Res. 00043-2011 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI — Intermittent springs are protected — Art. 149 Water Law and TAA precautionary measureNacientes intermitentes sí están protegidas — Art. 149 Ley de Aguas y medida cautelar TAA

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI

Resolución Nº 00043 - 2011

Fecha de la Resolución: 17 de Febrero del 2011 a las 14:20

Expediente: 10-000344-1027-CA

Redactado por: Judith Reyes Castillo

Clase de asunto: Proceso de conocimiento declarado de puro derecho

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias en igual sentido


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Ambiental

Tema: Patrimonio natural

Subtemas:

Limitaciones a la propiedad privada en protección del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado incluye recurso hídrico y mantos acuíferos.
Existencia de disposición normativa que protege las nacientes intermitentes y análisis sobre el carácter de temporalidad de las medidas cautelares.

Tema: Medidas cautelares en el procedimiento administrativo

Subtemas:

Limitaciones a la propiedad privada en protección del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado incluye recurso hídrico y mantos acuíferos.
Existencia de disposición normativa clara y específica con respecto a las nacientes intermitentes y análisis sobre su carácter de temporalidad.

Tema: Limitaciones a la propiedad

Subtemas:

Establecidas a la propiedad privada fundamentadas en la protección de intereses ecológicos y ambientales.
Análisis sobre la procedencia y temporalidad de medidas cautelares con base al régimen jurídico de protección a las nacientes intermitentes.

Tema: Aguas

Subtemas:

Limitaciones a la propiedad privada en protección del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado incluye recurso hídrico y mantos acuíferos.
Existencia de disposición normativa que protege las nacientes intermitentes y análisis sobre el carácter de temporalidad de las medidas cautelares.

Tema: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado

Subtemas:

Análisis con respecto al patrimonio natural del estado.
Régimen jurídico que protege a las nacientes intermitentes y análisis con respecto al carácter de temporalidad de las medidas cautelares.

“IV.- Sobre las limitaciones al derecho de propiedad en protección del ambiente. Generalidades. Considera este órgano colegiado que, previo al examen de legalidad de las conductas administrativas cuya nulidad se reclama, es necesario referirse, de modo general, al Patrimonio Natural del Estado, como un bien demanial. En ese sentido, debe señalarse que mediante la resolución No. 0063-2009, dictada por esta Sección, a las 16 horas del 19 de enero de 2009, se indicó en lo que interesa para el dictado de esta sentencia, lo siguiente:

"(...) Reconocimiento constitucional del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En Costa Rica, el reconocimiento y tutela en el Derecho de la Constitución del citado derecho fundamental no tiene como punto de partida la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, dispuesta por Ley número 7412 del tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Lo anterior toda vez que ya que desde la promulgación del texto constitucional en el año 1949, la voluntad del Constituyente fue clara al establecer en el artículo 89, que: “Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico”; lo cual, se complementa con la tajante declaración contenida en el artículo 21, en el sentido de que en nuestro país, “La vida humana es inviolable”. La integración de lo dispuesto en ambos artículos implica, que la necesidad de preservar el medio ambiente –aunque en esa época el Constituyente utilizara el término de bellezas naturales-, trasciende una finalidad de carácter meramente cultural, para convertirse en una necesidad vital de todo ser humano, pues constituye un presupuesto esencial para hacer efectivos otros derechos fundamentales como lo son: la vida, la salud y el desarrollo. (véanse en ese sentido, las sentencias número 1993-03705 de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres; 1993-06240 de las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres; 1993-04423 de las doce horas del siete de diciembre de mil novecientos noventa y tres, 1994-02485 de las nueve horas dieciocho minutos del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, todas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). (...) El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales...” (sentencia No. 1999-00644 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 11:24 horas once horas del 29 de enero de 1999). En ese sentido, “...La acción que la Constitución Política impone al Estado frente a los focos de contaminación ambiental es multidireccional y definitivamente activa, absolutamente intolerante frente a situaciones que amenazan o afectan las condiciones ambientales óptimas que están garantizadas por ella misma a los habitantes. Desde esta perspectiva no es permitido a la autoridades públicas hacer concesiones o conceder prórrogas para que se continúe afectando el medio ambiente, aún y cuando ello se haga con miras a traer beneficios económicos a una zona geográfica determinada...” (sentencia No. 1999-05906 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las 16:15 horas del 28 de julio de 1999). Ese deber constitucional del Estado de velar por la protección, defensa y preservación del medio ambiente, se desarrolla y manifiesta, entre otras, en las siguientes normas: artículos 1, 2.a. 2.c, 2 párrafo último, 3, 12, 28, 32, 34, 37, 56, 59, 78, 83, 103 a 112 de la Ley Orgánica del Ambiente; artículos 1, 2, 9.4, 12, 22 a 30, 45, 49, 54, 86, 88 de la Ley de Biodiversidad; 3, 4, 6, 7, 15, 34, 122 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 1, 2, 5, 6, 13, 37, 54 de la Ley Forestal; 5, 6, 7, 11, 21, 29 a 33, 37 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 13.a ,13.o del Código Municipal; 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; 1, 2 de la Ley General de Salud; 1, 2, 17, 175, 176 de la Ley de Aguas; 15,18, 19, 51, 56, 58.5, Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana. Ahora bien, ese deber no sólo se circunscribe al Estado en su conjunto, sino también a los sujetos de derecho privado, quienes tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero también, a garantizarlo, preservarlo y defenderlo, tal y como se desprende, entre otros, de los artículos 1 párrafo primero, 2.a, 6, 22, 23, 99, de la Ley Orgánica del Ambiente; 10.2, 10.13, 11.4, 88 95, 101, 105 de la Ley de Biodiversidad; 15, 28 a 30, 36 a 38, 51 53, 62 a 64, 83, 88 a 121 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 57 a 66 de la ley Forestal; 37, 40, 41 a 45, 51 a 53 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 14 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; como también, de las sentencias número 1999-02219 de las quince horas dieciocho minutos del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve; 1999-05906 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las dieciséis horas quince minutos del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve, entre otras. (...) En ese sentido, dentro del grupo de los mecanismos de tutela de índole procesal, cabe resaltar tres ejemplos: 1) La legitimación amplia que le otorga a toda persona el párrafo segundo del artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 105 de la Ley de Biodiversidad, para denunciar tanto en vía administrativa como jurisdiccional, las conductas que infrinjan el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y para reclamar el daño causado. (...). 2) Un sistema de medidas cautelares innominado y de ser necesario, de naturaleza anticipada (artículos 108 de la Ley de Biodiversidad, 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 19 a 30 del Código Procesal Contencioso Administrativo). 3) La aplicación de los principios rectores en materia ambiental, a saber: in dubio pro natura, preventivo y precautorio, como medios para garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por ende, para evitar que su existencia esté restringida al plano semántico de la realidad jurídica (ver artículos 4.c, 17 y 34 de la Ley Orgánica del Ambiente, 11 incisos 1 y 2 , 92 de la Ley de Biodiversidad, principio 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río y entre otras, la sentencia número 1999-01250 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las once horas veinticuatro minutos del diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve). En ese sentido, el operador del derecho siempre deberá tomar en consideración que “...cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente...”. (...) En ese sentido, “...no es posible que el Estado ejecute o autorice la ejecución de proyectos sobre los cuales existe duda en cuanto al impacto negativo que puedan generar al ambiente.(...)”.

En lo que se refiere a la protección de las aguas, la Sala Constitucional en el Voto N° 2009-2019 de las catorce horas y cincuenta y cinco minutos del once de febrero del dos mil nueve, apuntó lo siguiente:

“(...) V.- ACERCA DE LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. La Ley Orgánica del Ambiente -Ley No. 7554 del 4 de octubre de 1995-, establece en el numeral 50 que el agua es de dominio público y su conservación y uso sostenible son de interés social. De igual forma, ese mismo cuerpo normativo dispone, en el artículo 51, los siguientes criterios que deben de observarse para la conservación y el uso sostenible del agua: “(…) a) Proteger, conservar y, en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que intervienen en el ciclo hidrológico. b) Proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico. c) Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes de las cuencas hidrográficas”. Criterios que, según la propia ley, deben seguirse para el otorgamiento de concesiones y permisos para el aprovechamiento de cualquier componente del régimen hídrico (artículo 52 Ibíd.). Asimismo, cabe señalar que, respecto a la necesaria protección del recurso del agua, este Tribunal Constitucional, con redacción del Magistrado ponente, en el Voto No. 1923-04 de las 14:55 hrs. del 25 de febrero del 2004, indicó, en lo conducente: / “(…) Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, enuncia el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual se logra, entre otros factores, a través de la protección y conservación de la calidad y cantidad del agua para consumo y uso humano y para mantener el equilibrio ecológico en los hábitats de la flora y la fauna (v. gr. humedales) y, en general, de la biosfera como patrimonio común de la humanidad. Del mismo modo, el acceso al agua potable asegura los derechos a la vida –“sin agua no hay vida posible” afirma la Carta del Agua aprobada por el Consejo de Europa en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968-, a la salud de las personas –indispensable para su alimento, bebida e higiene- (artículo 21 de la Constitución Política) y, desde luego, está asociado al desarrollo y crecimiento socio-económico de los pueblos para asegurarle a cada individuo un bienestar y una calidad de vida dignos (artículo 33 de la Constitución Política y 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos). (…)”. / Igualmente, en esa oportunidad, esta Sala, en lo tocante al tema de las aguas superficiales y subterráneas, señaló lo siguiente: / “(…) Frente a las aguas denominadas superficiales, en cuanto discurren sobre la corteza terrestre, y pueden ser objeto de aprovechamientos comunes o especiales, se encuentran las subterráneas. Las aguas subterráneas son aquellas que se encuentran bajo la superficie terrestre ocupando los espacios vacíos en el suelo o las rocas, su fuente más importante lo son las precipitaciones pluviales que se infiltran en el suelo. El suelo, por su parte, está compuesto por dos niveles que son los siguientes: a) Superior o zona de aireación, en el cual los espacios vacíos están ocupados por el aire y el agua infiltrada que desciende por gravedad y b) otro debajo de éste denominado zona de saturación, en la que los espacios vacíos están llenos de agua que se mueve lentamente y cuyo nivel superior se denomina tabla de agua, nivel hidrostático o freático. Las aguas incluidas en los espacios porosos de la zona de saturación, en formaciones geológicas, se denominan mantos acuíferos o de aguas subterráneas. El gradiente hidráulico es la diferencia de altitud entre dos puntos de la misma tabla de agua –nivel freático-, en relación con su distancia horizontal, la velocidad de movimiento de las aguas subterráneas depende, en esencia, del gradiente hidráulico. (…) A diferencia de la contaminación de las aguas superficiales que suele ser patente y visible, lo que permite tomar acciones ambientales tendentes a mitigarla o erradicarla, la de las aguas subterráneas, por su propia naturaleza, suele pasar inadvertida y se hace evidente cuando ha alcanzado grandes proporciones. Los mantos acuíferos por la lenta circulación de las aguas, la capacidad de absorción del terreno y otros factores, pueden tardar mucho tiempo en mostrar la contaminación. Adicionalmente, el gran volumen de las aguas contenido hace que las contaminaciones extensas tarden un lapso prolongado en manifestarse o bien cuando se trata de contaminaciones localizadas se detectan cuando fluyen en algún sitio de explotación. Ciertamente, este tipo de aguas tienen una resistencia a contaminarse, sin embargo cuando esta se produce su regeneración puede ser extraordinariamente lenta y en ocasiones es irreversible por el alto costo de los medios para hacerlo. Está demostrado que los intentos para reparar el daño producido por contaminación a un acuífero para lograr, de nuevo, niveles de potabilidad del agua no han tenido éxito, las tecnologías para su limpieza han contribuido poco a reducir el daño y los métodos son económicamente muy elevados. A lo anterior debe agregarse la falta de infraestructura organizacional, recursos materiales, financieros y humanos, en este último caso, debidamente capacitados para evaluar, medir y, en general, monitorear la calidad de esta agua y la dimensión exacta de su contaminación. La degradación y contaminación de los mantos acuíferos le impone al legislador y a las administraciones públicas la tarea urgente e impostergable de protegerlos (…)”.

El derecho fundamental de todo ciudadano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado -artículo 50 Constitucional- exige que el ejercicio de la propiedad esté en función de los principios constitucionales consagrados en la Constitución Política, de manera que la Asamblea Legislativa goza de competencias para imponer a la propiedad limitaciones de interés social (artículo 45 Constitución Política). En el mismo sentido, se observa que la utilidad social de los bienes (función social) es insuficiente para lograr los propósitos de los nuevos valores que impregnan la sociedad, por ello es necesario proteger los intereses ecológicos y ambientales. La función social es el fundamento del esquema dogmático, la base jurídica a partir de la cual, la función ecológica transforma el derecho de propiedad en un derecho al uso limitado del propio bien de forma que no lesiones el medio ambiente. En consecuencia, el derecho de propiedad, como derecho subjetivo, no es irrestricto ni absoluto, por el contrario entraña un conjunto de derechos y deberes, facultades y obligaciones para su titular, las cuales vienen siendo moldeados por la legislación, atendiendo a la naturaleza de los bienes sobre los cuales recaiga y a los principios y valores del Ordenamiento Jurídico en su integralidad. De seguido, se procede con el análisis de los argumentos de fondo presentados por las partes en litigio.

V.- Sobre el caso concreto. La parte actora alega que el artículo 33 de la Ley Forestal establece el parámetro legislativo de cien metros a la redonda para la protección de las nacientes permanentes, pero no es aplicable a su caso ya que fue demostrado que en su propiedad sólo existen nacientes intermitentes, lo que implica que la resolución N° 908-09-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo donde se impuso la medida cautelar, es nula porque carece del fundamento legal de los sesenta metros a la redonda. Considera que se ha violado su derecho de propiedad privada, porque el Tribunal Ambiental Administrativo legisló al crear una categoría nueva de protección que no está en la ley. Además reprocha, que se ha tardado más de cinco años en resolver el asunto y durante todo ese tiempo le han impuesto una medida cautelar nula. Los argumentos no son de recibo y se rechazan. En autos se demostró que el Tribunal Ambiental Administrativo modificó la medida cautelar impuesta a la parte actora desde marzo de 2006 (hecho probado número 3), por medio de la resolución número 908-09-TAA de las ocho horas con quince minutos del dicisiete de agosto de 2009, que en lo conducente dispuso:

“(...) UNICO: Se procede a modificar parcialmente la medida cautelar modificada mediante resolución N°1213-07-TAA del 13 de noviembre del 2007, en el sentido de autorizar la continuación de las actividades propias del desarrollo de una urbanización (siempre que cuenten con los permisos correspondientes, incluyendo la Viabilidad Ambiental, otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental SETENA) excepto en los 60 metros de protección de las nacientes intermitentes. Asimismo se le recuerda a los señores denunciados, el deber de respetar el área de protección de la quebrada, establecida en el artículo 33 de la Ley Forestal (...)”. (Hecho probado número 15)

Estima éste Tribunal que la aludida resolución del Tribunal Ambiental Administrativo número 908-09-TAA, se ajusta a derecho por las razones que de seguido se explican. a) Sí existe amparo legal dentro del Ordenamiento Jurídico de protección para las nacientes intermitentes: En primer lugar, se debe aclarar que el Ordenamiento Jurídico Costarricense, va más allá de un simple conjunto de normas escritas, por el contrario es un complejo sistema en el que también se integran las normas no escritas (costumbre, principios, jurisprudencia), reglas técnicas y científicas –citando solo algunas- para solvertar cualquier laguna que surja en la resolución de un caso particular, así se desprende de los numerales 6, 7 y 8 de la Ley General de la Administración Pública. Dado que las normas escritas la mayoría de las veces, resultan insuficientes y por eso, no sería aceptable que el operdador jurídico se limite única y exclusivamente a la aplicación de los presupuestos normativos. En lo que atañe al Derecho Ambiental, ya se indicó previamente en el Considerando IV de este fallo, que la propiedad privada está sujeta a una serie de limitaciones en protección del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, dentro de lo que se incluye la protección del recurso hídrico y los mantos acuíferos, siendo que la Sala Constitucional se ha encargado de realizar un amplio desarrollo jurisprudencial de la materia. En el caso concreto, resulta claro que el Ordenamiento Jurídico Costarricense sí protege las nacientes intermitentes, entre otros elementos con una disposición normativa clara y específica, a saber: el artículo 149 de la Ley de Aguas que dice:

“Se prohibe destruir, tanto en los bosques nacionales como en los de particulares, los árboles situados a menos de sesenta metros de los manantiales que nazcan en los cerros, o a menos de cincuenta metros de los que nazcan en terrenos planos”. (Énfasis añadido).

El término de manantial se define en el Diccionario de la Real Academia Española como: “Nacimiento de las aguas” (tomado del sitio web: www.rae.es), con lo que se alude directamente a las nacientes, sin hacer distinción en el carácter temporal o permanente de las mismas. En otro caso similar, pero resuelto por la Sala Constitucional con el voto número 2010-8315 de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del siete de mayo de dos mil diez, se declararon conformes a derecho las medidas adoptadas por la Administración Pública para proteger unas nacientes intermitentes, incluyendo el radio de sesenta metros de protección del artículo 149 de la Ley de Aguas. En lo conducente se estableció:

“(...) VI.- De las pruebas aportadas a los autos se tiene que antes de otorgar la viabilidad ambiental, se tomaron una serie de actos para analizar y proteger las nacientes ubicadas en la finca donde se va a realizar la construcción del relleno sanitario; así como la intervención de varias instituciones. El Tribunal Ambiental Administrativo mediante resolución número 704-08 TAA del cuatro de agosto de dos mil ocho, ordenó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y al Departamento de Aguas realizar inspección del sitio en época lluviosa a efecto de determinar la presencia o no de nacientes, ya que cuando el Tribunal realizó la inspección en fecha cuatro de abril de dos mil ocho, no encontró nacientes. El veintiuno de julio de dos mil nueve, el Tribunal Ambiental realiza nuevamente una inspección y constata que los puntos estaban secos. El Departamento de Aguas realizó una inspección en fecha veintiséis de noviembre de dos mil nueve y se constató que en el área del relleno habían tres puntos con agua y en principio se consideraron nacientes de carácter intermitente. De las tres nacientes intermitentes encontradas, la empresa (...) se comprometió a respetar los sesenta metros de radio de protección que se establece en el artículo 149 de la Ley de Aguas (...) Hasta este momento, considera esta Sala que las actuaciones desplegadas por la autoridad recurrida en el caso concreto, ha estado ajustadas a derecho (...)”. (El subrayado es nuestro).

De lo anterior, resulta claro que las nacientes intermitentes, como parte del recurso hídrico (mantos acuíferos), son objeto de protección del Ordenamiento Jurídico Costarricense, por considerarse un pieza fundamental e indisoluble de la garantía de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

b) No se acreditó la violación al derecho de propiedad del actor: Se reitera que conforme lo indicado en el Considerando IV de esta sentencia, el derecho de propiedad no es absoluto ni irrestricto y admite limitaciones establecidas por ley, según las competencias del numeral 45 de la Constitución Política. En el caso de las nacientes intermitentes, existe disposición expresa del legislador de proteger tal recurso hídrico en el numeral 149 de la Ley de Aguas, razón por la cual no se evidencia ningún tipo de perturbación contraria a derecho sobre la propiedad de la parte actora. En lo que respecta a la presente litis, quedó demostrado que en la propiedad del actor existen tres nacientes intermitentes (hecho no controvertido), de ahí que resulte plenamente aplicable la protección dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo, en forma de medida cautelar. Desde este plano, en sede administrativa se acreditó el motivo que justifica la adopción de la medida cautelar, tal y como lo imponen los preceptos 132 y 133 de la Ley General de la Administración Pública. […]

d) Temporalidad de la medida cautelar: se analiza el carácter provisional de la medida cautelar dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo, por cuanto la parte actora reprocha haber sufrido la limitación al disfrute de su propiedad con un acto de carácter temporal desde el 2006 hasta la fecha, sin que se hubiere definido el procedimiento de fondo. Respecto al tema de las medidas cautelares en materia ambiental, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha explicado en el voto N°199-F-S1-2010 de las quince horas treinta minutos del cuatro de febrero de dos mil diez, que:

“(...) El tema de las medidas cautelares ha sido analizado, primordialmente, a partir del proceso jurisdiccional, sin embargo, la Administración Pública, en el ejercicio de sus funciones, y en particular, en relación con los procedimientos administrativos que debe seguir para la emisión de actos administrativos que inciden sobre la esfera jurídica de los particulares (artículo 308 de la Ley General de la Administración Pública), se ubica en una situación similar a la de los órganos jurisdiccionales. Esto es, de cara al procedimiento administrativo, en determinados casos surge la necesidad de evitar que se produzca un daño de imposible o difícil reparación en tanto se adopta la decisión final. Desde esta perspectiva, el marco general de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo, así como sus alcances, características y requisitos, resulta aplicable, mutatis mutandi, en sede administrativa. En esta línea, la Ley General de la Administración Pública prevé la posibilidad de suspender los efectos del acto administrativo, a pesar del principio de ejecutoriedad, cuando su ejecución pueda causar daños de difícil o imposible reparación. No obstante, no debe entenderse que esta es la única medida con que cuenta la Administración. La ausencia de una regulación más amplia del tema no conlleva a que el régimen cautelar se agote en el incidente de suspensión. Por el contrario, dicha facultad es consustancial a la tramitación del procedimiento administrativo, por lo que el órgano competente puede adoptar aquellas medidas que considere oportunas, sin que por ello vulnere el principio de legalidad. Se trata de una potestad implícita, habilitada por la regulación de los fines públicos (los cuales siempre se derivan del ordenamiento jurídico) cuya consecución busca el respectivo procedimiento administrativo del cual pende, y a los cuales se encuentra supeditado. En materia ambiental, esta habilitación se ve reforzada en tanto se reconoce el derecho fundamental de toda persona a un “ambiente sano y ecológicamente equilibrado” y concomitantemente, el deber constitucional del Estado de “garantizar, defender y preservar ese derecho” (ordinal 50 de la Carta Magna). Ahora bien, la medida cautelar puede ser conceptualizada como aquella decisión del juez o del órgano administrativo, según el caso, en donde se dispone una protección, necesaria, idónea y temporal a un derecho, interés (el cual puede ser incluso difuso) o situación jurídica a efectos de evitar un daño de imposible o difícil reparación que incida o pueda incidir en el objeto del proceso o procedimiento o en la ejecución de la resolución final. Esta puede ser adoptada durante la tramitación del proceso o procedimiento, o bien con anterioridad, a condición de que se interponga el principal. Ahora bien, en cuanto a los principios que le son aplicables, y en lo que interesa para el caso concreto, es necesario referirse a los de instrumentalidad y provisionalidad. En cuanto al primero, calificado también como accesoriedad, se refiere a la función indicada de garantizar la efectividad –que no necesariamente ejecución- de la decisión final que se adopte. Así, la medida cautelar se encuentra vinculada y supeditada al procedimiento principal (de ahí que se haga la distinción entre proceso cautelar y principal), de forma tal que esta, sólo puede ser dictada con motivo de aquél. Adquiere, en consecuencia, una posición vicarial, al servicio del procedimiento principal. De igual forma, en caso de que el procedimiento finalice por cualquier otra causa, o bien, que no se interponga, la medida adoptada no puede subsistir, por lo que se da su decaimiento. La provisionalidad, por su parte, se refiere a la eficacia temporal de la medida cautelar. En este sentido, la resolución final viene a extinguir y/o sustituir la previsión adoptada en forma interlocutoria. (...)”. (Énfasis añadido).

El actor reprocha que la medida cautelar dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo y modificada parcialmente con la resolución N°908-09-TAA vulnera el principio de provisionalidad, ya que se ha mantenido aproximadamente cinco años sin que se haya dictado el acto final del procedimiento. En la especie, se acredita que el Tribunal Ambiental Administrativo inició un procedimiento contra el actor y otros, ante la denuncia planteada por los vecinos de la localidad por la tala de árboles cercanos a tres nacientes (hecho probado número 2). Dentro del indicado procedimiento, se dictó una medida cautelar en marzo de 2006 en protección de las tres nacientes ubicadas en propiedad del actor (hecho probado número 3), medida que ha sido modificada dos veces (hechos probados números 7 y 15). El Tribunal Ambiental Administrativo informó a este Despacho en oficio N° 586-10-TAA del 5 de julio de 2010 que: “(...) En este momento estamos nuevamente citando vía resolución a todas las partes a una Audiencia Oral y Privada, la misma por razones de agenda se encuentra programada para el mes de Agosto, cuya finalidad es poder lograr llegar (sic) a un acuerdo de conciliación por parte de los denunciantes y denunciados, y una vez finalizada dicho acto (sic) este Despacho tiene plazo de dos meses para el dictado del acto final (...)”. (Hecho probado número 16). Tal y como se ha indicado, las medidas cautelares se dan en función de un procedimiento principal que en el caso concreto, se tramita en el Tribunal Ambiental Administrativo por la tala de árboles cercanos a las nacientes intermitentes, sin que conste en autos el dictado del acto final. Valga aclarar, que dentro de éste juicio, no se incluyó como objeto procesal ningún aspecto relacionado con el trámite del procedimiento administrativo seguido contra el actor, de ahí que deba omitir del ánalisis. Lo revisado hasta ahora, permite a éste Tribunal tener por justificada la medida cautelar dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo, por los siguientes motivos: a) la medida cautelar se dictó dentro de un procedimiento administrativo que aún no tiene acto final dictado; b) se funda en una serie de criterios técnicos que demuestran la existencia y necesidad de protección de las tres nacientes intermitentes en propiedad del actor; c) no se han aportado elementos probatorios que demuestren que el plazo de la medida cautelar no sea razonable, desproporcionado o arbitrario, toda vez que se protege el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por ello se observa que se han realizado una serie de inspeciones en distintas épocas del año y por diferentes especialistas, con el fin de constatar la existencia de peligro para el medio ambiente, lo que justifica su mantenimiento en el tiempo. Lo indicado, lleva a considerar que, pese haber transcurrido aproximadamente cinco años desde que se dictó la medida cautelar original por resolución N° 582-06-TAA del 22 de marzo de 2006, ésta ha sido modificada parcialmente en dos ocasiones para permitir el disfrute del derecho de propiedad del actor, pero con protección a las nacientes intermitentes. De tal manera que la resolución N°908-09-TAA de agosto del 2009, único objeto de revisión en este proceso, apenas contaba con seis meses de emitida al momento de presentarse la demandada que aquí se atiende el 2 de febrero de 2010. Con este corto lapso, no es posible tener por configurado un abuso al principio de provisionalidad de la medida cautelar, ya que la única resolución atacada es la segunda modificación parcial, siendo que también se observa en autos el suficiente respaldo técnico para mantener la medida desde su origen en el 2006. Pese a que en el presente caso, no se verifica el quebranto al principio de provisionalidad de la medida cautelar, urge que sin tardanza el Tribunal Ambiental Administrativo tramite el procedimiento principal y dicte el acto final dentro de un plazo razonable y con ajuste a derecho, dado que el atraso injustificado produciría responsabilidad de la Administración y eventualmente de los funcionarios encargados del asunto en lo personal.”

 

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Expediente: 10-000344-01027-CA

Asunto: PROCESO DE CONOCIMIENTO DECLARADO DE PURO DERECHO

Actor: Nombre141147  

Demandado: El Estado

VOTO No. 43-2011-SVI

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEXTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las catorce horas veinte minutos del diecisiete de febrero del dos mil once.-

Proceso de conocimiento declarado de puro derecho establecido por Nombre141147    portador de la cédula de identidad número CED42223, contra EL ESTADO, representado por la licenciada Heilyn Saénz Calderón, portadora de la cédula de identidad número CED17241, en su condición de Procuradora adjunta (folio 56 del expediente judicial).

RESULTANDO

1.- En fecha 2 de febrero del 2010, Nombre141147    formula la demanda que ha dado origen al presente proceso para que en sentencia se disponga, las siguientes pretensiones que fueron ratificadas en audiencia preliminar: "Nulidad absoluta de la resolución 908-09-TAA de ocho horas quince minutos del diecisiete de agosto del año dos mil nueve, dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo, porque no se demostró en el procedimiento administrativo la existencia de algún recurso hídrico que ameritara protección, lo cual en su criterio ha limitado injustificadamente su derecho de propiedad. / Indemnización de daños y perjuicios, por considerar que a raíz de la medida cautelar administrativa se desmejoró el valor comercial del inmueble, se afectó su imagen comercial y el lucro cesante derivado de la imposibilidad de vender los lotes afectados por la medida cautelar." (Folios 130 a 132 del expediente principal).

2.- Otorgado el traslado de ley, la representación de la parte accionada contestó de manera negativa. Opuso la defensa de falta de derecho. (Folios 90 a 102 del expediente principal).

3.- La audiencia preliminar establecida en el ordinal 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que se encuentra grabada en el sistema digital de este Despacho, fue celebrada a partir de las 9 horas del 3 de noviembre del 2010, con la asistencia de ambas partes. Al no existir prueba que evacuar, el presente asunto fue declarado como de puro derecho y se rindieron conclusiones, siendo que ese acto la demandada opuso la defensa de falta de legitimación ad causam activa por ser revisable de oficio. El expediente respectivo fue remitido a este órgano colegiado para la emisión del fallo pertinente en fecha 27 de enero del 2011, según consta en el sello visible a folio 132 del expediente judicial.

4.- En los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas y la sentencia se dicta dentro del plazo de quince días hábiles establecido al efecto por el artículo 82.4 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda.

Redacta la Jueza Reyes Castillo con el voto afirmativo de los juzgadores Garita Navarro y Campos Hidalgo;

CONSIDERANDO:

I.- Hechos probados. De relevancia para efectos del presente proceso se tienen los siguientes: 1). Que los señores Nombre141147    y Nombre141148  , son propietarios de la finca número 6009981, derechos 001 y 002, situada en el cantón de Buenos Aires de la provincia de Puntarenas, en la que se desarrolla el proyecto conjunto residencial Mi Hogar (folio 15 del expediente judicial y planos de las segregaciones aportados en el legajo de pruebas de la medida cautelar del 29 de junio de 2010). 2). Que el 20 de junio de 2005 el Tribunal Ambiental Administrativo recibe denuncia por las supuestas afectaciones ambientales ocasionadas con la tala de árboles ubicados en la zona de protección de una naciente permanente, por el desarrollo de la Urbanizanización Mi Hogar y le asigna el número de expediente 211-05-TAA. (Hecho no controvertido). 3). Que mediante resolución número 582-06-TAA de las once horas diez minutos del 22 de marzo de 2006, el Tribunal Ambiental Administrativo dictó la medida cautelar de abstención y paralización de cualquier actividad, obra o proyecto a fin de evitar daños de díficil e imposible reparación en el medio ambiente y los recursos naturales de la zona, sita en Dirección2870   detrás de la Urbanización Mi Hogar, por la supuesta existencia de tres nacientes (folios 143 a 146 del expediente administrativo, tomo I). 4) Que en el oficio número IMN-DA-1644-06 del 20 de junio de 2006 del Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, informa al Tribunal Ambiental Administrativo que en el oficio IMN-DA-2444-04 de ese mismo órgano, se indicó que en la propiedad en conflicto (se refiere a la misma revisada en este proceso), existen tres nacimientos de agua y que son de carácter permanente. Sin embargo, siendo que las inspecciones se efectuaron en temporada lluviosa, se consideró pertinente que se repita una inspección entre los meses de febrero y marzo. En cuanto a los daños significativos, se observó “que algunas de las viviendas de dicha urbanización lanzan sus aguas servidas y de lluvia a uno de los cauces que drenan uno de los nacimientos”. (Folios 173 a 174 del expediente administrativo, tomo I). 5) Que en el oficio número SRBA-383-06 del 20 de setiembre de 2006 emitido por el Área de Conservación La Amistad-Pacífico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía se deja constancia de la inspección realizada a la urbanización Mi Hogar y en lo medular señala: “(...) se logró determinar que efectivamente se habían cortado dos árboles de gallinazo, en áreas de protección de una naciente permanente, uno tenía un diámetro de 39 centímetros y se ubica a una distancia 12 de (sic) metros de la naciente, mientras que el otro, tenía un diámetro de 47 centímetros y se encuentra a una distancia de 16.40 metros de la naciente. / La corta de árboles fue realizada para continuar con el proyecto, que de acuerdo a informantes, fue aprobado en el año de 1989 por parte de la Municipalidad de Buenos Aires. Estos árboles, se encuentran dentro del derecho de vía de los caminos a construir contemplados en el proyecto (...)”. (Folios 244 y 245 del expediente administrativo, tomo I). 6) Que mediante oficio número IMN-DA-1171-07 del 17 de mayo de 2007 del Departamento de Aguas del Instituto Meteorológico Nacional del Ministerio de Ambiente y Energía se indica que “(...) Se visitaron las tres nacientes de cuyas ubicaciones ya se le indicó al Tribunal Ambiental Administrativo en el oficio IMN-DA-2444-05, siendo que todas tenían agua, se debe tomar en cuanta (sic) que en la zona de Buenos Aires ya había llovido en los días anteriores a la inspección. (...) el compañero Nombre141149  él (sic) realizó inspección en el mes de abril encontrando que todas las fuentes estaban secas y que únicamente se encontró el afloramiento de un flujo base a unos 70 metros aguas abajo en la naciente 3. / (...) En conclusión efectivamente existen las nacientes indicadas en el oficio IMN-DA-2444-05, las cuales de acuerdo a lo indicado por el compañero Nombre141149  se secan, situación que de ser así esto les daría un carácter de fuentes de agua intermitentes (...)”. (Folio 412 del tomo II del expediente administrativo). 7) Que en la resolución N° 1213-07-TAA de las ocho horas quince minutos del trece de noviembre de dos mil siete, dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo, se dispuso: “(...) Que visto que el 25 de octubre del 2007 se llevó a cabo la diligencia de amojonamiento de la zona de protección de las nacientes de agua en la Urbanización “Mi Hogar” en Dirección17075     , en la provincia de Puntarenas (...) en este acto se procede a modificar parcialmente la medida cautelar impuesta mediante resolución N° 582-06-TAA del 22 de marzo del 2006, (...) se modifica en el sentido de autorizar la continuación de las actividades propias del desarrollo de una urbanización (siempre que cuenten con los permisos correspondientes) excepto en el área de protección de las nacientes amojonadas. Asimismo, se le recuerda a los señores denunciados, el deber de respetar el área de protección de la quebrada, establecida en el artículo 33 de la Ley Forestal (...)”. (Se suprimieron las mayúsculas innecesarias, folios 479 a 486 del expediente judicial, tomo II). 8). Que mediante oficio N°IMN-DA-3121-2007 del 23 del noviembre del 2007, el Departamento de Aguas del Instituto Meteológico Nacional del Ministerio del Ambiental y Energía, indica que: “(...) este Departamento ya ha determinado para varias instancias entre ellas el Tribunal Ambiental Administrativo, la Fiscalía Auxiliar de Buenos Aires, que existen tres nacientes de carácter permanente, esto mediante informe IMN-DA-2445-05, el que se adjunta, en la actualidad se esta (sic) a la espera de efectuar una inspección en la temporada seca (febrero-marzo 2008) para realizar otra inspección (sic), en razón de que se presentó una apelación por parte de los propietarios de la finca donde se encuentran las nacientes, de que las mismas son de carácter intermitente, lo que si esta (sic) en firme es que se trata de nacientes del dominio público (...)”. (Folio 496 del expediente administrativo, tomo II). 9). Que en el oficio N° IMN-DA-3243-2007 del 5 de diciembre de 2007, el Departamento de Aguas del Instituto Meterológico Nacional, Ministerio del Ambiente y Energía indica: “(...) nos consulta cual (sic) es el retiro que se le establecen a las nacientes de agua de carácter intermitente, me permito informarle que en el artículo 33 de la Ley Forestal 7575, se indica el área de protección, y se establece para las nacientes de carácter permanente, referente a el (sic) área de protección para las nacientes de carácter intermitentes es criterio de este Departamento, que se debe aplicar el principio In dubio pro natura en razón de que la Ley Forestal no las incluye, y aplicar lo establecido en el artículo 149 de la Ley de Aguas 276, del 27 de agosto de 1942”. (Folio 604 del expediente administrativo, tomo III). 10). Que en el oficio N° IMN-DA-0981-2008 del 15 de abril de 2008 emitido por el Departamento de Aguas del Instituto Meteológico Nacional del Ministerio de Ambiente y Energía, se aclara “(...) Si bien se indicó en oficio IMN-DA-2444-05, la existencia de 3 nacientes de carácter permanente, lo que se intentaba recalcar es que esta valoración se realizó en plena época lluviosa, de manera que de la valoración realizada por la suscrita el pasado 27 de marzo de los corrientes, se pudo determinar que en los tres puntos donde inicialmente se había establecido la existencia de los tres nacientes no había afloramiento de agua./ Claramente se explica que aguas abajo de estos tres puntos referenciados en el oficio IMN-DA-2444-05, se ubicaron afloramientos difusos de agua, a partir de los cuales por escurrimiento se presenta el flujo en los cauces que conforman las nacientes referidas en el oficio supra indicado./ (...) Con el fin de aclarar lo establecido en el oficio IMN-DA-891-2008, si bien se estableció que en los 3 puntos donde se ubicaron los (sic) nacientes no se estaba presentando afloramiento alguno, Este (sic) Departamento mantiene criterio que sean nacientes permanentes por lo que debe mantenerse el pronunciamiento establecido en oficio IMN-DA-2444-05, hasta no contar con los resultados del Estudio Hidrogeológico”. (Folios 615 y 616 del expediente administrativo, tomo III). 11). Que en la resolución N° 873-08-TAA de las trece horas con dos minutos del veintinueve de setiembre de 2008 el Tribunal Ambiental Administrativo solicitó al denunciado Nombre141147  , la realización de un estudio hidrogeológico en el área denunciada, para ello le concedió el plazo de un mes calendario. (Folios 676 a 687 del expediente administrativo, tomo III). 12). Que en el oficio N° AT-0444-2009 del 19 de marzo de 2009, el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones concluyó que: “En lo referente a la fuente # 1 (naciente denominada # 1), se encuentra seca en su origen, por lo tanto esta fuente se considera de carácter intermitente. A una distancia de diez metros aguas abajo, existe en el cauce un afloramiento en el piso, el cual el (sic) suscrito considera, como flujo base. / Queda claro, que en el sitio existen dos fuentes más (nacientes denominadas # 2 y # 3), que se encuentran secas desde su origen y a lo largo del cauce. Por lo tanto son de carácter intermitente (...)”. (Folios 788 y 789 del expediente administrativo, tomo III). 13). Que el 25 de marzo de 2009, el señor Nombre141147   presentó ante el Tribunal Ambiental Administrativo el estudio geohidrológico realizado por el MSc. Mauricio Vásquez Fernández, que concluye técnicamente lo siguiente: “(...) a nivel local el AP [Área del Proyecto] es atrevesado (sic) por dos drenajes efímeros de escorrentía superficial; que solo tienen agua cuando ocurren fuertes precipitaciones en la zona; debido a las dimensiones del proyecto, por morfología y geología no existen terrazas de inundación. (...) Se concluye que la geoaptitud geológica del AP es favorable para el desarrollo del Proyecto Habitacional ya que entre los atributos técnicos positivos esta la existencia de una pendiente baja; no existe amenaza de inundación y los suelos son adecuados para la cimentación de las obras a profundidades de entre 1,5 y 2,0 m (...)”. (Folios 739 a 786 del expediente administrativo, tomo III). 14). Que mediante oficio IMN-DA-1223-2009 del 21 de abril de 2009 del Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, se remite el informe técnico de la inspección de nacientes y cauces N° AT-0444-2009 del 19 de marzo de 2009, elaborado por el funcionario Nombre141150   del Departamento de Aguas, en el que se concluyó lo siguiente: “En lo referente a la fuente # 1 (naciente denominada # 1), se encuentra seca en su origen, por lo tanto esta fuente se considera de carácter intermitente. A una distancia de diez metros aguas abajo, existe en el cauce un afloramiento en el piso, el cual el (sic) suscrito considera, como flujo base. / Queda claro, que en el sitio existen dos fuentes más (nacientes denominadas # 2 y # 3), que se encuentran secas desde su origen y a lo largo del cauce. Por lo tanto son de carácter intermitente (...)”. (Folios 788 y 790 del expediente administrativo, tomo III). 15). Que dentro del procedimiento arriba indicado, el Tribunal Ambiental Administrativo modificó la medida cautelar impuesta mediante resolución número 908-09-TAA de las ocho horas con quince minutos del diecisiete de agosto de 2009 y en lo conducente se dispuso: “(...) UNICO: (...) Se procede a modificar parcialmente la medida cautelar modificada mediante resolución N°1213-07-TAA del 13 de noviembre del 2007, en el sentido de autorizar la continuación de las actividades propias del desarrollo de una urbanización (siempre que cuenten con los permisos correspondientes, incluyendo la Viabilidad Ambiental, otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental SETENA) excepto en los 60 metros de protección de las nacientes intermitentes. Asimismo se le recuerda a los señores denunciados, el deber de respetar el área de protección de la quebrada, establecida en el artículo 33 de la Ley Forestal (...)”. (Se suprimieron mayúsculas innecesarias. Folios 18 a 31 del expediente judicial y 808 a 821 del expediente administrativo, tomo III). 16). Que en oficio N° 586-10-TAA del 5 de julio de 2010 el Tribunal Ambiental Administrativo informa a este Tribunal que: “(...) la medida cautelar interpuesta por este Despacho al proyecto del señor Nombre141147   y de conformidad con la limitante de los 60 metros de protección de las nacientes, me permito aclararle que la medida, fue aplicada con base a lo establecido en el artículo 149 de la Ley de Aguas, el cual reza: 'Se prohibe destruir, tanto en los bosques nacionales como en los particulares, los árboles situados a menos de sesenta metros de los nacimientos que nazcan en los cerros, o a menos de cincuenta metros de los que nazcan en terrenos planos' Dicha propiedad se encuentra en terreno plano, y ondulado de conformidad con los informes de los técnicos del área de Conservación de ahí dicha limitante. Debo reiterar una vez más que la limitante de los 60 metros no fue establecida en relación al artículo 33 de La Ley Forestal, si mas bien al artículo 149 de la Ley de Aguas, que si protege las nacientes de carácter intermitente como en este caso. / Con respecto al trámite que tiene dicho expediente (...) y la demora en cuanto a la resolución final, es necesario indicar que los informes solicitados por este Despacho demoraron bastante, también es cierto que durante dos resoluciones que este Despacho confeccionó para poder realizar las audiencias de conciliación, las mismas no dieron resulta (sic) alguna ya que las partes no se pusieron de acuerdo. Aunado a ello el expediente original fue enviado a la Sala Constitucional y al Juzgado Penal de Cartago. En este momento estamos nuevamente citando vía resolución a todas las partes a una Audiencia Oral y Privada, la misma por razones de agenda se encuentra programada para el mes de Agosto, cuya finalidad es poder lograr llegar (sic) a un acuerdo de conciliación por parte de los denunciantes y denunciados, y una vez finalizada dicho acto (sic) este Despacho tiene plazo de dos meses para el dictado del acto final (...)”. (Se suprimieron las mayúsculas innecesarias y el resaltado en negrita. Folios 108 a 114 del expediente judicial).

II. Hechos no probados. De relevancia para efectos del presente proceso se tienen los siguientes: 1) Que la medida cautelar dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo en la resolución N° 908-09-TAA de las ocho horas con quince minutos del dicisiete de agosto de 2009, impidera el desarrollo del proyecto habitacional “Mi Hogar”. (No se acredita tal situación en la resolución N° 908-09-TAA ni en el resto de la prueba documental que consta en autos). 2) Que la medida cautelar contenida en la resolución N° 908-09-TAA, ocasionara fuertes pérdidas económicas al actor por la imposibilidad de vender los lotes o porque los vendidos no hubieran obtenido el permiso de construcción extendido por la Municipalidad de Buenos Aires (No se ha comprobado esa circunstancia). 3) Que la medida cautelar contenida en la resolución N° 908-09-TAA, hubiera anulado el valor comercial de la propiedad del actor e hiciera imposible la venta de los lotes (No se ha comprobado esa circunstancia). 4) Que la medida cautelar contenida en la resolución N° 908-09-TAA, hubiera provocado la pérdida de credibilidad comercial del actor ante la población en general, por haber ofrecido en venta lotes que perdieron su valor comercial y que ello se viera reflejado en otras actividades comerciales que le produjeran un deterioro en todos sus negocios. 5) Que el actor incurriera en pérdidas y endeudamiento a causa de haber invertido en la compra de la propiedad y las obras de desarrollo, junto con la pérdida de intereses por los lotes no vendidos y por el costo de oportunidad de éstos (No se ha comprobado esa circunstancia).

III.- Objeto del proceso. Alegatos de las partes. Analizadas las alegaciones y peticiones de las partes involucradas en este conflicto, es claro que el objeto del proceso estriba en determinar la existencia o no de un régimen de protección legal para las nacientes interminentes ubicadas en la propiedad del actor. La parte accionante alega que el artículo 33 de la Ley Forestal establece el parámetro legislativo de 100 metros a la redonda para la protección de la nacientes permanentes. Señala que en autos está demostrado que en su propiedad existen nacientes intermitentes y cita en refuerzo el oficio de Nombre2449 del 30 de marzo de 2009, donde se indica que no hay afloramientos, sino recolección de aguas que corren como caños. Apunta, que igualmente el Departamento de Aguas del MINAET, estableció que no hay nacientes permanentes. Reclama que la resolución impugnada que impuso la medida cautelar (N°908-09-TAA), carece del fundamento legal de los sesenta metros a la redonda y que solo cita el artículo 33 de la Ley Forestal, que no es aplicable al caso. Considera que se ha violado su derecho de propiedad privada, porque el Tribunal Ambiental Administrativo legisló al crear una categoría nueva de protección que no está en la ley. También reprocha, que se ha tardado más de cinco años en resolver el asunto y durante todo ese tiempo le han impuesto una medida cautelar nula. Solicita declarar con lugar la demanda, revocar la medida cautelar impuesta por el Tribunal Ambiental Administrativo y los daños y perjuicios sufridos durante los cinco años que tienen resolviendo el asunto. Por su parte, la demandada indica, que se dio una corta de árboles en un área cercana a tres nacientes intermitentes (informe AT-0444-2009 del Departamento de Aguas). Además, aclara que el Tribunal Ambiental Administrativo dictó un acto formal en el que autorizó la continuación del desarrollo de la urbanización pero protegiendo las nacientes y quebrada, en un área de sesenta metros de protección, acorde con lo establecido en el artículo 149 de la Ley de Aguas. En el caso de la quebrada, el deber de respetar el área se ubica en el artículo 33 de la Ley Forestal. Ofrece las definiciones técnicas de los siguientes términos: naciente o nacimiento, entendido como “el lugar o sitio donde brota un manantial”; manantial es “el nacimiento o fuente de donde brota el agua”. Considera que la conducta administrativa es acorde con el Ordenamiento Jurídico y con el principio constitucional de velar por un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Cita los votos 2004-1923, 2006-18051 y 2006-5606, todos de la Sala Constitucional referidos al carácter demanial de las aguas subterráneas y superficiales del país. Estima que si la propiedad del actor tiene nacientes o manantiales y quebradas, debe protegerlas, según lo establecido en la ley (artículos 149 Ley de Aguas y 33. b Ley Forestal), por cuanto el derecho a la propiedad no es absoluto y puede tener limitaciones, como en el presente caso. Agrega, que es obligación del Estado velar por la protección de los recursos naturales (artículo 50 Ley Orgánica del Ambiente), de ahí que la resolución del Tribunal Ambiental solo aplicó la normativa vigente y debe mantenerse. Solicita se declare sin lugar la demanda y se condene a la actora al pago de ambas costas del proceso.

IV.- Sobre las limitaciones al derecho de propiedad en protección del ambiente. Generalidades. Considera este órgano colegiado que, previo al examen de legalidad de las conductas administrativas cuya nulidad se reclama, es necesario referirse, de modo general, al Patrimonio Natural del Estado, como un bien demanial. En ese sentido, debe señalarse que mediante la resolución No. 0063-2009, dictada por esta Sección, a las 16 horas del 19 de enero de 2009, se indicó en lo que interesa para el dictado de esta sentencia, lo siguiente:

"(...) Reconocimiento constitucional del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En Costa Rica, el reconocimiento y tutela en el Derecho de la Constitución del citado derecho fundamental no tiene como punto de partida la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, dispuesta por Ley número 7412 del tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Lo anterior toda vez que ya que desde la promulgación del texto constitucional en el año 1949, la voluntad del Constituyente fue clara al establecer en el artículo 89, que: “Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico”; lo cual, se complementa con la tajante declaración contenida en el artículo 21, en el sentido de que en nuestro país, “La vida humana es inviolable”. La integración de lo dispuesto en ambos artículos implica, que la necesidad de preservar el medio ambiente –aunque en esa época el Constituyente utilizara el término de bellezas naturales-, trasciende una finalidad de carácter meramente cultural, para convertirse en una necesidad vital de todo ser humano, pues constituye un presupuesto esencial para hacer efectivos otros derechos fundamentales como lo son: la vida, la salud y el desarrollo. (véanse en ese sentido, las sentencias número 1993-03705 de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres; 1993-06240 de las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres; 1993-04423 de las doce horas del siete de diciembre de mil novecientos noventa y tres, 1994-02485 de las nueve horas dieciocho minutos del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, todas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). (...) El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales...” (sentencia No. 1999-00644 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 11:24 horas once horas del 29 de enero de 1999). En ese sentido, “...La acción que la Constitución Política impone al Estado frente a los focos de contaminación ambiental es multidireccional y definitivamente activa, absolutamente intolerante frente a situaciones que amenazan o afectan las condiciones ambientales óptimas que están garantizadas por ella misma a los habitantes. Desde esta perspectiva no es permitido a la autoridades públicas hacer concesiones o conceder prórrogas para que se continúe afectando el medio ambiente, aún y cuando ello se haga con miras a traer beneficios económicos a una zona geográfica determinada...” (sentencia No. 1999-05906 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las 16:15 horas del 28 de julio de 1999). Ese deber constitucional del Estado de velar por la protección, defensa y preservación del medio ambiente, se desarrolla y manifiesta, entre otras, en las siguientes normas: artículos 1, 2.a. 2.c, 2 párrafo último, 3, 12, 28, 32, 34, 37, 56, 59, 78, 83, 103 a 112 de la Ley Orgánica del Ambiente; artículos 1, 2, 9.4, 12, 22 a 30, 45, 49, 54, 86, 88 de la Ley de Biodiversidad; 3, 4, 6, 7, 15, 34, 122 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 1, 2, 5, 6, 13, 37, 54 de la Ley Forestal; 5, 6, 7, 11, 21, 29 a 33, 37 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 13.a ,13.o del Código Municipal; 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; 1, 2 de la Ley General de Salud; 1, 2, 17, 175, 176 de la Ley de Aguas; 15,18, 19, 51, 56, 58.5, Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana. Ahora bien, ese deber no sólo se circunscribe al Estado en su conjunto, sino también a los sujetos de derecho privado, quienes tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero también, a garantizarlo, preservarlo y defenderlo, tal y como se desprende, entre otros, de los artículos 1 párrafo primero, 2.a, 6, 22, 23, 99, de la Ley Orgánica del Ambiente; 10.2, 10.13, 11.4, 88 95, 101, 105 de la Ley de Biodiversidad; 15, 28 a 30, 36 a 38, 51 53, 62 a 64, 83, 88 a 121 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 57 a 66 de la ley Forestal; 37, 40, 41 a 45, 51 a 53 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 14 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; como también, de las sentencias número 1999-02219 de las quince horas dieciocho minutos del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve; 1999-05906 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las dieciséis horas quince minutos del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve, entre otras. (...) En ese sentido, dentro del grupo de los mecanismos de tutela de índole procesal, cabe resaltar tres ejemplos: 1) La legitimación amplia que le otorga a toda persona el párrafo segundo del artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 105 de la Ley de Biodiversidad, para denunciar tanto en vía administrativa como jurisdiccional, las conductas que infrinjan el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y para reclamar el daño causado. (...). 2) Un sistema de medidas cautelares innominado y de ser necesario, de naturaleza anticipada (artículos 108 de la Ley de Biodiversidad, 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 19 a 30 del Código Procesal Contencioso Administrativo). 3) La aplicación de los principios rectores en materia ambiental, a saber: in dubio pro natura, preventivo y precautorio, como medios para garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por ende, para evitar que su existencia esté restringida al plano semántico de la realidad jurídica (ver artículos 4.c, 17 y 34 de la Ley Orgánica del Ambiente, 11 incisos 1 y 2 , 92 de la Ley de Biodiversidad, principio 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río y entre otras, la sentencia número 1999-01250 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las once horas veinticuatro minutos del diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve). En ese sentido, el operador del derecho siempre deberá tomar en consideración que “...cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente...”. (...) En ese sentido, “...no es posible que el Estado ejecute o autorice la ejecución de proyectos sobre los cuales existe duda en cuanto al impacto negativo que puedan generar al ambiente.(...)”.

En lo que se refiere a la protección de las aguas, la Sala Constitucional en el Voto N° 2009-2019 de las catorce horas y cincuenta y cinco minutos del once de febrero del dos mil nueve, apuntó lo siguiente:

“(...) V.- ACERCA DE LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. La Ley Orgánica del Ambiente -Ley No. 7554 del 4 de octubre de 1995-, establece en el numeral 50 que el agua es de dominio público y su conservación y uso sostenible son de interés social. De igual forma, ese mismo cuerpo normativo dispone, en el artículo 51, los siguientes criterios que deben de observarse para la conservación y el uso sostenible del agua: “(…) a) Proteger, conservar y, en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que intervienen en el ciclo hidrológico. b) Proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico. c) Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes de las cuencas hidrográficas”. Criterios que, según la propia ley, deben seguirse para el otorgamiento de concesiones y permisos para el aprovechamiento de cualquier componente del régimen hídrico (artículo 52 Ibíd.). Asimismo, cabe señalar que, respecto a la necesaria protección del recurso del agua, este Tribunal Constitucional, con redacción del Magistrado ponente, en el Voto No. 1923-04 de las 14:55 hrs. del 25 de febrero del 2004, indicó, en lo conducente: / “(…) Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, enuncia el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual se logra, entre otros factores, a través de la protección y conservación de la calidad y cantidad del agua para consumo y uso humano y para mantener el equilibrio ecológico en los hábitats de la flora y la fauna (v. gr. humedales) y, en general, de la biosfera como patrimonio común de la humanidad. Del mismo modo, el acceso al agua potable asegura los derechos a la vida –“sin agua no hay vida posible” afirma la Carta del Agua aprobada por el Consejo de Europa en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968-, a la salud de las personas –indispensable para su alimento, bebida e higiene- (artículo 21 de la Constitución Política) y, desde luego, está asociado al desarrollo y crecimiento socio-económico de los pueblos para asegurarle a cada individuo un bienestar y una calidad de vida dignos (artículo 33 de la Constitución Política y 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos). (…)”. / Igualmente, en esa oportunidad, esta Sala, en lo tocante al tema de las aguas superficiales y subterráneas, señaló lo siguiente: / “(…) Frente a las aguas denominadas superficiales, en cuanto discurren sobre la corteza terrestre, y pueden ser objeto de aprovechamientos comunes o especiales, se encuentran las subterráneas. Las aguas subterráneas son aquellas que se encuentran bajo la superficie terrestre ocupando los espacios vacíos en el suelo o las rocas, su fuente más importante lo son las precipitaciones pluviales que se infiltran en el suelo. El suelo, por su parte, está compuesto por dos niveles que son los siguientes: a) Superior o zona de aireación, en el cual los espacios vacíos están ocupados por el aire y el agua infiltrada que desciende por gravedad y b) otro debajo de éste denominado zona de saturación, en la que los espacios vacíos están llenos de agua que se mueve lentamente y cuyo nivel superior se denomina tabla de agua, nivel hidrostático o freático. Las aguas incluidas en los espacios porosos de la zona de saturación, en formaciones geológicas, se denominan mantos acuíferos o de aguas subterráneas. El gradiente hidráulico es la diferencia de altitud entre dos puntos de la misma tabla de agua –nivel freático-, en relación con su distancia horizontal, la velocidad de movimiento de las aguas subterráneas depende, en esencia, del gradiente hidráulico. (…) A diferencia de la contaminación de las aguas superficiales que suele ser patente y visible, lo que permite tomar acciones ambientales tendentes a mitigarla o erradicarla, la de las aguas subterráneas, por su propia naturaleza, suele pasar inadvertida y se hace evidente cuando ha alcanzado grandes proporciones. Los mantos acuíferos por la lenta circulación de las aguas, la capacidad de absorción del terreno y otros factores, pueden tardar mucho tiempo en mostrar la contaminación. Adicionalmente, el gran volumen de las aguas contenido hace que las contaminaciones extensas tarden un lapso prolongado en manifestarse o bien cuando se trata de contaminaciones localizadas se detectan cuando fluyen en algún sitio de explotación. Ciertamente, este tipo de aguas tienen una resistencia a contaminarse, sin embargo cuando esta se produce su regeneración puede ser extraordinariamente lenta y en ocasiones es irreversible por el alto costo de los medios para hacerlo. Está demostrado que los intentos para reparar el daño producido por contaminación a un acuífero para lograr, de nuevo, niveles de potabilidad del agua no han tenido éxito, las tecnologías para su limpieza han contribuido poco a reducir el daño y los métodos son económicamente muy elevados. A lo anterior debe agregarse la falta de infraestructura organizacional, recursos materiales, financieros y humanos, en este último caso, debidamente capacitados para evaluar, medir y, en general, monitorear la calidad de esta agua y la dimensión exacta de su contaminación. La degradación y contaminación de los mantos acuíferos le impone al legislador y a las administraciones públicas la tarea urgente e impostergable de protegerlos (…)”.

El derecho fundamental de todo ciudadano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado -artículo 50 Constitucional- exige que el ejercicio de la propiedad esté en función de los principios constitucionales consagrados en la Constitución Política, de manera que la Asamblea Legislativa goza de competencias para imponer a la propiedad limitaciones de interés social (artículo 45 Constitución Política). En el mismo sentido, se observa que la utilidad social de los bienes (función social) es insuficiente para lograr los propósitos de los nuevos valores que impregnan la sociedad, por ello es necesario proteger los intereses ecológicos y ambientales. La función social es el fundamento del esquema dogmático, la base jurídica a partir de la cual, la función ecológica transforma el derecho de propiedad en un derecho al uso limitado del propio bien de forma que no lesiones el medio ambiente. En consecuencia, el derecho de propiedad, como derecho subjetivo, no es irrestricto ni absoluto, por el contrario entraña un conjunto de derechos y deberes, facultades y obligaciones para su titular, las cuales vienen siendo moldeados por la legislación, atendiendo a la naturaleza de los bienes sobre los cuales recaiga y a los principios y valores del Ordenamiento Jurídico en su integralidad. De seguido, se procede con el análisis de los argumentos de fondo presentados por las partes en litigio.

V.- Sobre el caso concreto. La parte actora alega que el artículo 33 de la Ley Forestal establece el parámetro legislativo de cien metros a la redonda para la protección de las nacientes permanentes, pero no es aplicable a su caso ya que fue demostrado que en su propiedad sólo existen nacientes intermitentes, lo que implica que la resolución N° 908-09-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo donde se impuso la medida cautelar, es nula porque carece del fundamento legal de los sesenta metros a la redonda. Considera que se ha violado su derecho de propiedad privada, porque el Tribunal Ambiental Administrativo legisló al crear una categoría nueva de protección que no está en la ley. Además reprocha, que se ha tardado más de cinco años en resolver el asunto y durante todo ese tiempo le han impuesto una medida cautelar nula. Los argumentos no son de recibo y se rechazan. En autos se demostró que el Tribunal Ambiental Administrativo modificó la medida cautelar impuesta a la parte actora desde marzo de 2006 (hecho probado número 3), por medio de la resolución número 908-09-TAA de las ocho horas con quince minutos del dicisiete de agosto de 2009, que en lo conducente dispuso:

“(...) UNICO: Se procede a modificar parcialmente la medida cautelar modificada mediante resolución N°1213-07-TAA del 13 de noviembre del 2007, en el sentido de autorizar la continuación de las actividades propias del desarrollo de una urbanización (siempre que cuenten con los permisos correspondientes, incluyendo la Viabilidad Ambiental, otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental SETENA) excepto en los 60 metros de protección de las nacientes intermitentes. Asimismo se le recuerda a los señores denunciados, el deber de respetar el área de protección de la quebrada, establecida en el artículo 33 de la Ley Forestal (...)”. (Hecho probado número 15)

Estima éste Tribunal que la aludida resolución del Tribunal Ambiental Administrativo número 908-09-TAA, se ajusta a derecho por las razones que de seguido se explican. a) Sí existe amparo legal dentro del Ordenamiento Jurídico de protección para las nacientes intermitentes: En primer lugar, se debe aclarar que el Ordenamiento Jurídico Costarricense, va más allá de un simple conjunto de normas escritas, por el contrario es un complejo sistema en el que también se integran las normas no escritas (costumbre, principios, jurisprudencia), reglas técnicas y científicas –citando solo algunas- para solvertar cualquier laguna que surja en la resolución de un caso particular, así se desprende de los numerales 6, 7 y 8 de la Ley General de la Administración Pública. Dado que las normas escritas la mayoría de las veces, resultan insuficientes y por eso, no sería aceptable que el operdador jurídico se limite única y exclusivamente a la aplicación de los presupuestos normativos. En lo que atañe al Derecho Ambiental, ya se indicó previamente en el Considerando IV de este fallo, que la propiedad privada está sujeta a una serie de limitaciones en protección del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, dentro de lo que se incluye la protección del recurso hídrico y los mantos acuíferos, siendo que la Sala Constitucional se ha encargado de realizar un amplio desarrollo jurisprudencial de la materia. En el caso concreto, resulta claro que el Ordenamiento Jurídico Costarricense sí protege las nacientes intermitentes, entre otros elementos con una disposición normativa clara y específica, a saber: el artículo 149 de la Ley de Aguas que dice:

“Se prohibe destruir, tanto en los bosques nacionales como en los de particulares, los árboles situados a menos de sesenta metros de los manantiales que nazcan en los cerros, o a menos de cincuenta metros de los que nazcan en terrenos planos”. (Énfasis añadido).

El término de manantial se define en el Diccionario de la Real Academia Española como: “Nacimiento de las aguas” (tomado del sitio web: www.rae.es), con lo que se alude directamente a las nacientes, sin hacer distinción en el carácter temporal o permanente de las mismas. En otro caso similar, pero resuelto por la Sala Constitucional con el voto número 2010-8315 de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del siete de mayo de dos mil diez, se declararon conformes a derecho las medidas adoptadas por la Administración Pública para proteger unas nacientes intermitentes, incluyendo el radio de sesenta metros de protección del artículo 149 de la Ley de Aguas. En lo conducente se estableció:

“(...) VI.- De las pruebas aportadas a los autos se tiene que antes de otorgar la viabilidad ambiental, se tomaron una serie de actos para analizar y proteger las nacientes ubicadas en la finca donde se va a realizar la construcción del relleno sanitario; así como la intervención de varias instituciones. El Tribunal Ambiental Administrativo mediante resolución número 704-08 TAA del cuatro de agosto de dos mil ocho, ordenó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y al Departamento de Aguas realizar inspección del sitio en época lluviosa a efecto de determinar la presencia o no de nacientes, ya que cuando el Tribunal realizó la inspección en fecha cuatro de abril de dos mil ocho, no encontró nacientes. El veintiuno de julio de dos mil nueve, el Tribunal Ambiental realiza nuevamente una inspección y constata que los puntos estaban secos. El Departamento de Aguas realizó una inspección en fecha veintiséis de noviembre de dos mil nueve y se constató que en el área del relleno habían tres puntos con agua y en principio se consideraron nacientes de carácter intermitente. De las tres nacientes intermitentes encontradas, la empresa (...) se comprometió a respetar los sesenta metros de radio de protección que se establece en el artículo 149 de la Ley de Aguas (...) Hasta este momento, considera esta Sala que las actuaciones desplegadas por la autoridad recurrida en el caso concreto, ha estado ajustadas a derecho (...)”. (El subrayado es nuestro).

De lo anterior, resulta claro que las nacientes intermitentes, como parte del recurso hídrico (mantos acuíferos), son objeto de protección del Ordenamiento Jurídico Costarricense, por considerarse un pieza fundamental e indisoluble de la garantía de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

b) No se acreditó la violación al derecho de propiedad del actor: Se reitera que conforme lo indicado en el Considerando IV de esta sentencia, el derecho de propiedad no es absoluto ni irrestricto y admite limitaciones establecidas por ley, según las competencias del numeral 45 de la Constitución Política. En el caso de las nacientes intermitentes, existe disposición expresa del legislador de proteger tal recurso hídrico en el numeral 149 de la Ley de Aguas, razón por la cual no se evidencia ningún tipo de perturbación contraria a derecho sobre la propiedad de la parte actora. En lo que respecta a la presente litis, quedó demostrado que en la propiedad del actor existen tres nacientes intermitentes (hecho no controvertido), de ahí que resulte plenamente aplicable la protección dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo, en forma de medida cautelar. Desde este plano, en sede administrativa se acreditó el motivo que justifica la adopción de la medida cautelar, tal y como lo imponen los preceptos 132 y 133 de la Ley General de la Administración Pública.

c) La resolución número 908-09-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo se encuentra adecuadamente justificada: El artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública exige la debida fundamentación de los actos administrativos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos, pudiendo ser una motivación suscinta –concreta y precisa- que contenga “la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la petición del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado realmente la adopción, a condición de que se acompañe su copia”. En el presente asunto, la aludida resolución número 908-09-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo, se fundamentó en el criterio técnico contenido en el oficio IMN-DA-1223-2009 del 21 de abril de 2009 del Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, que a su vez remite el informe técnico de la inspección de nacientes y cauces N° AT-0444-2009 del 19 de marzo de 2009, elaborado por Nombre141150   funcionario del Departamento de Aguas, en el que se concluyó lo siguiente:

“En lo referente a la fuente # 1 (naciente denominada # 1), se encuentra seca en su origen, por lo tanto esta fuente se considera de carácter intermitente. A una distancia de diez metros aguas abajo, existe en el cauce un afloramiento en el piso, el cual el (sic) suscrito considera, como flujo base. / Queda claro, que en el sitio existen dos fuentes más (nacientes denominadas # 2 y # 3), que se encuentran secas desde su origen y a lo largo del cauce. Por lo tanto son de carácter intermitente (...)”. (Hecho probado número 14).

Se observa que el mencionado criterio técnico fue transcrito en el resultando 99 y en el considerando único –en lo conducente- de la resolución aquí impugnada N° 908-09-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo, donde además se incluyó el detalle expreso de su ubicación en el expediente administrativo. Adicionalmente, se constata que tal informe técnico era del conocimiento del actor desde antes del dictado de la resolución cuestionada, según se verifica en la solicitud de levantamiento de la medida cautelar presentada por Nombre141147  , de fecha 22 de abril de 2009, que cita el informe N° AT-0444-2009 en el cuarto de sus argumentos (folios 798 y 799 del tomo III del expediente administrativo). Lo anterior, permite tener por cumplido el requisito de acompañar el acto con la copia del dictamen, que se fija en el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, en virtud de acreditarse la transcripción del criterio técnico, la cita de la ubicación exacta en el legajo administrativo y el conocimiento previo de tal informe por la parte actora. También, consta dentro del expediente administrativo el oficio N° IMN-DA-3243-2007 del 5 de diciembre de 2007, del Departamento de Aguas del Instituto Meterológico Nacional, Ministerio del Ambiente y Energía, que indica:

“(...) nos consulta cual (sic) es el retiro que se le establecen a las nacientes de agua de carácter intermitente, me permito informarle que en el artículo 33 de la Ley Forestal 7575, se indica el área de protección, y se establece para las nacientes de carácter permanente, referente a el (sic) área de protección para las nacientes de carácter intermitentes es criterio de este Departamento, que se debe aplicar el principio In dubio pro natura en razón de que la Ley Forestal no las incluye, y aplicar lo establecido en el artículo 149 de la Ley de Aguas 276, del 27 de agosto de 1942”. (Énfasis añadido; hecho probado número 9).

Dicho criterio, ya había sido referenciado por el Tribunal Ambiental Administrativo con anterioridad a la modificación de la medida cautelar aquí impugnada, sea en el resultando 80 de la resolución N° 873-08-TAA de las trece horas con dos minutos del veintinueve de setiembre de dos mil ocho, en la que solicita al actor presentar un estudio hidrogeológico (folios 676 a 687 del tomo III del expediente administrativo), pero igualmente es citado en el resultando 80 del acto objeto de impugnación en este proceso. Es importante hacer notar, que la existencia y necesidad de protección de las indicadas nacientes intermitentes, también fue expresado en el oficio número DIGH-0117-2009 del 30 de marzo del 2009 de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), que contiene el informe solicitado por la Fiscalía de Buenos Aires, Puntarenas dentro del proceso penal tramitado con el expediente N° 05-200233-634-PE seguido contra Nombre141147   y otro por el delito de infracción a la Ley Forestal por invasión de áreas de protección de las nacientes. El indicado oficio fue ofrecido como prueba documental por la parte actora y en lo que interesa concluyó:

“(...) 2. En el área en cuestión se ubicó un total de 3 nacientes con régimen de flujo intermitente, debido a que la inspección fue realizada en el período con las condiciones de escasez de lluvia más críticas en la región, información previamente consultada ante el Instituto Meteorológico Nacional. / (...) 4. Aunque las nacientes inspeccionadas presenten un régimen de flujo intermitente, cabe mencionar que de acuerdo al criterio técnico hidrogeológico, las mismas pueden verse afectadas por contaminación de residuos, aguas servidas y de tanques sépticos provenientes de la urbanización durante la estación lluviosa, debido a que es en este momento en que por las lluvias, el nivel del agua subterránea se recargará y subirá colocándose cerca de la superficie hasta aflorar por medio de las nacientes en cuestión, esta situación hace que por la cercanía del nivel de al (sic) agua a la superficie, el acuífero sea más suceptible a la contaminación; por lo tanto, se considera importante que la primera etapa de la Urbanización Mi Hogar (ya construída) y su segunda etapa (en plan de ser desarrollada) cuenten con una evaluación de la vulnerabilidad hidrogeológica ante la contaminación del acuífero, ya que la presencia de nacientes (aunque se cataloguen como intermitentes) indica que el acuífero presente en la zona es suceptible a la contaminación durante la estación lluviosa, y es importante recordar que la producción de fluidos contaminantes que puede producir un proyecto urbanístico es persistente durante todo el año y no sólo en estación seca.” (Folios 7 a 10 del expediente judicial).

En el oficio N° 586-10-TAA del 5 de julio de 2010 el Tribunal Ambiental Administrativo informa dentro de éste proceso que:

“(...) la medida cautelar interpuesta por este Despacho al proyecto del señor Nombre141147   y de conformidad con la limitante de los 60 metros de protección de las nacientes, me permito aclararle que la medida, fue aplicada con base a lo establecido a lo establecido en el artículo 149 de la Ley de Aguas, el cual reza: 'Se prohibe destruir, tanto en los bosques nacionales como en los particulares, los árboles situados a menos de sesenta metros de los nacimientos que nazcan en los cerros, o a menos de cincuenta metros de los que nazcan en terrenos planos' Dicha propiedad se encuentra en terreno plano, y ondulado de conformidad con los informes de los técnicos del área de Conservación de ahí dicha limitante. Debo reiterar una vez más que la limitante de los 60 metros no fue establecida en relación al artículo 33 de La Ley Forestal, si mas bien al artículo 149 de la Ley de Aguas, que si protege las nacientes de carácter intermitente como en este caso. (...)” (énfasis añadido; hecho probado número 16).

Del citado informe rendido por el Tribunal Ambiental Administrativo en este proceso, se confirió audiencia escrita a la parte actora mediante resolución de las diez horas cincuenta minutos del cuatro de agosto de dos mil diez (folio 116 del expediente judicial), sin que conste autos ningún argumento presentado. Concluye este Tribunal, que la resolución N°908-09-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo donde se impuso la medida cautelar, se ajusta a derecho y se encuentra suficientemente motivada al hacer referencia expresa de los criterios técnicos arriba indicados, que constan en el expediente administrativo y que fueron del conocimiento del actor. Si bien es cierto que la aludida resolución N°908-09-TAA dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo, carece de la indicación expresa al numeral 149 de la Ley de Aguas que contiene el parámetro de protección de los sesenta de metros a la redonda de los manantiales, lo que se aleja de una adecuada técnica jurídica, no por ello se incurre en el vicio de la falta de motivación del acto. Lo anterior, dado que al verificarse la referencia expresa a los criterios técnicos que sostienen la existencia de las tres nacientes intermitentes dentro de la propiedad del actor y la necesidad de su protección ante el inminente riesgo de ser afectadas con el desarrollo de un complejo habitacional, hace que la medida cautelar aquí impugnada se estime justificada de modo sucinto, pero suficiente. Ello es así, porque ha de tenerse en cuenta que la valoración del problema en estudio debe ser integral, comprendiendo la totalidad de los antecedentes y criterios técnicos extendidos, con amparo en los Principios in dubio pro natura, preventivo y precautorio, ya que se trata de una materia extremadamente sensible, como lo es el medio ambiente.

d) Temporalidad de la medida cautelar: se analiza el carácter provisional de la medida cautelar dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo, por cuanto la parte actora reprocha haber sufrido la limitación al disfrute de su propiedad con un acto de carácter temporal desde el 2006 hasta la fecha, sin que se hubiere definido el procedimiento de fondo. Respecto al tema de las medidas cautelares en materia ambiental, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha explicado en el voto N°199-F-S1-2010 de las quince horas treinta minutos del cuatro de febrero de dos mil diez, que:

“(...) El tema de las medidas cautelares ha sido analizado, primordialmente, a partir del proceso jurisdiccional, sin embargo, la Administración Pública, en el ejercicio de sus funciones, y en particular, en relación con los procedimientos administrativos que debe seguir para la emisión de actos administrativos que inciden sobre la esfera jurídica de los particulares (artículo 308 de la Ley General de la Administración Pública), se ubica en una situación similar a la de los órganos jurisdiccionales. Esto es, de cara al procedimiento administrativo, en determinados casos surge la necesidad de evitar que se produzca un daño de imposible o difícil reparación en tanto se adopta la decisión final. Desde esta perspectiva, el marco general de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo, así como sus alcances, características y requisitos, resulta aplicable, mutatis mutandi, en sede administrativa. En esta línea, la Ley General de la Administración Pública prevé la posibilidad de suspender los efectos del acto administrativo, a pesar del principio de ejecutoriedad, cuando su ejecución pueda causar daños de difícil o imposible reparación. No obstante, no debe entenderse que esta es la única medida con que cuenta la Administración. La ausencia de una regulación más amplia del tema no conlleva a que el régimen cautelar se agote en el incidente de suspensión. Por el contrario, dicha facultad es consustancial a la tramitación del procedimiento administrativo, por lo que el órgano competente puede adoptar aquellas medidas que considere oportunas, sin que por ello vulnere el principio de legalidad. Se trata de una potestad implícita, habilitada por la regulación de los fines públicos (los cuales siempre se derivan del ordenamiento jurídico) cuya consecución busca el respectivo procedimiento administrativo del cual pende, y a los cuales se encuentra supeditado. En materia ambiental, esta habilitación se ve reforzada en tanto se reconoce el derecho fundamental de toda persona a un “ambiente sano y ecológicamente equilibrado” y concomitantemente, el deber constitucional del Estado de “garantizar, defender y preservar ese derecho” (ordinal 50 de la Carta Magna). Ahora bien, la medida cautelar puede ser conceptualizada como aquella decisión del juez o del órgano administrativo, según el caso, en donde se dispone una protección, necesaria, idónea y temporal a un derecho, interés (el cual puede ser incluso difuso) o situación jurídica a efectos de evitar un daño de imposible o difícil reparación que incida o pueda incidir en el objeto del proceso o procedimiento o en la ejecución de la resolución final. Esta puede ser adoptada durante la tramitación del proceso o procedimiento, o bien con anterioridad, a condición de que se interponga el principal. Ahora bien, en cuanto a los principios que le son aplicables, y en lo que interesa para el caso concreto, es necesario referirse a los de instrumentalidad y provisionalidad. En cuanto al primero, calificado también como accesoriedad, se refiere a la función indicada de garantizar la efectividad –que no necesariamente ejecución- de la decisión final que se adopte. Así, la medida cautelar se encuentra vinculada y supeditada al procedimiento principal (de ahí que se haga la distinción entre proceso cautelar y principal), de forma tal que esta, sólo puede ser dictada con motivo de aquél. Adquiere, en consecuencia, una posición vicarial, al servicio del procedimiento principal. De igual forma, en caso de que el procedimiento finalice por cualquier otra causa, o bien, que no se interponga, la medida adoptada no puede subsistir, por lo que se da su decaimiento. La provisionalidad, por su parte, se refiere a la eficacia temporal de la medida cautelar. En este sentido, la resolución final viene a extinguir y/o sustituir la previsión adoptada en forma interlocutoria. (...)”. (Énfasis añadido).

El actor reprocha que la medida cautelar dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo y modificada parcialmente con la resolución N°908-09-TAA vulnera el principio de provisionalidad, ya que se ha mantenido aproximadamente cinco años sin que se haya dictado el acto final del procedimiento. En la especie, se acredita que el Tribunal Ambiental Administrativo inició un procedimiento contra el actor y otros, ante la denuncia planteada por los vecinos de la localidad por la tala de árboles cercanos a tres nacientes (hecho probado número 2). Dentro del indicado procedimiento, se dictó una medida cautelar en marzo de 2006 en protección de las tres nacientes ubicadas en propiedad del actor (hecho probado número 3), medida que ha sido modificada dos veces (hechos probados números 7 y 15). El Tribunal Ambiental Administrativo informó a este Despacho en oficio N° 586-10-TAA del 5 de julio de 2010 que: “(...) En este momento estamos nuevamente citando vía resolución a todas las partes a una Audiencia Oral y Privada, la misma por razones de agenda se encuentra programada para el mes de Agosto, cuya finalidad es poder lograr llegar (sic) a un acuerdo de conciliación por parte de los denunciantes y denunciados, y una vez finalizada dicho acto (sic) este Despacho tiene plazo de dos meses para el dictado del acto final (...)”. (Hecho probado número 16). Tal y como se ha indicado, las medidas cautelares se dan en función de un procedimiento principal que en el caso concreto, se tramita en el Tribunal Ambiental Administrativo por la tala de árboles cercanos a las nacientes intermitentes, sin que conste en autos el dictado del acto final. Valga aclarar, que dentro de éste juicio, no se incluyó como objeto procesal ningún aspecto relacionado con el trámite del procedimiento administrativo seguido contra el actor, de ahí que deba omitir del ánalisis. Lo revisado hasta ahora, permite a éste Tribunal tener por justificada la medida cautelar dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo, por los siguientes motivos: a) la medida cautelar se dictó dentro de un procedimiento administrativo que aún no tiene acto final dictado; b) se funda en una serie de criterios técnicos que demuestran la existencia y necesidad de protección de las tres nacientes intermitentes en propiedad del actor; c) no se han aportado elementos probatorios que demuestren que el plazo de la medida cautelar no sea razonable, desproporcionado o arbitrario, toda vez que se protege el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por ello se observa que se han realizado una serie de inspeciones en distintas épocas del año y por diferentes especialistas, con el fin de constatar la existencia de peligro para el medio ambiente, lo que justifica su mantenimiento en el tiempo. Lo indicado, lleva a considerar que, pese haber transcurrido aproximadamente cinco años desde que se dictó la medida cautelar original por resolución N° 582-06-TAA del 22 de marzo de 2006, ésta ha sido modificada parcialmente en dos ocasiones para permitir el disfrute del derecho de propiedad del actor, pero con protección a las nacientes intermitentes. De tal manera que la resolución N°908-09-TAA de agosto del 2009, único objeto de revisión en este proceso, apenas contaba con seis meses de emitida al momento de presentarse la demandada que aquí se atiende el 2 de febrero de 2010. Con este corto lapso, no es posible tener por configurado un abuso al principio de provisionalidad de la medida cautelar, ya que la única resolución atacada es la segunda modificación parcial, siendo que también se observa en autos el suficiente respaldo técnico para mantener la medida desde su origen en el 2006. Pese a que en el presente caso, no se verifica el quebranto al principio de provisionalidad de la medida cautelar, urge que sin tardanza el Tribunal Ambiental Administrativo tramite el procedimiento principal y dicte el acto final dentro de un plazo razonable y con ajuste a derecho, dado que el atraso injustificado produciría responsabilidad de la Administración y eventualmente de los funcionarios encargados del asunto en lo personal.

VI.- Sobre la pretensión indemnizatoria. La parte actora pretende la indemnización de daños y perjuicios, por considerar que a raíz de la medida cautelar administrativa se desmejoró el valor comercial del inmueble, se afectó su imagen comercial, por la pérdida de credibilidad comercial y existe un lucro cesante derivado de la imposibilidad de vender los lotes afectados por la medida cautelar (folios 130 a 132 del expediente principal). Este Tribunal considera lo siguiente: 1) Demostración del Criterio de Imputación por parte de quién reclama el daño. La imputación de responsabilidad a un centro de poder público solo es posible cuando el daño ha sido consecuencia de su funcionamiento (o disfunción), de manera que dentro de un ligamen objetivo, pueda surgir la inter-relación causa-efecto, sea, que la lesión es el resultado de aquella conducta u omisión. Para ello, en cada caso, el juzgador ha de ingresar al análisis de las manifestaciones de voluntad administrativa, a fin de inferir si en algún grado, pudieron llegar a desembocar en una consecuencia negativa que merezca reparación patrimonial. En esta dinámica, como se ha señalado, es resorte de quien reclama el daño, acreditar la existencia de una conducta pública u omisión administrativa a la cual, pueda atribuirse el resultado lesivo, es decir, debe acreditar la existencia del nexo causal entre ese funcionamiento y la lesión que solicita se repare. En el caso concreto, por las razones expuestas en los considerandos precedentes, el primer criterio de imputación para el surgimiento de la responsabilidad del Estado, no se cumple en este caso, toda vez que la medida cautelar contenida en la resolución número 908-09-TAA de las ocho horas quince minutos del diecisiete de agosto de 2009, dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo, no resulta disconforme con el ordenamiento jurídico, específicamente con lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Aguas. En consecuencia, no existe una causa productora de un derecho indemnizatorio a favor de la parte actora, por lo que, la pretensión debe ser rechazada; 2) Inexistencia de nexo causal. Como ha quedado explicado, el primer criterio de imputación, es decir la causa, no ha existido en este asunto. Sin embargo, es procedente indicar que tampoco existe un nexo causal entre las conductas del Estado, y los supuestos daños alegados por el accionante, toda vez que de las pruebas allegadas al expediente, no se desprende que la medida cautelar N°908-09-TAA que autoriza la continuación de las actividades propias del desarrollo de una urbanización (siempre que cuente con los permisos correspondientes), excepto en un radio de sesenta metros de protección a la redonda de las tres nacientes intermitentes ubicadas dentro de la finca del actor y en el área de protección de la quebrada, haya provocado daños y perjuicios en contra de la parte actora; ello por cuanto, la resolución que modifica parcialmente la medida cautelar, sea la N°908-09-TAA, no resulta contraria al ordenamiento jurídico conforme a lo analizado en esta sentencia. 3) En cuanto a los daños y perjuicios alegados por la parte actora. No obstante, todo lo explicado líneas atrás, éste Tribunal considera que el último de los criterios de imputación para exiguir la responsabilidad administrativa, no se presenta tampoco en el caso, que consiste en la acreditación de los daños. En ese sentido, de conformidad con lo preceptuado en el canon 196 de la Ley General de la Administración Pública, en cuanto señala: “En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo.” La efectividad del daño en un caso concreto depende, de manera directa, de la demostración del nexo de causalidad, que permita vincular el resultado lesivo con una acción u omisión de una Administración Pública. Por otra parte, resulta determinante establecer, el daño solo podrá ser reclamado por quien realmente lo ha padecido, sea, quien se encuentre en la posición de víctima por haber recibido el daño de manera directa en su esfera vital. Ergo, solo la víctima se encuentra legitimada para reclamar la indemnización. Para ello, es cada tipo de daño el que determina la posición de víctima y por ende, define quién se encuentra amparado por el Ordenamiento Jurídico para pretender su reparación. Así, el reclamo no sería de recibo si es promovido por personas que no han recibido el daño reclamado de manera inmediata, a menos que demuestren ser sucesores o cesionarios del perjudicado. Se trata de una vinculación subjetiva en el marco de la responsabilidad aludida que permite concretar de manera efectiva el postulado de reparación integral que subyace en el canon 41 de la Carta Magna. Si el resarcimiento ante una lesión que no se tiene el deber de padecer se erige como un derecho de la víctima, pues solo ella puede peticionarlo, sin perjuicio de la eventual transmisibilidad de ese derecho que en supuestos concretos pueda darse (v.gr. vía mortis causa). Ello es determinante de examinar, dado que de otro modo, se cohonestarían indemnizaciones a quienes no tienen esa vinculación subjetiva con el efecto lesivo. De igual modo, dentro de este esquema general, cabe indicar que la acción indemnizatoria que se busca cargar a la Administración Pública se encuentra sujeta a un plazo de prescripción de cuatro años. El daño indemnizable puede ser de diversos tipos, bien puede ser material, corporal, moral objetivo o moral subjetivo. Sin embargo, se insiste que la lesión debe contar con esas características como condicionante de su reparabilidad. Cabe señalar en este punto que como derivación de la carga dinámica de la prueba, (numerales 58, 82, 85 del Código Procesal Contencioso Administrativo, 317 del Código Procesal Civil) corresponde a la víctima demostrar la existencia y cuantía de los daños que recrimine. Este deber resulta impostergable y constituye un presupuesto infranqueable para la procedencia de la reparación. Si bien es cierto, en este caso concreto, la parte actora que estima los daños y perjuicios en la suma ¢800.000.000,00 (ochocientos millones de colones); también lo es, que este Tribunal estima que la demandante no ha logrado acreditar que a partir de la medida cautelar modificada parcialmente por el Tribunal Ambiental Administrativo mediante resolución N°908-09-TAA de las ocho horas quince minutos del diecisiete de agosto de 2009, que no resulta disconforme con el ordenamiento jurídico, tal y como se analizó en esta sentencia, se le provocaran daños al actor en su esfera patrimonial. Desde esa óptica, al no acreditarse la fuente de los presuntos daños y perjuicios, ni su existencia y cuantía, resulta imposible tender el puente de causalidad entre la conducta del Estado -sea el dictado de una modificación parcial de la medida cautelar por parte del Tribunal Ambiental Administrativo para proteger las nacientes intermitentes al amparo de los criterios técnicos y el numeral 149 de la Ley de Aguas- y los daños y perjuicios pretendidos, lo que hace imposible la atribución de responsabilidad por esa causa.

VIII.- Corolario. Análisis de las defensas opuestas. La parte demandada formuló las defensas de fondo de falta de derecho y falta de legitimación ad causam activa, ésta última en las conclusiones de la audiencia preliminar, lo que, en todo caso, constituyen extremos de los presupuestos procesales que por ende, han de ser abordados de oficio por el Tribunal sentenciador. En cuanto a la legitimación activa, la acción es formulada para establecer lo que el accionante considera constituye su derecho de reparación por daños derivados de un proceder infundado o arbitario de la Administración. Por ende, su marco legitimante se ampara en el canon 10 inciso 1 subinciso a del Código Procesal Contencioso Administrativo. No existen tampoco defectos en la legitimación pasiva, ya que las pretensiones se deducen contra la Administración Pública –El Estado- representado por la Procuraduría General de la República, a quien se atribuye la producción de un daño, por lo que este presupuesto subjetivo se ampara en el numeral 12 inciso 1 íbidem. No obstante, es claro que no acude derecho al accionante en sus pretensiones, en virtud del análisis de fondo que contienen los considerandos precedentes que concluyen la conformidad de la medida cautelar dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo con el Ordenamiento Jurídico Costarricense y la ausencia de pruebas que demuestren los supuestos daños sufridos por el actor. En consecuencia, debe disponerse el rechazo de la demanda en todos sus extremos.

IX.- Costas. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, estima este Tribunal, que el mandato contenido en el numeral 50 de la Constitución Política, obliga al Estado a proteger y a garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, esa orden se concretó en el presente asunto, con el dictado de la modificación de la medida cautelar N°908-09-TAA emitida por el Tribunal Ambiental Administrativo que protoge un radio de sesenta metros a la redonda de las nacientes intermitentes ubicadas dentro de la propiedad del actor. Por lo anterior, no considera éste cuerpo colegiado, que exista criterio para excepcionar en el presente asunto la aplicación del principio de condena al vencido. Por ende, deben imponerse ambas costas a cargo de la parte actora vencida conforme en lo estatuído por el canon 193 citado.

POR TANTO

Se rechazan las defensas de falta de legitimación activa y pasiva. Se acoge la excepción de falta de derecho. En consecuencia, se declara improcedente en todos sus extremos la demanda incoada por el señor Nombre141147    contra El Estado. Son ambas costas a cargo de la parte actora vencida. NOTIFÍQUESE.-

 

 

JOSÉ ROBERTO GARITA NAVARRO

 

 

 

JUDITH REYES CASTILLO        RODRIGO ALBERTO CAMPOS HIDALGO

 

 

 Expediente Nº 10-000344-01027-CA                                      Voto Nº43-2011-SVI                                                3 de 37

 

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 18-02-2026 16:35:09.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

IV. On the limitations on the right to property in protection of the environment. Generalities. This collegiate body considers that, prior to examining the legality of the administrative conducts whose nullity is claimed, it is necessary to refer, in a general manner, to the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), as a demanial asset. In that sense, it must be noted that by means of resolution No. 0063-2009, issued by this Section, at 16:00 hours on January 19, 2009, the following was indicated, insofar as relevant for the issuance of this judgment:

"(...) Constitutional recognition of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. In Costa Rica, the recognition and protection in Constitutional Law of the cited fundamental right does not have as its starting point the reform of Article 50 of the Political Constitution, provided by Law number 7412 of June 3, 1994. The foregoing, given that since the promulgation of the constitutional text in 1949, the will of the Constituent was clear in establishing in Article 89, that: "Among the cultural purposes of the Republic are: to protect natural beauties, conserve and develop the historical and artistic heritage of the Nation, and support private initiative for scientific and artistic progress"; which is complemented by the emphatic declaration contained in Article 21, to the effect that in our country, "Human life is inviolable". The integration of the provisions of both articles implies that the need to preserve the environment – although at that time the Constituent used the term natural beauties – transcends a merely cultural purpose, to become a vital necessity of every human being, as it constitutes an essential prerequisite to make effective other fundamental rights such as: life, health, and development. (see in that sense, rulings number 1993-03705 of fifteen hours on July 30, 1993; 1993-06240 of fourteen hours on November 26, 1993; 1993-04423 of twelve hours on December 7, 1993, 1994-02485 of nine hours eighteen minutes on May 27, 1994, all from the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice). (...) The State must assume a double behavior of doing and not doing; on one hand, it must refrain from itself attacking the right to a healthy and ecologically balanced environment, and on the other hand, it must assume the task of dictating the measures that allow compliance with the constitutional requirements..." (ruling No. 1999-00644 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 11:24 hours on January 29, 1999). In that sense, "...The action that the Political Constitution imposes on the State against sources of environmental contamination is multidirectional and definitively active, absolutely intolerant of situations that threaten or affect the optimal environmental conditions that are guaranteed by it to the inhabitants. From this perspective, public authorities are not permitted to make concessions or grant extensions for the continued affecting of the environment, even when this is done with a view to bringing economic benefits to a specific geographical area..." (ruling No. 1999-05906 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at 16:15 hours on July 28, 1999). That constitutional duty of the State to ensure the protection, defense, and preservation of the environment is developed and manifested, among others, in the following norms: Articles 1, 2.a. 2.c, 2 last paragraph, 3, 12, 28, 32, 34, 37, 56, 59, 78, 83, 103 to 112 of the Organic Law of the Environment; Articles 1, 2, 9.4, 12, 22 to 30, 45, 49, 54, 86, 88 of the Biodiversity Law; 3, 4, 6, 7, 15, 34, 122 of the Wildlife Conservation Law; 1, 2, 5, 6, 13, 37, 54 of the Forestry Law; 5, 6, 7, 11, 21, 29 to 33, 37 of the Law on the Use, Management and Conservation of Soils; 13.a ,13.o of the Municipal Code; 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25 of the Maritime-Terrestrial Zone Law; 1, 2 of the General Health Law; 1, 2, 17, 175, 176 of the Water Law; 15,18, 19, 51, 56, 58.5, Transitorio II of the Urban Planning Law. Now, that duty is not only limited to the State as a whole, but also to subjects of private law, who have the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, but also to guarantee, preserve, and defend it, as can be inferred, among others, from Articles 1 first paragraph, 2.a, 6, 22, 23, 99, of the Organic Law of the Environment; 10.2, 10.13, 11.4, 88, 95, 101, 105 of the Biodiversity Law; 15, 28 to 30, 36 to 38, 51, 53, 62 to 64, 83, 88 to 121 of the Wildlife Conservation Law; 57 to 66 of the Forestry Law; 37, 40, 41 to 45, 51 to 53 of the Law on the Use, Management and Conservation of Soils; 14 of the Maritime-Terrestrial Zone Law; as well as from rulings number 1999-02219 of fifteen hours eighteen minutes on March 24, 1999; 1999-05906 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at sixteen hours fifteen minutes on July 28, 1999, among others. (...) In that sense, within the group of mechanisms of protection of a procedural nature, it is worth highlighting three examples: 1) The broad standing granted to every person by the second paragraph of Article 50 of the Political Constitution and Article 105 of the Biodiversity Law, to denounce both in administrative and jurisdictional channels, conducts that infringe the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and to claim the damage caused. (...). 2) A system of unnamed precautionary measures (medidas cautelares) and, if necessary, of an anticipatory nature (Articles 108 of the Biodiversity Law, 42 of the Constitutional Jurisdiction Law, and 19 to 30 of the Contentious-Administrative Procedure Code). 3) The application of the guiding principles in environmental matters, namely: in dubio pro natura, preventive, and precautionary, as means to guarantee the effective protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and therefore, to prevent its existence from being restricted to the semantic plane of legal reality (see Articles 4.c, 17 and 34 of the Organic Law of the Environment, 11 subparagraphs 1 and 2, 92 of the Biodiversity Law, Principle 15 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, and among others, ruling number 1999-01250 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at eleven hours twenty-four minutes on February 19, 1999). In that sense, the legal operator must always take into consideration that "...when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures in terms of cost to prevent the degradation of the environment...". (...) In that sense, "...it is not possible for the State to execute or authorize the execution of projects regarding which there is doubt as to the negative impact they may generate on the environment.(...)".

Regarding the protection of waters, the Constitutional Chamber in Voto N° 2009-2019 of fourteen hours and fifty-five minutes on February 11, 2009, stated the following:

"(...) V.- ABOUT THE PROTECTION OF WATER RESOURCES (RECURSO HÍDRICO). The Organic Law of the Environment -Law No. 7554 of October 4, 1995-, establishes in numeral 50 that water is in the public domain and its conservation and sustainable use are of social interest. Likewise, that same normative body provides, in Article 51, the following criteria that must be observed for the conservation and sustainable use of water: "(...) a) Protect, conserve, and, if possible, recover aquatic ecosystems and the elements involved in the hydrological cycle. b) Protect the ecosystems that allow for the regulation of the water regime. c) Maintain the balance of the water system, protecting each of the components of the hydrographic basins". Criteria that, according to the law itself, must be followed for the granting of concessions and permits for the use of any component of the water regime (Article 52 Ibid.). Also, it must be noted that, regarding the necessary protection of water resources, this Constitutional Court, with the drafting of the reporting Magistrate, in Voto No. 1923-04 of 14:55 hrs. on February 25, 2004, indicated, as relevant: / "(...) Our Political Constitution, in its Article 50, enunciates the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is achieved, among other factors, through the protection and conservation of the quality and quantity of water for human consumption and use and to maintain the ecological balance in the habitats of flora and fauna (v. gr. wetlands) and, in general, of the biosphere as the common heritage of humanity. In the same way, access to potable water ensures the rights to life – "without water, no life is possible" affirms the Water Charter approved by the Council of Europe in Strasbourg on May 6, 1968 -, to the health of persons – indispensable for their food, drink, and hygiene - (Article 21 of the Political Constitution) and, of course, is associated with the socio-economic development and growth of peoples to ensure each individual well-being and a dignified quality of life (Article 33 of the Political Constitution and 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights). (…)". / Similarly, on that occasion, this Chamber, regarding the topic of surface and underground waters, stated the following: / "(...) Faced with so-called surface waters, as they flow over the earth's crust, and can be the object of common or special uses, are underground waters. Underground waters are those found beneath the earth's surface occupying the empty spaces in the soil or rocks; their most important source is rainwater that infiltrates the soil. The soil, for its part, is composed of two levels which are the following: a) Upper or zone of aeration, in which the empty spaces are occupied by air and infiltrated water that descends by gravity and b) another below it called the zone of saturation, in which the empty spaces are filled with water that moves slowly and whose upper level is called the water table, hydrostatic level, or phreatic level. Waters included in the porous spaces of the zone of saturation, in geological formations, are called aquifers (mantos acuíferos) or underground waters. The hydraulic gradient is the difference in altitude between two points on the same water table – phreatic level -, in relation to their horizontal distance; the speed of movement of underground waters depends, in essence, on the hydraulic gradient. (…) Unlike contamination of surface waters, which is usually patent and visible, allowing for environmental actions aimed at mitigating or eradicating it, that of underground waters, by their very nature, usually goes unnoticed and becomes evident when it has reached large proportions. Aquifers, due to the slow circulation of waters, the absorption capacity of the terrain, and other factors, can take a long time to show contamination. Additionally, the large volume of waters contained means that extensive contaminations take a prolonged period to manifest, or when dealing with localized contaminations, they are detected when they flow to some site of exploitation. Certainly, this type of water has a resistance to becoming contaminated; however, when this occurs, its regeneration can be extraordinarily slow and at times is irreversible due to the high cost of the means to do so. It has been demonstrated that attempts to repair the damage caused by contamination to an aquifer to achieve, again, levels of water potability have not been successful, the technologies for its cleaning have contributed little to reducing the damage, and the methods are economically very expensive. To the above must be added the lack of organizational infrastructure, material, financial, and human resources, in the latter case, duly trained to evaluate, measure, and, in general, monitor the quality of this water and the exact dimension of its contamination. The degradation and contamination of aquifers imposes on the legislator and the public administrations the urgent and non-deferrable task of protecting them (...)".

The fundamental right of every citizen to a healthy and ecologically balanced environment -Article 50 of the Constitution- demands that the exercise of property be in function of the constitutional principles enshrined in the Political Constitution, such that the Legislative Assembly has the competence to impose limitations of social interest on property (Article 45 Political Constitution). In the same sense, it is observed that the social utility of assets (social function) is insufficient to achieve the purposes of the new values that permeate society; therefore, it is necessary to protect ecological and environmental interests. The social function is the foundation of the dogmatic scheme, the legal basis from which the ecological function transforms the right of property into a right to the limited use of one's own property so as not to harm the environment. Consequently, the right of property, as a subjective right, is not unrestricted or absolute; on the contrary, it entails a set of rights and duties, powers and obligations for its holder, which are being shaped by legislation, taking into account the nature of the assets upon which it falls and the principles and values of the Legal System in its entirety. Next, we proceed with the analysis of the substantive arguments presented by the parties in litigation.

V.- Regarding the specific case. The plaintiff alleges that Article 33 of the Forestry Law establishes the legislative parameter of one hundred meters around for the protection of permanent springs (nacientes permanentes), but it is not applicable to his case since it was demonstrated that on his property only intermittent springs (nacientes intermitentes) exist, which implies that resolution N° 908-09-TAA of the Administrative Environmental Tribunal where the precautionary measure was imposed is null because it lacks the legal basis of the sixty meters around. He considers that his right to private property has been violated, because the Administrative Environmental Tribunal legislated by creating a new category of protection that is not in the law. Furthermore, he reproves that it has taken more than five years to resolve the matter and during all that time a null precautionary measure has been imposed on him. The arguments are not accepted and are rejected. In the record, it was demonstrated that the Administrative Environmental Tribunal modified the precautionary measure imposed on the plaintiff since March 2006 (proven fact number 3), by means of resolution number 908-09-TAA of eight hours and fifteen minutes on August 17, 2009, which, as relevant, ordered:

"(...) ONLY: We hereby partially modify the precautionary measure modified by resolution N°1213-07-TAA of November 13, 2007, in the sense of authorizing the continuation of activities inherent to the development of an urbanization (provided they have the corresponding permits, including the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental), granted by the National Environmental Technical Secretariat SETENA) except in the 60 meters of protection of the intermittent springs. Likewise, the denounced parties are reminded of the duty to respect the protection area of the stream, established in Article 33 of the Forestry Law (...)". (Proven fact number 15)

This Tribunal considers that the aforementioned resolution of the Administrative Environmental Tribunal number 908-09-TAA, is in accordance with the law for the reasons explained below. a) There is legal support within the Legal System for the protection of intermittent springs: In the first place, it must be clarified that the Costa Rican Legal System (Ordenamiento Jurídico Costarricense) goes beyond a simple set of written norms; on the contrary, it is a complex system in which unwritten norms (custom, principles, jurisprudence), technical and scientific rules – to name only some – are also integrated to overcome any gap that arises in the resolution of a particular case, as can be inferred from numerals 6, 7 and 8 of the General Public Administration Law. Given that written norms are, most of the time, insufficient, it would not be acceptable for the legal operator to limit himself solely and exclusively to the application of the normative presuppositions. With respect to Environmental Law, it was already indicated previously in Considerando IV of this ruling, that private property is subject to a series of limitations in protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, within which the protection of water resources and aquifers is included, and the Constitutional Chamber has undertaken a broad jurisprudential development of the matter. In the specific case, it is clear that the Costa Rican Legal System does protect intermittent springs, among other elements with a clear and specific normative provision, namely: Article 149 of the Water Law which states:

"It is prohibited to destroy, both in national forests and in those of private individuals, the trees located less than sixty meters from the springs (manantiales) that emerge in the hills, or less than fifty meters from those that emerge on flat lands". (Emphasis added).

The term spring (manantial) is defined in the Dictionary of the Royal Spanish Academy as: "Birth of the waters" (taken from the website: www.rae.es), which directly alludes to springs (nacientes), without making a distinction as to their temporary or permanent character. In another similar case, but resolved by the Constitutional Chamber with Voto number 2010-8315 of eight hours and forty-five minutes on May 7, 2010, the measures adopted by the Public Administration to protect some intermittent springs were declared in accordance with the law, including the sixty-meter radius of protection of Article 149 of the Water Law. As relevant, it was established:

"(...) VI.- From the evidence provided in the record, it is clear that before granting the environmental viability, a series of actions were taken to analyze and protect the springs located on the property where the construction of the sanitary landfill is to be carried out; as well as the intervention of various institutions. The Administrative Environmental Tribunal, by means of resolution number 704-08 TAA of August 4, 2008, ordered the National Environmental Technical Secretariat and the Department of Waters to carry out an inspection of the site in the rainy season for the purpose of determining the presence or not of springs, since when the Tribunal carried out the inspection on April 4, 2008, it did not find springs. On July 21, 2009, the Environmental Tribunal again carried out an inspection and confirmed that the points were dry. The Department of Waters carried out an inspection on November 26, 2009, and it was confirmed that in the landfill area there were three points with water and in principle, they were considered intermittent springs (nacientes de carácter intermitente). Of the three intermittent springs found, the company (...) committed to respecting the sixty meters of protection radius established in Article 149 of the Water Law (...) Up to this point, this Chamber considers that the actions deployed by the respondent authority in the specific case have been in accordance with the law (...)". (The underlining is ours).

From the foregoing, it is clear that intermittent springs, as part of the water resources (aquifers), are the object of protection of the Costa Rican Legal System, considered a fundamental and indissoluble piece of the guarantee of a healthy and ecologically balanced environment.

b) The violation of the plaintiff's right to property was not accredited: It is reiterated that according to what was indicated in Considerando IV of this judgment, the right to property is not absolute or unrestricted and admits limitations established by law, according to the powers of numeral 45 of the Political Constitution. In the case of intermittent springs, there is an express provision of the legislator to protect such water resources in numeral 149 of the Water Law, reason for which no type of perturbation contrary to the law on the property of the plaintiff is evidenced. With respect to the present litigation, it was demonstrated that on the plaintiff's property there are three intermittent springs (an undisputed fact), hence the protection ordered by the Administrative Environmental Tribunal, in the form of a precautionary measure, is fully applicable. From this standpoint, in the administrative venue, the reason justifying the adoption of the precautionary measure was accredited, just as imposed by precepts 132 and 133 of the General Public Administration Law. [...]

d) Temporality of the precautionary measure: The provisional nature of the precautionary measure ordered by the Administrative Environmental Tribunal is analyzed, insofar as the plaintiff reproves having suffered the limitation on the enjoyment of his property with an act of a temporary nature from 2006 to date, without the substantive procedure having been defined. Regarding the topic of precautionary measures in environmental matters, the First Chamber of the Supreme Court of Justice, has explained in Voto N°199-F-S1-2010 of fifteen hours thirty minutes on February 4, 2010, that:

"(...) The topic of precautionary measures has been analyzed, primarily, based on the jurisdictional process; however, the Public Administration, in the exercise of its functions, and in particular, in relation to the administrative procedures it must follow for the issuance of administrative acts that affect the legal sphere of individuals (Article 308 of the General Public Administration Law), is situated in a situation similar to that of jurisdictional bodies. That is, facing the administrative procedure, in certain cases, the need arises to avoid the occurrence of damage that is impossible or difficult to repair while the final decision is adopted. From this perspective, the general framework of precautionary measures in the contentious-administrative process, as well as its scopes, characteristics, and requirements, is applicable, mutatis mutandi, in the administrative venue. In this line, the General Public Administration Law provides the possibility of suspending the effects of the administrative act, despite the principle of enforceability, when its execution may cause damages that are difficult or impossible to repair. However, it should not be understood that this is the only measure available to the Administration. The absence of a broader regulation of the topic does not entail that the precautionary regime is exhausted in the suspension incident. On the contrary, said faculty is consubstantial to the processing of the administrative procedure, for which the competent body may adopt those measures it deems opportune, without thereby violating the principle of legality. It is an implied power, enabled by the regulation of public purposes (which are always derived from the legal system) whose achievement is sought by the respective administrative procedure from which it pends, and to which it is subject. In environmental matters, this enabling is reinforced insofar as the fundamental right of every person to a "healthy and ecologically balanced environment" is recognized, and concomitantly, the constitutional duty of the State to "guarantee, defend and preserve that right" (ordinal 50 of the Magna Carta). Now, the precautionary measure can be conceptualized as that decision of the judge or administrative body, as the case may be, where a necessary, suitable, and temporary protection is ordered for a right, interest (which can even be diffuse), or legal situation for the purpose of avoiding damage of impossible or difficult repair that affects or could affect the object of the process or procedure or the execution of the final resolution. This can be adopted during the processing of the process or procedure, or beforehand, provided that the principal action is filed. Now, regarding the principles applicable to it, and as relevant for the specific case, it is necessary to refer to those of instrumentality and provisionality. Regarding the first, also qualified as accessoriness, it refers to the indicated function of guaranteeing the effectiveness – not necessarily execution – of the final decision adopted. Thus, the precautionary measure is linked and subject to the principal procedure (hence the distinction between the precautionary and principal process), in such a way that it can only be ordered by reason of the former. It acquires, consequently, a vicarious position, at the service of the principal procedure. Likewise, in case the procedure concludes for any other cause, or if it is not filed, the adopted measure cannot subsist, leading to its decay. Provisionality, for its part, refers to the temporal efficacy of the precautionary measure. In this sense, the final resolution comes to extinguish and/or substitute the provision adopted in an interlocutory manner. (...) ". (Emphasis added).

The plaintiff reproves that the precautionary measure ordered by the Administrative Environmental Tribunal and partially modified by resolution N°908-09-TAA violates the principle of provisionality, since it has been maintained for approximately five years without the final act of the procedure having been issued. In the present case, it is accredited that the Administrative Environmental Tribunal initiated a procedure against the plaintiff and others, following the complaint filed by local residents for the felling of trees near three springs (nacientes) (proven fact number 2). Within the indicated procedure, a precautionary measure was ordered in March 2006 to protect the three springs located on the plaintiff's property (proven fact number 3), a measure that has been modified twice (proven facts numbers 7 and 15).

The Administrative Environmental Tribunal informed this Office in official communication No. 586-10-TAA of July 5, 2010, that: “(...) At this moment we are again summoning, via resolution, all parties to an Oral and Private Hearing, which for scheduling reasons is set for the month of August, the purpose of which is to attempt to reach a conciliation agreement between the complainants and the respondents, and once said proceeding is concluded, this Office has a two-month period to issue the final act (...)”. (Proven fact number 16). As has been indicated, precautionary measures are ordered as a function of a principal proceeding, which in this specific case is being processed before the Administrative Environmental Tribunal for the felling of trees near the intermittent springs (nacientes intermitentes), without the issuance of the final act being recorded in the case file. It is worth clarifying that within this trial, no aspect related to the processing of the administrative proceeding against the plaintiff was included as a procedural object; hence, it must be omitted from the analysis. What has been reviewed thus far allows this Court to find the precautionary measure ordered by the Administrative Environmental Tribunal justified for the following reasons: a) the precautionary measure was ordered within an administrative proceeding that still lacks a final act; b) it is based on a series of technical criteria demonstrating the existence and need for protection of the three intermittent springs (nacientes intermitentes) on the plaintiff’s property; c) no evidentiary elements have been presented to demonstrate that the duration of the precautionary measure is unreasonable, disproportionate, or arbitrary, given that it protects the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment; thus, it is observed that a series of inspections have been carried out at different times of the year and by different specialists to verify the existence of danger to the environment, which justifies its maintenance over time. The foregoing leads to the consideration that, despite approximately five years having elapsed since the original precautionary measure was ordered by resolution No. 582-06-TAA of March 22, 2006, it has been partially modified on two occasions to allow the enjoyment of the plaintiff’s property right, while protecting the intermittent springs (nacientes intermitentes). Thus, resolution No. 908-09-TAA of August 2009, the sole object of review in this proceeding, had barely been issued six months prior to the filing of the claim addressed here on February 2, 2010. With such a brief period, it is not possible to find that the principle of provisionality of the precautionary measure has been abused, since the only resolution challenged is the second partial modification, and the case file also shows sufficient technical support for maintaining the measure since its origin in 2006. Even though in the present case a violation of the principle of provisionality of the precautionary measure is not verified, it is urgent that, without delay, the Administrative Environmental Tribunal processes the principal proceeding and issues the final act within a reasonable time and in accordance with the law, given that unjustified delay would result in liability for the Administration and eventually for the officials personally in charge of the matter.”


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                      Administrative Contentious Tribunal

        Second Judicial Circuit of San José, Directorate 04

  Central 2545-00-03    Fax 2545-00-33

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_________________________________________________________________

Case File: 10-000344-01027-CA

Matter: ORDINARY PROCEEDING DECLARED PURELY OF LAW

Plaintiff: Nombre141147

Defendant: The State

RULING No. 43-2011-SVI

ADMINISTRATIVE CONTENTIOUS TRIBUNAL, SIXTH SECTION, SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Goicoechea, at fourteen hours and twenty minutes on February seventeenth, two thousand eleven.-

Ordinary proceeding declared purely of law, brought by Nombre141147, holder of identity card number CED42223, against THE STATE, represented by licensed attorney Heilyn Saénz Calderón, holder of identity card number CED17241, in her capacity as Assistant Procuradora (folio 56 of the judicial file).

WHEREAS

1.- On February 2, 2010, Nombre141147 filed the claim that gave rise to this proceeding, requesting in judgment the following demands, which were ratified at the preliminary hearing: "Absolute nullity of resolution 908-09-TAA of eight hours fifteen minutes on August seventeenth, two thousand nine, issued by the Administrative Environmental Tribunal, because the existence of any water resource warranting protection was not demonstrated in the administrative proceeding, which in his view has unjustifiably limited his property right. / Compensation for damages and losses (indemnización de daños y perjuicios), considering that as a result of the administrative precautionary measure the commercial value of the property diminished, his commercial image was affected, and he suffered lost profits (lucro cesante) from the impossibility of selling the lots affected by the precautionary measure." (Folios 130 to 132 of the principal file).

2.- Having been granted the statutory transfer, the defendant’s representation answered negatively. It raised the defense of lack of right. (Folios 90 to 102 of the principal file).

3.- The preliminary hearing established in ordinal 90 of the Administrative Contentious Procedure Code, which is recorded in this Office’s digital system, was held starting at 9 hours on November 3, 2010, with the attendance of both parties. As there was no evidence to be examined, this matter was declared purely of law, and conclusions were rendered, it being at that proceeding that the defendant raised the defense of lack of active legitimacy ad causam, as it is reviewable ex officio. The respective case file was sent to this collegiate body for issuance of the pertinent judgment on January 27, 2011, as stated in the stamp visible on folio 132 of the judicial file.

4.- In the proceedings before this Tribunal, no nullities requiring correction have been observed, and the judgment is issued within the fifteen-business-day period established for that purpose by article 82.4 of the Autonomous Regulation on Organization and Service of the Administrative Contentious and Civil Treasury Jurisdiction.

Drafted by Judge Reyes Castillo with the affirmative vote of judges Garita Navarro and Campos Hidalgo;

WHEREAS:

I.- Proven facts. Of relevance for the purposes of this proceeding are the following: 1). That Messrs. Nombre141147 and Nombre141148 are owners of farm number 6009981, rights 001 and 002, located in the canton of Buenos Aires in the province of Puntarenas, where the Mi Hogar residential joint project is being developed (folio 15 of the judicial file and segregation plans provided in the bundle of evidence of the precautionary measure of June 29, 2010). 2). That on June 20, 2005, the Administrative Environmental Tribunal received a complaint regarding alleged environmental impacts caused by the felling of trees located in the protection zone of a permanent spring (naciente permanente), due to the development of the Mi Hogar Urbanization, and assigned it case file number 211-05-TAA. (Uncontroverted fact). 3). That by resolution number 582-06-TAA of eleven hours ten minutes on March 22, 2006, the Administrative Environmental Tribunal ordered the precautionary measure of abstention and paralysis of any activity, work, or project in order to avoid damages of difficult or impossible reparation to the environment and natural resources of the area, located at Dirección2870 behind the Mi Hogar Urbanization, due to the alleged existence of three springs (nacientes) (folios 143 to 146 of the administrative file, volume I). 4) That in official communication number IMN-DA-1644-06 of June 20, 2006, from the Waters Department of the Ministry of Environment and Energy, it informed the Administrative Environmental Tribunal that in official communication IMN-DA-2444-04 of that same body, it was indicated that on the property in conflict (referring to the same one reviewed in this proceeding) there exist three water springs (nacimientos de agua) and that they are of a permanent nature. However, since the inspections were carried out in the rainy season, it was considered pertinent to repeat an inspection between February and March. Regarding significant damages, it was observed “that some of the houses in said urbanization discharge their wastewater and rainwater into one of the channels that drain one of the springs (nacimientos).” (Folios 173 to 174 of the administrative file, volume I). 5) That in official communication number SRBA-383-06 of September 20, 2006, issued by the La Amistad-Pacífico Conservation Area of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, it recorded the inspection carried out at the Mi Hogar urbanization, stating in essence: “(...) it was determined that two gallinazo trees had indeed been cut, in protection areas of a permanent spring (naciente permanente), one had a diameter of 39 centimeters and is located at a distance of 12 meters from the spring (naciente), while the other had a diameter of 47 centimeters and is located at a distance of 16.40 meters from the spring (naciente). / The cutting of trees was carried out to continue with the project, which, according to informants, was approved in 1989 by the Municipality of Buenos Aires. These trees are within the right-of-way of the roads to be built as contemplated in the project (...)”. (Folios 244 and 245 of the administrative file, volume I). 6) That by official communication number IMN-DA-1171-07 of May 17, 2007, from the Waters Department of the National Meteorological Institute of the Ministry of Environment and Energy, it is indicated that “(...) The three springs (nacientes), whose locations have already been indicated to the Administrative Environmental Tribunal in official communication IMN-DA-2444-05, were visited, and all had water; it must be taken into account that in the Buenos Aires area it had already rained in the days prior to the inspection. (...) fellow Nombre141149 carried out an inspection in April, finding that all the sources were dry and that only the outcrop of a base flow was found about 70 meters downstream at spring (naciente) 3. / (...) In conclusion, the springs (nacientes) indicated in official communication IMN-DA-2444-05 do indeed exist, which, according to what was stated by fellow Nombre141149, dry up, a situation that, if so, would give them the character of intermittent water sources (fuentes de agua intermitentes) (...)”. (Folio 412 of volume II of the administrative file). 7) That in resolution No. 1213-07-TAA of eight hours fifteen minutes on November thirteenth, two thousand seven, issued by the Administrative Environmental Tribunal, it ordered: “(...) Given that on October 25, 2007, the demarcation (amojonamiento) proceeding of the protection zone of the water springs (nacientes de agua) in the “Mi Hogar” Urbanization in Dirección17075, in the province of Puntarenas, was carried out (...) in this act, the precautionary measure imposed by resolution No. 582-06-TAA of March 22, 2006 is partially modified, (...) it is modified to authorize the continuation of activities inherent to the development of an urbanization (provided they have the corresponding permits) except in the protection area of the demarcated springs (nacientes amojonadas). Likewise, the respondents are reminded of the duty to respect the protection area of the stream (quebrada), established in article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) (...)”. (Unnecessary capital letters were removed, folios 479 to 486 of the judicial file, volume II). 8). That by official communication No. IMN-DA-3121-2007 of November 23, 2007, the Waters Department of the National Meteorological Institute of the Ministry of Environment and Energy indicates that: “(...) this Department has already determined for various bodies, including the Administrative Environmental Tribunal and the Auxiliary Prosecutor’s Office of Buenos Aires, that there exist three permanent springs (nacientes de carácter permanente), this by report IMN-DA-2445-05, which is attached; currently, we are awaiting the carrying out of an inspection in the dry season (February-March 2008) to conduct another inspection, because an appeal was filed by the owners of the farm where the springs (nacientes) are located, claiming that they are intermittent (intermitente), but what is firm is that they are public-domain springs (nacientes del dominio público) (...)”. (Folio 496 of the administrative file, volume II). 9). That in official communication No. IMN-DA-3243-2007 of December 5, 2007, the Waters Department of the National Meteorological Institute, Ministry of Environment and Energy indicates: “(...) you ask us what the setback (retiro) established for intermittent water springs (nacientes de agua de carácter intermitente) is; I inform you that article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) 7575 indicates the protection area and establishes it for permanent springs (nacientes de carácter permanente); regarding the protection area for intermittent springs (nacientes de carácter intermitentes), it is this Department’s criterion that the in dubio pro natura principle must be applied because the Forest Law (Ley Forestal) does not include them, and apply the provisions of article 149 of the Water Law (Ley de Aguas) 276 of August 27, 1942.” (Folio 604 of the administrative file, volume III). 10). That in official communication No. IMN-DA-0981-2008 of April 15, 2008, issued by the Waters Department of the National Meteorological Institute of the Ministry of Environment and Energy, it clarifies “(...) While it was indicated in official communication IMN-DA-2444-05 that there existed 3 permanent springs (nacientes de carácter permanente), what was intended to be emphasized is that this assessment was carried out during the peak rainy season, so that from the assessment carried out by the undersigned on the 27th of March of the current year, it was determined that at the three points where the existence of the three springs (nacientes) had initially been established, there was no water outcropping./ It is clearly explained that downstream of these three points referenced in official communication IMN-DA-2444-05, diffuse water outcroppings were located, from which, by runoff, the flow occurs in the channels that form the springs (nacientes) referred to in the aforementioned official communication./ (...) In order to clarify what was established in official communication IMN-DA-891-2008, while it was established that at the 3 points where the springs (nacientes) were located, no outcropping was occurring, this Department maintains the criterion that they are permanent springs (nacientes permanentes), so the statement established in official communication IMN-DA-2444-05 must be maintained, pending the results of the Hydrogeological Study.” (Folios 615 and 616 of the administrative file, volume III). 11). That in resolution No. 873-08-TAA of thirteen hours and two minutes on September twenty-ninth, 2008, the Administrative Environmental Tribunal requested respondent Nombre141147 to carry out a hydrogeological study in the complained-of area, granting him a one-calendar-month period. (Folios 676 to 687 of the administrative file, volume III). 12). That in official communication No. AT-0444-2009 of March 19, 2009, the Waters Department of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications concluded that: “Regarding source # 1 (spring (naciente) designated # 1), it is dry at its origin; therefore, this source is considered intermittent (intermitente). At a distance of ten meters downstream, there is an outcropping in the channel floor, which the undersigned considers as base flow. / It is clear that at the site there are two additional sources (springs (nacientes) designated # 2 and # 3), which are dry from their origin and along the channel. Therefore, they are intermittent (intermitente) (...)”. (Folios 788 and 789 of the administrative file, volume III). 13). That on March 25, 2009, Mr. Nombre141147 presented before the Administrative Environmental Tribunal the geohydrological study carried out by MSc. Mauricio Vásquez Fernández, which technically concludes the following: “(...) at the local level, the PA [Project Area] is crossed by two ephemeral superficial runoff drainages, which only have water when heavy precipitation occurs in the area; due to the dimensions of the project, by morphology and geology, there are no flood terraces. (...) It is concluded that the geological geoaptitude of the PA is favorable for the development of the Housing Project since among the positive technical attributes is the existence of a low slope; there is no flood threat, and the soils are adequate for the foundation of the works at depths between 1.5 and 2.0 m (...)”. (Folios 739 to 786 of the administrative file, volume III). 14). That by official communication IMN-DA-1223-2009 of April 21, 2009, from the Waters Department of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, the technical report of the inspection of springs (nacientes) and channels No. AT-0444-2009 of March 19, 2009, prepared by official Nombre141150 of the Waters Department, is remitted, in which the following was concluded: “Regarding source # 1 (spring (naciente) designated # 1), it is dry at its origin; therefore, this source is considered intermittent (intermitente). At a distance of ten meters downstream, there is an outcropping in the channel floor, which the undersigned considers as base flow. / It is clear that at the site there are two additional sources (springs (nacientes) designated # 2 and # 3), which are dry from their origin and along the channel. Therefore, they are intermittent (intermitente) (...)”. (Folios 788 and 790 of the administrative file, volume III). 15). That within the proceeding indicated above, the Administrative Environmental Tribunal modified the precautionary measure imposed by resolution number 908-09-TAA of eight hours and fifteen minutes on August seventeenth, 2009, and in the pertinent part, ordered: “(...) SOLE: (...) The precautionary measure modified by resolution No. 1213-07-TAA of November 13, 2007, is partially modified to authorize the continuation of activities inherent to the development of an urbanization (provided they have the corresponding permits, including the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental), granted by the National Environmental Technical Secretariat SETENA) except within the 60 meters of protection of the intermittent springs (nacientes intermitentes). Likewise, the respondents are reminded of the duty to respect the protection area of the stream (quebrada), established in article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) (...)”. (Unnecessary capital letters were removed. Folios 18 to 31 of the judicial file and 808 to 821 of the administrative file, volume III). 16). That in official communication No. 586-10-TAA of July 5, 2010, the Administrative Environmental Tribunal informs this Tribunal that: “(...) the precautionary measure imposed by this Office on the project of Mr. Nombre141147, and in accordance with the limitation of the 60 meters of protection of the springs (nacientes), I clarify that the measure was applied based on the provisions of article 149 of the Water Law (Ley de Aguas), which states: ‘It is forbidden to destroy, both in national and private forests, trees located less than sixty meters from springs (nacimientos) that arise on hills, or less than fifty meters from those that arise on flat land.’ Said property is on flat and undulating land, according to reports from technicians of the Conservation Area, hence that limitation. I must reiterate once more that the 60-meter limitation was not established in relation to article 33 of the Forest Law (Ley Forestal), but rather to article 149 of the Water Law (Ley de Aguas), which does protect intermittent springs (nacientes de carácter intermitente) as in this case. / Regarding the processing of this case file (...) and the delay in the final resolution, it is necessary to indicate that the reports requested by this Office took quite a long time; it is also true that during two resolutions that this Office prepared to hold conciliation hearings, they yielded no result since the parties did not agree. In addition, the original case file was sent to the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) and the Criminal Court of Cartago. At this moment, we are again summoning, via resolution, all parties to an Oral and Private Hearing, which for scheduling reasons is set for the month of August, the purpose of which is to attempt to reach a conciliation agreement between the complainants and the respondents, and once said proceeding is concluded, this Office has a two-month period to issue the final act (...)”. (Unnecessary capital letters and bold highlighting were removed. Folios 108 to 114 of the judicial file).

II. Unproven facts. Of relevance for the purposes of this proceeding are the following: 1) That the precautionary measure ordered by the Administrative Environmental Tribunal in resolution No. 908-09-TAA of eight hours and fifteen minutes on August seventeenth, 2009, prevented the development of the “Mi Hogar” housing project. (This situation is not accredited in resolution No. 908-09-TAA nor in the rest of the documentary evidence in the case file). 2) That the precautionary measure contained in resolution No. 908-09-TAA caused heavy economic losses to the plaintiff due to the impossibility of selling the lots or because those sold had not obtained the construction permit issued by the Municipality of Buenos Aires (This circumstance has not been proven). 3) That the precautionary measure contained in resolution No. 908-09-TAA had annulled the commercial value of the plaintiff’s property and made the sale of the lots impossible (This circumstance has not been proven). 4) That the precautionary measure contained in resolution No. 908-09-TAA had caused the loss of the plaintiff’s commercial credibility before the general population for having offered for sale lots that lost their commercial value, and that this was reflected in other commercial activities causing deterioration in all his businesses. 5) That the plaintiff incurred losses and indebtedness due to having invested in the purchase of the property and the development works, together with the loss of interest on the unsold lots and their opportunity cost (This circumstance has not been proven).

III.- Object of the proceeding. Parties’ arguments. Having analyzed the allegations and petitions of the parties involved in this conflict, it is clear that the object of the proceeding lies in determining the existence or not of a legal protection regime for the intermittent springs (nacientes intermitentes) located on the plaintiff’s property. The plaintiff alleges that article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) establishes the legislative parameter of 100 meters in radius for the protection of permanent springs (nacientes permanentes). He points out that it is demonstrated in the case file that there are intermittent springs (nacientes intermitentes) on his property and cites in support the official communication of Nombre2449 of March 30, 2009, where it is stated that there are no outcroppings, but rather water collection that runs as small streams. He notes that, likewise, the Waters Department of MINAET established that there are no permanent springs (nacientes permanentes). He complains that the challenged resolution that imposed the precautionary measure (No. 908-09-TAA) lacks the legal basis for the sixty meters in radius and only cites article 33 of the Forest Law (Ley Forestal), which is not applicable to the case. He considers that his right to private property has been violated because the Administrative Environmental Tribunal legislated by creating a new category of protection not provided for in the law. He also reproaches that more than five years have passed without resolving the matter and that during all that time he has been subjected to a null precautionary measure. He requests that the claim be granted, that the precautionary measure imposed by the Administrative Environmental Tribunal be revoked, and that he be compensated for the damages and losses suffered during the five years they have been dealing with the matter. For its part, the defendant indicates that there was felling of trees in an area near three intermittent springs (nacientes intermitentes) (report AT-0444-2009 from the Waters Department). Furthermore, it clarifies that the Administrative Environmental Tribunal issued a formal act authorizing the continuation of the urbanization development but protecting the springs (nacientes) and stream (quebrada), within a sixty-meter protection area, in accordance with the provisions of article 149 of the Water Law (Ley de Aguas). In the case of the stream (quebrada), the duty to respect the area is set out in article 33 of the Forest Law (Ley Forestal). It offers the technical definitions of the following terms: naciente or nacimiento, understood as “the place or site where a spring (manantial) emerges”; manantial is “the birth or source from which water emerges.” It considers that the administrative conduct is in accordance with the Legal System and with the constitutional principle of safeguarding a healthy and ecologically balanced environment. It cites rulings 2004-1923, 2006-18051, and 2006-5606, all from the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), referring to the public-domain character (carácter demanial) of the country’s underground and surface waters. It deems that if the plaintiff’s property has springs (nacientes) or spring sources (manantiales) and streams (quebradas), he must protect them, as established by law (articles 149 Water Law (Ley de Aguas) and 33.b Forest Law (Ley Forestal)), since the right to property is not absolute and may have limitations, as in the present case. It adds that the State has the obligation to ensure the protection of natural resources (article 50 Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente)), hence the Tribunal’s resolution only applied current regulations and must be upheld. It requests that the claim be dismissed and the plaintiff be ordered to pay both sets of costs of the proceeding.

IV.- On limitations to the right of property for environmental protection. General aspects. This collegiate body considers that, prior to the legality review of the administrative acts whose nullity is claimed, it is necessary to refer, in general terms, to the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) as a public-domain asset (bien demanial). In that sense, it should be noted that through resolution No. 0063-2009, issued by this Section at 16:00 on January 19, 2009, the following was stated, as relevant for the issuance of this judgment:

"(...) Constitutional recognition of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. In Costa Rica, the recognition and protection in Constitutional Law of said fundamental right does not have as its starting point the amendment to article 50 of the Political Constitution, enacted by Law number 7412 of June third, nineteen ninety-four. The foregoing, because since the promulgation of the constitutional text in 1949, the intent of the Constituent Assembly was clear in establishing in article 89 that: “Among the cultural purposes of the Republic are: to protect natural beauties, to conserve and develop the historical and artistic heritage of the Nation, and to support private initiative for scientific and artistic progress”; which is complemented by the categorical declaration contained in article 21, to the effect that in our country, “Human life is inviolable.” The integration of the provisions of both articles implies that the need to preserve the environment – although at that time the Constituent Assembly used the term natural beauties – transcends a purely cultural purpose, to become a vital necessity for every human being, as it constitutes an essential prerequisite for making effective other fundamental rights such as: life, health, and development. (see in that sense, rulings number 1993-03705 at fifteen hours on July thirtieth, nineteen ninety-three; 1993-06240 at fourteen hours on November twenty-sixth, nineteen ninety-three; 1993-04423 at twelve hours on December seventh, nineteen ninety-three; 1994-02485 at nine hours eighteen minutes on May twenty-seventh, nineteen ninety-four, all from the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice). (...) The State must assume a dual behavior of acting and refraining from acting; on one hand, it must refrain from itself undermining the right to a healthy and ecologically balanced environment, and on the other hand, it must undertake the task of issuing measures that permit compliance with constitutional requirements…” (ruling No. 1999-00644 issued by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice, at 11:24 hours on January 29, 1999). In that sense, “...The action that the Political Constitution imposes on the State against sources of environmental contamination is multidirectional and definitively active, absolutely intolerant towards situations that threaten or affect the optimal environmental conditions guaranteed by it to the inhabitants. From this perspective, public authorities are not permitted to make concessions or grant extensions to allow the continued impairment of the environment, even when this is done with a view to bringing economic benefits to a particular geographic area…” (ruling No. 1999-05906 issued by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice at 16:15 hours on July 28, 1999). This constitutional duty of the State to ensure the protection, defense, and preservation of the environment is developed and manifested, among others, in the following norms: articles 1, 2.a.

2.c, last paragraph of 2, 3, 12, 28, 32, 34, 37, 56, 59, 78, 83, 103 to 112 of the Organic Environmental Law; articles 1, 2, 9.4, 12, 22 to 30, 45, 49, 54, 86, 88 of the Biodiversity Law; 3, 4, 6, 7, 15, 34, 122 of the Wildlife Conservation Law; 1, 2, 5, 6, 13, 37, 54 of the Forestry Law; 5, 6, 7, 11, 21, 29 to 33, 37 of the Law on Use, Management and Conservation of Soils; 13.a, 13.o of the Municipal Code; 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25 of the Maritime-Terrestrial Zone Law; 1, 2 of the General Health Law; 1, 2, 17, 175, 176 of the Water Law; 15, 18, 19, 51, 56, 58.5, Transitional Provision II of the Urban Planning Law. That duty, however, is not limited to the State as a whole, but also extends to subjects of private law, who have the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, but also to guarantee, preserve, and defend it, as can be inferred, among others, from articles 1, first paragraph, 2.a, 6, 22, 23, 99, of the Organic Environmental Law; 10.2, 10.13, 11.4, 88, 95, 101, 105 of the Biodiversity Law; 15, 28 to 30, 36 to 38, 51, 53, 62 to 64, 83, 88 to 121 of the Wildlife Conservation Law; 57 to 66 of the Forestry Law; 37, 40, 41 to 45, 51 to 53 of the Law on Use, Management and Conservation of Soils; 14 of the Maritime-Terrestrial Zone Law; as well as from judgments number 1999-02219 at fifteen hours and eighteen minutes on March twenty-fourth, nineteen ninety-nine; 1999-05906 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at sixteen hours and fifteen minutes on July twenty-eighth, nineteen ninety-nine, among others. (...) In this sense, within the group of procedural protection mechanisms, three examples should be highlighted: 1) The broad standing granted to every person by the second paragraph of Article 50 of the Political Constitution and Article 105 of the Biodiversity Law, to denounce, both through administrative and jurisdictional channels, conduct that violates the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and to claim damages caused. (...). 2) A system of unnamed precautionary measures and, if necessary, of an anticipatory nature (articles 108 of the Biodiversity Law, 42 of the Constitutional Jurisdiction Law, and 19 to 30 of the Contentious-Administrative Procedural Code). 3) The application of guiding principles in environmental matters, namely: in dubio pro natura, preventive, and precautionary, as means to guarantee the effective protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and therefore, to prevent its existence from being restricted to the semantic plane of legal reality (see articles 4.c, 17, and 34 of the Organic Environmental Law, 11 subsections 1 and 2, 92 of the Biodiversity Law, principle 15 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, and among others, judgment number 1999-01250 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at eleven hours and twenty-four minutes on February nineteenth, nineteen ninety-nine). In this regard, the legal operator must always take into consideration that “...when there is a danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of cost-effective measures to prevent environmental degradation...”. (...) In this regard, “...it is not possible for the State to execute or authorize the execution of projects about which there is doubt regarding the negative impact they may generate on the environment (...)”.

Regarding the protection of waters, the Constitutional Chamber, in Ruling No. 2009-2019 at fourteen hours and fifty-five minutes on February eleventh, two thousand nine, stated the following:

“(...) V.- ON THE PROTECTION OF WATER RESOURCES. The Organic Environmental Law -Law No. 7554 of October 4, 1995-, establishes in numeral 50 that water is of public domain and its conservation and sustainable use are of social interest. Similarly, that same regulatory body provides, in Article 51, the following criteria that must be observed for the conservation and sustainable use of water: '(…) a) Protect, conserve, and, insofar as possible, recover aquatic ecosystems and the elements that intervene in the hydrological cycle. b) Protect the ecosystems that allow the regulation of the hydrological regime. c) Maintain the balance of the water system, protecting each of the components of the hydrological basins.' Criteria that, according to the law itself, must be followed for the granting of concessions and permits for the use of any component of the hydrological regime (Article 52 Ibid.). Likewise, it should be noted that, regarding the necessary protection of the water resource, this Constitutional Court, authored by the Reporting Magistrate, in Ruling No. 1923-04 at 14:55 hrs. on February 25, 2004, indicated, where relevant: / '(…) Our Political Constitution, in its Article 50, enunciates the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is achieved, among other factors, through the protection and conservation of the quality and quantity of water for human consumption and use and to maintain the ecological balance in the habitats of flora and fauna (e.g., wetlands) and, in general, of the biosphere as the common heritage of humanity. Likewise, access to potable water ensures the rights to life – "without water no life is possible," states the Water Charter approved by the Council of Europe in Strasbourg on May 6, 1968 –, to the health of persons – indispensable for their food, drink, and hygiene – (Article 21 of the Political Constitution) and, of course, is associated with the socio-economic development and growth of peoples to ensure each individual decent well-being and quality of life (Article 33 of the Political Constitution and 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights). (…)'. / Likewise, on that occasion, this Chamber, regarding the issue of surface and subterranean waters, stated the following: / '(…) As opposed to so-called surface waters, which flow over the earth's crust and can be subject to common or special uses, there are subterranean waters. Subterranean waters are those found below the earth's surface occupying the empty spaces in the soil or rocks; their most important source is pluvial precipitation that infiltrates the soil. The soil, for its part, is composed of two levels which are as follows: a) Upper or aeration zone, in which the empty spaces are occupied by air and infiltrated water that descends by gravity, and b) another below this called the saturation zone, in which the empty spaces are filled with water that moves slowly and whose upper level is called the water table, hydrostatic level, or phreatic level. The waters included in the porous spaces of the saturation zone, in geological formations, are called aquifers or groundwater. The hydraulic gradient is the difference in altitude between two points on the same water table – phreatic level –, in relation to their horizontal distance; the speed of movement of subterranean waters depends, essentially, on the hydraulic gradient. (…) Unlike the contamination of surface waters, which tends to be evident and visible, allowing preventive environmental actions aimed at mitigating or eradicating it, that of subterranean waters, by its very nature, often goes unnoticed and becomes apparent when it has reached large proportions. Aquifers, due to the slow circulation of waters, the absorption capacity of the terrain, and other factors, can take a long time to show contamination. Additionally, the great volume of contained water means that extensive contamination takes a prolonged period to manifest itself, or when it involves localized contamination, it is detected when it flows at an extraction site. Certainly, this type of water has a resistance to contamination; however, when this occurs, its regeneration can be extraordinarily slow and, on occasions, is irreversible due to the high cost of the means to do so. It has been demonstrated that attempts to repair the damage caused by contamination to an aquifer to again achieve potability levels have not been successful; cleanup technologies have contributed little to reduce the damage, and the methods are economically very expensive. To the above must be added the lack of organizational infrastructure, material, financial, and human resources—in this last case, duly trained to evaluate, measure, and, in general, monitor the quality of this water and the exact dimension of its contamination. The degradation and contamination of aquifers impose on the legislator and public administrations the urgent and non-deferrable task of protecting them (…)’.

The fundamental right of every citizen to a healthy and ecologically balanced environment - Article 50 of the Constitution - requires that the exercise of property be in accordance with the constitutional principles enshrined in the Political Constitution, such that the Legislative Assembly has the authority to impose limitations of social interest on property (Article 45 of the Political Constitution). In the same sense, it is observed that the social utility of goods (social function) is insufficient to achieve the purposes of the new values that permeate society, which is why it is necessary to protect ecological and environmental interests. The social function is the foundation of the dogmatic scheme, the legal basis from which the ecological function transforms the right to property into a right to the limited use of one's own property so that it does not harm the environment. Consequently, the right to property, as a subjective right, is not unrestricted or absolute; on the contrary, it entails a set of rights and duties, powers and obligations for its holder, which are being shaped by legislation, considering the nature of the goods upon which it falls and the principles and values of the Legal System in its entirety. Next, we proceed with the analysis of the substantive arguments presented by the litigating parties.

V.- On the specific case. The plaintiff claims that Article 33 of the Forestry Law establishes the legislative parameter of one hundred meters around for the protection of permanent springs (nacientes permanentes), but this is not applicable to his case since it was demonstrated that only intermittent springs (nacientes intermitentes) exist on his property, which implies that resolution No. 908-09-TAA of the Administrative Environmental Tribunal where the precautionary measure was imposed is null because it lacks the legal basis of the sixty meters around. He considers that his right to private property has been violated because the Administrative Environmental Tribunal legislated by creating a new category of protection that is not in the law. Moreover, he reproaches that it has taken more than five years to resolve the matter, and during all that time, a null precautionary measure has been imposed upon him. The arguments are not acceptable and are rejected. The case file demonstrated that the Administrative Environmental Tribunal modified the precautionary measure imposed on the plaintiff since March 2006 (proven fact number 3), through resolution number 908-09-TAA at eight hours and fifteen minutes on August seventeenth, two thousand nine, which, where relevant, ordered:

“(...) SOLE: We proceed to partially modify the precautionary measure modified by resolution No. 1213-07-TAA of November 13, 2007, in the sense of authorizing the continuation of the activities inherent to the development of a housing development (urbanización) (provided they have the corresponding permits, including the Environmental Viability, granted by the National Environmental Technical Secretariat, SETENA) except in the 60 meters of protection for intermittent springs (nacientes intermitentes). Likewise, the reported parties are reminded of the duty to respect the protection area of the stream, established in Article 33 of the Forestry Law (...)”. (Proven fact number 15)

This Court considers that the aforementioned resolution of the Administrative Environmental Tribunal, number 908-09-TAA, is in accordance with the law for the reasons explained below. a) There is legal protection within the Legal System for intermittent springs (nacientes intermitentes): Firstly, it must be clarified that the Costa Rican Legal System goes beyond a simple set of written norms; on the contrary, it is a complex system in which unwritten norms (custom, principles, jurisprudence), technical and scientific rules – to name only a few – are also integrated to resolve any gap that arises in the resolution of a particular case, as can be inferred from numerals 6, 7, and 8 of the General Public Administration Law. Given that written norms are, most of the time, insufficient, it would therefore not be acceptable for the legal operator to limit himself solely and exclusively to the application of the normative presuppositions. Regarding Environmental Law, it was previously indicated in Considering IV of this ruling that private property is subject to a series of limitations in protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, which includes the protection of water resources and aquifers, and the Constitutional Chamber has undertaken an extensive jurisprudential development of the matter. In the specific case, it is clear that the Costa Rican Legal System does protect intermittent springs (nacientes intermitentes), among other elements, with a clear and specific normative provision, namely: Article 149 of the Water Law, which states:

“It is forbidden to destroy, both in national forests and on private land, trees located less than sixty meters from springs (manantiales) that originate in the hills, or less than fifty meters from those that originate on flat land”. (Emphasis added).

The term spring (manantial) is defined in the Dictionary of the Royal Spanish Academy as: “Source of waters” (taken from the website: www.rae.es), which directly alludes to springs (nacientes), without distinguishing their temporary or permanent nature. In another similar case, resolved by the Constitutional Chamber with ruling number 2010-8315 at eight hours and forty-five minutes on May seventh, two thousand ten, the measures adopted by the Public Administration to protect some intermittent springs (nacientes intermitentes) were declared in accordance with the law, including the sixty-meter protection radius of Article 149 of the Water Law. Where relevant, it was established:

“(...) VI.- From the evidence provided in the case file, it is understood that before granting environmental viability, a series of actions were taken to analyze and protect the springs (nacientes) located on the farm where the construction of the sanitary landfill is to take place; as well as the intervention of various institutions. The Administrative Environmental Tribunal, through resolution number 704-08 TAA of August fourth, two thousand eight, ordered the National Environmental Technical Secretariat and the Department of Waters to inspect the site during the rainy season to determine the presence or absence of springs (nacientes), since when the Tribunal conducted the inspection on April fourth, two thousand eight, it did not find any springs (nacientes). On July twenty-first, two thousand nine, the Administrative Environmental Tribunal again conducts an inspection and verifies that the points were dry. The Department of Waters conducted an inspection on November twenty-sixth, two thousand nine, and it was verified that in the landfill area, there were three points with water, and they were initially considered intermittent springs (nacientes de carácter intermitente). Of the three intermittent springs (nacientes intermitentes) found, the company (...) undertook to respect the sixty-meter protection radius established in Article 149 of the Water Law (...) Up to this moment, this Chamber considers that the actions deployed by the appealed authority in the specific case have been in accordance with the law (...)”. (Italics are ours).

From the foregoing, it is clear that intermittent springs (nacientes intermitentes), as part of the water resource (aquifers), are subject to protection under the Costa Rican Legal System, as they are considered a fundamental and indissoluble piece of the guarantee of a healthy and ecologically balanced environment.

b) The violation of the plaintiff’s right to property was not proven: It is reiterated that, as indicated in Considering IV of this judgment, the right to property is not absolute or unrestricted and admits limitations established by law, according to the powers of numeral 45 of the Political Constitution. In the case of intermittent springs (nacientes intermitentes), there is an express provision of the legislator to protect such water resource in numeral 149 of the Water Law, which is why no type of disturbance contrary to law upon the plaintiff's property is evident. With respect to the present dispute, it was proven that there are three intermittent springs (nacientes intermitentes) on the plaintiff's property (uncontested fact), hence the protection ordered by the Administrative Environmental Tribunal, in the form of a precautionary measure, is fully applicable. From this standpoint, the reason justifying the adoption of the precautionary measure was proven at the administrative level, as required by precepts 132 and 133 of the General Public Administration Law.

c) Resolution number 908-09-TAA of the Administrative Environmental Tribunal is adequately justified: Article 136 of the General Public Administration Law requires the due substantiation of administrative acts that impose obligations or limit, suppress, or deny subjective rights, allowing for succinct motivation – concrete and precise – containing “the explicit or unequivocal reference to the motives of the request of the petitioner, or to proposals, opinions or prior resolutions that have actually determined the adoption, provided that a copy is attached”. In the present matter, the aforementioned resolution number 908-09-TAA of the Administrative Environmental Tribunal was based on the technical criterion contained in official communication IMN-DA-1223-2009 of April 21, 2009, from the Department of Waters of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, which in turn refers to the technical report of the inspection of springs (nacientes) and watercourses No. AT-0444-2009 of March 19, 2009, prepared by Nombre141150, an official of the Department of Waters, which concluded the following:

“Regarding source # 1 (spring (naciente) denominated # 1), it was found dry at its origin, therefore this source is considered intermittent in nature. At a distance of ten meters downstream, there exists in the watercourse an outcrop on the floor, which the undersigned considers as base flow. / It is clear that at the site there are two more sources (springs (nacientes) denominated # 2 and # 3), which are dry from their origin and along the watercourse. Therefore, they are intermittent in nature (...)”. (Proven fact number 14).

It is observed that the aforementioned technical criterion was transcribed in the 99th resultando and in the sole considerando – where relevant – of the contested resolution No. 908-09-TAA of the Administrative Environmental Tribunal, which also included the express detail of its location in the administrative file. Additionally, it is verified that this technical report was known to the plaintiff before the issuance of the questioned resolution, as verified in the request for the lifting of the precautionary measure submitted by Nombre141147, dated April 22, 2009, which cites report No. AT-0444-2009 in the fourth of its arguments (folios 798 and 799 of volume III of the administrative file). The foregoing allows the requirement to accompany the act with a copy of the opinion, set forth in Article 136 of the General Public Administration Law, to be considered fulfilled, by virtue of proving the transcription of the technical criterion, the citation of the exact location in the administrative file, and the prior knowledge of said report by the plaintiff. Also, official communication No. IMN-DA-3243-2007 of December 5, 2007, from the Department of Waters of the National Meteorological Institute, Ministry of Environment and Energy, is part of the administrative file, which indicates:

“(...) you ask us what is the setback established for intermittent water springs (nacientes de agua de carácter intermitente), I am pleased to inform you that in Article 33 of Forestry Law 7575, the protection area is indicated, and it is established for permanent springs (nacientes de carácter permanente); regarding the protection area for intermittent springs (nacientes de carácter intermitentes), it is the criterion of this Department that the principle In dubio pro natura should be applied because the Forestry Law does not include them, and apply what is established in Article 149 of Water Law 276, of August 27, 1942”. (Emphasis added; proven fact number 9).

Said criterion had already been referenced by the Administrative Environmental Tribunal prior to the modification of the precautionary measure contested here, namely in resultando 80 of resolution No. 873-08-TAA at thirteen hours and two minutes on September twenty-ninth, two thousand eight, in which it requests the plaintiff to present a hydrogeological study (folios 676 to 687 of volume III of the administrative file), but it is equally cited in resultando 80 of the act being contested in this process. It is important to note that the existence and need for protection of the indicated intermittent springs (nacientes intermitentes) was also expressed in official communication number DIGH-0117-2009 of March 30, 2009, from the Directorate of Research and Water Management of the National Service for Subterranean Waters, Irrigation, and Drainage (SENARA), which contains the report requested by the Prosecutor's Office of Buenos Aires, Puntarenas within the criminal process processed under file No. 05-200233-634-PE against Nombre141147 and another for the crime of infraction of the Forestry Law for invasion of protection areas of springs (nacientes). The indicated communication was offered as documentary evidence by the plaintiff and, as relevant, concluded:

“(...) 2. In the area in question, a total of 3 springs (nacientes) with an intermittent flow regime were located, because the inspection was conducted in the period with the most critical rainfall shortage conditions in the region, information previously consulted with the National Meteorological Institute. / (...) 4. Although the inspected springs (nacientes) present an intermittent flow regime, it is worth mentioning that according to hydrogeological technical criteria, they can be affected by contamination from waste, wastewater, and septic tanks coming from the housing development (urbanización) during the rainy season, because it is at this time that, due to the rains, the groundwater level will recharge and rise, placing itself close to the surface until it emerges through the springs (nacientes) in question; this situation means that, due to the proximity of the water level to the surface, the aquifer is more susceptible to contamination; therefore, it is considered important that the first stage of the Mi Hogar Housing Development (already built) and its second stage (planned for development) have an evaluation of the hydrogeological vulnerability to aquifer contamination, since the presence of springs (nacientes) (even if classified as intermittent) indicates that the aquifer present in the area is susceptible to contamination during the rainy season, and it is important to remember that the production of contaminating fluids that a housing project can produce is persistent throughout the year and not just in the dry season.” (Folios 7 to 10 of the judicial file).

In official communication No. 586-10-TAA of July 5, 2010, the Administrative Environmental Tribunal informs within this process that:

“(...) the precautionary measure imposed by this Office on the project of Mr. Nombre141147 and in accordance with the limitation of the 60 meters of protection for springs (nacientes), I would like to clarify that the measure was applied based on what is established in Article 149 of the Water Law, which states: 'It is forbidden to destroy, both in national forests and on private land, trees located less than sixty meters from springs (nacimientos) that originate in the hills, or less than fifty meters from those that originate on flat land.' Said property is located on flat and undulating terrain, according to the reports from the technicians of the Conservation Area, hence said limitation. I must reiterate once again that the limitation of 60 meters was not established in relation to Article 33 of the Forestry Law, but rather to Article 149 of the Water Law, which does protect intermittent springs (nacientes de carácter intermitente) as in this case. (...)” (emphasis added; proven fact number 16).

Based on the cited report rendered by the Administrative Environmental Tribunal in this process, a written hearing was granted to the plaintiff through a resolution at ten hours and fifty minutes on August fourth, two thousand ten (folio 116 of the judicial file), without any argument presented appearing in the case file. This Court concludes that resolution No. 908-09-TAA of the Administrative Environmental Tribunal, which imposed the precautionary measure, is in accordance with the law and is sufficiently reasoned by making express reference to the technical criteria indicated above, which are included in the administrative file and were known to the plaintiff. Although it is true that the aforementioned resolution No. 908-09-TAA issued by the Administrative Environmental Tribunal lacks the express indication of numeral 149 of the Water Law, which contains the protection parameter of sixty meters around from springs (manantiales), which deviates from proper legal technique, this does not incur the defect of lack of motivation of the act. This is so because, upon verifying the express reference to the technical criteria supporting the existence of the three intermittent springs (nacientes intermitentes) within the plaintiff's property and the need for their protection given the imminent risk of being affected by the development of a residential complex, the precautionary measure contested here is considered justified in a succinct but sufficient manner. This is because it must be taken into account that the assessment of the problem under study must be comprehensive, encompassing the entirety of the background information and extended technical criteria, under the protection of the Principles in dubio pro natura, preventive, and precautionary, as it involves an extremely sensitive matter, such as the environment.

d) Temporality of the precautionary measure: The provisional nature of the precautionary measure ordered by the Administrative Environmental Tribunal is analyzed, as the plaintiff reproaches having suffered the limitation to the enjoyment of his property by an act of a temporary nature since 2006 to date, without the substantive procedure having been defined. Regarding the issue of precautionary measures in environmental matters, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has explained in ruling No. 199-F-S1-2010 at fifteen hours and thirty minutes on February fourth, two thousand ten, that:

“(...) The issue of precautionary measures has been analyzed, primarily, regarding the jurisdictional process; however, the Public Administration, in the exercise of its functions, and in particular, in relation to the administrative procedures it must follow for the issuance of administrative acts that affect the legal sphere of private individuals (Article 308 of the General Public Administration Law), is situated in a situation similar to that of the jurisdictional bodies. That is, facing the administrative procedure, in certain cases, the need arises to prevent damage of impossible or difficult reparation while the final decision is being made. From this perspective, the general framework of precautionary measures in the contentious-administrative process, as well as its scope, characteristics, and requirements, is applicable, mutatis mutandis, in administrative proceedings. In this line, the General Public Administration Law provides for the possibility of suspending the effects of an administrative act, despite the principle of enforceability, when its execution may cause damage of difficult or impossible reparation. However, it should not be understood that this is the only measure available to the Administration. The absence of a broader regulation on the matter does not mean that the precautionary regime is exhausted by the suspension incident. On the contrary, said power is consubstantial to the processing of the administrative procedure, for which reason the competent body may adopt those measures it deems appropriate, without thereby violating the principle of legality. It is an implicit power, enabled by the regulation of the public purposes (which are always derived from the legal system) whose achievement the respective administrative procedure it depends upon seeks, and to which it is subordinated.

In environmental matters, this empowerment is reinforced insofar as the fundamental right of every person to a “healthy and ecologically balanced environment” is recognized and, concomitantly, the constitutional duty of the State to “guarantee, defend and preserve that right” (Article 50 of the Magna Carta). Now, a precautionary measure (medida cautelar) may be conceptualized as that decision of a judge or an administrative body, as the case may be, in which a necessary, suitable, and temporary protection is ordered for a right, interest (which may even be diffuse), or legal situation in order to avoid a harm of impossible or difficult reparation that affects or could affect the object of the process or proceeding, or the enforcement of the final resolution. It may be adopted during the course of the process or proceeding, or beforehand, provided that the principal action is filed. Now, with respect to the principles applicable to it, and insofar as is relevant for the specific case, it is necessary to refer to those of instrumentality and provisionality. As to the former, also characterized as accessoriness, it refers to the indicated function of guaranteeing the effectiveness—not necessarily the enforcement—of the final decision adopted. Thus, the precautionary measure is linked to and subordinate to the principal proceeding (hence the distinction between precautionary process and principal process), such that it may only be issued on account of the latter. Consequently, it takes on a vicarious position, in service of the principal proceeding. Likewise, should the proceeding conclude for any other reason, or should the principal action not be filed, the measure adopted cannot survive, and it therefore lapses. Provisionality, for its part, refers to the temporary effectiveness of the precautionary measure. In this sense, the final resolution extinguishes and/or replaces the provision adopted on an interlocutory basis. (…)”. (Emphasis added).

The plaintiff objects that the precautionary measure ordered by the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) and partially modified by Resolution No. 908-09-TAA violates the principle of provisionality, since it has remained in force for approximately five years without the final act of the proceeding having been issued. In the matter at hand, it is established that the Administrative Environmental Tribunal initiated a proceeding against the plaintiff and others, in response to a complaint filed by local residents regarding the felling of trees near three springs (nacientes) (proven fact number 2). Within that proceeding, a precautionary measure was ordered in March 2006 to protect the three springs located on the plaintiff’s property (proven fact number 3), a measure that has been modified twice (proven facts numbers 7 and 15). The Administrative Environmental Tribunal informed this Court in official communication No. 586-10-TAA of July 5, 2010, that: “(…) At this time we are again summoning all parties by resolution to an Oral and Private Hearing, scheduled, for scheduling reasons, for the month of August, the purpose of which is to be able to reach a conciliation agreement between the complainants and the respondents, and once said act is concluded, this Court has a two-month period to issue the final act (…)”. (Proven fact number 16). As has been indicated, precautionary measures are ordered in the context of a principal proceeding, which in the specific case is being processed before the Administrative Environmental Tribunal regarding the felling of trees near the intermittent springs, without the record showing that the final act has been issued. It is worth clarifying that no aspect related to the processing of the administrative proceeding against the plaintiff was included as a procedural object in this trial; hence, it must be omitted from the analysis. What has been reviewed to this point allows this Court to find the precautionary measure ordered by the Administrative Environmental Tribunal justified for the following reasons: a) the precautionary measure was ordered within an administrative proceeding that still has no final act issued; b) it is based on a series of technical criteria demonstrating the existence and need for protection of the three intermittent springs on the plaintiff’s property; c) no evidentiary elements have been submitted demonstrating that the duration of the precautionary measure is unreasonable, disproportionate, or arbitrary, since it protects the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment; in this regard, it is observed that a series of inspections have been conducted at different times of the year and by different specialists in order to verify the existence of danger to the environment, which justifies its maintenance over time. The foregoing leads to the consideration that, despite approximately five years having elapsed since the original precautionary measure was ordered in Resolution No. 582-06-TAA of March 22, 2006, it has been partially modified on two occasions to allow the enjoyment of the plaintiff’s property rights, but with protection for the intermittent springs. Thus, Resolution No. 908-09-TAA of August 2009, the sole object of review in this proceeding, had been issued for barely six months at the time the claim addressed here was filed on February 2, 2010. With such a short period, it is not possible to find a violation of the principle of provisionality of the precautionary measure, since the only resolution challenged is the second partial modification, while the record also shows sufficient technical support to maintain the measure since its origin in 2006. Although in the present case no violation of the principle of provisionality of the precautionary measure is verified, it is imperative that without delay the Administrative Environmental Tribunal process the principal proceeding and issue the final act within a reasonable period and in accordance with the law, since unjustified delay would give rise to liability on the part of the Administration and potentially of the officials personally responsible for the matter.

VI.- Regarding the indemnification claim. The plaintiff seeks compensation for damages (daños y perjuicios), considering that as a result of the administrative precautionary measure the commercial value of the real estate decreased, his commercial image was affected due to loss of commercial credibility, and there is loss of profits (lucro cesante) derived from the impossibility of selling the lots affected by the precautionary measure (folios 130 to 132 of the principal case file). This Court considers the following: 1) Demonstration of the Imputation Criterion by the party claiming the damage. The attribution of liability to a public entity is possible only when the damage was a consequence of its functioning (or dysfunction), such that within an objective connection an interrelation of cause and effect may arise, i.e., the injury is the result of that conduct or omission. To this end, in each case, the adjudicator must analyze the expressions of administrative will in order to infer whether, to any degree, they could have resulted in a negative consequence meriting pecuniary reparation. In this dynamic, as has been pointed out, it is incumbent upon the party claiming the damage to prove the existence of a public conduct or administrative omission to which the injurious result can be attributed; that is, they must prove the existence of a causal link (nexo causal) between that functioning and the injury for which they seek reparation. In the specific case, for the reasons set forth in the preceding recitals (considerandos), the first criterion of imputation for the emergence of State liability is not met in this case, since the precautionary measure contained in Resolution No. 908-09-TAA of eight hours fifteen minutes of August 17, 2009, issued by the Administrative Environmental Tribunal, is not inconsistent with the legal system, specifically with the provisions of Article 149 of the Ley de Aguas. Consequently, there is no cause giving rise to an indemnification right in favor of the plaintiff, and therefore, the claim must be denied; 2) Absence of a causal link (nexo causal). As has been explained, the first criterion of imputation, i.e., the cause, did not exist in this matter. However, it is appropriate to state that neither does a causal link exist between the State’s conduct and the alleged damages claimed by the plaintiff, since the evidence included in the case file does not show that Precautionary Measure No. 908-09-TAA—which authorizes the continuation of activities inherent to the development of a subdivision (urbanización) (provided the corresponding permits are obtained), except within a radius of sixty meters of protection around the three intermittent springs located within the plaintiff’s property and in the protection area of the creek—caused damages and losses to the plaintiff; this is because the resolution partially modifying the precautionary measure, i.e., No. 908-09-TAA, is not contrary to the legal system according to the analysis in this judgment. 3) Regarding the damages (daños y perjuicios) alleged by the plaintiff. Notwithstanding everything explained above, this Court considers that the last of the imputation criteria for demanding administrative liability is also not present in this case, which consists of proving the damages. In that sense, in accordance with the provisions of Article 196 of the Ley General de la Administración Pública, which states: “In every case, the alleged damage must be effective, assessable, and individualizable in relation to a person or group.” The effectiveness of the damage in a specific case depends directly on the demonstration of the causal link that allows the injurious result to be linked to an action or omission of a Public Administration. Moreover, it is decisive to establish that the damage may be claimed only by the person who actually suffered it, i.e., the person who is in the position of victim by having received the damage directly in their vital sphere. Ergo, only the victim has standing to claim indemnification. To this end, each type of damage determines the position of victim and, therefore, defines who is entitled under the Legal System to seek its reparation. Thus, the claim would not be admissible if brought by persons who did not receive the claimed damage immediately, unless they prove to be successors or assignees of the injured party. This concerns a subjective link within the framework of said liability that makes it possible to effectively realize the postulation of integral reparation underlying Article 41 of the Magna Carta. If compensation for an injury that one has no duty to suffer is established as a right of the victim, then only the victim may claim it, without prejudice to the eventual transferability of that right that may occur in specific circumstances (e.g., by succession upon death). This is crucial to examine, since otherwise indemnifications would be granted to those who lack that subjective link to the injurious effect. Likewise, within this general framework, it should be noted that the indemnification action sought to be attributed to the Public Administration is subject to a four-year statute of limitations. Compensable damage can be of various types, whether material, bodily, objective moral, or subjective moral. However, it must be reiterated that the injury must possess these characteristics as a condition for its compensability. It is appropriate to point out at this juncture that, as a consequence of the dynamic burden of proof (Articles 58, 82, 85 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, 317 of the Código Procesal Civil), it is incumbent upon the victim to demonstrate the existence and amount of the damages they allege. This duty is non-deferrable and constitutes an insurmountable prerequisite for the reparation to proceed. While it is true that, in this specific case, the plaintiff estimates the damages (daños y perjuicios) at the sum of ₡800,000,000.00 (eight hundred million colones), it is also true that this Court finds that the plaintiff has not proven that, as of the precautionary measure partially modified by the Administrative Environmental Tribunal through Resolution No. 908-09-TAA of eight hours fifteen minutes of August 17, 2009—which is not inconsistent with the legal system, as analyzed in this judgment—damages were caused to the plaintiff in his patrimonial sphere. From that perspective, since the source of the alleged damages and losses, their existence, and their amount were not proven, it is impossible to establish the causal bridge between the State’s conduct—i.e., the issuance of a partial modification of the precautionary measure by the Administrative Environmental Tribunal to protect the intermittent springs under the technical criteria and Article 149 of the Ley de Aguas—and the damages and losses sought, which makes the attribution of liability on that ground impossible.

VIII.- Corollary. Analysis of the defenses raised. The defendant raised the substantive defenses of lack of right and lack of active standing to sue (legitimación ad causam activa), the latter in the conclusions of the preliminary hearing, which, in any event, constitute aspects of the procedural prerequisites that must, therefore, be addressed sua sponte by the sentencing court. As to active standing, the action is formulated to establish what the plaintiff considers constitutes his right to reparation for damages resulting from an unfounded or arbitrary action by the Administration. Therefore, his standing framework is grounded in Article 10, subsection 1, sub-subsection a) of the Código Procesal Contencioso Administrativo. There are also no defects in passive standing, since the claims are brought against the Public Administration—the State—represented by the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República), to whom the causation of a damage is attributed; therefore, this subjective prerequisite is grounded in Article 12, subsection 1, ibidem. Nevertheless, it is clear that the plaintiff has no right to his claims, by virtue of the substantive analysis contained in the preceding recitals, which conclude that the precautionary measure ordered by the Administrative Environmental Tribunal conforms to the Costa Rican Legal System and there is an absence of proof demonstrating the alleged damages suffered by the plaintiff. Consequently, the denial of the claim in its entirety must be ordered.

IX.- Costs. In accordance with Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party for the very fact of being so. Waiver of this award is viable only when, in the Court’s judgment, there was sufficient reason to litigate or when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this matter, this Court finds that the mandate contained in Article 50 of the Constitución Política obligates the State to protect and guarantee a healthy and ecologically balanced environment; that order was concretized in the present matter by the issuance of the modification of Precautionary Measure No. 908-09-TAA issued by the Administrative Environmental Tribunal, which protects a radius of sixty meters around the intermittent springs located within the plaintiff’s property. For the foregoing, this collegiate body does not consider that there is a basis to exempt the application of the rule that costs follow the event in the present matter. Therefore, both costs must be imposed on the losing plaintiff in accordance with what is established by the cited Article 193.

POR TANTO

The defenses of lack of active and passive standing are denied. The objection of lack of right is upheld. Consequently, the claim filed by Mr. Nombre141147 against the State is declared unfounded in its entirety. Both costs are borne by the losing plaintiff. NOTIFÍQUESE.-



JOSÉ ROBERTO GARITA NAVARRO



JUDITH REYES CASTILLO        RODRIGO ALBERTO CAMPOS HIDALGO



Case File No. 10-000344-01027-CA                                                  Voto No. 43-2011-SVI                                                             3 of 37


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