Res. 00794-2011 Tribunal Agrario — Denial of titling of State Natural Heritage forests without proven decennial possession prior to 1961Improcedencia de titular bosques del Patrimonio Natural del Estado sin posesión decenal anterior a 1961

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00794 - 2011

Fecha de la Resolución: 27 de Julio del 2011 a las 16:20

Expediente: 98-160316-0296-AG

Redactado por: María Rosa Castro García

Clase de asunto: Proceso ordinario

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Administrativo

Tema: Dominio público

Subtemas:

Análisis histórico normativo sobre su protección.
Concepto, naturaleza jurídica y elementos que lo conforman.
Improcedente información posesoria al no demostrarse posesión decenal anterior a la Ley de Tierras y Colonización de 1961.

Tema: Información posesoria agraria

Subtemas:

Concepto, naturaleza jurídica, características y elementos que constituyen los bienes de dominio público.
Improcedencia ante falta de demostración del ejercicio de una posesión decenal anterior a la afectación del inmueble como dominio público.
Improcedencia sobre bienes patrimonio natural del estado al no demostrarse posesión decenal anterior a la Ley de Tierras y Colonización de 1961.

“V.- El Dominio Público -para el caso que nos interesa- es el conjunto de bienes propiedad pública del Estado, lato sensu, afectados al uso público directo o indirecto, de los habitantes, y sometido a un régimen especial de derecho público y, por tanto, exorbitante del derecho privado. El dominio público se encuentra conformado por cuatro elementos: subjetivo, objetivo, normativo y teleológico. El elemento subjetivo se refiere al titular del derecho -El Estado-; el elemento objetivo se refiere o se constituye por el bien o los bienes sobre los cuales recae el dominio público -para este caso el inmueble objeto de litigio- ; el elemento normativo determina cuando un bien reúne los requisitos señalados por ley para considerarlo demanial, es el conjunto de normas que lo rigen -elenco de normas que en adelante se dirán-; y el elemento teleológico que se refiere a la finalidad que se persigue al incluir determinado bien dentro del dominio público, qué finalidad pública es asignada al bien -en este caso la protección de los recursos naturales-. Los bienes de dominio público están sometidos a un régimen jurídico especial, se encuentran sujetos a un poder de policía, y se caracterizan esencialmente por su inalienabilidad e imprescriptibilidad. Por su naturaleza están dirigidos a satisfacer necesidades públicas, este hecho impide que sobre ellos exista tenencia o posesión por parte de particulares o personas privadas, están fuera del comercio del derecho privado. Nuestra Constitución Política en su artículo 121 inciso 14) hace referencia a la Demanialidad indicando qué bienes son susceptibles de ese régimen de propiedad pública, incluso estableciéndose en ese artículo diferentes grados de afectación pública dándose un grado de publicatio intenso y absoluto hasta otros grados menos intenso y se armonizan los derechos de los administrados con las potestades de la Administración. Nuestro Código Civil vigente que data desde el mes de abril de mil ochocientos ochenta y seis, regula las bases más importantes en materia de bienes de dominio público, concretamente en sus artículos 261 al 263. El artículo 262 del citado Código Civil, hace referencia a dos características importantes de los bienes de dominio público: a- las cosas públicas están fuera del comercio, y b- se establece la desafectación al decir que esos bienes no pueden entrar en el comercio privado, mientras legalmente no se disponga así. Como puede observarse la afectación al régimen de dominio público no depende de la naturaleza del bien, sino de la voluntad del legislador. Mediante voto número 447-91 de las quince horas treinta minutos del 21 de febrero de 1991 la Sala Constitucional manifiesta que la declaración de dominio público del bien se establece por ley, esta declaración no constituye una limitación a la propiedad, de acuerdo con el artículo 45 de la Carta Magna, pues éste artículo se refiere a propiedad privada, y los bienes de dominio público no están sujetos a propiedad privada. El Patrimonio Forestal del Estado, es un bien Demanial regulado en un amplio conjunto normativo en el que históricamente hasta la actualidad se prohibe a los particulares realizar cualquier tipo de labor dentro de los inmuebles con esa característica y como consecuencia negándoles el derecho de posesión, haciéndose una salvedad en una situación específica que más adelante se dirá. Se considera como Patrimonio Estatal, -en su condición de Demanio Público que implica los principios de imprescriptibilidad, inalienabilidad, e inembargabilidad-, los terrenos que constituyen Reservas Nacionales que tengan Bosques Primarios. Lo anterior encuentra su desarrollo normativo en las citas que a continuación se exponen: 1) El Código Fiscal de 1865 el cual contempla un capítulo referido a los bosques, el cual fue derogado por la Ley General de Terrenos Baldíos Número trece del 6 de enero de 1939 la cual incorporaba prácticamente las mismas disposiciones. Por ejemplo el artículo primero indicaba: "Que los terrenos comprendidos en los límites de la República, que no hayan sido adquiridos o inscritos en propiedad mediante título legítimo por particulares, se presumen baldíos y pertenecen al Estado."- Esta ley en general regula la prohibición para poseer e inscribir mediante el trámite de informaciones posesorias las Reservas Nacionales que sean Patrimonio Forestal, en otras palabras no son susceptibles de apropiación por parte de particulares.- La Ley de Tierras y Colonización Número 2825 del 14 de octubre de 1961 mantuvo la misma orientación y se encuentra vigente en la actualidad desde aquella fecha. Así el artículo 8 de esa Ley de Tierras y Colonización establece: "Exceptuado los casos previstos en esta ley es prohibido a los particulares encerrar con cercas, carriles, o cualquier otra forma los terrenos declarados Reservas Nacionales, derribar montes, establecer construcciones y cultivos o extraer de ellos leña, madera, bejuco, palma, y otros productos con fines de explotación. Todo acto de ese genero, si de previo no se han llenado los trámites legales y obtenido la autorización correspondiente será considerado, según el caso como usurpación de dominio público o merodeo, debiendo las autoridades ordenar la destrucción y remoción de las cercas e impedir el uso de esas tierras, sin lugar a indemnización ni a reclamos por el valor de las mejoras y sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran caber a quienes incurrieren en tales faltas".- Nótese que este artículo sanciona penalmente a aquel que se introdujere a una reserva Nacional para realizar cualquier actividad en esas tierras, por lo que no se le pueda considerar a ésta acto de posesión pues su actividad sería ilegítima.- El artículo 11 de esa misma Ley, establece que pertenecen al Estado en carácter de Reservas Nacionales: "a) Todos los terrenos comprendidos entre los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autonómas. b-) Los que no estén amparados por la posesión decenal.- c-) Los que por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas.- d-) En general todo los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos."- Por su parte el artículo 19 de la Ley Forestal derogada número 4465 del veintitrés de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve dispuso: "Quedan afectados a los fines de la presente ley todos los bosques y terrenos forestales ubicados en: "a-) Las tierras consideradas Reservas Nacionales..." Y el artículo 25 de esta misma ley señalaba: "La posesión de los terrenos situados en las Reservas Nacionales y fincas del Estado a que se refiere el artículo 19 de esta Ley, no causará derechos de ninguna especie y la acción reivindicatoria del Estado, por los mismos, es imprescriptible, y la Dirección General Forestal con los medios legales a su disposición, procederá a desalojar de tales terrenos a las personas que los ocupan total o parcialmente, en el caso de que se trate de zonas protectoras, Parques Nacionales, Reservas Forestales, y Reservas Biológicas".- Con estas normas se otorga a los bosques allí mencionados una doble tutela: Primero por su condición de Reserva Nacional, en las que es prohibido realizar cualquier acto posesorio y segundo por constituir Patrimonio Forestal del Estado en el que ningún acto de posesión causará derecho de ninguna especie. Este aspecto se ve confirmado con el artículo 8 del reglamento a esa ley que dice: "Los terrenos Nacionales comprendidos dentro de las áreas declaradas Reservas Forestales son inalienables, es decir no podrán salir del dominio del Estado, y su posesión no causará derecho de ninguna especie de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25, 49 y 57 de la Ley Forestal".- El artículo 80 de la citada Ley Forestal derogada indicaba: "Queda prohibido la invasión y ocupación de terrenos en los Parques Nacionales, Reservas Forestales y Zonas Protectoras. Esta prohibición se extiende hasta las Reservas Nacionales, hasta tanto no se haya determinado su clasificación y transferencia..." El artículo 6 de esta misma ley disponía: " Será sancionado con prisión de seis meses a dos años o con multa de quince a cien días, la persona que: a-) Explote un bosque de patrimonio forestal sin autorización legal correspondiente... b-) Invada un Parque Nacional, Reserva Biológica, Zona Protectora o Reserva Forestal...Si la invasión es en Reservas Nacionales, estará sujeta a lo estipulado en el artículo 227 del Código Penal.-" Como puede observarse los actos posesorios realizados en un bosque patrimonio Estatal resultan ser ilegítimos por lo que no pueden conferir ningún derecho de posesión.- Con la entrada en vigencia de la Ley Forestal Número 7174 del 28 de junio de 1990, se continúa con esta misma filosofía. En el artículo 32 de la citada ley establece: "El patrimonio forestal del Estado esta constituído por todos los bosques y terrenos forestales de las Reservas Nacionales...". El artículo 33 de esa misma ley dispone: "Los terrenos forestales y bosques que constituyen el Patrimonio Forestal del Estado detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables, su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por esos terrenos es imprescriptible.- En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante Información Posesoria, su invasión y ocupación será sancionados conforme lo dispuesto en esta Ley".- Con la actual Ley Forestal vigente número 7575 del 5 de febrero de 1996, en su título II regula un capítulo único referido exclusivamente al Patrimonio Natural del Estado, siendo la misma filosofía que se había iniciado desde 1865 con el Código Fiscal, por lo que se reitera en esta nueva normativa que el Patrimonio Natural del Estado estará constituído por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, y las fincas inscritas a nombre de la Administración Pública. El artículo 14 de la misma ley forestal vigente es enfática en indicar que los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado son imprescriptibles, inembargables e inalienables y su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor. La Ley de Conservación de la Vida Silvestre Número 7317 del 21 de octubre de 1972, en sus artículos 3 y 4, además de la declaratoria como de dominio público e interés público, a la fauna y flora silvestre respectivamente, se indica que la flora y fauna silvestre es parte del Patrimonio Nacional. En este mismo sentido la Ley de Biodiversidad número 7788 del 30 de abril de 1998 en su artículo 6 declara los elementos de la biodiversidad como de dominio público, así como la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 46 que establece la soberanía del Estado sobre la diversidad biológica. Por lo expuesto resulta un imperativo legal negar el derecho de posesión a aquellas personas que realizaran cualquier actividad en terrenos no sometidos a propiedad privada y que estén constituídos por bosques en reservas Nacionales.- A esa prohibición imperativa mediante la Ley Forestal Número 7575 del año 1996, que reforma el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, posibilita la titulación de bosques cuando dentro de los mismos se haya desarrollado lo que se entiende como posesión ecológica, y se demuestre una posesión de diez años de antelación a afectación como dominio público. El terreno objeto de esta información posesoria, es Patrimonio Natural del Estado, pues está compuesto por bosque primario ubicado dentro de la Zona Protectora Arenal Monteverde, lo que es claro dicho territorio es Patrimonio Natural del Estado, desde antes de que fuera creada mediante Decreto número 6778-A del 2 de febrero de 1997 con la creación de la Reserva Forestal Arenal, y del Decreto número 20172. Mirenem del 24 de enero de 1991 el cual crea la Zona Protectora Arenal-Montevede, como ya se expuso en el historial normativo supra. Cuando se discute la posesión sobre un bien demanial, sólo cabrá esa discusión cuando se haya adquirido el derecho antes de que se haya declarado el bien como de dominio público. Así mismo, el derecho de propiedad en tales casos sólo podrá obtenerse cuando el titular haya demostrado una posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley que declara el objeto como Patrimonio Natural del Estado. Como ya se ha expuesto la cronología legal que tutela el Patrimonio Natural del Estado, la ley que debe tomarse en consideración para realizar el cómputo de la posesión decenal de los particulares, es la Ley de Tierras y Colonización número 2825 del 14 de octubre de 1961, normativa actualmente vigente. No debe considerarse el Código Fiscal de 1865 y la Ley de Terrenos Baldíos de 1939, pues fueron normas que hacían referencia al tópico en forma genérica, además que no son disposiciones vigentes en la actualidad, no es sino hasta con la actual Ley de Tierras y Colonización que se viene a definir y regular en forma clara la Propiedad o Patrimonio Natural del Estado, máxime si conderamos el inmueble de marras es de relevancia para recarga acuífera que abastece de agua tanto a las actividades agrícolas, poblacionales e hidroeléctricas de la vertiente pacífico y atlántico, de allí sea también de aplicación lo dispuesto en el artículo 7 de la citada Ley de Tierras y Colonización al declarar como demanio público aquellos inmuebles que sean de recarga acuífera para abastecimiento de ese recurso hídrico y para su reserva. Las leyes posteriores como Ley Forestal y otras que se han citado en este considerando, son complementarias a la referida Ley de Tierras y Colonización. Para el caso concreto, de la prueba testimonial recabada no se demuestra esa posesión decenal en los términos de la normativa aquí expuesta.- Por las razones dichas, al ser los inmuebles involucrados Patrimonio Natural del Estado, los codemandados no podrán titular a su favor los inmuebles descritos en los planos catastrados números A-234818-95 de Norma Badilla Navarro, A-284020-95 de Olger Badilla Navarro, y A-234819-95 de José Gustavo Badilla Jiménez, y los terrenos sin inscribir que Roy Canet Zamora y Esmeralda Zamora alegan poseer y que miden respectivamente 128 ha 4743.67 metros cuadrados según plano A-771547-2002 t 240 ha 5150.30 según plano A-771548-2002. De allí, la información posesoria que se tramita para la inscripción de estos inmuebles debe ser archivada al tratarse de inmuebles no objeto de titulación según la prueba testimonial recabada en este proceso ordinario, donde no demuestran una posesión decenal anterior a la Ley de Tierras y Colonización de 1961 según ya se ha expuesto, de allí carezca de relevancia si los inmuebles están comprendidos dentro de la Zona Protectora Arenal Monteverde de 1991 o bien Reserva Forestal Arenal de 1977, pues ello no determina el inicio de la demanialidad como ya si indicó, pues los codemandados debieron demostrar diez años de posesión antes de la Ley de Tierras y Colonización, y no del Decreto que creó la referida Zona Protectora Arenal Monteverde.”

 

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Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Civil

Tema: Legitimación activa

Subtemas:

Procedencia en caso de particulares para solicitar la tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Tema: Interés difuso

Subtemas:

Aplicación para legitimar a particulares en la solicitud de tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Tema: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado

Subtemas:

Legitimación activa de particulares para solicitar su tutela en proceso de información posesoria sobre terrenos patrimonio natural del estado.

Tema: Información posesoria agraria

Subtemas:

Legitimación activa de particulares para solicitar la tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

“VI.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA PARTE ACTORA: La Asociación Conservacionista Monteverde ostenta una legitimación activa con base en la teoría del Interés Difuso, por motivo de su actividad dedicada a la conservación de la biodiversidad, defensa del ecosistema de invasores, cuidado de la flora y fauna en lo que se ha denominado el Bosque Eterno de los Niños, lo que cobija un interés colectivo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política, donde se establece: " El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes”. Toda persona (jurídica o física) en nombre de ese interés colectivo está legitimada para denunciar o demandar los actos que infrinjan ese derecho, como lo es en este caso la pretensión de titular mediante el trámite de Información Posesoria terrenos que son demaniales pertenecientes a todos los ciudadanos de la Nación por ser un bien de dominio público. La referida Asociación dentro de sus fines son las actividades de conservación de los ecosistemas existentes en el Bosque en litigio, siendo vigilantes para evitar el daño a la flora y fauna, por lo que su interés en la tutela del bien jurídico tutelado en el artículo 50 Constitucional mencionado supra es además de ser un hecho público y notorio es sustentado en la prueba testimonial evacuada en autos, lo que le reviste de legitimación activa procesal para accionar en este proceso. En este mismo sentido, este Tribunal Agrario mediante Voto de las catorce horas siete minutos del treinta y uno de octubre del dos mil tres, en lo que interesa dijo: " XXII.- Nuestra Sala Constitucional ha desarrollado en reiteradas sentencias, el tema de la legitimación de los particulares para solicitar la tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, protegiendo de esa forma no solo intereses meramente individuales, sino también de carácter colectivo, a través de la tutela de los intereses difusos. Al respecto ha señalado: “Tratándose de la protección jurídica del ambiente, la legitimación de los particulares para actuar judicialmente y lograr la aplicación de las normas que tienen esa finalidad o bien, solicitar la tutela jurisdiccional para amparar sus derechos violados, es de gran importancia…En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación debe extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente el abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítmo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero “derecho reaccional”, que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para “reaccionar” frente a la violación originada en acto su omisiones ilegítimos…ello implica, en general, que una legitimación mucho más flexible y menos formalista, es necesaria para asociar a los ciudadanos al interés propio del Estado de Derecho de fiscalizar y, en su caso, restablecer su propia juridicidad…Se trata, entonces, de intereses individuales, pero, a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos de personas que se encuentran en determinadas situaciones y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos –por ser comunes a una generalidad – e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter…”, (Sala Constitucional, No. 3705 de las 15 horas del 30 de julio de 1993, No. 1794 de las 16:45 horas del 13 de abril de 1994 y No. 1887 de las 9:45 horas del 7 de abril de 1995, entre otras). XXIII.- En la especie, si bien es cierto estamos frente a un conflicto entre particulares, el referido conflicto involucra a un bien demanial, que es parte del Patrimonio Forestal del Estado, conforme lo tuvo por acreditado la Juzgadora de Instancia. Se trata del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, creado mediante el Decreto No. 16614-MAG del 11 de octubre de 1985 (ver folios 597-799), por considerar que en dicha zona se encuentran recursos de manglares, pantanos, bosques y arrecifes de valor único, entre los cuales se encuentra la única asociación de yolillo y orey (Raphia sp y Campnosperma panamense) que existe en nuestro país; además, existen en dicho Refugio, poblaciones de especies en vías de extinción, tales como el manatí, el caimán y diversas especies de monos y felinos; en su franja litoral y en la zona de arrecibes existe el único banco natural de ostión de mangle, uno de los pogocs criaderos de sábalo y poblaciones recidentes y únicas de langosta. El Decreto se promulgó, atendiendo a la función del Estado por velar por la conservación de los recursos naturales, especialmente aquellos que implican un mejor bienestar y desarrollo social, económico, político y ecológico de los pobladores de la región. Desde el momento de su declaratoria, conforme al artículo 2 del referido decreto, dicha zona pasó a estar bajo la administración del Departamento de Vida Silvestre de la Dirección General Forestal, substrayéndose, en consecuencia de la administración del Instituto de Desarrollo Agrario. Lo anterior significa que dichos terrenos siempre han estado bajo la administración del Estado, primero ejercida por el Instituto de Tierras y Colonización, transformado posteriormente en Instituto de Desarrollo Agrario, y luego por la Dirección General de Vida Silvestre, y finalmente por el Ministerio de Ambiente y Energía. Siendo un bien del dominio público, existe interés de cualquier particular en su protección, y también de la colectividad, máxime si se considera el valor ecológico que tiene para nuestro país. La importancia de dicho Refugio, fue valorada aún más cuando Costa Rica, en aplicación de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Aprobado en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, y modificada por el Protocolo de París del 3 de diciembre de 1982 y las Emniedas de Regina del 28 de mayo de 1987), aprobado por Costa Rica mediante Ley No. 7224 del 2 de abril de 1991, considerando las funciones ecológicas fundamentales de los humedales como reguladores de los regímenes hidrológicos y como hábitat de una fauna y flora características, especialmente de aves acuáticas, y considerando que constituyen un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable, decide designar el calificativo de “Humedal Internacional”, agregándolo, de conformidad con el artículo 2 de dicha Convención, a la Lista de Humedales de Importancia Internacional (ver certificación de folio 942). Con dicha Ley 7224, y su respectivo Decreto No. 29058-MINAE (denominado Convenio sobre Humedales), del 23 de julio de 1999, Costa Rica se pone a la vanguardia de los compromisos internacionales para proteger efectivamente los humedales, y crea dentro del Ministerio de Ambiente y Energía el Programa Nacional de Humedales, con el fin de promover, planificar y desarrollar los humedales de Costa Rica. La administración y manejo de tales humedales continúa bajo la administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y los demás órganos del Ministerio del Ambiente. XXIV.- A la Luz de lo expuesto en los considerandos anteriores, y en lo que se dirá en los próximos, no son de recibo los agravios aducidos por la parte demandada, el señor Mario Alpízar Vargas, en su carácter personal y como representante de Hacienda Manantial Caribeño Sociedad Anónima: A) Acusa la falta de legitimación activa del actor, por cuanto de conformidad con los artículos 104 y 121 del Código Procesal Civil, está pretendiendo un derecho de propiedad sobre un bien inalienable, que por ende está fuera del comercio de los hombres; sostiene que la legalidad procesal dada al demandante es errada y viola el artículo 41 de la Constitución. En cuanto a este agravio no lleva razón el recurrente, toda vez que el señor José Castañeda Castañeda, si bien es cierto no ha demostrado tener legitimación activa para reclamar un mejor derecho de posesión, lo cual fue declarado así por la juzgadora de instancia, al rechazar las pretensiones d) y e) de su demanda, es también atendible que las pretensiones a), b) y c) orientadas a anular el título de la Información Posesoria obtenido por la parte demandada, es una forma de defender la posesión inmediata que venía ejerciendo a nombre del Estado. Al tener un arrendamiento con el Estado, y poseer a nombre del Estado esas tierras, también tiene interés legitimo en demandar, por cuanto en el Instituto de Desarrollo Agrario, se había ordenado la suspensión de los contratos de arrendamiento, por estar el inmueble incluido dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (ver certificación de folio 216). Pero ese interés va más allá de un simple interés individual, pues el actor manifiesta que su mayor interés “…ha sido mantener la FLORA Y FAUNA DE ESE LUGAR, lo que se constituye en la mayor riqueza de dichas tierras y que alcanza un valor incalculable dado su potencial ecológico, el que se ha visto peligrar debido a la indiscriminada explotación maderera de los alrededores. Esto aun cuando, por Decreto Ejecutivo número 16614-MAG del primero de julio de mil novecientos ochenta y cinco, se declaró REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE GANDOCA MANZANILLO” (ver demanda a folio 80), actos que realizaba, lógicamente en beneficio del patrimonio del Estado. Con lo cual es claro que el actor se hizo portador también de un interés colectivo, y por ende tiene legitimación al estarse en presencia de un “interés difuso”, tal y como lo califica la jurisprudencia constitucional precitada. Tal interés difuso, en un concepto de legitimación amplia en tutela de los bienes del Estado, tendientes a conservar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, le permite al actor reclamar la nulidad de los títulos de información posesoria, levantados no solo en su propio interés legitimo, sino también de toda la colectividad. Esa legitimación “reaccional”, se extiende ha otros sujetos, como los que han intervenido como coadyuvantes en este proceso, particularmente Alejandro Martínez Martínez, y la misma Asociación Justicia para la Naturaleza, que si bien no se le dio participación en primera instancia, sí se le tiene por apersonada en segunda instancia, como coadyuvante del Estado. En este caso el interés público exige la declaratoria de dominio público de los terrenos sobre los cuales versa el litigio, por la trascendencia que dichos bienes tienen para el patrimonio ecológico de la Nación".- Por lo expuesto, se comparte parcialmente el recurso de apelación de la actora, en cuanto su interés lo es para que evitar se titule a nombre de particulares los inmuebles descritos en los planos catastrados supra a nombre de los codemandados, pues ha sido esa Asociación quien ha estado ejerciendo el cuidado del recurso de la flora y fauna al ser una asociación creada específicamente para esos efectos, según se ha tenido como hecho demostrado no objetado por la parte contraria, de allí deba acogerse su pretensión subsidiaria en este sentido de que debe archivarse los procesos de información posesoria tramitados por estos codemandados con los números de planos dichos, al contener los mismos terrenos de demanio publico no objeto de titulación. Igualmente deberá declarararse no tendrán efecto jurídico alguno para generar algún derecho de posesión sobre el inmueble de marras, lo tramitado en informaciones ad-perpetuam tramitadas por Esmeralda Zamora Jiménez y Roy Canet Zamora.”

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Texto de la resolución

 

VOTO Nº 0794-F-11

TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ Goicoechea, a las dieciséis horas veinte minutos del veintisiete de julio de dos mil once.- 

            PROCESO ORDINARIO, planteado por ASOCIACIÓN CONSERVACIONISTA MONTEVERDE SOCIEDAD ANÓNIMA., cédula jurídica CED1 -   -      , representada por [Nombre1]  , mayor, medico, cédula de identidad CED2 -   -    , vecina de San Carlos, en condición de presidenta con facultades de apoderada Generalísima sin límite de suma; contra [Nombre2]  , mayor, casada una vez, oficios del hogar, vecina de Pitahaya, Puntarenas, cédula de identidad CED3 -   -    ; [Nombre2]  , mayor, soltero, agricultor, vecino de Pitahaya, Puntarenas, cédula de identidad CED4 -   -  ;  [Nombre3]   , mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Pitahaya, Puntarenas, cédula de identidad CED5 -      -    ; [Nombre4]  , mayor, casada una vez, cédula de identidad CED6     -  , vecina de San José,  [Nombre5]  , mayor, casado una vez, vecino de San José,  cédula de identidad CED7 -   -  , quienes a su vez reconvienen a la Asociación Conservacionista Monteverde.  Interviene como parte interesada el Estado, a través de la Procuraduría General de la República,  representada por el licenciado Mauricio Castro Lizano, de calidades desconocidas en autos, en calidad de procurador adjunto  y el Instituto de Desarrollo Agrario.  Actúan como apoderados especiales judiciales: de la sociedad actora, el licenciado Marco Retana Mora, mayor, casado, abogado, vecino de Cartago, cédula de identidad número CED8 -     -    ; de los codemandados [Nombre2]  y [Nombre3] , la licenciada.Ligia María Arias Rodríguez, mayor, casada, abogada, vecina de Heredia, cédula de identidad número CED9 -   -  ; y de los codemandados [Nombre4]  y [Nombre5] , el licenciado Álvaro Meza Lazarus, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número CED10 -     -    .

RESULTANDO:

            1. La parte actora Asociación Conservacionista de Monteverde plantea proceso ordinario, estimado en la suma de diecinueve millones novecientos cincuenta mil colones, para que en sentencia se declare: "1) Que la Asociación Conservacionista de Monteverde es legítima y exclusiva poseedora, en calidad de propietaria, de los terrenos que pretenden titular los demandados [Nombre2]  , [Nombre2]   y [Nombre3]   , según lo representan gráficamente los planos catastrados número A-234.816-95 (sic), A-228.020-95 (sic) y A-234.819-95, respectivamente. Que igualmente la Asociación Conservacionista de Monteverde es legítima y exclusiva poseedora, en calidad de propietaria, de los terrenos que pretenden poseer los demandados [Nombre5]  y [Nombre4]  , según lo declarado en las informaciones ad-perpetuam tramitadas así: la demandada [Nombre4] , bajo el expediente  número 319-96, seguido ante el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y el demandado [Nombre5] , bajo el expediente número 346-96, seguido ante el Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Subsidiariamente, solicita se declare que a la Asociación Conservacionista de Monteverde le asiste el mejor derecho de posesión sobre esos mismos terrenos, en exclusión de la que pretenden tener los demandados;  2) Que la Asociación Conservacionista de Monteverde ha ejercido tal posesión con todos los requisitos legales, dando a esos terrenos la correspondiente función social al conservar y defender el bosque, toda vez que se encuentran ubicados en su totalidad dentro de la Zona Protectora Arenal- Monteverde, creada mediante Decretos número 6778-A del 2 de febrero de 1977 y número 20172-MIRENEM del 24 de enero de 1991; 3) Que las compraventas privadas según las cuales los demandados [Nombre2]  , [Nombre2]   y [Nombre3]    adquirieron esos mismos terrenos son nulas, no solo por la forma, al no haber sido otorgadas en escritura pública, sino por el fondo, en virtud del mejor derecho de posesión que asiste a la Asociación Conservacionista de Monteverde;  4) Que se priva de cualquier valor probatorio o efecto jurídico y en consecuencia se declara nula la prueba que se pretendió recabar en las informaciones ad-perpetuam tramitadas así: de la demandada [Nombre4] , la  del expediente  número 319-96, seguido ante el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y del demandado [Nombre5] , la del expediente número 346-96,  seguido ante el Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.   5)  Que en consecuencia, las diligencias de información posesoria seguidas ante el juzgado mixto de San Ramón, bajo los siguientes expedientes: 491-96 promovido por [Nombre2]  ; 492-96 promovido por [Nombre2]   y 493-96 promovido por [Nombre3]   , deben darse por terminadas en el estado en que fueron suspendidos;  6) Que los demandados deben pagar ambas costas de este proceso", (folio 42 a 45).

            2. El codemandado [Nombre2]   contestó negativamente la demanda, no opuso excepciones  (folios 58-61). A su vez, contrademandó a citada la Asociación y solicita que en sentencia se declare: "1) Que soy la única poseedora del terreno que pretendo titular, de acuerdo al plano catastrado A-234818-95 (sic); 2) Que mi posesión ha sido pública, pacífica, continua y en calidad de dueño, configurándose la posesión apta para la usucapión; 3) Que la compraventa privada realizada y los contratos privados de distribución de derechos de posesión son válidos, tanto por la forma como por el fondo; 4) Que se continúe con las diligencias de información posesoria tramitada bajo el expediente Nº A 491-96 del Juzgado Mixto de San Ramón; 5) Que se condene al actor a pagar las costas personales y procesales de este proceso; 6) Que se declare la nulidad de los planos catastrados de la Asociación Conservacionista números A-803142-89, A-803145-89 y A-803144-89; 7) Que se inicie si su autoridad lo considera, la demanda penal contra el topógrafo [Nombre6]  , por el delito de falsedad ideológica, artículo 358 del Código Penal; 8) Que se realice reconocimiento judicial sobre la zona para comprobar la inexactitud de los planos de la actora",  (folio 62 a 63, 572 a 573 ),

            3. El codemandado [Nombre7]   contestó negativamente la demanda, no opuso excepciones  (folios 68 a 72). A su vez, contrademandó a citada la Asociación y solicitó en sentencia se declare: "1) Que soy la única poseedora del terreno que pretendo titular, de acuerdo al plano catastrado A-234818-95 ; 2) Que mi posesión ha sido pública, pacífica, continua y en calidad de dueño, configurándose la posesión apta para la usucapión; 3) Que la compraventa privada realizada y los contratos privados de distribución de derechos de posesión son válidos, tanto por la forma como por el fondo; 4) Que se continúe con las diligencias de información posesoria tramitada bajo el expediente Nº A -491-96 del Juzgado Mixto de San Ramón; 5) Que se condene al actor a pagar las costas personales y procesales de este proceso; 6) Que se declare la nulidad de los planos catastrados de la Asociación Conservacionista números A-803142-89, A-803145-89 y A-803144-89; 7) Que se inicie si su autoridad lo considera, la demanda penal contra el topógrafo [Nombre6]  , por el delito de falsedad ideológica, artículo 358 del Código Penal; 8) Que se realice reconocimiento judicial sobre la zona para comprobar la inexactitud de los planos de la actora", (folios72 a 73, 576 a 577).

            4. El codemandado [Nombre3]     contestó negativamente la demanda, no opuso excepciones  (folios 78 a 82). A su vez, contrademandó a citada la Asociación y solicitó en sentencia se declare: "1) Que soy la única poseedora del terreno que pretendo titular, de acuerdo al plano catastrado A-234818-95 (sic); 2) Que mi posesión ha sido pública, pacífica, continua y en calidad de dueño, configurándose la posesión apta para la usucapión; 3) Que la compraventa privada realizada y los contratos privados de distribución de derechos de posesión son válidos, tanto por la forma como por el fondo; 4) Que se continúe con las diligencias de información posesoria tramitada bajo el expediente Nº A 491-96 del Juzgado Mixto de San Ramón; 5) Que se condene al actor a pagar las costas personales y procesales de este proceso; 6) Que se declare la nulidad de los planos catastrados de la Asociación Conservacionista números A-803142-89, A-803145-89 y A-803144-89; 7) Que se inicie si su autoridad lo considera, la demanda penal contra el topógrafo [Nombre6]  , por el delito de falsedad ideológica, artículo 358 del Código Penal; 8) Que se realice reconocimiento judicial sobre la zona para comprobar la inexactitud de los planos de la actora", (folios 82 a 83, 574 a 575).  

            5. El representante de la reconvenida Asociación Conservacionista Monteverde contesta negativamente la contrademanda, no opone excepciones y pide se declare sin lugar en todos sus extremos (folios 146 a 147).

            6. La codemandada [Nombre4]   contesta negativamente la demanda y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, falta de interés, caducidad y prescripción positiva a favor de mi representada y negativa a favor de la actora, así como la desacumulación de pretensiones y acciones, ésta última resuelta en forma interlocutoria, y litis consorcio activa necesaria  (folios 329 a 341).

            7. El codemandado [Nombre5]   contestó negativamente la demanda y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, falta de interés, caducidad y prescripción positiva a favor de mi representada y negativa a favor de la actora, así como la desacumulación de pretensiones y acciones, ésta última resuelta en forma interlocutoria.(folios 391 a 404).

            8. La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en defensa de los intereses del Estado y solicita no se perjudique el Patrimonio Natural del Estado, ni se reconozca mediante resolución judicial derechos o posesiones indebidos a las partes sobre los mismos (escrito a folios 156 a 163).

            9.- El juez Carlos Gonzalez Mora, del Juzgado Agrario del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, en sentencia de las ocho horas del doce de agosto de dos mil ocho, resolvió: “POR TANTO: Con base en los artículos 50 de la Constitución Política de Costa Rica, 8 y 11 de la Ley de Tierra y Colonización Nº 2825 del 14 de Octubre de 1961, Ley Forestal Nº 7575 del 16 de abril de 1996, Ley de Informaciones Posesorias Nº 5257 del 31 de julio de 1973, artículos 1, 2, 5, 6, 15, 23, 26, 53, 54, y 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria, 317 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente, Decreto Ejecutivo Nº 20172-MIRENEM del 24 de enero de 1991,  se declara lo siguiente:  EN CUANTO A LA DEMANDA DE LA  ASOCIACION CONSERVACIONISTA MONTEVERDE. Se rechazan las excepciones de caducidad y prescripción positiva y negativa opuestas por los codemandados [Nombre5]   y [Nombre4]  . Se acogen las excepciones de falta de legitimación activa y falta de derecho opuestas por los codemandados [Nombre5]   y [Nombre4]  , y se declara sin lugar en todos sus extremos, pretensión principal y subsidiaria, la demanda contra ellos. Asimismo, por falta de legitimación y falta de derecho, se declara sin lugar en todos sus extremos, pretensión principal y subsidiaria, la demanda de la Asociación Conservacionista Monteverde contra [Nombre7]  , [Nombre2]  , [Nombre3]   . SOBRE LAS CONTRADEMANDAS O RECONVENCIONES: Por falta de legitimación activa y falta de derecho, se declaran sin lugar en todos sus extremos las reconvenciones de  [Nombre7]  , [Nombre2]   y  [Nombre3]    contra la Asociación Conservacionista Monteverde. Se resuelve este proceso, tanto la demanda como las reconvenciones, sin especial condenatoria en costas", (lo destacado es del texto original a folios 1849 a 1969).

            10.- Los co-demandados [Nombre5]   y [Nombre4] ; así como la sociedad actora interpusieron recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoyaron para refutar la tesis del juzgado de instancia, (folios 1971 a 1978 y 1979 a 1986, respectivamente).-

11.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se observa la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo.-

            Redacta la jueza ALVARADO PANIAGUA, y ;

CONSIDERANDO:

            I.- Este Tribunal prohija la relación de hechos tenidos por demostrados al ser fiel reflejo de las probanzas constantes en autos.-

            II.- Igualmente, se comparten los hechos indemostrados al no existir prueba fehaciente en este proceso sobre los mismos.-

            III.- También apela el apoderado especial judicial de la parte actora contra la sentencia de las ocho horas del doce de agosto del dos mil ocho, argumentando lo siguiente: 1) La sentencia omite hechos importantes, como lo es que  la actora tuvo la obligación de presentar demanda ordinaria por motivo de que codemandados pretendian la titulación  según lo indican los planos catastrados números A-234816-95 de [Nombre2]  ,; A-284020-95 de [Nombre2]   y A-234819-95 de [Nombre3]    fincas están superpuestas a seis fincas previamente adquiridas mediante escrituras públicas por la actora, traslape que se observa en el peritaje de folios 1112-1113 y 1265-1267. Igualmente se demandadó a [Nombre5]  y [Nombre4]  quienes también pretendían una titulación. De no haberse opuesto la parte actora, es muy probable se haya logrado la titulación de tales inmuebles, sobre los cuales considera ha venido ejerciendo la posesión desde su adquisición. 2) Indica la posesión que ha venido ejerciendo es la ecológica, por lo que no entiende cómo se le achaca no demostrar actos posesorios, cuando el fin que persigue la actora está dedicada a la conservación del medio ambiente, mediante la protección de bosques y de los ecosistemas naturales que ellos albergan. Aunque en el hecho siete se reconozca a la actora de ejercer actos posesorios sobre los terrenos, luego la sentencia los ignora y afirma son esporádicos, cuando los testigos [Nombre8] , [Nombre9]  y [Nombre10]  , son contundentes en acreditar la posesión real de la actora.- 3) Arguye que el Decreto número 6778-A del 2 de febrero de 1977 lo que crea es la Reserva Forestal Arenal, pero que los límites de esa reserva no incluyen los terreno objeto de esta litis. La afectación de los terrenos se da con el Decreto número 20172-Mirenem del 24 de enero de 1991 el cual creó la Zona Protectora Arenal-Monteverde, y en dicho decreto se reconoce los esfuerzos de conservación de la actora y allí se reconoce la existencia previa del Bosque Eterno de los Niños, el cual incluye los terrenos en litis, siendo la consolidación de esa área como Zona Protectora consecuencia de la Asociación Conservacionista Monteverde, y por ser poseedora le asiste el derecho para oponerse a la titulación de los terrenos por parte de los demandados y lograr que los trámites de información posesoria se den por terminados, 4)  por lo que la demanda debió ser acogida en su pretensión principal, pero como mínimo en la pretensión subsidiaria. 5) Afirma se equivoca el a-quo cuando indica  los terrenos están ubicados en otro lugar, pues eso no corresponde a las probanzas evacuadas en el expediente, pues los planos de la actora corresponden a la realidad material y que fueron los mismos recorridos durante el reconocimiento judicial, y son los mismos que se adquirieron mediante las escrituras públicas. Indica la actora no adquirió los terrenos objeto de litis con base en ningún plano del año 1975 levantado por [Nombre11] . Aduce son otros planos los que están mal ubicados, según informe pericial.- 6) La sentencia establece como hecho no probado que [Nombre12]   hubiera ejercido posesión sobre los terrenos objeto de litis, antes del traspaso a la actora. Considera que al hacer esto se aleja del principio de concordancia que deben respetar las sentencias. Manifiesta está acreditado su representada adquirió los terrenos objeto de la litis en escritura pública y de buena fe, de las personas que se indican en el hecho sexto de la demanda y que desde entonces ha ejercido la posesión ecológica sobre esos mismos terrenos según prueba testimonial, planos catastrados y escrituras públicas. Considera en tanto la actora es propietaria y poseedora está legitimada y le asiste el derecho y el interés real de demandar para impedir que se tramiten las informaciones posesoria que los demandados estaban gestionando. Al caer el a-quo en alegatos sobre los anteriores poseedores o propietarios de los terrenos que hoy son propiedad de la actora, viola el principio de concordancia ya que ninguna de las pretensiones de la demanda o de las contrademandas pretenden tal declaratoria. Esta distracción, por violación del principio de concordancia, la sentencia debe ser revocada y declarar con lugar la demanda. 7) Considera no hay demanialidad de los terrenos objeto de esta litis, ya que se ubican dentro de una zona protectora, categoría de manejo que admite la propiedad privada. 8) Con prueba testimonial se demostró la posesión ecológica de la actora desde el año 1989 año en que adquirió los terrenos de marras, sin embargo la sentencia declara lo contrario. (ver folios 1979 a 1986).-

            IV.- El apoderado especial judicial de los codemandados [Nombre5]   y [Nombre4] , apela parcialmente la sentencia número 34-2008 de las ocho horas del doce de agosto del dos mil ocho, basado en dos agravios: 1) La sentencia de primera instancia habiendo indicado que no entraba a conocer la excepción de prescripción positiva por cuanto la Sala Primera se ha pronunciado en varias resoluciones indicando que no puede conocer de la prescripción positiva como excepción sino como parte de la pretensión en una reconvención, conoció la misma y la declaró sin lugar, impidiéndole la posibilidad de demostrar en otra vía que se ha poseído por más de diez años con anterioridad a la declaratoria de zona protectora Arenal-Monteverde creada mediante decretos ejecutivos de febrero de 1972 y enero de 1991.- 2) Muestra su inconformidad en cuanto a la exoneración en costas, pues considera no se dio razón alguna para dicha exoneración con relación a los codemandados  [Nombre5]   y  [Nombre4]  quienes fueron demandados sin derecho y se les obligó a litigar y costear honorarios. La exoneración puede ser discutible entre la parte actora y los codemandados reconventores, pero no así con relación a los apelantes quienes fueron demandados de mala fe, y no hay elementos que indique actuaron de buena fe en la presentación de la demanda cuando alteraron compra ventas y planos, por lo que deben ser condenados en costas. Finalmente indica hay un error en la sentencia que debe ser corregido en cuanto consta certificación de información ad-perpetuam tramitada ante el Juzgado Contencioso Administrativo bajo expediente 177-CA, promovido por el señor [Nombre5]  .- (ver folios 1975-1978).-

            V.- El Dominio Público -para el caso que nos interesa- es el conjunto de bienes propiedad pública del Estado, lato sensu, afectados al uso público directo o indirecto, de los habitantes, y sometido a un régimen especial de derecho público y, por tanto, exorbitante del derecho privado. El dominio público se encuentra conformado por cuatro elementos: subjetivo, objetivo, normativo y teleológico. El elemento subjetivo se refiere al titular del derecho -El Estado-; el elemento objetivo se refiere o se constituye por el bien o los bienes sobre los cuales recae el dominio público -para este caso el inmueble objeto de litigio- ; el elemento normativo determina cuando un bien reúne los requisitos señalados por ley para considerarlo demanial, es el conjunto de normas que lo rigen -elenco de normas que en adelante se dirán-; y el elemento teleológico que se refiere a la finalidad que se persigue al incluir determinado bien dentro del dominio público, qué finalidad pública es asignada al bien -en este caso la protección de los recursos naturales-.  Los bienes de dominio público están sometidos a un régimen jurídico especial, se encuentran sujetos a un poder de policía, y se caracterizan esencialmente por su inalienabilidad e imprescriptibilidad. Por su naturaleza están dirigidos a satisfacer necesidades públicas, este hecho impide que sobre ellos exista tenencia o posesión por parte de particulares o personas privadas, están fuera del comercio del derecho privado. Nuestra Constitución Política en su artículo 121 inciso 14) hace referencia a la Demanialidad indicando qué bienes son susceptibles de ese régimen de propiedad pública, incluso estableciéndose en ese artículo diferentes grados de afectación pública dándose un grado de publicatio intenso y absoluto hasta otros grados menos intenso y se armonizan los derechos de los administrados con las potestades de la Administración. Nuestro Código Civil vigente que data desde el mes de abril de mil ochocientos ochenta y seis, regula las bases más importantes en materia de bienes de dominio público, concretamente en sus artículos 261 al 263. El artículo 262 del citado Código Civil, hace referencia a dos características importantes de los bienes de dominio público: a- las cosas públicas están fuera del comercio, y b- se establece la desafectación al decir que esos bienes no pueden entrar en el comercio privado, mientras legalmente no se disponga así. Como puede observarse la afectación al régimen de dominio público no depende de la naturaleza del bien, sino de la voluntad del legislador. Mediante voto número 447-91 de las quince horas treinta minutos del 21 de febrero de 1991  la Sala Constitucional manifiesta que la declaración de dominio público del bien se establece por ley, esta declaración no constituye una limitación a la propiedad, de acuerdo con el artículo 45 de la Carta Magna, pues éste artículo se refiere a propiedad privada, y los bienes de dominio público no están sujetos a propiedad privada.  El Patrimonio Forestal del Estado, es un bien Demanial regulado en un amplio conjunto normativo en el que históricamente hasta la actualidad se prohibe a los particulares realizar cualquier tipo de labor dentro de los inmuebles con esa característica y como consecuencia negándoles el derecho de posesión, haciéndose una salvedad en una situación específica que más adelante se dirá. Se considera como Patrimonio Estatal, -en su condición de Demanio Público que implica los principios de imprescriptibilidad, inalienabilidad, e inembargabilidad-, los terrenos que constituyen Reservas Nacionales que tengan Bosques Primarios. Lo anterior encuentra su desarrollo normativo en las citas que a continuación se exponen: 1) El Código Fiscal de 1865 el cual contempla un capítulo referido a los bosques, el cual fue derogado por la Ley General de Terrenos Baldíos Número trece del 6 de enero de 1939 la cual incorporaba prácticamente las mismas disposiciones. Por ejemplo el artículo primero indicaba: "Que los terrenos comprendidos en los límites de la República, que no hayan sido adquiridos o inscritos en propiedad mediante título legítimo por particulares, se presumen baldíos y pertenecen al Estado."- Esta ley en general regula la prohibición para poseer e inscribir mediante el trámite de informaciones posesorias las Reservas Nacionales que sean Patrimonio Forestal, en otras palabras no son susceptibles de apropiación por parte de particulares.- La Ley de Tierras y Colonización Número 2825 del 14 de octubre de 1961 mantuvo la misma orientación y se encuentra vigente en la actualidad desde aquella fecha. Así el artículo 8 de esa Ley de Tierras y Colonización establece: "Exceptuado los casos previstos en esta ley es prohibido a los particulares encerrar con cercas, carriles, o cualquier otra forma los terrenos declarados Reservas Nacionales, derribar montes, establecer construcciones y cultivos o extraer de ellos leña, madera, bejuco, palma, y otros productos con fines de explotación. Todo acto de ese genero, si de previo no se han llenado los trámites legales y obtenido la autorización correspondiente será considerado, según el caso como usurpación de dominio público o merodeo, debiendo las autoridades ordenar la destrucción y remoción de las cercas e impedir el uso de esas tierras, sin lugar a indemnización ni a reclamos por el valor de las mejoras y sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran caber a quienes incurrieren en tales faltas".- Nótese que este artículo sanciona penalmente a aquel que se introdujere a una reserva Nacional para realizar cualquier actividad en esas tierras, por lo que no se le pueda considerar a ésta acto de posesión pues su actividad sería ilegítima.-  El artículo 11 de esa misma Ley, establece que pertenecen al Estado en carácter de Reservas Nacionales: "a) Todos los terrenos comprendidos entre los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autonómas. b-) Los que no estén amparados por la posesión decenal.- c-) Los que por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas.- d-) En general todo los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos."- Por su parte el artículo 19 de la Ley Forestal derogada número 4465 del veintitrés de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve dispuso: "Quedan afectados a los fines de la presente ley todos los bosques y terrenos forestales ubicados en: "a-) Las tierras consideradas Reservas Nacionales..." Y el artículo 25 de esta misma ley señalaba: "La posesión de los terrenos situados en las Reservas Nacionales y fincas del Estado a que se refiere el artículo 19 de esta Ley, no causará derechos de ninguna especie y la acción reivindicatoria del Estado, por los mismos, es imprescriptible, y la Dirección General Forestal con los medios legales a su disposición, procederá a desalojar de tales terrenos a las personas que los ocupan total o parcialmente, en el caso de que se trate de zonas protectoras, Parques Nacionales, Reservas Forestales, y Reservas Biológicas".- Con estas normas se otorga a los bosques allí mencionados una doble tutela: Primero por su condición de Reserva Nacional, en las que es prohibido realizar cualquier acto posesorio y segundo por constituir Patrimonio Forestal del Estado en el que ningún acto de posesión causará derecho de ninguna especie. Este aspecto se ve confirmado con el artículo 8 del reglamento a esa ley que dice: "Los terrenos Nacionales comprendidos dentro de las áreas declaradas Reservas Forestales son inalienables, es decir no podrán salir del dominio del Estado, y su posesión no causará derecho de ninguna especie de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25, 49 y 57 de la Ley Forestal".- El artículo 80 de la citada Ley Forestal derogada indicaba: "Queda prohibido la invasión y ocupación de terrenos en los Parques Nacionales, Reservas Forestales y Zonas Protectoras. Esta prohibición se extiende hasta las Reservas Nacionales, hasta tanto no se haya determinado su clasificación y transferencia..." El artículo 6 de esta misma ley disponía: " Será sancionado con prisión de seis meses a dos años o con multa de quince a cien días, la persona que: a-) Explote un bosque de patrimonio forestal sin autorización legal correspondiente... b-) Invada un Parque Nacional, Reserva Biológica, Zona Protectora o Reserva Forestal...Si la invasión es en Reservas Nacionales, estará sujeta a lo estipulado en el artículo 227 del Código Penal.-" Como puede observarse los actos posesorios realizados en un bosque patrimonio Estatal resultan ser ilegítimos por lo que no pueden conferir ningún derecho de posesión.- Con la entrada en vigencia de la Ley Forestal Número 7174 del 28 de junio de 1990, se continúa con esta misma filosofía. En el artículo 32 de la citada ley establece: "El patrimonio forestal del Estado esta constituído por todos los bosques y terrenos forestales de las Reservas Nacionales...". El artículo 33 de esa misma ley dispone: "Los terrenos forestales y bosques que constituyen el Patrimonio Forestal del Estado detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables, su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por esos terrenos es imprescriptible.- En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante Información Posesoria, su invasión y ocupación será sancionados conforme lo dispuesto en esta Ley".- Con la actual Ley Forestal vigente número 7575 del 5 de febrero de 1996, en su título II regula un capítulo único referido exclusivamente al Patrimonio Natural del Estado, siendo la misma filosofía que se había iniciado desde 1865 con el Código Fiscal, por lo que se reitera en esta nueva normativa que el Patrimonio Natural del Estado estará constituído por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, y las fincas inscritas a nombre de la Administración Pública. El artículo 14 de la misma ley forestal vigente es enfática en indicar que los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado son imprescriptibles, inembargables e inalienables y su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor. La Ley de Conservación de la Vida Silvestre Número 7317 del 21 de octubre de 1972, en sus artículos 3 y 4, además de la declaratoria como de dominio público e interés público, a la fauna y flora silvestre respectivamente, se indica que la flora y fauna silvestre es parte del Patrimonio Nacional. En este mismo sentido la Ley de Biodiversidad número 7788 del 30 de abril de 1998 en su artículo 6 declara los elementos de la biodiversidad como de dominio público, así como la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 46 que establece la soberanía del Estado sobre la diversidad biológica. Por lo expuesto resulta un imperativo legal negar el derecho de posesión a aquellas personas que realizaran cualquier actividad en terrenos no sometidos a propiedad privada y que estén constituídos por bosques en reservas Nacionales.- A esa prohibición imperativa mediante la Ley Forestal Número 7575 del año 1996, que reforma el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, posibilita la titulación de bosques cuando dentro de los mismos se haya desarrollado lo que se entiende como posesión ecológica, y se demuestre una posesión de diez años de antelación a afectación como dominio público. El terreno objeto de esta información posesoria, es Patrimonio Natural del Estado, pues está compuesto  por bosque primario   ubicado dentro de la Zona Protectora Arenal Monteverde,  lo que es claro dicho territorio es Patrimonio Natural del Estado, desde antes de que fuera creada mediante  Decreto número 6778-A del 2 de febrero de 1997 con la creación de la Reserva Forestal Arenal, y del Decreto número 20172. Mirenem del 24 de enero de 1991 el cual crea la Zona Protectora Arenal-Montevede,  como ya se expuso en el historial normativo supra. Cuando se discute la posesión sobre un bien demanial, sólo cabrá esa discusión cuando se haya adquirido el derecho antes de que se haya declarado el bien como de dominio público. Así mismo, el derecho de propiedad en tales casos sólo podrá obtenerse cuando el titular haya demostrado una posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley que declara el objeto como Patrimonio Natural del Estado. Como ya se ha expuesto la cronología legal que tutela el Patrimonio Natural del Estado, la ley que debe tomarse en consideración para realizar el cómputo de la posesión decenal de los particulares, es la Ley de Tierras y Colonización número 2825 del 14 de octubre de 1961, normativa actualmente vigente. No debe considerarse el Código Fiscal de 1865 y la Ley de Terrenos Baldíos de 1939, pues fueron normas que hacían referencia al tópico en forma genérica, además que no son disposiciones vigentes en la actualidad, no es sino hasta con la actual Ley de Tierras y Colonización que se viene a definir y regular en forma clara la Propiedad o Patrimonio Natural del Estado, máxime si conderamos el inmueble de marras es de relevancia para recarga acuífera que abastece de agua tanto a las actividades agrícolas, poblacionales e hidroeléctricas de la vertiente [Dirección1] y [Dirección2], de allí sea también de aplicación lo dispuesto en el artículo 7 de la citada Ley de Tierras y Colonización al declarar como demanio público aquellos inmuebles que sean de recarga acuífera para abastecimiento de ese recurso hídrico y para su reserva. Las leyes posteriores como Ley Forestal y otras que se han citado en este considerando, son complementarias a la referida Ley de Tierras y Colonización. Para el caso concreto, de la prueba testimonial recabada no se demuestra esa posesión decenal en los términos de la normativa aquí expuesta.- Por las razones dichas, al ser los inmuebles involucrados Patrimonio Natural del Estado, los codemandados no podrán titular a su favor los inmuebles descritos en los planos catastrados números A-234818-95 de [Nombre2]  , A-284020-95 de [Nombre2]  , y A-234819-95 de [Nombre3]   , y los terrenos sin inscribir que [Nombre5]   y [Nombre4]  alegan poseer y que miden respectivamente 128 ha 4743.67 metros cuadrados según plano A-771547-2002 t 240 ha 5150.30 según plano A-771548-2002. De allí, la información posesoria que se tramita para la inscripción de estos inmuebles debe ser archivada al tratarse de inmuebles no objeto de titulación según la prueba testimonial recabada en este proceso ordinario, donde no demuestran una posesión decenal anterior a la Ley de Tierras y Colonización de 1961 según ya se ha expuesto, de allí carezca de relevancia si los inmuebles están comprendidos dentro de la Zona Protectora Arenal Monteverde de 1991 o bien Reserva Forestal Arenal de 1977, pues ello no determina el inicio de la demanialidad como ya si indicó, pues los codemandados debieron demostrar diez años de posesión antes de la Ley de Tierras y Colonización, y no del Decreto que creó la referida Zona Protectora Arenal Monteverde.-

            VI.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA PARTE ACTORA: La Asociación Conservacionista Monteverde ostenta una legitimación activa con base en la teoría del Interés Difuso, por motivo de su actividad dedicada a la conservación de la biodiversidad, defensa del ecosistema de invasores, cuidado de la flora y fauna en lo que se ha denominado el Bosque Eterno de los Niños, lo que cobija un interés colectivo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política, donde se establece: "  El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes”.  Toda persona (jurídica o física) en nombre de ese interés colectivo está legitimada para denunciar o demandar los actos que infrinjan ese derecho, como lo es en este caso la pretensión de titular mediante el trámite de Información Posesoria terrenos que son  demaniales pertenecientes a todos los ciudadanos de la Nación por ser un bien de dominio público. La referida Asociación dentro de sus fines son las actividades de conservación de los ecosistemas existentes en el [Dirección3] en litigio, siendo vigilantes para evitar el daño a la flora y fauna, por lo que su interés en la tutela del bien jurídico tutelado en el artículo 50 Constitucional mencionado supra es además de ser un hecho público y notorio es sustentado en la prueba testimonial evacuada en autos, lo que le reviste de legitimación activa procesal para accionar en este proceso. En este mismo sentido, este Tribunal Agrario mediante Voto de las catorce horas siete minutos del treinta y uno de octubre del dos mil tres, en lo que interesa dijo: " XXII.- Nuestra Sala Constitucional ha desarrollado en reiteradas sentencias, el tema de la legitimación de los particulares para solicitar la tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, protegiendo de esa forma no solo intereses meramente individuales, sino también de carácter colectivo, a través de la tutela de los intereses difusos. Al respecto ha señalado: “Tratándose de la protección jurídica del ambiente, la legitimación de los particulares para actuar judicialmente y lograr la aplicación de las normas que tienen esa finalidad o bien, solicitar la tutela jurisdiccional  para amparar sus derechos violados, es de gran importancia…En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación debe extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente el abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítmo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero “derecho reaccional”, que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para “reaccionar” frente a la violación originada en acto su omisiones ilegítimos…ello implica, en general, que una legitimación mucho más flexible y menos formalista, es necesaria para asociar a los ciudadanos al interés propio del Estado de Derecho de fiscalizar y, en su caso, restablecer su propia juridicidad…Se trata, entonces, de intereses individuales, pero, a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos de personas que se encuentran en determinadas situaciones y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos –por ser comunes a una generalidad – e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter…”, (Sala Constitucional, No. 3705 de las 15 horas del 30 de julio de 1993,  No. 1794 de las 16:45 horas del 13 de abril de 1994 y No. 1887 de las 9:45 horas del 7 de abril de 1995, entre otras). XXIII.-  En la especie, si bien es cierto estamos frente a un conflicto entre particulares, el referido conflicto involucra a un bien demanial, que es parte del Patrimonio Forestal del Estado, conforme lo tuvo por acreditado la Juzgadora de Instancia. Se trata del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, creado mediante el Decreto No. 16614-MAG del 11 de octubre de 1985 (ver folios 597-799), por considerar que en dicha zona se encuentran recursos de manglares, pantanos, bosques y arrecifes de valor único, entre los cuales se encuentra la única asociación de yolillo y orey (Raphia sp y Campnosperma panamense) que existe en nuestro país; además, existen en dicho Refugio, poblaciones de especies en vías de extinción, tales como el manatí, el caimán y diversas especies de monos y felinos; en su franja litoral y en la zona de arrecibes existe el único banco natural de ostión de mangle, uno de los pogocs criaderos de sábalo y poblaciones recidentes y únicas de langosta.  El Decreto se promulgó, atendiendo a la función del Estado por velar por la conservación de los recursos naturales, especialmente aquellos que implican un mejor bienestar y desarrollo social, económico, político y ecológico de los pobladores de la región.  Desde el momento de su declaratoria, conforme al artículo 2 del referido decreto,  dicha zona pasó a estar bajo la administración del Departamento de Vida Silvestre de la Dirección General Forestal, substrayéndose, en consecuencia de la administración del Instituto de Desarrollo Agrario.  Lo anterior significa que dichos terrenos siempre han estado bajo la administración del Estado, primero ejercida por el Instituto de Tierras y Colonización, transformado posteriormente en Instituto de Desarrollo Agrario, y luego por la Dirección General de Vida Silvestre, y finalmente por el Ministerio de Ambiente y Energía. Siendo un bien del dominio público, existe interés de cualquier particular en su protección, y también de la colectividad, máxime si se considera el valor ecológico que tiene para nuestro país.  La importancia de dicho Refugio, fue valorada aún más cuando Costa Rica, en aplicación de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Aprobado en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, y modificada por el Protocolo de París del 3 de diciembre de 1982 y las Emniedas de Regina del 28 de mayo de 1987), aprobado por Costa Rica mediante Ley No. 7224 del 2 de abril de 1991,  considerando las funciones ecológicas fundamentales de los humedales como reguladores de los regímenes hidrológicos y como hábitat de una fauna y flora características, especialmente de aves acuáticas, y considerando que constituyen un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable, decide designar el calificativo de “Humedal Internacional”, agregándolo, de conformidad con el artículo 2 de dicha Convención, a la Lista de Humedales de Importancia Internacional (ver certificación de folio 942).  Con dicha Ley 7224, y su respectivo Decreto No. 29058-MINAE (denominado Convenio sobre Humedales), del 23 de julio de 1999, Costa Rica se pone a la vanguardia de los compromisos internacionales para proteger efectivamente los humedales, y crea dentro del Ministerio de Ambiente y Energía el Programa Nacional de Humedales, con el fin de promover, planificar y desarrollar los humedales de Costa Rica. La administración y manejo de tales humedales continúa bajo la administración  del Sistema Nacional de Áreas  de Conservación y los demás órganos del Ministerio del Ambiente.           XXIV.- A la Luz de lo expuesto en los considerandos anteriores, y en lo que se dirá en los próximos, no son de recibo los agravios aducidos por la parte demandada, el señor [Nombre13]  , en su carácter personal y como representante de Hacienda Manantial Caribeño Sociedad Anónima: A) Acusa la falta de legitimación activa del actor, por cuanto de conformidad con los artículos 104 y 121  del Código Procesal Civil, está pretendiendo un derecho de propiedad sobre un bien inalienable, que por ende está fuera del comercio de los hombres; sostiene que la legalidad procesal dada al demandante es errada y viola el artículo 41 de la Constitución. En cuanto a este agravio no lleva razón el recurrente, toda vez que el señor [Nombre14]  , si bien es cierto no ha demostrado tener legitimación activa para reclamar un mejor derecho de posesión, lo cual fue declarado así por la juzgadora de instancia, al rechazar las pretensiones d) y e) de su demanda, es también atendible que las pretensiones a), b) y c) orientadas a anular el título de la Información Posesoria obtenido por la parte demandada, es una forma de defender la posesión inmediata que venía ejerciendo a nombre del Estado. Al tener un arrendamiento con el Estado, y poseer a nombre del Estado esas tierras, también tiene interés legitimo en demandar, por cuanto en el Instituto de Desarrollo Agrario, se había ordenado la suspensión de los contratos de arrendamiento, por estar el inmueble incluido dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (ver certificación de folio 216).  Pero ese interés va más allá de un simple interés individual, pues el actor manifiesta que su mayor interés “…ha sido mantener la FLORA Y FAUNA DE ESE LUGAR, lo que se constituye en la mayor riqueza de dichas tierras y que alcanza un valor incalculable dado su potencial ecológico, el que se ha visto peligrar debido a la indiscriminada explotación maderera de los alrededores. Esto aun cuando, por Decreto Ejecutivo número 16614-MAG del primero de julio de mil novecientos ochenta y cinco, se declaró REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE GANDOCA MANZANILLO” (ver demanda a folio 80), actos que realizaba, lógicamente en beneficio del patrimonio del Estado. Con lo cual es claro que el actor se hizo portador también de un interés colectivo, y por ende tiene legitimación al estarse en presencia de un “interés difuso”, tal y como lo califica la jurisprudencia constitucional precitada. Tal interés difuso, en un concepto de legitimación amplia en tutela de los bienes del Estado, tendientes a conservar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, le permite al actor reclamar la nulidad de los títulos de información posesoria, levantados no solo en su propio  interés legitimo, sino también de toda la colectividad. Esa legitimación “reaccional”, se extiende ha otros sujetos, como los que han intervenido como coadyuvantes en este proceso, particularmente [Nombre15]  , y la misma Asociación Justicia para la Naturaleza, que si bien no se le dio participación en primera instancia, sí se le tiene por apersonada en segunda instancia, como coadyuvante del Estado. En este caso el interés público exige la declaratoria de dominio público de los terrenos sobre los cuales versa el litigio, por la trascendencia que dichos bienes tienen para el patrimonio ecológico de la Nación".- Por lo expuesto, se comparte parcialmente el recurso de apelación de la actora, en cuanto su interés lo es para que evitar se titule a nombre de particulares los inmuebles descritos en los planos catastrados supra a nombre de los codemandados, pues ha sido esa Asociación quien ha estado ejerciendo el cuidado del recurso de la flora y fauna al ser una asociación creada específicamente para esos efectos, según se ha tenido como hecho demostrado no objetado por la parte contraria, de allí deba acogerse su pretensión subsidiaria en este sentido de que debe archivarse los procesos de información posesoria tramitados por estos codemandados con los números de planos dichos, al contener los mismos terrenos de demanio publico no objeto de titulación. Igualmente deberá declarararse no tendrán efecto jurídico alguno para generar algún derecho de posesión sobre el inmueble de marras, lo tramitado en informaciones ad-perpetuam tramitadas por [Nombre4]   y [Nombre5]  .-

            VII.- Sobre la apelación interpuesta por el apoderado especial judicial de los codemandados [Nombre5]  y [Nombre4] : La parte demandada al contestar la demanda opuso la excepción de prescripción positiva, queriendo demostrar con ello que su derecho de propiedad con relación a los inmuebles de marras le pertenecía, de allí las pretensiones en su contra eran improcedentes. Al analizarse el objeto de este proceso, es necesario analizar esa excepción opuesta por los codemandados [Nombre5]  y [Nombre4]  analizándose el modo de adquisición, posesión ejercida y demás requisitos de la usucapión para determinar si los mismos podrían defender o hacer valer un derecho de propiedad tanto frente a los particulares como frente al Estado, máxime que desde un inicio del proceso la representación Estatal introdujo el tema de litis de que los inmuebles son pertenecientes al demanio público, tal y como se ha analizado. No es factible resolver omitiéndose pronunciamiento sobre la excepción de prescripción positiva opuesta por estos mismos codemandados como lo pretende el apoderado apelante, pues es precisamente ese el objeto a analizar en el proceso para determinar si los particulares intervinientes en este proceso podrían o no discutir un mejor derecho de posesión y/o de propiedad sobre bosques primarios afectados por la demanialidad, salvo se demostrara una posesión decenal antes de esta afectación, lo cual no fue posesión apta demostrada por las partes que intervinieron en este proceso, pues no existió prueba alguna en ese sentido, sea una posesión decenal ejercida antes de 1961 año de promulgación de la Ley de Tierras y Colonización tal  como se ha explicado en el considerando transanterior.- Tampoco se comparte el agravio referente a la inconformidad sobre la exoneración en costas al considerar se había declarado sin lugar la demanda, sin embargo, en esta instancia se está declarando parcialmente con lugar la demanda  en contra de todos los codemandados, de allí que la actora tuviera legitimación por interés difuso para demandar la tutela de los terrenos y la biodiversidad que ellos contienen defendiendo un interés colectivo de evitar la apropiación de particulares de terrenos demaniales, de allí la exoneración en costas deba mantenerse.-

            VIII.- Por lo expuesto, deberá revocarse parcialmente la sentencia únicamente en cuanto acoge la excepción de falta de legitimación activa opuestas por los codemandados  y declara sin lugar en todos su extremos la demanda, para en su lugar declarar sin lugar la excepción de falta de legitimación activa, y acoger parcialmente la demanda únicamente en cuanto a las siguientes pretensiones:  los codemandados no podrán titular a su favor los inmuebles descritos en los planos catastrados números A-234818-95 de [Nombre2]  , A-284020-95 de [Nombre2]  , y A-234819-95 de [Nombre3]   , y los terrenos sin inscribir que [Nombre5]   y [Nombre4]  alegan poseer y que miden respectivamente 128 ha 4743.67 metros cuadrados según plano A-771547-2002 y 240 ha 5150.30 según plano A-771548-2002. Las informaciones posesorias que se tramitan para la inscripción de estos inmuebles deben ser archivadas. Igualmente deberá declarararse no tendrán efecto jurídico alguno para generar algún derecho de posesión sobre el inmueble de marras, las informaciones ad-perpetuam tramitadas por [Nombre4]   y [Nombre5]  ; en lo demás se confirma, en lo que ha sido objeto de apelación.

POR TANTO:

            Se revoca parcialmente la sentencia únicamente en cuanto acoge la excepción de falta de legitimación activa opuestas por los codemandados  y declara sin lugar en todos su extremos la demanda, para en su lugar declarar sin lugar la excepción de falta de legitimación activa, y acoger parcialmente la demanda únicamente en cuanto a las siguientes pretensiones: los codemandados no podrán titular a su favor los inmuebles descritos en los planos catastrados números A-234818-95 de [Nombre2]  , A-284020-95 de [Nombre2]  , y A-234819-95 de [Nombre3]   , y los terrenos sin inscribir que [Nombre5]   y [Nombre4]  alegan poseer y que miden respectivamente 128 ha 4743.67 metros cuadrados según plano A-771547-2002 y 240 ha 5150.30 según plano A-771548-2002. Se ordena el archivo de las informaciones posesorias que se tramitan para la inscripción de estos inmuebles. Igualmente deberá declarararse no tendrán efecto jurídico alguno para generar algún derecho de posesión sobre el inmueble de marras, las informaciones ad-perpetuam tramitadas por [Nombre4]   y [Nombre5]  ; en lo demás se confirma; en lo que ha sido objeto de apelación.

 

 

ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA

 

 

 

ANTONIO DARCIA CARRANZA              MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA

 

NOTA:

            Redacta la jueza Castro García ;

            I. Las suscrita jueza, comparte lo resuelto en este voto, sin embargo se agrega nota en el siguiente sentido: Según consta en los autos, el terreno esta cubierto de bosque. No se comparte el razonamiento del voto sobre la demanialidad del bosque entendido que todo terreno de cobertura boscosa es de dominio público y que el conteo decenal para titular terrenos cubiertos con bosques que se encuentren fuera de áreas silvestres protegidas o dentro de ellas, deba hacerse diez años antes de la primera Ley Forestal de 1969. Se estima que el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias, procedió a desafectar el régimen existente sobre los terrenos cubiertos con bosques y para fines de su titulación se exige que en fincas dentro de áreas silvestres protegidas cubiertas por bosques, deba ejercerse una posesión que procure la protección del  recurso forestal. No existe distinción en esa norma legal en cuanto al tipo de bosque presente en el fundo, sea que se esté en presencia de bosque primario o secundario, se deben desplegar actos posesorios que respeten el recurso forestal y acreditarlo al proceso, y los fundos de esta naturaleza pueden ser objeto de apropiación particular por particulares en virtud de la vigencia del artículo sétimo de la Ley de Informaciones  Posesorias, del derecho de propiedad consagrado en la Constitución Política y el contenido material de tal derecho, que se verá restringido por los límites que se encuentran inmersos en su núcleo o las limitaciones que la legislación le imponga a su ejercicio.   Estima esta juzgadora que si existe un conflicto legal cuyo objeto de discusión es un terreno no inscrito cubierto de bosques, las partes tienen la posibilidad legal y procesal de pretender su posesión o propiedad, siempre y cuando acrediten el ejercicio de una posesión con el plazo necesario, en las condiciones exigidas por el Código Civil, tendiente a la protección del recurso forestal y el equilibrio ecosistémico existente en esos bosques.

 

 

[Nombre16]  

 

 

PROCESO ORDINARIO

EXP: EXPN1

ACTOR: ASOCIACIÓN CONSERVACIONISTA MONTEVERDE

DEM: [Nombre3]    Y OTROS

CPE

  

Constancia de notificación




Parte u otros

	

Resultado

	

Fecha

	

Servidor (a)




ASOCIACIÓN CONSERVACIONISTA MONTEVERDE     [Telf1]

	

 

	

 

	

 




PGR   ESTRADOS

	

 

	

 

	

 




[Nombre2]    

	

 

	

 

	

 




[Nombre4]   [Telf2]

	

 

	

 

	

 




 

	

 

	

 

	

 

 

 

 

 

  

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 07:52:32.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

V.- Public Domain (Dominio Público) —for the case at hand— is the set of State-owned public assets, lato sensu, affected to the direct or indirect public use of the inhabitants, and subject to a special regime of public law and, therefore, exorbitant from private law. The public domain is made up of four elements: subjective, objective, normative, and teleological. The subjective element refers to the holder of the right —the State—; the objective element refers to or is constituted by the asset or assets over which the public domain falls —in this case the property in litigation—; the normative element determines when an asset meets the requirements set forth by law to be considered demanial, it is the set of norms that govern it —catalogue of norms that will be stated hereafter—; and the teleological element refers to the purpose pursued when including a given asset within the public domain, what public purpose is assigned to the asset —in this case the protection of natural resources—. Public domain assets are subject to a special legal regime, they are subject to a police power, and are essentially characterized by their inalienability and imprescriptibility. By their nature they are aimed at satisfying public needs, this fact prevents private individuals or private persons from having tenure or possession over them, they are outside the commerce of private law. Our Political Constitution in its article 121 subsection 14) refers to Demaniality, indicating which assets are susceptible to that public property regime, even establishing in that article different degrees of public affectation, ranging from an intense and absolute degree of publicatio to other less intense degrees, harmonizing the rights of the administered with the powers of the Administration. Our current Civil Code, which dates from April of eighteen eighty-six, regulates the most important bases regarding public domain assets, specifically in its articles 261 to 263. Article 262 of the cited Civil Code refers to two important characteristics of public domain assets: a- public things are outside commerce, and b- the disaffectation is established by stating that these assets cannot enter private commerce, as long as it is not legally provided otherwise. As can be observed, the affectation to the public domain regime does not depend on the nature of the asset, but rather on the will of the legislator. By means of ruling number 447-91 of three thirty p.m. on February 21, 1991, the Constitutional Chamber states that the declaration of public domain of the asset is established by law, this declaration does not constitute a limitation on property, in accordance with article 45 of the Magna Carta, since this article refers to private property, and public domain assets are not subject to private property. The State Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado) is a Demanial asset regulated in a broad set of norms in which historically up to the present day private individuals are prohibited from carrying out any type of work within properties with that characteristic and consequently are denied the right of possession, with an exception being made in a specific situation that will be discussed later. State Heritage (Patrimonio Estatal) is considered to be —in its condition as Public Demanio implying the principles of imprescriptibility, inalienability, and unseizability— the lands that constitute National Reserves having Primary Forests. The foregoing finds its normative development in the citations set forth below: 1) The Fiscal Code of 1865 which includes a chapter referring to forests, which was repealed by the General Law of Vacant Lands (Ley General de Terrenos Baldíos) Number thirteen of January 6, 1939, which incorporated practically the same provisions. For example, the first article indicated: "That the lands comprised within the limits of the Republic, which have not been acquired or registered in ownership by private individuals by means of legitimate title, are presumed vacant and belong to the State."- This law generally regulates the prohibition against possessing and registering, through the process of possessory informations, National Reserves that are Forest Heritage, in other words they are not susceptible to appropriation by private individuals.- The Law of Lands and Colonization (Ley de Tierras y Colonización) Number 2825 of October 14, 1961 maintained the same orientation and is currently in force since that date. Thus, article 8 of that Law of Lands and Colonization establishes: "Except in the cases provided for in this law, private individuals are prohibited from enclosing with fences, lanes, or any other form the lands declared National Reserves, from felling woodlands, establishing constructions and crops, or extracting from them firewood, timber, vines, palms, and other products for exploitation purposes. Any act of that kind, if the legal procedures have not been previously completed and the corresponding authorization obtained, shall be considered, as the case may be, as usurpation of public domain or poaching, the authorities being obliged to order the destruction and removal of the fences and prevent the use of those lands, without entitlement to compensation or claims for the value of improvements and without prejudice to other liabilities that might fall upon those who incur in such faults."- Note that this article criminally sanctions anyone who enters a National Reserve to carry out any activity on those lands, therefore this cannot be considered an act of possession since their activity would be illegitimate.- Article 11 of that same Law establishes that belonging to the State in the character of National Reserves are: "a) All lands comprised between the limits of the Republic that are not registered as private property, property of the Municipalities, or of the Autonomous Institutions. b-) Those not covered by ten-year possession.- c-) Those that by special laws have not been destined for the formation of agricultural colonies.- d-) In general, all those that, not being of private property, are not occupied for public services."- For its part, article 19 of the repealed Forestry Law (Ley Forestal) number 4465 of November twenty-third, nineteen sixty-nine provided: "All forests and forest lands located in: 'a-) Lands considered National Reserves...' are affected to the purposes of this law." And article 25 of this same law stated: "The possession of lands situated in the National Reserves and State farms referred to in article 19 of this Law shall not create rights of any kind and the State's reivindicatory action, for the same, is imprescriptible, and the General Forestry Directorate with the legal means at its disposal shall proceed to evict from such lands the persons who occupy them totally or partially, in the case of protective zones, National Parks, Forest Reserves, and Biological Reserves."- With these norms, the forests mentioned therein are granted a double protection: First, due to their condition as National Reserve, in which it is prohibited to carry out any possessory act, and second, due to constituting State Forest Heritage in which no act of possession shall create a right of any kind. This aspect is confirmed by article 8 of the regulation to that law which states: "National lands comprised within areas declared Forest Reserves are inalienable, that is, they may not leave the State's domain, and their possession shall not create a right of any kind in accordance with the provisions of articles 25, 49 and 57 of the Forestry Law."- Article 80 of the cited repealed Forestry Law indicated: "The invasion and occupation of lands in National Parks, Forest Reserves and Protective Zones is prohibited. This prohibition extends to National Reserves, until their classification and transfer have been determined..." Article 6 of this same law provided: "Shall be sanctioned with imprisonment of six months to two years or with a fine of fifteen to one hundred days, the person who: a-) Exploits a forest of the forest heritage without the corresponding legal authorization... b-) Invades a National Park, Biological Reserve, Protective Zone or Forest Reserve... If the invasion is in National Reserves, it shall be subject to the provisions of article 227 of the Penal Code.-" As can be observed, possessory acts carried out in a State heritage forest are illegitimate and therefore cannot confer any right of possession.- With the entry into force of the Forestry Law Number 7174 of June 28, 1990, this same philosophy is continued. Article 32 of the cited law establishes: "The state forest heritage is constituted by all forests and forest lands of the National Reserves...". Article 33 of that same law provides: "The forest lands and forests that constitute the State Forest Heritage detailed in the preceding article shall be unseizable and inalienable, their possession by private individuals shall not create any right in their favor and the State's reivindicatory action for those lands is imprescriptible.- Consequently, they are not susceptible to registration in the Public Registry by means of possessory information, their invasion and occupation shall be sanctioned according to the provisions of this Law."- With the current Forestry Law in force number 7575 of February 5, 1996, in its Title II it regulates a single chapter referring exclusively to the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), maintaining the same philosophy that had been initiated since 1865 with the Fiscal Code, so it is reiterated in this new regulation that the Natural Heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, and the farms registered in the name of the Public Administration. Article 14 of the same forestry law in force is emphatic in indicating that the forest lands and forests that constitute the natural heritage of the State are imprescriptible, unseizable, and inalienable, and their possession by private individuals shall not create any right in their favor. The Wildlife Conservation Law Number 7317 of October 21, 1972, in its articles 3 and 4, in addition to the declaration of wild fauna and flora respectively as public domain and of public interest, indicates that wild flora and fauna are part of the National Heritage. In this same sense, the Biodiversity Law number 7788 of April 30, 1998 in its article 6 declares the elements of biodiversity as public domain, as does the Organic Environmental Law in its article 46 which establishes the State's sovereignty over biological diversity. Therefore, it is a legal imperative to deny the right of possession to those persons who carry out any activity on lands not subject to private property and that are constituted by forests in National Reserves.- To that imperative prohibition, by means of Forestry Law Number 7575 of 1996, which reforms article 7 of the Law of Possessory Informations (Ley de Informaciones Posesorias), it makes possible the titling of forests when within them what is understood as ecological possession has been developed, and a possession of ten years prior to affectation as public domain is demonstrated. The land subject to this possessory information is Natural Heritage of the State, since it is composed of primary forest located within the Arenal Monteverde Protective Zone, making it clear that said territory is Natural Heritage of the State, since before it was created by means of Decree number 6778-A of February 2, 1997 with the creation of the Arenal Forest Reserve, and Decree number 20172. Mirenem of January 24, 1991 which creates the Arenal-Monteverde Protective Zone, as already stated in the normative history supra. When possession over a demanial asset is discussed, that discussion shall only be admissible when the right was acquired before the asset was declared as public domain. Likewise, the right of property in such cases may only be obtained when the holder has demonstrated ten-year possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law declaring the object as Natural Heritage of the State. As the legal chronology that protects the Natural Heritage of the State has already been set forth, the law that must be taken into consideration to compute the ten-year possession of private individuals is the Law of Lands and Colonization number 2825 of October 14, 1961, a regulation currently in force. The Fiscal Code of 1865 and the Law of Vacant Lands of 1939 should not be considered, because they were norms that referred to the topic in a generic manner, and moreover they are not provisions currently in force. It is not until the current Law of Lands and Colonization that State Natural Property or Heritage comes to be defined and regulated in a clear manner, especially if we consider that the property in question is relevant for aquifer recharge that supplies water to agricultural, population, and hydroelectric activities on the Pacific and Atlantic slopes, hence the provisions of article 7 of the cited Law of Lands and Colonization are also applicable by declaring as public demanio those properties that serve as aquifer recharge for the supply and reserve of that water resource. Subsequent laws such as the Forestry Law and others that have been cited in this whereas clause are complementary to the referred Law of Lands and Colonization. In the specific case, the testimonial evidence gathered does not demonstrate that ten-year possession in the terms of the regulations set forth herein.- For the reasons stated, since the involved properties are Natural Heritage of the State, the co-defendants may not title in their favor the properties described in the cadastral maps numbers A-234818-95 of Norma Badilla Navarro, A-284020-95 of Olger Badilla Navarro, and A-234819-95 of José Gustavo Badilla Jiménez, and the unregistered lands that Roy Canet Zamora and Esmeralda Zamora claim to possess and which measure respectively 128 hectares 4743.67 square meters according to map A-771547-2002 and 240 hectares 5150.30 according to map A-771548-2002. Hence, the possessory information being processed for the registration of these properties must be archived, as they are properties not subject to titling according to the testimonial evidence gathered in this ordinary proceeding, where they do not demonstrate ten-year possession prior to the Law of Lands and Colonization of 1961 as has already been stated, therefore it lacks relevance whether the properties are comprised within the Arenal Monteverde Protective Zone of 1991 or the Arenal Forest Reserve of 1977, since this does not determine the start of the demaniality as already indicated, because the co-defendants had to demonstrate ten years of possession prior to the Law of Lands and Colonization, and not prior to the Decree that created the referred Arenal Monteverde Protective Zone."

VI.- ON THE ACTIVE LEGITIMATION OF THE PLAINTIFF PARTY: The Monteverde Conservationist Association (Asociación Conservacionista Monteverde) holds active legitimation based on the theory of Diffuse Interest (Interés Difuso), by reason of its activity dedicated to biodiversity conservation, defense of the ecosystem against invaders, care of the flora and fauna in what has been called the Children's Eternal Rainforest (Bosque Eterno de los Niños), which shelters a collective interest established in article 50 of the Political Constitution, which states: "The State shall procure the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are legitimated to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions." Every person (legal or physical) in the name of that collective interest is legitimated to denounce or sue acts that infringe upon that right, as is the case here with the attempt to title, through the possessory information procedure, lands that are demanial belonging to all citizens of the Nation for being a public domain asset. The referred Association has among its purposes the conservation activities of the ecosystems existing in the Forest in litigation, acting as watchdogs to prevent damage to the flora and fauna, so its interest in the protection of the legal right protected in Constitutional article 50 mentioned supra is, in addition to being a public and notorious fact, supported by the testimonial evidence adduced in the case file, which invests it with active procedural legitimation to bring action in this proceeding. In this same sense, this Agrarian Tribunal, through Ruling of two hours seven minutes in the afternoon of October thirty-first, two thousand three, stated in what is relevant: "XXII.- Our Constitutional Chamber has developed in reiterated rulings the topic of the legitimation of private individuals to request the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, protecting in that way not only purely individual interests, but also those of a collective nature, through the protection of diffuse interests (intereses difusos). In this regard it has indicated: 'Regarding the legal protection of the environment, the legitimation of private individuals to act judicially and achieve the application of norms having that purpose, or to request jurisdictional protection to safeguard their violated rights, is of great importance… In environmental law, the procedural prerequisite of legitimation must be extended and broadened to such a dimension that it necessarily leads to the abandonment of the traditional concept, it being necessary to understand that in general terms, every person can be a party and that their right does not emanate from property titles, rights, or concrete actions they could exercise according to the rules of conventional law, but rather that their procedural action responds to what modern scholars call diffuse interest, by means of which the original legitimation of the legitimate interested party or even the simple interested party, is diffused among all members of a certain category of persons who are thus equally affected by the illegal acts that harm them. In the case of environmental protection, the typically diffuse interest that legitimates the subject to bring action, is transformed, by virtue of its incorporation into the list of rights of the human person, becoming a true "reactionary right", which, as its name indicates, empowers its holder to "react" against the violation originating from illegitimate acts or omissions… this implies, in general, that a much more flexible and less formalistic legitimation is necessary to associate citizens with the interest proper to the Rule of Law of supervising and, where appropriate, re-establishing its own legality… It deals, then, with individual interests, but, at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of people who share an interest and, therefore, receive a benefit or a detriment, current or potential, more or less equal for all, so it is rightly said that they are equal interests of the groups of people who find themselves in certain situations and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests partake of a double nature, since they are at once collective –because they are common to a generality– and individual, for which they can be claimed in such character…', (Constitutional Chamber, No. 3705 of 3:00 p.m. on July 30, 1993, No. 1794 of 4:45 p.m. on April 13, 1994 and No. 1887 of 9:45 a.m. on April 7, 1995, among others). XXIII.- In the case at hand, although it is true we are facing a conflict between private individuals, the referred conflict involves a demanial asset, which is part of the State Forest Heritage, as accredited by the Trial Judge. It concerns the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo), created by Decree No. 16614-MAG of October 11, 1985 (see folios 597-799), considering that in said zone there are resources of mangroves, swamps, forests, and reefs of unique value, among which is the only association of yolillo and orey (Raphia sp and Campnosperma panamense) that exists in our country; moreover, there exist in said Refuge, populations of endangered species, such as the manatee, the caiman, and various species of monkeys and felines; on its coastline and in the reef zone there is the only natural bank of mangrove oyster, one of the few nurseries for tarpon, and resident and unique populations of lobster. The Decree was promulgated, attending to the State's function of ensuring the conservation of natural resources, especially those that imply better well-being and social, economic, political, and ecological development for the inhabitants of the region. From the moment of its declaration, according to article 2 of the referred decree, said zone came under the administration of the Wildlife Department of the General Forestry Directorate, thereby being withdrawn from the administration of the Agrarian Development Institute (Instituto de Desarrollo Agrario). The foregoing means that said lands have always been under the State's administration, first exercised by the Institute of Lands and Colonization, later transformed into the Agrarian Development Institute, and then by the General Directorate of Wildlife, and finally by the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía). Being an asset of public domain, there exists an interest of any private individual in its protection, and also of the community, especially if the ecological value it holds for our country is considered. The importance of said Refuge was valued even more when Costa Rica, in application of the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Approved in Ramsar, Iran, on February 2, 1971, and modified by the Paris Protocol of December 3, 1982 and the Regina Amendments of May 28, 1987), approved by Costa Rica through Law No. 7224 of April 2, 1991, considering the fundamental ecological functions of wetlands as regulators of hydrological regimes and as habitat of a characteristic fauna and flora, especially waterfowl, and considering that they constitute a resource of great economic, cultural, scientific, and recreational value, whose loss would be irreparable, decided to designate the qualifier of "International Wetland", adding it, in accordance with article 2 of said Convention, to the List of Wetlands of International Importance (see certification at folio 942). With said Law 7224, and its respective Decree No. 29058-MINAE (called Wetlands Convention), of July 23, 1999, Costa Rica places itself at the vanguard of international commitments to effectively protect wetlands, and creates within the Ministry of Environment and Energy the National Wetlands Program, with the aim of promoting, planning, and developing Costa Rica's wetlands. The administration and management of such wetlands continues under the administration of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) and the other bodies of the Ministry of Environment. By virtue of what has been set forth in the preceding whereas clauses, and in what will be stated in the following ones, the grievances alleged by the defendant party, Mr. Mario Alpízar Vargas, in his personal capacity and as representative of Hacienda Manantial Caribeño Sociedad Anónima, are not admissible: A) Accuses the lack of active legitimation of the plaintiff, since in accordance with articles 104 and 121 of the Civil Procedure Code, he is claiming a property right over an inalienable asset, which is therefore outside the commerce of men; holds that the procedural legality given to the plaintiff is erroneous and violates article 41 of the Constitution. Regarding this grievance, the appellant is not correct, since Mr. José Castañeda Castañeda, although it is true he has not demonstrated having active legitimation to claim a better right of possession, which was so declared by the trial judge, by rejecting claims d) and e) of his complaint, it is also relevant that claims a), b) and c) aimed at annulling the title of the possessory information obtained by the defendant party, is a way of defending the immediate possession he had been exercising in the name of the State. By having a lease with the State, and possessing those lands in the name of the State, he also has a legitimate interest in suing, since in the Agrarian Development Institute, the suspension of the lease contracts had been ordered, because the property was included within the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge (see certification at folio 216). But that interest goes beyond a simple individual interest, since the plaintiff states that his greatest interest "...has been to maintain the FLORA AND FAUNA OF THAT PLACE, which constitutes the greatest wealth of said lands and which reaches an incalculable value given its ecological potential, which has been endangered due to the indiscriminate timber exploitation of the surroundings. This even though, by Executive Decree number 16614-MAG of July first, nineteen eighty-five, it was declared GANDOCA MANZANILLO NATIONAL WILDLIFE REFUGE" (see complaint at folio 80), acts that he carried out, logically for the benefit of the State's heritage. By which it is clear that the plaintiff also became a bearer of a collective interest, and therefore has legitimation being in the presence of a "diffuse interest", just as the cited constitutional jurisprudence qualifies it. Such diffuse interest, in a concept of broad legitimation in protection of the State's assets, tending to conserve a healthy and ecologically balanced environment, allows the plaintiff to claim the nullity of the possessory information titles, raised not only in his own legitimate interest, but also in that of the entire community. That "reactionary" legitimation is extended to other subjects, such as those who have intervened as coadjuvants in this proceeding, particularly Alejandro Martínez Martínez, and the same Association Justice for Nature (Asociación Justicia para la Naturaleza), which although it was not granted participation in the first instance, is considered as having appeared in the second instance, as a coadjuvant of the State.

In this case, the public interest demands the declaration of public domain (dominio público) over the lands at issue in the litigation, given the significance these assets hold for the Nation's ecological heritage. Therefore, the appeal of the plaintiff is partially granted, insofar as its interest lies in preventing the immovable properties described in the cadastral plans supra from being titled in the name of the co-defendants, since it is this Association that has been exercising care over the flora and fauna resource, being an association created specifically for these purposes, as has been established as a proven fact not objected to by the opposing party; hence, its subsidiary claim in this regard must be granted, that the possessory information proceedings (procesos de información posesoria) pursued by these co-defendants with the stated plan numbers must be archived, as they contain the same lands of public domain not subject to titling. Likewise, it must be declared that the proceedings in the ad-perpetuam information proceedings (informaciones ad-perpetuam) pursued by Esmeralda Zamora Jiménez and Roy Canet Zamora shall have no legal effect whatsoever to generate any right of possession (derecho de posesión) over the immovable property in question."

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Text of the resolution

 

VOTO Nº 0794-F-11

AGRARIAN TRIBUNAL OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ, Goicoechea, at sixteen hours and twenty minutes on the twenty-seventh of July, two thousand eleven.-

            ORDINARY PROCEEDING, filed by ASOCIACIÓN CONSERVACIONISTA MONTEVERDE SOCIEDAD ANÓNIMA., legal ID CED1 -   -      , represented by [Name1] , of legal age, physician, identity card CED2 -   -    , resident of San Carlos, in her capacity as president with powers of Generalísima attorney-in-fact without limit of amount; against [Name2] , of legal age, married once, homemaker, resident of Pitahaya, Puntarenas, identity card CED3 -   -    ; [Name2] , of legal age, single, farmer, resident of Pitahaya, Puntarenas, identity card CED4 -   -  ;  [Name3]   , of legal age, married once, farmer, resident of Pitahaya, Puntarenas, identity card CED5 -      -    ; [Name4] , of legal age, married once, identity card CED6     -  , resident of San José,  [Name5] , of legal age, married once, resident of San José, identity card CED7 -   -  , who in turn counterclaim against the Asociación Conservacionista Monteverde. The State, through the Procuraduría General de la República, represented by attorney Mauricio Castro Lizano, whose qualifications are unknown in the case record, in his capacity as assistant procurator, and the Instituto de Desarrollo Agrario, appear as interested parties. Acting as special judicial attorneys: for the plaintiff entity, attorney Marco Retana Mora, of legal age, married, lawyer, resident of Cartago, identity card number CED8 -     -    ; for the co-defendants [Name2] and [Name3], attorney Ligia María Arias Rodríguez, of legal age, married, lawyer, resident of Heredia, identity card number CED9 -   -  ; and for the co-defendants [Name4] and [Name5], attorney Álvaro Meza Lazarus, of legal age, married, lawyer, resident of San José, identity card number CED10 -     -    .

WHEREAS:

            1. The plaintiff Asociación Conservacionista de Monteverde files an ordinary proceeding, valued at the sum of nineteen million nine hundred fifty thousand colones, seeking a judgment declaring: "1) That the Asociación Conservacionista de Monteverde is the legitimate and exclusive possessor, in the capacity of owner, of the lands that the defendants [Name2], [Name2], and [Name3] seek to title, as graphically represented by cadastral plans number A-234.816-95 (sic), A-228.020-95 (sic), and A-234.819-95, respectively. That likewise the Asociación Conservacionista de Monteverde is the legitimate and exclusive possessor, in the capacity of owner, of the lands that the defendants [Name5] and [Name4] seek to possess, as declared in the ad-perpetuam information proceedings (informaciones ad-perpetuam) pursued as follows: the defendant [Name4], under case file number 319-96, pursued before the Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, and the defendant [Name5], under case file number 346-96, pursued before the Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. In the alternative, it requests a declaration that the Asociación Conservacionista de Monteverde holds a better right of possession (mejor derecho de posesión) over those same lands, to the exclusion of that which the defendants claim to hold;  2) That the Asociación Conservacionista de Monteverde has exercised such possession with all legal requirements, giving those lands their corresponding social function by conserving and defending the forest, since they are located entirely within the Arenal-Monteverde Protective Zone (Zona Protectora Arenal-Monteverde), created by Decrees number 6778-A of February 2, 1977, and number 20172-MIRENEM of January 24, 1991; 3) That the private sales by which the defendants [Name2], [Name2], and [Name3] acquired those same lands are null, not only due to form, having not been executed in public deed, but also due to substance, by virtue of the better right of possession held by the Asociación Conservacionista de Monteverde;  4) That any probative value or legal effect be denied and consequently the evidence sought to be gathered in the ad-perpetuam information proceedings (informaciones ad-perpetuam) is declared null, as follows: for defendant [Name4], that of case file number 319-96, pursued before the Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, and for defendant [Name5], that of case file number 346-96, pursued before the Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 5) That consequently, the possessory information proceedings (diligencias de información posesoria) pursued before the mixed court of San Ramón, under the following case files: 491-96 promoted by [Name2]; 492-96 promoted by [Name2]; and 493-96 promoted by [Name3], must be terminated in the state in which they were suspended; 6) That the defendants must pay both sets of costs of this proceeding", (folio 42 to 45).

            2. Co-defendant [Name2] answered the complaint in the negative, raised no defenses (folios 58-61). In turn, she counterclaimed against the cited Association and requested a judgment declaring: "1) That I am the sole possessor of the land I seek to title, according to cadastral plan A-234818-95 (sic); 2) That my possession has been public, peaceful, continuous, and in the capacity of owner, constituting possession suitable for usucapion (usucapión); 3) That the private sale executed and the private contracts for the distribution of possession rights are valid, both in form and substance; 4) That the possessory information proceedings (diligencias de información posesoria) pursued under case file No. A 491-96 of the Juzgado Mixto de San Ramón continue; 5) That the plaintiff be ordered to pay the personal and procedural costs of this proceeding; 6) That the cadastral plans of the Asociación Conservacionista numbers A-803142-89, A-803145-89, and A-803144-89 be declared null; 7) That if your authority deems it appropriate, criminal proceedings be initiated against surveyor [Name6] for the crime of ideological falsehood, article 358 of the Penal Code; 8) That a judicial inspection be conducted over the area to verify the inaccuracy of the plaintiff's plans", (folio 62 to 63, 572 to 573).

            3. Co-defendant [Name7] answered the complaint in the negative, raised no defenses (folios 68 to 72). In turn, she counterclaimed against the cited Association and requested a judgment declaring: "1) That I am the sole possessor of the land I seek to title, according to cadastral plan A-234818-95; 2) That my possession has been public, peaceful, continuous, and in the capacity of owner, constituting possession suitable for usucapion (usucapión); 3) That the private sale executed and the private contracts for the distribution of possession rights are valid, both in form and substance; 4) That the possessory information proceedings (diligencias de información posesoria) pursued under case file No. A-491-96 of the Juzgado Mixto de San Ramón continue; 5) That the plaintiff be ordered to pay the personal and procedural costs of this proceeding; 6) That the cadastral plans of the Asociación Conservacionista numbers A-803142-89, A-803145-89, and A-803144-89 be declared null; 7) That if your authority deems it appropriate, criminal proceedings be initiated against surveyor [Name6] for the crime of ideological falsehood, article 358 of the Penal Code; 8) That a judicial inspection be conducted over the area to verify the inaccuracy of the plaintiff's plans", (folios 72 to 73, 576 to 577).

            4. Co-defendant [Name3] answered the complaint in the negative, raised no defenses (folios 78 to 82). In turn, she counterclaimed against the cited Association and requested a judgment declaring: "1) That I am the sole possessor of the land I seek to title, according to cadastral plan A-234818-95 (sic); 2) That my possession has been public, peaceful, continuous, and in the capacity of owner, constituting possession suitable for usucapion (usucapión); 3) That the private sale executed and the private contracts for the distribution of possession rights are valid, both in form and substance; 4) That the possessory information proceedings (diligencias de información posesoria) pursued under case file No. A 491-96 of the Juzgado Mixto de San Ramón continue; 5) That the plaintiff be ordered to pay the personal and procedural costs of this proceeding; 6) That the cadastral plans of the Asociación Conservacionista numbers A-803142-89, A-803145-89, and A-803144-89 be declared null; 7) That if your authority deems it appropriate, criminal proceedings be initiated against surveyor [Name6] for the crime of ideological falsehood, article 358 of the Penal Code; 8) That a judicial inspection be conducted over the area to verify the inaccuracy of the plaintiff's plans", (folios 82 to 83, 574 to 575).

            5. The representative of the counterclaim-defendant Asociación Conservacionista Monteverde answered the counterclaim in the negative, raises no defenses, and requests that it be declared without merit in all its aspects (folios 146 to 147).

            6. Co-defendant [Name4] answered the complaint in the negative and raised the defenses of lack of right, lack of active and passive standing, lack of interest, lapse (caducidad), and positive prescription in favor of my client and negative prescription against the plaintiff, as well as the separation of claims and actions, the latter resolved on an interlocutory basis, and necessary active joinder of parties (folios 329 to 341).

            7. Co-defendant [Name5] answered the complaint in the negative and raised the defenses of lack of right, lack of active and passive standing, lack of interest, lapse (caducidad), and positive prescription in favor of my client and negative prescription against the plaintiff, as well as the separation of claims and actions, the latter resolved on an interlocutory basis (folios 391 to 404).

            8. The Procuraduría General de la República appeared in the proceeding in defense of the State's interests and requests that the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) not be harmed, nor that improper rights or possessions over the same be recognized to the parties through judicial resolution (brief at folios 156 to 163).

            9.- Judge Carlos Gonzalez Mora, of the Juzgado Agrario of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, in a judgment issued at eight hours on August twelve, two thousand eight, resolved: "THEREFORE: Based on articles 50 of the Constitución Política de Costa Rica, 8 and 11 of the Ley de Tierra y Colonización No. 2825 of October 14, 1961, Ley Forestal No. 7575 of April 16, 1996, Ley de Informaciones Posesorias No. 5257 of July 31, 1973, articles 1, 2, 5, 6, 15, 23, 26, 53, 54, and 55 of the Ley de Jurisdicción Agraria, 317 of the Código Procesal Civil applied supplementarily, Decreto Ejecutivo No. 20172-MIRENEM of January 24, 1991, it is declared as follows: REGARDING THE COMPLAINT OF ASOCIACION CONSERVACIONISTA MONTEVERDE. The defenses of lapse (caducidad) and positive and negative prescription raised by co-defendants [Name5] and [Name4] are rejected. The defenses of lack of active standing and lack of right raised by co-defendants [Name5] and [Name4] are granted, and the complaint against them is declared without merit in all its aspects, both the principal and alternative claim. Likewise, due to lack of standing and lack of right, the complaint of the Asociación Conservacionista Monteverde against [Name7], [Name2], [Name3] is declared without merit in all its aspects, both the principal and alternative claim. REGARDING THE COUNTERCLAIMS OR RECONVENTIONS: Due to lack of active standing and lack of right, the counterclaims of [Name7], [Name2], and [Name3] against the Asociación Conservacionista Monteverde are declared without merit in all their aspects. This proceeding, both the complaint and the counterclaims, is resolved without special award of costs", (the emphasis is from the original text at folios 1849 to 1969).

            10.- Co-defendants [Name5] and [Name4]; as well as the plaintiff entity, filed an appeal with express indication of the reasons upon which they relied to refute the lower court's thesis, (folios 1971 to 1978 and 1979 to 1986, respectively).-

11.- In the processing of the proceeding, the legal prescriptions have been observed, and no errors or omissions capable of producing the nullity of the ruling are observed.-

            Drafted by Judge ALVARADO PANIAGUA, and;

CONSIDERING:

            I.- This Tribunal adopts the list of facts held as proven, as it is a faithful reflection of the evidence contained in the case record.-

            II.- Likewise, the facts held as unproven are shared, as there is no reliable evidence in this proceeding regarding them.-

            III.- The special judicial attorney for the plaintiff also appeals the judgment of eight hours on August twelve, two thousand eight, arguing the following: 1) The judgment omits important facts, such as that the plaintiff had the obligation to file an ordinary complaint because the co-defendants sought titling according to cadastral plans numbers A-234816-95 of [Name2]; A-284020-95 of [Name2]; and A-234819-95 of [Name3], which properties are superimposed on six properties previously acquired through public deeds by the plaintiff, an overlap observed in the appraisal at folios 1112-1113 and 1265-1267. Similarly, [Name5] and [Name4], who also sought titling, were sued. Had the plaintiff not opposed, it is very likely that titling of such immovable properties would have been achieved, over which it considers it has been exercising possession since their acquisition. 2) It indicates the possession it has been exercising is ecological, so it does not understand how it is accused of not demonstrating possessory acts, when the purpose pursued by the plaintiff is dedicated to environmental conservation, through the protection of forests and the natural ecosystems they harbor. Even though proven fact seven acknowledges the plaintiff exercises possessory acts over the lands, the judgment later ignores them and affirms they are sporadic, when witnesses [Name8], [Name9], and [Name10] are compelling in accrediting the real possession of the plaintiff.- 3) It argues that Decree number 6778-A of February 2, 1977, creates the Arenal Forest Reserve (Reserva Forestal Arenal), but that the boundaries of that reserve do not include the lands subject to this dispute. The encumbrance (afectación) of the lands occurs with Decree number 20172-Mirenem of January 24, 1991, which created the Arenal-Monteverde Protective Zone (Zona Protectora Arenal-Monteverde), and in said decree the conservation efforts of the plaintiff are recognized and the prior existence of the Bosque Eterno de los Niños is acknowledged there, which includes the lands in dispute, the consolidation of that area as a Protective Zone (Zona Protectora) being a consequence of the Asociación Conservacionista Monteverde, and as possessor it has the right to oppose the titling of the lands by the defendants and to have the possessory information proceedings terminated, 4) for which the complaint should have been granted in its principal claim, or at minimum in the alternative claim. 5) It affirms the lower court errs when it indicates the lands are located elsewhere, as that does not correspond to the evidence adduced in the case file, since the plaintiff's plans correspond to the material reality and were the very ones inspected during the judicial inspection, and are the same ones acquired through the public deeds. It indicates the plaintiff did not acquire the lands subject to dispute based on any plan from 1975 drawn up by [Name11]. It contends it is other plans that are poorly located, according to the expert report.- 6) The judgment establishes as an unproven fact that [Name12] had exercised possession over the lands subject to dispute prior to the transfer to the plaintiff. It considers that by doing this, it departs from the principle of concordance (principio de concordancia) that judgments must respect. It states it is accredited that its client acquired the lands subject to dispute through public deed and in good faith, from the persons indicated in proven fact six of the complaint, and that since then it has exercised ecological possession over those same lands according to testimonial evidence, cadastral plans, and public deeds. It considers that insofar as the plaintiff is owner and possessor, it has standing and holds the right and real interest to sue to prevent the possessory information proceedings that the defendants were pursuing. By the lower court engaging in arguments about the previous possessors or owners of the lands that are now the plaintiff's property, it violates the principle of concordance (principio de concordancia) since none of the claims in the complaint or the counterclaims seek such a declaration. Due to this distraction, through violation of the principle of concordance, the judgment must be overturned and the complaint granted. 7) It considers there is no public domain status (demanialidad) of the lands subject to this dispute, as they are located within a protective zone (zona protectora), a management category that admits private property. 8) Through testimonial evidence, the ecological possession of the plaintiff was demonstrated since 1989, the year it acquired the lands in question, yet the judgment declares the opposite. (see folios 1979 to 1986).-

            IV.- The special judicial attorney for co-defendants [Name5] and [Name4] partially appeals judgment number 34-2008 of eight hours on August twelve, two thousand eight, based on two grievances: 1) The first-instance judgment, having indicated it would not address the defense of positive prescription since the Sala Primera has ruled in various resolutions indicating that positive prescription cannot be considered as a defense but rather as part of a claim in a counterclaim, nevertheless considered it and declared it without merit, preventing the possibility of demonstrating through another avenue that possession had been held for over ten years prior to the declaration of the Arenal-Monteverde Protective Zone (Zona Protectora Arenal-Monteverde) created by executive decrees of February 1972 and January 1991.- 2) It expresses its disagreement regarding the exemption from costs, as it considers no reason was given for said exemption in relation to co-defendants [Name5] and [Name4], who were sued without right and forced to litigate and pay attorney's fees. The exemption may be debatable between the plaintiff and the counterclaiming co-defendants, but not so in relation to the appellants, who were sued in bad faith, and there are no elements indicating they acted in good faith in filing the complaint when they altered sales and plans, for which they should be ordered to pay costs. Finally, it indicates there is an error in the judgment that must be corrected, in that there is a certification of the ad-perpetuam information proceeding (información ad-perpetuam) pursued before the Juzgado Contencioso Administrativo under case file 177-CA, promoted by Mr. [Name5].- (see folios 1975-1978).-

            V.- Public Domain (Dominio Público) —for the case at hand— is the set of assets owned publicly by the State, lato sensu, encumbered for direct or indirect public use by the inhabitants, and subject to a special regime of public law and, therefore, outside the bounds of private law. Public domain is composed of four elements: subjective, objective, normative, and teleological. The subjective element refers to the holder of the right —the State—; the objective element refers to or consists of the asset or assets over which the public domain falls —in this case, the immovable property subject to litigation—; the normative element determines when an asset meets the requirements set by law to be considered public domain (demanial), it is the set of norms governing it —a list of norms that will be stated below—; and the teleological element refers to the purpose sought by including a given asset within the public domain, what public purpose is assigned to the asset —in this case, the protection of natural resources—. Public domain assets are subject to a special legal regime, are subject to a police power, and are essentially characterized by their inalienability and imprescriptibility. By their nature, they are intended to satisfy public needs; this fact prevents any tenure or possession over them by private parties or persons, they are outside the commerce of private law. Our Constitución Política in its article 121, subsection 14), refers to Public Domain Status (Demanialidad), indicating which assets are susceptible to that public property regime, even establishing in that article different degrees of public encumbrance, ranging from an intense and absolute degree of publicatio to other less intense degrees, harmonizing the rights of those administered with the powers of the Administration. Our current Código Civil, dating from April of eighteen eighty-six, regulates the most important bases regarding public domain assets, specifically in its articles 261 to 263. Article 262 of the cited Código Civil refers to two important characteristics of public domain assets: a- public things are outside commerce, and b- the possibility of removal from public domain (desafectación) is established by stating that those assets cannot enter private commerce until legally so ordered. As can be observed, encumbrance under the public domain regime does not depend on the nature of the asset, but on the will of the legislator. Through vote number 447-91 of fifteen hours thirty minutes on February 21, 1991, the Sala Constitucional states that the declaration of public domain of an asset is established by law; this declaration does not constitute a limitation on property, according to article 45 of the Carta Magna, since this article refers to private property, and public domain assets are not subject to private property. The State Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado) is a Public Domain asset (bien Demanial) regulated in a broad set of norms in which, historically up to the present, private parties are prohibited from carrying out any type of work within immovable properties with that characteristic and, consequently, are denied the right of possession, with an exception made in a specific situation that will be discussed later. Those lands constituting National Reserves (Reservas Nacionales) that have Primary Forests are considered State Heritage (Patrimonio Estatal) —in their condition as Public Domain (Demanio Público), which implies the principles of imprescriptibility, inalienability, and unattachability—. The foregoing finds its normative development in the citations set forth below: 1) The Código Fiscal of 1865, which includes a chapter referring to forests, was repealed by the Ley General de Terrenos Baldíos Number thirteen of January 6, 1939, which incorporated practically the same provisions. For example, article one stated: "That lands included within the boundaries of the Republic, which have not been acquired or registered in ownership through legitimate title by private parties, are presumed vacant (baldíos) and belong to the State."- This law generally regulates the prohibition against possessing and registering, through the process of possessory information proceedings (informaciones posesorias), National Reserves that are Forest Heritage (Patrimonio Forestal), in other words, they are not susceptible to appropriation by private parties.- The Ley de Tierras y Colonización Number 2825 of October 14, 1961, maintained the same orientation and remains in effect currently since that date. Thus, article 8 of that Ley de Tierras y Colonización establishes: "Except for the cases provided for in this law, private parties are prohibited from enclosing with fences, lanes, or any other means lands declared National Reserves (Reservas Nacionales), felling forests, establishing constructions and crops, or extracting from them firewood, timber, vines, palms, and other products for exploitation purposes. Any act of that kind, if the legal procedures have not been previously completed and the corresponding authorization obtained, shall be considered, depending on the case, as usurpation of public domain (usurpación de dominio público) or scavenging, and the authorities must order the destruction and removal of the fences and prevent the use of those lands, without entitlement to compensation or claims for the value of improvements and without prejudice to other liabilities that may fall upon those who incur such infractions."- Note that this article imposes criminal sanctions on anyone who enters a National Reserve to carry out any activity on those lands, so this activity cannot be considered an act of possession since it would be illegitimate.- Article 11 of that same Law establishes that the following belong to the State as National Reserves (Reservas Nacionales): "a) All lands within the boundaries of the Republic that are not registered as private property, or property of the Municipalities or Autonomous Institutions. b-) Those not covered by ten-year possession (posesión decenal).- c-) Those that, by special laws, have not been designated for the formation of agricultural colonies.- d-) In general, all those that, not being private property, are not occupied in public services."- For its part, article 19 of the repealed Ley Forestal number 4465 of November twenty-three, nineteen sixty-nine, provided: "All forests and forest lands located in: 'a-) The lands considered National Reserves (Reservas Nacionales)...' are encumbered for the purposes of this law." And article 25 of this same law stated: "The possession of lands located in the National Reserves (Reservas Nacionales) and State properties referred to in article 19 of this Law shall not create rights of any kind, and the State's possessory action (acción reivindicatoria) for the same is imprescriptible, and the Dirección General Forestal, with the legal means at its disposal, shall proceed to evict from such lands the persons who occupy them totally or partially, in the case of protective zones (zonas protectoras), National Parks (Parques Nacionales), Forest Reserves (Reservas Forestales), and Biological Reserves (Reservas Biológicas)."- With these norms, the forests mentioned therein are granted double protection: First, by their condition as a National Reserve (Reserva Nacional), in which it is prohibited to carry out any possessory act, and second, for constituting State Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado), in which no act of possession shall create rights of any kind. This aspect is confirmed by article 8 of the regulation to that law, which states: "The National lands comprised within the areas declared Forest Reserves (Reservas Forestales) are inalienable, that is, they may not leave the State's domain, and their possession shall not create rights of any kind in accordance with the provisions of articles 25, 49, and 57 of the Ley Forestal."- Article 80 of the cited repealed Ley Forestal indicated: "The invasion and occupation of lands in National Parks (Parques Nacionales), Forest Reserves (Reservas Forestales), and Protective Zones (Zonas Protectoras) is prohibited. This prohibition extends to National Reserves (Reservas Nacionales), until their classification and transfer have been determined..." Article 6 of this same law provided: "Any person who: a-) Exploits a forest of forest heritage (patrimonio forestal) without the corresponding legal authorization... b-) Invades a National Park (Parque Nacional), Biological Reserve (Reserva Biológica), Protective Zone (Zona Protectora), or Forest Reserve (Reserva Forestal)... shall be punished with imprisonment from six months to two years or with a fine of fifteen to one hundred days. If the invasion is in National Reserves (Reservas Nacionales), it shall be subject to the provisions of article 227 of the Penal Code.-" As can be observed, possessory acts carried out in a State heritage forest turn out to be illegitimate, so they cannot confer any right of possession.- With the entry into force of Ley Forestal Number 7174 of June 28, 1990, the same philosophy continues. Article 32 of the cited law establishes: "The State forest heritage (patrimonio forestal del Estado) is constituted by all forests and forest lands of the National Reserves (Reservas Nacionales)..."

Article 33 of that same law provides: "The forest lands and forests that constitute the State Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado) detailed in the previous article, shall be unattachable (inembargables) and inalienable (inalienables), their possession by private individuals shall not give rise to any right in their favor and the State's action of replevin (acción reivindicatoria) for those lands is imprescriptible (imprescriptible). Consequently, they are not susceptible to registration in the Public Registry by means of Possessory Information (Información Posesoria), their invasion and occupation shall be sanctioned in accordance with the provisions of this Law." With the current Forest Law (Ley Forestal) number 7575 of February 5, 1996, in its title II it regulates a single chapter referring exclusively to the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), the same philosophy that had begun since 1865 with the Fiscal Code, so it is reiterated in this new regulation that the State Natural Heritage will be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, and the farms registered in the name of the Public Administration. Article 14 of the same current forest law is emphatic in indicating that the forest lands and forests that constitute the state natural heritage are imprescriptible, unattachable and inalienable and their possession by private individuals shall not give rise to any right in their favor. The Wildlife Conservation Law Number 7317 of October 21, 1972, in its articles 3 and 4, in addition to the declaration as public domain (dominio público) and public interest, to the wild fauna and flora respectively, indicates that the wild flora and fauna is part of the National Heritage. In this same sense, the Biodiversity Law number 7788 of April 30, 1998 in its article 6 declares the elements of biodiversity as public domain, as well as the Organic Law of the Environment in its article 46 which establishes the sovereignty of the State over biological diversity. For the foregoing reasons, it is a legal imperative to deny the right of possession to those persons who carry out any activity on lands not subject to private property and that are constituted by forests in National reserves. To that imperative prohibition by means of the Forest Law Number 7575 of 1996, which reforms article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, it makes possible the titling of forests when within them there has been developed what is understood as ecological possession (posesión ecológica), and a possession of ten years prior to the affectation as public domain is demonstrated. The land subject to this possessory information, is State Natural Heritage, since it is composed of primary forest (bosque primario) located within the Arenal Monteverde Protective Zone (Zona Protectora Arenal Monteverde), which is clear said territory is State Natural Heritage, from before it was created by Decree number 6778-A of February 2, 1997 with the creation of the Arenal Forest Reserve (Reserva Forestal Arenal), and Decree number 20172. Mirenem of January 24, 1991 which creates the Arenal-Monteverde Protective Zone (Zona Protectora Arenal-Monteverde), as already set forth in the regulatory history supra. When possession over a demanial good (bien demanial) is discussed, that discussion will only be appropriate when the right was acquired before the good was declared as public domain. Likewise, the property right in such cases may only be obtained when the titleholder has demonstrated a ten-year possession (posesión decenal), exercised at least ten years prior to the effective date of the law declaring the object as State Natural Heritage. As the legal chronology that protects the State Natural Heritage has already been set forth, the law that must be taken into consideration to compute the ten-year possession of private individuals, is the Ley de Tierras y Colonización number 2825 of October 14, 1961, currently in force regulation. The Fiscal Code of 1865 and the Ley de Terrenos Baldíos of 1939 should not be considered, as they were norms that referred to the topic generically, besides not being provisions currently in force, it is not until the current Ley de Tierras y Colonización that the State Natural Property or Heritage (Propiedad o Patrimonio Natural del Estado) comes to be clearly defined and regulated, especially considering the property in dispute is relevant for aquifer recharge that supplies water to both agricultural, population and hydroelectric activities of the [Dirección1] and [Dirección2] watershed, hence the provisions of article 7 of the cited Ley de Tierras y Colonización are also applicable by declaring as public domain those properties that are for aquifer recharge for the supply of that water resource and for its reserve. The subsequent laws such as Forest Law and others that have been cited in this recital (considerando), are complementary to the referred Ley de Tierras y Colonización. For the specific case, the testimonial evidence gathered does not demonstrate that ten-year possession under the terms of the regulations set forth herein. For the reasons stated, as the involved properties are State Natural Heritage, the co-defendants will not be able to title in their favor the properties described in the cadastral survey plans (planos catastrados) numbers A-234818-95 of [Nombre2], A-284020-95 of [Nombre2], and A-234819-95 of [Nombre3], and the unregistered lands that [Nombre5] and [Nombre4] allege to possess and that measure respectively 128 ha 4743.67 square meters according to plan A-771547-2002 and 240 ha 5150.30 according to plan A-771548-2002. Hence, the possessory information being processed for the registration of these properties must be archived as they are properties not subject to titling according to the testimonial evidence gathered in this ordinary proceeding, where they do not demonstrate a ten-year possession prior to the Ley de Tierras y Colonización of 1961 as has already been set forth, hence it is irrelevant if the properties are included within the Arenal Monteverde Protective Zone of 1991 or the Arenal Forest Reserve of 1977, since that does not determine the beginning of the demaniality (demanialidad) as already indicated, because the co-defendants had to demonstrate ten years of possession prior to the Ley de Tierras y Colonización, and not the Decree that created the referred Arenal Monteverde Protective Zone.

VI.- ON THE ACTIVE LEGITIMATION OF THE PLAINTIFF: The Asociación Conservacionista Monteverde holds active legitimation (legitimación activa) based on the theory of Diffuse Interest (Interés Difuso), by reason of its activity dedicated to the conservation of biodiversity, defense of the ecosystem from invaders, care of the flora and fauna in what has been called the Bosque Eterno de los Niños, which shelters a collective interest established in article 50 of the Political Constitution, which establishes: " The State shall procure the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are legitimated to denounce acts that infringe upon that right and to demand reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions." Every person (legal or physical) in the name of that collective interest is legitimated to denounce or sue for acts that infringe upon that right, as in this case is the pretension to title, through the Possessory Information procedure, lands that are demanial belonging to all citizens of the Nation for being a public domain good. The referred Association has among its purposes the conservation activities of the ecosystems existing in the [Dirección3] in litigation, being vigilant to avoid damage to the flora and fauna, so its interest in the protection of the legal right protected in the Constitutional Article 50 mentioned supra is, besides being a public and notorious fact, supported by the testimonial evidence adduced in the case file, which gives it procedural active legitimation to bring action in this process. In this same sense, this Agrarian Tribunal (Tribunal Agrario) by means of Voto of fourteen hours seven minutes of October thirty-first, two thousand three, in what is of interest stated: " XXII.- Our Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has developed in reiterated rulings, the issue of the legitimation of private individuals to request the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment, thus protecting not only merely individual interests, but also of a collective nature, through the protection of diffuse interests (intereses difusos). In this regard it has indicated: "In the case of the legal protection of the environment, the legitimation of private individuals to act judicially and achieve the application of norms that have that purpose or, to request jurisdictional protection to safeguard their violated rights, is of great importance... In environmental law, the procedural prerequisite of legitimation must be extended and expanded in such a dimension, that necessarily leads to the abandonment of the traditional concept, needing to understand that in general terms, every person can be a party and that their right does not emanate from property titles, rights or concrete actions that they could exercise according to the rules of conventional law, but rather that their procedural action responds to what modern scholars call diffuse interest, by means of which the original legitimation of the legitimate interested party or even the simple interested party, is diffused among all the members of a determined category of persons who are thus equally affected by the illegal acts that harm them. In the case of environmental protection, the typically diffuse interest that legitimates the subject to bring action, is transformed, by virtue of its incorporation into the list of rights of the human person, becoming a true "reactional right" (derecho reaccional), which, as its name indicates, empowers its holder to "react" against the violation originating from illegitimate acts or omissions... this implies, in general, that a much more flexible and less formalistic legitimation is necessary to associate citizens with the interest proper to the Rule of Law to supervise and, if applicable, reestablish its own juridicity... It deals, then, with individual interests, but, at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of people who share an interest and, therefore, receive a benefit or a harm, current or potential, more or less equal for everyone, for which it is rightly said that they are equal interests of groups of people who are in certain situations and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests partake of a double nature, since they are at once collective –for being common to a generality– and individual, for which they can be claimed in such character...", (Constitutional Chamber, No. 3705 of 15 hours of July 30, 1993, No. 1794 of 16:45 hours of April 13, 1994 and No. 1887 of 9:45 hours of April 7, 1995, among others). XXIII.- In the case at hand, while it is true we are facing a conflict between private parties, the referred conflict involves a demanial good, which is part of the State Forest Heritage, as the Lower Court Judge had as accredited. It concerns the Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, created by Decree No. 16614-MAG of October 11, 1985 (see folios 597-799), considering that in said zone there are resources of mangroves, swamps, forests and reefs of unique value, among which is the only association of yolillo and orey (Raphia sp and Campnosperma panamense) that exists in our country; in addition, in said Refuge, there are populations of species in danger of extinction, such as the manatee, the alligator and diverse species of monkeys and felines; in its coastal strip and in the reef zone there is the only natural bank of mangrove oyster, one of the few nurseries of tarpon and resident and unique populations of lobster. The Decree was promulgated, attending to the State's function to ensure the conservation of natural resources, especially those that imply better well-being and social, economic, political and ecological development of the region's inhabitants. From the moment of its declaration, according to article 2 of the referred decree, said zone came to be under the administration of the Wildlife Department of the Dirección General Forestal, withdrawing it, consequently, from the administration of the Instituto de Desarrollo Agrario. The foregoing means that said lands have always been under the administration of the State, first exercised by the Instituto de Tierras y Colonización, later transformed into Instituto de Desarrollo Agrario, and then by the Dirección General de Vida Silvestre, and finally by the Ministerio de Ambiente y Energía. Being a public domain good, there exists an interest of any private individual in its protection, and also of the community, especially if the ecological value it holds for our country is considered. The importance of said Refuge was valued even more when Costa Rica, in application of the Convention relating to Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat (Approved in Ramsar, Iran, on February 2, 1971, and modified by the Paris Protocol of December 3, 1982 and the Regina Amendments of May 28, 1987), approved by Costa Rica by Law No. 7224 of April 2, 1991, considering the fundamental ecological functions of wetlands as regulators of hydrological regimes and as habitat for characteristic fauna and flora, especially waterfowl, and considering that they constitute a resource of great economic, cultural, scientific and recreational value, whose loss would be irreparable, decides to designate the qualifier of "International Wetland", adding it, in accordance with article 2 of said Convention, to the List of Wetlands of International Importance (see certification on folio 942). With said Law 7224, and its respective Decree No. 29058-MINAE (called Wetlands Convention), of July 23, 1999, Costa Rica places itself at the forefront of international commitments to effectively protect wetlands, and creates within the Ministerio de Ambiente y Energía the Programa Nacional de Humedales, with the purpose of promoting, planning and developing the wetlands of Costa Rica. The administration and management of such wetlands continues under the administration of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación and the other organs of the Ministry of the Environment. XXIV.- In Light of what has been set forth in the preceding recitals, and in what will be said in the following ones, the grievances alleged by the defendant party, Mr. [Nombre13], in his personal capacity and as representative of Hacienda Manantial Caribeño Sociedad Anónima, are not admissible: A) Accuses the lack of active legitimation of the plaintiff, since in accordance with articles 104 and 121 of the Código Procesal Civil, he is claiming a property right over an inalienable good, which is therefore outside commerce among men; maintains that the procedural legitimacy given to the plaintiff is erroneous and violates article 41 of the Constitution. Regarding this grievance, the appellant is not correct, since Mr. [Nombre14], while it is true he has not demonstrated having active legitimation to claim a better right of possession, which was so declared by the lower court judge, upon rejecting claims d) and e) of his complaint, it is also appropriate that claims a), b) and c) aimed at annulling the title from the Possessory Information obtained by the defendant party, are a form of defending the immediate possession (posesión inmediata) he was exercising in the name of the State. Having a lease with the State, and possessing those lands in the name of the State, he also has a legitimate interest in suing, because the Instituto de Desarrollo Agrario had ordered the suspension of the lease contracts, because the property was included within the Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (see certification on folio 216). But that interest goes beyond a simple individual interest, because the plaintiff states that his greatest interest "...has been to maintain the FLORA AND FAUNA OF THAT PLACE, which constitutes the greatest wealth of said lands and reaches incalculable value given its ecological potential, which has been endangered due to the indiscriminate timber exploitation of the surroundings. This even though, by Decreto Ejecutivo number 16614-MAG of July first, nineteen eighty-five, the REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE GANDOCA MANZANILLO was declared" (see complaint on folio 80), acts that he performed, logically for the benefit of the State's heritage. With which it is clear that the plaintiff also became a bearer of a collective interest, and therefore has legitimation being in the presence of a "diffuse interest", as constitutional jurisprudence cited above qualifies it. Such diffuse interest, in a concept of broad legitimation in protection of the State's assets, aimed at conserving a healthy and ecologically balanced environment, allows the plaintiff to demand the nullity of the possessory information titles, raised not only in his own legitimate interest, but also of the entire community. That "reactional" legitimation, extends to other subjects, such as those who have intervened as coadjuvants in this process, particularly [Nombre15], and the very Asociación Justicia para la Naturaleza, which although it was not granted participation in first instance, it is considered as having appeared in second instance, as coadjuvant of the State. In this case the public interest demands the declaration of public domain of the lands which the litigation concerns, due to the transcendence that said assets have for the ecological heritage of the Nation." By the foregoing, the appeal of the plaintiff is partially shared, insofar as her interest is to prevent the properties described in the cadastral survey plans supra from being titled in the name of private individuals in favor of the co-defendants, since it has been that Association who has been exercising the care of the flora and fauna resource being an association created specifically for those effects, as has been taken as a demonstrated fact not objected to by the opposing party, hence her subsidiary claim in this sense must be upheld that the possessory information proceedings processed by these co-defendants with said plan numbers must be archived, as they contain lands of public domain not subject to titling. Likewise, it must be declared that they will have no legal effect whatsoever to generate any right of possession over the property in dispute, what was processed in ad-perpetuam informations (informaciones ad-perpetuam) processed by [Nombre4] and [Nombre5].

VII.- On the appeal filed by the special judicial attorney of the co-defendants [Nombre5] and [Nombre4]: The defendant party when answering the complaint raised the defense of positive prescription (prescripción positiva), attempting to demonstrate thereby that their property right in relation to the properties in dispute belonged to them, hence the claims against them were improper. When analyzing the object of this process, it is necessary to analyze that defense raised by the co-defendants [Nombre5] and [Nombre4], analyzing the mode of acquisition, possession exercised and other requirements of usucapion (usucapión) to determine if they could defend or assert a property right both against private individuals and against the State, especially since from the beginning of the process the State representation introduced the litis topic that the properties belong to the public domain, as has been analyzed. It is not feasible to resolve omitting pronouncement on the defense of positive prescription raised by these same co-defendants as the appellant attorney intends, since it is precisely that the object to analyze in the process to determine if the private individuals intervening in this process could or could not discuss a better right of possession and/or property over primary forests affected by the demaniality, unless a ten-year possession before this affectation was demonstrated, which was not apt possession demonstrated by the parties that intervened in this process, as there was no evidence whatsoever in that sense, that is, a ten-year possession exercised before 1961, the year of promulgation of the Ley de Tierras y Colonización as has been explained in the next-to-last recital (considerando transanterior). Nor is the grievance referring to the disagreement over the exoneration of costs shared, upon considering the complaint had been declared without merit, however, in this instance the complaint is being partially declared with merit against all the co-defendants, hence the plaintiff had legitimation by diffuse interest to sue for the protection of the lands and the biodiversity they contain defending a collective interest to prevent the appropriation by private individuals of demanial lands, hence the exoneration of costs must be maintained.

VIII.- By the foregoing, the judgment must be partially revoked only insofar as it upholds the defense of lack of active legitimation raised by the co-defendants and declares the complaint without merit in all its aspects, to instead declare the defense of lack of active legitimation without merit, and partially uphold the complaint only with respect to the following claims: the co-defendants may not title in their favor the properties described in the cadastral survey plans numbers A-234818-95 of [Nombre2], A-284020-95 of [Nombre2], and A-234819-95 of [Nombre3], and the unregistered lands that [Nombre5] and [Nombre4] allege to possess and measure respectively 128 ha 4743.67 square meters according to plan A-771547-2002 and 240 ha 5150.30 according to plan A-771548-2002. The possessory informations being processed for the registration of these properties must be archived. Likewise, it must be declared that they will have no legal effect whatsoever to generate any right of possession over the property in dispute, the ad-perpetuam informations processed by [Nombre4] and [Nombre5]; in all else it is confirmed, in what has been the object of appeal.

THEREFORE (POR TANTO):

The judgment is partially revoked only insofar as it upholds the defense of lack of active legitimation raised by the co-defendants and declares the complaint without merit in all its aspects, to instead declare the defense of lack of active legitimation without merit, and partially uphold the complaint only with respect to the following claims: the co-defendants may not title in their favor the properties described in the cadastral survey plans numbers A-234818-95 of [Nombre2], A-284020-95 of [Nombre2], and A-234819-95 of [Nombre3], and the unregistered lands that [Nombre5] and [Nombre4] allege to possess and measure respectively 128 ha 4743.67 square meters according to plan A-771547-2002 and 240 ha 5150.30 according to plan A-771548-2002. The archiving of the possessory informations being processed for the registration of these properties is ordered. Likewise, it must be declared that they will have no legal effect whatsoever to generate any right of possession over the property in dispute, the ad-perpetuam informations processed by [Nombre4] and [Nombre5]; in all else it is confirmed; in what has been the object of appeal.

ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA

ANTONIO DARCIA CARRANZA              MARÍA ROSA CASTRO GARCÍA

NOTE:

Judge Castro García drafts;

I. The undersigned judge, shares what is resolved in this voto, however a note is added in the following sense: As recorded in the case file, the land is covered with forest. The reasoning of the voto is not shared regarding the demaniality of the forest understood as all land of forest cover (cobertura boscosa) being public domain and that the ten-year count to title lands covered with forests that are outside protected wild areas or within them, must be done ten years before the first Forest Law of 1969. It is estimated that the seventh article of the Ley de Informaciones Posesorias, proceeded to disaffect the existing regime over lands covered with forests and for purposes of their titling it is required that in farms within protected wild areas covered by forests, a possession must be exercised that seeks the protection of the forest resource. There is no distinction in that legal norm as to the type of forest present on the property, whether in the presence of primary or secondary forest, possessory acts must be deployed that respect the forest resource and accredit it to the process, and properties of this nature may be object of private appropriation by individuals by virtue of the validity of the seventh article of the Ley de Informaciones Posesorias, of the property right enshrined in the Political Constitution and the material content of such right, which will be seen restricted by the limits that are immersed in its core or the limitations that legislation imposes on its exercise. This judge estimates that if there exists a legal conflict whose object of discussion is an unregistered land covered with forests, the parties have the legal and procedural possibility to claim its possession or property, as long as they accredit the exercise of a possession with the necessary term, under the conditions required by the Civil Code, tending to the protection of the forest resource and the ecosystemic balance existing in those forests.

[Nombre16]

ORDINARY PROCEEDING

EXP: EXPN1

PLAINTIFF: ASOCIACIÓN CONSERVACIONISTA MONTEVERDE

DEF: [Nombre3] AND OTHERS

CPE

Notification record


Party or others

Result

Date

Server (a)


ASOCIACIÓN CONSERVACIONISTA MONTEVERDE     [Telf1]


PGR   ESTRADOS


[Nombre2]


[Nombre4]   [Telf2]


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SCIJ de Hacienda
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