAS:

1.- The applicant files a possessory information proceeding for the purpose of registering in his name in the Public Property Registry the property he describes as follows: “Mountain land, located in [Dirección1] SAN LORENZO, of the fifth canton TARRAZÚ, of the Province of SAN JOSÉ, currently bounded: north [Nombre3], south [Nombre4] AND [Dirección2], east [Nombre4] RAVINE IN BETWEEN and west with [Dirección3]. That said boundaries are current and true. It measures THIRTEEN HECTARES TWO HUNDRED TWO METERS AND SEVENTY-SIX SQUARE DECIMETERS, according to cadastral map number SJ - SIX HUNDRED THIRTY-FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED THIRTEEN - TWO THOUSAND” (folio 6).-

2.- The Office of the Attorney General of the Republic and the Agrarian Development Institute appeared in the proceeding under the terms visible on folios 35 to 38, 81 to 87, 124, 125 and 49; respectively, without either manifesting opposition to the present proceedings.-

3.- Licensed attorney Vanessa Fisher González, judge of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of San José, by judgment delivered at nine hours and twenty-six minutes on the twenty-fifth of May, two thousand and ten, resolved: “THEREFORE: In accordance with the Possessory Information Law No. 139 of July 14, 1941, and its amendments, these Possessory Information proceedings, in which the Office of the Attorney General of the Republic and the Agrarian Development Institute have participated as parties, are approved. The land to be titled shall be encumbered by the reservations indicated by the General Law of Public Roads, in that the minimum width of highways is twenty meters and of local roads fourteen meters (Articles 19 of the Possessory Information Law and 4 of the General Law of Public Roads). The Public Property Registry shall proceed to register free of encumbrances, co-owners, and real burdens, and without prejudice to third parties with better rights, in the name of [Nombre1], of legal age, married, farmer, identity card CED4, resident of Quebrada Arroyo de San Lorenzo de Tarrazú, the land of mountain nature, situated in Quebrada [Dirección4], , of the Province of San José, with a measurement of thirteen hectares two hundred two meters and seventy-six square decimeters, bounded to the north with [Nombre3], to the south with [Nombre4] and [Dirección5] with a frontage of one hundred twenty-four meters and twenty-eight linear centimeters, to the west with [Dirección5] with a frontage of four hundred eleven meters and ninety-three linear centimeters, and to the east with [Nombre4] ravine in between, described in cadastral map SJ-1291003-2008. The real estate to be titled was acquired by purchase sale made to him by [Nombre5], identity card CED5, of legal age, married once, farmer, resident of [Dirección6]. [Nombre6], identity card CED6, and [Nombre4] known as [Nombre4], identity card CED7, declared as witnesses. The real estate was estimated in the sum of one hundred thousand colones, and these proceedings in the same sum. The edict relating to these proceedings was published in the Judicial Bulletin number 236 dated December 8, 2006. The real estate is outside any protected wilderness area (área silvestre protegida), and possessory acts have been exercised in compliance with the conforming use of the soil (uso conforme del suelo).” (folios 138 and 139).-

4.- Licensed attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as Deputy Attorney General, lodged an appeal with express indication of the reasons for which she refutes the trial court’s thesis (folios 145 and 146).-

5. In the processing of the proceeding, the legal prescriptions have been observed, and the existence of errors or omissions in the judgment capable of producing its nullity is not noted.

Drafted by Judge Castro García; and,

CONSIDERING:

I.- The list of proven facts is shared, as it has support in the record. Of the same nature, it is added: The property that is the subject of this proceeding is bounded to the [Dirección7] and to the [Dirección8] with [Dirección9] (technical report of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados folio 57, cadastral map 1-2365048 folio 97).

II.- The appeal is filed by licensed attorney Lydiana Rodríguez Paniagua in her capacity as Deputy Attorney General (folio 145). She disagrees with the judgment of 09 hours 26 minutes on May 25, 2010, where the Possessory Information proceedings were approved (folio 125). She sets forth the following grievances: 1) The judgment did NOT state that the area adjacent to the watercourses is a protection area under section 33, subsections a) and b) of the Ley Forestal 7575, which prohibits the cutting or elimination of trees, according to article 34 of the same cited law. Likewise, that the channel and the waters of that watercourse are in the public domain, citing as grounds the Water Law (Ley de Aguas), articles 1, section IV, and 3, section III. 2) She contests that the judicial inspection, witness testimony received, soil-use certificate, and the applicant's own statements show that the nature of the land to be titled is forested (mountain), and that forest lands located in national reserves are subject to the public domain regime, National Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), since the Ley Forestal 4465 of 1969, article 33, amended by the Ley Forestal 7174 of 1990 (articles 32 and 33), and of a demanial nature maintained by Law 7575 (articles 13 and 14). She argues that the Law permits titling real estate outside of protected wilderness areas if the applicant demonstrates his legitimate rights of ten-year possession (posesión decenal), having protected the resource, and having the real estate duly demarcated. She cites Constitutional Chamber vote 4587-97 and reaffirms that forests may only be titled if the usucapión was consolidated before they entered by Law into the National Natural Heritage, and the term of the eligible adverse possession (usucapión apta) must have elapsed before the encumbrance was established; moreover, she contends that forest lands are immediately encumbered by Law as public domain. 3) She grieves that the witnesses’ declarations do not demonstrate ten-year possession eligible for usucapión held by the owner, and she requests reversal to decree the disapproval of these proceedings.

III.- Regarding the grievance of the state representation concerning the existence of a zone with forest cover (cobertura boscosa) that is not eligible for adverse possession, because it is part of the National Natural Heritage, the appellant is incorrect. These proceedings are filed for the purpose of registering in the Public Property Registry the real estate located in [Dirección10] of the province of San José, measuring 13 hectares 0202 square meters and 76 square decimeters, according to map 1-1291003-2008 (folio 97). Said property is not part of a protected wilderness area, as indicated in the certification issued by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) provided to the record (folio 103). The soil study on record indicates that the conforming use of the soil has been exercised (folio 21). The Court conducted a judicial inspection of the real estate, for which a record was drawn up stating that the land to be titled is "virgin mountain" and it is well protected; no clearings were observed among the trees denoting timber extraction; the trails were clean and there were no crops of any kind, livestock, or construction; no springs (nacientes) or ravines were observed within the real estate, and it has rugged topography (folio 75). The testimony of witnesses [Nombre6], [Nombre7], and [Nombre4] was also received (folios 76 to 78). Witness [Nombre6] claimed to have known the property for more than twenty-four years, witness [Nombre4] for 38 years, and witness [Nombre7] for 37 years. All are consistent in stating that Mr. [Nombre8] sold the real estate to [Nombre5], and the latter to the applicant 24 years ago; that the land has maintained a forest cover of primary and secondary forest for many years; and they recognize the attitude of protection of natural resources held by the applicant, as the existing forest is conserved and hunting is prohibited on it. In this case, from the assessment of the cited testimonies and the soil study on record, it is possible to deduce that on the forest land, which has been duly protected by the applicant. In turn, the Ley de Informaciones Posesorias in its Article 7 indicates that properties located outside protected wilderness areas and with forests may be titled if the applicant demonstrates being the holder of the legal rights of ten-year possession and having protected the resource, without distinguishing whether they are secondary or primary forests. Based on these definitions and the technical study by INTA visible on folios 21, which refers to the land being completely covered in forests and having protected the resource in the terms required by law, the point made by the state representative is not shared, that the land, being designated for forest, forms part of the State's national natural heritage, because in accordance with Article 856 of the Civil Code, the property is eligible for acquisition by adverse possession (usucapión). Therefore, pursuant to Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, the Tribunal finds that the exercise of the required legal possession over the property, for ten years prior to the date on which this proceeding was initiated, was indeed proven with the evidence provided, and the land subject to these proceedings is eligible for adverse possession, being located outside any protected wilderness area, whatever its management category, and having exercised possessory acts of conservation of natural resources. (In this regard, Voto N°51 of 15 hours 15 minutes on May 26, 1995, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice may be consulted).

IV.- Regarding the grievance that the witnesses’ declarations do not demonstrate ten-year possession, the appellant is also incorrect. Even though she does not specifically indicate the reason why she considers them insufficient to prove ten-year possession, from the study of what each one testified, it is concluded that all three are consistent in describing a possessory chain that proves possession has been exercised uninterruptedly by the applicant and his transferors, and that they have known the land for several decades, as well as not knowing of possessory conflicts arising from the possession exercised over the land; therefore, such grievance is rejected.

V.- With respect to the request for a declaration of the protection area of the watercourses that exist on the real estate, it is stated that, having proven that on the northeastern boundary the property partially borders the Arroyo ravine and to the south with [Dirección11], it must be added to the appealed judgment, applying Article 33 subsection a) of the Ley Forestal and Article 19 of the Ley de Informaciones Posesorias, that the real estate is subject to the limitations of the Ley Forestal, due to the existence of protection areas on the banks of the indicated watercourses and the consequent prohibition of elimination of vegetation cover in said zones, in addition to the declaration of public domain of its flow and of all watercourses that exist. On this grievance, the appellant is correct.

VI.- By reason of the foregoing, with respect to what has been appealed, the ruling shall be confirmed, and it shall be added to the appealed judgment that, due to the existence on the northeastern boundary of the property of the Arroyo ravine and on the southern boundary of the Blanco ravine, it must be added to the appealed judgment, that applying Article 33 subsection a) of the Ley Forestal and Article 19 of the Ley de Informaciones Posesorias, the real estate is subject to the limitations of the Ley Forestal due to the existence of protection areas on the banks of the indicated watercourses, and the consequent prohibition of elimination of vegetation cover in said zones, in addition to the declaration of public domain of its flow and of all watercourses that exist. Such additions must be included in the enforceable order that the court of origin directs to the Public Registry for purposes of the registry inscription of the real estate.

THEREFORE:

The appealed judgment is confirmed. It is added to the ruling that, due to the existence on the [Dirección12] of the [Dirección13] of the Arroyo ravine and on the [Dirección8] of the Blanco ravine, applying Article 33 subsection a) of the Ley Forestal and Article 19 of the Ley de Informaciones Posesorias, the real estate is subject to the limitations of the Ley Forestal due to the existence of protection areas on the banks of the indicated watercourses. The elimination of vegetation cover in said zones is prohibited, and the flow of the Arroyo ravine and Blanco ravine and of all watercourses that exist are declared to be in the public domain. Such additions must be included in the enforceable order that the court of origin directs to the Public Registry for purposes of the registry inscription of the real estate.

MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA

DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ              CARLOS PICADO VARGAS

FILE: EXPN1

POSSESSORY INFORMATION

APPLICANT: [Nombre1]

A+R+R