Res. 00318-2010 Tribunal de Casación Penal de Cartago — Invasion of protected area and delimitation of Corcovado National ParkInvasión de área protegida y delimitación del Parque Nacional Corcovado

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Tribunal de Casación Penal de Cartago

Resolución Nº 00318 - 2010

Fecha de la Resolución: 30 de Setiembre del 2010 a las 11:34

Expediente: 07-001403-0455-PE

Redactado por: Frezie Ma. Jiménez Bolaños

Clase de asunto: Recurso de casación

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

 

Res: 2010-318

Exp: 07-001403-0455-PE

            Tribunal de Casación Penal de Cartago. A las once horas treinta y cuatro minutos del treinta de setiembre de dos mil diez.

            Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1]., mayor, soltero, nacido el siete de julio de mil novecientos treinta y seis, con CED1    ., [Nombre2]., mayor, soltero, nacido el cinco de enero de mil novecientos sesenta y dos, con CED1    ., por el delito de usurpación de bienes de dominio público, en perjuicio del Parque Nacional Corcovado. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces [Nombre3]   , Rafael Segura Bonilla y [Nombre4]  . Se apersonaron en casación, los licenciados [Nombre5]   en calidad de defensor particular del imputado [Nombre1]. y [Nombre6]   representante del Ministerio Público.

Resultando:

          1. Que mediante sentencia No. 82-2009 de las siete horas treinta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, el Tribunal de Juicio de Golfito, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 1, 4, 37,  140, 142, 181 184, 265 a 270, 360, 361, 363,  364, 365, 367 del Código Procesal Penal, 1, 4,  7, 11, 18, 20, 30, 31, 45, 47, 50, 51, 59 a 61, 71, 74, 227 incisos 1) y 2) del Código Penal, 19, 58 y 61 de la Ley Forestal, 8 inciso 2) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos,  en aplicación del principio de in dubio pro reo SE ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD,  a [Nombre2]., por los delitos de USURPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO, INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL EN SU MODALIDAD DE CAMBIO DE USO DE SUELO, TALA ILEGAL DE ARBOLES E INVASIÓN DE ÁREA PROTEGIDA. SE ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD a [Nombre1]., por los delitos de USURPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO, INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL EN SU MODALIDAD DE CAMBIO DE USO DE SUELO y TALA ILEGAL DE ARBOLES. Se declara a [Nombre1]. AUTOR RESPONSABLE por la comisión de un delito de INVASIÓN DE ÁREA PROTEGIDA, en perjuicio EL ESTADO Y LOS RECURSOS NATURALES; por lo que se  le impone la pena de DOS AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, que deberá descontar en el lugar y forma que lo determinen los reglamentos carcelarios previo abono a la preventiva sufrida. Se ordena el restablecimiento de las cosas a su estado anterior a los hechos mediante el desalojo del sentenciado del terreno invadido y la destrucción de las construcciones y cultivos realizados, para lo cual se contará con el apoyo del MINAE y la Fuerza Pública. Se ordena el comiso de los bienes secuestrados y decomisados. Por no cumplirse con los requisitos de ley, no se concede el beneficio de ejecución condicional de la pena. Firme la sentencia se ordena el testimonio de la misma para ante el Archivo y Registro  Judicial de Delincuentes, al Juzgado de Ejecución de la Pena e Instituto Nacional de Criminología. Son las costas procesales y personales a cargo del sentenciado. MEDIANTE LECTURA NOTIFÍQUESE." (sic)

          2. Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado [Nombre5]    interpuso el recurso de casación.

          3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.

          4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

             Redacta la Jueza  [Nombre7] , y;

Considerando:

            Mediante sentencia dictada por el Juez [Nombre8]   , integrante del Tribunal de Juicio de Golfito, se declaró al imputado [Nombre1]., autor responsable por un delito de Invasión de Área Protegida, que se le venía atribuyendo. El Tribunal analizó los argumentos expuestos por la defensa del imputado [Nombre1]., en el recurso de casación que interpuso, resolviendo conforme a los motivos que se dirá:

            1.- PRIMER MOTIVO POR EL FONDO: INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA: Se consideran infringidos los artículos 142 del Código Penal (sic) y 369 inciso d) del Código Procesal Penal. Aduce el recurrente que el Tribunal arriba a conclusiones sobre hechos probados, tipicidad, antijuricidad, que no están debidamente relacionados, dejando vacíos jurídicos que afectan la debida fundamentación de la sentencia. Agrega el defensor que en la acusación fiscal, se describen acciones cuyo componente integral trata de demostrar la comisión de los delitos de Usurpación de Bienes de Dominio Público, -sancionado en el artículo 227 del Código Penal; Infracción a la Ley Forestal en su modalidad de cambio de suelo, -sancionado en el numeral 61, inciso c) de la Ley Forestal-; Tala Ilegal de Arboles, -sancionado por el artículo 61, inciso a) de la Ley Forestal 7575-; e Invasión de Área Protegida, -sancionado por el artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal número 7575.- los cuales deben ser individualizados y relacionados con los hechos que se intentan probar. Expresa el impugnante que es evidente en la sentencia, que el Juzgador no tuvo claro la individualización de las acciones típicas que corresponden a cada uno de esos delitos, pues dio por probados hechos que corresponderían a delitos que al final de su análisis no consideró como cometidos por el acusado y lo condena por la comisión de uno solo de los delitos correspondiente a la invasión de zona protegida, que en esencia no fue el centro de atención en el debate de las pruebas, tanto escritas como testimoniales, ni del análisis de los hechos que el Tribunal dio por probados. Menciona la defensa del imputado que en la acusación del Ministerio Público se establece un marcado énfasis en la supuesta invasión del Parque Nacional Corcovado, por lo que al describir el delito de Invasión al área protegida de una quebrada no se le da tanta importancia, omitiendo el detalle fundamental de establecer la distancia que existe entre cada uno de los árboles talados y la quebrada “El Niño”, lo cual es un requisito indispensable para establecer si realmente se cometió este delito. Además, expresa el recurrente, que los propios testigos aportados por el Ministerio Público, que fundamentalmente son funcionarios del MINAET y peritos expertos, se centran básicamente en la invasión al parque, en el cambio de uso del suelo que se da al talar árboles y sembrar cultivos, pero omiten detalles sobre la distancia entre los árboles talados y la quebrada y el Juzgador en la estructuración de la sentencia, sigue también esta dinámica, pero luego absuelve al imputado de su responsabilidad en la supuesta comisión de tres figuras penales y lo condena por la comisión de un solo delito, sin fundamentar debidamente porque arriba a esta conclusión. Otro aspecto muy grave, que expresa la defensa, es que en este asunto el propio Juzgador manifiesta que el imputado [Nombre1]. fue sentenciado por otro delito similar correspondiente a la Usurpación de Bienes de Dominio Público, de manera tal que un mismo Tribunal lo sentencia en dos ocasiones por los mismos hechos pero aplicando una calificación legal diferente en cada una de las causas, lo que representa un agravio a los derechos de su representado. Además, menciona el impugnante que el Señor [Nombre1]. ha referido que sus terrenos no son parte del Parque Corcovado y que él llegó a esos terrenos mucho tiempo antes de la creación del Parque, por lo que no es posible que a través de un perito o de los propios funcionarios del MINAET se pueda descartar un posible error en la ubicación de un área en un Parque Nacional tan extenso como lo es Corcovado, sin tomar además en cuenta que existe un claro error en el Decreto Ejecutivo que amplió el Parque Nacional, por cuanto confunde el nombre de dos ríos, ubicando al "Río Niño" en un sitio equivocado, confundiendo los nombres de "Niño" y "Venado", así como confundiendo la ubicación de quebrada "Michí". Expresa el impugnante que el Juzgador no profundiza este tema y se limita a considerar que no importa la confusión de nombres entre "Río Niño", "Río Venado" o quebrada "Michí", pues esta confusión la aclara la descripción de coordenadas del decreto ejecutivo, pero cómo se le puede aplicar este criterio a pobladores de la zona, que como lo indica la sentencia en la identificación del imputado, éste es incluso analfabeto y su criterio es que por los límites que tiene el parque con los terrenos privados, él está en tierras de su propiedad, pues los campesinos pobladores no manejan, ni se imaginan qué son coordenadas geográficas. Expresa el defensor, que a pesar de que el conflicto es viejo y que funcionarios del MINAET le han informado a su representado que él está invadiendo terrenos del Parque Nacional Corcovado, el imputado rechaza tal afirmación ya que en realidad él cree que esos terrenos no son del Parque, pues su método de ubicación son los Ríos mencionados, criterio que no solo es de Don [Nombre1]., sino que en todo ese sector existe un conflicto entre los funcionarios del MINAET y los pobladores sobre cuál es el límite oficial entre los terrenos privados y el parque referido. Expresa el defensor, que es necesario valorar si realmente el decreto ejecutivo que amplió el Parque Nacional Corcovado abarcó terrenos que venían siendo ocupados por pobladores, quienes allí realizaban labores agrícolas, el asunto debió haberse manejado con los principios del Derecho Agrario, debiendo el Estado pagar al menos las mejoras a los pobladores y no simplemente desalojarlos de sus tierras de cultivo y debe tomarse en cuenta que si bien el decreto de ampliación del parque es del gobierno de [Nombre9]  , en el año de 1980, fue muchos años después que la institución correspondiente delimitó el área e inició la supervisión técnica correspondiente en el Parque Nacional. EL RECLAMO NO RESULTA ATENDIBLE: De la lectura de la Sentencia No. 82-2009, dictada por el Tribunal de Juicio Penal de Golfito -Unipersonal- a las siete horas treinta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, se establece que se encuentra debidamente fundamenta y cumple a cabalidad con lo ordenado en los artículos 142, 143, 184 en concordancia con el artículo 369 inciso d) del Código Procesal Penal. En el fallo impugnado el Juez de Mérito, tuvo por probados los hechos acusados (cfr. folios 268 a 269, 270 a 271 y 277 a 278 ),  mediante la valoración de las pruebas testimoniales, documentales y periciales admitidas e incorporadas en el debate, las cuales describe y valora de manera conjunta, armoniosa y a la luz de los parámetros de la sana crítica para concluir que el imputado [Nombre1]. incurrió en el delito de Invasión de Ärea Protegida previsto y sancionado en el artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal. Al respecto el Tribunal señala: "Valorada la prueba testimonial, pericial y documental debidamente incorporada al debate y sometida al contradictorio, resulta factible tener por acreditada la imputación penal atribuida al encartado [Nombre1]., ya que una vez analizada bajo las reglas de la sana crítica racional la probanza debidamente admitida en el juicio oral y público celebrado, se determina que el citado encartado con la finalidad de invadir terreno del Parque Nacional Corcovado procedió a chapaer y tarlar árboles dentro de dicho parque, sembrar frijoles y maíz y construir una edificación rústica conocida en la zona como "champa", esto según se acredita con la prueba documental, pericial y documental en coordenadas ubicadas dentro de los terrenos del Parque  Nacional Corcovado. Es así como dicho cuadro fáctico acreditado se logra realizar tomando en cuenta que no hay duda alguna de la acción desplegada por [Nombre1]. como la persona que con conocimiento de que el terreno chapeado y sembrado es parque nacional. Esto sin que mediara error alguno en el conocimiento del encartado [Nombre1]. sobre la posesión que El Estado ejercer sobre dicho terreno. Para concluir en forma certera que [Nombre1]. es la persona responsable de la comisión de parte de los hechos acusados..., este Órgano Jurisdiccional ha valorado no solamente la deposición de los encartados, el perito de Ingeniería Forense y los testigos de cargo y descargo durante la investigación y en el mismo debate, sino además copia del plano número la totalidad  de la prueba documental y pericial. En primer término deben indicarse cuales han sido las probanzas que hacen llegar a este Tribunal a la certeza de que los terrenos en los cuales se da el conflicto se trata de propiedad del Parque Nacional Corcovado; dado que este es el principal punto atacado por la defensa a la acusación fiscal. Según consta en la impresión de la ubicación de los puntos de control GPS del MINAE que rola a folio19 y 20, así como el dictamen de análisis criminalístico de folio 89 a 90 y el levantamiento topográfico de folio 91 confeccionados por la Sección de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial  y la propia deposición del perito [Nombre10]   quién es el  ingeniero que elabora el dictamen, se desprende que los datos aportados por el sistema de gps utilizado por los funcionarios del MINAE y por el ingeniero [Nombre11] dan como resultado que la zona afectada se encuentra dentro de los limites establecidos dentro del decreto número 11148-A del 15 de febrero de 1980, decreto que amplía los márgenes de varios parques nacionales, entre ellos Corcovado. Este Tribunal concede completa credibilidad al dictamen elaborado por Ingeniería Forense, en el tanto que se describen las bases científica para su elaboración y las fuentes de información utilizadas. El propio perito de forma clara y sencilla, entendible para el Tribunal, la defensa, el Ministerio Público y más importante aún para los acusados, explicó las conclusiones a las que llega en el dictamen y el porqué se logra determinar científicamente que la propiedad invadida por [Nombre1]. se encuentra en terreno de parque nacional" (cfr. folios 278 a 279). Con la argumentación expuesta, el Juez de Juicio expone las razones que mediante la valoración de la declaración del perito [Nombre10]  , así como el dictamen emitido por éste, le permiten establecer que el área en la cual el imputado [Nombre1]. realizó actividades de construcción de una casa rústica, tala de arboles, siembra de cultivos, en el Parque Nacional Corcovado, es zona protegida. Esto lo expresa con claridad el Juez de Mérito,  al determinar la zona donde el imputado y las demás personas que estaban con él realizaban actividades agrícolas no permitidas que, pertenece al Parque Nacional Corcovado y por tal es zona protegida, lo cual se logra, mediante la realización de un peritazgo, es decir, con la utilización de un "GPS", que como instrumento científico permite determinar con precisión las coordenadas en las cuales se dan los hechos, y que estos forman parte de dicho Parque Nacional (cfr. folios 89 a 91). Además, el perito señor [Nombre12] , también es claro en el debate, al mencionar, que el fija el sitio en que ocurren los hechos porque se desplazó a dicha zona y con la ayuda del instrumento "GPS", establece con exactitud ésta, y puede determinar al confrontar esas coordenadas con el plano de la región que el lugar forma parte del Parque Nacional Corcovado (cfr. folios 276 a 277 y 279). También refiere el a quo en el fallo, que dichas actividades las efectúo el encartado en ese lugar, con total conocimiento de que esa propiedad no le pertenece ya que fue debidamente informado por los funcionarios de la institución referida que en dos ocasiones sea en las fechas 27 de noviembre del dos mil siete y 14 de enero de dos mil ocho, lo visitan en el lugar de los hechos encontrando al encartado en compañía de varias personas - que contrató- realizando las labores indicadas, que los límites del Parque Nacional Corcovado se ampliaron y que por ello, el sitio donde el encartado se encontraba realizando las actividades que se acusan en su contra, es parte del mismo, pese a lo cual y haciendo caso omiso de dicha indicación, el imputado continuó efectuando esas labores. Al respecto se señala en la Sentencia: "Ahora bien, conviene ahora determinar porqué esté órgano Jurisdiccional tiene por acreditado que el señor [Nombre1]. efectivamente se encontraba realizando las actividades de chapea, tala de árboles, siembra y construcción dentro del citado terreno. De acuerdo con la versión dada por los funcionarios del MINAE señores [Nombre13]., [Nombre14]. y [Nombre15]., se tiene que ambos encartados son sorprendidos dentro del parque citado en una primera ocasión realizando labores de tapa de frijoles y en segunda ocasión construyendo una cabaña rústica o "champa", en la cual se encontraron utensilios, camas y otros objetos personas. El testigo [Nombre13]. indica que el día 27 de noviembre al ser las 10:30 horas en un recorrido de rutina por su función de guardaparques llegó junto con otros compañeros de esa labor al sector conocido como el Diablo, dentro del Parque Nacional Corcovado y observa un terreno chapeado y talado, así como una "champa" donde habían cuatro camas artesanales, cobijas, un fogón, comida, ropa, y bancos. En esa misma ocasión descubren al señor [Nombre1]. chapeando el lugar, mientras que cuatro personas más entre ellas el coimputado [Nombre2]. estaban "tapando" frijoles. El testigo [Nombre13]. igualmente refiere que en el lugar se descubre la tala reciente de árboles, la siembra de maíz, zacate, frijoles y banano. En igual sentido el testigo [Nombre14]. indica que el visita el lugar tanto el día 27 de noviembre del 2007, así como el 14 de enero del 2008, ocasiones en las cuales se ubica a los coimputados en el lugar, e incluso manifiesta que para la segunda ocasión se logra observar como la zona de tala fue ampliada. Que el 27 de noviembre ubican a [Nombre1]. en el lugar, así como a cuatro sujetos dentro de los cuales estaba [Nombre2]., quienes estaban chapeando y tapando "frijoles". Asimismo indica el testigo que según lo que pudo observar la tala de arboles fue realizada con hacha, indicando que logra determinar una tala la raíz era de cincuenta centímetros. El testigo también ubica a los encartados el día 14 de enero del 2008 construyendo una cabaña rústica, indica que los frijoles que observaron la primera ocasión  ya estaban maduros e indica que el coimputado [Nombre2]. se encontraba en calidad de peón, que era [Nombre1]. quién daba las indicaciones para la construcción de la cabaña. En igual sentido rinde declaración [Nombre15]., quién siendo también guardaparques indica que el día 27 de noviembre del 2007 llega al lugar junto a sus compañeros y encuentran dentro del parque en el sector conocido como El Diablo al encartado [Nombre1]. y a cuatro peones que estaban tapando frijoles, que en el lugar observa matas de banano, sacate y caña; mientras que el día 14 del 2008 sin recordar el mes encuentra a los dos co-encrtados realizando mejoras en la cabaña rústica. Este testigo también hace referencia a la presencia de árboles talados, de siembra, de chapea y de la construcción de un cabaña rústica en la última ocasión, mientras que las demás actividades las ubica desde la primera visita. Los tres testigos vienen a ubicar en la propiedad situada en El Diablo a los coimputados; indicando que el señor [Nombre2]. se encontraba en condición de peón de [Nombre1]., quién era la persona que dirigía a los otros cuatro el día 27 de noviembre del 2007 y a [Nombre2]. el día 14 de enero del 2008. Lo dicho por estos testigos viene además a encontrar respaldo en el informe del MINAET de folios 1 a 4 y 43 a 48, en la ampliación de denuncia de folios 83, en las actas de inspección ocular de folios 8, 50, 79 a 82, 85, en la secuencia fotográfica de folios 11 a 15, 56 a 58 y 86 a 88, así como en la lista de evalúo de los árboles talados de folios 23 a 25, la copia del oficio ACOSA SPF (denuncia) de folios 27 a 33 y el acta de decomiso de folios 35 y 55. Prueba que viene a dar certeza a este Tribunal de que efectivamente el encartado [Nombre1]. fue encontrado en el sector conocido como El Diablo, dentro del Parque Nacional Corcovado mientras estaba chapeando, momento en el que cuatro personas contratadas por él se encontraban en la actividad conocida como tapar frijoles, que según lo indicado por los testigos es preparar el terreno montañoso para la siembra de frijoles, sea chapear los árboles y arbustos para que no afecten las matas de frijol. Además se comprueba por los testimonios y se evidencia en las secuencias fotográficas, como en dicho lugar se encontraban chapeas y siembras de maíz, frijoles, banano y sacate, situación que fue comprobada por este juzgador en la inspección realizada en el lugar de los hechos. Donde además de evidencio la tala realizada en una zona de bosque, siendo que alrededor del terreno indicado solamente se observa selva, en este sentido se cuenta con la grabación en video de la inspección llevada a cabo el día 28 de octubre del 2009. Finalmente se tiene que la continuación del debate realizada en la fecha indicada para la inspección, se llevo a cabo precisamente en la cabaña rústica que se observa en la secuencia fotográfica, específicamente a folios 56 a 57, lugar donde se ubicaron bancos de madera "choncos" tal cual narraron los testigos de cargo. Este Tribunal concede completa credibilidad a los testigos referidos por cuanto no se denota de sus deposiciones interés alguno que el de decir la verdad, siendo que sus declaraciones son concretas, directas y claras, sin que se evidencia algún tipo de problema personal con alguno de los encartados" (cfr. folios  281 a 282). Los funcionarios del MINAET, según lo expresa el a quo en la sentencia, son claros en mencionar las actuaciones que observan realizar al imputado con un hacha en el lugar, de tala de arboles, siembra de frijol y otros y que en el sitio se encontraba construida un casa rústica, que tenia troncos con forma de asientos y que era el lugar donde se quedaba el encartado. También son claros en que ya le habían  indicado al imputado que esa era zona protegida y que no podía estar en dicho lugar realizando las actividades referidas, a lo cual éste hizo caso omiso (cfr. folios 281 a 282), lo que también analiza el Juez de Mérito en la sentencia. A parte de lo dicho y como también lo expresa el Juzgador en el fallo, el imputado tiene un juzgamiento por el mismo tipo de delito, en la misma zona y que pese a dicha condena, se mantuvo realizando las mismas actuaciones, con lo cual se determina que no desconocía, que en esa zona por ser protegida, no podía realizar las tareas que se encontraba haciendo cuando lo ubican los funcionarios del MINAET en la presenta causa (cfr folio 63 y 283). Por ello, la conclusión a que se arriba en la sentencia de condenar al encartado, debido a que se encontraba en las fechas referidas realizando una serie de acciones que constituyen invasión a una zona protegida por ser un parque nacional, encuentra total sustento en las probanzas que el a quo señala y analiza en el fallo. También expresa el Juzgador, los fundamentos por los cuales considera que la defensa no lleva razón en sus alegatos expresados en el debate y que la prueba de descargo, sean los testimonios de los señores [Nombre16]., [Nombre17]. y [Nombre18]., no resultan idóneos para desvirtuar los hechos acusados por el Ministerio Público. Al respecto se indica en la sentencia: "Por otro lado, se tiene que la defensa a lo largo del debate presentó prueba testimonial y testimonial experta que indica que la propiedad en conflicto se encuentra fuera del Parque Nacional Corcovado, esto por cuanto en el decreto 11148-A se confunde de nombre a uno de los limites naturales del parque, sea que existe una confusión entre el Río Niño y el Río Venado, en el tanto en el decreto se indica que el limite del parque (que en este proceso interesa) es la confluencia del río Rincón con el Río Niño; mientras que para los lugareños y toda persona conocedora de la zona es sabido que el Río Niño se encuentra a tres kilómetros de la propiedad en discusión, sea que el decreto cambia el nombre al Río Venado y lo llama Río Niño; y siendo que el Río Niño se localiza lejos del terreno donde acontecen los hechos, se tiene que la propiedad está fuera del parque. En este sentido se presentaron los testigos [Nombre16]. y [Nombre18]., así como el testigo experto [Nombre17].. En el caso de los dos primeros indican que antiguamente eran oreros, sea que se dedicaban a sacar oro por el  sector de Cerro de Oro y lugares aledaños al sector en conflicto. Manifiestan que conocen la zona desde hace muchos años, pero que actualmente no han regresado y siempre han sabido que el terreno es de [Nombre1].; asimismo manifiestan que efectivamente el Río Niño que es el limite del parque está lejos de lo que para ellos es la propiedad de [Nombre1]., siendo que si alguien se posiciona aguas arriba dicha propiedad se encuentra a la izquierda del Río Niño, mientras que el parque queda a la derecha. También indican que efectivamente en el decreto se confundió el nombre del Río Niño con el Rio Venado e incluso el testigo [Nombre16]. indica que "si se usan los nombres bien, la propiedad queda fuera del parque. En el mismo sentido declara el topógrafo [Nombre17]., quién no solo conoce la zona sino que indica que pos su formación y ejercicio profesional conoce de la confusión referida por los testigos antes citados. Indica este testigo que "La ampliación del decreto dice que los limites van desde el Río Rincón hasta la congruencia del Río Niño; pero en realidad es con el Río Venado, la congruencia que habla el decreto esta a cuatro kilómetros hacia arriba. La Quebrada Michí está cuatro kilómetros arriba de Río Oro. La hoja cartográfica tiene un error de nomenclatura al Río Venado y a la Quebrada La Michí le pusieron Río Niño, al río Niño no le pusieron nombre". Asimismo indica que la propiedad de [Nombre1]. se encuentra al norte del Río Venado; mientras que el parque Corcovado está al sur, sea que la propiedad está fuera del limite, e incluso habla de un mapa confeccionado por el IDA en el año 1978 que define correctamente los nombres de los ríos del sector. Los tres testigos ofrecidos por la defensa igualmente merecen total credibilidad de parte de este Tribunal; por cuanto se trata de personas que se presentaron a declarar de forma sencilla, transparente, clara y segura. No se notó ningún tipo de nerviosismo en sus deposiciones ni algún interés en beneficiar al imputado [Nombre1]., por el contrario fueron sinceros en manifestar que conocen a don [Nombre1]. y lo consideran una persona de bien, apreciada en la comunidad. No obstante lo anterior, la información que vienen a reproducir los testigos de cargo no viene a desacreditar la pericia existente en el proceso. Nótese que solamente se hace referencia a la confusión de nombres que se da entre los habitantes del lugar y el decreto que amplia los limites del parque; aspecto que para este Tribunal efectivamente se da por acreditado; no obstante, aún existiendo este error en el decreto, lo cierto es que el citado decreto también refiere las coordenadas que delimitan el parque, y según las cuales el terreno donde se dan los hechos aquí discutidos se encuentra dentro del parque. Al respecto el decreto 11148-A establece en su artículo 3 lo siguiente: "Se amplía el Parque Nacional Corcovado, creado por Decreto Ejecutivo número 5357-A, de 24 de octubre de 1975, para que incluya como área total la comprendida dentro de los siguientes linderos: (...) de este punto sigue el límite aguas abajo del río Pavon hasta su unión con el río Rincón, situado en un punto con coordenadas 284.350 N y 518.450 E; sigue el lindero aguas arriba de este río hasta un punto en las coordenadas 279.400 N y 518.530 E, donde se une con el río Niño, se sigue aguas arriba de este río hasta su nacimiento en un punto con coordenadas 279.250 N y 520.550 E, donde se ...". Dicho lo anterior, se tiene que sin importar el nombre que se le dé al río ubicado en esta coordenadas, sea Niño, Venado o quebrada Michí, lo importante es que el limite del parque se encuentra determinado por las coordenadas establecidas en el decreto, que pasan justamente por lo que los testigos de descargo y el propio imputado llaman quebrada Michí y Río Venado; mientras que el decreto llama río Niño" (cfr. folios 279 a 281). De ahí, que el Juzgador, le da total credibilidad a lo manifestado por el perito [Nombre12]  así como al dictamen que emite, ya que éste determina con un criterio científico las coordenadas en las cuales se dan los hechos para establecer que se encuentra dentro del Parque Nacional -en concordancia con lo manifestado por los oficiales del MINAET, la inspección ocular realizada en el lugar y la secuencia fotográfica-, fundamento que  le permite además, desvirtuar lo manifestado por los testigos de la defensa, que pese a ser de la zona y tener de vivir ahí muchos años, no pueden determinar con la precisión que lo hace el instrumento científico "GPS", utilizado por el perito, cuales terrenos forman parte del Parque Nacional Corcovado. Por último en cuanto a la "Calificación Juridica", el Juez de Mérito también justifica que por un criterio de especialidad debe aplicarse el artículo 58 inciso a) contemplado en la Ley Forestal que regula el delito de Invasión de ärea Protegida en vez del tipo penal establecido en el artículo 227 del Código Penal, que establece el delito de Usurpación de Bienes de dominio público ya que con las pruebas recibidas e incorporadas en el debate, se acredita que el encartado, realizó una serie de actividades, como construcción de una vivienda rústica, tala de arboles y siembra de cultivos en una zona protegida, como lo es el Parque Nacional Corcovado, invadiendo de esa manera ésta, por lo que encuadran las conductas realizadas por el imputado en el tipo penal referido y resulta procedente la condena únicamente por esta delincuencia, criterio que esta Cámara comparte, ya que además, no se le causa con ello, ningún perjuicio al encartado, pues se le sentencia por una sola de las conducta que se le acusaron, absolviéndolo por todas las demás, circunstancia que le favoreció. Y es que las conductas mencionadas que efectúo el imputado en el área referida que es zona protegida, bien pueden ser constitutivos de otros tipo penales, como los que acusó el Ministerio Público, de Tala de árboles, Cambio de uso de suelo, pero al considerar el Juzgador que no es así,  lo que hace es subsumir esas actuaciones dentro del tipo penal especial que es la Invasión de Área Protegida, lo cual como ya se dijo en nada perjudica al imputado sino que lo beneficia, pues se le condena por una sola de las delincuencias que se le atribuyen. De conformidad con lo expuesto y normativa citada, se declara sin lugar este motivo presentado por la defensa del imputado [Nombre1].

          2.-SEGUNDO MOTIVO: APLICACIÓN DE LEY SUSTANTIVA:

            Aduce el impugnante que existe una clara confusión del Tribunal en la calificación otorgada a los hechos investigados, ya que el mismo Tribunal se contradice en la aplicación de normas al mismo imputado por hechos similares. Agrega el defensor, que el propio Tribunal en esta sentencia hace referencia a una sentencia anterior, por hechos similares contra el mismo imputado, siendo que el Juzgador en su análisis intelectivo, así como en la fijación de la pena, trae a colación una sentencia anterior contra [Nombre1]., en la cual se le impuso una pena de prisión con el beneficio de la ejecución condicional, razón por la cual se le impone en esta sentencia una pena mayor con fundamento en dos agravantes considerados por el Tribunal, correspondiente a la reincidencia del encartado y a que se le otorgó el beneficio de la ejecución condicional en esa oportunidad, lo que ocasiona que se le impusiera dos años y seis meses. Expresa el defensor, que en la causa anterior se investigaron hechos similares, relacionados con el mismo terreno y la permanencia de su representado cultivando en lo que él dice que es su tierra y el Tribunal considera que es Parque Nacional y se le sentenció por el delito de Usurpación de Bienes de Dominio Público, que ahora dice el Tribunal se refiere esa calificación a zonas urbanas, como calles públicas, áreas de juego o recreo, etc. Expresa el defensor, que si bien ambas causas son independientes y no se pueden relacionar, pues la primera es ya cosa juzgada que solamente se podría examinar nuevamente mediante un recurso de revisión de la sentencia, también es cierto que no puede un Tribunal calificar de manera distinta, con diferentes normas penales, hechos exactamente iguales, siendo que en estos casos sí ha ocurrido este grave error, que no solo atenta contra el principio de legalidad, sino contra los derechos fundamentales de su representado. Considera la defensa del encartado que no es clara ni precisa la calificación del delito que se da en esta sentencia, sobre todo porque existe inconsistencia entre los razonamientos que realiza el Juzgador en el análisis intelectivo del caso y el que realiza al calificar las acciones atribuidas al señor [Nombre1]., con lo que se violenta lo dispuesto en el artículo 369 inciso) i. EL RECLAMO NO RESULTA ATENDIBLE: En la Sentencia impugnada, el Juez de Juicio, tiene por probados los hechos acusados por el Ministerio Público, y considera en relación con la "Calificación Legal", el encartado invadió en las ocasiones que fue sorprendido por los oficiales del MINAET, en las fechas 27 de noviembre del 2007 y 14 de enero del 2008, el Parque Nacional Corcovado que es zona protegida,  debiendo aplicarse por un criterio de especialidad la norma establecida en la Ley Forestal artículo 58 inciso a), que se refiere al delito de Invasión de Ärea Protegida, y no el artículo  227  del Código Penal, que regula el delito de Usurpación de bienes de Dominio Público, ya que este tipo penal es más general y se refiere más concretamente a zona urbana. Al respecto, se señala en la sentencia: "Como se indicó supra se ha tenido por demostrado la comisión del delito de Invasión de Zona Protegida por parte del encartado [Nombre1]., así como la absolutoria de la totalidad de los delitos acusados al encartado [Nombre2]. Una vez dicho lo anterior se tiene que en cuanto al delito de Usurpación de Bienes de Dominio Público, considera este juzgador que al existir un tipo penal descrito en una ley especial como lo es la Ley Forestal, debe en aplicación del principio de especialidad de aplicarse el tipo de Invasión de Zona Protegida y no el de usurpación. Véase que el delito de Usurpación de Bienes de Dominio Público contemplado en el artículo 227 del Código Penal, habla de detentar espacios destinados a calles, caminos, jardines, parques, paseos u otros lugares de dominio público, o terrenos baldíos o cualquier otra propiedad a raíz del Estado o de las municipalidades. De la lectura del tipo penal, se desprende que se dirige a zonas urbanas de dominio público en primer término, tratándose de un tipo penal abierto en el tanto amplía su radio de protección a "otros lugares de dominio público", en el cual puede entrar los parque nacionales. No obstante, el tipo penal descrito en el artículo 58 de la Ley Forestal si abarca expresamente las zonas protegidas, dentro de un ley especial, dirigida precisamente a la protección de Los Recursos Naturales. Así las cosas, en aplicación del principio de especialidad, considera este Tribunal que debe aplicarse el tipo penal de Invasión de Zona Protegida, en el tanto la descripción de los hechos aquí acreditados no permitan la coexistencia de ambas figuras penales" (cfr. folio 286). Como ya se expuso en el motivo anterior  por esta Cámara, el criterio seguido por el Juzgador resulta válido, ya que efectivamente el tipo penal aludido es más especifico de zonas rurales protegidas como lo es por ejemplo un parque nacional y constituye una ley especial. Por otra parte en cuanto a la absolutoria por los demás delitos consideró el a quo: "En cuanto a los delitos de infracción a la Ley Forestal en su modalidad de cambio de uso de suelo y de infracción a la Ley Forestal en su modalidad de tala ilegal de árboles, se tienen las siguientes consideraciones. Ambos tipos penales se encuentran descritos en el numeral 61 incisos c) y a) respectivamente. La infracción a la Ley Forestal por cambio de uso del suelo, según lo indica el inciso c) del artículo 61 referido, remite para su aplicación al artículo 19 de la Ley Forestal, el cual se encuentra dentro del Título Tercero dirigido a la propiedad forestal privada. Dicho artículo regula las actividades autorizadas para el manejo de bosque dentro de propiedades forestales privadas. Siendo que el caso concreto se trata de un cambio de uso de suelo dentro de un parque nacional, donde lógicamente no puede existir ningún tipo de permiso para actividad alguna; y que el inciso c) del artículo 61 indica expresamente que se sancionará a quién realice actividades que impliquen el cambio en el uso del suelo en contra de lo establecido en el artículo 19 de la Ley Forestal, se desprende que el tipo penal aquí citado no cubre el cuadro fáctico acreditado en contra del señor [Nombre1]. Similar situación acontece con la infracción en su modalidad de tala ilegal tipificada en el inciso a) del citado artículo 61 de la Ley Forestal, que establece la prisión de un mes a tres años a quién aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, sin el permiso de la Administración Forestal del Estado, o a quién, aunque cuente con el permiso, no se ajuste a lo autorizado. A todas luces los hechos acreditados a [Nombre1]. no podrían encuandrarse en esta figura penal. En primer término el tipo penal habla de aprovechamiento de productos forestal en propiedad privada, sin que sea necesario repetir las consideraciones esbozadas sobre los parques nacionales como propiedades privadas. Y en segundo término, el mismo tipo habla de que el agente activo no debe contar con permiso para el aprovechamiento, o si lo tiene no debe ajustarse a él; lo cual a todas luces plantea un horizonte de protección muy distinto al cuadro fáctico acusado en este caso, siendo que dentro de los parques nacionales no es posible que ninguna autoridad otorgue permisos para el aprovechamiento de sus recursos. Teniéndose entonces que las conductas acusadas así como las demostradas no encuadran dentro de las figuras penas antes descritas, lo correspondiente es absolver a los encartados de la comisión de los delitos de usurpación de bienes de dominio público, un delito  infracción a la Ley Forestal en su modalidad de cambio de uso de suelo y de infracción a la Ley Forestal en su modalidad de tala ilegal de árboles; todos ellos en perjuicio de El Estado Costarricense y los Recursos Naturales" (cfr. folios 286 a 287). En relación con los demás hechos acusados relativos a conductas como tala de arboles, siembra de cultivos etc, que pueden encuadrar en otros tipos penales, -que acusó el Ministerio Público- tal y como lo expresa el Juzgador, también se trata de tipos penales que se encuentran más concretamente referidos a la propiedad privada en los supuestos en que se tienen los permisos correspondientes por la Administración Forestal, circunstancia que no se aplica en esta causa, donde se trata de un área protegida, cuyos permisos no pueden concederse, siendo que la justificación de las absolutorias dictadas por parte del a quo, aunque no resulte totalmente convincente, tampoco permite establecer, como lo alega el recurrente, que se contradice al respecto ya que al condenar al encartado por una sola de las delincuencias que se le atribuían, y al establecer que esas actuaciones si encuadran dentro del ilícito de Invasión de Área Protegida referido previsto y sancionado en el artículo 58 inciso a) y al absolverlo por los demás delitos, que contemplaban esas conductas de manera especifica no existe un criterio contradictorio, ya que no fue que no tuviera esas actuaciones como probadas tal y cual fueron acusadas, sino que considera que no se dan de manera independiente, de ahí, que lejos de que exista un vicio al respecto en la sentencia que perjudique al imputado, se da una interpretación por parte del Juzgador que más bien lo favorece. Por otra parte, en cuanto a la referencia que hace el Juez de Juicio de un antecedente que tiene el imputado por un delito similar, lo hace para acreditar que éste tenía pleno conocimiento de que la zona en mención es parte del Parque Nacional Corcovado siendo zona protegida, y emplear ese dato para negarle al encartado el beneficio de ejecución condicional de la pena a éste, lo cual expresa en la sentencia (cfr. folio 268), pero que como bien lo señala el propio recurrente, no puede realizarse en este momento una valoración de ese fallo, que ya constituye cosa juzgada,  sobre el tipo penal que se aplicó y compararlo con el presente, ya que se trata de causas independientes juzgadas en momentos y por autoridades diferentes, que no guardan relación entre sí. De conformidad con lo expuesto y normativa citada, se declara sin lugar este motivo presentado por la Defensa del imputado [Nombre1].         

                                                Por tanto:

            Se declara sin lugar el recurso de casación presentado por la defensa del imputado [Nombre1]. NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

[Nombre3]  

 

 

 

Rafael Segura Bonilla                                                                                   [Nombre4]                                                                  

 

 

Jueces del Tribunal de Casación Penal

 

Exp. 07-001403-0455-PE

C/: S. y otro

Of/: Parque Nacional Corcovado

D/: Usurpación de bienes de dominio público

Csolanog

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:22:51.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Tribunal de Casación Penal de Cartago

Resolution No. 00318 - 2010

Date of Resolution: September 30, 2010 at 11:34

Case File: 07-001403-0455-PE

Drafted by: Frezie Ma. Jiménez Bolaños

Type of matter: Cassation appeal

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Ruling with protected data, in accordance with current regulations


Text of the resolution

 

Res: 2010-318

Exp: 07-001403-0455-PE

            Tribunal de Casación Penal de Cartago. At eleven hours thirty-four minutes on the thirtieth of September of two thousand ten.

            Cassation appeal filed in the present case against [Nombre1]., of legal age, single, born on the seventh of July of nineteen thirty-six, with ID No.    ., [Nombre2]., of legal age, single, born on the fifth of January of nineteen sixty-two, with ID No.    ., for the crime of usurpation of public domain property (usurpación de bienes de dominio público), to the detriment of Parque Nacional Corcovado. Participating in the decision on the appeal are judges [Nombre3]   , Rafael Segura Bonilla, and [Nombre4]  . Appearing in cassation were attorneys [Nombre5]   as private defense counsel for the accused [Nombre1]. and [Nombre6]   representing the Ministerio Público.

Whereas:

          1. That through ruling No. 82-2009 at seven hours thirty minutes on the twenty-fourth of November of two thousand nine, the Trial Court of Golfito resolved: "POR TANTO: In accordance with the foregoing, Articles 39 and 41 of the Constitución Política; 1, 4, 37, 140, 142, 181 184, 265 to 270, 360, 361, 363, 364, 365, 367 of the Código Procesal Penal, 1, 4, 7, 11, 18, 20, 30, 31, 45, 47, 50, 51, 59 to 61, 71, 74, 227 subsections 1) and 2) of the Código Penal, 19, 58 and 61 of the Ley Forestal, 8 subsection 2) of the American Convention on Human Rights and 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, in application of the in dubio pro reo principle, [Nombre2]. IS ACQUITTED OF ALL PENALTY AND RESPONSIBILITY for the crimes of USURPATION OF PUBLIC DOMAIN PROPERTY, VIOLATION OF THE LEY FORESTAL IN THE MODALITY OF LAND-USE CHANGE (CAMBIO DE USO DE SUELO), ILLEGAL TREE FELLING (TALA ILEGAL DE ARBOLES), AND INVASION OF A PROTECTED AREA (INVASIÓN DE ÁREA PROTEGIDA). [Nombre1]. IS ACQUITTED OF ALL PENALTY AND RESPONSIBILITY for the crimes of USURPATION OF PUBLIC DOMAIN PROPERTY, VIOLATION OF THE LEY FORESTAL IN THE MODALITY OF LAND-USE CHANGE, and ILLEGAL TREE FELLING. [Nombre1]. is declared RESPONSIBLE PERPETRATOR for the commission of a crime of INVASION OF A PROTECTED AREA, to the detriment of THE STATE AND NATURAL RESOURCES; for which he is sentenced to a penalty of TWO YEARS AND SIX MONTHS OF IMPRISONMENT, which he shall serve in the place and manner determined by prison regulations after credit for preventive detention served. The restoration of things to their prior state is ordered through the eviction of the sentenced person from the invaded land and the destruction of the constructions and crops carried out, for which support from MINAE and the Fuerza Pública shall be provided. The forfeiture (comiso) of the seized and confiscated property is ordered. Because the legal requirements are not met, the benefit of conditional execution of the sentence is not granted. Once the ruling is final, certification of the same is ordered for the Judicial Archive and Registry of Offenders, the Sentence Enforcement Court, and the Instituto Nacional de Criminología. Procedural and personal costs are borne by the sentenced person. NOTIFY BY READING." (sic)

          2. That against the preceding pronouncement, attorney [Nombre5]    filed the cassation appeal.

          3. That having conducted the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Código Procesal Penal, the Court addressed the issues raised in the appeal.

          4. That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

             Drafted by Judge [Nombre7] , and;

Considering:

            Through the ruling issued by Judge [Nombre8]   , a member of the Trial Court of Golfito, the accused [Nombre1]. was declared responsible perpetrator for a crime of Invasion of a Protected Area that he had been charged with. The Court analyzed the arguments presented by the defense of the accused [Nombre1]. in the cassation appeal he filed, resolving in accordance with the following grounds:

            1.- FIRST SUBSTANTIVE GROUND: INADEQUATE REASONING OF THE RULING: The appellant considers Articles 142 of the Código Penal (sic) and 369 subsection d) of the Código Procesal Penal to have been infringed. The appellant argues that the Court reaches conclusions about proven facts, typicality, and illegality that are not duly related, leaving legal gaps that affect the proper reasoning of the ruling. The defense attorney adds that the prosecutorial accusation describes actions whose integral component seeks to prove the commission of the crimes of Usurpation of Public Domain Property—punished under Article 227 of the Código Penal; Violation of the Ley Forestal in the land-use change modality—punished under Section 61, subsection c) of the Ley Forestal; Illegal Tree Felling—punished under Article 61, subsection a) of Ley Forestal 7575; and Invasion of a Protected Area—punished under Article 58 subsection a) of Ley Forestal number 7575—which must be individualized and related to the facts that are sought to be proved. The appellant states that it is evident in the ruling that the Judge was unclear about the individualization of the typical actions corresponding to each of those crimes, since he considered as proven facts that would correspond to crimes that at the end of his analysis he did not consider as committed by the accused, and convicts him for the commission of only one of the crimes, that relating to the invasion of a protected zone, which in essence was not the focus of attention in the debate of the evidence, both written and testimonial, nor in the analysis of the facts that the Court considered proven. The defense of the accused mentions that the Ministerio Público's accusation places marked emphasis on the alleged invasion of Parque Nacional Corcovado, so much so that when describing the crime of Invasion of the protected area of a stream (quebrada), less importance is given to it, omitting the fundamental detail of establishing the distance between each of the felled trees and the “El Niño” stream, which is an indispensable requirement for establishing whether this crime was actually committed. Furthermore, the appellant states that the very witnesses provided by the Ministerio Público, who are fundamentally MINAET officials and expert witnesses, focus basically on the invasion of the park, on the land-use change that occurs when felling trees and planting crops, but omit details about the distance between the felled trees and the stream, and the Judge, in structuring the ruling, also follows this dynamic, but later acquits the accused of responsibility for the alleged commission of three criminal offenses and convicts him for the commission of a single crime, without duly reasoning why he arrives at this conclusion. Another very serious aspect that the defense states is that in this matter the Judge himself states that the accused [Nombre1]. was sentenced for another similar crime corresponding to the Usurpation of Public Domain Property, such that the same Court sentences him on two occasions for the same facts but applying a different legal classification in each case, which represents an affront to the rights of his client. Additionally, the appellant mentions that Mr. [Nombre1]. has stated that his lands are not part of Parque Corcovado and that he arrived at those lands long before the creation of the Park, so it is not possible that through an expert or MINAET officials themselves, a possible error in the location of an area in a National Park as extensive as Corcovado can be ruled out, without also taking into account that there is a clear error in the Decreto Ejecutivo that expanded the National Park, in that it confuses the name of two rivers, placing the “Río Niño” in a wrong location, confusing the names “Niño” and “Venado,” as well as confusing the location of the “Michí” stream. The appellant states that the Judge does not delve into this issue and limits himself to considering that the confusion of names between “Río Niño,” “Río Venado,” or the “Michí” stream does not matter, since this confusion is clarified by the description of coordinates in the executive decree, but how can this criterion be applied to residents of the area, who, as the ruling indicates in the identification of the accused, is even illiterate and whose criterion is that, based on the boundaries that the park has with the private lands, he is on his own property, since the peasant residents do not handle, nor can they imagine, what geographic coordinates are. The defense attorney states that even though the conflict is old and MINAET officials have informed his client that he is invading lands of Parque Nacional Corcovado, the accused rejects such assertion since he actually believes that those lands are not the Park's, because his method of location is the mentioned Rivers, a criterion held not only by Don [Nombre1]. but also, throughout that sector, there is a conflict between MINAET officials and the residents over what the official boundary is between the private lands and the referred park. The defense attorney states that it is necessary to assess whether the executive decree that expanded Parque Nacional Corcovado actually encompassed lands that had been occupied by residents, who carried out agricultural work there; the matter should have been handled under the principles of Agrarian Law, with the State being required to pay at least for the improvements to the residents and not simply evict them from their cultivated lands, and it must be taken into account that even though the park expansion decree is from the government of [Nombre9]  in 1980, it was many years later that the corresponding institution demarcated the area and began the relevant technical supervision in the National Park. THE CLAIM IS NOT MERITORIOUS: From the reading of Ruling No. 82-2009, issued by the Criminal Trial Court of Golfito—Single-Judge—at seven hours thirty minutes on the twenty-fourth of November of two thousand nine, it is established that it is duly reasoned and fully complies with the provisions of Articles 142, 143, 184 in conjunction with Article 369 subsection d) of the Código Procesal Penal. In the contested judgment, the Trial Judge considered the accused facts as proven (cf. folios 268 to 269, 270 to 271, and 277 to 278), through the assessment of the testimonial, documentary, and expert evidence admitted and incorporated in the trial, which he describes and assesses jointly, harmoniously, and in light of the parameters of sound criticism (sana crítica) to conclude that the accused [Nombre1]. incurred in the crime of Invasion of a Protected Area (Invasión de Área Protegida) provided for and punished under Article 58 subsection a) of the Ley Forestal. In this regard, the Court states: "Having assessed the testimonial, expert, and documentary evidence duly incorporated into the trial and subjected to cross-examination, it is feasible to consider the criminal charge attributed to the defendant [Nombre1]. as proven, since once the evidence duly admitted in the oral and public trial held has been analyzed under the rules of rational sound criticism, it is determined that the said defendant, with the purpose of invading land of Parque Nacional Corcovado, proceeded to clear brush (chapear) and fell trees within said park, plant beans and corn, and build a rustic construction known in the area as a 'champa,' this being accredited by the documentary, expert, and testimonial evidence at coordinates located within the lands of Parque Nacional Corcovado. Thus, this accredited factual picture can be drawn taking into account that there is no doubt about the action carried out by [Nombre1]. as the person who, with knowledge that the cleared and planted land is a national park, acted. This without any error in the knowledge of the defendant [Nombre1]. about the possession that the State exercises over said land. To conclusively determine that [Nombre1]. is the person responsible for the commission of part of the accused acts..., this Jurisdictional Body has assessed not only the statements of the defendants, the Forensic Engineering expert, and the witnesses for the prosecution and defense during the investigation and in the trial itself, but also a copy of map number [and] the entirety of the documentary and expert evidence. First, it must be indicated which pieces of evidence lead this Court to the certainty that the lands in conflict are the property of Parque Nacional Corcovado; given that this is the main point attacked by the defense against the prosecutorial accusation. According to the printout of the location of the MINAE GPS control points on folios 19 and 20, as well as the criminalistic analysis report on folios 89 to 90 and the topographic survey on folio 91 prepared by the Forensic Engineering Section of the Organismo de Investigación Judicial, and the own statement of expert [Nombre10]   who is the engineer who prepared the report, it is clear that the data provided by the GPS system used by MINAE officials and by engineer [Nombre11] result in the affected area being within the limits established in decree number 11148-A of February 15, 1980, a decree that expands the boundaries of several national parks, among them Corcovado. This Court grants complete credibility to the report prepared by Forensic Engineering, insofar as the scientific basis for its preparation and the sources of information used are described. The expert himself, in a clear and simple manner, understandable to the Court, the defense, the Ministerio Público, and more importantly to the accused, explained the conclusions reached in the report and why it is scientifically determined that the property invaded by [Nombre1]. is located on national park land" (cf. folios 278 to 279). With the argumentation presented, the Trial Judge sets forth the reasons that, through the assessment of the statement of expert [Nombre10]  , as well as the report issued by him, allow him to establish that the area in which the accused [Nombre1]. carried out activities of building a rustic house, tree felling, and planting crops, in Parque Nacional Corcovado, is a protected zone. This is clearly expressed by the Trial Judge, in determining that the zone where the accused and the other people who were with him carried out unauthorized agricultural activities belongs to Parque Nacional Corcovado and is therefore a protected zone, which is achieved through the performance of an expert report, i.e., with the use of a "GPS," which, as a scientific instrument, allows precise determination of the coordinates where the events occur, and that these form part of said National Park (cf. folios 89 to 91). Moreover, expert Mr. [Nombre12] is also clear in the debate, mentioning that he fixed the site where the events occur because he went to said zone and with the help of the "GPS" instrument, established it accurately, and can determine, when comparing those coordinates with the map of the region, that the place forms part of Parque Nacional Corcovado (cf. folios 276 to 277 and 279). The court of origin (a quo) also states in the judgment that the defendant carried out these activities in that place with full knowledge that that property does not belong to him, since he was duly informed by officials of the referred institution on two occasions, namely on November 27, two thousand seven and January 14, two thousand eight, who visited him at the scene finding the defendant in the company of several people—whom he hired—carrying out the indicated tasks, that the boundaries of Parque Nacional Corcovado had been expanded and that, therefore, the site where the defendant was carrying out the activities he is accused of is part of it, despite which, and ignoring said indication, the accused continued performing those tasks. In this regard, the Ruling states: "Now, it is convenient at this point to determine why this Jurisdictional Body considers it accredited that Mr. [Nombre1]. was indeed carrying out the activities of clearing brush, tree felling, planting, and construction within the cited land. According to the version given by MINAE officials Messrs. [Nombre13]., [Nombre14]., and [Nombre15]., it is established that both defendants are caught inside the cited park on a first occasion carrying out bean covering tasks and on a second occasion building a rustic cabin or 'champa,' in which utensils, beds, and other personal items were found. Witness [Nombre13]. indicates that on November 27 at 10:30 a.m., during a routine patrol as part of his function as park ranger, he arrived with other colleagues performing that task at the sector known as El Diablo, within Parque Nacional Corcovado, and observed a cleared and felled plot of land, as well as a 'champa' where there were four handmade beds, blankets, a stove, food, clothing, and stools. On that same occasion, they discover Mr. [Nombre1]. clearing the area, while four other people, among them co-defendant [Nombre2]., were 'covering' beans. Witness [Nombre13]. likewise reports that at the site, recent tree felling and the planting of corn, grass, beans, and bananas are discovered. In the same sense, witness [Nombre14]. indicates that he visited the place both on November 27, 2007, and on January 14, 2008, occasions on which the co-defendants are located at the site, and he even states that on the second occasion it was possible to observe how the felled area had been expanded. That on November 27, they locate [Nombre1]. at the site, as well as four individuals, among whom was [Nombre2]., who were clearing brush and 'covering' beans. Likewise, the witness indicates that according to what he could observe, the tree felling was done with an axe, stating that he determined one felling at the root was fifty centimeters. The witness also locates the defendants on January 14, 2008, building a rustic cabin, indicates that the beans they observed on the first occasion were already mature, and indicates that co-defendant [Nombre2]. was present as a laborer (peón), that it was [Nombre1]. who gave instructions for the construction of the cabin. In the same sense, [Nombre15]. testifies, who, also being a park ranger, indicates that on November 27, 2007, he arrives at the place with his colleagues and finds within the park in the sector known as El Diablo the defendant [Nombre1]. and four laborers who were covering beans, that at the place he observes banana plants, grass, and sugarcane; while on the 14th, of 2008, without remembering the month, he finds both co-defendants making improvements to the rustic cabin. This witness also refers to the presence of felled trees, planting, clearing, and the construction of a rustic cabin on the last occasion, while he places the other activities from the first visit. The three witnesses come to locate the co-defendants on the property located in El Diablo; indicating that Mr. [Nombre2]. was present as a laborer for [Nombre1]., who was the person directing the other four on November 27, 2007, and [Nombre2]. on January 14, 2008. What these witnesses said also finds support in the MINAET report on folios 1 to 4 and 43 to 48, in the expanded complaint on folios 83, in the ocular inspection records on folios 8, 50, 79 to 82, 85, in the photographic sequence on folios 11 to 15, 56 to 58, and 86 to 88, as well as in the valuation list of the felled trees on folios 23 to 25, the copy of official communication ACOSA SPF (complaint) on folios 27 to 33, and the confiscation record on folios 35 and 55. Proof that gives certainty to this Court that the defendant [Nombre1]. was indeed found in the sector known as El Diablo, within Parque Nacional Corcovado, while he was clearing brush, at which time four people hired by him were engaged in the activity known as covering beans, which, according to what the witnesses indicated, is preparing the mountainous terrain for bean planting, i.e., clearing trees and bushes so they do not affect the bean plants. Furthermore, it is proven by the testimonies and evidenced in the photographic sequences how in said place there was clearing and planting of corn, beans, bananas, and grass, a situation that was verified by this judge in the inspection carried out at the scene of the events. Where, in addition, the felling carried out in a forest zone was evidenced, as around the indicated terrain only jungle is observed; in this regard, there is the video recording of the inspection conducted on October 28, 2009. Finally, it is noted that the continuation of the trial held on the date indicated for the inspection took place precisely in the rustic cabin observed in the photographic sequence, specifically at folios 56 to 57, a place where rough-hewn wooden stools ('choncos') were located, just as narrated by the prosecution witnesses. This Court grants complete credibility to the referred witnesses since no interest other than telling the truth is noted in their testimonies, as their statements are concrete, direct, and clear, without any evidence of any personal problem with either of the defendants" (cf. folios 281 to 282). The MINAET officials, as expressed by the court of origin in the ruling, are clear in mentioning the actions they observe the accused perform with an axe at the site, including tree felling and the planting of beans and other crops, and that at the site a rustic house had been built, which had logs shaped as seats, and that it was the place where the defendant stayed. They are also clear that they had already told the accused that that area was a protected zone and that he could not be in that place carrying out the referred activities, which he ignored (cf. folios 281 to 282), which the Trial Judge also analyzes in the ruling. Apart from what has been said, and as also expressed by the Judge in the judgment, the accused has a trial for the same type of crime, in the same zone, and despite that prior conviction, he continued carrying out the same actions, from which it is determined that he was not unaware that in that zone, because it is a protected area, he could not perform the tasks he was doing when MINAET officials locate him in the present case (cf. folio 63 and 283). Therefore, the conclusion reached in the ruling to convict the defendant, because on the referred dates he was carrying out a series of actions that constitute invasion of a protected zone because it is a national park, finds total support in the evidence that the court of origin points out and analyzes in the judgment. The Judge also sets forth the grounds for which he considers that the defense is not correct in its arguments presented during the trial and that the exculpatory evidence, being the testimonies of Messrs. [Nombre16]., [Nombre17]., and [Nombre18]., are not suitable to disprove the facts accused by the Ministerio Público. In this regard, the ruling states: "On the other hand, it is noted that the defense throughout the trial presented testimonial and expert testimonial evidence indicating that the property in conflict is located outside Parque Nacional Corcovado, this because in decree 11148-A the name of one of the natural boundaries of the park is confused, i.e., that there is a confusion between the Río Niño and the Río Venado, in that the decree indicates that the boundary of the park (which is of interest in this proceeding) is the confluence of the río Rincón with the Río Niño; while for the locals and any person knowledgeable about the area, it is known that the Río Niño is located three kilometers from the property in dispute, i.e., the decree changes the name of the Río Venado and calls it Río Niño; and since the Río Niño is located far from the land where the events occur, the property is outside the park. In this sense, witnesses [Nombre16]. and [Nombre18]. were presented, as well as expert witness [Nombre17].. In the case of the first two, they indicate that they were formerly gold prospectors (oreros), i.e., they were dedicated to extracting gold in the sector of Cerro de Oro and places surrounding the sector in conflict. They state that they have known the area for many years, but that they have not returned recently, and they have always known that the land belongs to [Nombre1].; likewise, they state that indeed the Río Niño, which is the park boundary, is far from what, for them, is [Nombre1].'s property, such that if someone were to position themselves upstream, said property is to the left of the Río Niño, while the park is to the right. They also indicate that indeed in the decree the name of the Río Niño was confused with the Río Venado, and witness [Nombre16]. even states that 'if the names are used correctly, the property falls outside the park.' In the same sense, surveyor (topógrafo) [Nombre17]. declares, who not only knows the area but also indicates that, due to his training and professional practice, he knows about the confusion referred to by the witnesses cited above. This witness states that 'The expansion decree says that the boundaries go from the Río Rincón to the confluence of the Río Niño; but in reality, it is with the Río Venado, the confluence the decree speaks of is four kilometers upstream. The Quebrada Michí is four kilometers upstream of Río Oro. The cartographic sheet has a nomenclature error: the Río Venado and the Quebrada La Michí were labeled Río Niño, [and] the Río Niño was not given a name.' Likewise, he indicates that [Nombre1].'s property is located north of the Río Venado; while Parque Corcovado is to the south, i.e., the property is outside the boundary, and he even speaks of a map made by the IDA in 1978 that correctly defines the names of the rivers in the sector. The three witnesses offered by the defense likewise deserve complete credibility from this Court; in that they are people who came to testify in a simple, transparent, clear, and confident manner. No type of nervousness was noted in their testimonies nor any interest in benefiting the accused [Nombre1]., on the contrary, they were sincere in stating that they know Don [Nombre1]. and consider him a good person, appreciated in the community. Notwithstanding the foregoing, the information that the prosecution witnesses come to reproduce does not discredit the existing expert evidence in the proceeding. Note that reference is only made to the confusion of names that exists among the inhabitants of the place and the decree that expands the park boundaries; an aspect that this Court indeed considers proven; however, even with this error in the decree, the truth is that the cited decree also indicates the coordinates delimiting the park, and according to which the land where the events discussed here occur is located inside the park. In this regard, decree 11148-A establishes in its Article 3 the following: 'Parque Nacional Corcovado, created by Decreto Ejecutivo number 5357-A, of October 24, 1975, is expanded so that it includes as total area that comprised within the following boundaries: (...) from this point the boundary follows downstream of the río Pavon to its union with the río Rincón, located at a point with coordinates 284,350 N and 518,450 E; the boundary follows upstream of this river to a point at coordinates 279,400 N and 518,530 E, where it joins the río Niño, it follows upstream of this river to its headwaters at a point with coordinates 279,250 N and 520,550 E, where it ...'. Having said the above, it follows that regardless of the name given to the river located at these coordinates, be it Niño, Venado, or quebrada Michí, what is important is that the park boundary is determined by the coordinates established in the decree, which pass precisely through what the exculpatory witnesses and the accused himself call quebrada Michí and Río Venado, while the decree calls it río Niño" (cf. folios 279 to 281). Hence, the Judge grants complete credibility to what was stated by expert [Nombre12] as well as to the report he issues, since he determines with a scientific criterion the coordinates in which the events occur to establish that they are located within the National Park—in accordance with what was stated by MINAET officials, the ocular inspection carried out at the site, and the photographic sequence—a basis that also allows him to disprove what was stated by the defense witnesses, who, despite being from the area and having lived there for many years, cannot determine with the precision that the scientific instrument "GPS," used by the expert, does, which lands form part of Parque Nacional Corcovado.

Finally, regarding the "Legal Classification" (Calificación Juridica), the Trial Judge also justifies that, by a criterion of specialty, Article 58, subsection a) contemplated in the Forestry Law (Ley Forestal) which regulates the crime of Invasion of Protected Area (Invasión de ärea Protegida) must be applied instead of the criminal offense established in Article 227 of the Penal Code, which establishes the crime of Usurpation of Public Domain Property (Usurpación de Bienes de dominio público), since with the evidence received and incorporated in the debate, it is accredited that the accused carried out a series of activities, such as construction of a rustic dwelling, tree felling and planting of crops in a protected area, such as the Corcovado National Park, thereby invading it, so that the conducts carried out by the defendant fit the referred criminal offense and a conviction solely for this crime is appropriate, a criterion that this Chamber shares, since furthermore, no harm is caused to the accused thereby, as he is sentenced for only one of the conducts he was accused of, being acquitted of all the others, a circumstance that favored him. And it is that the mentioned conducts that the defendant carried out in the referred area, which is a protected area, could well be constitutive of other criminal offenses, such as those the Public Prosecutor's Office accused, of Tree Felling (Tala de árboles), Land-use change (Cambio de uso de suelo), but when the Judge considers that this is not so, what he does is subsume those actions within the special criminal offense which is Invasion of Protected Area (Invasión de Área Protegida), which, as already stated, in no way harms the defendant but rather benefits him, since he is convicted of only one of the crimes attributed to him. In accordance with the foregoing and cited regulations, this ground presented by the defense of the defendant [Name1] is declared without merit.

          2.-SECOND GROUND: APPLICATION OF SUBSTANTIVE LAW:

            The challenger argues that there is a clear confusion by the Court in the classification given to the investigated facts, since the Court itself contradicts itself in the application of rules to the same defendant for similar facts. The defender adds that the Court itself in this judgment refers to a previous judgment, for similar facts against the same defendant, and that the Judge in his intellectual analysis, as well as in the setting of the penalty, brings up a previous judgment against [Name1], in which a prison sentence was imposed with the benefit of conditional execution, which is why a higher penalty is imposed in this judgment based on two aggravating factors considered by the Court, corresponding to the recidivism of the accused and that he was granted the benefit of conditional execution on that occasion, which resulted in a sentence of two years and six months being imposed. The defender states that in the previous case, similar facts were investigated, related to the same land and the permanence of his client cultivating what he says is his land and the Court considers to be National Park, and he was sentenced for the crime of Usurpation of Public Domain Property (Usurpación de Bienes de Dominio Público), which the Court now says that classification refers to urban areas, such as public streets, play or recreation areas, etc. The defender states that although both cases are independent and cannot be related, since the first is already res judicata that could only be examined again through a motion for review of the judgment, it is also true that a Court cannot classify, with different criminal rules, exactly the same facts, and that in these cases this serious error has occurred, which not only violates the principle of legality, but also the fundamental rights of his client. The defense of the accused considers that the classification of the crime given in this judgment is neither clear nor precise, especially because there is inconsistency between the reasonings the Judge makes in the intellectual analysis of the case and the one he makes when classifying the actions attributed to Mr. [Name1], thereby violating the provisions of Article 369, subsection) i. THE CLAIM IS NOT ADMISSIBLE: In the appealed Judgment, the Trial Judge holds the facts accused by the Public Prosecutor's Office as proven, and considers, in relation to the "Legal Classification" (Calificación Legal), that the accused invaded, on the occasions he was surprised by MINAET officials, on the dates of November 27, 2007 and January 14, 2008, the Corcovado National Park, which is a protected area, and that by a criterion of specialty, the rule established in the Forestry Law (Ley Forestal) Article 58, subsection a), which refers to the crime of Invasion of Protected Area (Invasión de Ärea Protegida), must be applied, and not Article 227 of the Penal Code, which regulates the crime of Usurpation of Public Domain Property (Usurpación de bienes de Dominio Público), since this criminal offense is more general and refers more specifically to urban areas. In this regard, the judgment states: "As indicated supra, the commission of the crime of Invasion of Protected Area (Invasión de Zona Protegida) by the accused [Name1] has been proven, as well as the acquittal of the totality of the crimes charged against the accused [Name2]. Having said the foregoing, we have that with respect to the crime of Usurpation of Public Domain Property (Usurpación de Bienes de Dominio Público), this judge considers that since there is a criminal offense described in a special law such as the Forestry Law (Ley Forestal), by application of the principle of specialty, the offense of Invasion of Protected Area must be applied and not that of usurpation. See that the crime of Usurpation of Public Domain Property (Usurpación de Bienes de Dominio Público) contemplated in Article 227 of the Penal Code, speaks of occupying spaces destined for streets, roads, gardens, parks, promenades or other places of public domain, or vacant lots or any other property of the State or municipalities. From the reading of the criminal offense, it is inferred that it is directed at urban areas of public domain in the first place, being an open criminal offense insofar as it extends its scope of protection to 'other places of public domain,' in which national parks can be included. However, the criminal offense described in Article 58 of the Forestry Law (Ley Forestal) does expressly cover protected areas, within a special law, aimed precisely at the protection of Natural Resources. Thus, in application of the principle of specialty, this Court considers that the criminal offense of Invasion of Protected Area (Invasión de Zona Protegida) must be applied, as long as the description of the facts accredited here does not allow the coexistence of both criminal figures" (cf. folio 286). As already stated in the previous ground by this Chamber, the criterion followed by the Judge is valid, since the aforementioned criminal offense is indeed more specific to protected rural areas such as, for example, a national park and constitutes a special law. On the other hand, regarding the acquittal for the other crimes, the lower court considered: "Regarding the crimes of violation of the Forestry Law (Ley Forestal) in its modality of land-use change (cambio de uso de suelo) and violation of the Forestry Law in its modality of illegal tree felling (tala ilegal de árboles), the following considerations are made. Both criminal offenses are described in numeral 61, subsections c) and a) respectively. The violation of the Forestry Law for land-use change (cambio de uso del suelo), as indicated by subsection c) of the referred Article 61, remits for its application to Article 19 of the Forestry Law (Ley Forestal), which is within Title Three directed at private forest property. Said article regulates the activities authorized for forest management within private forest properties. Given that the specific case involves a land-use change within a national park, where logically no type of permit can exist for any activity; and that subsection c) of Article 61 expressly indicates that whoever carries out activities involving a change in land use contrary to the provisions of Article 19 of the Forestry Law (Ley Forestal) will be sanctioned, it is inferred that the criminal offense cited here does not cover the factual scenario accredited against Mr. [Name1]. A similar situation occurs with the violation in its modality of illegal tree felling typified in subsection a) of the cited Article 61 of the Forestry Law (Ley Forestal), which establishes imprisonment from one month to three years for whoever harvests one or several forest products on private property, without the permit of the State Forestry Administration, or for whoever, even if they have the permit, does not comply with what was authorized. By all accounts, the facts accredited to [Name1] could not fit into this criminal figure. In the first place, the criminal offense speaks of harvesting forest products on private property, without it being necessary to repeat the considerations outlined about national parks as private properties. And in the second place, the same offense speaks of the active agent not having a permit for the harvesting, or if they do have it, not complying with it; which by all accounts presents a horizon of protection very different from the factual scenario accused in this case, given that within national parks it is not possible for any authority to grant permits for the harvesting of its resources. Considering then that the accused conducts as well as those demonstrated do not fit within the criminal figures described above, the appropriate action is to acquit the accused of the commission of the crimes of usurpation of public domain property, a crime of violation of the Forestry Law (Ley Forestal) in its modality of land-use change (cambio de uso de suelo) and of violation of the Forestry Law in its modality of illegal tree felling (tala ilegal de árboles); all of them to the detriment of The Costa Rican State and Natural Resources" (cf. folios 286 to 287). In relation to the other accused facts related to conducts such as tree felling, planting of crops, etc., which may fit other criminal offenses, -which the Public Prosecutor's Office accused- as expressed by the Judge, they also involve criminal offenses that are more specifically referred to private property in cases where the corresponding permits from the Forestry Administration exist, a circumstance that does not apply in this case, where it involves a protected area, whose permits cannot be granted, and the justification for the acquittals issued by the lower court, although not entirely convincing, also does not allow establishing, as the appellant alleges, that he contradicts himself in this regard, since by convicting the accused for only one of the crimes attributed to him, and by establishing that those actions do fit within the aforementioned offense of Invasion of Protected Area (Invasión de Área Protegida) provided for and sanctioned in Article 58, subsection a) and by acquitting him for the other crimes, which contemplated those conducts in a specific manner, there is no contradictory criterion, since it was not that he did not consider those actions as proven exactly as they were accused, but rather he considers that they do not occur independently; hence, far from there being a defect in this regard in the judgment that harms the defendant, there is an interpretation by the Judge that rather favors him. On the other hand, regarding the reference the Trial Judge makes to a prior record the defendant has for a similar crime, he does so to accredit that the latter had full knowledge that the area in question is part of the Corcovado National Park, being a protected area, and to use that information to deny the accused the benefit of conditional execution of the penalty, which he states in the judgment (cf. folio 268), but which, as the appellant himself correctly points out, an assessment of that ruling cannot be made at this time, as it already constitutes res judicata, regarding the criminal offense that was applied and compared with the present one, since these are independent cases judged at different times and by different authorities, which are not related to each other. In accordance with the foregoing and cited regulations, this ground presented by the Defense of the defendant [Name1] is declared without merit.

                                        Therefore (Por tanto):

            The cassation appeal filed by the defense of the defendant [Name1] is declared without merit. NOTIFY.-

 

 

 

[Name3]  

 

 

 

Rafael Segura Bonilla                                                                                   [Name4]                                                                 

 

 

Judges of the Criminal Cassation Court

 

Exp. 07-001403-0455-PE

C/: S. and another

Of/: Corcovado National Park

D/: Usurpation of public domain property

Csolanog

 

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-29-2026 08:22:51.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República