Res. 00402-2009 Tribunal Contencioso Administrativo Sección II — Land-use permit in maritime-terrestrial zone denied absent a regulatory planImprocedencia de permiso de uso en zona marítimo terrestre sin plan regulador

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección II

Resolución Nº 00402 - 2009

Fecha de la Resolución: 09 de Octubre del 2009 a las 09:05

Expediente: 05-000030-0161-CA

Redactado por: Cristina Víquez Cerdas

Clase de asunto: Apelación Municipal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Ambiental

Tema: Zona marítimo terrestre

Subtemas:

Necesaria existencia de plan regulador para el otorgamiento permiso de uso.
Normativa aplicable.

Tema: Plan regulador de zona marítimo terrestre

Subtemas:

Necesaria existencia para el otorgamiento de permiso de uso.

Tema: Permiso de uso de dominio público

Subtemas:

Necesaria existencia de plan regulador para su otorgamiento en zona marítimo terrestre.

“IV- En un caso similar al presente, la Sección Tercera de este Tribunal, en sentencia No. 495-2006 de las 10:40 horas del 1 de diciembre del 2006, expresó: III).-IMPORTANCIA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE: De conformidad con lo establecido por el numeral 1º de la Ley 6043, la zona marítimo terrestre es patrimonio de la Nación y su protección corresponde a todos los entes públicos, sean estos estatales o no estatales y, a todos los habitantes del país. El uso y aprovechamiento de la referida zona, solo es posible en los casos en que expresamente lo dispone el referido cuerpo normativo. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la citada ley, la concesión es la figura idónea para el aprovechamiento particular de la referida zona pública (artículos 41 y 39 de la ley). Corresponde a la municipalidad respectiva velar por que el otorgamiento de concesiones cumpla con lo establecido en la ley y su reglamento y, de la integración armónica de ambos cuerpos normativos se desprende que, para otorgar concesión en la zona marítimo terrestre debe haber: declaratoria de aptitud turística o no turística por parte del Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto de Desarrollo Agrario según corresponda, amojonamiento por el Instituto Geográfico Nacional, existencia de plan regulador, avalúo de la Dirección General de Tributación Directa, inspección del terreno, publicación del edicto, anteproyectos de construcción consultados al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y, al Instituto Costarricense de Turismo sobre la realización de edificaciones y urbanizaciones. De manera categórica, el numeral 38 del citado cuerpo normativo señala que "las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo haya aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas.." . Sin duda alguna, una de las funciones esenciales del plan regulador, es la de establecer los diferentes tipos de uso en el sector costero, con miras a la protección y desarrollo sostenible de ese bien de la Nación. La emisión de un plan regulador, supone la realización previa de diferentes estudios técnicos, incluyendo el estudio de impacto ambiental (artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente), los que potencian la protección de la referida zona. Por ello, el plan regulador se constituye en un instrumento idóneo para que exista un proceso ordenado de desarrollo y aprovechamiento de la zona marítimo terrestre. IV.-DEL PERMISO DE USO Y LA OCUPACIÓN DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE: Este tribunal debe señalar que, es posible otorgar permisos de uso en la zona marítimo terrestre, lo que otorga al administrado un derecho de contenido precario que puede ser revocado por la administración concedente por razones de oportunidad y conveniencia (artículo 152 de la Ley General de la Administración Pública). Ahora bien, el permiso de uso que pueda otorgarse, no equivale a un derecho de ocupación, en los términos que lo regula la ley tantas veces citada y, el pago de un "canon" voluntario, no otorga derecho alguno al recurrente sobre la referida zona. (…). V).-DEL CASO CONCRETO: En el caso que nos ocupa, la Municipalidad de Osa, en su condición de administradora de la zona marítimo terrestre, denegó el permiso de uso solicitado por el recurrente señalando como motivo de tal denegatoria que, el sector en donde se ubica la parcela de su interés, carece de plan regulador, esto es, de un instrumento técnico idóneo sobre el uso del suelo que potencie su protección. Ya se señaló líneas atrás que, el medio idóneo para el aprovechamiento privado de la zona marítimo terrestre es la concesión, la que solo puede ser otorga previa existencia de plan regulador y, válidamente puede el gobierno local rechazar el permiso de uso que pretende el recurrente, ante la falta de un instrumento técnico tan importante que potencie el crecimiento sostenido y ordenado del citado bien de la Nación. (…) El Tribunal estima que, la carencia de un adecuado instrumento de planificación de uso de suelo, en el sector en que se ubica la parcela que pretende explotar el recurrente, es motivo suficiente para denegar el permiso solicitado, razón por la cual, el acto impugnado se encuentra conforme con el bloque de legalidad vigente y, tiene motivo válido (…)”   

No existe ninguna razón legal para variar el criterio anterior, que se ajusta plenamente al caso del señor Nombre84941 .  El argumento de que al recurrente, dentro de la solicitud de concesión que hay formulado, se le haya autorizado o no para amojonar el lote de su interés, carece de relevancia, puesto que  no elimina el escollo de la inexistencia del plan regulador que se invocó como fundamento del acuerdo impugnado.  Por otra parte, cualquier solicitud de concesión que haya formulado el señor Nombre84941 , es independiente del permiso de uso que aquí se conoce, y la simple autorización para amojonar, de haberse dado, no le concede derecho alguno.  No es objeto de recurso, ningún trámite de concesión que haya presentado don Nombre84942 y que se esté tramitando ante la Municipalidad de Osa, por lo que nada tiene que decir este Tribunal sobre la legalidad del mismo o el cumplimiento de los requisitos legales.” 

 

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Texto de la resolución

 

No. 402-2009-II

SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Segundo Circuito Judicial de San José, a las nueve horas cinco minutos del nueve de octubre de dos mil nueve.

            Conoce este Tribunal en alzada, como jerarca impropio municipal, del recurso de apelación interpuesto por Nombre71629  , cédula CED53250, contra el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Osa, en el acta ordinaria  número 51-2003 del 22 de diciembre del 2003, artículo IV, que denegó el permiso de uso de suelo en Zona Marítimo Terrestre, formulado por el aquí recurrente.

             Redacta la Jueza Víquez Cerdas; y,

CONSIDERANDO:

            I.- HECHOS PROBADOS:  De importancia para resolver el presente asunto, se tiene por bien demostrado lo siguiente:  1) Que el 4 de diciembre de 2003, señor Nombre71629  , cédula CED53250, solicitó al Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa, se le otorgara un permiso de uso de suelo, correspondiente a una parcela pedida en concesión, localizada en Playa Tortuga, Distrito 1, Cantón 5, de la Provincia de Puntarenas.  Se indicó en la petición, que la parcela cuenta con declaratoria de aptitud turística, solicitud de concesión, inspección de campo cancelada y canon voluntario al día (folios 1 a 8);

2) Que conforme al acta de la sesión ordinaria número 50-2003, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, el 10 de diciembre de 2003, en el artículo IV, se conoció de la ratificación de actas anteriores.  En el artículo VI, se dio lectura a los informes de la  Comisión de Zona Marítimo Terrestre, número 35-2003 de 6 de noviembre del 2003 y  número 36-2003, celebrada el 14 de noviembre de 2003, en los cuales no se menciona ningún caso relacionado con Nombre71629   (ver folios 297 y 298, 300 a 317);   3) Que el Concejo Municipal de Osa, en la sesión ordinaria 51-2003, celebrada el 17 de diciembre del 2003, y ratificada el 7 de enero del 2004, capítulo  VI, conoció el informe de la Comisión de Zona Marítimo Terrestre, Acta 38-2003, que dice lo siguiente:

“2.- SE RECIBE TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO NÚMERO Placa11643 EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL, EN EL QUE SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO AAA-877-2003 REMITIDO POR EL LIC. MAURICIO CASTRO LIZANO PROCURADOR ADJUNTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN EL QUE COMUNICA QUE HA RECIBIDO ESCRITO EL 31 DE OCTUBRE ULTIMO POR PARTE DEL SEÑOR Nombre71630  . CEDULA CED53250, EN LA QUE SEÑALA UNA SERIE DE ACTUACIONES POR PARTE DEL ALCALDE Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE DE ESTA MUNICIPALIDAD QUE ESTIMA CONTRARIAS AL RÉGIMEN DE LA FRANJA DE LA COSTERA A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA NÚMRO 45 DEL 5 DE MARZO Placa11644 LA APROBACIÓN DEL PLAN REGULADOR DE PLAYA BOCA CORONADO, EL CUAL CALIFICA DE IMPRECISO CON RESPECTO A LAS COORDENADAS CARTOGRÁFICAS DE LA HOJA Y EL AMOJONAMIENTO PARA ESE SECTOR DEL I.G.N PUBLICADO EN LA GACETA 74 DEL 20 DE ABRIL DE 1997 ANTE ELLO CUESTIONA LA VALIDEZ DE LAS CONCESIONES OTORGADAS CON BASE EN ESE PLAN REGULADOR Y PLANTEA 6 INTERROGANTES ANTINENTES AL CASO PARTICULAR.  EN RAZÓN DE LO ANTERIOR SOLICITA A LOS SEÑORES REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE OSA, SI EN EL PRESENTE ASUNTO MEDIAN ACTOS ADMINISTRATIVOS DECLARATORIOS DE DERECHOS, VICIADOS DE NULIDAD EVIDENTE Y MANIFIETA, HABRÁ DE REMOVERLOS DE PREVIO, SIGUIENDO  LOS TRAMITES QUE ESTABLECIDOS ARTÍCULOS 173, 308 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SENTANDO LAS RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS IMPLICADOS.

LA COMISIÓN DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DE OSA: LUEGO DE ANALIZADO COPIA DEL OFICIO AAA-877-2003 REMITIDO POR EL LIC. MAURICIO CASTRO LIZANO PROCURADOR ADJUNTO, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y CON VISTA EN LA LÁMINA NÚMERO 20 DE PLAN DE USO DE SUELO Y VIALIDAD DE PLAN REGULADOR DEL SECTOR COSTERO NO TURISTICO DE BOCA CORONADO, DISTRITO PRIMERO CORTES, OSA.- DE LA REVISIÓN VISUAL DEL PLAN REGULADOR SE PUDO CONSTATAR POR LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN QUE LAS COORDENADAS QUE SEÑALAN EL AMOJONAMIENTO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL EN LA PUBLICACIÓN REALIZADA EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA NÚMERO 74 DEL LUENS 20 DE ABRIL DE 1.987, COINCIDEN CON LAS QUE SE SEÑALAN EN LA CITADA LAMINA, POR LO CUAL CONSIDERAMOS QUE SE DEBE COMUNIAR LO ANTERIOS (sic) AL SEÑOR PROCURADOR PARA ASI DESVIRTUAR EL ESCRITO PRESENTADO POR EL SEÑOR Nombre71630   Y POR CONSIGUIENTE NO ES NECESARIO PROCEDER A NINGUNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA PARA DECLARAR LA NULIDAD DE NINGUNA CONCESIÓN OTORGADA CON BASE A DICHO PLAN REGULADOR”  (folio 62 y 62, 318 a 385);  4)  Que el dicho en el hecho probado anterior, es el único acuerdo de esa sesión, que se refiere al señor Nombre71629   (folios 62 y 63, 318 a 385);  5) Que en el acta número 40-2003 del 17 de diciembre del 2003 de la Comisión de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa, conoció de la solicitud de uso de suelo referida en el hecho primero anterior y acordó:

“2-A SE RECIBE DOCUMENTO PRESENTADO POR EL SEÑOR Nombre71629  , EN EL QUE SOLICITA PERMISO DE USO DE SUELO CORRESPONDIENTE A UNA PARCELA SOLICITADA EN CONCESIÓN, LOCALIZADA EN PLAYA TORTUGA, DISTRITO PRIMERO, CANTÓN OSA, PROVINCIA PUNTARENAS (…) LA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL DE OSA LO SIGUIENTE: SE COMUNIQUE AL SEÑOR Nombre71629  , QUE POR NO EXISTIR PLAN REGULADOR DEBIDAMENTE APROBADO EN EL AREA DE INTERÉS Y SIENDO NECESARIO DICHA REGULACIÓN, SE DENIEGA EL PERMISO DE USO SOLICITADO” (folio 363);  6) Que el Concejo Municipal de Osa, en el acta ordinaria número 51-2003 del 22 de diciembre del 2003, artículo IV, acogió la recomendación dicha (ver folios 340 , 342 y 363);  7) Que el 19 de febrero del 2004, el señor Nombre71629  , presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra el acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 50 del 17 de diciembre del 2003, artículo 4 (folios 108 a 110);  8) Que el Concejo Municipal de Osa, en la sesión ordinaria número 45, celebrada el 10 de noviembre del 2004, artículo 7, punto 4, conoció del recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad de actuaciones, presentado por el señor Nombre71629 , contra el acuerdo tomado por ese órgano en la sesión ordinaria número 50-2003, celebrada el 17 de diciembre de 2003, rechazando la revocatoria y la nulidad de actuaciones y emplazó a las partes para ante este Tribunal, a fin de resolver la apelación. En el resultando VIII de ese acuerdo, se hace referencia al acta ordinaria No. 51-2003 del 22 de diciembre del 2003 (folios 12 a 23)

            II.- En primer término, debe dejarse patente que ante el desorden del expediente que fue remitido a este Tribunal y los errores al momento de transcribir los números de acuerdo en que incurre la Secretaría de la Municipalidad de Osa, ha tomado mucho tiempo determinar cuál es el acto impugnado, porque este Despacho tuvo que gestionar varias veces para que se completara toda la documentación pertinente y que debió estar desde un inicio en el legajo administrativo remitido. Lo anterior debido a que el recurso de apelación fue admitido contra el acuerdo del Concejo Municipal de Osa, tomado en la sesión ordinaria número 50-2003, celebrada el 17 de diciembre de 2003.  Pero de la documentación aportada, se tiene que el acta de la sesión ordinaria número 50-2003, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, tiene fecha  10 de diciembre de 2003 y no 17 de diciembre,  y además, no existe ningún acuerdo que se refiera al señor Nombre71629  en dicha acta.  Los únicos acuerdos que mencionan al aquí recurrente son: a.- el tomado en la sesión ordinaria 51-2003, celebrada el 17 de diciembre del 2003, y ratificado el 7 de enero del 2004, capítulo  VI, que conoció el informe de la Comisión de Zona Marítimo Terrestre, Acta 38-2003, que se pronuncia sobre el  oficio AAA-877-2003 remitido por el Procurador Adjunto Mauricio Castro Lizano, referente a denuncias presentadas por el señor Nombre71631 , sobre actuaciones por parte del Alcalde y de la Comisión de la Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa, que se estiman contrarias al Plan Regulador de Playa Boca Coronado, específicamente se cuestiona la aprobación de concesiones otorgadas a su amparo. El señor Procurador le solicita a los regidores que si existen actos viciados de nulidad absoluta, se procedan a removerlos según el procedimiento establecido por la ley.  A lo anterior, el Concejo Municipal, contesta que confrontada la lámina número 20 del plan de uso de suelo y viabilidad del Plan Regulador Costero no turístico de Boca de Coronado, no existe divergencia con las coordenadas que señala el amojonamiento del Instituto Geográfico Nacional, y no existen las irregularidades denunciados por don Nombre71629  ; y b.- el acuerdo del acta ordinaria número 51-2003 del 22 de diciembre del 2003, artículo IV, que denegó el permiso de uso de suelo.

III.- Se tienen entonces dos actas con número idéntico (51-2003) pero fecha diferente y no existe coincidencia con la resolución que se menciona al admitirse la alzada.  Es entonces patente la confusión que se ha presentado, sobre cuál es el acuerdo que debe conocer este Tribunal en apelación, como jerarca impropio.  Para dilucidar el problema, se acudió al memorial en que el señor Nombre71629  formuló los recursos de revocatoria con apelación (folios 108 a 110); ahí se alegó, que existía una violación al debido proceso, porque el acuerdo impugnado no estaba ni razonado ni fundamentado y expresó: “Lo que esta por verse es el hecho de una petición que solicitara a fin de que se me permita un permiso de uso mientras en otras vías determinemos las inconsistencias de las apreciaciones del Concejo por cuanto con sus actos resuelven todo lo que les indican sin analizar el contenido de las mismas y lo que es mas serio permitiéndose un asesoramiento que parece que se realiza en otro país en donde el desconocimiento imperante en la materia de zona marítimo terrestre (Ley 6043 en Costa Rica), (…) La misma Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República han indicado los procedimientos imperantes en el PERMISO DE USO DE SUELO y que el mismo no es necesario que exista plan REGULADOR (dictamen C 100-95 y otros) pero dicha Municipalidad en su Acta de Comunicación No. 40-0003 celebrada el día 17 de diciembre del 2003 no razona en lo que se denomina Vinculancia de los Actos. De la transcripción del Acta No. 40 del año 2003 de la Zona Marítimo Terrestre se ve a todas luces la falta de fundamentación ya que en la petitoria se le demostró a la Municipalidad no solo el interés en dicho permiso sino que se adjuntó la jurisprudencia imperante en la materia que la conforma la misma JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA, pero sin embargo, no existe la fundamentación y la consistencia de que norma proviene la resolución determinada por el CONCEJO MUNICIPAL máxime de que el mismo artículo impugnado de la transcripción de la lectura de un supuesto INFORME que fue clonado como todos los actos de dicha Comisión a un sinnúmero de personas afines al suscrito sin un razonamiento que será discutido ante el Superior (…)” (folio 109).  También en el acuerdo que admitió la alzada, se expresa que lo impugnado es la resolución que rechazó la solicitud de permiso de uso de suelo (folio 15).  Por lo anterior, se concluye que lo impugnado es el acuerdo indicado en el punto b.

IV- En un caso similar al presente, la Sección Tercera de este Tribunal, en sentencia No. 495-2006 de las 10:40 horas del 1 de diciembre del 2006, expresó: III).-IMPORTANCIA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE: De conformidad con lo establecido por el numeral 1º de la Ley 6043, la zona marítimo terrestre es patrimonio de la Nación y su protección corresponde a todos los entes públicos, sean estos estatales o no estatales y, a todos los habitantes del país. El uso y aprovechamiento de la referida zona, solo es posible en los casos en que expresamente lo dispone el referido cuerpo normativo. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la citada ley, la concesión es la figura idónea para el aprovechamiento particular de la referida zona pública (artículos 41 y 39 de la ley). Corresponde a la municipalidad respectiva velar por que el otorgamiento de concesiones cumpla con lo establecido en la ley y su reglamento y, de la integración armónica de ambos cuerpos normativos se desprende que, para otorgar concesión en la zona marítimo terrestre debe haber: declaratoria de aptitud turística o no turística por parte del Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto de Desarrollo Agrario según corresponda, amojonamiento por el Instituto Geográfico Nacional, existencia de plan regulador, avalúo de la Dirección General de Tributación Directa, inspección del terreno, publicación del edicto, anteproyectos de construcción consultados al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y, al Instituto Costarricense de Turismo sobre la realización de edificaciones y urbanizaciones. De manera categórica, el numeral 38 del citado cuerpo normativo señala que "las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo haya aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas.." . Sin duda alguna, una de las funciones esenciales del plan regulador, es la de establecer los diferentes tipos de uso en el sector costero, con miras a la protección y desarrollo sostenible de ese bien de la Nación. La emisión de un plan regulador, supone la realización previa de diferentes estudios técnicos, incluyendo el estudio de impacto ambiental (artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente), los que potencian la protección de la referida zona. Por ello, el plan regulador se constituye en un instrumento idóneo para que exista un proceso ordenado de desarrollo y aprovechamiento de la zona marítimo terrestre. IV.-DEL PERMISO DE USO Y LA OCUPACIÓN DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE: Este tribunal debe señalar que, es posible otorgar permisos de uso en la zona marítimo terrestre, lo que otorga al administrado un derecho de contenido precario que puede ser revocado por la administración concedente por razones de oportunidad y conveniencia (artículo 152 de la Ley General de la Administración Pública). Ahora bien, el permiso de uso que pueda otorgarse, no equivale a un derecho de ocupación, en los términos que lo regula la ley tantas veces citada y, el pago de un "canon" voluntario, no otorga derecho alguno al recurrente sobre la referida zona. (…). V).-DEL CASO CONCRETO: En el caso que nos ocupa, la Municipalidad de Osa, en su condición de administradora de la zona marítimo terrestre, denegó el permiso de uso solicitado por el recurrente señalando como motivo de tal denegatoria que, el sector en donde se ubica la parcela de su interés, carece de plan regulador, esto es, de un instrumento técnico idóneo sobre el uso del suelo que potencie su protección. Ya se señaló líneas atrás que, el medio idóneo para el aprovechamiento privado de la zona marítimo terrestre es la concesión, la que solo puede ser otorga previa existencia de plan regulador y, válidamente puede el gobierno local rechazar el permiso de uso que pretende el recurrente, ante la falta de un instrumento técnico tan importante que potencie el crecimiento sostenido y ordenado del citado bien de la Nación. (…) El Tribunal estima que, la carencia de un adecuado instrumento de planificación de uso de suelo, en el sector en que se ubica la parcela que pretende explotar el recurrente, es motivo suficiente para denegar el permiso solicitado, razón por la cual, el acto impugnado se encuentra conforme con el bloque de legalidad vigente y, tiene motivo válido (…)”   

No existe ninguna razón legal para variar el criterio anterior, que se ajusta plenamente al caso del señor Nombre71629 .  El argumento de que al recurrente, dentro de la solicitud de concesión que hay formulado, se le haya autorizado o no para amojonar el lote de su interés, carece de relevancia, puesto que  no elimina el escollo de la inexistencia del plan regulador que se invocó como fundamento del acuerdo impugnado.  Por otra parte, cualquier solicitud de concesión que haya formulado el señor Nombre71629 , es independiente del permiso de uso que aquí se conoce, y la simple autorización para amojonar, de haberse dado, no le concede derecho alguno.  No es objeto de recurso, ningún trámite de concesión que haya presentado don Nombre71629 y que se esté tramitando ante la Municipalidad de Osa, por lo que nada tiene que decir este Tribunal sobre la legalidad del mismo o el cumplimiento de los requisitos legales. 

V.- Tampoco produce nulidad del acuerdo impugnado, el hecho de que el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto, no haya sido resuelto por el Concejo  en los plazos señalados en el artículo 156 del Código Municipal, como lo alega el recurrente, puesto que conforme al artículo de la Ley General de la Administración Pública, la Administración siempre tiene el deber jurídico de resolver

VI.- Por los motivos indicados anteriormente, se confirma el acuerdo impugnado y, al no caber contra lo resuelto por este tribunal ulterior recurso, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Se confirma el acuerdo recurrido. Se da por agotada la vía administrativa.-

 

Cristina Víquez Cerdas

 

 

Silvia Consuelo Fernández Brenes                        Sady Jiménez Quesada

Expediente No. 05-000030-161-CA

Apelación municipal

Nombre71629   c/ Municipalidad de Osa

 

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 17-04-2026 20:26:57.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

No. 402-2009-II

SECOND SECTION OF THE CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE TRIBUNAL. Second Judicial Circuit of San José, at nine hours five minutes on the ninth of October, two thousand nine.

This Tribunal hears on appeal, as an improper municipal hierarch, the appeal filed by Nombre71629, ID number CED53250, against the agreement taken by the Municipal Council of Osa, in ordinary minute number 51-2003 of December 22, 2003, article IV, which denied the permit for land use (permiso de uso de suelo) in the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre), requested by the appellant herein.

Judge Víquez Cerdas writes; and,

CONSIDERING:

I.- PROVEN FACTS: Of importance for resolving this matter, the following is considered duly proven: 1) That on December 4, 2003, Mr. Nombre71629, ID number CED53250, requested from the Maritime-Terrestrial Zone Department of the Municipality of Osa, to be granted a permit for land use (permiso de uso de suelo), corresponding to a parcel requested in concession (concesión), located in Playa Tortuga, District 1, Canton 5, of the Province of Puntarenas. It was indicated in the petition that the parcel has a declaration of tourist aptitude (declaratoria de aptitud turística), a concession request, a paid field inspection, and a voluntary fee (canon) up to date (folios 1 to 8);

2) That according to the minute of ordinary session number 50-2003, held by the Municipal Council of Osa on December 10, 2003, in article IV, the ratification of previous minutes was heard. In article VI, the reports of the Maritime-Terrestrial Zone Commission were read, number 35-2003 of November 6, 2003 and number 36-2003, held on November 14, 2003, in which no case related to Nombre71629 is mentioned (see folios 297 and 298, 300 to 317); 3) That the Municipal Council of Osa, in ordinary session 51-2003, held on December 17, 2003, and ratified on January 7, 2004, chapter VI, heard the report of the Maritime-Terrestrial Zone Commission, Minute 38-2003, which states the following:

"2.- A TRANSCRIPT OF AGREEMENT NUMBER Placa11643 IS RECEIVED FROM THE MUNICIPAL SECRETARIAT DEPARTMENT, TO WHICH IS ATTACHED A COPY OF OFFICIAL LETTER AAA-877-2003 SENT BY LIC. MAURICIO CASTRO LIZANO, DEPUTY PROCURATOR OF THE PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, COMMUNICATING THAT HE RECEIVED A WRIT ON OCTOBER 31 LAST FROM MR. Nombre71630. ID NUMBER CED53250, IN WHICH HE POINTS OUT A SERIES OF ACTIONS BY THE MAYOR AND MEMBERS OF THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE COMMISSION OF THIS MUNICIPALITY THAT HE DEEMS CONTRARY TO THE COASTAL BELT REGIME STARTING FROM THE PUBLICATION IN GAZETTE NUMBER 45 OF MARCH 5 Placa11644 THE APPROVAL OF THE PLAN REGULADOR OF PLAYA BOCA CORONADO, WHICH HE QUALIFIES AS IMPRECISE WITH RESPECT TO THE CARTOGRAPHIC COORDINATES OF THE SHEET AND THE BOUNDARY MARKING (amojonamiento) FOR THAT SECTOR BY THE I.G.N PUBLISHED IN GAZETTE 74 OF APRIL 20, 1997, THEREBY QUESTIONING THE VALIDITY OF THE CONCESSIONS (concesiones) GRANTED BASED ON THAT PLAN REGULADOR AND RAISES 6 QUESTIONS PERTAINING TO THE PARTICULAR CASE. FOR THESE REASONS, HE REQUESTS THAT THE COUNCILORS OF THE MUNICIPALITY OF OSA, IF IN THIS MATTER THERE ARE ADMINISTRATIVE ACTS DECLARATORY OF RIGHTS, VITIATED BY EVIDENT AND MANIFEST NULLITY, PROCEED TO REMOVE THEM BEFOREHAND, FOLLOWING THE PROCEDURES ESTABLISHED IN ARTICLES 173, 308 AND FOLLOWING OF THE GENERAL PUBLIC ADMINISTRATION LAW (Ley General de la Administración Pública) AND ESTABLISHING THE RESPONSIBILITIES OF THE OFFICIALS INVOLVED.

THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE COMMISSION RECOMMENDS TO THE MUNICIPAL COUNCIL OF OSA: AFTER ANALYZING A COPY OF OFFICIAL LETTER AAA-877-2003 SENT BY LIC. MAURICIO CASTRO LIZANO, DEPUTY PROCURATOR, OF THE PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AND IN VIEW OF SHEET NUMBER 20 OF THE LAND USE AND ROAD PLAN (PLAN DE USO DE SUELO Y VIALIDAD) OF THE PLAN REGULADOR OF THE NON-TOURIST COASTAL SECTOR OF BOCA CORONADO, FIRST DISTRICT CORTES, OSA.- FROM THE VISUAL REVIEW OF THE PLAN REGULADOR, THE MEMBERS OF THE COMMISSION WERE ABLE TO VERIFY THAT THE COORDINATES INDICATING THE BOUNDARY MARKING (amojonamiento) BY THE INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL IN THE PUBLICATION MADE IN THE OFFICIAL GAZETTE NUMBER 74 ON MONDAY, APRIL 20, 1987, COINCIDE WITH THOSE INDICATED ON THE CITED SHEET, FOR WHICH REASON WE CONSIDER THAT THE FOREGOING SHOULD BE COMMUNICATED TO THE PROCURATOR IN ORDER TO DISCREDIT THE WRIT SUBMITTED BY MR. Nombre71630 AND CONSEQUENTLY IT IS NOT NECESSARY TO PROCEED WITH ANY ADMINISTRATIVE ACTION TO DECLARE THE NULLITY OF ANY CONCESSION (concesión) GRANTED BASED ON SAID PLAN REGULADOR” (folio 62 and 62, 318 to 385); 4) That the statement in the previous proven fact is the only agreement from that session that refers to Mr. Nombre71629 (folios 62 and 63, 318 to 385); 5) That in minute number 40-2003 of December 17, 2003 of the Maritime-Terrestrial Zone Commission of the Municipality of Osa, it heard the land use request referred to in the first fact above and agreed:

“2-A A DOCUMENT IS RECEIVED SUBMITTED BY MR. Nombre71629, REQUESTING A LAND USE PERMIT (permiso de uso de suelo) CORRESPONDING TO A PARCEL REQUESTED IN CONCESSION (concesión), LOCATED IN PLAYA TORTUGA, FIRST DISTRICT, CANTON OSA, PROVINCE PUNTARENAS (…) THE COMMISSION RECOMMENDS TO THE MUNICIPAL COUNCIL OF OSA THE FOLLOWING: MR. Nombre71629 IS TO BE INFORMED THAT, DUE TO THE NON-EXISTENCE OF A DULY APPROVED PLAN REGULADOR IN THE AREA OF INTEREST AND SUCH REGULATION BEING NECESSARY, THE LAND USE PERMIT REQUESTED IS DENIED” (folio 363); 6) That the Municipal Council of Osa, in ordinary minute number 51-2003 of December 22, 2003, article IV, adopted the said recommendation (see folios 340, 342 and 363); 7) That on February 19, 2004, Mr. Nombre71629 filed a motion for revocation with a subsidiary appeal (recurso de revocatoria con apelación en subsidio), against the agreement taken in ordinary session No. 50 of December 17, 2003, article 4 (folios 108 to 110); 8) That the Municipal Council of Osa, in ordinary session number 45, held on November 10, 2004, article 7, point 4, heard the motion for revocation with subsidiary appeal and nullity of proceedings, filed by Mr. Nombre71629, against the agreement taken by that body in ordinary session number 50-2003, held on December 17, 2003, rejecting the revocation and the nullity of proceedings and summoned the parties before this Tribunal, in order to resolve the appeal. In recital VIII of that agreement, reference is made to ordinary minute No. 51-2003 of December 22, 2003 (folios 12 to 23).

II.- Firstly, it must be made clear that due to the disorganization of the file that was sent to this Tribunal and the errors made when transcribing the agreement numbers by the Secretariat of the Municipality of Osa, it has taken a long time to determine what the challenged act is, because this Office had to make requests several times to complete all the pertinent documentation that should have been in the submitted administrative file from the beginning. The foregoing is because the appeal was admitted against the agreement of the Municipal Council of Osa, taken in ordinary session number 50-2003, held on December 17, 2003. But from the documentation provided, it is shown that the minute of ordinary session number 50-2003, held by the Municipal Council of Osa, is dated December 10, 2003 and not December 17, and furthermore, there is no agreement referring to Mr. Nombre71629 in said minute. The only agreements that mention the appellant here are: a. that taken in ordinary session 51-2003, held on December 17, 2003, and ratified on January 7, 2004, chapter VI, which heard the report of the Maritime-Terrestrial Zone Commission, Minute 38-2003, which rules on official letter AAA-877-2003 sent by Deputy Procurator Mauricio Castro Lizano, regarding complaints filed by Mr. Nombre71631, about actions by the Mayor and the Maritime-Terrestrial Zone Commission of the Municipality of Osa, which are deemed contrary to the Plan Regulador of Playa Boca Coronado, specifically questioning the approval of concessions (concesiones) granted under its protection. The Procurator requests the councilors that if there are acts vitiated by absolute nullity, they proceed to remove them according to the procedure established by law. To this, the Municipal Council replies that comparing sheet number 20 of the land use and viability plan of the Non-Tourist Coastal Plan Regulador of Boca de Coronado, there is no divergence with the coordinates indicated by the boundary marking (amojonamiento) of the Instituto Geográfico Nacional, and the irregularities reported by Mr. Nombre71629 do not exist; and b. the agreement from ordinary minute number 51-2003 of December 22, 2003, article IV, which denied the land use permit (permiso de uso de suelo).

III.- There are, then, two minutes with identical numbers (51-2003) but different dates, and there is no coincidence with the resolution mentioned when the appeal was admitted. The confusion that has arisen over which agreement this Tribunal must hear on appeal, as an improper hierarch, is therefore evident. To elucidate the problem, the brief in which Mr. Nombre71629 filed the motions for revocation with appeal (folios 108 to 110) was consulted; there it was alleged that there was a violation of due process, because the challenged agreement was neither reasoned nor grounded, and he stated: “What remains to be seen is the fact of a petition that I requested so that I might be granted a use permit (permiso de uso) while through other avenues we determine the inconsistencies of the Council's assessments, since by their acts they resolve everything they are told without analyzing the content thereof, and what is more serious, allowing an advisory process that seems to be carried out in another country where ignorance prevails in the matter of the maritime-terrestrial zone (Ley 6043 in Costa Rica), (…) The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) itself and the Procuraduría General de la República have indicated the prevailing procedures regarding the LAND USE PERMIT (PERMISO DE USO DE SUELO) and that a PLAN REGULADOR does not need to exist for it (opinion C 100-95 and others), but said Municipality in its Communication Minute No. 40-0003 held on December 17, 2003 does not reason on what is called the Binding Nature of Acts. From the transcript of Minute No. 40 of the year 2003 of the Maritime-Terrestrial Zone, the lack of grounds is clearly seen since in the petition, the Municipality was shown not only the interest in said permit but also the prevailing jurisprudence on the matter, which constitutes ADMINISTRATIVE JURISPRUDENCE itself, but however, there is no grounding and consistency of which norm the resolution determined by the MUNICIPAL COUNCIL comes from, especially when the challenged article itself from the transcript of the reading of a supposed REPORT was cloned, like all the acts of said Commission, to a countless number of people related to the undersigned without reasoning that will be discussed before the Superior (…)” (folio 109). Also, in the agreement that admitted the appeal, it is stated that what is challenged is the resolution that rejected the request for a land use permit (permiso de uso de suelo) (folio 15). Therefore, it is concluded that what is challenged is the agreement indicated in point b.

IV- In a case similar to the present one, the Third Section of this Tribunal, in judgment No. 495-2006 of 10:40 a.m. on December 1, 2006, stated: III).-IMPORTANCE OF THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE (ZONA MARÍTIMO TERRESTRE): In accordance with the provisions of numeral 1 of Ley 6043, the maritime-terrestrial zone is the patrimony of the Nation and its protection is the responsibility of all public entities, whether state or non-state, and of all the inhabitants of the country. The use and exploitation of said zone is only possible in cases expressly provided for by said normative body. Now then, in accordance with the provisions of article 39 of the cited law, the concession (concesión) is the suitable instrument for the private exploitation of said public zone (articles 41 and 39 of the law). It is the responsibility of the respective municipality to ensure that the granting of concessions complies with the provisions of the law and its regulations, and from the harmonious integration of both normative bodies it follows that, to grant a concession in the maritime-terrestrial zone, there must be: a declaration of tourist or non-tourist aptitude (declaratoria de aptitud turística) by the Instituto Costarricense de Turismo or the Instituto de Desarrollo Agrario as applicable, boundary marking (amojonamiento) by the Instituto Geográfico Nacional, existence of a plan regulador, appraisal by the Dirección General de Tributación Directa, land inspection, publication of the edict, preliminary construction projects consulted with the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo and with the Instituto Costarricense de Turismo regarding building and urban development. Categorically, numeral 38 of the cited normative body states that "municipalities may not grant concessions in tourist zones, without the Instituto Costarricense de Turismo and the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo having approved or prepared the development plans for those zones.." Without a doubt, one of the essential functions of the plan regulador is to establish the different types of use in the coastal sector, with a view to the protection and sustainable development of that asset of the Nation. The issuance of a plan regulador entails the prior completion of various technical studies, including the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) (article 17 of the Organic Environmental Law - Ley Orgánica del Ambiente), which enhance the protection of said zone. For this reason, the plan regulador constitutes an ideal instrument for an orderly process of development and exploitation of the maritime-terrestrial zone. IV.-ON THE USE PERMIT (PERMISO DE USO) AND OCCUPATION OF THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE: This tribunal must point out that it is possible to grant use permits (permisos de uso) in the maritime-terrestrial zone, which grants the citizen a precarious right that can be revoked by the granting administration for reasons of opportunity and convenience (article 152 of the General Public Administration Law - Ley General de la Administración Pública). However, the use permit that may be granted does not equate to a right of occupation, under the terms regulated by the law so often cited, and the payment of a voluntary "fee" (canon) does not grant any right to the appellant over said zone. (…). V).-ON THE SPECIFIC CASE: In the case before us, the Municipality of Osa, in its capacity as administrator of the maritime-terrestrial zone, denied the use permit requested by the appellant, stating as the reason for such denial that the sector where the parcel of his interest is located lacks a plan regulador, that is, a suitable technical instrument on land use that enhances its protection. It was indicated above that the suitable means for private exploitation of the maritime-terrestrial zone is the concession (concesión), which can only be granted with the prior existence of a plan regulador, and the local government can validly reject the use permit sought by the appellant, given the lack of such an important technical instrument that enhances the sustained and orderly growth of said asset of the Nation. (…) The Tribunal considers that the lack of an adequate land-use planning instrument, in the sector where the parcel the appellant intends to exploit is located, is sufficient reason to deny the requested permit, for which reason the challenged act is in conformity with the current body of laws and has a valid reason (…)”

There is no legal reason to vary the foregoing criterion, which fully applies to the case of Mr. Nombre71629. The argument that the appellant, within the concession request he has made, was or was not authorized to carry out the boundary marking (amojonamiento) of the lot of his interest, lacks relevance, since it does not remove the obstacle of the non-existence of the plan regulador that was invoked as the basis of the challenged agreement. On the other hand, any concession request that Mr. Nombre71629 may have made is independent of the use permit (permiso de uso) heard here, and the mere authorization to carry out boundary marking, if it occurred, does not grant him any right. No concession proceeding that Mr. Nombre71629 has presented and that is being processed before the Municipality of Osa is the subject of appeal, so this Tribunal has nothing to say about its legality or compliance with legal requirements.

V.- Nor does the fact that the motion for revocation with subsidiary appeal filed was not resolved by the Council within the deadlines indicated in article 156 of the Municipal Code, as the appellant alleges, produce nullity of the challenged agreement, since according to the article of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública), the Administration always has the legal duty to resolve.

VI.- For the reasons indicated above, the challenged agreement is upheld, and since no further appeal lies against this Tribunal's decision, the administrative channel is considered exhausted.

THEREFORE:

The appealed agreement is upheld. The administrative channel is considered exhausted.-

Cristina Víquez Cerdas

Silvia Consuelo Fernández Brenes                        Sady Jiménez Quesada

File No. 05-000030-161-CA

Municipal appeal

Nombre71629   vs./ Municipality of Osa