Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Estima esta Sede que la mención de la existencia de una zona de montaña en el inmueble, que fue manifestada por el promovente en su escrito inicial, graficada en el plano catastrado que sirve de base a la presente diligencia y consignada en la escritura de traspaso, no puede desprenderse, ni se demuestra con ello, la existencia de zonas boscosas en los términos técnicos que define la Ley Forestal N. 7575. Como se puede extraer de la misma acta de reconocimiento judicial a folio 66, el a quo consignó que el terreno se encuentra dedicado a potrero y una pequeña área de tacotal, término que es improcedente equiparar a bosque, por cuanto se puede deducir del acta en mención que el terreno es esa pequeña área se encuentra en proceso de recuperación natural. Aunado a ello, debe tomarse en consideración que el procedimiento cuenta con una serie de criterios técnicos vertidos por profesionales competentes legalmente, que coadyuvan al juez o jueza en la determinación de la existencia o no de bosques y de qué clase, según las definiciones técnicas en la Ley Forestal Nº 7575. En este caso de la valoración de los testimonios citados, y el estudio de suelos que consta en autos, es posible deducir que en el terreno no existe bosque en los términos expuestos por la apelante, sino un área de tacotal y pasturas mejoradas.
Declarar ese tipo de vegetación como bien demanial o bosque, sería no aplicar la legislación correctamente, ni incentivar ese tipo de actividad regeneradora de bosques. Esta actividad es necesaria para la captación de carbono en la atmósfera y por ende medidas ambientales contra el calentamiento global, actividades beneficiosas para el medio ambiente por lo que sería incoherente castigar a los poseedores que tienen ese tipo de actividad regeneradora de bosques, denegándoles la obtención de su título de propiedad.
English (translation)This Court considers that the mention of a “montaña” area on the property — stated by the applicant in his initial brief, depicted on the cadastral map that supports this proceeding, and recorded in the transfer deed — does not imply, nor does it prove, the existence of forested areas under the technical terms defined by Forestry Law No. 7575. As can be gleaned from the judicial inspection record at folio 66, the lower court noted the land is used as pasture with a small area of tacotal, a term that cannot be equated to forest, since it can be inferred from said record that this small area is undergoing natural recovery. In addition, it must be considered that this procedure relies on technical criteria issued by legally competent professionals, who assist the judge in determining the existence or not of forests and their classification, pursuant to the technical definitions in Forestry Law No. 7575. In this case, from the assessment of the cited witness statements and the soil study on record, it can be concluded that the land does not contain forest as claimed by the appellant, but rather an area of tacotal and improved pastures.
To declare this type of vegetation as public domain or forest would be to apply the law incorrectly and would fail to encourage such forest-regeneration activity. This activity is essential for carbon sequestration in the atmosphere and thus for measures against global warming, beneficial to the environment; it would be inconsistent to punish possessors who engage in this type of forest regeneration by denying them their property title.
Upheld
Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 01019 - 2010 Fecha de la Resolución: 28 de Octubre del 2010 a las 11:32 Expediente: 08-000208-0391-AG Redactado por: Andrea Mercedes Ruiz Ramírez Clase de asunto: Proceso de información posesoria Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Información posesoria agraria Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales Sentencias en igual sentido Texto de la resolución VOTO Nº 1019 -F-10 TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las once horas treinta y dos minuto s del veintiocho de octubre de dos mil diez.- INFORMACIÓN POSESORIA, promovida por [Nombre1] , mayor, divorciado una vez, comerciante, vecino de Grecia, cédula de identidad CED1 - - . Intervienen en el proceso, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Lydiana Rodríguez Paniagua, de calidades desconocidas en autos, en su condición de procuradora adjunta, y e l INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, cédula jurídica CED2 - - - , representado por Carmelina Vargas Hidalgo, mayor, divorciada, abogada, vecina de Guachipelín, Escazú, cédula de identidad CED3 - - , en su condición de apoderada general judicial. Tramitada ante el Juzgado Agrario de Santa Cruz . Actúa como a p o derado especial judicial de l titulante, el licenciad o Carlos Fernando Cubero Rojas , mayor, casado, abogado, vecino de Puntarenas, cédula de identidad CED4 - - .- RESULTANDO: 1.- El promovente plantea proceso de información posesoria con el fin de que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la finca que describe así: “ .terreno de Pastos y montaña, situada en las Nubes, [Dirección1] de la Provincia de Puntarenas, con linderos al Norte: [Dirección2] con un frente a ella de novecientos veintitrés metros con treinta y cinco centímetros lineales; Sur y Oeste: [Nombre2] y Este: [Nombre3] , con una medida de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS METROS SETENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS, a cuya finca corresponde el plano debidamente inscrito en el Catastro Nacional bajo el número P - un millón ciento noventa CED5 un mil setecientos cinco - CED6 mil siete, de fecha dieciocho de diciembre del dos mil siete, ” (fo lio 10 ).- 2.- La Procuraduría General de la República y e l Instituto de Desarrollo Agrario, se apersonaron al proceso en los términos visibles de folios 38 a 46, y 37 ; respectivamente, sin manifestar ambos su oposición a las presentes diligencias.- 3.- El licenciad o José Joaquín Piñar Ballestero , juez de primera instancia , mediante sentencia de las doce horas cuarenta y cuatro minutos del seis de abril de dos mil diez , resolvió: “ POR TANTO: Se aprueba Información Posesoria. Con la afectaciones a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Informaciones Posesorias y sin perjuicio a terceros de mejor derecho, se ordena al señor Registrador del Registro Público de la Propiedad, inscribir por primera vez a nombre de [Nombre1] , quien es mayor, divorciado una vez, comerciante, vecino de Grecia de la Shell doscientos metros al este con cédula número CED7 - - , la finca descrita en el plano inscrito en el Catastro Nacional bajo el número G-uno uno nueve uno siete cero cinco - dos mil siete de la fecha del dieciocho de Diciembre del dos mil siete, que se describe así: terreno de naturaleza de pasto y montaña, ubicado en las Nubes, del [Dirección3] de la Provincia de Puntarenas, la cual posee una extensión Cuatrocientos setenta y cinco mil novecientos cincuenta y dos metros con setenta y uno decímetros cuadrados cuyos linderos son: Norte: [Dirección2] con un frente a ella de novecientos veintitrés mil metros con treinta y cinco centímetros lineales; Sur: [Nombre2] , Este: [Nombre3] , Oeste: [Nombre2] . El inmueble objeto de este proceso se estima en la suma de ocho millones de colones. Que el derecho de vía de las [Dirección4] que colinda por los rumbos oeste con el predio a titular es de 14,00 metros y carácter inalienable e imprescriptible (articulo 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19, inciso a de la Ley de Informaciones Posesorias). Ver votos Nº 778-f-08 y 801-f-08 del Tribunal Agrario.- Que el área contigua a los yurros constituye área de protección según el art. 33, inciso b), de la Ley Forestal Nº 7575, y queda prohibida la corta o eliminación de arboles, debiéndose consignar en sentencia para efectos de inscripción en el Registro ( artículo 34 ibídem).- Asimismo, que el cause y las aguas de esas corrientes son de dominio público (Ley de Aguas, artículo. 1 inciso IV y 3 inciso III). Sirva la certificación de esta sentencia para inscribir en el Registro de la Propiedad la finca relacionada" (folio 89).- 4.- La licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de Procuradora Adjunta, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (folios 93 a 114 ).- 5. En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad. Redacta la jueza Ruiz Ramírez; y, CONSIDERANDO: I. Se comparte el elenco de hechos probados por tener sustento en los autos. II. La apelación es interpuesta por la licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua en su carácter de Procuradora Adjunta (folio 93). Se muestra disconforme con la sentencia de las 12 horas 44 minutos del 6 de abril del 2010 donde se aprobaron las diligencias de Información Posesoria (folio 88). Expone como agravios los siguientes: 1) Combate la sentencia indicando que consta en las manifestaciones hechas por el mismo promovente en el escrito inicial, así con en el plano aportado a los autos, testimonio de escritura de traspaso y lo anterior lo tiene por acreditado el auto sentencia que impugna, que la naturaleza del inmueble a inscribir es boscosa (montaña). Dice y que los terrenos de forestales y bosques de las reservas nacionales están afectados a régimen de dominio público, patrimonio natural del Estado, desde la Ley Forestal 4465 de 1969, artículo 33, reformada por la Ley Forestal 7174 de 1990 (artículos 32 y 33) y de carácter demanial que mantiene la Ley 7575, (artículos 13 y 14). Argumenta, la Ley permite titular inmuebles fuera de las áreas silvestres protegidas si el promovente demuestra sus legítimos derechos de posesión decenal, haber protegido el recurso y tener el inmueble debidamente deslindado, ha de tenerse en cuenta la declaratoria de dominio público forestal antes dicha. Cita voto de la Sala Constitucional voto 4587-97 y reafirma los bosques solo podrán titularse si la usucapión se consolidó antes de ingresar por Ley a Patrimonio Natural de Estado y el plazo de la usucapión apta debe haber transcurrido antes de haberse producido la afectación. Además esgrime los terrenos de bosques tienen una afectación inmediata por Ley a dominio público. 2) Agravia, la declaración de los testigos no demuestra la posesión decenal apta para usucapir en cabeza de su dueño y solicita la revocatoria para decretar la improbación de estas diligencias. III. Sobre el agravio referido a la existencia de una zona con cobertura boscosa que no es apta para usucapir, por ser parte del Patrimonio Natural del Estado, no lleva razón la apelante. Estas diligencias se formulan con la finalidad de inscribir en el Registro Público de la Propiedad el inmueble ubicado en [Dirección5] de la provincia de Puntarenas, mide 47 hectáreas 5952 metros con 71 decímetros cuadrados, según plano 6-1191705-2007, (folio 2). Dicho bien no es parte de área silvestre protegida, conforme se indica en la certificación emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación aportada a los autos (folio 3). En el estudio de suelos que consta en autos se indica, se ha ejercido el uso conforme al suelo; en el que se certifica el uso actual es de Pasturas Mejoradas y Tacotal (folios 4). El Juzgado practicó un reconocimiento judicial del inmueble, del que se levantó un acta que consignó que el terreno a titular es una finca se encuentra debidamente delimitada, con cercas a tres hilos de alambre en buen estado con postería viva de árboles de jiñote y madero negro en todas las colindancias, de topografía irregular (quebrada), está dedicada a potrero y una pequeña área de tacotal donde se observan árboles de espabel, gallinazo y palma real ( folio 66). También se recibió la declaración de los testigos [Nombre4] , [Nombre5] y [Nombre6] (folios 30-32). Los testigos aducen conocer la propiedad desde hacía más de veinticinco años. El testigo [Nombre4] manifestó conocer la finca desde hace cuarenta años; que el inmueble es poseído actualmente por el señor [Nombre7] , que anteriormente era de la sociedad de Los [Nombre3] ([Nombre8], [Nombre9] y [Nombre3]), manifestó el terreno estaba dedicado al pastoreo de ganado. Por su parte el testigo [Nombre5] indicó que conoce la finca desde hacía treinta años; que anteriormente era de la sociedad de Los [Nombre3] (integrada por los señores [Nombre8], [Nombre9] y [Nombre3]) y que desde hace un año y dos meses es del promovente, manifestó el terreno está dedicado a ganado; y el testigo [Nombre6] depuso conocer el terreno desde hace veinticinco años y que pertenecía a una sociedad de Los [Nombre3] ( integrada por los hermanos [Nombre8], [Nombre9] y [Nombre3] ) y luego al promovente, que la obtuvo por compra hecha a los hermanos [Nombre3] hacía con un año y un poquito, que el terreno está dedicado a pasto. La apelante expresa al existir manifestaciones por el mismo promovente en el escrito inicial como en el plano aportado a los autos y testimonio de escritura de traspaso que la naturaleza del inmueble a inscribir es boscosa (montaña) no es posible titularlo. Estima esta Sede que la mención de la existencia de una zona de montaña en el inmueble, que fue manifestada por el promovente en su escrito inicial, graficada en el plano catastrado que sirve de base a la presente diligencia y consignada en la escritura de traspaso, no puede desprenderse, ni se demuestra con ello, la existencia de zonas boscosas en los términos técnicos que define la Ley Forestal N. 7575. Como se puede extraer de la misma acta de reconocimiento judicial a folio 66, el a quo consignó que el terreno se encuentra dedicado a potrero y una pequeña área de tacotal, término que es improcedente equiparar a bosque, por cuanto se puede deducir del acta en mención que el terreno es esa pequeña área se encuentra en proceso de recuperación natural. Aunado a ello, debe tomarse en consideración que el procedimiento cuenta con una serie de criterios técnicos vertidos por profesionales competentes legalmente, que coadyuvan al juez o jueza en la determinación de la existencia o no de bosques y de qué clase, según las definiciones técnicas en la Ley Forestal Nº 7575. En este caso de la valoración de los testimonios citados, y el estudio de suelos que consta en autos, es posible deducir que en el terreno no existe bosque en los términos expuestos por la apelante, sino un área de tacotal y pasturas mejoradas. El estudio de suelos grafica que un 15 por ciento del terreno es tacotal, un 85 por ciento es pasturas mejoradas, sin que se consignara la presencia de bosque. No lleva razón en su argumento la apelante, y no es posible por ello considerar que el inmueble esté cubierto de zonas boscosas pertenecientes al patrimonio natural del Estado. Sobre la definición de bosque secundario, dado que la apelante ha querido equipararlo al área de tacotal existente en el fundo a titular, la Comisión Nacional de Certificación Forestal de Costa Rica define el bosque secundario como “... aquella tierra con vegetación leñosa de carácter sucesional secundaria que se desarrolla una vez que la vegetación original fue eliminada por actividades humanas o fenómenos naturales; con una superficie mínima de 0,5 ha y una densidad no menor a 500 árboles por ha de todas las especies." (CNCF 1999, Comisión Nacional de Certificación Forestal. 1999. Estándares y procedimientos para el manejo sostenible y la certificación forestal en Costa Rica. San José,. Costa Rica. 54 p.) Asimismo el concepto de Tacotal es "matorral espeso" y no debe entenderse que es un bosque. La Ley Forestal N. 7575, define bosque de la siguiente forma: "Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas caracterizada por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más del 70% de esa superficie y donde existan más de sesenta árboles por hectárea de quince o más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho". En este caso, no se precisa área en el fundo que acredite esos presupuestos. Por su parte, la Ley de Informaciones Posesorias en su artículo sétimo indica que las fincas ubicadas fuera de áreas silvestres protegidas y con bosques, podrían ser tituladas si el promovente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal y haber protegido el recurso, sin hacer diferencias si son bosques secundarios o primarios. Partiendo de estas definiciones y del estudio técnico del INTA visible a folios 4 y 5. Declarar ese tipo de vegetación como bien demanial o bosque, sería no aplicar la legislación correctamente, ni incentivar ese tipo de actividad regeneradora de bosques. Esta actividad es necesaria para la captación de carbono en la atmósfera y por ende medidas ambientales contra el calentamiento global, actividades beneficiosas para el medio ambiente por lo que sería incoherente castigar a los poseedores que tienen ese tipo de actividad regeneradora de bosques, denegándoles la obtención de su título de propiedad. Aparte de ello, de lo arrojado por las declaraciones testimoniales, el reconocimiento judicial y la certificación de suelos, se denota que existe una actitud conservacionista por la promovente, pues no declararon le hubiera constado la tala, ni eliminación de árboles, ni quemas, y se ha cuidado las zonas de protección. De acuerdo a lo anterior, no se comparte lo señalado por la representante estatal, que el terreno al estar regenerando en forma natural forme parte del patrimonio natural del Estado, porque de conformidad con el artículo 856 del Código Civil, el fundo es apto para adquirir por usucapión. Por ende, conforme al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, estima el Tribunal que efectivamente se acreditó con la prueba aportada, el ejercicio de la posesión legal exigida sobre el fundo, con diez años de antelación a la fecha en la que se promovió este proceso, y el terreno objeto de las presentes diligencias es apto para usucapir al encontrarse fuera de cualquier área silvestre protegida sea cual fuere su categoría de manejo y haber ejercido actos posesorios de conservación de los recursos naturales. (Al respecto puede ser consultado el voto Nº51 de las 15 horas 15 minutos del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). IV- Sobre el agravio referente a que la declaración de los testigos no demuestra la posesión decenal, tampoco lleva razón la apelante. Aún y cuando no indica en forma específica el motivo por el cual considera que los mismos no son aptos para acreditar la posesión decenal, del estudio de lo que cada uno depuso se concluye que los tres testigos son contestes en describir una cadena posesoria que comprueba que se ha ejercido la posesión en forma ininterrumpida por parte de la promovente y su transmitente y que conocen el terreno desde hace veinticinco años, así como no conocen la existencia de conflictos posesorios originados en la posesión ejercida sobre el terreno, por lo que se rechaza tal agravio. V.- En razón de lo anterior, en lo apelado, deberá confirmarse lo resuelto por el Juzgado de Instancia.- POR TANTO: Se confirma la sentencia, en lo apelado. [Nombre10] [Nombre11] [Nombre12] EXPEDIENTE:EXPN1 INFORMACIÓN POSESORIA PROMOVENTE:[Nombre1] D+G+V Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:38:44. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**VOTE No. 1019 -F-10** **SECOND CIRCUIT AGRARIAN COURT OF SAN JOSÉ.** Goicoechea, at eleven thirty-two on the twenty-eighth of October of two thousand ten.- **POSSESSORY INFORMATION**, promoted by [Nombre1], of legal age, once divorced, merchant, resident of Grecia, identity card number CED1 - - . Appearing in the proceedings are the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA), represented by Lydiana Rodríguez Paniagua, of unknown particulars in the record, in her capacity as assistant attorney general, and the AGRARIAN DEVELOPMENT INSTITUTE (INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO), legal identification number CED2 - - , represented by Carmelina Vargas Hidalgo, of legal age, divorced, attorney, resident of Guachipelín, Escazú, identity card number CED3 - - , in her capacity as general judicial attorney-in-fact. Processed before the Agrarian Court of Santa Cruz. Acting as special judicial attorney-in-fact for the petitioner is attorney Carlos Fernando Cubero Rojas, of legal age, married, attorney, resident of Puntarenas, identity card number CED4 - - .- **WHEREAS:** 1.- The petitioner files possessory information proceedings for the purpose of registering in his name in the Public Property Registry the property described as follows: “.a plot of Pasture and mountain land, located in las Nubes, [Dirección1] of the Province of Puntarenas, with boundaries North: [Dirección2] with a frontage thereto of nine hundred twenty-three point thirty-five linear meters; South and West: [Nombre2] and East: [Nombre3], with an area of FOUR HUNDRED SEVENTY-FIVE THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY-TWO POINT SEVENTY-ONE SQUARE METERS, to which property corresponds the survey plan duly registered in the National Cadastre under number P - one million one hundred ninety CED5 one thousand seven hundred five - CED6 thousand seven, dated the eighteenth of December of two thousand seven,” (folio 10).- 2.- The Office of the Attorney General of the Republic and the Agrarian Development Institute appeared in the proceedings under the terms visible in folios 38 to 46, and 37; respectively, neither of them manifesting opposition to these proceedings.- 3.- Attorney José Joaquín Piñar Ballestero, first instance judge, by judgment at twelve forty-four on the sixth of April of two thousand ten, resolved: “THEREFORE: The Possessory Information is approved. With the encumbrances referred to in Article 17 of the Ley de Informaciones Posesorias and without prejudice to third parties with better rights, the Registrar of the Public Property Registry is ordered to register for the first time in the name of [Nombre1], who is of legal age, once divorced, merchant, resident of Grecia, from the Shell two hundred meters east, with identity card number CED7 - - , the property described in the survey plan registered in the National Cadastre under number G-one one nine one seven zero five - two thousand seven, dated the eighteenth of December of two thousand seven, which is described as follows: land of pasture and mountain nature, located in las Nubes, of [Dirección3] of the Province of Puntarenas, which possesses an area of Four hundred seventy-five thousand nine hundred fifty-two point seventy-one square meters, the boundaries of which are: North: [Dirección2] with a frontage thereto of nine hundred twenty-three thousand point thirty-five linear meters; South: [Nombre2], East: [Nombre3], West: [Nombre2]. The property subject to this proceeding is valued at the sum of eight million colones. That the right-of-way of the [Dirección4] bordering the property to be titled along the west boundaries is 14.00 meters and is inalienable and imprescriptible in character (Article 4 of the Ley General de Caminos Públicos and 19, subsection a of the Ley de Informaciones Posesorias). See Votes No. 778-f-08 and 801-f-08 of the Agrarian Court.- That the area adjacent to the streams (yurros) constitutes a protection area according to Art. 33, subsection b), of the Ley Forestal No. 7575, and the cutting or elimination of trees is prohibited, and this must be recorded in the judgment for purposes of registration in the Registry (Article 34 ibidem).- Likewise, that the channel and waters of those currents are public domain (Ley de Aguas, Article 1 subsection IV and 3 subsection III). Let the certification of this judgment serve to register the related property in the Property Registry” (folio 89).- 4.- Attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as Assistant Attorney General, filed an appeal expressly stating the reasons for refuting the lower Court's thesis (folios 93 to 114).- 5. In the substantiation of the proceedings, the legal prescriptions have been observed, and no errors or omissions capable of producing its nullity are noted in the ruling. Written by Judge Ruiz Ramírez; and, **WHEREAS:** **I.** The list of proven facts is shared, as it has support in the record. **II.** The appeal is filed by attorney Lydiana Rodríguez Paniagua in her capacity as Assistant Attorney General (folio 93). She disagrees with the judgment at 12:44 on April 6, 2010, where the Possessory Information proceedings were approved (folio 88). She sets forth the following grievances: 1) She challenges the judgment, indicating that it is evident from the statements made by the petitioner himself in the initial brief, as well as in the survey plan provided in the record and the testimony of the deed of transfer, and the challenged judgment deems this to be credited, that the nature of the property to be registered is forested (mountain land). She says that forest land and forests of the national reserves are encumbered under the public domain regime, as part of the State's natural heritage, since the Ley Forestal 4465 of 1969, Article 33, amended by the Ley Forestal 7174 of 1990 (Articles 32 and 33), and are of a demanial character maintained by Law 7575 (Articles 13 and 14). She argues that the Law allows titling of properties outside of protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) if the petitioner demonstrates his legitimate ten-year possessory rights, has protected the resource, and has the property duly demarcated, but the aforementioned declaration of forest public domain must be taken into account. She cites a vote of the Constitutional Chamber, vote 4587-97, and reaffirms that forests may only be titled if the adverse possession (usucapión) was consolidated before they became part of the State's Natural Heritage by Law, and the period of the qualifying adverse possession must have elapsed before the encumbrance occurred. Furthermore, she contends that forest lands have an immediate encumbrance by Law to public domain. 2) She grieves that the testimony of the witnesses does not demonstrate the ten-year possession qualifying for adverse possession held by its owner, and she requests the revocation to decree the disapproval of these proceedings. **III.** Regarding the grievance referring to the existence of an area with forest cover (cobertura boscosa) that is not suitable for adverse possession, as it is part of the State's Natural Heritage, the appellant is incorrect. These proceedings are filed for the purpose of registering in the Public Property Registry the property located in [Dirección5] of the province of Puntarenas, measuring 47 hectares 5952 square meters and 71 decimeters, according to survey plan 6-1191705-2007 (folio 2). Said property is not part of a protected wilderness area, as indicated in the certification issued by the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) provided in the record (folio 3). The soil study in the record indicates that the use has been exercised in accordance with the land; it certifies the current use is Improved Pastures and Thicket (Tacotal) (folios 4). The Court conducted a judicial inspection of the property, from which a report was drawn up stating that the land to be titled is a farm that is duly delimited, with fences of three strands of wire in good condition with living posts of jiñote and madero negro trees along all boundaries, of irregular topography (broken), and is dedicated to pastureland and a small area of thicket where espabel, gallinazo, and palma real trees are observed (folio 66). The testimony of witnesses [Nombre4], [Nombre5], and [Nombre6] was also received (folios 30-32). The witnesses claim to have known the property for more than twenty-five years. Witness [Nombre4] stated he has known the farm for forty years; that the property is currently possessed by Mr. [Nombre7], that previously it belonged to the Los [Nombre3] partnership ([Nombre8], [Nombre9] and [Nombre3]), and he stated the land was dedicated to cattle grazing. For his part, witness [Nombre5] indicated that he has known the farm for thirty years; that previously it belonged to the Los [Nombre3] partnership (composed of Messrs. [Nombre8], [Nombre9] and [Nombre3]) and that for the past year and two months it has belonged to the petitioner; he stated the land is dedicated to cattle; and witness [Nombre6] testified to knowing the land for twenty-five years and that it belonged to a partnership of Los [Nombre3] (composed of the siblings [Nombre8], [Nombre9] and [Nombre3]) and later to the petitioner, who obtained it by purchase from the [Nombre3] siblings about a year and a little bit ago, and that the land is dedicated to pasture. The appellant states that since there are statements by the petitioner himself in the initial brief, as well as in the survey plan provided in the record and the testimony of the deed of transfer, that the nature of the property to be registered is forested (mountain land), it is not possible to title it. This Court deems that the mention of the existence of an area of mountain land on the property, which was stated by the petitioner in his initial brief, drawn on the cadastral survey plan serving as the basis for these proceedings, and recorded in the deed of transfer, cannot be inferred from, nor does it demonstrate, the existence of forested areas under the technical terms defined by the Ley Forestal No. 7575. As can be extracted from the judicial inspection report itself at folio 66, the lower court recorded that the land is dedicated to pastureland and a small area of thicket (tacotal), a term that is inappropriate to equate to forest (bosque), since it can be deduced from the aforementioned report that this small area of the land is in a process of natural recovery. In addition to this, it must be considered that the proceeding has a series of technical criteria provided by legally competent professionals, who assist the judge in determining the existence or not of forests and of what class, according to the technical definitions in the Ley Forestal No. 7575. In this case, from the assessment of the cited testimonies and the soil study in the record, it is possible to deduce that no forest exists on the land as claimed by the appellant, but rather an area of thicket and improved pastures. The soil study shows that 15 percent of the land is thicket, and 85 percent is improved pastures, without any presence of forest being recorded. The appellant is incorrect in her argument, and it is therefore not possible to consider that the property is covered by forested areas belonging to the State's natural heritage. Regarding the definition of secondary forest, given that the appellant has sought to equate it to the area of thicket existing on the property to be titled, the National Forest Certification Commission of Costa Rica defines secondary forest as “... that land with woody vegetation of a secondary successional character that develops once the original vegetation was eliminated by human activities or natural phenomena; with a minimum area of 0.5 ha and a density of no less than 500 trees per hectare of all species." (CNCF 1999, Comisión Nacional de Certificación Forestal. 1999. Standards and procedures for sustainable management and forest certification in Costa Rica. San José, Costa Rica. 54 p.) Likewise, the concept of Thicket (Tacotal) is "dense thicket" and should not be understood as a forest. The Ley Forestal No. 7575 defines forest as follows: "Native or autochthonous ecosystem, whether intervened or not, regenerated by natural succession or other forestry techniques, occupying an area of two or more hectares characterized by the presence of mature trees of different ages, species, and varied size, with one or more canopies covering more than 70% of that area and where there are more than sixty trees per hectare of fifteen or more centimeters in diameter measured at breast height." In this case, no area on the property satisfies those requirements. For its part, the Ley de Informaciones Posesorias, in its Article seven, indicates that properties located outside of protected wilderness areas and with forests may be titled if the petitioner proves to be the holder of the legal rights of ten-year possession and to have protected the resource, without differentiating whether they are secondary or primary forests. Starting from these definitions and the technical study by INTA visible at folios 4 and 5, to declare this type of vegetation as demanial property or forest would be to fail to apply the legislation correctly, nor would it incentivize that type of forest-regenerating activity. This activity is necessary for carbon sequestration in the atmosphere and thus for environmental measures against global warming, activities beneficial to the environment, so it would be incoherent to penalize possessors who carry out this type of forest-regenerating activity by denying them the issuance of their title deed. Apart from that, from what was shown by the testimonial declarations, the judicial inspection, and the soil certification, it is evident that a conservationist attitude exists on the part of the petitioner, since they did not declare having witnessed logging, elimination of trees, or burning, and the protection zones have been cared for. According to the foregoing, the opinion expressed by the state representative is not shared, that the land, by being under natural regeneration, forms part of the State's natural heritage, because in accordance with Article 856 of the Civil Code, the property is suitable for acquisition by adverse possession. Therefore, in accordance with Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, this Court deems that the evidence provided indeed credited the exercise of the required legal possession over the property, with ten years prior to the date on which this proceeding was initiated, and the land subject to these proceedings is suitable for adverse possession as it is located outside any protected wilderness area, whatever its management category, and possessory acts of conservation of natural resources have been exercised. (On this matter, Vote No. 51 at 15:15 on May 26, 1995, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice may be consulted). **IV-** Regarding the grievance that the testimony of the witnesses does not demonstrate the ten-year possession, the appellant is also incorrect. Even though she does not specifically indicate the reason why she considers them incapable of crediting the ten-year possession, from the study of what each one testified, it is concluded that the three witnesses are consistent in describing a chain of possession that proves possession has been exercised uninterruptedly by the petitioner and his transferor, and that they have known the land for twenty-five years, and they also are not aware of the existence of possessory conflicts arising from the possession exercised over the land, and therefore this grievance is rejected. **V.-** In view of the foregoing, regarding the appealed matter, the decision of the Lower Court must be confirmed.- **THEREFORE:** The judgment, as appealed, is confirmed. [Nombre10] [Nombre11] [Nombre12] **FILE:** EXPN1 **POSSESSORY INFORMATION** **PETITIONER:** [Nombre1] D+G+V It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 08:38:44.