Res. 01205-2010 Tribunal Agrario — Titling of private forested lands through possessory information proceedingsTitulación de terrenos privados con bosque mediante información posesoria

Grande
Normal
Pequeña
Tribunal Agrario

Resolución Nº 01205 - 2010

Fecha de la Resolución: 21 de Diciembre del 2010 a las 14:40

Expediente: 04-100862-0297-CI

Redactado por: María Rosa Castro García

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Deber de demostrar posesión decenal anterior a la declaratoria del terreno como zona forestal protegida.
Temas (descriptores): Patrimonio forestal
Subtemas:
Normativa aplicable para el cómputo de la posesión decenal de los particulares aplicable en proceso de información posesoria.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

 

VOTO Nº 1205 -F-10

TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las catorce horas cuarenta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil diez .-

            INFORMACIÓN POSESORIA, promovida por [Nombre1]   , mayor, casado una vez, agricultor, vecino de San Vicente de Ciudad Quesada, San Carlos, cédula de identidad número CED1 -     -     . Intervienen en el proceso, la PROCURADUR Í A GENERAL DE LA REP Ú BLICA, representada por Lydiana Rodríguez Paniagua, de calidades desconocidas en autos, en su condición de procuradora adjunta, y e l INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, cédula jurídica CED2 -    -          - , representado por [Nombre2]   , mayor, casado una vez, ingeniero agrónomo, vecino de Heredia, cédula de identidad número CED3 -     -    , en su condición de gerente general con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma . Tramitada ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela. Actúa como abogado director del titulante, el licenciado Carlos Manuel Arroyo Rojas , de calidades desconocidas en autos.-

RESULTANDO:

            1.- El promovente  plantea proceso de información posesoria con el fin de que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la finca que describe así: “ Terreno de agricultura y bosque, sito en [Dirección1]  , del cantón décimo SAN CARLOS, de la Provincia de ALAJUELA, linda actualmente: [Dirección2] [Nombre1]   , [Dirección3]  , este [Nombre3]   Y SERVIDUMBRE DE PASO y al oeste con [Nombre4]   , [Nombre1]   , [Nombre5]   Y SERVIDUMBRE DE PASO. Que dichos linderos son actuales y verdaderos.  Mide UNA HECTÁREA SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS METROS SESENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS, según plano catastrado número A - SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA - DOS MIL UNO ” , (folio 10 ).-   

2.- La Procuraduría General de la República y e l Instituto de Desarrollo Agrario, se apersonaron al proceso en los términos visibles de folios 43 a 45, 71, 86, 126 a 128, 153 a 156  y 5 2 ; respectivamente, sin manifestar ambos su oposición a las presentes diligencias.-

            3.- El licenciado Federico Villalobos Chacón , juez del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, mediante sentencia de las dieciséis horas del cinco de octubre del dos mil diez , resolvió: “ POR TANTO: Con fundamento en lo expuesto, se aprueba la presente diligencia de Información Posesoria que ha sido tramitada conforme con la Ley de Informaciones Posesorias número 139 del catorce de julio de mil novecientos cuarenta y uno y sus reformas y la Ley de Jurisdicción Agraria 6734 del veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y dos, y  sus reformas, mediante la cual se tuvo como partes a la Procuraduría General de la República y al Instituto de Desarrollo Agrario. En consecuencia, libre de gravámenes, condueños, cargas reales y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, proceda al Registro Público, Sección Propiedad, a inscribir a nombre de [Nombre1]   , mayor, casado una vez, agricultor, vecino de San Vicente de Ciudad Quesada, [Dirección4]      , cédula de identidad número CED4 -     -    ; el terreno que se describe así: NATURALEZA: Terreno de agricultura y bosque: SITUACIÓN: En San Vicente, [Dirección5]  ,   San Carlos de la provincia de Alajuela; MIDE : una hectárea siete mil doscientos cuarenta y seis metros  con sesenta y siete decímetros cuadrados, según plano catastrado A-717180-2001; LINDEROS; al norte: [Nombre1]   , [Dirección6],  , este: [Nombre3]   y oeste: [Nombre4]   , [Nombre1]    y [Nombre5]  ; ESTIMACIÓN: el fundo en la suma de un  millón de colones y las presentes diligencias en la suma de cincuenta mil colones. El terreno quedará afectado a las restricciones y reservas de La Ley General de Caminos Públicos y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 inciso b de la Ley Forestal, número 7575, el área contigua al río Peje con que colinda la propiedad por el rumbo sur, se declara área de protección, siendo esta de quince metros medida horizontalmente a ambos lados en la rivera del río, si el terreno es plano  y de cincuenta metros horizontales si el terreno es quebrado; constituyendo zona protegida y por lo tanto queda sujetas a las restricciones legales que señala el artículo 34 de la Ley supracitada. El cauce y las aguas de éste río, son y serán de dominio público, según lo determinan los artículos 1 y 3 de la Ley de Aguas. La propiedad tendrá un plazo  de convalidación ante terceros, por tres años a partir de la inscripción. El edicto relativo a este trámite, salió publicado en el Boletín Judicial número doscientos treinta del día veintisiete de noviembre del dos mil ocho. ”, (folios 1 62 vuelto y 163 ).-

4.- La licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de Procuradora Adjunta, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (folios 1 67 y 168 ).-

5. En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.

            Redacta la jueza Castro García; y,

CONSIDERANDO:

            I.  Se comparte el elenco de hechos probados por tener buen sustento en los autos. De igual naturaleza se incluyen los siguientes: 12) La finca objeto de este proceso se dedica a agricultura y la conservación de bosques,  y se ha protegido el recurso forestal,  y de los suelos por parte del promovente y esta debidamente deslindado ( ver declaraciones testimoniales de [Nombre6]    a folio 60, [Nombre5]    a folio 60 y 61 y [Nombre7]   a folio 65, reconocimiento judicial a folio 78 y 121, estudio de suelos a folio 23 a 34).

            II.   La apelación es interpuesta por la licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua en su carácter de Procuradora Adjunta ( folio 167 a 168). Se muestra disconforme con la sentencia  de las 16:00 horas del 5 de octubre del 2010 donde se aprobaron las diligencias de información posesoria (folio 161). Expone como agravios los siguientes: Consta en las manifestaciones del promovente en su escrito inicial, el reconocimiento judicial, el plano, prueba testimonial, certificado de uso de suelo y la resolución impugnada, que  el terreno tiene una naturaleza boscosa, y el mismo por ubicarse en reservas nacionales están afectados a régimen de dominio público, patrimonio natural del Estado, desde la Ley Forestal 4465 de 1969, artículo 33, reformada por la Ley Forestal 7174 de 1990 (artículos 32 y 33) y de carácter demanial que mantiene la Ley 7575, (artículos 13 y 14). Argumenta,  aún y cuando la Ley permite titular inmuebles fuera de las áreas silvestres protegidas, si el promovente demuestra sus legítimos derechos de posesión decenal, con las demás condiciones exigidas al efecto, haber protegido el recurso y tener el inmueble debidamente deslindado, debe considerarse la declaratoria de dominio público forestal antes dicha. Cita voto de la Sala Constitucional voto 4587-97 que menciona los bosques solo podrán titularse si la usucapión se consolidó antes de ingresar por Ley a Patrimonio Natural de Estado y el plazo de la usucapión apta debe haber transcurrido antes de antes haberse producido la afectación, además esgrime los terrenos de bosques tienen una afectación inmediata por Ley a dominio público. Además argumenta que la declaración de los testigos no demuestran la posesión decenal apta para usucapir en cabeza del promovente.

            III. Respecto al tema de la titulación de áreas boscosas mediante el trámite de información posesoria, este Tribunal ha resuelto: " Relacionado con lo expuesto por la representación estatal, vinculada con el patrimonial forestal del estado, resulta oportuno hacer una breve referencia sobre el tema.  Para ello, es oportuno citar el voto Nº51 de las 15 horas 15 minutos del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el cual en lo que interesa indica: " IX.- El patrimonio forestal del Estado incluye a todo el territorio nacional (artículos 4, 32 al 42), el cual a su vez se puede subdividir en tres áreas: A) La comprendida por el régimen forestal (artículos l, 2, 7, 47 a 54, 66 al 81) B) Los aprovechamientos forestales en terrenos de propiedad privada (artículos 43 al 46, 60 al 65, 82 al 91); y C) las reservas nacionales (artículos 32 y siguientes). Por su parte el régimen forestal -constituido por el conjunto de disposiciones de carácter jurídico, económico y técnico, encargado de darle un contenido a la conservación, protección y racional aprovechamiento de los bosques y terrenos forestales (artículo 7)- tiene también tres subáreas: A) zonas protectoras, B) parques nacionales, reservas forestales y biológicas y C) bosques y terrenos forestales. X.- Con el nombre de reservas nacionales se identifica, a partir de la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 del 14 de octubre de l961, todas aquellas tierras denominadas por el Código Fiscal de l865, y luego por la misma Ley Nº l3 del 19 de enero de l939 (Colección de Leyes y Decretos, l939, I semestre, p. l0), como baldíos nacionales. Se trata de los inmuebles no sometidos a propiedad privada, no inscritos en el Registro Público de la Propiedad, en los términos de los artículos 267 y 486 del Código Civil (ver lo resuelto por la Corte Plena, en recurso de inconstitucionalidad de [Nombre8]   contra la Ley de Tierras y Colonización, respecto de las normas de demasías, acordado en sesión extraordinaria del 25 de noviembre de l971). Estas tierras difieren de las tierras de dominio privado inscritas a nombre del Estado o de sus Instituciones, y se encuentran constituidas como remanente de las dos anteriores. Originalmente, en la época de la Colonia, no fueron destinadas al servicio o uso público. Siguiendo los lineamientos del Código Civil la Ley General de Baldíos Nacionales Nº l3 del l0 de enero de l939 las declaró pertenecientes al Estado, dentro de los límites de la República, y que no hubieren sido adquiridos en propiedad mediante título legítimo por particulares (vgr. por usucapión), ni estuvieran inscritas en el Registro Público a nombre de ninguna persona -privada o pública-, ni destinadas al servicio público. La Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 del l4 de octubre de l961 mantuvo la misma orientación, solo que amplió las declaradas, por la anterior ley, como inalienables (Artículo 7). En general esas reservas han tenido límites para poseerlas, así como límites -en cuanto a la superficie- para ser inscritas por medio de informaciones posesorias. En un principio su administración fue confiada a la Sección de Tierras y Colonias, del Departamento de Crédito Rural, Tierras y Colonias del Banco de Costa Rica, luego pasó al Instituto de Tierras y Colonización, y al entrar en vigencia la Ley Forestal Nº 4465 se concedió la administración del patrimonio forestal del Estado a la Dirección General Forestal creada en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy la Dirección General Forestal forma parte del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (artículos 9 al 16). Todas las tierras consideradas como reservas nacionales quedan afectas en forma inmediata a los fines de la normativa forestal (artículos 32). Sobre ellas puede el Estado crear -por Ley o por Decreto Ejecutivo- reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre y reservas biológicas, conformando así el patrimonio forestal (artículo 35). Para poder ser colonizadas o enajenadas se requiere autorización legislativa (artículo 40), y aún cuando fueren poseídas por terceros éstos no adquieren ningún derecho, siendo imprescriptible el derecho del Estado para reivindicar (artículo 33). Tienen las reservas nacionales una detallada regulación dentro del Capítulo "Del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos del Estado y demás organismos de la administración pública". Estos aprovechamientos en las reservas nacionales solo podrán practicarse por concesión otorgadas por la Dirección General Forestal (artículo 55 y 56). Las licitaciones se tramitarán de acuerdo a planes técnicos de manejo forestal, sujetos al cartel confeccionado por la Dirección (artículo 55 inciso a), otorgando garantía suficiente los concesionarios (artículo 56). Ninguna persona puede obtener concesiones del patrimonio forestal en cantidades superiores a las necesidades de materia prima que demuestre requerir. Son nulas las autorizaciones que se obtengan directamente o por medio de personas interpuestas, en contra de lo indicado (artículo 59). XI.- En una posición diametralmente opuesta a la de las reservas nacionales se encuentra la de la propiedad privada, denominada en la ley como "Del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos de propiedad privada". Estas tierras, por intereses de orden social, forman parte del patrimonio forestal del Estado. Esto es así porque los privados -funcionando bajo cualquier sistema (empresa agrícola o ganadera, para parcelación o colonización, tratándose de nacionales o extranjeros)- si dentro de sus planes de trabajo está la explotación forestal o la eliminación del bosque, en cualquier forma, deberán necesariamente obtener aprobación expresa de la Dirección General Forestal, en los términos de la Ley Forestal y del reglamento a la misma (artículo 60). Por ello el patrimonio forestal del Estado es aplicable a todos los bienes nacionales donde existan recursos naturales forestales. Para poder explotar sus propios recursos maderables los privados deben elaborar planes técnicos forestales, y la dirección les otorgará concesiones a largo plazo (artículo 6l). Lo anterior implica un sometimiento voluntario al régimen forestal. Esta es una presunción legal pues resulta ser la única alternativa del privado quien se encuentra impedido para talar árboles, aprovechar o explotar los productos forestales, dentro de su mismo bien, si previamente no hay autorización de la Dirección General Forestal (artículo 63 y 65). Para estos efectos el Estado otorga una serie de incentivos para el manejo y reglamentación de los bosques y terrenos forestales de dominio particular, especialmente a través de los Certificados de Abono Forestal (artículos 82 al 86) y otros incentivos fiscales (artículo 87). Como la Dirección General Forestal debe contar con personal capacitado, guardabosques, y mantiene relaciones con las autoridades, ésta le brindará a los propietarios toda la colaboración necesaria para mantenerlos libres de invasiones y ocupantes (artículo 67)..." De lo anterior se desprende, el patrimonio forestal del Estado, se trata de los inmuebles no sometidos a propiedad privada, no inscritos en el Registro Público de la Propiedad, en los términos de los artículos 267 y 486 del Código Civil, según la referencia que se hace sobre lo indicado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  Frente a este patrimonio, se encuentra también la propiedad privada. La cual a lo largo de la evolución de la legislación forestal se concedió la oportunidad a poseedores de fundos, que ya habían consolidado su derecho de propiedad por usucapión a titularlos.  Esa posibilidad se da a través del cumplimiento de los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias, y por ello se autoriza de manera expresa a titular terrenos ubicados en áreas silvestres protegidas cualquiera que sea su categoría de manejo a obtener título inscribible en el Registro Público, al comprobar el titulante de una posesión de más de 10 años antes de la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se cree tal área silvestre (artículo 1 y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias). ( voto 100-F-09 del Tribunal Agrario).

            IV. El agravio de la representación estatal radica en estimar, al tratarse de una zona con cobertura boscosa no es apta para usucapir por ser parte del patrimonio forestal del Estado.  Estas diligencias se formulan con la finalidad de inscribir en el Registro Público de la Propiedad el inmueble  ubicado en [Dirección7]      San Carlos de la provincia de Alajuela,  mide una hectárea 7256.67 metros cuadrados, según plano A-717180-2001,  (escrito inicial folio 10  y plano a folio 2). Dicho bien no es parte de área silvestre protegida, conforme se indica en la certificación emitida por Sistema Nacional de Áreas de Conservación aportada como prueba (folio 4).  En el estudio de suelos que consta en autos se indica, se ha ejercido el uso conforme al suelo; en las recomendaciones expresa que debe mantenerse la cobertura forestal existente, y en las observaciones se recomendó que en el sector identificado como V correspondiente a un 16.%7 del área, debe darse un adecuado manejo de la actividad agrícola (folios 23). El Juzgado practicó un reconocimiento judicial del inmueble, en donde se corroboró la existencia de bosques con especies forestales autóctonas, cultivos y los deslindes correspondientes ( folio 78 a 80 y  121).  Los testigos son contestes en afirmar que en el fundo existen bosques que son resguardados  y no se permite la caza ( declaraciones a folios 60 a 61 y 65), además de que la posesión ha sido ejercida en forma quieta, pública, pacífica,  sin interrupción,  y que los vecinos conocen a la promovente como dueño. Sobre la acreditación de la posesión decenal, el testigo [Nombre6]    ( folio 60) manifestó que que conoce el terreno desde hacia 60 años y que en la actualidad el dueño es el promovente , a quien se lo dio su padre [Nombre9] ,. quien lo tuvo muchos años. El testigo [Nombre5]   quien indicó tener la edad de 75 años ( folio 60) manifestó  conocer el terreno desde que era pequeño y el padre del titulante [Nombre9] , quien lo poseyó muchos años, se lo donó. Por su parte el testigo [Nombre7]   ( folio 65) depuso conocer el fundo desde hacia 25 años y que era de [Nombre1]  y que sabía lo había adquirido por herencia de su padre.   De las declaraciones se desprende que el titulante ha ejercido la posesión decenal sobre el fundo,  mediante  actos de posesión tendientes a la conservación de los recursos naturales y explotación agrícola, según se desprende de todas las pruebas testimoniales, certificados de uso de suelo y reconocimiento judicial. Se acredita que el inmueble se encuentra debidamente deslindado. La apelante expresa que existe bosque en el fundo, lo cual es verdadero. Considera esta Sede,  de lo arrojado por las esas declaraciones testimoniales citadas, el reconocimiento judicial y la certificación de suelos se denota que existe una actitud conservacionista por el promovente que ha logrado mantener bosques primarios y áreas de protección con cobertura vegetal suficiente. No se comparte lo señalado por la representante estatal, cuando agravia que el terreno al estar destinado a bosque forma parte del Patrimonio Natural del Estado, porque de conformidad con el artículo 856 del Código Civil, el fundo es apto para adquirir por usucapión, acorde con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, que permite la titulación de áreas cubiertas con bosques, siempre y cuando sea acreditado que se han protegido los recursos naturales. Estima el Tribunal que efectivamente fue probado con la prueba aportada, el ejercicio de la posesión legal por parte de la titulante exigida sobre el fundo, con diez años de antelación a la fecha en la que se promovieron estas diligencias, haber ejercido en el terreno objeto de las presentes diligencias, actos posesorios acorde con la naturaleza forestal y ambiental del fundo, y al estar fuera de áreas silvestres protegidas, demostrarse la cadena de transmisión posesoria y cumplirse con todos los requisitos de Ley, en lo apelado, deberá confirmarse lo resuelto. Ademas de rechazarse el agravio de la recurrente sobre la falta de demostración por parte de los testigos de la posesión decenal del promovente.  

POR TANTO:

            Se confirma la sentencia en lo que ha sido objeto de apelación.

 

[Nombre10]  

 

 

ANDREA RUÍZ RAMÍREZ           WALTER ÁVILA QUIRÓS

EXPEDIENTE: EXPN1

INFORMACION POSESORIA

PROMOVENTE [Nombre1]  

[Nombre11]

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:17:21.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

VOTE Nº 1205 -F-10

AGRARIAN TRIBUNAL OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Goicoechea, at fourteen hours forty minutes on December twenty-first, two thousand ten.-

            POSSESSORY INFORMATION, promoted by [Nombre1], of legal age, married once, farmer, resident of San Vicente de Ciudad Quesada, San Carlos, identity card number CED1 -     -     . Appearing in the proceeding are the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC, represented by Lydiana Rodríguez Paniagua, whose qualifications are unknown in the case file, in her capacity as deputy attorney general, and the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, legal identification number CED2 -    -          - , represented by [Nombre2], of legal age, married once, agricultural engineer, resident of Heredia, identity card number CED3 -     -    , in his capacity as general manager with powers as unlimited general agent without limit of sum. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela. Acting as directing attorney for the applicant is licensed attorney Carlos Manuel Arroyo Rojas, whose qualifications are unknown in the case file.-

WHEREAS:

            1.- The applicant files a possessory information proceeding for the purpose of registering in his name in the Public Property Registry the property described as follows: “Agricultural and forest land, located at [Dirección1], of the tenth canton SAN CARLOS, of the Province of ALAJUELA, currently bounded: [Dirección2] [Nombre1], [Dirección3], east [Nombre3] AND RIGHT-OF-WAY and west with [Nombre4], [Nombre1], [Nombre5] AND RIGHT-OF-WAY. That said boundaries are current and true. Measuring ONE HECTARE SEVEN THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY-SIX SQUARE METERS AND SIXTY-SEVEN SQUARE DECIMETERS, according to cadastral plan number A - SEVEN HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND ONE HUNDRED EIGHTY - TWO THOUSAND ONE”, (folio 10).-   

2.- The Office of the Attorney General of the Republic and the Instituto de Desarrollo Agrario appeared in the proceeding in the terms visible on folios 43 to 45, 71, 86, 126 to 128, 153 to 156 and 5 2; respectively, without either expressing their opposition to these proceedings.-

            3.- Licensed attorney Federico Villalobos Chacón, judge of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, by judgment of sixteen hours on October five, two thousand ten, resolved: “THEREFORE: Based on the foregoing, these Possessory Information proceedings are approved, having been processed in accordance with Law of Possessory Information number 139 of July fourteen, nineteen forty-one and its amendments and the Agrarian Jurisdiction Law 6734 of March twenty-nine, nineteen eighty-two, and its amendments, by which the Office of the Attorney General of the Republic and the Instituto de Desarrollo Agrario were considered as parties. Consequently, free of encumbrances, co-owners, real charges, and without prejudice to third parties with better right, proceed to the Public Registry, Property Section, to register in the name of [Nombre1], of legal age, married once, farmer, resident of San Vicente de Ciudad Quesada, [Dirección4], identity card number CED4 -     -    ; the land described as follows: NATURE: Agricultural and forest land: LOCATION: In San Vicente, [Dirección5], San Carlos of the province of Alajuela; MEASURES: one hectare seven thousand two hundred forty-six square meters with sixty-seven square decimeters, according to cadastral plan A-717180-2001; BOUNDARIES; north: [Nombre1], [Dirección6], east: [Nombre3] and west: [Nombre4], [Nombre1] and [Nombre5]; ESTIMATION: the property at the sum of one million colones and these proceedings at the sum of fifty thousand colones. The land shall be subject to the restrictions and reservations of the General Public Roads Law and based on the provisions of Article 33 subsection b of the Forestry Law, number 7575, the area contiguous to the Peje River which borders the property to the south is declared a protection area, being fifteen meters measured horizontally on both sides of the riverbank if the land is flat and fifty horizontal meters if the land is broken; constituting a protected zone and therefore subject to the legal restrictions indicated in Article 34 of the aforementioned Law. The riverbed and waters of this river are and shall be of public domain, as determined by Articles 1 and 3 of the Water Law. The property shall have a term of validation against third parties of three years from the registration. The edict relating to this proceeding was published in the Judicial Bulletin number two hundred thirty of November twenty-seven, two thousand eight.”, (folios 1 62 reverse and 163).-

4.- Licensed attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as Deputy Attorney General, filed an appeal with an express indication of the reasons for which she refutes the thesis of the trial court, (folios 1 67 and 168).-

5. In the substantiation of the proceeding, the legal prescriptions have been observed, and the existence of errors or omissions in the ruling capable of causing its nullity is not noted.

            Judge Castro García writes; and,

WHEREAS:

            I. The list of proven facts is shared as having good support in the case file. The following are included as being of the same nature: 12) The property subject to this proceeding is dedicated to agriculture and forest conservation, and the forest and soil resources have been protected by the applicant and it is duly demarcated (see testimonial statements of [Nombre6] at folio 60, [Nombre5] at folio 60 and 61 and [Nombre7] at folio 65, judicial inspection at folio 78 and 121, soil study at folio 23 to 34).

            II. The appeal is filed by licensed attorney Lydiana Rodríguez Paniagua in her capacity as Deputy Attorney General (folio 167 to 168). She disagrees with the judgment of 16:00 hours on October 5, 2010, where the possessory information proceedings were approved (folio 161). She sets forth the following grievances: It is recorded in the applicant's statements in his initial brief, the judicial inspection, the plan, testimonial evidence, land-use certificate, and the appealed resolution that the land has a forested nature, and because it is located in national reserves, it is subject to the public domain regime, natural heritage of the State, since the Forestry Law 4465 of 1969, Article 33, amended by the Forestry Law 7174 of 1990 (Articles 32 and 33) and of a demanial character maintained by Law 7575 (Articles 13 and 14). She argues that even though the Law allows titling properties outside of protected wilderness areas if the applicant demonstrates his legitimate rights of decennial possession, with the other conditions required for that purpose, having protected the resource and having the property duly demarcated, the aforementioned declaration of public forest domain must be considered. She cites Constitutional Chamber vote 4587-97, which mentions that forests may only be titled if the usucapion was consolidated before entering by Law into the Natural Heritage of the State and the term of the eligible usucapion must have elapsed before the encumbrance occurred; furthermore, she argues that forest lands have an immediate encumbrance by Law to public domain. She further argues that the witnesses' declarations do not demonstrate the eligible decennial possession for usucapion in the applicant's head.

            III. Regarding the issue of titling forested areas through the possessory information procedure, this Tribunal has resolved: "Related to what was stated by the state representation, linked to the forest heritage of the state, it is appropriate to make a brief reference on the subject. For this, it is opportune to cite vote No. 51 of 15 hours 15 minutes on May 26, 1995, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, which in pertinent part states: 'IX.- The forest heritage of the State includes the entire national territory (Articles 4, 32 to 42), which in turn can be subdivided into three areas: A) That comprised by the forestry regime (Articles l, 2, 7, 47 to 54, 66 to 81) B) Forest harvests on privately owned lands (Articles 43 to 46, 60 to 65, 82 to 91); and C) the national reserves (Articles 32 and following). In turn, the forestry regime—constituted by the set of provisions of a legal, economic, and technical nature, responsible for giving content to the conservation, protection, and rational exploitation of forests and forest lands (Article 7)—also has three sub-areas: A) protective zones, B) national parks, forest and biological reserves, and C) forests and forest lands. X.- With the name national reserves, all those lands called by the Fiscal Code of 1865, and later by the same Law No. 13 of January 19, 1939 (Collection of Laws and Decrees, 1939, I semester, p. 10), as national vacant lands are identified, starting from the Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961. These are properties not subject to private property, not registered in the Public Property Registry, in the terms of Articles 267 and 486 of the Civil Code (see what was resolved by the Full Court, in the unconstitutionality appeal of [Nombre8] against the Land and Colonization Law, regarding the rules on excess lands, agreed upon in an extraordinary session on November 25, 1971). These lands differ from the privately owned lands registered in the name of the State or its Institutions, and they are constituted as a remnant of the two previous ones. Originally, during the Colonial era, they were not destined for public service or use. Following the guidelines of the Civil Code, the General Law of National Vacant Lands No. 13 of January 10, 1939, declared them belonging to the State, within the limits of the Republic, and which had not been acquired in ownership through legitimate title by private individuals (e.g., by usucapion), nor were registered in the Public Registry in the name of any person—private or public—nor destined for public service. The Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961, maintained the same orientation, only expanding those declared by the previous law as inalienable (Article 7). In general, these reserves had limits for possessing them, as well as limits—in terms of surface area—for being registered through possessory information. Initially, their administration was entrusted to the Lands and Colonies Section of the Department of Rural Credit, Lands and Colonies of the Bank of Costa Rica, then it passed to the Institute of Lands and Colonization, and upon the entry into force of the Forestry Law No. 4465, the administration of the forest heritage of the State was granted to the General Forestry Directorate created within the Ministry of Agriculture and Livestock. Today, the General Forestry Directorate is part of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines (Articles 9 to 16). All lands considered as national reserves are immediately affected for the purposes of forest regulations (Article 32). Over them, the State may create—by Law or by Executive Decree—forest reserves, protective zones, national parks, wildlife refuges, and biological reserves, thus forming the forest heritage (Article 35). To be colonized or alienated, legislative authorization is required (Article 40), and even if possessed by third parties, these acquire no right, with the State's right to reivindicate being imprescriptible (Article 33). National reserves have a detailed regulation within the Chapter "On the exploitation of the forest resource on lands of the State and other public administration bodies." These harvests in national reserves may only be practiced by concession granted by the General Forestry Directorate (Articles 55 and 56). The tenders shall be processed according to technical forest management plans, subject to the terms of reference prepared by the Directorate (Article 55 subsection a), with the concessionaires providing sufficient guarantee (Article 56). No person may obtain concessions from the forest heritage in quantities exceeding the raw material needs they demonstrate requiring. Authorizations obtained directly or through intermediary persons, contrary to what is indicated, are null (Article 59). XI.- In a position diametrically opposed to that of the national reserves is that of private property, denominated in the law as "On the exploitation of the forest resource on privately owned lands." These lands, for reasons of social interest, form part of the forest heritage of the State. This is so because private individuals—operating under any system (agricultural or livestock enterprise, for parceling or colonization, whether nationals or foreigners)—if their work plans include forest exploitation or the elimination of the forest, in any form, must necessarily obtain express approval from the General Forestry Directorate, under the terms of the Forestry Law and its regulation (Article 60). Therefore, the forest heritage of the State is applicable to all national assets where forest natural resources exist. In order to exploit their own timber resources, private individuals must prepare technical forest plans, and the Directorate shall grant them long-term concessions (Article 61). The foregoing implies a voluntary submission to the forestry regime. This is a legal presumption as it proves to be the only alternative for the private individual who is prevented from felling trees, exploiting or harvesting forest products within their own property, if there is no prior authorization from the General Forestry Directorate (Articles 63 and 65). For these purposes, the State grants a series of incentives for the management and regulation of forests and forest lands of private domain, especially through Forest Credit Certificates (Articles 82 to 86) and other fiscal incentives (Article 87). As the General Forestry Directorate must have trained personnel, forest rangers, and maintains relations with the authorities, it shall provide all necessary collaboration to the owners to keep them free from invasions and occupiers (Article 67)...' From the foregoing, it follows that the forest heritage of the State consists of properties not subject to private property, not registered in the Public Property Registry, under the terms of Articles 267 and 486 of the Civil Code, according to the reference made to what was indicated by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. Alongside this heritage, there is also private property. Throughout the evolution of forestry legislation, the opportunity was granted to possessors of properties who had already consolidated their right of ownership by usucapion to title them. This possibility occurs through the fulfillment of the requirements of the Law of Possessory Information, and for this reason, it is expressly authorized to title lands located in protected wilderness areas, whatever their management category, to obtain a title registrable in the Public Registry, upon the applicant proving possession of more than 10 years before the effective date of the law or decree in which such wilderness area was created (Articles 1 and 7 of the Law of Possessory Information). (vote 100-F-09 of the Agrarian Tribunal).

            IV. The grievance of the state representation lies in considering that, since it is an area with forest cover (cobertura boscosa), it is not eligible for usucapion because it is part of the forest heritage of the State. These proceedings are formulated for the purpose of registering in the Public Property Registry the property located in [Dirección7] San Carlos of the province of Alajuela, measuring one hectare 7256.67 square meters, according to plan A-717180-2001, (initial brief folio 10 and plan at folio 2). Said property is not part of a protected wilderness area, as indicated in the certification issued by the National System of Conservation Areas provided as evidence (folio 4). In the soil study contained in the case file, it is indicated that the use has been exercised in accordance with the land; in the recommendations, it states that the existing forest cover (cobertura forestal) must be maintained, and in the observations, it was recommended that in the sector identified as V, corresponding to 16.7% of the area, proper management of the agricultural activity should be done (folios 23). The Court conducted a judicial inspection of the property, where the existence of forests with native forest species, crops, and the corresponding boundaries was corroborated (folio 78 to 80 and 121). The witnesses are in agreement in affirming that there are forests on the property that are safeguarded and hunting is not permitted (declarations at folios 60 to 61 and 65), in addition to the fact that possession has been exercised quietly, publicly, peacefully, without interruption, and that the neighbors know the applicant as owner. Regarding the proof of decennial possession, the witness [Nombre6] (folio 60) stated that he has known the land for 60 years and that currently the owner is the applicant, to whom his father [Nombre9] gave it, who had it for many years. The witness [Nombre5], who indicated being 75 years of age (folio 60), stated that he has known the land since he was a child and the applicant's father [Nombre9], who possessed it for many years, donated it to him. For his part, the witness [Nombre7] (folio 65) testified that he has known the property for about 25 years and that it belonged to [Nombre1] and that he knew he had acquired it by inheritance from his father. From the declarations, it is evident that the applicant has exercised decennial possession over the property, through acts of possession aimed at the conservation of natural resources and agricultural exploitation, as deduced from all the testimonial evidence, land-use certificates, and judicial inspection. It is proven that the property is duly demarcated. The appellant states that there is forest on the property, which is true. This Court considers, from what was yielded by those cited testimonial declarations, the judicial inspection, and the land certification, that a conservationist attitude is evident on the part of the applicant, who has managed to maintain primary forests and protection areas with sufficient vegetation cover. The point made by the state representative is not shared, when she grieves that the land, being destined for forest, forms part of the Natural Heritage of the State, because in accordance with Article 856 of the Civil Code, the property is eligible for acquisition by usucapion, in accordance with Article 7 of the Law of Possessory Information, which allows the titling of areas covered with forests, provided that it is proven that the natural resources have been protected. The Tribunal considers that the exercise of legal possession by the applicant required over the property was effectively proven with the evidence provided, with ten years prior to the date on which these proceedings were initiated, having exercised on the land subject to these proceedings possessory acts in accordance with the forest and environmental nature of the property, and being outside of protected wilderness areas, the chain of possessory transmission was demonstrated, and all the requirements of the Law were met; in what was appealed, the decision shall be confirmed. In addition, the grievance of the appellant regarding the lack of demonstration by the witnesses of the applicant's decennial possession is rejected.  

THEREFORE:

            The judgment is confirmed in what has been the object of appeal.

 

[Nombre10]  

 

 

ANDREA RUÍZ RAMÍREZ           WALTER ÁVILA QUIRÓS

EXPEDIENTE: EXPN1

INFORMACION POSESORIA

APPLICANT [Nombre1]  

[Nombre11]

 

 

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 08:17:21.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República