Res. 01317-2011 Tribunal Agrario — Enforcement of environmental damages and dispossession — Cabécar Indigenous TerritoryEjecución por daños ambientales y despojo — Territorio Indígena Cabécar

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 01317 - 2011

Fecha de la Resolución: 26 de Noviembre del 2011 a las 15:23

Expediente: 00-160024-0465-AG

Redactado por: Carlos E Gonzalez Mora

Clase de asunto: Recurso de apelación

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Texto de la resolución

 

VOTO Nº 1317 -F-1 1

             TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las quince horas veinte minutos del veintitrés de noviembre de dos mil once .-

             EJECUCIÓN DE SENTENCIA dentro del PROCESO ORDINARIO, planteada por la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA CABECAR DE TALAMANCA, con cédula jurídica numero CED1       ; representada por [Nombre1]  , mayor, unión libre, agricultor, cédula de identidad numero CED2 -   -    ; contra [Nombre2]  , mayor, agricultor, vecino de Bocuare, portador de la cédula de identidad número: CED3 -     -  ; [Nombre3]  , mayor, jornalero, vecino de Atlanta del Valle de la Estrella, portador de la cédula de identidad número: CED4 -     -    ; y [Nombre4]  , mayor, soltero, agricultor, vecino de Bo c uare, portador de la cédula de identidad número: CED5 -     -    . Tramitado ante el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica. Actúa como Apoderado Especial Judicial de la parte ejecutante Licenciado Danilo Chaverri Barrantes, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, cédula de  identidad número CED6 -   -    , el Licenciado Willie Carballo Pérez en calidad de apoderado especial judicial de los codemandados [Nombre5]   y [Nombre4]  , así como el Licenciado Enrique Campos Moraga en condición de Defensor Público Agrario del codemandado [Nombre6]  .-

            Redacta el Juez González Mora, y

CONSIDERANDO:

            I.- Mediante resolución de las ocho horas del ocho de setiembre del dos mil once, el Lic. Javier Villalón Ruiz, juez del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, declaró con lugar la ejecución de sentencia planteada por Asociación Indígena de Desarrollo Integral Cabecar de Talamanca contra [Nombre5]  , [Nombre6]   y [Nombre4]  , condenándolos solidariamente a pagar los siguientes montos: a) por daño ambiental causado, la suma rebajada de siete millones doscientos treinta y seis mil setecientos treinta y nueve colones con diez céntimos. c) (sic) por daño material consistente en la tala y extracción de madera, la suma rebajada de dos millones seiscientos noventa y tres mil novecientos cincuenta colones con cuarenta y tres céntimos, d) perjuicios: por la imposibilidad de los indígenas a utilizar y disfrutar el terreno por que fueron despojados durante más de doce años la suma delimitada por la parte ejecutante de doce millones de colones, así como al pago de los intereses legales conforme al ordinal 1163 del Código Civil, igual al interés que pague el Banco Nacional de Costa Rica por los certificados de depósito a seis meses plazo en colones, desde la firmeza de este fallo hasta el efectivo pago de los rubros ahora aprobados; para un gran total de condenatoria de veintiún millones novecientos treinta mil seiscientos ochenta y nueve colones con cincuenta y tres céntimos.  Se condena igualmente a la parte ejecutada a ambas costas de esta ejecución de sentencia." (resolución a folios  843 a 848).

            II.- El Lic. Willie Carballo Pérez, apoderado especial judicial del co-demandado [Nombre5]  , recurre la resolución de las ocho horas del ocho de setiembre del dos mil once. En resumen, señala dicha resolución carece de fundamentación, es incongruente y contraria a derecho, incurre en una incorrecta valoración de la prueba, incurre en ultrapetita al resolver sobre un área mayor a la solicitada por la actora, valoración indebida del peritaje. En cuanto a los daños y perjuicios,  solo logró demostrar la corta de los árboles, no así el daño ambiental (escrito a folios 852 a 855).

            III.- Asimismo, el Lic. Enrique Campos Moraga, Defensor Público del codemandado [Nombre3]  , recurre la resolución de las ocho horas del ocho de setiembre del dos mil once.  Como agravios indica, en resumen, los siguientes: 1) se acogen sumas exorbitantes por daños y perjuicios, sin ningún fundamento técnico ni probatorio, sino en meras apreciaciones del perito y del juez respecto a la posilibilidad de acceder al pago de servicios ambientales. 2) se condena al pago de daños por corta de madera, basado en un informe que no da certeza del origen de la madera, sino que establece que los terrenos donde se extrae la madera no tienen relación con la propiedad en disputa.  3) en la sentencia se condena al pago de daño ambiental y por el aprovechamiento de madera, daños que nunca se dieron y la ejecutante no tiene derecho al cobro de ellos. Finalmente, pide se libere del pago de costas (escrito a folios 856 a 860).

            IV.- Previo a analizar los agravios de las partes, es importante recordar que el licenciado Carlos Adolfo Picado, juez del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en sentencia de las quince horas del quince de noviembre de dos mil uno, confirmada por el Tribunal Agrario, en Voto Nº 0160-F-07 de las once horas del veintisiete de febrero de dos mil siete, declaró CON LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS la presente demanda ordinaria de acción reivindicatoria agraria incoada por la Asociación Indígena de Desarrollo Integral Cabecar de Talamanca contra [Nombre5]  , [Nombre6]   y [Nombre4]  . Condenó a los demandados en abstracto al pago de los daños y perjuicios causados, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia. Ordenó el desalojo de los codemandados y la puesta en posesión de la asociación actora sobre el terreno objeto de esta litis, el cual se realizará una vez que esta sentencia adquiera firmeza mediante el procedimiento de compulsa contemplado en el artículo 62 inciso a) de la Ley de Jurisdicción Agraria. Condenó a los vencidos, al pago de ambas costas de este proceso (resolución de primera instancia a folios 250 a 260, voto del Tribunal Agrario a folios 467- 474). La puesta en posesión se efectuó el día 14 de noviembre del 2007 (acta a folios 520 a 524). Asimismo, se fijó por concepto de costas personales la suma de dos millones ciento cincuenta mil colones, rechazando el rubro de costas procesales, y por concepto de costas personales de la ejecución se fijó la suma de ciento siete mil quinientos colones (resolución de primera instancia de las 7:00 horas del 19 de noviembre del 2007, a folios 527 a 531,  confirmada por voto 097-F-08 de las 9:20 horas del 13 de febrero del 2008,  a folios 551 a 553). Luego de lo cual, en fecha 23 de octubre del 2008,  se presenta la ejecución de sentencia cuya resolución ahora se impugna. Este recuento es importante para determinar qué aspectos del proceso ya fueron resueltos y están precluidos.

            V.- Ahora bien, en cuanto a los agravios de los codemandados, dado que son muy similares, se analizan en forma conjunta.  En cuanto a los aspectos de forma de la resolución y que podrían acarrear la nulidad de la misma, considera este Tribunal no llevan razón los recurrentes, en cuanto dicha resolución si está fundamentada, tanto en la normativa legal vigente como en la prueba, en particular, la pericial (folios 661 al 670) y el informe del MINAE (folios 564 al 569). Tampoco se incurre en el vicio de ultrapetita, pues la resolución (folios 843 a 848) se ajusta a lo pedido por la actora, en resumen: daño por no poder disfrutar de casi 100 hectáreas de su tierra, daño ambiental por abrir trochas, claros en el bosque, tala de 12 árboles y daño de árboles remanentes; perjuicios  e intereses legales (folios 561-562).- Por ello se rechaza la solicitud de nulidad.

            VI.- En cuanto a los agravios de fondo, llevan parcialmente razón los recurrentes, en cuanto a la valoración del área que sufrió daño ambiental. Al presentar la demanda, la actora alegó como daños: a) la socola de partes boscosas, tala y acarreo de árboles, construcción de caminos internos, introducción de tractores y camiones en la finca, lo cual denomina "daños ecológicos"; b) apropiación y comercialización de madera (escrito inicial a folio 6). En la ejecución de sentencia, la parte actora solicitó el pago de los siguientes DAÑOS: a) daños, por los 12 años que la comunidad indígena no pudo disfrutar de casi 100 hectáreas de su tierra. Se valora en doce millones de colones.  b) daños ambientales, por las trochas que se abrieron dentro del bosque, de 600 metros de largo por 5 metros de ancho,  claros en el bosque (tala),  tala de 12 árboles (esto se valora solo como daño ambiental, en el siguiente punto se valora la madera) y daño a los árboles remanentes. Se valora en diez millones de colones;  c) Tala y extracción de 12 árboles maderables. Se valora en tres millones de colones. Y como perjuicios, indica: "Cualquiera de los aspectos que hemos considerado daños y que su Autoridad considera que técnicamente es un perjuicio.  Además los intereses de ley que se generen sobre el monto que finalmente defina el Juzgado como daños, desde hoy hasta el efectivo pago." (escrito a folio 561-562).  El juez del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en sentencia de las quince horas del quince de noviembre de dos mil uno, confirmada por el Tribunal Agrario, condenó a los demandados en abstracto al pago de los daños y perjuicios causados, sin especificar cuáles daños acoge (folios 250 a 260). Al resolver la ejecución de sentencia, el Ad quo condenó a los codemandados solidariamente por el daño ambiental causado, en la suma de siete millones doscientos treinta y seis mil setecientos treinta y nueve colones con diez céntimos, considerando un daño a 16.2 hectáreas de terreno. Asimismo, por la tala y extracción de madera, la suma de dos millones seiscientos noventa y tres mil novecientos cincuenta colones con cuarenta y tres céntimos. Fijó los perjuicios en la suma de doce millones de colones, por la imposibilidad de los indígenas a utilizar y disfrutar el terreno porque fueron despojados durante más de doce años. Asimismo, el pago de los intereses legales (resolución a folios 843 a 848). Revisados los autos, aparte del cálculo o estimación del perito (folio 668), no hay indicio ni prueba alguna que demuestre un daño a 16.2 hectáreas de terreno. El propio ejecutante, indica la afectación se limita a las trochas que se abrieron, de unos 600 metros de largo por 5 metros de ancho, y los claros en el bosque. Según se observa en las fotografía aéreas aportadas por Planimetría (a folios 225 y 230) y por el perito (a folio 668), aún se conserva buena parte de la cobertura forestal en la finca en litigio.  De allí, se debe dar veracidad a lo observado por el Juez  en el reconocimiento judicial, quien establece el área afectada suma aproximadamente cinco hectáreas: "Se ingresa al terreno en conflicto por la [Dirección1]  ... se observa aproximadamente una hectárea de socola y tacotal  En esta área se observan varios troncos y trozos de madera aparentemente empatiados...Continuando hacia el oeste de la finca, se observan varios árboles marcados...  Se puede determinar que la distancia de la trocha por la cual se ingresa a la finca es de aproximadamente seiscientos metros... Casi en el fondo de la finca y por la colindancia oeste de la misma, se observa un área de aproximadamente dos hectáreas de charral con restos de pasto... A ciento cincuenta metros del punto uno, existe un claro de aproximadamente media hectárea chapeado y de tacotal, y siguiendo hacia el sur, a unos quinientos metros del punto uno, se observa una hectárea de tacotal, maíz y frijoles..." (acta de reconocimiento judicial a folios 150-151).  Si tomamos el valor dado por el perito para 16.2 hectáreas (folios 661 al 670),  tenemos un monto de 438059.26 colones por hectárea, lo cual da un total (para cinco hectáreas) de DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS COLONES TREINTA CÉNTIMOS, suma en la cual se fija este rubro de daños ambientales ocasionados a la colectividad indígena, (sobre el tema, ver el Voto Nº 675-F-2007 de Sala Primera de las diez horas del 21 de setiembre del 2007).

            VII.- En cuanto al daño material propiamente,  consistente en la tala y extracción de madera, fijado por el Ad quo en la suma de dos millones seiscientos noventa y tres mil novecientos cincuenta colones con cuarenta y tres céntimos, dicho monto se ajusta al informe rendido por el MINAE (folios 564 a 566) y al cálculo efectuado por el perito (folio 669). Por lo cual se confirma este extremo.

            VIII.- En cuanto a la suma de doce millones de colones, concedida por concepto de perjuicios, en razón de la imposibilidad de los indígenas a utilizar y disfrutar el terreno durante más de doce años,  comparte este Tribunal lo resuelto por el Ad quo.  El Código Civil, de aplicación supletoria en materia agraria, expresamente señala: "La indemnización por ofensa a los derechos ajenos consistirá, si hubo usurpación o despojo, en la restitución de la cosa o derecho usurpado y en el pago de los daños y perjuicios" (artículo 325).  De tal forma, la sola desposesión del terreno sufrida por los indígenas, por los actos realizados por los codemandados, es suficiente conforme a la norma legal citada para acoger la pretensión de daños y perjuicios. Ahora bien, la finca invadida por los codemandados,  propiedad de la Comunidad Indígena Cabecar de Talamanca, tiene una extensión aproximada a cien hectáreas (97 hectáreas 8668.50 metros cuadrados, según plano L-267102-95, visible a folio 101). Y el periodo del despojo cobrado por el ejecutante son doce años (desde 1995 hasta la puesta en posesión, en el año 2007).  Valga señalar en la contestación de la demanda, los codemandados señalaron que poseen dichos terrenos desde 1970 (hechos 7º y 8º, a folio 105), pero en virtud del principio de congruencia, se tomará como fecha de la desposesión la indicada por la parte actora y tenida por demostrada en la sentencia de primera instancia (hecho 8º a folio 252). Si dividimos los doce millones de colones, entre los doce años y luego, entre el número de metros de la finca invadida, resulta que en sentencia se concedió tan solo un colón por metro cuadrado, por año. La determinación del monto bien pudo efectuarse con otros parámetros o referencias, tales como el valor de la renta en un terreno de características similares. No obstante, considera este Tribunal el parámetro utilizado es adecuado, ya que el pago de servicios ambientales valora no solo el valor de la tierra, sino también de los servicios que ella genera. De tal manera, considera este Tribunal la suma concedida tiene sustento técnico y probatorio, es razonable y se ajusta a las normas de equidad y de derecho (artículo 54 Ley de la Jurisdicción Agraria).

            IX.- Finalmente, en cuanto a las costas personales de esta ejecución, vista la forma en que se resuelve en esta instancia rebajando el cobro inicial del ejecutante se considera había motivo suficiente para litigar, por el monto considerado excesivo. De tal forma, se revoca únicamente en este extremo la resolución impugnada, para en su lugar resolver esta ejecución sin especial condenatoria en costas.

POR TANTO :

            Se revoca parcialmente la resolución de las de las ocho horas del ocho de setiembre del dos mil once del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, únicamente en cuanto condenó a los codemandados al pago de ambas costas de esta ejecución, para en su lugar resolver esta ejecución sin especial condenatoria en costas. Asimismo, se fija en la suma de DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS COLONES TREINTA CÉNTIMOS, modificándose el monto concedido por concepto de daños ambientales ocasionados a la colectividad indígena, para un total de dieciséis millones ochocientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y

seis colones con setenta y tres céntimos. (16.884.246 73)   En lo demás,  se confirma la resolución recurrida.

 

 

[Nombre7] 

 

 

[Nombre8]       [Nombre9]     

  

       

 

 

 

EXPEDIENTE: EXPN1

PROCESO: EJECUCIÓN DE  SENTENCIA

ACTOR: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA

 CABECAR DE TALAMANCA

DEMANDADO :  [Nombre2]   Y OTROS

  

Constancia de notificación




Parte u otros

	

Resultado

	

Fecha

	

Servidor (a)




ACTOR

[Telf1]

	

 

	

 

	

 




 

	

 

	

 

	

 




DEMANDADO

[Telf2]

	

 

	

 

	

 

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 21-02-2026 08:54:41.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

VOTE Nº 1317 -F-1 1

             AGRARIAN TRIBUNAL OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Goicoechea, at fifteen hours twenty minutes on the twenty-third of November two thousand eleven.-

             ENFORCEMENT OF JUDGMENT within the ORDINARY PROCEEDING, brought by the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA CABECAR DE TALAMANCA, with legal identification number CED1; represented by [Nombre1], of legal age, common-law marriage, farmer, identity card number CED2 - - ; against [Nombre2], of legal age, farmer, resident of Bocuare, bearer of identity card number: CED3 - - ; [Nombre3], of legal age, day laborer, resident of Atlanta del Valle de la Estrella, bearer of identity card number: CED4 - - ; and [Nombre4], of legal age, single, farmer, resident of Bocuare, bearer of identity card number: CED5 - - . Processed before the Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica. Acting as Special Judicial Attorney-in-Fact for the executing party is Licenciado Danilo Chaverri Barrantes, of legal age, married, attorney, resident of Heredia, identity card number CED6 - - , and Licenciado Willie Carballo Pérez in his capacity as special judicial attorney-in-fact for the co-defendants [Nombre5] and [Nombre4], as well as Licenciado Enrique Campos Moraga in his capacity as Public Agrarian Defender for co-defendant [Nombre6].-

            Drafted by Judge González Mora, and

CONSIDERANDO:

            I.- By resolution at eight hours on the eighth of September two thousand eleven, Lic. Javier Villalón Ruiz, judge of the Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, granted the enforcement of judgment brought by Asociación Indígena de Desarrollo Integral Cabecar de Talamanca against [Nombre5], [Nombre6] and [Nombre4], jointly and severally ordering them to pay the following amounts: a) for environmental damage caused, the reduced sum of seven million two hundred thirty-six thousand seven hundred thirty-nine colones with ten céntimos. c) (sic) for material damage consisting of the logging and extraction of timber, the reduced sum of two million six hundred ninety-three thousand nine hundred fifty colones with forty-three céntimos, d) lost profits (perjuicios): for the impossibility of the indigenous people to use and enjoy the land of which they were dispossessed for more than twelve years, the sum specified by the executing party of twelve million colones, as well as the payment of legal interest pursuant to Article 1163 of the Civil Code, equal to the interest paid by Banco Nacional de Costa Rica on six-month term certificates of deposit in colones, from the finality of this judgment until the effective payment of the items now approved; for a total judgment sum of twenty-one million nine hundred thirty thousand six hundred eighty-nine colones with fifty-three céntimos. The judgment debtor is likewise ordered to pay both costs of this enforcement of judgment." (resolution on folios 843 to 848).

            II.- Lic. Willie Carballo Pérez, special judicial attorney-in-fact for co-defendant [Nombre5], appeals the resolution of eight hours on the eighth of September two thousand eleven. In summary, he states that said resolution lacks reasoning, is incongruent and contrary to law, incurs in an incorrect assessment of evidence, incurs in ultrapetita by resolving on an area greater than that requested by the plaintiff, and improperly assesses the expert opinion. Regarding damages (daños) and lost profits (perjuicios), only the felling of trees was demonstrated, but not the environmental damage (written brief on folios 852 to 855).

            III.- Likewise, Lic. Enrique Campos Moraga, Public Defender of co-defendant [Nombre3], appeals the resolution of eight hours on the eighth of September two thousand eleven. As grievances, he indicates, in summary, the following: 1) exorbitant sums are granted for damages and lost profits, without any technical or evidentiary basis, but based on mere appreciations of the expert and the judge regarding the possibility of accessing payment for environmental services (pago de servicios ambientales). 2) payment of damages for timber logging is ordered, based on a report that does not give certainty as to the origin of the timber, but rather establishes that the lands from which the timber was extracted have no relation to the property in dispute. 3) the judgment orders payment for environmental damage and for timber extraction, damages that never occurred and which the executing party has no right to collect. Finally, he requests to be relieved from the payment of costs (written brief on folios 856 to 860).

            IV.- Prior to analyzing the grievances of the parties, it is important to recall that Licenciado Carlos Adolfo Picado, judge of the Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, in a judgment at fifteen hours on the fifteenth of November two thousand one, confirmed by the Agrarian Tribunal, in Voto Nº 0160-F-07 at eleven hours on the twenty-seventh of February two thousand seven, declared WITH MERIT IN ALL RESPECTS the present ordinary agrarian revendication action brought by Asociación Indígena de Desarrollo Integral Cabecar de Talamanca against [Nombre5], [Nombre6] and [Nombre4]. It condemned the defendants in abstracto to the payment of the damages (daños) and lost profits (perjuicios) caused, which shall be liquidated in the enforcement of judgment. It ordered the eviction of the co-defendants and the placing into possession of the plaintiff association over the land subject of this litigation, which shall be carried out once this judgment becomes final through the compulsory procedure contemplated in Article 62, subsection a) of the Ley de Jurisdicción Agraria. It condemned the losing parties to payment of both costs of this proceeding (first instance resolution on folios 250 to 260, ruling of the Agrarian Tribunal on folios 467-474). The placing into possession was effected on the 14th of November 2007 (record on folios 520 to 524). Likewise, for personal costs the sum of two million one hundred fifty thousand colones was set, rejecting the item of procedural costs, and for personal costs of the enforcement the sum of one hundred seven thousand five hundred colones was set (first instance resolution at 7:00 hours on the 19th of November 2007, on folios 527 to 531, confirmed by ruling 097-F-08 at 9:20 hours on the 13th of February 2008, on folios 551 to 553). After which, on the 23rd of October 2008, the enforcement of judgment whose resolution is now being challenged was filed. This recount is important for determining which aspects of the proceeding have already been resolved and are precluded.

            V.- Now then, regarding the grievances of the co-defendants, given that they are very similar, they are analyzed jointly. As to the formal aspects of the resolution that could result in its nullity, this Tribunal considers the appellants are not correct, in that said resolution is indeed grounded, both in the applicable legal norms and in the evidence, particularly the expert evidence (folios 661 to 670) and the MINAE report (folios 564 to 569). Nor is the defect of ultrapetita incurred, since the resolution (folios 843 to 848) conforms to what was requested by the plaintiff, in summary: damage from not being able to enjoy nearly 100 hectares of their land, environmental damage from opening trails (trochas), clearings in the forest, logging of 12 trees and damage to remnant trees; lost profits and legal interest (folios 561-562).- Therefore, the request for nullity is rejected.

            VI.- As to the substantive grievances, the appellants are partially correct regarding the assessment of the area that suffered environmental damage. Upon filing the complaint, the plaintiff alleged the following damages: a) clearing of forested parts (socola), logging and hauling of trees, construction of internal roads, introduction of tractors and trucks on the farm, which it calls "ecological damages"; b) appropriation and commercialization of timber (initial written brief on folio 6). In the enforcement of judgment, the plaintiff party requested payment of the following DAMAGES (DAÑOS): a) damages, for the 12 years that the indigenous community could not enjoy nearly 100 hectares of its land. Valued at twelve million colones. b) environmental damages, for the trails (trochas) that were opened inside the forest, 600 meters long by 5 meters wide, clearings in the forest (logging), logging of 12 trees (this is valued only as environmental damage; the timber is valued in the following point) and damage to the remaining trees. Valued at ten million colones; c) Logging and extraction of 12 timber trees. Valued at three million colones. And as lost profits (perjuicios), it indicates: "Any of the aspects that we have considered damages and that Your Honor considers technically constitutes lost profits. Also the legal interest generated on the amount that the Court finally defines as damages, from today until effective payment." (written brief on folio 561-562). The judge of the Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, in the judgment at fifteen hours on the fifteenth of November two thousand one, confirmed by the Agrarian Tribunal, condemned the co-defendants in abstracto to payment of the damages and lost profits caused, without specifying which damages it granted (folios 250 to 260). In resolving the enforcement of judgment, the Ad quo jointly and severally ordered the co-defendants for the environmental damage caused, in the sum of seven million two hundred thirty-six thousand seven hundred thirty-nine colones with ten céntimos, considering damage to 16.2 hectares of land. Likewise, for the logging and extraction of timber, the sum of two million six hundred ninety-three thousand nine hundred fifty colones with forty-three céntimos. It set the lost profits at the sum of twelve million colones, for the impossibility of the indigenous people to use and enjoy the land because they were dispossessed for more than twelve years. Likewise, the payment of legal interest (resolution on folios 843 to 848). Upon reviewing the record, apart from the expert's calculation or estimate (folio 668), there is no indication or evidence whatsoever demonstrating damage to 16.2 hectares of land. The executing party itself indicates the impact is limited to the trails (trochas) that were opened, approximately 600 meters long by 5 meters wide, and the clearings in the forest. As can be observed in the aerial photographs provided by Planimetría (on folios 225 and 230) and by the expert (on folio 668), a good portion of the forest cover (cobertura forestal) on the farm in dispute is still preserved. Hence, credibility must be given to what was observed by the Judge during the judicial inspection, who established the affected area totals approximately five hectares: "One enters the disputed land from [Dirección1] ... approximately one hectare of clearing (socola) and scrubland (tacotal) is observed. In this area several stumps and pieces of apparently piled timber are observed... Continuing towards the west of the farm, several marked trees are observed... It can be determined that the distance of the trail (trocha) through which the farm is entered is approximately six hundred meters... Almost at the back of the farm and along its western boundary, an area of approximately two hectares of brush (charral) with pasture remnants is observed... One hundred fifty meters from point one, there is a clearing of approximately half a hectare, cleared and of scrubland, and continuing southward, about five hundred meters from point one, one hectare of scrubland, corn and beans is observed..." (judicial inspection record on folios 150-151). If we take the value given by the expert for 16.2 hectares (folios 661 to 670), we have an amount of 438,059.26 colones per hectare, which yields a total (for five hectares) of TWO MILLION ONE HUNDRED NINETY THOUSAND TWO HUNDRED NINETY-SIX COLONES THIRTY CÉNTIMOS, sum at which this item of environmental damages caused to the indigenous community is set (on this topic, see Voto Nº 675-F-2007 of the First Chamber at ten hours on September 21, 2007).

            VII.- As for the material damage itself, consisting of the logging and extraction of timber, set by the Ad quo at the sum of two million six hundred ninety-three thousand nine hundred fifty colones with forty-three céntimos, said amount conforms to the report issued by MINAE (folios 564 to 566) and to the calculation made by the expert (folio 669). Therefore, this point is confirmed.

            VIII.- Regarding the sum of twelve million colones, granted as lost profits (perjuicios), due to the impossibility of the indigenous people to use and enjoy the land for more than twelve years, this Tribunal shares what was decided by the Ad quo. The Civil Code, of supplementary application in agrarian matters, expressly states: "Indemnification for offense to the rights of others shall consist, if there was usurpation or dispossession, in the restitution of the thing or right usurped and in the payment of damages and lost profits" (Article 325). Thus, the mere dispossession of the land suffered by the indigenous people, due to the acts carried out by the co-defendants, is sufficient pursuant to the cited legal norm to grant the claim for damages and lost profits. Now then, the farm invaded by the co-defendants, owned by the Comunidad Indígena Cabecar de Talamanca, has an area of approximately one hundred hectares (97 hectares 8668.50 square meters, according to map L-267102-95, visible on folio 101). And the period of the dispossession claimed by the executing party is twelve years (from 1995 until the placing into possession, in 2007). It is worth noting that in the answer to the complaint, the co-defendants stated that they have possessed said lands since 1970 (facts 7th and 8th, on folio 105), but by virtue of the principle of congruence, the date of dispossession indicated by the plaintiff party and held as proven in the first instance judgment (fact 8th on folio 252) shall be taken. If we divide the twelve million colones by the twelve years and then by the number of meters of the invaded farm, it results that the judgment granted only one colón per square meter, per year. The determination of the amount could well have been made using other parameters or references, such as the rental value of land with similar characteristics. However, this Tribunal considers the parameter used is adequate, since the payment for environmental services (pago de servicios ambientales) values not only the value of the land, but also the services it generates. Consequently, this Tribunal considers that the sum granted has technical and evidentiary basis, is reasonable, and conforms to the norms of equity and law (Article 54 Ley de la Jurisdicción Agraria).

            IX.- Finally, regarding the personal costs of this enforcement, in view of the manner in which this instance reduces the enforcement party's initial claim, it is considered that there was sufficient reason to litigate, due to the amount deemed excessive. Accordingly, the challenged resolution is reversed solely in this respect, in order to resolve this enforcement without special award of costs.

POR TANTO:

            The resolution of eight hours on the eighth of September two thousand eleven of the Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica is partially reversed, solely insofar as it ordered the co-defendants to pay both costs of this enforcement, in order instead to resolve this enforcement without special award of costs. Likewise, the amount of TWO MILLION ONE HUNDRED NINETY THOUSAND TWO HUNDRED NINETY-SIX COLONES THIRTY CÉNTIMOS is set, modifying the amount granted for environmental damages caused to the indigenous community, for a total of sixteen million eight hundred eighty-four thousand two hundred forty and

six colones with seventy-three céntimos. (16,884,246.73). In all other respects, the appealed resolution is confirmed.

[Nombre7]

[Nombre8] [Nombre9]