Res. 00175-2011 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI — Annulment of land titling for constituting State Natural HeritageNulidad de titulación de terreno por constituir Patrimonio Natural del Estado

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI

Resolución Nº 00175 - 2011

Fecha de la Resolución: 18 de Agosto del 2011 a las 11:20

Expediente: 08-000721-1027-CA

Redactado por: Otto González Vilchez

Clase de asunto: Proceso de conocimiento preferente

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Dominio público
Subtemas:
Nulidad de acto administrativo mediante el cual se titula inmueble que constituye patrimonio natural del Estado.
Temas (descriptores): Bien demanial
Subtemas:
Nulidad de acto administrativo mediante el cual se titula inmueble que constituye patrimonio natural del Estado.
Temas (descriptores): Instituto de Desarrollo Rural
Subtemas:
Efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad del reglamento para la titulación de tierra en reservas nacionales.
Temas (descriptores): Medio ambiente
Subtemas:
Deber constitucional y legal del Estado de garantizar, defender y preservar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Temas (descriptores): Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
Subtemas:
Deber constitucional y legal del Estado de garantizarlo, defenderlo y preservarlo.
Temas (descriptores): Patrimonio natural
Subtemas:
Deber constitucional y legal del Estado de garantizar, defender y preservar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
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Texto de la resolución

 

 

Tribunal Contencioso Administrativo,

II Circuito Judicial de San José, Dirección04 

 

Central 2545-00-03                                                 Fax 2545-00-33

                             

Correo Electrónico ...01

______________________________________________________________________________

 

 

 

Expediente: 08- 000721 -1027-CA

Proceso de Trámite Preferente

Actor: Contraloría General de la República /coadyuvante activo El Estado  

Demandado: Instituto de Desarrollo Agrario y otro

Reconventor: Nombre143132 

Reconvenido: El Estado/coadyuvante pasivo Contraloría General de la República

 

 

Nº  175 -20 11-VI

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEXTA. II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Dirección144 . Goicoechea, a las once horas con veinte minutos del dieciocho de agosto del dos mil once.

 

Proceso de conocimiento declarado de trámite preferente interpuesto por la Contraloría General de la República, representada por su Gerente Asociada y Fiscalizador, respectivamente, Nombre603   , mayor, casada, abogada, portadora de la cédula de identidad número CED414   y vecina de San Francisco de Heredia e Nombre13586  , mayor, casado, abogado, portador de la cédula de identidad número CED112399     y vecino de Ciudad Colón contra el Instituto de Desarrollo Agrario, representado por su apoderada general judicial, Carmelina Vargas Hidalgo, mayor, divorciada, portadora de la cédula de identidad número CED30988       y vecina de Guachipelín de Escazú y Nombre143132  , mayor, casado, agricultor, portador de la cédula de identidad número CED112400     y vecino de Dirección17380    . Asimismo, dentro de este mismo proceso el señor Nombre143132  , de calidades indicadas, presentó contrademanda contra El Estado, representado por el Procurador Agrario, Víctor Bulgarelli Céspedes, mayor, casado, abogado, portador de la cédula de identidad número CED431   y vecino de Heredia. Se indica que el proceso principal, El Estado, actúa como coadyuvante activo de la parte actora, Contraloría General de la República , así como en la reconvención el órgano contralor se desempeña como coadyuvante pasivo del Estado.

 

R ESULTANDO

1- La Contraloría General de la República interpone la demanda principal que ha dado origen al presente proceso, contra el Instituto de Desarrollo Agrario y el señor Nombre143132  , con la finalidad que se declare en sentencia, las siguientes pretensiones indicadas en el escrito de demanda: "1) Que se anule el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, contenido en el Artículo 31 de la Sesión número 005-05 de fecha 7 de febrero de 2005, únicamente, en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor del señor Nombre143132  , descrita en el plano catastrado número Placa22737; 2) Que se anule la escritura pública número 145, otorgada ante la Notaria Pública Ana Isabel Sibaja Rojas, a las 8 horas del 18 de febrero del 2005, que formalizó y protocolizó la titulación emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario; 3) Que se anule el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo el sistema de Folio Real matrícula número Placa28209 (finca titulada), emitido por el Registro Nacional ; 4) Que se declare que la finca inscrita bajo el sistema de Folio Real matrícula número Placa28209 (finca titulada), fue inscrita ilegalmente a favor del señor Nombre143132  ; 5) Que se declare la finca inscrita bajo el sistema de Folio Real matrícula número Placa28209 (finca titulada), Patrimonio Natural del Estado y su traslado al Ministerio del Ambiente y Energía, debiéndose ordenar a la Notaría del Estado confeccionar la escritura de traspaso de dicha finca a favor del Estado, así como tramitar su inscripción en el Registro Público con el respectivo cambio en su naturaleza ; 6) Que se ponga en posesión de esa finca al Ministerio del Ambiente y Energía, y se ordene el desalojo del señor Nombre143132  ; 7) Que se condene a los demandados al pago de ambas costas procesales y personales de la presente demanda . ". Asimismo, en el escrito de la demanda principal, el órgano contralor demandante, solicitó las siguientes medidas cautelares: "1 INMOVILIZACIÓN REGISTRAL de la finca inscrita bajo el sistema de Folio Real con matrícula número Placa28209, (finca titulada) propiedad del señor Nombre143132   y en caso de no lograrse la inmovilización, subsidiaramente, se solicita anotar la demanda en la inscripción de esa finca. (...) 2 ABSTENCIÓN DE CONDUCTAS (POR ACCIÓN U OMISIÓN) del señor Nombre143132   para prevenir y evitar el menoscabo del Patrimonio Natural del Estado."

 

2- Por resolución número 637-2008 de las catorce horas con treinta minutos del tres de setiembre del dos mil ocho, el Juez Tramitador resolvió como medida cautelar provisionalísima, lo siguiente: "1) Anotar registralmente a la propiedad Placa28210, la interposición de la respectiva demanda. 2) Prevenir al señor Nombre143132  , cédula CED112401, que deberá abstenerse de cualquier tipo de conducta, tanto por acción como por omisión, que atente contra los recursos naturales existentes en la propiedad folio real Placa28209, que es el inmueble objeto del proceso, advirtiéndole que en caso de desobedecer esta orden judicial estaría incurriendo en acciones, las cuales eventualmente podrían imputársele como alguno de los delitos tipificados en nuestro ordenamiento penal."

 

3- Por escrito recibido en este despacho el 16 de octubre del 2008, el Instituto de Desarrollo Agrario contestó en tiempo y forma la demanda, solicitando que la misma sea declarada sin lugar en todos sus extremos. Asimismo, interpuso la excepción de incompetencia por razón de la materia.

 

4- Por escrito recibido en este despacho el 16 de octubre del 2008, el señor Nombre143132  , contestó en tiempo y forma la demanda, solicitando que la misma sea declarada sin lugar en todos sus extremos. Asimismo, interpuso la excepción previa de prescripción, así como las excepciones de fondo de falta de legitimación activa y pasiva y falta de derecho. Además, en ese mismo escrito el señor Nombre143132  presentó reconvención contra el Estado, indicando las siguientes pretensiones: "1- Se acoja la presente contrademanda en todos sus extremos solicitados;  2- Se declare que las mejoras realizadas en la propiedad descrita en el hecho primero de esta contrademanda fueron hechas por el señor Nombre143132, las cuales fueron hechas de buena fe y con su único esfuerzo, o bien que se ordene en sentencia que el Estado deberá pagar lo correspondiente por los daños y perjuicios ocasionados a don Nombre143132; 3- Que dicho pago será de acuerdo al valor que dictamine el perito o peritos nombrados al efecto.- Ya que los árboles existentes fueron cuidados y asistidos por don Nombre143132; 4- Que dichas mejoras consisten en: asistencia de la finca, limpieza de carriles, que se hace cada dos meses durante todos estos años, así como la siembra de árboles que hoy dia están en la propiedad, los cuales deberán ser valorados al tiempo de producción y conforme al precio de la madera en el mercado para cuando está estuviera lista para salir al mercado tal y como tengo planeado hacerlo, todo lo cual deberá ser valorado por el respectivo perito solicitado por en este mismo acto; 5- Se condene al Estado al pago de ambas costas de esta acción de contrademanda; 6- Que se condene al Estado reconvenido al pago de daños y perjuicios, los cuales describo de la siguiente forma: A- Daño Económico: Solicito que se incluya como partida el económico sufrido que consiste en la pérdida de la finca, la invensión de mantenimiento dado a la finca durante más de 28 años; B- Daño Moral: Logicamente esta demanda le ha causado grave perjuicio a mi representado, por lo que está pasando por una angustia, hay que recordar que es persona mayor de edad, de 75 años para ser exactos y tiene varios problemas de salud, lo cual con esta demanda tan terrible que se le ha establecido le ha traído desvelo y confusión emocional, todo lo cual trae como consecuencia una cadena explosiva de males en la salud de mi representado ya que antes de toda esta demanda, el se consideraba como dueño y poseedor legítimo en su propiedad, y porque durante tantos años, el Estado nunca realizó gestión alguna para recuperar este terreno; C- Perjuicios: Los considero como el producto de las mejoras introducidas, así como el precio pagado por esta porción de tierra de la cual hoy se le está solicitando despojar e incluso se pide el desalojo del señor Nombre143132, sin importar su edad, la inseguridad hoy día por ser tan mayor de edad en conseguir un trabajo, que los mejores años de su vida, se los pasó cuidando un bien que creyó era suyo y de pronto se ve envuelto en toda esta demanda que le hace perder toda seguridad jurídica, que había obtenido de una institución que nació con fines de proteger al agricultor, cual es el caso del IDA, y de eso al resultado que está obteniendo hoy es un golpe muy fuerte para un campesino como don Nombre143132.- Perjuicios que deberán ser fijados también conforme al peritaje respectivo y necesario."

 

5- Por resolución número 919-2008 de las trece horas con diez minutos del veintiocho de octubre del dos mil ocho, el Juez Tramitador confirmó las medidas cautelares tomadas de manera provisional en la resolución número 637-2008, manteniéndose tanto la anotación registral de la demanda, como la prohibición de atentar contra los recursos naturales.

 

6- Por resolución número 470-2009 dictada a las diez horas diez minutos del doce de marzo del dos mil nueve, el Juez Tramitador rechazó la excepción de incompetencia por razón de la materia, interpuesta por el Instituto de Desarrollo Agrario.

 

7- Por auto dictado a las catorce horas y doce minutos del doce de marzo del dos mil nueve, el Juez Tramitador, remitió esta asunto a la Sección Sexta de este Tribunal, a efecto de que determinara si le daba el trámite preferente regulado en el numeral 60 del Código Contencioso Administrativo.

 

8- Por resolución número 000627-C-S1-2009 dictada a las diez horas con cincuenta minutos del veinticinco de junio del dos mil nueve, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, declaró que este proceso es de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa.

 

9- Este proceso fue declarado de trámite preferente mediante resolución dictada por este Tribunal a las ocho horas con treinta minutos del veintinueve de octubre del dos mil nueve.

 

10- Por escrito presentado ante este despacho el 9 de noviembre del 2009, la Contraloría General de la República contestó en tiempo y forma la reconvención interpuesta en su contra, solicitando que ésta sea rechazada en todos sus extremos. Asimismo, interpuso la defensa de defectos que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo, la excepción de falta de legitimación pasiva del órgano contralor para ser demandado y falta de derecho.

 

11- Por resolución número 307-2010 dictada a las once horas con cuarenta y cinco minutos del dos de febrero del dos mil diez, este Tribunal resolvió lo siguiente: "Se tiene por integrada la litis consorcio pasiva, y como consecuencia de ello, se tiene como codemandados dentro de la contrademanda presentada por Nombre143132   al Estado y al Instituto de Desarrollo Agrario conjuntamente con la Contraloría General de la República. Se ordena dar traslado al Estado y al Instituto de Desarrollo Agrario de la contrademanda en los términos consignados en el considerando III de este asunto. Consérvense las actuaciones procesales indicadas en el considerando IV de esta sentencia."

 

12- Por escrito presentado ante este despacho el 14 de abril del 2010, el Estado contestó en tiempo y forma la reconvención interpuesta en su contra solicitando que ésta sea declarada sin lugar en todos sus extremos. Asimismo, interpuso las excepciones de falta de legitimación ad causam pasiva y falta de derecho, así como se condene al reconventor al pago de ambas costas de esa acción.

 

13- Por resolución número 430-2010 dictada a las trece horas con treinta minutos del treinta de agosto del dos mil nueve, el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, resolvió los recursos de apelación presentados por el Estado y el Instituto de Desarrollo Agrario contra la resolución número 307-2010 dictada por la Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo, de la siguiente manera: "Se revoca la resolución apelada, Nº 307-2010 de las once horas cuarenta y cinco minutos del dos de febrero del dos mil diez, en cuanto dispuso integrar al Estado y al Instituto de Desarrollo Agrario, como litis consortes pasivos necesarios, de la contrademanda interpuesta por Nombre143132  .- Se ordena la intervención de la Procuraduría General de la República en este asunto, en lo términos de los artículos 1, 3 inciso a) de la Ley Orgánica de esa Procuraduría y 16 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en lo que se refiere a la tramitación de la reconvención.-"

 

14- De conformidad con los artículos 60 inciso 3) y 70 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, este Tribunal convocó a una única audiencia que se celebró el 23 de noviembre del 2010, en la cual se resolvieron los siguientes aspectos relevantes: 1- Se mantuvieron vigentes las medidas cautelares (resoluciones 637-2008 y 919-2008); 2- Se mantuvo lo resuelto respecto a la excepción de incompetencia por razón de la materia, en primera instancia por resolución número 470-2009 y confirmada por resolución de la Sala Primera número 627-C-S1-2009; 3- Se resolvieron las coadyuvancias de la siguiente forma: Demanda principal: El Estado es coadyuvante activo de la CGR. Contrademanda: La CGR es coadyuvante pasiva con el Estado; 4- Se resolvió que el expediente administrativo presentado por el IDA es válido; 5- Se determinó que la excepción de prescripción interpuesta por Nombre143132  , se resolvería en la sentencia. Se rechazó la excepción previa de defectos formales en el escrito de la contrademanda que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo; 6- Se ajustaron las pretensiones de la demanda principal de la siguiente manera: "1) Que se anule el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, contenido en el Artículo 31 de la Sesión número 005-05 de fecha 7 de febrero de 2005, únicamente, en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor del señor Nombre143132  , descrita en el plano catastrado número Placa22737; 2) Que se anule la escritura pública número 145, otorgada ante la Notaria Pública Ana Isabel Sibaja Rojas, a las 8 horas del 18 de febrero del 2005, que formalizó y protocolizó la titulación emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario; 3) Que se anule el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo el sistema de Folio Real matrícula número Placa28209 (finca titulada), emitido por el Registro Nacional ; 4) Que la finca inscrita a Folio Real matrícula número Placa28209 fue inscrita técnica y jurídicamente de forma indebida a favor del señor Nombre143132  ; 5) Que se ordene a la Procuraduría General de la República, por medio de la Notaría del Estado, que confeccione escritura donde protocolice, en lo conducente, las piezas de la sentencia a efectos de que se proceda al cambio de naturaleza e inscripción de la finca descrita en el plano catastrado L-908302-2004 a nombre del Estado en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. Asimismo, deben el MINAET y el SINAC, confeccionar los rótulos necesarios que permitan identificar el inmueble como Patrimonio Natural del Estado con las medidas, colores, material y demás características técnicas que le determine el MINAET. Esos rótulos deberán consignar la leyenda de que esa finca es propiedad del Estado y constituye Patrimonio Natural del Estado; 6) Que se ponga en posesión de esa finca al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), y se ordene el desalojo del señor Nombre143132  ; 7) Que se condene al IDA, en abstracto, al pago de daños y perjuicios ocasionados; 8) Que se condene al IDA al pago de ambas costas procesales y personales de la presente demanda; 9) Que de conformidad con el artículo 200 de la Ley General de la Administración Pública, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declare si la invalidez del acto administrativo emitido por el IDA, contenido en el Artículo 31 de la Sesión número 05-05 de fecha 7 de febrero de 2005, únicamente, en lo que se refiere a la títulación de una finca a favor del señor Nombre143132  Nombre143132, es manifiesta o no y de serlo se proceda con lo establecido en el inciso 2 del citado artículo; 10) Que se ordene al Archivo Nacional anotar marginalmente las anulaciones de los instrumentos notariales referidos, a saber, escritura pública número 145 otorgada por la Notaría Pública Ana Isabel Sibaja Rojas en la matriz del protocolo respectivo"; 7- Se mantuvieron las pretensiones de la contrademanda, únicamente, ajustandose las mismas, en lo siguiente: La pretensión principal es que se declare que Nombre143132   es el único poseedor, público y pacífico de la finca en cuestión, por el plazo superior a los diez años. Como pretensión subsidiaria, que se declaren a favor de Nombre143132   el pago de daños y perjuicios liquidados anteriormente."; 8- Se aceptó la prueba pericial solicitada por el señor Nombre143132  . Por ello, la audiencia única se suspendió, para continuarla después de rendido el informe pericial.

 

15- El 28 de julio del 2011, se continuó con la audiencia única, resolviéndose los siguientes aspectos: 1- Se ratificó por las partes, todo lo resuelto en la audiencia única efectuada el 23 de noviembre del 2010; 2- Se aceptó por parte del Tribunal el informe pericial; 3- Se evacuó la prueba testimonial y pericial; 4-  L as partes procedieron a dar sus conclusiones de manera oral, ante los miembros que integran esta Sección de este tribunal. Asimismo, al finalizar las conclusiones brindadas por ambas partes en la audiencia señalada, este Tribunal declaró este proceso como un asunto complejo, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 111 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo, en relación al numeral 82, inciso 1), del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda.

 

16 - El expediente del presente asunto fue remitido al juez ponente, a partir del día siguiente a la celebración de la audiencia única el 29 de julio del 2011 . En los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas o que generen indefensión, por lo de conformidad con los artículos 111 del citado Código Procesal en relación con los numerales 79 y 82 de su Reglamento, previa deliberación, se procede con el dictado, redacción y comunicación de la presente sentencia dentro del término de ley. Se dicta esta sentencia con redacción del Juez ponente González Vílchez y el voto afirmativo de las juezas Álvarez Molina y Abarca Gómez , respecto de la demanda principal, y voto de mayoría en lo que respecta a la contrademanda, en cuya resolución la jueza Abarca Gómez salva el voto.

 

CONSIDERANDO

I- HECHOS PROBADOS : De relevancia para efectos del presente proceso, se tienen por acreditados los siguientes: 1 ) Que por Decreto Ejecutivo número 11363-A, dictado el 24 de marzo de 1980, y Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 74 del 18 de abril de 1980, se traspasó de forma gratuita al Instituto de Tierras y Colonización (actual IDA), un área de 160.000 hectáreas para crear el programa de titulación denominado "Limón 034" (ver Decreto Ejecutivo visible a folios del 1 al 6 del legajo de pruebas aportado por la Contraloría General de la República, e inexistencia de controversia de las partes en cuanto a este punto); 2) Que el terreno traspasado al Instituto de Tierras y Colonización (actual IDA), indicado en el hecho probado anterior, se inscribió en el Registro Nacional a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, bajo la matrícula Placa8159 (finca madre) (ver certificación que consta a folio 8 del legajo de pruebas aportado por la Contraloría General de la Republica); 3) En febrero del 2004, el codemandado Nombre143132  , presentó ante el Instituto de Desarrollo Agrario una solicitud para tramitar una titulación de tierras amparado a los artículos 10 y 11 del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales y la Ley de Tierras y Colonización número 2825, requiriendo el otorgamiento de escritura pública del terreno ubicado en Punta de Lanza del distrito primero, cantón quinto de la provincia de Limón, con una medida de 45 hectáreas, 7113.47 metros cuadrados, que corresponde con el plano catastrado número L-908302-2004. Este terreno forma parte del Proyecto Limón 034, con el número de parcela 330-1000 (ver folios 1, 2, 3 y 6 del expediente administrativo aportado por el IDA y 14 del legajo de pruebas aportado por la Contraloría General de la República); 4) Que según Carta de Venta suscrita ante el abogado Ricardo Moyano Sanclemente el 13 de noviembre 1978, el señor Nombre143133   le vendió un derecho de posesión al codemandado Nombre143132  , de una finca situada en San Miguel de Batáan con una medida aproximada de 60 hectáreas (ver folio 12 del expediente administrativo aportado por el IDA); 5) Que de conformidad con la Declaración Jurada que consta en la Escritura Pública número Ciento Treinta y Nueve, dada ante el Notario Público Héctor Chaves Sandoval el 23 de febrero del 2004, el codemandado Nombre143132  , indicó que ha ejercido actos de posesión en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpidamente y a título de dueño por más de 25 años sobre el terreno que consta en la plano catastrado número 908302-2004 (ver folio 7 del expediete administrativo aportado por el IDA); 6) Que en el plano catastrado número Placa22737 del 13 de febrero del 2004, se puede apreciar que ese terreno se encuentra situado dentro de la finca madre matrícula Placa8159, así como que parte de éste se describe de potrero con montaña (ver folio 13 del expediente administrativo aportado por el IDA y folio 18 del legajo de pruebas aportado por la Contraloría General de la República); 7) Que de conformidad con la certificación número SINAC-DS-OFAU-C-1228-2004, emitida por Nombre112425   de la Oficina de Atención al Usuario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía el 29 de marzo del 2004, se indicó en lo pertinente para el dictado de esta sentencia, textualmente, lo siguiente: "Efectuado el estudio en las hojas cartográficas respectivas del mapa básico de Costa Rica escala 1:50.000, se ha determinado con base en la ubicación consignada en el plano catastrado número Placa28211 a nombre de I.D.A. poseedor Nombre143132  , que este describe un inmueble que se ubica FUERA DE CUALQUIER AREA SILVESTRE PROTEGIDA SEA CUAL SEA SU CATEGORIA DE MANEJO ADMINISTRADA POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA. SIN EMBARGO CONSTITUYE PARCIALMENTE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO SEGUN ARTICULOS 13, 14 Y 15 DE LA LEY FORESTAL Placa12929 16 DE ABRIL DE 1996" (ver folio 5 del expediente administrativo aportado por el IDA y 16 del legajo de pruebas aportado por la Contraloría General de la República); 8) Por oficio número STA-010-2005 del 26 de enero del 2005, el señor Nombre3423  , Supervisor Programa Ord. Agrario, Coordinador Programas de Titulación y Compensación Social, y el Ingeniero Juan Carlos Solórzano Morales, Jefe del Departamento Ord. Agrario del Instituto de Desarrollo Agrario y dirigido a la Junta Directiva de esa misma institución, se solicitó la autorización de la Junta Directiva del IDA de segregar y traspasar 11 lotes y parcelas del Proyecto Limón 034 (Dirección5349 ),  para que se extendieran los correspondientes títulos supletorios de dominio, entre los que se encontraba el terreno a nombre del codemandado Nombre143132   y que correspondía con el plano catastrado número Placa22737, esto debido a que se cumplieron con las políticas institucionales, la recomendación de la oficina regional de Bataan según oficio ORS-1074-2004, el visto bueno de la Dirección Regional Huetar Atlántica, revisión de los requisitos exigidos para el trámite de titulación por parte del Coordinador Agrario Regional, el Acuerdo de la Junta Directiva, Artículo XXI, Sesión 065-00 del 11 de setiembre del 2000 y la normativa al respecto, así como con el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 173 del 10 de setiembre del 2002, quedando las parcelas y lotes bajo las condiciones y restricciones del artículo XVIII de dicho reglamento (ver folios del 20 al 23 del legajo de pruebas aportado por la Contraloría General de la República); 9) Que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en su Artículo 31 de la Sesión 005-05 del 7 de febrero del 2005, aprobó segregar y traspasar 11 lotes y parcelas del Proyecto Limón 034 (Dirección5349 ),  para que se extendieran los correspondientes títulos supletorios de dominio, entre los que se encontraba el terreno a nombre del codemandado Nombre143132   y que correspondía con el plano catastrado número L-908302-2004, según solicitud presentada por el coordinador de Programas de Titulación mediante oficio número STA-010. En esa misma sesión de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, se autorizó a los señores Walter Céspedes Salazar, Presidente Ejecutivo, como al Ingeniero Nombre60401   , Gerente General, para que comparezcan en su momento ante el notario asignado, Ana Isabel Sibaja Rojas, para el otorgamiento de las respectivas escrituras de traspaso (ver folios del 25 al 28 del legajo de pruebas aportado por la Contraloría General de la República); 10) Que mediante Escritura Pública Número Ciento Cuarenta y Cinco, otorgada ante la Notaria Pública Ana Isabel Sibaja Rojas, con la comparecencia del señor Nombre60401   , como Gerente General del Instituto de Desarrollo Agrario, suscrita el 18 de febrero del 2005,  se segregaron y adjudicaron lotes del Dirección17381  , de la propiedad matrícula número Placa8165, entre ellos se encontraba el terreno adjudicado al codemandado Nombre143132   y que correspondía al plano catastrado número Placa22737 (ver escritura a folios del 31 al 36 del legajo de pruebas aportado por la Contraloría General de la República); 11) Que el terreno adjudicado al codemandado Nombre143132  , correspondiente al plano catastrado número Placa22737, fue inscrito en el Registro Nacional bajo la matrícula número Placa28212, a nombre del indicado coaccionado (ver folios 38 y 39 del legajo de pruebas aportado por la Contraloría General de la República); 12) Que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, aprobó en su artículo segundo, de la sesión cero cincuenta y cinco -cero dos, celebrada el doce de agosto del dos mil dos, el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Naturales, el cual fue publicado en La Gaceta número 173 del diez de setiembre del dos mil dos (ver reglamento a folios del 10 al 12 del legajo de pruebas aportado por la Contraloría General de la República); 13) Que por resolución dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto número 02063-07, de las catorce horas con cuarenta minutos del catorce de febrero del dos mil siete, se anuló por inconstitucional el Reglamento para la Titulación en Reservas Nacionales, aprobado por acuerdo de Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en sesión 055-02 del doce de agosto del dos mil dos, y publicado en La Gaceta  173, del diez setiembre del dos mil dos (ver sentencia a folios del 41 al 57 del legajo de pruebas aportado por la Contraloría General de la República); 14) Que el Decreto Ejecutivo número 11363-A, dictado el 24 de marzo de 1980, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 74 del 18 de abril de 1980, fue derogado mediante Decreto Ejecutivo número 34415-MAG, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 70 del jueves 10 de abril del 2008, el cual dispuso en su artículo 2º, textualmente en lo pertinente,  lo siguiente: "Se autoriza al Instituto de Desarrollo Agrario para que mediante exorto proceda a cancelar la inscripción en el Registro Público de las fincas: a) Partido de Limón, Folio Real 26.501-000 (...)" (ver Decreto a folios 59 del legajo de pruebas aportasdo por la Contraloría General de la República); 15) Que al momento que el Instituto de Desarrollo Agrario título el inmueble objeto de este proceso, a favor del codemandado Nombre143132  , no se contó con el estudio de capacidad de uso del suelo, requerido por el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y los numerales 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento a dicha Ley (ver expediente administrativo aportado por el IDA del caso de Nombre143132  , donde no consta ningún estudio de capacidad de uso del suelo. Asimismo, ver escrito de contestación de la demanda del Instituto de Desarrollo Agrario a folios del 84 al 104 del expediente judicial, donde se indica que no se aportó dicho estudio de capacidad de uso de suelo en el caso del codemandado Nombre143132 ); 16) Que en el reconocimiento judicial realizado por este órgano jurisdiccional, a partir de las once horas con diez minutos del veintidós de enero del dos mil diez,  en el inmueble objeto de este proceso, este órgano jurisdiccional pudo apreciar los siguientes aspectos relevantes: a. El acceso a la propiedad es difícil. No puede hacerse directamente por automóvil, sino que hay que hacerlo a pie por medio de un camino en muy malas condiciones, con piedras y con pendiente; b. Se apreciaron bastantes zonas con bosques a lo largo de diferentes áreas del inmueble, que se mezclan con potreros en estado de abandono; c. La propiedad tiene pendiente tanto a su ingreso, como dentro de la misma propiedad. A lo interno del inmueble el terreno es bastante irregular; d. El potrero se encuentra en estado de abandono, el cual se mezcla con el bosque. Incluso partes del bosque son bastante montañosas; e. La propiedad se encuentra cercada con alambre de puás, en ciertas zonas en mal estado y en otras en regulares condiciones. Las cercas están montadas en postes muertos y vivos; f. Existe una quebrada con agua limpia, un pequeño establo en estado de abandono, una casa de madera y zinc en muy mal estado en general, que no se encuentra ocupada y carece da luz eléctrica y agua; g. Las zonas de potreros tienen zacate pero bastante enmontado y en visible estado de abandono; h. No se apreció actividad agrícola ni ganadera (ver reconocimiento judicial que se encuentra grabado en formato digital y que se ubica en el expediente judicial); 17) Que mediante oficio número DEGEO-107-09 del 18 de agosto de 2009, elaborado por el Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el cual se realizó un estudio para verificar el uso del suelo en fotográfias aéreas de inmueble ubicado en (Punta de Lanza), Matina, Limón, objeto de este proceso y que se encuentra bajo el plano catastrado número L-908302-2004, se determinó en lo que interesa para el dictado de la presente resolución lo siguiente: "4. CONCLUSIONES La revisión de fotografías de 1960, 1985 y 1998 en relación con el uso del suelo y la ubicación aproximada del inmueble del plano catastrado L-908302-2004, ha generado las siguientes conclusiones: El uso del suelo del inmueble en el plano catastrado L-908302-2004 ha variado a través del tiempo, así, en 1960 el inmueble estaba totalmente cubierto de bosque, mientras que para 1985, un sector al norte de la propiedad se destino a áreas de pastos. También se constató para ese año la existencia de dos caminos; uno que transcurre a semejanza del límite sur de la finca y otro que la penetra formando un límite entre el bosque y los pastos de la propiedad. El último período, correspondiente a 1998, describe una regeneración parcial del bosque en el sector norte ya mencionado, por ende, todavía se perciben algunas áreas de pastos en ese punto. Debido a que no existen fotografías aéreas más recientes en poder del IGN, se desconoce si en la actualidad la finca dispone de áreas de "potrero" y la "servidumbre de paso" tal y como se describen en el plano." (ver folios del 206 al 311 del expediente judicial); 18) Que mediante oficio DST-023-10 del 27 de enero de 2010, emitido por el Ing. Agr. Renato Jiménez Zuñiga, Jefe del Departamento de Servicios Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), se remitió a la Contraloría General de la República, un Certificado de Uso Conforme del Suelo, realizado en el inmueble objeto de este proceso, en el cual se dividió y analizó el uso del suelo en la propiedad titulada a nombre del codemandado Nombre143132 , de la siguiente manera: Sector A: Potreros y charrales 5.797 hectáreas (12.7%);  Sector B: Bosque de regeneración natural 18.64 hectáreas (41%); Sector C: Potreros en abandono y bosque de regeneración 21.275 hectáreas (46.3%). Asimismo, se indicó textualmente, en lo que interesa para el dictado de esta resolución, lo siguiente: "De conformidad con el artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Nº 7779 del 30 de abril de 1998 y con base en una visita de campo, esta instancia certifica que en la finca SE HA EJERCIDO con el uso conforme del suelo para la actividad que se realiza de acuerdo con la metodología aprobada. Observaciones: El inmueble se encuentra constituido de suelos que se clasificaron como Typic Hapludults, en el cual no se realizan actividades agrarias productivas, ya que los escasas áreas (sic) de potrero que aún persiste, fueron abandonadas y se aprecia que no hay sermovientes en esta finca desde hace un considerable período de tiempo, ya que las cercas están en muy mal estado. Recomendaciones: Mantener el uso actual del inmueble, de manera que los procesos de regeneración natural del bosque se consoliden, ya que la alta compactación del suelo, debida al pastoreo anterior al uso actual, provocó efectos degradativos sobre la distribución del espacioporoso del suelo, por lo que en las áreas de potreros abandonados, aún se observan problemas de episaturación del agua de la lluvia, en el horizonte superficial del suelo, evidenciamos en la descripción de colores de suelo relacionados con reducción de hierro y manganeso, por saturación de agua." (ver certificación a folios del 581 al 585 del expediente judicial).

 

II- HECHO NO PROBADO : Determinante para la resolución del presente proceso, se tiene por indemostrado el siguiente : 1 ) Que el codemandado Nombre143132  , haya actuado de mala fe al momento de solicitar la titulación del inmueble objeto de este proceso y en su posterior titulación (los autos).

 

III- SOBRE EL OBJETO DE ESTE PROCESO DE CONOCIMIENTO DE TRÁMITE PREFERENTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LA RECONVENCIÓN: A- ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA EN EL PROCESO PRINCIPAL: La Contraloría General de la República, pretende la nulidad del acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, contenido en el Artículo 31 de la Sesión número 005-05 de fecha 7 de febrero de 2005, únicamente, en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor del codemandado Nombre143132  , descrita en el plano catastrado número Placa22737. También solicita que s e anule la escritura pública número 145, otorgada ante la Notaria Pública Ana Isabel Sibaja Rojas, a las 8 horas del 18 de febrero del 2005, que formalizó y protocolizó la titulación emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario a favor del codemandado Nombre143132 , se anule el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo el sistema de Folio Real matrícula número Placa28209 (finca titulada), emitido por el Registro Nacional , que se declare que la finca inscrita a Folio Real matrícula número Placa28209 fue inscrita técnica y jurídicamente de forma indebida a favor del señor Nombre143132  . Asimismo, solicita el órgano contralor que se ordene a la Procuraduría General de la República, por medio de la Notaría del Estado, que confeccione escritura donde protocolice, en lo conducente, las piezas de la sentencia a efectos de que se proceda al cambio de naturaleza e inscripción de la finca descrita en el plano catastrado L-908302-2004 a nombre del Estado en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. Además requiere la Contraloría General de la República, que el MINAET y el SINAC, deben confeccionar los rótulos necesarios que permitan identificar el inmueble como Patrimonio Natural del Estado con las medidas, colores, material y demás características técnicas que le determine el MINAET. Esos rótulos deberán consignar la leyenda de que esa finca es propiedad del Estado y constituye Patrimonio Natural del Estado. También, solicita el órgano contralor que se ponga en posesión de esa finca al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), y se ordene el desalojo del señor Nombre143132  , así como se condene al IDA, en abstracto, al pago de daños y perjuicios ocasionados. En este mismo sentido pretende la Contraloría General de la República que se condene al IDA al pago de ambas costas procesales y personales de la presente demanda, así como de conformidad con el artículo 200 de la Ley General de la Administración Pública, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declare si la invalidez del acto administrativo emitido por el IDA, contenido en el Artículo 31 de la Sesión número 05-05 de fecha 7 de febrero de 2005, únicamente, en lo que se refiere a la títulación de una finca a favor del señor Nombre143132  , es manifiesta o no y de serlo se proceda con lo establecido en el inciso 2 del citado artículo. Por último, el órgano contralor pretende que se ordene al Archivo Nacional anotar marginalmente las anulaciones de los instrumentos notariales referidos, a saber, escritura pública número 145 otorgada por la Notaría Pública Ana Isabel Sibaja Rojas en la matriz del protocolo respectivo. La Contraloría General de la República, como actor de la demanda principal, fundamenta las pretensiones indicadas anteriormente en los siguientes puntos: 1. La Sala Constitucional anuló por inconstitucional, el Reglamento para la Titulación en Reservas Nacionales, por lo que de forma conexa todos los actos administrativos que se emitieron con base en esa normativa reglamentaria devienen en nulos, como el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (en adelante IDA), en el cual se le tituló al codemandado Nombre143132  un inmueble ubicado en el distrito y cantón de Matina de la Provincia de Limón, bajo el plano catastrado número L-903302-2004, así como los actos que son consecuencia de éste, como la escritura pública de traspaso de la propiedad y el respectivo asiento registral; 2. La propiedad que le fue titulada por el IDA al codemandado Nombre143132 , está constituida por bosques que son patrimonio natural del Estado, por lo que ese inmueble es de dominio público o demanial, que en consecuencia, es inembargable, imprescriptible, inalienable, por lo que el IDA no podía otorgar títulos de propiedad en un bien de esta naturaleza. Por ello pide que se declare Patrimonio Natural del Estado y se traslade su posesión, así como su propiedad, al Estado, específicamente al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) ; 3. La Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, obliga al IDA a realizar de forma previa a otorgar una titulación, contar con el estudio de capacidad de uso de suelo, requisito que de forma ilegal no cumplió el IDA, al momento de titular la propiedad objeto de este proceso a favor del codemandado Nombre143132 . Además, de que el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, le imposibilitaba al IDA titular tierras que no clasifiquen para fines agrarios; 4. Asimismo alega el órgano contralor, que el Decreto Ejecutivo número 11363-A, dictado el 24 de marzo de 1980, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 74 del 18 de abril de 1980, mediante el cual se traspasó de forma gratuita al Instituto de Tierras y Colonización (actual IDA), una serie de terrenos con los cuales dicha institución desarrolló el programa de títulación por medio del cual se le tituló al codemandado Nombre143132  , fue derogado por medio del Decreto Ejecutivo número 34415-MAG, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 70 del jueves 10 de abril del 2008, el cual dispuso en su artículo 2º, que autorizaba al IDA a cancelar las titulaciones que se hubieren hecho con base en el Decreto Ejecutivo número 11363-A. Sin embargo, alega la Contraloría General de la Republica el IDA nunca materializó y por ello el órgano contralor se vio en la necesidad de acudir a este vía jurisdiccional a solicitar la nulidad de un título de propiedad que el IDA debió haberlo hecho. Considera la representación del órgano contralor que la nulidad del título de propiedad dado al codemandado Nombre143132 , es nulo porque se emitió con base en un reglamento declarado inconstitucional y por un Decreto Ejecutivo que se encuentra derogado; 5. Además el órgano contralor considera que el título de propiedad y los actos conexos a éste devienen en nulos, no solamente por estar fundado en regulación declarada inconstitucional o derogada, sino también porque se violó directamente la normativa contitucional y legal que protege al ambiente, ya que el IDA al titular el terreno a favor del codemandado Nombre143132 , desconoció que ese inmueble tenía vocación forestal y que era patrimonio forestal del Estado, ya que existe prueba técnica que demuestra la existencia de bosque en el lugar; 6. Aduce la Contraloría General de la República, que no puede existir prescripción positiva sobre un bien de dominio público por disposición expresa de la ley en ese sentido; 7.  Alega la representación del órgano contralor, que existe responsabilidad patrimonial del IDA, debido a que dicha institución vulneró el artículo 32 de su Ley de creación, que regula el tema de reservas naturales y el 13 de la Ley Forestal que tutela lo concerniente al patrimonio natural del Estado. Asimismo, considera que el IDA violó los numerales 26 y 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, así como los artículos 60, 61, 62 y 153 del reglamento a esa Ley. También, estima el órgano contralor que se violaron por parte del IDA el artículo 110 de la Ley de Biodiversidad, 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente. Al violar dicha normativa por parte del IDA se generan daños y perjuicios que deben ser responsabilidad de esa institución demandada; 8. Respecto a los argumentos esgrimidos por el codemandado Nombre143132  , el representante del órgano contralor indica que el terreno que se le tituló a éste es patrimonio natural del Estado, y que su posesión sobre ese terreno ha sido por mera tolerancia del IDA, de que ocupara ese inmueble; B- ALEGATOS DEL COADYUVANTE ACTIVO EN EL PROCESO PRINCIPAL: El Estado como coadyuvante activo de la demanda principal, alega que de conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal, los terrenos forestales y de bosque constituyen patrimonio natural del Estado, y por ello, son inalienables e imprescriptibles. Aduce el representante estatal, que no es posible la posesión sobre este tipo de terrenos y la figura de la prescripción positiva no se aplica, por lo que considera que la excepción de prescripción interpuesta por el codemandado Nombre143132  , debe ser rechazada. Argumenta el abogado del Estado, que el terreno objeto de este proceso tiene bosque, eso conlleva que por su naturaleza cualquier ocupación que se haya ejercido sobre este tipo de inmuebles, no pueden considerarse una posesión válida. Indica el señor procurador, que la titulación que realizó el IDA en este caso, fue sobre un terreno que es un bien de dominio público y por ende esa titulación es absolutamente nula, así como la inscripción de esa finca en el Registro Público. Alega el abogado estatal, que el Decreto Ejecutivo número 11363-A, traspasó tierras al IDA con la finalidad de llevar a cabo un programa de titulación, y que en ese Decreto se establece claramente que no podían inscribirse o titularse terrenos en manos de particulares pertenecientes al patrimonio natural del Estado. Indica el procurador, que ese Decreto Ejecutivo tuvo su fundamento en la Ley 5064, en la cual se establecía que el Instituto de Tierras y Colonización (actualmente el IDA), no debía titular en zonas forestales, según se indicaba en el artículo 8 de esa Ley. Además alega el representante estatal, que en el caso particular de la titulación del terreno a favor del codemandado Nombre143132 , el Estado por medio del SINAC, en su oficio número SINAC-DS-OFAU-C-1228-2004, advirtió al IDA antes de que la Junta Directiva de dicha institución acordara titular a favor del codemandado Nombre143132 , que el terreno formaba parte del patrimonio natural del Estado. Por todo lo expuesto, solicita que se decalre con lugar en todos sus extremos la demanda establecida por la Contraloría General de la República; C- ALEGATOS DE LA INSTITUCIÓN ACCIONADA EN LA DEMANDA PRINCIPAL: El Instituto de Desarrollo Agrario como accionado en el proceso principal, alega los siguientes aspectos: 1- Indica la abogada del IDA, que el inmueble titulado a favor del señor Nombre143132  , formó parte de un proyecto de titulación a poseedores que se encontraban en posesión de esos terrenos y que el Decreto Ejecutivo, lo único que vino a hacer fue trasladar esos terrenos a nombre del IDA generando una matrícula registral que en buen sentido no constituyó un inmueble propiedad del IDA, sino una ficción jurídica mediante la cual el IDA solo tenía que encargarse de los procedimientos de titulación de esos terrenos, sin ser nunca un verdadero propietario. Precisamente, en ese contexto, el señor Nombre143132  presentó su solicitud de titulación cumpliendo con todos los requisitos exigidos en ese momento para el otorgamiento del título de propiedad, y que el IDA actuó dentro del bloque de legalidad y bajo el marco de la normativa que regula su actividad, titulando a favor del mencionado señor; 2- Alega la representación legal del IDA, que al momento de que la Junta Directiva de dicha institución le aprobó el título de propiedad al señor Nombre143132  , no existían criterios técnicos que indicaran que esa propiedad fuese patrimonio natutal del Estado; 3- La abogada del IDA acepta que esa institución omitió requisitos al momento de titular el inmueble a favor del codemandado Nombre143132 , como la certificación de uso, manejo y conservación de suelos; 4- La representante legal de la institución codemandada se opone a la pretensión de daños y perjuicios, aduciendo que el señor Nombre143132 , cuidó el bosque o los recursos naturales que están en la porpiedad objeto de discordia; D- ALEGATOS DEL CODEMANDADO EN LA DEMANDA PRINCIPAL: El señor Nombre143132   como codemandado en la demanda principal, alega por medio de su abogada, que tiene un derecho de posesión sobre el inmueble objeto de este proceso. Asimismo, aduce la representante de Nombre143132  que el acuerdo de la Junta Directiva del IDA mediante el cual se le título el terreno, se fundamentó en un acto anterior que fue el Decreto Ejecutivo número 11363-A, que constituyó un proyecto de titulación a poseedores de terrenos y que el señor Nombre143132   desde 1978 compró la posesión de ese terreno, efectuando en él actos posesorios antes de que se le adjudicara el título de propiedad. Debido a la normativa existente en ese momento, el señor Nombre143132 , no tuvo otra alternativa que acudir al IDA a efecto de que pudiese obtener el título de propiedad sobre el inmueble que ya poseía por más de 25 años. Aduce la abogada de Nombre143132 , que éste no podía acudir a la vía judicial para tener un título de propiedad, debido a que la finca madre estaba a nombre del IDA, sino hubiese sido por eso, perfectamente el señor Nombre143132  pudo haber obtenido el título de propiedad por medio de la Ley de Informaciones Posesorias. Alega la abogada del codemandado, que existe la posiblidad de titular terrenos en áreas silvestres protegidas, tal y como lo han aceptado los Tribunales Agrarios. Indica la representante de Nombre143132 , que no es cierto que el inmueble titulado a su representado esté constituido en un cien por ciento de bosque, éste tiene también potrero y por esa razón no se le puede considerar patrimonio natural del Estado. Asimismo aduce la abogada del codemandado, que no es cierto que su representado ha poseído el terreno titulado por mera tolerancia del IDA, ya que lo adquirió desde 1978, antes de 1980, fecha en la cual se emitió el Decreto Ejecutivo número 11363-A, por lo que su representado ya poseía ese inmueble antes de que pasara a manos del IDA. Aduce la abogada de Nombre143132 , que no es cierto que su representado al solicitar la titulación lo haya hecho al margen de la ley, todo lo contrario, cumplió con los requisitos que el IDA le exigió, por lo que no constituyó una titulación indebida. Asimismo, alega que no es cierto que la finca de su representado se encuentre en abandono, ya que el posible estado de abandono es reciente, debido a las medidas cautelares impuestas en este proceso. Por último, la representante del codemandado, indica que existe una inconsistencia en la pretensión de la Contraloría General de la República respecto al cambio de naturaleza de la propiedad, ya que es innecesaria, porque la naturaleza del inmueble se encuentra clara que es potrero y montaña; A- ALEGATOS DEL RECONVERTOR: El señor Nombre143132  , como reconventor en la contrademanda, solicita como pretensión principal que se declare que es el único poseedor, público y pacífico de la finca titulada por el IDA a su favor, por el plazo superior a los diez años. Asimismo, en caso de ser declarada sin lugar la pretensión principal, solicita como subsidiaria, que se declaren a su favor el pago de daños y perjuicios, liquidados de la siguiente manera: a) Daño Económico: Consistiría en la pérdida de la finca y de la invención de mantenimiento dado a la misma durante más de 28 años; b) Daño Moral: Por la angustia de tener que venir a instancias judiciales, siendo una persona adulta mayor y con problemas de salud; c) Perjuicios: Considerados como el producto de las mejoras introducidas, así como el precio pagado por el terreno que se le tituló. La abogada del reconventor Nombre143132 , fundamenta las indicadas pretensiones, argumentando que el 23 de noviembre de 1978 su representado adquirió por medio de una Carta de Venta, la finca objeto de este proceso, del señor Nombre143133  . Esa finca, al momento de adquirir su posesión, era un terreno de potreros y montaña. Aduce la abogada del reconventor Nombre143132 , que su representado ha poseído ese inmueble de forma quieta, pública, pacífica sin interrupción desde que la adquirió, por más de 25 años y que durante todos estos años ha sido la persona que la ha cuidado, asitido y protegido la parte de montaña, tal como los testigos lo indicaron en la audiencia única. Asimismo, aduce la abogada de Nombre143132 , que su representado también le ha dado el mantenimiento adecuado a las zonas de potreros, cuidado los carriles, ha pagado vigilancia y en general, se ha comportado como un verdadero propietario y poseedor de esa finca, por ello solicita como pretensión principal, que así se le declare por parte de este Tribunal. Además, la abogada del reconvertor afirma que de la prueba pericial que se evacuó en autos, se demuestra que su representado ha cuidado el bosque y los recursos naturales que se encuentran ubicados en esa propiedad, así como se comprueba el mantenimiento dado a la zona de potreros, que debe ser pagado según las estimaciones periciales. Indica la representante del reconventor, que su representado ha sido un poseedor de buena fe de esa finca y si se declara con lugar la demanda instaurada por la Contraloría General de la República, procediendose a devolver el terreno a manos del Estado, se le deberá reconocer el valor de la propiedad, las mejoras realizadas en ésta y el pago de los intereses correspondientes. Asimismo, solicita el pago de daño moral subjetivo, ya que su representado fue injustamente obligado a venir a un proceso judicial para poder hacer valer sus derechos sobre el terreno en disputa, pese a ser una persona mayor de edad y con problemas de salud. Además, alega la abogada de Nombre143132 , que es posible que un terreno con vocación forestal, pueda ser poseído y titulado, ya que sería una posesión forestal la que tuvo su representado, por lo que su titulación es válida, así como lo es la posesión que ha ejercido en estos años en el inmueble que le dan a su favor una prescripción positiva o adquisitiva; B- ALEGATOS DEL RECONVENIDO: El Estado en su condición de contrademandado, alega que el artículo 13 de la Ley Forestal determina que el patrimonio natural del Estado puede estar o no conprendido dentro de áreas protegidas, tal y como la jurisprudencia de los Tribunales Contencioso Administrativos lo han venido indicando. Aduce el representante estatal, que el terreno que es objeto de este proceso, es patrimonio natutral del Estado, ya que esto fue informado por el mismo SINAC antes de que la Junta Directiva del IDA procediera a titular ese inmueble a favor del reconventor Nombre143132 , así como se pudo constatar del mismo reconocimiento judicial efectuado por este Tribunal y por el estudio fotográfico elaborado por el Instituto Geográfico Nacional. El representante estatal, indica que precisamente del estudio realizado por el Instituto Geografico Nacional, se demuestra que desde 1960 ha existido bosque en el terreno que ilegalmente el IDA le título al reconventor. Aduce el abogado del Estado, que desde entonces se le aplican a ese inmueble los atributos propios del patrimonio natural del Estado de ser inalienable e imprescriptible, así como los atributos indicados en el artículo 14 de la Ley Forestal, de ser inembargables y que su posesión por particulares no genera derecho alguno a favor de estos. Alega el señor procurador, que un terreno que tiene cobertura boscosa y ésta es sustituida por un cambio en el uso del suelo, como lo es la introducción de áreas de potreros, no le puede eliminar la categoría de bien de dominio público. Indica que aunque se cambie el uso del suelo, sigue siendo un terreno con bosque. Por ello, el abogado estatal argumenta que existe una imposibilidad legal de titular bienes que son patrimonio natural del Estado, y que en el caso del terreno titulado al señor Nombre143132 , ha sido patrimonio natural del Estado, antes de la emisión del Decreto Ejecutivo número 11363-A, ya que se encontraba afectado al dominio público por leyes anteriores al mismo. Asimismo, expone el abogado del Estado, que el Decreto  Ejecutivo número 11363-A, nunca autorizó al entonces ITCO, hoy IDA, a titular sobre terrenos con bosque. Alega el representante estatal, que la Carta de Venta que es del 13 de noviembre de 1978, no es válida, ya que vino a disponer de un inmueble que es patrimonio natural del Estado y que para ese momento ya se encontraba afectado al dominio público. Además, aduce que la descripción del terreno que se hace en la Carta de Venta, no concuerda con el plano catastrado de la propiedad que el IDA de manera ilegal le tituló al reconventor. Insiste el abogado estatal, de que no existe posesión sobre un bien de dominio público. Señala el señor procurador, que la pretensión indemnizatoria del señor Nombre143132  es ilegal, debido a que existe normativa que prohíbe cualquier pago de indemnización por la tenencia de un bien de dominio público. Ejemplo de ello, se encuentra en el artículo 8 de la Ley de Tierras y Colonización  y 58 de la Ley Forestal. Indica el abogado estatal, que si los jueces de este Tribunal aceptan la pretensión de indemnización requerida por Nombre143132  incurririan en el delito de prevaricato al reconocer un extremo que es ilegal. Señala el señor procurador, que suponiendo que no existiera prohibición expresa para reconocer indemnizaciones sobre ocupaciones de terrenos de dominio público, tampoco se cumplen los presupuestos necesarios para el surgimiento de la responsabilidad administrativa exigidos por la Ley General de la Administración Pública, ya que la causa de los supuestos daños no es atribuible a conductas administrativas emanadas del Estado o de la Contraloría General de la República, ya que la nulidad del título sería una consecuencia de la conducta administrativa del IDA. Además, indica que la demanda interpuesta por el órgano contralor es un acto legítimo que pretende la recuperación de un bien de dominio público, y que si existieran daños, serían provocados por el mismo señor Nombre143132 , al haberse introducido en un terreno que es patrimonio natural del Estado. Por último considera el procurador, que el Estado no puede venir a pagar por una propiedad que le pertenece. También considera el abogado estatal, que no existe daño moral, ya que si existiera éste eventualmente, sería culpa del mismo señor Nombre143132  al introducirse en un terreno que es de dominio público. Considera el señor procurador que el levantamiento de cercas, el cambiar el uso de suelo a potrero, no pueden ser considerados mejoras, sino todo lo contrario, daños ambientales. Asimismo, estima el abogado estatal, que la protección del bosque no se puede considerar como una mejora, ya que es un deber de todo ciudadano el cuidar los recursos naturales; C- ALEGATOS DEL COADYUVANTE PASIVO EN LA RECONVENCIÓN: La Contraloría General de la República, como coadyuvante pasivo del Estado en la reconvención interpuesta en contra de este último, alega que la posesión del reconvertor Nombre143132  es ilegal, además de la títulación, ya que no tiene un derecho de posesión sobre el terreno en cuestión. Afirma el abogado del órgano contralor, que la Carta de Venta no es válida para demostrar derechos de posesión sobre un inmueble que constituye patrimonio natural del Estado. Alega la Contraloría General de la República, que los testigos vinieron a acreditar una posesión material del señor Nombre143134  de su ocupación del terreno en cuestión, pero esto es insuficiente para acreditar una posesión legítima. Insiste el abogado del órgano contralor, que no existe un derecho de posesión sobre bienes de dominio público. Señala la Contraloría General de la República, que el concepto de Reservas Nacionales está asociado a la Ley de Tierras y Colonización y se refería a tierras baldías o inmuebles no sometidos a la propiedad privada, por lo que el terreno titulado al reconventor era parte de una reserva nacional, por lo que eran inmuebles de dominio público y afectados desde entonces a la Ley Forestal. Por ello, considera el representante del órgano contralor, el reconventor no puede alegar un derecho de posesión de un inmueble que siempre ha sido de dominio público. Asimismo alega la Contraloría General de la República, el IDA no podía titular terrenos de aptitud forestal. Tampoco el reconvertor Nombre143132 , podía titular por medio de los dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, ya que no ha realizado una posesión forestal, sino agraria, y ambas son excluyentes. Respecto a los daños y perjuicios, el órgano contralor aduce que existe falta de legitimación pasiva, ya que en el eventual caso de que se le hubieran ocasionados daños y perjuicios al señor Nombre143132 , la causa de los mismos no se encuentra en conductas administrativas emitidas por la Contraloría General de la República o el Estado, sino en el propio IDA el cual no está demandado en la reconvención. Asimismo, se indica que no es procedente el daño moral dado que la demanda interpuesta por el órgano contralor es legítima y si el señor Nombre143132   ha tenido deterioros de su salud no son responsabilidad del Estado o de la Contraloría General de la República.

 

IV-EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO COMO EXPRESIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO, RECONOCIDO Y TUTELADO POR EL DERECHO DE LA CONSTITUCIÓN : Considera este órgano jurisdiccional, que antes de entrar a resolver el caso en concreto, resulta necesario referirse a lo que ya esta misma Sección de este Tribunal, ha explicado en diversas sentencias, como marco general y de referencia, de lo que se entiende como patrimonio natural del Estado en zonas forestales. En ese sentido, en Costa Rica, el reconocimiento y tutela en el Derecho de la Constitución del citado derecho fundamental  no tiene como punto de partida la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, dispuesta por Ley número 7412 del tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Lo anterior toda vez que ya que desde la promulgación del texto constitucional en el año 1949, la voluntad del Constituyente fue clara al establecer en el artículo 89, que: “Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico”; lo cual, se complementa con la tajante declaración contenida en el artículo 21, en el sentido de que en nuestro país, “La vida humana es inviolable”. La integración de lo dispuesto en ambos artículos implica, que la necesidad de preservar el medio ambiente –aunque en esa época el Constituyente utilizara el término de bellezas naturales-, trasciende una finalidad de carácter meramente cultural, para convertirse en una necesidad vital de todo ser humano, pues constituye un presupuesto esencial para hacer efectivos otros derechos fundamentales como lo son: la vida, la salud y el desarrollo. (véanse en ese sentido, las sentencias número 1993-03705 de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres; 1993-06240 de las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres; 1993-04423 de las doce horas del siete de diciembre de mil novecientos noventa y tres, 1994-02485 de las nueve horas dieciocho minutos del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, todas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).  En ese sentido, cabe recordar que el Derecho de la Constitución está compuesto no sólo por el texto constitucional, sino también por los valores y principios que informan y permean su contenido, como también por los Tratados Públicos, los Convenios Internacionales y los Concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, así como también, por los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en la República (ver artículos 1, 7, 21, 50 de la Constitución Política; 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitución Política). Aunado a ello, las normas escritas y no escritas que conforman el Derecho a la Constitución, se caracterizan por ser de aplicación directa e inmediata, por lo que, sus destinatarios no sólo tienen el derecho de hacerlas efectivas en vía administrativa y jurisdiccional, si estiman que por acción u omisión han sido menoscabadas, sino que además, ello implica que los operadores del derecho tienen el deber de aplicarlas de forma directa e inmediata en su proceso de toma de decisiones, a efecto de cumplir los requerimientos constitucionales (véase lo considerado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en sentencia número 1999-00644 de las once horas veinticuatro minutos del veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve).  Si se toma como base lo dispuesto en los artículos 7, 48 de la Constitución Política y, 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, podemos afirmar que aún y cuando el texto constitucional no hubiese contenido normas relativas al reconocimiento y tutela del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ese derecho y deber correlativo no sólo ya existían en el derecho interno costarricense, sino que además su tutela efectiva era exigible tanto a nivel doméstico como internacional. Ello en virtud de que el Estado Costarricense había suscrito una serie de Convenios, Tratados e Instrumentos Internacionales relacionados con esta materia, antes de que por Ley número 7412 del tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se reformara el artículo 50 de la Constitución Política, instrumentos entre los que destacan:“Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (artículos 2.1, 12.1 y 12.2.c); “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (artículo 11); “Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural”, suscrita en París el 23 de noviembre de mil novecientos setenta y dos y, aprobada por Ley número 5980 del veintitrés de octubre de mil novecientos setenta y seis; “Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América”, adoptada en Washington el tres de marzo de mil novecientos setenta y tres y aprobada por Ley número 3763 del diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y seis; “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, suscrito en Ramsar el dos de febrero de mil novecientos setenta y uno, y aprobado por Ley número 7224 de mil novecientos noventa y uno; “Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono”, adoptado en Viena el veintidós de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, y aprobado por Ley número 7228 de veintidós de abril de mil novecientos noventa y uno, y su “Protocolo de Montreal Relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono”, suscrito en Montreal el dieciséis de setiembre de mil novecientos ochenta y siete, y aprobado por Ley número 7223 del dos de abril de mil novecientos noventa y uno; “Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar”, suscrita en Montego Bay el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y aprobada por Ley número 7291 publicada el quince de julio de mil novecientos noventa y dos, entre otras. Todas esas normas internacionales se integraron al derecho interno costarricense de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 48 de la Constitución Política y, 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que, “...todos estos instrumentos internaciones son de obligado acatamiento y gozan de plena ejecutoriedad en tanto sus normas no precisen de mayor desarrollo legislativo y por ende deben ser respetadas (...) en tanto el rango normativo de aquéllas es superior...” (Sentencia número 1993-06240 dictada por la Sala Constitucional de la  Corte Suprema de Justicia a las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres). Sin duda, el reconocimiento y tutela del citado derecho fundamental, provocó el desarrollo infraconstitucional de aquel, por medio del dictado de normas legales o reglamentarias en las que se regulan diversas manifestaciones del mismo, las cuales fueron emitidas mucho antes de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política. Como ejemplo de ello tenemos: la Ley de Aguas (No. 276 del 27 de agosto de 1942; Ley de Planificación Urbana (No. 4240 del 15 de noviembre de 1978, la Ley Forestal (No. 4465 del 25 de noviembre de 1969 , ya derogada); la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (No. 6043 del 2 de marzo de 1977); la Ley General de Salud (No.  5395 del 30 de octubre de 1973); la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales (No. 6084 del 24 de agosto de 1977); la Ley de Salud Animal (No.  6243 del 2 de mayo de 1978); la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (No. 7317 del 21 de octubre de 1992), entre otras. Lo anterior implica, que antes de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, el derecho fundamental a que hemos hecho referencia no sólo estaba reconocido y tutelado en el Derecho a la Constitución, sino también, se había desarrollado –aunque de manera sectorial y no con visión de conjunto- a nivel legal y reglamentario. En virtud de lo hasta ahora expuesto, este Tribunal estima que la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, no hizo sino reconocer de manera expresa y claramente individualizada, un derecho fundamental que ya estaba consagrado y garantizado por el Derecho de la Constitución; declarar en forma expresa, los alcances de la ya preexistente obligación del Estado,  respecto a garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y otorgar a las personas plena acción para defenderlo, a través de una acción popular (ver sentencias número 1994-01394 de a las quince horas veintiún minutos del dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, y 1994-05527 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, ambas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). Dicho reconocimiento lleva aparejado dos aspectos relevantes para la resolución del presente proceso. Primero. La imposición de un deber, tanto para el Estado –entendido como Administración Central y Descentralizada- como para los mismos sujetos de derecho privado, de garantizar, defender y preservar ese derecho. Segundo. El establecimiento de una serie de mecanismos de carácter técnico jurídico para lograr una tutela efectiva de ese derecho, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional. En cuanto al primero de estos aspectos, cabe indicar que

“La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, y congruentemente de las municipalidades (téngase presente el artículo 169 constitucional), encuentra su primera razón de ser en que por definición los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado en su papel de garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad.  La Constitución Política establece que el Estado debe garantizar, defender y preservar ese derecho.  Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales...” (sentencia No. 1999-00644 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 11:24 horas once horas del 29 de enero de 1999). “...La acción que la Constitución Política impone al Estado  frente a los focos de contaminación ambiental es multidireccional y definitivamente activa, absolutamente intolerante frente a situaciones que amenazan o afectan las condiciones ambientales óptimas que están garantizadas por ella misma a los habitantes. Desde esta perspectiva no es permitido a la autoridades públicas hacer concesiones o conceder prórrogas para que se continúe afectando el medio ambiente, aún y cuando ello se haga con miras a traer beneficios económicos a una zona geográfica determinada...” (sentencia No. 1999-05906 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las 16:15 horas del 28 de julio de 1999).

Ese deber constitucional del Estado de velar por la protección, defensa y preservación del medio ambiente, se desarrolla y manifiesta, entre otras,  en las siguientes normas: artículos 1, 2.a. 2.c, 2 párrafo último, 3, 12, 28, 32, 34, 37, 56, 59, 78, 83, 103 a 112 de la Ley Orgánica del Ambiente; numerales 1, 2, 9.4, 12, 22 a 30, 45, 49, 54, 86, 88 de la Ley de Biodiversidad; ordinales 3, 4, 6, 7, 15, 34, 122 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 1, 2, 5, 6, 13, 37, 54 de la Ley Forestal; numerales 5, 6, 7, 11, 21, 29 a 33, 37 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 13.a ,13.o del Código Municipal; 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; 1, 2 de la Ley General de Salud; 1, 2, 17, 175, 176 de la Ley de Aguas; 15,18, 19, 51, 56, 58.5, Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana. Ahora bien, ese deber no sólo se circunscribe al Estado en su conjunto, sino también a los sujetos de derecho privado, quienes tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero también, a garantizarlo, preservarlo y defenderlo, tal y como se desprende, entre otros, de los artículos 1 párrafo primero, 2.a, 6, 22, 23, 99, de la Ley Orgánica del Ambiente; 10.2, 10.13, 11.4, 88 95, 101, 105 de la Ley de Biodiversidad; 15, 28 a 30, 36 a 38, 51 53, 62 a 64, 83, 88 a 121 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 57 a 66 de la ley Forestal; 37, 40, 41 a 45, 51 a 53 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 14 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; como también, de las sentencias número 1999-02219 de las quince horas dieciocho minutos del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve; 1999-05906 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las dieciséis horas quince minutos del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve, entre otras. En cuanto al segundo aspecto, relacionado con el establecimiento de una serie de mecanismos de carácter técnico jurídico para lograr una tutela efectiva de ese derecho, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional, este Tribunal considera que dichos medios de tutela pueden clasificarse en dos grandes grupos:  procesales y  materiales.  Es preciso aclarar, que si bien es cierto, se hará referencia a ejemplos concretos relacionados con cada uno de los criterios de clasificación antes indicados, la intención de este Tribunal no es la de establecer una lista de números clausus, sino únicamente resaltar por medio de dichos ejemplos, aspectos que tienen incidencia en el objeto de este proceso. En ese sentido, dentro del grupo de los mecanismos de tutela de índole procesal, cabe resaltar tres ejemplos: 1) La legitimación amplia que le otorga a toda persona el párrafo segundo del artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 105 de la Ley de Biodiversidad, para denunciar tanto en vía administrativa como jurisdiccional, las conductas que infrinjan el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y para reclamar el daño causado. Cabe resaltar que en principio, la legitimación en materia ambiental se originaría en una simple habilitación normativa sin que de por medio exista un derecho o un interés de carácter individual, colectivo o difuso,  no obstante, este Tribunal estima que en el fondo lo que cada persona pretenderá tutelar es un derecho que forma parte de su esfera vital y de cuya garantía, defensa y preservación efectiva, depende que pueda desarrollarse y vivir conforme al principio de dignidad humana (ver artículo 2.a de la Ley Orgánica del Ambiente, en el sentido de que el ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación). 2) Un sistema de medidas cautelares innominado y de ser necesario, de naturaleza anticipada (artículos 108 de la Ley de Biodiversidad, 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 19 a 30 del Código Procesal Contencioso Administrativo). 3) La aplicación de los principios rectores en materia ambiental, a saber: in dubio pro natura, preventivo y precautorio, como medios para garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por ende, para evitar que su existencia esté restringida al plano semántico de la realidad jurídica (ver artículos 4.c, 17 y 34 de la Ley Orgánica del Ambiente, 11 incisos 1 y 2 , 92 de la Ley de Biodiversidad, principio 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río y entre otras, la sentencia número 1999-01250 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las once horas veinticuatro minutos del diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve). En ese sentido, el operador del derecho siempre deberá tomar en consideración que “...cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente...”. Por otra parte, en el grupo de los mecanismos de tutela de índole material, resultan muy representativas las dos siguientes manifestaciones: 1) La evaluación del Impacto Ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como requisito sine qua non para iniciar actividades, obras o proyectos, que puedan alterar o destruir elementos del ambiente o de la biodiversidad, o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos. Dicho requisito se encuentra vigente desde el 13 de noviembre de 1995, fecha en que se publicó la Ley Orgánica del Ambiente. También se encuentra regulado en los artículos 92 a 97 de la Ley de Biodiversidad; artículo 14 de la Convención sobre la Diversidad y sus Anexos I y II; principio 17 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río; artículo 18 de la Ley Forestal;  Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación Ambiental (Decreto Ejecutivo número 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), entre otros. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que  “...el hecho de que se reconozcan tanto el derecho a la salud como el derecho a gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado, como derechos fundamentales, obliga a la Sala a precisar que la solución del problema no puede estar fundamentado en soluciones rápidas; que, para adoptar una decisión en este campo, debe contarse con los estudios técnicos que la solución que se propone, en cada caso concreto, no será el origen de un problema de salud pública o de alteración indebida al ambiente...” (Entre otras, la sentencia No. 1995-02671 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 16:45 minutos del 24 de mayo de 1995). En ese sentido, “...no es posible que el Estado ejecute o autorice la ejecución de proyectos sobre los cuales existe duda en cuanto al impacto negativo que puedan generar al ambiente. En consecuencia, la omisión de efectuar un estudio de impacto ambiental previo, se traduce en una violación del artículo 50 constitucional...” (sentencia No. 1999-02219 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 15:18 horas del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve). 2) La existencia de bienes propios de la Nación –como les denomina el texto constitucional-, los que al formar parte del dominio público, se caracterizan por ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, por lo que, su desafectación o aplicación a usos públicos, está reservada a la Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 inciso 14 párrafo primero de la Constitución Política. Dentro de esos bienes cuya conservación constituye un asunto de interés público ambiental (artículo 11. de la Ley de Biodiversidad), se encuentran: el ambiente definido en el artículo 2.a) de la Ley Orgánica del Ambiente, como patrimonio común de todos los habitantes de la Nación; la Zona Marítimo Terrestre (artículos 1 y 73 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre); el Patrimonio Natural del Estado (artículos 13 a 18 de la Ley Forestal); la Fauna y la Flora Silvestre (artículos 3 y 4 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre); las Aguas conforme al desglose contenido en el artículo 1 de la Ley de Aguas. Ahora bien, c onforme al objeto del proceso que nos ocupa, este Tribunal centrará su análisis en el Patrimonio Natural del Estado (PNE). Dado los términos del reconocimiento del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como ya fueron explicados, es menester resaltar que la Ley Forestal No. 4465 ya citada (y que fuera derogada por la Ley Forestal número 7575 del 5 de febrero de 1996), no sólo contenía “...como función esencial y prioridad del Estado, velar por la protección, conservación, el aprovechamiento, la industrialización, la administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables...” (artículo 1), sino también, los conceptos de Bosque (artículo 6) y de Patrimonio Forestal del Estado (artículo 32 párrafo primero). En cuanto al Patrimonio Forestal del Estado, la Ley No. 4465 establecía sus características (artículo 33); los órganos competentes para administrar y fiscalizar el Patrimonio Forestal del Estado, que conforme a esa normativa eran la Dirección General Forestal y el Ministerio de Ambiente y Energía (artículo 32 párrafo segundo), así  como las potestades conferidas a estos órganos para efectos de proteger y conservar el Patrimonio Forestal del Estado. Entre estas últimas, conviene destacar las siguientes: 1) Las acciones reinvindicatorias de esos inmuebles (artículo 33), 2) La constitución dentro del Patrimonio Natural del Estado de reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios nacionales de vida silvestre y reservas biológicas (artículos 35 a 37); 3) El deslinde en los terrenos de las áreas que conforman el Patrimonio Forestal del Estado (artículo 38). Por otra parte, en la Ley Forestal No. 7575 hoy vigente, se retoma ese concepto pero con una variación en el nombre, pues ahora se le denomina Patrimonio Natural del Estado. Dicho término es más amplio toda vez que abarca la protección y preservación del ecosistema boscoso (artículo 3 inciso c de la Ley Forestal). El Patrimonio Natural del Estado es de dominio público, razón por la cual, los terrenos y bosques comprendidos en él son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Asimismo, su conservación y administración están confiadas por ley al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), tal y como lo disponen los artículos 6.a, 13 párrafo segundo y 14 de la citada Ley Forestal y el numeral 32 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Ambiente. El PNE está integrado por dos importantes componentes: 1) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo y que se hayan declarado por Ley o por Decreto Ejecutivo, a saber: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley No. 7575, artículo 1°, párrafo 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32; Ley de Biodiversidad, artículo 22 y siguientes y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales, artículo 3° incisos. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE  y su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre, artículo 82, inciso a); 2) Los demás bosques y terrenos forestales de las áreas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las Municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, que tienen una afectación legal inmediata, excepto aquellos inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio (artículo 13 párrafo primero de la Ley Forestal). Se encuentran estas zonas sujetas a su propia legislación (Ley Forestal), lo cual implica, que su administración compete al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (ver en este sentido la sentencia número 2008-16975 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las catorce horas cincuenta y tres minutos del doce de noviembre del dos mil ocho). Ahora bien, como parte de los deberes que les competen al MINAET y al SINAC para la conservación y protección del Patrimonio Nacional del Estado, están: 1) el ejercicio de la acción reinvindicatoria para recuperar el PNE, que es imprescriptible (artículo 14); 2) delimitar en el terreno, los linderos que conforman el Patrimonio Natural del Estado (artículo 16); 3) coordinar con el Registro Nacional, el establecimiento de un catastro forestal, cuyo objetivo será regular las áreas comprendidas dentro del PNE y las que se sometan voluntariamente al régimen forestal (artículo 17); 4) La Administración Pública no puede permutar, ceder, enajenar de ninguna manera, entregar o dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes se hayan clasificado por el MINAET, por lo que, si estuvieran cubiertos de bosque, automáticamente quedarían incorporados al Patrimonio Natural del Estado (artículo 15). Con base en todo lo expuesto, este Tribunal llega a las siguientes conclusiones relevantes en el caso concreto. Primero : Al constituirse el medio ambiente como Patrimonio Común de todos los habitantes de la Nación, el  Patrimonio Natural del Estado constituye una especie de ese género (artículos 50 párrafo segundo, 89, 121 inciso 14 párrafo primero de la Constitución Política, 2 inciso a) de la Ley Orgánica del Ambiente, 1 de la Ley de Biodiversidad y 13 de la Ley Forestal). Segundo : Existe una afectación legal inmediata al Patrimonio Natural del Estado, de todos aquellos terrenos comprendidos en las áreas silvestres protegidas, en las áreas declaradas inalienables –como la zona marítimo terrestre (artículo 73 de la Ley 6043)-, en los terrenos de aptitud forestal y en las fincas inscritas a nombre del Estado, de las Municipalidades, Instituciones Autónomas y demás entidades de la Administración Pública Descentralizada. Tercero. El Patrimonio Natural del Estado no requiere de una declaratoria expresa dado que, conforme a lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal, así como lo resuelto por la Sala Constitucional en sentencias 1992-03789 y 1997-04587, las zonas boscosas, los terrenos con aptitud forestal, los manglares y los humedales comprendidos dentro de las áreas inalienables, como la zona marítimo terrestre, quedan afectadas de forma inmediata a este Patrimonio, sin concurrencia de la Administración. Cuarto. En consecuencia,  la delimitación de los linderos de las áreas que conforman el Patrimonio Natural de Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Forestal, constituye una potestad que el MINAET, a través del SINAC,  debe ejercer de oficio y no sólo a instancia de parte. Ello no sólo en aplicación del deber que le imponen los artículos 21, 50 párrafo segundo y tercero, y 89 de la Constitución Política, de garantizar, preservar y conservar el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino también, porque la ley no indica que la delimitación deba realizarse sólo a instancia de parte.  No se justifica, a juicio de este órgano que el Estado pueda alegar válidamente la falta de recursos para tal efecto, como reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia constitucional (ver entre otras, las sentencias 1995-00915 de las dieciséis horas seis minutos del quince de febrero de mil novecientos noventa y cinco; 1996-000695 de las quince horas cuarenta y dos minutos del siete de febrero de mil novecientos noventa y seis) Quinto : En consecuencia, la clasificación que realice el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, respecto del tipo de ecosistema existente en los inmuebles comprendidos dentro del Patrimonio Natural del Estado, constituye una mera categorización de aquellos, conforme a los criterios de clasificación dispuesto en el artículo 13 párrafo primero de la Ley Forestal y el Decreto Ejecutivo número 34295-MINAE, a saber: bosques, terrenos de aptitud forestal, humedales, manglares, entre otros. Sexto :   Es evidente que el Estado tiene el deber -tanto a nivel constitucional como legal- de garantizar, defender y proteger las zonas boscosas, los terrenos de aptitud forestal, los manglares, los humedales, entre otros, comprendidos en las áreas inalienables -como en este caso, la Zona Marítimo Terrestre- que por el simple hecho de tener ese carácter, quedaron afectadas de manera directa y automática al Patrimonio Natural del Estado. Por lo que, el resultado de la clasificación de la clase de ecosistema existente en dichas áreas -que debe realizarse de oficio y no sólo a instancia de parte, a fin de que tomar las medidas necesarias para lograr su protección y conservación efectivas-, no es el que determina su incorporación o no al Patrimonio Natural del Estado, pues por ley ya habían quedado afectadas a aquel, en virtud de tratarse de zonas inalienables. En conclusión: 1) El Estado tiene una obligación de origen constitucional y legal, de garantizar, defender y preservar el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y darle a todas las personas los instrumentos para defender este derecho fundamental; 2) Para garantizar una tutela efectiva al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se deben respetar los mecanismos de carácter técnicos y jurídicos; 3) El patrimonio natural del Estado, que forma parte del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se constituye en los inmuebles que se encuentren cubiertos de bosques, indepedientemente que se ubiquen dentro o fuera de las reservas nacionales (artículo 13 de la Ley Forestal); 4) El patrimonio natural del Estado debe estar inscrito en el Registro Nacional a nombre del Estado, y ser administrado por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (artículo 13 de la Ley Forestal); 5) El patrimonio natural del Estado, se constituye de bienes de dominio público, los cuales tienen las condiciones de ser inembargables, imprescriptibles e inalienables, por lo que su posesión por parte de particulares no causara derecho alguno a su favor (artículo 14 de la Ley Forestal); 6) Existe una afectación legal inmediata al patrimonio natural del Estado, de cualquier inmueble que se encuentre cubierto de bosque (artículo 15 de la Ley Forestal), por lo que si se detecta por los órganos técnicos correspondientes la existencia de bosques, automáticamente y sin necesidad de declaración expresa previa, pasaran estos inmuebles a manos del Estado para que sean protegidos. Precisamente, como se expondrá en los próximos considerandos el IDA no respetó en este caso ninguna de las pautas explicadas y que se encuentran reguladas en el bloque de legalidad.

 

V- EL INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PLANO CATASTRADO NÚMERO L-908302-2004, SIEMPRE HA SIDO PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. IMPROCEDENCIA DE LA POSESIÓN Y POSTERIOR TITULACIÓN DE ESE TERRENO AL SEÑOR Nombre143132  : En este caso es muy importante indicar que el inmueble ubicado en Punta de Lanza del distrito primero, cantón quinto de la provincia de Limón, con una medida de 45 hectáreas, 7113.47 metros cuadrados, que corresponde con el plano catastrado número L-908302-2004, el cual fue titulado por el IDA a favor del señor Nombre143132   y es el objeto de controversia de este proceso, ha sido y es un inmueble que forma parte del Patrimonio Natural del Estado, según los términos explicados en el considerando anterior de esta sentencia. Esto debido a las siguientes razones: 1- Existencia de bosques en ese inmueble desde 1960: Este Tribunal ha tenido prueba técnica que indica sin ninguna duda que el inmueble titulado al codemandado Nombre143132 , ha tenido bosques. Precisamente, mediante oficio número DEGEO-107-09 del 18 de agosto de 2009, el Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, elaboró un estudio para verificar el uso del suelo en fotografías aéreas de inmueble ubicado en (Punta de Lanza), Matina, Limón, objeto de este proceso y que se encuentra bajo el plano catastrado número L-908302-2004, en el cual se determinó, en lo que interesa para el dictado de la presente resolución, lo siguiente:

"4. CONCLUSIONES La revisión de fotografías de 1960, 1985 y 1998 en relación con el uso del suelo y la ubicación aproximada del inmueble del plano catastrado L-908302-2004, ha generado las siguientes conclusiones: El uso del suelo del inmueble en el plano catastrado L-908302-2004 ha variado a través del tiempo, así, en 1960 el inmueble estaba totalmente cubierto de bosque, mientras que para 1985, un sector al norte de la propiedad se destino a áreas de pastos. También se constató para ese año la existencia de dos caminos; uno que transcurre a semejanza del límite sur de la finca y otro que la penetra formando un límite entre el bosque y los pastos de la propiedad. El último período, correspondiente a 1998, describe una regeneración parcial del bosque en el sector norte ya mencionado, por ende, todavía se perciben algunas áreas de pastos en ese punto. Debido a que no existen fotografías aéreas más recientes en poder del IGN, se desconoce si en la actualidad la finca dispone de áreas de "potrero" y la "servidumbre de paso" tal y como se describen en el plano." 

De las conclusiones citadas de ese estudio, este órgano jurisdiccional llega a las siguientes consideraciones: a) El terreno objeto de controversia en 1960 se encontraba cubierto totalmente de bosque. Esto significa, que desde ese año este inmueble era Patrimonio Natural del Estado. Se debe recordar que para esa época la protección de las bellezas naturales, ya se encontraba reconocida en el texto del artículo 89 de la Constitución Política de 1949, tal y como se explicó en el considerando anterior. En consecuencia, para este órgano jurisdiccional, desde ese año se tienen pruebas de la extensa cobertura boscosa que cubría en su totalidad el inmueble en cuestión, por ello se debe afirmar que éste era Patrimonio Natural del Estado y ese inmueble se encontraba afectado al dominio público, sin necesidad de ninguna declaratoria administrativa o jurisdiccional; b) Para 1985 existió intervención humana, debido a que se nota en la fotografía de ese año que el sector norte del terreno en cuestión se destinó a área de pastos. Ahora bien, este Tribunal tuvo por demostrado que el codemandado Nombre143132 , para cumplir con la solicitud de titulación del terreno correspondiente al plano catastrado número L-908302-2004, presentó ante el IDA una Carta de Venta suscrita ante el abogado Ricardo Moyano Sanclemente el 13 de noviembre 1978, mediante la cual se hace constar que el señor Nombre143133   le vendió un derecho de posesión al codemandado Nombre143132  , de una finca situada en San Miguel de Batáan con una medida aproximada de 60 hectáreas,  y el otro documento corresponde a una Declaración Jurada que consta en la Escritura Pública número Ciento Treinta y Nueve, dada ante el Notario Público Héctor Chaves Sandoval el 23 de febrero del 2004, mediante la cual el codemandado Nombre143132  , indicó que ha ejercido actos de posesión en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpidamente y a título de dueño por más de 25 años sobre el terreno que consta en la plano catastrado número 908302-2004. Estos dos documentos son relevantes para este Tribunal, únicamente, para constatar el tiempo aproximado en que el codemandado Nombre143132 , ingresó y ocupó el terreno objeto de este proceso, a efectos de contraponer esas fechas con la fotografía de 1985. En ese sentido, tenemos que el codemandado aproximadamente para el año 1978 ingresó al inmueble en cuestión y consta la intervención humana en el terreno en 1985. Esto demuestra que el señor Nombre143132  ya ocupaba ese terreno para esos años. Precisamente, para esa época estaba en vigencia la derogada Ley Forestal número 4465 del 25 de noviembre de 1969, que indicaba:

"Artículo 4.- Todos los terrenos de aptitud forestal y los bosques del país, ya sean estatales o que estén reducidos a dominio particular, quedan sometidos a los fines de la presente ley."

Es decir, los terrenos con bosques estaban afectados al dominio público, como el terreno objeto de disputa en este proceso, que se insiste, desde 1960, constaba que era bosque en su totalidad. Asimismo, para esa misma época estaba vigente la Ley de Titulación de Tierras número 5064 del 22 de agosto de 1972, que disponía:

"Artículo 1º.- El Instituto de Tierras y Colonización llevará a cabo programas múltiples de titulación de tierras en zonas del país determinadas por la Junta Directiva de dicho Instituto, que sean parte de las reservas nacionales y en las que existan por lo menos una proporción del 20% de poseedores de fincas que carezcan de título inscrito en el Registro Público y cuyas cabidas no sean superiores a 100 hectáreas tratándose de fincas dedicadas a la agricultura y de 300 hectáreas cuando lo son a la ganadería."

 

"Artículo 2º.- Para llevar a cabo los programas de titulación antes referidos, el Instituto de Tierras y Colonización gestionará de los Poderes Públicos el traspaso a su favor de la propiedad de las tierras comprendidas dentro de dichas zonas, las que serán inscritas en el Registro Público a nombre del Instituto, sin perjuicio de los derechos ya inscritos sobre porciones determinadas dentro del perímetro general de la zona respectiva, ni de los derechos objeto de información posesoria en trámite al tiempo de la publicación en "La Gaceta" del decreto a que se refiere el artículo 7º de esta ley o que se inscribieren en lo futuro conforme a la ley ni de las porciones destinadas al uso público.

Esas zonas serán identificadas y descritas para efectos de su inscripción en dicho Registro en la forma que indique el Instituto Geográfico Nacional.

Al segregarse de estas zonas las porciones que se adjudiquen conforme a esta ley, no será necesaria la descripción del resto que se reserve el Instituto."

 

"Artículo 7º.- Una vez que la Junta Directiva del Instituto de Tierras y Colonización haya escogido cualquiera de las zonas donde se ha de efectuar el programa de titulación, lo comunicará al Poder Ejecutivo para que éste dicte el decreto declarando el área sujeta al programa.

Igual comunicación se hará al finalizar éste en cada zona, para que por decreto se levante la afectación del área respectiva."

 

"Artículo 8º.- La Dirección Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería está obligada a comunicar al Instituto de Tierras y Colonización, dentro del término de dos meses a contar desde la fecha de publicación en "La Gaceta" del decreto a que se refiere el artículo 7º que precede, las áreas comprendidas dentro de la zona a que se refiere dicho decreto que son o deben ser declaradas según la Ley Forestal vigente, reserva forestal o de otra índole.

El Instituto no podrá otorgar títulos sobre tales áreas. Si pasado dicho término la Dirección General Forestal no se pronuncia, se considerarán allanadas sus posibles objeciones.

Dicha Dirección no tendrá ninguna otra intervención en los programas de titulación ni será necesario su consentimiento o aprobación para ninguno de los demás actos o trámites regidos por esta ley.

No obstante lo anterior, el Instituto deberá abstenerse en todo caso de adjudicar terrenos en zonas que evidentemente sean de vocación forestal."

Estos artículos nos indican la forma en que se procedía por parte del antiguo ITCO (hoy IDA) y el Poder Ejecutivo, en la creación de los llamados Programas de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales. Estos programas tenían las siguientes particularidades: Primero: El ITCO (IDA), tenía que determinar las porciones de terrenos que cumplieran con las siguientes características; 1. Terrenos que se ubicaran en Reservas Nacionales, entendidas éstas como terrenos ubicados en nuestro país que no estuvieran inscritos a nombre de sujetos de derecho privado y de ninguna Administración Pública. Es decir, propiedades sin inscripción en el Registro Nacional; 2. Existencia de poseedores de esas tierras; Segundo: La idea de estos programas era el de dotar de título de propiedad a poseedores que no lo tuvieran; Tercero: Estaban excluidos de esos programas los terrenos que tuviesen bosque y sean de vocación forestal. Nótese, que al final del citado artículo 8 de la derogada Ley de Titulación de Tierras número 5064 del 22 de agosto de 1972, se indica de forma categórica que "No obstante lo anterior, el Instituto deberá abstenerse en todo caso de adjudicar terrenos en zonas que evidentemente sean de vocación forestal.". Esto significa que no formaban parte del programa de titulación de tierras, los inmuebles que tuviesen cobertura boscosa, como lo es el del codemandado Nombre143132  en este caso; Cuarto: El ITCO (IDA), le recomendaba al Poder Ejecutivo las zonas que cumplían los requisitos, a efectos de que procediera a emitir un Decreto Ejecutivo mediante el cual a esos terrenos se les generaba en el Registro Nacional un número de matrícula que se inscribía a nombre del ITCO (IDA); Quinto: Una vez que el ITCO (IDA), tenía los terrenos registrados en una sola matrícula en el Registro Nacional, esa institución procedía a emitir a los poseedores de esas tierras los títulos de propiedad. Sin embargo, se insiste, no se podían emitir títulos de propiedad sobre terrenos con cobertura boscosa o de vocación forestal, por lo que no eran objeto de posesión. Precisamente, en este caso se tiene por demostrado que por Decreto Ejecutivo número 11363-A, dictado el 24 de marzo de 1980, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 74 del 18 de abril de 1980, se traspasó de forma gratuita al Instituto de Tierras y Colonización (actual IDA), un área de 160.000 hectáreas para crear el programa de titulación denominado "Limón 034". Justamente, ese Decreto Ejecutivo se emitió con base en las leyes citadas y explicadas anteriormente (Ley Forestal número 4465 del 25 de noviembre de 1969 y Ley de Titulación de Tierras número 5064 del 22 de agosto de 1972), así como indicó en su artículo 2, en lo pertinente lo siguiente:

"El ITCO no otorgará títulos de propiedad en aquellas áreas que a juicio de la Dirección Forestal y de acuerdo con la Ley Forestal vigente, son o deban ser declaradas Reservas Forestales o de otra índole."

Nótese, que este Decreto Ejecutivo prohibía, tal y como lo disponían las leyes que le sirvieron de sustento, que el ITCO (IDA) titulara en zonas boscosas o de vocación forestal. Ahora bien, se tiene por demostrado que el terreno traspasado al Instituto de Tierras y Colonización (actual IDA), por orden del Decreto Ejecutivo número 11363-A, se inscribió en el Registro Nacional a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, bajo la matrícula Placa8159 (finca madre), a su vez el plano catastrado número L-908302-2004 que se ubica dentro de dicha propiedad, que fue el terreno adjudicado por el IDA al codemandado Nombre143132  , fue inscrito en el Registro Nacional bajo la matrícula número Placa28212. Precisamente, como se puede apreciar desde 1960 ha existido bosque en el terreno adjudicado al codemandado Nombre143132 , y éste ocupó esa propiedad existiendo cobertura boscosa. Luego se puede apreciar que en 1985 existió intervención humana en ese terreno, pero esto no cambia el hecho de la existencia de bosque. Ahora bien, en el supuesto que el señor Nombre143132  , hubiese solicitado que se le titulara ese terreno entre los años de 1978 y 1985, el ITCO no podría haberlo hecho, ya que la legislación de ese entonces y el mismo Decreto Ejecutivo número 11364-A prohibían titular en zonas boscosas o con vocación forestal; c) El estudio del Instituto Geográfico Nacional, también concluyó que para 1998, no sólo seguía existiendo bosque en el terreno titulado a Nombre143132 , sino que también existió una regeneración del bosque en la zona de pastos. Esto es importante, porque demuestra que el terreno en cuestión se encuentra ubicado en una zona montañosa, en la cual persiste el bosque cuando cesa la intervención humana; 2- Existencia de bosques en ese inmueble en la actualidad: Ahora bien, la existencia de bosque ubicado en el inmueble objeto de este proceso, desde 1960 hasta la actualidad, es una constante que este Tribunal constató en el reconocimiento judicial realizado por parte de los miembros que integran esta Sección de este órgano jurisdiccional, a partir de las once horas con diez minutos del veintidos de enero del dos mil diez, mediante el cual se pudieron apreciar los siguientes aspectos relevantes: a. El acceso a la propiedad es difícil. No puede hacerse directamente por automóvil, sino que hay que hacerlo a pie por medio de un camino en muy malas condiciones, con piedras y con pendiente; b. Se apreciaron bastantes zonas con bosques a lo largo de diferentes áreas del inmueble, que se mezclan con potreros en estado de abandono; c. La propiedad tiene pendiente tanto a su ingreso, como dentro de la misma. A lo interno del inmueble el terreno es bastante irregular; d. El potrero se encuentra en estado de abandono, el cual se mezcla con el bosque. Incluso partes del bosque son bastante montañosas; e. La propiedad se encuentra cercada con alambre de puás, en ciertas zonas en mal estado y en otras en regulares condiciones. Las cercas están montadas en postes muertos y vivos; f. Existe una quebrada con agua limpia, un pequeño establo en estado de abandono, una casa de madera y zinc en muy mal estado en general, que no se encuentra ocupada y carece de luz eléctrica y agua; g. Las zonas de potreros tienen zacate pero bastante enmontado y en visible estado de abandono; h. No se apreció actividad agrícola ni ganadera. Ahora, valorando lo que este Tribunal apreció en el reconocimiento judicial, se destancan los siguientes aspectos de interés: Primero: Existe bosque en la propiedad. Lo que confirma el hecho que es Patrimonio Natural del Estado; Segundo: Las zonas de potreros se encuentran en abandono; Tercero: El acceso a la propiedad es muy difícil. Esto es un indicativo que la posibilidad de hacer una actividad agrícola o ganadera es poco viable; Cuarto: El terreno de la propiedad es irregular. Esto señala que realizar actividad agrícola era muy dificíl. En síntesis de lo apreciado por este Tribunal, es evidente que el terreno titulado a Nombre143132 , es patrimonio natural del Estado, afectado al dominio público, así como, es poco apto para realizar actividades agrarias o ganaderas. Ahora bien, lo apreciado por este Tribunal en el reconocimiento judicial, es confirmado por otro estudio técnico. En ese sentido, se tiene por un hecho probado que por oficio DST-023-10 del 27 de enero de 2010, emitido por el Ing. Agr. Renato Jiménez Zuñiga, Jefe del Departamento de Servicios Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), le remitió a la Contraloría General de la República, un Certificado de Uso Conforme del Suelo, realizado en el inmueble objeto de este proceso, en el cual se dividió y analizó el uso del suelo en la propiedad titulada a nombre del codemandado Nombre143132 , de la siguiente manera: Sector A: Potreros y charrales 5.797 hectáreas (12.7%); Sector B: Bosque de regeneración natural 18.64 hectáreas (41%); Sector C: Potreros en abandono y bosque de regeneración 21.275 hectáreas (46.3%). Asimismo, se indicó textualmente, en lo que interesa para el dictado de esta resolución, lo siguiente:

"De conformidad con el artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Nº 7779 del 30 de abril de 1998 y con base en una visita de campo, esta instancia certifica que en la finca SE HA EJERCIDO con el uso conforme del suelo para la actividad que se realiza de acuerdo con la metodología aprobada. Observaciones: El inmueble se encuentra constituido de suelos que se clasificaron como Typic Hapludults, en el cual no se realizan actividades agrarias productivas, ya que los escasas áreas (sic) de potrero que aún persiste, fueron abandonadas y se aprecia que no hay sermovientes en esta finca desde hace un considerable período de tiempo, ya que las cercas están en muy mal estado. Recomendaciones: Mantener el uso actual del inmueble, de manera que los procesos de regeneración natural del bosque se consoliden, ya que la alta compactación del suelo, debida al pastoreo anterior al uso actual, provocó efectos degradativos sobre la distribución del espacio poroso del suelo, por lo que en las áreas de potreros abandonados, aún se observan problemas de episaturación del agua de la lluvia, en el horizonte superficial del suelo, evidenciamos en la descripción de colores de suelo relacionados con reducción de hierro y manganeso, por saturación de agua."       

De este Certificado de Uso Conforme del Suelo, elaborado por el INTA, este órgano jurisdiccional extrae los siguientes aspectos relevantes: a) Véase, que si se suman las zonas B y C, que consisten en potreros y bosques en regeneración natural, se obtienen 39.915 hectáreas (87.3%), de cobertura de bosque y bosque en regeneración natural, del total de 45.713 hectáreas (100%) del inmueble. Esto le indica a este órgano jurisdiccional, que matemáticamente el terreno es casi un 90% bosque. Si a eso le agregamos que si el sector A constituido por potreros y charral, que se encuentran en estado de abandono, se deja así, sin intervención humana, los procesos de regeneración natural del bosque se van a consolidar, según se desprende de lo señalado en el certificado citado. Entonces, tenemos que prácticamente la totalidad de la propiedad es bosque o bosque en regeneración natural. Por ello, la afirmación de la abogada de Nombre143132 , en el sentido de que solo una parte del terreno titulado a su representado es bosque, es totalmente desvirtuada por esta prueba técnica; b) Es claro que el uso conforme del suelo en ese terreno corresponde a bosque. Esto demuestra que actualmente continúa siendo el terreno en cuestión Patrimonio Natural del Estado y esa naturaleza nunca la ha perdido. Además, es importante indicar, que si dicho inmueble se mantiene como está actualmente, sin intervención humana, las zonas que aún tienen potrero podrán ir paulatinamente regenerándose de manera natural en bosque; c) El certificado de uso del suelo, comprueba un dato muy importante. A parte de que en esa propiedad existe y ha existido siempre bosque, también esa certificación afirma que el inmueble se encuentra constituido de suelos que se clasifican como "Typic Hapludults", en los cuáles no se realizan actividades agrarias productivas, lo que significa que dicho terreno no es adecuado para el desarrollo de actividades agrícolas. Es decir, el inmueble titulado por la institución demandada a favor del codemandado Nombre143132 , no clasifica para fines agrarios según la certificación de uso conforme del suelo emitida por el INTA. Esto, como se verá más adelante, fue un requisito que el IDA omitió al momento de titular el inmueble; 3- Improcedencia de la posesión sobre el terreno objeto de este proceso: La prueba técnica citada y analizada anteriormente, es contundente al establecer que el terreno que corresponde con el plano catastrado número L-908302-2004, el cual fue titulado por el IDA a favor del señor Nombre143132  , ha sido y es Patrimonio Natural del Estado. Esto implica que ese terreno ha estado afectado al dominio público. Esto encuentra sustento jurídico en la propia Constitución Política, la derogada Ley Forestal número 4465 del 25 de noviembre de 1969 y sobre todo en la actual Ley Forestal número 7575, que indica en lo pertinente lo siguiente:

"ARTICULO 13.- Constitución y administración

El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio.

El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio. Cuando proceda, por medio de la Procuraduría General de la República, inscribirá los terrenos en el Registro Público de la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado.

Las organizaciones no gubernamentales que adquieran bienes inmuebles con bosque o de aptitud forestal, con fondos provenientes de donaciones o del erario, que se hayan obtenido a nombre del Estado, deberán traspasarlos a nombre de este."

 

"ARTICULO 14.- Condición inembargable e inalienable del patrimonio natural

Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.

 

"ARTICULO 15.- Impedimentos

Los organismos de la Administración Pública no podrán permutar, ceder, enajenar, de ninguna manera, entregar ni dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes hayan sido clasificados por el Ministerio del Ambiente y Energía. Si están cubiertos de bosque, automáticamente quedarán incorporados al patrimonio natural del Estado y se constituirá una limitación que deberá inscribirse en el Registro Público."

Precisamente, de la lectura de estos artículos se pueden extraer las implicaciones que se presentan cuando un terreno es Patrimonio Natural del Estado: a) Es inembargable, imprescriptible e inalienable. Esto significa que se encuentra fuera del comercio de los hombres según lo disponen los artículos 261, 262 y 263 del Código Civil. Asimismo, no se puede alegar prescripción positiva o adquisitiva, descartándose la inscripción por medio de la Ley de Informaciones Posesorias, así como no existe prescripción para que el Estado o sus instituciones soliciten judicialmente la reinvindicación de esos terrenos. Por esa razón la excepción de prescripción interpuesta en este proceso por el codemandado Nombre143132  es improcedente; b) La afectación al dominio público se da de manera automática por existir bosque, sin necesidad de que así sea declarado administrativa o judicialmente; c) En los terrenos que son Patrimonio Natural del Estado, es improcedente la posesión de éstos. Inclusive, desde una adecuada técnica jurídica, los bienes de dominio público no se poseen, sino que se ocupan o se invaden. Precisamente en este caso, es evidente que el terreno objeto de conflicto, ha sido Patrimonio Natural del Estado, y por ello afectado al dominio público. Esto significa que el codemandando Nombre143132  no ha poseído ese inmueble, sino que lo ha ocupado por tolerancia del IDA, y esa ocupación generó una inscripción registral que deberá ser anulada. Véase que el citado artículo 14 de la Ley Forestal, indica que la posesión de terrenos que son Patrimonio atural del Estado no causará derecho alguno a favor de particulares, por lo que en buen sentido jurídico el señor Nombre143132  no puede alegar posesión sobre el inmueble objeto de controversia en este proceso. Ahora bien, tal y como se explicó líneas atrás, el Decreto Ejecutivo número 11363-A, prohibía titular en terrenos con cobertura boscosa. Esto en aplicanción directa de las derogadas Ley Forestal número 4465 del 25 de noviembre de 1969 y Ley de Titulación de Tierras número 5064 del 22 de agosto de 1972, lo que significa que los terrenos que en aquel momento eran Patrimonio Natural del Estado, no fueron en buen sentido trasladados al IDA, debido a que no eran parte de los programas de titulación de tierras, esto por dos razones: Primera: Los programas de titulación de tierras en reservas nacionales, implicaban que los terrenos no estaban inscritos a nombre de sujetos de derecho privado, así como de Administraciones Públicas, pero que si podían ser objeto de posesión por particulares. Esto significa que el programa de titulación se dirigía a otorgar títulos de propiedad en terrenos no inscritos y suceptibles de posesión. Precisamente, los terrenos con cobertura boscosa, no eran objeto de posesión al estar afectados al dominio público. Por ello, tanto el Decreto Ejecutivo número 11363-A, así como las derogadas Ley Forestal número 4465 del 25 de noviembre de 1969 y Ley de Titulación de Tierras número 5064 del 22 de agosto de 1972, contenían una prohibición expresa de titular en áreas boscosas; Segunda: Los bienes de dominio público pertenecen al Estado. Lo que implica que éstos no son parte de los programas de titulación de tierras, ya que aunque no estén formalmente inscritos en el Registro Nacional, si tienen propietario, que es precisamente el Estado. En conclusión, el terreno que corresponde con el plano catastrado número L-908302-2004, el cual fue titulado por el IDA a favor del señor Nombre143132  , es un inmueble que ha sido y es Patrimonio Natural del Estado, por lo que se encuentra afectado al dominio público. Al ser un bien de dominio público, es inembargable, imprescriptible, inalienable y no susceptible de posesión por parte de particulares. Por ser un terreno no susceptible de posesión, no podía formar parte del programa de titulación de tierras en reservas nacionales, creado mediante el Decreto Ejecutivo número 11363-A, el cual además prohibía expresamente la titulación en terrenos con cobertura boscosa o con vocación forestal. En consecuencia, el terreno objeto de este proceso es Patrimonio Natural del Estado, en el cual es improcedente la posesión alegada por el codemandado Nombre143132  . Por ello, desde antes que el IDA titulara ese inmueble a favor del señor Nombre143132 , mediante el procedimiento establecido en el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, la indicada institución codemandada no podía titular el mismo, por las razones expuestas. Esto conlleva a la nulidad del título otorgado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en su Artículo 31 de la Sesión 005-05 del 7 de febrero del 2005, del terreno correspondiente al plano catastrado número L-908302-2004 a  favor del codemandado Nombre143132  , así como de los actos conexos.        

 

VI- NULIDAD DE LA TITULACIÓN EFECTUADA POR EL IDA A FAVOR DEL CODEMANDADO Nombre143132  , AL NO EXISTIR NORMATIVA QUE LA SUSTENTE Y OMITIRSE REQUISITOS NECESARIOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE TITULACIÓN: Para este órgano jurisdiccional, con solo lo explicado en el considerando anterior, es motivo suficiente para anular las conductas administrativas del IDA y declarar con lugar esta demanda. Sin embargo, en el curso de este proceso, las partes han discutido sobre otras razones que vician el procedimiento de titulación efectuado a favor del codemandado Nombre143132 , que este Tribunal debe analizar. En este sentido, las conductas administrativas realizadas por el IDA, objeto de este proceso, también devienen en nulas, por las siguientes razones: 1) Se tiene por probado que la titulación efectuada por la Junta Directiva del IDA, del inmueble en discordia, a favor del codemandado Nombre143132 , se sustentó en el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Naturales, aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en su artículo segundo, de la sesión cero cincuenta y cinco-cero dos, celebrada el doce de agosto del dos mil dos, el cual fue publicado en La Gaceta número 173 del diez de setiembre del dos mil dos. Precisamente, por resolución dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto número 02063-07, de las catorce horas con cuarenta minutos del catorce de febrero del dos mil siete, se anuló por inconstitucional dicho reglamento. Asimismo, dicha sentencia indicó claramente lo siguiente:

"XV. De los efectos de la inconstitucionalidad que se declara: Al tenor de lo dispuesto en los artículos 90 párrafo primero y 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la estimación de inconstitucionalidad que se hace en esta sentencia en relación con el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario por el artículo 11 de la sesión número 055-02, del doce de agosto del dos mil dos, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 173, del diez de agosto del dos mil dos, tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de este cuerpo reglamentario, sea el doce de agosto del dos mil dos, lo anterior, de manera que procede la recuperación de los bienes que, siendo de dominio público, hayan sido objeto de titulación al tenor de la normativa que ahora se anula, lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial del Estado que derive de esta inconstitucionalidad"

Precisamente, la titulación realizada por el IDA, del terreno que constituye Patrimonio Natural del Estado, por lo ya explicado, a favor del codemandado Nombre143132 , no se sustenta en una normativa que exista dentro del bloque de legalidad, por lo que deviene en una conducta administrativa con vicios de nulidad absoluta, a consecuencia de la sola declaración de inconstitucionalidad realizada por nuestro Tribunal Constitucional. Además, le preocupa a este Tribunal, que pese a lo ordenado por la Sala Constitucional, en el sentido de que se deben recuperar los bienes de dominio público, que fueron objeto de titulación con base en el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Naturales, en este caso en particular, el IDA no haya hecho ningún tipo de gestión tendiente a cumplir con lo ordenado por la Sala Constitucional, lo que denota una conducta omisiva y una clara violación a los deberes que tienen todas las Administraciones Públicas de proteger el Patrimonio Natural del Estado, lo que constituye un funcionamiento anormal, por tanto, contrario a derecho; 2) Es un hecho probado que por Decreto Ejecutivo número 11363-A, dictado el 24 de marzo de 1980, y Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 74 del 18 de abril de 1980, se traspasó de forma gratuita al Instituto de Tierras y Colonización (actual IDA), un área de 160.000 hectáreas para crear el programa de titulación denominado "Limón 034". Justamente, ese terreno traspasado al Instituto de Tierras y Colonización (actual IDA), se inscribió en el Registro Nacional a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, bajo la matrícula Placa8159 (finca madre). A su vez, la parcela número 330-1000, se encontraba dentro del programa de titulación denominado "Limón 034". Es decir, dicha parcela es una segregación de la finca madre anteriormente indicada, ubicada en Punta de Lanza del distrito primero, cantón quinto de la provincia de Limón, con una medida de 45 hectáreas, 7113.47 metros cuadrados, que corresponde con el plano catastrado número Placa22737, fue precisamente, el inmueble que la Junta Directiva del IDA, tituló a favor del codemandado Nombre143132 , y que se inscribió en el Registro Nacional bajo la matrícula número Placa28212, a nombre del indicado coaccionado. Ahora, el Decreto Ejecutivo número 11363-A, dictado el 24 de marzo de 1980, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 74 del 18 de abril de 1980, fue derogado mediante Decreto Ejecutivo número 34415-MAG, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 70 del jueves 10 de abril del 2008, el cual dispuso en su artículo 2º, textualmente en lo pertinente, lo siguiente:

"Se autoriza al Instituto de Desarrollo Agrario para que mediante exorto proceda a cancelar la inscripción en el Registro Público de las fincas: a) Partido de Limón, Folio Real 26.501-000 (...)"

Como se desprende de lo dicho, el Decreto Ejecutivo que creó la finca madre, que a su vez, se segrega de ésta el inmueble titulado por el IDA a favor del codemandado Nombre143132 , fue derogado por otro Decreto Ejecutivo. Esto significa, que la titulación realizada al señor Nombre143132 , carece de sustento juridico en su base, debido a que no existe actualmente la propiedad originaria y la norma que habilitó la titulación de ese terreno. Ahora, nuevamente este Tribunal nota, que pese a la orden expresa dada en el Decreto Ejecutivo número 34415-MAG al IDA, en el sentido de que debían iniciar los procedimientos para cancelar las inscripciones en el Registro Público que se generaron con el Decreto Ejecutivo número 11363-A, en el caso particular, ha existido una conducta omisiva, ya que el IDA, no gestionó en sede administrativa la nulidad del título dado al codemandado Nombre143132 ; 3) Ahora bien, se tiene por probado que en febrero del 2004, el codemandado Nombre143132  , presentó ante el Instituto de Desarrollo Agrario una solicitud para tramitar una titulación de tierras amparado a los artículos 10 y 11 del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales y la Ley de Tierras y Colonización número 2825, requiriendo el otorgamiento de escritura pública del terreno correspondiente con el plano catastrado número L-908302-2004, que como se indicó formaba parte del Proyecto Limón 034, con el número de parcela 330-1000. Como se expuso anteriormente, la solicitud del codemandado Nombre143132  se sustentó en el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, normativa que fue declarada inconstitucional, así como en el Decreto Ejecutivo número 11363-A, el cual fue derogado. Por lo que dicha solicitud a la postre se quedó sin sustento normativo para ser tramitada y posteriormente adjudicar la parcela. No obstante esta falta de sustento normativo, el IDA omitió una serie de requisitos que también producen una nulidad de la titulación del inmueble en controversia a favor de Nombre143132 . Estos requisitos fueron los siguientes: a) La Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, así como su respectivo reglamento, le imponen la obligación al IDA de que de manera previa a otorgar una titulación de un terreno, debe contar con el estudio de capacidad de uso de suelo. Precisamente, ese requisito lo establece el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, que dispone:

"ARTÍCULO 27.- Será obligatorio para el Instituto de Desarrollo Agrario disponer de estudios de capacidad de uso de la tierra, antes de adquirir terrenos para fines de titulación.

 

Toda adjudicación de terrenos deberá tener como limitación que el uso del terreno adjudicado no pueda ir en contra de su capacidad de uso. El incumplimiento de esta disposición acarreará la revocatoria de la adjudicación, aparte de otras penas con que se pueda castigar por los delitos que le sean imputables."

Nótese, que la norma es muy clara en la obligación del IDA de contar con los estudios de capacidad de uso de suelos de previo a titular, y que el incumplimiento de ese mandato acarreará la revocatoria de la adjudicación. Además, esta obligación de contar con los estudios de capacidad de uso de suelos viene precisada en los numerales 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo número 29375 MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, que disponen:

"Artículo 58.—En toda información posesoria o que se presente ante el IDA o ante los Tribunales de Justicia, con el fin de inscribir en el Registro Público de la Propiedad, el interesado, además de los requisitos que exige la normativa común, deberá de demostrar, con un estudio adecuado de suelos, que ha ejercido la posesión cumpliendo con el uso conforme del suelo para la actividad que realiza de acuerdo con la metodología aprobada, y ejecutándolas con las mejores prácticas de su manejo, según la mejor tecnología disponible en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43 y 64 de la Ley Nº 7779 y este Reglamento."

 

"Artículo 59.—El estudio será realizado por el Certificador de Uso Conforme del Suelo, quien deberá analizar y certificar con base en visita de campo, si la posesión en las actividades del inmueble, se han ejercido de acuerdo con el uso conforme de suelo según su clasificación y que en el inmueble se realizan prácticas de manejo y conservación de suelos y aguas de acuerdo con la metodología aprobada."

 

"Artículo 60.—Es obligatorio para el IDA contar con estudios de suelos, al menos a nivel de semidetalle en coordinación con el MAG, de previo a toda compra de fincas, parcelación, adjudicación, titulación, arrendamiento, y con mayor énfasis en la titulación de tierras ubicadas en reservas nacionales según ley 7599 del 29 de abril de 1996."

 

"Artículo 61.—Por ningún concepto el IDA podrá adquirir, adjudicar o titular tierras que no clasifiquen para fines agrarios según el estudio de suelos."

 

"Artículo 62.—Si del estudio de suelos y la clasificación de las tierras, no sea procedente la titulación para fines agrarios o urbanos, el IDA las destinará en su caso a reserva nacional traspasándolas en su caso al MINAE."

 

"Artículo 63.—En el contrato o título de arrendamiento o adjudicación de tierras por parte del IDA, se incluirá necesariamente bajo pena de caducidad o revocación, la condición de que en el terreno el adjudicatario, no podrá realizar ninguna actividad contraria al uso, manejo y conservación de suelos y aguas. Conforme lo dispone el artículo 27 y 64 de la Ley Nº 7779. Demostrado su incumplimiento el IDA iniciará el procedimiento de revocación del TÍTULO, para lo que se anotará preventivamente en el Folio Real de la respectiva finca."

Nótese, que la normativa citada es clara, respecto a que antes de titular e inscribir terrenos, el IDA tiene la obligación de realizar los estudios de capacidad de uso de suelos. Asimismo, el citado artículo 61 le prohíbe al IDA adquirir, adjudicar o titular tierras que no clasifiquen para fines agrarios según el estudio de suelos. Precisamente, aplicando lo indicado al caso concreto, tenemos como un hecho probado que al momento de que el Instituto de Desarrollo Agrario título el inmueble objeto de este proceso, a favor del codemandado Nombre143132  , no se contó con el estudio de capacidad de uso del suelo, requerido por el artículo 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y los numerales 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del Reglamento a dicha Ley. Esto debido de que de la revisión del expediente administrativo aportado por el IDA del caso de Nombre143132  , no consta ningún estudio de capacidad de uso del suelo. Asimismo, al momento de la contestación de la demanda por parte del Instituto de Desarrollo Agrario se indicó que efectivamente no se aportó dicho estudio de capacidad de uso de suelo en el caso del codemandado Nombre143132 . También, la abogada del IDA durante sus conclusiones en la audiencia única, aceptó la omisión de este requisito, entre otros. Ahora bien, el Certificado de Uso de Suelo del terreno adjudicado a don Nombre143132  , fue elaborado posteriormente, el 27 de enero de 2010, por parte del Jefe del Departamento de Servicios Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), el cual fue analizado en el considerando anterior de esta sentencia. Justamente, en las conclusiones de ese estudio se indicó que el inmueble se encuentra constituido de suelos que se clasifican como "Typic Hapludults", en los cuales no se realizan actividades agrarias productivas. Esto significa que dicho terreno no es adecuado para el desarrollo de actividades agrícolas. En resumen, el IDA al momento de titular el terreno a favor del codemandado Nombre143132 , no cumplió la obligación de contar con un certificado de uso del suelo. Éste fue elaborado posteriormente, durante el desarrollo de este proceso, el cual concluyó que los suelos de ese terreno no son aptos para desarrollar actividades agrarias. En consecuencia, la nulidad de la titulación del terreno efectuada por el IDA a favor de Nombre143132 , no solo se presenta por ser Patrimonio Natural del Estado, como se expuso en el considerando anterior, sino también en que se tituló sobre un terreno que no es apto para actividades de explotación agrícola, así como, omitiendo el requisito legal de contar con un estudio de uso y conservación de suelos; b) El IDA omitió la información que tuvo a la mano antes de titular el inmueble en cuestión, referente a que en el terreno existía bosque y por ello, constituía Patrimonio Natural del Estado. En ese sentido, se tiene por probado que el codemandado Nombre143132  , al momento de realizar su solicitud de titulación aportó el plano catastrado número L-908302-2004 del 13 de febrero del 2004, en el cual se aprecia que ese terreno se describe de potrero con montaña. Asimismo, dentro de los documentos aportados para llevar a cabo la titulación del inmueble objeto de controversia, está la certificación número SINAC-DS-OFAU-C-1228-2004, emitida por Nombre112425   de la Oficina de Atención al Usuario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía el 29 de marzo del 2004, mediante la cual se indicó en lo pertinente para el dictado de esta sentencia, textualmente, lo siguiente:

"Efectuado el estudio en las hojas cartográficas respectivas del mapa básico de Costa Rica escala 1:50.000, se ha determinado con base en la ubicación consignada en el plano catastrado número 7-908302-2004 a nombre de I.D.A. poseedor Nombre143132  , que este describe un inmueble que se ubica FUERA DE CUALQUIER AREA SILVESTRE PROTEGIDA SEA CUAL SEA SU CATEGORIA DE MANEJO ADMINISTRADA POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA. SIN EMBARGO CONSTITUYE PARCIALMENTE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO SEGUN ARTICULOS 13, 14 Y 15 DE LA LEY FORESTAL Placa12929 16 DE ABRIL DE 1996"

Nótese, que este documento afirma que el terreno que se solicitaba en ese momento titular, era Patrimonio Natural del Estado. Ahora bien, pese a estos documentos que el IDA tuvo previamente a la mano, mediante oficio número STA-010-2005 del 26 de enero del 2005, el señor Nombre3423  , Supervisor Programa Ord. Agrario, Coordinador Programas de Titulación y Compensación Social, y el Ingeniero Juan Carlos Solorzano Morales, Jefe del Departamento Ord. Agrario del Instituto de Desarrollo Agrario y dirigido a la Junta Directiva de esa misma institución, se solicitó la autorización de la Junta Directiva del IDA de segregar y traspasar 11 lotes y parcelas del Proyecto Limón 034 (Dirección5349 ),  para que se extendieran los correspondientes títulos supletorios de dominio, entre los que se encontraba el terreno a nombre del codemandado Nombre143132   y que correspondía con el plano catastrado número L-908302-2004, esto debido a que se cumplieron las políticas institucionales, la recomendación de la Oficina Regional de Batáan según oficio ORS-1074-2004, el visto bueno de la Dirección Regional Huétar Atlántica, revisión de los requisitos exigidos para el trámite de titulación por parte del Coordinador Agrario Regional, el Acuerdo de la Junta Directiva, Artículo XXI, Sesión 065-00 del 11 de setiembre del 2000 y la normativa al respecto, así como con el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 173 del 10 de setiembre del 2002, quedando las parcelas y lotes bajo las condiciones y restricciones del artículo XVIII de dicho reglamento. Véase que en este oficio se afirma que la solicitud de titulación cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa correspondiente, lo cual no era cierto, ya que no había certificado de uso de suelos y se omitio el hecho que el terreno era Patrimonio Natural del Estado al tener cobertura boscosa y ser de vocación forestal. Pese a estos vicios y falencias, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en su Artículo 31 de la Sesión 005-05 del 7 de febrero del 2005, aprobó segregar y traspasar 11 lotes y parcelas del Proyecto Limón 034 (Dirección5349 ), para que se extendieran los correspondientes títulos supletorios de dominio, entre los que se encontraba el terreno a nombre del codemandado Nombre143132   y que correspondía con el plano catastrado número L-908302-2004, según solicitud presentada por el coordinador de Programas de Titulación mediante oficio número STA-010. En esa misma sesión de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, se autorizó a los señores Walter Céspedes Salazar, Presidente Ejecutivo, como al Ingeniero Nombre60401   , Gerente General, para que comparezcan en su momento ante el notario asignado, Ana Isabel Sibaja Rojas, para el otorgamiento de las respectivas escrituras de traspaso. Ahora bien, siguiendo con lo ordenado por la Junta Directiva del IDA, mediante Escritura Pública Número Ciento Cuarenta y Cinco, otorgada ante la Notaria Pública Ana Isabel Sibaja Rojas, con la comparecencia del señor Nombre60401   , como Gerente General del Instituto de Desarrollo Agrario, suscrita el 18 de febrero del 2005,  se segregaron y adjudicaron lotes del Dirección17381  , de la propiedad matrícula número Placa8165, entre ellos se encontraba el terreno adjudicado al codemandado Nombre143132   y que correspondía al plano catastrado número Placa22737. Por último, el terreno adjudicado al codemandado Nombre143132  , correspondiente al plano catastrado número Placa22737, fue inscrito en el Registro Nacional bajo la matrícula número Placa28212, a nombre del indicado coaccionado. Evidentemente, todos estos actos son absolutamente nulos por todas las razones expuestas. En consecuencia, se declara con lugar en todos sus extremos la demanda principal establecida por la Contraloría General de la República con la coadyuvancia del Estado, contra el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y Nombre143132  , en el siguiente sentido:1) Se anula el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, contenido en el Artículo 31 de la Sesión número 005-05 de fecha 7 de febrero de 2005, únicamente, en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor del señor Nombre143132  , descrita en el plano catastrado número Placa22737; 2) S e anula la escritura pública número 145, otorgada ante la Notaria Pública Ana Isabel Sibaja Rojas, a las 8 horas del 18 de febrero del 2005, que formalizó y protocolizó la titulación emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario; 3) Se ordena anular el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo el sistema de Folio Real matrícula número Placa28209 (finca titulada), emitido por el Registro Nacional ; 4) Se declara que la finca inscrita a Folio Real matrícula número Placa28209 fue inscrita técnica y jurídicamente de forma indebida a favor del señor Nombre143132  , de conformidad con lo estipulado en el artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública; 5) Se ordena a la Procuraduría General de la República, por medio de la Notaría del Estado, que confeccione escritura donde protocolice, en lo conducente, las piezas de esta sentencia a efectos de que se proceda al cambio de naturaleza e inscripción de la finca descrita en el plano catastrado Placa22737 a nombre del Estado en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, según lo dispone el artículo 13 de la Ley Forestal. Asimismo, se ordena al MINAET y el SINAC, confeccionar los rótulos necesarios que permitan identificar el inmueble como Patrimonio Natural del Estado con las medidas, colores, material y demás características técnicas que le determine el MINAET. Esos rótulos deberán consignar la leyenda de que esa finca es propiedad del Estado y constituye Patrimonio Natural del Estado; 6) Se ordena, una vez firme esta sentencia, poner en posesión de esa finca al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), y se desaloje de dicho inmueble al señor Nombre143132  ; 7) Se ordena al Archivo Nacional anotar marginalmente las anulaciones de los instrumentos notariales referidos, a saber, escritura pública número 145 otorgada por la Notaría Pública Ana Isabel Sibaja Rojas en la matriz del protocolo respectivo. Expídanse, los mandamientos respectivos al Registro Público. Se le indica a las partes que cualquier aspecto establecido en esta resolución, deberá ser ejecutado ante el Juez Ejecutor de este Tribunal, si así fuere necesario. Sobre las otras pretensiones del órgano contralor, serán analizadas en los próximos considerandos de esta sentencia.   

 

VII- SOBRE LA NECESIDAD DE ESTABLECER RESPONSABILIDADES INTERNAS: Este órgano jurisdiccional ha determinado que el terreno matrícula número Placa28209 fue inscrito en el Registro Público técnica y jurídicamente de forma indebida a favor del señor Nombre143132  , de conformidad con lo estipulado en el artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública. Además, el órgano contralor indicó dentro de sus pretensiones que de conformidad con el artículo 200 de la Ley General de la Administración Pública, este órgano jurisdiccional declare si la invalidez del acto administrativo emitido por el IDA, contenido en el Artículo 31 de la Sesión número 05-05 de fecha 7 de febrero de 2005, únicamente, en lo que se refiere a la títulación de la finca a favor del codemandado Nombre143134 , es manifiesta o no y de serlo se proceda con lo establecido en el inciso 2 del citado artículo. Precisamente, considera este Tribunal que todas las conductas administrativas anuladas en este proceso, se dieron bajo irregularidades tan evidentes, manifiestas y groseras, que ameritan que se ordene el inicio de los procedimientos administrativos ordinarios necesarios para determinar las responsabilidades disciplinarias, civiles e incluso penales cuando correspondan, de todos los funcionarios que se vieron involucrados en la emisión de los actos administrativos que se vienen anulando en esta sentencia. Esto conforme a lo establecido por los numerales 200, 203 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, artículos 67 y siguientes, 74 y siguientes de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y las normas establecidas en la Ley General de Control Interno, número 8292, en la medida que resulten procedentes. Por ello, de conformidad con los artículos 192, 199, 200, 210, 211, 213 y 261 de la Ley General de la Administración Pública, y numerales 67 y siguientes, 74 y siguientes de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se le ordena a la Contraloría General de la República, iniciar de manera inmediata los procedimientos administrativos disciplinarios, civiles y penales de mérito, que deberán finalizar en el plazo de dos meses después de su iniciación, a fin de establecer las distintas responsabilidades de todos los funcionarios que participaron en las conductas administrativas que fueron anuladas en esta resolución. De dichas acciones deberá rendir informe en el plazo de dos meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia a la fase de ejecución de este Tribunal, bajo la advertencia de incurrir en los supuestos de responsabilidad por omisión de ese deber de fiscalización.

 

 

VIII- SOBRE LA PRETENSIÓN DE CONDENA EN DAÑOS Y PERJUICIOS EN ABSTRACTO A LOS DEMANDADOS: La Contraloría General de la República, solicita que se condene al IDA, en abstracto, al pago de daños y perjuicios ocasionados. Respecto a esta pretensión, considera este Tribunal, que el IDA debe ser condenado al pago en abstracto de los daños y perjuicios debido a que las conductas activas, así como omisivas, descritas a lo largo de esta resolución, son causa suficiente para determinar que esa institución accionada incurrió en un funcionamiento anormal que debe ser indemnizado a favor del Estado, representada en este caso por la Contraloría General de la República, con base en lo dispuesto en los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, relacionado con el numeral 122, inciso m), subinciso iii) del Código Procesal Contencioso Administrativo. En consecuencia, se condena al pago en abstracto de los daños y perjuicios ocasionados con su funcionamiento anormal, al IDA, que se determinará su existencia y cuantía en la fase de ejecución de sentencia.

 

IX- SOBRE LAS EXCEPCIONES DE PRESCRIPCIÓN, FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA Y FALTA DE DERECHO INTERPUESTAS POR EL CODEMANDADO Nombre143132 : Respecto a las excepciones presentadas por el codemandado Nombre143132 , este Tribunal las resuelve de la siguiente manera: a) Prescripción: Como se explicó anteriormente en esta sentencia, el terreno titulado a favor de Nombre143132  , es un inmueble que ha tenido y tiene cobertura boscosa, por lo que es Patrimonio Natural del Estado y se encuentra afectado al dominio público. Por ello, ese terreno es inembargable, imprescriptible e inalienable, de conformidad con lo establecido en el numeral 14 de la Ley Forestal. Por lo tanto,  no se puede alegar prescripción positiva o adquisitiva sobre dicho inmueble. Asimismo, no existe prescripción para que el Estado o sus instituciones soliciten judicialmente la reinvindicación de ese terreno. En consecuencia, se declara sin lugar la excepción de prescripción; b) Falta de legitimación activa y pasiva: La Contraloría General de la República tiene legitimación activa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo, al demandar la nulidad actuaciones del IDA que atentan contra el Patrimonio Natural del Estado. Asimismo, el Instituto de Desarrollo Agrario ostenta la legitimación pasiva, ya que fue la institución que titulo de manera ilegal el terreno objeto de este proceso. En un sentido similar, el señor Nombre143132  , tiene legitimación pasiva en el proceso principal, ya que fue el beneficiario de la titulación ilegal realizada por el IDA. En consecuencia, se declara sin lugar la excepción de falta de legitimación activa y pasiva; c) Falta de derecho: La Contraloría General de la República, dentro de sus falcultades constitucionales de velar por la Hacienda Pública, tiene derecho a pretender la nulidad de las actuaciones del IDA en la titulación del terreno en cuestión a favor de Nombre143132  , debido a que esa titulación se realizó violando la protección constitucional y legal del Patrimonio Natural del Estado, sin sustento normativo y omitiendo requisitos fundamentales. Por ello, se rechaza la excepción de falta de derecho.

 

X- RESPECTO AL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES IMPUESTAS EN ESTE PROCESO, HASTA QUE SE DICTE LA FIRMEZA DE ESTA SENTENCIA: Con la finalidad de proteger el objeto de este proceso, se ordena mantener las medidas cautelares dictadas mediante resoluciones 637-2008 de las catorce horas con treinta minutos del tres de setiembre del dos mil ocho y 919-2008 de las trece horas con diez minutos del veintiocho de octubre del dos mil ocho, que indicaron textualmente lo siguiente: "1) Anotar registralmente a la propiedad 7-14344-000, la interposición de la respectiva demanda. 2) Prevenir al señor Nombre143132  , cédula CED112401, que deberá abstenerse de cualquier tipo de conducta, tanto por acción como por omisión, que atente contra los recursos naturales existentes en la propiedad folio real 7-114344-000, que es el inmueble objeto del proceso, advirtiéndole que en caso de desobedecer esta orden judicial estaría incurriendo en acciones, las cuales eventualmente podrían imputársele como alguno de los delitos tipificados en nuestro ordenamiento penal.". Estas medidas cautelares se deberán mantener, hasta la firmeza de esta sentencia.

 

XI- SOBRE EL PAGO DE LAS COSTAS PERSONALES Y PROCESALES DE L PROCESO PRINCIPAL : De conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, y al no apreciar este órgano jurisdiccional razones válidas para la exoneración en costas, se condena al IDA, al pago de las costas procesales y personales de este proceso principal. Se exonera del pago de las costas procesales y personales de este proceso principal, al señor Nombre143132  , debido que a juicio de este Tribunal, su actuación ha sido de buena fe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193, inciso b), del Código Procesal Contencioso Administrativo.

 

XII- IMPROCEDENCIA DE LA RECONVENCIÓN PRESETANDA POR Nombre143132   AL EXISTIR UNA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA DEMANDAR AL ESTADO: En el presente asunto el codemandado Nombre143132  , presentó contrademanda o reconvención, que por disposición del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se dirigió únicamente contra el Estado. El señor Nombre143132 , en lo medular, solicita como pretensión principal que se declare que es el único poseedor, público y pacífico de la finca titulada por el IDA a su favor, por el plazo superior a los diez años. Asimismo, en caso de ser declarada sin lugar la pretensión principal, solicita como subsidiaria, que se declaren a su favor el pago de daños y perjuicios, representados éstos en daños económicos, perjuicios y daño moral subjetivo. A estas pretensiones se opusieron el Estado, como demandado, y el órgano contralor en su condición de coadyuvante pasivo. En ese sentido, considera por mayoría este Tribunal que los argumentos dados por el Estado son adecuados, específicamente en lo que respecta a la falta de legitimación pasiva, como se analizará a continuación. No obstante lo anterior, estima este órgano jurisdiccional que la manera en que el señor Procurador Víctor Bulgarelli Céspedes, expuso sus conclusiones en la audiencia única efectuada el pasado 28 de julio de este año, no fue adecuada, ya que indicó que sí los jueces de este Tribunal aceptaban la pretensión de indemnización requerida por Nombre143132  incurrirían en el delito de prevaricato al reconocer un extremo que estima ilegal. Precisamente, este Tribunal considera que estas afirmaciones son innecesarias a efectos de realizar una defensa adecuada de los intereses del Estado y que configuran una especie de amenaza o coacción dirigida a este Tribunal, si no se llegan a compartir los argumentos del señor Procurador. Este órgano jurisdiccional tiene la obligación de resolver conforme a la Constitución Política y a la Ley, por lo que dirigir una amenaza a los jueces, a fin de que resuelvan conforme a la tesis que plantea el señor Procurador, so pena de que en caso contrario podrán incurrir en el delito citado, constituye una técnica de litigio de mala fe, que debe ser reportada a la Procuradora General de la República, a efectos de que tome las medidas del caso, con la finalidad de que se corrijan este tipo de malas prácticas de litigio durante las audiencias, que este Tribunal las ve con preocupación y las desaprueba totalmente. Ahora bien, este Tribunal comparte por mayoría los alegatos externados por el Estado y el órgano contralor, por lo que declara con lugar la excepción de falta de legitimación pasiva, por las siguientes razones: 1) La pretensión principal del reconventor de que se le declare como único poseedor, público y pacífico de la finca titulada por el IDA a su favor, por el plazo superior a los diez años, es una pretensión improcedente que sea dirigida al Estado, debido a como se explicó de forma detallada en los anteriores considerandos, el inmueble que se le tituló al señor Nombre143132 , ha sido Patrimonio Natural del Estado desde 1960, año en el cual consta la extensa cobertura boscosa que lo cubre. En consecuencia, el Estado carece de legitimación pasiva para ser demandado con la finalidad de que le titule o le reconozca un derecho de posesión sobre ese inmueble al reconventor Nombre143132 , ya que el Estado ni siquiera por medio de los Tribunales de Justicia, podría reconocer o titular esa propiedad, así como por la vía administrativa; 2) Asimismo existe falta de legitimación pasiva, respecto a la pretensión subsidiaria de daños y perjuicios, requerida por el reconventor Nombre143132 , ya que no puede indemnizarse el valor del inmueble, mejoras o cualquier otro rubro que sea producto de la posesión ilegítima o mera ocupación que dicho señor realizó en el terreno en cuestión. Asimismo, para que puedan determinarse la existencia de daños y perjuicios, deben presentarse la causa que los origina, el nexo causal y los daños propiamente dichos. Justamente, en este caso, de todo lo explicado en los anteriores considerandos de esta sentencia, se tiene que el Estado no causo ningún daño al señor Nombre143132  . Tómese en cuenta, que el Decreto Ejecutivo número 11363-A, prohibió titular en zonas forestales, la nulidad del título otorgado a Nombre143132 , no fue causada por el Estado, sino eventualmente por el IDA, institución que no se encuentra contrademandada. En general, al Estado no se le puede imputar un funcionamiento anormal o ilegal. Tampoco se le puede responsabilizar de la nulidad del título que fue provocada por otra institución, por lo que existiría falta de nexo causal, en el supuesto de que existieran daños y perjuicios. Por esas razones, este órgano jurisdiccional por mayoría, estima que procede declarar con lugar la excepción de falta de legitimación pasiva y en consecuencia rechazar en todos sus extremos la reconvención presentada por Nombre143132   contra el Estado. Por la forma como se resuelve, se omite pronunciamiento respecto a la excepción de falta de derecho.

 

XIII- SOBRE EL PAGO DE LAS COSTAS PERSONALES Y PROCESALES DE LA RECONVENCIÓN : Se exonera del pago de las costas procesales y personales de la reconvención al señor Nombre143132  , debido que a juicio de este Tribunal, su actuación ha sido de buena fe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193, inciso b), del Código Procesal Contencioso Administrativo.

 

POR TANTO

Demanda principal: Se declara sin lugar la excepción de prescripción. Se declara sin lugar la excepción de falta de legitimación activa y pasiva. Se rechaza la excepción de falta de derecho. En consecuencia, se declara con lugar en todos sus extremos la demanda principal establecida por la Contraloría General de la República con la coadyuvancia del Estado, contra el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y Nombre143132  , en el siguiente sentido:1) Se anula el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, contenido en el Artículo 31 de la Sesión número 005-05 de fecha 7 de febrero de 2005, únicamente, en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor del señor Nombre143132  , descrita en el plano catastrado número Placa22737; 2) S e anula la escritura pública número 145, otorgada ante la Notaria Pública Ana Isabel Sibaja Rojas, a las 8 horas del 18 de febrero del 2005, que formalizó y protocolizó la titulación emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario; 3) Se ordena anular el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo el sistema de Folio Real matrícula número Placa28209 (finca titulada), emitido por el Registro Nacional ; 4) Se declara que la finca inscrita a Folio Real matrícula número Placa28209 fue inscrita técnica y jurídicamente de forma indebida a favor del señor Nombre143132  , de conformidad con lo estipulado en el artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública; 5) Se ordena a la Procuraduría General de la República, por medio de la Notaría del Estado, que confeccione escritura donde protocolice, en lo conducente, las piezas de esta sentencia a efectos de que se proceda al cambio de naturaleza e inscripción de la finca descrita en el plano catastrado L-908302-2004 a nombre del Estado en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, según lo dispone el artículo 13 de la Ley Forestal. Asimismo, se ordena al MINAET y el SINAC, confeccionar los rótulos necesarios que permitan identificar el inmueble como Patrimonio Natural del Estado con las medidas, colores, material y demás características técnicas que le determine el MINAET. Esos rótulos deberán consignar la leyenda de que esa finca es propiedad del Estado y constituye Patrimonio Natural del Estado; 6) Se ordena, una vez firme esta sentencia, poner en posesión de esa finca al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), y se desaloje de dicho inmueble al señor Nombre143132  ; 7) Se ordena al Archivo Nacional anotar marginalmente las anulaciones de los instrumentos notariales referidos, a saber, escritura pública número 145 otorgada por la Notaría Pública Ana Isabel Sibaja Rojas en la matriz del protocolo respectivo. Expídanse, los mandamientos respectivos al Registro Público. Se le indica a las partes que cualquier aspecto establecido en esta resolución, deberá ser ejecutado ante el Juez Ejecutor de este Tribunal, si así fuere necesario; 8)  De conformidad con los artículos 192, 199, 200, 210, 211, 213 y 261 de la Ley General de la Administración Pública, y numerales 67 y siguientes, 74 y siguientes de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se le ordena a la Contraloría General de la República, iniciar de manera inmediata los procedimientos administrativos disciplinarios, civiles y penales de mérito, que deberán finalizar en el plazo de dos meses después de su iniciación, a fin de establecer las distintas responsabilidades de todos los funcionarios que participaron en las conductas administrativas que fueron anuladas en esta resolución. De dichas acciones deberá rendir informe en el plazo de dos meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia a la fase de ejecución de este Tribunal, bajo la advertencia de incurrir en los supuestos de responsabilidad por omisión de ese deber de fiscalización; 9)  Con base en lo dispuesto en los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, relacionado con el numeral 122, inciso m), subinciso iii) del Código Procesal Contencioso Administrativo, se condena al pago en abstracto de los daños y perjuicios ocasionados con su funcionamiento anormal, al IDA, que se determinarán su existencia y cuantía en la fase de ejecución de sentencia; 10) Se ordena mantener las medidas cautelares dictadas mediante resoluciones 637-2008 de las catorce horas con treinta minutos del tres de setiembre del dos mil ocho y 919-2008 de las trece horas con diez minutos del veintiocho de octubre del dos mil ocho, las cuales se deberán mantener, hasta la firmeza de esta sentencia; 11)  S e condena al IDA, al pago de las costas procesales y personales de este proceso principal. Se exonera del pago de las costas procesales y personales de este proceso principal, al señor Nombre143132  . Reconvención: Por mayoría, se declara con lugar la excepción de falta de legitimación pasiva y en consecuencia se rechaza en todos sus extremos la reconvención presentada por Nombre143132   contra el Estado. Por la forma como se resuelve, se omite pronunciamiento respecto a la excepción de falta de derecho. Se exonera del pago de las costas procesales y personales de la reconvención al señor Nombre143132  . Se le comunica respetuosamente a la Procuradora General de la República, la mala práctica de litigio señalada en esta sentencia, realizada por parte del señor procurador Víctor Bulgarelli Céspedes, a efectos de que tome las medidas del caso, con la finalidad de que se corrijan este tipo de malas prácticas de litigio que se presentan durante las audiencias orales.

 

Otto González Vílchez

 

Marianella Alvarez Molina                                                                   Cynthia Abarca Gómez                                                           

 

Voto salvado de la Jueza Abarca Gómez

Con el acostumbrado respeto y consideración, coincido con mis compañeros con los hechos que se tienen por demostrados y en la forma en que se resuelve la demanda principal de este proceso. Sin embargo, respecto de la reconvención formulada por el señor Nombre143132   contra el Estado, coincido en la parte dispositiva únicamente en lo que respecta a no condenar en costas a la parte reconventora.  En lo demás, me aparto del criterio de mayoría por las razones que de seguido expongo. I.-  A diferencia de mis compañeros, estimo que debe rechazarse la excepción de falta de legitimación pasiva formulada por el reconvenido, en este caso el Estado. En lo que respecta a la pretensión principal de la reconvención, es evidente que la posesión que se pretende se declare lo es contra un bien que, conforme a lo alegado en la demanda principal y que fue acogido en sentencia, constituye Patrimonio Natural del Estado, y en ese tanto, un bien de dominio público, cuya titularidad recae sobre el Estado y no sobre el IDA. Así, la reconvención se cursa correctamente contra el Estado quien es el titular del bien sobre el cual se pretende hacer valer la posesión , con lo que acredita el vínculo subjetivo  que fija el artículo 12 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo. Ese vínculo es aún más claro respecto de la pretensión subsidiaria. En lo medular, en ésta se pide el pago de daños y perjuicios dentro de los cuales se cita,  entre otras,  el daño moral sufrido, el valor de inmueble, las distintas inversiones en su mantenimiento así como las mejoras introducidas. En general, se trata de un reclamo de mejoras por accesión, las que sin duda deben ser opuestas frente al titular del inmueble que se pretende recuperar, que en este caso es el Estado. Así incluso se desprende del propio Voto No. 02063-07, de las 14 horas 40 minutos del 14 de febrero del 2007, mediante el cual la Sala Constitucional anuló por inconstitucional el Reglamento de para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el cual indicó expresamente a "(...) XV. De los efectos de la inconstitucionalidad que se declara: Al tenor de lo dispuesto en los artículos 90 párrafo primero y 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la estimación de inconstitucionalidad que se hace en esta sentencia en relación con el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario por el artículo 11 de la sesión número 055-02, del doce de agosto del dos mil dos, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 173, del diez de agosto del dos mil dos, tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de este cuerpo reglamentario, sea el doce de agosto del dos mil dos, lo anterior, de manera que procede la recuperación de los bienes que, siendo de dominio público, hayan sido objeto de titulación al tenor de la normativa que ahora se anula, lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial del Estado que derive de esta inconstitucionalidad (...)". (El resaltado es propio). Nótese que la Sala ordena la recuperación de los bienes de dominio público, acción que ejerce en este proceso la Contraloría General de la República como órgano del Estado. Asimismo, se indica que esa recuperación lo será sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial del Estado. Y no podría ser de otra forma porque el titular de bien de dominio público que se recupera es el Estado y no el IDA. Obviamente, ello no impide que luego, mediante acción de regreso contra el ente que autorizó indebidamente la titulación, el Estado recupere lo pagado a título de indemnización. Lo anterior engarza perfectamente con la responsabilidad solidaria del Estado por los detrimentos que ocasione con su actuación legítima o ilegítima, así como su funcionamiento normal o anormal. Por lo expuesto, esta juzgadora rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva que formula el representante estatal y entra a conocer el fondo de la contrademanda. II.- En lo que respecta a la excepción de falta de derecho debo señalar lo siguiente. Ha sido demostrado en este proceso que el inmueble  inscrito en el Registro Nacional bajo el sistema de Folio Real matrícula No. Placa28209 a nombre del reconventor, fue desde 1960 un terreno boscoso que pertenecía al Estado (por Principio de Inmatriculación). Así, desde ese entonces constituía Patrimonio Natural del Estado y, por ende, un bien de dominio público. La declaratoria parcial que efectúa el SINAC en el año 2004 únicamente confirma y da certeza respecto de la naturaleza de ese inmueble. Sin embargo, a juicio de esta juzgadora resulta no es posible desconocer los efectos que la inscripción del inmueble (aún y cuando improcedente porque se trataba de un inmueble que era PNE) generó en la esfera subjetiva del señor Nombre143132 .  En el caso concreto, por la actuación ilegítima activa y omisiva de distintos órganos y entes públicos, se generó un título que fue inscrito en el Registro Nacional y a partir del cual, el reconventor podía ejercer sobre el inmueble todos los atributos del derecho de propiedad. No se trata de una simple posesión, como ha querido hacer ver la representación estatal sino de propiedad inscrita a nombre del reconventor, aunque hoy se declare que fue en forma inválida. Tan propiedad privada era que el Estado no pudo ejercer las potestades propias de la autotutela y  coacción directa en sede administrativa (porque implicaba anular y dejar sin efectos un acto favorable al administrado, lo que le está vedado en esa sede),  sino que tuvo que recurrir a la vía jurisdiccional para anular el título de propiedad inscrito. Sin duda, la nulidad absoluta es procedente y así ha sido declarado. Sin duda también, se impone el deber de recuperar el bien y llevarlo, como ha correspondido siempre, al demanio público. Sin embargo, estimo que, con fundamento en los artículos 9, 11, 41 y 45 de la Constitución Política así como los numerales 11, 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública debe el Estado responder por los daños y perjuicios que esa acción de recuperación ocasione en la esfera subjetiva de quien, hasta al momento de la anulación, fue registralmente su propietario. Lo contrario sería desconocer su situación jurídica subjetiva y supondría una expropiación de hecho que, a mi juicio,  no resulta conforme con el ordenamiento jurídico. Así, en general, estimo que las actividades u obras realizadas a partir de la inscripción del inmueble con la autorización de los órganos y entes públicos competentes deberán ser indemnizadas por quien las haya autorizado y el Estado en forma solidaria. El tipo de indemnización y los criterios que deban seguirse para ello son supuestos que deberán resolverse en cada caso concreto. III.- Conforme a lo expuesto, estimo que debe rechazarse la pretensión principal de la reconvención toda vez que, al estar frente a bien de dominio público, no es legítima ningún tipo de posesión. Respecto a la pretensión subsidiaria, estimo que también es improcedente, por las siguientes razones. En lo referente a la indemnización del valor del inmueble, en el caso concreto éste se obtuvo producto de una titulación, sin que conste en autos que el reconventor haya desembolsado suma de dinero alguna para obtenerlo. Así, independientemente de lo interesante de la discusión sobre si procede o no este tipo de indemnización en una acción de recuperación de bienes de dominio público (que de ninguna manera se aborda), resulta irrelevante cualquier reclamo en ese sentido y debe rechazarse ese pedimento. En lo que toca  al pago de daños y perjuicios, éstos deben rechazarse porque, en el caso concreto, el reconventor no prueba aspectos que son fundamentales para su procedencia. Si se parte de que se trata de un inmueble declarado PNE no demuestra el señor Nombre143132  que las actividades, las distintas inversiones en su mantenimiento y las mejoras introducidas, lo hayan sido con las autorizaciones que señala la normativa forestal y ambiental para el ejercicio de éstas en inmuebles que, aunque estuvieren inscritos a nombre de particulares, son terrenos boscosos. Tampoco se demuestra que las actividades, las distintas inversiones en su mantenimiento y las mejoras introducidas hayan sido realizadas cuando ya el inmueble estaba inscrito a su nombre (y no cuando lo únicamente lo poseía). Esa desatención a sus deberes probatorios (carga de la prueba) impide, incluso, reconocer cualquier daño moral que se alegue.  En conclusión,  estimo que en la reconvención formulada por Nombre143132   contra el Estado, debe rechazarse la excepción de falta de legitimación pasiva y acoger la de falta de derecho, ambas opuestas por el representante estatal, eximiendo del pago de costas al reconventor Nombre143132 .

 

Cynthia Abarca Gómez

 

Expediente: 08- 000721 -1027-CA

Proceso de Trámite Preferente

Actor: Contraloría General de la República /coadyuvante activo El Estado  

Demandado: Instituto de Desarrollo Agrario y otro

Reconventor: Nombre143132 

Reconvenido: El Estado/coadyuvante pasivo Nombre140474   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:52:53.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Tribunal Contencioso Administrativo, Section VI

Resolution No. 00175 - 2011

Date of Resolution: August 18, 2011 at 11:20

Case File: 08-000721-1027-CA

Drafted by: Otto González Vilchez

Type of matter: Preferential proceeding

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Type of content: Majority vote

Topics (descriptors): Public domain

Subtopics:
Nullity of an administrative act by which a property constituting natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado) is titled.

Topics (descriptors): Public domain property (bien demanial)

Subtopics:
Nullity of an administrative act by which a property constituting natural heritage of the State is titled.

Topics (descriptors): Instituto de Desarrollo Rural

Subtopics:
Effects of the declaration of unconstitutionality of the regulation for land titling in national reserves.

Topics (descriptors): Environment

Subtopics:
Constitutional and legal duty of the State to guarantee, defend, and preserve a healthy and ecologically balanced environment.

Topics (descriptors): Right to a healthy and ecologically balanced environment

Subtopics:
Constitutional and legal duty of the State to guarantee, defend, and preserve it.

Topics (descriptors): Natural heritage (patrimonio natural)

Subtopics:
Constitutional and legal duty of the State to guarantee, defend, and preserve a healthy and ecologically balanced environment.

Related Judgments Judgments in the same sense

Text of the resolution

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
II Circuito Judicial de San José, Dirección04

Central 2545-00-03                                                 Fax 2545-00-33

Correo Electrónico ...01
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Case File: 08- 000721 -1027-CA
Preferential Proceeding
Plaintiff: Contraloría General de la República / active coadjuvant El Estado
Defendant: Instituto de Desarrollo Agrario and another
Counterclaimant: Nombre143132
Counterdefendant: El Estado / passive coadjuvant Contraloría General de la República

No. 175 -20 11-VI
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SIXTH SECTION. II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Dirección144 . Goicoechea, at eleven hours and twenty minutes on August eighteenth, two thousand eleven.

Preferential proceeding brought by the Contraloría General de la República, represented by its Associate Manager and Comptroller, respectively, Nombre603 , of age, married, attorney, bearer of identification card number CED414 and resident of San Francisco de Heredia, and Nombre13586 , of age, married, attorney, bearer of identification card number CED112399 and resident of Ciudad Colón, against the Instituto de Desarrollo Agrario, represented by its general judicial agent, Carmelina Vargas Hidalgo, of age, divorced, bearer of identification card number CED30988 and resident of Guachipelín de Escazú, and Nombre143132 , of age, married, farmer, bearer of identification card number CED112400 and resident of Dirección17380 . Likewise, within this same proceeding, Mr. Nombre143132 , of the qualities indicated, filed a counterclaim against El Estado, represented by the Agrarian Prosecutor (Procurador Agrario), Víctor Bulgarelli Céspedes, of age, married, attorney, bearer of identification card number CED431 and resident of Heredia. It is noted that in the main proceeding, El Estado acts as active coadjuvant of the plaintiff, Contraloría General de la República , and in the counterclaim, the comptroller body acts as passive coadjuvant of the State.

WHEREAS (RESULTANDO)

1- The Contraloría General de la República files the main claim that has given rise to this proceeding, against the Instituto de Desarrollo Agrario and Mr. Nombre143132 , with the purpose that the following claims indicated in the complaint be declared in judgment: "1) That the agreement of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, contained in Article 31 of Session number 005-05 dated February 7, 2005, be annulled, solely as it pertains to the titling of a farm in favor of Mr. Nombre143132 , described in cadastral map number Placa22737; 2) That public deed number 145, granted before Notary Public Ana Isabel Sibaja Rojas, at 8:00 a.m. on February 18, 2005, which formalized and protocolized the titling issued by the Instituto de Desarrollo Agrario, be annulled; 3) That the registration entry for the inscription of the farm registered under the Folio Real system, registration number Placa28209 (titled farm), issued by the Registro Nacional , be annulled; 4) That it be declared that the farm registered under the Folio Real system, registration number Placa28209 (titled farm), was illegally registered in favor of Mr. Nombre143132 ; 5) That the farm registered under the Folio Real system, registration number Placa28209 (titled farm), be declared natural heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) and that its transfer to the Ministerio del Ambiente y Energía be ordered, requiring the Notaría del Estado to prepare the deed of conveyance of said farm in favor of the State, as well as to process its registration in the Public Registry (Registro Público) with the corresponding change in its nature; 6) That possession of that farm be given to the Ministerio del Ambiente y Energía, and the eviction of Mr. Nombre143132 be ordered; 7) That the defendants be ordered to pay both the procedural and personal costs of this claim." Likewise, in the main complaint, the plaintiff comptroller body requested the following precautionary measures: "1 REGISTRY IMMOBILIZATION of the farm registered under the Folio Real system with registration number Placa28209, (titled farm) owned by Mr. Nombre143132 and, if immobilization is not achieved, subsidiarily, the annotation of the complaint in the registration of that farm is requested. (...) 2 ABSTENTION FROM CONDUCT (BY ACTION OR OMISSION) by Mr. Nombre143132 to prevent and avoid the impairment of the natural heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado)."

2- By resolution number 637-2008 at fourteen hours and thirty minutes on September third, two thousand eight, the Processing Judge resolved as a provisionalísima precautionary measure, the following: "1) To annotate registrally against property Placa28210 the filing of the respective complaint. 2) To warn Mr. Nombre143132 , identification card CED112401, that he must abstain from any type of conduct, whether by action or omission, that threatens the natural resources existing on the Folio Real property Placa28209, which is the property subject to the proceeding, warning him that in case of disobeying this judicial order, he would be incurring in actions that could eventually be imputed to him as one of the crimes typified in our criminal law."

3- By brief received in this office on October 16, 2008, the Instituto de Desarrollo Agrario answered the complaint in a timely manner, requesting that it be dismissed in all its aspects. Likewise, it raised the defense of lack of jurisdiction by reason of subject matter.

4- By brief received in this office on October 16, 2008, Mr. Nombre143132 answered the complaint in a timely manner, requesting that it be dismissed in all its aspects. Likewise, he raised the preliminary defense of prescription, as well as the substantive defenses of lack of active and passive standing and lack of right. Additionally, in that same brief, Mr. Nombre143132 filed a counterclaim against the State, indicating the following claims: "1- That this counterclaim be accepted in all its requested aspects; 2- That it be declared that the improvements made on the property described in the first fact of this counterclaim were made by Mr. Nombre143132, which were made in good faith and with his sole effort, or that it be ordered in judgment that the State must pay the corresponding amount for the damages (daños y perjuicios) caused to Mr. Nombre143132; 3- That said payment shall be according to the value determined by the expert or experts appointed for such purpose.- Since the existing trees were cared for and attended to by Mr. Nombre143132; 4- That said improvements consist of: care of the farm, cleaning of lanes, done every two months during all these years, as well as the planting of trees that are today on the property, which must be valued at the time of production and according to the price of wood on the market when it was ready to go to market as I have planned to do so, all of which must be valued by the respective expert requested in this same act; 5- That the State be ordered to pay both costs of this counterclaim action; 6- That the counterdefendant State be ordered to pay damages (daños y perjuicios), which I describe as follows: A- Economic Damage (Daño Económico): I request that the economic damage suffered be included as an item, consisting of the loss of the farm, the maintenance investment given to the farm for more than 28 years; B- Moral Damage (Daño Moral): Logically, this lawsuit has caused serious harm to my represented party, and he is experiencing anguish, one must remember that he is a person of advanced age, 75 years old to be exact, and has several health problems, which this terrible lawsuit filed against him has brought him sleeplessness and emotional confusion, all of which results in an explosive chain of ailments in my represented party's health, since before all this lawsuit, he considered himself the legitimate owner and possessor of his property, and because for so many years, the State never took any action to recover this land; C- Losses (Perjuicios): I consider them as the product of the improvements introduced, as well as the price paid for this portion of land from which today it is requested that he be dispossessed and even eviction is requested for Mr. Nombre143132, regardless of his age, the insecurity today due to his advanced age in finding a job, that the best years of his life he spent caring for a property he believed was his and suddenly he is involved in this entire lawsuit that makes him lose all legal certainty that he had obtained from an institution born with the purpose of protecting the farmer, which is the case of the IDA, and from that, the result he is obtaining today is a very hard blow for a peasant like Mr. Nombre143132.- Losses that must also be fixed according to the respective and necessary expert appraisal."

5- By resolution number 919-2008 at thirteen hours and ten minutes on October twenty-eighth, two thousand eight, the Processing Judge confirmed the precautionary measures taken provisionally in resolution number 637-2008, maintaining both the registry annotation of the complaint and the prohibition against threatening the natural resources.

6- By resolution number 470-2009 issued at ten hours and ten minutes on March twelfth, two thousand nine, the Processing Judge rejected the defense of lack of jurisdiction by reason of subject matter raised by the Instituto de Desarrollo Agrario.

7- By order issued at fourteen hours and twelve minutes on March twelfth, two thousand nine, the Processing Judge referred this matter to the Sixth Section of this Tribunal, so that it could determine whether to give it the preferential processing regulated in numeral 60 of the Código Contencioso Administrativo.

8- By resolution number 000627-C-S1-2009 issued at ten hours and fifty minutes on June twenty-fifth, two thousand nine, the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia declared that this proceeding falls under the jurisdiction of the Tribunal Contencioso Administrativo.

9- This proceeding was declared as preferential processing by resolution issued by this Tribunal at eight hours and thirty minutes on October twenty-ninth, two thousand nine.

10- By brief submitted to this office on November 9, 2009, the Contraloría General de la República answered in a timely manner the counterclaim filed against it, requesting that it be rejected in all its aspects. Likewise, it raised the defense of defects that prevent a ruling on the merits, the defense of lack of passive standing of the comptroller body to be sued, and lack of right.

11- By resolution number 307-2010 issued at eleven hours and forty-five minutes on February second, two thousand ten, this Tribunal resolved the following: "The passive joinder is deemed integrated, and as a consequence thereof, the State and the Instituto de Desarrollo Agrario are deemed as co-defendants within the counterclaim filed by Nombre143132 jointly with the Contraloría General de la República. It is ordered to give the State and the Instituto de Desarrollo Agrario notice of the counterclaim in the terms set forth in recital III of this matter. All procedural actions indicated in recital IV of this judgment are preserved."

12- By brief submitted to this office on April 14, 2010, the State answered in a timely manner the counterclaim filed against it, requesting that it be dismissed in all its aspects. Likewise, it raised the defenses of lack of passive standing ad causam and lack of right, and requested that the counterclaimant be ordered to pay both costs of that action.

13- By resolution number 430-2010 issued at thirteen hours and thirty minutes on August thirtieth, two thousand nine, the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda resolved the appeals filed by the State and the Instituto de Desarrollo Agrario against resolution number 307-2010 issued by the Sixth Section of the Tribunal Contencioso Administrativo, as follows: "The appealed resolution, No. 307-2010 of eleven hours and forty-five minutes on February second, two thousand ten, is revoked insofar as it ordered joining the State and the Instituto de Desarrollo Agrario as necessary passive co-parties to the counterclaim filed by Nombre143132 .- The intervention of the Procuraduría General de la República in this matter is ordered, in the terms of articles 1, 3 subsection a) of the Ley Orgánica of that Procuraduría and 16 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, as it pertains to the processing of the counterclaim.-"

14- In accordance with articles 60 subsection 3) and 70 subsection 2) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, this Tribunal convened a single hearing held on November 23, 2010, in which the following relevant aspects were resolved: 1- The precautionary measures were kept in force (resolutions 637-2008 and 919-2008); 2- What was resolved regarding the defense of lack of jurisdiction by reason of subject matter was maintained, in first instance by resolution number 470-2009 and confirmed by resolution of the Sala Primera number 627-C-S1-2009; 3- The coadjuvancies were resolved as follows: Main claim: The State is the active coadjuvant of the CGR. Counterclaim: The CGR is the passive coadjuvant with the State; 4- It was resolved that the administrative file presented by the IDA is valid; 5- It was determined that the defense of prescription raised by Nombre143132 would be resolved in the judgment. The preliminary defense of formal defects in the counterclaim that prevent a ruling on the merits was rejected; 6- The claims of the main complaint were adjusted as follows: "1) That the agreement of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, contained in Article 31 of Session number 005-05 dated February 7, 2005, be annulled, solely as it pertains to the titling of a farm in favor of Mr. Nombre143132 , described in cadastral map number Placa22737; 2) That public deed number 145, granted before Notary Public Ana Isabel Sibaja Rojas, at 8:00 a.m. on February 18, 2005, which formalized and protocolized the titling issued by the Instituto de Desarrollo Agrario, be annulled; 3) That the registration entry for the inscription of the farm registered under the Folio Real system, registration number Placa28209 (titled farm), issued by the Registro Nacional , be annulled; 4) That the farm registered under Folio Real registration number Placa28209 was technically and legally registered improperly in favor of Mr. Nombre143132 ; 5) That the Procuraduría General de la República be ordered, through the Notaría del Estado, to prepare a deed where it protocolizes, as appropriate, the operative parts of the judgment so that the change of nature and registration of the farm described in cadastral map L-908302-2004 in the name of the State can be processed at the Registro Público de la Propiedad Inmueble. Likewise, MINAET and SINAC must prepare the necessary signs to identify the property as natural heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) with the dimensions, colors, material, and other technical characteristics determined by MINAET. These signs must include the legend that this farm is property of the State and constitutes natural heritage of the State; 6) That possession of that farm be given to the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), and the eviction of Mr. Nombre143132 be ordered; 7) That the IDA be ordered, in the abstract, to pay the damages (daños y perjuicios) caused; 8) That the IDA be ordered to pay both procedural and personal costs of this claim; 9) That in accordance with article 200 of the Ley General de la Administración Pública, the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declare whether the invalidity of the administrative act issued by the IDA, contained in Article 31 of Session number 05-05 dated February 7, 2005, solely as it pertains to the titling of a farm in favor of Mr. Nombre143132 Nombre143132, is manifest or not and, if so, proceed as established in subsection 2 of the cited article; 10) That the Archivo Nacional be ordered to make a marginal annotation of the annulments of the referenced notarial instruments, namely, public deed number 145 granted by Notary Public Ana Isabel Sibaja Rojas in the matrix of the respective protocol"; 7- The claims of the counterclaim were maintained, only adjusting them as follows: The main claim is that it be declared that Nombre143132 is the sole possessor, public and peaceful, of the farm in question, for a period exceeding ten years. As a subsidiary claim, that the payment of damages (daños y perjuicios) previously liquidated be declared in favor of Nombre143132 ."; 8- The expert evidence requested by Mr. Nombre143132 was admitted. Therefore, the single hearing was suspended, to continue after the expert report was rendered.

15- On July 28, 2011, the single hearing continued, resolving the following aspects: 1- Everything resolved in the single hearing held on November 23, 2010, was ratified by the parties; 2- The expert report was admitted by the Tribunal; 3- The testimonial and expert evidence was produced; 4- The parties proceeded to give their conclusions orally, before the members composing this Section of this tribunal. Likewise, upon concluding the conclusions given by both parties in the indicated hearing, this Tribunal declared this proceeding as a complex matter, for the effects of the provisions of article 111 subsection 1) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, in relation to numeral 82, subsection 1), of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda.

16 - The file of this matter was referred to the reporting judge, starting the day after the single hearing was held on July 29, 2011 . In the proceedings before this Tribunal, no nullities have been observed that must be corrected or that generate defenselessness; therefore, in accordance with articles 111 of the cited Código Procesal in relation to numerals 79 and 82 of its Reglamento, after deliberation, we proceed with the issuance, drafting, and communication of this judgment within the legal term. This judgment is issued with drafting by Reporting Judge González Vílchez and the affirmative vote of Judges Álvarez Molina and Abarca Gómez , regarding the main claim, and majority vote with respect to the counterclaim, in whose resolution Judge Abarca Gómez dissents.

RECITAL (CONSIDERANDO)

I- PROVEN FACTS: Of relevance for the purposes of this proceeding, the following are deemed accredited: 1 ) That by Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 11363-A, issued on March 24, 1980, and Published in the Official Gazette La Gaceta number 74 of April 18, 1980, an area of 160,000 hectares was transferred free of charge to the Instituto de Tierras y Colonización (now IDA), to create the titling program called "Limón 034" (see Executive Decree visible on folios 1 through 6 of the evidence bundle provided by the Contraloría General de la República, and absence of controversy among the parties on this point); 2) That the land transferred to the Instituto de Tierras y Colonización (now IDA), indicated in the previous proven fact, was registered in the Registro Nacional in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario, under registration number Placa8159 (mother farm) (see certification appearing on folio 8 of the evidence bundle provided by the Contraloría General de la Republica); 3) In February 2004, co-defendant Nombre143132 filed with the Instituto de Desarrollo Agrario an application to process land titling under articles 10 and 11 of the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales and the Ley de Tierras y Colonización number 2825, requesting the granting of a public deed for the land located in Punta de Lanza of the first district, fifth canton of the province of Limón, measuring 45 hectares, 7113.47 square meters, which corresponds to cadastral map number L-908302-2004. This land forms part of Proyecto Limón 034, with parcel number 330-1000 (see folios 1, 2, 3, and 6 of the administrative file provided by the IDA and 14 of the evidence bundle provided by the Contraloría General de la República); 4) That according to the Carta de Venta (Sale Agreement) signed before attorney Ricardo Moyano Sanclemente on November 13, 1978, Mr. Nombre143133 sold a right of possession to co-defendant Nombre143132 , of a farm located in San Miguel de Batáan measuring approximately 60 hectares (see folio 12 of the administrative file provided by the IDA); 5) That in accordance with the Sworn Statement (Declaración Jurada) contained in Public Deed number One Hundred Thirty-Nine, given before Notary Public Héctor Chaves Sandoval on February 23, 2004, co-defendant Nombre143132 stated that he has exercised acts of possession in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner and as owner for more than 25 years over the land shown in cadastral map number 908302-2004 (see folio 7 of the administrative file provided by the IDA); 6) That in cadastral map number Placa22737 of February 13, 2004, it can be seen that this land is located within the mother farm registration number Placa8159, as well as that part of it is described as pastureland with forest (see folio 13 of the administrative file provided by the IDA and folio 18 of the evidence bundle provided by the Contraloría General de la República); 7) That in accordance with certification number SINAC-DS-OFAU-C-1228-2004, issued by Nombre112425 of the Oficina de Atención al Usuario of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio del Ambiente y Energía on March 29, 2004, the following was textually stated, insofar as relevant for the issuance of this judgment: "Having carried out the study on the respective cartographic sheets of the basic map of Costa Rica scale 1:50,000, it has been determined, based on the location indicated in cadastral map number Placa28211 in the name of I.D.A. possessor Nombre143132 , that this describes a property which is located OUTSIDE ANY WILD PROTECTED AREA WHATEVER ITS MANAGEMENT CATEGORY ADMINISTERED BY THE MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA. HOWEVER, IT PARTIALLY CONSTITUTES NATURAL HERITAGE OF THE STATE (PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO) ACCORDING TO ARTICLES 13, 14, AND 15 OF THE LEY FORESTAL Placa12929 OF APRIL 16, 1996" (see folio 5 of the administrative file provided by the IDA and 16 of the evidence bundle provided by the Contraloría General de la República); 8) By official communication number STA-010-2005 of January 26, 2005, Mr. Nombre3423 , Supervisor Programa Ord. Agrario, Coordinator of Titling and Social Compensation Programs, and Engineer Juan Carlos Solórzano Morales, Head of the Departamento Ord. Agrario of the Instituto de Desarrollo Agrario, addressed to the Board of Directors of that same institution, requested the authorization of the Board of Directors of the IDA to segregate and transfer 11 lots and parcels of Proyecto Limón 034 (Dirección5349 ), so that the corresponding supletorios de dominio (supplementary titles of ownership) could be issued, among which was the land in the name of co-defendant Nombre143132 and which corresponded to cadastral map number Placa22737, this because the institutional policies were met, the recommendation of the Bataan regional office according to official communication ORS-1074-2004, the approval of the Dirección Regional Huetar Atlántica, review of the requirements demanded for the titling process by the Regional Agrarian Coordinator, the Agreement of the Board of Directors, Article XXI, Session 065-00 of September 11, 2000, and the applicable regulations, as well as the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales published in the Official Gazette La Gaceta number 173 of September 10, 2002, leaving the parcels and lots under the conditions and restrictions of article XVIII of said regulation (see folios 20 to 23 of the evidence bundle provided by the Contraloría General de la República); 9) That the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in its Article 31 of Session 005-05 of February 7, 2005, approved segregating and transferring 11 lots and parcels of Proyecto Limón 034 (Dirección5349 ), so that the corresponding supletorios de dominio (supplementary titles of ownership) could be issued, among which was the land in the name of co-defendant Nombre143132 and which corresponded to cadastral map number L-908302-2004, according to the request presented by the Coordinator of Titling Programs via official communication number STA-010.

At that same session of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, Messrs. Walter Céspedes Salazar, Executive President, and Engineer Nombre60401, General Manager, were authorized to appear in due course before the assigned notary, Ana Isabel Sibaja Rojas, for the granting of the respective transfer deeds (see folios 25 through 28 of the evidentiary file provided by the Office of the Comptroller General of the Republic); 10) That by Public Deed Number One Hundred Forty-Five, granted before Notary Public Ana Isabel Sibaja Rojas, with the appearance of Mr. Nombre60401, as General Manager of the Institute of Agrarian Development, executed on February 18, 2005, lots were segregated and adjudicated from Dirección17381, of property registration number Placa8165, among them being the land adjudicated to co-defendant Nombre143132 and which corresponded to cadastral plan number Placa22737 (see deed at folios 31 through 36 of the evidentiary file provided by the Office of the Comptroller General of the Republic); 11) That the land adjudicated to co-defendant Nombre143132, corresponding to cadastral plan number Placa22737, was registered in the National Registry under registration number Placa28212, in the name of said co-actioned party (see folios 38 and 39 of the evidentiary file provided by the Office of the Comptroller General of the Republic); 12) That the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in its second article, of session zero fifty-five–zero two, held on August twelve, two thousand two, approved the Regulation for the Titling of Lands in Natural Reserves, which was published in La Gaceta number 173 of September ten, two thousand two (see regulation at folios 10 through 12 of the evidentiary file provided by the Office of the Comptroller General of the Republic); 13) That by resolution issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, vote number 02063-07, at fourteen hours and forty minutes on February fourteen, two thousand seven, the Regulation for Titling in National Reserves, approved by agreement of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in session 055-02 of August twelve, two thousand two, and published in La Gaceta 173, of September ten, two thousand two, was annulled as unconstitutional (see judgment at folios 41 through 57 of the evidentiary file provided by the Office of the Comptroller General of the Republic); 14) That Executive Decree number 11363-A, issued on March 24, 1980, and published in the Official Gazette La Gaceta number 74 of April 18, 1980, was repealed by Executive Decree number 34415-MAG, published in the Official Gazette La Gaceta number 70 of Thursday, April 10, 2008, which provided in its Article 2, textually in the pertinent part, the following: "The Institute of Agrarian Development is authorized so that by means of an official request it may proceed to cancel the registration in the Public Registry of the properties: a) Partido of Limón, Folio Real 26,501-000 (...)" (see Decree at folio 59 of the evidentiary file provided by the Office of the Comptroller General of the Republic); 15) That at the time the Institute of Agrarian Development titled the property that is the subject of this proceeding, in favor of co-defendant Nombre143132, the land-use capacity study required by Article 27 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos and numerals 58, 59, 60, 61, 62, and 63 of the Regulation to said Law was not available (see the administrative file provided by the IDA for the case of Nombre143132, where no land-use capacity study appears. Likewise, see the written response to the complaint of the Institute of Agrarian Development at folios 84 through 104 of the judicial file, where it is indicated that said land-use capacity study was not provided in the case of co-defendant Nombre143132); 16) That in the judicial inspection carried out by this jurisdictional body, beginning at eleven hours and ten minutes on January twenty-two, two thousand ten, on the property that is the subject of this proceeding, this jurisdictional body was able to observe the following relevant aspects: a. Access to the property is difficult. It cannot be reached directly by automobile, but rather one must go on foot by means of a road in very poor condition, with stones and with a slope; b. Considerable areas with forest were observed along different areas of the property, which mix with pastureland (potreros) in a state of abandonment; c. The property has a slope both at its entrance and within the property itself. Inside the property the terrain is quite irregular; d. The pastureland (potrero) is in a state of abandonment, mixing with the forest. Even parts of the forest are quite mountainous; e. The property is fenced with barbed wire, in certain areas in poor condition and in others in fair condition. The fences are mounted on dead and living posts; f. There is a stream (quebrada) with clean water, a small stable in a state of abandonment, a wooden and zinc house in very poor condition overall, which is not occupied and lacks electric light and water; g. The pastureland (potrero) areas have grass but are quite overgrown and in a visible state of abandonment; h. No agricultural or livestock activity was observed (see judicial inspection that is recorded in digital format and that is located in the judicial file); 17) That by official communication number DEGEO-107-09 of August 18, 2009, prepared by the Instituto Geográfico Nacional of the Ministry of Public Works and Transport, in which a study was carried out to verify land use in aerial photographs of the property located in (Punta de Lanza), Matina, Limón, which is the subject of this proceeding and which is found under cadastral plan number L-908302-2004, the following was determined, in what is relevant for the issuance of this resolution: "4. CONCLUSIONS The review of photographs from 1960, 1985, and 1998 in relation to land use and the approximate location of the property of cadastral plan L-908302-2004, has generated the following conclusions: The land use of the property in cadastral plan L-908302-2004 has varied over time, thus, in 1960 the property was totally covered with forest, while by 1985, a sector to the north of the property was destined for pasture areas. The existence of two roads was also verified for that year; one that runs along the southern boundary of the property and another that penetrates it forming a boundary between the forest and the pastures of the property. The last period, corresponding to 1998, describes a partial regeneration of the forest in the aforementioned northern sector, therefore, some pasture areas at that point are still perceived. Because no more recent aerial photographs exist in the possession of the IGN, it is unknown whether at present the property has areas of 'pastureland (potrero)' and the 'right-of-way easement (servidumbre de paso)' as described in the plan." (see folios 206 through 311 of the judicial file); 18) That by official communication DST-023-10 of January 27, 2010, issued by Agr. Eng. Renato Jiménez Zuñiga, Head of the Department of Technical Services of the National Institute of Innovation and Transfer in Agricultural Technology (INTA), a Certificate of Conforming Use of Land was sent to the Office of the Comptroller General of the Republic, carried out on the property that is the subject of this proceeding, in which the land use on the property titled in the name of co-defendant Nombre143132 was divided and analyzed as follows: Sector A: Pastureland (potreros) and scrubland 5.797 hectares (12.7%); Sector B: Natural regeneration forest 18.64 hectares (41%); Sector C: Abandoned pastureland (potreros) and regeneration forest 21.275 hectares (46.3%). Likewise, the following was indicated textually, in what is relevant for the issuance of this resolution: "In accordance with Article 58 of the Regulation to the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, No. 7779 of April 30, 1998, and based on a field visit, this office certifies that on the property CONFORMING USE OF THE LAND HAS BEEN EXERCISED for the activity that is carried out in accordance with the approved methodology. Observations: The property is constituted of soils that were classified as Typic Hapludults, on which productive agricultural activities are not carried out, since the scarce areas (sic) of pastureland (potrero) that still persist were abandoned and it is observed that there have been no livestock on this property for a considerable period of time, since the fences are in very poor condition. Recommendations: Maintain the current use of the property, so that the natural regeneration processes of the forest are consolidated, since the high compaction of the soil, due to grazing prior to the current use, caused degradative effects on the distribution of the porous space of the soil, which is why in the abandoned pastureland (potrero) areas, problems of episaturation of rainwater are still observed in the surface horizon of the soil, evidenced in the description of soil colors related to the reduction of iron and manganese, due to water saturation." (see certification at folios 581 through 585 of the judicial file).


II- UNPROVEN FACT: Determinative for the resolution of the present proceeding, the following is considered unproven: 1) That co-defendant Nombre143132 acted in bad faith when requesting the titling of the property that is the subject of this proceeding and in its subsequent titling (the court records).


III- ON THE SUBJECT OF THIS PREFERENTIAL-TRACK ADMINISTRATIVE-CONTENTIOUS PROCEEDING OF COGNIZANCE AND THE COUNTERCLAIM: A- ALLEGATIONS OF THE PLAINTIFF PARTY IN THE MAIN PROCEEDING: The Office of the Comptroller General of the Republic seeks the nullity of the agreement of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, contained in Article 31 of Session number 005-05 dated February 7, 2005, solely with respect to the titling of a property in favor of co-defendant Nombre143132, described in cadastral plan number Placa22737. It also requests that public deed number 145, granted before Notary Public Ana Isabel Sibaja Rojas, at 8 hours on February 18, 2005, which formalized and protocolized the titling issued by the Institute of Agrarian Development in favor of co-defendant Nombre143132, be annulled, that the registration entry of the property registered under the Folio Real system registration number Placa28209 (titled property), issued by the National Registry, be annulled, and that it be declared that the property registered at Folio Real registration number Placa28209 was technically and juridically registered improperly in favor of Mr. Nombre143132. Likewise, the comptroller body requests that the Office of the Procurator General of the Republic be ordered, through the State Notary Office, to prepare a deed protocolizing, in what is appropriate, the parts of the judgment so as to proceed with the change of nature and registration of the property described in cadastral plan L-908302-2004 in the name of the State in the Public Registry of Real Property. Furthermore, the Office of the Comptroller General of the Republic requires that MINAET and SINAC must prepare the necessary signs to identify the property as Natural Heritage of the State with the measurements, colors, material, and other technical characteristics determined by MINAET. Those signs must state the legend that this property is owned by the State and constitutes Natural Heritage of the State. Also, the comptroller body requests that the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (MINAET) be placed in possession of that property, and that the eviction of Mr. Nombre143132 be ordered, as well as that the IDA be sentenced in the abstract to the payment of damages and losses caused. In this same sense, the Office of the Comptroller General of the Republic seeks that the IDA be sentenced to the payment of both procedural and personal costs of the present complaint, as well as, in accordance with Article 200 of the General Law of Public Administration, that the Administrative-Contentious and Civil Treasury Tribunal declare whether the invalidity of the administrative act issued by the IDA, contained in Article 31 of Session number 05-05 dated February 7, 2005, solely with respect to the titling of a property in favor of Mr. Nombre143132, is manifest or not, and if so, that it proceed with what is established in subsection 2 of the cited article. Finally, the comptroller body seeks that the National Archive be ordered to marginally annotate the annulments of the referred-to notarial instruments, namely, public deed number 145 granted by Notary Public Ana Isabel Sibaja Rojas, in the matrix of the respective protocol. The Office of the Comptroller General of the Republic, as plaintiff of the main complaint, bases the claims indicated above on the following points: 1. The Constitutional Chamber annulled as unconstitutional the Regulation for Titling in National Reserves, whereby, connectedly, all administrative acts that were issued based on that regulatory norm become null, such as the agreement of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development (hereinafter IDA), in which co-defendant Nombre143132 was titled a property located in the district and canton of Matina of the Province of Limón, under cadastral plan number L-903302-2004, as well as the acts that are a consequence thereof, such as the public deed of transfer of the property and the respective registration entry; 2. The property that was titled by the IDA to co-defendant Nombre143132 is constituted of forests that are Natural Heritage of the State, so that property is public domain or demanial (de dominio público o demanial), which, consequently, is unattachable (inembargable), imprescriptible, and inalienable, so the IDA could not grant property titles in an asset of this nature. Therefore, it requests that it be declared Natural Heritage of the State and its possession, as well as its ownership, be transferred to the State, specifically to the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (MINAET); 3. The Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos obliges the IDA to have the land-use capacity study prior to granting a titling, a requirement that the IDA illegally failed to comply with at the time of titling the property that is the subject of this proceeding in favor of co-defendant Nombre143132. Furthermore, the Regulation to the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos made it impossible for the IDA to title lands that do not classify for agrarian purposes; 4. Likewise, the comptroller body alleges that Executive Decree number 11363-A, issued on March 24, 1980, and published in the Official Gazette La Gaceta number 74 of April 18, 1980, by means of which a series of lands were transferred gratuitously to the Institute of Lands and Colonization (ITCO) (current IDA), with which said institution developed the titling program through which co-defendant Nombre143132 was titled, was repealed by means of Executive Decree number 34415-MAG, published in the Official Gazette La Gaceta number 70 of Thursday, April 10, 2008, which provided in its Article 2 that it authorized the IDA to cancel the titlings that had been made based on Executive Decree number 11363-A. However, the Office of the Comptroller General of the Republic alleges that the IDA never materialized that, and for that reason the comptroller body found it necessary to resort to this jurisdictional avenue to request the nullity of a property title that the IDA should have effected. The representation of the comptroller body considers that the nullity of the property title given to co-defendant Nombre143132 is null because it was issued based on a regulation declared unconstitutional and an Executive Decree that is repealed; 5. Furthermore, the comptroller body considers that the property title and the acts connected to it become null, not only because they were based on regulation declared unconstitutional or repealed, but also because the constitutional and legal norms that protect the environment were directly violated, since the IDA, when titling the land in favor of co-defendant Nombre143132, disregarded that said property had forest vocation and that it was Forest Heritage of the State, since there exists technical evidence that demonstrates the existence of forest on the site; 6. The Office of the Comptroller General of the Republic argues that there cannot be positive prescription over a public domain asset by express provision of the law in that sense; 7. The representation of the comptroller body alleges that there is patrimonial liability of the IDA, because said institution violated Article 32 of its Organic Law, which regulates the topic of natural reserves, and Article 13 of the Ley Forestal, which governs matters concerning Natural Heritage of the State. Likewise, it considers that the IDA violated numerals 26 and 27 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, as well as articles 60, 61, 62, and 153 of the regulation to that Law. Also, the comptroller body considers that Article 110 of the Biodiversity Law, and 98 and 101 of the Organic Law of the Environment were violated by the IDA. By violating said normative, the IDA generates damages and losses that must be the responsibility of that sued institution; 8. Regarding the arguments put forth by co-defendant Nombre143132, the representative of the comptroller body indicates that the land that was titled to him is Natural Heritage of the State, and that his possession over that land has been by mere tolerance of the IDA, of occupying that property; B- ALLEGATIONS OF THE ACTIVE CO-ADJUVANT IN THE MAIN PROCEEDING: The State, as an active co-adjuvant of the main complaint, alleges that in accordance with Articles 13 and 14 of the Ley Forestal, forest lands and forest are Natural Heritage of the State, and therefore, are inalienable and imprescriptible. The state representative argues that possession over this type of land is not possible and the figure of positive prescription does not apply, which is why it considers that the objection of prescription raised by co-defendant Nombre143132 must be rejected. The attorney for the State argues that the land that is the subject of this proceeding has forest, which entails that by its nature, any occupation that may have been exercised over this type of property cannot be considered valid possession. The prosecutor indicates that the titling that the IDA carried out in this case was over land that is a public domain asset, and therefore that titling is absolutely null, as is the registration of that property in the Public Registry. The state attorney alleges that Executive Decree number 11363-A transferred lands to the IDA for the purpose of carrying out a titling program, and that Decree clearly establishes that lands in the hands of private individuals belonging to the Natural Heritage of the State could not be registered or titled. The prosecutor indicates that said Executive Decree had its basis in Law 5064, which established that the Institute of Lands and Colonization (currently the IDA) should not title lands in forest zones, as indicated in Article 8 of that Law. Furthermore, the state representative alleges that in the particular case of the titling of the land in favor of co-defendant Nombre143132, the State, through SINAC, in its official communication number SINAC-DS-OFAU-C-1228-2004, warned the IDA before the Board of Directors of said institution agreed to title in favor of co-defendant Nombre143132, that the land formed part of the Natural Heritage of the State. For all the foregoing, it requests that the complaint filed by the Office of the Comptroller General of the Republic be declared with merit in all its aspects; C- ALLEGATIONS OF THE INSTITUTION SUED IN THE MAIN COMPLAINT: The Institute of Agrarian Development, as the sued party in the main proceeding, alleges the following aspects: 1- The attorney for the IDA indicates that the property titled in favor of Mr. Nombre143132 formed part of a titling project for possessors who were in possession of those lands and that the Executive Decree only served to transfer those lands to the name of the IDA, generating a registration entry that, in a proper sense, did not constitute a property owned by the IDA, but rather a legal fiction through which the IDA only had to take charge of the titling procedures for those lands, without ever being a true owner. Precisely, in that context, Mr. Nombre143132 presented his titling application, complying with all the requirements demanded at that time for the granting of the property title, and the IDA acted within the bloc of legality and under the framework of the norms that regulate its activity, titling in favor of the mentioned gentleman; 2- The legal representation of the IDA alleges that at the time the Board of Directors of said institution approved the property title for Mr. Nombre143132, there were no technical criteria indicating that said property was Natural Heritage of the State; 3- The attorney for the IDA accepts that said institution omitted requirements at the time of titling the property in favor of co-defendant Nombre143132, such as the certification of use, management, and conservation of soils; 4- The legal representative of the co-sued institution opposes the claim for damages and losses, arguing that Mr. Nombre143132 cared for the forest or the natural resources that are on the property that is the subject of the dispute; D- ALLEGATIONS OF THE CO-DEFENDANT IN THE MAIN COMPLAINT: Mr. Nombre143132 as co-defendant in the main complaint, alleges through his attorney that he has a right of possession over the property that is the subject of this proceeding. Likewise, the representative of Nombre143132 argues that the agreement of the IDA Board of Directors through which the land was titled to him was based on a prior act, which was Executive Decree number 11363-A, which constituted a titling project for possessors of lands, and that Mr. Nombre143132, since 1978, purchased the possession of that land, carrying out possessory acts on it before the property title was adjudicated to him. Due to the norms existing at that time, Mr. Nombre143132 had no other alternative than to turn to the IDA so that he could obtain the property title over the property he already possessed for more than 25 years. The attorney for Nombre143132 argues that he could not resort to the judicial avenue to obtain a property title, because the parent property was in the name of the IDA; had it not been for that, Mr. Nombre143132 could perfectly have obtained the property title by means of the Law of Possessory Informations. The attorney for the co-defendant alleges that there exists the possibility of titling lands in protected wild areas, just as the Agrarian Tribunals have accepted. The representative of Nombre143132 indicates that it is not true that the property titled to her client is constituted one hundred percent of forest; it also has pastureland (potrero), and for that reason it cannot be considered Natural Heritage of the State. Likewise, the attorney for the co-defendant argues that it is not true that her client has possessed the titled land by mere tolerance of the IDA, since he acquired it in 1978, before 1980, the date on which Executive Decree number 11363-A was issued, meaning her client already possessed that property before it passed into the hands of the IDA. The attorney for Nombre143132 argues that it is not true that her client, when requesting the titling, did so outside the law; quite the contrary, he complied with the requirements that the IDA demanded of him, which is why it did not constitute an improper titling. Likewise, she alleges that it is not true that her client's property is in a state of abandonment, since the possible state of abandonment is recent, due to the precautionary measures imposed in this proceeding. Finally, the representative of the co-defendant indicates that there is an inconsistency in the claim of the Office of the Comptroller General of the Republic regarding the change of nature of the property, since it is unnecessary, because the nature of the property is clear: it is pastureland (potrero) and mountain; A- ALLEGATIONS OF THE COUNTERCLAIMANT: Mr. Nombre143132, as counterclaimant in the counterdemand, requests as his main claim that it be declared that he is the sole, public, and peaceful possessor of the property titled by the IDA in his favor, for a period exceeding ten years. Likewise, in the event the main claim is declared without merit, he requests as a subsidiary claim that damages and losses be declared in his favor, liquidated as follows: a) Economic Damage: Would consist of the loss of the property and the investment in maintenance given to it for more than 28 years; b) Moral Damage: For the anguish of having to come to judicial forums, being an older adult with health problems; c) Losses: Considered as the product of the improvements introduced, as well as the price paid for the land that was titled to him. The attorney for the counterclaimant Nombre143132 bases the indicated claims, arguing that on November 23, 1978, her client acquired, by means of a Carta de Venta, the property that is the subject of this proceeding, from Mr. Nombre143133. That property, at the time of acquiring its possession, was land of pastureland (potreros) and mountain. The attorney for the counterclaimant Nombre143132 argues that her client has possessed that property in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner since he acquired it, for more than 25 years, and that during all these years he has been the person who has cared for, attended to, and protected the mountain part, as the witnesses indicated in the sole hearing. Likewise, the attorney for Nombre143132 argues that her client has also given adequate maintenance to the pastureland (potrero) zones, cared for the lanes, paid for surveillance, and in general, has behaved as a true owner and possessor of that property, which is why he requests as his main claim that he be so declared by this Tribunal. In addition, the attorney for the counterclaimant affirms that from the expert evidence that was produced in the court records, it is demonstrated that her client has cared for the forest and the natural resources that are located on that property, as well as it being proven the maintenance given to the pastureland (potrero) zone, which must be paid according to the expert estimates. The representative of the counterclaimant indicates that her client has been a possessor in good faith of that property, and if the complaint initiated by the Office of the Comptroller General of the Republic is declared with merit, proceeding to return the land to the hands of the State, he must be recognized the value of the property, the improvements made to it, and the payment of the corresponding interest. Likewise, she requests the payment of subjective moral damage, since her client was unjustly forced to come to a judicial proceeding to be able to assert his rights over the disputed land, despite being an older adult with health problems. Furthermore, the attorney for Nombre143132 alleges that it is possible for land with forest vocation to be possessed and titled, since the possession her client had would be a forest possession, meaning his titling is valid, as is the possession he has exercised in these years over the property, which create in his favor a positive or acquisitive prescription; B- ALLEGATIONS OF THE COUNTER-DEFENDANT: The State, in its condition as counter-defendant, alleges that Article 13 of the Ley Forestal determines that the Natural Heritage of the State may or may not be comprised within protected areas, as the jurisprudence of the Administrative-Contentious Tribunals has been indicating. The state representative argues that the land that is the subject of this proceeding is Natural Heritage of the State, since this was reported by SINAC itself before the IDA Board of Directors proceeded to title that property in favor of counterclaimant Nombre143132, as was also verifiable from the judicial inspection carried out by this Tribunal and from the photographic study prepared by the Instituto Geográfico Nacional. The state representative indicates that, precisely from the study carried out by the Instituto Geográfico Nacional, it is demonstrated that since 1960 there has been forest on the land that the IDA illegally titled to the counterclaimant. The attorney for the State argues that since then, the attributes inherent to the Natural Heritage of the State of being inalienable and imprescriptible apply to that property, as well as the attributes indicated in Article 14 of the Ley Forestal, of being unattachable and that its possession by private individuals does not generate any right in their favor. The prosecutor alleges that land that has forest cover (cobertura boscosa) and this is substituted by a land-use change (cambio en el uso del suelo), such as the introduction of pastureland (potrero) areas, cannot eliminate its category as a public domain asset. He indicates that even if the land use is changed, it continues to be land with forest. For that reason, the state attorney argues that there exists a legal impossibility of titling assets that are Natural Heritage of the State, and that in the case of the land titled to Mr. Nombre143132, it has been Natural Heritage of the State, prior to the issuance of Executive Decree number 11363-A, since it was affected to the public domain by laws prior to the same. Likewise, the attorney for the State explains that Executive Decree number 11363-A never authorized the then ITCO, today IDA, to title over lands with forest. The state representative alleges that the Carta de Venta dated November 13, 1978, is not valid, since it purported to dispose of a property that is Natural Heritage of the State and that at that time was already affected to the public domain.

Furthermore, they argue that the description of the land in the Carta de Venta does not match the cadastral map of the property that the IDA illegally titled to the counterclaimant. The State attorney insists that there is no possession over a public domain asset. The Procurador indicates that the claim for compensation by Mr. Nombre143132 is illegal, because there are regulations that prohibit any payment of compensation for the holding of a public domain asset. An example of this is found in article 8 of the Ley de Tierras y Colonización and 58 of the Ley Forestal. The State attorney indicates that if the judges of this Court accept the claim for compensation sought by Nombre143132, they would commit the crime of prevarication by recognizing a claim that is illegal. The Procurador points out that even supposing there were no express prohibition against recognizing compensation for occupations of public domain lands, the necessary prerequisites for the emergence of administrative liability required by the Ley General de la Administración Pública are also not met, because the cause of the alleged damages is not attributable to administrative conduct emanating from the State or the Contraloría General de la República, since the nullity of the title would be a consequence of the administrative conduct of the IDA. Additionally, he indicates that the lawsuit filed by the comptroller body is a legitimate act that seeks the recovery of a public domain asset, and that if there were damages, they would be caused by Mr. Nombre143132 himself, by having entered land that is natural heritage of the State. Finally, the Procurador considers that the State cannot come to pay for a property that belongs to it. The State attorney also considers that there is no moral damage (daño moral), because if it eventually existed, it would be the fault of Mr. Nombre143132 himself for entering land that is public domain. The Procurador considers that the erection of fences, the land-use change (cambio de uso del suelo) to pasture, cannot be considered improvements, but quite the opposite, environmental damages. Likewise, the State attorney estimates that the protection of the forest cannot be considered an improvement, since it is the duty of every citizen to care for natural resources; C- ARGUMENTS OF THE PASSIVE COADJUVANT IN THE COUNTERCLAIM: The Contraloría General de la República, as passive coadjuvant of the State in the counterclaim filed against the latter, argues that the possession of the counterclaimant Nombre143132 is illegal, as is the titling, since he does not have a right of possession over the land in question. The attorney of the comptroller body affirms that the Carta de Venta is not valid to demonstrate possession rights over a property that constitutes natural heritage of the State. The Contraloría General de la República argues that the witnesses came to accredit a material possession by Mr. Nombre143134 of his occupation of the land in question, but this is insufficient to accredit a legitimate possession. The attorney of the comptroller body insists that there is no right of possession over public domain assets. The Contraloría General de la República points out that the concept of National Reserves is associated with the Ley de Tierras y Colonización and referred to vacant lands or properties not subject to private property, so the land titled to the counterclaimant was part of a national reserve, and therefore were public domain properties and affected since then by the Ley Forestal. For this reason, the representative of the comptroller body considers that the counterclaimant cannot allege a right of possession over a property that has always been public domain. Likewise, the Contraloría General de la República argues that the IDA could not title lands of forest aptitude (terrenos de aptitud forestal). Nor could the counterclaimant Nombre143132 obtain title through the provisions of article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, since he has not carried out forest possession, but rather agrarian possession, and the two are mutually exclusive. Regarding the damages, the comptroller body argues that there is a lack of passive standing, because in the event that damages had been caused to Mr. Nombre143132, the cause of them does not lie in administrative conduct issued by the Contraloría General de la República or the State, but in the IDA itself, which is not sued in the counterclaim. Likewise, it is indicated that moral damage (daño moral) is not applicable given that the lawsuit filed by the comptroller body is legitimate, and if Mr. Nombre143132 has suffered deterioration of his health, it is not the responsibility of the State or the Contraloría General de la República.


IV-THE NATURAL HERITAGE OF THE STATE AS AN EXPRESSION OF THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT, RECOGNIZED AND PROTECTED BY CONSTITUTIONAL LAW: This jurisdictional body considers that, before proceeding to resolve the specific case, it is necessary to refer to what this same Section of this Court has explained in various judgments, as a general framework and reference, regarding what is understood as natural heritage of the State in forest zones. In that sense, in Costa Rica, the recognition and protection in Constitutional Law of the cited fundamental right does not have as its starting point the reform to article 50 of the Constitución Política, provided for by Law number 7412 of June 3, nineteen ninety-four. The foregoing is because since the promulgation of the constitutional text in 1949, the will of the Constituent was clear in establishing in article 89 that: “Among the cultural purposes of the Republic are: to protect natural beauties, to conserve and develop the historical and artistic heritage of the Nation, and to support private initiative for scientific and artistic progress”; which is complemented by the emphatic declaration contained in article 21, to the effect that in our country, “Human life is inviolable.” The integration of the provisions of both articles implies that the need to preserve the environment—although at that time the Constituent used the term natural beauties—transcends a merely cultural purpose, to become a vital need of every human being, as it constitutes an essential prerequisite to make effective other fundamental rights such as: life, health, and development. (see in that sense, judgments number 1993-03705 at fifteen hours on July 30, nineteen ninety-three; 1993-06240 at fourteen hours on November 26, nineteen ninety-three; 1993-04423 at twelve hours on December 7, nineteen ninety-three; 1994-02485 at nine hours eighteen minutes on May 27, nineteen ninety-four, all from the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia). In that sense, it should be recalled that Constitutional Law is composed not only of the constitutional text, but also of the values and principles that inform and permeate its content, as well as Public Treaties, International Conventions, and Concordats duly approved by the Asamblea Legislativa, as well as International Human Rights Instruments applicable in the Republic (see articles 1, 7, 21, 50 of the Constitución Política; 1 and 3 of the Ley de la Jurisdicción Constitución Política). In addition to this, the written and unwritten norms that make up Constitutional Law are characterized by being of direct and immediate application, so that their addressees not only have the right to make them effective via administrative and jurisdictional channels, if they believe that by action or omission they have been impaired, but also, this implies that legal operators have the duty to apply them directly and immediately in their decision-making process, in order to comply with constitutional requirements (see what was considered by the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia in judgment number 1999-00644 at eleven hours twenty-four minutes on January 29, nineteen ninety-nine). Taking as a basis the provisions of articles 7, 48 of the Constitución Política and 1 and 3 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, we can affirm that even if the constitutional text had not contained norms relating to the recognition and protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, that right and correlative duty not only already existed in Costa Rican domestic law, but also, its effective protection was enforceable both domestically and internationally. This is by virtue of the fact that the Costa Rican State had signed a series of Conventions, Treaties, and International Instruments related to this matter, before article 50 of the Constitución Política was reformed by Law number 7412 of June 3, nineteen ninety-four, instruments among which the following stand out: “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” (articles 2.1, 12.1, and 12.2.c); “Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights” (article 11); “Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage,” signed in Paris on November 23, nineteen seventy-two, and approved by Law number 5980 of October 23, nineteen seventy-six; “Convention for the Protection of the Flora, Fauna, and Scenic Natural Beauties of the Countries of America,” adopted in Washington on March 3, nineteen seventy-three and approved by Law number 3763 of October 19, nineteen seventy-six; “Convention Relative to Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat,” signed in Ramsar on February 2, nineteen seventy-one, and approved by Law number 7224 of nineteen ninety-one; “Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer,” adopted in Vienna on March 22, nineteen eighty-five, and approved by Law number 7228 of April 22, nineteen ninety-one, and its “Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer,” signed in Montreal on September 16, nineteen eighty-seven, and approved by Law number 7223 of April 2, nineteen ninety-one; “United Nations Convention on the Law of the Sea,” signed in Montego Bay on December 10, nineteen eighty-two, and approved by Law number 7291 published on July 15, nineteen ninety-two, among others. All these international norms were integrated into Costa Rican domestic law in accordance with the provisions of articles 7 and 48 of the Constitución Política and 1 and 3 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, so that “...all these international instruments are of obligatory compliance and enjoy full enforceability insofar as their norms do not require further legislative development and therefore must be respected (...) to the extent that the normative rank of those is superior...” (Judgment number 1993-06240 issued by the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia at fourteen hours on November 26, nineteen ninety-three). Without a doubt, the recognition and protection of the cited fundamental right led to its infra-constitutional development, through the issuance of legal or regulatory norms in which various manifestations of it are regulated, norms that were issued long before the reform of article 50 of the Constitución Política. As an example of this we have: the Ley de Aguas (No. 276 of August 27, 1942); the Ley de Planificación Urbana (No. 4240 of November 15, 1978); the Ley Forestal (No. 4465 of November 25, 1969, now repealed); the Ley de la Zona Marítimo Terrestre (No. 6043 of March 2, 1977); the Ley General de Salud (No. 5395 of October 30, 1973); the Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales (No. 6084 of August 24, 1977); the Ley de Salud Animal (No. 6243 of May 2, 1978); the Ley de Conservación de la Vida Silvestre (No. 7317 of October 21, 1992), among others. The foregoing implies that, before the reform of article 50 of the Constitución Política, the fundamental right to which we have referred was not only recognized and protected in Constitutional Law, but also had been developed—although in a sectoral manner and not with a comprehensive vision—at the legal and regulatory level. By virtue of what has been set forth so far, this Court considers that the reform of article 50 of the Constitución Política did nothing more than expressly and clearly individually recognize a fundamental right that was already enshrined and guaranteed by Constitutional Law; expressly declare the scope of the pre-existing obligation of the State to guarantee, defend, and preserve the right to a healthy and ecologically balanced environment; and grant individuals full standing to defend it, through a popular action (see judgments number 1994-01394 at fifteen hours twenty-one minutes on March 16, nineteen ninety-four, and 1994-05527 at ten hours forty-five minutes on September 23, nineteen ninety-four, both from the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia). Said recognition entails two relevant aspects for the resolution of this proceeding. First. The imposition of a duty, both on the State—understood as Central and Decentralized Administration—and on private legal subjects themselves, to guarantee, defend, and preserve that right. Second. The establishment of a series of technical-legal mechanisms to achieve effective protection of that right, both at the administrative and jurisdictional levels. Regarding the first of these aspects, it should be noted that

“The impact that the right to a healthy and ecologically balanced environment has within the activity of the State, and congruently of the municipalities (bear in mind article 169 of the Constitution), finds its first reason for being in that by definition rights are not limited to the private sphere of individuals but also have transcendence in the very structure of the State in its role as guarantor of the same and, secondly, because the activity of the State is directed toward satisfying the interests of the community. The Constitución Política establishes that the State must guarantee, defend, and preserve that right. Prima facie, to guarantee is to secure and protect the right against some risk or necessity, to defend is to prohibit, forbid, and prevent any activity that threatens the right, and to preserve is an action directed at safeguarding the right in advance from possible dangers in order to make it endure for future generations. The State must assume a double conduct of doing and not doing; on one hand it must refrain from itself threatening the right to count on a healthy and ecologically balanced environment, and on the other hand, it must take on the task of issuing the measures that allow compliance with constitutional requirements...” (judgment No. 1999-00644 issued by the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia, at 11:24 hours on January 29, 1999). “...The action that the Constitución Política imposes on the State against sources of environmental contamination is multidirectional and definitively active, absolutely intolerant of situations that threaten or affect the optimal environmental conditions that are guaranteed by it to the inhabitants. From this perspective, it is not permitted for public authorities to make concessions or grant extensions for the continued affecting of the environment, even when this is done with a view to bringing economic benefits to a determined geographical area...” (judgment No. 1999-05906 issued by the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia at 16:15 hours on July 28, 1999).

That constitutional duty of the State to ensure the protection, defense, and preservation of the environment is developed and manifested, among others, in the following norms: articles 1, 2.a, 2.c, 2 last paragraph, 3, 12, 28, 32, 34, 37, 56, 59, 78, 83, 103 to 112 of the Ley Orgánica del Ambiente; numerals 1, 2, 9.4, 12, 22 to 30, 45, 49, 54, 86, 88 of the Ley de Biodiversidad; ordinals 3, 4, 6, 7, 15, 34, 122 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 1, 2, 5, 6, 13, 37, 54 of the Ley Forestal; numerals 5, 6, 7, 11, 21, 29 to 33, 37 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 13.a, 13.o of the Código Municipal; 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre; 1, 2 of the Ley General de Salud; 1, 2, 17, 175, 176 of the Ley de Aguas; 15, 18, 19, 51, 56, 58.5, Transitorio II of the Ley de Planificación Urbana. Now, that duty is not only circumscribed to the State as a whole, but also to private legal subjects, who have the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, but also to guarantee, preserve, and defend it, as is clear, among others, from articles 1 first paragraph, 2.a, 6, 22, 23, 99 of the Ley Orgánica del Ambiente; 10.2, 10.13, 11.4, 88, 95, 101, 105 of the Ley de Biodiversidad; 15, 28 to 30, 36 to 38, 51, 53, 62 to 64, 83, 88 to 121 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 57 to 66 of the Ley Forestal; 37, 40, 41 to 45, 51 to 53 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 14 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre; as well as from judgments number 1999-02219 at fifteen hours eighteen minutes on March 24, nineteen ninety-nine; 1999-05906 issued by the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia at sixteen hours fifteen minutes on July 28, nineteen ninety-nine, among others. Regarding the second aspect, related to the establishment of a series of technical-legal mechanisms to achieve effective protection of that right, both at the administrative and jurisdictional levels, this Court considers that said means of protection can be classified into two large groups: procedural and material. It is necessary to clarify that although reference will be made to specific examples related to each of the classification criteria indicated above, the intention of this Court is not to establish a numerus clausus list, but only to highlight through said examples aspects that have an impact on the object of this proceeding. In that sense, within the group of procedural protection mechanisms, three examples deserve to be highlighted: 1) The broad standing that the second paragraph of article 50 of the Constitución Política and article 105 of the Ley de Biodiversidad grant to every person, to denounce both via administrative and jurisdictional channels, conduct that infringes the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and to claim the damage caused. It should be noted that in principle, standing in environmental matters would originate from a simple normative authorization without there being an intervening right or interest of an individual, collective, or diffuse nature; however, this Court considers that fundamentally what each person will seek to protect is a right that forms part of their vital sphere and on whose effective guarantee, defense, and preservation, their ability to develop and live according to the principle of human dignity depends (see article 2.a of the Ley Orgánica del Ambiente, in the sense that the environment is the common heritage of all inhabitants of the Nation). 2) An innominate system of precautionary measures, and if necessary, of an anticipatory nature (articles 108 of the Ley de Biodiversidad, 42 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, and 19 to 30 of the Código Procesal Contencioso Administrativo). 3) The application of the guiding principles in environmental matters, namely: in dubio pro natura, preventive, and precautionary, as means to guarantee the effective protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and therefore, to prevent its existence from being restricted to the semantic plane of legal reality (see articles 4.c, 17, and 34 of the Ley Orgánica del Ambiente; 11 subsections 1 and 2, 92 of the Ley de Biodiversidad; principle 15 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration; and among others, judgment number 1999-01250 issued by the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia, at eleven hours twenty-four minutes on February 19, nineteen ninety-nine). In that sense, the legal operator must always take into consideration that “...where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation...”. On the other hand, within the group of material protection mechanisms, the following two manifestations are very representative: 1) The environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, as a sine qua non requirement to initiate activities, works, or projects that may alter or destroy elements of the environment or biodiversity, or generate residues, toxic or hazardous materials. Said requirement has been in effect since November 13, 1995, the date on which the Ley Orgánica del Ambiente was published. It is also regulated in articles 92 to 97 of the Ley de Biodiversidad; article 14 of the Convention on Biological Diversity and its Annexes I and II; principle 17 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration; article 18 of the Ley Forestal; Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación Ambiental (Decreto Ejecutivo number 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), among others. In this regard, constitutional jurisprudence has held that “...the fact that both the right to health and the right to enjoy an ecologically balanced environment are recognized as fundamental rights obliges this Chamber to specify that the solution to the problem cannot be based on quick solutions; that, to adopt a decision in this field, one must have the technical studies that the proposed solution, in each specific case, will not be the origin of a public health problem or undue alteration to the environment...” (Among others, judgment No. 1995-02671 issued by the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia, at 16:45 minutes on May 24, 1995). In that sense, “...it is not possible for the State to execute or authorize the execution of projects about which there is doubt regarding the negative impact they may generate on the environment. Consequently, the omission to carry out a prior environmental impact study (estudio de impacto ambiental) translates into a violation of article 50 of the Constitution...” (judgment No. 1999-02219 issued by the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia, at 15:18 hours on March 24, nineteen ninety-nine). 2) The existence of assets belonging to the Nation—as they are called by the constitutional text—, which, forming part of the public domain, are characterized by being inalienable, imprescriptible, and unattachable, so that their removal from public domain or application to public uses is reserved to the Law, in accordance with the provisions of article 121 subsection 14 first paragraph of the Constitución Política. Among those assets whose conservation constitutes a matter of public environmental interest (article 11 of the Ley de Biodiversidad), are: the environment, defined in article 2.a) of the Ley Orgánica del Ambiente as the common heritage of all inhabitants of the Nation; the Zona Marítimo Terrestre (articles 1 and 73 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre); the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado, PNE) (articles 13 to 18 of the Ley Forestal); the Fauna and Wild Flora (articles 3 and 4 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre); the Waters in accordance with the breakdown contained in article 1 of the Ley de Aguas. Now, in accordance with the object of the proceeding that concerns us, this Court will focus its analysis on the Natural Heritage of the State (PNE). Given the terms of the recognition of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, as already explained, it is necessary to highlight that the Ley Forestal No. 4465 already cited (and which was repealed by the Ley Forestal number 7575 of February 5, 1996), not only contained “...as an essential function and priority of the State, to ensure the protection, conservation, utilization, industrialization, administration, and promotion of the country's forest resources, in accordance with the principle of rational use of renewable natural resources...” (article 1), but also the concepts of Forest (article 6) and Forest Heritage of the State (article 32 first paragraph). Regarding the Forest Heritage of the State, Law No. 4465 established its characteristics (article 33); the bodies competent to administer and oversee the Forest Heritage of the State, which under that law were the Dirección General Forestal and the Ministerio de Ambiente y Energía (article 32 second paragraph), as well as the powers conferred on these bodies for the purpose of protecting and conserving the Forest Heritage of the State. Among the latter, it is worth highlighting the following: 1) Replevin actions for those properties (article 33); 2) The constitution within the Natural Heritage of the State of forest reserves, protective zones, national parks, national wildlife refuges, and biological reserves (articles 35 to 37); 3) The demarcation on the ground of the areas that make up the Forest Heritage of the State (article 38). On the other hand, in the currently effective Ley Forestal No. 7575, that concept is taken up again but with a change in name, since it is now called the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado). This term is broader as it encompasses the protection and preservation of the forest ecosystem (article 3 subsection c of the Ley Forestal). The Natural Heritage of the State is public domain, for which reason the lands and forests comprised within it are unattachable, imprescriptible, and inalienable. Likewise, their conservation and administration are entrusted by law to the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), as provided for in articles 6.a, 13 second paragraph, and 14 of the cited Ley Forestal and numeral 32 second paragraph of the Ley Orgánica del Ambiente. The PNE is composed of two important components: 1) The Protected Wild Areas, whatever their management category and which have been declared by Law or by Executive Decree, namely: forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (Law No. 7575, article 1, paragraph 2, 3 subsection i; Ley Orgánica del Ambiente, article 32; Ley de Biodiversidad, article 22 and following, and 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales, article 3 subsections d and f, in relation to the Ley Orgánica del MINAE and its Regulation; Ley de Conservación de la Vida Silvestre, article 82, subsection a); 2) The other forests and forest lands of the inalienable areas, of the properties registered in its name, and of those belonging to Municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, which have an immediate legal affectation, except those properties that guarantee credit operations with the Sistema Bancario Nacional and become part of its assets (article 13 first paragraph of the Ley Forestal). These zones are subject to their own legislation (Ley Forestal), which implies that their administration falls to the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (see in this sense judgment number 2008-16975 issued by the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia, at fourteen hours fifty-three minutes on November 12, two thousand eight). Now, as part of the duties incumbent on MINAET and SINAC for the conservation and protection of the National Heritage of the State, are: 1) the exercise of the replevin action to recover the PNE, which is imprescriptible (article 14); 2) to demarcate on the ground the boundaries that make up the Natural Heritage of the State (article 16); 3) to coordinate with the Registro Nacional the establishment of a forest cadastre, the objective of which will be to regulate the areas comprised within the PNE and those that are voluntarily submitted to the forest regime (article 17); 4) The Public Administration may not exchange, transfer, alienate in any way, deliver, or lease rural lands of its property or under its administration, without them having first been classified by MINAET, so that if they were covered with forest, they would automatically be incorporated into the Natural Heritage of the State (article 15). Based on all the foregoing, this Court reaches the following conclusions relevant to the specific case.

First: Since the environment constitutes the Common Heritage (Patrimonio Común) of all the inhabitants of the Nation, the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) constitutes a species of that genus (articles 50 second paragraph, 89, 121 subsection 14 first paragraph of the Political Constitution, 2 subsection a) of the Organic Law of the Environment, 1 of the Biodiversity Law, and 13 of the Forest Law). Second: There is an immediate legal encumbrance (afectación) on the Natural Heritage of the State for all those lands included in protected wilderness areas, in areas declared inalienable—such as the maritime-terrestrial zone (article 73 of Law 6043)—, in lands of forest aptitude (terrenos de aptitud forestal), and in properties registered in the name of the State, the Municipalities, Autonomous Institutions, and other entities of the Decentralized Public Administration. Third: The Natural Heritage of the State does not require an express declaration given that, in accordance with the provisions of articles 13 and 14 of the Forest Law, as well as what was resolved by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in rulings 1992-03789 and 1997-04587, forested areas, lands of forest aptitude, mangroves, and wetlands included within inalienable areas, such as the maritime-terrestrial zone, are immediately encumbered to this Heritage, without the Administration’s concurrence. Fourth: Consequently, the delimitation of the boundaries of the areas that form the Natural Heritage of the State, in accordance with the provisions of article 16 of the Forest Law, constitutes a power that MINAET, through SINAC, must exercise ex officio and not only at the request of a party. This is not only in application of the duty imposed by articles 21, 50 second and third paragraphs, and 89 of the Political Constitution, to guarantee, preserve, and conserve the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, but also because the law does not indicate that delimitation must be carried out only at the request of a party. It is not justified, in the opinion of this body, that the State can validly allege a lack of resources for this purpose, as constitutional jurisprudence has repeatedly held (see, among others, rulings 1995-00915 at sixteen hours six minutes on February fifteen, nineteen ninety-five; 1996-000695 at fifteen hours forty-two minutes on February seven, nineteen ninety-six). Fifth: Consequently, the classification carried out by the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), regarding the type of ecosystem existing in the properties comprised within the Natural Heritage of the State, constitutes a mere categorization of those properties, in accordance with the classification criteria provided in article 13 first paragraph of the Forest Law and Executive Decree number 34295-MINAE, namely: forests, lands of forest aptitude, wetlands, mangroves, among others. Sixth: It is evident that the State has the duty—both at a constitutional and legal level—to guarantee, defend, and protect forested areas, lands of forest aptitude, mangroves, wetlands, among others, comprised in inalienable areas—as in this case, the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre)—which, by the simple fact of having that character, were directly and automatically encumbered to the Natural Heritage of the State. Therefore, the result of the classification of the type of ecosystem existing in said areas—which must be carried out ex officio and not only at the request of a party, in order to take the necessary measures to achieve their effective protection and conservation—is not what determines their incorporation or not into the Natural Heritage of the State, since by law they had already been encumbered to it, by virtue of being inalienable zones. In conclusion: 1) The State has an obligation of constitutional and legal origin to guarantee, defend, and preserve the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment and to provide all persons with the instruments to defend this fundamental right; 2) To guarantee effective protection (tutela) of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, technical and legal mechanisms must be respected; 3) The natural heritage of the State, which forms part of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, is constituted by properties that are covered with forests, regardless of whether they are located within or outside national reserves (article 13 of the Forest Law); 4) The natural heritage of the State must be registered in the National Registry in the name of the State, and be administered by the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (article 13 of the Forest Law); 5) The natural heritage of the State is constituted by public domain assets, which have the conditions of being unseizable, imprescriptible, and inalienable, so their possession by private individuals shall not create any right in their favor (article 14 of the Forest Law); 6) There is an immediate legal encumbrance to the natural heritage of the State for any property that is covered with forest (article 15 of the Forest Law), so that if the existence of forests is detected by the corresponding technical bodies, automatically and without the need for a prior express declaration, these properties shall pass into the hands of the State for protection. Precisely, as will be explained in the following considerandos, the IDA in this case did not respect any of the guidelines explained and regulated in the block of legality.

V- THE PROPERTY CORRESPONDING TO CADASTRAL MAP NUMBER L-908302-2004 HAS ALWAYS BEEN NATURAL HERITAGE OF THE STATE. IMPROPRIETY OF THE POSSESSION AND SUBSEQUENT TITLING OF THAT LAND TO MR. Nombre143132: In this case, it is very important to indicate that the property located in Punta de Lanza, district one, canton five of the province of Limón, measuring 45 hectares, 7113.47 square meters, which corresponds to cadastral map number L-908302-2004, which was titled by the IDA in favor of Mr. Nombre143132 and is the object of dispute in this proceeding, has been and is a property that forms part of the Natural Heritage of the State, according to the terms explained in the preceding considerando of this ruling. This is due to the following reasons: 1- Existence of forests on that property since 1960: This Tribunal has had technical evidence that indicates without any doubt that the property titled to co-defendant Nombre143132 has had forests. Precisely, through official letter number DEGEO-107-09 of August 18, 2009, the National Geographic Institute (IGN) of the Ministry of Public Works and Transport prepared a study to verify the land use in aerial photographs of the property located in (Punta de Lanza), Matina, Limón, object of this proceeding and found under cadastral map number L-908302-2004, in which the following was determined, regarding what is relevant for the issuance of this resolution:

"4. CONCLUSIONS The review of photographs from 1960, 1985, and 1998 in relation to land use and the approximate location of the property of cadastral map L-908302-2004, has generated the following conclusions: The land use of the property in cadastral map L-908302-2004 has varied over time; thus, in 1960 the property was totally covered with forest, while by 1985, a sector to the north of the property was used for pasture areas. The existence of two roads was also verified for that year; one running similarly to the south limit of the property and another that penetrates it, forming a boundary between the forest and the pastures of the property. The last period, corresponding to 1998, describes a partial regeneration of the forest in the aforementioned north sector; therefore, some pasture areas are still perceived in that spot. Due to the fact that there are no more recent aerial photographs in the possession of the IGN, it is unknown whether the property currently has "pasture (potrero)" areas and the "easement (servidumbre de paso)" as described in the map."

From the cited conclusions of that study, this jurisdictional body reaches the following considerations: a) The land object of controversy in 1960 was found to be totally covered with forest. This means that since that year this property was Natural Heritage of the State. It must be remembered that during that era, the protection of natural beauties was already recognized in the text of article 89 of the 1949 Political Constitution, as was explained in the preceding considerando. Consequently, for this jurisdictional body, since that year there is evidence of the extensive forest cover that completely covered the property in question; therefore, it must be affirmed that it was Natural Heritage of the State, and that property was encumbered to the public domain, without the need for any administrative or jurisdictional declaration; b) By 1985 there was human intervention, since it is noticeable in the photograph of that year that the north sector of the land in question was used for pasture area. Now, this Tribunal has demonstrated that co-defendant Nombre143132, to fulfill the request for titling of the land corresponding to cadastral map number L-908302-2004, presented before the IDA a Bill of Sale (Carta de Venta) signed before attorney Ricardo Moyano Sanclemente on November 13, 1978, by means of which it is recorded that Mr. Nombre143133 sold a right of possession to co-defendant Nombre143132, of a property situated in San Miguel de Batáan with an approximate measurement of 60 hectares, and the other document corresponds to an Affidavit (Declaración Jurada) recorded in Public Deed number One Hundred Thirty-Nine, given before Notary Public Héctor Chaves Sandoval on February 23, 2004, by means of which co-defendant Nombre143132 indicated that he has exercised acts of possession in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner and as owner for more than 25 years over the land recorded in cadastral map number 908302-2004. These two documents are relevant for this Tribunal, solely, to verify the approximate time in which co-defendant Nombre143132 entered and occupied the land object of this proceeding, for the purpose of comparing those dates with the 1985 photograph. In that sense, we have that the co-defendant approximately in 1978 entered the property in question, and human intervention on the land is recorded in 1985. This demonstrates that Mr. Nombre143132 was already occupying that land by those years. Precisely, during that era, the repealed Forest Law number 4465 of November 25, 1969, was in force, which stated:

"Article 4.- All lands of forest aptitude and all forests of the country, whether state-owned or reduced to private domain, are subject to the purposes of this law."

That is, lands with forests were encumbered to the public domain, like the land object of dispute in this proceeding, which, it is insisted, since 1960 was recorded as being entirely forest. Likewise, during that same era, the Land Titling Law number 5064 of August 22, 1972, was in force, which provided:

"Article 1.- The Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización) shall carry out multiple land titling programs in areas of the country determined by the Board of Directors of said Institute, which are part of the national reserves and in which there exists at least a proportion of 20% of possessors of properties that lack a title registered in the Public Registry and whose areas do not exceed 100 hectares for properties dedicated to agriculture and 300 hectares when dedicated to livestock."

"Article 2.- To carry out the titling programs referred to above, the Institute of Lands and Colonization shall manage with the Public Authorities the transfer in its favor of the ownership of the lands included within said areas, which shall be registered in the Public Registry in the name of the Institute, without prejudice to the rights already registered over specific portions within the general perimeter of the respective area, nor to the rights object of possessory information in process at the time of publication in "La Gaceta" of the decree referred to in article 7 of this law, or that may be registered in the future in accordance with the law, nor to the portions destined for public use.

Those areas shall be identified and described for purposes of their registration in said Registry in the manner indicated by the National Geographic Institute.

When the portions adjudicated under this law are segregated from these areas, the description of the remainder reserved by the Institute shall not be necessary."

"Article 7.- Once the Board of Directors of the Institute of Lands and Colonization has chosen any of the areas where the titling program is to be carried out, it shall communicate this to the Executive Branch so that it may issue the decree declaring the area subject to the program.

The same communication shall be made upon the conclusion of this program in each area, so that the encumbrance on the respective area may be lifted by decree."

"Article 8.- The Forest Directorate (Dirección Forestal) of the Ministry of Agriculture and Livestock is obliged to communicate to the Institute of Lands and Colonization, within a period of two months from the date of publication in "La Gaceta" of the decree referred to in article 7 above, the areas included within the area referred to in said decree that are or must be declared, according to the Forest Law in force, forest or other types of reserves.

The Institute may not grant titles over such areas. If after said period the General Forest Directorate does not issue a pronouncement, its possible objections shall be deemed waived.

Said Directorate shall have no other intervention in the titling programs, nor shall its consent or approval be necessary for any of the other acts or procedures governed by this law.

Notwithstanding the foregoing, the Institute must refrain in all cases from adjudicating lands in areas that evidently are of forest vocation (vocación forestal)."

These articles indicate to us the manner in which the former ITCO (today IDA) and the Executive Branch proceeded in the creation of the so-called Land Titling Programs in National Reserves. These programs had the following particularities: First: The ITCO (IDA) had to determine the portions of lands that met the following characteristics: 1. Lands located in National Reserves, understood as lands located in our country that were not registered in the name of private law subjects or any Public Administration. That is, properties without registration in the National Registry; 2. Existence of possessors of those lands; Second: The idea of these programs was to provide a property title to possessors who did not have one; Third: Lands that had forest and were of forest vocation were excluded from these programs. Note that at the end of the cited article 8 of the repealed Land Titling Law number 5064 of August 22, 1972, it categorically indicates that "Notwithstanding the foregoing, the Institute must refrain in all cases from adjudicating lands in areas that evidently are of forest vocation." This means that properties that had forest cover, such as that of co-defendant Nombre143132 in this case, were not part of the land titling program; Fourth: The ITCO (IDA) recommended to the Executive Branch the areas that met the requirements, for the purpose of proceeding to issue an Executive Decree by which a registration number was generated in the National Registry for those lands, which was registered in the name of the ITCO (IDA); Fifth: Once the ITCO (IDA) had the lands registered under a single registration number in the National Registry, that institution proceeded to issue property titles to the possessors of those lands. However, it is insisted, property titles could not be issued over lands with forest cover or of forest vocation, so they were not the object of possession. Precisely, in this case it has been demonstrated that through Executive Decree number 11363-A, issued on March 24, 1980, and published in the Official Gazette La Gaceta number 74 of April 18, 1980, an area of 160,000 hectares was transferred free of charge to the Institute of Lands and Colonization (current IDA), to create the titling program called "Limón 034". Exactly, that Executive Decree was issued based on the laws cited and explained above (Forest Law number 4465 of November 25, 1969, and Land Titling Law number 5064 of August 22, 1972), and it stated in its article 2, in the relevant part, the following:

"The ITCO shall not grant property titles in those areas that, in the judgment of the Forest Directorate and in accordance with the Forest Law in force, are or must be declared Forest Reserves or of another type."

Note that this Executive Decree prohibited, just as the laws that served as its basis provided, the ITCO (IDA) from titling in forested areas or areas of forest vocation. Now, it has been demonstrated that the land transferred to the Institute of Lands and Colonization (current IDA), by order of Executive Decree number 11363-A, was registered in the National Registry in the name of the Agrarian Development Institute, under registration number Placa8159 (parent property), and in turn, cadastral map number L-908302-2004, which is located within said property, which was the land adjudicated by the IDA to co-defendant Nombre143132, was registered in the National Registry under registration number Placa28212. Precisely, as can be appreciated, since 1960 there has been forest on the land adjudicated to co-defendant Nombre143132, and he occupied that property while forest cover existed. Then it can be appreciated that in 1985 there was human intervention on that land, but this does not change the fact of the existence of forest. Now, under the assumption that Mr. Nombre143132 had requested the titling of that land between 1978 and 1985, the ITCO could not have done so, since the legislation of that time and Executive Decree number 11364-A itself prohibited titling in forested areas or areas with forest vocation; c) The study by the National Geographic Institute also concluded that by 1998, forest not only continued to exist on the land titled to Nombre143132, but also there was a regeneration of the forest in the pasture area. This is important because it demonstrates that the land in question is located in a mountainous area, in which the forest persists when human intervention ceases; 2- Existence of forests on that property at present: Now, the existence of forest located on the property object of this proceeding, from 1960 to the present day, is a constant that this Tribunal verified in the judicial inspection (reconocimiento judicial) carried out by the members who comprise this Section of this jurisdictional body, starting at eleven hours ten minutes on January twenty-second, two thousand ten, through which the following relevant aspects could be appreciated: a. Access to the property is difficult. It cannot be done directly by automobile; rather, one must go on foot via a road in very bad condition, with stones and with a slope; b. Considerable zones with forests were observed across different areas of the property, which are intermixed with abandoned pastures (potreros); c. The property has a slope both at its entrance and within it. Internally, the land is quite irregular; d. The pasture (potrero) is in a state of abandonment, intermixing with the forest. Even parts of the forest are quite mountainous; e. The property is fenced with barbed wire, in certain areas in poor condition and in others in regular condition. The fences are set on dead and live posts; f. There is a stream with clean water, a small stable in a state of abandonment, a wood and zinc house in very bad condition in general, which is unoccupied and lacks electric power and water; g. The pasture areas have grass but are quite overgrown and in a visible state of abandonment; h. No agricultural or livestock activity was observed. Now, evaluating what this Tribunal observed in the judicial inspection, the following aspects of interest stand out: First: There is forest on the property. This confirms the fact that it is Natural Heritage of the State; Second: The pasture areas are in a state of abandonment; Third: Access to the property is very difficult. This is an indication that the possibility of conducting agricultural or livestock activity is hardly viable; Fourth: The terrain of the property is irregular. This indicates that conducting agricultural activity was very difficult. In summary of what this Tribunal observed, it is evident that the land titled to Nombre143132 is natural heritage of the State, encumbered to the public domain, as well as being poorly suited for carrying out agricultural or livestock activities. Now, what this Tribunal observed in the judicial inspection is confirmed by another technical study. In that sense, it is taken as a proven fact that through official letter DST-023-10 of January 27, 2010, issued by Agr. Eng. Renato Jiménez Zuñiga, Head of the Department of Technical Services of the National Institute for Innovation and Transfer in Agricultural Technology (INTA), a Certificate of Conforming Land Use (Certificado de Uso Conforme del Suelo) conducted on the property object of this proceeding was sent to the Comptroller General of the Republic, in which the land use on the property titled in the name of co-defendant Nombre143132 was divided and analyzed, as follows: Sector A: Pastures and scrubland 5.797 hectares (12.7%); Sector B: Naturally regenerating forest 18.64 hectares (41%); Sector C: Abandoned pastures and naturally regenerating forest 21.275 hectares (46.3%). Likewise, the following was textually indicated, regarding what is relevant for the issuance of this resolution:

"In accordance with article 58 of the Regulation to the Law on Use, Management, and Conservation of Soils, No. 7779 of April 30, 1998, and based on a field visit, this office certifies that ON THE PROPERTY the conforming land use for the activity carried out HAS BEEN EXERCISED according to the approved methodology. Observations: The property is comprised of soils that were classified as Typic Hapludults, on which no productive agrarian activities are carried out, as the scarce pasture areas that still persist were abandoned, and it is observed that there have been no livestock on this property for a considerable period of time, given that the fences are in very poor condition. Recommendations: Maintain the current use of the property, such that the natural forest regeneration processes are consolidated, since the high soil compaction, due to the grazing prior to the current use, caused degradative effects on the distribution of the soil’s pore space, so that in the abandoned pasture areas, problems of water episaturation from rainwater are still observed in the surface horizon of the soil, evidenced in the description of soil colors related to the reduction of iron and manganese, due to water saturation."

From this Certificate of Conforming Land Use, prepared by INTA, this jurisdictional body draws the following relevant aspects: a) Note that if zones B and C, which consist of pastures and naturally regenerating forests, are added together, 39.915 hectares (87.3%) of forest and naturally regenerating forest cover is obtained, out of the total of 45.713 hectares (100%) of the property. This mathematically indicates to this jurisdictional body that the land is nearly 90% forest. If we add that if sector A, comprised of abandoned pastures and scrubland, is left as is, without human intervention, the natural forest regeneration processes will become consolidated, according to what is inferred from the cited certificate. Thus, practically the entirety of the property is forest or naturally regenerating forest. For this reason, the statement by the attorney for Nombre143132, to the effect that only a part of the land titled to her client is forest, is totally refuted by this technical evidence; b) It is clear that the conforming land use on that land corresponds to forest. This demonstrates that the land in question presently continues to be Natural Heritage of the State and has never lost that nature. Additionally, it is important to indicate that if said property is maintained as it is currently, without human intervention, the areas that still have pasture will be able to gradually regenerate naturally into forest; c) The land use certificate corroborates a very important fact. Apart from the fact that forest exists and has always existed on that property, that certification also affirms that the property is comprised of soils classified as "Typic Hapludults," on which no productive agrarian activities are carried out, which means that said land is not suitable for the development of agricultural activities. That is, the property titled by the defendant institution in favor of co-defendant Nombre143132 does not qualify for agrarian purposes according to the certificate of conforming land use issued by INTA. This, as will be seen further on, was a requirement that the IDA omitted at the time of titling the property; 3- Impropriety of possession over the land object of this proceeding: The technical evidence cited and analyzed previously is conclusive in establishing that the land corresponding to cadastral map number L-908302-2004, which was titled by the IDA in favor of Mr. Nombre143132, has been and is Natural Heritage of the State. This implies that that land has been encumbered to the public domain. This finds legal support in the Political Constitution itself, the repealed Forest Law number 4465 of November 25, 1969, and especially in the current Forest Law number 7575, which indicates in the relevant part the following:

"ARTICLE 13.- Constitution and administration

The natural heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other organisms of the Public Administration, except for properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of their patrimony.

The Ministry of Environment and Energy shall administer the heritage. When appropriate, through the Office of the Procurator General of the Republic, it shall register the lands in the Public Property Registry as individualized properties owned by the State.

Non-governmental organizations that acquire real estate with forests or of forest aptitude, with funds coming from donations or from the public treasury, which have been obtained in the name of the State, must transfer them to the name of the State."

"ARTICLE 14.- Unseizable and inalienable condition of the natural heritage

The forest lands and forests that constitute the natural heritage of the State, detailed in the preceding article, shall be unseizable and inalienable; their possession by private individuals shall not create any right in their favor, and the State’s action for recovery of possession (acción reivindicatoria) over these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry by means of possessory information, and both the invasion and the occupation of them shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law."

"ARTICLE 15.- Impediments

Organisms of the Public Administration may not exchange, cede, alienate, in any manner whatsoever, hand over, or lease rural lands of their property or under their administration, without having first been classified by the Ministry of Environment and Energy. If they are covered with forest, they shall automatically be incorporated into the natural heritage of the State, and a limitation shall be constituted that must be registered in the Public Registry."

Precisely, from the reading of these articles, the implications that arise when a land is Natural Heritage of the State can be drawn: a) It is unseizable, imprescriptible, and inalienable. This means that it is outside the stream of commerce according to the provisions of articles 261, 262, and 263 of the Civil Code. Likewise, positive or adverse prescription cannot be alleged, thereby discarding registration through the Law on Possessory Information, just as no prescription exists for the State or its institutions to judicially request the recovery of possession of those lands. For this reason, the defense of prescription (excepción de prescripción) raised in this proceeding by co-defendant Nombre143132 is improper; b) The encumbrance to the public domain occurs automatically due to the existence of forest, without the need for an administrative or judicial declaration to that effect; c) Over lands that are Natural Heritage of the State, possession of them is improper. In fact, from a sound legal technique, public domain assets are not possessed, but rather occupied or invaded. Precisely in this case, it is evident that the land object of conflict has been Natural Heritage of the State, and thereby encumbered to the public domain.

This means that the co-defendant Nombre143132 has not possessed that property, but rather has occupied it through the tolerance of the IDA, and that occupation generated a registry inscription that must be annulled. It should be noted that the aforementioned article 14 of the Ley Forestal indicates that the possession of lands that are Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) shall not create any right in favor of private individuals, so that in a sound legal sense, Mr. Nombre143132 cannot claim possession of the property that is the subject of the dispute in this proceeding. Now then, as explained above, Executive Decree Number 11363-A prohibited titling on lands with forest cover (cobertura boscosa). This, in direct application of the repealed Ley Forestal Number 4465 of November 25, 1969, and Ley de Titulación de Tierras Number 5064 of August 22, 1972, means that the lands that at that time were Natural Heritage of the State were not, in a proper sense, transferred to the IDA, because they were not part of the land titling programs, for two reasons: First: The land titling programs in national reserves implied that the lands were not registered in the name of private legal subjects, nor of Public Administrations, but that they could be subject to possession by private individuals. This means that the titling program was aimed at granting property titles on unregistered lands that were susceptible to possession. Precisely, lands with forest cover were not subject to possession, as they were affected to the public domain (dominio público). Therefore, both Executive Decree Number 11363-A, as well as the repealed Ley Forestal Number 4465 of November 25, 1969, and Ley de Titulación de Tierras Number 5064 of August 22, 1972, contained an express prohibition against titling in forested areas; Second: Public domain assets belong to the State. This implies that these are not part of the land titling programs, since even if they are not formally registered in the National Registry, they do have an owner, which is precisely the State. In conclusion, the land that corresponds to cadastral map number L-908302-2004, which was titled by the IDA in favor of Mr. Nombre143132, is a property that has been and is Natural Heritage of the State, and is therefore affected to the public domain. Being a public domain asset, it is non-attachable (inembargable), imprescriptible (imprescriptible), inalienable (inalienable), and not susceptible to possession by private individuals. Because it is land not susceptible to possession, it could not form part of the land titling program in national reserves, created by Executive Decree Number 11363-A, which also expressly prohibited titling on lands with forest cover or forestry vocation. Consequently, the land that is the subject of this proceeding is Natural Heritage of the State, upon which the possession alleged by the co-defendant Nombre143132 is improper. Therefore, even before the IDA titled that property in favor of Mr. Nombre143132, through the procedure established in the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, the indicated co-defendant institution could not have titled it, for the reasons stated. This results in the nullity of the title granted by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario), in its Article 31 of Session 005-05 of February 7, 2005, of the land corresponding to cadastral map number L-908302-2004 in favor of the co-defendant Nombre143132, as well as of the related acts.

VI- NULLITY OF THE TITLING CARRIED OUT BY THE IDA IN FAVOR OF THE CO-DEFENDANT Nombre143132, AS THERE IS NO REGULATION THAT SUPPORTS IT AND NECESSARY REQUIREMENTS WERE OMITTED DURING THE TITLING PROCEDURE: For this judicial body, the explanation in the preceding recital alone is sufficient reason to annul the administrative conduct of the IDA and to grant this lawsuit. However, in the course of this proceeding, the parties have discussed other reasons that vitiate the titling procedure carried out in favor of the co-defendant Nombre143132, which this Court must analyze. In this sense, the administrative conduct carried out by the IDA, the subject of this proceeding, is also rendered null and void for the following reasons: 1) It is established as proven that the titling carried out by the IDA's Board of Directors, of the property in dispute, in favor of the co-defendant Nombre143132, was based on the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Naturales, approved by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in its article two, of session zero fifty-five-zero two, held on August twelve, two thousand two, which was published in La Gaceta Number 173 of September ten, two thousand two. Precisely, by a ruling issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia), vote number 02063-07, at fourteen hours and forty minutes on February fourteen, two thousand seven, said regulation was annulled for unconstitutionality. Likewise, said ruling clearly indicated the following:

"XV. Of the effects of the unconstitutionality that is declared: Pursuant to the provisions of articles 90, first paragraph, and 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), the finding of unconstitutionality made in this ruling in relation to the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, approved by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, approved by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development by article 11 of session number 055-02, of August twelve, two thousand two, and published in the Official Gazette La Gaceta Number 173, of August ten, two thousand two, has declaratory and retroactive effects to the effective date of this regulatory body, that is, August twelve, two thousand two; the foregoing, such that the recovery of assets that, being of public domain, have been the subject of titling under the regulation now annulled is proper, the foregoing, without prejudice to the patrimonial liability of the State that derives from this unconstitutionality."

Precisely, the titling carried out by the IDA, of the land that constitutes Natural Heritage of the State, for the reasons already explained, in favor of the co-defendant Nombre143132, is not supported by any existing regulation within the body of legality, so it results in an administrative conduct with defects of absolute nullity, as a consequence of the mere declaration of unconstitutionality made by our Constitutional Court. Moreover, this Court is concerned that, despite what was ordered by the Constitutional Chamber, in the sense that public domain assets that were the subject of titling based on the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Naturales must be recovered, in this particular case, the IDA has not made any kind of effort to comply with what was ordered by the Constitutional Chamber, which denotes an omission and a clear violation of the duties that all Public Administrations have to protect the Natural Heritage of the State, which constitutes abnormal functioning, therefore, contrary to law; 2) It is a proven fact that by Executive Decree Number 11363-A, issued on March 24, 1980, and published in the Official Gazette La Gaceta Number 74 of April 18, 1980, an area of 160,000 hectares was transferred free of charge to the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización) (now IDA), to create the titling program called "Limón 034". Precisely, that land transferred to the Institute of Lands and Colonization (now IDA) was registered in the National Registry in the name of the Institute of Agrarian Development, under registration number Placa8159 (parent farm). In turn, parcel number 330-1000 was within the titling program called "Limón 034". That is, said parcel is a segregation of the aforementioned parent farm, located in Punta de Lanza of the first district, fifth canton of the province of Limón, measuring 45 hectares, 7113.47 square meters, which corresponds to cadastral map number Placa22737; it was precisely the property that the IDA's Board of Directors titled in favor of the co-defendant Nombre143132, and which was registered in the National Registry under registration number Placa28212, in the name of the indicated co-defendant. Now, Executive Decree Number 11363-A, issued on March 24, 1980, and published in the Official Gazette La Gaceta Number 74 of April 18, 1980, was repealed by Executive Decree Number 34415-MAG, published in the Official Gazette La Gaceta Number 70 of Thursday, April 10, 2008, which provided in its Article 2, textually in the pertinent part, the following:

"The Institute of Agrarian Development is authorized so that, by request, it proceeds to cancel the inscription in the Public Registry of the farms: a) Partido de Limón, Real Folio 26.501-000 (...)"

As can be seen from the foregoing, the Executive Decree that created the parent farm, from which the property titled by the IDA in favor of the co-defendant Nombre143132 is in turn segregated, was repealed by another Executive Decree. This means that the titling carried out in favor of Mr. Nombre143132 lacks legal support at its base, because the original property and the regulation that enabled the titling of that land do not currently exist. Now, this Court again notes that, despite the express order given in Executive Decree Number 34415-MAG to the IDA, in the sense that they should initiate procedures to cancel the inscriptions in the Public Registry that were generated with Executive Decree Number 11363-A, in this particular case, there has been an omission, since the IDA did not seek the nullity of the title given to the co-defendant Nombre143132 at the administrative level; 3) Now then, it is established as proven that in February 2004, the co-defendant Nombre143132 filed with the Institute of Agrarian Development a request to process a land titling under articles 10 and 11 of the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales and the Ley de Tierras y Colonización Number 2825, requesting the granting of a public deed for the land corresponding to cadastral map number L-908302-2004, which, as indicated, formed part of the Limón 034 Project, with parcel number 330-1000. As stated above, the request of the co-defendant Nombre143132 was based on the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, a regulation that was declared unconstitutional, as well as on Executive Decree Number 11363-A, which was repealed. So that said request was ultimately left without regulatory support to be processed and subsequently to adjudicate the parcel. Despite this lack of regulatory support, the IDA omitted a series of requirements that also produce the nullity of the titling of the property in dispute in favor of Nombre143132. These requirements were the following: a) The Land Use, Management and Conservation Law (Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos), as well as its respective regulations, impose an obligation on the IDA that, prior to granting a land titling, it must have a land-use capacity study (estudio de capacidad de uso de suelos). Precisely, that requirement is established by Article 27 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, which provides:

"ARTICLE 27.- It shall be mandatory for the Institute of Agrarian Development to have land-use capacity studies before acquiring lands for titling purposes.

Any adjudication of lands shall have as a limitation that the use of the adjudicated land may not contravene its use capacity. Failure to comply with this provision shall result in the revocation of the adjudication, apart from other penalties that may be imposed for the crimes attributable thereto."

Note that the regulation is very clear in the obligation of the IDA to have land-use capacity studies prior to titling, and that non-compliance with that mandate shall result in the revocation of the adjudication. Furthermore, this obligation to have land-use capacity studies is specified in numerals 58, 59, 60, 61, 62 and 63 of the Regulations to the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Executive Decree Number 29375 MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, which provide:

"Article 58.—In any possessory information submitted to the IDA or to the Courts of Justice, for the purpose of registering in the Public Property Registry, the interested party, in addition to the requirements required by common regulations, must demonstrate, with an adequate soil study, that possession has been exercised in compliance with the conforming use of the soil for the activity carried out in accordance with the approved methodology, and executing them with the best management practices, according to the best available technology in compliance with the provisions of articles 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43 and 64 of Law No. 7779 and these Regulations."

"Article 59.—The study shall be carried out by the Certifier of Conforming Soil Use (Certificador de Uso Conforme del Suelo), who shall analyze and certify, based on a field visit, whether the possession in the activities on the property has been exercised in accordance with the conforming soil use according to its classification and that soil and water management and conservation practices are carried out on the property in accordance with the approved methodology."

"Article 60.—It is mandatory for the IDA to have soil studies, at least at a semi-detailed level in coordination with the MAG, prior to any purchase of farms, parceling (parcelación), adjudication, titling, leasing, and with greater emphasis on the titling of lands located in national reserves according to Law 7599 of April 29, 1996."

"Article 61.—Under no circumstances may the IDA acquire, adjudicate, or title lands that do not classify for agrarian purposes according to the soil study."

"Article 62.—If from the soil study and land classification, titling for agrarian or urban purposes is not appropriate, the IDA shall allocate them, as the case may be, to a national reserve, transferring them to MINAE if applicable."

"Article 63.—In the contract or title of leasing or adjudication of lands by the IDA, the condition shall necessarily be included, under penalty of expiration or revocation, that on the land the adjudicatee may not carry out any activity contrary to the use, management and conservation of soils and waters. Pursuant to articles 27 and 64 of Law No. 7779. Upon proof of non-compliance, the IDA shall initiate the procedure for revocation of the TITLE, for which a preventive annotation shall be noted in the Real Folio of the respective property."

Note that the cited regulations are clear, with respect to the fact that before titling and registering lands, the IDA has the obligation to carry out land-use capacity studies. Likewise, the cited Article 61 prohibits the IDA from acquiring, adjudicating, or titling lands that do not classify for agrarian purposes according to the soil study. Precisely, applying the above to the specific case, we have as a proven fact that at the time the Institute of Agrarian Development titled the property that is the subject of this proceeding in favor of the co-defendant Nombre143132, it did not have the land-use capacity study (estudio de capacidad de uso del suelo) required by Article 27 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos and numerals 58, 59, 60, 61, 62 and 63 of the Regulations to said Law. This is because from the review of the administrative file provided by the IDA in the case of Nombre143132, no land-use capacity study is found. Likewise, at the time of the response to the lawsuit by the Institute of Agrarian Development, it was indicated that said land-use capacity study was indeed not provided in the case of the co-defendant Nombre143132. Also, the IDA's attorney, during her conclusions in the single hearing, accepted the omission of this requirement, among others. Now then, the Soil Use Certificate (Certificado de Uso de Suelo) for the land adjudicated to Mr. Nombre143132 was prepared later, on January 27, 2010, by the Head of the Technical Services Department of the National Institute of Innovation and Transfer in Agricultural Technology (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA), which was analyzed in the preceding recital of this judgment. Precisely, in the conclusions of that study it was indicated that the property is made up of soils classified as "Typic Hapludults," on which productive agrarian activities are not carried out. This means that said land is not suitable for the development of agricultural activities. In summary, at the time of titling the land in favor of the co-defendant Nombre143132, the IDA did not comply with the obligation to have a Soil Use Certificate. It was prepared later, during the course of this proceeding, and it concluded that the soils of that land are not suitable for developing agrarian activities. Consequently, the nullity of the land titling carried out by the IDA in favor of Nombre143132 arises not only because it is Natural Heritage of the State, as stated in the preceding recital, but also because it was titled on land that is not suitable for agricultural exploitation activities, as well as by omitting the legal requirement to have a soil use and conservation study; b) The IDA omitted the information it had at hand before titling the property in question, concerning the fact that there was forest on the land and that, therefore, it constituted Natural Heritage of the State. In that sense, it is established as proven that the co-defendant Nombre143132, at the time of making his titling request, provided cadastral map number L-908302-2004 of February 13, 2004, in which it is observed that this land is described as pastureland with mountain (potrero con montaña). Likewise, among the documents provided to carry out the titling of the property in dispute is certification number SINAC-DS-OFAU-C-1228-2004, issued by Nombre112425 of the User Service Office (Oficina de Atención al Usuario) of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía) on March 29, 2004, through which it was indicated, in the part pertinent to the issuance of this judgment, textually, the following:

"Having carried out the study on the respective cartographic sheets of the basic map of Costa Rica, scale 1:50,000, it has been determined, based on the location stated in cadastral map number 7-908302-2004 in the name of I.D.A. possessor Nombre143132, that it describes a property that is located OUTSIDE ANY PROTECTED WILDLAND AREA WHATEVER ITS MANAGEMENT CATEGORY ADMINISTERED BY THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY. HOWEVER, IT PARTIALLY CONSTITUTES NATURAL HERITAGE OF THE STATE ACCORDING TO ARTICLES 13, 14 AND 15 OF THE LEY FORESTAL Placa12929 APRIL 16, 1996."

Note that this document affirms that the land that was being requested to be titled at that time was Natural Heritage of the State. Now then, despite these documents that the IDA had previously at hand, by official letter number STA-010-2005 of January 26, 2005, Mr. Nombre3423, Supervisor of the Agrarian Org. Program, Coordinator of Titling and Social Compensation Programs, and Engineer Juan Carlos Solorzano Morales, Head of the Agrarian Org. Department of the Institute of Agrarian Development, addressed to the Board of Directors of that same institution, requested the authorization of the IDA's Board of Directors to segregate and transfer 11 lots and parcels of the Limón 034 Project (Dirección5349), so that the corresponding possessory title deeds (títulos supletorios de dominio) could be issued, among which was the land in the name of the co-defendant Nombre143132 and which corresponded to cadastral map number L-908302-2004; this because institutional policies, the recommendation of the Batáan Regional Office per official letter ORS-1074-2004, the approval of the Huétar Atlántica Regional Directorate, the review of the requirements demanded for the titling process by the Regional Agrarian Coordinator, the Board of Directors' Agreement, Article XXI, Session 065-00 of September 11, 2000, and the applicable regulations, as well as the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales published in the Official Gazette La Gaceta Number 173 of September 10, 2002, were complied with, the parcels and lots remaining under the conditions and restrictions of article XVIII of said regulation. Note that in this official letter it is affirmed that the titling request meets all the requirements demanded by the corresponding regulations, which was not true, since there was no Soil Use Certificate and the fact that the land was Natural Heritage of the State by having forest cover and being of forestry vocation was omitted. Despite these defects and shortcomings, the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in its Article 31 of Session 005-05 of February 7, 2005, approved segregating and transferring 11 lots and parcels of the Limón 034 Project (Dirección5349), so that the corresponding possessory title deeds could be issued, among which was the land in the name of the co-defendant Nombre143132 and which corresponded to cadastral map number L-908302-2004, according to the request submitted by the coordinator of Titling Programs via official letter number STA-010. In that same session of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, Mr. Walter Céspedes Salazar, Executive President, and Engineer Nombre60401, General Manager, were authorized to appear in due course before the assigned notary, Ana Isabel Sibaja Rojas, for the granting of the respective transfer deeds. Now then, following what was ordered by the IDA's Board of Directors, through Public Deed Number One Hundred Forty-Five, granted before Notary Public Ana Isabel Sibaja Rojas, with the appearance of Mr. Nombre60401, as General Manager of the Institute of Agrarian Development, signed on February 18, 2005, lots from the Dirección17381, of the property registration number Placa8165, were segregated and adjudicated, among which was the land adjudicated to the co-defendant Nombre143132 and that corresponded to cadastral map number Placa22737. Finally, the land adjudicated to the co-defendant Nombre143132, corresponding to cadastral map number Placa22737, was registered in the National Registry under registration number Placa28212, in the name of the indicated co-defendant. Evidently, all these acts are absolutely null and void for all the reasons stated. Consequently, the principal lawsuit filed by the Office of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) with the coadjuvancy of the State, against the Institute of Agrarian Development (IDA) and Nombre143132, is granted in all its terms, in the following sense: 1) The agreement of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, contained in Article 31 of Session Number 005-05 dated February 7, 2005, is annulled, solely as it refers to the titling of a farm in favor of Mr. Nombre143132, described in cadastral map number Placa22737; 2) Public deed number 145, granted before Notary Public Ana Isabel Sibaja Rojas, at 8 hours on February 18, 2005, which formalized and recorded the titling issued by the Institute of Agrarian Development, is annulled; 3) The registry entry of the property registered under the Real Folio (Folio Real) system, registration number Placa28209 (titled farm), issued by the National Registry, is ordered to be annulled; 4) It is declared that the farm registered under Real Folio registration number Placa28209 was technically and legally improperly registered in favor of Mr. Nombre143132, in accordance with the provisions of article 199 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública); 5) The Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) is ordered, through the State Notary's Office, to prepare a deed where it records, as appropriate, the parts of this judgment for the purpose of proceeding with the change of nature and registration of the farm described in cadastral map Placa22737 in the name of the State in the Public Registry of Real Property, as provided in Article 13 of the Ley Forestal. Likewise, MINAET and SINAC are ordered to prepare the necessary signage to allow the identification of the property as Natural Heritage of the State, with the measurements, colors, material and other technical characteristics determined by MINAET. That signage shall bear the legend that this farm is property of the State and constitutes Natural Heritage of the State; 6) It is ordered, once this judgment becomes final, to place the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (MINAET) in possession of that farm, and to evict Mr. Nombre143132 from said property; 7) The National Archive is ordered to make marginal annotations of the annulments of the referred notarial instruments, namely, public deed number 145 granted by Notary Public Ana Isabel Sibaja Rojas in the respective protocol volume. Let the respective orders be issued to the Public Registry. The parties are informed that any aspect established in this ruling must be executed before the Executing Judge of this Court, if necessary. Regarding the other claims of the comptroller body, they will be analyzed in the following recitals of this judgment.

VII- ON THE NEED TO ESTABLISH INTERNAL RESPONSIBILITIES: This judicial body has determined that the land registered under number Placa28209 was technically and legally improperly registered in the Public Registry in favor of Mr. Nombre143132, in accordance with the provisions of article 199 of the General Law of Public Administration. Furthermore, the comptroller body indicated within its claims that, in accordance with article 200 of the General Law of Public Administration, this judicial body declare whether the invalidity of the administrative act issued by the IDA, contained in Article 31 of Session Number 05-05 dated February 7, 2005, solely as it refers to the titling of the farm in favor of the co-defendant Nombre143134, is manifest or not, and if so, proceed as established in subsection 2 of the cited article. Precisely, this Court considers that all the administrative conduct annulled in this proceeding occurred under irregularities so evident, manifest, and gross, that they warrant ordering the initiation of the necessary ordinary administrative procedures to determine the disciplinary, civil, and even criminal responsibilities, as applicable, of all the officials who were involved in the issuance of the administrative acts that are being annulled in this judgment. This is in accordance with the provisions of numerals 200, 203 and following of the General Law of Public Administration, articles 67 and following, 74 and following of the Organic Law of the Office of the Comptroller General of the Republic (Ley Orgánica de la Contraloría General de la República) and the rules established in the General Law of Internal Control (Ley General de Control Interno), Number 8292, to the extent that they are applicable. Therefore, in accordance with articles 192, 199, 200, 210, 211, 213 and 261 of the General Law of Public Administration, and numerals 67 and following, 74 and following of the Organic Law of the Office of the Comptroller General of the Republic, the Office of the Comptroller General of the Republic is ordered to immediately initiate the corresponding disciplinary, civil, and criminal administrative procedures, which must be concluded within two months of their initiation, in order to establish the different responsibilities of all the officials who participated in the administrative conduct that was annulled in this ruling. A report on these actions must be rendered within two months of this judgment becoming final, to the execution phase of this Court, under the warning of incurring in assumptions of liability for omission of that oversight duty.

VIII- ON THE CLAIM FOR DAMAGES IN THE ABSTRACT AGAINST THE DEFENDANTS: The Office of the Comptroller General of the Republic requests that the IDA be ordered, in the abstract, to pay the damages caused. With respect to this claim, this Court considers that the IDA must be ordered to pay damages in the abstract because the active conduct, as well as omissions, described throughout this ruling, are sufficient cause to determine that that sued institution incurred in abnormal functioning that must be compensated in favor of the State, represented in this case by the Office of the Comptroller General of the Republic, based on the provisions of articles 190 and following of the General Law of Public Administration, in relation to numeral 122, subsection m), sub-subsection iii) of the Code of Contentious Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo). Consequently, the IDA is ordered to pay, in the abstract, the damages caused by its abnormal functioning, the existence and amount of which shall be determined in the judgment execution phase.

IX- ON THE PLEAS OF PRESCRIPTION, LACK OF STANDING TO SUE AND BE SUED, AND LACK OF RIGHT FILED BY THE CO-DEFENDANT Nombre143132: Regarding the pleas filed by the co-defendant Nombre143132, this Court resolves them as follows: a) Prescription: As previously explained in this judgment, the land titled in favor of Nombre143132 is a property that has had and has forest cover, and is therefore Natural Heritage of the State and is affected to the public domain.

Therefore, that land is unseizable, imprescriptible, and inalienable, in accordance with the provisions of numeral 14 of the Ley Forestal. Therefore, one cannot claim positive or acquisitive prescription (prescripción positiva o adquisitiva) over said property. Likewise, no prescription exists for the State or its institutions to judicially request the recovery (reinvindicación) of that land. Consequently, the prescription exception is declared without merit; b) Lack of active and passive standing (legitimación activa y pasiva): The Contraloría General de la República has active standing in accordance with the provisions of Article 10, subsection 3) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, in seeking the nullity of IDA actions that threaten the Patrimonio Natural del Estado. Likewise, the Instituto de Desarrollo Agrario holds passive standing, as it was the institution that illegally titled the land subject to this proceeding. In a similar sense, Mr. Nombre143132 holds passive standing in the main proceeding, as he was the beneficiary of the illegal titling carried out by the IDA. Consequently, the exception of lack of active and passive standing is declared without merit; c) Lack of right: The Contraloría General de la República, within its constitutional powers to oversee the Public Treasury (Hacienda Pública), has the right to seek the nullity of the IDA's actions in titling the land in question in favor of Nombre143132, because that titling was carried out in violation of the constitutional and legal protection of the Patrimonio Natural del Estado, without normative support and omitting fundamental requirements. Therefore, the exception of lack of right is rejected.

 

X- REGARDING THE MAINTENANCE OF THE PRECAUTIONARY MEASURES (MEDIDAS CAUTELARES) IMPOSED IN THIS PROCEEDING, UNTIL THIS JUDGMENT BECOMES FINAL (FIRMEZA): With the purpose of protecting the object of this proceeding, it is ordered that the precautionary measures ordered by resolutions 637-2008 at fourteen hours thirty minutes on September third, two thousand eight, and 919-2008 at thirteen hours ten minutes on October twenty-eighth, two thousand eight, be maintained, which textually stated the following: "1) Note in the registry for property 7-14344-000 the filing of the respective lawsuit. 2) Warn Mr. Nombre143132, ID number CED112401, that he must abstain from any type of conduct, whether by action or omission, that threatens the natural resources existing on the property under the real estate folio 7-114344-000, which is the property subject to the proceeding, warning him that in case of disobeying this judicial order, he would be incurring in actions which could eventually be imputed to him as one of the crimes typified in our criminal law." These precautionary measures shall be maintained until this judgment becomes final (firmeza).

 

XI- ON THE PAYMENT OF PERSONAL AND PROCEDURAL COSTS (COSTAS PERSONALES Y PROCESALES) OF THE MAIN PROCEEDING: In accordance with the provisions of Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, and as this jurisdictional body does not find valid reasons for exoneration of costs, the IDA is ordered to pay the procedural and personal costs of this main proceeding. Mr. Nombre143132 is exonerated from the payment of the procedural and personal costs of this main proceeding, because in the judgment of this Court, his conduct has been in good faith, in accordance with the provisions of Article 193, subsection b), of the Código Procesal Contencioso Administrativo.

 

XII- INADMISSIBILITY OF THE COUNTERCLAIM (RECONVENCIÓN) FILED BY Nombre143132 DUE TO A LACK OF PASSIVE STANDING TO SUE THE STATE: In the present matter, the co-defendant Nombre143132 filed a counterclaim or counterclaim (reconvención), which by order of the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, was directed solely against the State. Mr. Nombre143132, in essence, requests as his main claim a declaration that he is the sole, public, and peaceful possessor of the farm titled by the IDA in his favor, for a period exceeding ten years. Likewise, should the main claim be declared without merit, he requests subsidiarily that the payment of damages (daños y perjuicios) be declared in his favor, represented by economic damages, losses, and subjective moral damage. The State, as defendant, and the Comptroller General's Office in its capacity as passive coadjuvant opposed these claims. In that sense, this Court considers by majority that the arguments provided by the State are adequate, specifically regarding the lack of passive standing, as will be analyzed below. Notwithstanding the foregoing, this jurisdictional body considers that the manner in which State Attorney Víctor Bulgarelli Céspedes presented his conclusions at the sole hearing held last July 28 of this year was not adequate, as he indicated that if the judges of this Court accepted the indemnification claim requested by Nombre143132, they would incur in the crime of prevarication (prevaricato) by recognizing an aspect he deems illegal. Precisely, this Court considers that these statements are unnecessary for the purposes of conducting an adequate defense of the State's interests and constitute a kind of threat or coercion directed at this Court, if the State Attorney's arguments are not shared. This jurisdictional body has the obligation to decide in accordance with the Constitución Política and the Law, so directing a threat at the judges so that they decide according to the thesis posed by the State Attorney, under penalty of otherwise being able to incur in the cited crime, constitutes a bad-faith litigation technique that must be reported to the Procuradora General de la República, so that she may take the appropriate measures to correct these types of bad litigation practices during hearings, which this Court views with concern and totally disapproves. Now, this Court shares, by majority, the arguments put forth by the State and the Comptroller General's Office, and therefore declares the exception of lack of passive standing to have merit, for the following reasons: 1) The main claim of the counterclaimant (reconventor) to be declared the sole, public, and peaceful possessor of the farm titled by the IDA in his favor, for a period exceeding ten years, is an inadmissible claim to be directed against the State, because as explained in detail in the preceding considerandos, the property titled to Mr. Nombre143132 has been Patrimonio Natural del Estado since 1960, the year from which the extensive forest cover (cobertura boscosa) covering it is recorded. Consequently, the State lacks passive standing to be sued for the purpose of having it title or recognize a right of possession over that property in favor of the counterclaimant Nombre143132, since the State, not even through the Courts of Justice, could recognize or title that property, nor through administrative channels; 2) Likewise, there is a lack of passive standing regarding the subsidiary claim for damages (daños y perjuicios) requested by the counterclaimant Nombre143132, since the value of the property, improvements, or any other item resulting from the illegitimate possession or mere occupation that said individual carried out on the land in question cannot be indemnified. Likewise, in order to determine the existence of damages, the cause that originates them, the causal link, and the damages themselves must be presented. Precisely, in this case, from everything explained in the preceding considerandos of this judgment, it is understood that the State did not cause any damage to Mr. Nombre143132. It should be noted that Decreto Ejecutivo number 11363-A prohibited titling in forest zones; the nullity of the title granted to Nombre143132 was not caused by the State, but potentially by the IDA, an institution that has not been counterclaimed. In general, the State cannot be charged with abnormal or illegal functioning. Nor can it be held responsible for the nullity of the title that was caused by another institution, so there would be a lack of causal link, in the event that damages existed. For these reasons, this jurisdictional body, by majority, considers that it is appropriate to declare the exception of lack of passive standing with merit and consequently reject in all its aspects the counterclaim (reconvención) filed by Nombre143132 against the State. Due to the manner in which it is resolved, a ruling on the exception of lack of right is omitted.

 

XIII- ON THE PAYMENT OF PERSONAL AND PROCEDURAL COSTS (COSTAS PERSONALES Y PROCESALES) OF THE COUNTERCLAIM: Mr. Nombre143132 is exonerated from the payment of the procedural and personal costs of the counterclaim, because in the judgment of this Court, his conduct has been in good faith, in accordance with the provisions of Article 193, subsection b), of the Código Procesal Contencioso Administrativo.

 

POR TANTO

Main claim: The exception of prescription is declared without merit. The exception of lack of active and passive standing is declared without merit. The exception of lack of right is rejected. Consequently, the main claim filed by the Contraloría General de la República with the coadjuvancy of the State, against the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) and Nombre143132, is declared with merit in all its aspects, in the following sense: 1) The agreement of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, contained in Article 31 of Session number 005-05 dated February 7, 2005, is annulled, solely with regard to the titling of a farm in favor of Mr. Nombre143132, described in cadastral plan number Placa22737; 2) Public deed number 145, executed before Notary Public Ana Isabel Sibaja Rojas, at 8:00 a.m. on February 18, 2005, which formalized and protocolized the titling issued by the Instituto de Desarrollo Agrario, is annulled; 3) It is ordered that the registry entry for the inscription of the farm registered under the Folio Real system, registration number Placa28209 (titled farm), issued by the Registro Nacional, be annulled; 4) It is declared that the farm registered under Folio Real registration number Placa28209 was technically and legally inscribed improperly in favor of Mr. Nombre143132, in accordance with the provisions of Article 199 of the Ley General de la Administración Pública; 5) It is ordered that the Procuraduría General de la República, through the Notaría del Estado, prepare a deed protocolizing, as pertinent, the relevant parts of this judgment in order to proceed with the change of nature and inscription of the farm described in cadastral plan L-908302-2004 in the name of the State in the Registro Público de la Propiedad Inmueble, as provided by Article 13 of the Ley Forestal. Likewise, MINAET and SINAC are ordered to prepare the necessary signs to identify the property as Patrimonio Natural del Estado, with the measurements, colors, material, and other technical characteristics determined by MINAET. These signs must bear the legend that this farm is State property and constitutes Patrimonio Natural del Estado; 6) It is ordered that, once this judgment is final (firme), the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) be placed in possession of this farm, and Mr. Nombre143132 be evicted from said property; 7) It is ordered that the Archivo Nacional marginally note the annulments of the referenced notarial instruments, namely, public deed number 145 executed by Notary Public Ana Isabel Sibaja Rojas, in the matrix of the respective protocol. The respective writs to the Registro Público shall be issued. The parties are advised that any aspect established in this resolution must be executed before the Enforcement Judge (Juez Ejecutor) of this Court, if necessary; 8) In accordance with Articles 192, 199, 200, 210, 211, 213, and 261 of the Ley General de la Administración Pública, and numerals 67 et seq., 74 et seq. of the Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, the Contraloría General de la República is ordered to immediately initiate the pertinent disciplinary, civil, and criminal administrative proceedings, which must conclude within two months of their initiation, in order to establish the different responsibilities of all the officials who participated in the administrative conducts that were annulled in this resolution. A report on said actions must be submitted within two months from the date this judgment becomes final (firmeza) to the execution phase of this Court, under the warning of incurring in liability scenarios for omission of that oversight duty; 9) Based on the provisions of Articles 190 et seq. of the Ley General de la Administración Pública, in relation to numeral 122, subsection m), sub-subsection iii) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the IDA is ordered to pay, in the abstract, the damages (daños y perjuicios) caused by its abnormal functioning, the existence and amount of which shall be determined in the judgment execution phase; 10) It is ordered that the precautionary measures ordered by resolutions 637-2008 at fourteen hours thirty minutes on September third, two thousand eight, and 919-2008 at thirteen hours ten minutes on October twenty-eighth, two thousand eight, be maintained, until this judgment becomes final (firmeza); 11) The IDA is ordered to pay the procedural and personal costs of this main proceeding. Mr. Nombre143132 is exonerated from the payment of the procedural and personal costs of this main proceeding. Counterclaim (Reconvención): By majority, the exception of lack of passive standing is declared with merit, and consequently, the counterclaim (reconvención) filed by Nombre143132 against the State is rejected in all its aspects. Due to the manner in which it is resolved, a ruling on the exception of lack of right is omitted. Mr. Nombre143132 is exonerated from the payment of the procedural and personal costs of the counterclaim. The Procuradora General de la República is respectfully notified of the bad litigation practice indicated in this judgment, carried out by State Attorney Víctor Bulgarelli Céspedes, so that she may take the appropriate measures to correct these types of bad litigation practices that occur during oral hearings.

 

Otto González Vílchez

 

Marianella Alvarez Molina                                                                                           Cynthia Abarca Gómez

 

Dissenting vote (Voto salvado) of Judge Abarca Gómez

With the accustomed respect and consideration, I agree with my colleagues regarding the facts deemed proven and the manner in which the main claim of this proceeding is resolved. However, regarding the counterclaim (reconvención) filed by Mr. Nombre143132 against the State, I concur in the operative part only regarding the decision not to order costs against the counterclaimant. In all other respects, I depart from the majority's criterion for the following reasons. I.- Unlike my colleagues, I consider that the exception of lack of passive standing raised by the counterclaim respondent (reconvenido), in this case the State, must be rejected. Regarding the main claim of the counterclaim, it is evident that the possession sought to be declared is against a property that, according to what was alleged in the main claim and that was upheld in the judgment, constitutes Patrimonio Natural del Estado, and to that extent, a public domain asset (bien de dominio público), whose ownership rests with the State and not with the IDA. Thus, the counterclaim is correctly filed against the State, which is the owner of the asset over which one seeks to enforce possession, thus accrediting the subjective link established by Article 12, subsection 1) of the Código Procesal Contencioso Administrativo. This link is even clearer regarding the subsidiary claim. In essence, this claim seeks the payment of damages (daños y perjuicios), among which are cited, inter alia, the moral damage suffered, the value of the property, the various investments in its maintenance, and the improvements made. In general, it is a claim for improvements by accession, which undoubtedly must be asserted against the owner of the property sought to be recovered, which in this case is the State. This is even derived from Voto No. 02063-07, at 14 hours 40 minutes on February 14, 2007, by which the Sala Constitucional annulled as unconstitutional the Reglamento de para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, approved by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in which it expressly stated: "(...) XV. Of the effects of the unconstitutionality declared: Pursuant to the provisions of Articles 90, first paragraph, and 91 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the finding of unconstitutionality made in this judgment in relation to the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, approved by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario by Article 11 of session number 055-02, on August twelfth, two thousand two, and published in the Diario Oficial La Gaceta number 173, on August tenth, two thousand two, has declaratory and retroactive effects to the effective date of this regulatory body, that is, August twelfth, two thousand two, so that the recovery of the assets that, being of public domain, have been subject to titling under the regulations now annulled, proceeds, without prejudice to the patrimonial liability of the State deriving from this unconstitutionality (...)". (Emphasis added). It should be noted that the Sala orders the recovery of public domain assets, an action exercised in this proceeding by the Contraloría General de la República as an organ of the State. Likewise, it is indicated that said recovery shall be without prejudice to the patrimonial liability of the State. And it could not be otherwise because the owner of the public domain asset being recovered is the State and not the IDA. Obviously, this does not prevent the State from later recovering, through a recourse action against the entity that improperly authorized the titling, the amount paid as indemnification. The foregoing perfectly aligns with the joint and several liability of the State for the detriments caused by its legitimate or illegitimate actions, as well as its normal or abnormal functioning. For the foregoing reasons, this judge rejects the exception of lack of passive standing raised by the State representative and proceeds to examine the merits of the counterclaim (contrademanda). II.- Regarding the exception of lack of right, I must point out the following. It has been demonstrated in this proceeding that the property registered in the Registro Nacional under the Folio Real system, registration No. Placa28209 in the name of the counterclaimant, was since 1960 forested land that belonged to the State (by the Principle of Inmatriculation (Principio de Inmatriculación)). Thus, from that time on, it constituted Patrimonio Natural del Estado and, therefore, a public domain asset. The partial declaration made by SINAC in 2004 only confirms and provides certainty regarding the nature of that property. However, in the judgment of this judge, it is not possible to ignore the effects that the inscription of the property (even though improper because it was a property that was PNE) generated in the subjective sphere of Mr. Nombre143132. In the specific case, by the active and omissive illegitimate conduct of various public organs and entities, a title was generated that was inscribed in the Registro Nacional, and from which the counterclaimant could exercise over the property all the attributes of the right of ownership. It is not a matter of simple possession, as the State's representation has attempted to portray it, but of property inscribed in the name of the counterclaimant, even if today it is declared to have been invalidly. It was such private property that the State could not exercise the powers inherent to self-protection (autotutela) and direct coercion in the administrative venue (because it meant annulling and rendering ineffective an act favorable to the administered party, which is forbidden in that venue), but rather had to resort to the jurisdictional avenue to annul the inscribed property title. Without a doubt, absolute nullity is appropriate and has been so declared. Without a doubt also, the duty to recover the property and return it, as it has always corresponded, to the public domain (demanio público) is imposed. However, I consider that, based on Articles 9, 11, 41, and 45 of the Constitución Política as well as numerals 11, 190 et seq. of the Ley General de la Administración Pública, the State must be liable for the damages (daños y perjuicios) that this recovery action causes in the subjective sphere of the person who, up to the moment of the annulment, was its registered owner. To do otherwise would be to ignore his subjective legal situation and would imply a de facto expropriation that, in my judgment, is not in accordance with the legal order. Thus, in general, I consider that the activities or works carried out from the inscription of the property with the authorization of the competent public organs and entities must be indemnified by whoever authorized them and the State jointly and severally. The type of indemnification and the criteria to be followed for it are matters to be resolved in each specific case. III.- Pursuant to the foregoing, I consider that the main claim of the counterclaim must be rejected since, being faced with a public domain asset, no type of possession is legitimate. Regarding the subsidiary claim, I consider that it is also inadmissible, for the following reasons. Regarding the indemnification of the property's value, in the specific case, this was obtained as a result of a titling, without the record showing that the counterclaimant disbursed any sum of money to obtain it. Thus, regardless of how interesting the discussion may be on whether or not this type of indemnification proceeds in an action for the recovery of public domain assets (which is by no means addressed), any claim in that sense is irrelevant, and that petition must be rejected. Regarding the payment of damages (daños y perjuicios), these must be rejected because, in the specific case, the counterclaimant does not prove aspects that are fundamental for its admissibility. If one starts from the premise that it concerns a property declared PNE, Mr. Nombre143132 does not demonstrate that the activities, the various investments in its maintenance, and the improvements made were carried out with the authorizations required by forestry and environmental regulations for the exercise thereof on properties that, although registered in the name of private parties, are forested lands. Nor is it demonstrated that the activities, the various investments in its maintenance, and the improvements made were carried out when the property was already registered in his name (and not when he merely possessed it). This neglect of his evidentiary duties (burden of proof) even prevents the recognition of any moral damage alleged. In conclusion, I consider that in the counterclaim (reconvención) filed by Nombre143132 against the State, the exception of lack of passive standing must be rejected and the exception of lack of right upheld, both raised by the State representative, exonerating the counterclaimant Nombre143132 from the payment of costs.

 

Cynthia Abarca Gómez

 

Expediente: 08- 000721 -1027-CA

Proceso de Trámite Preferente

Actor: Contraloría General de la República /coadyuvante activo El Estado  

Demandado: Instituto de Desarrollo Agrario y otro

Reconventor: Nombre143132

Reconvenido: El Estado/coadyuvante pasivo Nombre140474   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:52:53.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República