Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Esta Cámara no comparte ese análisis que asimila la expresión producto o recursos forestales con bosque, o proveniente de bosque, por las siguientes razones. Primero.- La Ley Forestal prevé delitos tanto por aprovechamientos en terrenos estatales como privados. (...) Segundo.- El artículo 61 de la Ley Forestal no incluye el elemento "bosque" o plantación forestal como parte del tipo objetivo. (...) Tercero.- Conforme lo establece la Ley Forestal, no solo los bosques contienen recursos o productos forestales. (...) En suma, se deberá concluir que tanto producto como recurso forestal son expresiones que indiscutiblemente aluden a árboles, con independencia de su madurez, aprovechamiento, valor comercial, o de su ubicación, dentro o fuera de un bosque o plantación forestal; y en ese sentido deberán analizarse los tipos penales en discusión.
English (translation)This Chamber does not share that analysis which equates the expression forest product or resources with forest, or originating from a forest, for the following reasons. First.- The Forestry Law provides for offenses both on state and private land. (...) Second.- Article 61 of the Forestry Law does not include the element 'forest' or forest plantation as part of the objective elements of the offense. (...) Third.- As established by the Forestry Law, it is not only forests that contain forest resources or products. (...) In sum, it must be concluded that both forest product and forest resource are expressions that indisputably refer to trees, regardless of their maturity, harvesting method, commercial value, or location, inside or outside a forest or forest plantation; and the criminal offenses at issue must be analyzed in that sense.
Granted
Grande Normal Pequeña Tribunal de Casación Penal de San José Resolución Nº 01505 - 2010 Fecha de la Resolución: 23 de Diciembre del 2010 a las 11:15 Expediente: 07-202638-0485-PE Redactado por: Sandra Eugenia Zúñiga Morales Clase de asunto: Recurso de casación Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias Relacionadas Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Penal Tema: Tala ilegal de árboles Subtemas: Consideraciones y alcances de los conceptos bosque, producto forestal y recurso forestal. Aprovechamiento de productos forestales. Tema: Tala ilegal de productos forestales Subtemas: Consideraciones y alcances de los conceptos bosque, producto forestal y recurso forestal. Aprovechamiento de productos forestales. Tema: Aprovechamiento ilegal de recursos forestales Subtemas: Consideraciones y alcances de los conceptos bosque, producto forestal y recurso forestal. Tema: Aprovechamiento ilegal de productos forestales Subtemas: Consideraciones y alcances de los conceptos bosque, producto forestal y recurso forestal. Tema: Tala de árboles Subtemas: Consideraciones y alcances de los conceptos bosque, producto forestal y recurso forestal. Tema: Aprovechamiento forestal en terrenos de propiedad privada Subtemas: Consideraciones y alcances de los conceptos bosque, producto forestal y recurso forestal. “III.- Se declaran con lugar los recursos, pero por las siguientes razones.- Vista la conexidad en el contenido de la impugnaciones, se resuelven de forma conjunta en este acápite. Es preciso retomar el contenido de la sentencia para decidir si llevan o no razón en sus protestas los gestionantes, a partir de las imputaciones formuladas tanto del Ministerio Público como por la Procuraduría General de la República y la fundamentación probatoria fáctica e intelectiva establecida en el fallo. Se acusó a los justiciables [Nombre1]. y [Nombre2]. por haber talado en forma ilegal productos forestales en un bosque pequeño, mediante personas que eran contratadas al efecto; pues aún cuando se había otorgado un "CED1 " (que permitía la tala de 35 árboles), la corta abarcó otros 46 árboles no autorizados en el referido certificado, ubicados en un área de bosque de aproximadamente dos hectáreas. Se especifica también que el citado contrato se da sobre una propiedad inscrita registralmente a nombre de [Nombre3]. pero en poder o disfrute del acusado [Nombre2] ; donde el MINAE autorizó la extracción de madera mediante un contrato de regencia modalidad "Certificado de Origen" autorizado por el regente forestal [Nombre4] . Luego el juzgador indica que son tres los aspectos medulares (aunque en realidad menciona cuatro) necesarios de determinar: (1) La tala de los 46 árboles de más. (2) La condición de bosque del terreno donde se dio la supuesta tala ilegal. (3) La participación y responsabilidad penal de los imputados. (4) Si la tala de más, fue de especies no autorizadas. Decide empezar con el tema sobre la condición de bosque del sitio donde se dio la tala acusada e indica: "SOBRE LA CONDICION DE BOSQUE DEL SITIO DONDE SE HABRIAN TALADO LOS ARBOLES: Este juzgador arriba a la conclusión de que este aspecto definitivamente nunca fue acreditado por los actores penales y civil. El artículo 3 de la Ley Forestal define bosque como aquella área, que entre otras carácterísticas mida NO MENOS DE DOS HECTAREAS, analizando la prueba que se recibió en este respecto, se tiene que en el Informe del Minae de folios 1 a 8 se indica que dicho terreno mediría "aproximadamente 2 hectáreas", o sea que no afirma que mida las dos hectáreas exigidas por la norma para considerarse bosque; en debate el ingeniero [Nombre5]. firmante del referido informe, refirió que ese porción de terreno es un área "como de dos hectáreas", o sea que nuevamente tampoco ha afirmado que midiera la medida mínima de ley; ciertamente agregó que esa zona de la finca ha sido intervenida, suprimiendo el bosque en parte de la misma, pero en definitiva de su relato en juicio no afirmo ni demostró que midiera lo prescrito por la norma; se recibieron como prueba los planos de folios 38 al 440 hechos por el Minae donde se observa un área que correspondería al sitio donde se talaron los árboles autorizados a cortar por el Minae y también los que se indican cortados en zona de bosque, y por la coloración de dichos mapas o planos encontramos que casi la totalidad de la zona donde se dió la totalidad de la corta, con algunas pocas excepciones constituiría bosque, tanto donde se cortaron los árboles autorizados, como donde se cortaron los que se dicen no autorizados, pero de toda suerte, en lo que aquí interesa, no es posible inferir o derivar de dichos planos o mapas la medida del área afectada; según el ingeniero [Nombre4]. Regente que autorizó la corta (facultado por ley para ello) y testigo de cargo, refirió en el debate que dicha área no mide dos hectáreas y que por lo tanto no puede ser catalogada como bosque conforme para los efectos que nos ocupan, que a lo sumo mide 1.4 hectáreas, el imputado [Nombre1]. niega que midiera las dos hectáreas y refiere como al momento de hacer una inspección con la fiscal instructora, midieron y verificaron que no medía dos hectáreas; finalmente de la inspección ocular o reconocimiento de sitio que hizo la Lic. [Nombre6] , que corre agregada de folios 78 al 81 se extrae como en esa oportunidad tanto el ingeniero [Nombre4]. como los imputados refirieron haber medido el área y que no cumplía con la medida de ley; pero un dato surge especialmente relevante, que aún con lo dicho por el regente y los imputados, la Lic. [Nombre7], ni el representante del Minae que también concurrió, tomaron previsión alguna en este sentido, y no midieron el terreno "suamposo" que conforma la arboleda a fin de verificar que constituyera un bosque según la definición del artículo 3 de la ley Forestal en cuanto a su medida. Ante esta insuficiencia probatoria, más bien ausencia, no es posible tener por cierto, que los imputados hayan cortado árboles en un bosque sin contar con la debida autorización para ello, conducta prohibida por la normativa forestal (artículos 58 y 61 ). En este caso, no era suficiente con aseverar que se trataba de un bosque, tal como lo dicen la acusación del Ministerio Público y de la Procuraduría Penal, y tampoco puede presumirse de acuerdo a la experiencia o la lógica, ya que los datos que arrojan los elementos probatorios nos informan de que se trata de una porción de terreno bastante pequeño, que incluso en el informe del Minae el ingeniero [Nombre5] , indica que mide aproximadamente dos hectáreas, y el regente [Nombre4]. y los imputados dijeron haberlo medido y que su medida es de aproximadamente una hectárea y cuarto; de allí que se hacía necesario medir el área para determinar efectivamente su medida, ya que se trata de un elemento integrante de tipicidad normativa, debía acreditarse que medía al menos dos hectáreas, dato que en definitiva no se acreditó." (Cfr. folio 246 a 248). Como se observa el juzgador decide iniciar su análisis intelectivo con la determinación o no de "bosque" del área donde se acusa se dio la tala ilegal. Y aunque no se especifica en el pronunciamiento, de donde emerge esa preocupación del juzgador por establecer la existencia de un bosque (en los términos prescritos por la Ley Forestal), podría surgir a causa de una interpretación jurisprudencial de este mismo Tribunal de Casación Penal, que por años acogió la tesis expuesta en el voto Nº682-F-97, de las 15:45 horas del 25 de agosto de 1997, que analiza el concepto de aprovechamiento de productos forestales inserto, por ejemplo, en los textos de los artículos 58 y 61 de la Ley Forestal; lo anterior debido a que el Ministerio Público atribuye a los justiciables los delitos de tala, transporte y aprovechamiento de madera, previstos y sancionados en el artículo 61 inciso a) y c) de la Ley Forestal (Cfr. 89 a 91); y porque la Procuraduría General de la República imputaba la tala ilegal, aserrío y aprovechamiento ilegal de madera en área de bosque, conforme lo establece los artículos 57, 58 inciso a) y 61 inciso a) de la Ley Forestal (Cfr. folio 198 a 200). En el voto Nº682-F-97, se transcriben los artículos 61 y 3 inciso a), luego se indica: "De la relación de ambos artículos se ha concluido por la jurisprudencia que la simple acción de cortar un árbol maderable, independientemente de si forma parte de un bosque o plantación forestal es constitutiva del delito contemplado en el Art. 61 inciso a), arriba mencionado (véase el voto 524-F-97 de este Tribunal (hay un voto salvado). Sin embargo, los jueces integrantes del Tribunal Superior de Casación Penal designados para el conocimiento de este asunto, consideramos que debe variarse la jurisprudencia indicada. Es de gran importancia el texto del tipo penal contemplado en el Art. 61 inciso a), en el que se hace mención al aprovechamiento "... de uno o varios productos forestales..." En lo relativo a la interpretación de las leyes se ha señalado la existencia de diversos métodos, todos lo cuales por supuesto encuentran como límite el principio de legalidad, previsto por el Art. 1 del Código Penal y el 39 de la Constitución Política, que es uno de los principios fundamentales de un Estado de Derecho, sobre lo que existe consenso (véase por ejemplo: Sala Constitucional, voto 461-91). Importante es que se ha tendido por la jurisprudencia a conceptualizar "forestal" como "relativo a los árboles", lo que no es correcto. En efecto si se busca el término forestal en el diccionario se verá que quiere decir "relativo a los bosques y a sus aprovechamientos" (Vox Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española. Barcelona, 1995, p. 517. Véase también: Larousse. Diccionario Usual, México, 1985, p. 266). Nótese incluso que el término forestal viene de la palabra del latín "foresta", sea bosque. Es cierto que el Diccionario de la Real Academia al definir "forestal" indica que por dicho término se entiende lo "relativo a los bosques y a los aprovechamientos de leñas, pastos, etc." Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Madrid, vigésimo primera edición, 1992, p. 984). Sin embargo, el término "bosque" debe estimarse como el fundamental y lo concerniente a los "aprovechamientos de leñas, pastos, etc.", hace mención al aprovechamiento del bosque, tal y como se hace referencia en otros diccionarios. Debe anotarse que el tipo penal objetivo de un delito se compone de elementos descriptivos y por vía de excepción de elementos normativos. Se ha estimado que una consecuencia del principio de legalidad es que deben evitarse estos últimos elementos, debido a la inseguridad jurídica que introducen, como consecuencia del ámbito valorativo que le conceden al juzgador. Por ello mismo debe partirse al momento de interpretación de un elemento del tipo penal de que éste es de carácter descriptivo, salvo que hayan razones suficientes para estimar que no es de este carácter, sino que es normativo. En el caso concreto no hay elementos que indiquen que el término forestal, deba ser entendido en sentido diverso al indicado arriba, sea como un elemento descriptivo. Lo anterior sin perjuicio de que en forma indirecta el término adquiere caracteres normativos, en la medida en que la ley forestal precisa conceptos como el de "bosque" y de "plantación forestal" (Art. 3 de la ley). De relevancia para sostener lo anterior en cuanto al término forestal es que el fin de la ley forestal es en definitiva la protección y administración de los bosques y el aprovechamiento de los recursos forestales. Esto queda claro en el artículo 1 de la ley forestal, el que precisa los objetivos de dicha ley, aspecto que tiene una importancia capital en la interpretación de las diversas normas de la misma. Así se dispone: "Objetivos. La presente ley establece como función esencial y prioritaria del Estado velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables...". Por su parte el artículo 3 de la ley da una serie de definiciones, por ejemplo la de aprovechamiento maderable, terrenos de aptitud forestal, ecosistema boscoso, bosque, plan de manejo forestal, plantación forestal, régimen forestal, sistema agroforestal, área silvestre protegida, centro de industrialización primaria y servicios ambientales. Importante es que todas ellas se refieren en definitiva al "régimen forestal", destacándose en ellas los términos "bosque" y "plantación forestal". Debe hacerse referencia a la mención que se ha hecho en ocasiones del Art. 3 inciso a) de la Ley Forestal, para justificar que se sanciona en el Art. 63 inciso a) la corta de árboles en terrenos no forestales. Lo anterior en cuanto a la referencia que se hace en dicho artículo a la corta de árboles no incluida en el Art. 1. Así se ha expresado que por ello dicha corta está desvinculada de los objetivos de la ley fijados en el Art. 1, mencionados arriba. Esta interpretación debe ser rechazada, en primer lugar ya que el Art. 1, como se dijo, es fundamental para la interpretación de toda la ley en cuanto menciona los objetivos de la misma. Pero la razón fundamental es que la referencia que se hace en el Art. 3 inciso a) al Art. 1, no es en lo relativo al párrafo primero del mismo, que fue transcrito en lo que interesa arriba, sino propiamente en lo concerniente al párrafo 2) del mismo artículo, que hace mención, al igual que el Art. 3 inciso a) a la corta de árboles, ello al decir: "En virtud del interés público y salvo lo estipulado en el artículo 18 de esta ley, se prohíbe la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológica, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado". De relevancia en lo relativo a la utilización del concepto de "forestal" como concerniente a los bosques, a la que se hizo referencia antes, es que en la ley forestal el único artículo que se refiere a la prohibición de cortar árboles en propiedad privada que no sea bosques o plantaciones es el 27. En este se dispone: "Sólo se podrá llevar a cabo la corta de árboles en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, obteniendo previamente la autorización del Consejo Regional Ambiental o de la municipalidad respectiva y hasta por un máximo de cinco árboles por hectárea por año. Para una corta que sobrepase los veinte árboles por inmueble se requerirá la autorización de la Administración Forestal del Estado". Ello lleva a que conforme a una interpretación a contrario sensu, en terrenos sin bosque y que no sean de uso agropecuario no hay ninguna prohibición en la ley para la corta de árboles. Esto trató de ser corregido por la vía reglamentaria. Así el Reglamento a la Ley Forestal, publicado en la Gaceta del 23 de enero de 1997, que define qué se entiende por terrenos de uso agropecuario sin bosque, indicando que estos son "aquellas fincas privadas con la presencia de árboles no establecidos bajo un sistema agroforestal o fincas que tienen áreas con cobertura boscosa menores a dos hectáreas, o aquellos árboles ubicados en áreas urbanas" (Art. 2). Sin embargo, la no aplicación al presente caso concreto del Reglamento en lo relativo a dicha definición es clara. Ello en primer lugar debido a que el hecho que se juzga fue cometido a principios de noviembre de 1995, resultando que incluso el Reglamento fue publicado el 23 de enero de 1997, de modo que si se tratara de aplicar el mismo se estaría ante un supuesto prohibido de aplicación retroactiva. A lo anterior se agrega que el Reglamento al definir que se entiende por "terrenos de uso agropecuario", se excede, olvidándose el carácter meramente ejecutivo de la ley que tiene, por cuanto se trata de ubicar en el término "agropecuario" todo lo que no es forestal, lo que no concuerda con el sentido de la palabra "agropecuario" (sea que tiene relación con la agricultura y ganadería), llegándose incluso al absurdo de calificar de "agropecuario" lo urbano. De todas maneras incluso es discutible qué sanción tiene la infracción al Art. 27 de la Ley Forestal, sea en lo relativo a la tala de árboles en terrenos de uso agropecuario, puesto que no se establece en la ley sanción alguna y es sumamente cuestionable que en virtud de ello pueda interpretarse que en tal caso, sería de aplicación el Art. 61 inciso a) de la Ley Forestal, en cuanto se refiere al aprovechamiento de productos forestales. Una interpretación en tal sentido no sería en realidad concordante con el principio de legalidad, puesto que en ninguna parte de la ley se indica que por productos forestales, se entienda también los productos arbóreos provenientes de un terreno que no es bosque, sino de un terreno de uso agropecuario. Si se intentara una interpretación que comprendiera dentro del Art. 61 inciso a) de la Ley Forestal la corta de árboles en terrenos de uso agropecuario tendría que partirse de la denominación del Título Tercero de la Ley Forestal, sea "Propiedad Forestal Privada", dentro del cual está ubicado el Art. 27 de la Ley Forestal. Pero una interpretación que por esa vía tratara de ampliar el tipo penal del Art. 61 inciso a) de dicha ley, no sería concordante con el principio de legalidad, el que exige la claridad en la descripción de la conducta prohibida, claridad que no existiría con la interpretación indicada. Importante es el requerimiento de tratar de interpretar las normas conforme a la Constitución Política, de la que habla la doctrina constitucionalista, lo que exige que no sea posible que a través de interpretaciones sistemáticas extensivas del tipo penal respectivo, se llegue a considerar como típica una conducta que no aparece claramente descrita dentro del tipo penal, y es que un concepto es el de "forestal" y otro totalmente diverso es el de "agropecuario", no siendo clara una interpretación que dijera que lo agropecuario es forestal. De todas maneras en el caso concreto ni siquiera podría hablarse de la existencia de una corta de un árbol en "terrenos de uso agropecuario", puesto que la corta de los dos árboles se dio en un terreno para construcción (véase folio 35 fte líneas 27-29). A pesar de ser reiterativo debe recalcarse que si se sostuviera que la corta de árboles prevista en el Art. 27 de la Ley Forestal encuentra su sanción en el Art. 63 inciso a) de la Ley Forestal, la extensión del término agropecuario prevista en el Reglamento de la Ley Forestal además de contrariar el carácter ejecutivo del reglamento con respecto a la ley, violentaría el mismo principio de legalidad (Art. 39 de la Constitución Política). Este principio exige que el supuesto de hecho calificado como delictivo sea previsto en un ley ordinaria, no pudiéndose hacer ello en un simple reglamento, todo lo cual encuentra su fundamento en la doctrina de la Ilustración que dio origen a la llamada división de poderes (Art. 9 de la Constitución Política). Por vía de excepción la Sala Constitucional ha admitido la constitucionalidad de leyes penales en blanco, sea de leyes que en lo relativo a la precisión de uno de los elementos del tipo delictivo remite a una norma de menor rango. Importante al respecto es que Sala Constitucional ha dicho que "resulta posible completar una norma penal por medio de un reglamento, siempre que al hacerlo el Poder Ejecutivo se mantenga dentro de su espera propia de competencia y que la ley que remite establezca con suficiente claridad los presupuestos de la punibilidad, así como la clase y extensión de la pena..." (Sala Constitucional, voto 1876-90). Sin embargo, es claro que con la definición de "terrenos de uso agropecuario sin bosque" el Reglamento de la Ley Forestal extendería el ámbito de la conducta típica prevista en la Ley Forestal y con ello de la competencia del Poder Ejecutivo. Lo mismo puede decirse de cualquier intento de utilizar la palabra "árbol" como sinónimo de "forestal", como al parecer pretende el Reglamento de la Ley Forestal al usar el término "árbol forestal" (Art. 2). Además de la interpretación a contrario sensu del Art. 27 de la Ley Forestal, hecha antes, tiene gran relevancia en este asunto la interpretación del Art. 63 inciso a) en relación con el Art. 56 de la Ley Forestal. El primero de dichos artículos sanciona como delictivo la infracción del Art. 56 mencionado. Este artículo por su parte indica que "No se podrá movilizar madera en trozas, encuadrada ni aserrada proveniente de bosque ni de plantación, si no se cuenta con la documentación respectiva". De importancia es que, como ya lo ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Superior de Casación Penal, se sanciona sólo el transporte no autorizado de madera "proveniente de bosque o plantación", pero no el transporte de madera proveniente de terrenos que no sean bosque o plantación, lo que es un argumento de relevancia para estimar que el Art. 61 inciso a) sólo sanciona el aprovechamiento (y dentro de éste la corta) de árboles provenientes de bosques o plantaciones. Nótese que el legislador trató de extender "las tenazas" del Derecho Penal a diversas conductas que forman parte de lo que podríamos llamar el "ciclo de la deforestación", parafraseando la terminología que se ha utilizado con respecto a otros tipos de delitos, de modo que se trata de sancionar no sólo las conductas relacionadas con la corta de árboles no autorizada en terrenos forestales, sino también el transporte no autorizado de la madera de árboles de dicho terreno. Por ello no habría razón alguna para sancionar el transporte solamente cuando la madera proviene de bosques o plantaciones, pero en lo relativo a la corta de árboles sancionar la realizada aun en terrenos que no reúnan esas características..." En consecuencia, a partir de ese voto se establece: "Ello lleva a que conforme a una interpretación a contrario sensu, en terrenos sin bosque y que no sean de uso agropecuario no hay ninguna prohibición en la ley para la corta de árboles." (La negrita no corresponde al original). IV.- Esta Cámara no comparte ese análisis que asimila la expresión producto o recursos forestales con bosque, o proveniente de bosque, por las siguientes razones. Primero.- La Ley Forestal prevé delitos tanto por aprovechamientos en terrenos estatales como privados. Dentro del articulado de la Ley Forestal existen dos normas que tipifican delitos de aprovechamiento de productos forestales (que por cierto, incluye otras conductas además de la tala, como se explicará infra). El primero es el artículo 58 y comprende conductas de aprovechamiento en propiedades estatales o en áreas de protección (públicas o privadas). El segundo es el artículo 61que tipifica acciones de aprovechamiento realizadas en propiedad privada. Una lectura de la Ley Forestal permite advertir diversos escenarios en cuanto a la tala o corta de árboles, con prohibiciones expresas o permisos, cuyo irrespeto puede llevar a la comisión de los delitos ahí sancionados, aún cuando se trate de terrenos privados. Como indica [Nombre8] : "El concepto propiedad privada implica el usufructo y, por tanto, el derecho del propietario de aprovechar todos los bienes accesorios, como los árboles que se encuentren en su propiedad. Sin embargo, por la importancia que tienen el recurso forestal y los ecosistemas asociados (como el recurso hídrico), para el ambiente en general, se han impuestos ciertas limitaciones al disfrute del producto forestal por razones de interés público. De esta manera, la ley obliga al propietario privado y legítimo dueño de la madera a solicitar permiso a la Administración Forestal del Estado (AFE) para el aprovechamiento y transporte de la madera. Con la tipicidad del inciso c) del artículo 58 de la LF, sobre el irrespeto a las vedas forestales declaradas, se protegen también los recursos forestales, pero específicamente a las especies en vías de extinción o con poblaciones reducidas, por el hecho de que el valor comercial de estas especies aumenta cada día, al igual que su demanda, de forma que el legislador quiso darles una protección especial, con el fin de evitar que desaparezcan." (GONZÁLEZ [Nombre9], [Nombre10] , Manual de Delitos Ambientales, 1a. edición, Litografía e Imprenta LIL, S.A., San José, 2007, p.253). Y es que aunque la corta en bosques se anuncia en el artículo 1 con una prohibición total, también se establecen salvedades, que en todo caso, de realizar al margen de los permisos o supuestos autorizados por ley, pueden constituir una infracción de las previstas por la ley. Por ejemplo: (1) En el artículo 1 se prohíbe la tala o corta en bosques, pero se permite para realizar labores de investigación, capacitación y ecoturismo, previa aprobación del Ministerio del Ambiente y Energía (artículo 1 en relación con el 18). (2) En el artículo 19 hay una segunda excepción, al disponer que la Administración Forestal del Estado podrá: "a) Construir casas de habitación, oficinas, establos, corrales, viveros, caminos, puentes e instalaciones destinadas a la recreación, el ecoturismo y otras mejoras análogas en terrenos y fincas de dominio privado donde se localicen los bosques. b) Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional. c) Cortar los árboles por razones de seguridad humana o de interés científico. d) Prevenir incendios forestales, desastres naturales u otras causas análogas o sus consecuencias. En estos casos, la corta del bosque será limitada, proporcional y razonable para los fines antes expuestos. Previamente, deberá llenarse un cuestionario de preselección ante la Administración Forestal del Estado para determinar la posibilidad de exigir una evaluación del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley." Más adelante (3) en el artículo 34 se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección (públicas o privadas) descritas en el artículo 33, excepto que se trate de proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional. Esas áreas de protección son: "a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal. b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinadospor los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley." (4) Si la corta es en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, se pueden cortar hasta un máximo de tres árboles por hectárea anualmente, previa autorización del Consejo Regional Ambiental. Si se sobrepasan los diez árboles por inmueble, se requiere la autorización de la Administración Forestal del Estado (artículo 27). Finalmente, (5) si la corta es en plantaciones forestales, sistemas agroforestales o árboles plantados individualmente, no se requiere permiso de corta, transporte, industrialización o exportación (artículo 28). Sin embargo, para "sacar de la finca hacia cualquier parte del territorio nacional, madera en trozas escuadrada o aserrada, proveniente de plantaciones forestales, se requerirá un CED1 expedido por el regente forestal o el Consejo Regional Ambiental de la zona..." (artículo 31). En consecuencia, si se corta o tala sin el permiso correspondiente o excediendo o variando lo autorizado, es que se configura alguno de los tipos penales previstos en la Ley Forestal, por ejemplo, en el artículo 61 que establece: "Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: a) Aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, sin el permiso de la Administración Forestal del Estado, o a quien, aunque cuente con el permiso, no se ajuste a lo autorizado. b) Adquiera o procese productos forestales sin cumplir con los requisitos establecidos en esta ley. c) Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra, en contra de lo estipulado en el artículo 19 de esta ley. En los casos anteriores, los productos serán decomisados y puestos a la orden de la autoridad judicial competente. d) Sustraiga productos forestales de una propiedad privada o del Estado o transporte productos forestales obtenidos en la misma forma." Por ende y con todo respeto, no estimamos acertada la afirmación realizada en el voto Nº682-F-1997, cuando se asevera que la infracción al artículo 27 de la Ley Forestal no encuentre sanción acudiendo al artículo 61 inciso a), pues precisamente, conforme con el principio de legalidad hay que concluir que ese es el tipo previsto para su reproche; es decir para cortas realizadas dentro de terrenos privados sin autorización o excediendo la otorgada. Segundo.- El artículo 61 de la Ley Forestal no incluye el elemento "bosque" o plantación forestal como parte del tipo objetivo. El tipo penal previsto y sancionado en el artículo 61 de la Ley Forestal antes trascrito, no hace mención alguna a bosques o plantaciones forestales, como parte de la descripción del tipo objetivo. Tercero.- Conforme lo establece la Ley Forestal, no solo los bosques contienen recursos o productos forestales. La Ley Forestal tiene la peculiaridad de incluir un artículo de conceptos, el número 3; dentro del cual se definen varias expresiones: aprovechamiento maderable, terrenos de aptitud forestal, bosque, plan de manejo forestal, etc., pero ciertamente no presenta una interpretación auténtica específica de "recursos forestales", lo que implica, recurrir a la interpretación literal, histórica y/o sistemática, que en nuestro criterio, no conduce a las conclusiones del fallo Nº682-F-97. Pese a ello, el artículo 3 resulta de utilidad, pues en el inciso a) define la expresión "aprovechamiento" que forma parte del tipo objetivo previsto en el artículo 61 íbidem. Lo conceptúa como la acción de cortar, eliminación de árboles maderables en pie o la utilización de los caídos. ¿Pero que hay de la expresión productos o recursos forestales (también utilizada por el legislador dentro de la descripción típica del artículo 61, también del 58 de la Ley Forestal) ? La interpretación que ha mantenido esta Cámara por años, la asocia a la existencia de un bosque o plantación, supuestamente a partir de lo establecido en el artículo 1 de la Ley Forestal, que dispone: "La presente ley establece, como función esencial y prioritaria del Estado, velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables." (La negrita no corresponde al original) Nótese que: (a) la ley trata de forma distinta y separada los términos "bosque" y "recursos forestales"; es decir, no supedita la existencia o denominación "recursos forestales" a un bosque; pero además, (b) la producción, aprovechamiento, industrialización o fomento de los recursos forestales aunque físicamente no ocupen el mismo espacio de los bosques, sin duda contribuyen a la conservación, protección y administración de los bosques naturales, precisamente, "de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables" establecido también en el citado artículo 1 de la Ley Forestal. Adicional a ello, (c) no tiene sentido hacer referencia a los "recursos forestales" si es una realidad implícita en la expresión "bosque", estaría de sobra, sin embargo, en el artículo 1 se incluyen ambas expresiones. Finalmente, (d) si a partir del objetivo dispuesto en el artículo 1, sólo fuera sancionable la tala en bosques, no tendría ningún sentido que los tipos penales hicieran referencia expresa a terrenos privados, pero sí la hacen. Es por todo lo anterior, que esta integración estima que la interpretación correcta de los tipos en discusión (artículo 58 y 61). (1) Debe relacionarse con el artículo 3 inciso a) que define "aprovechamiento": "Acción de corta, eliminación de árboles maderables en pie o utilización de árboles caídos, realizada en terrenos privados, no incluida en el artículo 1 de esta ley, que genere o pueda generar algún provecho, beneficio, ventaja, utilidad o ganancia para la persona que la realiza o para quien esta representa." La expresión "no incluida en el artículo 1..." es de utilidad para destacar la prohibición del aprovechamiento en áreas silvestres protegidas estatales. (2) Y en cuanto a la interpretación de las expresiones recurso o producto forestal, consideramos que dentro de la ley, el adjetivo "forestal" tiene carácter normativo, así se desprende de las múltiples referencia a expresiones como "regente forestal", "plan de manejo forestal", "régimen forestal", "plantación forestal", "Administración Forestal del Estado", "Fondo Forestal", etc.. Desde esa perspectiva, sería perfectamente factible asociarlo a "árboles" independientemente de que formen parte de un bosque o plantación. Pero incluso, acudiendo a un carácter puramente descriptivo , lo cierto es que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española indica que lo "forestal" es aquello: "Relativo a los bosques y a los aprovechamientos de leñas, pastos, etc." Es decir, desde el punto de vista semántico, el significado de lo "forestal" no se limita o circunscribe a lo relacionado con el bosque, incluye "...la tala de árboles de esa naturaleza aunque no formen parte de una superficie boscosa y además la utilización de árboles caídos, todo como medio para preservar los ecosistemas naturales. " (Cfr. voto Nº 524-F-1997, de las 9:00 horas del 27 de junio de 1997). Refuerza ese argumento que el concepto "producto forestal" (uno de los elementos objetivos presente en el artículo 61) es citado en el artículo 2 del Reglamento a la Ley Forestal, publicado en La Gaceta Nº 16, del 23 de enero de 1997, en los siguientes términos: "Producto forestal: Es toda troza, madera en bloc, enchapados, aglomerados, fósforos, pulpa, paletas, pallillos, astillas, muebles, puertas, marcos de ventana y molduras." Como se aprecia, más que un concepto es un listado factible de bienes, objetos o productos obtenibles a partir de los árboles, que no suelen estar en bosques o plantaciones. Siendo loable y absolutamente lícito acudir al reglamento, pues la enumeración que presenta no afecta el núcleo central de imputación establecido en el precepto y no excede tampoco el fin u objetivo previsto en la Ley Forestal, pues en el precepto se ha establecido con claridad el presupuesto de punibilidad, así como la clase y extensión de sanción (conforme lo establece el voto Nº1876-1990 de la Sala Constitucional). En realidad la cita que se hace en el Reglamento resulta un ejercicio de ejemplificación de supuestos calificables como "productos forestales" que de ninguna forma amplían o resultan contradictorios con la interpretación que se sigue en este voto. Es más, aún cuando no existiera esa referencia en el reglamento, igual se podría concluir sin dificultad que la madera en bloc, la pulpa, las astillas, etc., son productos forestales. En suma, se deberá concluir que tanto producto como recurso forestal son expresiones que indiscutiblemente aluden a árboles, con independencia de su madurez, aprovechamiento, valor comercial, o de su ubicación, dentro o fuera de un bosque o plantación forestal; y en ese sentido deberán analizarse los tipos penales en discusión. Ahora al valorar la fundamentación del fallo impugnado, el juzgador parte de un análisis errado, pues supedita la comprobación del hecho imputado, a la verificación de una corta de árboles dentro de un bosque (en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley Forestal); sin embargo, en el caso específico ese no resulta un factor medular, ni puede condicionar tampoco la acreditación del hecho delictivo reprochado; circunstancia que a criterio de este Cámara vicia en su totalidad el pronunciamiento y hace imprescindible una nueva sustanciación conforme a derecho. Es un error estimar que el objetivo de la Ley Forestal se limita a la tutela o protección de los bosques, eso no se deriva del artículo 1 Íbidem y se hace más evidente cuando se analiza el contenido integral de esa normativa. No sobra señalar que sólo por el hecho de haber acogido el reclamo aquí formulado que llevó a la nulidad de la sentencia, el Tribunal de Casación no esta prejuzgando sobre el fondo del asunto, en ese sentido, lo resuelto por esta Cámara no debe influir sobre el ánimo del tribunal que deberá integrarse para el juicio de reenvío, sino que ellos deberán apreciar en forma original e independiente la convicción que dimane de las pruebas, así como logicidad y contundencia de las razones invocadas por las partes en el contradictorio, para decidir con imparcialidad lo que corresponda. Conforme a lo expuesto, por carecer de interés, se omite pronunciamiento respecto a los otros puntos de impugnación.” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Texto de la resolución PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL Resolución: [Telf1] Expediente: 07-202638-0485-PE (5) TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las once horas quince minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diez. RECURSO DE CASACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1] , mayor, casado, costarricense, CED1 , de oficio comerciante, nacido el [Nombre2] , hijo de [Nombre2] , vecino de [Nombre2] , y [Nombre3] , mayor, en unión de hecho, costarricense, CED1 , de oficio comerciante, nacido el [Nombre2] , hijo de [Nombre2] , vecino de [Nombre2] ; por el delito de TALA DE ÁRBOLES, en perjuicio del RECURSO FORESTAL. Intervienen en la decisión de los recursos las juezas [Nombre4] e Ingrid Estrada Venegas, y el juez [Nombre5]. Se apersonaron en esta sede: la licenciada [Nombre6], en representación de la querellante y actora civil "Procuraduría General de la República"; el licenciado [Nombre7], en calidad de fiscal del Ministerio Público de Pococí y Guácimo; y el licenciado [Nombre8], en calidad de defensor público del co-imputado [Nombre3]. RESULTANDO: I.- Que mediante sentencia número 12-G-2010, de las nueve horas doce minutos del quince de enero de dos mil diez, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con las reglas de la sana crítica racional, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 30 y 31 del Código Penal, 1, 6, 9, 37 y siguientes, 111 a 118, 142, 267, 360 y 361, 363 a 366 del Código Procesal Penal, y artículos 1, 3, 19, 58 inciso a) y 61 incisos a) y c) de la Ley Forestal 7575, se resuelve: ABSOLVER de toda pena y responsabilidad a [Nombre1]. y [Nombre3]. por los delitos de INFRACCION A LA LEY FORESTAL en su modalidad de aprovechamiento Ilegal y cambio de uso de suelo, que les venía atribuyendo el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Se declara SIN LUGAR en todos sus extremos LA ACCION CIVIL RESARCITORIA que les venía atribuyendo la Procuraduría General de la República; no obstante por haber litigado de buena fé se le exonera a la misma del pago de las costas de esta acción. En lo penal se resuelve sin especial condena en costas. Firme esta sentencia devuélvase a quien acredite ser su propietario en su defecto a quien se le decomisó el chapulín marca Leyland, [Placa1], igualmente la madera decomisada a quien acredite que legalmente le pertenezca. Por lectura notifíquese." (sic. fl. 256). II.- Que contra el anterior pronunciamiento interpusieron recurso de casación la licenciada [Nombre6], representante de la Procuraduría General de la República; y el licenciado [Nombre7], fiscal del Ministerio Público de Pococí y Guácimo. III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de casación. IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. Redacta la Jueza de Casación [Nombre9]; y, CONSIDERANDO: I.- Contra la sentencia Nº 9-G-2010, de las 16:35 horas del 7 de enero de 2010, dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, presentaron recurso de casación la procuradora, licenciada [Nombre6], así como el fiscal, licenciado [Nombre7]. En este proceso se realizó audiencia oral el día 21 de abril de 2010 y en vista de que no se recibió prueba, ni se ampliaron los motivos o se introdujeron puntos diversos a los esgrimidos en los escritos impugnativos y verificando que no se afecta el debido proceso ya que la Sala Constitucional, mediante reiterados pronunciamientos vinculantes, así lo ha indicado -entre otros los votos Nº 6681-96, Nº 11508-2000 y 17553-07 se procede a su resolución con una integración diversa a la que participó en dicha audiencia, pues en lugar del juez Guillermo Sojo Picado (presente en ese momento, CED2), integra la jueza Ingrid Estrada Venegas. II.- Contenido de las impugnaciones.- Recurso de casación de la licenciada [Nombre6]. Primer motivo.- Se reclama la falta de fundamentación, en quebranto de los artículos 142, 361 inciso a) y 363 inciso b) en relación con el 369 inciso d) del Código Procesal Penal. Afirma que en la sentencia se tuvo como hechos no demostrados los que integran la acusación y la querella. Que el juzgador basa la absolutoria porque el terreno donde se da la tala no media las dos hectáreas, que como medida mínima exige el artículo 3 de la Ley Forestal para ser calificado como bosque; apreciación que objeta la impugnante, quien asevera que el juzgador tergiversa la declaración de un testigo del MINAE, quien si bien mencionó que el área era de aproximadamente dos hectáreas, esa medida corresponde a lo que observó el 31 de octubre de 2007 (cuando se presenta a hacer la visita al lugar), pero era más, pues hubo una disminución del ecosistema boscoso. Por otra parte, aún cuando el regente forestal [Nombre10] , manifestara en juicio que el área en cuestión no medía dos hectáreas, no lo hace considerando la extensión del terreno antes de que tuviera lugar la corta; en todo caso, indicó no realizar ninguna marca de árboles en el bosque. Que aún cuando esta persona al presentarse con la fiscal a realizar la medida, daba por resultado hectárea y cuarto, "no se puede concluir que con ello se desprende que al momento de laos (sic) hechos tampoco media las dos hectáreas." (Cfr. folio 265). Acusa que toda la fundamentación del tribunal para concluir que el área no media dos hectáreas es contradictoria e insuficiente, declarándose incluso sin lugar la acción civil resarcitoria. Solicita se declare la nulidad del debate y la sentencia, se ordena una nueva sustanciación. Segundo motivo.- Alega falta de fundamentación y critica que el fallo absolviera a los encartados al no demostrarse a juicio del tribunal, que se habían talado 46 árboles más y agrega: "Es importante aclarar que el CED3 es un procedimiento propio para gestionar la corta de árboles, árboles que marca el ingeniero con fe pública, de la cual no puede valerse y engañar. En el certificado indica que marcó árboles, y luego que los cortan, el dueño o el que compró la madera, pide al MINAE las guías según el número de trozas que resultan, en este caso se marcaron 35 árboles y se pidió guías por 80 trozas. Cuando el regente hace su informe final dice que fueron cortados 24 árboles de más, y siendo que se acreditó que [Nombre10]. era un buen testigo, para todo lo demás, porqué en esto no? Entonces dice que es que no encontraron los tocones el día de la inspección con la Fiscal. Esto sería una buena base para dudar. Pero resulta que [Nombre3]. declaró que el limpió la finca de tocones y sembró, ahora hay yuca, dijo... Dice que es que el regente en su informe dice que no se cortaron árboles en las 'zonas protectoras', pero en debate no se le preguntó cuales tenía la Finca, porque si el ya había dicho que no marcó árboles en el bosque, a qué zonas protectoras se refería, a ese bosque o había otras, y si sol había ese bosque, para qué puso esa información? Y el fallo sigue preguntando, si el MINAE 'hizo la inspección el 31 de octubre, surge entonces la pregunta, de dónde o como y cuando determinó el regente la corte de esos 24 árboles de forma irregular? Y surge una duda en cuanto a la credibilidad de ese informe y regencia.' (Cfr. folios 265 y 266, los errores de ortografía y redacción corresponden al original). Estima la impugnante que no es posible fundamentar el fallo en dudas graves, si lo que hace en realidad es fundamentar contradictoriamente. Solicita anular la sentencia y ordenar el reenvío. Tercer motivo.- Reprocha infracción a las reglas de la sana crítica cuando el tribunal de instancia cuestiona cuál fue la participación de [Nombre3]. en la corta de madera, pero como lo declararon los imputados, el asunto "... es claro, [Nombre3]. vende la madera a [Nombre1] , [Nombre1]. contrata a [Nombre10]. y [Nombre10]. le pide la firma E , que era el dueño para el IDA." (Cfr. folio 268) Análisis que omite el juzgador en quebranto de las reglas de la sana crítica racional, omitiendo incluso valorar la declaración de los encartados, que pone en evidencia que el negocio de la madera lo hace el dueño actual de la propiedad ([Nombre3]. ) y no el propietario registral (E ). Solicita se anule la sentencia y se ordene el reenvío. Cuarto motivo.- Invoca la violación a la ley sustantiva, pues a partir de los hechos tenidos por demostrados hay un vicio en la aplicación de los artículos 58 y 61 de la Ley Forestal y explica que la sentencia no tuvo por acreditado que [Nombre3]. o [Nombre1]. realizaron un cambio en el uso del suelo cortando árboles en un bosque, porque no se demostró que la arbolera existente constituyera legalmente un bosque; sobre ese aspecto reprocha la impugnante: "No se demostró que hoy es bosque, pues lo que debía investigar era, que al momento del hecho sí era bosque, por lo que está aplicando la ley sustantiva a destiempo." (Cfr. folio 269). En razón de lo anterior, solicita se declare con lugar el motivo, se admita la acción civil resarcitoria por los daños causados. Recurso de casación del licenciado [Nombre7].- Primer motivo.- Acusa la indebida aplicación de la ley sustantiva, en quebranto de los artículos 365, 369 inciso c), 422, 423, 424, 443, 444 y 445 del Código Procesal Penal. Objeta que el juzgador afirme en la sentencia que no se demostraron tres aspectos medulares de la relación de hechos acusados, cuando con la prueba evacuada se acreditó la tala de árboles no autorizados (24 no incluidos en el CED4 CED5); y que el imputado [Nombre3]. es el propietario del inmueble donde tuvo lugar la tala, había negociado la madera con el co encartado [Nombre1]. y es quien se benefició con el valor de la madera. Segundo motivo.- Afirma el quebranto de las reglas de la sana crítica y argumenta que con el testimonio del justiciable [Nombre3] quien refirió ser el propietario de la finca objeto de tala, tener un horno para convertir la madera en carbón, aprovechar los recursos forestales, así como barrer y limpiar la siembra de yuca; por ello no era posible (como lo estima el juzgador) encontrar tocones de los árboles talados (estuvieran o no dentro de los autorizados en el CED3), pues con la "barrida" para la siembra de yuca desaparecen todos los vestigios, evidencias, señas o tocones que demuestren la existencia de la tala. Situación que no fue estimada por el juzgador en la sentencia, pese a que existían en autos fotografías y un informe del MINAE sobre el particular, que tampoco fue valorado por el tribunal. Tercer motivo.- Protesta por quebranto al principio de correlación entre acusación y sentencia, en ese sentido, reclama que dentro del acápite de los hechos probados del fallo, el juzgador indique que no existe ninguno de interés para la resolución del asunto, afirmación contradictoria con otras aseveraciones del tribunal, por ejemplo, cuando tiene por no acreditada la corta ilegal de madera. Acusa una fundamentación contradictoria del pronunciamiento, pues por un lado excluye toda participación del encartado [Nombre3]. en los hechos acusados, aunque por otro, se tiene por demostrados que [Nombre3]. vendió la madera a [Nombre1]. y por ende, se aprovecha del producto forestal, precisamente por ser el poseedor del inmueble. Cuarto motivo.- Por insuficiente fundamentación, dada la ausencia de análisis de las fotografías y el informe del MINAE que refieren el estado de inmueble afectado después del barrido para la siembra de yuca. Quinto motivo.- Acusa falta de fundamentación y afirma que el tribunal da el rango de pericia a las manifestaciones realizada por el ingeniero [Nombre10] , cuando declaraba en condición de testigo, pues la pericia era el informe que éste había aportado al proceso. Agrega: "En vista de que el testigo entra en contradicción con su mismo informe oficial, evidencia una intención de beneficiar a su contratista, determinándose parcialización en su relato, mismo que se aleja del informe de regencia." (Cfr. folio 272). Sexto motivo.- Reclama la infracción de los artículos 1 y 30 del Código Penal, 1, 369 inciso i) del Código Procesal Penal, 61 incisos a) y c) de la Ley Forestal. Explica que la responsabilidad penal en el caso surge por ser el justiciable [Nombre3]. dueño del inmueble afectado y de su madera, haber ordenado la tala ilegal y el barrido de los escombros sin importarle el daño ambiental generado con tal acción e incluso, percibiendo un beneficio económico con la venta de la madera. En ninguno de los motivos concreta sus pretensiones. III.- Se declaran con lugar los recursos, pero por las siguientes razones.- Vista la conexidad en el contenido de la impugnaciones, se resuelven de forma conjunta en este acápite. Es preciso retomar el contenido de la sentencia para decidir si llevan o no razón en sus protestas los gestionantes, a partir de las imputaciones formuladas tanto del Ministerio Público como por la Procuraduría General de la República y la fundamentación probatoria fáctica e intelectiva establecida en el fallo. Se acusó a los justiciables [Nombre1]. y [Nombre3]. por haber talado en forma ilegal productos forestales en un bosque pequeño, mediante personas que eran contratadas al efecto; pues aún cuando se había otorgado un "CED3" (que permitía la tala de 35 árboles), la corta abarcó otros 46 árboles no autorizados en el referido certificado, ubicados en un área de bosque de aproximadamente dos hectáreas. Se especifica también que el citado contrato se da sobre una propiedad inscrita registralmente a nombre de [Nombre11]. pero en poder o disfrute del acusado [Nombre3] ; donde el MINAE autorizó la extracción de madera mediante un contrato de regencia modalidad "Certificado de Origen" autorizado por el regente forestal [Nombre10] . Luego el juzgador indica que son tres los aspectos medulares (aunque en realidad menciona cuatro) necesarios de determinar: (1) La tala de los 46 árboles de más. (2) La condición de bosque del terreno donde se dio la supuesta tala ilegal. (3) La participación y responsabilidad penal de los imputados. (4) Si la tala de más, fue de especies no autorizadas. Decide empezar con el tema sobre la condición de bosque del sitio donde se dio la tala acusada e indica: "SOBRE LA CONDICION DE BOSQUE DEL SITIO DONDE SE HABRIAN TALADO LOS ARBOLES: Este juzgador arriba a la conclusión de que este aspecto definitivamente nunca fue acreditado por los actores penales y civil. El artículo 3 de la Ley Forestal define bosque como aquella área, que entre otras carácterísticas mida NO MENOS DE DOS HECTAREAS, analizando la prueba que se recibió en este respecto, se tiene que en el Informe del Minae de folios 1 a 8 se indica que dicho terreno mediría "aproximadamente 2 hectáreas", o sea que no afirma que mida las dos hectáreas exigidas por la norma para considerarse bosque; en debate el ingeniero [Nombre12]. firmante del referido informe, refirió que ese porción de terreno es un área "como de dos hectáreas", o sea que nuevamente tampoco ha afirmado que midiera la medida mínima de ley; ciertamente agregó que esa zona de la finca ha sido intervenida, suprimiendo el bosque en parte de la misma, pero en definitiva de su relato en juicio no afirmo ni demostró que midiera lo prescrito por la norma; se recibieron como prueba los planos de folios 38 al 440 hechos por el Minae donde se observa un área que correspondería al sitio donde se talaron los árboles autorizados a cortar por el Minae y también los que se indican cortados en zona de bosque, y por la coloración de dichos mapas o planos encontramos que casi la totalidad de la zona donde se dió la totalidad de la corta, con algunas pocas excepciones constituiría bosque, tanto donde se cortaron los árboles autorizados, como donde se cortaron los que se dicen no autorizados, pero de toda suerte, en lo que aquí interesa, no es posible inferir o derivar de dichos planos o mapas la medida del área afectada; según el ingeniero [Nombre10]. Regente que autorizó la corta (facultado por ley para ello) y testigo de cargo, refirió en el debate que dicha área no mide dos hectáreas y que por lo tanto no puede ser catalogada como bosque conforme para los efectos que nos ocupan, que a lo sumo mide 1.4 hectáreas, el imputado [Nombre1]. niega que midiera las dos hectáreas y refiere como al momento de hacer una inspección con la fiscal instructora, midieron y verificaron que no medía dos hectáreas; finalmente de la inspección ocular o reconocimiento de sitio que hizo la Lic. [Nombre13], que corre agregada de folios 78 al 81 se extrae como en esa oportunidad tanto el ingeniero [Nombre10]. como los imputados refirieron haber medido el área y que no cumplía con la medida de ley; pero un dato surge especialmente relevante, que aún con lo dicho por el regente y los imputados, la Lic. [Nombre14], ni el representante del Minae que también concurrió, tomaron previsión alguna en este sentido, y no midieron el terreno "suamposo" que conforma la arboleda a fin de verificar que constituyera un bosque según la definición del artículo 3 de la ley Forestal en cuanto a su medida. Ante esta insuficiencia probatoria, más bien ausencia, no es posible tener por cierto, que los imputados hayan cortado árboles en un bosque sin contar con la debida autorización para ello, conducta prohibida por la normativa forestal (artículos 58 y 61 ). En este caso, no era suficiente con aseverar que se trataba de un bosque, tal como lo dicen la acusación del Ministerio Público y de la Procuraduría Penal, y tampoco puede presumirse de acuerdo a la experiencia o la lógica, ya que los datos que arrojan los elementos probatorios nos informan de que se trata de una porción de terreno bastante pequeño, que incluso en el informe del Minae el ingeniero [Nombre12] , indica que mide aproximadamente dos hectáreas, y el regente [Nombre10]. y los imputados dijeron haberlo medido y que su medida es de aproximadamente una hectárea y cuarto; de allí que se hacía necesario medir el área para determinar efectivamente su medida, ya que se trata de un elemento integrante de tipicidad normativa, debía acreditarse que medía al menos dos hectáreas, dato que en definitiva no se acreditó." (Cfr. folio 246 a 248). Como se observa el juzgador decide iniciar su análisis intelectivo con la determinación o no de "bosque" del área donde se acusa se dio la tala ilegal. Y aunque no se especifica en el pronunciamiento, de donde emerge esa preocupación del juzgador por establecer la existencia de un bosque (en los términos prescritos por la Ley Forestal), podría surgir a causa de una interpretación jurisprudencial de este mismo Tribunal de Casación Penal, que por años acogió la tesis expuesta en el voto Nº682-F-97, de las 15:45 horas del 25 de agosto de 1997, que analiza el concepto de aprovechamiento de productos forestales inserto, por ejemplo, en los textos de los artículos 58 y 61 de la Ley Forestal; lo anterior debido a que el Ministerio Público atribuye a los justiciables los delitos de tala, transporte y aprovechamiento de madera, previstos y sancionados en el artículo 61 inciso a) y c) de la Ley Forestal (Cfr. 89 a 91); y porque la Procuraduría General de la República imputaba la tala ilegal, aserrío y aprovechamiento ilegal de madera en área de bosque, conforme lo establece los artículos 57, 58 inciso a) y 61 inciso a) de la Ley Forestal (Cfr. folio 198 a 200). En el voto Nº682-F-97, se transcriben los artículos 61 y 3 inciso a), luego se indica: "De la relación de ambos artículos se ha concluido por la jurisprudencia que la simple acción de cortar un árbol maderable, independientemente de si forma parte de un bosque o plantación forestal es constitutiva del delito contemplado en el Art. 61 inciso a), arriba mencionado (véase el voto 524-F-97 de este Tribunal (hay un voto salvado). Sin embargo, los jueces integrantes del Tribunal Superior de Casación Penal designados para el conocimiento de este asunto, consideramos que debe variarse la jurisprudencia indicada. Es de gran importancia el texto del tipo penal contemplado en el Art. 61 inciso a), en el que se hace mención al aprovechamiento "... de uno o varios productos forestales..." En lo relativo a la interpretación de las leyes se ha señalado la existencia de diversos métodos, todos lo cuales por supuesto encuentran como límite el principio de legalidad, previsto por el Art. 1 del Código Penal y el 39 de la Constitución Política, que es uno de los principios fundamentales de un Estado de Derecho, sobre lo que existe consenso (véase por ejemplo: Sala Constitucional, voto 461-91). Importante es que se ha tendido por la jurisprudencia a conceptualizar "forestal" como "relativo a los árboles", lo que no es correcto. En efecto si se busca el término forestal en el diccionario se verá que quiere decir "relativo a los bosques y a sus aprovechamientos" (Vox Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española. Barcelona, 1995, p. 517. Véase también: Larousse. Diccionario Usual, México, 1985, p. 266). Nótese incluso que el término forestal viene de la palabra del latín "foresta", sea bosque. Es cierto que el Diccionario de la Real Academia al definir "forestal" indica que por dicho término se entiende lo "relativo a los bosques y a los aprovechamientos de leñas, pastos, etc." Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Madrid, vigésimo primera edición, 1992, p. 984). Sin embargo, el término "bosque" debe estimarse como el fundamental y lo concerniente a los "aprovechamientos de leñas, pastos, etc.", hace mención al aprovechamiento del bosque, tal y como se hace referencia en otros diccionarios. Debe anotarse que el tipo penal objetivo de un delito se compone de elementos descriptivos y por vía de excepción de elementos normativos. Se ha estimado que una consecuencia del principio de legalidad es que deben evitarse estos últimos elementos, debido a la inseguridad jurídica que introducen, como consecuencia del ámbito valorativo que le conceden al juzgador. Por ello mismo debe partirse al momento de interpretación de un elemento del tipo penal de que éste es de carácter descriptivo, salvo que hayan razones suficientes para estimar que no es de este carácter, sino que es normativo. En el caso concreto no hay elementos que indiquen que el término forestal, deba ser entendido en sentido diverso al indicado arriba, sea como un elemento descriptivo. Lo anterior sin perjuicio de que en forma indirecta el término adquiere caracteres normativos, en la medida en que la ley forestal precisa conceptos como el de "bosque" y de "plantación forestal" (Art. 3 de la ley). De relevancia para sostener lo anterior en cuanto al término forestal es que el fin de la ley forestal es en definitiva la protección y administración de los bosques y el aprovechamiento de los recursos forestales. Esto queda claro en el artículo 1 de la ley forestal, el que precisa los objetivos de dicha ley, aspecto que tiene una importancia capital en la interpretación de las diversas normas de la misma. Así se dispone: "Objetivos. La presente ley establece como función esencial y prioritaria del Estado velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables...". Por su parte el artículo 3 de la ley da una serie de definiciones, por ejemplo la de aprovechamiento maderable, terrenos de aptitud forestal, ecosistema boscoso, bosque, plan de manejo forestal, plantación forestal, régimen forestal, sistema agroforestal, área silvestre protegida, centro de industrialización primaria y servicios ambientales. Importante es que todas ellas se refieren en definitiva al "régimen forestal", destacándose en ellas los términos "bosque" y "plantación forestal". Debe hacerse referencia a la mención que se ha hecho en ocasiones del Art. 3 inciso a) de la Ley Forestal, para justificar que se sanciona en el Art. 63 inciso a) la corta de árboles en terrenos no forestales. Lo anterior en cuanto a la referencia que se hace en dicho artículo a la corta de árboles no incluida en el Art. 1. Así se ha expresado que por ello dicha corta está desvinculada de los objetivos de la ley fijados en el Art. 1, mencionados arriba. Esta interpretación debe ser rechazada, en primer lugar ya que el Art. 1, como se dijo, es fundamental para la interpretación de toda la ley en cuanto menciona los objetivos de la misma. Pero la razón fundamental es que la referencia que se hace en el Art. 3 inciso a) al Art. 1, no es en lo relativo al párrafo primero del mismo, que fue transcrito en lo que interesa arriba, sino propiamente en lo concerniente al párrafo 2) del mismo artículo, que hace mención, al igual que el Art. 3 inciso a) a la corta de árboles, ello al decir: "En virtud del interés público y salvo lo estipulado en el artículo 18 de esta ley, se prohíbe la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológica, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado". De relevancia en lo relativo a la utilización del concepto de "forestal" como concerniente a los bosques, a la que se hizo referencia antes, es que en la ley forestal el único artículo que se refiere a la prohibición de cortar árboles en propiedad privada que no sea bosques o plantaciones es el 27. En este se dispone: "Sólo se podrá llevar a cabo la corta de árboles en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, obteniendo previamente la autorización del Consejo Regional Ambiental o de la municipalidad respectiva y hasta por un máximo de cinco árboles por hectárea por año. Para una corta que sobrepase los veinte árboles por inmueble se requerirá la autorización de la Administración Forestal del Estado". Ello lleva a que conforme a una interpretación a contrario sensu, en terrenos sin bosque y que no sean de uso agropecuario no hay ninguna prohibición en la ley para la corta de árboles. Esto trató de ser corregido por la vía reglamentaria. Así el Reglamento a la Ley Forestal, publicado en la Gaceta del 23 de enero de 1997, que define qué se entiende por terrenos de uso agropecuario sin bosque, indicando que estos son "aquellas fincas privadas con la presencia de árboles no establecidos bajo un sistema agroforestal o fincas que tienen áreas con cobertura boscosa menores a dos hectáreas, o aquellos árboles ubicados en áreas urbanas" (Art. 2). Sin embargo, la no aplicación al presente caso concreto del Reglamento en lo relativo a dicha definición es clara. Ello en primer lugar debido a que el hecho que se juzga fue cometido a principios de noviembre de 1995, resultando que incluso el Reglamento fue publicado el 23 de enero de 1997, de modo que si se tratara de aplicar el mismo se estaría ante un supuesto prohibido de aplicación retroactiva. A lo anterior se agrega que el Reglamento al definir que se entiende por "terrenos de uso agropecuario", se excede, olvidándose el carácter meramente ejecutivo de la ley que tiene, por cuanto se trata de ubicar en el término "agropecuario" todo lo que no es forestal, lo que no concuerda con el sentido de la palabra "agropecuario" (sea que tiene relación con la agricultura y ganadería), llegándose incluso al absurdo de calificar de "agropecuario" lo urbano. De todas maneras incluso es discutible qué sanción tiene la infracción al Art. 27 de la Ley Forestal, sea en lo relativo a la tala de árboles en terrenos de uso agropecuario, puesto que no se establece en la ley sanción alguna y es sumamente cuestionable que en virtud de ello pueda interpretarse que en tal caso, sería de aplicación el Art. 61 inciso a) de la Ley Forestal, en cuanto se refiere al aprovechamiento de productos forestales. Una interpretación en tal sentido no sería en realidad concordante con el principio de legalidad, puesto que en ninguna parte de la ley se indica que por productos forestales, se entienda también los productos arbóreos provenientes de un terreno que no es bosque, sino de un terreno de uso agropecuario. Si se intentara una interpretación que comprendiera dentro del Art. 61 inciso a) de la Ley Forestal la corta de árboles en terrenos de uso agropecuario tendría que partirse de la denominación del Título Tercero de la Ley Forestal, sea "Propiedad Forestal Privada", dentro del cual está ubicado el Art. 27 de la Ley Forestal. Pero una interpretación que por esa vía tratara de ampliar el tipo penal del Art. 61 inciso a) de dicha ley, no sería concordante con el principio de legalidad, el que exige la claridad en la descripción de la conducta prohibida, claridad que no existiría con la interpretación indicada. Importante es el requerimiento de tratar de interpretar las normas conforme a la Constitución Política, de la que habla la doctrina constitucionalista, lo que exige que no sea posible que a través de interpretaciones sistemáticas extensivas del tipo penal respectivo, se llegue a considerar como típica una conducta que no aparece claramente descrita dentro del tipo penal, y es que un concepto es el de "forestal" y otro totalmente diverso es el de "agropecuario", no siendo clara una interpretación que dijera que lo agropecuario es forestal. De todas maneras en el caso concreto ni siquiera podría hablarse de la existencia de una corta de un árbol en "terrenos de uso agropecuario", puesto que la corta de los dos árboles se dio en un terreno para construcción (véase folio 35 fte líneas 27-29). A pesar de ser reiterativo debe recalcarse que si se sostuviera que la corta de árboles prevista en el Art. 27 de la Ley Forestal encuentra su sanción en el Art. 63 inciso a) de la Ley Forestal, la extensión del término agropecuario prevista en el Reglamento de la Ley Forestal además de contrariar el carácter ejecutivo del reglamento con respecto a la ley, violentaría el mismo principio de legalidad (Art. 39 de la Constitución Política). Este principio exige que el supuesto de hecho calificado como delictivo sea previsto en un ley ordinaria, no pudiéndose hacer ello en un simple reglamento, todo lo cual encuentra su fundamento en la doctrina de la Ilustración que dio origen a la llamada división de poderes (Art. 9 de la Constitución Política). Por vía de excepción la Sala Constitucional ha admitido la constitucionalidad de leyes penales en blanco, sea de leyes que en lo relativo a la precisión de uno de los elementos del tipo delictivo remite a una norma de menor rango. Importante al respecto es que Sala Constitucional ha dicho que "resulta posible completar una norma penal por medio de un reglamento, siempre que al hacerlo el Poder Ejecutivo se mantenga dentro de su espera propia de competencia y que la ley que remite establezca con suficiente claridad los presupuestos de la punibilidad, así como la clase y extensión de la pena..." (Sala Constitucional, voto 1876-90). Sin embargo, es claro que con la definición de "terrenos de uso agropecuario sin bosque" el Reglamento de la Ley Forestal extendería el ámbito de la conducta típica prevista en la Ley Forestal y con ello de la competencia del Poder Ejecutivo. Lo mismo puede decirse de cualquier intento de utilizar la palabra "árbol" como sinónimo de "forestal", como al parecer pretende el Reglamento de la Ley Forestal al usar el término "árbol forestal" (Art. 2). Además de la interpretación a contrario sensu del Art. 27 de la Ley Forestal, hecha antes, tiene gran relevancia en este asunto la interpretación del Art. 63 inciso a) en relación con el Art. 56 de la Ley Forestal. El primero de dichos artículos sanciona como delictivo la infracción del Art. 56 mencionado. Este artículo por su parte indica que "No se podrá movilizar madera en trozas, encuadrada ni aserrada proveniente de bosque ni de plantación, si no se cuenta con la documentación respectiva". De importancia es que, como ya lo ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Superior de Casación Penal, se sanciona sólo el transporte no autorizado de madera "proveniente de bosque o plantación", pero no el transporte de madera proveniente de terrenos que no sean bosque o plantación, lo que es un argumento de relevancia para estimar que el Art. 61 inciso a) sólo sanciona el aprovechamiento (y dentro de éste la corta) de árboles provenientes de bosques o plantaciones. Nótese que el legislador trató de extender "las tenazas" del Derecho Penal a diversas conductas que forman parte de lo que podríamos llamar el "ciclo de la deforestación", parafraseando la terminología que se ha utilizado con respecto a otros tipos de delitos, de modo que se trata de sancionar no sólo las conductas relacionadas con la corta de árboles no autorizada en terrenos forestales, sino también el transporte no autorizado de la madera de árboles de dicho terreno. Por ello no habría razón alguna para sancionar el transporte solamente cuando la madera proviene de bosques o plantaciones, pero en lo relativo a la corta de árboles sancionar la realizada aun en terrenos que no reúnan esas características..." En consecuencia, a partir de ese voto se establece: "Ello lleva a que conforme a una interpretación a contrario sensu, en terrenos sin bosque y que no sean de uso agropecuario no hay ninguna prohibición en la ley para la corta de árboles." (La negrita no corresponde al original). IV.- Esta Cámara no comparte ese análisis que asimila la expresión producto o recursos forestales con bosque, o proveniente de bosque, por las siguientes razones. Primero.- La Ley Forestal prevé delitos tanto por aprovechamientos en terrenos estatales como privados. Dentro del articulado de la Ley Forestal existen dos normas que tipifican delitos de aprovechamiento de productos forestales (que por cierto, incluye otras conductas además de la tala, como se explicará infra). El primero es el artículo 58 y comprende conductas de aprovechamiento en propiedades estatales o en áreas de protección (públicas o privadas). El segundo es el artículo 61que tipifica acciones de aprovechamiento realizadas en propiedad privada. Una lectura de la Ley Forestal permite advertir diversos escenarios en cuanto a la tala o corta de árboles, con prohibiciones expresas o permisos, cuyo irrespeto puede llevar a la comisión de los delitos ahí sancionados, aún cuando se trate de terrenos privados. Como indica [Nombre15]: "El concepto propiedad privada implica el usufructo y, por tanto, el derecho del propietario de aprovechar todos los bienes accesorios, como los árboles que se encuentren en su propiedad. Sin embargo, por la importancia que tienen el recurso forestal y los ecosistemas asociados (como el recurso hídrico), para el ambiente en general, se han impuestos ciertas limitaciones al disfrute del producto forestal por razones de interés público. De esta manera, la ley obliga al propietario privado y legítimo dueño de la madera a solicitar permiso a la Administración Forestal del Estado (AFE) para el aprovechamiento y transporte de la madera. Con la tipicidad del inciso c) del artículo 58 de la LF, sobre el irrespeto a las vedas forestales declaradas, se protegen también los recursos forestales, pero específicamente a las especies en vías de extinción o con poblaciones reducidas, por el hecho de que el valor comercial de estas especies aumenta cada día, al igual que su demanda, de forma que el legislador quiso darles una protección especial, con el fin de evitar que desaparezcan." (GONZÁLEZ [Nombre16], [Nombre17], Manual de Delitos Ambientales, 1a. edición, Litografía e Imprenta LIL, S.A., San José, 2007, p.253). Y es que aunque la corta en bosques se anuncia en el artículo 1 con una prohibición total, también se establecen salvedades, que en todo caso, de realizar al margen de los permisos o supuestos autorizados por ley, pueden constituir una infracción de las previstas por la ley. Por ejemplo: (1) En el artículo 1 se prohíbe la tala o corta en bosques, pero se permite para realizar labores de investigación, capacitación y ecoturismo, previa aprobación del Ministerio del Ambiente y Energía (artículo 1 en relación con el 18). (2) En el artículo 19 hay una segunda excepción, al disponer que la Administración Forestal del Estado podrá: "a) Construir casas de habitación, oficinas, establos, corrales, viveros, caminos, puentes e instalaciones destinadas a la recreación, el ecoturismo y otras mejoras análogas en terrenos y fincas de dominio privado donde se localicen los bosques. b) Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional. c) Cortar los árboles por razones de seguridad humana o de interés científico. d) Prevenir incendios forestales, desastres naturales u otras causas análogas o sus consecuencias. En estos casos, la corta del bosque será limitada, proporcional y razonable para los fines antes expuestos. Previamente, deberá llenarse un cuestionario de preselección ante la Administración Forestal del Estado para determinar la posibilidad de exigir una evaluación del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley." Más adelanteCED6) en el artículo 34 se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección (públicas o privadas) descritas en el artículo 33, excepto que se trate de proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional. Esas áreas de protección son: "a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal. b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinadospor los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley." (4) Si la corta es en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, se pueden cortar hasta un máximo de tres árboles por hectárea anualmente, previa autorización del Consejo Regional Ambiental. Si se sobrepasan los diez árboles por inmueble, se requiere la autorización de la Administración Forestal del Estado (artículo 27). Finalmente, (5) si la corta es en plantaciones forestales, sistemas agroforestales o árboles plantados individualmente, no se requiere permiso de corta, transporte, industrialización o exportación (artículo 28). Sin embargo, para "sacar de la finca hacia cualquier parte del territorio nacional, madera en trozas escuadrada o aserrada, proveniente de plantaciones forestales, se requerirá un CED3 expedido por el regente forestal o el Consejo Regional Ambiental de la zona..." (artículo 31). En consecuencia, si se corta o tala sin el permiso correspondiente o excediendo o variando lo autorizado, es que se configura alguno de los tipos penales previstos en la Ley Forestal, por ejemplo, en el artículo 61 que establece: "Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: a) Aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, sin el permiso de la Administración Forestal del Estado, o a quien, aunque cuente con el permiso, no se ajuste a lo autorizado. b) Adquiera o procese productos forestales sin cumplir con los requisitos establecidos en esta ley. c) Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra, en contra de lo estipulado en el artículo 19 de esta ley. En los casos anteriores, los productos serán decomisados y puestos a la orden de la autoridad judicial competente. d) Sustraiga productos forestales de una propiedad privada o del Estado o transporte productos forestales obtenidos en la misma forma." Por ende y con todo respeto, no estimamos acertada la afirmación realizada en el voto Nº682-F-1997, cuando se asevera que la infracción al artículo 27 de la Ley Forestal no encuentre sanción acudiendo al artículo 61 inciso a), pues precisamente, conforme con el principio de legalidad hay que concluir que ese es el tipo previsto para su reproche; es decir para cortas realizadas dentro de terrenos privados sin autorización o excediendo la otorgada. Segundo.- El artículo 61 de la Ley Forestal no incluye el elemento "bosque" o plantación forestal como parte del tipo objetivo. El tipo penal previsto y sancionado en el artículo 61 de la Ley Forestal antes trascrito, no hace mención alguna a bosques o plantaciones forestales, como parte de la descripción del tipo objetivo. Tercero.- Conforme lo establece la Ley Forestal, no solo los bosques contienen recursos o productos forestales. La Ley Forestal tiene la peculiaridad de incluir un artículo de conceptos, el número 3; dentro del cual se definen varias expresiones: aprovechamiento maderable, terrenos de aptitud forestal, bosque, plan de manejo forestal, etc., pero ciertamente no presenta una interpretación auténtica específica de "recursos forestales", lo que implica, recurrir a la interpretación literal, histórica y/o sistemática, que en nuestro criterio, no conduce a las conclusiones del fallo Nº682-F-97. Pese a ello, el artículo 3 resulta de utilidad, pues en el inciso a) define la expresión "aprovechamiento" que forma parte del tipo objetivo previsto en el artículo 61 íbidem. Lo conceptúa como la acción de cortar, eliminación de árboles maderables en pie o la utilización de los caídos. ¿Pero que hay de la expresión productos o recursos forestales (también utilizada por el legislador dentro de la descripción típica del artículo 61, también del 58 de la Ley Forestal) ? La interpretación que ha mantenido esta Cámara por años, la asocia a la existencia de un bosque o plantación, supuestamente a partir de lo establecido en el artículo 1 de la Ley Forestal, que dispone: "La presente ley establece, como función esencial y prioritaria del Estado, velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables." (La negrita no corresponde al original) Nótese que: (a) la ley trata de forma distinta y separada los términos "bosque" y "recursos forestales"; es decir, no supedita la existencia o denominación "recursos forestales" a un bosque; pero además, (b) la producción, aprovechamiento, industrialización o fomento de los recursos forestales aunque físicamente no ocupen el mismo espacio de los bosques, sin duda contribuyen a la conservación, protección y administración de los bosques naturales, precisamente, "de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables" establecido también en el citado artículo 1 de la Ley Forestal. Adicional a ello, (c) no tiene sentido hacer referencia a los "recursos forestales" si es una realidad implícita en la expresión "bosque", estaría de sobra, sin embargo, en el artículo 1 se incluyen ambas expresiones. Finalmente, (d) si a partir del objetivo dispuesto en el artículo 1, sólo fuera sancionable la tala en bosques, no tendría ningún sentido que los tipos penales hicieran referencia expresa a terrenos privados, pero sí la hacen. Es por todo lo anterior, que esta integración estima que la interpretación correcta de los tipos en discusión (artículo 58 y 61). (1) Debe relacionarse con el artículo 3 inciso a) que define "aprovechamiento": "Acción de corta, eliminación de árboles maderables en pie o utilización de árboles caídos, realizada en terrenos privados, no incluida en el artículo 1 de esta ley, que genere o pueda generar algún provecho, beneficio, ventaja, utilidad o ganancia para la persona que la realiza o para quien esta representa." La expresión "no incluida en el artículo 1..." es de utilidad para destacar la prohibición del aprovechamiento en áreas silvestres protegidas estatales. (2) Y en cuanto a la interpretación de las expresiones recurso o producto forestal, consideramos que dentro de la ley, el adjetivo "forestal" tiene carácter normativo, así se desprende de las múltiples referencia a expresiones como "regente forestal", "plan de manejo forestal", "régimen forestal", "plantación forestal", "Administración Forestal del Estado", "Fondo Forestal", etc.. Desde esa perspectiva, sería perfectamente factible asociarlo a "árboles" independientemente de que formen parte de un bosque o plantación. Pero incluso, acudiendo a un carácter puramente descriptivo , lo cierto es que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española indica que lo "forestal" es aquello: "Relativo a los bosques y a los aprovechamientos de leñas, pastos, etc." Es decir, desde el punto de vista semántico, el significado de lo "forestal" no se limita o circunscribe a lo relacionado con el bosque, incluye "...la tala de árboles de esa naturaleza aunque no formen parte de una superficie boscosa y además la utilización de árboles caídos, todo como medio para preservar los ecosistemas naturales. " (Cfr. voto Nº 524-F-1997, de las 9:00 horas del 27 de junio de 1997). Refuerza ese argumento que el concepto "producto forestal" (uno de los elementos objetivos presente en el artículo 61) es citado en el artículo 2 del Reglamento a la Ley Forestal, publicado en La Gaceta Nº 16, del 23 de enero de 1997, en los siguientes términos: "Producto forestal: Es toda troza, madera en bloc, enchapados, aglomerados, fósforos, pulpa, paletas, pallillos, astillas, muebles, puertas, marcos de ventana y molduras." Como se aprecia, más que un concepto es un listado factible de bienes, objetos o productos obtenibles a partir de los árboles, que no suelen estar en bosques o plantaciones. Siendo loable y absolutamente lícito acudir al reglamento, pues la enumeración que presenta no afecta el núcleo central de imputación establecido en el precepto y no excede tampoco el fin u objetivo previsto en la Ley Forestal, pues en el precepto se ha establecido con claridad el presupuesto de punibilidad, así como la clase y extensión de sanción (conforme lo establece el voto Nº1876-1990 de la Sala Constitucional). En realidad la cita que se hace en el Reglamento resulta un ejercicio de ejemplificación de supuestos calificables como "productos forestales" que de ninguna forma amplían o resultan contradictorios con la interpretación que se sigue en este voto. Es más, aún cuando no existiera esa referencia en el reglamento, igual se podría concluir sin dificultad que la madera en bloc, la pulpa, las astillas, etc., son productos forestales. En suma, se deberá concluir que tanto producto como recurso forestal son expresiones que indiscutiblemente aluden a árboles, con independencia de su madurez, aprovechamiento, valor comercial, o de su ubicación, dentro o fuera de un bosque o plantación forestal; y en ese sentido deberán analizarse los tipos penales en discusión. Ahora al valorar la fundamentación del fallo impugnado, el juzgador parte de un análisis errado, pues supedita la comprobación del hecho imputado, a la verificación de una corta de árboles dentro de un bosque (en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley Forestal); sin embargo, en el caso específico ese no resulta un factor medular, ni puede condicionar tampoco la acreditación del hecho delictivo reprochado; circunstancia que a criterio de este Cámara vicia en su totalidad el pronunciamiento y hace imprescindible una nueva sustanciación conforme a derecho. Es un error estimar que el objetivo de la Ley Forestal se limita a la tutela o protección de los bosques, eso no se deriva del artículo 1 Íbidem y se hace más evidente cuando se analiza el contenido integral de esa normativa. No sobra señalar que sólo por el hecho de haber acogido el reclamo aquí formulado que llevó a la nulidad de la sentencia, el Tribunal de Casación no esta prejuzgando sobre el fondo del asunto, en ese sentido, lo resuelto por esta Cámara no debe influir sobre el ánimo del tribunal que deberá integrarse para el juicio de reenvío, sino que ellos deberán apreciar en forma original e independiente la convicción que dimane de las pruebas, así como logicidad y contundencia de las razones invocadas por las partes en el contradictorio, para decidir con imparcialidad lo que corresponda. Conforme a lo expuesto, por carecer de interés, se omite pronunciamiento respecto a los otros puntos de impugnación. POR TANTO Se declaran con lugar los recursos de casación formulados por la licenciada [Nombre6] en representación de la Procuraduría General de la República, y por el licenciado [Nombre7], en representación del Ministerio Público. Se anula la sentencia, así como el debate. Se ordena el reenvío para una nueva sustanciación conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. [Nombre18] Ingrid Estrada Venegas [Nombre5] Juezas y Juez de Casación Penal Exp: 07-202638-0485-PE (5) Imputado: [Nombre1]. Ofendido: CED7 CED8: [Placa2] AMORAF Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 08:23:41. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
III.- The appeals are granted, but for the following reasons. Given the connected nature of the content of the challenges, they are resolved jointly in this section. It is necessary to return to the content of the judgment to decide whether or not the petitioners are correct in their protests, based on the charges formulated by both the Public Prosecutor's Office and the Office of the Attorney General of the Republic and the factual and intellectual evidentiary foundation established in the ruling. The defendants [Name1] and [Name2] were accused of having illegally felled forest products in a small forest, through persons contracted for that purpose; because although a "CED1" had been granted (which permitted the felling of 35 trees), the cutting included another 46 trees not authorized in the referred certificate, located in a forest area of approximately two hectares. It is also specified that the cited contract involves a property registered in the name of [Name3] but in the possession or enjoyment of the accused [Name2]; where MINAE authorized the extraction of wood through a management contract under the "Certificado de Origen" modality authorized by the forest manager (regente forestal) [Name4]. Then the judge indicates that there are three core aspects (although he actually mentions four) that need to be determined: (1) The felling of the 46 extra trees. (2) The forest condition of the land where the alleged illegal felling took place. (3) The participation and criminal responsibility of the accused. (4) Whether the extra felling was of unauthorized species. He decides to begin with the issue of the forest condition of the site where the accused felling took place and states: "REGARDING THE FOREST CONDITION OF THE SITE WHERE THE TREES WERE ALLEGEDLY FELLED: This judge reaches the conclusion that this aspect was definitively never accredited by the criminal and civil actors. Article 3 of the Ley Forestal defines forest as that area, which among other characteristics measures NO LESS THAN TWO HECTARES, analyzing the evidence received in this regard, it is found that the MINAE Report on folios 1 to 8 indicates that said land would measure 'approximately 2 hectares', meaning it does not affirm that it measures the two hectares required by the norm to be considered a forest; in the hearing, engineer [Name5], signatory of the referred report, stated that this portion of land is an area 'like two hectares', meaning again he did not affirm that it measured the minimum legal measurement; he certainly added that this area of the farm has been intervened, suppressing the forest in part of it, but ultimately from his account at trial he did not affirm or demonstrate that it measured what is prescribed by the norm; as evidence, the maps on folios 38 to 440 made by MINAE were received, where an area is observed that would correspond to the site where the trees authorized to be cut by MINAE were felled and also those indicated as cut in a forest area, and by the coloring of said maps or plans we find that almost all of the area where the entirety of the cutting took place, with a few exceptions, would constitute forest, both where the authorized trees were cut and where those said to be unauthorized were cut, but in any event, for what concerns us here, it is not possible to infer or derive the measurement of the affected area from said plans or maps; according to engineer [Name4], the manager who authorized the cutting (empowered by law to do so) and a prosecution witness, he stated in the hearing that said area does not measure two hectares and therefore cannot be classified as a forest for the purposes that concern us, that it measures at most 1.4 hectares; the accused [Name1] denies that it measured two hectares and states that when conducting an inspection with the investigating prosecutor, they measured and verified that it did not measure two hectares; finally, from the ocular inspection or site visit (reconocimiento de sitio) conducted by Lic. [Name6], which is attached on folios 78 to 81, it is extracted that on that occasion both engineer [Name4] and the accused stated that they had measured the area and that it did not meet the legal measurement; but a particularly relevant fact emerges, that even with what was said by the manager and the accused, Lic. [Name7], nor the MINAE representative who also attended, took any precaution in this sense, and did not measure the 'swampy' (suamposo) land that makes up the wooded area in order to verify that it constituted a forest according to the definition of Article 3 of the Ley Forestal regarding its measurement. Given this evidentiary insufficiency, rather an absence, it is not possible to hold it as certain that the accused cut trees in a forest without having the proper authorization for it, conduct prohibited by forestry regulations (Articles 58 and 61). In this case, it was not sufficient to assert that it was a forest, as stated in the accusation of the Public Prosecutor's Office and the Criminal Attorney's Office, nor can it be presumed according to experience or logic, since the data yielded by the evidentiary elements inform us that it is a fairly small portion of land, that even in the MINAE report engineer [Name5] indicates that it measures approximately two hectares, and the manager [Name4] and the accused said they had measured it and that its measurement is approximately one and a quarter hectares; hence it was necessary to measure the area to effectively determine its measurement, since it is an integral element of normative typicality, it had to be proven that it measured at least two hectares, a fact that was definitively not proven." (Cf. folio 246 to 248). As observed, the judge decides to begin his intellectual analysis with the determination or not of a "forest" of the area where the illegal felling is accused to have occurred. And although it is not specified in the ruling where this concern of the judge to establish the existence of a forest (in the terms prescribed by the Ley Forestal) emerges from, it could arise from a jurisprudential interpretation by this same Criminal Cassation Court, which for years accepted the thesis set forth in vote No. 682-F-97, at 3:45 p.m. on August 25, 1997, which analyzes the concept of the harvesting of forest products (aprovechamiento de productos forestales) inserted, for example, in the texts of Articles 58 and 61 of the Ley Forestal; the foregoing because the Public Prosecutor's Office attributes to the defendants the crimes of felling, transportation, and harvesting of wood, provided for and sanctioned in Article 61, subsections a) and c) of the Ley Forestal (Cf. 89 to 91); and because the Office of the Attorney General of the Republic charged illegal felling, sawing, and illegal harvesting of wood in a forest area, as established by Articles 57, 58 subsection a) and 61 subsection a) of the Ley Forestal (Cf. folio 198 to 200). In vote No. 682-F-97, Articles 61 and 3 subsection a) are transcribed, then it is indicated: "From the relationship of both articles, jurisprudence has concluded that the simple action of cutting a timber tree, regardless of whether it forms part of a forest or forest plantation (plantación forestal), constitutes the crime contemplated in Art. 61 subsection a), above-mentioned (see vote 524-F-97 of this Court (there is a dissenting vote). However, the judges of the Superior Criminal Cassation Court designated to hear this matter consider that the indicated jurisprudence must be changed. The text of the criminal type contemplated in Art. 61 subsection a) is of great importance, in which mention is made of the harvesting '... of one or several forest products...' Regarding the interpretation of laws, the existence of various methods has been noted, all of which, of course, find their limit in the principle of legality, provided for by Art. 1 of the Criminal Code and 39 of the Political Constitution, which is one of the fundamental principles of a Rule of Law State, on which there is consensus (see for example: Constitutional Chamber, vote 461-91). It is important that jurisprudence has tended to conceptualize 'forestal' as 'relating to trees', which is not correct. Indeed, if one looks up the term forestal in the dictionary, one will see that it means 'relating to forests and their harvests' (Vox Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española. Barcelona, 1995, p. 517. See also: Larousse. Diccionario Usual, México, 1985, p. 266). Note even that the term forestal comes from the Latin word 'foresta', meaning forest. It is true that the Dictionary of the Royal Academy, when defining 'forestal', indicates that said term is understood to mean 'relating to forests and the harvests of firewood, pastures, etc.' Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Madrid, twenty-first edition, 1992, p. 984). However, the term 'forest' must be considered as fundamental and that concerning the 'harvests of firewood, pastures, etc.', makes mention of the harvesting of the forest, as referenced in other dictionaries. It should be noted that the objective criminal type of a crime is composed of descriptive elements and, by way of exception, normative elements. It has been considered that a consequence of the principle of legality is that these latter elements must be avoided, due to the legal uncertainty they introduce, as a consequence of the evaluative scope they grant to the judge. For this reason, when interpreting an element of the criminal type, one must start from the premise that it is of a descriptive nature, unless there are sufficient reasons to consider that it is not of this nature, but rather normative. In the specific case, there are no elements indicating that the term forestal should be understood in a sense different from that indicated above, i.e., as a descriptive element. The foregoing without prejudice to the fact that indirectly the term acquires normative characteristics, to the extent that the Ley Forestal specifies concepts such as 'forest' and 'forest plantation' (Art. 3 of the law). Of relevance to support the foregoing regarding the term forestal is that the purpose of the Ley Forestal is ultimately the protection and administration of forests and the harvesting of forest resources. This is clear in Article 1 of the Ley Forestal, which specifies the objectives of said law, an aspect that is of capital importance in the interpretation of its various norms. Thus it provides: 'Objectives. This law establishes as an essential and priority function of the State to ensure the conservation, protection and administration of natural forests and the production, harvesting, industrialization and promotion of the country's forest resources destined for that purpose, in accordance with the principle of adequate and sustainable use of renewable natural resources...' For its part, Article 3 of the law provides a series of definitions, for example that of timber harvesting (aprovechamiento maderable), lands of forestry aptitude (terrenos de aptitud forestal), forested ecosystem (ecosistema boscoso), forest (bosque), forest management plan (plan de manejo forestal), forest plantation (plantación forestal), forestry regime (régimen forestal), agroforestry system (sistema agroforestal), protected wilderness area (área silvestre protegida), primary industrialization center (centro de industrialización primaria), and environmental services (servicios ambientales). It is important that all of them ultimately refer to the 'forestry regime', the terms 'forest' and 'forest plantation' standing out in them. Reference must be made to the mention that has occasionally been made of Art. 3 subsection a) of the Ley Forestal, to justify that the cutting of trees on non-forestry lands is sanctioned in Art. 63 subsection a). The foregoing regarding the reference made in said article to the cutting of trees not included in Art. 1. Thus it has been expressed that therefore said cutting is unlinked from the objectives of the law set forth in Art. 1, mentioned above. This interpretation must be rejected, firstly since Art. 1, as stated, is fundamental for the interpretation of the entire law insofar as it mentions the objectives of the same. But the fundamental reason is that the reference made in Art. 3 subsection a) to Art. 1, is not in relation to the first paragraph thereof, which was transcribed in what is relevant above, but properly concerning paragraph 2) of the same article, which mentions, like Art. 3 subsection a), the cutting of trees, stating: 'By virtue of the public interest and except as stipulated in Article 18 of this law, the cutting or harvesting of forests in national parks, biological reserves, mangroves, protected zones, wildlife refuges and state-owned forest reserves is prohibited'. Of relevance regarding the use of the concept of 'forestal' as concerning forests, referred to above, is that in the Ley Forestal the only article that refers to the prohibition of cutting trees on private property that is not forests or plantations is 27. This provides: 'Tree cutting may only be carried out on lands of agricultural use and without forest (terrenos de uso agropecuario y sin bosque), previously obtaining the authorization of the Regional Environmental Council or the respective municipality and up to a maximum of five trees per hectare per year. For a cutting that exceeds twenty trees per property, authorization from the State Forestry Administration will be required'. This leads to the conclusion that, pursuant to a contrario sensu interpretation, on lands without forest and that are not of agricultural use, there is no prohibition in the law for cutting trees. This was attempted to be corrected by regulatory means. Thus the Reglamento a la Ley Forestal, published in the Gazette of January 23, 1997, which defines what is understood by lands of agricultural use without forest, indicating that these are 'those private farms with the presence of trees not established under an agroforestry system or farms that have areas with forest cover (cobertura boscosa) smaller than two hectares, or those trees located in urban areas' (Art. 2). However, the non-application of the Reglamento to this specific case regarding said definition is clear. This is firstly because the act being judged was committed at the beginning of November 1995, and even the Reglamento was published on January 23, 1997, so that if it were to be applied, one would be facing a prohibited case of retroactive application. To the above is added that the Reglamento, when defining what is understood by 'terrenos de uso agropecuario', exceeds itself, forgetting the merely executive nature it has with respect to the law, because it attempts to place everything that is not forestry under the term 'agropecuario', which does not concord with the meaning of the word 'agropecuario' (i.e., that which relates to agriculture and livestock), even reaching the absurdity of classifying the urban as 'agropecuario'. In any case, it is even debatable what sanction the infraction of Art. 27 of the Ley Forestal has, i.e., regarding the cutting of trees on lands of agricultural use, since the law does not establish any sanction and it is highly questionable that by virtue of this it can be interpreted that in such a case, Art. 61 subsection a) of the Ley Forestal would be applicable, insofar as it refers to the harvesting of forest products. An interpretation in that sense would not really be concordant with the principle of legality, since nowhere in the law is it indicated that forest products are also understood to mean tree products coming from land that is not a forest, but rather land of agricultural use. If one attempted an interpretation that included within Art. 61 subsection a) of the Ley Forestal the cutting of trees on lands of agricultural use, one would have to start from the title of Title Three of the Ley Forestal, i.e., 'Private Forestry Property', within which Art. 27 of the Ley Forestal is located. But an interpretation that by that route tried to expand the criminal type of Art. 61 subsection a) of said law would not be concordant with the principle of legality, which requires clarity in the description of the prohibited conduct, clarity that would not exist with the indicated interpretation. Important is the requirement to try to interpret norms in accordance with the Political Constitution, of which constitutional doctrine speaks, which demands that it not be possible that through extensive systematic interpretations of the respective criminal type, a conduct is considered typical that does not appear clearly described within the criminal type, and it is that one concept is that of 'forestal' and another totally different is that of 'agropecuario', an interpretation that said that agropecuario is forestal not being clear. In any case, in the specific case one could not even speak of the existence of a cutting of a tree on 'lands of agricultural use', since the cutting of the two trees occurred on land for construction (see folio 35 fte lines 27-29). Despite being reiterative, it must be emphasized that if it were maintained that the cutting of trees provided for in Art. 27 of the Ley Forestal finds its sanction in Art. 63 subsection a) of the Ley Forestal, the extension of the term agropecuario provided for in the Reglamento of the Ley Forestal, in addition to contravening the executive character of the regulation with respect to the law, would violate the very principle of legality (Art. 39 of the Political Constitution). This principle requires that the factual assumption classified as criminal be provided for in an ordinary law, and this cannot be done in a simple regulation, all of which finds its basis in the doctrine of the Enlightenment that gave rise to the so-called division of powers (Art. 9 of the Political Constitution). By way of exception, the Constitutional Chamber has admitted the constitutionality of blank criminal laws, i.e., laws that, regarding the specification of one of the elements of the criminal type, refer to a lower-ranking norm. Important in this regard is that the Constitutional Chamber has stated that 'it is possible to complete a criminal norm by means of a regulation, provided that in doing so the Executive Branch remains within its proper sphere of competence and that the referring law establishes with sufficient clarity the presuppositions of punishability, as well as the type and extent of the penalty...' (Constitutional Chamber, vote 1876-90). However, it is clear that with the definition of 'lands of agricultural use without forest', the Reglamento of the Ley Forestal would extend the scope of the typical conduct provided for in the Ley Forestal and with it the competence of the Executive Branch. The same can be said of any attempt to use the word 'tree' as a synonym for 'forestal', as the Reglamento of the Ley Forestal apparently intends when using the term 'forest tree' (Art. 2). In addition to the a contrario sensu interpretation of Art. 27 of the Ley Forestal, made above, the interpretation of Art. 63 subsection a) in relation to Art. 56 of the Ley Forestal is of great relevance in this matter. The first of said articles sanctions as criminal the violation of the mentioned Art. 56. This article, for its part, indicates that 'It shall not be allowed to mobilize wood in logs, squared, or sawn coming from a forest or plantation, if the respective documentation is not held'. Of importance is that, as the jurisprudence of the Superior Criminal Cassation Court has already stated, only the unauthorized transportation of wood 'coming from a forest or plantation' is sanctioned, but not the transportation of wood coming from lands that are not a forest or plantation, which is a relevant argument to consider that Art. 61 subsection a) only sanctions the harvesting (and within this, the cutting) of trees coming from forests or plantations. Note that the legislator tried to extend 'the grip' of Criminal Law to various conducts that form part of what we could call the 'cycle of deforestation', paraphrasing the terminology that has been used with respect to other types of crimes, so that it is a matter of sanctioning not only conduct related to the unauthorized cutting of trees on forest lands, but also the unauthorized transportation of wood from trees on said land. Therefore, there would be no reason to sanction transportation only when the wood comes from forests or plantations, but regarding the cutting of trees, to sanction that carried out even on lands that do not meet those characteristics..." Consequently, from that vote it is established: "This leads to the conclusion that, pursuant to a contrario sensu interpretation, on lands without forest and that are not of agricultural use, there is no prohibition in the law for cutting trees." (The bold does not correspond to the original).
IV.- This Chamber does not share that analysis which assimilates the expression forest product or resources with forest, or coming from a forest, for the following reasons. First.- The Ley Forestal provides for crimes both for harvesting on state lands and private lands. Within the articles of the Ley Forestal there are two norms that criminalize the harvesting of forest products (which, by the way, include other conduct besides felling, as will be explained infra). The first is Article 58 and includes harvesting conduct on state properties or in protection areas (public or private). The second is Article 61, which criminalizes harvesting actions carried out on private property. A reading of the Ley Forestal allows one to note various scenarios regarding the felling or cutting of trees, with express prohibitions or permits, the disrespect of which can lead to the commission of the crimes sanctioned therein, even when dealing with private lands. As [Name8] indicates: "The concept of private property implies usufruct and, therefore, the right of the owner to harvest all accessory goods, such as the trees found on their property. However, due to the importance that forest resources and associated ecosystems (such as water resources) have for the environment in general, certain limitations have been imposed on the enjoyment of forest products for reasons of public interest. In this way, the law obliges the private owner and legitimate owner of the wood to request permission from the State Forestry Administration (AFE) for the harvesting and transportation of wood. With the criminalization of subsection c) of Article 58 of the LF, regarding disrespect for declared forestry bans, forest resources are also protected, but specifically species in danger of extinction or with reduced populations, due to the fact that the commercial value of these species increases daily, as does their demand, so that the legislator wanted to give them special protection, in order to prevent them from disappearing." (GONZÁLEZ [Name9], [Name10], Manual de Delitos Ambientales, 1st edition, Litografía e Imprenta LIL, S.A., San José, 2007, p.253). And it is that although cutting in forests is announced in Article 1 with a total prohibition, exceptions are also established, which in any case, if carried out outside the permits or circumstances authorized by law, can constitute an infraction of those provided for by law. For example: (1) In Article 1, cutting or felling in forests is prohibited, but it is permitted to carry out research, training, and ecotourism activities, with prior approval from the Ministry of Environment and Energy (Artículo 1 in relation to 18). (2) In Article 19 there is a second exception, by providing that the State Forestry Administration may: "a) Build dwellings, offices, stables, corrals, nurseries, roads, bridges, and installations destined for recreation, ecotourism, and other analogous improvements on lands and farms of private domain where forests are located. b) Carry out infrastructure projects, state or private, of national convenience. c) Cut trees for reasons of human safety or scientific interest. d) Prevent forest fires, natural disasters, or other analogous causes or their consequences. In these cases, the cutting of the forest shall be limited, proportional, and reasonable for the purposes set forth above. Previously, a pre-selection questionnaire must be completed before the State Forestry Administration to determine the possibility of requiring an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), as established by the regulations of this law." Further on (3) in Article 34, the cutting or elimination of trees in protection areas (public or private) described in Article 33 is prohibited, except for projects declared by the Executive Branch as of national convenience. Those protection areas are: "a) Areas bordering permanent springs (nacientes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally. b) A strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams, or creeks, if the terrain is flat, and fifty meters horizontally, if the terrain is broken. c) A zone of fifty meters measured horizontally on the banks of lakes and natural reservoirs and on lakes or artificial reservoirs built by the State and its institutions. Private artificial lakes and reservoirs are excepted. d) The recharge areas and aquifers of springs, the limits of which shall be determined by the competent bodies established in the regulations of this law." (4) If the cutting is on lands of agricultural use and without forest, a maximum of three trees per hectare may be cut annually, with prior authorization from the Regional Environmental Council. If more than ten trees per property are exceeded, authorization from the State Forestry Administration is required (Article 27). Finally, (5) if the cutting is in forest plantations, agroforestry systems, or individually planted trees, no cutting, transportation, industrialization, or export permit is required (Article 28). However, "to remove from the farm to any part of the national territory, wood in logs, squared, or sawn, coming from forest plantations, a CED1 issued by the forest manager or the Regional Environmental Council of the area will be required..." (Article 31). Consequently, if cutting or felling is carried out without the corresponding permit or by exceeding or varying what is authorized, it is that one of the criminal types provided for in the Ley Forestal is configured, for example, in Article 61 which establishes: "A prison sentence of one month to three years shall be imposed on anyone who: a) Harvests one or several forest products on private property, without the permission of the State Forestry Administration, or anyone who, even with permission, does not comply with what is authorized. b) Acquires or processes forest products without meeting the requirements established in this law. c) Carries out activities that imply a land-use change (cambio en el uso de la tierra), contrary to what is stipulated in Article 19 of this law. In the above cases, the products shall be confiscated and placed at the disposal of the competent judicial authority. d) Extracts forest products from private property or the State or transports forest products obtained in the same manner." Therefore, and with all due respect, we do not consider the statement made in vote No. 682-F-1997 to be correct, when it asserts that the violation of Article 27 of the Ley Forestal does not find a sanction by resorting to Article 61 subsection a), since precisely, in accordance with the principle of legality, it must be concluded that this is the type provided for its reproach; that is, for cuttings carried out on private lands without authorization or exceeding that granted. Second.- Article 61 of the Ley Forestal does not include the element "forest" or forest plantation as part of the objective type.
The criminal offense provided for and punishable under Article 61 of the Forest Law transcribed above makes no mention whatsoever of forests or forest plantations as part of the description of the objective elements. Third.- As established by the Forest Law, not only forests contain forest resources or products. The Forest Law has the peculiarity of including a conceptual article, number 3; within which several expressions are defined: timber harvesting (aprovechamiento maderable), lands suitable for forestry (terrenos de aptitud forestal), forest (bosque), forest management plan (plan de manejo forestal), etc., but it certainly does not present a specific authentic interpretation of "forest resources" (recursos forestales), which implies resorting to literal, historical and/or systematic interpretation, which in our view, does not lead to the conclusions of ruling No. 682-F-97. Despite this, article 3 is useful, because subsection a) defines the expression "harvesting" (aprovechamiento) which is part of the objective elements provided for in Article 61 ibid. It defines it as the action of cutting, removal of standing timber trees, or the utilization of fallen ones. But what about the expression forest products or resources (also used by the legislator within the typical description of Article 61, and also Article 58 of the Forest Law)? The interpretation that this Chamber has maintained for years associates it with the existence of a forest or plantation, supposedly based on the provisions of Article 1 of the Forest Law, which states: "This law establishes, as an essential and priority function of the State, to ensure the conservation, protection and administration of natural forests and the production, harvesting, industrialization and promotion of the country's forest resources destined for that purpose, in accordance with the principle of adequate and sustainable use of renewable natural resources." (The bold does not correspond to the original) Note that: (a) the law treats the terms "forest" (bosque) and "forest resources" (recursos forestales) differently and separately; that is, it does not condition the existence or denomination "forest resources" on a forest; but additionally, (b) the production, harvesting, industrialization or promotion of forest resources, even though they may not physically occupy the same space as forests, undoubtedly contribute to the conservation, protection and administration of natural forests, precisely "in accordance with the principle of adequate and sustainable use of renewable natural resources" also established in the cited Article 1 of the Forest Law. In addition to this, (c) it makes no sense to refer to "forest resources" if it is an implicit reality in the expression "forest"; it would be superfluous, yet Article 1 includes both expressions. Finally, (d) if based on the objective set forth in Article 1, only logging in forests were punishable, it would make no sense for the criminal offenses to expressly refer to private lands, but they do. For all of the above reasons, this panel believes that the correct interpretation of the offenses under discussion (article 58 and 61). (1) Must be related to article 3 subsection a) which defines "harvesting": "Action of cutting, removal of standing timber trees or utilization of fallen trees, carried out on private lands, not included in Article 1 of this law, that generates or may generate some benefit, advantage, utility or gain for the person who performs it or for whom this person represents." The expression "not included in Article 1..." is useful to highlight the prohibition of harvesting in state-protected wild areas. (2) And regarding the interpretation of the expressions forest resource or product, we consider that within the law, the adjective "forest" (forestal) has a normative character, as can be inferred from the multiple references to expressions such as "forest regent" (regente forestal), "forest management plan" (plan de manejo forestal), "forest regime" (régimen forestal), "forest plantation" (plantación forestal), "State Forest Administration" (Administración Forestal del Estado), "Forest Fund" (Fondo Forestal), etc. From that perspective, it would be perfectly feasible to associate it with "trees" regardless of whether they form part of a forest or plantation. But even resorting to a purely descriptive character, the fact is that the Dictionary of the Royal Spanish Academy indicates that "forest" (forestal) is that which is: "Related to forests and to the harvesting of firewood, pastures, etc." That is, from a semantic point of view, the meaning of "forest" is not limited or circumscribed to what is related to the forest; it includes "...the felling of trees of that nature even if they do not form part of a forested area and also the utilization of fallen trees, all as a means to preserve natural ecosystems." (Cf. ruling No. 524-F-1997, of 9:00 a.m. on June 27, 1997). This argument is reinforced by the fact that the concept "forest product" (producto forestal) (one of the objective elements present in Article 61) is cited in Article 2 of the Regulation to the Forest Law, published in La Gaceta No. 16, of January 23, 1997, in the following terms: "Forest product: It is any log, block wood, veneers, agglomerates, matches, pulp, ice cream sticks, toothpicks, chips, furniture, doors, window frames and moldings." As can be seen, it is more of a list of feasible goods, objects or products obtainable from trees, which are not usually found in forests or plantations. It is laudable and absolutely lawful to resort to the regulation, since the enumeration it presents does not affect the core of imputation established in the precept and also does not exceed the purpose or objective provided for in the Forest Law, because the precept has clearly established the prerequisite for punibility, as well as the type and extent of sanction (as established by ruling No. 1876-1990 of the Constitutional Chamber). In reality, the citation made in the Regulation is an exercise in exemplifying cases that qualify as "forest products," which in no way broaden or are contradictory to the interpretation followed in this ruling. Moreover, even if that reference did not exist in the regulation, one could still easily conclude that block wood, pulp, chips, etc., are forest products. In summary, it must be concluded that both forest product and resource are expressions that indisputably allude to trees, regardless of their maturity, harvesting, commercial value, or their location, inside or outside a forest or forest plantation; and in that sense, the criminal offenses under discussion must be analyzed. Now, when evaluating the reasoning of the appealed decision, the judge starts from an erroneous analysis, because he conditions the verification of the charged act on the verification of a felling of trees within a forest (in the terms provided in Article 3 of the Forest Law); however, in the specific case, this is not a core factor, nor can it condition the accreditation of the reproached criminal act; a circumstance that, in the opinion of this Chamber, completely vitiates the pronouncement and makes a new proceeding according to law essential. It is an error to consider that the objective of the Forest Law is limited to the guardianship or protection of forests; that is not derived from Article 1 Ibid and becomes more evident when analyzing the integral content of that regulation. It is not superfluous to point out that merely by having accepted the claim formulated here that led to the nullity of the sentence, the Court of Cassation is not prejudging the merits of the case; in that sense, the resolution of this Chamber should not influence the mood of the court that must be integrated for the retrial (juicio de reenvío), but rather they must assess in an original and independent manner the conviction that emanates from the evidence, as well as the logic and forcefulness of the reasons invoked by the parties in the adversarial proceeding, in order to decide impartially what is appropriate. As set forth, for lack of interest, a pronouncement regarding the other points of challenge is omitted."
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Text of the resolution
JUDICIAL BRANCH
CRIMINAL COURT OF CASSATION
Resolution: [Telf1]
File: 07-202638-0485-PE (5)
CRIMINAL COURT OF CASSATION. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at eleven hours fifteen minutes on the twenty-third of December two thousand ten.
CASSATION APPEAL filed in the present case against [Name1], of legal age, married, Costa Rican, CED1, occupation merchant, born on [Name2], son of [Name2], resident of [Name2], and [Name3], of legal age, in a common-law marriage, Costa Rican, CED1, occupation merchant, born on [Name2], son of [Name2], resident of [Name2]; for the crime of TREE FELLING (TALA DE ÁRBOLES), to the detriment of the FOREST RESOURCE (RECURSO FORESTAL). Participating in the decision on the appeals are judges [Name4] and Ingrid Estrada Venegas, and judge [Name5]. Appearing in this venue: attorney [Name6], representing the private prosecutor and civil plaintiff "Procuraduría General de la República"; attorney [Name7], in his capacity as prosecutor of the Public Ministry of Pococí and Guácimo; and attorney [Name8], in his capacity as public defender of the co-defendant [Name3].
WHEREAS:
I.- That through judgment number 12-G-2010, of nine hours twelve minutes on January fifteen, two thousand ten, the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Guápiles, resolved: "THEREFORE: In accordance with the rules of sound critical reasoning (sana crítica racional), articles 39 and 41 of the Political Constitution, 1, 30 and 31 of the Penal Code, 1, 6, 9, 37 et seq., 111 to 118, 142, 267, 360 and 361, 363 to 366 of the Code of Criminal Procedure, and articles 1, 3, 19, 58 subsection a) and 61 subsections a) and c) of the Forest Law 7575, it is resolved: TO ACQUIT [Name1] and [Name3] of all punishment and responsibility for the crimes of VIOLATION OF THE FOREST LAW (INFRACCION A LA LEY FORESTAL) in its modalities of illegal harvesting (aprovechamiento Ilegal) and land-use change (cambio de uso de suelo), which were attributed to them by the Public Ministry and the Procuraduría General de la República. THE CIVIL COMPENSATORY ACTION brought against them by the Procuraduría General de la República is declared WITHOUT MERIT in all its aspects; however, for having litigated in good faith, said entity is exempted from the payment of costs of this action. In criminal matters, it is resolved without special condemnation of costs. Once this judgment is final, return to whoever proves to be its owner, otherwise to the person from whom the Leyland brand grasshopper [chapulín], [Placa1], was seized, likewise the seized wood to whoever proves it legally belongs to them. By reading, notify." (sic. pg. 256).
II.- That against the preceding pronouncement, cassation appeals were filed by attorney [Name6], representative of the Procuraduría General de la República; and by attorney [Name7], prosecutor of the Public Ministry of Pococí and Guácimo.
III.- That once the respective deliberation was verified in accordance with the provisions of article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the cassation appeal.
IV.- That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.
Drafted by Judge of Cassation [Name9]; and,
WHEREAS:
I.- Against judgment No. 9-G-2010, of 4:35 p.m. on January 7, 2010, issued by the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, cassation appeals were filed by the prosecutor, attorney [Name6], as well as the district attorney, attorney [Name7]. An oral hearing was held in this proceeding on April 21, 2010, and given that no evidence was received, nor were the grounds expanded or points introduced different from those raised in the challenge briefs, and verifying that due process is not affected since the Constitutional Chamber, through reiterated binding pronouncements, has so indicated - among others rulings No. 6681-96, No. 11508-2000 and 17553-07, the resolution proceeds with a different panel composition from the one that participated in said hearing, because in place of judge Guillermo Sojo Picado (present at that time, CED2), judge Ingrid Estrada Venegas participates.
II.- Content of the challenges.- Cassation appeal of attorney [Name6]. First ground.- The lack of reasoning is claimed, in breach of articles 142, 361 subsection a) and 363 subsection b) in relation to 369 subsection d) of the Code of Criminal Procedure. She affirms that the judgment considered the facts integrating the accusation and the complaint as not proven. That the judge bases the acquittal on the grounds that the land where the felling occurred does not cover two hectares, which is the minimum measure required by Article 3 of the Forest Law to be classified as a forest; an assessment that the challenger objects to, asserting that the judge distorts the statement of a MINAE witness, who, while mentioning that the area was approximately two hectares, that measure corresponds to what he observed on October 31, 2007 (when he visited the site), but it was more, because there was a reduction of the forested ecosystem. On the other hand, even though forest regent (regente forestal) [Name10] stated at trial that the area in question did not measure two hectares, he does not do so considering the extent of the land before the cutting took place; in any case, he indicated he had not made any marks on trees in the forest. That even though this person, when appearing with the prosecutor to take the measurement, gave a result of one and a quarter hectares, "it cannot be concluded from this that at the time of the (sic) facts it also did not measure two hectares." (Cf. folio 265). She accuses that the entire reasoning of the court to conclude that the area did not measure two hectares is contradictory and insufficient, even declaring the civil compensatory action without merit. She requests that the trial and judgment be declared null and void, and a new proceeding be ordered. Second ground.- She alleges lack of reasoning and criticizes that the judgment acquitted the defendants because it was not demonstrated, in the court's opinion, that 46 additional trees had been felled, and adds: "It is important to clarify that CED3 is a procedure proper to manage the felling of trees, trees that the engineer marks with public faith, from which he cannot avail himself and deceive. In the certificate, he indicates that he marked trees, and then when they cut them, the owner or the one who bought the wood requests from MINAE the guides according to the number of logs that result; in this case, 35 trees were marked and guides were requested for 80 logs. When the regent makes his final report, he says that 24 additional trees were cut, and since it was proven that [Name10] was a good witness for everything else, why not in this? Then he says it is because they did not find the stumps on the day of the inspection with the Prosecutor. This would be a good basis for doubt. But it turns out that [Name3] declared that he cleaned the farm of stumps and sowed, now there is cassava, he said... He says that the regent in his report says that no trees were cut in the 'protection zones,' but at trial he was not asked which ones the farm had, because if he had already said that he did not mark trees in the forest, what protection zones was he referring to, that forest or were there others, and if there was only that forest, why did he put that information? And the judgment continues asking, if MINAE 'did the inspection on October 31, the question then arises, from where or how and when did the regent determine the cutting of those 24 trees irregularly? And a doubt arises regarding the credibility of that report and regency.' (Cf. folios 265 and 266, the spelling and wording errors correspond to the original). The challenger considers that it is not possible to base the judgment on grave doubts, if what it does in reality is to reason contradictorily. She requests to annul the judgment and order a retrial (reenvío). Third ground.- She reproaches an infringement of the rules of sound critical reasoning when the trial court questions what the participation of [Name3] was in the wood cutting, but as the defendants declared, the matter "... is clear, [Name3] sells the wood to [Name1], [Name1] hires [Name10] and [Name10] asks for the signature E, who was the owner for the IDA." (Cf. folio 268) An analysis that the judge omits in breach of the rules of sound critical reasoning, even omitting to evaluate the statement of the defendants, which reveals that the wood business was conducted by the current owner of the property ([Name3]) and not the registered owner (E). She requests that the judgment be annulled and a retrial be ordered. Fourth ground.- She invokes the violation of substantive law, because based on the facts considered proven, there is a defect in the application of Articles 58 and 61 of the Forest Law and explains that the judgment did not consider it accredited that [Name3] or [Name1] caused a change in land use by cutting trees in a forest, because it was not demonstrated that the existing grove legally constituted a forest; on that aspect, the challenger reproaches: "It was not demonstrated that it is a forest today, because what should have been investigated was whether at the time of the fact it was a forest, therefore the substantive law is being applied out of time." (Cf. folio 269). Based on the foregoing, she requests that the ground be granted, and the civil compensatory action for the damages caused be admitted. Cassation appeal of attorney [Name7].- First ground.- He accuses the improper application of substantive law, in breach of articles 365, 369 subsection c), 422, 423, 424, 443, 444 and 445 of the Code of Criminal Procedure. He objects that the judge affirms in the judgment that three core aspects of the relation of charged facts were not demonstrated, when with the evidence produced, the felling of unauthorized trees (24 not included in CED4 CED5) was accredited; and that the defendant [Name3] is the owner of the property where the felling took place, had negotiated the wood with the co-defendant [Name1] and is the one who benefited from the value of the wood. Second ground.- He affirms the breach of the rules of sound critical reasoning and argues that with the testimony of the defendant [Name3] who stated that he was the owner of the farm subject to felling, had an oven to convert the wood into charcoal, exploited the forest resources, as well as swept and cleaned the cassava planting; therefore it was not possible (as the judge considers) to find stumps of the felled trees (whether or not they were included among those authorized in CED3), because with the "sweeping" for the cassava planting, all vestiges, evidence, signs or stumps demonstrating the existence of the felling disappear. A situation that was not considered by the judge in the judgment, despite the fact that there were photographs in the file and a MINAE report on the matter, which was also not evaluated by the court. Third ground.- He protests the breach of the principle of correlation between accusation and judgment; in that sense, he claims that within the heading of proven facts of the judgment, the judge indicates that there is none of interest for the resolution of the matter, an assertion contradictory to other statements of the court, for example, when it considers the illegal cutting of wood not accredited. He accuses a contradictory reasoning of the pronouncement, because on one hand it excludes all participation of the defendant [Name3] in the charged facts, although on the other, it is considered proven that [Name3] sold the wood to [Name1] and therefore, he exploits the forest product, precisely because he is the possessor of the property. Fourth ground.- For insufficient reasoning, given the lack of analysis of the photographs and the MINAE report that refer to the state of the affected property after the sweeping for the cassava planting. Fifth ground.- He accuses lack of reasoning and affirms that the court gives the status of expert opinion to the statements made by engineer [Name10], when he was testifying as a witness, because the expert opinion was the report that he had contributed to the proceeding. He adds: "Given that the witness enters into contradiction with his own official report, it evidences an intention to benefit his contractor, determining partiality in his account, which departs from the regency report (informe de regencia)." (Cf. folio 272). Sixth ground.- He claims the infringement of articles 1 and 30 of the Penal Code, 1, 369 subsection i) of the Code of Criminal Procedure, 61 subsections a) and c) of the Forest Law. He explains that criminal responsibility in the case arises because the defendant [Name3] is the owner of the affected property and its wood, having ordered the illegal felling and the sweeping of the debris without caring about the environmental damage generated by such action and even receiving an economic benefit from the sale of the wood. In none of the grounds does he specify his claims.
III.- The appeals are granted, but for the following reasons.- Given the connection in the content of the challenges, they are resolved jointly in this section. It is necessary to retake the content of the judgment to decide whether or not the petitioners are right in their protests, based on the charges formulated both by the Public Ministry and by the Procuraduría General de la República and the factual and intellectual evidentiary reasoning established in the judgment. The defendants [Name1] and [Name3] were accused of having illegally felled forest products in a small forest, through people who were hired for that purpose; because even though a "CED3" had been granted (which allowed the felling of 35 trees), the cutting included another 46 trees not authorized in the referred certificate, located in a forest area of approximately two hectares. It is also specified that said contract was made over a property registered in the name of [Name11] but in the possession or enjoyment of the accused [Name3]; where MINAE authorized the extraction of wood through a regency contract under the modality "Certificate of Origin" (Certificado de Origen) authorized by forest regent [Name10]. Later, the judge indicates that there are three core aspects (although he actually mentions four) necessary to determine: (1) The felling of the 46 additional trees. (2) The forest condition of the land where the alleged illegal felling took place. (3) The participation and criminal responsibility of the defendants. (4) Whether the additional felling involved unauthorized species. He decides to start with the issue of the forest condition of the site where the alleged felling occurred and indicates: "ON THE FOREST CONDITION OF THE SITE WHERE THE TREES WERE ALLEGEDLY FELLED: This judge arrives at the conclusion that this aspect was definitively never accredited by the criminal and civil plaintiffs. Article 3 of the Forest Law defines a forest as that area, which among other characteristics measures NOT LESS THAN TWO HECTARES; analyzing the evidence received in this regard, we have that the MINAE Report on folios 1 to 8 indicates that said land would measure 'approximately 2 hectares,' meaning it does not affirm that it measures the two hectares required by the norm to be considered a forest; at trial, engineer [Name12], the signatory of the referred report, stated that this portion of land is an area 'like two hectares,' meaning that once again he has not affirmed that it measured the minimum legal measure; he certainly added that this zone of the farm has been intervened, suppressing the forest in part of it, but definitively from his account at trial he did not affirm or demonstrate that it measured what is prescribed by the norm; the maps on folios 38 to 440 made by MINAE were received as evidence where one observes an area that would correspond to the site where the trees authorized to be cut by MINAE were felled and also those indicated as cut in the forest zone, and due to the coloring of said maps or plans, we find that almost all of the zone where all the cutting took place, with few exceptions, would constitute a forest, both where the authorized trees were cut and where those said to be unauthorized were cut, but in any case, for what is relevant here, it is not possible to infer or derive from said plans or maps the measurement of the affected area; according to engineer [Name10], the Regent who authorized the cutting (authorized by law to do so) and witness for the prosecution, he stated at trial that said area does not measure two hectares and that therefore it cannot be classified as a forest for the purposes that concern us, that at most it measures 1.4 hectares; the defendant [Name1] denies that it measured two hectares and recounts how, when making an inspection with the investigating prosecutor, they measured and verified that it did not measure two hectares; finally, from the ocular inspection or site reconnaissance (reconocimiento de sitio) made by Lic. [Name13], added from folios 78 to 81, it is extracted that on that occasion both engineer [Name10] and the defendants stated that they had measured the area and that it did not meet the legal measure; but one piece of data emerges as especially relevant, that even with what was said by the regent and the defendants, Lic. [Name14], nor the MINAE representative who also attended, took any precaution in this sense, and did not measure the 'suamposo' terrain that makes up the grove in order to verify that it constituted a forest according to the definition of Article 3 of the Forest Law regarding its measurement. In the face of this evidentiary insufficiency, or rather absence, it is not possible to take it as true that the defendants cut trees in a forest without having the proper authorization for it, conduct prohibited by forestry regulations (articles 58 and 61). In this case, it was not enough to assert that it was a forest, as stated in the accusation of the Public Ministry and the Criminal Procuraduría, and it cannot be presumed according to experience or logic either, since the data yielded by the evidentiary elements inform us that it is a quite small portion of land, that even in the MINAE report, engineer [Name12] indicates that it measures approximately two hectares, and regent [Name10] and the defendants said they had measured it and that its measurement is approximately one and a quarter hectares; hence it was necessary to measure the area to effectively determine its measurement, since it is an element that forms part of normative typology (tipicidad normativa), it had to be accredited that it measured at least two hectares, a piece of data that was definitively not accredited." (Cf. folio 246 to 248). As can be observed, the judge decides to begin his intellectual analysis with the determination or not of "forest" for the area where the illegal felling is alleged to have taken place. And although it is not specified in the pronouncement where the judge's concern to establish the existence of a forest (in the terms prescribed by the Forest Law) emerges from, it could arise from a jurisprudential interpretation of this same Criminal Court of Cassation, which for years followed the thesis set forth in ruling No. 682-F-97, of 3:45 p.m. on August 25, 1997, which analyzes the concept of harvesting of forest products inserted, for example, in the texts of articles 58 and 61 of the Forest Law; the foregoing due to the fact that the Public Ministry attributes to the defendants the crimes of felling, transport and harvesting of wood, provided for and punishable under Article 61 subsection a) and c) of the Forest Law (Cf. 89 to 91); and because the Procuraduría General de la República attributed the illegal felling, sawing and illegal harvesting of wood in a forest area, as established by articles 57, 58 subsection a) and 61 subsection a) of the Forest Law (Cf. folio 198 to 200). In ruling No. 682-F-97, articles 61 and 3 subsection a) are transcribed, then it is indicated: "From the relation of both articles, it has been concluded by jurisprudence that the simple action of cutting a timber tree, regardless of whether it forms part of a forest or forest plantation, constitutes the crime contemplated in Art. 61 subsection a), mentioned above (see ruling 524-F-97 of this Court (there is a dissenting opinion). However, the judges comprising the Superior Court of Criminal Cassation designated for the knowledge of this matter, consider that the indicated jurisprudence must be changed. The text of the criminal offense contemplated in Art. 61 subsection a) is of great importance, in which mention is made of the harvesting '... of one or several forest products...' Regarding the interpretation of laws, the existence of various methods has been pointed out, all of which of course find their limit in the principle of legality, provided for by Art. 1 of the Penal Code and 39 of the Political Constitution, which is one of the fundamental principles of a Rule of Law State, on which there is consensus (see for example: Constitutional Chamber, ruling 461-91). It is important that jurisprudence has tended to conceptualize 'forest' (forestal) as 'related to trees,' which is not correct. Indeed, if one looks up the term forestal in the dictionary, one will see that it means 'related to forests and their exploitations' (Vox Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española. Barcelona, 1995, p. 517. See also: Larousse. Diccionario Usual, México, 1985, p. 266). Note even that the term forestal comes from the Latin word 'foresta,' that is, forest. It is true that the Dictionary of the Royal Academy, when defining 'forestal,' indicates that this term is understood as 'related to forests and to the exploitation of firewood, pastures, etc.' Diccionario de la Lengua Española.
Royal Spanish Academy, Madrid, twenty-first edition, 1992, p. 984). However, the term "bosque" must be considered the fundamental one, and that concerning "aprovechamientos de leñas, pastos, etc." (uses of firewood, pastures, etc.), refers to the use of the bosque, as referenced in other dictionaries. It should be noted that the objective criminal type of an offense is composed of descriptive elements and, by way of exception, normative elements. It has been considered that a consequence of the principle of legality is that these latter elements should be avoided, due to the legal uncertainty they introduce, as a result of the evaluative scope they grant to the judge. For this very reason, when interpreting an element of the criminal type, one must begin from the premise that it is of a descriptive nature, unless there are sufficient reasons to consider that it is not of this nature, but rather normative. In the specific case, there are no elements indicating that the term forestal should be understood in a sense different from that indicated above, that is, as a descriptive element. The foregoing is without prejudice to the fact that the term indirectly acquires normative characteristics, insofar as the Ley Forestal defines concepts such as "bosque" and "plantación forestal" (Article 3 of the law). Of relevance to support the foregoing regarding the term forestal is that the purpose of the Ley Forestal is, ultimately, the protection and administration of the bosques and the use of recursos forestales. This is clear in Article 1 of the Ley Forestal, which specifies the objectives of said law, an aspect that is of capital importance in the interpretation of its various norms. It is thus provided: "Objetivos. La presente ley establece como función esencial y prioritaria del Estado velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables..." (Objectives. This law establishes as an essential and priority function of the State to ensure the conservation, protection and administration of natural bosques and the production, use, industrialization and promotion of the country's recursos forestales destined for that purpose, in accordance with the principle of adequate and sustainable use of renewable natural resources...). For its part, Article 3 of the law provides a series of definitions, for example, of timber harvesting (aprovechamiento maderable), lands of forestal suitability (terrenos de aptitud forestal), boscoso ecosystem (ecosistema boscoso), bosque, forestal management plan (plan de manejo forestal), forestal plantation (plantación forestal), forestal regime (régimen forestal), agroforestal system (sistema agroforestal), protected wild area (área silvestre protegida), primary industrialization center (centro de industrialización primaria) and environmental services (servicios ambientales). It is important that all of them ultimately refer to the "régimen forestal", with the terms "bosque" and "plantación forestal" standing out. Reference must be made to the mention that has occasionally been made of Article 3, subsection a) of the Ley Forestal, to justify that the cutting of trees on non-forestal lands is penalized in Article 63, subsection a). The foregoing regarding the reference made in said article to the cutting of trees not included in Article 1. It has thus been expressed that, for this reason, said cutting is disconnected from the objectives of the law set forth in Article 1, mentioned above. This interpretation must be rejected, firstly because Article 1, as stated, is fundamental for the interpretation of the entire law insofar as it mentions its objectives. But the fundamental reason is that the reference made in Article 3, subsection a) to Article 1 is not in relation to the first paragraph thereof, which was transcribed in the relevant part above, but properly concerning paragraph 2) of the same article, which mentions, like Article 3, subsection a), the cutting of trees, stating: "En virtud del interés público y salvo lo estipulado en el artículo 18 de esta ley, se prohíbe la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológica, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado" (By virtue of public interest and except as stipulated in Article 18 of this law, the cutting or use of bosques in national parks, biological reserves, mangroves, protective zones, wildlife refuges and State-owned forestal reserves is prohibited). Of relevance concerning the use of the concept of "forestal" as pertaining to bosques, referred to earlier, is that in the Ley Forestal the only article that refers to the prohibition of cutting trees on private property that is not bosques or plantations is Article 27. This provides: "Sólo se podrá llevar a cabo la corta de árboles en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, obteniendo previamente la autorización del Consejo Regional Ambiental o de la municipalidad respectiva y hasta por un máximo de cinco árboles por hectárea por año. Para una corta que sobrepase los veinte árboles por inmueble se requerirá la autorización de la Administración Forestal del Estado" (The cutting of trees on lands of agricultural/livestock use (terrenos de uso agropecuario) and without bosque may only be carried out, obtaining prior authorization from the Regional Environmental Council or the respective municipality, and for a maximum of five trees per hectare per year. For cutting that exceeds twenty trees per property, the authorization of the State Forestal Administration shall be required). This leads, according to an interpretation a contrario sensu, to the conclusion that on lands without bosque and that are not of agricultural/livestock use, there is no prohibition in the law for the cutting of trees. An attempt was made to correct this through regulatory means. Thus, the Reglamento a la Ley Forestal, published in the Gazette of January 23, 1997, defines what is understood by terrenos de uso agropecuario without bosque, indicating that these are "aquellas fincas privadas con la presencia de árboles no establecidos bajo un sistema agroforestal o fincas que tienen áreas con cobertura boscosa menores a dos hectáreas, o aquellos árboles ubicados en áreas urbanas" (those private farms with the presence of trees not established under an agroforestal system or farms that have areas with forest cover (cobertura boscosa) of less than two hectares, or those trees located in urban areas) (Art. 2). However, the non-application of the Reglamento regarding said definition to the present specific case is clear. This is firstly because the act being judged was committed in early November 1995, and it turns out that the Reglamento was published on January 23, 1997, so that if it were to be applied, we would be facing a prohibited case of retroactive application. To the above, it is added that the Reglamento, by defining what is understood by "terrenos de uso agropecuario", exceeds its bounds, forgetting the merely executive character that a regulation has with respect to the law, because it attempts to locate within the term "agropecuario" everything that is not forestal, which does not match the meaning of the word "agropecuario" (that is, related to agriculture and livestock), even reaching the absurdity of classifying what is urban as "agropecuario". In any case, it is even debatable what penalty applies to the infringement of Article 27 of the Ley Forestal, that is, regarding the felling of trees on terrenos de uso agropecuario, since no penalty is established in the law and it is highly questionable whether, by virtue of this, it can be interpreted that in such a case, Article 61, subsection a) of the Ley Forestal would be applicable, insofar as it refers to the use of forestal products. An interpretation in this sense would not actually be consistent with the principle of legality, since nowhere in the law is it indicated that forestal products are also understood to include tree products from land that is not bosque, but rather from land of agricultural/livestock use. If an interpretation were attempted that included the cutting of trees on terrenos de uso agropecuario within Article 61, subsection a) of the Ley Forestal, one would have to start from the title of Title Three of the Ley Forestal, that is, "Propiedad Forestal Privada" (Private Forestal Property), within which Article 27 of the Ley Forestal is located. But an interpretation that, through that route, attempted to broaden the criminal type of Article 61, subsection a) of said law would not be consistent with the principle of legality, which requires clarity in the description of the prohibited conduct, clarity that would not exist with the indicated interpretation. Important is the requirement to try to interpret norms in conformity with the Political Constitution, as spoken of in constitutional doctrine, which demands that it not be possible, through extensive systematic interpretations of the respective criminal type, to end up considering as typical a conduct that does not appear clearly described within the criminal type, and it is that "forestal" is one concept and "agropecuario" is a completely different one, an interpretation that said that what is agropecuario is forestal not being clear. In any case, in the present case, one could not even speak of the existence of the cutting of a tree on "terrenos de uso agropecuario", since the cutting of the two trees occurred on land for construction (see folio 35 fte lines 27-29). Despite being reiterative, it must be emphasized that if it were maintained that the cutting of trees provided for in Article 27 of the Ley Forestal finds its penalty in Article 63, subsection a) of the Ley Forestal, the extension of the term agropecuario provided for in the Reglamento de la Ley Forestal, besides contravening the executive character of the regulation with respect to the law, would violate the very principle of legality (Art. 39 of the Political Constitution). This principle requires that the factual situation classified as a crime be provided for in an ordinary law, and this cannot be done in a simple regulation, all of which finds its basis in the doctrine of the Enlightenment that gave rise to the so-called division of powers (Art. 9 of the Political Constitution). By way of exception, the Constitutional Chamber has admitted the constitutionality of blank penal laws, that is, laws that, regarding the specification of one of the elements of the criminal type, refer to a norm of lower rank. Important in this regard is that the Constitutional Chamber has said that "it is possible to complete a penal norm by means of a regulation, provided that in doing so the Executive Branch remains within its own sphere of competence and the referring law establishes with sufficient clarity the prerequisites of punishability, as well as the class and extent of the penalty..." (Sala Constitucional, vote 1876-90). However, it is clear that with the definition of "terrenos de uso agropecuario sin bosque" the Reglamento de la Ley Forestal would extend the scope of the typical conduct provided for in the Ley Forestal and with it the competence of the Executive Branch. The same can be said of any attempt to use the word "árbol" as a synonym for "forestal", as the Reglamento de la Ley Forestal apparently intends by using the term "árbol forestal" (Art. 2). In addition to the interpretation a contrario sensu of Article 27 of the Ley Forestal, made earlier, the interpretation of Article 63, subsection a) in relation to Article 56 of the Ley Forestal is of great relevance in this matter. The first of said articles penalizes the infringement of the mentioned Article 56 as a crime. This article, for its part, indicates that "No se podrá movilizar madera en trozas, encuadrada ni aserrada proveniente de bosque ni de plantación, si no se cuenta con la documentación respectiva" (It shall not be permitted to transport timber in logs, squared or sawn, originating from bosque or plantation, if the respective documentation is not available). It is important that, as the jurisprudence of the Superior Court of Criminal Cassation has already stated, only the unauthorized transport of timber "originating from bosque or plantation" is penalized, but not the transport of timber from lands that are not bosque or plantation, which is a relevant argument to consider that Article 61, subsection a) only penalizes the use (and within that, the cutting) of trees originating from bosques or plantations. Note that the legislator tried to extend "the tentacles" of Criminal Law to various conducts that form part of what we could call the "cycle of deforestation", paraphrasing the terminology that has been used regarding other types of crimes, so that the aim is to penalize not only conducts related to the unauthorized cutting of trees on forestal lands, but also the unauthorized transport of timber from trees on said land. Therefore, there would be no reason to penalize transport only when the timber comes from bosques or plantations, but regarding the cutting of trees, to penalize cutting carried out even on lands that do not meet those characteristics..." Consequently, based on that vote, it is established: "This leads, according to an interpretation a contrario sensu, to the conclusion that on lands without bosque and that are not of agricultural/livestock use, there is no prohibition in the law for the cutting of trees." (The bold does not correspond to the original).
IV.- This Chamber does not share that analysis which equates the expression forestal product or resource with bosque, or originating from bosque, for the following reasons. First.- The Ley Forestal provides for crimes both for uses on State lands and on private lands. Within the articles of the Ley Forestal, there are two norms that criminalize offenses of use of forestal products (which, by the way, include conducts other than felling, as will be explained below). The first is Article 58 and encompasses conducts of use on State properties or in protection areas (public or private). The second is Article 61, which criminalizes actions of use carried out on private property. A reading of the Ley Forestal allows one to note various scenarios regarding the felling or cutting of trees, with express prohibitions or permits, whose disrespect can lead to the commission of the crimes penalized therein, even when dealing with private lands. As [Name15] indicates: "The concept of private property implies usufruct and, therefore, the right of the owner to use all accessory goods, such as the trees found on their property. However, due to the importance of the forestal resource and associated ecosystems (such as water resources (recurso hídrico)), for the environment in general, certain limitations have been imposed on the enjoyment of the forestal product for reasons of public interest. In this way, the law obliges the private owner and legitimate owner of the timber to request permission from the State Forestal Administration (AFE) for the use and transport of the timber. With the criminalization of subsection c) of Article 58 of the LF, regarding disrespect for declared forestal bans, forestal resources are also protected, but specifically species in danger of extinction or with reduced populations, due to the fact that the commercial value of these species increases every day, as does their demand, so the legislator wanted to give them special protection, in order to prevent their disappearance." (GONZÁLEZ [Name16], [Name17], Manual de Delitos Ambientales, 1st edition, Litografía e Imprenta LIL, S.A., San José, 2007, p.253). And it is that although cutting in bosques is announced in Article 1 with a total prohibition, exceptions are also established, which, in any case, if carried out outside the permits or situations authorized by law, may constitute an infraction of those provided for by law. For example: (1) Article 1 prohibits felling or cutting in bosques, but allows it to carry out research, training and ecotourism activities, with prior approval from the Ministry of Environment and Energy (Artículo 1 in relation to 18). (2) In Article 19 there is a second exception, providing that the State Forestal Administration may: "a) Construir casas de habitación, oficinas, establos, corrales, viveros, caminos, puentes e instalaciones destinadas a la recreación, el ecoturismo y otras mejoras análogas en terrenos y fincas de dominio privado donde se localicen los bosques. (Build dwelling houses, offices, stables, corrals, nurseries, roads, bridges and facilities destined for recreation, ecotourism and other analogous improvements on lands and farms of private domain where the bosques are located.) b) Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional. (Carry out infrastructure projects, state or private, of national convenience.) c) Cortar los árboles por razones de seguridad humana o de interés científico. (Cut trees for reasons of human safety or scientific interest.) d) Prevenir incendios forestales, desastres naturales u otras causas análogas o sus consecuencias. (Prevent forestal fires, natural disasters or other analogous causes or their consequences.) En estos casos, la corta del bosque será limitada, proporcional y razonable para los fines antes expuestos. Previamente, deberá llenarse un cuestionario de preselección ante la Administración Forestal del Estado para determinar la posibilidad de exigir una evaluación del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley. (In these cases, the cutting of the bosque shall be limited, proportional and reasonable for the purposes set forth above. Previously, a pre-selection questionnaire must be completed before the State Forestal Administration to determine the possibility of requiring an environmental impact assessment, as established by the regulation of this law.)" Further onCED6) in Article 34, the cutting or elimination of trees is prohibited in the protection areas (public or private) described in Article 33, except for projects declared by the Executive Branch as of national convenience. Those protection areas are: "a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal. (The areas bordering permanent springs (nacientes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally.) b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. (A strip of fifteen meters in rural zones and ten meters in urban zones, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, quebradas or streams, if the land is flat, and fifty meters horizontally, if the land is uneven.) c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. (A zone of fifty meters measured horizontally on the banks of natural lakes and reservoirs and on artificial lakes or reservoirs built by the State and its institutions. Private artificial lakes and reservoirs are exempted.) d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley. (The recharge areas and aquifers of the manantiales, whose limits shall be determined by the competent bodies established in the regulation of this law.)" (4) If the cutting is on terrenos de uso agropecuario and without bosque, up to a maximum of three trees per hectare may be cut annually, with prior authorization from the Regional Environmental Council. If more than ten trees per property are exceeded, the authorization of the State Forestal Administration is required (Artículo 27). Finally, (5) if the cutting is in forestal plantations, agroforestal systems or individually planted trees, no cutting, transport, industrialization or export permit is required (Artículo 28). However, to "remove from the farm to any part of the national territory, squared or sawn timber in logs, originating from forestal plantations, a CED3 issued by the forestal regent or the Regional Environmental Council of the area shall be required..." (Artículo 31). Consequently, if cutting or felling is done without the corresponding permit or exceeding or varying what was authorized, one of the criminal types provided for in the Ley Forestal is configured, for example, in Article 61 which establishes: "Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: a) Aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, sin el permiso de la Administración Forestal del Estado, o a quien, aunque cuente con el permiso, no se ajuste a lo autorizado. (A prison term of one month to three years shall be imposed on anyone who: a) Uses one or more forestal products on private property, without the permission of the State Forestal Administration, or who, even with permission, does not conform to what was authorized.) b) Adquiera o procese productos forestales sin cumplir con los requisitos establecidos en esta ley. (Acquires or processes forestal products without complying with the requirements established in this law.) c) Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra, en contra de lo estipulado en el artículo 19 de esta ley. (Carries out activities that imply land-use change (cambio en el uso de la tierra), contrary to the provisions of Article 19 of this law.) En los casos anteriores, los productos serán decomisados y puestos a la orden de la autoridad judicial competente. (In the above cases, the products shall be seized and placed at the disposal of the competent judicial authority.) d) Sustraiga productos forestales de una propiedad privada o del Estado o transporte productos forestales obtenidos en la misma forma. (Removes forestal products from private or State property or transports forestal products obtained in the same manner.)" Therefore, and with all due respect, we do not consider the statement made in vote No. 682-F-1997 to be correct, when it asserts that the infringement of Article 27 of the Ley Forestal does not find penalty by resorting to Article 61, subsection a), because precisely, in accordance with the principle of legality, one must conclude that this is the type provided for its reproach; that is, for cuts made within private lands without authorization or exceeding the authorization granted. Second.- Article 61 of the Ley Forestal does not include the element "bosque" or forestal plantation as part of the objective type. The criminal type provided for and penalized in Article 61 of the Ley Forestal, transcribed before, does not make any mention of bosques or forestal plantations as part of the description of the objective type. Third.- According to the Ley Forestal, not only bosques contain forestal resources or products. The Ley Forestal has the peculiarity of including an article of concepts, number 3; within which various expressions are defined: timber harvesting (aprovechamiento maderable), lands of forestal suitability (terrenos de aptitud forestal), bosque, forestal management plan (plan de manejo forestal), etc., but it certainly does not present a specific authentic interpretation of "recursos forestales", which implies resorting to literal, historical and/or systematic interpretation, which, in our opinion, does not lead to the conclusions of decision No. 682-F-97. Despite this, Article 3 is useful, since in subsection a) it defines the expression "aprovechamiento" (use) that forms part of the objective type provided for in Article 61 ibidem. It conceptualizes it as the action of cutting, elimination of standing timber trees or the utilization of fallen ones. But what about the expression forestal products or resources (also used by the legislator within the typical description of Article 61, and also Article 58 of the Ley Forestal)? The interpretation that this Chamber has maintained for years associates it with the existence of a bosque or plantation, supposedly based on the provisions of Article 1 of the Ley Forestal, which states: "La presente ley establece, como función esencial y prioritaria del Estado, velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables." (This law establishes, as an essential and priority function of the State, to ensure the conservation, protection and administration of natural bosques and the production, use, industrialization and promotion of the country's forestal resources destined for that purpose, in accordance with the principle of adequate and sustainable use of renewable natural resources.) (The bold does not correspond to the original.) Note that: (a) the law treats the terms "bosque" and "recursos forestales" distinctly and separately; that is, it does not subordinate the existence or denomination "recursos forestales" to a bosque; but furthermore, (b) the production, use, industrialization or promotion of forestal resources, even if they do not physically occupy the same space as the bosques, undoubtedly contribute to the conservation, protection and administration of natural bosques, precisely, "in accordance with the principle of adequate and sustainable use of renewable natural resources" also established in the cited Article 1 of the Ley Forestal. In addition to that, (c) it makes no sense to refer to "recursos forestales" if it is an implicit reality in the expression "bosque"; it would be superfluous, however, both expressions are included in Article 1. Finally, (d) if, based on the objective stated in Article 1, only felling in bosques were punishable, it would make no sense for the criminal types to make express reference to private lands, but they do. It is for all the foregoing that this panel considers that the correct interpretation of the types under discussion (Articles 58 and 61). (1) Must be related to Article 3, subsection a) which defines "aprovechamiento" (use): "Acción de corta, eliminación de árboles maderables en pie o utilización de árboles caídos, realizada en terrenos privados, no incluida en el artículo 1 de esta ley, que genere o pueda generar algún provecho, beneficio, ventaja, utilidad o ganancia para la persona que la realiza o para quien esta representa." (Action of cutting, elimination of standing timber trees or utilization of fallen trees, carried out on private lands, not included in Article 1 of this law, that generates or may generate some profit, benefit, advantage, utility or gain for the person who carries it out or for whom they represent.) The expression "not included in Article 1..." is useful to highlight the prohibition of use in State-protected wild areas. (2) And regarding the interpretation of the expressions forestal resource or product, we consider that within the law, the adjective "forestal" has a normative character, as is evident from the multiple references to expressions such as "forestal regent" (regente forestal), "forestal management plan" (plan de manejo forestal), "forestal regime" (régimen forestal), "forestal plantation" (plantación forestal), "State Forestal Administration" (Administración Forestal del Estado), "Forestal Fund" (Fondo Forestal), etc. From that perspective, it would be perfectly feasible to associate it with "trees" regardless of whether they form part of a bosque or plantation. But even, resorting to a purely descriptive character, the truth is that the Dictionary of the Royal Spanish Academy indicates that "forestal" is that: "Relating to bosques and to the uses of firewood, pastures, etc." That is, from the semantic point of view, the meaning of "forestal" is not limited or circumscribed to what is related to the bosque; it includes "...the felling of trees of that nature even if they do not form part of a wooded area and also the use of fallen trees, all as a means to preserve natural ecosystems." (Cfr. vote No. 524-F-1997, of 9:00 a.m. on June 27, 1997). Reinforcing that argument is that the concept "producto forestal" (forestal product) (one of the objective elements present in Article 61) is cited in Article 2 of the Reglamento a la Ley Forestal, published in La Gaceta No. 16, of January 23, 1997, in the following terms: "Producto forestal: Es toda troza, madera en bloc, enchapados, aglomerados, fósforos, pulpa, paletas, palillos, astillas, muebles, puertas, marcos de ventana y molduras." (Forestal product: It is any log, block wood, veneers, agglomerates, matches, pulp, pallets, toothpicks, chips, furniture, doors, window frames and moldings.) As can be seen, rather than a concept, it is a list of feasible goods, objects or products obtainable from trees, which are not usually found in bosques or plantations. It being laudable and absolutely licit to resort to the regulation, since the enumeration it presents does not affect the central core of imputation established in the precept and does not exceed either the purpose or objective provided for in the Ley Forestal, because the precept has established with clarity the prerequisite of punishability, as well as the class and extent of the penalty (as established in vote No. 1876-1990 of the Constitutional Chamber). In reality, the citation made in the Reglamento is an exercise of exemplification of cases classifiable as "productos forestales" that in no way expand or contradict the interpretation followed in this vote. What is more, even if that reference did not exist in the regulation, one could still conclude without difficulty that block wood, pulp, chips, etc., are forestal products. In sum, it must be concluded that both forestal product and resource are expressions that indisputably allude to trees, regardless of their maturity, use, commercial value, or their location, inside or outside a bosque or forestal plantation; and in that sense, the criminal types under discussion must be analyzed. Now, when evaluating the reasoning of the challenged judgment, the judge starts from an erroneous analysis, since he subordinates the verification of the imputed act to the verification of a cutting of trees within a bosque (in the terms provided for in Article 3 of the Ley Forestal); however, in the specific case, that is not a core factor, nor can it condition the accreditation of the criminal act reproached; a circumstance that, in the opinion of this Chamber, vitiates the ruling in its entirety and makes a new proceeding in accordance with the law indispensable. It is an error to consider that the objective of the Ley Forestal is limited to the guardianship or protection of the bosques; that does not derive from Article 1 Ibidem and becomes more evident when the integral content of that regulation is analyzed. It is not superfluous to point out that only by the fact of having upheld the claim formulated here that led to the nullity of the judgment, the Court of Cassation is not prejudging the merits of the matter; in that sense, what is resolved by this Chamber should not influence the mind of the court that must be formed for the retrial, but rather they must assess originally and independently the conviction that emanates from the evidence, as well as the logic and forcefulness of the reasons invoked by the parties in the adversarial proceeding, to decide with impartiality what corresponds. According to the foregoing, as it lacks interest, a ruling regarding the other points of challenge is omitted.
POR TANTO
The appeals for cassation filed by licensed attorney [Name6], representing the Procuraduría General de la República, and by licensed attorney [Name7], representing the Public Ministry, are declared with merit. The judgment is annulled, as well as the hearing. Remand is ordered for a new proceeding in accordance with the law. NOTIFÍQUESE.
[Name18]
Ingrid Estrada Venegas [Name5]
Judges of the Court of Criminal Cassation
Exp: 07-202638-0485-PE (5)
Accused: [Name1].
Victim: CED7
CED8: [Plate2]
AMORAF
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This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-29-2026 08:23:41.
SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República