Res. 00063-2009 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI — Nullity of the Coastal Regulatory Plan and Concessions in Punta Ventanas de Osa for Constituting State Natural HeritageNulidad del Plan Regulador Costero y Concesiones en Punta Ventanas de Osa por constituir Patrimonio Natural del Estado

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI

Resolución Nº 00063 - 2009

Fecha de la Resolución: 19 de Enero del 2009 a las 16:00

Expediente: 08-000904-1027-CA

Redactado por: Cynthia Abarca Gómez

Clase de asunto: Proceso de conocimiento

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias Relacionadas


Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Ambiental

Tema: Patrimonio natural

Subtemas:

Alcances del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Nulidad de plan regulador y de concesiones en zona marítimo por actuaciones irregulares y omisivas de la Administración.
Daño al ecosistema boscoso en área costera de Punta Ventanas de Osa.

Tema: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado

Subtemas:

Análisis con respecto al patrimonio natural del estado.

Tema: Zona marítimo terrestre

Subtemas:

Naturaleza jurídica, competencias y análisis de la planificación costera.
Incompetencia de la Municipalidad para aprobar plan regulador y otorgamiento irregular de concesiones en áreas boscosas de zona marítimo.

Tema: Ministerio de Ambiente y Energía

Subtemas:

Nulidad de plan regulador costero por incompetencia de la Municipalidad para aprobarlo y falta de formalidades esenciales.
Competencia para administrar áreas boscosas del patrimonio natural del Estado.

Tema: Concesión en zona marítimo terrestre

Subtemas:

Nulidad al omitir aprobación del ICT.
Solicitud ante la Municipalidad no legitima la ocupación ni otorga ningún derecho sobre la misma.

Tema: Plan regulador de zona marítimo terrestre

Subtemas:

Nulidad de plan regulador costero por incompetencia de la Municipalidad para aprobarlo y falta de formalidades esenciales.

Tema: Instituto Costarricense de Turismo

Subtemas:

Competencias referidas a los planes reguladores y concesiones en la zona marítimo terrestre.

Tema: Municipalidad

Subtemas:

Incompetencia para aprobar plan regulador y otorgamiento irregular de concesiones en áreas boscosas de zona marítimo.
Conductas administrativas que originan daños al ecosistema en los terrenos boscosos comprendidos en Punta Ventanas de Osa.

Tema: Daños y perjuicios derivados de responsabilidad civil de la Administración

Subtemas:

Actuaciones administrativas irregulares que aprueban plan regulador y otorgan concesiones dentro de patrimonio natural del Estado.
Conductas omisivas que constituyen daño al ecosistema boscoso de la zona marítimo de Punta Ventanas de Osa.

Tema: Procuraduría General de la República

Subtemas:

Ejercicio del control jurídico para el debido cumplimiento de las disposiciones dentro de la protección del patrimonio natural y la zona marítimo.

“IV.-EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO COMO EXPRESIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO, RECONOCIDO Y TUTELADO POR EL DERECHO DE LA CONSTITUCIÓN. Considera este Tribunal que antes de entrar a resolver el caso en concreto, resulta necesario referirse a los siguientes aspectos. Reconocimiento constitucional  del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En Costa Rica, el reconocimiento y tutela en el Derecho de la Constitución del citado derecho fundamental  no tiene como punto de partida la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, dispuesta por Ley número 7412 del tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Lo anterior toda vez que ya que desde la promulgación del texto constitucional en el año 1949, la voluntad del Constituyente fue clara al establecer en el artículo 89, que: “Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico”; lo cual, se complementa con la tajante declaración contenida en el artículo 21, en el sentido de que en nuestro país, “La vida humana es inviolable”. La integración de lo dispuesto en ambos artículos implica, que la necesidad de preservar el medio ambiente –aunque en esa época el Constituyente utilizara el término de bellezas naturales-, trasciende una finalidad de carácter meramente cultural, para convertirse en una necesidad vital de todo ser humano, pues constituye un presupuesto esencial para hacer efectivos otros derechos fundamentales como lo son: la vida, la salud y el desarrollo. (véanse en ese sentido, las sentencias número 1993-03705 de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres; 1993-06240 de las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil  novecientos noventa y tres; 1993-04423 de las doce horas del siete de diciembre de mil novecientos noventa y tres, 1994-02485 de las nueve horas dieciocho minutos del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, todas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).  En ese sentido, cabe recordar que el Derecho de la Constitución está compuesto no sólo por el texto constitucional, sino también por los valores y principios que informan y permean su contenido, como también por los Tratados Públicos, los Convenios Internacionales y los Concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, así como también, por los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en la República (ver artículos 1, 7, 21, 50 de la Constitución Política; 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitución Política). Aunado a ello, las normas escritas y no escritas que conforman el Derecho a la Constitución, se caracterizan por ser de aplicación directa e inmediata, por lo que, sus destinatarios no sólo tienen el derecho de hacerlas efectivas en vía administrativa y jurisdiccional, si estiman que por acción u omisión han sido menoscabadas, sino que además, ello implica que los operadores del derecho tienen el deber de aplicarlas de forma directa e inmediata en su proceso de toma de decisiones, a efecto de cumplir los requerimientos constitucionales  (véase lo considerado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en sentencia número 1999-00644 de las once horas veinticuatro minutos del veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve).  Si se toma como base lo dispuesto en los artículos 7, 48 de la Constitución Política y, 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, podemos afirmar que aún y cuando el texto constitucional no hubiese contenido normas relativas al reconocimiento y tutela del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ese derecho y deber correlativo no sólo ya existían en el derecho interno costarricense, sino que además su tutela efectiva era exigible tanto a nivel doméstico como internacional. Ello en virtud de que el Estado Costarricense había suscrito una serie de Convenios, Tratados e Instrumentos Internacionales relacionados con esta materia, antes de que por Ley número 7412 del tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se reformara el artículo 50 de la Constitución Política, instrumentos entre los que destacan: el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (artículos 2.1, 12.1 y 12.2.c); el “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (artículo 11); la “Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural”, suscrita en París el 23 de noviembre de mil novecientos setenta y dos y, aprobada por Ley número 5980 del veintitrés de octubre de mil novecientos setenta y seis; la “Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América”, adoptada en Washington el tres de marzo de mil novecientos setenta y tres y aprobada por Ley número 3763 del diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y seis; la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, suscrito en Ramsar el dos de febrero de mil novecientos setenta y uno, y aprobado por Ley número 7224 de mil novecientos noventa y uno; el “Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono”, adoptado en Viena el veintidós de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, y aprobado por Ley número 7228 de veintidós de abril de mil novecientos noventa y uno, y su “Protocolo de Montreal Relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono”, suscrito en Montreal el dieciséis de setiembre de mil novecientos ochenta y siete, y aprobado por Ley número 7223 del dos de abril de mil novecientos noventa y uno; la “Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar”, suscrita en Montego Bay el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y aprobada por Ley número 7291 publicada el quince de julio de mil novecientos noventa y dos, entre otras. Todas esas normas internacionales se integraron al derecho interno costarricense de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 48 de la Constitución Política y, 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que, “...todos estos instrumentos internaciones son de obligado acatamiento y gozan de plena ejecutoriedad en tanto sus normas no precisen de mayor desarrollo legislativo y por ende deben ser respetadas (...) en tanto el rango normativo de aquéllas es superior...” (Sentencia número 1993-06240 dictada por la Sala Constitucional de la  Corte Suprema de Justicia a las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres).

Desarrollo Infraconstitucional del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin duda, el reconocimiento y tutela del citado derecho fundamental, provocó el desarrollo infraconstitucional de aquel, por medio del dictado de normas legales o reglamentarias en las que se regulan diversas manifestaciones del mismo, las cuales fueron emitidas mucho antes de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política. Como ejemplo de ello tenemos: la Ley de Aguas (No. 276 del 27 de agosto de 1942; Ley de Planificación Urbana (No. 4240 del 15 de noviembre de 1978, la Ley Forestal (No. 4465 del 25 de noviembre de 1979, ya derogada); la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (No. 6043 del 2 de marzo de 1977); la Ley General de Salud (No.  5395 del 30 de octubre de 1973); la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales (No. 6084 del 24 de agosto de 1977); la Ley de Salud Animal (No.  6243 del 2 de mayo de 1978); la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (No. 7317 del 21 de octubre de 1992), entre otras. Lo anterior implica, que antes de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, el derecho fundamental a que hemos hecho referencia no sólo estaba reconocido y tutelado en el Derecho a la Constitución, sino también, se había desarrollado –aunque de manera sectorial y no con visión de conjunto- a nivel legal y reglamentario. En virtud de lo hasta ahora expuesto, este Tribunal estima que la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, no hizo sino reconocer de manera expresa y claramente individualizada, un derecho fundamental que ya estaba consagrado y garantizado por el Derecho de la Constitución; declarar en forma expresa, los alcances de la ya preexistente obligación del Estado,  respecto a garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y otorgar a las personas plena acción para defenderlo, a través de una acción popular (ver sentencias número 1994-01394 de a las quince horas veintiún minutos del dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, y 1994-05527 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de setiembre de mil novecientos noventa y  cuatro, ambas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).

Consecuencias del reconocimiento de la garantía del artículo 50 constitucional en los términos explicados.  Dicho reconocimiento lleva aparejado dos aspectos relevantes para la resolución del presente proceso. Primero. La imposición de un deber, tanto para el Estado –entendido como Administración Central y Descentralizada- como para los mismos sujetos de derecho privado, de garantizar, defender y preservar ese derecho. Segundo. El establecimiento de una serie de mecanismos de carácter técnico jurídico para lograr una tutela efectiva de ese derecho, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional. En cuanto al primero de estos aspectos, cabe indicar que “La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, y congruentemente de las municipalidades (téngase presente el artículo 169 constitucional), encuentra su primera razón de ser en que por definición los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado en su papel de garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad.  La Constitución Política establece que el Estado debe garantizar, defender y preservar ese derecho.  Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales...” (sentencia No. 1999-00644 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 11:24 horas once horas del 29 de enero de 1999). En ese sentido, “...La acción que la Constitución Política impone al Estado  frente a los focos de contaminación ambiental es multidireccional y definitivamente activa, absolutamente intolerante frente a situaciones que amenazan o afectan las condiciones ambientales óptimas que están garantizadas por ella misma a los habitantes. Desde esta perspectiva no es permitido a la autoridades públicas hacer concesiones o conceder prórrogas para que se continúe afectando el medio ambiente, aún y cuando ello se haga con miras a traer beneficios económicos a una zona geográfica determinada...” (sentencia No. 1999-05906 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las 16:15 horas del 28 de julio de 1999). Ese deber constitucional del Estado de velar por la protección, defensa y preservación del medio ambiente, se desarrolla y manifiesta, entre otras,  en las siguientes normas: artículos 1, 2.a. 2.c, 2 párrafo último, 3, 12, 28, 32, 34, 37, 56, 59, 78, 83, 103 a 112 de la Ley Orgánica del Ambiente; artículos 1, 2, 9.4, 12, 22 a 30, 45, 49, 54, 86, 88 de la Ley de Biodiversidad; 3, 4, 6, 7, 15, 34, 122 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 1, 2, 5, 6, 13, 37, 54 de la Ley Forestal; 5, 6, 7, 11, 21, 29 a 33, 37 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 13.a ,13.o del Código Municipal; 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; 1, 2 de la Ley General de Salud; 1, 2, 17, 175, 176 de la Ley de Aguas; 15,18, 19, 51, 56, 58.5, Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana. Ahora bien, ese deber no sólo se circunscribe al Estado en su conjunto, sino también a los sujetos de derecho privado, quienes tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero también, a garantizarlo, preservarlo y defenderlo, tal y como se desprende, entre otros, de los artículos 1 párrafo primero, 2.a, 6, 22, 23, 99, de la Ley Orgánica del Ambiente; 10.2, 10.13, 11.4, 88 95, 101, 105 de la Ley de Biodiversidad; 15, 28 a 30, 36 a 38, 51 53, 62 a 64, 83, 88 a 121 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 57 a 66 de la ley Forestal; 37, 40, 41 a 45, 51 a 53 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 14 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; como también, de las sentencias número 1999-02219 de las quince horas dieciocho minutos del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve; 1999-05906 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las dieciséis horas quince minutos del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve, entre otras. En cuanto al segundo aspecto, relacionado con el establecimiento de una serie de mecanismos de carácter técnico jurídico para lograr una tutela efectiva de ese derecho, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional, este Tribunal considera que dichos medios de tutela pueden clasificarse en dos grandes grupos:  procesales y  materiales.  Es preciso aclarar, que si bien es cierto, se hará referencia a ejemplos concretos relacionados con cada uno de los criterios de clasificación antes indicados, la intención de este Tribunal no es la de establecer una lista de números clausus, sino únicamente resaltar por medio de dichos ejemplos, aspectos que tienen incidencia en el objeto de este proceso. En ese sentido, dentro del grupo de los mecanismos de tutela de índole procesal, cabe resaltar tres ejemplos: 1) La legitimación amplia que le otorga a toda persona el párrafo segundo del artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 105 de la Ley de Biodiversidad, para denunciar tanto en vía administrativa como jurisdiccional, las conductas que infrinjan el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y para reclamar el daño causado. Cabe resaltar que en principio, la legitimación en materia ambiental se originaría en una simple habilitación normativa sin que de por medio exista un derecho o un interés de carácter individual, colectivo o difuso, no obstante, este Tribunal estima que en el fondo lo que cada persona pretenderá tutelar es un derecho que forma parte de su esfera vital y de cuya garantía, defensa y preservación efectiva, depende que pueda desarrollarse y vivir conforme al principio de dignidad humana (ver artículo 2.a de la Ley Orgánica del Ambiente, en el sentido de que el ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación). 2) Un sistema de medidas cautelares innominado y de ser necesario, de naturaleza anticipada (artículos 108 de la Ley de Biodiversidad, 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 19 a 30 del Código Procesal Contencioso Administrativo). 3) La aplicación de los principios rectores en materia ambiental, a saber: in dubio pro natura, preventivo y precautorio,  como medios para garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por ende, para evitar que su existencia esté restringida al plano semántico de la realidad jurídica (ver artículos 4.c, 17 y 34 de la Ley Orgánica del Ambiente, 11 incisos 1 y 2 , 92 de la Ley de Biodiversidad, principio 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río y entre otras, la sentencia número 1999-01250 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las once horas veinticuatro minutos del diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve). En ese sentido, el operador del derecho siempre deberá tomar en consideración que “...cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación  del medio ambiente...”. Por otra parte, en el grupo de los mecanismos de tutela de índole material, resultan muy representativas las dos siguientes manifestaciones: 1) La evaluación del Impacto Ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como requisito sine qua non para iniciar actividades, obras o proyectos, que puedan alterar o destruir elementos del ambiente o de la biodiversidad, o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos. Dicho requisito se encuentra vigente desde el 13  de noviembre de 1995, fecha en que se publicó la Ley Orgánica del Ambiente. También se encuentra regulado en los artículos 92 a 97 de la Ley de Biodiversidad; artículo 14 de la Convención sobre la Diversidad y sus Anexos I y II; principio 17 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río; artículo 18 de la Ley Forestal;  Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación Ambiental (Decreto Ejecutivo número 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), entre otros. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que  “...el hecho de que se reconozcan tanto el derecho a la salud como el derecho a gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado, como derechos fundamentales, obliga a la Sala a precisar que la solución del problema no puede estar fundamentado en soluciones rápidas; que, para adoptar una decisión en este campo, debe contarse con los estudios técnicos que la solución que se propone, en cada caso concreto, no será el origen de un problema de salud pública o de alteración indebida al ambiente...” (Entre otras, la sentencia No. 1995-02671 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 16:45 minutos del 24 de mayo de 1995). En ese sentido, “...no es posible que el Estado ejecute o autorice la ejecución de proyectos sobre los cuales existe duda en cuanto al impacto negativo que puedan generar al ambiente. En consecuencia, la omisión de efectuar un estudio de impacto ambiental previo, se traduce en una violación del artículo 50 constitucional...” (sentencia No. 1999-02219 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 15:18 horas del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve). 2) La existencia de bienes propios de la Nación –como les denomina el texto constitucional-, los que al formar parte del dominio público, se caracterizan por ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, por lo que, su desafectación o aplicación a usos públicos, está reservada a la Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 inciso 14 párrafo primero de la Constitución Política. Dentro de esos bienes cuya conservación constituye un asunto de interés público ambiental (artículo 11. de la Ley de Biodiversidad), se encuentran: el ambiente definido en el artículo 2.a) de la Ley Orgánica del Ambiente, como patrimonio común de todos los habitantes de la Nación; la Zona Marítimo Terrestre (artículos 1 y 73 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre); el Patrimonio Natural del Estado (artículos 13 a 18 de la Ley Forestal); la Fauna y la Flora Silvestre (artículos 3 y 4 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre); las Aguas conforme al desglose contenido en el artículo 1 de la Ley de Aguas.

Sobre el Patrimonio Natural del Estado. Conforme al objeto del proceso que nos ocupa, este Tribunal centrará su análisis en el Patrimonio Natural del Estado (PNE). Dado los términos del reconocimiento del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como ya fueron explicados, es menester resaltar que la Ley Forestal No. 4465 ya citada ( y que fuera derogada por la Ley Forestal número 7575 del 5 de febrero de 1996), no sólo contenía “...como función esencial y prioridad del Estado, velar por la protección, conservación, el aprovechamiento, la industrialización, la administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables...” (artículo 1), sino también, los conceptos de Bosque (artículo 6) y de Patrimonio Forestal del Estado (artículo 32 párrafo primero). En cuanto al Patrimonio Forestal del Estado, la Ley No. 4465 establecía sus características (artículo 33); los órganos competentes para administrar y fiscalizar el Patrimonio Forestal del Estado, que conforme a esa normativa eran la Dirección General Forestal y el Ministerio de Ambiente y Energía (artículo 32 párrafo segundo), así  como las potestades conferidas a estos órganos para efectos de proteger y conservar el Patrimonio Forestal del Estado. Entre estas últimas, conviene destacar las siguientes: 1) Las acciones reinvindicatorias de esos inmuebles (artículo 33), 2) La constitución dentro del Patrimonio Natural del Estado de reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios nacionales de vida silvestre y reservas biológicas (artículos 35 a 37); 3) El deslinde en los terrenos de las áreas que conforman el Patrimonio Forestal del Estado (artículo 38). Por otra parte, en la Ley Forestal No. 7575 hoy vigente, se retoma ese concepto pero con una variación en el nombre, pues ahora se le denomina Patrimonio Natural del Estado. Dicho término es más amplio toda vez que abarca la protección y preservación del ecosistema boscoso (artículo 3 inciso c de la Ley Forestal). El Patrimonio Natural del Estado es de dominio público, razón por la cual, los terrenos y bosques comprendidos en él son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Asimismo, su conservación y administración están confiadas por ley al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), tal y como lo disponen los artículos 6.a, 13 párrafo segundo y 14 de la citada Ley Forestal y el numeral 32 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Ambiente. El PNE está integrado por dos importantes componentes: 1) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo y que se hayan declarado por Ley o por Decreto Ejecutivo, a saber: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley No. 7575, artículo 1°, párrafo 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32; Ley de Biodiversidad, artículo 22 y siguientes y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales, artículo 3° incisos. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE  y su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre, artículo 82, inciso a); 2) Los demás bosques y terrenos forestales de las áreas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las Municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, que tienen una afectación legal inmediata, excepto aquellos inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio (artículo 13 párrafo primero de la Ley Forestal). Cabe resaltar que,  tanto las Áreas Silvestres Protegidas como el resto de áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal comprendidas en la zona marítimo terrestre, están excluidas del ámbito  de regulación de la Ley No. 6043 y por ende, de la competencia de la Municipalidades, como se ampliará posteriormente.  Se encuentran estas zonas sujetas a su propia legislación (Ley Forestal), lo cual implica, que su administración compete al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (ver en este sentido la sentencia número 2008-16975 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las catorce horas cincuenta y tres minutos del doce de noviembre del dos mil ocho). Ahora bien, como parte de los deberes que les competen al MINAET y al SINAC para la conservación y protección del Patrimonio Nacional del Estado, están: 1) el ejercicio de la acción reinvindicatoria del PNE, que es imprescriptible (artículo 14); 2) delimitar en el terreno, los linderos que conforman el Patrimonio Natural del Estado (artículo 16); 3) coordinar con el Registro Nacional, el establecimiento de un catastro forestal, cuyo objetivo será regular las áreas comprendidas dentro del PNE y las que se sometan voluntariamente al régimen forestal (artículo 17); 4) La Administración Pública no puede permutar, ceder, enajenar de ninguna manera, entregar o dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes se hayan clasificado por el MINAET, por lo que, si estuvieran cubiertos de bosque, automáticamente quedarían incorporados al Patrimonio Natural del Estado (artículo 15). Con base en todo lo expuesto, este Tribunal llega a las siguientes conclusiones relevantes en el caso concreto. Primero Al constituirse el medio ambiente como Patrimonio Común de todos los habitantes de la Nación, el  Patrimonio Natural del Estado constituye una especie de ese género (artículos 50 párrafo segundo, 89, 121 inciso 14 párrafo primero de la Constitución Política, 2 inciso a) de la Ley Orgánica del Ambiente, 1 de la Ley de Biodiversidad y 13 de la Ley Forestal). Segundo. Existe una afectación legal inmediata al Patrimonio Natural del Estado, de todos aquellos terrenos comprendidos en las áreas silvestres protegidas, en las áreas declaradas inalienables –como la zona marítimo terrestre (artículo 73 de la Ley 6043)-, en los terrenos de aptitud forestal y en las fincas inscritas a nombre del Estado, de las Municipalidades, Instituciones Autónomas y demás entidades de la Administración Pública Descentralizada. Tercero. El Patrimonio Natural del Estado no requiere de una declaratoria expresa dado que, conforme a lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal, así como lo resuelto por la Sala Constitucional en sentencias 1992-03789 y 1997-04587, las zonas boscosas, los terrenos con aptitud forestal, los manglares y los humedales comprendidos dentro de las áreas inalienables, como la zona marítimo terrestre, quedan afectadas de forma inmediata a este Patrimonio, sin concurrencia de la Administración. Cuarto. En consecuencia,  la delimitación de los linderos de las áreas que conforman el Patrimonio Natural de Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Forestal, constituye una potestad que el MINAET, a través del SINAC,  debe ejercer de oficio y no sólo a instancia de parte. Ello no sólo en aplicación del deber que le imponen los artículos 21, 50 párrafo segundo y tercero, y 89 de la Constitución Política, de garantizar, preservar y conservar el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino también, porque la ley no indica que la delimitación deba realizarse sólo a instancia de parte.  No se justifica, a juicio de este órgano que el Estado pueda alegar válidamente la falta de recursos para tal efecto, como reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia constitucional (ver entre otras, las sentencias 1995-00915 de las dieciséis horas seis minutos del quince de febrero de mil novecientos noventa y cinco; 1996-000695 de las quince horas cuarenta y dos minutos del siete de febrero de mil novecientos noventa y seis) Quinto. En consecuencia,  la clasificación que realice el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, respecto del tipo de ecosistema existente en los inmuebles comprendidos dentro del Patrimonio Natural del Estado, constituye una mera categorización de aquellos, conforme a los criterios de clasificación dispuesto en el artículo 13 párrafo primero de la Ley Forestal y el Decreto Ejecutivo número 34295-MINAE, a saber: bosques, terrenos de aptitud forestal, humedales, manglares, entre otros. Sexto.  Es evidente que el Estado tiene el deber -tanto a nivel constitucional como legal- de garantizar, defender y proteger las zonas boscosas, los terrenos de aptitud forestal, los manglares, los humedales, entre otros, comprendidos en las áreas inalienables -como en este caso, la Zona Marítimo Terrestre- que por el simple hecho de tener ese carácter, quedaron afectadas de manera directa y automática al Patrimonio Natural del Estado. Por lo que, el resultado de la clasificación de la clase de ecosistema existente en dichas áreas -que debe realizarse de oficio y no sólo a instancia de parte, a fin de que tomar las medidas necesarias para lograr su protección y conservación efectivas-, no es el que determina su incorporación o no al Patrimonio Natural del Estado, pues por ley ya habían quedado afectadas a aquel, en virtud de tratarse de zonas inalienables.

 

V.- BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE Y SU PLANIFICACIÓN. Resulta también relevante para la resolución del presente asunto, algunas consideraciones en cuanto a la zona marítimo terrestre y su planificación. 

Concepto. El  artículo 9 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, define esta zona como la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales atlántico y pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de las líneas de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deje el mar en descubierto en la marea baja.  Comprende las islas, islotes y peñascos marítimos así como toda tierra con formación natural que sobresalga del nivel del océano dentro del mar territorial de la República. Se exceptúa la Isla del Coco que estará bajo el dominio y posesión directa del Estado y aquéllas otras islas cuyo dominio o administración se determinen en dicha ley o en leyes especiales.

Zonas que integran la Zona Marítimo Terrestre. Conforme al numeral 10 de la misma Ley, puede indicarse que la zona marítimo terrestre se compone de dos secciones: 1) La zona pública, que es la fraja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja, así como los islotes, peñascos y demás área pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar. Asimismo,  según lo indica el canon 11 de la citada Ley, constituye zona pública, sea cual fuere su extensión,  la zona ocupada por todos los manglares de los litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional. 2) La zona restringida, constituida por la franja de los ciento cincuenta metros restantes o por los demás terrenos en casos de islas, y sobre la cual, como se verá, pueden otorgarse concesiones. Tal y como lo señala el artículo 1 de la mencionada Ley, la zona marítimo terrestre constituye parte del Patrimonio Nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Ello ha permitido  afirmar con toda precisión  el carácter demanial y público de dicha zona y como consecuencia de ello, su imprescriptibilidad, irrenunciabilidad, inalienabilidad, así como que se encuentre fuera del comercio de los hombres. Ahora bien, el hecho que se trate de un bien de dominio público no significa que los particulares, en una situación de sujeción especial, no puedan hacer uso de aquélla, más bien todo lo contrario: como se ampliará más adelante, mediante una concesión (de la zona restringida) los particulares pueden aprovechar la zona marítimo terrestre. Es importante destacar desde ya que, conforme al artículo 12 de la Ley de marras, en la zona marítimo terrestre es prohibido sin la debida autorización legal, explotar la flora y la fauna existentes deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación.

Administración y tutela de la zona marítimo terrestre: Como ya se indicó, la zona marítima terrestre pertenece al Estado. Sin embargo, es claro que conforme a la ya citada Ley 6043, sobre esta zona confluyen competencias de distintos órganos y entes. En sentido, es posible distinguir ámbitos competenciales que involucran, en lo que este proceso atañe,  al Instituto Costarricense de Turismo, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Municipalidades, Procuraduría General de la República, que de seguido se enlistan.

 Competencias del Instituto Costarricense de Turismo.    De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre en concordancia con la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo, corresponde a éste último, actuando a nombre del Estado, la superior vigilancia de la zona marítimo terrestre.  Interesa a este Tribunal señalar algunas de las competencias atribuidas al ICT, entre las que destacan: 1) La elaboración de un  Plan Nacional de Desarrollo Turístico, el cual una vez confeccionado, en colaboración con los órganos de Planificación Nacional,  servirá de fundamento a la propuesta y aprobación de planes reguladores de uso de suelo en la zona  marítimo terrestre, según prioridades de desarrollo nacional y teniendo en cuenta el interés de conservar esa zona como patrimonio nacional. Esta función que se establece como derivado de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de la materia, en relación con el 17 del Reglamento de esa ley, que habilitan a este ente para el establecimiento de los lineamientos generales nacionales en la planificación de la zona marítimo terrestre, lo cual resulta fundamental si se toma en consideración la necesidad de un  desarrollo turístico sostenible, como herramienta o mecanismo para que el país utilice sus riquezas naturales y culturales con el objetivo de generar riqueza para todos y garantizar beneficios reales para toda la sociedad costarricense. Se requiere un desarrollo en equilibrio con la naturaleza, y a la cantidad de actividades económicas (industriales, agrícolas y de comercio), cultural, deportiva y turística que se pueden desarrollar en esta zona. Si bien el párrafo segundo del citado artículo 17, establece como obligación la elaboración de un plan de usos de la tierra en esta zona, función que, como se verá,  es resorte exclusivo de los gobiernos municipales, lo cierto es que éste debería realizarse conforme a las prioridades fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo Turístico. 2) En ejercicio de la competencia de fiscalización superior de la zona marítimo terrestre, corresponde al Instituto Costarricense de Turismo la declaración de la zona turística, la cual, debe publicarse en el Diario Oficial La Gaceta; siendo a partir de esa publicación que la zona queda afectada a ese uso, y le hace merecedora de las disposiciones que el ordenamiento jurídico dispone para su utilización y aprovechamiento, como se verá más adelante. 3) Formular proyectos de desarrollo turístico integral, en forma parcial o total de la zona turística ya declarada como tal; cuya administración puede llevarse en forma conjunta con la respectiva municipalidad, para lo cual se exige un convenio al efecto. 4) Aprobar concesiones y establecer y mantener un Registro General de Concesiones de la zona marítimo terrestre, el cual forma parte del Registro Nacional, para lo cual, las municipalidades respectivas deben remitirle copia de las concesiones que otorguen, de las prórrogas, traspasos aprobados y gravámenes u otras operaciones que autoricen sobre las mismas. Lo anterior resulta relevante si se toma en consideración que no obstante que el trámite para el otorgamiento de la concesión se verifica ante la respectiva municipalidad, está condicionada su validez al visto bueno del Instituto Costarricense de Turismo, en las playas con declaratoria turística. 5) Aprobar  todos los planos y planes de desarrollo urbanos o turísticos que afecten la zona marítimo terrestre, previa aprobación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, así como de las demás instituciones que tengan competencia en esta materia.  Funciones de las Municipalidades en la administración de la zona marítimo terrestre: El artículo 169 Constitucional y el numeral tercero del Código Municipal, establecen que la jurisdicción del Gobierno Local  se circunscribe al cantón respectivo, de manera que la Municipalidad en principio- por cuanto veremos que existen algunas excepciones, tal y como se indicó en el Considerando anterior- es el ente competente para la atención de los intereses y servicios en el cantón en general, y por ende en la zona marítimo terrestre comprendida en aquél.  Asimismo,  en materia de planificación local la competencia,  si bien no exclusiva y excluyente,  la tienen las Municipalidades del cantón respectivo (artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana). Conteste con lo anterior, el canon 3 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre define de forma muy clara, la competencia que  le atribuye a las Municipalidades al señalar que compete a dichas corporaciones velar directamente por el cumplimiento de las normas de esa ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre, en especial de las áreas turísticas de los litorales y que el usufructo y administración, tanto de la zona pública como de la zona restringida, les corresponde. Lo anterior permite esbozar algunas funciones específicas, entre ellas: 1) La atención directa del cuidado,  conservación y fiscalización de la zona marítimo terrestre y los recursos naturales que ahí existan. 2) Administrar las áreas que no están excluidas de la aplicación de este régimen, en coordinación con el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto de Desarrollo Agrario, según se trate de zonas turísticas o agrarias.  3) Cobrar los respectivos cánones sobre las concesiones otorgadas en esas zonas. Es importante advertir, que las funciones de fiscalización y administración encomendados por ley a los gobiernos locales no configuran un derecho de propiedad o posesión sobre esta franja de tierra; en virtud, como se indicó,  de la demanialidad de este bien. Funciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Interesa en el presente asunto destacar las siguientes: 1) Planear el desarrollo de las ciudades y otros centros menores, con el fin de promover el mejor uso de la tierra. 2) Aprobar obras de infraestructura y construcción en zona pública  atendiendo al uso público que se destinen (artículo 22 de la Ley 6043) 3) Aprobar planos de desarrollo urbano o turísticos que afecten la zona marítimo terrestre (artículo 31 de la Ley 6043). Funciones de la Procuraduría General de la República. Relacionada con el proceso que se discute, vale la pena mencionar la potestad que le otorga el artículo 4 de la Ley 6043, según el cual deberá ejercer, por sí o a instancia de cualquier entidad o institución del Estado o de parte interesada, el control jurídico para el debido cumplimiento de las disposiciones  de la citada ley. Ello incluye, conforme el texto de la norma, hacer las gestiones pertinentes respecto cualquier acción que violara o tendiera a infringir las disposiciones de esa ley o leyes conexas, o que pretendieran obtener derechos o reconocimientos en contra de esas normas, o para anular concesiones, permisos, contratos actos, acuerdos o disposiciones obtenidos en contravención de las mismas. Lo anterior sin perjuicio de lo que corresponda a otras instituciones o dependencias de conformidad con sus facultades legales. Dicha función, aunada también a las que le establece su Ley Orgánica.

Sobre los Planes Reguladores Costeros. Definición. Finalidad. En primer lugar, este Tribunal desea reflexionar brevemente respecto a la necesidad de que los planes reguladores costeros, como instrumentos de planificación local, se correspondan con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y con las recomendaciones del Plan General de Uso de la Tierra que, conforme a la ley, debe proponer el Instituto Costarricense de Turismo y  al que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo también debe sujetarse a la hora de evaluarlos y aprobarlos. Ello implica, claro está una coordinación adecuada y oportuna entre las diferentes Administraciones Públicas involucradas, a efectos de respetar el ámbito competencias de cada una de ellas. Lo anterior a efectos definir un orden de prioridades en el desarrollo  de las zonas costeras, que garantice un uso de suelo razonable y adecuado conteste con el desarrollo sostenible, particularmente en esa zona en la que coexisten ecosistemas frágiles. Sin embargo, la realidad demuestra que este tipo de planes reguladores se han venido aprobando, en general, de forma  casuística  y  con ignorancia de otros procesos similares, lo que evidencia ausencia de coordinación institucional a nivel nacional y local. Este tipo de planes deberían considerar,  al menos, las áreas protegidas (ecosistemas, manglares, arrecifes coralinos, sistema de playas, humedales, lechos de hierbas submarinas, cauces de ríos, sitios de anidación.), los bosques y recursos renovables existentes, los medios de transporte, aspectos urbanísticos, las actividades que se realizan en la zona: turismo, agricultura, pesca, habitación, recreación, industria. Regulación. En realidad, no existe en nuestro ordenamiento jurídico una regulación normativa específica para la elaboración de un plan de regulador para la zona costera (salvo, como se indicó, en cuanto al ente encargado de su aprobación). Evidentemente, a falta de una regulación específica, debe partirse del procedimiento establecido en el Ley de Planificación Urbana, para la aprobación de un plan regulador urbano en general, la cual, resulta a aplicable en lo conducente  a los sectores costeros. Así, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana, es potestad de los gobiernos locales, definir la implantación de un plan regulador y los reglamentos de desarrollo que correspondan. Podemos definirlo como el instrumento legal técnico idóneo de ordenamiento territorial para el desarrollo económico, social y ambiental equilibrado de las zonas costeras. Quienes pueden realizarlo. En este sentido, y por tratarse del ejercicio de una potestad pública, entiéndase la planificación del uso del suelo y ordenamiento territorial, cualquier propuesta de plan regulador costero debe ser elaborada y aprobada por los órganos competentes, sea, la Municipalidad que corresponda,  con apoyo técnico del  I.C.T. o del INVU. Requisitos. El plan regulador costero requiere: anuencia de la Municipalidad, declaratoria de aptitud turística o no turística, y amojonamiento del Instituto Geográfico Nacional y que se haya certificado si existen áreas que correspondan al Patrimonio Natural del Estado porque, como se indicó, de ser así, la Municipalidad carece de competencia para administrar las zonas y, por ende, de adoptar planes reguladores. Aprobación. En cuanto a la aprobación de este tipo de instrumentos debe seguirse, en lo conducente, el  procedimiento que establece el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana. Puede señalarse que una vez elaborado el Plan Regulador del Uso de Suelo del Sector Costero, éste  debe ser presentado debidamente al Instituto Costarricense de Turismo y al Instituto de Vivienda y Urbanismo. Ambas instituciones deberán aprobarlo para que luego sea presentado en audiencia pública. Para tales efectos, la Municipalidad deberá  convocar a audiencia pública, por medio del Diario Oficial y dar la divulgación adicional necesaria con el indicación del local, fecha y hora para conocer del proyecto y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince días hábiles. Realizada la audiencia y en tanto no existan oposiciones o cuando éstas hayan sido resueltas, la corporación municipal deberá acordar por mayoría absoluta de votos la ratificación del Plan Regulador Costero. Finalmente, deberá publicarse en La Gaceta el acuerdo del Concejo Municipal de la Municipalidad  referido a la adopción y puesta en vigencia del Plan Regulador, con indicación de la fecha a partir de la cual se harán exigibles las correspondientes regulaciones. Resulta fundamental para este Tribunal recalcar que, conforme lo establece el artículo 31 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, que en relación con el Plan Regulador Costero, indica que todos los Planos de Desarrollos Urbanos o Turísticos que afecten la Zona Marítimo Terrestre deberán ser aprobados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Instituto Costarricense de Turismo, así como por los demás organismos oficiales que tuvieran competencia para intervenir al efecto, de acuerdo con la ley. Aprovechamiento de la zona marítimo terrestre.  Según se explicó, la Administración puede conceder permisos especiales de uso de los bienes de dominio público, los cuales pueden consistir en simples permisos de uso o en concesiones de uso. Estas figuras tienen diferencias importantes, aunque quizás la más relevante está referida a la naturaleza del derecho que surge de cada uno de ellos. El permiso de uso es un acto unilateral de la Administración, por medio del cual se pone en manos del particular el dominio útil de bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa. Este permiso, por ser un derecho en precario, podrá ser revocado de forma unilateral por la Administración, por razones de oportunidad y conveniencia sin responsabilidad para la Administración, con la salvedad que la misma no puede ser arbitraria ni intempestiva, tal y como lo dispone el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública. Por su parte, la concesión es un acto bilateral, contractual celebrado entre el particular y la Administración, mediante el cual nace un derecho subjetivo del particular al uso y disfrute sobre el bien, por el plazo y bajo las condiciones que la ley establece. Claro está, sin que la Administración pierda la tutela sobre el bien demanial.  En este sentido, y de conformidad con el artículo 41 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, la concesión se constituye en el instrumento lícito y normal con que cuentan los particulares para el uso de la zona restringida de la Zona marítimo terrestre. Por su parte, el numeral 40 de la citada ley delega en las Municipalidades el  otorgamiento de estas  concesiones, con la posterior aprobación del ICT. (artículo 42). Requisitos para el otorgamiento de concesiones. De conformidad con el canon 38 párrafo primero de la citada Ley y numeral 19 de su Reglamento, el requisito sine qua non para el otorgamiento de las concesiones, lo constituye la existencia de un plan regulador, por cuanto si éste no existe, no es posible otorgar concesión ninguna, por parte de las Municipalidades. Algunas zonas costeras de diversos cantones,  durante muchos años no han contado con plan regulador, por lo que la única figura legal que se puede emplear, para justificar la puesta en  manos de particulares del dominio útil de bienes inmuebles sitos en la zona marítima terrestre, lo constituye el permiso de uso: ya sea del ocupante (Ver Transitorio VII de la Ley de cita) o del poblador (Ver Artículo 70 de la misma ley).  Sin embargo, estos permisos de uso se encuentran sometidos a dos características fundamentales: que no afecten las condiciones naturales de la zona ni entorpezcan el libre aprovechamiento de la zona pública y que su ejecución no limite en lo absoluto la futura implementación de un  plan regulador. Asimismo, debe existir demarcatoria de la zona pública, que deberá ser  publicado por el Instituto Geográfico Nacional en La Gaceta. Además, el ICT debe declarar  de actitud turística o no turística la zona. Asimismo, debe existir certificación del MINAET respecto de la existencia de zonas de bosque o aptitud forestal que constituya PNE. Ello por cuanto, se insiste,  en caso de que existan, la Municipalidad carece de competencia para otorgar concesiones toda vez que, pese a ser zona marítimo terrestre, su administración le corresponde al MINAET, de conformidad con el artículo 13 y siguientes de la Ley Forestal, ya explicados. Finalmente, debe constar en el respectivo expediente el avalúo administrativo realizado por la Administración Tributaria de la zona.  Otras formas legítimas de ocupación de la zona marítima terrestre. Además del permiso y la concesión, la Ley de la Zona Marítimo Terrestre regula otras formas legítimas de ocupación en dichos terrenos, sobre todo para regular ocupaciones anteriores a la entrada en vigencia de la Ley de marras, que resulta necesario al menos definir. Los transitorios I y II hacen referencia a concesiones y contratos de arrendamiento otorgados con fundamento en leyes anteriores. En relación con los contratos de arrendamiento,  éstos pasarán a control de las Municipalidades respectivas y continuarán en los mismos términos y condiciones en que fueron convenidos, pero a su vencimiento y si fuere acordada su prórroga  se modificarán con arreglo a las normas de la Ley No. 6043. Asimismo, se impone la obligación de que tanto las Municipalidades como, en ese entonces, el Instituto de Tierras y Colonización remitieran al Instituto Costarricense de Turismo dentro de los seis primeros meses de la vigencia de la Ley No. 6043, las copias de los contratos o concesiones que hubieren otorgado en zona marítimo terrestre, sin perjuicio de que los interesados presentaran también ese plazo sus contratos a éste Instituto,  para efectos de su registro en el mismo. Vencido ese término, si dichos contratos no se presentaron, perdieron su validez y se extinguieron.     Por otra parte, el artículo 70 de la citada Ley regula la figura de los pobladores. Debe interpretarse a la luz de tal norma que son pobladores de la zona marítimo terrestre los costarricenses por nacimiento, con más de diez años de residencia en ella, según información de la autoridad de la Guardia de Asistencia Rural local o certificación del Registro Electoral sobre su domicilio. Si cumplen con los requisitos exigidos por ley, aún sin concesión,  pueden seguir ubicados en   los terrenos de la zona marítimo terrestre,  hasta tanto no se emita el Plan Regulador Costero. En caso que su construcción no se ajuste a lo implementado por el Plan Regulador, deberá ser reubicado e indemnizarle sus mejoras. Debe interpretarse que este tipo de ocupación de la zona marítimo terrestre es lícita y válida, tanto así, que para ser reubicados se le debe indemnizar las mejoras. Además los pobladores no pueden ser objeto de reubicación hasta tanto no se haya aprobado el mencionado  Plan Regulador. Finalmente, el Transitorio VII de la Ley tantas veces mencionada, indica que las municipalidades con jurisdicción en la zona marítimo terrestre cobrarán el canon que establece esta ley para los ocupantes de la misma. De esta norma se ha interpretado que los ocupantes son todas aquellas personas que, sin reunir la condición de pobladores, han ocupado la zona marítimo terrestre, aún de forma no autorizada, con antelación a la vigencia de la Ley No. 6043. Es a ellas a quienes se refiere el artículo 44 de misma Ley cuando, al delimitar una serie de criterios sobre prioridad para el otorgamiento de concesiones, destaca que "en igualdad de condiciones se ha de preferir al ocupante del terreno que la haya poseído quieta, pública y pacíficamente en forma continua". Cuentan estos ocupantes con un derecho subjetivo en la prioridad que tienen sus solicitudes de concesión sobre otras, siempre y cuando el uso sea compatible con el fijado en la planificación del sector, pero debe siempre tenerse presente que este privilegio está ligado de manera estricta a su condición de ocupante. No se trata de un interés legítimo, por cuanto no existe potestad discrecional de la Administración al momento de decidir sobre las solicitudes. Si el ocupante reúne las condiciones subjetivas y objetivas que establece la Ley No. 6043 y el uso peticionado es conforme al plan de desarrollo es deber de la Administración otorgar el contrato de concesión. Por otra parte, debe indicarse  las condiciones de ocupante o poblador son condiciones Intuitu Personae, sea en razón de las cualidades o condiciones de ellos. Por lo que evidentemente no son transmisibles. Desde esta perspectiva,  cualquier traspaso de "derechos de ocupación", constituye una práctica viciada para buscar legitimar y perpetuar en el tiempo una pretendida ocupación que se ha ejercido de espaldas del bloque de legalidad. Constituyen  actos contractuales que, evidentemente, no perjudican al Estado en su titularidad y son completamente nulos al recaer, se insiste,  sobre bienes de dominio público.  Si no se presenta cualquiera de estas formas de ocupación, entiéndase, concesión, permiso, contrato de arrendamiento, condición de poblador u ocupante, la posesión u ocupación que se ejerza en la zona marítima terrestre resulta, a juicio de este Tribunal, ilegítima. 

VI.- LOS TERRENOS COMPRENDIDOS EN EL PLAN REGULADOR CONSTITUYEN PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO.

A juicio de este Tribunal, la pretensión principal sobre la cual gira este proceso es dilucidar si los terrenos comprendidos en el Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa constituyen PNE por tratarse de terrenos boscosos. Ello por cuanto, en gran medida, el resto de pretensiones dependen de ésta. En este sentido, la comuna probatoria evacuada permite, sin ninguna duda, concluir que en su mayoría, si lo son. Valorada la prueba que consta en autos, este órgano colegiado no tiene ninguna duda respecto de la naturaleza boscosa de la mayoría de esos terrenos. El análisis de las fotografías aéreas de los años 1979, 1998, 2005 y 2008,  nos muestra, con absoluta claridad, una zona boscosa que ha venido en evidente disminución.  Aunado a ello, la prueba técnica  fue contundente en ese sentido. El Ingeniero Carlos Rodríguez Blinda afirmó en su declaración en la única audiencia la existencia de bosque primario en la fotografía de 1979 y como en las posteriores empiezan a vislumbrarse claros en medio del bosque. Igualmente, el Ingeniero  Forestal Carlos Madriz, quien fue el funcionario que realizó el  informe de levantamiento de Patrimonio Natural del Estado, que a la postre, sirviera de base para la certificación que en ese sentido emitiera el SINAC, señaló que dichos terrenos constituyen una unidad boscosa. Afirmó, incluso, que pese a las alteraciones que han sufrido aquéllos por la eliminación de la vegetación inferior, cumplen con la definición legal de bosque. Asimismo, el testigo perito Leonardo Mora Durán  también acepta en su declaración que en  la zona marítima de Punta Ventanas de Osa existen zonas con y sin bosque. También es clara la prueba documental traída a autos, respecto de la existencia de bosque en dicha zona, no solo actualmente, sino en años anteriores. Consta en el RT-279-8-83, de 8 de agosto de 1983, mediante el cual el jefe del Departamento de Recursos Turísticos del ICT remitió al Departamento de Urbanismo del INVU un  Plan de Uso de Suelo para el sector costero de Punta Ventanas de Osa, para su aprobación, una clara referencia en este sentido.  Indicó dicho oficio que el plan tenía un fuerte énfasis en la protección de una zona boscosa que es única en esa zona y que toda la propiedad detrás de la zona marítimo terrestre va ser preservada con énfasis en protección a la zona boscosa. (folio 10 del expediente administrativo del INVU en relación con el 13 y 21 del mismo expediente). Asimismo, la certificación emitida el 18 de octubre del 2007 por ACOSA y el Informe del Levantamiento de Áreas de Patrimonio Natural del Estado en esa zona, son contundentes y confirman la existencia de ecosistemas boscosos en esos terrenos. Finalmente, del reconocimiento judicial realizado el 7 de octubre del año recién pasado, este Tribunal pudo confirmar, in situ y sin ninguna duda, la presencia de bosque. Ahora bien, demostrada la existencia de bosque en los terrenos comprendidos en la zona marítima terrestre de Punta Ventanas de Osa y, como se explicara en el considerando V, tomando en cuenta el carácter inalienable de esos terrenos en tanto bienes de dominio público,  la consecuencia jurídica inmediata es que constituyen Patrimonio Natural del Estado, tal y como lo establecen los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal. Se insiste que, tal y como se indicara con amplitud en el Considerando IV, esta declaración es una mera constatación, por cuanto la afectación al PNE es legal e inmediata. Debe tenerse presente que el Patrimonio Natural ya estaba definido incluso en la Ley Forestal anterior a la vigente, tal y como lo refirió, incluso,  el Biólogo Juan Sánchez en su declaración. La certificación que clasifica y delimita las áreas que constituyen Patrimonio Natural del Estado en zonas inalienables (artículos 15 y 16 de la Ley Forestal) como se explicó,  constituye una potestad que el MINAET, a través del Sistema de Nacional de Áreas de Conservación,  debe ejercer de oficio y no sólo a instancia de parte. Esta clasificación que realice el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, respecto del tipo de ecosistema existente en los inmuebles comprendidos dentro del Patrimonio Natural del Estado, constituye una mera categorización de aquellos para determinar si se está en presencia de bosques, terrenos de aptitud forestal, humedales, manglares, entre otros. Es por ello que este Tribunal tiene la firme convicción que en el presente asunto ha existido una conducta omisiva grave del Estado, a través de MINAET y el SINAC, en la medida que no es sino hasta el 2007 que tal delimitación y clasificación se realiza, pese a que ha quedado acreditado que dichos terrenos han constituido al menos, desde 1979, unidades boscosas y, por ende PNE. Pero este tema será objeto de un análisis posterior. Debe concluirse también que constituyendo Patrimonio Natural del Estado las áreas boscosas de la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa, de conformidad con el artículo 13 de la Ley Forestal, su administración corresponde al Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones, y no a la Municipalidad de Osa. Como ya se indicó en un considerando anterior, el PNE es un bien de dominio público cuya conservación y administración han sido atribuidas por el legislador al MINAET, específicamente a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Lo anterior se deduce con claridad de un conjunto de normas que desarrollan el contenido del artículo 50 constitucional entre las que destacan los artículos 6 inciso a), 13 párrafo segundo y 14 de la Ley Forestal y el 32 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Ambiente. De conformidad con el artículo 13 ya citado, un componente del PNE lo constituyen  los bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal pertenecientes al Estado, las Municipalidades, instituciones autónomos y demás organismos de la administración Pública, con la excepción referida en la misma norma. Se insiste, se trata de una afectación legal inmediata. Si bien el artículo 3 de la Ley de la Zona Marítima Terrestre señala que el usufructo y la administración de la zona marítimo terrestre corresponde a la Municipalidad de la jurisdicción respectiva, lo cierto es que dicha norma debe interpretarse a la luz de todo el bloque de legalidad vigente. En este sentido, considera este Tribunal que debe tenerse presente que el ordenamiento jurídico constituye un todo armónico, por lo que sus normas deben ser interpretadas en forma sistemática e integral y no aislada; de modo que, como bien lo ha señalado la Sala Constitucional en su resolución No. 07603- 2001,  "...el contenido de un artículo se determina en articulación con el conjunto de normas que lo rodean; no en forma separada...." En el caso concreto, con la normativa actual se impone una interpretación integral, que concilie y desentrañe el verdadero sentido de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, como preceptos conexos, coordinados e interdependientes de un sistema jurídico que se caracteriza, como se indicó, por su unidad y coherencia lógica. Todo lo anterior orientado al cumplimiento del interés público ambiental respecto de la protección y conservación del medio ambiente, lo que incluye, claro está, los bosques y terrenos de aptitud forestal. Realizada esta interpretación, este Tribunal concluye que  las áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal de los litorales (que constituyen persé Patrimonio Natural del Estado), están bajo la administración del Ministerio del  Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y no de la corporación municipal. Ello toda vez que, en primer lugar, no debe obviarse que dichos bienes constituyen dominio público, por ende, pertenecen al Estado. En ese sentido, si bien es cierto en un principio el legislador mediante Ley No. 6043 confió la administración tanto de la zona pública como de la restringida en la zona marítimo terrestre a las Municipalidades, lo cierto es que ese mismo legislador soberano mediante ley posterior, entiéndase la No. 7575, determinó que los bosques y terrenos de aptitud forestal que estén en la zona marítimo terrestre deban ser administrados por el MINAET y no por la corporación municipal de la jurisdicción que corresponda. En segundo lugar, sin duda el artículo 13 de la Ley Forestal introdujo un cambio de destino y régimen de este tipo de bienes, lo que constituye una mutación demanial subjetiva que modificó, entre otros, la administración, usos, aprovechamientos, planificación en esas áreas. A juicio de este Tribunal, esta mutación responde a un interés jurídico prevalente, que requiere de una tutela más intensa, especializada, coherente e integral, que responda a una política de Estado que va más allá de los simples intereses locales. Se trata de la protección de la biodiversidad y ecosistemas frágiles que coexisten en la zona marítima terrestre y que se encuentran estrechamente vinculadas con el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En el caso de Punta Ventanas de Osa debe hacerse hincapié, además del ecosistema imperante en la zona,  en la existencia del Corredor Biológico de la Danta y en la afirmación que realizará el Ingeniero Carlos Rodríguez Blinda en el sentido que si los claros continúan en el bosque desaparecería dicho corredor, toda vez que el cambio de uso del suelo conllevaría la emigración de la fauna ahí presente. Respecto de la mutación demanial que a juicio de este Tribunal imperó, se realizó por acto legislativo, sea, por una norma de igual rango a la que, inicialmente dio en administración esa zona a las Municipalidades. Se observa, por tanto, el cumplimiento del requisito esencial para que este tipo de cambios operen. Aunado a lo anterior, la Ley Forestal es una ley especial que regula las zonas boscosas, forestales y de aptitud forestal que se encuentren en el país. No encuentra este Tribunal ninguna razón de lógica o conveniencia que justifique excluir de esta regulación a los bosques ubicados en la zona marítimo terrestre. Todo lo contrario, excluir estos bosques de la normativa especial que para tales efectos se dictado, atenta contra la unidad y coherencia que debe privar en la planificación, gestión y tutela  de los bosques del Patrimonio Natural de Estado, los cuales se insiste deben ser sometidos a una única regulación y política de uso y conservación, se encuentren o no en la zona marítimo terrestre. Lo contrario atentaría, a juicio de este órgano contra la utilización racional y sostenible del recurso forestal que impone el artículo 50 de la Constitución Política. En el subiúdice, se reitera,  ha quedado acreditado que, en general, los terrenos comprendidos en el Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa constituyen áreas boscosas o terrenos de aptitud forestal, afectados de forma legal e inmediata al Patrimonio Natural del Estado, cuya administración corresponde, por misma disposición legal al MINAET. Cabe señalar también que la Sala Constitucional se ha pronunciado recientemente respecto de la incompetencia de las Municipalidades para administrar las áreas de bosque en la zona marítimo terrestre. En este sentido, mediante Voto No. 16975-2008, de las 14:53 horas del 12 de noviembre del 2008,  al anular un Decreto que afectaba las áreas de bosque en la zona marítimo terrestre señaló que "...En este extremo, el Decreto excede los límites del ejercicio de la potestad reglamentaria, al atribuir a las Municipalidades una competencia que por ley no tienen para administrar y otorgar concesiones sobre el Patrimonio Natural del Estado en los litorales (Áreas Silvestres Protegidas y demás bosques o terrenos forestales públicos)..."  Finalmente, procede aclarar que la declaratoria de PNE que este Tribunal confirma, lo es únicamente respecto de los terrenos de la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa que constituyan áreas con cobertura boscosa. Esta precisión es fundamental toda vez que de la valoración de la prueba evacuada, se determina con claridad que no es la totalidad de la esa zona marítima dicha la que constituye bosque. En este sentido, la certificación emitida por la señora Etilma Morales Mora, Directora del Área de Conservación de Osa  del SINAC, es clara en cuanto a que existen 15.22 hectáreas que constituyen terrenos boscosos y 2.11 hectáreas que se corresponden a área sin bosque.  Esta certificación se emitió con base en Informe de Levantamiento de Áreas de Patrimonio Natural del Estado en los Planes Reguladores de Punta Ventanas de Osa y Shark Bay Dos Mil, que realizara el Ingeniero Carlos Madriz V. Conteste con lo anterior, en su declaración el Ingeniero Madriz no solo confirmó lo expuesto, sino que, en ejercicio del principio de oralidad,  precisó un detalle que para este Tribunal resulta fundamental. Al momento de explicar la figura 3 del citado informe "Mapa de delimitación de las áreas con bosque natural y las áreas sin bosque , Plan regulador Ventanas de Osa, 2006." , este testigo perito fue contundente al explicar que si bien las 2.11 hectáreas no cumplen con la definición de ley de bosque, lo cierto es que en esa zona hay áreas con árboles aislados y que a la luz de la fotografía área de 1979, se evidenciaba claramente que  fueron bosque natural, luego alterado por intervenciones humanas y sobre las cuales, a juicio del experto, cabe regeneración del bosque. Lo anterior a diferencia de lo que el testigo perito señaló como áreas sin cobertura boscosa. Este resto coincide con el sitio donde están las construcciones y donde ya desde 1979 (conforme a la fotografía) se observa una mancha blanca en esa zona, lo que demuestra, a juicio de este órgano,  que no tenía cobertura boscosa. Este Tribunal otorga total valor probatorio no solo al informe presentado por el Ingeniero Madriz, sino a su explicación técnica respecto de la Figura 3 que consta en el citado informe. A la luz de esa probanza, más las fotografías áreas es evidente que parte del bosque fue alterado por actividades humanas y como consecuencia de ello, al día de hoy, se constituyen áreas con árboles aislados. En virtud del concepto de Patrimonio Natural del Estado, aunado al Principio de Irreductibilidad del Bosque y la regeneración que sobre esa zona puede realizarse, considera este órgano colegiado que esa área con árboles aislados constituye, junto con lo que hoy queda de bosque natural, Patrimonio Natural del Estado. Sin embargo, no están dentro del PNE, lo que tanto la Figura 3 del Informe como el propio testimonio del Ingeniero Madriz denominan área sin cobertura boscosa y que, a juicio del testigo perito, coinciden con la mancha blanca que revela la fotografía de 1979. En esta zona, considera este Tribunal que no es posible demostrar con certeza técnica la existencia de bosque en esa zona. Por lo expuesto, se declara que constituye Patrimonio Natural del Estado, los terrenos de la zona  marítimo de Punta Ventanas de Osa que, conforme a  la figura 3 denominada "Mapa de delimitación de las áreas con bosque natural y las áreas sin bosque , Plan regulador Ventanas de Osa, 2006."  y que consta en el Informe de Levantamiento de Áreas de Patrimonio Natural del Estado en los Planes Reguladores de Punta Ventanas de Osa y Shark bay Dos Mil, que realizara el Ingeniero Carlos Madriz V, los que se señalan  como Áreas con Bosque Natural y Áreas con Árboles aislados. La administración de esta zona corresponde al MINAET. Por su parte, el terreno restante que coinciden con lo que la citada figura No. 3 denomina Área sin cobertura boscosa, no constituyen Patrimonio Natural del Estado, estando por ende, bajo la administración de la Municipalidad de Osa tal y como lo dispone el artículo 3 de la Ley de la Zona Marítima Terrestre. Finalmente, debe este Tribunal agregar que, si bien esa zona sin cobertura boscosa está sometida a la administración municipal, lo cierto es que ello no implica, persé, que sea planificable. Lo anterior toda vez que, como se verá posteriormente,  el Plan Regulador Costero vigente a la fecha tiene vicios graves que generan su nulidad absoluta. Por ende, deberá la corporación municipal de Osa, si  deseara planificar el uso del suelo en esa área,  adoptar un nuevo Plan Regulador, que deberá ser sometido al cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico. Ello incluye, obviamente la declaratoria de interés turístico por parte del ICT,  la aprobación de la evaluación de impacto ambiental de SETENA y la aprobación del ICT y el INVU. Deberá tenerse presente en todo ese proceso la situación de esa zona, sea, se trata de una porción enclavada dentro terrenos boscosos, lo que hace necesario un celoso y cuidadoso análisis de la planificación posible,  para que garantizar que aquélla se realice en equilibrio con la naturaleza boscosa y los ecosistemas que ahí imperan. Solo así podría hablarse de un desarrollo sustentable. Cabe advertir que en un considerando posterior se analizará la situación de las construcciones que se ubican en esa zona no boscosa.

VII. SOBRE LA VALIDEZ DEL PLAN REGULADOR COSTERO DE PUNTA VENTANAS DE OSA.

Declarado que lo denominado  áreas de bosque natural y árboles aislados de la zona marítimo de Punta Ventanas de Osa constituyen Patrimonio Natural del Estado y que su administración corresponde al MINAET, se procederá a analizar las conductas formales impugnadas. Los accionantes pretenden que se declare absolutamente nulo el Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa, por cuatro motivos específicos. En este sentido, este Tribunal procederá al análisis de cada uno de ellos a efectos de determinar su procedencia o no. Ausencia de competencia para aprobar el Plan Regulador. Alega la parte actora que la Municipalidad de Osa era incompetente para dictar y aprobar el Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa, toda vez que pese a ser zona marítimo de terrestre, los terrenos que abarcan el citado Plan constituyen Patrimonio Natural del Estado (PNE), por lo que su administración correspondería  al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y no a la corporación municipal. En el subiúdice ha quedado acreditado que, como ya se declaró, los terrenos comprendidos en el Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa que constituyen áreas boscosas y con árboles aislados, están afectos de forma legal e inmediata al Patrimonio Natural del Estado, cuya administración corresponde, en efecto, al MINAET.   Por lo expuesto, la Municipalidad de Osa carecía de competencia para administrar esos terrenos de bosque en la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa,  lo que implicaba, claro está, la  imposibilidad de dictar y aprobar un Plan Regulador Costero en esa zona o conceder concesiones, y así debe declararlo este Tribunal, con la consecuente nulidad del citado instrumento de planificación. Cabe señalar también, como ya se citara,  la Sala Constitucional se ha pronunciado recientemente respecto de la incompetencia de las Municipalidades para administrar las áreas de bosque en la zona marítimo terrestre. En este sentido, mediante Voto No. 16975-2008, de las 14:53 horas del 12 de noviembre del 2008,   al anular un Decreto que afectaba las áreas de bosque en la zona marítimo terrestre señaló que "...En este extremo, el Decreto excede los límites del ejercicio de la potestad reglamentaria, al atribuir a las Municipalidades una competencia que por ley no tienen para administrar y otorgar concesiones sobre el Patrimonio Natural del Estado en los litorales (Áreas Silvestres Protegidas y demás bosques o terrenos forestales públicos)..." Cabe señalar, eso sí, que en el área restante de esa zona marítimo terrestre, sea, el área sin bosque,  la administración es municipal y deberá esa corporación emitir el Plan Regulador Costero correspondiente, en absoluto respeto del bloque de legalidad vigente, si pretendiera el desarrollo turístico de esa zona. Pese a la nulidad ya declarada, por la forma en que se resuelve, este Tribunal estima necesario referirse a los restantes motivos de legalidad alegados por la parte actora.

Sobre la certificación de Patrimonio Natural del Estado: Indicó la parte actora que otro motivo de nulidad del Plan Regulador lo constituye el hecho que fuera aprobado por la Municipalidad de Osa, el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo sin la certificación de Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAET, específicamente por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Este Tribunal comparte plenamente esa afirmación. Se insiste, de la letra de los  artículos 13 y 15 de la Ley Forestal, se desprende  claramente, que de previo a  permutar, ceder, enajenar, entregar, dar en arrendamiento, o general, disponer de terrenos rurales de su propiedad o administración, los órganos, entes o corporaciones de la Administración Pública deben solicitar la clasificación del MINAET a efectos de determinar si aquéllos constituyen Patrimonio Natural del Estado, por tratarse de bosques y terrenos forestales.  A juicio de este Tribunal, las normas son diáfanas e imponen un poder deber a la Administración activa, cuyo cumplimiento resulta ineludible y su violación implicaría una contravención al principio de legalidad en su vertiente positiva. Bajo esta tesitura, es innegable que de previo a la aprobación del Plan Regulador del Sector  Costero de Punta Ventanas de Osa, tanto la Municipalidad, como el ICT y el INVU debieron solicitar la citada certificación. Más aún, en virtud de que se trata de potestades tal y como fuera explicado en el Considerando IV, el mismo MINAE y SINAC, debieron, de oficio, haber clasificado y determinado la existencia de bosque de esa zona, conforme lo dispuesto en los artículos de la Ley Forestal ya citados y los numerales 21, 50 párrafo segundo tercero y 89 de nuestra Carta Magna. No es jurídicamente aceptable que los órganos rectores en materia ambiental no hayan ejercido de oficio y a tiempo, las habilitaciones que el legislador le ha encomendado. Ello constituye una omisión administrativa que no encuentra justificación en el Derecho.  Una actuación conforme a derecho, en forma diligente y en aras de la tutela de la garantía contemplada en el artículo 50 constitucional por parte del MINAE y el SINAC hubiera implicado que al momento del dictado de citado plan regulador, la clasificación y delimitación del Patrimonio Natural del Estado se hubiera realizado, lo que hubiera impedido que ese instrumento de planificación se adoptara. Pero la realidad nos demuestra otra cosa. La clasificación y delimitación se realizó hasta el año 2006 y se certifica hasta el 2007. De la prueba evacuada en la única audiencia quedó demostrado el desconocimiento existente al respecto, incluso por las propias autoridades del MINAET. En su declaración, la señora Etilma Morales Mora, Directora del Área de Conservación de Osa, señaló que el estudio para la delimitación de PNE fue solicitado por la Municipalidad de Osa (sea a instancia de parte) y que aunque el informe de levantamiento de PNE lo rindió el Ingeniero Madriz en octubre del 2006, la certificación se emite hasta un año después, porque hasta esa fecha ella estuvo segura. Por otra parte, el Biólogo Juan Sánchez indicó en su declaración que antes del dictamen de la Procuraduría General de la República del año 2004 (al cual este Tribunal se referirá de seguido) no siempre se hacía el proceso de clasificación en la zona marítimo terrestre. Señaló también que a pesar de la Ley Forestal, MINAE no lo había asumido. Incluso el testimonio de Leonel Rosales, cuando indicó que la demarcatoria del bosque era una competencia del MINAE desde hace muchos años pero que no lo hacía.  Ahora bien, el que MINAE o SINAC no hubieren realizado la citada delimitación en nada justifica la omisión de la Municipal de Osa, el ICT y el INVU. Todos ellos, en cumplimiento del ordenamiento vigente a esa fecha debieron constatar la existencia de la clasificación de previo a su aprobación. Argumentaron las demandadas que ese no era un requisito que se exigiera hasta después del dictamen C-297-2004 de la Procuraduría General de la República. Este argumento no puede compartirlo este Tribunal. Se ha explicado con amplitud que se trata de una exigencia legal, cuyo cumplimiento no puede supeditarse a que la Procuraduría lo señale o no. Debieron las instituciones demandadas cumplir lo dispuesto en la norma y exigirlo. Lo contrario sería admitir que el desconocimiento e ignorancia de las leyes justifican su incumplimiento y admitir violaciones al bloque de legalidad en su vertiente positiva, situación que este Tribunal, de ninguna forma, podría compartir. Con todo, de los autos se desprende que el citado instrumento de planificación fue aprobado por todos los entes involucrados sin dicho requisito, después de la fecha del referido dictamen y con el que  pretenden justificar el incumplimiento. Ha quedado acreditado en autos que el ICT da la primera aprobación al citado plan en julio del 2002  pero la aprobación final la realizó el 19 de abril del 2005; que el INVU aprobó dicho plan el 27 de octubre del 2004 y que la Municipalidad lo hizo el 22 de diciembre del 2004. De lo anterior se desprende con meridiana claridad que a la fecha de la aprobación, ya el dictamen existía. Incluso, si bien del testimonio de Don Leonel Rosales, funcionario del INVU se colige que ese instituto tuvo conocimiento del dictamen en el año 2006, lo cierto es también de su testimonio y de la prueba documental se desprende que ya en los años ochenta, cuando existía un primer plan regulador de la zona que fuera sometido a estudio, tanto ese instituto como el ICT conocían la existencia de bosque y, en el caso del INVU, suspendió su aprobación hasta que se determinara quien iba a administrar esa zona. (folios 10, 13 y 21 del expediente administrativo aportado por el INVU) Pero se insiste, el cumplimiento del requisito que señalan los artículos 13 y 15 de la Ley Forestal se impone, no con el citado dictamen C.297-2004, sino del propio texto legislativo, del cual no podría la Administración Pública alegar desconocimiento. Sin embargo, no puede obviar este Tribunal que, también se desprende de la única audiencia,  existía desconocimiento y un problema de interpretación de la Ley Forestal y de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, por parte de los operadores del derecho en vía administrativa. Pero ello justifica el incumplimiento de potestades que implicaron omisiones que pusieron en una posición altamente vulnerable el ecosistema boscoso de Punta Ventanas de Osa, potenciando su deterioro. Se alegó también por las demandadas que la certificación de Patrimonio Natural del Estado emitida por ACOSA era nula toda vez que fue emitida con una metodología ya derogada en el 2008 y que el nuevo Decreto Ejecutivo No. 34295-MINAE, de 29 de enero de 2008, exigía se realizara una reclasificación en los terrenos en los que se hubiera aplicado la metodología impuesta en la resolución R-SINAC-13-2006. En este sentido, considera este Tribunal conveniente esbozar algunas precisiones. Primero. La certificación de PNE que emitiera ACOSA para clasificar los terrenos de la zona marítima de Punta Ventanas de Osa se realizó con la metodología que aprobara SINAC mediante resolución R-SINAC-13-2006 y que vigente al momento de su adopción. Segundo. La resolución de cita no impone una metodología única y obligatoria. Ello toda vez que del testimonio de el Ingeniero Madriz Vargas quedó claro que las metodologías sirven para unificar criterios, más no son las que definen los parámetros para delimitar las áreas boscosas y que constituyen Patrimonio Natural del Estado. Esos parámetros están en la legislación, por ejemplo, en la definición de bosque y los elementos cualitativos y cuantitativos que involucra. Asimismo, señalaron los testigos peritos Etilma Morales, Carlos Madriz y Juan Sánchez que tanto la metodología que se estableció en 2006 (en la resolución ya citada) como la que se establece en el Decreto Ejecutivo No. 34295-MINAE,  del año 2008, son similares, toda vez que se apegan a la definición legal de bosque. Tercero. Valorada la prueba testimonial, no encuentra este Tribunal, algún vicio en la citada certificación que emitiera ACOSA, toda vez que la metodología en que se basa el Informe del Ingeniero Madriz y en la que se fundamenta la citada certificación, se insiste estaba vigente al momento de certificar,  fue ampliamente explicada por el profesional en el juicio y cumple con los aspectos que involucra la definición de bosque. A lo anterior debe agregárse que no se pudo demostrar que aquélla hubiera sido impugnada en vía administrativa, ni que la Municipalidad de Osa hubiera solicitado ante el SINAC, la reclasificación de la certificación que clasificaba el PNE en los terrenos de la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa. Cuarto. Los artículos IV, VII, así como los Transitorios II y III del citado Decreto y que refieren, en general,  a la reclasificación, la posibilidad de que un sujeto de derecho privado certifique el PNE y la posibilidad de que opere el silencio positivo,  se encuentran impugnados ante la Sala Constitucional, según consta a los expedientes No. 08-004934-0007-CO y 08-10781-0007-CO. Por esta razón su aplicación inmediata se encuentra suspendida, lo que en todo caso impediría cualquier reclasificación hasta tanto la acción de inconstitucionalidad no fuere resuelta.  Dado que se trata de normas de trámite, su aplicación estaría vedad desde el mismo momento de que en el curso del proceso deban ser aplicadas. Por lo expuesto, considera este Tribunal que las acciones de inconstitucionalidad interpuestas no suspenden el dictado de esta sentencia, toda que, se reitera, en este proceso no se cuestionan ni aplican las normas impugnadas.  Sexto. Este Tribunal resta credibilidad  a la constancia que emitiera Leonardo Mora Durán y que consta a folios 156 a 167 del expediente judicial, por varias razones: A la fecha de emisión de la citada certificación, el único sujeto competente para emitir este tipo de certificaciones lo era y sigue siendo a la fecha, en virtud de la suspensión del artículo IV del citado decreto No 34295-MINAE, el MINAET a través del SINAC. Incluso, el mismo señor Chacón advirtió en su declaración que no tiene fe pública para emitir este tipo de certificaciones. Por otra parte, señaló que únicamente refieren a zonas sin bosque. Finalmente, fue poco preciso respecto de la metodología que aplicó: refirió a imágenes de Internet pero de años atrás, no indica como midió las zonas. Lo anterior contrasta con la claridad técnica con el que el Ingeniero Madriz detalló su trabajo de campo y permiten a este Tribunal otorgarle, sin duda, un mayor valor probatorio a esta última Por lo expuesto,  se impone también la declaratoria de nulidad absoluta del Plan por haberse adoptado y aprobado sin que se hubiese clasificado el PNE y emitido la certificación correspondiente.

Sobre la ausencia de Certificación de Vialidad Ambiental. Un tercer motivo de nulidad del Plan Regulador de Punta Ventanas que expone la parte actora, lo constituye que éste hubiera sido aprobado por la Municipalidad de Osa, el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo sin la certificación de vialidad ambiental. En este sentido y como ya fuera explicado, la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se constituye como un instrumento de gestión ambiental que en forma ordenada y científica analiza los comportamientos contemplando un doble objetivo: prevenir, corregir y detener el proceso degenerativo; y por otra parte, logra que conductas futuras no contribuyan a ese proceso. Dicho procedimiento se emite como base o requerimiento previo de otros posteriores y se emite por parte de las administraciones públicas competentes, con experticia en los menesteres ambientales. Así visto, en términos más simples, es el procedimiento en virtud del cual, se estiman los efectos y consecuencias que un proyecto de obra o actividad humana va a generar en el ambiente. Dada la trascendencia del bien jurídico tutelado, su sustento se afinca en la doctrina del numeral 50 de la Constitución Política, por tanto, siendo deber del Estado la tutela debida, eficiente y oportuna del ambiente, lo que incluye  los recursos naturales como paisajísticos, se trata de un importante mecanismo de ejercicio de  política ambiental, que tiene una aplicación directa e inmediata en las actividades productivas, de manera que logre la armonía y compatibilidad de esas explotaciones económicas o sociales, con la preservación del medio, dentro de una visión de sustentabilidad.  En lo que interesa, cabe mencionar que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente señala que “.... Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental...."  Por su parte, el Reglamento General sobre Procedimientos de EIA, Decreto Ejecutivo número 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, en su artículo 67 reitera esa obligación  cuando dispone "... Los Planes Reguladores establecidos por la Ley de Planificación Urbana y por la Ley de la Zona Marítima Terrestre, o cualquier otro instrumento de planificación del uso del suelo o del territorio, como forma de planificar el desarrollo de actividades humanas potencialmente impactantes al medio, deberán cumplir el requisito de integrar la variable de impacto ambiental, la cual estará sujeta a un proceso de viabilidad ambiental por parte de la SETENA, de previo a su aprobación por las autoridades respectivas. La introducción de la variable ambiental en los planes reguladores o cualquier otro instrumento de planificación del territorio deberá sujetarse al procedimiento técnico para la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores establecido en el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA- Parte III). Este procedimiento podrá ser aplicado, tanto a aquellos instrumentos de planificación del territorio que se vayan elaborar o se encuentren en elaboración, como aquellos otros ya aprobados, pero que todavía no cuenten con la variable ambiental integrada en los mismos. Para introducir la variable ambiental en los planes maestros arquitectónicos deberán cumplir con lo establecido en el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental ( Manual de EIA - Parte III) indicado, a efecto de convertirse en Planes Ambientales de Desarrollo...". Como se ha venido señalando, el Estado costarricense ha apostado por una política protectora del ambiente lo que incluye la protección del recurso forestal. Desde esta perspectiva y considerando las implicaciones de las obras humanas en el ambiente, a juicio de este Tribunal se justifica y se exige la evaluación de ese impacto en el medio. Desde este plano, es diáfana la exigencia que impone el ordenamiento jurídico respecto a la evaluación de impacto o viabilidad  ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) de previo a la aprobación de cualquier obra o proyecto, lo que incluye, la aprobación de los planes reguladores costeros. Así las cosas, al momento de la aprobación del Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa ya estaban vigentes las disposiciones legales y reglamentarias que imponían tal condición. Pese a ello, el Plan regulador fue aprobado por todos los entes involucrados sin dicho requisito. Ha quedado acreditado en autos que el ICT da la primera aprobación al citado plan en julio del 2002 y la aprobación final la realizó el 19 de abril del 2005; que el INVU aprobó dicho plan el 27 de octubre del 2004 y que la Municipalidad lo hizo el 22 de diciembre del 2004. De lo anterior se colige que pese a que la Ley Orgánica del Ambiente está vigente desde 1995 y ya imponía la participación de la SETENA en la evaluación de impacto ambiental para este tipo de actividades lo que se refuerza con el Reglamento ya citado y vigente desde el 28 de junio de 2004, ninguno de los entes mencionados constató el cumplimiento de dicho requisito al momento de aprobar dicho plan. Queda también demostrado que SETENA no ha emitido, a la fecha, ningún tipo de evaluación de impacto ambiental o certificado de vialidad ambiental para el plan que aquí se analiza. Esta omisión por parte de los corporación municipal, el INVU y el ICT, contraviene abiertamente el bloque de legalidad vigente y atenta contra la garantía que consagra el artículo 50 constitucional, que se insiste, es un derecho fundamental de toda persona y funciona como un principio general ineludible, siendo que en esta materia no cabe, a juicio de este Tribunal, hacer excepciones para exonerar del cumplimiento de obligaciones ambientales , toda vez que ello podría desconstitucionalizar la citada garantía de respuesta estatal en defensa del ambiente, los bosques y recursos forestales. Se trata de un plan regulador que contempla diferentes usos de suelo, proyectos turísticos, urbanísticos, en una zona marítima terrestre, que se compone, como ya se declaró, de una mayoría de áreas boscosas. Sin duda alguna, las actividades humanas que el plan pretende desarrollar pueden alterar o destruir elementos del ecosistema imperante en la zona,  lo que exigía de modo ineludible, la realización de alguna evaluación del impacto de aquéllas sobre el ambiente (llámese EIA o certificado de vialidad ambiental). Esa omisión, por sí sola, genera la nulidad absoluta de la conducta formal aquí impugnada. No se justifica, a juicio de este órgano, el argumento esbozado por el INVU en el sentido que dentro de los requisitos que el ICT exigía para la aprobación del Plan Regulador no se incluían este tipo de certificaciones. Se reitera, el requisito fue impuesto por ley y no podía  alegarse su desconocimiento o ignorancia;  en todo caso, el reglamento fue publicado con anterioridad a la aprobación de ese instituto y en él se refuerza específicamente el cumplimiento de integrar la variable ambiental en los planes reguladores.  Si el Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa sometido a aprobación del INVU no cumplió con el proceso de viabilidad ambiental ante la SETENA, ese instituto no debió aprobarlo y más bien tenía la obligación de exigir que el mismo integrara la variable ambiental de previo a su aprobación, tal y como lo disponía y lo dispone hasta la fecha, la legislación vigente.  Si bien del testimonio de Leonel Rosales podría desprenderse que el INVU valoró la variable ambiental al momento de aprobar al plan, lo cierto es que lo que se exigía era la evaluación de impacto o proceso de viabilidad  ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental ( SETENA) de previo a la aprobación del plan regulador costero. Ese era el órgano competente para determinar el impacto del Plan Regulador en el ecosistema de la zona. Las probanzas traídas al proceso permiten acreditar fehacientemente que SETENA no emitió ningún tipo de evaluación de impacto o viabilidad ambiental durante los procedimientos que concluyeron con la aprobación de dicho plan. (certificación de SETENA, el propio Plan Regulador). Debe tenerse presente que son las autoridades competentes las que deben emitir los actos administrativos. Solo ellos podrían haber garantizado que existiera congruencia entre el potencial impacto ambiental que generarían los usos de suelo que contempla el Plan Regulador y la condición y calidad del ecosistema de Punta Ventanas de OSA. Por otra parte, es importante señalar que el citado artículo 67 del Reglamento General sobre Procedimientos de EIA ya  transcrito permite integrar la variable ambiental a planes reguladores ya aprobados pero que todavía no cuenten con dicha variable. Si bien se reitera que el Plan Regulador Costero que aquí se analiza debió aprobarse con estudio de impacto ambiental o con la variable ambiental debidamente integrada mediante los procesos que al efecto establece SETENA   (por cuanto al momento de su aprobación dicho requisito ya había sido implementado por el bloque de legalidad), lo cierto es que, en forma absolutamente irregular, fue aprobado sin ella. Peor aún, tampoco se demostró que a la fecha alguno de los entes involucrados en la aprobación del plan regulador haya gestionado la introducción de esta variable en aquel. Ello cobra importancia si se toma en cuenta que dicho plan tiene más de tres años de estar vigente.  Lo anterior  demuestra el absoluto desinterés, particularmente de la Municipalidad de Osa, el Instituto Costarricense de Turismo como superior vigilante de la zona marítimo terrestre y del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo como ente competente de la planificación y uso de suelo, en el cumplimiento de la legalidad y la efectiva tutela del medio ambiente, que, como entes públicos están obligados. Ahora bien, respecto del argumento de planteado por la Municipalidad de Osa y las empresas demandadas en el sentido que esta omisión no genera nulidad absoluta sino relativa toda vez que es posible la integración ambiental en planes reguladores ambientales como lo permite la norma citada, este Tribunal considera que es cuestionable la conveniencia técnica de ello. Lo anterior toda vez que la exigencia  respecto del cumplimiento del citado requisito previo a la aprobación del Plan Regulador no es antojadiza, responde a la finalidad preventiva de este tipo de instrumentos. Se busca que previo a la planificación y determinación de uso de suelo, se considere y evalúe la existencia de ecosistemas frágiles a efectos de que el desarrollo de la zona se efectúe en absoluta armonía con el ambiente. En el caso concreto, ha quedado acreditado que la mayoría de los terrenos comprendidos en el Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa constituyen PNE  por tratarse de bosques, lo que acentúa la necesidad de que la variable ambiental hubiese sido debidamente ponderada previa a la aprobación del Plan Regulador.

4. La realización del Plan Regulador por parte de empresas privadas. Alega la parte actora que el Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa S.A. fue elaborado por una empresa privada. Adicionalmente, dicha empresa fue contratada y pagada directamente por la empresa Las Ventanas de Osa S.A., lo que implica un vicio grave de nulidad toda vez que esa empresa privada carece de competencia, investidura y legitimación para el ejercicio de esa potestad que es propia de la Administración Pública. En este sentido, hay que señalar que conforme lo señala el artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública, el ejercicio y cumplimiento de las potestades públicas, son irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles. Para este Tribunal, no cabe duda de que la potestad de planificación y ordenamiento del territorio sea una potestad pública. Asimismo, una interpretación de los artículos 169 de la Constitución Política, los numerales 15 y 17 de la Ley de Planificación Urbana, así como los cánones 3 y 35 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, así como el 13.o del Código Municipal, permiten afirmar que  la potestad para elaborar y adoptar y dictar planes de ordenamiento territorial tanto en zonas urbanas como en la zona marítima terrestre, corresponde, en forma exclusiva,  a las Municipalidades. Se trata de una potestad que involucra no solo una decisión final por parte de la corporación local, sino que ésta debe ser el resultado de la definición de políticas y lineamientos en relación con el uso del suelo y en atención a fines o intereses públicos. Ahora bien, el legislador, previendo que los gobiernos locales pudieran tener carencias técnicas o económicas que le impidieran llevar a cabo la planificación y ordenamiento en las costas comprendidas en  su jurisdicción, reguló expresamente la posibilidad de que los gobiernos locales pudieran solicitar colaboración a otros entes con competencias en esas materias. Así, conforme a los artículos 26 y 38  de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre en relación con el canon 17 de su Reglamento, dichas corporaciones pueden solicitar al ICT o INVU la elaboración de los planes reguladores costeros como una forma de apoyo técnico o económico institucional. Sin embargo, del bloque de legalidad vigente, no se desprende ningún tipo de habilitación normativa para que sujetos de derecho privado puedan ejercer dicha potestad. Y no existe por cuanto ello violentaría el artículo 66 de la LGAP ya citado, toda vez que implicaría una renuncia o delegación a la potestad de planificar el territorio y ordenación de éste  en beneficio de la comunidad. En el presente proceso se ha acreditado que el Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa fue elaborado por un sujeto de derecho privado, a saber, Desarrollos en Ecología, Paisajismo, Planificación, Arquitectura y Turismo S.A. DEPPAT, lo cual a juicio de este Tribunal y en consideración a lo expuesto implicaría su nulidad. La situación se agrava si se toma en cuenta que de los autos se desprende que la Municipalidad concedió su anuencia a la empresa Las Ventanas de Osa S.A. (se infiere de los folios 94 y 95 del expediente administrativo presentado por el ICT, de la portada y de la transcripción del acuerdo que se realiza en oficio de 3 de abril del 2001 suscrito por la Secretaria I de la Municipalidad de Osa y que consta en lo correspondiente a la "Anuencia Municipal" en el Anexo I del expediente del Plan Regulador aprobado por el INVU y que fuera aportado por ese ente, de los folios 56 A y B del expediente administrativo del INVU) quien a su vez contrató con la empresa DEPPAT S.A. la elaboración del citado plan regulador, siendo que al final Ventanas de Osa S.A. suscribe con la corporación municipal una concesión por una parcela que cubre casi la totalidad de los terrenos comprendidos en el plan regulador de Puntas Ventanas de Osa. No bastaba solo la aprobación por parte de la Municipalidad, el ejercicio de la potestad planificadora, como se explicó, va más allá. El que fuera elaborado por un sujeto de derecho privado implicó a juicio de este órgano,  una renuncia al ejercicio de la potestad pública que el ordenamiento encomendó a los gobiernos locales. Tampoco considera de recibo este Tribunal, los argumentos esgrimidos por algunas de las demandadas respecto a que no existía una norma que prohibiera que un sujeto de derecho privado elaborara los planes reguladores. De conformidad con los artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública, el sometimiento de la Administración al Derecho es total y solo ante la existencia de una norma habilitante, se autoriza su actuación. En este caso, la norma habilitante no solo no existía, sino que además, una norma sustantiva de derecho público, entiéndase el artículo 66 de la citada Ley General lo prohibía expresamente. No se está en el ámbito del Derecho Privado, donde todo lo que no esté expresamente prohibido está permitido, nos encontramos en el Derecho Público, donde la conducta administrativa debe estar previamente autorizada en el ordenamiento jurídico, y se reitera, en este caso no lo estaba. Finalmente, el argumento  de que está práctica constituyó hasta el 2005 una costumbre administrativa, este Tribunal insiste en no puede otorgarse ninguna validez a una costumbre que resulta a todas luces contra legem, de conformidad con el artículo 129, párrafo quinto de la Constitución Política.  Menos aún pretender justificar con ella una negligente conducta administrativa, como la que aquí ha operado.

Corolario: Como consecuencia de todo lo expuesto, procede declarar la nulidad absoluta del Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa, con  la consecuente responsabilidad de la Municipalidad de Osa, ICT e INVU, en los términos de los artículos 199 y 200 de la Ley General de la Administración Pública. Asimismo, no resulta procedente para este Tribunal, modificar o adaptar la conducta administrativa anulada, en los términos del artículo 122 inciso c) del Código Procesal Contencioso Administrativo, toda vez que el pretendido ajuste involucra el ejercicio potestades administrativas, además técnicas y científicas, que escapan de la competencia de este Tribunal, por cuanto ello equivaldría una sustitución de la Administración activa en este sentido.

VIII.- SOBRE LA VALIDEZ DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS LAS VENTANAS DE OSA Y SHARK BAY DOS MIL S.A. 

Corresponde ahora analizar la pretensión de la parte actora de que se declare la nulidad de los contratos de concesión para ocupar parcelas en la zona marítimo terrestre suscritos entre la Municipalidad de Osa y las empresas Shark Bay Dos Mil S.A y Las Ventanas de Osa S.A., toda vez que éstos no cuentan con la respectiva aprobación del Instituto Costarricense de Turismo. En contraposición a este argumento, señalan las empresas mencionadas que en realidad se trata de concesiones ya otorgadas desde los años ochenta y que por descuido caducaron y ellos la solicitaron nuevamente. En este punto, lo primero que debe señalarse es que de las probanzas que constan en autos, no logran las demandadas demostrar la existencia de ninguna concesión para ocupar la zona marítima terrestre de Punta Ventanas de Osa a nombre de las citadas empresas. En relación con la alegada concesión que se otorgó en la década de los ochenta a la empresa Las Ventanas de Osa S.A., cabe señalar que de los expedientes administrativos aportados por la Municipalidad se deduce que si bien se firmaron contratos de concesión para los efectos dichos, lo cierto es que no consta que éstos hayan sido aprobados por el ICT.  En los folios 36 a 38 del expediente administrativo de Las Ventanas de Osa S.A. Tomo 1 que aportara la Municipalidad de Osa, consta el contrato de concesión suscrito entre la Municipalidad y la empresa, más el espacio de aprobación del ICT no se encuentra firmado. Si a este elemento probatorio se le une la certificación que consta a folio 134 del expediente judicial  y según la cual no consta ante ese instituto trámite de expediente para concesión a favor de la empresa Las Ventanas de Osa S.A. en el sector costero de Playa Punta Ventanas de Osa, existe, a juicio de este Tribunal,  elementos de convicción suficientes que permiten descartar la existencia de esta autorización administrativa. Debe tenerse presente que la carga de la prueba respecto de la existencia de la concesión le correspondía en forma exclusiva a las empresas demandadas y no logran acreditar este hecho. Si bien dentro de la prueba que aportan las accionadas visible al folio 208 al 210 del expediente judicial, en principio consta copia certificada del mismo contrato de concesión aportado por la Municipalidad, lo cierto es que confrontados ambos documentos se evidencia una diferencia fundamental: en la copia que se afirma, es  fiel del original,  en el espacio correspondiente a la aprobación del ICT aparece una firma, que se insiste, no consta en la copia que aporta la corporación municipal que custodia el documento original. Ante la anterior disimilitud,  este Tribunal da mayor credibilidad al contrato que aporta la Municipalidad (y que carece de aprobación del ICT) aunado a la certificación del ICT (que certifica en similar sentido), toda vez que se tratan éstos de documentos públicos emitidos por los entes competentes y encargados de resguardar este tipo de información. A ello se unen dos consideraciones importantes: la primera, el hecho que el argumento de la existencia de una concesión que fuera defendido por las demandadas con gran vehemencia en la contestación de la demanda, en el proceso cautelar e incluso mientras se resolvía sobre la admisión de la prueba, desaparece del proceso en el momento en que se discute respecto de la discrepancia en ambos documentos y no se vuelve a mencionar ni en las argumentaciones iniciales, ni en la evacuación de prueba ni en las conclusiones esgrimidas por las concesionarias. Aunado esto,  un elemento de derecho: en principio, resulta jurídicamente imposible que tales concesiones hubieran existido toda vez que no se cumplía con la condición sine qua non que impone el artículo 38 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, esto es, la existencia de un Plan Regulador Costero.  Al momento de suscribirse los contratos de concesión sea, 11 de setiembre de 1981, no existía un  instrumento de ordenación territorial en Punta Ventanas de Osa S.A., lo que excluye la posibilidad de cualquier concesión válidamente aprobada.   Un segundo elemento de análisis lo son los contratos de concesión suscritos por el gobierno local y las demandadas en diciembre del 2006. Al respecto, resulta un hecho no controvertido y además se reafirma con lo certificación del ICT ya mencionada, que estos contratos no han sido aprobados por el ICT, y ello, a criterio de este Tribunal, por una razón fundamental: no se ha acreditado ante ese instituto la delimitación de zonas de bosque y terrenos de aptitud forestal por parte del MINAET, en los terrenos comprendidos en la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa.  Es más, conforme al "Procedimiento Institucional sobre Planes Reguladores Costeros aprobados con fecha anterior al 19 de octubre de 2004", que aprobara el ICT como superior vigilante de la zona marítimo terrestre mediante acuerdo de Junta Directiva SJD-1165-2005, en sesión ordinaria 5391, artículo 5 inciso III, de 6 de diciembre de 2005 y que acordara hacer de conocimiento a todas las Municipalidades con administración de la zona marítimo terrestre, ¨….En el caso de los Planes Reguladores Oficializados mediante la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, las Municipalidades no podrán otorgar concesiones hasta que se haya realizado la delimitación de las zonas de bosque y terrenos de aptitud forestal por parte del Ministerio de Ambiente y Energía, con el procedimiento establecido en la Metodología oficial para tal fin en la zona marítimo terrestre que abarca el plan regulador en cuestión...¨ Si partimos que el Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa, si bien fue aprobado y fue publicado con posterioridad al 19 de octubre del 2004, al final de cuentas y de forma irregular, como se explicó, se aprobó sin la mencionada delimitación de zonas boscosas, es evidente que la corporación municipal debió acatar el procedimiento instituido por el superior vigilante y abstenerse de autorizar algún tipo de concesión hasta que no contara con la certificación del MINAET que delimitara las áreas boscosas en dichos terrenos. Esa era la conducta debida. No obstante lo anterior, pese a que, como ya se demostró, las empresas accionadas ya le habían requerido que solicitara al MINAET la mencionada delimitación previo a la firma de los contratos de concesión; que el mismo Concejo Municipal acordó solicitar la certificación al MINAET –SINAC;  que el alcalde gestiona ante el SINAC la clasificación del PNE , y  habiendo ya el superior vigilante indicado la imposibilidad de otorgar concesiones hasta que no se contara con la mencionada certificación, de forma injustificable e irresponsable la Municipalidad suscribe, el 8 de diciembre del 2006, los contratos de concesión sin que se hubiera certificado por parte del SINAC  la existencia de zonas boscosas que integren el Patrimonio Natural del Estado en los terrenos comprendidos  en el Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa. Este tipo de conductas administrativas resultan absolutamente reprochables no solo por ser contrarias a derecho sino también porque evidencian un irrespeto y una burla a todo el ordenamiento urbanístico-ambiental, amén de que pusieron en condición de vulnerabilidad bienes del PNE que pertenecen a todos los costarricenses, como lo son los bosques de la zona costera de Punta Ventanas de Osa. Es por ello que debe la corporación municipal responder, no solo por el daño que pudiera haber causado a las empresas concesionarias sino también por los daños que pudo haber ocasionado al PNE. Por lo expuesto, resultan absolutamente nulos los contratos de concesión aquí analizados. Por otra parte, es evidente que no existe concesión que legitime la ocupación que, hasta el día de hoy, han venido realizando las demandadas en los terrenos de la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa, toda vez que no han cumplido con el presupuesto indispensable que exige el artículo 42 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, estos es, la aprobación del ICT. También es claro, como ya lo ha manifestado la Sala Constitucional, que la sola solicitud de concesión ante la Municipalidad no legitima la ocupación ni otorga ningún derecho a los accionados. Tampoco se logró demostrar la existencia de permiso municipal alguno que sirviera de título habilitante para la ocupación realizada. Tampoco demuestran las sociedades accionadas que cumplen con los requisitos exigidos para que se pueda considerar como ocupantes o pobladores a dichas empresas, en los términos de los Transitorios VII y artículo 70 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, esto fundamentalmente porque  su ocupación en los terrenos es posterior a la entrada en vigencia de la citada Ley. Lo anterior trae como consecuencia inmediata que esa ocupación que hasta el día de hoy han realizado las demandadas en los terrenos de cita resulte ilegítima y así deba declararse. Por ende, y como restablecimiento de la legalidad violentada, deberán tanto el MINAET como  la corporación municipal (cada uno en el ámbito de su competencia)  tomar las acciones necesarias para el cese de dicha ocupación, lo que incluye, claro está, ordenar el desalojo inmediato de las sociedades demandadas de los terrenos dichos. Debe decidirse ahora respecto de las dos construcciones que existen en el área que venía ocupando en forma ilegítima la empresa Las Ventanas de Osa S.A. Al respecto, este Tribunal estima necesario realizar varias consideraciones: Primero. Como ya se indicara, las edificaciones se ubican en el área sin bosque de la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa y no constituyen Patrimonio Natural del Estado por lo que su administración corresponde, en forma exclusiva, a la Municipalidad de Osa. Segundo. Siendo que lo que ha existido por parte de la sociedad Las Ventanas de Osa constituye una ocupación ilegitima, debe la Municipalidad ordenar el desalojo inmediato de las edificaciones, siendo que éstas pasan a administración municipal. Lo anterior en virtud de los Principios Precautorio y In dubio pro natura, toda vez que, será hasta que se apruebe un Plan Regulador Costero en esa zona no boscosa (si así lo decidiera la Municipalidad) que podría otorgarse concesiones en esa área. Entre tanto, cualquier ocupación de la zona puede ser incompatible con el resto de la zona marítimo terrestre que constituye Patrimonio Natural del Estado y ocasionar en ésta daños irreversibles. Deberá asimismo la Municipalidad, en coordinación con el MINAET, valorar si las obras construidas son compatibles con la naturaleza boscosa del resto de los terrenos. Tercero. Quedó acreditado en autos que la Municipalidad de Osa cobró a las empresas demandadas los cánones por supuestas concesiones en la zona marítimo terrestre sin que aquéllas se hubieran realmente concedido, tal y como ya lo declarado este Tribunal. Es evidente que el gobierno local debió abstenerse de dicho cobro, toda vez que, se insiste, no existía ninguna concesión que lo justificara y que haberlo hecho constituye un exceso de poder por parte del ente público. Sin embargo, lo cierto es que el pago del canon de ninguna manera legitima la ocupación y por ende no impide el restablecimiento de la legalidad. Asimismo, considera este órgano colegiado que no procede la devolución de lo pagado a título de canon a las accionadas. Ello por cuanto, aún en forma ilegítima, lo cierto es que las empresas ocuparon terrenos en la zona marítimo terrestre, lo que constituye el presupuesto de hecho para el pago del canon. En ese tanto, resultaría un beneficio indebido para las demandadas  que la Municipalidad devolviera los dineros pagados por una ocupación, que aunque de hecho, realizó. Cuarto. Se demostró también en este proceso, que la Municipalidad de Osa cobró a la empresa Las Ventanas de Osa S.A. patente de licores durante los años 2003 al 2008. En este sentido, considera este Tribunal que se verificó el hecho generador del tributo y por ende, lo pagado por este rubro no debe ser devuelto a la empresa. En todo caso se insiste, la existencia de pago de tributos municipales no inhibe al gobierno local a restablecer la legalidad y tutelar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantiza el artículo 50 constitucional. En ese tanto, lo debido es el ajuste de la realidad fáctica con el ordenamiento urbanístico-ambiental tanto en las zonas costeras que comprenden zonas boscosas y recursos forestales, como en las que no. Quinto. Si bien no se logró acreditar la existencia de permisos municipales otorgados para la construcción de las edificaciones que aquí se analizan, considera este órgano colegiado que ello no debe llevar a la errónea conclusión de que no debe indemnizarse a la accionada Las Ventanas de Osa S.A. el valor de las edificaciones que construyó  y que se ubican en la zona marítima terrestre Punta Ventanas de Osa. Debe tenerse presente que, tal y como pudo apreciarlo el Tribunal en el reconocimiento judicial realizado en la zona y como quedó acreditado con el testimonio de Leonel Rosales, estamos en presencia de edificaciones de más de veinte años y durante la mayoría de esos años, la Municipalidad demandada no solo conoció de su ilegítima existencia sino que además, toleró y cohonestó, en forma irregular e irresponsable esa situación,  al cobrar a la demandada Las Ventanas de Osa S.A. patentes de licores y canon de ocupación de la zona marítimo terrestre. Bajo semejante cuadro fáctico antijurídico, resulta desproporcionado e  irrazonable someter a la empresa accionada a probar la existencia de permisos municipales, que se presume pudieron otorgarse hace tantos años y de los cuales ni la parte actora ni la Municipalidad de Osa, pudieron desvirtuar su existencia, toda vez que tampoco se logró acreditar que no se otorgaron los permisos para dichas construcciones. Este tipo de probanzas se constituyen en "diabólicas" y se tornan, a juicio de este Tribunal, en ilógicas e innecesarias toda vez que, se reitera, las construcciones existen, la corporación Municipal conocía de su existencia y nunca ejerció las medidas que el ordenamiento le imponía tratándose de edificaciones que hubiesen sido levantadas sin permiso municipal. Sexto. Evidentemente, la conducta de la Administración Municipal tendente al ajuste o restablecimiento del ordenamiento urbanístico-ambiental, que conlleva, en este caso, el cese de la ocupación ilegítima que hasta hoy ha realizado la empresa Las Ventanas de Osa, y por ende, la salida y  desocupación inmediata por parte de esa sociedad, se impone, a juicio de este Tribunal, como una conducta lícita y normal de la corporación municipal que genera un daño en la esfera de la empresa Las ventanas de Osa. Ello toda vez que se verifican los presupuestos exigidos por el artículo 194 de la Ley General de la Administración Pública. Existe un daño especial en virtud de la su intensidad excepcional (la pérdida del  valor de las edificaciones) y que afecta a una pequeña proporción de afectados, en este caso, la empresa Las Ventanas de Osa S.A., y que ella no está obligada a soportar, toda vez que, se reitera, la Municipalidad toleró y permitió irregularmente la construcción.  Hay también un nexo de causalidad entre la conducta administrativa debida e impuesta por el ordenamiento, sea la desocupación del inmueble y el daño cierto, efectivo e individualizable que como consecuencia de esa conducta lícita de la Administración, se provoca en la situación jurídica de la empresa de marras (y que se constituye en el valor de las edificaciones).    Así las cosas, deberá la corporación municipal indemnizar a la empresa accionada únicamente el daño, esto es el  valor de los edificaciones, más no el lucro cesante. El monto de dicha indemnización se fijará en ejecución de sentencia.

Corolario. Se anulan los contratos de concesión para ocupar parcelas en la zona marítimo terrestre suscritos entre la Municipalidad de Osa y las empresas Shark Bay Dos Mil S.A y Las Ventanas de Osa S.A. Se declara ilegítima la ocupación que realizan dichas empresas y se ordena la desocupación inmediata de ambas sociedades, tanto de los terrenos como de las edificaciones existentes. Se declara la obligación de la Municipalidad de Osa de indemnizar el daño ocasionado a la empresa Las Ventanas de Osa S.A. y que se concreta en el valor real de las edificaciones que construyó. Dicho monto se determinará en ejecución de sentencia.

IX. SOBRE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PRETENDIDOS

Finalmente, pretende la accionante que se condene en abstracto a las demandadas por los daños y perjuicios que se hayan derivado de la relación jurídica administrativa que aquí se discute y de las conductas administrativas que se impugnan. Se trata, se insiste, de una condenatoria en abstracto y que el artículo 122 inciso m) del Código Procesal Contencioso Administrativo faculta realizar al juzgador. En este aspecto, considera este Tribunal que la condena en abstracto procede. Los elementos de convicción traídos a autos permiten establecer que hubo diferentes conductas administrativas formales y omisivas que originaron daños al ecosistema imperante en los terrenos boscosos comprendidos en Punta Ventanas de Osa, que acarrean la responsabilidad administrativa de los órganos y entes vinculados. Por una parte existe un daño demostrado, esto es las grandes alteraciones y deterioro en su biodiversidad que han sufrido los terrenos boscosos de la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa, durante en el período comprendido de 1979 al 2008, entre las que pueden mencionarse árboles cortados, corta de raíces y ramas, acumulaciones de material orgánico en zona pública, zona restringida y cerca de quebradas, claros con vista al mar tanto en zona pública como en zona restringida, trochas o caminos que van desde la zona restringida hasta la pública. Por otra parte, existen conductas administrativas que se constituyen, a juicio de este órgano en causas generadoras del daño citado. El principio orientador que permite a este Tribunal llegar a esta conclusión es el deber del Estado, impuesto por el ordenamiento jurídico, de velar por la utilización racional del medio ambiente. Conteste a ello,  el Estado vigilará la utilización racional de los elementos ambientales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. En este sentido, es el principal obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible y sustentable, que satisfaga las necesidades humanas básicas sin comprometer las opciones de las generaciones futuras, garantizando la equidad entre generaciones. Este deber obliga al Estado a coordinar políticas ambientales que garanticen, además de lo expuesto, que la calidad de nuestros ecosistemas no se deteriore, se refuerce la prevención de conductas dañinas, la participación de las personas en la gestión ambiental, el fortalecimiento de la responsabilidad ambiental, entre otros. No debe perderse de vista que, en el fondo,  se trata de una garantía de protección de la vida y salud, tanto de los costarricenses como de comunidad mundial. Por ende, la violación de estos preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta en peligro de intereses públicos ambientales y ecológicos a corto, mediano y largo plazo. Pues bien, en el proceso que nos ocupa, el Estado, a través de distintos órganos y entes, se convirtió en el mejor instrumento para lesionar estas garantías. Existe un nexo causal entre las distintas conductas impugnadas y los daños ocasionados a los terrenos boscosos que se ubican en la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa. Primero. Para este Tribunal quedó fehacientemente acreditado que la mayoría de los terrenos comprendidos en la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa constituyen bosque.  Además, del reconocimiento judicial realizado, este Tribunal, sin ser experto en la materia, pudo determinar la presencia de bosque. Sin embargo, de modo inexplicable, todos los entes públicos involucrados en la adopción y aprobación del Plan Regulador omiten esta circunstancia. Veamos. En el caso de la Municipalidad de Osa, aún y cuando los personeros municipales no tuvieran la existencia de bosque como un hecho público y notorio, al menos ante la duda de si estaban en presencia de zonas boscosas (la cual salta a simple vista como lo constató este Tribunal en el reconocimiento judicial), los deberes de protección al ambiente  y la  exigencia expresa que imponían los artículos 13 y 15  de la Ley Forestal, debieron haber tenido solicitado la certificación de clasificación de Patrimonio Natural del Estado y actuar en defensa del ecosistema de la zona, como lo exigen los artículos 21, 50 párrafo segundo y tercero y 89 de la Constitución Política, así como el numeral 11 de la Ley de Biodiversidad. Esa era la conducta impuesta por el ordenamiento jurídico y fue omitida. Pero la violación de los deberes impuestos a la corporación municipal no se quedan ahí: además,  delegaron el ejercicio de una competencia indelegable como lo es la planificación y ordenación del uso de suelo en ese territorio,  en una empresa privada, que no contempló la vulnerabilidad de los elementos naturales en esa zona. Se agrava lo anterior si se considera que la empresa  a quien se otorgó la anuencia municipal para la elaboración del plan regulador (y ejerció la potestad de planificación y ordenación del territorio), adquiere luego en concesión más del ochenta por ciento de los terrenos. Además, aprobaron el Plan Regulador sin el requisito de Evaluación de Impacto Ambiental ni ningún tipo de vialidad ambiental, comprometiendo la frágil biodiversidad que ahí impera, toda vez que no se contempló el impacto del uso de suelo propuesto. Una muestra más de su conducta antijurídica y negligente lo es el hecho de que, teniendo absoluta claridad  de que no podía otorgar concesiones hasta tanto el MINAET no hubiera certificado la existencia de bosque en los terrenos comprendidos en el Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa, de forma inexplicable para este Tribunal, suscribe unos contratos de concesión sin esperar la certificación dicha.  Finalmente, resulta reprochable también la práctica ilegítima de cobrar durante años cánones en zona marítimo terrestre e impuestos, sin que existiera concesión que se lo permitiera. A su vista y paciencia, se construyeron edificaciones en zona restringida sin que existiera título habilitante para ello y hasta hoy se mantienen sin que se hubiera ejercido las potestades que por autotutela le corresponden. A juicio de este Tribunal, cada una de estas manifestaciones de una conducta administrativa ilegítima e irresponsable, se convierten en causa suficiente y adecuada para ocasionar el detrimento a la biodiversidad de la zona mencionado y  que fuera constatado por este mismo órgano en el reconocimiento judicial.  Si desde el primer momento la Municipalidad hubiera solicitado la clasificación y certificación de la zona al MINAET, se hubiera constado la presencia de bosque y no se hubiera aprobado un Plan Regulador que no resulta compatible con la biodiversidad ni el recurso boscoso que impera en la zona. Consecuentemente, tampoco existirían los claros ni la corta de árboles que este Tribunal observó y en su lugar, existiría el bosque de caracteriza aún, algunas sectores de Punta Ventanas de Osa. Es evidente que toda esta conducta ilegítima, ligera e irreflexiva de la Municipalidad de Osa produjo un detrimento a las zonas boscosas de la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa y los ecosistemas que ahí imperan, lesionado también el derecho de los habitantes de la zona, de todos los costarricense y de la comunidad mundial, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado con una utilización racional y sustentable de los recursos boscosos y forestales, lesión que puede ser, incluso,  irreversible; razón por la cual debe responder, como lo exigen los artículos 190 y siguientes de la LGAP.   Respecto al Instituto Costarricense de Turismo, tenemos que aprobó el Plan Regulador sin la existencia de la certificación de PNE ni la evaluación de impacto ambiental o vialidad ambiental y, por las mismas consideraciones ya expuestas, esta conducta formal de aprobación se constituye en causa generadora del daño ya expuesto. No puede obviar este Tribunal que se trata del superior vigilante de la zona marítima terrestre impuesto por la Ley 6043 y por ende, no ejerció en forma adecuada la fiscalización exigida, máxime en una zona con ecosistemas frágiles y ante una indiscutible y acreditada fehacientemente, presencia de bosque. Si no tenía los técnicos que le confirmaran esa condición, pudo haberlos buscado, informado al MINAET o haber tomado cualquier otra acción en tutela de la biodiversidad de la zona y no lo hizo. Se reprocha, también,  una conducta omisiva de los deberes impuestos:  la sola inspección en la zona durante los años en que se aprobó el Plan Regulador, permitía constatar la existencia de bosque (como quedó acreditado con las fotografías) o al menos ante la duda ( y salta a simple vista incluso al día de hoy, tal y como se acreditó con el reconocimiento judicial) debió actuar conforme lo exigía la normativa vigente y no aprobar el Plan hasta tanto no se cumpliera con la certificación de clasificación de PNE. Su inactividad en los deberes de fiscalización y vigilancia, así como la conducta formal consistente en la aprobación del Plan Regulador se convierten de igual formal, en causas adecuadas y suficientes para generar el daño ya descrito, y por ello debe igual responder ese ente.  Con todo, valga señalar que, al menos, ha negado su aprobación a las concesiones que ya suscribió la corporación municipal, hasta tanto no cumpla con la certificación de PNE, lo que evitado un daño aún más grave y que de alguna manera, se consoliden derechos de terceros en esas condiciones. En relación con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, se reitera lo expuesto para el ICT en relación a la irregular aprobación del Plan Regulador. Con un agravante: de la prueba documental y del testimonio de Leonel Rosales se evidencia que ya el INVU conocía con certeza desde la década de los ochenta, la existencia de zonas boscosas en esos terrenos. Tanto así que en aquel entonces no aprobó el proyecto de Plan Regulador para esa misma zona en virtud de que la División de Bosques del Ministerio de Ganadería no aclaró el manejo y control que de ese recurso iba hacerse. No justifica este Tribunal, por tanto, que conociendo de tal circunstancia (porque constaba en sus archivos) haya aprobado el Plan Regulador en el 2004 sin cuestionarse ni corroborar lo relativo a la certificación de PNE y la evaluación de impacto ambiental.  Igual su conducta es causa generadora del daño expuesto y debe responder como corresponde. En lo que respecta al Estado, este Tribunal debe reprocharle una total inactividad en la toma de decisiones y ejecución de acciones que permitieran tutelar debidamente y como lo exige el ordenamiento jurídico, los bosques de la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa. Específicamente, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación existe con competencias claramente definidas desde el año 1998. Este Tribunal ha expuesto su tesis de que la afectación al PNE es legal e inmediata y que la administración de las zonas comprendidas en este corresponde al MINAET. La clasificación a través de la certificación que tantas veces se ha mencionado, constituye únicamente un acto de mera constatación y de clasificación. Por ello, si los terrenos boscosos de la zona marítima terrestre de Punta Ventanas constituyen PNE, no justifica este órgano colegiado que fuera hasta el 2006 y por, gestión de la Municipalidad de Osa (inducida además por petición de un sujeto de derecho privado) que se emitiera la certificación que lo clasificara como zonas boscosas. Surge la pregunta ¿y dónde estaban las potestades oficiosas y los deberes de tutela al ambiente encomendados al SINAC? ¿Por qué no fueron ejercidos en tiempo? No lo entiende este Tribunal ni lo justifica, máxime cuando el MINAET es el órgano rector en materia ambiental.  Pero aún, la certificación se solicita en el 2006 y no es hasta casi un año después que es emitida, cuando se insiste, la existencia de bosque era palpable y evidente. No se explica este Tribunal como ACOSA empieza a tener una presencia definida, como lo exige el bloque de legalidad, hasta el 2005 si siempre han estado en la zona.  Tampoco porque no se certificó antes y de oficio que esas eran zonas boscosas, si precisamente ACOSA debe velar por la conservación de la biodiversidad de la zona, lo que incluía claro está, Punta Ventanas. Toda esta inactividad formal y material se constituye también, en causas generadoras del daño descrito. No basta que actualmente este órgano esté cumpliendo con los deberes impuestos. El ordenamiento jurídico le otorgó potestades y habilitaciones en materia de conservación de la biodiversidad que no fueron gratuitas, que había que ejercerlas y su omisión violentó el bloque de legalidad en su vertiente positiva, ocasionado daños que, ante un ejercicio adecuado y oportuno de las potestades públicas, pudieron ser evitados; situación que este Tribunal no puede justificar y por las que deben responder. Por otra parte, hay que referirse a la Procuraduría General de la República, y las potestades que tiene específicamente en lo relativo a la zona marítimo terrestre. Expuso esa representación que la función de dicho órgano es meramente consultiva, sin poder sustituir a la Administración Activa, por lo que hasta tanto ésta no consulten, se ven impedidos de actuar. Esa afirmación es parcialmente compartida por este Tribunal. Ello por cuanto,  como se mencionó en el Considerando V, la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, otorga a la PGR una competencia que va más allá de la meramente consultiva: le otorga el ejercicio del control jurídico para el debido cumplimiento de las disposiciones, pero no solo a instancia de parte, sino también, por sí misma, esto es, de oficio. Por ende, aunque no le fuera consultado debió haber ejercido debido control jurídico no solo a posteriori, que a juicio de este Tribunal tampoco lo ha hecho satisfactoriamente, toda vez que no es sino hasta este año que la CGR, haciendo estreno de una novedosa legitimación que le otorga el CPCA interpone este proceso para impugnar estas conductas, mismas que pese a estar surtiendo efectos desde el 2004 no fueron impugnadas por el Estado. Pero tampoco ha ejercido un eficaz y eficiente control jurídico a priori, que pudo haberse traducido  en adecuadas capacitaciones a las Administraciones vinculadas respecto de los alcances y prohibiciones de la Ley de la Zona Marítima Terrestre. Lo anterior es fundamental si se toma en cuenta las carencias técnicas, profesionales y económicas que, lamentablemente, caracterizan a la mayoría de las Municipalidades que administran zonas costeras. Quedó acreditado en este proceso que existía un total desconocimiento por parte de los funcionarios municipales, del ICT, del INVU y del propio MINAET respecto de los alcances de legislación vigente en esta materia. Ese desconocimiento pudo haber influido en las decisiones. Por eso resultaba fundamental que el asesor del Estado cumpliera un papel más activo en ese momento. En ese tanto, su omisión colabora a generar el daño ocasionado. Por lo expuesto, si los sujetos de derecho público demandados en este proceso tienen encomendada la potestad de preservar, garantizar y tutelar, en este caso, el ecosistema boscoso de Punta Ventanas de Osa; así como la obligación de evitar deterioros en este bien que se constituye Patrimonio Natural del Estado y en virtud de su acción o inactividad se genera un daño, podemos concluir que su funcionamiento ha sido deficiente, lo que implica necesariamente su responsabilidad en los términos del artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública.  Finalmente, cabe pronunciarse sobre si existen conductas de las empresas Las Ventanas de Osa S.A. y Shark  Bay Dos Mil S.A., que al amparo del artículo 1045 del Código Civil, se constituyan en causas productoras del daño que generen responsabilidad para las dichas empresas.  En este sentido, de las probanzas traídas al proceso, no encuentra este Tribunal conducta alguna que permita atribuirle tal responsabilidad, toda vez que no se configuran los presupuestos subjetivos de dolo o culpa grave que la legislación exige. Si bien es cierto Las Ventanas de Osa S.A. fue contratada para elaborar el Plan Regulador, lo cual era jurídicamente improcedente como se explicó,  esa actuación aunque ilegítima no se demostró que fuera realizada con dolo ni culpa grave: tuvo anuencia municipal para ello. Una vez aprobado y publicado el Plan Regulador ambas empresas gestionan  las concesiones, ambas también solicitan, antes que se les otorgue el contrato, la clasificación de Patrimonio Natural del Estado. Pagaron un canon por ocupación e impuestos que la Municipalidad les cobró. Incluso, en general, han cumplido con las medidas cautelares impuestas por este órgano jurisdiccional. Si bien su ocupación no resulta ajustada a derecho, es lo cierto que no se logra demostrar que aquélla se realizara con dolo o culpa grave que permitiera atribuirles responsabilidad por el daño ocasionado. Las demandadas se sometieron a lo exigido y permitido por las Administraciones vinculadas al proceso de aprobación del Plan Regulador y las concesiones. En ese tanto, debe este Tribunal insistir en la necesidad de que al inversionista se le dicten normas y procedimientos transparentes,  lícitos y uniformes; que además ser coordinados entre las diferentes instituciones involucradas. Ello responde a principios como la simplificación y la eficiencia, los cuales en el caso de marras estuvieron ausentes. Para beneficio de la colectividad y de la legalidad, a las empresas demandadas no se les aprobó ninguna concesión que les otorgara un derecho real administrativo a la ocupación de la zona marítimo terrestre, en este caso, además Patrimonio Natural del Estado; porque ello necesariamente introduciría una variable adicional que tendría que ser valorada al momento de dimensionar decisiones de este tipo. Se insiste, en este caso concreto no existen, y por tanto el restablecimiento de la legalidad violada se impone por sí solo.

[…] XII.  COROLARIO

Como derivado de lo expuesto, en virtud de que ha quedado acreditada la naturaleza boscosa de la mayoría de los terrenos comprendidos en la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa, debe concluirse que: 1) Se declara que las áreas con bosque natural y con árboles aislados los terrenos de la zona marítimo de Punta Ventanas de Osa constituyen Patrimonio Natural del Estado y su administración corresponde al MINAET, tal y como lo indica el artículo 13 de la Ley Forestal. 2) La zona restante que se corresponde con el área sin cobertura boscosa, no constituyen Patrimonio Natural del Estado, estando por ende, bajo la administración de la Municipalidad de Osa tal y como lo dispone el artículo 3 de la Ley de la Zona Marítima Terrestre. 3) Se declara absolutamente nulo el Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa, su reglamento de zonificación y las láminas correspondientes, toda vez que fue aprobado por la Municipalidad de Osa sin tener competencia para ello, ya que se planifican terrenos que no estaban bajo su administración, sino del MINAET. Asimismo, la nulidad se declara toda vez que se aprobó con violación del ordenamiento jurídico vigente e incumplimiento de formalidades esenciales como lo eran: la certificación de Patrimonio Natural del Estado, la evaluación de impacto ambiental o certificación de vialidad ambiental y fue elaborado por sujetos de derecho privado, violentando el artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública. 4) Se declara la nulidad absoluta de los contratos de concesión firmados por la Municipalidad de Osa y las empresa Las Ventanas de Osa S.A.,  el ii de setiembre de 1981 y el 8 de diciembre de 2006. Asimismo, se anula por ilegal, el contrato de concesión suscrito por esa misma corporación municipal y la empresa Shark Bay Dos Mil S.A., el 8 de diciembre de 2006. Esta declaratoria abarca la invalidez de las conductas administrativas que sirvieron de fundamento a esos instrumentos contractuales. 5) Por conexidad, se anulan los acuerdos municipales adoptados por el Concejo Municipal de Osa en sesiones ordinarias No. 51-2004, de 22 de diciembre del 2004, en tanto aprobó el Plan Regulador que se anula y la No. 26-99, de 30 de junio de 1999, así como el adoptado en la sesión extraordinaria No 08-01, de 30 de abril de 2001. Asimismo, se anula la conducta administrativa manifestada en el oficio sin número de 26 de julio de 2005, suscrito por Gabriel Villachica, en su momento alcalde municipal de Osa (folio 54 Tomo 2 expediente administrativo de Las Ventanas de Osa, aportado por la Municipalidad). Se anulan también, el acuerdo emitido por la Junta Directiva del ICT aprobado en sesión No. 3092, acuerdo 4o. celebrada el 23 de junio de 1980,  el artículo 5, inciso IV de la sesión ordinaria No. 5186, de esa misma Junta, de 2 de julio de 2002, y los actos administrativos FOM-ZMT-210-2002, FOM-ZMT-211-2002 y FOM-ZMT-212-2002. 6) Se anula parcialmente el contenido de la certificación emitida el 18 de octubre del 2007 y suscrita por la Directora del Área de Conservación de Osa únicamente en lo relacionado a las hectáreas que corresponden a zonas de bosque, a efectos de que se adecúe y en incluya dentro de ese rubro tanto las hectáreas que corresponden a bosque primario como lo relativo a áreas con árboles aislados, conforme lo señala el  Informe de Levantamiento de las Áreas de Patrimonio Natural del Estado en los Planes Reguladores de Ventanas de Osa y Shark Bay S.A. No. ACOSA-GMRN-O84, de 24 de octubre de 2006. 7) Se declara ilegítima la ocupación que, hasta hoy, han venido realizando las empresas demandadas en los terrenos de la zona marítima de Punta Ventanas de Osa. Para el restablecimiento de la legalidad urbanístico-ambiental violentada, deberán tanto el MINAET como  la corporación municipal (cada uno en el ámbito de su competencia)  tomar las acciones necesarias para el cese de dicha ocupación, lo que incluye, claro está, ordenar el desalojo inmediato de las sociedades demandadas de los terrenos dichos. 8) En tanto no se apruebe un Plan Regulador en el área de zona marítima terrestre de Punta Ventanas de Osa que no constituye Patrimonio Natural del Estado, deberá la Municipalidad de Osa abstenerse de autorizar cualquier tipo de concesión sobre aquélla. Asimismo, en caso de que la corporación municipal decidiera conceder algún permiso de uso (en precario) en la zona que administra,  previo a su otorgamiento deberá coordinar con el MINAET y SINAC, el impacto de ese aprovechamiento en los ecosistemas boscosas (que constituye PNE) que rodean esa área, a efectos de garantizar la compatibilidad del uso que se autorice. 9) Deberá la corporación municipal, en coordinación con el MINAET y SINAC, valorar si las edificaciones que quedarán desocupadas en el área de la zona marítima que no constituye Patrimonio Natural del Estado son compatibles con la naturaleza boscosa del resto de los terrenos que si constituyen Patrimonio Natural del Estado. 10)  Se declara la obligación de la Municipalidad de Osa de indemnizar, a el daño ocasionado a la empresa Las Ventanas de Osa S.A., como consecuencia de la desocupación ordenada y que se concreta en el valor real de las edificaciones que construyó. Dicho monto se determinará en ejecución de sentencia. 11) Se declara la responsabilidad administrativa por conducta ilícita y funcionamiento anormal de la Municipalidad de Osa, el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en tanto autores de conductas administrativas absolutamente nulas y conductas omisivas que ocasionaron daños al ecosistema boscoso de la zona marítimo de Punta Ventanas de Osa que constituye Patrimonio Natural del Estado. Asimismo, se declara la responsabilidad administrativa por funcionamiento anormal del  Estado y al Sistema Nacional de Áreas y Conservación, en tanto autores de conductas omisivas ya descritas y que, igualmente, se constituyeron en causa generadora del daño al ecosistema boscoso de la zona marítimo de Punta Ventanas de Osa que constituye Patrimonio Natural del Estado. 9) Se condena en abstracto a los sujetos de derecho público demandados, al pago de daños y perjuicios acreditados en el Considerando IX del presente fallo. La determinación del quantum de esos daños y perjuicios y los parámetros de indemnización se realizará en ejecución de sentencia. 12) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122 incisos a y b, 130. 3 y 131.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la anulación por este medio decretada producirá efectos erga omnes, declarativos y retroactivos a la fecha de la vigencia de las disposiciones impugnadas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe y situaciones jurídicas consolidadas. Asimismo, una vez que haya adquirido firmeza, debe disponerse la publicación de este fallo en el Diario Oficial la Gaceta, con cargo a las Administraciones que aprobaron-dictaron el plan anulado. 

 

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Otras Referencias: “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (artículos 2.1, 12.1 y 12.2.c); el “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (artículo 11); la “Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural”, suscrita en París el 23 de noviembre de mil novecientos setenta y dos y, aprobada por Ley número 5980 del veintitrés de octubre de mil novecientos setenta y seis; la “Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América”, adoptada en Washington el tres de marzo de mil novecientos setenta y tres y aprobada por Ley número 3763 del diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y seis; la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, suscrito en Ramsar el dos de febrero de mil novecientos setenta y uno, y aprobado por Ley número 7224 de mil novecientos noventa y uno; el “Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono”, adoptado en Viena el veintidós de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, y aprobado por Ley número 7228 de veintidós de abril de mil novecientos noventa y uno, y su “Protocolo de Montreal Relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono”, suscrito en Montreal el dieciséis de setiembre de mil novecientos ochenta y siete, y aprobado por Ley número 7223 del dos de abril de mil novecientos noventa y uno; la “Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar”, suscrita en Montego Bay el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y aprobada por Ley número 7291 publicada el quince de julio de mil novecientos noventa y dos.Ley de Aguas (No. 276 del 27 de agosto de 1942; Ley de Planificación Urbana (No. 4240 del 15 de noviembre de 1978, la Ley Forestal (No. 4465 del 25 de noviembre de 1979, ya derogada); la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (No. 6043 del 2 de marzo de 1977); la Ley General de Salud (No. 5395 del 30 de octubre de 1973); la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales (No. 6084 del 24 de agosto de 1977); la Ley de Salud Animal (No. 6243 del 2 de mayo de 1978); la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (No. 7317 del 21 de octubre de 1992).

Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
Texto de la resolución

 

 

 

 

 

Tribunal Contencioso Administrativo,  II Circuito Judicial

                           de San  José, Dirección04   

                          Central 2545-00-03                           Fax 2545-00-33

                                Correo Electrónico tproca-sgdoc@poder- judicial.go.cr

______________________________________________________________________

EXPEDIENTE:08-00904-1027-CA

PROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE.

ACTOR: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DEMANDADOS: EL ESTADO, EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, EL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, LA MUNICIPALIDAD DE OSA, LAS VENTANAS DE OSA S.A. Y SHARK BAY DOS MIL S.A.

 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEXTA. II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Dirección144 . Goicoechea, a las dieciséis horas del diecinueve de enero de dos mil nueve.

No. 0063 -2009

Proceso de conocimiento declarado de trámite preferente interpuesto por la Contraloría General de la República, representada Nombre602   , cédula de identidad CED30542;  Nombre603    cédula CED30844; y Nombre4349  , cédula CED13825, todos casados y vecinos de Santa Bárbara de Heredia, San Francisco de Heredia y Goicoechea respectivamente,  en contra del Estado, representado por el procurador Mauricio Castro Lizano, de calidades ignoradas;  el Sistema Nacional de Áreas de Conservación representado por Nombre140583  , cédula CED110641 y Nombre137222     ,  cédula CED110642, ambas solteras y de domicilios ignorados; el Instituto Costarricense de Turismo, representado por Nombre71324  , cédula CED13755, Nombre140584    , cédula CED31152, ambos de estado civil y domicilio ignorados y Nombre112136  ,  cédula CED88720, casada y vecina Nombre33385; el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, representado por Nombre66240   , cédula CED48693, viuda, vecina de Curridabat, Nombre140585  , cédula CED80836, soltera, vecina de Curridabat y Nombre35741  ; cédula CED31405, casado, vecino de Desamparados; la Municipalidad de Osa, representada por Nombre140586  , CED110643, divorciado una vez, vecino de Palmar Sur, Nombre140587  , cédula CED110644, casado, vecino de Palmar Norte y Nombre140588  , cédula CED110645, casado, vecino de Palmar Sur; la empresa Las Ventanas de Osa S.A., representada por Nombre140589  , cédula CED91294, casado y vecino de Curridabat;  y la empresa Shark Bay Dos Mil S.A;  representada por Nombre140590  , cédula CED110646, divorciado, vecino de Escazú  y Nombre140591  , cédula CED110647, casado y vecino de San Antonio de Coronado.  Todos los representantes actúan en calidad de apoderados especiales judiciales.

RESULTANDO

1.- La Contraloría General de la República  interpone la demanda que ha dado origen al presente proceso, contra el Estado, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante SINAC), el Instituto Costarricense de Turismo (en adelante ICT), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (en adelante INVU), la Municipalidad de Osa; así como en contra de las empresas Las Ventanas de Osa S.A. y Shark Bay Dos Mil S.A.,  para que, en lo medular, se declare en sentencia: 1) La nulidad absoluta del Plan Regulador del Sector Costero de Punta Ventanas de Osa, aprobado por la Municipalidad de Osa, el ICT y el INVU, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 37 del 22 de febrero del 2005, incluidos todos los actos y actuaciones conexas relacionados con la aprobación del citado plan regulador.  2)  La nulidad absoluta del acuerdo emitido por la Junta Directiva del ICT aprobado en sesión No. 3092, acuerdo 4o. celebrada el 23 de junio de 1980 y que fuera publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 80 del 29 de abril de 1986, y que dispuso declarar de interés turístico el sector costero rocoso de acantilados de Punta Ventanas de Osa. 3) La nulidad absoluta de los contratos de concesión firmados por la Municipalidad de Osa y las empresas Las Ventanas de Osa S.A.  y Shark Bay Dos Mil S.A, que fueran suscritos el 8 de diciembre del 2006. 4) Que se declare que el área relativa a la zona marítimo terrestre, comprendida en el Plan Regulador del Sector Costero de Punta Ventanas de Osa, en su totalidad, forma parte del Patrimonio Natural del Estado y su administración corresponde en forma exclusiva al MINAET. 5)  Que se condene a los demandados, en abstracto, al pago de los daños y perjuicios derivados de la conducta administrativa, relación jurídica administrativa y demás actuaciones objeto de la presente demanda, cuya existencia y cuantía se establecerán en ejecución de sentencia. 6) En caso de oposición, se condene  a los accionados al pago de ambas costas  derivadas de la presente acción. Asimismo, como medida cautelar, solicitó "...la desocupación inmediata de los inmuebles que se ubiquen en los terrenos de la zona marítimo terrestre contemplados dentro del Plan Regulador del Sector Costero de Punta Ventanas de Osa y que estén siendo utilizados por particulares en perjuicio de los recursos naturales de esa área; así como se encargue la vigilancia, conservación y protección de dicha zona al MINAE, mientras se resuelve en forma definitiva el proceso.  Subsidiariamente, pide que en caso de que se considere improcedente la adopción de la cautelar en los términos referidos, se ordene en forma provisional a quienes figuren como ocupantes de dichos terrenos contemplados en el citado Plan Regulador Costero, que durante el transcurso de este proceso y hasta la firmeza de la sentencia definitiva, se abstengan de realizar cualquier actividad que cause daño o perjuicio al área boscosa que se ubica en dicha zona..."

 2.- Este proceso fue declarado de trámite preferente mediante resolución dictada por este Tribunal a las catorce horas con cuarenta minutos del 18 de setiembre de dos mil ocho.

3.- Mediante resoluciones No. 703-2008 y 742-2008, de las dieciséis horas del 18 de setiembre de 2008 y diez horas diez minutos del 26 del mismo mes y año, respectivamente, este Tribunal acogió tutela cautelar en forma provisionalísima. Asimismo, en resolución No. 836-08, dictada en la audiencia oral celebrada el 10 de octubre del año recién pasado, este Tribunal adoptó, ajustó y precisó el contenido de la tutela provisional solicitada en los siguientes términos:  "1)Se ordena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que coordine con el Área de  Conservación de Osa la vigilancia, conservación y protección de los terrenos comprendidos en el Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa, en los términos que se precisaran en un acápite posterior. 2) Se ordene al Área de Conservación de Osa para que se abstenga de tramitar cualquier solicitud de tala, corta u aprovechamiento de recursos naturales  en los terrenos comprendidos en el Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa. 3) Se ordena al Director del Registro de la Propiedad de Bienes Inmuebles que se abstengan de tramitar e inscribir cualquier  concesión sobre los terrenos comprendidos en el Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa.  4) Se ordena a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)  que se abstenga de tramitar cualquier solicitud sobre la vialidad de desarrollo y obras sobre los terrenos comprendidos en el Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa.  5) Se ordena a la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva, Gerencia y demás dependencias administrativas y técnicas del ICT que se abstengan de tramitar y aprobar cualquier trámite de concesión sobre los terrenos comprendidos en el Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa.  6) Se ordena a  la Corporación Municipal de Osa, incluyendo órganos deliberativos (Concejo Municipal), jerarca administrativo ( Alcalde ) y demás dependencias administrativas y técnicas que se abstengan de tramitar, autorizar o aprobar cualquier solicitud de concesión, permisos, permisos de construcción u obras, así suspender cualquier gestión cobratoria  sobre los terrenos comprendidos en el Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa. 7) Se ordena a las empresas demandadas abstenerse de realizar conductas activas u omisivas que deterioren o alteren la biodiversidad de las áreas objeto de conflicto comprendidas en el Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa, lo que incluye: abstenerse de marcar y cortar árboles, cortar raíces o ramas, abrir trochas o caminos, chapear, contaminar, eliminar o intervenir las zonas boscosas, introducir animales al dicha zona, sembrar especies exógenas o ajenas a la flora propia de la zona,  realizar cualquier tipo de edificación, realizar mejoras a las edificaciones existentes y encausar o alterar el cauce de cualquier quebrada o río que se encuentre dentro de los terrenos objeto de este proceso. Deberá también cubrir o vaciar periódicamente la piscina para evitar que se llene de aguas estancadas y se convierta en un peligro a la salud. Asimismo, deberá facilitar y permitir el ingreso de los funcionarios del Área de Conservación de Osa, que como se dirá, serán los encargados de la inspección y fiscalización del cumplimiento de dichas medidas. Se advierte a los demandados que incumplir las medidas cautelares ordenadas por este tribunal, los harán incurrir en los delitos que al efecto establece nuestro ordenamiento jurídico penal. Asimismo, se advierte a las empresas demandadas que este Tribunal vigilará celosamente el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas, toda vez que como se indicó se permite la ocupación mientras se resuelve el fondo del asunto condicionada al cumplimiento de las cautelas ordenadas y bajo el entendido que ante un incumplimiento de éstas, de conformidad con el artículo 29 del CPCA se procederá a revocar o modificar dichas medidas, pudiendo ordenarse medidas más gravosas a efectos de hacer prevalecer los intereses públicos ambientales. Ello podría incluir, de conformidad con el artículo 20 del CPCA, la adopción de una medida cautelar con efectos anticipativos como la desocupación inmediata de los inmuebles que se ubiquen en los terrenos de la zona marítimo terrestre contemplados dentro del Plan Regulador del Sector Costero de Punta Ventanas de Osa. Este tribunal considera que para efectos de garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares se requiere que el Área de Conservación de Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), le rinda a este órgano jurisdiccional para su valoración, un informe semanal a partir de la notificación de esta resolución y hasta que se resuelva con sentencia firme el presente proceso. En dicho informe deberá consignarse lo siguiente: 1)  Que las medidas cautelares ordenadas a órganos, entes y corporaciones municipales se estén cumpliendo en los términos acordados por este Tribunal. Para tales efectos, los órganos, entes y corporaciones municipales deberán declarar  al SINAC dicho cumplimiento y este órgano lo remitirá a este Tribunal. 2) Que las medidas cautelares ordenadas a las empresas demandadas se estén cumpliendo en los términos acordados por este Tribunal. Para tales efectos deberá verificar en los terrenos objeto de este proceso el estado de las cosas de conformidad con los términos de las medidas provisionales ordenadas....". Estas medidas cautelares se encuentran vigentes a la fecha.

4.- Los demandados contestaron la demanda de manera negativa. Formularon las siguientes excepciones: EL ESTADO: Falta de Derecho y Sine Actione Agit (frente a la pretensión de daños y perjuicios); SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN: Falta de Legitimación Pasiva; INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO: Falta de Legitimación Pasiva; INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO: Falta de Integración de la litis consorcio pasivo necesaria, Prescripción, Caducidad del Derecho, Falta de Derecho, Falta de Capacidad, Falta de Legitimación ad causam en su modalidad activa y pasiva y la genérica Sine Actione Agit; MUNICIPALIDAD DE OSA: Falta de Derecho;   LAS VENTANAS DE OSA S.A. y SHARK BAY DOS MIL S.A.:  Falta de Derecho.  En la única audiencia celebrada, el INVU renunció a las excepciones de prescripción, caducidad y falta de integración de la litis interpuestas.

5.- Por resolución de las de las 10 horas del 29 de octubre de 2008, se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda por parte de todos los accionados; se confirió audiencia de contraprueba a la parte actora y se convocó a las partes a una audiencia de conciliación señalada para las 9 horas del 3 de noviembre de 2008.  Por auto de las 15:45 horas del 31 de octubre del año pasado, se tiene por fracasada la citada audiencia de conciliación, toda que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo expresó su oposición al respecto.

6.- La Contraloría General de la República solicitó que tanto al Estado como al SINAC se les tuviera como  terceros interesados y no como demandados en este proceso, por cuanto las mismas han manifestado estar a favor de las pretensiones anulatorias y la declaratoria de Patrimonio Natural del Estado formuladas por el órgano contralor en este proceso.  Al respecto, mediante resolución No. 1057-2008, de las 14 horas del 7 de noviembre del año recién pasado, este Tribunal resolvió rechazar la solicitud planteada por la actora y mantener al Estado y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación como partes demandadas en este proceso.

7.- De conformidad con los artículos 60 inciso 3) y 70 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), este Tribunal convocó a una única audiencia que se celebró los días 9, 10, 11, 15, 16, 17 y 18 de diciembre del año pasado. Dicha audiencia se compuso de dos etapas: en la primera (9, 10, y 11 de diciembre), se conocieron y resolvieron los extremos a los que alude el numeral 90 del citado Código Procesal; y en la segunda (15, 16, 17 y 18 de diciembre), se realizó el juicio oral y público en el cual, según las reglas señaladas en los preceptos 99 y siguientes del mismo Código, se evacuó la prueba testimonial y de testigos peritos que fuera admitida en la primera etapa de la citada audiencia y se escucharon conclusiones de las partes. En esta única audiencia, las empresas demandadas y el Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con el artículo 67 del CPCA,  interpusieron la excepción de caducidad de la acción respecto de la impugnación del acuerdo emitido por la Junta Directiva del ICT aprobado en sesión No. 3092, acuerdo 4o. celebrada el 23 de junio de 1980. Asimismo, la empresas demandadas presentaron asimismo, la defensa de caducidad respecto de la impugnación del Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa. Por su estrecha vinculación con el mérito del asunto, el Tribunal resolvió reservar la resolución de estas excepciones en sentencia. Por otra parte, la empresa Las Ventanas de Osa S.A. interpuso la excepción de incompetencia por considerar que si bien el conocimiento de este proceso es competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, éste debe resolverse de conformidad con la Ley Reguladora de Jurisdicción Contencioso Administrativo, como lo dispone el Transitorio III del CPCA. Por ende, su conocimiento correspondería al Tribunal Contencioso encargado de resolver conforme la citada Ley y no a la Sección Sexta del Tribunal, que resuelve asuntos al amparo del Código Procesal.  Mediante resolución No. 1225-2008, de 11 de diciembre del año recién pasado, este Tribunal rechazó la excepción dicha declarándose competente para el conocimiento y resolución de este asunto, de conformidad con lo dispuesto en el Transitorio IV del Código Procesal ya mencionado.

8.- Al finalizar esa única audiencia, este Tribunal declaró este proceso como un asunto complejo, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 111 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo.

9.- Mediante resolución No. 000004-C-TC-2008, de las once horas del catorce de enero del 2009, el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo declaró que el conocimiento de este asunto corresponde al Tribunal Procesal Contencioso Administrativo ubicado en el Anexo A del Segundo Circuito Judicial de San José, para que sea tramitado y resuelto de conformidad con las reglas establecidas en el Código Procesal Contencioso Administrativo.

10. En los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas o que generen indefensión, por lo de conformidad con los artículos 111 del citado Código Procesal en relación con los numerales 79 y 82 de su Reglamento,  previa deliberación, se procede con el dictado, redacción y comunicación de la presente sentencia dentro del término de ley.

Se dicta esta sentencia con redacción de la Jueza Abarca Gómez y el voto afirmativo de los Juzgadores Álvarez Molina y González Vílchez, y

CONSIDERANDO

I.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para efectos del presente proceso, se tienen por acreditados los siguientes: 1.- El 23 de junio de 1980, en sesión No. 3092, artículo 4, la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo acordó declarar de interés turístico el sector costero rocoso de acantilados de Punta Ventanas de Osa, Puntarenas. Dicho acuerdo fue publicado el 29 de abril de 1986 en el Diario Oficial La Gaceta No. 80. (hecho no controvertido-prueba documental No. 2 del legajo de pruebas aportado por la parte actora ) 2.-  El 11 de setiembre de 1981, la Municipalidad de Osa y la empresa Ventanas de Osa S.A., suscribieron un contrato de concesión mediante el cual la corporación municipal otorgó en concesión a la citada empresa por el plazo de diez años, una parcela de terreno cita en Punta Ventanas de Osa. (folios del 104 al 106 del expediente administrativo de la Municipalidad de Osa correspondiente a Las Ventanas de Osa S.A., Tomo I) 3.-  Mediante oficio RT-279-8-83, de 8 de agosto de 1983, el jefe del Departamento de Recursos Turísticos del ICT remite al Departamento de Urbanismo del INVU un  Plan de Uso de Suelo para el sector costero de Punta Ventanas de Osa, para su aprobación. Indicó dicho oficio que la mayor parte de esa zona costera se ha declarado de reserva de protección y conservación y que solo aproximadamente un 10% será dado en concesión. Se señaló también que el plan tiene un fuerte énfasis en la protección de una zona boscosa que es única en esa zona y que toda la propiedad detrás de la zona marítimo terrestre va ser preservada con énfasis en protección a la zona boscosa. (folio 10 del expediente administrativo del INVU y testimonio de Nombre34625   en la única audiencia, en cuanto a que si existió un primer Plan Regulador). 4.- En oficio de 17 de enero de 1984, el arquitecto Leonardo Silva King, Director de Urbanismo del INVU señaló al Licenciado Manuel Rojas Díaz, jefe del Registro General del Concesiones del ICT, que previo a la aprobación del Plan de Uso de Suelos del sector costero de Punta Ventanas de Osa, se consideró necesario formular consulta, entre otros, al Ministerio de Agricultura y Ganadería para definir aspectos relacionados con la aplicación o no del régimen forestal en las áreas de protección  y correspondientes al parque botánico silvestre, toda vez que en el citado plan se dispuso que no se darían concesiones en esa zona, por lo que convenía aclarar a quien correspondía velar por la preservación y conservación del medio ambiente en esa zona, la competencia y responsabilidades, tanto de entidades públicas como privadas. (folio 13 expediente administrativo del INVU) 5.- En oficio de 2 de marzo de 1984, la Arquitecta Zuleyka Salom Rodríguez, jefe a.i. del Departamento de Urbanismo del INVU consultó a la División de Bosques del Ministerio de Agricultura y Ganadería si era posible aprobar la zonificación propuesta y en caso de que se pudiera aprobar, quien administraría el Parque Botánico y la Reserva forestal que se proponía y si debía sacarse el área correspondiente de la administración municipal conforme lo indicaba la Ley para el caso de las reservas. ( folio 21 expediente administrativo del INVU) 6.- El 11 de mayo de 1984, el Director de Urbanismo del INVU informó al Gerente del ICT que ese instituto acordó suspender el trámite del Plan Regulador para Punta Ventanas de Osa hasta tanto el Ministerio de Agricultura y Ganadería no se pronunciara sobre aspectos forestales que el plan contemplaba. (folio 29 del expediente administrativo del INVU y declaración de Nombre34625  en la única audiencia ) 7.- La Municipalidad de Osa, en sesión extraordinaria No. 08-2001, celebrada el 30 de abril del 2001, otorgó la anuencia municipal a la empresa Las Ventanas de Osa S.A. para realizar el Plan Regulador en Punta Ventanas de Osa. ( ver los folios 94 y 95 del expediente administrativo presentado por el ICT, de la portada y de la transcripción del acuerdo que se realiza en oficio de 3 de abril del 2001 suscrito por la Secretaria I de la Municipalidad de Osa y que consta en lo correspondiente a la "Anuencia Municipal" en el Anexo I del expediente del Plan Regulador aprobado por el INVU y que fuera aportado por ese ente, así como de los folios 56 A y B del expediente administrativo del INVU) 8.- El amojonamiento de la zona pública en el sector costero de Punta Ventanas de Osa se publicó mediante aviso No. 01-34, en el Diario Oficial La Gaceta el 29 de agosto del 2001. (folio 35 del expediente administrativo del INVU, anexo del expediente administrativo del INVU correspondiente al Plan Regulador)  9.- Mediante acuerdo SJD-661-2002, adoptado por la Junta Directiva del ICT en sesión ordinaria No. 5186, artículo 5 inciso IV, celebrada el 2 de julio de 2002, se aprobó el Plan Regulador del Sector Costero Turístico de Punta Ventanas de Osa y se advirtió que en caso de que se incorporaran cambios en la lámina de zonificación o en el Reglamento durante el trámite de aprobación por el INVU , la audiencia pública o en la adopción final por parte de la Municipalidad, se debería tramitar la aprobación final de la Versión Final de dicha propuesta. (Ver folios 94 al 98 del expediente administrativo del ICT) 10.- Mediante oficio FOM-ZMT-210-2002, de 30 de julio del 2002, la Unidad de Zona Marítimo Terrestre del ICT comunicó al Concejo Municipal de Osa el acuerdo SJD-661- 2002, adoptado por la Junta Directiva del ICT en sesión ordinaria No. 5186, artículo 5 inciso IV, celebrada el 2 de julio de 2002. (folio 96 del expediente administrativo presentado por el ICT) 11.-  Mediante oficio FOM-ZMT-211-2002, de 30 de julio del 2002, la Unidad de Zona Marítimo Terrestre del ICT comunicó a la Dirección de Urbanismo del INVU el acuerdo SJD-661-2002, adoptado por la Junta Directiva del ICT en sesión ordinaria No. 5186, artículo 5 inciso IV, celebrada el 2 de julio de 2002. (folio 97 del expediente administrativo presentado por el ICT) 12.- El 27 de octubre de 2004, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo aprobó el Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa y los sellos se visaron el 28 del mismo mes y año. (hecho no controvertido-página ii el expediente correspondiente al Plan Regulador aportado por el INVU) 13.- Por medio de publicación en La Gaceta No. 225 de 17 de noviembre de 2004, la Municipalidad de Osa convocó a audiencia pública para conocer el Plan de Zonificación del Sector Costero de Punta Ventanas de Osa, que se realizaría el 16 de diciembre de ese año, a las cinco de la tarde en el Salón de Sesiones de esa Municipalidad. (folio 83 del expediente administrativo aportado por el INVU) 14.- Que la audiencia pública se realizó en la fecha señalada y ninguna de las personas que asistieron manifestó su interés de presentar oposiciones a dicha exposición. ( Ver el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Osa en sesión ordinaria No. 51- 2004, de 22 de diciembre de 2004)  15.- El 22 de diciembre del 2004, en sesión ordinaria No. 51-2004, acuerdo No. 1, capítulo VII, el Concejo Municipal de Osa aprobó el Plan Regulador del Sector Costero de Punta Ventanas de Osa, ordenando su publicación conjuntamente con su reglamento y las láminas correspondientes. (hecho no controvertido-prueba documental No. 3 del legajo de pruebas aportado por la parte actora) 16.- El 7 de enero de 2005, la Alcaldía Municipal de Osa otorgó el visado al Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa. (Hecho no controvertido-prueba documental No. 4 del legajo de pruebas aportado por la parte actora.) 17.- En La Gaceta No. 37, del 22 de febrero de  2005, se publicó el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Osa en la sesión ordinaria No. 51-2004,  acuerdo No. 1, capítulo VII, mediante el cual se aprobó el Plan Regulador del Sector Costero de Punta Ventanas de Osa. Dicha publicación incluyó el respectivo reglamento de zonificación y las láminas correspondientes. (hecho no controvertido-prueba documental No. 4 del legajo de pruebas aportado por la parte actora) 18.-  El 4 de abril de 2005 la empresa Las Ventanas de Osa S.A., cédula jurídica No. CED110648, solicitó a la Municipalidad de Osa la concesión de un parcela en zona marítimo terrestre, ubicada en el sector de Punta Ventanas de Osa indicando una superficie de 140794, 68 metros cuadrados, con los siguientes linderos: Norte: zona restringida y propiedad privada, Sur: zona pública y zona restringida, Este: propiedad privada y zona restringida, Oeste: zona pública. (hecho no controvertido-prueba documental No. 5 en el legajo aportado por la actora) 19.- El 4 de abril de 2005 la empresa Shark Bay Dos Mil S.A., cédula jurídica No. CED110649,  solicitó a la Municipalidad de Osa la concesión de un parcela en zona marítimo terrestre, ubicada en el sector de Punta Ventanas de Osa, indicando una superficie de 32601,47 metros cuadrados, con los siguientes linderos: Norte: propiedad privada y calle pública, Sur: zona pública y zona restringida, Este: zona restringida y propiedad privada, Oeste: calle pública y zona pública. (hecho no controvertido-prueba documental No. 6 en el legajo aportado por la parte actora) 20.- El 19 de abril de 2005, en sesión ordinaria 5354, artículo 5, inciso VIII, la Junta Directiva del ICT, acordó aprobar la lámina de zonificación y vialidad del Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa, por haber finalizado el proceso de oficialización mediante la publicación del citado plan en el Diario Oficial La Gaceta del 22 de febrero de ese mismo año. Asimismo, con la citada aprobación la Junta Directiva del ICT derogó cualquier otra  para esa zona se hubiese realizado anteriormente. (hecho no controvertido) 21.- El Dirección16971    , Nombre140592  , funcionario del Área de Conservación de Osa denuncia ante la Fiscalía de Osa la existencia de sectores socolados, cambio de uso de suelo, 36 árboles cortados de diferentes especies dentro de la zona marítimo terrestre de en el sector del Hotel de Cinco Ventanas de Osa. (Copia de la denuncia que consta en el legajo de pruebas aportado por la parte actora, identificada como prueba documental No. 7) 22.- El Dirección16972    , el señor James Donald Linskey, actuando como representante legal de las empresas Las Ventanas de Osa S.A. y Shark Bay Dos Mil S.A. solicitó  a la Municipalidad de Osa realizar el estudio de levantamiento de las áreas boscosas cuyo plan regulador se ubica en el cantón de Osa, Distrito Bahía Ballenas, Dirección16973 , entre los mojones M638 IGN al M680 IGN. Igualmente solicitó gestionar ante el MINAE,  Área de Conservación de Osa  el levantamiento de áreas de bosque en el área de la concesión. (hecho no controvertido-prueba documental No. 7 en legajo aportado por la parte actora) 23.-  El 24 de agosto de 2006, la Municipalidad de Osa solicitó al Área de Conservación de Osa (ACOSA), se giraran instrucciones a la Oficina Subregional de Diquis con sede en Palmar Norte para que proceda a clasificación de bosque del área solicitada en concesión ante esa Municipalidad por parte de las sociedades demandadas. Lo anterior a efectos de darle continuidad al proceso de tramitación de las solicitudes de concesión dichas. (folio 45 del expediente administrativo aportado por la Municipalidad de Osa y que corresponde a la empresa Shark Bay dos Mil S.A.)  24.-  El 15 de noviembre de 2006, en sesión extraordinaria No. 22, el Concejo Municipal de Osa acordó remitir al Alcalde de esa Municipalidad los proyectos de resolución a nombre de las empresas Las Ventanas de Osa S.A. y Shark Bay Dos Mil S.A., para que se procediera a la confección y firma de los contratos de concesión respectivos. (hecho no controvertido) 25.- El 8 de diciembre de 2006 la empresa Las Ventanas de Osa S.A. y la Municipalidad de Osa, suscribieron un  contrato de concesión, por medio del cual la citada corporación municipal otorga en concesión una parcela ubicada en la zona restringida del sector de Punta Ventanas, Distrito Bahía Ballena, cantón de Osa, provincia de Puntarenas, que consta de un área de catorce hectáreas setecientos noventa y cuatro metros con sesenta y ocho decímetros cuadrados (140794,68 metros cuadrados) y con los siguientes linderos: Norte: zona restringida y propiedad privada, Sur: zona pública y zona restringida, Este: propiedad privada y zona restringida y Oeste: zona pública.  (hecho no controvertido, contratos de concesión que constan a los folios 183 al 188 del expediente administrativo que aportó la Municipalidad de Osa correspondiente a la empresa Las ventanas de Osa S.A. Tomo 2) 26.-  El 8 de diciembre de 2006 la empresa Shark Bay Dos Mil S.A.  y la Municipalidad de Osa, suscribieron contrato de concesión por medio del cual la citada corporación municipal otorga en concesión una parcela ubicada en la zona restringida del sector de Punta Ventanas, Distrito Bahía Ballena, cantón de Osa, provincia de Puntarenas, que consta de un área de tres hectáreas dos mil seiscientos catorce metros con noventa y dos decímetros cuadrados (32614, 92 metros cuadrados) y con los siguientes linderos: Norte: propiedad privada y calle pública, Sur: zona pública y zona restringida, Este: zona restringida y propiedad privada y Oeste: calle pública y zona pública.  (hecho no controvertido, contratos de concesión que constan a los folios 52 al 58 del expediente administrativo que aportó la Municipalidad de Osa correspondiente a la empresa Shark Bay Dos Mil  S.A.) 27.- El 18 de octubre de 2007, la Directora del Área de Conservación de Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, a solicitud de la Municipalidad de Osa,  certificó que en los terrenos comprendidos en el Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa, aprobado por la Municipalidad de Osa en la sesión No. 51-04, de 22 de diciembre de 2004, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 37 del 22 de febrero del 2005,  existen 15.22 hectáreas de bosque, que todas estas áreas forman parte del Patrimonio Natural del Estado y quedan debidamente identificadas, georeferenciadas y cuantificadas en cual que se adjuntó a la certificación. (folios 79 y 80 del expediente administrativo aportado por el SINAC y legajo de prueba aportada por la parte actora, identificado como prueba No. 14) 28.- El 18 de octubre del 2007, mediante constancia No. ZMT. 00010-2007, emitida por Nombre80249  , funcionaria del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa, se hizo constar que los expedientes de solicitud de concesiones a nombre de las empresas demandadas cuentan con contrato firmado entre las partes y la Municipalidad, pero no consta que dichas concesiones se encuentren aprobadas por el ICT. (hecho no controvertido-constancia visible en el legajo de prueba documental aportado por la parte actora, identificada como prueba No. 16) 29.- El 12 de junio de 2008, mediante oficio No. SG-AJ-683-2008-SETENA, el Secretario General a.i. de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía certificó que no existe ningún estudio de impacto ambiental o evaluación de impacto ambiental en relación con la aprobación del Plan Regulador de Playa Ventanas, cantón de Osa, provincia de Puntarenas, que comprenda el área ubicada entre los mojones 633 al 679 + 22 m. (hecho no controvertido-constancia visible en el legajo de prueba documental aportado por la parte actora, identificada como prueba No. 17) 30.- El 14 de julio de 2008, Carlos Rodríguez Blinda, Coordinador de Contro y Protección de Nombre140593 interpuso denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, indicando que el 12 de julio de 2008 en una inspección efectuada en Ventanas de Osa, en el sector del antiguo hotel, encontró diversas anomalías ambientales como eliminación de vegetación menor del bosque, raíces minadas y cortadas, claros en el bosque que antes no existían, trochas, sembradíos de amapolas siguiendo la línea de los mojones. Denunció también que el área afectada es de ocho hectáreas, incluyendo afectación en zona pública. ( folios 81 al 88 del expediente administrativo aportado por el SINAC, legajo de prueba documental aportado por la parte actora, identificada como prueba No. 18 y testimonio del señor Rodríguez Blinda en la única audiencia) 31.- La empresa Shark Bay Dos Mil S.A. canceló el monto de setecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco colones con setenta y cinco céntimos a la Municipalidad de Osa, por concepto de pago de canon por zona marítimo terrestre correspondiente al período de diciembre de 2007 a diciembre de 2008. ( copia de recibo bancario y constancia visibles a los folios 65 y  69 del expediente administrativo aportado por la Municipalidad de Osa correspondiente a la empresa Shark Bay Dos Mil S.A.) 32.-La empresa Las Ventanas de Osa S.A. canceló el monto de un millón novecientos setenta y un mil cincuenta y dos colones con cincuenta céntimos  a la Municipalidad de Osa, por concepto de pago de canon por zona marítimo terrestre correspondiente al año 2007 y un monto igual para el período de diciembre de 2007 a diciembre de 2008. (copias de comprobante de pago y constancia visibles a los folios 161 y  169 del expediente administrativo aportado por la Municipalidad de Osa correspondiente a la  empresa Las Ventanas de Osa S.A. Tomo 2) 33.-  La empresa Las Ventanas de Osa S.A. canceló a la Municipalidad de Osa lo correspondiente a Patente de Licores durante los años 2003 al 2008. (folio 216 del expediente judicial) 34.-En los terrenos que la Municipalidad de Osa suscribió contrato de concesión con la empresa Las Ventanas de Osa S.A. existen dos edificaciones divididas en habitaciones con su baño. La primera edificación en un estado deteriorado y no utilizada. La segunda, en un estado de conservación media, tenía ésta última menaje de casa, habitaciones limpias con sus debidas sábanas, llaves de habitaciones.  Asimismo, hay una piscina con agua empozada. (ver video del reconocimiento judicial) 35.- La zona marìtimo de Punta Ventanas de Osa no constituye en su totalidad Patrimonio Natural del Estado. (certificación de emitida por ACOSA, Informe de levantamiento de Areas de  PNE en los Planes Reguladores de Ventanas de Osa y Shark Bay S.A identificadas como prueba 14 en el legajo apostado por la parte actora, análisis comparativo de las fotografías áreas de la zona en los años 1979, 1998, 2005 y 2008 que corren en legajo aparte, reconocimiento judicial y testimonio de Nombre140594   en la única audiencia) 36.- Las áreas de bosque natural y árboles aislados en los terrenos comprendidos en la zona marítimo terrestre del Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa constituyen ecosistemas boscosos y Patrimonio Natural del Estado (certificación de emitida por ACOSA, Informe de levantamiento de Areas de  PNE en los Planes Reguladores de Ventanas de Osa y Shark Bay S.A identificadas como prueba 14 en el legajo apostado por la parte actora, análisis comparativo de las fotografías áreas de la zona en los años 1979, 1998, 2005 y 2008 que corren en legajo aparte, video del reconocimiento judicial y testimonio de Nombre140594  ) 37.- Las áreas sin bosque en los terrenos comprendidos en la zona marítimo terrestre del Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa no constituyen ecosistemas boscosos ni Patrimonio Natural del Estado (certificación de emitida por ACOSA, Informe de levantamiento de Areas de  PNE en los Planes Reguladores de Ventanas de Osa y Shark Bay S.A identificadas como prueba 14 en el legajo apostado por la parte actora, análisis comparativo de las fotografías áreas de la zona en los años 1979, 1998, 2005 y 2008 que corren en legajo aparte, video del reconocimiento judicial y testimonio de Nombre140594   en la única udiencia) 38.- Los terrenos otorgados en contrato de concesión a la empresa Shark Bay Dos Mil S.A. se encuentran dentro del Patrimonio Natural del Estado (certificación de emitida por ACOSA, Informe de levantamiento de Areas de  PNE en los Planes Reguladores de Ventanas de Osa y Shark Bay S.A identificadas como prueba 14 en el legajo apostado por la parte actora) 39.-  Las edificaciones se encuentran en la zona otorgada en el contrato de concesión a empresa Las Ventanas de Osa S.A., están dentro del área que no constituye Patrimonio Natural del Estado ( certificación de emitida por ACOSA, Informe de levantamiento de Areas de PNE en los Planes Reguladores de Ventanas de Osa y Shark Bay S.A identificadas como prueba 14 en el legajo apostado por la parte actora, análisis comparativo de las fotografías áreas de la zona en los años 1979, 1998, 2005 y 2008 que corren en legajo aparte, testimonio de Nombre140594   en la única audiencia )  40.- Los terrenos comprendidos en el Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa han sufrido grandes alteraciones y deterioro en su biodiversidad durante en el período comprendido de 1979 al 2008, consistentes en: árboles cortados, corta de raíces y ramas, acumulaciones de material orgánico en zona pública, zona restringida y cerca de quebradas, claros con vista al mar tanto en zona pública como en zona restringida, trochas o caminos que van desde la zona restringida hasta la pública. Asimismo, en los terrenos que la Municipalidad dio en concesión a la empresa Las Ventanas de Osa  S.A. se pudo constatar chapia, siembra de especies exógenas o ajenas a la flora propia de la zona y construcciones. (análisis comparativo de las fotografías áreas de la zona en los años 1979, 1998, 2005 y 2008 que corren en legajo aparte, reconocimiento judicial, y testimonio de Nombre140594  ) 41.- El Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa se aprobó sin que se hubieran delimitado ni clasificado el Patrimonio Natural del Estado. ( ver Plan regulador que fuera aportado por el INVU como prueba, de la certificación de PNE emitida por Nombre140593 en relación con la fecha de publicación del Plan Regulador, del oficio SINAC-DG-GASP-308, de 25 de julio de 2008, suscrito por el Máster Juan Sánchez Ramírez y que consta como prueba 19 en el legajo de pruebas de la parte actora, así como del propio testimonio del señor Sánchez Ramírez) 42.- El camino que brinda acceso a los terrenos de la zona marítima de Punta Ventanas de Osa cuenta con un portón bajo de tranca en mal estado. (nota sin fecha suscrita por Nombre140595  y que consta como prueba 15 en el legajo presentado por la parte actora y video del reconocimiento judicial) 43.- La demanda que da origen al presente proceso es interpuesta por la actora el 16 de setiembre de 2008. (folio 5 del expediente judicial. )

II.- HECHOS NO PROBADOS. Determinantes para la resolución del presente proceso, se tienen por indemostrados los siguientes: 1.- Que el primer Plan Regulador presentado al INVU para su aprobación en la década de los ochenta se hubiera aprobado (no hay prueba al respecto) 2.- Que el ICT hubiera aprobado alguna concesión a las empresas demandadas. (Los autos) 3.- Que alguna institución pública hubiera  acudido a la audiencia pública convocada por la Municipalidad de Osa para recibir objeciones al Plan Regulador. (hay ayuno de prueba en ese sentido) 4.- Que existiera permiso municipal para la construcción de las edificaciones existentes en los terrenos comprendidos en el Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa. (No hay prueba sobre ese extremo) 5.- Que se haya impugnado en vía administrativa la validez de la certificación de Patrimonio Natural del Estado emitida por Nombre140593 el 18 de octubre del 2007. (No hay prueba) 6.- Que la Municipalidad de Osa hubiera presentado ante Nombre140593 solicitud de reclasificación de PNE. (los autos) 7.- Que las empresas demandadas cuenten con permiso o contrato de arrendamiento en la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa. (no hay prueba en ese extremo) 8.- Que las empresas demandadas cumplan los requisitos para ser pobladores u ocupantes de la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa en los términos del artículo 70 y Transitorio VII de la Ley 6043. (no hay prueba al respecto) 

III.- OBJETO DEL PROCESO.

Del marco de las pretensiones, defensas deducidas por las partes y el análisis de los alegatos formulados en la única audiencia realizada,  considera este Tribunal que el punto medular del presente proceso versa sobre cuatro ejes fundamentales: 1)  La declaratoria  de Patrimonio Natural del Estado en la totalidad  del área relativa a la zona marítimo terrestre, comprendida en el Plan Regulador del Sector Costero de Punta Ventanas de Osa. 2) Determinar si la competencia para administrar dicha zona corresponde en forma exclusiva al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) o a la Municipalidad de Osa.  3) La alegada nulidad absoluta del Plan Regulador del Sector Costero de Punta Ventanas de Osa, del acuerdo emitido por la Junta Directiva del ICT que dispuso declarar de interés turístico el sector costero rocoso de acantilados de Punta Ventanas de Osa,  de los contratos de concesión firmados por la Municipalidad de Osa y las empresas Las Ventanas de Osa S.A.  y Shark Bay Dos Mil S.A, para la ocupación de sendas parcelas en los terrenos comprendidos en la  zona marítimo terrestre de punta Ventanas de Osa y de todos los actos conexos a los anteriores.  4)  La condenatoria en abstracto del pago de los daños y perjuicios derivados de la conducta administrativa, relación jurídica administrativa y demás actuaciones objeto de la demanda.  Asimismo, siendo que en el presente proceso se pretende la condena en abstracto en daños y perjuicios en los términos señalados, considera este Tribunal que resulta relevante identificar las diversas manifestaciones de conductas administrativas que se impugnaron y se reprocharon durante el proceso y que, en principio,  vinculan a diferentes órganos y entes del Estado; así como actuaciones de sujetos de derecho privado. Lo anterior es importante a efectos de analizar la eventual responsabilidad de cada uno de los demandados dependiendo de su grado de participación. Entre las manifestaciones de conducta administrativa formal que se impugnan destacan que la anuencia de la Municipalidad de Osa autorizando  a una empresa privada a elaborar un Plan Regulador, situación que se agrava cuando concesiona el área a la misma empresa que elaboró el Plan; la aprobación por parte de la citada Municipalidad del citado Plan sin tener competencia para ello porque se trataba de zonas que, se alega, involucran Patrimonio Natural del Estado (PNE) y cuya administración correspondería al MINAET; la aprobación que tanto la corporación municipal, el ICT y el INVU realizaron del citado Pan Regulador, sin que existiera certificación de clasificación de Patrimonio Natural del Estado y sin certificado de vialidad ambiental; los contratos de concesión mediante los cuales la Municipalidad de Osa hubiera concesionado a las empresas demandadas, parcelas en la zona marítima terrestre de Punta Ventanas de Osa sin que existiera certificación de PNE. Asimismo, se reprochó durante la audiencia conductas omisivas imputables al Estado, a través de sus diferentes órganos competentes,  entre ellas,  el incumplimiento del deber contenido en el párrafo tercero del artículo 50 de la Constitución Política de garantizar, proteger y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,  del deber (tanto a nivel constitucional como legal) de garantizar, defender y proteger las zonas boscosas y recursos naturales forestales comprendidos en las áreas inalienables; así como la debida capacitación a los funcionarios que participan de la administración de estas zonas. Finalmente, se recrimina a las empresas privadas demandadas la ocupación en terrenos en discusión sin tener un título legitimante para tales efectos.

 

IV.-EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO COMO EXPRESIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO, RECONOCIDO Y TUTELADO POR EL DERECHO DE LA CONSTITUCIÓN. Considera este Tribunal que antes de entrar a resolver el caso en concreto, resulta necesario referirse a los siguientes aspectos. Reconocimiento constitucional  del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En Costa Rica, el reconocimiento y tutela en el Derecho de la Constitución del citado derecho fundamental  no tiene como punto de partida la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, dispuesta por Ley número 7412 del tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Lo anterior toda vez que ya que desde la promulgación del texto constitucional en el año 1949, la voluntad del Constituyente fue clara al establecer en el artículo 89, que: “Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico”; lo cual, se complementa con la tajante declaración contenida en el artículo 21, en el sentido de que en nuestro país, “La vida humana es inviolable”. La integración de lo dispuesto en ambos artículos implica, que la necesidad de preservar el medio ambiente –aunque en esa época el Constituyente utilizara el término de bellezas naturales-, trasciende una finalidad de carácter meramente cultural, para convertirse en una necesidad vital de todo ser humano, pues constituye un presupuesto esencial para hacer efectivos otros derechos fundamentales como lo son: la vida, la salud y el desarrollo. (véanse en ese sentido, las sentencias número 1993-03705 de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres; 1993-06240 de las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil  novecientos noventa y tres; 1993-04423 de las doce horas del siete de diciembre de mil novecientos noventa y tres, 1994-02485 de las nueve horas dieciocho minutos del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, todas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).  En ese sentido, cabe recordar que el Derecho de la Constitución está compuesto no sólo por el texto constitucional, sino también por los valores y principios que informan y permean su contenido, como también por los Tratados Públicos, los Convenios Internacionales y los Concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, así como también, por los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en la República (ver artículos 1, 7, 21, 50 de la Constitución Política; 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitución Política). Aunado a ello, las normas escritas y no escritas que conforman el Derecho a la Constitución, se caracterizan por ser de aplicación directa e inmediata, por lo que, sus destinatarios no sólo tienen el derecho de hacerlas efectivas en vía administrativa y jurisdiccional, si estiman que por acción u omisión han sido menoscabadas, sino que además, ello implica que los operadores del derecho tienen el deber de aplicarlas de forma directa e inmediata en su proceso de toma de decisiones, a efecto de cumplir los requerimientos constitucionales  (véase lo considerado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en sentencia número 1999-00644 de las once horas veinticuatro minutos del veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve).  Si se toma como base lo dispuesto en los artículos 7, 48 de la Constitución Política y, 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, podemos afirmar que aún y cuando el texto constitucional no hubiese contenido normas relativas al reconocimiento y tutela del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ese derecho y deber correlativo no sólo ya existían en el derecho interno costarricense, sino que además su tutela efectiva era exigible tanto a nivel doméstico como internacional. Ello en virtud de que el Estado Costarricense había suscrito una serie de Convenios, Tratados e Instrumentos Internacionales relacionados con esta materia, antes de que por Ley número 7412 del tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se reformara el artículo 50 de la Constitución Política, instrumentos entre los que destacan: el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (artículos 2.1, 12.1 y 12.2.c); el “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (artículo 11); la “Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural”, suscrita en París el 23 de noviembre de mil novecientos setenta y dos y, aprobada por Ley número 5980 del veintitrés de octubre de mil novecientos setenta y seis; la “Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América”, adoptada en Washington el tres de marzo de mil novecientos setenta y tres y aprobada por Ley número 3763 del diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y seis; la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, suscrito en Ramsar el dos de febrero de mil novecientos setenta y uno, y aprobado por Ley número 7224 de mil novecientos noventa y uno; el “Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono”, adoptado en Viena el veintidós de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, y aprobado por Ley número 7228 de veintidós de abril de mil novecientos noventa y uno, y su “Protocolo de Montreal Relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono”, suscrito en Montreal el dieciséis de setiembre de mil novecientos ochenta y siete, y aprobado por Ley número 7223 del dos de abril de mil novecientos noventa y uno; la “Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar”, suscrita en Montego Bay el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y aprobada por Ley número 7291 publicada el quince de julio de mil novecientos noventa y dos, entre otras. Todas esas normas internacionales se integraron al derecho interno costarricense de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 48 de la Constitución Política y, 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que, “...todos estos instrumentos internaciones son de obligado acatamiento y gozan de plena ejecutoriedad en tanto sus normas no precisen de mayor desarrollo legislativo y por ende deben ser respetadas (...) en tanto el rango normativo de aquéllas es superior...” (Sentencia número 1993-06240 dictada por la Sala Constitucional de la  Corte Suprema de Justicia a las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres).

Desarrollo Infraconstitucional del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin duda, el reconocimiento y tutela del citado derecho fundamental, provocó el desarrollo infraconstitucional de aquel, por medio del dictado de normas legales o reglamentarias en las que se regulan diversas manifestaciones del mismo, las cuales fueron emitidas mucho antes de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política. Como ejemplo de ello tenemos: la Ley de Aguas (No. 276 del 27 de agosto de 1942; Ley de Planificación Urbana (No. 4240 del 15 de noviembre de 1978, la Ley Forestal (No. 4465 del 25 de noviembre de 1979, ya derogada); la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (No. 6043 del 2 de marzo de 1977); la Ley General de Salud (No.  5395 del 30 de octubre de 1973); la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales (No. Placa27062 del 24 de agosto de 1977); la Ley de Salud Animal (No.  6243 del 2 de mayo de 1978); la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (No. 7317 del 21 de octubre de 1992), entre otras. Lo anterior implica, que antes de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, el derecho fundamental a que hemos hecho referencia no sólo estaba reconocido y tutelado en el Derecho a la Constitución, sino también, se había desarrollado –aunque de manera sectorial y no con visión de conjunto- a nivel legal y reglamentario. En virtud de lo hasta ahora expuesto, este Tribunal estima que la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, no hizo sino reconocer de manera expresa y claramente individualizada, un derecho fundamental que ya estaba consagrado y garantizado por el Derecho de la Constitución; declarar en forma expresa, los alcances de la ya preexistente obligación del Estado,  respecto a garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y otorgar a las personas plena acción para defenderlo, a través de una acción popular (ver sentencias número 1994-01394 de a las quince horas veintiún minutos del dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, y 1994-05527 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de setiembre de mil novecientos noventa y  cuatro, ambas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).

Consecuencias del reconocimiento de la garantía del artículo 50 constitucional en los términos explicados.  Dicho reconocimiento lleva aparejado dos aspectos relevantes para la resolución del presente proceso. Primero. La imposición de un deber, tanto para el Estado –entendido como Administración Central y Descentralizada- como para los mismos sujetos de derecho privado, de garantizar, defender y preservar ese derecho. Segundo. El establecimiento de una serie de mecanismos de carácter técnico jurídico para lograr una tutela efectiva de ese derecho, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional. En cuanto al primero de estos aspectos, cabe indicar que “La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, y congruentemente de las municipalidades (téngase presente el artículo 169 constitucional), encuentra su primera razón de ser en que por definición los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado en su papel de garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad.  La Constitución Política establece que el Estado debe garantizar, defender y preservar ese derecho.  Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales...” (sentencia No. 1999-00644 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 11:24 horas once horas del 29 de enero de 1999). En ese sentido, “...La acción que la Constitución Política impone al Estado  frente a los focos de contaminación ambiental es multidireccional y definitivamente activa, absolutamente intolerante frente a situaciones que amenazan o afectan las condiciones ambientales óptimas que están garantizadas por ella misma a los habitantes. Desde esta perspectiva no es permitido a la autoridades públicas hacer concesiones o conceder prórrogas para que se continúe afectando el medio ambiente, aún y cuando ello se haga con miras a traer beneficios económicos a una zona geográfica determinada...” (sentencia No. 1999-05906 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las 16:15 horas del 28 de julio de 1999). Ese deber constitucional del Estado de velar por la protección, defensa y preservación del medio ambiente, se desarrolla y manifiesta, entre otras,  en las siguientes normas: artículos 1, 2.a. 2.c, 2 párrafo último, 3, 12, 28, 32, 34, 37, 56, 59, 78, 83, 103 a 112 de la Ley Orgánica del Ambiente; artículos 1, 2, 9.4, 12, 22 a 30, 45, 49, 54, 86, 88 de la Ley de Biodiversidad; 3, 4, 6, 7, 15, 34, 122 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 1, 2, 5, 6, 13, 37, 54 de la Ley Forestal; 5, 6, 7, 11, 21, 29 a 33, 37 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 13.a ,13.o del Código Municipal; 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; 1, 2 de la Ley General de Salud; 1, 2, 17, 175, 176 de la Ley de Aguas; 15,18, 19, 51, 56, 58.5, Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana. Ahora bien, ese deber no sólo se circunscribe al Estado en su conjunto, sino también a los sujetos de derecho privado, quienes tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero también, a garantizarlo, preservarlo y defenderlo, tal y como se desprende, entre otros, de los artículos 1 párrafo primero, 2.a, 6, 22, 23, 99, de la Ley Orgánica del Ambiente; 10.2, 10.13, 11.4, 88 95, 101, 105 de la Ley de Biodiversidad; 15, 28 a 30, 36 a 38, 51 53, 62 a 64, 83, 88 a 121 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 57 a 66 de la ley Forestal; 37, 40, 41 a 45, 51 a 53 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 14 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; como también, de las sentencias número 1999-02219 de las quince horas dieciocho minutos del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve; 1999-05906 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las dieciséis horas quince minutos del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve, entre otras. En cuanto al segundo aspecto, relacionado con el establecimiento de una serie de mecanismos de carácter técnico jurídico para lograr una tutela efectiva de ese derecho, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional, este Tribunal considera que dichos medios de tutela pueden clasificarse en dos grandes grupos:  procesales y  materiales.  Es preciso aclarar, que si bien es cierto, se hará referencia a ejemplos concretos relacionados con cada uno de los criterios de clasificación antes indicados, la intención de este Tribunal no es la de establecer una lista de números clausus, sino únicamente resaltar por medio de dichos ejemplos, aspectos que tienen incidencia en el objeto de este proceso. En ese sentido, dentro del grupo de los mecanismos de tutela de índole procesal, cabe resaltar tres ejemplos: 1) La legitimación amplia que le otorga a toda persona el párrafo segundo del artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 105 de la Ley de Biodiversidad, para denunciar tanto en vía administrativa como jurisdiccional, las conductas que infrinjan el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y para reclamar el daño causado. Cabe resaltar que en principio, la legitimación en materia ambiental se originaría en una simple habilitación normativa sin que de por medio exista un derecho o un interés de carácter individual, colectivo o difuso, no obstante, este Tribunal estima que en el fondo lo que cada persona pretenderá tutelar es un derecho que forma parte de su esfera vital y de cuya garantía, defensa y preservación efectiva, depende que pueda desarrollarse y vivir conforme al principio de dignidad humana (ver artículo 2.a de la Ley Orgánica del Ambiente, en el sentido de que el ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación). 2) Un sistema de medidas cautelares innominado y de ser necesario, de naturaleza anticipada (artículos 108 de la Ley de Biodiversidad, 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 19 a 30 del Código Procesal Contencioso Administrativo). 3) La aplicación de los principios rectores en materia ambiental, a saber: in dubio pro natura, preventivo y precautorio,  como medios para garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por ende, para evitar que su existencia esté restringida al plano semántico de la realidad jurídica (ver artículos 4.c, 17 y 34 de la Ley Orgánica del Ambiente, 11 incisos 1 y 2 , 92 de la Ley de Biodiversidad, principio 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río y entre otras, la sentencia número 1999-01250 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las once horas veinticuatro minutos del diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve). En ese sentido, el operador del derecho siempre deberá tomar en consideración que “...cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación  del medio ambiente...”. Por otra parte, en el grupo de los mecanismos de tutela de índole material, resultan muy representativas las dos siguientes manifestaciones: 1) La evaluación del Impacto Ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como requisito sine qua non para iniciar actividades, obras o proyectos, que puedan alterar o destruir elementos del ambiente o de la biodiversidad, o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos. Dicho requisito se encuentra vigente desde el 13  de noviembre de 1995, fecha en que se publicó la Ley Orgánica del Ambiente. También se encuentra regulado en los artículos 92 a 97 de la Ley de Biodiversidad; artículo 14 de la Convención sobre la Diversidad y sus Anexos I y II; principio 17 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río; artículo 18 de la Ley Forestal;  Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación Ambiental (Decreto Ejecutivo número 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), entre otros. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que  “...el hecho de que se reconozcan tanto el derecho a la salud como el derecho a gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado, como derechos fundamentales, obliga a la Sala a precisar que la solución del problema no puede estar fundamentado en soluciones rápidas; que, para adoptar una decisión en este campo, debe contarse con los estudios técnicos que la solución que se propone, en cada caso concreto, no será el origen de un problema de salud pública o de alteración indebida al ambiente...” (Entre otras, la sentencia No. 1995-02671 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 16:45 minutos del 24 de mayo de 1995). En ese sentido, “...no es posible que el Estado ejecute o autorice la ejecución de proyectos sobre los cuales existe duda en cuanto al impacto negativo que puedan generar al ambiente. En consecuencia, la omisión de efectuar un estudio de impacto ambiental previo, se traduce en una violación del artículo 50 constitucional...” (sentencia No. 1999-02219 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las 15:18 horas del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve). 2) La existencia de bienes propios de la Nación –como les denomina el texto constitucional-, los que al formar parte del dominio público, se caracterizan por ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, por lo que, su desafectación o aplicación a usos públicos, está reservada a la Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 inciso 14 párrafo primero de la Constitución Política. Dentro de esos bienes cuya conservación constituye un asunto de interés público ambiental (artículo 11. de la Ley de Biodiversidad), se encuentran: el ambiente definido en el artículo 2.a) de la Ley Orgánica del Ambiente, como patrimonio común de todos los habitantes de la Nación; la Zona Marítimo Terrestre (artículos 1 y 73 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre); el Patrimonio Natural del Estado (artículos 13 a 18 de la Ley Forestal); la Fauna y la Flora Silvestre (artículos 3 y 4 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre); las Aguas conforme al desglose contenido en el artículo 1 de la Ley de Aguas.

Sobre el Patrimonio Natural del Estado. Conforme al objeto del proceso que nos ocupa, este Tribunal centrará su análisis en el Patrimonio Natural del Estado (PNE). Dado los términos del reconocimiento del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como ya fueron explicados, es menester resaltar que la Ley Forestal No. 4465 ya citada ( y que fuera derogada por la Ley Forestal número 7575 del 5 de febrero de 1996), no sólo contenía “...como función esencial y prioridad del Estado, velar por la protección, conservación, el aprovechamiento, la industrialización, la administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables...” (artículo 1), sino también, los conceptos de Bosque (artículo 6) y de Patrimonio Forestal del Estado (artículo 32 párrafo primero). En cuanto al Patrimonio Forestal del Estado, la Ley No. 4465 establecía sus características (artículo 33); los órganos competentes para administrar y fiscalizar el Patrimonio Forestal del Estado, que conforme a esa normativa eran la Dirección General Forestal y el Ministerio de Ambiente y Energía (artículo 32 párrafo segundo), así  como las potestades conferidas a estos órganos para efectos de proteger y conservar el Patrimonio Forestal del Estado. Entre estas últimas, conviene destacar las siguientes: 1) Las acciones reinvindicatorias de esos inmuebles (artículo 33), 2) La constitución dentro del Patrimonio Natural del Estado de reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios nacionales de vida silvestre y reservas biológicas (artículos 35 a 37); 3) El deslinde en los terrenos de las áreas que conforman el Patrimonio Forestal del Estado (artículo 38). Por otra parte, en la Ley Forestal No. 7575 hoy vigente, se retoma ese concepto pero con una variación en el nombre, pues ahora se le denomina Patrimonio Natural del Estado. Dicho término es más amplio toda vez que abarca la protección y preservación del ecosistema boscoso (artículo 3 inciso c de la Ley Forestal). El Patrimonio Natural del Estado es de dominio público, razón por la cual, los terrenos y bosques comprendidos en él son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Asimismo, su conservación y administración están confiadas por ley al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), tal y como lo disponen los artículos 6.a, 13 párrafo segundo y 14 de la citada Ley Forestal y el numeral 32 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Ambiente. El PNE está integrado por dos importantes componentes: 1) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo y que se hayan declarado por Ley o por Decreto Ejecutivo, a saber: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley No. 7575, artículo 1°, párrafo 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32; Ley de Biodiversidad, artículo 22 y siguientes y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales, artículo 3° incisos. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE  y su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre, artículo 82, inciso a); 2) Los demás bosques y terrenos forestales de las áreas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las Municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, que tienen una afectación legal inmediata, excepto aquellos inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio (artículo 13 párrafo primero de la Ley Forestal). Cabe resaltar que,  tanto las Áreas Silvestres Protegidas como el resto de áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal comprendidas en la zona marítimo terrestre, están excluidas del ámbito  de regulación de la Ley No. 6043 y por ende, de la competencia de la Municipalidades, como se ampliará posteriormente.  Se encuentran estas zonas sujetas a su propia legislación (Ley Forestal), lo cual implica, que su administración compete al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (ver en este sentido la sentencia número 2008-16975 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las catorce horas cincuenta y tres minutos del doce de noviembre del dos mil ocho). Ahora bien, como parte de los deberes que les competen al MINAET y al SINAC para la conservación y protección del Patrimonio Nacional del Estado, están: 1) el ejercicio de la acción reinvindicatoria del PNE, que es imprescriptible (artículo 14); 2) delimitar en el terreno, los linderos que conforman el Patrimonio Natural del Estado (artículo 16); 3) coordinar con el Registro Nacional, el establecimiento de un catastro forestal, cuyo objetivo será regular las áreas comprendidas dentro del PNE y las que se sometan voluntariamente al régimen forestal (artículo 17); 4) La Administración Pública no puede permutar, ceder, enajenar de ninguna manera, entregar o dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes se hayan clasificado por el MINAET, por lo que, si estuvieran cubiertos de bosque, automáticamente quedarían incorporados al Patrimonio Natural del Estado (artículo 15). Con base en todo lo expuesto, este Tribunal llega a las siguientes conclusiones relevantes en el caso concreto. Primero Al constituirse el medio ambiente como Patrimonio Común de todos los habitantes de la Nación, el  Patrimonio Natural del Estado constituye una especie de ese género (artículos 50 párrafo segundo, 89, 121 inciso 14 párrafo primero de la Constitución Política, 2 inciso a) de la Ley Orgánica del Ambiente, 1 de la Ley de Biodiversidad y 13 de la Ley Forestal). Segundo. Existe una afectación legal inmediata al Patrimonio Natural del Estado, de todos aquellos terrenos comprendidos en las áreas silvestres protegidas, en las áreas declaradas inalienables –como la zona marítimo terrestre (artículo 73 de la Ley 6043)-, en los terrenos de aptitud forestal y en las fincas inscritas a nombre del Estado, de las Municipalidades, Instituciones Autónomas y demás entidades de la Administración Pública Descentralizada. Tercero. El Patrimonio Natural del Estado no requiere de una declaratoria expresa dado que, conforme a lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal, así como lo resuelto por la Sala Constitucional en sentencias 1992-03789 y 1997-04587, las zonas boscosas, los terrenos con aptitud forestal, los manglares y los humedales comprendidos dentro de las áreas inalienables, como la zona marítimo terrestre, quedan afectadas de forma inmediata a este Patrimonio, sin concurrencia de la Administración. Cuarto. En consecuencia,  la delimitación de los linderos de las áreas que conforman el Patrimonio Natural de Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Forestal, constituye una potestad que el MINAET, a través del SINAC,  debe ejercer de oficio y no sólo a instancia de parte. Ello no sólo en aplicación del deber que le imponen los artículos 21, 50 párrafo segundo y tercero, y 89 de la Constitución Política, de garantizar, preservar y conservar el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino también, porque la ley no indica que la delimitación deba realizarse sólo a instancia de parte.  No se justifica, a juicio de este órgano que el Estado pueda alegar válidamente la falta de recursos para tal efecto, como reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia constitucional (ver entre otras, las sentencias 1995-00915 de las dieciséis horas seis minutos del quince de febrero de mil novecientos noventa y cinco; 1996-000695 de las quince horas cuarenta y dos minutos del siete de febrero de mil novecientos noventa y seis) Quinto. En consecuencia,  la clasificación que realice el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, respecto del tipo de ecosistema existente en los inmuebles comprendidos dentro del Patrimonio Natural del Estado, constituye una mera categorización de aquellos, conforme a los criterios de clasificación dispuesto en el artículo 13 párrafo primero de la Ley Forestal y el Decreto Ejecutivo número 34295-MINAE, a saber: bosques, terrenos de aptitud forestal, humedales, manglares, entre otros. Sexto.  Es evidente que el Estado tiene el deber -tanto a nivel constitucional como legal- de garantizar, defender y proteger las zonas boscosas, los terrenos de aptitud forestal, los manglares, los humedales, entre otros, comprendidos en las áreas inalienables -como en este caso, la Zona Marítimo Terrestre- que por el simple hecho de tener ese carácter, quedaron afectadas de manera directa y automática al Patrimonio Natural del Estado. Por lo que, el resultado de la clasificación de la clase de ecosistema existente en dichas áreas -que debe realizarse de oficio y no sólo a instancia de parte, a fin de que tomar las medidas necesarias para lograr su protección y conservación efectivas-, no es el que determina su incorporación o no al Patrimonio Natural del Estado, pues por ley ya habían quedado afectadas a aquel, en virtud de tratarse de zonas inalienables.

 

V.- BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE Y SU PLANIFICACIÓN. Resulta también relevante para la resolución del presente asunto, algunas consideraciones en cuanto a la zona marítimo terrestre y su planificación. 

Concepto. El  artículo 9 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, define esta zona como la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales atlántico y pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de las líneas de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deje el mar en descubierto en la marea baja.  Comprende las islas, islotes y peñascos marítimos así como toda tierra con formación natural que sobresalga del nivel del océano dentro del mar territorial de la República. Se exceptúa la Isla del Coco que estará bajo el dominio y posesión directa del Estado y aquéllas otras islas cuyo dominio o administración se determinen en dicha ley o en leyes especiales.

Zonas que integran la Zona Marítimo Terrestre. Conforme al numeral 10 de la misma Ley, puede indicarse que la zona marítimo terrestre se compone de dos secciones: 1) La zona pública, que es la fraja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja, así como los islotes, peñascos y demás área pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar. Asimismo,  según lo indica el canon 11 de la citada Ley, constituye zona pública, sea cual fuere su extensión,  la zona ocupada por todos los manglares de los litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional. 2) La zona restringida, constituida por la franja de los ciento cincuenta metros restantes o por los demás terrenos en casos de islas, y sobre la cual, como se verá, pueden otorgarse concesiones. Tal y como lo señala el artículo 1 de la mencionada Ley, la zona marítimo terrestre constituye parte del Patrimonio Nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Ello ha permitido  afirmar con toda precisión  el carácter demanial y público de dicha zona y como consecuencia de ello, su imprescriptibilidad, irrenunciabilidad, inalienabilidad, así como que se encuentre fuera del comercio de los hombres. Ahora bien, el hecho que se trate de un bien de dominio público no significa que los particulares, en una situación de sujeción especial, no puedan hacer uso de aquélla, más bien todo lo contrario: como se ampliará más adelante, mediante una concesión (de la zona restringida) los particulares pueden aprovechar la zona marítimo terrestre. Es importante destacar desde ya que, conforme al artículo 12 de la Ley de marras, en la zona marítimo terrestre es prohibido sin la debida autorización legal, explotar la flora y la fauna existentes deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación.

Administración y tutela de la zona marítimo terrestre: Como ya se indicó, la zona marítima terrestre pertenece al Estado. Sin embargo, es claro que conforme a la ya citada Ley 6043, sobre esta zona confluyen competencias de distintos órganos y entes. En sentido, es posible distinguir ámbitos competenciales que involucran, en lo que este proceso atañe,  al Instituto Costarricense de Turismo, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Municipalidades, Procuraduría General de la República, que de seguido se enlistan.

 Competencias del Instituto Costarricense de Turismo.    De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre en concordancia con la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo, corresponde a éste último, actuando a nombre del Estado, la superior vigilancia de la zona marítimo terrestre.  Interesa a este Tribunal señalar algunas de las competencias atribuidas al ICT, entre las que destacan: 1) La elaboración de un  Plan Nacional de Desarrollo Turístico, el cual una vez confeccionado, en colaboración con los órganos de Planificación Nacional,  servirá de fundamento a la propuesta y aprobación de planes reguladores de uso de suelo en la zona  marítimo terrestre, según prioridades de desarrollo nacional y teniendo en cuenta el interés de conservar esa zona como patrimonio nacional. Esta función que se establece como derivado de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de la materia, en relación con el 17 del Reglamento de esa ley, que habilitan a este ente para el establecimiento de los lineamientos generales nacionales en la planificación de la zona marítimo terrestre, lo cual resulta fundamental si se toma en consideración la necesidad de un  desarrollo turístico sostenible, como herramienta o mecanismo para que el país utilice sus riquezas naturales y culturales con el objetivo de generar riqueza para todos y garantizar beneficios reales para toda la sociedad costarricense. Se requiere un desarrollo en equilibrio con la naturaleza, y a la cantidad de actividades económicas (industriales, agrícolas y de comercio), cultural, deportiva y turística que se pueden desarrollar en esta zona. Si bien el párrafo segundo del citado artículo 17, establece como obligación la elaboración de un plan de usos de la tierra en esta zona, función que, como se verá,  es resorte exclusivo de los gobiernos municipales, lo cierto es que éste debería realizarse conforme a las prioridades fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo Turístico. 2) En ejercicio de la competencia de fiscalización superior de la zona marítimo terrestre, corresponde al Instituto Costarricense de Turismo la declaración de la zona turística, la cual, debe publicarse en el Diario Oficial La Gaceta; siendo a partir de esa publicación que la zona queda afectada a ese uso, y le hace merecedora de las disposiciones que el ordenamiento jurídico dispone para su utilización y aprovechamiento, como se verá más adelante. 3) Formular proyectos de desarrollo turístico integral, en forma parcial o total de la zona turística ya declarada como tal; cuya administración puede llevarse en forma conjunta con la respectiva municipalidad, para lo cual se exige un convenio al efecto. 4) Aprobar concesiones y establecer y mantener un Registro General de Concesiones de la zona marítimo terrestre, el cual forma parte del Registro Nacional, para lo cual, las municipalidades respectivas deben remitirle copia de las concesiones que otorguen, de las prórrogas, traspasos aprobados y gravámenes u otras operaciones que autoricen sobre las mismas. Lo anterior resulta relevante si se toma en consideración que no obstante que el trámite para el otorgamiento de la concesión se verifica ante la respectiva municipalidad, está condicionada su validez al visto bueno del Instituto Costarricense de Turismo, en las playas con declaratoria turística. 5) Aprobar  todos los planos y planes de desarrollo urbanos o turísticos que afecten la zona marítimo terrestre, previa aprobación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, así como de las demás instituciones que tengan competencia en esta materia.  Funciones de las Municipalidades en la administración de la zona marítimo terrestre: El artículo 169 Constitucional y el numeral tercero del Código Municipal, establecen que la jurisdicción del Gobierno Local  se circunscribe al cantón respectivo, de manera que la Municipalidad en principio- por cuanto veremos que existen algunas excepciones, tal y como se indicó en el Considerando anterior- es el ente competente para la atención de los intereses y servicios en el cantón en general, y por ende en la zona marítimo terrestre comprendida en aquél.  Asimismo,  en materia de planificación local la competencia,  si bien no exclusiva y excluyente,  la tienen las Municipalidades del cantón respectivo (artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana). Conteste con lo anterior, el canon 3 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre define de forma muy clara, la competencia que  le atribuye a las Municipalidades al señalar que compete a dichas corporaciones velar directamente por el cumplimiento de las normas de esa ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre, en especial de las áreas turísticas de los litorales y que el usufructo y administración, tanto de la zona pública como de la zona restringida, les corresponde. Lo anterior permite esbozar algunas funciones específicas, entre ellas: 1) La atención directa del cuidado,  conservación y fiscalización de la zona marítimo terrestre y los recursos naturales que ahí existan. 2) Administrar las áreas que no están excluidas de la aplicación de este régimen, en coordinación con el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto de Desarrollo Agrario, según se trate de zonas turísticas o agrarias.  3) Cobrar los respectivos cánones sobre las concesiones otorgadas en esas zonas. Es importante advertir, que las funciones de fiscalización y administración encomendados por ley a los gobiernos locales no configuran un derecho de propiedad o posesión sobre esta franja de tierra; en virtud, como se indicó,  de la demanialidad de este bien. Funciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Interesa en el presente asunto destacar las siguientes: 1) Planear el desarrollo de las ciudades y otros centros menores, con el fin de promover el mejor uso de la tierra. 2) Aprobar obras de infraestructura y construcción en zona pública  atendiendo al uso público que se destinen (artículo 22 de la Ley 6043) 3) Aprobar planos de desarrollo urbano o turísticos que afecten la zona marítimo terrestre (artículo 31 de la Ley 6043). Funciones de la Procuraduría General de la República. Relacionada con el proceso que se discute, vale la pena mencionar la potestad que le otorga el artículo 4 de la Ley 6043, según el cual deberá ejercer, por sí o a instancia de cualquier entidad o institución del Estado o de parte interesada, el control jurídico para el debido cumplimiento de las disposiciones  de la citada ley. Ello incluye, conforme el texto de la norma, hacer las gestiones pertinentes respecto cualquier acción que violara o tendiera a infringir las disposiciones de esa ley o leyes conexas, o que pretendieran obtener derechos o reconocimientos en contra de esas normas, o para anular concesiones, permisos, contratos actos, acuerdos o disposiciones obtenidos en contravención de las mismas. Lo anterior sin perjuicio de lo que corresponda a otras instituciones o dependencias de conformidad con sus facultades legales. Dicha función, aunada también a las que le establece su Ley Orgánica.

Sobre los Planes Reguladores Costeros. Definición. Finalidad. En primer lugar, este Tribunal desea reflexionar brevemente respecto a la necesidad de que los planes reguladores costeros, como instrumentos de planificación local, se correspondan con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y con las recomendaciones del Plan General de Uso de la Tierra que, conforme a la ley, debe proponer el Instituto Costarricense de Turismo y  al que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo también debe sujetarse a la hora de evaluarlos y aprobarlos. Ello implica, claro está una coordinación adecuada y oportuna entre las diferentes Administraciones Públicas involucradas, a efectos de respetar el ámbito competencias de cada una de ellas. Lo anterior a efectos definir un orden de prioridades en el desarrollo  de las zonas costeras, que garantice un uso de suelo razonable y adecuado conteste con el desarrollo sostenible, particularmente en esa zona en la que coexisten ecosistemas frágiles. Sin embargo, la realidad demuestra que este tipo de planes reguladores se han venido aprobando, en general, de forma  casuística  y  con ignorancia de otros procesos similares, lo que evidencia ausencia de coordinación institucional a nivel nacional y local. Este tipo de planes deberían considerar,  al menos, las áreas protegidas (ecosistemas, manglares, arrecifes coralinos, sistema de playas, humedales, lechos de hierbas submarinas, cauces de ríos, sitios de anidación.), los bosques y recursos renovables existentes, los medios de transporte, aspectos urbanísticos, las actividades que se realizan en la zona: turismo, agricultura, pesca, habitación, recreación, industria. Regulación. En realidad, no existe en nuestro ordenamiento jurídico una regulación normativa específica para la elaboración de un plan de regulador para la zona costera (salvo, como se indicó, en cuanto al ente encargado de su aprobación). Evidentemente, a falta de una regulación específica, debe partirse del procedimiento establecido en el Ley de Planificación Urbana, para la aprobación de un plan regulador urbano en general, la cual, resulta a aplicable en lo conducente  a los sectores costeros. Así, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana, es potestad de los gobiernos locales, definir la implantación de un plan regulador y los reglamentos de desarrollo que correspondan. Podemos definirlo como el instrumento legal técnico idóneo de ordenamiento territorial para el desarrollo económico, social y ambiental equilibrado de las zonas costeras. Quienes pueden realizarlo. En este sentido, y por tratarse del ejercicio de una potestad pública, entiéndase la planificación del uso del suelo y ordenamiento territorial, cualquier propuesta de plan regulador costero debe ser elaborada y aprobada por los órganos competentes, sea, la Municipalidad que corresponda,  con apoyo técnico del  I.C.T. o del INVU. Requisitos. El plan regulador costero requiere: anuencia de la Municipalidad, declaratoria de aptitud turística o no turística, y amojonamiento del Instituto Geográfico Nacional y que se haya certificado si existen áreas que correspondan al Patrimonio Natural del Estado porque, como se indicó, de ser así, la Municipalidad carece de competencia para administrar las zonas y, por ende, de adoptar planes reguladores. Aprobación. En cuanto a la aprobación de este tipo de instrumentos debe seguirse, en lo conducente, el  procedimiento que establece el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana. Puede señalarse que una vez elaborado el Plan Regulador del Uso de Suelo del Sector Costero, éste  debe ser presentado debidamente al Instituto Costarricense de Turismo y al Instituto de Vivienda y Urbanismo. Ambas instituciones deberán aprobarlo para que luego sea presentado en audiencia pública. Para tales efectos, la Municipalidad deberá  convocar a audiencia pública, por medio del Diario Oficial y dar la divulgación adicional necesaria con el indicación del local, fecha y hora para conocer del proyecto y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince días hábiles. Realizada la audiencia y en tanto no existan oposiciones o cuando éstas hayan sido resueltas, la corporación municipal deberá acordar por mayoría absoluta de votos la ratificación del Plan Regulador Costero. Finalmente, deberá publicarse en La Gaceta el acuerdo del Concejo Municipal de la Municipalidad  referido a la adopción y puesta en vigencia del Plan Regulador, con indicación de la fecha a partir de la cual se harán exigibles las correspondientes regulaciones. Resulta fundamental para este Tribunal recalcar que, conforme lo establece el artículo 31 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, que en relación con el Plan Regulador Costero, indica que todos los Planos de Desarrollos Urbanos o Turísticos que afecten la Zona Marítimo Terrestre deberán ser aprobados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Instituto Costarricense de Turismo, así como por los demás organismos oficiales que tuvieran competencia para intervenir al efecto, de acuerdo con la ley. Aprovechamiento de la zona marítimo terrestre.  Según se explicó, la Administración puede conceder permisos especiales de uso de los bienes de dominio público, los cuales pueden consistir en simples permisos de uso o en concesiones de uso. Estas figuras tienen diferencias importantes, aunque quizás la más relevante está referida a la naturaleza del derecho que surge de cada uno de ellos. El permiso de uso es un acto unilateral de la Administración, por medio del cual se pone en manos del particular el dominio útil de bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa. Este permiso, por ser un derecho en precario, podrá ser revocado de forma unilateral por la Administración, por razones de oportunidad y conveniencia sin responsabilidad para la Administración, con la salvedad que la misma no puede ser arbitraria ni intempestiva, tal y como lo dispone el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública. Por su parte, la concesión es un acto bilateral, contractual celebrado entre el particular y la Administración, mediante el cual nace un derecho subjetivo del particular al uso y disfrute sobre el bien, por el plazo y bajo las condiciones que la ley establece. Claro está, sin que la Administración pierda la tutela sobre el bien demanial.  En este sentido, y de conformidad con el artículo 41 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, la concesión se constituye en el instrumento lícito y normal con que cuentan los particulares para el uso de la zona restringida de la Zona marítimo terrestre. Por su parte, el numeral 40 de la citada ley delega en las Municipalidades el  otorgamiento de estas  concesiones, con la posterior aprobación del ICT. (artículo 42). Requisitos para el otorgamiento de concesiones. De conformidad con el canon 38 párrafo primero de la citada Ley y numeral 19 de su Reglamento, el requisito sine qua non para el otorgamiento de las concesiones, lo constituye la existencia de un plan regulador, por cuanto si éste no existe, no es posible otorgar concesión ninguna, por parte de las Municipalidades. Algunas zonas costeras de diversos cantones,  durante muchos años no han contado con plan regulador, por lo que la única figura legal que se puede emplear, para justificar la puesta en  manos de particulares del dominio útil de bienes inmuebles sitos en la zona marítima terrestre, lo constituye el permiso de uso: ya sea del ocupante (Ver Transitorio VII de la Ley de cita) o del poblador (Ver Artículo 70 de la misma ley).  Sin embargo, estos permisos de uso se encuentran sometidos a dos características fundamentales: que no afecten las condiciones naturales de la zona ni entorpezcan el libre aprovechamiento de la zona pública y que su ejecución no limite en lo absoluto la futura implementación de un  plan regulador. Asimismo, debe existir demarcatoria de la zona pública, que deberá ser  publicado por el Instituto Geográfico Nacional en La Gaceta. Además, el ICT debe declarar  de actitud turística o no turística la zona. Asimismo, debe existir certificación del MINAET respecto de la existencia de zonas de bosque o aptitud forestal que constituya PNE. Ello por cuanto, se insiste,  en caso de que existan, la Municipalidad carece de competencia para otorgar concesiones toda vez que, pese a ser zona marítimo terrestre, su administración le corresponde al MINAET, de conformidad con el artículo 13 y siguientes de la Ley Forestal, ya explicados. Finalmente, debe constar en el respectivo expediente el avalúo administrativo realizado por la Administración Tributaria de la zona.  Otras formas legítimas de ocupación de la zona marítima terrestre. Además del permiso y la concesión, la Ley de la Zona Marítimo Terrestre regula otras formas legítimas de ocupación en dichos terrenos, sobre todo para regular ocupaciones anteriores a la entrada en vigencia de la Ley de marras, que resulta necesario al menos definir. Los transitorios I y II hacen referencia a concesiones y contratos de arrendamiento otorgados con fundamento en leyes anteriores. En relación con los contratos de arrendamiento,  éstos pasarán a control de las Municipalidades respectivas y continuarán en los mismos términos y condiciones en que fueron convenidos, pero a su vencimiento y si fuere acordada su prórroga  se modificarán con arreglo a las normas de la Ley No. 6043. Asimismo, se impone la obligación de que tanto las Municipalidades como, en ese entonces, el Instituto de Tierras y Colonización remitieran al Instituto Costarricense de Turismo dentro de los seis primeros meses de la vigencia de la Ley No. 6043, las copias de los contratos o concesiones que hubieren otorgado en zona marítimo terrestre, sin perjuicio de que los interesados presentaran también ese plazo sus contratos a éste Instituto,  para efectos de su registro en el mismo. Vencido ese término, si dichos contratos no se presentaron, perdieron su validez y se extinguieron.     Por otra parte, el artículo 70 de la citada Ley regula la figura de los pobladores. Debe interpretarse a la luz de tal norma que son pobladores de la zona marítimo terrestre los costarricenses por nacimiento, con más de diez años de residencia en ella, según información de la autoridad de la Guardia de Asistencia Rural local o certificación del Registro Electoral sobre su domicilio. Si cumplen con los requisitos exigidos por ley, aún sin concesión,  pueden seguir ubicados en   los terrenos de la zona marítimo terrestre,  hasta tanto no se emita el Plan Regulador Costero. En caso que su construcción no se ajuste a lo implementado por el Plan Regulador, deberá ser reubicado e indemnizarle sus mejoras. Debe interpretarse que este tipo de ocupación de la zona marítimo terrestre es lícita y válida, tanto así, que para ser reubicados se le debe indemnizar las mejoras. Además los pobladores no pueden ser objeto de reubicación hasta tanto no se haya aprobado el mencionado  Plan Regulador. Finalmente, el Transitorio VII de la Ley tantas veces mencionada, indica que las municipalidades con jurisdicción en la zona marítimo terrestre cobrarán el canon que establece esta ley para los ocupantes de la misma. De esta norma se ha interpretado que los ocupantes son todas aquellas personas que, sin reunir la condición de pobladores, han ocupado la zona marítimo terrestre, aún de forma no autorizada, con antelación a la vigencia de la Ley No. 6043. Es a ellas a quienes se refiere el artículo 44 de misma Ley cuando, al delimitar una serie de criterios sobre prioridad para el otorgamiento de concesiones, destaca que "en igualdad de condiciones se ha de preferir al ocupante del terreno que la haya poseído quieta, pública y pacíficamente en forma continua". Cuentan estos ocupantes con un derecho subjetivo en la prioridad que tienen sus solicitudes de concesión sobre otras, siempre y cuando el uso sea compatible con el fijado en la planificación del sector, pero debe siempre tenerse presente que este privilegio está ligado de manera estricta a su condición de ocupante. No se trata de un interés legítimo, por cuanto no existe potestad discrecional de la Administración al momento de decidir sobre las solicitudes. Si el ocupante reúne las condiciones subjetivas y objetivas que establece la Ley No. 6043 y el uso peticionado es conforme al plan de desarrollo es deber de la Administración otorgar el contrato de concesión. Por otra parte, debe indicarse  las condiciones de ocupante o poblador son condiciones Intuitu Personae, sea en razón de las cualidades o condiciones de ellos. Por lo que evidentemente no son transmisibles. Desde esta perspectiva,  cualquier traspaso de "derechos de ocupación", constituye una práctica viciada para buscar legitimar y perpetuar en el tiempo una pretendida ocupación que se ha ejercido de espaldas del bloque de legalidad. Constituyen  actos contractuales que, evidentemente, no perjudican al Estado en su titularidad y son completamente nulos al recaer, se insiste,  sobre bienes de dominio público.  Si no se presenta cualquiera de estas formas de ocupación, entiéndase, concesión, permiso, contrato de arrendamiento, condición de poblador u ocupante, la posesión u ocupación que se ejerza en la zona marítima terrestre resulta, a juicio de este Tribunal, ilegítima. 

VI.- LOS TERRENOS COMPRENDIDOS EN EL PLAN REGULADOR CONSTITUYEN PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO.

A juicio de este Tribunal, la pretensión principal sobre la cual gira este proceso es dilucidar si los terrenos comprendidos en el Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa constituyen PNE por tratarse de terrenos boscosos. Ello por cuanto, en gran medida, el resto de pretensiones dependen de ésta. En este sentido, la comuna probatoria evacuada permite, sin ninguna duda, concluir que en su mayoría, si lo son. Valorada la prueba que consta en autos, este órgano colegiado no tiene ninguna duda respecto de la naturaleza boscosa de la mayoría de esos terrenos. El análisis de las fotografías aéreas de los años 1979, 1998, 2005 y 2008,  nos muestra, con absoluta claridad, una zona boscosa que ha venido en evidente disminución.  Aunado a ello, la prueba técnica  fue contundente en ese sentido. El Ingeniero Carlos Rodríguez Blinda afirmó en su declaración en la única audiencia la existencia de bosque primario en la fotografía de 1979 y como en las posteriores empiezan a vislumbrarse claros en medio del bosque. Igualmente, el Ingeniero  Forestal Nombre140594 , quien fue el funcionario que realizó el  informe de levantamiento de Patrimonio Natural del Estado, que a la postre, sirviera de base para la certificación que en ese sentido emitiera el SINAC, señaló que dichos terrenos constituyen una unidad boscosa. Afirmó, incluso, que pese a las alteraciones que han sufrido aquéllos por la eliminación de la vegetación inferior, cumplen con la definición legal de bosque. Asimismo, el testigo perito Nombre126579    también acepta en su declaración que en  la zona marítima de Punta Ventanas de Osa existen zonas con y sin bosque. También es clara la prueba documental traída a autos, respecto de la existencia de bosque en dicha zona, no solo actualmente, sino en años anteriores. Consta en el RT-279-8-83, de 8 de agosto de 1983, mediante el cual el jefe del Departamento de Recursos Turísticos del ICT remitió al Departamento de Urbanismo del INVU un  Plan de Uso de Suelo para el sector costero de Punta Ventanas de Osa, para su aprobación, una clara referencia en este sentido.  Indicó dicho oficio que el plan tenía un fuerte énfasis en la protección de una zona boscosa que es única en esa zona y que toda la propiedad detrás de la zona marítimo terrestre va ser preservada con énfasis en protección a la zona boscosa. (folio 10 del expediente administrativo del INVU en relación con el 13 y 21 del mismo expediente). Asimismo, la certificación emitida el 18 de octubre del 2007 por Nombre140593 y el Informe del Levantamiento de Áreas de Patrimonio Natural del Estado en esa zona, son contundentes y confirman la existencia de ecosistemas boscosos en esos terrenos. Finalmente, del reconocimiento judicial realizado el 7 de octubre del año recién pasado, este Tribunal pudo confirmar, in situ y sin ninguna duda, la presencia de bosque. Ahora bien, demostrada la existencia de bosque en los terrenos comprendidos en la zona marítima terrestre de Punta Ventanas de Osa y, como se explicara en el considerando V, tomando en cuenta el carácter inalienable de esos terrenos en tanto bienes de dominio público,  la consecuencia jurídica inmediata es que constituyen Patrimonio Natural del Estado, tal y como lo establecen los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal. Se insiste que, tal y como se indicara con amplitud en el Considerando IV, esta declaración es una mera constatación, por cuanto la afectación al PNE es legal e inmediata. Debe tenerse presente que el Patrimonio Natural ya estaba definido incluso en la Ley Forestal anterior a la vigente, tal y como lo refirió, incluso,  el Biólogo Juan Sánchez en su declaración. La certificación que clasifica y delimita las áreas que constituyen Patrimonio Natural del Estado en zonas inalienables (artículos 15 y 16 de la Ley Forestal) como se explicó,  constituye una potestad que el MINAET, a través del Sistema de Nacional de Áreas de Conservación,  debe ejercer de oficio y no sólo a instancia de parte. Esta clasificación que realice el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, respecto del tipo de ecosistema existente en los inmuebles comprendidos dentro del Patrimonio Natural del Estado, constituye una mera categorización de aquellos para determinar si se está en presencia de bosques, terrenos de aptitud forestal, humedales, manglares, entre otros. Es por ello que este Tribunal tiene la firme convicción que en el presente asunto ha existido una conducta omisiva grave del Estado, a través de MINAET y el SINAC, en la medida que no es sino hasta el 2007 que tal delimitación y clasificación se realiza, pese a que ha quedado acreditado que dichos terrenos han constituido al menos, desde 1979, unidades boscosas y, por ende PNE. Pero este tema será objeto de un análisis posterior. Debe concluirse también que constituyendo Patrimonio Natural del Estado las áreas boscosas de la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa, de conformidad con el artículo 13 de la Ley Forestal, su administración corresponde al Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones, y no a la Municipalidad de Osa. Como ya se indicó en un considerando anterior, el PNE es un bien de dominio público cuya conservación y administración han sido atribuidas por el legislador al MINAET, específicamente a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Lo anterior se deduce con claridad de un conjunto de normas que desarrollan el contenido del artículo 50 constitucional entre las que destacan los artículos 6 inciso a), 13 párrafo segundo y 14 de la Ley Forestal y el 32 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Ambiente. De conformidad con el artículo 13 ya citado, un componente del PNE lo constituyen  los bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal pertenecientes al Estado, las Municipalidades, instituciones autónomos y demás organismos de la administración Pública, con la excepción referida en la misma norma. Se insiste, se trata de una afectación legal inmediata. Si bien el artículo 3 de la Ley de la Zona Marítima Terrestre señala que el usufructo y la administración de la zona marítimo terrestre corresponde a la Municipalidad de la jurisdicción respectiva, lo cierto es que dicha norma debe interpretarse a la luz de todo el bloque de legalidad vigente. En este sentido, considera este Tribunal que debe tenerse presente que el ordenamiento jurídico constituye un todo armónico, por lo que sus normas deben ser interpretadas en forma sistemática e integral y no aislada; de modo que, como bien lo ha señalado la Sala Constitucional en su resolución No. 07603- 2001,  "...el contenido de un artículo se determina en articulación con el conjunto de normas que lo rodean; no en forma separada...." En el caso concreto, con la normativa actual se impone una interpretación integral, que concilie y desentrañe el verdadero sentido de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, como preceptos conexos, coordinados e interdependientes de un sistema jurídico que se caracteriza, como se indicó, por su unidad y coherencia lógica. Todo lo anterior orientado al cumplimiento del interés público ambiental respecto de la protección y conservación del medio ambiente, lo que incluye, claro está, los bosques y terrenos de aptitud forestal. Realizada esta interpretación, este Tribunal concluye que  las áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal de los litorales (que constituyen persé Patrimonio Natural del Estado), están bajo la administración del Ministerio del  Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y no de la corporación municipal. Ello toda vez que, en primer lugar, no debe obviarse que dichos bienes constituyen dominio público, por ende, pertenecen al Estado. En ese sentido, si bien es cierto en un principio el legislador mediante Ley No. 6043 confió la administración tanto de la zona pública como de la restringida en la zona marítimo terrestre a las Municipalidades, lo cierto es que ese mismo legislador soberano mediante ley posterior, entiéndase la No. 7575, determinó que los bosques y terrenos de aptitud forestal que estén en la zona marítimo terrestre deban ser administrados por el MINAET y no por la corporación municipal de la jurisdicción que corresponda. En segundo lugar, sin duda el artículo 13 de la Ley Forestal introdujo un cambio de destino y régimen de este tipo de bienes, lo que constituye una mutación demanial subjetiva que modificó, entre otros, la administración, usos, aprovechamientos, planificación en esas áreas. A juicio de este Tribunal, esta mutación responde a un interés jurídico prevalente, que requiere de una tutela más intensa, especializada, coherente e integral, que responda a una política de Estado que va más allá de los simples intereses locales. Se trata de la protección de la biodiversidad y ecosistemas frágiles que coexisten en la zona marítima terrestre y que se encuentran estrechamente vinculadas con el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En el caso de Punta Ventanas de Osa debe hacerse hincapié, además del ecosistema imperante en la zona,  en la existencia del Corredor Biológico de la Danta y en la afirmación que realizará el Ingeniero Carlos Rodríguez Blinda en el sentido que si los claros continúan en el bosque desaparecería dicho corredor, toda vez que el cambio de uso del suelo conllevaría la emigración de la fauna ahí presente. Respecto de la mutación demanial que a juicio de este Tribunal imperó, se realizó por acto legislativo, sea, por una norma de igual rango a la que, inicialmente dio en administración esa zona a las Municipalidades. Se observa, por tanto, el cumplimiento del requisito esencial para que este tipo de cambios operen. Aunado a lo anterior, la Ley Forestal es una ley especial que regula las zonas boscosas, forestales y de aptitud forestal que se encuentren en el país. No encuentra este Tribunal ninguna razón de lógica o conveniencia que justifique excluir de esta regulación a los bosques ubicados en la zona marítimo terrestre. Todo lo contrario, excluir estos bosques de la normativa especial que para tales efectos se dictado, atenta contra la unidad y coherencia que debe privar en la planificación, gestión y tutela  de los bosques del Patrimonio Natural de Estado, los cuales se insiste deben ser sometidos a una única regulación y política de uso y conservación, se encuentren o no en la zona marítimo terrestre. Lo contrario atentaría, a juicio de este órgano contra la utilización racional y sostenible del recurso forestal que impone el artículo 50 de la Constitución Política. En el subiúdice, se reitera,  ha quedado acreditado que, en general, los terrenos comprendidos en el Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa constituyen áreas boscosas o terrenos de aptitud forestal, afectados de forma legal e inmediata al Patrimonio Natural del Estado, cuya administración corresponde, por misma disposición legal al MINAET. Cabe señalar también que la Sala Constitucional se ha pronunciado recientemente respecto de la incompetencia de las Municipalidades para administrar las áreas de bosque en la zona marítimo terrestre. En este sentido, mediante Voto No. 16975-2008, de las 14:53 horas del 12 de noviembre del 2008,  al anular un Decreto que afectaba las áreas de bosque en la zona marítimo terrestre señaló que "...En este extremo, el Decreto excede los límites del ejercicio de la potestad reglamentaria, al atribuir a las Municipalidades una competencia que por ley no tienen para administrar y otorgar concesiones sobre el Patrimonio Natural del Estado en los litorales (Áreas Silvestres Protegidas y demás bosques o terrenos forestales públicos)..."  Finalmente, procede aclarar que la declaratoria de PNE que este Tribunal confirma, lo es únicamente respecto de los terrenos de la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa que constituyan áreas con cobertura boscosa. Esta precisión es fundamental toda vez que de la valoración de la prueba evacuada, se determina con claridad que no es la totalidad de la esa zona marítima dicha la que constituye bosque. En este sentido, la certificación emitida por la señora Etilma Morales Mora, Directora del Área de Conservación de Osa  del SINAC, es clara en cuanto a que existen 15.22 hectáreas que constituyen terrenos boscosos y 2.11 hectáreas que se corresponden a área sin bosque.  Esta certificación se emitió con base en Informe de Levantamiento de Áreas de Patrimonio Natural del Estado en los Planes Reguladores de Punta Ventanas de Osa y Shark Bay Dos Mil, que realizara el Ingeniero Nombre140594  . Conteste con lo anterior, en su declaración el Ingeniero Nombre140594 no solo confirmó lo expuesto, sino que, en ejercicio del principio de oralidad,  precisó un detalle que para este Tribunal resulta fundamental. Al momento de explicar la figura 3 del citado informe "Mapa de delimitación de las áreas con bosque natural y las áreas sin bosque , Plan regulador Ventanas de Osa, 2006." , este testigo perito fue contundente al explicar que si bien las 2.11 hectáreas no cumplen con la definición de ley de bosque, lo cierto es que en esa zona hay áreas con árboles aislados y que a la luz de la fotografía área de 1979, se evidenciaba claramente que  fueron bosque natural, luego alterado por intervenciones humanas y sobre las cuales, a juicio del experto, cabe regeneración del bosque. Lo anterior a diferencia de lo que el testigo perito señaló como áreas sin cobertura boscosa. Este resto coincide con el sitio donde están las construcciones y donde ya desde 1979 (conforme a la fotografía) se observa una mancha blanca en esa zona, lo que demuestra, a juicio de este órgano,  que no tenía cobertura boscosa. Este Tribunal otorga total valor probatorio no solo al informe presentado por el Ingeniero Nombre140594, sino a su explicación técnica respecto de la Figura 3 que consta en el citado informe. A la luz de esa probanza, más las fotografías áreas es evidente que parte del bosque fue alterado por actividades humanas y como consecuencia de ello, al día de hoy, se constituyen áreas con árboles aislados. En virtud del concepto de Patrimonio Natural del Estado, aunado al Principio de Irreductibilidad del Bosque y la regeneración que sobre esa zona puede realizarse, considera este órgano colegiado que esa área con árboles aislados constituye, junto con lo que hoy queda de bosque natural, Patrimonio Natural del Estado. Sin embargo, no están dentro del PNE, lo que tanto la Figura 3 del Informe como el propio testimonio del Ingeniero Nombre140594 denominan área sin cobertura boscosa y que, a juicio del testigo perito, coinciden con la mancha blanca que revela la fotografía de 1979. En esta zona, considera este Tribunal que no es posible demostrar con certeza técnica la existencia de bosque en esa zona. Por lo expuesto, se declara que constituye Patrimonio Natural del Estado, los terrenos de la zona  marítimo de Punta Ventanas de Osa que, conforme a  la figura 3 denominada "Mapa de delimitación de las áreas con bosque natural y las áreas sin bosque , Plan regulador Ventanas de Osa, 2006."  y que consta en el Informe de Levantamiento de Áreas de Patrimonio Natural del Estado en los Planes Reguladores de Punta Ventanas de Osa y Shark bay Dos Mil, que realizara el Ingeniero Nombre140594  , los que se señalan  como Áreas con Bosque Natural y Áreas con Árboles aislados. La administración de esta zona corresponde al MINAET. Por su parte, el terreno restante que coinciden con lo que la citada figura No. 3 denomina Área sin cobertura boscosa, no constituyen Patrimonio Natural del Estado, estando por ende, bajo la administración de la Municipalidad de Osa tal y como lo dispone el artículo 3 de la Ley de la Zona Marítima Terrestre. Finalmente, debe este Tribunal agregar que, si bien esa zona sin cobertura boscosa está sometida a la administración municipal, lo cierto es que ello no implica, persé, que sea planificable. Lo anterior toda vez que, como se verá posteriormente,  el Plan Regulador Costero vigente a la fecha tiene vicios graves que generan su nulidad absoluta. Por ende, deberá la corporación municipal de Osa, si  deseara planificar el uso del suelo en esa área,  adoptar un nuevo Plan Regulador, que deberá ser sometido al cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico. Ello incluye, obviamente la declaratoria de interés turístico por parte del ICT,  la aprobación de la evaluación de impacto ambiental de Nombre3456 y la aprobación del ICT y el INVU. Deberá tenerse presente en todo ese proceso la situación de esa zona, sea, se trata de una porción enclavada dentro terrenos boscosos, lo que hace necesario un celoso y cuidadoso análisis de la planificación posible,  para que garantizar que aquélla se realice en equilibrio con la naturaleza boscosa y los ecosistemas que ahí imperan. Solo así podría hablarse de un desarrollo sustentable. Cabe advertir que en un considerando posterior se analizará la situación de las construcciones que se ubican en esa zona no boscosa.

VII. SOBRE LA VALIDEZ DEL PLAN REGULADOR COSTERO DE PUNTA VENTANAS DE OSA.

Declarado que lo denominado  áreas de bosque natural y árboles aislados de la zona marítimo de Punta Ventanas de Osa constituyen Patrimonio Natural del Estado y que su administración corresponde al MINAET, se procederá a analizar las conductas formales impugnadas. Los accionantes pretenden que se declare absolutamente nulo el Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa, por cuatro motivos específicos. En este sentido, este Tribunal procederá al análisis de cada uno de ellos a efectos de determinar su procedencia o no. Ausencia de competencia para aprobar el Plan Regulador. Alega la parte actora que la Municipalidad de Osa era incompetente para dictar y aprobar el Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa, toda vez que pese a ser zona marítimo de terrestre, los terrenos que abarcan el citado Plan constituyen Patrimonio Natural del Estado (PNE), por lo que su administración correspondería  al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y no a la corporación municipal. En el subiúdice ha quedado acreditado que, como ya se declaró, los terrenos comprendidos en el Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa que constituyen áreas boscosas y con árboles aislados, están afectos de forma legal e inmediata al Patrimonio Natural del Estado, cuya administración corresponde, en efecto, al MINAET.   Por lo expuesto, la Municipalidad de Osa carecía de competencia para administrar esos terrenos de bosque en la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa,  lo que implicaba, claro está, la  imposibilidad de dictar y aprobar un Plan Regulador Costero en esa zona o conceder concesiones, y así debe declararlo este Tribunal, con la consecuente nulidad del citado instrumento de planificación. Cabe señalar también, como ya se citara,  la Sala Constitucional se ha pronunciado recientemente respecto de la incompetencia de las Municipalidades para administrar las áreas de bosque en la zona marítimo terrestre. En este sentido, mediante Voto No. 16975-2008, de las 14:53 horas del 12 de noviembre del 2008,   al anular un Decreto que afectaba las áreas de bosque en la zona marítimo terrestre señaló que "...En este extremo, el Decreto excede los límites del ejercicio de la potestad reglamentaria, al atribuir a las Municipalidades una competencia que por ley no tienen para administrar y otorgar concesiones sobre el Patrimonio Natural del Estado en los litorales (Áreas Silvestres Protegidas y demás bosques o terrenos forestales públicos)..." Cabe señalar, eso sí, que en el área restante de esa zona marítimo terrestre, sea, el área sin bosque,  la administración es municipal y deberá esa corporación emitir el Plan Regulador Costero correspondiente, en absoluto respeto del bloque de legalidad vigente, si pretendiera el desarrollo turístico de esa zona. Pese a la nulidad ya declarada, por la forma en que se resuelve, este Tribunal estima necesario referirse a los restantes motivos de legalidad alegados por la parte actora.

Sobre la certificación de Patrimonio Natural del Estado: Indicó la parte actora que otro motivo de nulidad del Plan Regulador lo constituye el hecho que fuera aprobado por la Municipalidad de Osa, el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo sin la certificación de Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAET, específicamente por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Este Tribunal comparte plenamente esa afirmación. Se insiste, de la letra de los  artículos 13 y 15 de la Ley Forestal, se desprende  claramente, que de previo a  permutar, ceder, enajenar, entregar, dar en arrendamiento, o general, disponer de terrenos rurales de su propiedad o administración, los órganos, entes o corporaciones de la Administración Pública deben solicitar la clasificación del MINAET a efectos de determinar si aquéllos constituyen Patrimonio Natural del Estado, por tratarse de bosques y terrenos forestales.  A juicio de este Tribunal, las normas son diáfanas e imponen un poder deber a la Administración activa, cuyo cumplimiento resulta ineludible y su violación implicaría una contravención al principio de legalidad en su vertiente positiva. Bajo esta tesitura, es innegable que de previo a la aprobación del Plan Regulador del Sector  Costero de Punta Ventanas de Osa, tanto la Municipalidad, como el ICT y el INVU debieron solicitar la citada certificación. Más aún, en virtud de que se trata de potestades tal y como fuera explicado en el Considerando IV, el mismo MINAE y SINAC, debieron, de oficio, haber clasificado y determinado la existencia de bosque de esa zona, conforme lo dispuesto en los artículos de la Ley Forestal ya citados y los numerales 21, 50 párrafo segundo tercero y 89 de nuestra Carta Magna. No es jurídicamente aceptable que los órganos rectores en materia ambiental no hayan ejercido de oficio y a tiempo, las habilitaciones que el legislador le ha encomendado. Ello constituye una omisión administrativa que no encuentra justificación en el Derecho.  Una actuación conforme a derecho, en forma diligente y en aras de la tutela de la garantía contemplada en el artículo 50 constitucional por parte del MINAE y el SINAC hubiera implicado que al momento del dictado de citado plan regulador, la clasificación y delimitación del Patrimonio Natural del Estado se hubiera realizado, lo que hubiera impedido que ese instrumento de planificación se adoptara. Pero la realidad nos demuestra otra cosa. La clasificación y delimitación se realizó hasta el año 2006 y se certifica hasta el 2007. De la prueba evacuada en la única audiencia quedó demostrado el desconocimiento existente al respecto, incluso por las propias autoridades del MINAET. En su declaración, la señora Etilma Morales Mora, Directora del Área de Conservación de Osa, señaló que el estudio para la delimitación de PNE fue solicitado por la Municipalidad de Osa (sea a instancia de parte) y que aunque el informe de levantamiento de PNE lo rindió el Ingeniero Nombre140594 en octubre del 2006, la certificación se emite hasta un año después, porque hasta esa fecha ella estuvo segura. Por otra parte, el Biólogo Juan Sánchez indicó en su declaración que antes del dictamen de la Procuraduría General de la República del año 2004 (al cual este Tribunal se referirá de seguido) no siempre se hacía el proceso de clasificación en la zona marítimo terrestre. Señaló también que a pesar de la Ley Forestal, MINAE no lo había asumido. Incluso el testimonio de Nombre34625 , cuando indicó que la demarcatoria del bosque era una competencia del MINAE desde hace muchos años pero que no lo hacía.  Ahora bien, el que MINAE o SINAC no hubieren realizado la citada delimitación en nada justifica la omisión de la Municipal de Osa, el ICT y el INVU. Todos ellos, en cumplimiento del ordenamiento vigente a esa fecha debieron constatar la existencia de la clasificación de previo a su aprobación. Argumentaron las demandadas que ese no era un requisito que se exigiera hasta después del dictamen C-297-2004 de la Procuraduría General de la República. Este argumento no puede compartirlo este Tribunal. Se ha explicado con amplitud que se trata de una exigencia legal, cuyo cumplimiento no puede supeditarse a que la Procuraduría lo señale o no. Debieron las instituciones demandadas cumplir lo dispuesto en la norma y exigirlo. Lo contrario sería admitir que el desconocimiento e ignorancia de las leyes justifican su incumplimiento y admitir violaciones al bloque de legalidad en su vertiente positiva, situación que este Tribunal, de ninguna forma, podría compartir. Con todo, de los autos se desprende que el citado instrumento de planificación fue aprobado por todos los entes involucrados sin dicho requisito, después de la fecha del referido dictamen y con el que  pretenden justificar el incumplimiento. Ha quedado acreditado en autos que el ICT da la primera aprobación al citado plan en julio del 2002  pero la aprobación final la realizó el 19 de abril del 2005; que el INVU aprobó dicho plan el 27 de octubre del 2004 y que la Municipalidad lo hizo el 22 de diciembre del 2004. De lo anterior se desprende con meridiana claridad que a la fecha de la aprobación, ya el dictamen existía. Incluso, si bien del testimonio de Don Nombre34625 , funcionario del INVU se colige que ese instituto tuvo conocimiento del dictamen en el año 2006, lo cierto es también de su testimonio y de la prueba documental se desprende que ya en los años ochenta, cuando existía un primer plan regulador de la zona que fuera sometido a estudio, tanto ese instituto como el ICT conocían la existencia de bosque y, en el caso del INVU, suspendió su aprobación hasta que se determinara quien iba a administrar esa zona. (folios 10, 13 y 21 del expediente administrativo aportado por el INVU) Pero se insiste, el cumplimiento del requisito que señalan los artículos 13 y 15 de la Ley Forestal se impone, no con el citado dictamen C.297-2004, sino del propio texto legislativo, del cual no podría la Administración Pública alegar desconocimiento. Sin embargo, no puede obviar este Tribunal que, también se desprende de la única audiencia,  existía desconocimiento y un problema de interpretación de la Ley Forestal y de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, por parte de los operadores del derecho en vía administrativa. Pero ello justifica el incumplimiento de potestades que implicaron omisiones que pusieron en una posición altamente vulnerable el ecosistema boscoso de Punta Ventanas de Osa, potenciando su deterioro. Se alegó también por las demandadas que la certificación de Patrimonio Natural del Estado emitida por Nombre140593 era nula toda vez que fue emitida con una metodología ya derogada en el 2008 y que el nuevo Decreto Ejecutivo No. 34295-MINAE, de 29 de enero de 2008, exigía se realizara una reclasificación en los terrenos en los que se hubiera aplicado la metodología impuesta en la resolución R-SINAC-13-2006. En este sentido, considera este Tribunal conveniente esbozar algunas precisiones. Primero. La certificación de PNE que emitiera Nombre140593 para clasificar los terrenos de la zona marítima de Punta Ventanas de Osa se realizó con la metodología que aprobara SINAC mediante resolución R-SINAC-13-2006 y que vigente al momento de su adopción. Segundo. La resolución de cita no impone una metodología única y obligatoria. Ello toda vez que del testimonio de el Ingeniero Nombre140594  quedó claro que las metodologías sirven para unificar criterios, más no son las que definen los parámetros para delimitar las áreas boscosas y que constituyen Patrimonio Natural del Estado. Esos parámetros están en la legislación, por ejemplo, en la definición de bosque y los elementos cualitativos y cuantitativos que involucra. Asimismo, señalaron los testigos peritos Etilma Morales, Nombre140594  y Juan Sánchez que tanto la metodología que se estableció en 2006 (en la resolución ya citada) como la que se establece en el Decreto Ejecutivo No. 34295-MINAE,  del año 2008, son similares, toda vez que se apegan a la definición legal de bosque. Tercero. Valorada la prueba testimonial, no encuentra este Tribunal, algún vicio en la citada certificación que emitiera Nombre140593, toda vez que la metodología en que se basa el Informe del Ingeniero Nombre140594 y en la que se fundamenta la citada certificación, se insiste estaba vigente al momento de certificar,  fue ampliamente explicada por el profesional en el juicio y cumple con los aspectos que involucra la definición de bosque. A lo anterior debe agregárse que no se pudo demostrar que aquélla hubiera sido impugnada en vía administrativa, ni que la Municipalidad de Osa hubiera solicitado ante el SINAC, la reclasificación de la certificación que clasificaba el PNE en los terrenos de la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa. Cuarto. Los artículos IV, VII, así como los Transitorios II y III del citado Decreto y que refieren, en general,  a la reclasificación, la posibilidad de que un sujeto de derecho privado certifique el PNE y la posibilidad de que opere el silencio positivo,  se encuentran impugnados ante la Sala Constitucional, según consta a los expedientes No. 08-004934-0007-CO y 08-10781-0007-CO. Por esta razón su aplicación inmediata se encuentra suspendida, lo que en todo caso impediría cualquier reclasificación hasta tanto la acción de inconstitucionalidad no fuere resuelta.  Dado que se trata de normas de trámite, su aplicación estaría vedad desde el mismo momento de que en el curso del proceso deban ser aplicadas. Por lo expuesto, considera este Tribunal que las acciones de inconstitucionalidad interpuestas no suspenden el dictado de esta sentencia, toda que, se reitera, en este proceso no se cuestionan ni aplican las normas impugnadas.  Sexto. Este Tribunal resta credibilidad  a la constancia que emitiera Nombre126579   y que consta a folios 156 a 167 del expediente judicial, por varias razones: A la fecha de emisión de la citada certificación, el único sujeto competente para emitir este tipo de certificaciones lo era y sigue siendo a la fecha, en virtud de la suspensión del artículo IV del citado decreto No 34295-MINAE, el MINAET a través del SINAC. Incluso, el mismo señor Nombre140584 advirtió en su declaración que no tiene fe pública para emitir este tipo de certificaciones. Por otra parte, señaló que únicamente refieren a zonas sin bosque. Finalmente, fue poco preciso respecto de la metodología que aplicó: refirió a imágenes de Internet pero de años atrás, no indica como midió las zonas. Lo anterior contrasta con la claridad técnica con el que el Ingeniero Nombre140594 detalló su trabajo de campo y permiten a este Tribunal otorgarle, sin duda, un mayor valor probatorio a esta última Por lo expuesto,  se impone también la declaratoria de nulidad absoluta del Plan por haberse adoptado y aprobado sin que se hubiese clasificado el PNE y emitido la certificación correspondiente.

Sobre la ausencia de Certificación de Vialidad Ambiental. Un tercer motivo de nulidad del Plan Regulador de Punta Ventanas que expone la parte actora, lo constituye que éste hubiera sido aprobado por la Municipalidad de Osa, el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo sin la certificación de vialidad ambiental. En este sentido y como ya fuera explicado, la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se constituye como un instrumento de gestión ambiental que en forma ordenada y científica analiza los comportamientos contemplando un doble objetivo: prevenir, corregir y detener el proceso degenerativo; y por otra parte, logra que conductas futuras no contribuyan a ese proceso. Dicho procedimiento se emite como base o requerimiento previo de otros posteriores y se emite por parte de las administraciones públicas competentes, con experticia en los menesteres ambientales. Así visto, en términos más simples, es el procedimiento en virtud del cual, se estiman los efectos y consecuencias que un proyecto de obra o actividad humana va a generar en el ambiente. Dada la trascendencia del bien jurídico tutelado, su sustento se afinca en la doctrina del numeral 50 de la Constitución Política, por tanto, siendo deber del Estado la tutela debida, eficiente y oportuna del ambiente, lo que incluye  los recursos naturales como paisajísticos, se trata de un importante mecanismo de ejercicio de  política ambiental, que tiene una aplicación directa e inmediata en las actividades productivas, de manera que logre la armonía y compatibilidad de esas explotaciones económicas o sociales, con la preservación del medio, dentro de una visión de sustentabilidad.  En lo que interesa, cabe mencionar que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente señala que “.... Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental...."  Por su parte, el Reglamento General sobre Procedimientos de EIA, Decreto Ejecutivo número 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, en su artículo 67 reitera esa obligación  cuando dispone "... Los Planes Reguladores establecidos por la Ley de Planificación Urbana y por la Ley de la Zona Marítima Terrestre, o cualquier otro instrumento de planificación del uso del suelo o del territorio, como forma de planificar el desarrollo de actividades humanas potencialmente impactantes al medio, deberán cumplir el requisito de integrar la variable de impacto ambiental, la cual estará sujeta a un proceso de viabilidad ambiental por parte de la SETENA, de previo a su aprobación por las autoridades respectivas. La introducción de la variable ambiental en los planes reguladores o cualquier otro instrumento de planificación del territorio deberá sujetarse al procedimiento técnico para la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores establecido en el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA- Parte III). Este procedimiento podrá ser aplicado, tanto a aquellos instrumentos de planificación del territorio que se vayan elaborar o se encuentren en elaboración, como aquellos otros ya aprobados, pero que todavía no cuenten con la variable ambiental integrada en los mismos. Para introducir la variable ambiental en los planes maestros arquitectónicos deberán cumplir con lo establecido en el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental ( Manual de EIA - Parte III) indicado, a efecto de convertirse en Planes Ambientales de Desarrollo...". Como se ha venido señalando, el Estado costarricense ha apostado por una política protectora del ambiente lo que incluye la protección del recurso forestal. Desde esta perspectiva y considerando las implicaciones de las obras humanas en el ambiente, a juicio de este Tribunal se justifica y se exige la evaluación de ese impacto en el medio. Desde este plano, es diáfana la exigencia que impone el ordenamiento jurídico respecto a la evaluación de impacto o viabilidad  ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) de previo a la aprobación de cualquier obra o proyecto, lo que incluye, la aprobación de los planes reguladores costeros. Así las cosas, al momento de la aprobación del Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa ya estaban vigentes las disposiciones legales y reglamentarias que imponían tal condición. Pese a ello, el Plan regulador fue aprobado por todos los entes involucrados sin dicho requisito. Ha quedado acreditado en autos que el ICT da la primera aprobación al citado plan en julio del 2002 y la aprobación final la realizó el 19 de abril del 2005; que el INVU aprobó dicho plan el 27 de octubre del 2004 y que la Municipalidad lo hizo el 22 de diciembre del 2004. De lo anterior se colige que pese a que la Ley Orgánica del Ambiente está vigente desde 1995 y ya imponía la participación de la Nombre3456 en la evaluación de impacto ambiental para este tipo de actividades lo que se refuerza con el Reglamento ya citado y vigente desde el 28 de junio de 2004, ninguno de los entes mencionados constató el cumplimiento de dicho requisito al momento de aprobar dicho plan. Queda también demostrado que Nombre3456 no ha emitido, a la fecha, ningún tipo de evaluación de impacto ambiental o certificado de vialidad ambiental para el plan que aquí se analiza. Esta omisión por parte de los corporación municipal, el INVU y el ICT, contraviene abiertamente el bloque de legalidad vigente y atenta contra la garantía que consagra el artículo 50 constitucional, que se insiste, es un derecho fundamental de toda persona y funciona como un principio general ineludible, siendo que en esta materia no cabe, a juicio de este Tribunal, hacer excepciones para exonerar del cumplimiento de obligaciones ambientales , toda vez que ello podría desconstitucionalizar la citada garantía de respuesta estatal en defensa del ambiente, los bosques y recursos forestales. Se trata de un plan regulador que contempla diferentes usos de suelo, proyectos turísticos, urbanísticos, en una zona marítima terrestre, que se compone, como ya se declaró, de una mayoría de áreas boscosas. Sin duda alguna, las actividades humanas que el plan pretende desarrollar pueden alterar o destruir elementos del ecosistema imperante en la zona,  lo que exigía de modo ineludible, la realización de alguna evaluación del impacto de aquéllas sobre el ambiente (llámese EIA o certificado de vialidad ambiental). Esa omisión, por sí sola, genera la nulidad absoluta de la conducta formal aquí impugnada. No se justifica, a juicio de este órgano, el argumento esbozado por el INVU en el sentido que dentro de los requisitos que el ICT exigía para la aprobación del Plan Regulador no se incluían este tipo de certificaciones. Se reitera, el requisito fue impuesto por ley y no podía  alegarse su desconocimiento o ignorancia;  en todo caso, el reglamento fue publicado con anterioridad a la aprobación de ese instituto y en él se refuerza específicamente el cumplimiento de integrar la variable ambiental en los planes reguladores.  Si el Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa sometido a aprobación del INVU no cumplió con el proceso de viabilidad ambiental ante la SETENA, ese instituto no debió aprobarlo y más bien tenía la obligación de exigir que el mismo integrara la variable ambiental de previo a su aprobación, tal y como lo disponía y lo dispone hasta la fecha, la legislación vigente.  Si bien del testimonio de Nombre34625  podría desprenderse que el INVU valoró la variable ambiental al momento de aprobar al plan, lo cierto es que lo que se exigía era la evaluación de impacto o proceso de viabilidad  ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental ( SETENA) de previo a la aprobación del plan regulador costero. Ese era el órgano competente para determinar el impacto del Plan Regulador en el ecosistema de la zona. Las probanzas traídas al proceso permiten acreditar fehacientemente que Nombre3456 no emitió ningún tipo de evaluación de impacto o viabilidad ambiental durante los procedimientos que concluyeron con la aprobación de dicho plan. (certificación de Nombre3456, el propio Plan Regulador). Debe tenerse presente que son las autoridades competentes las que deben emitir los actos administrativos. Solo ellos podrían haber garantizado que existiera congruencia entre el potencial impacto ambiental que generarían los usos de suelo que contempla el Plan Regulador y la condición y calidad del ecosistema de Punta Ventanas de OSA. Por otra parte, es importante señalar que el citado artículo 67 del Reglamento General sobre Procedimientos de EIA ya  transcrito permite integrar la variable ambiental a planes reguladores ya aprobados pero que todavía no cuenten con dicha variable. Si bien se reitera que el Plan Regulador Costero que aquí se analiza debió aprobarse con estudio de impacto ambiental o con la variable ambiental debidamente integrada mediante los procesos que al efecto establece Nombre3456   (por cuanto al momento de su aprobación dicho requisito ya había sido implementado por el bloque de legalidad), lo cierto es que, en forma absolutamente irregular, fue aprobado sin ella. Peor aún, tampoco se demostró que a la fecha alguno de los entes involucrados en la aprobación del plan regulador haya gestionado la introducción de esta variable en aquel. Ello cobra importancia si se toma en cuenta que dicho plan tiene más de tres años de estar vigente.  Lo anterior  demuestra el absoluto desinterés, particularmente de la Municipalidad de Osa, el Instituto Costarricense de Turismo como superior vigilante de la zona marítimo terrestre y del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo como ente competente de la planificación y uso de suelo, en el cumplimiento de la legalidad y la efectiva tutela del medio ambiente, que, como entes públicos están obligados. Ahora bien, respecto del argumento de planteado por la Municipalidad de Osa y las empresas demandadas en el sentido que esta omisión no genera nulidad absoluta sino relativa toda vez que es posible la integración ambiental en planes reguladores ambientales como lo permite la norma citada, este Tribunal considera que es cuestionable la conveniencia técnica de ello. Lo anterior toda vez que la exigencia  respecto del cumplimiento del citado requisito previo a la aprobación del Plan Regulador no es antojadiza, responde a la finalidad preventiva de este tipo de instrumentos. Se busca que previo a la planificación y determinación de uso de suelo, se considere y evalúe la existencia de ecosistemas frágiles a efectos de que el desarrollo de la zona se efectúe en absoluta armonía con el ambiente. En el caso concreto, ha quedado acreditado que la mayoría de los terrenos comprendidos en el Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa constituyen PNE  por tratarse de bosques, lo que acentúa la necesidad de que la variable ambiental hubiese sido debidamente ponderada previa a la aprobación del Plan Regulador.

4. La realización del Plan Regulador por parte de empresas privadas. Alega la parte actora que el Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa S.A. fue elaborado por una empresa privada. Adicionalmente, dicha empresa fue contratada y pagada directamente por la empresa Las Ventanas de Osa S.A., lo que implica un vicio grave de nulidad toda vez que esa empresa privada carece de competencia, investidura y legitimación para el ejercicio de esa potestad que es propia de la Administración Pública. En este sentido, hay que señalar que conforme lo señala el artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública, el ejercicio y cumplimiento de las potestades públicas, son irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles. Para este Tribunal, no cabe duda de que la potestad de planificación y ordenamiento del territorio sea una potestad pública. Asimismo, una interpretación de los artículos 169 de la Constitución Política, los numerales 15 y 17 de la Ley de Planificación Urbana, así como los cánones 3 y 35 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, así como el 13.o del Código Municipal, permiten afirmar que  la potestad para elaborar y adoptar y dictar planes de ordenamiento territorial tanto en zonas urbanas como en la zona marítima terrestre, corresponde, en forma exclusiva,  a las Municipalidades. Se trata de una potestad que involucra no solo una decisión final por parte de la corporación local, sino que ésta debe ser el resultado de la definición de políticas y lineamientos en relación con el uso del suelo y en atención a fines o intereses públicos. Ahora bien, el legislador, previendo que los gobiernos locales pudieran tener carencias técnicas o económicas que le impidieran llevar a cabo la planificación y ordenamiento en las costas comprendidas en  su jurisdicción, reguló expresamente la posibilidad de que los gobiernos locales pudieran solicitar colaboración a otros entes con competencias en esas materias. Así, conforme a los artículos 26 y 38  de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre en relación con el canon 17 de su Reglamento, dichas corporaciones pueden solicitar al ICT o INVU la elaboración de los planes reguladores costeros como una forma de apoyo técnico o económico institucional. Sin embargo, del bloque de legalidad vigente, no se desprende ningún tipo de habilitación normativa para que sujetos de derecho privado puedan ejercer dicha potestad. Y no existe por cuanto ello violentaría el artículo 66 de la LGAP ya citado, toda vez que implicaría una renuncia o delegación a la potestad de planificar el territorio y ordenación de éste  en beneficio de la comunidad. En el presente proceso se ha acreditado que el Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa fue elaborado por un sujeto de derecho privado, a saber, Desarrollos en Ecología, Paisajismo, Planificación, Arquitectura y Turismo S.A. DEPPAT, lo cual a juicio de este Tribunal y en consideración a lo expuesto implicaría su nulidad. La situación se agrava si se toma en cuenta que de los autos se desprende que la Municipalidad concedió su anuencia a la empresa Las Ventanas de Osa S.A. (se infiere de los folios 94 y 95 del expediente administrativo presentado por el ICT, de la portada y de la transcripción del acuerdo que se realiza en oficio de 3 de abril del 2001 suscrito por la Secretaria I de la Municipalidad de Osa y que consta en lo correspondiente a la "Anuencia Municipal" en el Anexo I del expediente del Plan Regulador aprobado por el INVU y que fuera aportado por ese ente, de los folios 56 A y B del expediente administrativo del INVU) quien a su vez contrató con la empresa DEPPAT S.A. la elaboración del citado plan regulador, siendo que al final Ventanas de Osa S.A. suscribe con la corporación municipal una concesión por una parcela que cubre casi la totalidad de los terrenos comprendidos en el plan regulador de Puntas Ventanas de Osa. No bastaba solo la aprobación por parte de la Municipalidad, el ejercicio de la potestad planificadora, como se explicó, va más allá. El que fuera elaborado por un sujeto de derecho privado implicó a juicio de este órgano,  una renuncia al ejercicio de la potestad pública que el ordenamiento encomendó a los gobiernos locales. Tampoco considera de recibo este Tribunal, los argumentos esgrimidos por algunas de las demandadas respecto a que no existía una norma que prohibiera que un sujeto de derecho privado elaborara los planes reguladores. De conformidad con los artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública, el sometimiento de la Administración al Derecho es total y solo ante la existencia de una norma habilitante, se autoriza su actuación. En este caso, la norma habilitante no solo no existía, sino que además, una norma sustantiva de derecho público, entiéndase el artículo 66 de la citada Ley General lo prohibía expresamente. No se está en el ámbito del Derecho Privado, donde todo lo que no esté expresamente prohibido está permitido, nos encontramos en el Derecho Público, donde la conducta administrativa debe estar previamente autorizada en el ordenamiento jurídico, y se reitera, en este caso no lo estaba. Finalmente, el argumento  de que está práctica constituyó hasta el 2005 una costumbre administrativa, este Tribunal insiste en no puede otorgarse ninguna validez a una costumbre que resulta a todas luces contra legem, de conformidad con el artículo 129, párrafo quinto de la Constitución Política.  Menos aún pretender justificar con ella una negligente conducta administrativa, como la que aquí ha operado.

Corolario: Como consecuencia de todo lo expuesto, procede declarar la nulidad absoluta del Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa, con  la consecuente responsabilidad de la Municipalidad de Osa, ICT e INVU, en los términos de los artículos 199 y 200 de la Ley General de la Administración Pública. Asimismo, no resulta procedente para este Tribunal, modificar o adaptar la conducta administrativa anulada, en los términos del artículo 122 inciso c) del Código Procesal Contencioso Administrativo, toda vez que el pretendido ajuste involucra el ejercicio potestades administrativas, además técnicas y científicas, que escapan de la competencia de este Tribunal, por cuanto ello equivaldría una sustitución de la Administración activa en este sentido.

VIII.- SOBRE LA VALIDEZ DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS LAS VENTANAS DE OSA Y SHARK BAY DOS MIL S.A. 

Corresponde ahora analizar la pretensión de la parte actora de que se declare la nulidad de los contratos de concesión para ocupar parcelas en la zona marítimo terrestre suscritos entre la Municipalidad de Osa y las empresas Shark Bay Dos Mil S.A y Las Ventanas de Osa S.A., toda vez que éstos no cuentan con la respectiva aprobación del Instituto Costarricense de Turismo. En contraposición a este argumento, señalan las empresas mencionadas que en realidad se trata de concesiones ya otorgadas desde los años ochenta y que por descuido caducaron y ellos la solicitaron nuevamente. En este punto, lo primero que debe señalarse es que de las probanzas que constan en autos, no logran las demandadas demostrar la existencia de ninguna concesión para ocupar la zona marítima terrestre de Punta Ventanas de Osa a nombre de las citadas empresas. En relación con la alegada concesión que se otorgó en la década de los ochenta a la empresa Las Ventanas de Osa S.A., cabe señalar que de los expedientes administrativos aportados por la Municipalidad se deduce que si bien se firmaron contratos de concesión para los efectos dichos, lo cierto es que no consta que éstos hayan sido aprobados por el ICT.  En los folios 36 a 38 del expediente administrativo de Las Ventanas de Osa S.A. Tomo 1 que aportara la Municipalidad de Osa, consta el contrato de concesión suscrito entre la Municipalidad y la empresa, más el espacio de aprobación del ICT no se encuentra firmado. Si a este elemento probatorio se le une la certificación que consta a folio 134 del expediente judicial  y según la cual no consta ante ese instituto trámite de expediente para concesión a favor de la empresa Las Ventanas de Osa S.A. en el sector costero de Dirección16974    , existe, a juicio de este Tribunal,  elementos de convicción suficientes que permiten descartar la existencia de esta autorización administrativa. Debe tenerse presente que la carga de la prueba respecto de la existencia de la concesión le correspondía en forma exclusiva a las empresas demandadas y no logran acreditar este hecho. Si bien dentro de la prueba que aportan las accionadas visible al folio 208 al 210 del expediente judicial, en principio consta copia certificada del mismo contrato de concesión aportado por la Municipalidad, lo cierto es que confrontados ambos documentos se evidencia una diferencia fundamental: en la copia que se afirma, es  fiel del original,  en el espacio correspondiente a la aprobación del ICT aparece una firma, que se insiste, no consta en la copia que aporta la corporación municipal que custodia el documento original. Ante la anterior disimilitud,  este Tribunal da mayor credibilidad al contrato que aporta la Municipalidad (y que carece de aprobación del ICT) aunado a la certificación del ICT (que certifica en similar sentido), toda vez que se tratan éstos de documentos públicos emitidos por los entes competentes y encargados de resguardar este tipo de información. A ello se unen dos consideraciones importantes: la primera, el hecho que el argumento de la existencia de una concesión que fuera defendido por las demandadas con gran vehemencia en la contestación de la demanda, en el proceso cautelar e incluso mientras se resolvía sobre la admisión de la prueba, desaparece del proceso en el momento en que se discute respecto de la discrepancia en ambos documentos y no se vuelve a mencionar ni en las argumentaciones iniciales, ni en la evacuación de prueba ni en las conclusiones esgrimidas por las concesionarias. Aunado esto,  un elemento de derecho: en principio, resulta jurídicamente imposible que tales concesiones hubieran existido toda vez que no se cumplía con la condición sine qua non que impone el artículo 38 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, esto es, la existencia de un Plan Regulador Costero.  Al momento de suscribirse los contratos de concesión sea, 11 de setiembre de 1981, no existía un  instrumento de ordenación territorial en Punta Ventanas de Osa S.A., lo que excluye la posibilidad de cualquier concesión válidamente aprobada.   Un segundo elemento de análisis lo son los contratos de concesión suscritos por el gobierno local y las demandadas en diciembre del 2006. Al respecto, resulta un hecho no controvertido y además se reafirma con lo certificación del ICT ya mencionada, que estos contratos no han sido aprobados por el ICT, y ello, a criterio de este Tribunal, por una razón fundamental: no se ha acreditado ante ese instituto la delimitación de zonas de bosque y terrenos de aptitud forestal por parte del MINAET, en los terrenos comprendidos en la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa.  Es más, conforme al "Procedimiento Institucional sobre Planes Reguladores Costeros aprobados con fecha anterior al 19 de octubre de 2004", que aprobara el ICT como superior vigilante de la zona marítimo terrestre mediante acuerdo de Junta Directiva SJD-1165-2005, en sesión ordinaria 5391, artículo 5 inciso III, de 6 de diciembre de 2005 y que acordara hacer de conocimiento a todas las Municipalidades con administración de la zona marítimo terrestre, ¨….En el caso de los Planes Reguladores Oficializados mediante la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, las Municipalidades no podrán otorgar concesiones hasta que se haya realizado la delimitación de las zonas de bosque y terrenos de aptitud forestal por parte del Ministerio de Ambiente y Energía, con el procedimiento establecido en la Metodología oficial para tal fin en la zona marítimo terrestre que abarca el plan regulador en cuestión...¨ Si partimos que el Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa, si bien fue aprobado y fue publicado con posterioridad al 19 de octubre del 2004, al final de cuentas y de forma irregular, como se explicó, se aprobó sin la mencionada delimitación de zonas boscosas, es evidente que la corporación municipal debió acatar el procedimiento instituido por el superior vigilante y abstenerse de autorizar algún tipo de concesión hasta que no contara con la certificación del MINAET que delimitara las áreas boscosas en dichos terrenos. Esa era la conducta debida. No obstante lo anterior, pese a que, como ya se demostró, las empresas accionadas ya le habían requerido que solicitara al MINAET la mencionada delimitación previo a la firma de los contratos de concesión; que el mismo Concejo Municipal acordó solicitar la certificación al MINAET –SINAC;  que el alcalde gestiona ante el SINAC la clasificación del PNE , y  habiendo ya el superior vigilante indicado la imposibilidad de otorgar concesiones hasta que no se contara con la mencionada certificación, de forma injustificable e irresponsable la Municipalidad suscribe, el 8 de diciembre del 2006, los contratos de concesión sin que se hubiera certificado por parte del SINAC  la existencia de zonas boscosas que integren el Patrimonio Natural del Estado en los terrenos comprendidos  en el Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa. Este tipo de conductas administrativas resultan absolutamente reprochables no solo por ser contrarias a derecho sino también porque evidencian un irrespeto y una burla a todo el ordenamiento urbanístico-ambiental, amén de que pusieron en condición de vulnerabilidad bienes del PNE que pertenecen a todos los costarricenses, como lo son los bosques de la zona costera de Punta Ventanas de Osa. Es por ello que debe la corporación municipal responder, no solo por el daño que pudiera haber causado a las empresas concesionarias sino también por los daños que pudo haber ocasionado al PNE. Por lo expuesto, resultan absolutamente nulos los contratos de concesión aquí analizados. Por otra parte, es evidente que no existe concesión que legitime la ocupación que, hasta el día de hoy, han venido realizando las demandadas en los terrenos de la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa, toda vez que no han cumplido con el presupuesto indispensable que exige el artículo 42 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, estos es, la aprobación del ICT. También es claro, como ya lo ha manifestado la Sala Constitucional, que la sola solicitud de concesión ante la Municipalidad no legitima la ocupación ni otorga ningún derecho a los accionados. Tampoco se logró demostrar la existencia de permiso municipal alguno que sirviera de título habilitante para la ocupación realizada. Tampoco demuestran las sociedades accionadas que cumplen con los requisitos exigidos para que se pueda considerar como ocupantes o pobladores a dichas empresas, en los términos de los Transitorios VII y artículo 70 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, esto fundamentalmente porque  su ocupación en los terrenos es posterior a la entrada en vigencia de la citada Ley. Lo anterior trae como consecuencia inmediata que esa ocupación que hasta el día de hoy han realizado las demandadas en los terrenos de cita resulte ilegítima y así deba declararse. Por ende, y como restablecimiento de la legalidad violentada, deberán tanto el MINAET como  la corporación municipal (cada uno en el ámbito de su competencia)  tomar las acciones necesarias para el cese de dicha ocupación, lo que incluye, claro está, ordenar el desalojo inmediato de las sociedades demandadas de los terrenos dichos. Debe decidirse ahora respecto de las dos construcciones que existen en el área que venía ocupando en forma ilegítima la empresa Las Ventanas de Osa S.A. Al respecto, este Tribunal estima necesario realizar varias consideraciones: Primero. Como ya se indicara, las edificaciones se ubican en el área sin bosque de la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa y no constituyen Patrimonio Natural del Estado por lo que su administración corresponde, en forma exclusiva, a la Municipalidad de Osa. Segundo. Siendo que lo que ha existido por parte de la sociedad Las Ventanas de Osa constituye una ocupación ilegitima, debe la Municipalidad ordenar el desalojo inmediato de las edificaciones, siendo que éstas pasan a administración municipal. Lo anterior en virtud de los Principios Precautorio y In dubio pro natura, toda vez que, será hasta que se apruebe un Plan Regulador Costero en esa zona no boscosa (si así lo decidiera la Municipalidad) que podría otorgarse concesiones en esa área. Entre tanto, cualquier ocupación de la zona puede ser incompatible con el resto de la zona marítimo terrestre que constituye Patrimonio Natural del Estado y ocasionar en ésta daños irreversibles. Deberá asimismo la Municipalidad, en coordinación con el MINAET, valorar si las obras construidas son compatibles con la naturaleza boscosa del resto de los terrenos. Tercero. Quedó acreditado en autos que la Municipalidad de Osa cobró a las empresas demandadas los cánones por supuestas concesiones en la zona marítimo terrestre sin que aquéllas se hubieran realmente concedido, tal y como ya lo declarado este Tribunal. Es evidente que el gobierno local debió abstenerse de dicho cobro, toda vez que, se insiste, no existía ninguna concesión que lo justificara y que haberlo hecho constituye un exceso de poder por parte del ente público. Sin embargo, lo cierto es que el pago del canon de ninguna manera legitima la ocupación y por ende no impide el restablecimiento de la legalidad. Asimismo, considera este órgano colegiado que no procede la devolución de lo pagado a título de canon a las accionadas. Ello por cuanto, aún en forma ilegítima, lo cierto es que las empresas ocuparon terrenos en la zona marítimo terrestre, lo que constituye el presupuesto de hecho para el pago del canon. En ese tanto, resultaría un beneficio indebido para las demandadas  que la Municipalidad devolviera los dineros pagados por una ocupación, que aunque de hecho, realizó. Cuarto. Se demostró también en este proceso, que la Municipalidad de Osa cobró a la empresa Las Ventanas de Osa S.A. patente de licores durante los años 2003 al 2008. En este sentido, considera este Tribunal que se verificó el hecho generador del tributo y por ende, lo pagado por este rubro no debe ser devuelto a la empresa. En todo caso se insiste, la existencia de pago de tributos municipales no inhibe al gobierno local a restablecer la legalidad y tutelar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantiza el artículo 50 constitucional. En ese tanto, lo debido es el ajuste de la realidad fáctica con el ordenamiento urbanístico-ambiental tanto en las zonas costeras que comprenden zonas boscosas y recursos forestales, como en las que no. Quinto. Si bien no se logró acreditar la existencia de permisos municipales otorgados para la construcción de las edificaciones que aquí se analizan, considera este órgano colegiado que ello no debe llevar a la errónea conclusión de que no debe indemnizarse a la accionada Las Ventanas de Osa S.A. el valor de las edificaciones que construyó  y que se ubican en la zona marítima terrestre Punta Ventanas de Osa. Debe tenerse presente que, tal y como pudo apreciarlo el Tribunal en el reconocimiento judicial realizado en la zona y como quedó acreditado con el testimonio de Nombre34625 , estamos en presencia de edificaciones de más de veinte años y durante la mayoría de esos años, la Municipalidad demandada no solo conoció de su ilegítima existencia sino que además, toleró y cohonestó, en forma irregular e irresponsable esa situación,  al cobrar a la demandada Las Ventanas de Osa S.A. patentes de licores y canon de ocupación de la zona marítimo terrestre. Bajo semejante cuadro fáctico antijurídico, resulta desproporcionado e  irrazonable someter a la empresa accionada a probar la existencia de permisos municipales, que se presume pudieron otorgarse hace tantos años y de los cuales ni la parte actora ni la Municipalidad de Osa, pudieron desvirtuar su existencia, toda vez que tampoco se logró acreditar que no se otorgaron los permisos para dichas construcciones. Este tipo de probanzas se constituyen en "diabólicas" y se tornan, a juicio de este Tribunal, en ilógicas e innecesarias toda vez que, se reitera, las construcciones existen, la corporación Municipal conocía de su existencia y nunca ejerció las medidas que el ordenamiento le imponía tratándose de edificaciones que hubiesen sido levantadas sin permiso municipal. Sexto. Evidentemente, la conducta de la Administración Municipal tendente al ajuste o restablecimiento del ordenamiento urbanístico-ambiental, que conlleva, en este caso, el cese de la ocupación ilegítima que hasta hoy ha realizado la empresa Las Ventanas de Osa, y por ende, la salida y  desocupación inmediata por parte de esa sociedad, se impone, a juicio de este Tribunal, como una conducta lícita y normal de la corporación municipal que genera un daño en la esfera de la empresa Las ventanas de Osa. Ello toda vez que se verifican los presupuestos exigidos por el artículo 194 de la Ley General de la Administración Pública. Existe un daño especial en virtud de la su intensidad excepcional (la pérdida del  valor de las edificaciones) y que afecta a una pequeña proporción de afectados, en este caso, la empresa Las Ventanas de Osa S.A., y que ella no está obligada a soportar, toda vez que, se reitera, la Municipalidad toleró y permitió irregularmente la construcción.  Hay también un nexo de causalidad entre la conducta administrativa debida e impuesta por el ordenamiento, sea la desocupación del inmueble y el daño cierto, efectivo e individualizable que como consecuencia de esa conducta lícita de la Administración, se provoca en la situación jurídica de la empresa de marras (y que se constituye en el valor de las edificaciones).    Así las cosas, deberá la corporación municipal indemnizar a la empresa accionada únicamente el daño, esto es el  valor de los edificaciones, más no el lucro cesante. El monto de dicha indemnización se fijará en ejecución de sentencia.

Corolario. Se anulan los contratos de concesión para ocupar parcelas en la zona marítimo terrestre suscritos entre la Municipalidad de Osa y las empresas Shark Bay Dos Mil S.A y Las Ventanas de Osa S.A. Se declara ilegítima la ocupación que realizan dichas empresas y se ordena la desocupación inmediata de ambas sociedades, tanto de los terrenos como de las edificaciones existentes. Se declara la obligación de la Municipalidad de Osa de indemnizar el daño ocasionado a la empresa Las Ventanas de Osa S.A. y que se concreta en el valor real de las edificaciones que construyó. Dicho monto se determinará en ejecución de sentencia.

IX. SOBRE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PRETENDIDOS

Finalmente, pretende la accionante que se condene en abstracto a las demandadas por los daños y perjuicios que se hayan derivado de la relación jurídica administrativa que aquí se discute y de las conductas administrativas que se impugnan. Se trata, se insiste, de una condenatoria en abstracto y que el artículo 122 inciso m) del Código Procesal Contencioso Administrativo faculta realizar al juzgador. En este aspecto, considera este Tribunal que la condena en abstracto procede. Los elementos de convicción traídos a autos permiten establecer que hubo diferentes conductas administrativas formales y omisivas que originaron daños al ecosistema imperante en los terrenos boscosos comprendidos en Punta Ventanas de Osa, que acarrean la responsabilidad administrativa de los órganos y entes vinculados. Por una parte existe un daño demostrado, esto es las grandes alteraciones y deterioro en su biodiversidad que han sufrido los terrenos boscosos de la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa, durante en el período comprendido de 1979 al 2008, entre las que pueden mencionarse árboles cortados, corta de raíces y ramas, acumulaciones de material orgánico en zona pública, zona restringida y cerca de quebradas, claros con vista al mar tanto en zona pública como en zona restringida, trochas o caminos que van desde la zona restringida hasta la pública. Por otra parte, existen conductas administrativas que se constituyen, a juicio de este órgano en causas generadoras del daño citado. El principio orientador que permite a este Tribunal llegar a esta conclusión es el deber del Estado, impuesto por el ordenamiento jurídico, de velar por la utilización racional del medio ambiente. Conteste a ello,  el Estado vigilará la utilización racional de los elementos ambientales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. En este sentido, es el principal obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible y sustentable, que satisfaga las necesidades humanas básicas sin comprometer las opciones de las generaciones futuras, garantizando la equidad entre generaciones. Este deber obliga al Estado a coordinar políticas ambientales que garanticen, además de lo expuesto, que la calidad de nuestros ecosistemas no se deteriore, se refuerce la prevención de conductas dañinas, la participación de las personas en la gestión ambiental, el fortalecimiento de la responsabilidad ambiental, entre otros. No debe perderse de vista que, en el fondo,  se trata de una garantía de protección de la vida y salud, tanto de los costarricenses como de comunidad mundial. Por ende, la violación de estos preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta en peligro de intereses públicos ambientales y ecológicos a corto, mediano y largo plazo. Pues bien, en el proceso que nos ocupa, el Estado, a través de distintos órganos y entes, se convirtió en el mejor instrumento para lesionar estas garantías. Existe un nexo causal entre las distintas conductas impugnadas y los daños ocasionados a los terrenos boscosos que se ubican en la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa. Primero. Para este Tribunal quedó fehacientemente acreditado que la mayoría de los terrenos comprendidos en la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa constituyen bosque.  Además, del reconocimiento judicial realizado, este Tribunal, sin ser experto en la materia, pudo determinar la presencia de bosque. Sin embargo, de modo inexplicable, todos los entes públicos involucrados en la adopción y aprobación del Plan Regulador omiten esta circunstancia. Veamos. En el caso de la Municipalidad de Osa, aún y cuando los personeros municipales no tuvieran la existencia de bosque como un hecho público y notorio, al menos ante la duda de si estaban en presencia de zonas boscosas (la cual salta a simple vista como lo constató este Tribunal en el reconocimiento judicial), los deberes de protección al ambiente  y la  exigencia expresa que imponían los artículos 13 y 15  de la Ley Forestal, debieron haber tenido solicitado la certificación de clasificación de Patrimonio Natural del Estado y actuar en defensa del ecosistema de la zona, como lo exigen los artículos 21, 50 párrafo segundo y tercero y 89 de la Constitución Política, así como el numeral 11 de la Ley de Biodiversidad. Esa era la conducta impuesta por el ordenamiento jurídico y fue omitida. Pero la violación de los deberes impuestos a la corporación municipal no se quedan ahí: además,  delegaron el ejercicio de una competencia indelegable como lo es la planificación y ordenación del uso de suelo en ese territorio,  en una empresa privada, que no contempló la vulnerabilidad de los elementos naturales en esa zona. Se agrava lo anterior si se considera que la empresa  a quien se otorgó la anuencia municipal para la elaboración del plan regulador (y ejerció la potestad de planificación y ordenación del territorio), adquiere luego en concesión más del ochenta por ciento de los terrenos. Además, aprobaron el Plan Regulador sin el requisito de Evaluación de Impacto Ambiental ni ningún tipo de vialidad ambiental, comprometiendo la frágil biodiversidad que ahí impera, toda vez que no se contempló el impacto del uso de suelo propuesto. Una muestra más de su conducta antijurídica y negligente lo es el hecho de que, teniendo absoluta claridad  de que no podía otorgar concesiones hasta tanto el MINAET no hubiera certificado la existencia de bosque en los terrenos comprendidos en el Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa, de forma inexplicable para este Tribunal, suscribe unos contratos de concesión sin esperar la certificación dicha.  Finalmente, resulta reprochable también la práctica ilegítima de cobrar durante años cánones en zona marítimo terrestre e impuestos, sin que existiera concesión que se lo permitiera. A su vista y paciencia, se construyeron edificaciones en zona restringida sin que existiera título habilitante para ello y hasta hoy se mantienen sin que se hubiera ejercido las potestades que por autotutela le corresponden. A juicio de este Tribunal, cada una de estas manifestaciones de una conducta administrativa ilegítima e irresponsable, se convierten en causa suficiente y adecuada para ocasionar el detrimento a la biodiversidad de la zona mencionado y  que fuera constatado por este mismo órgano en el reconocimiento judicial.  Si desde el primer momento la Municipalidad hubiera solicitado la clasificación y certificación de la zona al MINAET, se hubiera constado la presencia de bosque y no se hubiera aprobado un Plan Regulador que no resulta compatible con la biodiversidad ni el recurso boscoso que impera en la zona. Consecuentemente, tampoco existirían los claros ni la corta de árboles que este Tribunal observó y en su lugar, existiría el bosque de caracteriza aún, algunas sectores de Punta Ventanas de Osa. Es evidente que toda esta conducta ilegítima, ligera e irreflexiva de la Municipalidad de Osa produjo un detrimento a las zonas boscosas de la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa y los ecosistemas que ahí imperan, lesionado también el derecho de los habitantes de la zona, de todos los costarricense y de la comunidad mundial, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado con una utilización racional y sustentable de los recursos boscosos y forestales, lesión que puede ser, incluso,  irreversible; razón por la cual debe responder, como lo exigen los artículos 190 y siguientes de la LGAP.   Respecto al Instituto Costarricense de Turismo, tenemos que aprobó el Plan Regulador sin la existencia de la certificación de PNE ni la evaluación de impacto ambiental o vialidad ambiental y, por las mismas consideraciones ya expuestas, esta conducta formal de aprobación se constituye en causa generadora del daño ya expuesto. No puede obviar este Tribunal que se trata del superior vigilante de la zona marítima terrestre impuesto por la Ley 6043 y por ende, no ejerció en forma adecuada la fiscalización exigida, máxime en una zona con ecosistemas frágiles y ante una indiscutible y acreditada fehacientemente, presencia de bosque. Si no tenía los técnicos que le confirmaran esa condición, pudo haberlos buscado, informado al MINAET o haber tomado cualquier otra acción en tutela de la biodiversidad de la zona y no lo hizo. Se reprocha, también,  una conducta omisiva de los deberes impuestos:  la sola inspección en la zona durante los años en que se aprobó el Plan Regulador, permitía constatar la existencia de bosque (como quedó acreditado con las fotografías) o al menos ante la duda ( y salta a simple vista incluso al día de hoy, tal y como se acreditó con el reconocimiento judicial) debió actuar conforme lo exigía la normativa vigente y no aprobar el Plan hasta tanto no se cumpliera con la certificación de clasificación de PNE. Su inactividad en los deberes de fiscalización y vigilancia, así como la conducta formal consistente en la aprobación del Plan Regulador se convierten de igual formal, en causas adecuadas y suficientes para generar el daño ya descrito, y por ello debe igual responder ese ente.  Con todo, valga señalar que, al menos, ha negado su aprobación a las concesiones que ya suscribió la corporación municipal, hasta tanto no cumpla con la certificación de PNE, lo que evitado un daño aún más grave y que de alguna manera, se consoliden derechos de terceros en esas condiciones. En relación con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, se reitera lo expuesto para el ICT en relación a la irregular aprobación del Plan Regulador. Con un agravante: de la prueba documental y del testimonio de Nombre34625  se evidencia que ya el INVU conocía con certeza desde la década de los ochenta, la existencia de zonas boscosas en esos terrenos. Tanto así que en aquel entonces no aprobó el proyecto de Plan Regulador para esa misma zona en virtud de que la División de Bosques del Ministerio de Ganadería no aclaró el manejo y control que de ese recurso iba hacerse. No justifica este Tribunal, por tanto, que conociendo de tal circunstancia (porque constaba en sus archivos) haya aprobado el Plan Regulador en el 2004 sin cuestionarse ni corroborar lo relativo a la certificación de PNE y la evaluación de impacto ambiental.  Igual su conducta es causa generadora del daño expuesto y debe responder como corresponde. En lo que respecta al Estado, este Tribunal debe reprocharle una total inactividad en la toma de decisiones y ejecución de acciones que permitieran tutelar debidamente y como lo exige el ordenamiento jurídico, los bosques de la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa. Específicamente, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación existe con competencias claramente definidas desde el año 1998. Este Tribunal ha expuesto su tesis de que la afectación al PNE es legal e inmediata y que la administración de las zonas comprendidas en este corresponde al MINAET. La clasificación a través de la certificación que tantas veces se ha mencionado, constituye únicamente un acto de mera constatación y de clasificación. Por ello, si los terrenos boscosos de la zona marítima terrestre de Punta Ventanas constituyen PNE, no justifica este órgano colegiado que fuera hasta el 2006 y por, gestión de la Municipalidad de Osa (inducida además por petición de un sujeto de derecho privado) que se emitiera la certificación que lo clasificara como zonas boscosas. Surge la pregunta ¿y dónde estaban las potestades oficiosas y los deberes de tutela al ambiente encomendados al SINAC? ¿Por qué no fueron ejercidos en tiempo? No lo entiende este Tribunal ni lo justifica, máxime cuando el MINAET es el órgano rector en materia ambiental.  Pero aún, la certificación se solicita en el 2006 y no es hasta casi un año después que es emitida, cuando se insiste, la existencia de bosque era palpable y evidente. No se explica este Tribunal como Nombre140593 empieza a tener una presencia definida, como lo exige el bloque de legalidad, hasta el 2005 si siempre han estado en la zona.  Tampoco porque no se certificó antes y de oficio que esas eran zonas boscosas, si precisamente Nombre140593 debe velar por la conservación de la biodiversidad de la zona, lo que incluía claro está, Punta Ventanas. Toda esta inactividad formal y material se constituye también, en causas generadoras del daño descrito. No basta que actualmente este órgano esté cumpliendo con los deberes impuestos. El ordenamiento jurídico le otorgó potestades y habilitaciones en materia de conservación de la biodiversidad que no fueron gratuitas, que había que ejercerlas y su omisión violentó el bloque de legalidad en su vertiente positiva, ocasionado daños que, ante un ejercicio adecuado y oportuno de las potestades públicas, pudieron ser evitados; situación que este Tribunal no puede justificar y por las que deben responder. Por otra parte, hay que referirse a la Procuraduría General de la República, y las potestades que tiene específicamente en lo relativo a la zona marítimo terrestre. Expuso esa representación que la función de dicho órgano es meramente consultiva, sin poder sustituir a la Administración Activa, por lo que hasta tanto ésta no consulten, se ven impedidos de actuar. Esa afirmación es parcialmente compartida por este Tribunal. Ello por cuanto,  como se mencionó en el Considerando V, la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, otorga a la PGR una competencia que va más allá de la meramente consultiva: le otorga el ejercicio del control jurídico para el debido cumplimiento de las disposiciones, pero no solo a instancia de parte, sino también, por sí misma, esto es, de oficio. Por ende, aunque no le fuera consultado debió haber ejercido debido control jurídico no solo a posteriori, que a juicio de este Tribunal tampoco lo ha hecho satisfactoriamente, toda vez que no es sino hasta este año que la CGR, haciendo estreno de una novedosa legitimación que le otorga el CPCA interpone este proceso para impugnar estas conductas, mismas que pese a estar surtiendo efectos desde el 2004 no fueron impugnadas por el Estado. Pero tampoco ha ejercido un eficaz y eficiente control jurídico a priori, que pudo haberse traducido  en adecuadas capacitaciones a las Administraciones vinculadas respecto de los alcances y prohibiciones de la Ley de la Zona Marítima Terrestre. Lo anterior es fundamental si se toma en cuenta las carencias técnicas, profesionales y económicas que, lamentablemente, caracterizan a la mayoría de las Municipalidades que administran zonas costeras. Quedó acreditado en este proceso que existía un total desconocimiento por parte de los funcionarios municipales, del ICT, del INVU y del propio MINAET respecto de los alcances de legislación vigente en esta materia. Ese desconocimiento pudo haber influido en las decisiones. Por eso resultaba fundamental que el asesor del Estado cumpliera un papel más activo en ese momento. En ese tanto, su omisión colabora a generar el daño ocasionado. Por lo expuesto, si los sujetos de derecho público demandados en este proceso tienen encomendada la potestad de preservar, garantizar y tutelar, en este caso, el ecosistema boscoso de Punta Ventanas de Osa; así como la obligación de evitar deterioros en este bien que se constituye Patrimonio Natural del Estado y en virtud de su acción o inactividad se genera un daño, podemos concluir que su funcionamiento ha sido deficiente, lo que implica necesariamente su responsabilidad en los términos del artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública.  Finalmente, cabe pronunciarse sobre si existen conductas de las empresas Las Ventanas de Osa S.A. y Shark  Bay Dos Mil S.A., que al amparo del artículo 1045 del Código Civil, se constituyan en causas productoras del daño que generen responsabilidad para las dichas empresas.  En este sentido, de las probanzas traídas al proceso, no encuentra este Tribunal conducta alguna que permita atribuirle tal responsabilidad, toda vez que no se configuran los presupuestos subjetivos de dolo o culpa grave que la legislación exige. Si bien es cierto Las Ventanas de Osa S.A. fue contratada para elaborar el Plan Regulador, lo cual era jurídicamente improcedente como se explicó,  esa actuación aunque ilegítima no se demostró que fuera realizada con dolo ni culpa grave: tuvo anuencia municipal para ello. Una vez aprobado y publicado el Plan Regulador ambas empresas gestionan  las concesiones, ambas también solicitan, antes que se les otorgue el contrato, la clasificación de Patrimonio Natural del Estado. Pagaron un canon por ocupación e impuestos que la Municipalidad les cobró. Incluso, en general, han cumplido con las medidas cautelares impuestas por este órgano jurisdiccional. Si bien su ocupación no resulta ajustada a derecho, es lo cierto que no se logra demostrar que aquélla se realizara con dolo o culpa grave que permitiera atribuirles responsabilidad por el daño ocasionado. Las demandadas se sometieron a lo exigido y permitido por las Administraciones vinculadas al proceso de aprobación del Plan Regulador y las concesiones. En ese tanto, debe este Tribunal insistir en la necesidad de que al inversionista se le dicten normas y procedimientos transparentes,  lícitos y uniformes; que además ser coordinados entre las diferentes instituciones involucradas. Ello responde a principios como la simplificación y la eficiencia, los cuales en el caso de marras estuvieron ausentes. Para beneficio de la colectividad y de la legalidad, a las empresas demandadas no se les aprobó ninguna concesión que les otorgara un derecho real administrativo a la ocupación de la zona marítimo terrestre, en este caso, además Patrimonio Natural del Estado; porque ello necesariamente introduciría una variable adicional que tendría que ser valorada al momento de dimensionar decisiones de este tipo. Se insiste, en este caso concreto no existen, y por tanto el restablecimiento de la legalidad violada se impone por sí solo.

X.- SOBRE LAS EXCEPCIONES DE FONDO ALEGADAS.

Sobre la excepción de caducidad. Durante la única audiencia las empresas demandadas y el Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con el artículo 67 del CPCA,  interpusieron la excepción de caducidad de la acción respecto de la impugnación del acuerdo emitido por la Junta Directiva del ICT aprobado en sesión No. 3092, acuerdo 4o. celebrada el 23 de junio de 1980. Asimismo, las sociedades accionadas presentaron la defensa de caducidad respecto de la impugnación del Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa. Ello por cuanto se trata de actos que adquirieron firmeza antes del primero de enero del 2008 y para los cuales el plazo de impugnación de cuatro años que establecían tanto la Ley General de la Administración Pública como de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se encuentra sobradamente vencido. En este sentido, este Tribunal considera que resulta indispensable a efectos de resolver la defensa interpuesta, referirnos a dos aspectos fundamentales. Primero. Tratándose de recuperación y tutela de bienes de dominio público no corren plazos de prescripción ni caducidad. Ello es así por las características particulares de este tipo de bienes. En igual sentido, se manifiesta expresamente el Código Procesal Contencioso Administrativo en su artículo34.2. y el numeral 14 de la Ley Forestal. Segundo. En el tanto el acto absolutamente esté surtiendo efectos, es posible su anulación. Así también lo dispone el numeral 40 del mismo Código Procesal y el mismo numeral 175 de la LGAP vigente. Frente a este tipo de pretensiones anulatorias (nulidad absoluta) debe privar el principio de que los actos viciados de nulidad absoluta no pueden convalidarse ni por el tiempo ni por acto jurídico, ni tampoco pueden sanearse, según lo preceptúa el artículo 172 de la Ley General de la Administración Pública. En el caso concreto es indispensable considerar estos principios: se impugnan conductas relacionadas con la tutela de bienes de dominio público y además, a la fecha surten efectos: el Plan Regulador estaba vigente a la fecha de la presentación de la demanda. Por ende, considera este Tribunal que no procede la defensa de caducidad interpuesta. Se suman además dos argumentos adicionales: El Plan Regulador produce sus efectos a partir de su publicación, sea el 22 de febrero del 2005 y es a partir de ese momento que sería impugnable. Aún obviando el artículo 34.2 del CPCA, que se insiste para este Tribunal es aplicable, no habrían transcurrido los cuatro años que establecían la LGAP y la LRJCA, toda vez que la demanda fue presentada el 16 de setiembre del 2008. En relación con el acuerdo del ICT, además de lo expuesto, debe tenerse presente que, en todo caso, se constituye como un acto conexo, como se explicará,  a los que aquí se anulan y al amparo del artículo 122 del k) del CPCA, se impone por solo ese hecho su supresión aún de oficio.  Por lo expuesto, y en virtud de que las pretensiones de las partes actoras se destinan a requerir la nulidad absoluta de conductas administrativas que afectan bienes de dominio público y que a la fecha, siguen surtiendo efectos, siendo además que este Tribunal constató tal patología y declaró nulidad absoluta del Plan Regulador de Punta Ventanas de Osa, entre otras conductas formales, se declara sin lugar la defensa de caducidad alegada.

Sobre otras excepciones de fondo alegadas. EL ESTADO interpuso la defensa de falta de Derecho y Sine Actione Agit (frente a la pretensión de daños y perjuicios). En este sentido,  considera este Tribunal que deben rechazarse las excepciones de falta de legitimación en su doble modalidad y la falta de interés actual. Lo anterior por cuanto, analizados estos presupuestos, se llega a la conclusión que, en primer lugar, la actora cuenta con suficiente legitimación activa para participar en este proceso a la luz del artículo  10.3 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Ello toda vez que se trata de la defensa y tutela de bienes que componen la Hacienda Pública, según lo disponen los artículos 8 y 9  de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ya que estamos en presencia de la recuperación y tutela de un bien de dominio público. Además, la acción se dirige correctamente contra el Estado, tal y como lo dispone el artículo 12 inciso 1) del citado Código, en virtud de la conducta omisiva del Estado (MINAET y PGR) que generó daños al Patrimonio Natural del Estado, tal y como lo acreditó este Tribunal.  Por otra parte, el interés, se mantiene actual, en el tanto la conducta impugnada sigue surtiendo efectos y requiere de una resolución jurisdiccional que la resuelva. Finalmente, respecto de la excepción de falta de derecho considera este órgano colegiado que ésta debe rechazarse en tanto conforme lo analizado supra, efectivamente la conducta omisiva del Estado generó daños y perjuicios por los que debe responder. El SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN interpuso la excepción de falta de legitimación pasiva, la que debe rechazarse toda vez que la  conducta omisiva de ese órgano, como se expuso, generó daños al Patrimonio Natural del Estado. El INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO  presentó la defensa de falta de Legitimación Pasiva. Procede su rechazo toda vez que, de conformidad con el artículo 12, resulta autor de conductas formales impugnadas y anuladas en este fallo: el acuerdo de declaratoria turística de la zona y el Plan Regulador Costero. Por otra parte, su inactividad generó daños al Patrimonio Natural del Estado por los que debe responder. Por su parte, el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO interpone las excepciones de Falta de Derecho, Falta de Capacidad, Falta de Legitimación ad causam en su modalidad activa y pasiva y la genérica Sine Actione Agit. En este sentido,  considera este órgano colegiado que deben rechazarse las excepciones de falta de legitimación en su doble modalidad y la de interés actual. Lo anterior por cuanto, analizados estos presupuestos, se reitera los argumentos señalados supra que refieren a la suficiente legitimación activa que tiene la actora para participar en este proceso a la luz del artículo  10.3 del Código Procesal Contencioso Administrativo y su Ley Orgánica. Además, la acción se dirige correctamente contra el INVU, tal y como lo dispone el artículo 12 inciso 1) del citado Código, en tanto autor de una de las conductas impugnadas, a saber, el Plan Regulador. Asimismo, el interés, se mantiene actual, en el tanto la conducta impugnada sigue surtiendo efectos y requiere de una resolución jurisdiccional que la resuelva. En relación con la falta de capacidad, se rechaza en tanto la Contraloría cuenta con suficiente capacidad para accionar cuando se trate de la tutela de de Hacienda Pública y en general con los bienes jurídicos que forman parte de su marco legitimante de fiscalización, como es el caso del dominio público. Así lo establecen el 182 y 184 de la Constitución Política en relación los artículos 9 y 10 del Código Procesal Contencioso Administrativa en relación con el 35 y 36 de la Ley Orgánica de ese órgano.  Finalmente, respecto de la excepción de falta de derecho considera este órgano colegiado que ésta debe rechazarse en tanto conforme lo analizado supra, efectivamente la conducta impugnada resulta absolutamente nula y se acreditó además una conducta omisiva de ese Instituto  que generó daños al PNE por los que debe responder. En relación con la MUNICIPALIDAD DE OSA,  interpuso la excepción de Falta de Derecho, la cual debe rechazarse toda vez que se declaró la nulidad absoluta de conductas administrativas que esa corporación dictó en absoluto irrespeto de ordenamiento jurídico. Además, su inactividad generó daños al PNE, por los que, como se expuso, debe responder. Finalmente, respecto de la excepción de falta de derecho interpuesta por las empresas  LAS VENTANAS DE OSA S.A. y SHARK BAY DOS MIL S.A., debe declararse ésta parcialmente con lugar. Se acoge en tanto no se demuestra que las citadas empresas hayan generado daños al Patrimonio Natural del Estado, a la luz del artículo 1045 del Código Civil. Se rechaza en tanto se declara ilegítima la ocupación que venían realizando en la zona marítimo costera de Punta Ventanas de Osa, ordenándose su desocupación inmediata. Asimismo, se ordena  indemnizar a la empresa Las Ventanas de Osa S.A, a título de daño y conforme al artículo 194 de la LGAP, el valor de las edificaciones construidas en el área sin bosque. 

XI.- SUPRESIÓN DE CONDUCTAS CONEXAS. El Código Procesal Contencioso Administrativo incorpora una serie de pronunciamientos sustanciales imperativos relacionados con aspectos de interés u orden público no sujetos a las pretensiones de las partes y que obligan al juzgador a pronunciarse necesariamente sobre ellos. Dentro de estos aspectos destaca el inciso k) del artículo 122 del citado Código, según el cual el juez deberá suprimir, aún de oficio toda conducta administrativa directamente relacionada con la sometida al proceso, cuando sea disconforme con el ordenamiento jurídico. En este sentido, este Tribunal tiene por acreditada la conexidad y, por ende, la ilegalidad de las siguientes conductas formales: 1) Los acuerdos municipales adoptados por el Concejo Municipal de Osa en sesiones ordinarias No. 51-2004, de 22 de diciembre del 2004, en tanto aprobó el Plan Regulador que se anula y la No. 26-99, de 30 de junio de 1999, así como el adoptado en la sesión extraordinaria No 08-01, de 30 de abril de 2001, en tanto otorgaron la anuencia para que la empresa Las Ventanas de Osa S.A. elaborara el Plan Regulador que por este medio se anula.  Asimismo, la conducta administrativa manifestada en el oficio sin número de 26 de julio de 2005, suscrito por Nombre140596 , en su momento alcalde municipal de Osa (folio 54 Tomo 2 expediente administrativo de Las Ventanas de Osa, aportado por la Municipalidad) 2) El acuerdo emitido por la Junta Directiva del ICT aprobado en sesión No. 3092, acuerdo 4o. celebrada el 23 de junio de 1980, en tanto declara de interés turístico una zona, que en virtud de la declaratoria de Patrimonio Natural del Estado que en esta sentencia de dicta y de la anulación del plan regulador, difiere de esa naturaleza. 3) El artículo 5, inciso IV de la sesión ordinaria No. 5186, de la Junta Directiva del ICT y de fecha 2 de julio de 2002, en cuanto aprueban el plan regulador anulado. 4) Los actos administrativos FOM-ZMT-210-2002, FOM-ZMT-211-2002 y FOM-ZMT-212-2002, en tanto comunican el acuerdo de Junta Directiva del ICT que aprueba el plan regulador anulado.  5) Se anula parcialmente el contenido de la certificación emitida el 18 de octubre del 2007 y suscrita por la Directora del Área de Conservación de Osa únicamente en lo relacionado a las hectáreas que corresponden a zonas de bosque, a efectos de que se adecúe y en incluya dentro de ese rubro tanto las hectáreas que corresponden a bosque primario como lo relativo a áreas con árboles aislados, conforme lo señala el  Informe de Levantamiento de las Áreas de Patrimonio Natural del Estado en los Planes Reguladores de Ventanas de Osa y Shark Bay S.A. En este sentido, dada tal conexidad con las conductas impugnadas, se impone la anulación de dichas actuaciones, al amparo de los motivos señalados.

XII.  COROLARIO

Como derivado de lo expuesto, en virtud de que ha quedado acreditada la naturaleza boscosa de la mayoría de los terrenos comprendidos en la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa, debe concluirse que: 1) Se declara que las áreas con bosque natural y con árboles aislados los terrenos de la zona marítimo de Punta Ventanas de Osa constituyen Patrimonio Natural del Estado y su administración corresponde al MINAET, tal y como lo indica el artículo 13 de la Ley Forestal. 2) La zona restante que se corresponde con el área sin cobertura boscosa, no constituyen Patrimonio Natural del Estado, estando por ende, bajo la administración de la Municipalidad de Osa tal y como lo dispone el artículo 3 de la Ley de la Zona Marítima Terrestre. 3) Se declara absolutamente nulo el Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa, su reglamento de zonificación y las láminas correspondientes, toda vez que fue aprobado por la Municipalidad de Osa sin tener competencia para ello, ya que se planifican terrenos que no estaban bajo su administración, sino del MINAET. Asimismo, la nulidad se declara toda vez que se aprobó con violación del ordenamiento jurídico vigente e incumplimiento de formalidades esenciales como lo eran: la certificación de Patrimonio Natural del Estado, la evaluación de impacto ambiental o certificación de vialidad ambiental y fue elaborado por sujetos de derecho privado, violentando el artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública. 4) Se declara la nulidad absoluta de los contratos de concesión firmados por la Municipalidad de Osa y las empresa Las Ventanas de Osa S.A.,  el ii de setiembre de 1981 y el 8 de diciembre de 2006. Asimismo, se anula por ilegal, el contrato de concesión suscrito por esa misma corporación municipal y la empresa Shark Bay Dos Mil S.A., el 8 de diciembre de 2006. Esta declaratoria abarca la invalidez de las conductas administrativas que sirvieron de fundamento a esos instrumentos contractuales. 5) Por conexidad, se anulan los acuerdos municipales adoptados por el Concejo Municipal de Osa en sesiones ordinarias No. 51-2004, de 22 de diciembre del 2004, en tanto aprobó el Plan Regulador que se anula y la No. 26-99, de 30 de junio de 1999, así como el adoptado en la sesión extraordinaria No 08-01, de 30 de abril de 2001. Asimismo, se anula la conducta administrativa manifestada en el oficio sin número de 26 de julio de 2005, suscrito por Nombre140596 , en su momento alcalde municipal de Osa (folio 54 Tomo 2 expediente administrativo de Las Ventanas de Osa, aportado por la Municipalidad). Se anulan también, el acuerdo emitido por la Junta Directiva del ICT aprobado en sesión No. Placa27063, acuerdo 4o. celebrada el 23 de junio de 1980,  el artículo 5, inciso IV de la sesión ordinaria No. 5186, de esa misma Junta, de 2 de julio de 2002, y los actos administrativos FOM-ZMT-210-2002, FOM-ZMT-211-2002 y FOM-ZMT-212-2002. 6) Se anula parcialmente el contenido de la certificación emitida el 18 de octubre del 2007 y suscrita por la Directora del Área de Conservación de Osa únicamente en lo relacionado a las hectáreas que corresponden a zonas de bosque, a efectos de que se adecúe y en incluya dentro de ese rubro tanto las hectáreas que corresponden a bosque primario como lo relativo a áreas con árboles aislados, conforme lo señala el  Informe de Levantamiento de las Áreas de Patrimonio Natural del Estado en los Planes Reguladores de Ventanas de Osa y Shark Bay S.A. No. ACOSA-GMRN-O84, de 24 de octubre de 2006. 7) Se declara ilegítima la ocupación que, hasta hoy, han venido realizando las empresas demandadas en los terrenos de la zona marítima de Punta Ventanas de Osa. Para el restablecimiento de la legalidad urbanístico-ambiental violentada, deberán tanto el MINAET como  la corporación municipal (cada uno en el ámbito de su competencia)  tomar las acciones necesarias para el cese de dicha ocupación, lo que incluye, claro está, ordenar el desalojo inmediato de las sociedades demandadas de los terrenos dichos. 8) En tanto no se apruebe un Plan Regulador en el área de zona marítima terrestre de Punta Ventanas de Osa que no constituye Patrimonio Natural del Estado, deberá la Municipalidad de Osa abstenerse de autorizar cualquier tipo de concesión sobre aquélla. Asimismo, en caso de que la corporación municipal decidiera conceder algún permiso de uso (en precario) en la zona que administra,  previo a su otorgamiento deberá coordinar con el MINAET y SINAC, el impacto de ese aprovechamiento en los ecosistemas boscosas (que constituye PNE) que rodean esa área, a efectos de garantizar la compatibilidad del uso que se autorice. 9) Deberá la corporación municipal, en coordinación con el MINAET y SINAC, valorar si las edificaciones que quedarán desocupadas en el área de la zona marítima que no constituye Patrimonio Natural del Estado son compatibles con la naturaleza boscosa del resto de los terrenos que si constituyen Patrimonio Natural del Estado. 10)  Se declara la obligación de la Municipalidad de Osa de indemnizar, a el daño ocasionado a la empresa Las Ventanas de Osa S.A., como consecuencia de la desocupación ordenada y que se concreta en el valor real de las edificaciones que construyó. Dicho monto se determinará en ejecución de sentencia. 11) Se declara la responsabilidad administrativa por conducta ilícita y funcionamiento anormal de la Municipalidad de Osa, el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en tanto autores de conductas administrativas absolutamente nulas y conductas omisivas que ocasionaron daños al ecosistema boscoso de la zona marítimo de Punta Ventanas de Osa que constituye Patrimonio Natural del Estado. Asimismo, se declara la responsabilidad administrativa por funcionamiento anormal del  Estado y al Sistema Nacional de Áreas y Conservación, en tanto autores de conductas omisivas ya descritas y que, igualmente, se constituyeron en causa generadora del daño al ecosistema boscoso de la zona marítimo de Punta Ventanas de Osa que constituye Patrimonio Natural del Estado. 9) Se condena en abstracto a los sujetos de derecho público demandados, al pago de daños y perjuicios acreditados en el Considerando IX del presente fallo. La determinación del quantum de esos daños y perjuicios y los parámetros de indemnización se realizará en ejecución de sentencia. 12) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122 incisos a y b, 130. 3 y 131.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la anulación por este medio decretada producirá efectos erga omnes, declarativos y retroactivos a la fecha de la vigencia de las disposiciones impugnadas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe y situaciones jurídicas consolidadas. Asimismo, una vez que haya adquirido firmeza, debe disponerse la publicación de este fallo en el Diario Oficial la Gaceta, con cargo a las Administraciones que aprobaron-dictaron el plan anulado. 

XIII.- SOBRE LAS COSTAS.

De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este órgano colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido  respecto de los órganos y entes públicos demandados. Por el contrario, encuentra este órgano jurisdiccional que las empresas demandadas litigaron de buena fe, por lo que debe aplicarse la excepción contenida en el artículo 193 citado.  Por ende, se imponen ambas costas a los órganos y entes públicos demandados y se exime de esa carga a las empresas Las Ventanas de Osa S.A. y Shark Bay Dos Mil S.A. 

POR TANTO

Se rechazan las excepciones de falta de legitimación en su doble modalidad, falta de interés actual, falta de derecho (impropiamente denominadas sine actione agit) y falta de capacidad alegadas por los órganos y entes públicos demandados. Se rechaza también la excepción de caducidad interpuesta por el ICT y las empresas demandadas. Se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho interpuesta por las empresas Las Ventanas de Osa S.A. y Shark Bay Dos Mil S.A., únicamente en cuanto a que el área de la zona marítimo terrestre de Punta Ventanas de Osa en la que no existe cobertura boscosa (conforme lo determina el Informe de Levantamiento de Patrimonio Natural del Estado ACOSA-GMRN-084, de 24 de octubre de 2006) no constituye Patrimonio Natural del Estado y que se exime a las empresas accionadas del pago de los daños y perjuicios al Patrimonio Natural del Estado, causado por las conductas administrativas impugnadas. En todo lo demás se rechaza esa excepción. En consecuencia se declara parcialmente con lugar la demanda en los siguientes términos, entendiéndose denegada en lo no concedido. 1) Se declara que las áreas con bosque natural y con árboles aislados de los terrenos de la zona marítimo de Punta Ventanas de Osa, conforme  se clasifica en el Informe de Levantamiento de Patrimonio Natural de los Planes Reguladores de Punta Ventanas y  Shark Bay Dos Mil, No. ACOSA-GMRN-084, de 24 de octubre de 2006, constituyen Patrimonio Natural del Estado y su administración corresponde al MINAET, tal y como lo indica el artículo 13 de la Ley Forestal. 2) La zona restante que, conforme al mismo informe,  se corresponde con el área sin cobertura boscosa, no constituyen Patrimonio Natural del Estado, estando por ende, bajo la administración de la Municipalidad de Osa tal y como lo dispone el artículo 3 de la Ley de la Zona Marítima Terrestre. 3)  Se declara absolutamente nulo el Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa, su reglamento de zonificación y las láminas correspondientes. 4) Se declara la nulidad absoluta de los contratos de concesión firmados por la Municipalidad de Osa y la empresa Las Ventanas de Osa S.A.,  el 11 de setiembre de 1981 y el 8 de diciembre de 2006. Asimismo, se anula por ilegal, el contrato de concesión suscrito por esa misma corporación municipal y la empresa Shark Bay Dos Mil S.A., el 8 de diciembre de 2006. Esta declaratoria abarca la invalidez de las conductas administrativas que sirvieron de fundamento a esos instrumentos contractuales. 5) Por conexidad, se anulan los acuerdos municipales adoptados por el Concejo Municipal de Osa en sesiones ordinarias No. 51-2004, de 22 de diciembre del 2004, en tanto aprobó el Plan Regulador que se anula y la No. 26-99, de 30 de junio de 1999, así como el adoptado en la sesión extraordinaria No 08-01, de 30 de abril de 2001.  Asimismo, se anula la conducta administrativa manifestada en el oficio sin número de 26 de julio de 2005, suscrito por Nombre140596 , en su momento alcalde municipal de Osa (folio 54 Tomo 2 expediente administrativo de Las Ventanas de Osa, aportado por la Municipalidad). Se anulan también, el acuerdo emitido por la Junta Directiva del ICT aprobado en sesión No. 3092, acuerdo 4o. celebrada el 23 de junio de 1980,  el artículo 5, inciso IV de la sesión ordinaria No. 5186, de esa misma Junta, de 2 de julio de 2002, y los actos administrativos FOM-ZMT-210-2002, FOM-ZMT-211-2002 y FOM-ZMT-212-2002. 6) Se anula parcialmente el contenido de la certificación emitida el 18 de octubre del 2007 y suscrita por la Directora del Área de Conservación de Osa únicamente en lo relacionado a las hectáreas que corresponden a zonas de bosque, a efectos de que se adecúe y en incluya dentro de ese rubro tanto las hectáreas que corresponden a bosque primario como lo relativo a áreas con árboles aislados, conforme lo señala el Informe de Levantamiento de las Áreas de Patrimonio Natural del Estado en los Planes Reguladores de Ventanas de Osa y Shark Bay S.A. No. ACOSA-GMRN-O84, de 24 de octubre de 2006. 7) Se declara ilegítima la ocupación que, hasta hoy, han venido realizando las empresas demandadas en los terrenos de la zona marítima de Punta Ventanas de Osa. 8) Para el restablecimiento de la legalidad urbanístico-ambiental violentada, deberán el MINAET y el SINAC tomar las acciones necesarias para el cese de la ocupación que,  en el área que constituye Patrimonio Natural del Estado, han venido realizado las empresas demandadas. Ello que incluye, claro está, ordenar el desalojo inmediato de las sociedades accionadas de los terrenos dichos. 9) Igualmente, deberá la Municipalidad de Osa tomar las acciones necesarias para el cese de la ocupación que, en el área que no constituye Patrimonio Natural del Estado, ha venido realizando la empresa Las Ventanas de Osa S.A; lo que incluye ordenar el desalojo inmediato de esta sociedad  de los terrenos dichos. 10) En tanto no se apruebe un Plan Regulador en el área de zona marítima terrestre de Punta Ventanas de Osa que no constituye Patrimonio Natural del Estado, deberá la Municipalidad de Osa abstenerse de autorizar cualquier tipo de concesión sobre aquélla. Asimismo, en caso de que esa corporación municipal decidiera conceder algún permiso de uso (en precario) en la zona que administra,  previo a su otorgamiento deberá coordinar con el MINAET y SINAC, el impacto de ese aprovechamiento en los ecosistemas boscosas (que constituye PNE) que rodean esa área, a efectos de garantizar la compatibilidad del uso que se autorice con la ecología de la zona. 11) Deberá la corporación municipal, en coordinación con el MINAET y SINAC, valorar si las edificaciones que quedarán desocupadas en el área de la zona marítima que no constituye Patrimonio Natural del Estado son compatibles con la naturaleza boscosa del resto de los terrenos que si constituyen Patrimonio Natural del Estado. 12)  Se declara la obligación de la Municipalidad de Osa de indemnizar, el daño ocasionado a la empresa Las Ventanas de Osa S.A., como consecuencia de la desocupación ordenada y que se concreta en el valor real  de las edificaciones que construyó, al momento de la firmeza de este fallo. Dicho monto se determinará en ejecución de sentencia. 13) Se declara la responsabilidad administrativa de la Municipalidad de Osa, el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en tanto autores de conductas administrativas absolutamente nulas y conductas omisivas que ocasionaron daños al ecosistema boscoso de la zona marítimo de Punta Ventanas de Osa que constituye Patrimonio Natural del Estado. Asimismo, se declara la responsabilidad administrativa del  Estado y al Sistema Nacional de Áreas y Conservación, en tanto autores de conductas omisivas ya descritas y que, igualmente, se constituyeron en causa generadora del daño al ecosistema boscoso de la zona marítimo de Punta Ventanas de Osa que constituye Patrimonio Natural del Estado. 14) Se condena en abstracto a los sujetos de derecho público demandados, al pago de daños y perjuicios al Patrimonio Natural del Estado acreditados en el Considerando IX del presente fallo, y que son consecuencia de la conducta administrativa objeto de este proceso. La determinación del quantum de esos daños y perjuicios se realizará en ejecución de sentencia 15) Se ordena Municipalidad de Osa y  MINAET como administradores de la zona marítimo terrestre y el Patrimonio Natural del Estado respectivamente,  a garantizar el libre acceso por calle pública a la zona marítima terrestre de Punta Ventanas de Osa. Para tal efecto, deberán coordinar las medidas que resulten compatibles con el deber de preservar y conservar el ecosistema comprendido en dicha zona. 16) Hasta tanto no esté firme esta sentencia, se mantiene  las medidas cautelares ya ordenadas. 17) Son ambas costas a cargo de los sujetos de derecho público demandados, eximiéndose de esta carga a las empresas privadas accionadas. 18) Una vez firme esta sentencia, debe disponerse la publicación de este fallo en el Diario Oficial la Gaceta, con cargo a las Administraciones demandadas.  NOTIFÍQUESE.

 

 

Cynthia Abarca Gómez

 

 

Marianella Álvarez Molina                               Otto González Vílchez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 18-02-2026 16:35:18.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**IV. THE NATURAL HERITAGE OF THE STATE AS AN EXPRESSION OF THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT, RECOGNIZED AND PROTECTED BY CONSTITUTIONAL LAW.** This Tribunal considers that before proceeding to resolve the specific case, it is necessary to refer to the following aspects. Constitutional recognition of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. In Costa Rica, the recognition and protection in Constitutional Law of the aforementioned fundamental right does not have as its starting point the reform of Article 50 of the Political Constitution, provided for by Law number 7412 of June 3, 1994. This is because, since the enactment of the constitutional text in 1949, the will of the Constituent Assembly was clear in establishing in Article 89 that: "Among the cultural purposes of the Republic are: to protect natural beauties, to conserve and develop the historical and artistic heritage of the Nation, and to support private initiative for scientific and artistic progress"; which is complemented by the forceful declaration contained in Article 21, to the effect that in our country, "Human life is inviolable." The integration of the provisions of both articles implies that the need to preserve the environment—although at that time the Constituent Assembly used the term natural beauties—transcends a merely cultural purpose, to become a vital necessity for every human being, as it constitutes an essential prerequisite for giving effect to other fundamental rights such as: life, health, and development. (See in this regard, judgments number 1993-03705 at 3:00 p.m. on July 30, 1993; 1993-06240 at 2:00 p.m. on November 26, 1993; 1993-04423 at 12:00 p.m. on December 7, 1993; 1994-02485 at 9:18 a.m. on May 27, 1994, all from the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice). In that sense, it is worth recalling that Constitutional Law is composed not only of the constitutional text, but also of the values and principles that inform and permeate its content, as well as by Public Treaties, International Conventions, and Concordats duly approved by the Legislative Assembly, and also by the International Human Rights Instruments applicable in the Republic (see Articles 1, 7, 21, 50 of the Political Constitution; 1 and 3 of the Law of Constitutional Jurisdiction). In addition to this, the written and unwritten norms that make up Constitutional Law are characterized by being of direct and immediate application, meaning that their addressees not only have the right to enforce them through administrative and jurisdictional channels, if they deem that by action or omission they have been impaired, but also, this implies that legal operators have the duty to apply them directly and immediately in their decision-making process, in order to fulfill constitutional requirements (see what was considered by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in judgment number 1999-00644 at 11:24 a.m. on January 29, 1999). If we take as a basis the provisions of Articles 7, 48 of the Political Constitution and 1 and 3 of the Law of Constitutional Jurisdiction, we can affirm that even if the constitutional text had not contained norms related to the recognition and protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, that correlative right and duty not only already existed in Costa Rican domestic law, but also its effective protection was enforceable both at the domestic and international level. This is by virtue of the fact that the Costa Rican State had signed a series of Conventions, Treaties, and International Instruments related to this matter, before Law number 7412 of June 3, 1994, reformed Article 50 of the Political Constitution, instruments among which the following stand out: the "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights" (Articles 2.1, 12.1, and 12.2.c); the "Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights" (Article 11); the "Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage," signed in Paris on November 23, 1972, and approved by Law number 5980 of October 23, 1976; the "Convention on Nature Protection and Wild Life Preservation in the Western Hemisphere," adopted in Washington on March 3, 1973, and approved by Law number 3763 of October 19, 1976; the "Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat," signed in Ramsar on February 2, 1971, and approved by Law number 7224 of 1991; the "Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer," adopted in Vienna on March 22, 1985, and approved by Law number 7228 of April 22, 1991, and its "Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer," signed in Montreal on September 16, 1987, and approved by Law number 7223 of April 2, 1991; the "UN Convention on the Law of the Sea," signed in Montego Bay on December 10, 1982, and approved by Law number 7291 published on July 15, 1992, among others. All these international norms were integrated into Costa Rican domestic law in accordance with the provisions of Articles 7 and 48 of the Political Constitution and 1 and 3 of the Law of Constitutional Jurisdiction, meaning that "...all these international instruments are of mandatory observance and enjoy full enforceability insofar as their norms do not require further legislative development and therefore must be respected (...) insofar as their normative rank is superior..." (Judgment number 1993-06240 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at 2:00 p.m. on November 26, 1993).

Infraconstitutional Development of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. Without a doubt, the recognition and protection of the aforementioned fundamental right provoked its infraconstitutional development, through the issuance of legal or regulatory norms in which various manifestations of it are regulated, which were issued long before the reform of Article 50 of the Political Constitution. As examples of this we have: the Water Law (No. 276 of August 27, 1942; the Urban Planning Law (No. 4240 of November 15, 1978); the Forestry Law (Ley Forestal) (No. 4465 of November 25, 1979, now repealed); the Maritime-Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre) (No. 6043 of March 2, 1977); the General Health Law (No. 5395 of October 30, 1973); the Law Creating the National Parks Service (No. 6084 of August 24, 1977); the Animal Health Law (No. 6243 of May 2, 1978); the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) (No. 7317 of October 21, 1992), among others. This implies that, before the reform of Article 50 of the Political Constitution, the fundamental right to which we have referred was not only recognized and protected in Constitutional Law, but also had been developed—albeit in a sectoral manner and not with a comprehensive vision—at the legal and regulatory level. By virtue of what has been set forth so far, this Tribunal considers that the reform of Article 50 of the Political Constitution merely expressly and clearly individualized recognition of a fundamental right that was already enshrined and guaranteed by Constitutional Law; expressly declared the scope of the already pre-existing obligation of the State to guarantee, defend, and preserve the right to a healthy and ecologically balanced environment; and granted individuals full standing to defend it, through a popular action (see judgments number 1994-01394 at 3:21 p.m. on March 16, 1994, and 1994-05527 at 10:45 a.m. on September 23, 1994, both from the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice).

Consequences of the recognition of the guarantee of Article 50 of the Constitution in the terms explained. Said recognition entails two relevant aspects for the resolution of the present proceeding. First. The imposition of a duty, both for the State—understood as the Central and Decentralized Administration—and for private legal subjects themselves, to guarantee, defend, and preserve that right. Second. The establishment of a series of technical-legal mechanisms to achieve effective protection of that right, both at the administrative and jurisdictional levels. Regarding the first of these aspects, it is worth noting that "The incidence that the right to a healthy and ecologically balanced environment has within the activity of the State, and congruently of the municipalities (bear in mind Article 169 of the Constitution), finds its first reason for being in that, by definition, rights are not limited to the private sphere of individuals but also have transcendence in the very structure of the State in its role as guarantor of the same and, secondly, because the activity of the State is directed toward the satisfaction of the interests of the community. The Political Constitution establishes that the State must guarantee, defend, and preserve that right. Prima facie, to guarantee is to ensure and protect the right against some risk or necessity, to defend is to forbid, prohibit, and impede any activity that threatens the right, and to preserve is an action directed at sheltering the right in advance from possible dangers in order to make it endure for future generations. The State must assume a double behavior of doing and not doing; on one hand, it must refrain from itself threatening the right to a healthy and ecologically balanced environment, and on the other hand, it must assume the task of dictating the measures that allow it to comply with constitutional requirements..." (judgment No. 1999-00644 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 11:24 a.m. on January 29, 1999). In this sense, "...The action that the Political Constitution imposes on the State in the face of sources of environmental contamination is multidirectional and definitively active, absolutely intolerant in the face of situations that threaten or affect the optimal environmental conditions that are guaranteed by it to the inhabitants. From this perspective, public authorities are not permitted to make concessions or grant extensions to continue affecting the environment, even when this is done with a view to bringing economic benefits to a specific geographical area..." (judgment No. 1999-05906 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at 4:15 p.m. on July 28, 1999). This constitutional duty of the State to ensure the protection, defense, and preservation of the environment is developed and manifested, among others, in the following norms: Articles 1, 2.a, 2.c, 2 last paragraph, 3, 12, 28, 32, 34, 37, 56, 59, 78, 83, 103 to 112 of the Organic Law of the Environment; Articles 1, 2, 9.4, 12, 22 to 30, 45, 49, 54, 86, 88 of the Biodiversity Law; 3, 4, 6, 7, 15, 34, 122 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre); 1, 2, 5, 6, 13, 37, 54 of the Forestry Law (Ley Forestal); 5, 6, 7, 11, 21, 29 to 33, 37 of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils; 13.a, 13.o of the Municipal Code; 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25 of the Maritime-Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre); 1, 2 of the General Health Law; 1, 2, 17, 175, 176 of the Water Law; 15, 18, 19, 51, 56, 58.5, Transitory II of the Urban Planning Law. Now, this duty is not only circumscribed to the State as a whole, but also to private legal subjects, who have the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, but also to guarantee, preserve, and defend it, as is apparent, among others, from Articles 1 first paragraph, 2.a, 6, 22, 23, 99 of the Organic Law of the Environment; 10.2, 10.13, 11.4, 88, 95, 101, 105 of the Biodiversity Law; 15, 28 to 30, 36 to 38, 51, 53, 62 to 64, 83, 88 to 121 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre); 57 to 66 of the Forestry Law (Ley Forestal); 37, 40, 41 to 45, 51 to 53 of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils; 14 of the Maritime-Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre); as well as from judgments number 1999-02219 at 3:18 p.m. on March 24, 1999; 1999-05906 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at 4:15 p.m. on July 28, 1999, among others. Regarding the second aspect, related to the establishment of a series of technical-legal mechanisms to achieve effective protection of that right, both at the administrative and jurisdictional levels, this Tribunal considers that said means of protection can be classified into two large groups: procedural and substantive. It is necessary to clarify that, although specific examples related to each of the classification criteria indicated above will be referred to, this Tribunal's intention is not to establish a list of numerus clausus, but only to highlight through said examples aspects that have an impact on the object of this proceeding. In this sense, within the group of procedural protection mechanisms, three examples stand out: 1) The broad standing granted to every person by the second paragraph of Article 50 of the Political Constitution and Article 105 of the Biodiversity Law, to denounce both through administrative and jurisdictional channels, conducts that infringe upon the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and to claim the damage caused. It is worth noting that, in principle, standing in environmental matters would originate from a simple normative authorization without there being an individual, collective, or diffuse right or interest involved; however, this Tribunal considers that, in essence, what each person will seek to protect is a right that forms part of their vital sphere and on whose effective guarantee, defense, and preservation depends their ability to develop and live in accordance with the principle of human dignity (see Article 2.a of the Organic Law of the Environment, in the sense that the environment is the common heritage of all the inhabitants of the Nation). 2) A system of unnamed precautionary measures and, if necessary, of an anticipatory nature (Articles 108 of the Biodiversity Law, 42 of the Law of Constitutional Jurisdiction, and 19 to 30 of the Contentious-Administrative Procedure Code). 3) The application of the guiding principles in environmental matters, namely: in dubio pro natura, preventive, and precautionary, as means to guarantee the effective protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and therefore, to prevent its existence from being restricted to the semantic plane of legal reality (see Articles 4.c, 17, and 34 of the Organic Law of the Environment, 11 subsections 1 and 2, 92 of the Biodiversity Law, Principle 15 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, and among others, judgment number 1999-01250 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 11:24 a.m. on February 19, 1999). In that sense, the legal operator must always take into consideration that "...when there is a danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures in terms of costs to prevent the degradation of the environment...". On the other hand, in the group of substantive protection mechanisms, the following two manifestations are very representative: 1) The environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) by the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), as a sine qua non requirement to initiate activities, works, or projects that may alter or destroy elements of the environment or biodiversity, or generate toxic or hazardous waste or materials. This requirement has been in force since November 13, 1995, the date on which the Organic Law of the Environment was published. It is also regulated in Articles 92 to 97 of the Biodiversity Law; Article 14 of the Convention on Biological Diversity and its Annexes I and II; Principle 17 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration; Article 18 of the Forestry Law (Ley Forestal); General Regulation on Environmental Assessment Procedures (Executive Decree number 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), among others. In this regard, constitutional jurisprudence has held that "...the fact that both the right to health and the right to enjoy an ecologically balanced environment are recognized as fundamental rights, obliges this Chamber to specify that the solution to the problem cannot be based on quick solutions; that, to adopt a decision in this field, one must have the technical studies [demonstrating] that the solution proposed, in each specific case, will not be the origin of a public health problem or undue alteration to the environment..." (Among others, judgment No. 1995-02671 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 4:45 p.m. on May 24, 1995). In that sense, "...it is not possible for the State to execute or authorize the execution of projects about which there is doubt regarding the negative impact they may generate on the environment. Consequently, the omission of carrying out a prior environmental impact study translates into a violation of Article 50 of the Constitution..." (judgment No. 1999-02219 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 3:18 p.m. on March 24, 1999). 2) The existence of property belonging to the Nation—as the constitutional text calls them—which, forming part of the public domain, are characterized by being inalienable, imprescriptible, and unseizable, meaning that their removal from public use or their application to public uses is reserved to the Law, in accordance with the provisions of Article 121 subsection 14, first paragraph of the Political Constitution. Among these assets, whose conservation constitutes a matter of public environmental interest (Article 11 of the Biodiversity Law), are: the environment defined in Article 2.a) of the Organic Law of the Environment, as the common heritage of all the inhabitants of the Nation; the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) (Articles 1 and 73 of the Maritime-Terrestrial Zone Law, Ley de la Zona Marítimo Terrestre); the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) (Articles 13 to 18 of the Forestry Law, Ley Forestal); Wild Fauna and Flora (Articles 3 and 4 of the Wildlife Conservation Law, Ley de Conservación de la Vida Silvestre); Waters, in accordance with the breakdown contained in Article 1 of the Water Law.

On the Natural Heritage of the State. In accordance with the object of the proceeding at hand, this Tribunal will focus its analysis on the Natural Heritage of the State (NHS) (Patrimonio Natural del Estado, PNE). Given the terms of the recognition of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, as already explained, it is necessary to highlight that the Forestry Law No. 4465 already cited (and which was repealed by Forestry Law number 7575 of February 5, 1996), contained not only "...as an essential function and priority of the State, to ensure the protection, conservation, utilization, industrialization, administration, and promotion of the country's forest resources, in accordance with the principle of rational use of renewable natural resources..." (Article 1), but also the concepts of Forest (Article 6) and Forest Heritage of the State (Article 32, first paragraph). Regarding the Forest Heritage of the State, Law No. 4465 established its characteristics (Article 33); the bodies competent to administer and supervise the Forest Heritage of the State, which under that regulation were the General Forestry Directorate and the Ministry of Environment and Energy (MINAE) (Article 32, second paragraph), as well as the powers conferred on these bodies for the purpose of protecting and conserving the Forest Heritage of the State. Among the latter, it is worth highlighting the following: 1) Actions for the recovery of ownership (acciones reivindicatorias) of those real properties (Article 33); 2) The constitution within the Natural Heritage of the State of forest reserves, protective zones, national parks, national wildlife refuges, and biological reserves (Articles 35 to 37); 3) The demarcation (deslinde) of the lands in the areas that make up the Forest Heritage of the State (Article 38). On the other hand, in the Forestry Law No. 7575 currently in force, that concept is taken up again but with a variation in the name, as it is now called the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado). This term is broader since it encompasses the protection and preservation of the forest ecosystem (ecosistema boscoso) (Article 3 subsection c of the Forestry Law, Ley Forestal). The Natural Heritage of the State is part of the public domain, for which reason the lands and forests comprised within it are unseizable, imprescriptible, and inalienable. Likewise, their conservation and administration are entrusted by law to the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (MINAET), through the National System of Conservation Areas (SINAC), as provided for in Articles 6.a, 13 second paragraph, and 14 of the cited Forestry Law (Ley Forestal) and numeral 32 second paragraph of the Organic Law of the Environment. The NHS is made up of two important components: 1) Protected Wilderness Areas (Áreas Silvestres Protegidas), regardless of their management category and whether they have been declared by Law or by Executive Decree, namely: forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (Law No. 7575, Article 1, paragraph 2, 3 subsection i; Organic Law of the Environment, Article 32; Biodiversity Law, Article 22 et seq. and 58; Law of the National Parks Service, Article 3 subsections d and f, in relation to the Organic Law of MINAE and its Regulations; Wildlife Conservation Law, Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Article 82, subsection a); 2) The remaining forests and forest lands in inalienable areas, on properties registered in its name, and on those belonging to Municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, which have an immediate legal affectation, except for those real properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its assets (Article 13 first paragraph of the Forestry Law, Ley Forestal). It is worth highlighting that, both the Protected Wilderness Areas and the rest of the forested areas and lands with forest aptitude comprised within the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), are excluded from the scope of regulation of Law No. 6043 and, therefore, from the competence of the Municipalities, as will be expanded upon later. These zones are subject to their own legislation (Forestry Law, Ley Forestal), which implies that their administration is the responsibility of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, through the National System of Conservation Areas (see in this sense judgment number 2008-16975 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 2:53 p.m. on November 12, 2008). Now, as part of the duties incumbent upon MINAET and SINAC for the conservation and protection of the National Heritage of the State, are: 1) the exercise of the action for recovery of ownership (acción reivindicatoria) of the NHS, which is imprescriptible (Article 14); 2) to demarcate on the ground, the boundaries that make up the Natural Heritage of the State (Article 16); 3) to coordinate with the National Registry, the establishment of a forest cadastre, whose objective will be to regulate the areas comprised within the NHS and those voluntarily submitted to the forest regime (Article 17); 4) The Public Administration may not exchange, transfer, alienate in any way, hand over, or lease rural lands owned by it or under its administration, without them first having been classified by MINAET, meaning that, if they are covered by forest, they would automatically be incorporated into the Natural Heritage of the State (Article 15). Based on all of the foregoing, this Tribunal reaches the following relevant conclusions in the specific case. First. As the environment constitutes the Common Heritage of all the inhabitants of the Nation, the Natural Heritage of the State constitutes a species of that genus (Articles 50 second paragraph, 89, 121 subsection 14 first paragraph of the Political Constitution, 2 subsection a) of the Organic Law of the Environment, 1 of the Biodiversity Law, and 13 of the Forestry Law, Ley Forestal). Second. There is an immediate legal affectation to the Natural Heritage of the State, of all those lands comprised within the protected wilderness areas, in areas declared inalienable—such as the maritime-terrestrial zone (Article 73 of Law 6043)—, on lands with forest aptitude, and on properties registered in the name of the State, the Municipalities, Autonomous Institutions, and other entities of the Decentralized Public Administration. Third.

The Natural Heritage of the State does not require an express declaration because, pursuant to Articles 13 and 14 of the Forest Law (Ley Forestal), as well as the holdings of the Constitutional Chamber in rulings 1992-03789 and 1997-04587, forested areas, lands with forestry aptitude, mangroves, and wetlands within inalienable areas, such as the maritime-terrestrial zone, become immediately affected to this Heritage, without any action by the Administration. Fourth. Consequently, the demarcation of the boundaries of the areas that make up the Natural Heritage of the State, pursuant to Article 16 of the Forest Law, constitutes a power that MINAET, through SINAC, must exercise ex officio and not only at the request of a party. This is not only in application of the duty imposed by Articles 21, 50, paragraphs two and three, and 89 of the Political Constitution, to guarantee, preserve, and conserve the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, but also because the law does not indicate that the demarcation must be carried out only at the request of a party. It is not justified, in the opinion of this body, that the State may validly allege a lack of resources for this purpose, as constitutional jurisprudence has repeatedly held (see, among others, rulings 1995-00915 of sixteen hours six minutes on February fifteen, nineteen ninety-five; 1996-000695 of fifteen hours forty-two minutes on February seven, nineteen ninety-six). Fifth. Consequently, the classification carried out by the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), regarding the type of ecosystem existing on the properties within the Natural Heritage of the State, constitutes a mere categorization thereof, in accordance with the classification criteria set forth in Article 13, first paragraph of the Forest Law and Executive Decree number 34295-MINAE, namely: forests, lands of forestry aptitude, wetlands, mangroves, among others. Sixth. It is evident that the State has the duty—both at the constitutional and legal level—to guarantee, defend, and protect forested areas, lands of forestry aptitude, mangroves, wetlands, among others, within the inalienable areas—as in this case, the Maritime-Terrestrial Zone—which by the mere fact of having that character, became directly and automatically affected to the Natural Heritage of the State. Therefore, the result of the classification of the type of ecosystem existing in said areas—which must be carried out ex officio and not only at the request of a party, in order to take the necessary measures to achieve their effective protection and conservation—is not what determines their incorporation or not into the Natural Heritage of the State, since by law they were already affected to it, by virtue of being inalienable zones.


V.- BRIEF CONSIDERATIONS ON THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE AND ITS PLANNING. Also relevant to the resolution of this matter are some considerations regarding the maritime-terrestrial zone and its planning.

Concept. Article 9 of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone defines this zone as the strip of two hundred meters wide along the entire length of the Atlantic and Pacific coasts of the Republic, whatever its nature, measured horizontally from the lines of the ordinary high tide and the lands and rocks left uncovered by the sea at low tide. It includes maritime islands, islets, and rocks as well as all land with natural formation that projects above the ocean level within the territorial sea of the Republic. Excepted is Cocos Island, which shall be under the direct domain and possession of the State, and those other islands whose domain or administration is determined in said law or in special laws.

Zones that make up the Maritime-Terrestrial Zone. Pursuant to numeral 10 of the same Law, it can be stated that the maritime-terrestrial zone is composed of two sections: 1) The public zone, which is the strip of fifty meters wide from the ordinary high tide and the areas left uncovered during low tide, as well as the islets, rocks, and other small areas and natural formations that project from the sea. Likewise, according to canon 11 of the cited Law, it constitutes a public zone, whatever its extension, the zone occupied by all the mangroves of the continental and insular coasts and estuaries of the national territory. 2) The restricted zone, constituted by the strip of the remaining one hundred fifty meters or by the other lands in cases of islands, and over which, as will be seen, concessions may be granted. As indicated by Article 1 of the mentioned Law, the maritime-terrestrial zone constitutes part of the National Heritage, belongs to the State, and is inalienable and imprescriptible. This has allowed for the precise affirmation of the demanial and public character of said zone and, as a consequence thereof, its imprescriptibility, unwaivability, inalienability, as well as the fact that it is outside of commerce. Now, the fact that it is a public domain asset does not mean that individuals, in a situation of special subjection, cannot make use of it; quite the contrary: as will be expanded upon later, by means of a concession (of the restricted zone), individuals may utilize the maritime-terrestrial zone. It is important to highlight from now that, pursuant to Article 12 of the aforementioned Law, in the maritime-terrestrial zone it is prohibited, without proper legal authorization, to exploit existing flora and fauna, to demarcate with fences, tracks, or in any other way, to erect buildings or installations, to cut trees, to extract products, or to carry out any other type of development, activity, or occupation.

Administration and guardianship of the maritime-terrestrial zone: As already indicated, the maritime-terrestrial zone belongs to the State. However, it is clear that pursuant to the already cited Law 6043, the competencies of different organs and entities converge over this zone. In this sense, it is possible to distinguish areas of competence that involve, in what pertains to this proceeding, the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo), the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), Municipalities, the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), which are listed below.

Competencies of the Costa Rican Tourism Institute. According to Article 2 of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone, in concordance with the Organic Law of the Costa Rican Tourism Institute, the latter, acting in the name of the State, is responsible for the superior supervision of the maritime-terrestrial zone. This Tribunal is interested in pointing out some of the competencies attributed to the ICT, among which the following stand out: 1) The preparation of a National Tourism Development Plan, which, once prepared, in collaboration with the National Planning bodies, will serve as the basis for the proposal and approval of land-use regulatory plans (planes reguladores) in the maritime-terrestrial zone, according to national development priorities and taking into account the interest of conserving that zone as national heritage. This function is established as derived from the provisions of Article 26 of the Law on the matter, in relation to Article 17 of the Regulation of that law, which enable this entity to establish general national guidelines in the planning of the maritime-terrestrial zone, which is fundamental if one takes into consideration the need for sustainable tourism development, as a tool or mechanism for the country to use its natural and cultural riches with the goal of generating wealth for all and guaranteeing real benefits for all Costa Rican society. A development in balance with nature is required, and with the number of economic (industrial, agricultural, and commercial), cultural, sporting, and tourism activities that can be developed in this zone. Although the second paragraph of the cited Article 17 establishes as an obligation the preparation of a land-use plan in this zone, a function that, as will be seen, is the exclusive responsibility of municipal governments, the truth is that it should be carried out in accordance with the priorities set in the National Tourism Development Plan. 2) In the exercise of the superior oversight competence of the maritime-terrestrial zone, the Costa Rican Tourism Institute is responsible for the declaration of the tourist zone, which must be published in the Official Gazette La Gaceta; it is from that publication that the zone becomes affected to that use, and it becomes deserving of the provisions that the legal system provides for its utilization and use, as will be seen later. 3) Formulate comprehensive tourism development projects, partially or totally, for the tourist zone already declared as such; whose administration may be carried out jointly with the respective municipality, for which an agreement to that effect is required. 4) Approve concessions and establish and maintain a General Registry of Concessions for the maritime-terrestrial zone, which forms part of the National Registry, for which purpose the respective municipalities must send it a copy of the concessions they grant, of the extensions, approved transfers, and liens or other operations they authorize over them. The foregoing is relevant if one takes into consideration that despite the fact that the procedure for granting the concession is carried out before the respective municipality, its validity is conditional upon the approval of the Costa Rican Tourism Institute, on beaches with a tourism declaration. 5) Approve all urban or tourism development plans and drawings that affect the maritime-terrestrial zone, prior approval from the National Institute of Housing and Urbanism, as well as from the other institutions that have competence in this matter. Functions of the Municipalities in the administration of the maritime-terrestrial zone: Constitutional Article 169 and numeral three of the Municipal Code establish that the jurisdiction of the Local Government is circumscribed to the respective canton, so that the Municipality—in principle, although we shall see that there are some exceptions, as indicated in the preceding Considering clause—is the competent entity for attending to the interests and services in the canton in general, and therefore in the maritime-terrestrial zone comprised therein. Likewise, in matters of local planning, competence, although not exclusive and excluding, is held by the Municipalities of the respective canton (Article 15 of the Urban Planning Law, Ley de Planificación Urbana). Consistent with the above, canon 3 of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone defines very clearly the competence attributed to the Municipalities by stating that it is incumbent upon said corporations to directly ensure compliance with the rules of that law regarding the domain, development, use, and use of the maritime-terrestrial zone, especially the tourist areas of the coasts, and that the usufruct and administration, both of the public zone and of the restricted zone, corresponds to them. The foregoing allows for the outlining of some specific functions, among them: 1) The direct attention to the care, conservation, and oversight of the maritime-terrestrial zone and the natural resources existing there. 2) Administer the areas that are not excluded from the application of this regime, in coordination with the Costa Rican Tourism Institute or the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario), depending on whether they are tourist or agrarian zones. 3) Collect the respective fees (cánones) for concessions granted in those zones. It is important to note that the oversight and administration functions entrusted by law to local governments do not constitute a right of ownership or possession over this strip of land; by virtue, as indicated, of the demaniality of this asset. Functions of the National Institute of Housing and Urbanism. It is of interest in this matter to highlight the following: 1) Plan the development of cities and other minor centers, in order to promote the best use of the land. 2) Approve infrastructure and construction works in the public zone attending to the public use for which they are intended (Article 22 of Law 6043). 3) Approve urban or tourism development plans that affect the maritime-terrestrial zone (Article 31 of Law 6043). Functions of the Attorney General's Office. Related to the proceeding under discussion, it is worth mentioning the power granted by Article 4 of Law 6043, according to which it shall exercise, by itself or at the request of any entity or institution of the State or an interested party, legal control for the due compliance with the provisions of the cited law. This includes, according to the text of the rule, making the pertinent efforts regarding any action that violates or tends to violate the provisions of that law or related laws, or that seeks to obtain rights or recognitions contrary to those rules, or to annul concessions, permits, contracts, acts, agreements, or provisions obtained in contravention of the same. The foregoing is without prejudice to what corresponds to other institutions or dependencies in accordance with their legal powers. Said function, together with those established by its Organic Law.

On Coastal Regulatory Plans (Planes Reguladores Costeros). Definition. Purpose. In the first place, this Tribunal wishes to reflect briefly on the need for coastal regulatory plans, as instruments of local planning, to correspond with the guidelines established in the National Development Plan and with the recommendations of the General Land Use Plan that, according to the law, must be proposed by the Costa Rican Tourism Institute and to which the National Institute of Housing and Urbanism must also adhere when evaluating and approving them. This implies, of course, adequate and timely coordination among the different Public Administrations involved, in order to respect the scope of competencies of each one of them. The foregoing, in order to define an order of priorities in the development of coastal zones that guarantees reasonable and adequate land use consistent with sustainable development, particularly in that zone where fragile ecosystems coexist. However, reality shows that this type of regulatory plans have been approved, in general, on a casuistic basis and in ignorance of other similar processes, which evidences an absence of institutional coordination at the national and local levels. This type of plans should consider, at least, the protected areas (ecosystems, mangroves, coral reefs, beach systems, wetlands, seagrass beds, riverbeds, nesting sites), the existing forests and renewable resources, means of transportation, urban aspects, the activities carried out in the zone: tourism, agriculture, fishing, habitation, recreation, industry. Regulation. In reality, there is no specific regulatory norm in our legal system for the preparation of a regulatory plan for the coastal zone (except, as noted, regarding the entity in charge of its approval). Evidently, in the absence of specific regulation, one must start from the procedure established in the Urban Planning Law for the approval of an urban regulatory plan in general, which is applicable, as appropriate, to the coastal sectors. Thus, according to Article 15 of the Urban Planning Law, it is the power of local governments to define the implementation of a regulatory plan and the corresponding development regulations. We can define it as the ideal technical legal instrument for territorial planning for the balanced economic, social, and environmental development of coastal zones. Who may carry it out. In this sense, and because it involves the exercise of a public power, meaning the planning of land use and territorial planning, any proposal for a coastal regulatory plan must be prepared and approved by the competent bodies, that is, the corresponding Municipality, with technical support from the I.C.T. or INVU. Requirements. The coastal regulatory plan requires: consent of the Municipality, declaration of tourist or non-tourist aptitude, and demarcation by the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional), and certification of whether there are areas that correspond to the Natural Heritage of the State because, as indicated, if so, the Municipality lacks the competence to administer the zones and, therefore, to adopt regulatory plans. Approval. Regarding the approval of this type of instruments, the procedure established by Article 17 of the Urban Planning Law must be followed, as applicable. It can be noted that once the Regulatory Plan for Land Use of the Coastal Sector is prepared, it must be duly presented to the Costa Rican Tourism Institute and to the Institute of Housing and Urbanism. Both institutions must approve it so that it can then be presented in a public hearing. For such purposes, the Municipality must convene a public hearing, through the Official Gazette and provide the necessary additional dissemination with an indication of the location, date, and time to hear about the project and the verbal or written observations that the residents or interested parties may wish to formulate. The notification must be made no less than fifteen business days in advance. Once the hearing is held and as long as there are no objections or when these have been resolved, the municipal corporation must agree by an absolute majority of votes to ratify the Coastal Regulatory Plan. Finally, the agreement of the Municipal Council of the Municipality regarding the adoption and entry into force of the Regulatory Plan must be published in La Gaceta, with an indication of the date from which the corresponding regulations will become enforceable. It is fundamental for this Tribunal to emphasize that, pursuant to Article 31 of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone, which in relation to the Coastal Regulatory Plan indicates that all Urban or Tourism Development Plans that affect the Maritime-Terrestrial Zone must be approved by the National Institute of Housing and Urbanism and the Costa Rican Tourism Institute, as well as by the other official bodies that have competence to intervene for that purpose, in accordance with the law. Use of the maritime-terrestrial zone. As explained, the Administration may grant special permits for use of public domain assets, which may consist of simple use permits or use concessions. These figures have important differences, although perhaps the most relevant refers to the nature of the right that arises from each one of them. The use permit is a unilateral act of the Administration, by means of which the beneficial use of the asset is placed in the hands of the individual, with the State always reserving the direct domain over the thing. This permit, being a precarious right, may be revoked unilaterally by the Administration for reasons of opportunity and convenience without liability for the Administration, with the caveat that it cannot be arbitrary or untimely, as provided by Article 154 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). For its part, the concession is a bilateral, contractual act carried out between the individual and the Administration, by means of which a subjective right of the individual to the use and enjoyment over the asset arises, for the term and under the conditions that the law establishes. Of course, without the Administration losing guardianship over the demanial asset. In this sense, and in accordance with Article 41 of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone, the concession constitutes the lawful and normal instrument available to individuals for the use of the restricted zone of the Maritime-terrestrial Zone. For its part, numeral 40 of the cited law delegates to the Municipalities the granting of these concessions, with subsequent approval from the ICT (Article 42). Requirements for granting concessions. In accordance with canon 38, first paragraph, of the cited Law and numeral 19 of its Regulation, the sine qua non requirement for the granting of concessions is the existence of a regulatory plan, since if it does not exist, it is not possible to grant any concession by the Municipalities. Some coastal zones of various cantons, for many years, have not had a regulatory plan, so the only legal figure that can be used to justify placing the beneficial use of real estate properties located in the maritime-terrestrial zone in the hands of individuals is the use permit: whether as an occupant (see Transitory Provision VII of the cited Law) or as a settler (poblador) (see Article 70 of the same law). However, these use permits are subject to two fundamental characteristics: that they do not affect the natural conditions of the zone nor hinder the free use of the public zone, and that their execution in no way limits the future implementation of a regulatory plan. Likewise, there must be a demarcation of the public zone, which must be published by the National Geographic Institute in La Gaceta. In addition, the ICT must declare the area as having a tourist or non-tourist aptitude. Likewise, there must be certification from MINAET regarding the existence of forest areas or areas of forestry aptitude that constitute PNE. This is because, it is reiterated, if they exist, the Municipality lacks the competence to grant concessions since, despite being a maritime-terrestrial zone, its administration corresponds to MINAET, in accordance with Article 13 and following of the Forest Law, already explained. Finally, the respective file must contain the administrative appraisal carried out by the Tax Administration of the zone. Other legitimate forms of occupation of the maritime-terrestrial zone. In addition to the permit and the concession, the Law of the Maritime-Terrestrial Zone regulates other legitimate forms of occupation on said lands, especially to regulate occupations prior to the entry into force of the aforementioned Law, which it is necessary to at least define. Transitory Provisions I and II refer to concessions and lease contracts granted based on previous laws. Regarding lease contracts, these shall pass to the control of the respective Municipalities and continue under the same terms and conditions under which they were agreed, but upon their expiration and if their extension is agreed upon, they shall be modified in accordance with the rules of Law No. 6043. Likewise, the obligation is imposed that both the Municipalities and, at that time, the Institute of Lands and Colonization, must send to the Costa Rican Tourism Institute, within the first six months of the validity of Law No. 6043, copies of the contracts or concessions they have granted in the maritime-terrestrial zone, without prejudice to the interested parties also presenting their contracts within that period to said Institute, for purposes of their registration therein. Once that term expired, if said contracts were not presented, they lost their validity and were extinguished. On the other hand, Article 70 of the cited Law regulates the figure of settlers (pobladores). It must be interpreted in light of that rule that settlers of the maritime-terrestrial zone are Costa Ricans by birth, with more than ten years of residence in it, according to information from the authority of the local Rural Assistance Guard or certification from the Electoral Registry regarding their domicile. If they meet the requirements demanded by law, even without a concession, they may continue to be located on the lands of the maritime-terrestrial zone, until the Coastal Regulatory Plan is issued. In the event that their construction does not conform to what is implemented by the Regulatory Plan, they must be relocated and compensated for their improvements. It must be interpreted that this type of occupation of the maritime-terrestrial zone is lawful and valid, so much so that to be relocated they must be compensated for their improvements. Furthermore, settlers cannot be subject to relocation until the mentioned Regulatory Plan has been approved. Finally, Transitory Provision VII of the Law mentioned so many times indicates that municipalities with jurisdiction in the maritime-terrestrial zone will collect the fee established by this law from the occupants thereof. From this rule, it has been interpreted that occupants are all those persons who, without meeting the condition of settlers, have occupied the maritime-terrestrial zone, even in an unauthorized manner, prior to the entry into force of Law No. 6043. It is to them that Article 44 of the same Law refers when, in delimiting a series of criteria on priority for granting concessions, it emphasizes that "under equal conditions, preference shall be given to the occupant of the land who has possessed it quietly, publicly, and peacefully in a continuous manner." These occupants have a subjective right in the priority of their concession applications over others, provided that the use is compatible with the one established in the planning of the sector, but it must always be kept in mind that this privilege is strictly tied to their condition as occupants. It is not a legitimate interest, since there is no discretionary power of the Administration when deciding on the applications. If the occupant meets the subjective and objective conditions established by Law No. 6043 and the requested use is in accordance with the development plan, it is the duty of the Administration to grant the concession contract. On the other hand, it must be indicated that the conditions of occupant or settler are Intuitu Personae conditions, that is, based on the qualities or conditions of them. Therefore, they are evidently not transferable. From this perspective, any transfer of "occupation rights" constitutes a vitiated practice to seek to legitimize and perpetuate over time an alleged occupation that has been exercised in disregard of the legal framework. They constitute contractual acts that, evidently, do not harm the State in its ownership and are completely null as they fall, it is reiterated, upon public domain assets. If none of these forms of occupation is present, meaning, concession, permit, lease contract, condition of settler or occupant, the possession or occupation exercised in the maritime-terrestrial zone is, in the opinion of this Tribunal, illegitimate.

VI.- THE LANDS INCLUDED IN THE REGULATORY PLAN CONSTITUTE NATURAL HERITAGE OF THE STATE.

In the opinion of this Tribunal, the main claim upon which this proceeding revolves is to elucidate whether the lands included in the Punta Ventanas de Osa Coastal Regulatory Plan constitute PNE because they are forested lands. This is because, to a large extent, the rest of the claims depend on this one. In this sense, the evidentiary matters carried out allow for the conclusion, without any doubt, that for the most part, they are. Having evaluated the evidence contained in the record, this collegiate body has no doubt regarding the forested nature of the majority of those lands. The analysis of the aerial photographs from the years 1979, 1998, 2005, and 2008 shows us, with absolute clarity, a forested area that has been in evident decrease. In addition to this, the technical evidence was conclusive in that sense. Engineer Carlos Rodríguez Blinda affirmed in his statement at the sole hearing the existence of primary forest in the 1979 photograph and how in the subsequent ones, clearings begin to be glimpsed in the middle of the forest. Likewise, Forestry Engineer Carlos Madriz, who was the official who carried out the survey report of the Natural Heritage of the State, which ultimately served as the basis for the certification issued in that regard by SINAC, stated that said lands constitute a forested unit. He affirmed, even, that despite the alterations they have suffered due to the elimination of the lower vegetation, they meet the legal definition of forest. Likewise, the expert witness Leonardo Mora Durán also accepted in his statement that in the maritime zone of Punta Ventanas de Osa, there are zones with and without forest. The documentary evidence brought to the record is also clear regarding the existence of forest in said zone, not only currently but in previous years. The document RT-279-8-83, of August 8, 1983, by which the head of the Department of Tourism Resources of the ICT sent to the Department of Urbanism of the INVU a Land Use Plan for the coastal sector of Punta Ventanas de Osa, for its approval, contains a clear reference in this sense. Said official communication indicated that the plan had a strong emphasis on the protection of a forested area that is unique in that zone and that all the property behind the maritime-terrestrial zone will be preserved with emphasis on protection of the forested area (folio 10 of the administrative file of INVU in relation to folios 13 and 21 of the same file). Likewise, the certification issued on October 18, 2007, by ACOSA and the Report on the Survey of Areas of Natural Heritage of the State in that zone are conclusive and confirm the existence of forested ecosystems on those lands. Finally, from the judicial inspection carried out on October 7 of last year, this Tribunal was able to confirm, in situ and without any doubt, the presence of forest.

Now, having demonstrated the existence of forest on the lands within the maritime terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa and, as explained in Considerando V, taking into account the inalienable character of those lands as public domain assets, the immediate legal consequence is that they constitute Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), as established by Articles 13, 14, and 15 of the Forest Law (Ley Forestal). It is reiterated that, as was extensively stated in Considerando IV, this declaration is a mere confirmation, since the dedication to the PNE is legal and immediate. It must be borne in mind that the Natural Heritage was already defined even in the Forest Law prior to the current one, as even the Biologist Juan Sánchez referred to in his statement. The certification that classifies and delimits the areas that constitute Natural Heritage of the State in inalienable zones (Articles 15 and 16 of the Forest Law), as explained, constitutes a power that MINAET, through the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), must exercise ex officio and not only at the request of a party. This classification carried out by the National System of Conservation Areas, regarding the type of ecosystem existing on the properties included within the Natural Heritage of the State, constitutes a mere categorization of those to determine whether there is a presence of forests, lands with forest aptitude (terrenos de aptitud forestal), wetlands, mangroves, among others. It is for this reason that this Court has the firm conviction that in the present matter there has been serious omissive conduct by the State, through MINAET and SINAC, to the extent that it was not until 2007 that such delimitation and classification was carried out, despite the fact that it has been proven that said lands have constituted, at least since 1979, forest units and, therefore, PNE. But this subject will be the object of a later analysis. It must also be concluded that since the forested areas of the maritime terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa constitute Natural Heritage of the State, in accordance with Article 13 of the Forest Law, their administration corresponds to the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, MINAET), and not to the Municipality of Osa. As already indicated in a previous considerando, the PNE is a public domain asset whose conservation and administration have been attributed by the legislator to MINAET, specifically through the National System of Conservation Areas (SINAC). The foregoing is clearly deduced from a set of norms that develop the content of Article 50 of the Constitution, among which Articles 6 subsection a), 13 second paragraph, and 14 of the Forest Law, and 32 second paragraph of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) stand out. In accordance with the aforementioned Article 13, a component of the PNE consists of forests and forest lands or lands with forest aptitude belonging to the State, the Municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, with the exception referred to in the same norm. It is reiterated, it is a matter of immediate legal dedication. Although Article 3 of the Maritime Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítima Terrestre) indicates that the usufruct and administration of the maritime terrestrial zone correspond to the Municipality of the respective jurisdiction, the truth is that said norm must be interpreted in light of the entire block of current legality. In this sense, this Court considers that it must be kept in mind that the legal system constitutes a harmonious whole, so its norms must be interpreted in a systematic and integral manner and not in isolation; such that, as the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has well indicated in its Resolution No. 07603-2001, "...the content of an article is determined in articulation with the set of norms that surround it; not in a separate form...." In the specific case, with the current regulations, an integral interpretation is required, which reconciles and unravels the true meaning of Articles 13, 14, and 15 of the Forest Law, as connected, coordinated, and interdependent precepts of a legal system that is characterized, as indicated, by its unity and logical coherence. All the foregoing is oriented toward the fulfillment of the environmental public interest regarding the protection and conservation of the environment, which includes, of course, forests and lands with forest aptitude. Having carried out this interpretation, this Court concludes that the forested areas and lands with forest aptitude of the coastlines (which per se constitute Natural Heritage of the State), are under the administration of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications and not of the municipal corporation. This is so because, in the first place, it must not be overlooked that said assets constitute public domain, therefore, they belong to the State. In that sense, although it is true that initially the legislator, through Law No. 6043, entrusted the administration of both the public zone and the restricted zone in the maritime terrestrial zone to the Municipalities, the truth is that this same sovereign legislator, through a later law, understood as No. 7575, determined that forests and lands with forest aptitude that are in the maritime terrestrial zone must be administered by MINAET and not by the municipal corporation of the corresponding jurisdiction. In the second place, Article 13 of the Forest Law undoubtedly introduced a change of destination and regime for this type of assets, which constitutes a subjective change of public domain designation (mutación demanial subjetiva) that modified, among other things, the administration, uses, exploitations, and planning in those areas. In the judgment of this Court, this change responds to a prevailing legal interest, which requires more intense, specialized, coherent, and integral guardianship, which responds to a State policy that goes beyond simple local interests. It concerns the protection of biodiversity and fragile ecosystems that coexist in the maritime terrestrial zone and that are closely linked to the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment. In the case of Punta Ventanas de Osa, emphasis must be placed, in addition to the prevailing ecosystem in the zone, on the existence of the Danta Biological Corridor (Corredor Biológico de la Danta) and on the affirmation that Engineer Carlos Rodríguez Blinda made, to the effect that if the clearings continue, said corridor would disappear from the forest, since the land-use change (cambio de uso del suelo) would entail the emigration of the fauna present there. Regarding the change of public domain designation that in the judgment of this Court prevailed, it was carried out by legislative act, that is, by a norm of equal rank to the one that initially gave that zone in administration to the Municipalities. Compliance with the essential requirement for this type of change to operate is therefore observed. In addition to the foregoing, the Forest Law is a special law that regulates the forested, forest, and forest-aptitude zones found in the country. This Court finds no logical reason or convenience that justifies excluding forests located in the maritime terrestrial zone from this regulation. Quite the contrary, excluding these forests from the special regulations that have been issued for such purposes violates the unity and coherence that must prevail in the planning, management, and guardianship of the forests of the Natural Heritage of the State, which, it is insisted, must be subjected to a single regulation and policy of use and conservation, whether or not they are in the maritime terrestrial zone. The contrary would violate, in the judgment of this body, the rational and sustainable use of the forest resource imposed by Article 50 of the Political Constitution. In the sub iúdice, it is reiterated, it has been proven that, in general, the lands included in the Regulatory Plan (Plan Regulador) of Punta Ventanas de Osa constitute forested areas or lands with forest aptitude, legally and immediately dedicated to the Natural Heritage of the State, whose administration corresponds, by that same legal provision, to MINAET. It should also be noted that the Constitutional Chamber has recently ruled regarding the incompetence of the Municipalities to administer forest areas in the maritime terrestrial zone. In this sense, through Voto No. 16975-2008, at 2:53 p.m. on November 12, 2008, when annulling a Decree that affected forest areas in the maritime terrestrial zone, it stated that "...In this extreme, the Decree exceeds the limits of the exercise of the regulatory power, by attributing to the Municipalities a competence that they do not have by law to administer and grant concessions over the Natural Heritage of the State on the coastlines (Protected Wild Areas and other public forests or forest lands)..." Finally, it is appropriate to clarify that the declaration of PNE that this Court confirms, is only with respect to the lands of the maritime terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa that constitute areas with forest cover (cobertura boscosa). This precision is fundamental since, from the evaluation of the evidence adduced, it is clearly determined that not the entirety of said maritime zone constitutes forest. In this sense, the certification issued by Ms. Etilma Morales Mora, Director of the Osa Conservation Area (Área de Conservación de Osa) of SINAC, is clear in that there are 15.22 hectares that constitute forested lands and 2.11 hectares that correspond to area without forest. This certification was issued based on the Report on the Survey of Areas of Natural Heritage of the State in the Regulatory Plans of Punta Ventanas de Osa and Shark Bay Dos Mil (Informe de Levantamiento de Áreas de Patrimonio Natural del Estado en los Planes Reguladores de Punta Ventanas de Osa y Shark Bay Dos Mil), prepared by Engineer Carlos Madriz V. Consistent with the foregoing, in his statement, Engineer Madriz not only confirmed what was stated, but, in exercise of the principle of orality, specified a detail that for this Court is fundamental. At the time of explaining Figure 3 of the cited report "Mapa de delimitación de las áreas con bosque natural y las áreas sin bosque, Plan regulador Ventanas de Osa, 2006." ("Map of delimitation of areas with natural forest and areas without forest, Ventanas de Osa Regulatory Plan, 2006."), this expert witness was conclusive in explaining that although the 2.11 hectares do not meet the legal definition of forest, the truth is that in that zone there are areas with isolated trees and that, in light of the 1979 aerial photograph, it was clearly evident that they were natural forest, later altered by human interventions and on which, in the expert's judgment, forest regeneration is possible. The foregoing, unlike what the expert witness identified as areas without forest cover. This remnant coincides with the site where the constructions are and where, already since 1979 (according to the photograph), a white spot is observed in that zone, which demonstrates, in the judgment of this body, that it did not have forest cover. This Court grants full probative value not only to the report presented by Engineer Madriz, but also to his technical explanation regarding Figure 3 contained in the cited report. In light of that evidence, plus the aerial photographs, it is evident that part of the forest was altered by human activities and, as a consequence thereof, today they constitute areas with isolated trees. By virtue of the concept of Natural Heritage of the State, together with the Principle of Non-Reduction of Forest (Principio de Irreductibilidad del Bosque) and the regeneration that can be carried out on that zone, this collegiate body considers that this area with isolated trees constitutes, together with what today remains of natural forest, Natural Heritage of the State. However, what both Figure 3 of the Report and Engineer Madriz's own testimony call the area without forest cover, and which, in the expert witness's judgment, coincides with the white spot revealed by the 1979 photograph, is not within the PNE. In this zone, this Court considers that it is not possible to demonstrate with technical certainty the existence of forest in that zone. For the foregoing reasons, it is declared that the lands of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa that, according to Figure 3 called "Mapa de delimitación de las áreas con bosque natural y las áreas sin bosque, Plan regulador Ventanas de Osa, 2006." and that is contained in the Report on the Survey of Areas of Natural Heritage of the State in the Regulatory Plans of Punta Ventanas de Osa and Shark Bay Dos Mil, prepared by Engineer Carlos Madriz V, are indicated as Areas with Natural Forest and Areas with Isolated Trees, constitute Natural Heritage of the State. The administration of this zone corresponds to MINAET. For its part, the remaining land that coincides with what the cited Figure No. 3 calls Area without forest cover, does not constitute Natural Heritage of the State, being, therefore, under the administration of the Municipality of Osa as provided in Article 3 of the Maritime Terrestrial Zone Law. Finally, this Court must add that, although this zone without forest cover is subject to municipal administration, the truth is that this does not imply, per se, that it is plannable. The foregoing, because, as will be seen later, the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) in force to date has serious defects that generate its absolute nullity. Therefore, the municipal corporation of Osa must, if it wishes to plan the land use (uso del suelo) in that area, adopt a new Regulatory Plan, which must be submitted to compliance with the requirements demanded by the legal system. This includes, obviously, the declaration of tourist interest by the ICT, the approval of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) by SETENA, and the approval by the ICT and INVU. The situation of that zone must be kept in mind throughout that entire process, namely, it is a portion embedded within forested lands, which makes a zealous and careful analysis of the possible planning necessary, to guarantee that it is carried out in balance with the forested nature and the ecosystems that prevail there. Only thus could one speak of sustainable development. It is worth warning that in a later considerando, the situation of the constructions located in that non-forested zone will be analyzed.

VII. ON THE VALIDITY OF THE COASTAL REGULATORY PLAN OF PUNTA VENTANAS DE OSA.

Having declared that the so-called areas of natural forest and isolated trees of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa constitute Natural Heritage of the State and that their administration corresponds to MINAET, we shall proceed to analyze the formal conducts challenged. The plaintiffs seek to have the Regulatory Plan of Punta Ventanas de Osa declared absolutely null, for four specific reasons. In this sense, this Court will proceed to analyze each of them in order to determine whether they are admissible or not. Lack of competence to approve the Regulatory Plan. The plaintiff alleges that the Municipality of Osa was incompetent to issue and approve the Regulatory Plan of Punta Ventanas de Osa, since, despite being a maritime terrestrial zone, the lands covered by the cited Plan constitute Natural Heritage of the State (PNE), so their administration would correspond to the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications and not to the municipal corporation. In the sub iúdice, it has been proven that, as already declared, the lands included in the Regulatory Plan of Punta Ventanas de Osa that constitute forested areas and areas with isolated trees are legally and immediately dedicated to the Natural Heritage of the State, whose administration corresponds, in effect, to MINAET. For the foregoing reasons, the Municipality of Osa lacked the competence to administer those forest lands in the maritime terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa, which implied, of course, the impossibility of issuing and approving a Coastal Regulatory Plan in that zone or granting concessions, and this Court must so declare, with the consequent nullity of the cited planning instrument. It should also be noted, as already cited, that the Constitutional Chamber has recently ruled regarding the incompetence of the Municipalities to administer forest areas in the maritime terrestrial zone. In this sense, through Voto No. 16975-2008, at 2:53 p.m. on November 12, 2008, when annulling a Decree that affected forest areas in the maritime terrestrial zone, it stated that "...In this extreme, the Decree exceeds the limits of the exercise of the regulatory power, by attributing to the Municipalities a competence that they do not have by law to administer and grant concessions over the Natural Heritage of the State on the coastlines (Protected Wild Areas and other public forests or forest lands)..." It should be noted, however, that in the remaining area of that maritime terrestrial zone, that is, the area without forest, the administration is municipal, and that corporation must issue the corresponding Coastal Regulatory Plan, in absolute respect for the block of current legality, if it intends the tourist development of that zone. Despite the nullity already declared, due to the manner in which the matter is resolved, this Court deems it necessary to refer to the remaining grounds of legality alleged by the plaintiff.

On the certification of Natural Heritage of the State: The plaintiff indicated that another ground for nullity of the Regulatory Plan is the fact that it was approved by the Municipality of Osa, the Costa Rican Institute of Tourism (Instituto Costarricense de Turismo, ICT), and the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU) without the certification of Natural Heritage of the State issued by MINAET, specifically by the National System of Conservation Areas. This Court fully shares that affirmation. It is reiterated that from the letter of Articles 13 and 15 of the Forest Law, it is clearly inferred that, prior to exchanging, ceding, alienating, delivering, leasing, or generally disposing of rural lands owned or administered by them, the organs, entities, or corporations of the Public Administration must request the classification from MINAET in order to determine if those constitute Natural Heritage of the State, because they are forests and forest lands. In the judgment of this Court, the norms are clear and impose a power-duty on the active Administration, the fulfillment of which is unavoidable, and its violation would imply a contravention of the principle of legality in its positive aspect. Under this approach, it is undeniable that prior to the approval of the Regulatory Plan of the Coastal Sector of Punta Ventanas de Osa, both the Municipality and the ICT and INVU should have requested the cited certification. Moreover, by virtue of the fact that these are powers, as was explained in Considerando IV, MINAE itself and SINAC should have, ex officio, classified and determined the existence of forest in that zone, pursuant to the provisions of the aforementioned Articles of the Forest Law and numerals 21, 50 second and third paragraphs, and 89 of our Magna Carta. It is not legally acceptable that the governing bodies in environmental matters have not exercised, ex officio and on time, the powers that the legislator has entrusted to them. This constitutes an administrative omission that finds no justification in Law. An action in accordance with law, diligently and for the sake of protecting the guarantee contemplated in Article 50 of the Constitution by MINAE and SINAC, would have implied that at the time of issuing the cited regulatory plan, the classification and delimitation of the Natural Heritage of the State would have been carried out, which would have prevented that planning instrument from being adopted. But reality shows us otherwise. The classification and delimitation was not carried out until 2006 and was certified until 2007. From the evidence adduced in the sole hearing, the existing lack of knowledge on the matter was demonstrated, even by MINAET's own authorities. In her statement, Ms. Etilma Morales Mora, Director of the Osa Conservation Area, indicated that the study for the delimitation of PNE was requested by the Municipality of Osa (that is, at the request of a party) and that although the PNE survey report was delivered by Engineer Madriz in October 2006, the certification was not issued until a year later, because only by that date was she certain. On the other hand, Biologist Juan Sánchez indicated in his statement that before the opinion of the General Attorney's Office of the Republic (Procuraduría General de la República) in 2004 (to which this Court will refer below), the classification process was not always done in the maritime terrestrial zone. He also indicated that despite the Forest Law, MINAE had not assumed it. Even the testimony of Leonel Rosales, when he indicated that the demarcation of the forest was a competence of MINAE for many years but that it did not do it. Now, the fact that MINAE or SINAC had not carried out the cited delimitation in no way justifies the omission by the Municipality of Osa, the ICT, and INVU. All of them, in compliance with the legal system in force at that date, should have verified the existence of the classification prior to its approval. The defendants argued that this was not a requirement that was demanded until after opinion C-297-2004 of the General Attorney's Office of the Republic. This Court cannot share this argument. It has been extensively explained that it is a legal requirement, the fulfillment of which cannot be contingent on whether the General Attorney's Office points it out or not. The defendant institutions should have complied with the provision in the norm and demanded it. To do otherwise would be to admit that lack of knowledge and ignorance of the laws justify their non-compliance and to admit violations of the block of legality in its positive aspect, a situation that this Court could in no way share. Nevertheless, it is evident from the record that the cited planning instrument was approved by all the entities involved without said requirement, after the date of the referred opinion, and with which they attempt to justify the non-compliance. It has been proven in the record that the ICT gave the first approval to the cited plan in July 2002, but carried out the final approval on April 19, 2005; that INVU approved said plan on October 27, 2004; and that the Municipality did so on December 22, 2004. From the foregoing, it is clearly evident that on the date of approval, the opinion already existed. Even though from the testimony of Mr. Leonel Rosales, an INVU official, it is inferred that this institute became aware of the opinion in 2006, the truth is also that from his testimony and the documentary evidence, it is evident that already in the eighties, when there was a first regulatory plan for the zone that was submitted for study, both that institute and the ICT knew of the existence of forest, and, in the case of INVU, it suspended its approval until it was determined who was going to administer that zone (folios 10, 13, and 21 of the administrative file provided by INVU). But it is reiterated, the fulfillment of the requirement indicated in Articles 13 and 15 of the Forest Law is imposed, not with the cited opinion C.297-2004, but from the legislative text itself, of which the Public Administration could not allege ignorance. However, this Court cannot ignore that it is also evident from the sole hearing that there was a lack of knowledge and a problem of interpretation of the Forest Law and the Maritime Terrestrial Zone Law by legal operators in the administrative sphere. But this justifies the non-compliance with powers that implied omissions that placed the forest ecosystem of Punta Ventanas de Osa in a highly vulnerable position, exacerbating its deterioration. The defendants also alleged that the certification of Natural Heritage of the State issued by ACOSA was null since it was issued with a methodology already repealed in 2008 and that the new Executive Decree No. 34295-MINAE, of January 29, 2008, required a reclassification to be carried out on lands where the methodology imposed in resolution R-SINAC-13-2006 had been applied. In this sense, this Court considers it convenient to outline some clarifications. First. The PNE certification that ACOSA issued to classify the lands of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa was carried out with the methodology that SINAC approved via resolution R-SINAC-13-2006, which was in force at the time of its adoption. Second. The cited resolution does not impose a single and mandatory methodology. This is so because, from the testimony of Engineer Madriz Vargas, it was clear that methodologies serve to unify criteria, but they are not what define the parameters to delimit the forested areas that constitute Natural Heritage of the State. Those parameters are in the legislation, for example, in the definition of forest and the qualitative and quantitative elements it involves. Likewise, the expert witnesses Etilma Morales, Carlos Madriz, and Juan Sánchez indicated that both the methodology established in 2006 (in the aforementioned resolution) and the one established in Executive Decree No. 34295-MINAE, of 2008, are similar, since they adhere to the legal definition of forest. Third. Having evaluated the testimonial evidence, this Court finds no defect in the cited certification issued by ACOSA, since the methodology on which Engineer Madriz's Report is based, and on which the cited certification is founded, was, it is insisted, in force at the time of certifying, was extensively explained by the professional during the trial, and complies with the aspects involved in the definition of forest. To the foregoing, it must be added that it could not be demonstrated that it had been challenged in administrative proceedings, nor that the Municipality of Osa had requested from SINAC the reclassification of the certification that classified the PNE on the lands of the maritime terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa. Fourth. Articles IV, VII, as well as Transitorios II and III of the cited Decree, which refer, in general, to reclassification, the possibility that a private law subject certifies the PNE, and the possibility that positive silence operates, are challenged before the Constitutional Chamber, as recorded in files No. 08-004934-0007-CO and 08-10781-0007-CO. For this reason, their immediate application is suspended, which in any case would prevent any reclassification until the unconstitutionality action is resolved. Given that they are procedural norms, their application would be prohibited from the very moment they must be applied during the course of the process. For the foregoing reasons, this Court considers that the unconstitutionality actions filed do not suspend the issuance of this judgment, since, it is reiterated, the challenged norms are neither questioned nor applied in this process. Sixth. This Court discounts the credibility of the certificate issued by Leonardo Mora Durán, which appears on folios 156 to 167 of the judicial file, for several reasons: On the date of issuance of the cited certification, the only subject competent to issue this type of certifications was, and continues to be to date, by virtue of the suspension of Article IV of the cited decree No. 34295-MINAE, MINAET through SINAC. Even Mr. Chacón himself warned in his statement that he does not have public faith to issue this type of certifications. Moreover, he indicated that they only refer to zones without forest. Finally, he was rather imprecise regarding the methodology he applied: he referred to Internet images but from years past, and did not indicate how he measured the zones. The foregoing contrasts with the technical clarity with which Engineer Madriz detailed his fieldwork and allows this Court to undoubtedly grant greater probative value to the latter. For the foregoing reasons, the declaration of absolute nullity of the Plan is also warranted because it was adopted and approved without the PNE having been classified and the corresponding certification having been issued.

On the absence of the Environmental Viability Certification. A third ground for nullity of the Regulatory Plan of Punta Ventanas put forth by the plaintiff is that it was approved by the Municipality of Osa, the Costa Rican Institute of Tourism, and the National Institute of Housing and Urbanism without the environmental viability certification. In this sense, and as already explained, the Environmental Impact Assessment (EIA) (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) is constituted as an environmental management instrument that, in an orderly and scientific manner, analyzes behaviors contemplating a dual objective: to prevent, correct, and stop the degenerative process; and on the other hand, to ensure that future conduct does not contribute to that process. Said procedure is issued as a basis or prior requirement for subsequent ones and is issued by the competent public administrations with expertise in environmental matters. Seen thus, in simpler terms, it is the procedure by virtue of which the effects and consequences that a project, work, or human activity will generate on the environment are estimated. Given the transcendence of the protected legal good, its support is rooted in the doctrine of numeral 50 of the Political Constitution, therefore, since it is the duty of the State to provide due, efficient, and timely guardianship of the environment, which includes natural as well as scenic resources, it is an important mechanism for exercising environmental policy, which has a direct and immediate application in productive activities, so as to achieve harmony and compatibility of those economic or social exploitations with the preservation of the environment, within a vision of sustainability. As relevant, it is worth mentioning that Article 17 of the Organic Environmental Law states that "....

Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, will require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) created in this law. Its prior approval, by this agency, will be an indispensable requirement to begin activities, works, or projects. The laws and regulations will indicate which activities, works, or projects will require the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental)...." For its part, the General Regulation on EIA Procedures, Executive Decree number 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, in its Article 67 reiterates that obligation when it provides "... The Regulatory Plans (Planes Reguladores) established by the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) and by the Maritime Zone Law (Ley de la Zona Marítima Terrestre), or any other instrument for planning land use or territory, as a way to plan the development of human activities potentially impacting the environment, must fulfill the requirement of integrating the environmental impact variable, which will be subject to an environmental feasibility process (proceso de viabilidad ambiental) by SETENA, prior to their approval by the respective authorities. The introduction of the environmental variable in regulatory plans (planes reguladores) or any other territorial planning instrument must be subject to the technical procedure for the introduction of the environmental variable in regulatory plans (planes reguladores) established in the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, Manual de EIA- Part III). This procedure may be applied, both to those territorial planning instruments that are to be developed or are under development, as well as those already approved, but that still do not have the environmental variable integrated into them. To introduce the environmental variable into the master architectural plans (planes maestros arquitectónicos), they must comply with the provisions of the indicated Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, Manual de EIA - Part III), in order to become Environmental Development Plans (Planes Ambientales de Desarrollo)...." As has been noted, the Costa Rican State has committed to a policy of environmental protection that includes the protection of forest resources. From this perspective and considering the implications of human works on the environment, in the judgment of this Tribunal, the evaluation of that impact on the environment is justified and required. From this standpoint, the requirement imposed by the legal system regarding the environmental impact assessment (evaluación de impacto) or environmental feasibility (viabilidad ambiental) by SETENA prior to the approval of any work or project is clear, which includes the approval of Coastal Regulatory Plans (planes reguladores costeros). Thus, at the time of the approval of the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) of Punta Ventanas de Osa, the legal and regulatory provisions that imposed such a condition were already in force. Despite this, the Regulatory Plan (Plan regulador) was approved by all involved entities without that requirement. It has been proven in the case file that ICT gave the first approval to said plan in July 2002, and final approval occurred on April 19, 2005; that INVU approved said plan on October 27, 2004, and that the Municipality did so on December 22, 2004. From the above, it is inferred that even though the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) has been in force since 1995 and already imposed the participation of SETENA in the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) for this type of activities, which is reinforced by the aforementioned Regulation in force since June 28, 2004, none of the mentioned entities verified compliance with that requirement when approving said plan. It is also demonstrated that SETENA has not issued, to date, any type of environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) or environmental feasibility certificate (certificado de vialidad ambiental) for the plan analyzed here. This omission by the municipal corporation, INVU, and ICT openly contravenes the block of legality in force and violates the guarantee enshrined in Article 50 of the Constitution, which, it is insisted, is a fundamental right of every person and functions as an unavoidable general principle, given that in this matter, in the judgment of this Tribunal, there is no room for exceptions to exonerate from the fulfillment of environmental obligations, since this could deconstitutionalize said guarantee of state response in defense of the environment, forests, and forest resources. This is a regulatory plan (plan regulador) that contemplates different land uses, tourism and urban projects, in a maritime zone (zona marítima terrestre), which is composed, as already declared, of a majority of forested areas. Without a doubt, the human activities that the plan intends to develop can alter or destroy elements of the prevailing ecosystem in the area, which unavoidably required the completion of some evaluation of their impact on the environment (whether called an EIA or environmental feasibility certificate (certificado de vialidad ambiental)). That omission, by itself, generates the absolute nullity of the formal conduct challenged here. The argument put forth by INVU that the requirements demanded by ICT for the approval of the Regulatory Plan (Plan Regulador) did not include this type of certifications is not justified, in the judgment of this body. It is reiterated, the requirement was imposed by law and lack of knowledge or ignorance thereof cannot be claimed; in any case, the regulation was published prior to that institute's approval and specifically reinforces compliance with integrating the environmental variable in regulatory plans (planes reguladores). If the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) of Punta Ventanas de Osa submitted for INVU's approval did not comply with the environmental feasibility process (proceso de viabilidad ambiental) before SETENA, that institute should not have approved it and rather had the obligation to demand that it integrate the environmental variable prior to its approval, as provided and as it still provides to date, by the legislation in force. Although from the testimony of Leonel Rosales it could be inferred that INVU assessed the environmental variable when approving the plan, the truth is that what was required was the environmental impact assessment (evaluación de impacto) or environmental feasibility process (proceso de viabilidad ambiental) by SETENA prior to the approval of the coastal regulatory plan (plan regulador costero). That was the competent body to determine the impact of the Regulatory Plan (Plan Regulador) on the area's ecosystem. The evidence brought to the proceeding reliably demonstrates that SETENA did not issue any type of environmental impact assessment (evaluación de impacto) or environmental feasibility (viabilidad ambiental) during the procedures that concluded with the approval of said plan (SETENA certification, the Regulatory Plan (Plan Regulador) itself). It must be kept in mind that it is the competent authorities that must issue the administrative acts. Only they could have guaranteed that there was congruence between the potential environmental impact that the land uses contemplated by the Regulatory Plan (Plan Regulador) would generate and the condition and quality of the ecosystem of Punta Ventanas de OSA. Furthermore, it is important to note that the aforementioned Article 67 of the General Regulation on EIA Procedures already transcribed allows for the integration of the environmental variable into regulatory plans (planes reguladores) already approved but that do not yet have said variable. While it is reiterated that the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) analyzed here should have been approved with an environmental impact study or with the environmental variable duly integrated through the processes established for that purpose by SETENA (since at the time of its approval said requirement had already been implemented by the block of legality), the truth is that, in a completely irregular manner, it was approved without it. Even worse, it was also not demonstrated that, to date, any of the entities involved in the approval of the regulatory plan (plan regulador) have managed the introduction of this variable into it. This becomes important if one considers that said plan has been in force for more than three years. The foregoing demonstrates the absolute lack of interest, particularly on the part of the Municipality of Osa, the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo) as the superior supervisor of the maritime zone (zona marítimo terrestre), and the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo) as the competent entity for land planning and use, in complying with legality and the effective protection of the environment, which, as public entities, they are obligated to ensure. Now, regarding the argument raised by the Municipality of Osa and the defendant companies that this omission does not generate absolute nullity but relative nullity since the environmental integration is possible in environmental regulatory plans (planes reguladores ambientales) as permitted by the cited norm, this Tribunal considers that the technical advisability of this is questionable. This is because the requirement for compliance with the cited requirement prior to the approval of the Regulatory Plan (Plan Regulador) is not arbitrary; it responds to the preventive purpose of this type of instrument. The aim is that, prior to the planning and determination of land use, the existence of fragile ecosystems is considered and evaluated so that the development of the area takes place in absolute harmony with the environment. In the specific case, it has been proven that the majority of the lands included in the Regulatory Plan (Plan Regulador) of Punta Ventanas de Osa constitute State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE) because they are forests, which accentuates the need for the environmental variable to have been duly considered prior to the approval of the Regulatory Plan (Plan Regulador).

4. The preparation of the Regulatory Plan (Plan Regulador) by private companies. The plaintiff alleges that the Regulatory Plan (Plan Regulador) of Punta Ventanas de Osa S.A. was prepared by a private company. Additionally, said company was contracted and paid directly by the company Las Ventanas de Osa S.A., which implies a serious defect of nullity since that private company lacks competence, investiture, and standing to exercise that power which belongs to the Public Administration. In this regard, it must be noted that as indicated by Article 66 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), the exercise and fulfillment of public powers are unwaivable, non-transferable, and imprescriptible. For this Tribunal, there is no doubt that the power to plan and order the territory is a public power. Likewise, an interpretation of Article 169 of the Political Constitution, numerals 15 and 17 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), as well as canons 3 and 35 of the Maritime Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre), and Article 13 of the Municipal Code, allows affirming that the power to elaborate, adopt, and issue territorial planning plans (planes de ordenamiento territorial) both in urban zones and in the maritime zone (zona marítima terrestre) corresponds exclusively to the Municipalities. This is a power that involves not only a final decision by the local corporation, but also that it must be the result of the definition of policies and guidelines regarding land use and in attention to public purposes or interests. Now, the legislator, foreseeing that local governments could have technical or economic deficiencies that would prevent them from carrying out planning and ordering on the coasts within their jurisdiction, expressly regulated the possibility for local governments to request collaboration from other entities with competence in these matters. Thus, in accordance with Articles 26 and 38 of the Maritime Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre) in relation to canon 17 of its Regulation, said corporations can request ICT or INVU to prepare coastal regulatory plans (planes reguladores costeros) as a form of institutional technical or economic support. However, from the block of legality in force, no type of normative enablement is apparent for subjects of private law to exercise said power. And it does not exist because it would violate Article 66 of the LGAP already cited, since it would imply a waiver or delegation of the power to plan the territory and its ordering for the benefit of the community. In the present proceeding, it has been proven that the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) of Punta Ventanas de Osa was prepared by a private law subject, namely, Desarrollos en Ecología, Paisajismo, Planificación, Arquitectura y Turismo S.A. DEPPAT, which in the judgment of this Tribunal and in consideration of the foregoing would imply its nullity. The situation is aggravated if one takes into account that it appears from the case file that the Municipality granted its consent to the company Las Ventanas de Osa S.A. (it is inferred from folios 94 and 95 of the administrative record presented by ICT, from the cover page and the transcription of the agreement made in official communication of April 3, 2001 signed by Secretary I of the Municipality of Osa and which appears in the section corresponding to the "Municipal Consent" (Anuencia Municipal) in Anexo 1 of the record of the Regulatory Plan (Plan Regulador) approved by INVU and which was provided by that entity, from folios 56 A and B of INVU's administrative record) who, in turn, contracted with the company DEPPAT S.A. for the elaboration of the said regulatory plan (plan regulador), with the result that, in the end, Ventanas de Osa S.A. executed with the municipal corporation a leasehold (concesión) for a parcel covering almost the entirety of the lands included in the regulatory plan (plan regulador) of Puntas Ventanas de Osa. The Municipality's approval alone was not sufficient; the exercise of the planning power, as explained, goes further. The fact that it was prepared by a private law subject implied, in the judgment of this body, a waiver of the exercise of the public power that the legal system entrusted to local governments. This Tribunal also does not consider admissible the arguments put forth by some of the defendants that there was no norm prohibiting a private law subject from preparing regulatory plans (planes reguladores). In accordance with Article 11 of the Political Constitution and of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), the Administration's subjection to the Law is total, and its action is authorized only in the presence of an enabling norm. In this case, the enabling norm not only did not exist, but also a substantive norm of public law, specifically Article 66 of the cited General Law, expressly prohibited it. This is not within the realm of Private Law, where everything not expressly prohibited is permitted; we are in Public Law, where administrative conduct must be previously authorized by the legal system, and it is reiterated, in this case it was not. Finally, regarding the argument that this practice constituted an administrative custom until 2005, this Tribunal insists that no validity can be granted to a custom that is clearly contra legem, in accordance with Article 129, fifth paragraph of the Political Constitution. Even less so to attempt to justify with it negligent administrative conduct, such as that which has operated here.

Corollary: As a consequence of all the foregoing, it is appropriate to declare the absolute nullity of the Regulatory Plan (Plan Regulador) of Punta Ventanas de Osa, with the consequent liability of the Municipality of Osa, ICT, and INVU, under the terms of Articles 199 and 200 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). Likewise, it is not appropriate for this Tribunal to modify or adapt the annulled administrative conduct, under the terms of Article 122 subsection c) of the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), since the intended adjustment involves the exercise of administrative, also technical and scientific, powers that are beyond the competence of this Tribunal, because this would be equivalent to a substitution of the active Administration in this sense.

VIII.- ON THE VALIDITY OF THE LEASEHOLD CONTRACTS (CONTRATOS DE CONCESIÓN) EXECUTED WITH THE COMPANIES LAS VENTANAS DE OSA AND SHARK BAY DOS MIL S.A.

It is now appropriate to analyze the plaintiff's claim to declare the nullity of the leasehold contracts (contratos de concesión) to occupy parcels in the maritime zone (zona marítimo terrestre) executed between the Municipality of Osa and the companies Shark Bay Dos Mil S.A and Las Ventanas de Osa S.A., since these do not have the respective approval of the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo). In opposition to this argument, the mentioned companies indicate that these are actually leaseholds (concesiones) already granted since the eighties and that due to neglect they expired and they applied for them again. On this point, the first thing to note is that from the evidence in the case file, the defendants fail to demonstrate the existence of any leasehold (concesión) to occupy the maritime zone (zona marítima terrestre) of Punta Ventanas de Osa in the name of the cited companies. In relation to the alleged leasehold (concesión) that was granted in the eighties to the company Las Ventanas de Osa S.A., it should be noted that from the administrative records provided by the Municipality, it is inferred that although leasehold contracts (contratos de concesión) were signed for said purposes, the truth is that there is no record that they were approved by ICT. In folios 36 to 38 of the administrative record of Las Ventanas de Osa S.A., Volume 1, provided by the Municipality of Osa, the leasehold contract (contrato de concesión) executed between the Municipality and the company appears, but the space for ICT's approval is not signed. If this evidentiary element is joined with the certification appearing at folio 134 of the judicial record, according to which there is no record before that institute of a file for a leasehold (concesión) in favor of the company Las Ventanas de Osa S.A. in the coastal sector of Playa Punta Ventanas de Osa, there exists, in the judgment of this Tribunal, sufficient elements of conviction that allow for the existence of this administrative authorization to be discarded. It must be kept in mind that the burden of proof regarding the existence of the leasehold (concesión) corresponded exclusively to the defendant companies, and they fail to prove this fact. While, within the evidence provided by the defendants, visible at folios 208 to 210 of the judicial record, a certified copy of the same leasehold contract (contrato de concesión) provided by the Municipality appears in principle, the truth is that when both documents are compared, a fundamental difference is evident: in the copy that is claimed to be a faithful copy of the original, in the space corresponding to ICT's approval, a signature appears, which, it is insisted, does not appear in the copy provided by the municipal corporation that guards the original document. Given the above dissimilarity, this Tribunal gives greater credibility to the contract provided by the Municipality (which lacks ICT's approval) together with ICT's certification (which certifies similarly), since these are public documents issued by the competent entities charged with safeguarding this type of information. To this, two important considerations are added: first, the fact that the argument of the existence of a leasehold (concesión) that was vigorously defended by the defendants in the response to the complaint, in the precautionary proceeding, and even while the admission of evidence was being resolved, disappears from the proceeding at the moment when the discrepancy in both documents is discussed and is not mentioned again in the initial arguments, in the examination of evidence, or in the conclusions put forth by the leaseholders (concesionarias). Coupled with this, a legal element: in principle, it is legally impossible that such leaseholds (concesiones) could have existed since the sine qua non condition imposed by Article 38 of the Maritime Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre) was not met, that is, the existence of a Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero). At the time of executing the leasehold contracts (contratos de concesión), that is, September 11, 1981, a territorial ordering instrument did not exist in Punta Ventanas de Osa S.A., which excludes the possibility of any validly approved leasehold (concesión). A second element of analysis are the leasehold contracts (contratos de concesión) executed by the local government and the defendants in December 2006. In this regard, it is an uncontroverted fact and is also reaffirmed by the aforementioned ICT certification, that these contracts have not been approved by ICT, and this, in the opinion of this Tribunal, for a fundamental reason: the delimitation of forest zones and lands of Forestry Suitability (aptitud forestal) by MINAET, on the lands included in the maritime zone (zona marítimo terrestre) of Punta Ventanas de Osa, has not been certified before that institute. Moreover, in accordance with the "Institutional Procedure on Coastal Regulatory Plans approved prior to October 19, 2004" (Procedimiento Institucional sobre Planes Reguladores Costeros aprobados con fecha anterior al 19 de octubre de 2004), which was approved by ICT as the superior supervisor of the maritime zone (zona marítimo terrestre) through Board of Directors agreement SJD-1165-2005, in ordinary session 5391, Article 5, subsection III, of December 6, 2005, and which was agreed to be made known to all Municipalities with administration of the maritime zone (zona marítimo terrestre), "….In the case of Regulatory Plans (Planes Reguladores) Officialized through publication in the Official Gazette La Gaceta, the Municipalities may not grant leaseholds (concesiones) until the delimitation of forest zones and lands of Forestry Suitability (aptitud forestal) has been carried out by the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), with the procedure established in the official Methodology for such purpose in the maritime zone (zona marítimo terrestre) covered by the regulatory plan (plan regulador) in question..." If we start from the fact that the Regulatory Plan (Plan Regulador) of Punta Ventanas de Osa, although approved and published after October 19, 2004, was ultimately and irregularly, as explained, approved without the mentioned delimitation of forested zones, it is evident that the municipal corporation should have complied with the procedure instituted by the superior supervisor and refrained from authorizing any type of leasehold (concesión) until it had the MINAET certification delineating the forested areas on said lands. That was the due conduct. Notwithstanding the foregoing, despite the fact that, as already demonstrated, the defendant companies had already requested it to ask MINAET for the mentioned delimitation prior to the signing of the leasehold contracts (contratos de concesión); that the Municipal Council itself agreed to request the certification from MINAET –SINAC; that the mayor manages before SINAC the classification of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE), and the superior supervisor having already indicated the impossibility of granting leaseholds (concesiones) until the mentioned certification was obtained, unjustifiably and irresponsibly, the Municipality executes, on December 8, 2006, the leasehold contracts (contratos de concesión) without the existence of forested zones that make up the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) on the lands included in the Regulatory Plan (Plan Regulador) of Punta Ventanas de Osa having been certified by SINAC. This type of administrative conduct is absolutely reprehensible not only for being contrary to law but also because it demonstrates disrespect and mockery of the entire urban-environmental legal system, besides having placed property of the State Natural Heritage (PNE) that belongs to all Costa Ricans, such as the forests of the coastal zone of Punta Ventanas de Osa, in a condition of vulnerability. It is for this reason that the municipal corporation must be held liable, not only for the damage it may have caused to the leaseholder companies (empresas concesionarias) but also for the damage it may have caused to the State Natural Heritage (PNE). For the reasons stated, the leasehold contracts (contratos de concesión) analyzed here are absolutely null. Furthermore, it is evident that no leasehold (concesión) exists to legitimize the occupation that, to this day, the defendants have been carrying out on the lands of the maritime zone (zona marítimo terrestre) of Punta Ventanas de Osa, since they have not fulfilled the indispensable prerequisite demanded by Article 42 of the Maritime Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre), that is, ICT's approval. It is also clear, as the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has already stated, that the mere application for a leasehold (concesión) before the Municipality does not legitimize the occupation nor grant any rights to the defendants. Nor was the existence of any municipal permit that could serve as a habilitating title for the occupation carried out demonstrated. Nor do the defendant companies demonstrate that they meet the requirements necessary to be considered as occupants or settlers of said companies, under the terms of Transitorios VII and Article 70 of the Maritime Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre), this fundamentally because their occupation on the lands is subsequent to the entry into force of said Law. The immediate consequence of the foregoing is that the occupation that the defendants have carried out to this day on the cited lands is illegitimate and must be so declared. Therefore, and as a restoration of the violated legality, both MINAET and the municipal corporation (each within its sphere of competence) must take the necessary actions to cease said occupation, which includes, of course, ordering the immediate eviction of the defendant companies from said lands. A decision must now be made regarding the two structures that exist in the area that the company Las Ventanas de Osa S.A. was illegitimately occupying. In this regard, this Tribunal considers it necessary to make several observations: First. As already indicated, the constructions are located in the non-forested area of the maritime zone (zona marítimo terrestre) of Punta Ventanas de Osa and do not constitute State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), so their administration corresponds exclusively to the Municipality of Osa. Second. Given that what has existed on the part of the company Las Ventanas de Osa constitutes an illegitimate occupation, the Municipality must order the immediate eviction of the structures, with these passing into municipal administration. The foregoing by virtue of the Precautionary and In dubio pro natura Principles, since it will not be until a Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) is approved in that non-forested area (if the Municipality so decides) that leaseholds (concesiones) could be granted in that area. In the meantime, any occupation of the zone may be incompatible with the rest of the maritime zone (zona marítimo terrestre) that constitutes State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) and cause irreversible damage to the latter. Likewise, the Municipality, in coordination with MINAET, must assess whether the constructed works are compatible with the forested nature of the rest of the lands. Third. It was proven in the case file that the Municipality of Osa charged the defendant companies the fees for supposed leaseholds (concesiones) in the maritime zone (zona marítimo terrestre) without them having actually been granted, as already declared by this Tribunal. It is evident that the local government should have refrained from said charge, since, it is insisted, no leasehold (concesión) existed to justify it, and having done so constitutes an abuse of power by the public entity. However, the truth is that the payment of the fee in no way legitimizes the occupation and therefore does not prevent the restoration of legality. Likewise, this collegiate body considers that the refund of what was paid as a fee to the defendants is not appropriate. This is because, even if illegitimately, the truth is that the companies occupied lands in the maritime zone (zona marítimo terrestre), which constitutes the factual basis for the payment of the fee. To that extent, it would constitute an undue benefit for the defendants if the Municipality were to refund the money paid for an occupation, which, although de facto, they carried out. Fourth. It was also demonstrated in this proceeding that the Municipality of Osa charged the company Las Ventanas de Osa S.A. a liquor license during the years 2003 to 2008. In this sense, this Tribunal considers that the taxable event for the tax was verified, and therefore, what was paid for this item must not be refunded to the company. In any case, it is insisted, the existence of payment of municipal taxes does not inhibit the local government from restoring legality and protecting the right to a healthy and ecologically balanced environment guaranteed by Article 50 of the Constitution. To that extent, what is due is the adjustment of the factual reality with the urban-environmental legal system, both in the coastal zones that include forested zones and forest resources, and in those that do not. Fifth. While the existence of municipal permits granted for the construction of the structures analyzed here was not proven, this collegiate body considers that this should not lead to the erroneous conclusion that the defendant Las Ventanas de Osa S.A. should not be compensated for the value of the structures it built and which are located in the maritime zone (zona marítima terrestre) of Punta Ventanas de Osa. It must be kept in mind that, as the Tribunal could observe in the judicial inspection carried out in the area and as was proven by the testimony of Leonel Rosales, we are in the presence of structures more than twenty years old, and during the majority of those years, the defendant Municipality not only knew of their illegitimate existence but also tolerated and acquiesced, in an irregular and irresponsible manner, to that situation, by charging the defendant Las Ventanas de Osa S.A. liquor licenses and an occupation fee for the maritime zone (zona marítimo terrestre). Under such an anti-legal factual scenario, it is disproportionate and unreasonable to subject the defendant company to proving the existence of municipal permits, which it is presumed could have been granted so many years ago, and whose existence neither the plaintiff nor the Municipality of Osa could refute, since it was also not proven that permits for said constructions were not granted.

This type of evidence becomes "diabolical" and turns, in the opinion of this Court, illogical and unnecessary given that, it is reiterated, the constructions exist, the Municipal corporation knew of their existence and never exercised the measures that the legal system imposed on it in the case of buildings that had been erected without a municipal permit. Sixth. Evidently, the conduct of the Municipal Administration aimed at the adjustment or restoration of the urban-environmental legal order, which entails, in this case, the cessation of the illegitimate occupation that the company Las Ventanas de Osa has carried out until today, and therefore, the exit and immediate vacancy by that company, is imposed, in the opinion of this Court, as a lawful and normal conduct of the municipal corporation that generates damage in the sphere of the company Las Ventanas de Osa. This is because the prerequisites required by Article 194 of the General Law of Public Administration are verified. There is a special damage by virtue of its exceptional intensity (the loss of the value of the buildings) and which affects a small proportion of affected parties, in this case, the company Las Ventanas de Osa S.A., and which it is not obliged to bear, given that, it is reiterated, the Municipality irregularly tolerated and permitted the construction. There is also a causal link between the administrative conduct required and imposed by the legal system, that is, the vacancy of the property and the certain, effective, and individualizable damage that, as a consequence of that lawful conduct of the Administration, is caused to the legal situation of the aforementioned company (and which constitutes the value of the buildings). As such, the municipal corporation must compensate the defendant company only for the damage, that is, the value of the buildings, but not for lost profits (lucro cesante). The amount of said compensation shall be determined in the enforcement of judgment phase (ejecución de sentencia).

Corollary. The concession contracts to occupy plots in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) signed between the Municipality of Osa and the companies Shark Bay Dos Mil S.A. and Las Ventanas de Osa S.A. are annulled. The occupation carried out by said companies is declared illegitimate and the immediate vacation of both companies, from both the land and the existing buildings, is ordered. The obligation of the Municipality of Osa to compensate the damage caused to the company Las Ventanas de Osa S.A., which is realized in the real value of the buildings it constructed, is declared. Said amount shall be determined in the enforcement of judgment phase.

IX. REGARDING THE DAMAGES AND LOSSES CLAIMED

Finally, the plaintiff seeks that the defendants be condemned in the abstract for the damages and losses that may have derived from the administrative legal relationship discussed here and from the administrative conducts being challenged. This involves, it is insisted, a condemnation in the abstract which Article 122, subsection m) of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) empowers the judge to make. In this aspect, this Court considers that the condemnation in the abstract is appropriate. The elements of conviction brought to the case file allow us to establish that there were different formal and omissive administrative conducts that caused damage to the prevailing ecosystem on the forested lands included in Punta Ventanas de Osa, which entail the administrative responsibility of the linked organs and entities. On the one hand, there is demonstrable damage, that is, the great alterations and deterioration in its biodiversity that the forested lands of the maritime-terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa have suffered during the period from 1979 to 2008, among which can be mentioned cut trees, cutting of roots and branches, accumulations of organic material in the public zone, restricted zone and near streams, clearings with a view to the sea in both the public zone and the restricted zone, trails or paths that go from the restricted zone to the public zone. On the other hand, there are administrative conducts that constitute, in the opinion of this body, generating causes of the cited damage. The guiding principle that allows this Court to reach this conclusion is the duty of the State, imposed by the legal system, to ensure the rational use of the environment. Consistent with this, the State shall oversee the rational use of environmental elements in order to protect and improve the quality of life of the inhabitants of the national territory. In this sense, it is the primary party obligated to promote economically and environmentally sustainable development that satisfies basic human needs without compromising the options of future generations, guaranteeing equity between generations. This duty obliges the State to coordinate environmental policies that guarantee, in addition to the foregoing, that the quality of our ecosystems does not deteriorate, that the prevention of harmful conduct is reinforced, the participation of people in environmental management, the strengthening of environmental responsibility, among others. One must not lose sight of the fact that, at its core, this is a guarantee of protection of the life and health of both Costa Ricans and the global community. Therefore, the violation of these precepts entails the possibility of injury or endangerment of public environmental and ecological interests in the short, medium, and long term. Well then, in the process before us, the State, through various organs and entities, became the best instrument to injure these guarantees. There is a causal link between the various challenged conducts and the damages caused to the forested lands located in the maritime-terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa. First. For this Court, it was reliably accredited that the majority of the lands included in the maritime-terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa constitute forest. Furthermore, from the judicial inspection (reconocimiento judicial) carried out, this Court, without being an expert on the matter, was able to determine the presence of forest. However, inexplicably, all the public entities involved in the adoption and approval of the Regulatory Plan (Plan Regulador) omitted this circumstance. Let us see. In the case of the Municipality of Osa, even though the municipal officials may not have considered the existence of forest as a public and notorious fact, at least when in doubt as to whether they were in the presence of forested areas (which is obvious at a simple glance, as this Court verified in the judicial inspection), the duties of environmental protection and the express requirement imposed by Articles 13 and 15 of the Forest Law (Ley Forestal), should have led them to have requested the classification certification of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) and to act in defense of the ecosystem of the area, as required by Articles 21, 50 second and third paragraphs, and 89 of the Political Constitution, as well as numeral 11 of the Biodiversity Law. That was the conduct imposed by the legal system and it was omitted. But the violation of the duties imposed on the municipal corporation does not stop there: in addition, they delegated the exercise of a non-delegable competence, such as the planning and land-use management (ordenación del uso de suelo) in that territory, to a private company, which did not contemplate the vulnerability of the natural elements in that area. The foregoing is aggravated considering that the company to which municipal consent was granted for the preparation of the regulatory plan (and which exercised the power of territorial planning and management), subsequently acquired in concession more than eighty percent of the lands. Furthermore, they approved the Regulatory Plan without the requirement of an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) or any type of environmental feasibility (vialidad ambiental), compromising the fragile biodiversity that prevails there, since the impact of the proposed land use was not contemplated. Another example of its unlawful and negligent conduct is the fact that, having absolute clarity that it could not grant concessions until MINAET had certified the existence of forest on the lands covered by the Regulatory Plan of Punta Ventanas de Osa, in a way inexplicable to this Court, it signed some concession contracts without waiting for said certification. Finally, the illegitimate practice of charging fees in the maritime-terrestrial zone and taxes for years, without a concession permitting it, is also reprehensible. In plain sight and with its patience, buildings were constructed in the restricted zone without an enabling title existing for this, and they remain to this day without the powers corresponding to it by self-tutelage (autotutela) having been exercised. In the opinion of this Court, each of these manifestations of illegitimate and irresponsible administrative conduct becomes a sufficient and adequate cause to cause the detriment to the biodiversity of the area mentioned and that was verified by this same body in the judicial inspection. If from the very first moment the Municipality had requested the classification and certification of the area from MINAET, the presence of forest would have been verified and a Regulatory Plan that is not compatible with the biodiversity or the forest resource (recurso boscoso) prevailing in the area would not have been approved. Consequently, neither would the clearings nor the cutting of trees that this Court observed exist, and in their place, the forest that still characterizes some sectors of Punta Ventanas de Osa would exist. It is evident that all this illegitimate, light, and thoughtless conduct of the Municipality of Osa produced a detriment to the forested areas of the maritime-terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa and the ecosystems that prevail there, also harming the right of the inhabitants of the area, of all Costa Ricans, and of the global community, to a healthy and ecologically balanced environment with rational and sustainable use of forest and forestry resources, an injury that may even be irreversible; which is why it must be liable, as required by Articles 190 and following of the LGAP. Regarding the Costa Rican Tourism Institute (ICT), we have that it approved the Regulatory Plan without the existence of the PNE certification or the environmental impact assessment or environmental feasibility, and, for the same considerations already set forth, this formal conduct of approval constitutes a generating cause of the damage already described. This Court cannot ignore that it is the superior overseer of the maritime-terrestrial zone imposed by Law 6043 and therefore, it did not adequately exercise the required oversight, especially in an area with fragile ecosystems and in the face of an indisputable and reliably proven presence of forest. If it did not have the technicians to confirm that condition, it could have sought them out, informed MINAET, or taken any other action in protection of the biodiversity of the area, and it did not do so. An omissive conduct of the imposed duties is also criticized: a mere inspection of the area during the years in which the Regulatory Plan was approved would have allowed the existence of forest to be verified (as was proven with the photographs) or at least when in doubt (and it is obvious at a simple glance even today, as was accredited with the judicial inspection), it should have acted as required by the current regulations and not approved the Plan until the PNE classification certification was completed. Its inactivity in its oversight and surveillance duties, as well as the formal conduct consisting of the approval of the Regulatory Plan, equally become adequate and sufficient causes for generating the damage already described, and therefore that entity must also be liable. Nevertheless, it is worth noting that, at least, it has refused its approval for the concessions that the municipal corporation has already signed, until the PNE certification is completed, which has avoided even more serious damage and somehow prevents the consolidation of third-party rights under those conditions. In relation to the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), what was stated for the ICT regarding the irregular approval of the Regulatory Plan is reiterated. With an aggravating factor: from the documentary evidence and the testimony of Leonel Rosales, it is evident that the INVU already knew with certainty since the eighties of the existence of forested areas on those lands. So much so that at that time it did not approve the Regulatory Plan project for that same area because the Forestry Division of the Ministry of Livestock did not clarify the management and control that would be made of that resource. This Court therefore does not find justification that, knowing of such a circumstance (because it was on file in its archives), it approved the Regulatory Plan in 2004 without questioning or corroborating matters related to the PNE certification and the environmental impact assessment. Its conduct is equally a generating cause of the damage described and it must be liable as appropriate. Regarding the State, this Court must criticize a total inactivity in decision-making and execution of actions that would allow the proper protection, as required by the legal system, of the forests of the maritime-terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa. Specifically, the National System of Conservation Areas (SINAC) has existed with clearly defined competencies since 1998. This Court has set forth its thesis that the affectation to PNE is legal and immediate, and that the administration of the areas included in it corresponds to MINAET. The classification through the certification that has been mentioned so many times constitutes merely an act of simple verification and classification. Therefore, if the forested lands of the maritime-terrestrial zone of Punta Ventanas constitute PNE, this collegiate body does not find it justified that it was not until 2006, and through the efforts of the Municipality of Osa (also induced by a request from a private legal entity) that the certification classifying them as forested areas was issued. The question arises: where were the ex officio powers and the duties of environmental protection entrusted to SINAC? Why were they not exercised in time? This Court does not understand it nor finds it justified, especially when MINAET is the governing body in environmental matters. Still, the certification is requested in 2006 and it is not until almost a year later that it is issued, when, it is insisted, the existence of forest was palpable and evident. This Court cannot explain how ACOSA began to have a defined presence, as required by the block of legality, only in 2005 if they have always been in the area. Nor why those areas were not certified beforehand and ex officio as forested areas, if precisely ACOSA must ensure the conservation of the biodiversity of the area, which clearly included Punta Ventanas. All this formal and material inactivity also constitutes generating causes of the damage described. It is not enough that at present this body is complying with the imposed duties. The legal system granted it powers and authorizations in matters of biodiversity conservation that were not free, that had to be exercised, and their omission violated the block of legality in its positive aspect, causing damage that, with proper and timely exercise of public powers, could have been avoided; a situation that this Court cannot justify and for which they must be liable. On the other hand, reference must be made to the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República), and the powers it has specifically in relation to the maritime-terrestrial zone. That representation stated that the function of said body is merely consultative, without being able to substitute the Active Administration, so that as long as the latter does not consult them, they are prevented from acting. That affirmation is partially shared by this Court. This is because, as mentioned in Considering V, the Law of the Maritime-Terrestrial Zone (Ley de la Zona Marítimo Terrestre) grants the PGR a competence that goes beyond the merely consultative: it grants it the exercise of legal control for the due compliance with the provisions, but not only upon a party's request, but also, on its own initiative, that is, ex officio. Therefore, even if it was not consulted, it should have exercised due legal control, not only a posteriori, which in the opinion of this Court it has also not done satisfactorily, given that it was not until this year that the CGR, debuting a novel standing granted by the CPCA, filed this process to challenge these conducts, the same ones which, despite having been producing effects since 2004, were not challenged by the State. But neither has it exercised effective and efficient a priori legal control, which could have translated into adequate training for the linked Administrations regarding the scope and prohibitions of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone. The foregoing is fundamental if one takes into account the technical, professional, and economic deficiencies that, unfortunately, characterize the majority of the Municipalities that administer coastal zones. It was proven in this process that there was total ignorance on the part of municipal officials, the ICT, the INVU, and MINAET itself, regarding the scope of the current legislation on this matter. That ignorance could have influenced the decisions. That is why it was essential that the State's advisor played a more active role at that moment. To that extent, its omission contributes to generating the damage caused. Based on the foregoing, if the public legal entities sued in this process are entrusted with the power to preserve, guarantee, and protect, in this case, the forested ecosystem of Punta Ventanas de Osa; as well as the obligation to avoid deterioration in this asset that constitutes State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), and by virtue of their action or inactivity, damage is generated, we can conclude that their functioning has been deficient, which necessarily implies their liability under the terms of Article 190 of the General Law of Public Administration. Finally, it is necessary to rule on whether there are conducts of the companies Las Ventanas de Osa S.A. and Shark Bay Dos Mil S.A., which under Article 1045 of the Civil Code, constitute producing causes of the damage that generate liability for said companies. In this sense, from the evidence brought to the process, this Court does not find any conduct that allows attributing such liability to them, given that the subjective prerequisites of willful misconduct (dolo) or gross negligence (culpa grave) that the legislation requires are not configured. While it is true that Las Ventanas de Osa S.A. was hired to prepare the Regulatory Plan, which was legally improper as explained, that action, although illegitimate, was not shown to have been carried out with willful misconduct or gross negligence: it had municipal consent for it. Once the Regulatory Plan was approved and published, both companies processed the concessions, both also requested, before the contract was granted to them, the classification of State Natural Heritage. They paid a fee for occupation and taxes that the Municipality charged them. Even, in general, they have complied with the precautionary measures imposed by this jurisdictional body. Although their occupation is not in accordance with the law, the truth is that it is not possible to demonstrate that it was carried out with willful misconduct or gross negligence that would allow attributing liability to them for the damage caused. The defendants submitted to what was required and permitted by the Administrations linked to the approval process of the Regulatory Plan and the concessions. To that extent, this Court must insist on the need for transparent, lawful, and uniform rules and procedures to be provided to the investor; rules that also are coordinated among the different institutions involved. This responds to principles such as simplification and efficiency, which in the case at hand were absent. For the benefit of the community and legality, no concession was approved for the defendant companies that would grant them a real administrative right to the occupation of the maritime-terrestrial zone, in this case, also State Natural Heritage; because that would necessarily introduce an additional variable that would have to be assessed when dimensioning decisions of this type. It is reiterated, in this specific case they do not exist, and therefore the restoration of the violated legality is imposed by itself.

[...] XII. COROLLARY

As derived from the foregoing, by virtue of the fact that the forested nature of the majority of the lands included in the maritime-terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa has been accredited, it must be concluded that: 1) It is declared that the areas with natural forest and with isolated trees on the lands of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa constitute State Natural Heritage and their administration corresponds to MINAET, as indicated by Article 13 of the Forest Law. 2) The remaining area that corresponds to the area without forest cover (cobertura boscosa), does not constitute State Natural Heritage, being, therefore, under the administration of the Municipality of Osa as provided in Article 3 of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone. 3) The Coastal Regulatory Plan of Punta Ventanas de Osa, its zoning regulations, and the corresponding plates are declared absolutely null and void, given that it was approved by the Municipality of Osa without having the competence to do so, since lands are planned that were not under its administration, but rather that of MINAET. Likewise, the nullity is declared given that it was approved in violation of the current legal system and non-compliance with essential formalities such as: the certification of State Natural Heritage, the environmental impact assessment or certification of environmental feasibility, and it was prepared by private legal entities, violating Article 66 of the General Law of Public Administration. 4) The absolute nullity of the concession contracts signed by the Municipality of Osa and the company Las Ventanas de Osa S.A., on September 11, 1981, and December 8, 2006, is declared. Likewise, the concession contract signed by that same municipal corporation and the company Shark Bay Dos Mil S.A., on December 8, 2006, is annulled as illegal. This declaration encompasses the invalidity of the administrative conducts that served as the basis for those contractual instruments. 5) By connection, the municipal agreements adopted by the Municipal Council of Osa in ordinary sessions No. 51-2004, of December 22, 2004, insofar as it approved the Regulatory Plan that is annulled, and No. 26-99, of June 30, 1999, as well as the one adopted in the extraordinary session No. 08-01, of April 30, 2001, are annulled. Likewise, the administrative conduct manifested in the unnumbered official letter of July 26, 2005, signed by Gabriel Villachica, at the time municipal mayor of Osa (folio 54 Volume 2 administrative file of Las Ventanas de Osa, provided by the Municipality) is annulled. Also annulled are the agreement issued by the Board of Directors of the ICT approved in session No. 3092, agreement 4, held on June 23, 1980, Article 5, subsection IV of ordinary session No. 5186, of that same Board, of July 2, 2002, and the administrative acts FOM-ZMT-210-2002, FOM-ZMT-211-2002, and FOM-ZMT-212-2002. 6) The content of the certification issued on October 18, 2007, and signed by the Director of the Osa Conservation Area is partially annulled only in relation to the hectares that correspond to forest areas, for the purpose of it being adjusted and including within that category both the hectares corresponding to primary forest and those relating to areas with isolated trees, as indicated in the Survey Report of the State Natural Heritage Areas in the Regulatory Plans of Ventanas de Osa and Shark Bay S.A. No. ACOSA-GMRN-O84, of October 24, 2006. 7) The occupation that, until today, the defendant companies have been carrying out on the lands of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa is declared illegitimate. For the restoration of the violated urban-environmental legality, both MINAET and the municipal corporation (each within the scope of its competence) must take the necessary actions for the cessation of said occupation, which includes, of course, ordering the immediate eviction of the defendant companies from said lands. 8) As long as a Regulatory Plan is not approved in the area of the maritime-terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa that does not constitute State Natural Heritage, the Municipality of Osa must refrain from authorizing any type of concession over it. Likewise, in the event that the municipal corporation decides to grant any use permit (in precarious tenure) (permiso de uso en precario) in the area it administers, prior to its granting, it must coordinate with MINAET and SINAC the impact of that use on the forested ecosystems (which constitute PNE) surrounding that area, in order to guarantee the compatibility of the use that is authorized. 9) The municipal corporation must, in coordination with MINAET and SINAC, assess whether the buildings that will be vacated in the area of the maritime zone that does not constitute State Natural Heritage are compatible with the forested nature of the rest of the lands that do constitute State Natural Heritage. 10) The obligation of the Municipality of Osa to compensate the damage caused to the company Las Ventanas de Osa S.A., as a consequence of the ordered eviction, and which is realized in the real value of the buildings it constructed, is declared. Said amount shall be determined in the enforcement of judgment phase. 11) The administrative liability for unlawful conduct and abnormal functioning of the Municipality of Osa, the Costa Rican Tourism Institute, and the National Institute of Housing and Urbanism is declared as perpetrators of absolutely null and void administrative conducts and omissive conducts that caused damage to the forested ecosystem of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa that constitutes State Natural Heritage. Likewise, the administrative liability for abnormal functioning of the State and the National System of Conservation Areas is declared, as perpetrators of omissive conducts already described and that, equally, constituted a generating cause of the damage to the forested ecosystem of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa that constitutes State Natural Heritage. 9) The defendant public legal entities are condemned in the abstract to the payment of damages and losses accredited in Considering IX of this ruling. The determination of the quantum of those damages and losses and the compensation parameters shall be carried out in the enforcement of judgment phase. 12) In accordance with the provisions of Articles 122 subsections a and b, 130.3, and 131.1 of the Contentious-Administrative Procedural Code, the annulment decreed hereby shall produce erga omnes effects, declaratory and retroactive to the date of the entry into force of the challenged provisions, without prejudice to rights acquired in good faith and consolidated legal situations. Likewise, once it has become final (firme), the publication of this ruling must be ordered in the Official Gazette La Gaceta, at the expense of the Administrations that approved/issued the annulled plan.

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Other References: "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights" (Articles 2.1, 12.1 and 12.2.c); the "Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights" (Article 11); the "Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage", signed in Paris on November 23, nineteen hundred and seventy-two and, approved by Law number 5980 of October twenty-three, nineteen hundred and seventy-six; the "Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere", adopted in Washington on March three, nineteen hundred and seventy-three and approved by Law number 3763 of October nineteen, nineteen hundred and seventy-six; the "Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat", signed in Ramsar on February two, nineteen hundred and seventy-one, and approved by Law number 7224 of nineteen hundred and ninety-one; the "Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer", adopted in Vienna on March twenty-two, nineteen hundred and eighty-five, and approved by Law number 7228 of April twenty-two, nineteen hundred and ninety-one, and its "Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer", signed in Montreal on September sixteen, nineteen hundred and eighty-seven, and approved by Law number 7223 of April two, nineteen hundred and ninety-one; the "United Nations Convention on the Law of the Sea", signed in Montego Bay on December ten, nineteen hundred and eighty-two, and approved by Law number 7291 published on July fifteen, nineteen hundred and ninety-two. Water Law (No. 276 of August 27, 1942; Urban Planning Law (No. 4240 of November 15, 1978, the Forest Law (No. 4465 of November 25, 1979, already repealed); the Law of the Maritime-Terrestrial Zone (No. 6043 of March 2, 1977); the General Health Law (No. 5395 of October 30, 1973); the Law Creating the National Parks Service (No. 6084 of August 24, 1977); the Animal Health Law (No. 6243 of May 2, 1978); the Wildlife Conservation Law (No.

7317 of October 21, 1992).

Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments
Text of the resolution

 

 

 

 

 

Tribunal Contencioso Administrativo, II Circuito Judicial

de San José, Dirección04

Central 2545-00-03 Fax 2545-00-33

Correo Electrónico tproca-sgdoc@poder- judicial.go.cr

______________________________________________________________________

EXPEDIENTE:08-00904-1027-CA

PROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE.

ACTOR: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DEMANDADOS: EL ESTADO, EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, EL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, LA MUNICIPALIDAD DE OSA, LAS VENTANAS DE OSA S.A. Y SHARK BAY DOS MIL S.A.

 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEXTA. II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Dirección144 . Goicoechea, at sixteen hours on January nineteenth, two thousand nine.

No. 0063 -2009

Ordinary proceeding declared to be of preferential processing filed by the Contraloría General de la República, represented by Nombre602, identity card CED30542; Nombre603, identity card CED30844; and Nombre4349, identity card CED13825, all married and residents of Santa Bárbara de Heredia, San Francisco de Heredia, and Goicoechea, respectively, against the State, represented by the Procurador Mauricio Castro Lizano, of unknown qualifications; the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, represented by Nombre140583, identity card CED110641 and Nombre137222, identity card CED110642, both single and of unknown domiciles; the Instituto Costarricense de Turismo, represented by Nombre71324, identity card CED13755, Nombre140584, identity card CED31152, both of ignored marital status and domicile, and Nombre112136, identity card CED88720, married and resident of Nombre33385; the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, represented by Nombre66240, identity card CED48693, widow, resident of Curridabat, Nombre140585, identity card CED80836, single, resident of Curridabat, and Nombre35741, identity card CED31405, married, resident of Desamparados; the Municipalidad de Osa, represented by Nombre140586, CED110643, divorced once, resident of Palmar Sur, Nombre140587, identity card CED110644, married, resident of Palmar Norte, and Nombre140588, identity card CED110645, married, resident of Palmar Sur; the company Las Ventanas de Osa S.A., represented by Nombre140589, identity card CED91294, married and resident of Curridabat; and the company Shark Bay Dos Mil S.A; represented by Nombre140590, identity card CED110646, divorced, resident of Escazú, and Nombre140591, identity card CED110647, married and resident of San Antonio de Coronado. All representatives act in their capacity as special judicial attorneys-in-fact.

RESULTANDO

1.- The Contraloría General de la República filed the complaint that has given rise to this proceeding against the State, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (hereinafter SINAC), the Instituto Costarricense de Turismo (hereinafter ICT), the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (hereinafter INVU), the Municipalidad de Osa; as well as against the companies Las Ventanas de Osa S.A. and Shark Bay Dos Mil S.A., so that, in essence, it be declared in judgment: 1) The absolute nullity of the Plan Regulador del Sector Costero de Punta Ventanas de Osa, approved by the Municipalidad de Osa, the ICT, and the INVU, published in the Official Gazette La Gaceta No. 37 of February 22, 2005, including all related acts and proceedings connected with the approval of said plan regulador. 2) The absolute nullity of the agreement issued by the Board of Directors of the ICT, approved in session No. 3092, agreement 4, held on June 23, 1980, and published in the Official Gazette La Gaceta No. 80 of April 29, 1986, which declared the rocky coastal cliff sector of Punta Ventanas de Osa of tourist interest. 3) The absolute nullity of the concession contracts signed by the Municipalidad de Osa and the companies Las Ventanas de Osa S.A. and Shark Bay Dos Mil S.A., which were executed on December 8, 2006. 4) That it be declared that the area pertaining to the zona marítimo terrestre, comprised within the Plan Regulador del Sector Costero de Punta Ventanas de Osa, in its entirety, forms part of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), and its administration corresponds exclusively to the MINAET. 5) That the defendants be ordered, in abstract, to pay the damages and losses derived from the administrative conduct, administrative legal relationship, and other actions subject to this complaint, the existence and amount of which shall be established in the execution of judgment. 6) In case of opposition, that the defendants be ordered to pay both sets of costs derived from this action. Likewise, as a precautionary measure, it requested "...the immediate eviction of any properties located on the lands of the zona marítimo terrestre contemplated within the Plan Regulador del Sector Costero de Punta Ventanas de Osa that are being used by private parties to the detriment of the natural resources of that area; as well as entrusting the surveillance, conservation, and protection of said zone to the MINAE, while the proceeding is definitively resolved. In the alternative, it requests that if the adoption of the precautionary measure in the terms referred to is considered inappropriate, a provisional order be issued to those appearing as occupants of said lands contemplated in the cited Plan Regulador Costero, that during the course of this proceeding and until the final judgment becomes final, they refrain from carrying out any activity that causes damage or harm to the forested area (área boscosa) located in said zone..."

2.- This proceeding was declared of preferential processing by a resolution issued by this Tribunal at fourteen hours and forty minutes on September 18, two thousand eight.

3.- By means of resolutions No. 703-2008 and 742-2008, of sixteen hours on September 18, 2008, and ten hours and ten minutes on the 26th of the same month and year, respectively, this Tribunal granted a provisionalísima precautionary measure. Likewise, in resolution No. 836-08, issued at the oral hearing held on October 10 of last year, this Tribunal adopted, adjusted, and specified the content of the requested provisional measure in the following terms: "1) The Sistema Nacional de Áreas de Conservación is ordered to coordinate with the Área de Conservación de Osa the surveillance, conservation, and protection of the lands comprised in the Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa, under the terms to be specified in a subsequent section. 2) The Área de Conservación de Osa is ordered to refrain from processing any request for tree felling, cutting, or exploitation of natural resources on the lands comprised in the Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa. 3) The Director of the Public Registry of Real Property (Registro de la Propiedad de Bienes Inmuebles) is ordered to refrain from processing and registering any concession over the lands comprised in the Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa. 4) The Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) is ordered to refrain from processing any request regarding the viability of development and works on the lands comprised in the Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa. 5) The Board of Directors, Executive Presidency, Management, and other administrative and technical dependencies of the ICT are ordered to refrain from processing and approving any concession procedure over the lands comprised in the Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa. 6) The Municipal Corporation of Osa, including deliberative bodies (Concejo Municipal), the administrative head (Alcalde), and other administrative and technical dependencies, is ordered to refrain from processing, authorizing, or approving any request for concessions, permits, construction permits, or works, as well as to suspend any collection management over the lands comprised in the Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa. 7) The defendant companies are ordered to refrain from engaging in active or omissive conduct that deteriorates or alters the biodiversity of the areas under dispute comprised in the Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa, which includes: refraining from marking and cutting trees, cutting roots or branches, opening trails or roads, clearing brush, contaminating, eliminating, or intervening in forested zones, introducing animals to said zone, planting exogenous species or those foreign to the area's own flora, carrying out any type of building, making improvements to existing buildings, and channeling or altering the course of any stream or river found within the lands subject to this proceeding. They must also cover or periodically empty the swimming pool to prevent it from filling with stagnant water and becoming a health hazard. Likewise, they must facilitate and permit the entry of officials from the Área de Conservación de Osa, who, as will be stated, shall be responsible for the inspection and oversight of compliance with said measures. The defendants are warned that failure to comply with the precautionary measures ordered by this tribunal will cause them to incur the crimes established in our criminal legal system for such an effect. Likewise, the defendant companies are warned that this Tribunal will zealously oversee compliance with the ordered precautionary measures, given that, as indicated, occupancy is permitted while the merits of the matter are resolved, conditional on compliance with the ordered precautions and under the understanding that in the event of non-compliance, in accordance with Article 29 of the CPCA, such measures shall be revoked or modified, with the possibility of ordering more burdensome measures to uphold public environmental interests. This could include, in accordance with Article 20 of the CPCA, the adoption of a precautionary measure with anticipatory effects, such as the immediate eviction of properties located on the lands of the zona marítimo terrestre contemplated within the Plan Regulador del Sector Costero de Punta Ventanas de Osa. This tribunal considers that, to guarantee compliance with the precautionary measures, it is required that the Área de Conservación de Osa of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) submit a weekly report to this jurisdictional body for its assessment, starting from the notification of this resolution and until this proceeding is resolved by a final judgment. Said report must state the following: 1) That the precautionary measures ordered to organs, entities, and municipal corporations are being complied with under the terms agreed by this Tribunal. For such purposes, the organs, entities, and municipal corporations must declare said compliance to the SINAC, and this body will forward it to this Tribunal. 2) That the precautionary measures ordered to the defendant companies are being complied with under the terms agreed by this Tribunal. For such purposes, it must verify the state of affairs on the lands subject to this proceeding in accordance with the terms of the ordered provisional measures...." These precautionary measures are in effect as of today's date.

4.- The defendants answered the complaint negatively. They filed the following defenses: THE STATE: Lack of Right (Falta de Derecho) and Sine Actione Agit (against the claim for damages); SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN: Lack of Passive Standing (Falta de Legitimación Pasiva); INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO: Lack of Passive Standing; INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO: Lack of Necessary Joinder of Passive Parties (Falta de Integración de la litis consorcio pasivo necesaria), Prescription (Prescripción), Lapse of Right (Caducidad del Derecho), Lack of Right (Falta de Derecho), Lack of Capacity (Falta de Capacidad), Lack of Standing ad causam (Falta de Legitimación ad causam) in its active and passive modalities, and the generic Sine Actione Agit; MUNICIPALIDAD DE OSA: Lack of Right; LAS VENTANAS DE OSA S.A. and SHARK BAY DOS MIL S.A.: Lack of Right. At the sole hearing held, the INVU waived the defenses of prescription, lapse, and lack of necessary joinder that had been filed.

5.- By resolution of 10 hours on October 29, 2008, the answer to the complaint by all defendants was deemed timely and duly filed; a rebuttal evidence period was granted to the plaintiff, and the parties were summoned to a conciliation hearing scheduled for 9 hours on November 3, 2008. By an order at 15:45 hours on October 31 of last year, said conciliation hearing was deemed unsuccessful, as the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo expressed its opposition in this regard.

6.- The Contraloría General de la República requested that both the State and the SINAC be considered interested third parties and not defendants in this proceeding, as they have stated they are in favor of the annulment claims and the declaration as State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) formulated by the oversight body in this proceeding. In this regard, by means of resolution No. 1057-2008, of 14 hours on November 7 of last year, this Tribunal resolved to reject the request made by the plaintiff and to keep the State and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación as defendant parties in this proceeding.

7.- In accordance with Articles 60 subsection 3) and 70 subsection 2) of the Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), this Tribunal convened a single hearing held on December 9, 10, 11, 15, 16, 17, and 18 of last year. Said hearing consisted of two stages: in the first (December 9, 10, and 11), the points referred to in Article 90 of the cited Procedural Code were heard and resolved; and in the second (December 15, 16, 17, and 18), the oral and public trial was held in which, according to the rules set forth in Article 99 and following of the same Code, the testimonial and expert witness evidence that had been admitted in the first stage of the cited hearing was presented, and the closing arguments of the parties were heard. In this single hearing, the defendant companies and the Instituto Costarricense de Turismo, in accordance with Article 67 of the CPCA, filed the defense of lapse of the action (caducidad de la acción) regarding the challenge to the agreement issued by the Board of Directors of the ICT at session No. 3092, agreement 4, held on June 23, 1980. Likewise, the defendant companies also presented the defense of lapse regarding the challenge to the Plan Regulador Costero de Punta Ventanas de Osa. Due to its close connection with the merits of the matter, the Tribunal resolved to defer the resolution of these defenses until the judgment. On the other hand, the company Las Ventanas de Osa S.A. filed a defense of lack of jurisdiction (incompetencia), considering that although the knowledge of this proceeding falls under the jurisdiction of the Jurisdicción Contencioso Administrativa (Contentious-Administrative Jurisdiction), it must be resolved in accordance with the Ley Reguladora de Jurisdicción Contencioso Administrativo, as provided in Transitory Provision III of the CPCA. Therefore, its knowledge would correspond to the Contentious-Administrative Tribunal in charge of resolving matters under the cited Law, and not to the Sixth Section of the Tribunal, which resolves matters under the Procedural Code. By means of resolution No. 1225-2008, of December 11 of last year, this Tribunal rejected said defense, declaring itself competent to hear and resolve this matter, in accordance with the provisions of Transitory Provision IV of the aforementioned Procedural Code.

8.- At the conclusion of that single hearing, this Tribunal declared this proceeding a complex matter for the purposes of the provisions of Article 111 subsection 1) of the Código Procesal Contencioso Administrativo.

9.- By means of resolution No. 000004-C-TC-2008, of eleven hours on January fourteenth, 2009, the Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo declared that the knowledge of this matter corresponds to the Tribunal Procesal Contencioso Administrativo located in Anexo A of the Second Judicial Circuit of San José, to be processed and resolved in accordance with the rules established in the Código Procesal Contencioso Administrativo.

10. In the proceedings before this Tribunal, no nullities have been observed that need to be corrected or that would cause defenselessness, and therefore, in accordance with Article 111 of the cited Procedural Code in relation to Articles 79 and 82 of its Regulations, and after deliberation, we proceed to the issuance, drafting, and notification of this judgment within the legal term.

This judgment is issued with the drafting of Judge Abarca Gómez and the affirmative vote of Judges Álvarez Molina and González Vílchez, and

CONSIDERANDO

I.- PROVEN FACTS. For the purposes of this proceeding, the following are deemed accredited: 1.- On June 23, 1980, in session No. 3092, article 4, the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Turismo agreed to declare the rocky coastal cliff sector of Punta Ventanas de Osa, Puntarenas, of tourist interest. Said agreement was published on April 29, 1986, in the Official Gazette La Gaceta No. 80. (an undisputed fact - documentary evidence No. 2 from the set of evidence submitted by the plaintiff) 2.- On September 11, 1981, the Municipalidad de Osa and the company Ventanas de Osa S.A. entered into a concession contract through which the municipal corporation granted the cited company, for a term of ten years, a parcel of land located in Punta Ventanas de Osa. (folios 104 to 106 of the administrative file of the Municipalidad de Osa corresponding to Las Ventanas de Osa S.A., Volume I) 3.- Through official letter RT-279-8-83, of August 8, 1983, the head of the ICT's Department of Tourist Resources forwarded to the INVU's Department of Urbanism a Land Use Plan (Plan de Uso de Suelo) for the coastal sector of Punta Ventanas de Osa for its approval. Said letter indicated that most of that coastal zone has been declared a protection and conservation reserve and that only approximately 10% would be granted in concession. It was also noted that the plan has a strong emphasis on the protection of a forested zone that is unique in this area and that all property behind the zona marítimo terrestre is to be preserved with an emphasis on protecting the forested zone. (folio 10 of the INVU administrative file and testimony of Nombre34625 at the single hearing, regarding whether a first Plan Regulador existed) 4.- In an official letter of January 17, 1984, architect Leonardo Silva King, Director of Urbanism of the INVU, indicated to Licenciado Manuel Rojas Díaz, head of the ICT's General Registry of Concessions, that prior to the approval of the Land Use Plan for the coastal sector of Punta Ventanas de Osa, it was deemed necessary to consult, among others, the Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería) to define aspects related to the application or not of the forestry regime in the protection areas and those corresponding to the wild botanical park, given that the cited plan stipulated that no concessions would be granted in that zone, and therefore, it was advisable to clarify who was responsible for ensuring the preservation and conservation of the environment in that zone, the competence and responsibilities of both public and private entities. (folio 13 of the INVU administrative file) 5.- In an official letter of March 2, 1984, Architect Zuleyka Salom Rodríguez, acting head of the INVU's Department of Urbanism, consulted the Forestry Division of the Ministry of Agriculture and Livestock whether it was possible to approve the proposed zoning, and if approval were possible, who would administer the proposed Botanical Park and Forest Reserve and whether the corresponding area should be withdrawn from municipal administration as indicated by the Law for reserves. (folio 21 of the INVU administrative file) 6.- On May 11, 1984, the Director of Urbanism of the INVU informed the ICT Manager that this institute agreed to suspend the processing of the Plan Regulador for Punta Ventanas de Osa until the Ministry of Agriculture and Livestock ruled on the forestry aspects contemplated in the plan. (folio 29 of the INVU administrative file and statement of Nombre34625 at the single hearing) 7.- The Municipalidad de Osa, in extraordinary session No. 08-2001, held on April 30, 2001, granted municipal approval to the company Las Ventanas de Osa S.A. to carry out the Plan Regulador in Punta Ventanas de Osa. (see folios 94 and 95 of the administrative file submitted by the ICT, the cover page and the transcription of the agreement made in an official letter of April 3, 2001, signed by the Secretary I of the Municipalidad de Osa and appearing in the section corresponding to "Municipal Approval" (Anuencia Municipal) in Annex I of the Plan Regulador file approved by the INVU and submitted by that entity, as well as folios 56 A and B of the INVU administrative file) 8.- The demarcation of the public zone in the coastal sector of Punta Ventanas de Osa was published by notice No. 01-34, in the Official Gazette La Gaceta on August 29, 2001. (folio 35 of the INVU administrative file, annex of the INVU administrative file corresponding to the Plan Regulador) 9.- Through agreement SJD-661-2002, adopted by the ICT's Board of Directors in ordinary session No. 5186, article 5, subsection IV, held on July 2, 2002, the Plan Regulador for the Tourist Coastal Sector of Punta Ventanas de Osa was approved, and it was warned that in case changes were incorporated into the zoning map or the Regulations during the approval process by the INVU, the public hearing, or the final adoption by the Municipality, the final approval of the Final Version of said proposal must be processed. (See folios 94 to 98 of the ICT administrative file) 10.- Through official letter FOM-ZMT-210-2002, of July 30, 2002, the ICT's Maritime Terrestrial Zone Unit communicated to the Concejo Municipal of Osa the agreement SJD-661-2002, adopted by the ICT's Board of Directors in ordinary session No. 5186, article 5, subsection IV, held on July 2, 2002. (folio 96 of the administrative file submitted by the ICT) 11.- Through official letter FOM-ZMT-211-2002, of July 30, 2002, the ICT's Maritime Terrestrial Zone Unit communicated to the INVU's Directorate of Urbanism the agreement SJD-661-2002, adopted by the ICT's Board of Directors in ordinary session No. 5186, article 5, subsection IV, held on July 2, 2002. (folio 97 of the administrative file submitted by the ICT) 12.- On October 27, 2004, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo approved the Plan Regulador of Punta Ventanas de Osa, and the stamps were viséd on the 28th of the same month and year. (an undisputed fact - page ii of the file corresponding to the Plan Regulador submitted by the INVU) 13.- Through publication in La Gaceta No. 225 of November 17, 2004, the Municipalidad de Osa called for a public hearing to consider the Zoning Plan for the Coastal Sector of Punta Ventanas de Osa, to be held on December 16 of that year, at five in the afternoon in the Sessions Hall of that Municipality. (folio 83 of the administrative file submitted by the INVU) 14.- That the public hearing was held on the scheduled date, and none of the persons who attended expressed an interest in presenting objections to said presentation. (See the agreement adopted by the Concejo Municipal of Osa in ordinary session No. 51-2004, of December 22, 2004) 15.- On December 22, 2004, in ordinary session No. 51-2004, agreement No. 1, chapter VII, the Concejo Municipal of Osa approved the Plan Regulador for the Coastal Sector of Punta Ventanas de Osa, ordering its publication together with its regulations and the corresponding maps. (an undisputed fact - documentary evidence No. 3 from the set of evidence submitted by the plaintiff) 16.- On January 7, 2005, the Municipal Mayor's Office of Osa granted the visé to the Plan Regulador Costero of Punta Ventanas de Osa. (An undisputed fact - documentary evidence No. 4 from the set of evidence submitted by the plaintiff.) 17.- In La Gaceta No. 37, of February 22, 2005, the agreement adopted by the Concejo Municipal of Osa in ordinary session No. 51-2004, agreement No. 1, chapter VII, through which the Plan Regulador for the Coastal Sector of Punta Ventanas de Osa was approved, was published. Said publication included the respective zoning regulations and the corresponding maps. (an undisputed fact - documentary evidence No. 4 from the set of evidence submitted by the plaintiff) 18.- On April 4, 2005, the company Las Ventanas de Osa S.A., legal certificate No. CED110648, requested from the Municipalidad de Osa a concession for a parcel in the zona marítimo terrestre, located in the sector of Punta Ventanas de Osa, indicating an area of 140,794.68 square meters, with the following boundaries: North: restricted zone (zona restringida) and private property; South: public zone (zona pública) and restricted zone; East: private property and restricted zone; West: public zone. (an undisputed fact - documentary evidence No. 5 in the set submitted by the plaintiff) 19.- On April 4, 2005, the company Shark Bay Dos Mil S.A., legal certificate No. CED110649, requested from the Municipalidad de Osa a concession for a parcel in the zona marítimo terrestre, located in the sector of Punta Ventanas de Osa, indicating an area of 32,601.47 square meters, with the following boundaries: North: private property and public street; South: public zone and restricted zone; East: restricted zone and private property; West: public street and public zone. (an undisputed fact - documentary evidence No. 6 in the set submitted by the plaintiff) 20.- On April 19, 2005, in ordinary session 5354, article 5, subsection VIII, the ICT's Board of Directors agreed to approve the zoning and road network map of the Plan Regulador of Punta Ventanas de Osa, as the officialization process had concluded with the publication of the cited plan in the Official Gazette La Gaceta of February 22 of that same year. Likewise, with this approval, the ICT's Board of Directors repealed any other previously issued for that zone. (an undisputed fact) 21.- The Dirección16971, Nombre140592, an official of the Área de Conservación de Osa, denounced before the Fiscalía de Osa the existence of cleared (socolados) sectors, land-use change (cambio de uso de suelo), and 36 cut trees of different species within the zona marítimo terrestre in the Hotel de Cinco Ventanas de Osa sector. (Copy of the complaint appearing in the set of evidence submitted by the plaintiff, identified as documentary evidence No. 7) 22.- The Dirección16972, Mr. James Donald Linskey, acting as legal representative of the companies Las Ventanas de Osa S.A. and Shark Bay Dos Mil S.A., requested the Municipalidad de Osa to conduct a survey study of the forested areas (áreas boscosas) whose plan regulador is located in the canton of Osa, Bahía Ballenas District, Dirección16973, between boundary markers M638 IGN and M680 IGN. He also requested to negotiate with the MINAE, Área de Conservación de Osa, the survey of forest areas within the concession area. (an undisputed fact - documentary evidence No. 7 in the set submitted by the plaintiff) 23.- On August 24, 2006, the Municipalidad de Osa requested the Área de Conservación de Osa (ACOSA) to issue instructions to the Diquis Subregional Office, based in Palmar Norte, to proceed with the forest classification of the area requested in concession before that Municipality by the defendant companies. This was for the purpose of continuing the processing of said concession applications. (folio 45 of the administrative file submitted by the Municipalidad de Osa corresponding to the company Shark Bay Dos Mil S.A.) 24.- On November 15, 2006, in extraordinary session No. 22, the Concejo Municipal of Osa agreed to forward to the Mayor of that Municipality the draft resolutions in the name of the companies Las Ventanas de Osa S.A. and Shark Bay Dos Mil S.A., for the preparation and signing of the respective concession contracts. (an undisputed fact) 25.- On December 8, 2006, the company Las Ventanas de Osa S.A. and the Municipalidad de Osa entered into a concession contract, through which the cited municipal corporation grants in concession a parcel located in the restricted zone of the Punta Ventanas sector, Bahía Ballena District, canton of Osa, province of Puntarenas, consisting of an area of fourteen hectares seven hundred ninety-four meters and sixty-eight square decimeters (140,794.68 square meters) with the following boundaries: North: restricted zone and private property; South: public zone and restricted zone; East: private property and restricted zone; West: public zone. (an undisputed fact, concession contracts appearing at folios 183 to 188 of the administrative file submitted by the Municipalidad de Osa corresponding to the company Las Ventanas de Osa S.A. Volume 2) 26.- On December 8, 2006, the company Shark Bay Dos Mil S.A.

and the Municipality of Osa entered into a concession contract whereby the aforementioned municipal corporation grants in concession a parcel located in the restricted zone of the Punta Ventanas sector, Bahía Ballena District, canton of Osa, province of Puntarenas, consisting of an area of three hectares two thousand six hundred fourteen meters with ninety-two square decimeters (32,614.92 square meters) and with the following boundaries: North: private property and public street, South: public zone and restricted zone, East: restricted zone and private property, and West: public street and public zone. (undisputed fact, concession contracts appearing at folios 52 through 58 of the administrative file provided by the Municipality of Osa corresponding to the company Shark Bay Dos Mil S.A.) 27.- On October 18, 2007, the Director of the Osa Conservation Area of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, at the request of the Municipality of Osa, certified that on the lands included in the Regulating Plan of Punta Ventanas de Osa, approved by the Municipality of Osa in Session No. 51-04, of December 22, 2004, published in the Official Gazette La Gaceta No. 37 of February 22, 2005, there exist 15.22 hectares of forest, that all these areas form part of the Natural Heritage of the State and are duly identified, georeferenced, and quantified in the document attached to the certification. (folios 79 and 80 of the administrative file provided by SINAC and bundle of evidence provided by the plaintiff, identified as Exhibit No. 14) 28.- On October 18, 2007, by means of certificate No. ZMT. 00010-2007, issued by Nombre80249, an official of the Maritime-Terrestrial Zone Department of the Municipality of Osa, it was recorded that the application files for concessions in the name of the defendant companies include a contract signed between the parties and the Municipality, but it is not recorded that such concessions have been approved by the ICT. (undisputed fact—certificate visible in the bundle of documentary evidence provided by the plaintiff, identified as Exhibit No. 16) 29.- On June 12, 2008, by means of official communication No. SG-AJ-683-2008-SETENA, the Acting General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat of the Ministry of Environment and Energy certified that no environmental impact study (estudio de impacto ambiental) or environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) exists in relation to the approval of the Regulating Plan of Playa Ventanas, canton of Osa, province of Puntarenas, covering the area located between markers 633 to 679 + 22 m. (undisputed fact—certificate visible in the bundle of documentary evidence provided by the plaintiff, identified as Exhibit No. 17) 30.- On July 14, 2008, Carlos Rodríguez Blinda, Coordinator of Control and Protection of Nombre140593 filed a complaint before the Administrative Environmental Tribunal, stating that on July 12, 2008, during an inspection carried out at Ventanas de Osa, in the sector of the old hotel, he found various environmental anomalies such as removal of understory vegetation from the forest, undermined and cut roots, clearings in the forest that previously did not exist, trails, and poppy plantings following the line of the markers. He also reported that the affected area is eight hectares, including impact on the public zone. (folios 81 through 88 of the administrative file provided by SINAC, bundle of documentary evidence provided by the plaintiff, identified as Exhibit No. 18, and testimony of Mr. Rodríguez Blinda at the sole hearing) 31.- The company Shark Bay Dos Mil S.A. paid the amount of seven hundred sixty-five thousand four hundred thirty-five colones and seventy-five céntimos to the Municipality of Osa, for the payment of the maritime-terrestrial zone fee (canon por zona marítimo terrestre) corresponding to the period from December 2007 to December 2008. (copy of bank receipt and certificate visible at folios 65 and 69 of the administrative file provided by the Municipality of Osa corresponding to the company Shark Bay Dos Mil S.A.) 32.- The company Las Ventanas de Osa S.A. paid the amount of one million nine hundred seventy-one thousand fifty-two colones and fifty céntimos to the Municipality of Osa, for the payment of the maritime-terrestrial zone fee corresponding to the year 2007 and an equal amount for the period from December 2007 to December 2008. (copies of payment voucher and certificate visible at folios 161 and 169 of the administrative file provided by the Municipality of Osa corresponding to the company Las Ventanas de Osa S.A. Volume 2) 33.- The company Las Ventanas de Osa S.A. paid to the Municipality of Osa the amount corresponding to the Liquor License for the years 2003 to 2008. (folio 216 of the judicial file) 34.- On the lands for which the Municipality of Osa entered into a concession contract with the company Las Ventanas de Osa S.A., there are two buildings divided into rooms with bathrooms. The first building is in a deteriorated state and not in use. The second building, in a state of medium conservation, had household furnishings, clean rooms with their proper sheets, and room keys. Likewise, there is a swimming pool with stagnant water. (see video of the judicial inspection) 35.- The maritime zone of Punta Ventanas de Osa does not, in its entirety, constitute Natural Heritage of the State. (certification issued by ACOSA, Survey Report of Natural Heritage of the State Areas in the Regulating Plans of Ventanas de Osa and Shark Bay S.A. identified as Exhibit 14 in the bundle submitted by the plaintiff, comparative analysis of aerial photographs of the zone from the years 1979, 1998, 2005, and 2008 contained in a separate bundle, judicial inspection, and testimony of Nombre140594 at the sole hearing) 36.- The areas of natural forest and isolated trees on the lands included in the maritime-terrestrial zone of the Coastal Regulating Plan of Punta Ventanas de Osa constitute forest ecosystems and Natural Heritage of the State (certification issued by ACOSA, Survey Report of Natural Heritage of the State Areas in the Regulating Plans of Ventanas de Osa and Shark Bay S.A. identified as Exhibit 14 in the bundle submitted by the plaintiff, comparative analysis of aerial photographs of the zone from the years 1979, 1998, 2005, and 2008 contained in a separate bundle, video of the judicial inspection, and testimony of Nombre140594) 37.- The areas without forest on the lands included in the maritime-terrestrial zone of the Coastal Regulating Plan of Punta Ventanas de Osa do not constitute forest ecosystems or Natural Heritage of the State (certification issued by ACOSA, Survey Report of Natural Heritage of the State Areas in the Regulating Plans of Ventanas de Osa and Shark Bay S.A. identified as Exhibit 14 in the bundle submitted by the plaintiff, comparative analysis of aerial photographs of the zone from the years 1979, 1998, 2005, and 2008 contained in a separate bundle, video of the judicial inspection, and testimony of Nombre140594 at the sole hearing) 38.- The lands granted in the concession contract to the company Shark Bay Dos Mil S.A. lie within the Natural Heritage of the State (certification issued by ACOSA, Survey Report of Natural Heritage of the State Areas in the Regulating Plans of Ventanas de Osa and Shark Bay S.A. identified as Exhibit 14 in the bundle submitted by the plaintiff) 39.- The buildings located in the zone granted under the concession contract to the company Las Ventanas de Osa S.A. lie within the area that does not constitute Natural Heritage of the State (certification issued by ACOSA, Survey Report of Natural Heritage of the State Areas in the Regulating Plans of Ventanas de Osa and Shark Bay S.A. identified as Exhibit 14 in the bundle submitted by the plaintiff, comparative analysis of aerial photographs of the zone from the years 1979, 1998, 2005, and 2008 contained in a separate bundle, testimony of Nombre140594 at the sole hearing) 40.- The lands included in the Coastal Regulating Plan of Punta Ventanas de Osa have suffered significant alterations and deterioration of their biodiversity during the period from 1979 to 2008, consisting of: cut trees, cutting of roots and branches, accumulations of organic material in the public zone, restricted zone, and near streams, clearings with a view to the sea both in the public zone and in the restricted zone, trails or paths running from the restricted zone to the public zone. Likewise, on the lands that the Municipality granted in concession to the company Las Ventanas de Osa S.A., clearing (chapia), planting of exotic or non-native species foreign to the area’s own flora, and constructions were observed. (comparative analysis of aerial photographs of the zone from the years 1979, 1998, 2005, and 2008 contained in a separate bundle, judicial inspection, and testimony of Nombre140594) 41.- The Coastal Regulating Plan of Punta Ventanas de Osa was approved without the Natural Heritage of the State having been delimited or classified. (see Regulating Plan that was provided by INVU as evidence, the certification of Natural Heritage of the State issued by Nombre140593 in relation to the publication date of the Regulating Plan, official communication SINAC-DG-GASP-308, of July 25, 2008, signed by Máster Juan Sánchez Ramírez and appearing as Exhibit 19 in the plaintiff’s bundle of evidence, as well as the testimony of Mr. Sánchez Ramírez himself) 42.- The road providing access to the lands of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa has a low gate with a bar in poor condition. (undated note signed by Nombre140595 and appearing as Exhibit 15 in the bundle submitted by the plaintiff and video of the judicial inspection) 43.- The lawsuit giving rise to the present proceeding was filed by the plaintiff on September 16, 2008. (folio 5 of the judicial file.)

II.- UNPROVEN FACTS. Decisive for the resolution of the present proceeding, the following are deemed not proven: 1.- That the first Regulating Plan submitted to INVU for its approval in the 1980s was approved (there is no evidence in this regard) 2.- That the ICT had approved any concession for the defendant companies. (The court record) 3.- That any public institution had attended the public hearing convened by the Municipality of Osa to receive objections to the Regulating Plan. (there is a lack of evidence in that regard) 4.- That a municipal permit existed for the construction of the existing buildings on the lands included in the Coastal Regulating Plan of Punta Ventanas de Osa. (There is no evidence on that point) 5.- That the validity of the Natural Heritage of the State certification issued by Nombre140593 on October 18, 2007, was challenged through administrative channels. (There is no evidence) 6.- That the Municipality of Osa had submitted to Nombre140593 a request for reclassification of Natural Heritage of the State. (the court record) 7.- That the defendant companies have a permit or lease contract in the maritime-terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa. (there is no evidence on that point) 8.- That the defendant companies meet the requirements to be inhabitants or occupants of the maritime-terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa under the terms of Article 70 and Transitory Provision VII of Ley 6043. (there is no evidence in this regard)

III.- SUBJECT MATTER OF THE PROCEEDING.

Based on the framework of the claims, defenses raised by the parties, and the analysis of the arguments presented at the sole hearing held, this Tribunal considers that the core point of the present proceeding revolves around four fundamental axes: 1) The declaration of Natural Heritage of the State over the entire area relating to the maritime-terrestrial zone, included in the Regulating Plan of the Coastal Sector of Punta Ventanas de Osa. 2) Determining whether the competence to administer said zone corresponds exclusively to the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (MINAET) or to the Municipality of Osa. 3) The alleged absolute nullity of the Regulating Plan of the Coastal Sector of Punta Ventanas de Osa, of the agreement issued by the Board of Directors of the ICT that declared the rocky coastal sector of cliffs of Punta Ventanas de Osa to be of tourist interest, of the concession contracts signed by the Municipality of Osa and the companies Las Ventanas de Osa S.A. and Shark Bay Dos Mil S.A., for the occupation of respective parcels on the lands included in the maritime-terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa, and of all acts connected to the foregoing. 4) The abstract award of damages and losses arising from the administrative conduct, administrative legal relationship, and other actions subject of the lawsuit. Likewise, given that in the present proceeding an abstract award of damages and losses is sought under the indicated terms, this Tribunal considers it relevant to identify the various manifestations of administrative conduct that were challenged and reproached during the proceeding and that, in principle, involve different organs and entities of the State; as well as actions by private law subjects. The foregoing is important for purposes of analyzing the eventual liability of each of the defendants depending on their degree of participation. Among the manifestations of formal administrative conduct that are challenged, the following stand out: the acquiescence of the Municipality of Osa authorizing a private company to prepare a Regulating Plan, a situation that is aggravated when it grants concessions in the area to the same company that prepared the Plan; the approval by said Municipality of the aforementioned Plan without having the competence to do so because it involved zones that, it is alleged, involve Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado, PNE) and whose administration would correspond to MINAET; the approval that the municipal corporation, the ICT, and INVU carried out of the aforementioned Regulating Plan, without there being a certification of classification of Natural Heritage of the State and without an environmental viability certificate (certificado de vialidad ambiental); the concession contracts through which the Municipality of Osa had granted to the defendant companies parcels in the maritime-terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa without there being a Natural Heritage of the State certification. Likewise, during the hearing, omissive conduct attributable to the State was reproached, through its various competent organs, among them, the breach of the duty set forth in the third paragraph of Article 50 of the Political Constitution to guarantee, protect, and preserve the right to a healthy and ecologically balanced environment, the duty (both at the constitutional and legal level) to guarantee, defend, and protect the forested zones and forest natural resources comprised in the inalienable areas; as well as the proper training of officials who participate in the administration of these zones. Finally, the private defendant companies are censured for occupation of the disputed lands without having a legitimate title for such purposes.

IV.- THE NATURAL HERITAGE OF THE STATE AS AN EXPRESSION OF THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT, RECOGNIZED AND PROTECTED BY THE LAW OF THE CONSTITUTION. This Tribunal considers that before proceeding to resolve the specific case, it is necessary to refer to the following aspects. Constitutional recognition of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. In Costa Rica, the recognition and protection under the Law of the Constitution of the aforementioned fundamental right does not have as its starting point the reform of Article 50 of the Political Constitution, enacted by Law No. 7412 of June 3, 1994. The foregoing is because since the promulgation of the constitutional text in 1949, the will of the Constituent Power was clear in establishing in Article 89 that: “Among the cultural purposes of the Republic are: to protect natural beauties, to conserve and develop the historical and artistic heritage of the Nation, and to support private initiative for scientific and artistic progress”; which is complemented by the categorical declaration contained in Article 21, to the effect that in our country, “Human life is inviolable.” The integration of the provisions of both articles implies that the need to preserve the environment –although at that time the Constituent Power used the term natural beauties– transcends a merely cultural purpose, becoming a vital necessity for every human being, as it constitutes an essential prerequisite for making effective other fundamental rights such as: life, health, and development. (see in that regard, judgments No. 1993-03705 of fifteen hours of July 30, 1993; 1993-06240 of fourteen hours of November 26, 1993; 1993-04423 of twelve hours of December 7, 1993; 1994-02485 of nine hours eighteen minutes of May 27, 1994, all from the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice). In that sense, it is worth recalling that the Law of the Constitution is composed not only of the constitutional text, but also of the values and principles that inform and permeate its content, as well as of Public Treaties, International Conventions, and Concordats duly approved by the Legislative Assembly, and also of the International Human Rights Instruments applicable in the Republic (see Articles 1, 7, 21, 50 of the Political Constitution; 1 and 3 of the Law of Constitutional Jurisdiction). Added to this, the written and unwritten norms that make up the Law of the Constitution are characterized by being of direct and immediate application, so their recipients not only have the right to enforce them through administrative and judicial channels if they consider that by action or omission they have been impaired, but also, this implies that legal operators have the duty to apply them directly and immediately in their decision-making process, in order to comply with constitutional requirements (see what was considered by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in judgment No. 1999-00644 of eleven hours twenty-four minutes of January 29, 1999). Taking as a basis the provisions of Articles 7 and 48 of the Political Constitution, and 1 and 3 of the Law of Constitutional Jurisdiction, we can affirm that even if the constitutional text had not contained norms relating to the recognition and protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, that correlative right and duty not only already existed in Costa Rican domestic law, but also their effective protection was enforceable both domestically and internationally. This is because the Costa Rican State had subscribed to a series of Conventions, Treaties, and International Instruments related to this matter, before Article 50 of the Political Constitution was reformed by Law No. 7412 of June 3, 1994, instruments among which the following stand out: the “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” (Articles 2.1, 12.1, and 12.2.c); the “Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights” (Article 11); the “Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage,” signed in Paris on November 23, 1972, and approved by Law No. 5980 of October 23, 1976; the “Convention on the Protection of the Flora, Fauna and Scenic Natural Beauties of the Countries of America,” adopted in Washington on March 3, 1973, and approved by Law No. 3763 of October 19, 1976; the “Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat,” signed in Ramsar on February 2, 1971, and approved by Law No. 7224 of 1991; the “Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer,” adopted in Vienna on March 22, 1985, and approved by Law No. 7228 of April 22, 1991, and its “Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer,” signed in Montreal on September 16, 1987, and approved by Law No. 7223 of April 2, 1991; the “UN Convention on the Law of the Sea,” signed in Montego Bay on December 10, 1982, and approved by Law No. 7291 published on July 15, 1992, among others. All these international norms were integrated into Costa Rican domestic law in accordance with the provisions of Articles 7 and 48 of the Political Constitution and 1 and 3 of the Law of Constitutional Jurisdiction, so that “...all these international instruments are of mandatory observance and enjoy full enforceability insofar as their norms do not require further legislative development and therefore must be respected (...) as the normative rank of those is superior...” (Judgment No. 1993-06240 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at fourteen hours of November 26, 1993).

Sub-constitutional Development of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. Without doubt, the recognition and protection of the aforementioned fundamental right provoked its sub-constitutional development, through the issuance of legal or regulatory norms regulating various manifestations of the same, which were issued long before the reform of Article 50 of the Political Constitution. As examples of this we have: the Water Law (Ley de Aguas) (No. 276 of August 27, 1942); the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) (No. 4240 of November 15, 1978); the Forestry Law (Ley Forestal) (No. 4465 of November 25, 1979, now repealed); the Maritime-Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre) (No. 6043 of March 2, 1977); the General Health Law (Ley General de Salud) (No. 5395 of October 30, 1973); the Law Creating the National Parks Service (No. Placa27062 of August 24, 1977); the Animal Health Law (Ley de Salud Animal) (No. 6243 of May 2, 1978); the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) (No. 7317 of October 21, 1992), among others. The foregoing implies that before the reform of Article 50 of the Political Constitution, the fundamental right to which we have referred was not only recognized and protected in the Law of the Constitution, but also had been developed –albeit in a sectoral manner and not with a comprehensive vision– at the legal and regulatory level. By virtue of what has been set forth so far, this Tribunal considers that the reform of Article 50 of the Political Constitution did nothing more than expressly and clearly individualize a fundamental right that was already enshrined and guaranteed by the Law of the Constitution; expressly declare the scope of the already preexisting obligation of the State to guarantee, defend, and preserve the right to a healthy and ecologically balanced environment; and grant individuals full standing to defend it, through a popular action (see judgments No. 1994-01394 of fifteen hours twenty-one minutes of March 16, 1994, and 1994-05527 of ten hours forty-five minutes of September 23, 1994, both from the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice).

Consequences of the recognition of the guarantee of Article 50 of the Constitution in the terms explained. Said recognition entails two relevant aspects for the resolution of the present proceeding. First. The imposition of a duty, both for the State –understood as the Central and Decentralized Administration– and for the private law subjects themselves, to guarantee, defend, and preserve that right. Second. The establishment of a series of mechanisms of a technical-legal nature to achieve effective protection of that right, both at the administrative and judicial levels. Regarding the first of these aspects, it should be noted that “The incidence that the right to a healthy and ecologically balanced environment has within the activity of the State, and congruently of the municipalities (bearing in mind Article 169 of the Constitution), finds its primary reason in that by definition rights are not limited to the private sphere of individuals but also have transcendence in the very structure of the State in its role as guarantor thereof and, secondly, because the activity of the State is directed toward the satisfaction of the collective interests. The Political Constitution establishes that the State must guarantee, defend, and preserve that right. Prima facie, guarantee means to secure and protect the right against some risk or need, defend means to prohibit, forbid, and impede any activity that threatens the right, and preserve means an action aimed at sheltering the right in advance from possible dangers in order to make it endure for future generations. The State must assume a dual behavior of doing and not doing; on the one hand, it must refrain from itself threatening the right to a healthy and ecologically balanced environment, and on the other hand, it must undertake the task of issuing the measures that allow compliance with the constitutional requirements...” (judgment No. 1999-00644 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 11:24 hours on January 29, 1999). In that sense, “...The action that the Political Constitution imposes on the State in the face of sources of environmental contamination is multidirectional and definitively active, absolutely intolerant of situations that threaten or affect the optimal environmental conditions that are guaranteed by it to the inhabitants. From this perspective, public authorities are not permitted to make concessions or grant extensions for the environment to continue being affected, even when this is done with a view to bringing economic benefits to a specific geographic area...” (judgment No. 1999-05906 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at 16:15 hours on July 28, 1999). This constitutional duty of the State to ensure the protection, defense, and preservation of the environment is developed and manifested, among others, in the following norms: Articles 1, 2.a, 2.c, 2 last paragraph, 3, 12, 28, 32, 34, 37, 56, 59, 78, 83, 103 to 112 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente); Articles 1, 2, 9.4, 12, 22 to 30, 45, 49, 54, 86, 88 of the Biodiversity Law; 3, 4, 6, 7, 15, 34, 122 of the Wildlife Conservation Law; 1, 2, 5, 6, 13, 37, 54 of the Forestry Law; 5, 6, 7, 11, 21, 29 to 33, 37 of the Law on the Use, Management and Conservation of Soils; 13.a, 13.o of the Municipal Code; 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25 of the Maritime-Terrestrial Zone Law; 1, 2 of the General Health Law; 1, 2, 17, 175, 176 of the Water Law; 15, 18, 19, 51, 56, 58.5, Transitory Provision II of the Urban Planning Law. Now then, that duty is not limited only to the State as a whole, but also to private law subjects, who have the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, but also to guarantee, preserve, and defend it, as can be inferred, among others, from Articles 1 first paragraph, 2.a, 6, 22, 23, 99, of the Organic Environmental Law; 10.2, 10.13, 11.4, 88, 95, 101, 105 of the Biodiversity Law; 15, 28 to 30, 36 to 38, 51, 53, 62 to 64, 83, 88 to 121 of the Wildlife Conservation Law; 57 to 66 of the Forestry Law; 37, 40, 41 to 45, 51 to 53 of the Law on the Use, Management and Conservation of Soils; 14 of the Maritime-Terrestrial Zone Law; as also, from judgments No. 1999-02219 of fifteen hours eighteen minutes of March 24, 1999; 1999-05906 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at sixteen hours fifteen minutes of July 28, 1999, among others. Regarding the second aspect, related to the establishment of a series of mechanisms of a technical-legal nature to achieve effective protection of that right, both at the administrative and judicial levels, this Tribunal considers that said means of protection can be classified into two large groups: procedural and material. It is necessary to clarify that, while it is true that reference will be made to specific examples related to each of the classification criteria indicated above, the intention of this Tribunal is not to establish a numerus clausus list, but solely to highlight through said examples aspects that have an impact on the subject matter of this proceeding.

In that regard, within the group of procedural protection mechanisms, three examples stand out: 1) The broad standing granted to every person by the second paragraph of Article 50 of the Political Constitution and Article 105 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), to denounce, both in administrative and judicial proceedings, conduct that infringes the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and to claim the damage caused. It should be noted that, in principle, standing in environmental matters would originate from a simple normative authorization without the existence of an individual, collective, or diffuse right or interest; however, this Court considers that, at its core, what each person seeks to protect is a right that forms part of their vital sphere and upon whose guarantee, defense, and effective preservation their ability to develop and live in accordance with the principle of human dignity depends (see Article 2.a of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), in the sense that the environment is the common heritage of all the inhabitants of the Nation). 2) A system of unnamed precautionary measures and, if necessary, of an anticipatory nature (Articles 108 of the Biodiversity Law, 42 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), and 19 to 30 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo)). 3) The application of the guiding principles in environmental matters, namely: in dubio pro natura, preventive, and precautionary, as means to guarantee the effective protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and therefore, to prevent its existence from being restricted to the semantic plane of legal reality (see Articles 4.c, 17, and 34 of the Organic Environmental Law, 11 subsections 1 and 2, 92 of the Biodiversity Law, principle 15 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, and among others, judgment number 1999-01250 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia), at eleven hours twenty-four minutes on February nineteenth, nineteen ninety-nine). In that sense, the legal operator must always take into consideration that “...when there is a danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of cost-effective measures to prevent environmental degradation...”. On the other hand, within the group of substantive protection mechanisms, the following two manifestations are very representative: 1) The environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), as a sine qua non requirement to initiate activities, works, or projects that may alter or destroy elements of the environment or biodiversity, or generate toxic or hazardous waste or materials. This requirement has been in effect since November 13, 1995, the date the Organic Environmental Law was published. It is also regulated in Articles 92 to 97 of the Biodiversity Law; Article 14 of the Convention on Biological Diversity and its Annexes I and II; principle 17 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration; Article 18 of the Forestry Law (Ley Forestal); the General Regulation on Environmental Assessment Procedures (Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación Ambiental, Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), among others. In this regard, constitutional jurisprudence has established that “...the fact that both the right to health and the right to enjoy an ecologically balanced environment are recognized as fundamental rights obliges the Chamber to specify that the solution to the problem cannot be based on quick fixes; that, to adopt a decision in this field, the technical studies must be available to ensure that the proposed solution, in each specific case, will not be the source of a public health problem or undue alteration to the environment...” (Among others, judgment No. 1995-02671 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 16:45 on May 24, 1995). In this sense, “...it is not possible for the State to execute or authorize the execution of projects about which there is doubt regarding the negative impact they may generate on the environment. Consequently, the omission of a prior environmental impact assessment constitutes a violation of Article 50 of the Constitution...” (judgment No. 1999-02219 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 15:18 on March twenty-fourth, nineteen ninety-nine). 2) The existence of assets belonging to the Nation itself—as the constitutional text calls them—which, forming part of the public domain, are characterized by being inalienable, imprescriptible, and unseizable, such that their removal from public use or application to public uses is reserved to the Law, in accordance with the provisions of Article 121 subsection 14, first paragraph, of the Political Constitution. Among those assets whose conservation constitutes a matter of public environmental interest (Article 11 of the Biodiversity Law), are: the environment defined in Article 2.a) of the Organic Environmental Law, as the common heritage of all the inhabitants of the Nation; the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) (Articles 1 and 73 of the Maritime-Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre)); the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) (Articles 13 to 18 of the Forestry Law); Wild Fauna and Flora (Articles 3 and 4 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre)); the Waters in accordance with the breakdown contained in Article 1 of the Water Law (Ley de Aguas).

Regarding the State Natural Heritage. In accordance with the purpose of the proceeding before us, this Court will focus its analysis on the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE). Given the terms of the recognition of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, as already explained, it is necessary to highlight that Forestry Law No. 4465 already cited (and which was repealed by Forestry Law number 7575 of February 5, 1996), not only contained “...as an essential function and priority of the State, ensuring the protection, conservation, utilization, industrialization, administration, and promotion of the country's forest resources, in accordance with the principle of rational use of renewable natural resources...” (Article 1), but also the concepts of Forest (Article 6) and State Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado) (Article 32, first paragraph). Regarding the State Forest Heritage, Law No. 4465 established its characteristics (Article 33); the competent bodies for administering and supervising the State Forest Heritage, which according to that regulation were the General Forestry Directorate (Dirección General Forestal) and the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía) (Article 32, second paragraph), as well as the powers conferred on these bodies for the purposes of protecting and conserving the State Forest Heritage. Among the latter, the following should be highlighted: 1) Replevin actions for those properties (Article 33); 2) The constitution within the State Natural Heritage of forest reserves, protective zones, national parks, national wildlife refuges, and biological reserves (Articles 35 to 37); 3) The demarcation of the lands in the areas that make up the State Forest Heritage (Article 38). On the other hand, in Forestry Law No. 7575 currently in force, that concept is taken up again but with a variation in the name, as it is now called the State Natural Heritage. This term is broader as it encompasses the protection and preservation of the forest ecosystem (Article 3, subsection c of the Forestry Law). The State Natural Heritage is public domain, which is why the lands and forests comprised within it are unseizable, imprescriptible, and inalienable. Likewise, its conservation and administration are entrusted by law to the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, MINAET), through the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), as provided in Articles 6.a, 13 second paragraph, and 14 of the cited Forestry Law and numeral 32, second paragraph, of the Organic Environmental Law. The PNE is composed of two important components: 1) The Protected Wild Areas (Áreas Silvestres Protegidas), whatever their management category and whether declared by Law or Executive Decree, namely: forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (Law No. 7575, Article 1, paragraph 2, subsection 3.i; Organic Environmental Law, Article 32; Biodiversity Law, Article 22 and following, and 58; National Parks Service Law (Ley del Servicio de Parques Nacionales), Article 3, subsections d and f, in relation to the Organic Law of MINAE and its Regulation; Wildlife Conservation Law, Article 82, subsection a); 2) The remaining forests and forest lands of the inalienable areas, of the properties registered in its name, and of those belonging to Municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies, which have an immediate legal affectation (afectación legal inmediata), except for those properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its assets (Article 13, first paragraph of the Forestry Law). It should be emphasized that both the Protected Wild Areas and the rest of the forested areas and lands of forest aptitude comprised within the maritime-terrestrial zone, are excluded from the scope of regulation of Law No. 6043 and therefore, from the competence of the Municipalities, as will be expanded upon later. These zones are subject to their own legislation (Forestry Law), which implies that their administration falls to the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, through the National System of Conservation Areas (see in this regard judgment number 2008-16975 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at fourteen hours fifty-three minutes on November twelfth, two thousand eight). Now, as part of the duties incumbent upon MINAET and SINAC for the conservation and protection of the State National Heritage, are: 1) the exercise of the replevin action for the PNE, which is imprescriptible (Article 14); 2) to delineate on the ground the boundaries that make up the State Natural Heritage (Article 16); 3) to coordinate with the National Registry the establishment of a forest cadastre, whose objective will be to regulate the areas comprised within the PNE and those that voluntarily submit to the forestry regime (Article 17); 4) The Public Administration cannot exchange, cede, alienate in any way, deliver, or lease rural lands owned or administered by it, without their first being classified by MINAET, such that if they are covered with forest, they would automatically become incorporated into the State Natural Heritage (Article 15). Based on all the foregoing, this Court reaches the following conclusions relevant to the specific case. First. As the environment is constituted as the Common Heritage of all the inhabitants of the Nation, the State Natural Heritage constitutes a species of that genus (Articles 50 second paragraph, 89, 121 subsection 14 first paragraph of the Political Constitution, 2 subsection a) of the Organic Environmental Law, 1 of the Biodiversity Law, and 13 of the Forestry Law). Second. There is an immediate legal affectation to the State Natural Heritage of all those lands comprised within the protected wild areas, in the areas declared inalienable—such as the maritime-terrestrial zone (Article 73 of Law 6043)—, in the lands of forest aptitude, and in the properties registered in the name of the State, Municipalities, Autonomous Institutions, and other entities of the Decentralized Public Administration. Third. The State Natural Heritage does not require an express declaration, given that, in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of the Forestry Law, as well as the rulings of the Constitutional Chamber in judgments 1992-03789 and 1997-04587, the forested zones, lands with forest aptitude, mangroves, and wetlands comprised within the inalienable areas, such as the maritime-terrestrial zone, are immediately affected to this Heritage, without the concurrence of the Administration. Fourth. Consequently, the delimitation of the boundaries of the areas that make up the State Natural Heritage, pursuant to Article 16 of the Forestry Law, constitutes a power that MINAET, through SINAC, must exercise ex officio and not only at the request of a party. This is so not only in application of the duty imposed on it by Articles 21, 50 second and third paragraphs, and 89 of the Political Constitution, to guarantee, preserve, and conserve the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, but also because the law does not indicate that the delimitation must be carried out only at the request of a party. It is not justified, in the opinion of this body, that the State can validly allege a lack of resources for such purpose, as constitutional jurisprudence has repeatedly held (see, among others, judgments 1995-00915 at sixteen hours six minutes on February fifteenth, nineteen ninety-five; 1996-000695 at fifteen hours forty-two minutes on February seventh, nineteen ninety-six). Fifth. Consequently, the classification carried out by the National System of Conservation Areas, regarding the type of ecosystem existing on the properties comprised within the State Natural Heritage, constitutes a mere categorization thereof, according to the classification criteria set forth in Article 13, first paragraph, of the Forestry Law and Executive Decree number 34295-MINAE, namely: forests, lands of forest aptitude, wetlands, mangroves, among others. Sixth. It is evident that the State has the duty—at both the constitutional and legal level—to guarantee, defend, and protect the forested zones, lands of forest aptitude, mangroves, wetlands, among others, comprised within the inalienable areas—as in this case, the Maritime-Terrestrial Zone—which, by the mere fact of having that character, were directly and automatically affected to the State Natural Heritage. Therefore, the result of the classification of the type of ecosystem existing in said areas—which must be carried out ex officio and not only at the request of a party, in order to take the necessary measures to achieve their effective protection and conservation—is not what determines their incorporation or not into the State Natural Heritage, since by law they had already been affected to it, by virtue of being inalienable zones.

V.- BRIEF CONSIDERATIONS ON THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE AND ITS PLANNING. Some considerations regarding the maritime-terrestrial zone and its planning are also relevant for the resolution of this matter.

Concept. Article 9 of the Maritime-Terrestrial Zone Law defines this zone as the strip two hundred meters wide along the entire length of the Atlantic and Pacific coasts of the Republic, whatever its nature, measured horizontally from the ordinary high tide lines and the lands and rocks uncovered by the sea at low tide. It comprises the maritime islands, islets, and rocky islets as well as all land with natural formation that projects above the ocean level within the territorial sea of the Republic. Isla del Coco, which shall be under the direct dominion and possession of the State, and those other islands whose dominion or administration is determined in said law or in special laws, are excepted.

Zones that make up the Maritime-Terrestrial Zone. According to numeral 10 of the same Law, it can be stated that the maritime-terrestrial zone is composed of two sections: 1) The public zone, which is the strip fifty meters wide from the ordinary high tide line and the areas that are uncovered during low tide, as well as the islets, rocky islets, and other small areas and natural formations that project above the sea. Likewise, as indicated by canon 11 of the cited Law, the zone occupied by all the mangroves of the continental and insular coastlines and estuaries of the national territory constitutes a public zone, regardless of its extension. 2) The restricted zone, constituted by the strip of the remaining one hundred fifty meters or by the remaining lands in cases of islands, and over which, as will be seen, concessions can be granted. As indicated in Article 1 of the aforementioned Law, the maritime-terrestrial zone constitutes part of the National Heritage, belongs to the State, and is inalienable and imprescriptible. This has made it possible to affirm with complete precision the public domain character of said zone and, as a consequence thereof, its imprescriptibility, unrenounceability, inalienability, as well as that it is outside the commerce of men. Now, the fact that it is a public domain asset does not mean that private parties, in a situation of special subjection, cannot make use of it; quite the contrary: as will be expanded upon later, through a concession (of the restricted zone) private parties can utilize the maritime-terrestrial zone. It is important to emphasize already that, according to Article 12 of the Law in question, in the maritime-terrestrial zone it is forbidden, without due legal authorization, to exploit the existing flora and fauna, to demarcate with fences, lanes, or in any other way, to erect buildings or installations, to cut down trees, extract products, or carry out any other type of development, activity, or occupation.

Administration and protection of the maritime-terrestrial zone: As already indicated, the maritime-terrestrial zone belongs to the State. However, it is clear that, pursuant to the already cited Law 6043, competencies of different organs and entities converge on this zone. In this sense, it is possible to distinguish jurisdictional spheres that involve, as far as this proceeding is concerned, the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo, ICT), National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU), Municipalities, and the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), which are listed below.

Powers of the Costa Rican Tourism Institute. In accordance with Article 2 of the Maritime-Terrestrial Zone Law in concordance with the Organic Law of the Costa Rican Tourism Institute, the latter, acting on behalf of the State, is responsible for the superior oversight of the maritime-terrestrial zone. It is of interest to this Court to point out some of the powers attributed to the ICT, among which the following stand out: 1) The preparation of a National Tourism Development Plan (Plan Nacional de Desarrollo Turístico), which, once prepared, in collaboration with the National Planning bodies, will serve as the basis for the proposal and approval of regulatory plans for soil use (planes reguladores de uso de suelo) in the maritime-terrestrial zone, according to national development priorities and taking into account the interest of conserving that zone as a national heritage. This function is established as a derivative of the provisions of Article 26 of the Law on the matter, in relation to Article 17 of the Regulation to that law, which enable this entity to establish the general national guidelines in the planning of the maritime-terrestrial zone, which is fundamental if one takes into consideration the necessity of sustainable tourism development, as a tool or mechanism for the country to use its natural and cultural riches with the objective of generating wealth for all and guaranteeing real benefits for the entire Costa Rican society. A development in balance with nature and with the number of economic (industrial, agricultural, and commercial), cultural, sports, and tourism activities that can be developed in this zone is required. Although the second paragraph of the cited Article 17 establishes the obligation to prepare a land use plan for this zone, a function that, as will be seen, is the exclusive responsibility of the municipal governments, the truth is that it should be carried out according to the priorities set in the National Tourism Development Plan. 2) In exercise of the power of superior oversight of the maritime-terrestrial zone, the Costa Rican Tourism Institute is responsible for the declaration of the tourism zone, which must be published in the Official Gazette La Gaceta; it is from that publication that the zone is affected to that use, and makes it deserving of the provisions that the legal system provides for its utilization and exploitation, as will be seen later. 3) To formulate comprehensive tourism development projects, in partial or total form, for the tourism zone already declared as such; the administration of which can be carried out jointly with the respective municipality, for which a specific agreement is required. 4) To approve concessions and to establish and maintain a General Registry of Concessions for the maritime-terrestrial zone, which forms part of the National Registry, for which purpose the respective municipalities must send it a copy of the concessions they grant, the extensions, approved transfers, and encumbrances or other operations they authorize regarding the same. The foregoing is relevant if one considers that, despite the fact that the procedure for granting a concession is processed before the respective municipality, its validity is conditional on the approval of the Costa Rican Tourism Institute, on beaches with a tourism declaration. 5) To approve all urban or tourism development plans and layouts that affect the maritime-terrestrial zone, after prior approval by the National Institute of Housing and Urbanism, as well as by the other institutions with competence in this matter. Functions of the Municipalities in the administration of the maritime-terrestrial zone: Article 169 of the Constitution and numeral three of the Municipal Code establish that the jurisdiction of the Local Government is limited to the respective canton, such that the Municipality, in principle—since we will see that there are some exceptions, as indicated in the previous Considerando—is the competent entity for attending to the interests and services in the canton in general, and therefore in the maritime-terrestrial zone comprised therein. Likewise, in matters of local planning, the competence, while not exclusive and excluding, lies with the Municipalities of the respective canton (Article 15 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana)). In accordance with the foregoing, canon 3 of the Maritime-Terrestrial Zone Law defines very clearly the competence attributed to the Municipalities, stating that it is incumbent upon said corporations to directly ensure compliance with the norms of that law referring to the dominion, development, utilization, and use of the maritime-terrestrial zone, especially the tourism areas of the coasts, and that the usufruct and administration, both of the public zone and of the restricted zone, corresponds to them. The foregoing allows for the outlining of some specific functions, including: 1) The direct care, conservation, and oversight of the maritime-terrestrial zone and the natural resources that exist there. 2) To administer the areas that are not excluded from the application of this regime, in coordination with the Costa Rican Tourism Institute or the Institute of Agrarian Development, depending on whether they are tourism or agrarian zones. 3) To collect the respective fees on the concessions granted in those zones. It is important to note that the oversight and administration functions entrusted by law to the local governments do not constitute a right of property or possession over this strip of land; by virtue of, as indicated, the public domain character of this asset. Functions of the National Institute of Housing and Urbanism. It is relevant in this matter to highlight the following: 1) To plan the development of cities and other minor centers, in order to promote the best use of the land. 2) To approve infrastructure and construction works in the public zone, considering the public use for which they are destined (Article 22 of Law 6043). 3) To approve urban or tourism development plans that affect the maritime-terrestrial zone (Article 31 of Law 6043). Functions of the Office of the Attorney General of the Republic. Related to the proceeding under discussion, it is worth mentioning the power granted to it by Article 4 of Law 6043, according to which it must exercise, on its own or at the request of any entity or institution of the State or interested party, legal control for the due compliance with the provisions of the cited law. This includes, according to the text of the norm, making the pertinent efforts regarding any action that violates or tends to infringe the provisions of that law or related laws, or that intends to obtain rights or recognitions in contravention of those norms, or to annul concessions, permits, contracts, acts, agreements, or provisions obtained in violation thereof. The foregoing is without prejudice to what corresponds to other institutions or dependencies in accordance with their legal faculties. Said function, added also to those established by its Organic Law.

Regarding Coastal Regulatory Plans (Planes Reguladores Costeros). Definition. Purpose. Firstly, this Court wishes to briefly reflect on the necessity for coastal regulatory plans, as instruments of local planning, to correspond with the guidelines established in the National Development Plan and with the recommendations of the General Land Use Plan that, according to law, the Costa Rican Tourism Institute must propose and to which the National Institute of Housing and Urbanism must also adhere when evaluating and approving them. This implies, of course, adequate and timely coordination between the different Public Administrations involved, in order to respect the scope of competencies of each one of them. The foregoing is for the purpose of defining an order of priorities in the development of the coastal zones, guaranteeing reasonable and adequate land use consistent with sustainable development, particularly in that zone where fragile ecosystems coexist. However, reality shows that these types of regulatory plans have generally been approved in a casuistic manner and ignoring other similar processes, which evidences a lack of institutional coordination at the national and local level. This type of plan should consider, at least, protected areas (ecosystems, mangroves, coral reefs, beach systems, wetlands, seagrass beds, riverbeds, nesting sites), existing forests and renewable resources, means of transport, urban planning aspects, the activities carried out in the zone: tourism, agriculture, fishing, housing, recreation, industry. Regulation. In reality, there is no specific normative regulation in our legal system for the elaboration of a regulatory plan for the coastal zone (except, as indicated, regarding the entity in charge of its approval). Evidently, in the absence of a specific regulation, one must start from the procedure established in the Urban Planning Law for the approval of an urban regulatory plan in general, which is applicable, as pertinent, to the coastal sectors. Thus, according to Article 15 of the Urban Planning Law, it is the power of local governments to define the implementation of a regulatory plan and the corresponding development regulations. We can define it as the suitable technical legal instrument for territorial planning for the balanced economic, social, and environmental development of the coastal zones. Who may carry it out. In this sense, and because it involves the exercise of a public power, that is, land use planning and territorial planning, any proposal for a coastal regulatory plan must be prepared and approved by the competent bodies, that is, the corresponding Municipality, with technical support from the I.C.T. or INVU. Requirements. The coastal regulatory plan requires: consent of the Municipality, declaration of tourism or non-tourism aptitude, and demarcation by the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional, IGN) and that it has been certified whether there are areas that correspond to the State Natural Heritage because, as indicated, if that is the case, the Municipality lacks competence to administer the zones and, therefore, to adopt regulatory plans. Approval. Regarding the approval of this type of instrument, the procedure established in Article 17 of the Urban Planning Law must be followed, as pertinent. It can be noted that once the Coastal Sector Land Use Regulatory Plan is prepared, it must be duly presented to the Costa Rican Tourism Institute and the Institute of Housing and Urbanism. Both institutions must approve it so that it can then be presented at a public hearing. For such purposes, the Municipality must convene a public hearing, through the Official Gazette, and provide the necessary additional dissemination indicating the location, date, and time to hear about the project and the verbal or written observations that residents or interested parties may wish to make. The notice must be made no less than fifteen business days in advance.

Once the hearing has been held and as long as there are no objections or these have been resolved, the municipal corporation must agree by an absolute majority of votes to ratify the Coastal Regulatory Plan. Finally, the agreement of the Municipal Council of the Municipality regarding the adoption and entry into force of the Regulatory Plan must be published in La Gaceta, indicating the date from which the corresponding regulations will become enforceable. It is fundamental for this Tribunal to emphasize that, as established by Article 31 of the Maritime-Terrestrial Zone Law, in relation to the Coastal Regulatory Plan, it indicates that all Urban or Tourism Development Plans that affect the Maritime-Terrestrial Zone must be approved by the National Institute of Housing and Urban Planning and the Costa Rican Institute of Tourism, as well as by the other official bodies that have competence to intervene for such purpose, in accordance with the law. Use of the maritime-terrestrial zone. As explained, the Administration may grant special use permits for public domain property, which may consist of simple use permits or use concessions. These figures have important differences, although perhaps the most relevant relates to the nature of the right that arises from each one of them. The use permit is a unilateral act of the Administration, through which the beneficial domain of the property is placed in the hands of the individual, with the State always reserving direct dominion over the thing. This permit, being a right in precarious (en precario), may be revoked unilaterally by the Administration for reasons of opportunity and convenience without liability for the Administration, with the exception that it cannot be arbitrary or untimely, just as provided by Article 154 of the General Public Administration Law. For its part, the concession is a bilateral act, a contract entered into between the individual and the Administration, through which a subjective right of the individual arises to the use and enjoyment of the property, for the term and under the conditions established by law. This is, of course, without the Administration losing its guardianship over the demanial property. In this sense, and in accordance with Article 41 of the Maritime-Terrestrial Zone Law, the concession is the lawful and normal instrument available to individuals for the use of the restricted zone of the maritime-terrestrial zone. For its part, numeral 40 of the cited law delegates to the Municipalities the granting of these concessions, with the subsequent approval of the ICT (Article 42). Requirements for the granting of concessions. In accordance with canon 38, first paragraph, of the cited Law and numeral 19 of its Regulation, the sine qua non requirement for the granting of concessions is the existence of a regulatory plan, since if this does not exist, it is not possible to grant any concession by the Municipalities. Some coastal zones of various cantons, for many years, have not had a regulatory plan, so the only legal figure that can be used to justify placing the beneficial domain of real property located in the maritime-terrestrial zone in the hands of individuals is the use permit: whether of the occupant (see Transitional Provision VII of the cited Law) or of the settler (ver artículo 70 de la misma ley). However, these use permits are subject to two fundamental characteristics: that they do not affect the natural conditions of the zone nor impede the free use of the public zone, and that their execution in no way limits the future implementation of a regulatory plan. Likewise, there must be a demarcation of the public zone, which must be published by the National Geographic Institute in La Gaceta. Additionally, the ICT must declare the zone as having tourist suitability or non-tourist suitability. Likewise, there must be a certification from MINAET regarding the existence of forest zones or forestry aptitude that constitute National Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE). This is because, it is insisted, in the event that they exist, the Municipality lacks competence to grant concessions since, despite being a maritime-terrestrial zone, its administration corresponds to MINAET, in accordance with Article 13 and subsequent articles of the Forestry Law, already explained. Finally, the respective file must contain the administrative appraisal conducted by the Tax Administration of the zone. Other legitimate forms of occupation of the maritime-terrestrial zone. In addition to the permit and the concession, the Maritime-Terrestrial Zone Law regulates other legitimate forms of occupation on said lands, especially to regulate occupations prior to the entry into force of the Law in question, which it is necessary to at least define. Transitional Provisions I and II refer to concessions and lease contracts granted based on previous laws. In relation to lease contracts, these will pass to the control of the respective Municipalities and will continue under the same terms and conditions in which they were agreed, but upon their expiration and if their renewal is agreed, they will be modified in accordance with the rules of Law No. 6043. Likewise, the obligation was imposed that both the Municipalities and, at that time, the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización) send to the Costa Rican Institute of Tourism within the first six months of the validity of Law No. 6043 copies of the contracts or concessions that they may have granted in the maritime-terrestrial zone, without prejudice to interested parties also presenting their contracts to this Institute within that period, for purposes of their registration therein. Once that term expired, if such contracts were not presented, they lost their validity and were extinguished. On the other hand, Article 70 of the cited Law regulates the figure of the settlers (pobladores). It must be interpreted in light of this norm that settlers of the maritime-terrestrial zone are Costa Ricans by birth, with more than ten years of residence therein, according to information from the local Rural Assistance Guard authority or certification from the Electoral Registry regarding their domicile. If they meet the requirements demanded by law, even without a concession, they may continue to be located on the lands of the maritime-terrestrial zone, until such time as the Coastal Regulatory Plan is issued. In the event that their construction does not conform to what is implemented by the Regulatory Plan, they must be relocated and indemnified for their improvements. It must be interpreted that this type of occupation of the maritime-terrestrial zone is lawful and valid, so much so that to be relocated they must be indemnified for improvements. Furthermore, settlers may not be subject to relocation until the aforementioned Regulatory Plan has been approved. Finally, Transitional Provision VII of the Law mentioned many times indicates that municipalities with jurisdiction in the maritime-terrestrial zone shall collect the canon established by this law from the occupants (ocupantes) thereof. From this norm it has been interpreted that occupants are all those persons who, without meeting the condition of settlers, have occupied the maritime-terrestrial zone, even in an unauthorized manner, prior to the validity of Law No. 6043. It is they to whom Article 44 of the same Law refers when, in delimiting a series of criteria regarding priority for the granting of concessions, it highlights that "under equal conditions, preference shall be given to the occupant of the land who has possessed it quietly, publicly, and peacefully in a continuous manner." These occupants have a subjective right in the priority that their concession applications have over others, provided that the use is compatible with that established in the planning of the sector, but it must always be borne in mind that this privilege is strictly linked to their condition as occupant. It is not a legitimate interest in that there is no discretionary power of the Administration when deciding on applications. If the occupant meets the subjective and objective conditions established by Law No. 6043 and the requested use is in accordance with the development plan, it is the duty of the Administration to grant the concession contract. On the other hand, it must be indicated that the conditions of occupant or settler are Intuitu Personae conditions, that is, based on their personal qualities or conditions. Therefore, they are evidently not transferable. From this perspective, any transfer of "occupancy rights" constitutes a vitiated practice to seek to legitimize and perpetuate over time an alleged occupation that has been exercised with one's back to the legal framework. They constitute contractual acts that, evidently, do not harm the State in its ownership and are completely null as they fall, it is insisted, upon public domain property. If any of these forms of occupation does not apply—meaning, concession, permit, lease contract, condition of settler or occupant—the possession or occupation exercised in the maritime-terrestrial zone is, in the judgment of this Tribunal, illegitimate.

VI.- THE LANDS INCLUDED IN THE REGULATORY PLAN CONSTITUTE NATURAL STATE HERITAGE.

In the judgment of this Tribunal, the main claim around which this process revolves is to elucidate whether the lands included in the Coastal Regulatory Plan of Punta Ventanas de Osa constitute PNE because they are forested lands. This is because, to a large extent, the remaining claims depend on this one. In this sense, the evidentiary material produced allows, without any doubt, the conclusion that, for the most part, they are. Having assessed the evidence in the record, this collegiate body has no doubt whatsoever regarding the forested nature of the majority of those lands. The analysis of the aerial photographs from the years 1979, 1998, 2005, and 2008, shows us, with absolute clarity, a forested zone that has been in evident decline. In addition to this, the technical evidence was conclusive in that sense. Engineer Carlos Rodríguez Blinda stated in his testimony at the sole hearing the existence of primary forest in the 1979 photograph and how in the subsequent ones clearings begin to be glimpsed in the middle of the forest. Likewise, Forestry Engineer Nombre140594, who was the official who conducted the survey report on National Natural Heritage, which ultimately served as the basis for the certification issued in that regard by SINAC, indicated that said lands constitute a single forest unit. He even stated that, despite the alterations those lands have suffered due to the removal of lower vegetation, they meet the legal definition of forest. Likewise, expert witness Nombre126579 also acknowledged in his testimony that in the maritime zone of Punta Ventanas de Osa there are areas with and without forest. The documentary evidence brought to the record is also clear regarding the existence of forest in said zone, not only currently but in prior years. In RT-279-8-83, dated August 8, 1983, whereby the head of the Tourism Resources Department of the ICT referred to the Urban Planning Department of INVU a Land Use Plan for the coastal sector of Punta Ventanas de Osa for approval, a clear reference in this sense is recorded. That official communication indicated that the plan had a strong emphasis on the protection of a forested zone that is unique in that area and that all the property behind the maritime-terrestrial zone will be preserved with emphasis on protection of the forested zone (folio 10 of the administrative file of INVU in relation to folios 13 and 21 of the same file). Likewise, the certification issued on October 18, 2007 by Nombre140593 and the Survey Report of Natural State Heritage Areas in that zone are conclusive and confirm the existence of forest ecosystems on those lands. Finally, from the judicial inspection (reconocimiento judicial) conducted on October 7 of the year just past, this Tribunal was able to confirm, in situ and without any doubt, the presence of forest. Now, having demonstrated the existence of forest on the lands included in the maritime-terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa and, as explained in considerando V, taking into account the inalienable character of those lands as public domain property, the immediate legal consequence is that they constitute Natural State Heritage, as established by Articles 13, 14, and 15 of the Forestry Law. It is insisted that, as was extensively indicated in Considerando IV, this declaration is a mere acknowledgment, since the allocation to the PNE is legal and immediate. It must be borne in mind that the Natural Heritage was already defined even in the Forestry Law prior to the current one, as even Biologist Juan Sánchez referred to in his testimony. The certification that classifies and delimits the areas that constitute Natural State Heritage into inalienable zones (Articles 15 and 16 of the Forestry Law), as explained, constitutes a power that MINAET, through the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), must exercise ex officio and not only at the request of a party. This classification carried out by the National System of Conservation Areas regarding the type of ecosystem existing on the properties included within the Natural State Heritage constitutes a mere categorization thereof to determine whether one is in the presence of forests, lands of forestry aptitude, wetlands, mangroves, among others. It is for this reason that this Tribunal is firmly convinced that in the present matter there has been a serious omission by the State, through MINAET and SINAC, to the extent that it was not until 2007 that such delimitation and classification was carried out, despite it having been proven that said lands have constituted, at least since 1979, forest units and, therefore, PNE. But this topic will be the subject of a later analysis. It must also be concluded that, since the forested areas of the maritime-terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa constitute Natural State Heritage, in accordance with Article 13 of the Forestry Law, their administration corresponds to the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, and not to the Municipality of Osa. As already indicated in a prior considerando, the PNE is a public domain property whose conservation and administration have been attributed by the legislator to MINAET, specifically through the National System of Conservation Areas (SINAC). The foregoing is clearly deduced from a set of norms that develop the content of Article 50 of the Constitution, among which stand out Articles 6, subsection a), 13, second paragraph, and 14 of the Forestry Law, and Article 32, second paragraph, of the Organic Environmental Law. In accordance with the already cited Article 13, a component of the PNE consists of forests and forest lands or lands of forestry aptitude belonging to the State, Municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the public Administration, with the exception referred to in the same norm. It is insisted, this is an immediate legal allocation. Although Article 3 of the Maritime-Terrestrial Zone Law indicates that the usufruct and administration of the maritime-terrestrial zone correspond to the Municipality of the respective jurisdiction, the truth is that this norm must be interpreted in light of the entire legal framework in force. In this sense, this Tribunal considers that it must be kept in mind that the legal order constitutes a harmonious whole, so its norms must be interpreted in a systematic and integral manner and not in isolation; so that, as the Constitutional Chamber has well pointed out in its resolution No. 07603-2001, "...the content of an article is determined in articulation with the set of norms that surround it; not in a separate manner...." In the specific case, with the current regulations, an integral interpretation is required that reconciles and disentangles the true meaning of Articles 13, 14, and 15 of the Forestry Law, as connected, coordinated, and interdependent precepts of a legal system characterized, as indicated, by its unity and logical coherence. All of the foregoing is oriented toward fulfillment of the public environmental interest regarding the protection and conservation of the environment, which includes, of course, forests and lands of forestry aptitude. Having performed this interpretation, this Tribunal concludes that the forested areas and lands of forestry aptitude of the coastlines (which per se constitute Natural State Heritage), are under the administration of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications and not of the municipal corporation. This is because, first, it must not be overlooked that said property constitutes public domain, therefore, it belongs to the State. In that sense, although it is true that initially the legislator through Law No. 6043 entrusted the administration of both the public zone and the restricted zone of the maritime-terrestrial zone to the Municipalities, the truth is that the same sovereign legislator through a later law, meaning No. 7575, determined that the forests and lands of forestry aptitude that are in the maritime-terrestrial zone must be administered by MINAET and not by the municipal corporation of the corresponding jurisdiction. Secondly, without a doubt, Article 13 of the Forestry Law introduced a change of purpose and regime for this type of property, which constitutes a subjective demanial mutation (mutación demanial subjetiva) that modified, among other things, the administration, uses, utilizations, and planning in those areas. In the judgment of this Tribunal, this mutation responds to a prevailing legal interest that requires more intense, specialized, coherent, and integral guardianship, which responds to a State policy that goes beyond simple local interests. It concerns the protection of biodiversity and fragile ecosystems that coexist in the maritime-terrestrial zone and that are closely linked to the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment. In the case of Punta Ventanas de Osa, emphasis must be placed, in addition to the prevailing ecosystem in the zone, on the existence of the Danta Biological Corridor and on the statement made by Engineer Carlos Rodríguez Blinda to the effect that if the clearings continue in the forest, said corridor would disappear, since the land-use change (cambio de uso del suelo) would lead to the emigration of the fauna present there. Regarding the demanial mutation that, in the judgment of this Tribunal, prevailed, it was carried out by legislative act, that is, by a norm of equal rank to the one that initially gave that zone in administration to the Municipalities. The fulfillment of the essential requirement for this type of change to operate is therefore observed. In addition to the foregoing, the Forestry Law is a special law that regulates the forested zones, forestry zones, and zones of forestry aptitude found in the country. This Tribunal finds no logical or convenient reason to justify excluding from this regulation the forests located in the maritime-terrestrial zone. Quite the contrary, excluding these forests from the special regulation that has been enacted for such purposes offends the unity and coherence that must prevail in the planning, management, and guardianship of the forests of the Natural State Heritage, which, it is insisted, must be subject to a single regulation and policy of use and conservation, whether or not they are in the maritime-terrestrial zone. The opposite would, in the judgment of this body, offend the rational and sustainable use of the forestry resource imposed by Article 50 of the Political Constitution. In the sub iúdice, it is reiterated, it has been proven that, in general, the lands included in the Regulatory Plan of Punta Ventanas de Osa constitute forested areas or lands of forestry aptitude, allocated legally and immediately to the Natural State Heritage, whose administration corresponds, by that very legal provision, to MINAET. It should also be noted that the Constitutional Chamber has recently ruled regarding the incompetence of Municipalities to administer forest areas in the maritime-terrestrial zone. In this sense, through Voto No. 16975-2008, of 14:53 hours on November 12, 2008, when annulling a Decree that affected forest areas in the maritime-terrestrial zone, it stated that "...On this point, the Decree exceeds the limits of the exercise of regulatory power, by attributing to Municipalities a competence that by law they do not have to administer and grant concessions over the Natural State Heritage in the coastlines (Protected Wild Areas and other public forests or forest lands)..." Finally, it is necessary to clarify that the declaration of PNE that this Tribunal confirms applies only to the lands of the maritime-terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa that constitute areas with forest cover (cobertura boscosa). This precision is fundamental because from the assessment of the evidence produced, it is determined with clarity that not all of said maritime zone constitutes forest. In this sense, the certification issued by Mrs. Etilma Morales Mora, Director of the Osa Conservation Area of SINAC, is clear that there are 15.22 hectares that constitute forested lands and 2.11 hectares that correspond to an area without forest. This certification was issued based on the Survey Report of Natural State Heritage Areas in the Regulatory Plans of Punta Ventanas de Osa and Shark Bay Two Thousand, conducted by Engineer Nombre140594. Consistent with the foregoing, in his testimony, Engineer Nombre140594 not only confirmed what was stated but, in exercise of the principle of orality, specified a detail that for this Tribunal is fundamental. When explaining Figure 3 of the cited report, "Map of delimitation of areas with natural forest and areas without forest, Regulatory Plan Ventanas de Osa, 2006," this expert witness was emphatic in explaining that while the 2.11 hectares do not meet the legal definition of forest, the truth is that in that zone there are areas with isolated trees and that, in light of the 1979 aerial photograph, it was clearly evident that they were natural forest, later altered by human interventions, and on which, in the judgment of the expert, forest regeneration is possible. The foregoing differs from what the expert witness identified as areas without forest cover. This remainder coincides with the site where the constructions are and where already by 1979 (according to the photograph) a white spot is observed in that zone, which demonstrates, in the judgment of this body, that it did not have forest cover. This Tribunal grants full probative value not only to the report submitted by Engineer Nombre140594 but also to his technical explanation regarding Figure 3 contained in the cited report. In light of that evidence, plus the aerial photographs, it is evident that part of the forest was altered by human activities and as a consequence thereof, today, they constitute areas with isolated trees. By virtue of the concept of Natural State Heritage, together with the Principle of Lifetime Tenure (Principio de Irreductibilidad) of the Forest and the regeneration that can take place on that zone, this collegiate body considers that this area with isolated trees constitutes, together with what remains today of natural forest, Natural State Heritage. However, what both Figure 3 of the Report and the testimony of Engineer Nombre140594 himself call area without forest cover and which, in the judgment of the expert witness, coincide with the white spot revealed by the 1979 photograph, are not within the PNE. In this zone, this Tribunal considers that it is not possible to demonstrate with technical certainty the existence of forest in that zone. Therefore, it is declared that the lands of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa that, according to Figure 3 called "Map of delimitation of areas with natural forest and areas without forest, Regulatory Plan Ventanas de Osa, 2006," and which is contained in the Survey Report of Natural State Heritage Areas in the Regulatory Plans of Punta Ventanas de Osa and Shark bay Dos Mil, conducted by Engineer Nombre140594, are designated as Areas with Natural Forest and Areas with Isolated Trees, constitute Natural State Heritage. The administration of this zone corresponds to MINAET. For its part, the remaining land that coincides with what the cited Figure No. 3 calls Area without forest cover does not constitute Natural State Heritage, and is thus under the administration of the Municipality of Osa as provided by Article 3 of the Maritime-Terrestrial Zone Law. Finally, this Tribunal must add that, although that zone without forest cover is subject to municipal administration, this does not imply, per se, that it is plannable. The foregoing is because, as will be seen later, the Coastal Regulatory Plan currently in force has serious defects that render it absolutely null. Therefore, the municipal corporation of Osa, should it wish to plan land use in that area, must adopt a new Regulatory Plan, which must be submitted to compliance with the requirements demanded by the legal order. This includes, obviously, the declaration of tourist interest by the ICT, the approval of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) of Nombre3456, and the approval of the ICT and INVU. Throughout that entire process, the situation of that zone must be kept in mind, that is, it is a portion enclaved within forested lands, which makes a zealous and careful analysis of possible planning necessary, to guarantee that it is carried out in balance with the forested nature and the ecosystems that prevail there. Only in this way could one speak of sustainable development. It should be warned that in a later considerando the situation of the constructions located in that non-forested zone will be analyzed.

VII. ON THE VALIDITY OF THE COASTAL REGULATORY PLAN OF PUNTA VENTANAS DE OSA.

Having declared that what are called areas of natural forest and isolated trees of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa constitute Natural State Heritage and that their administration corresponds to MINAET, we shall proceed to analyze the formal acts challenged. The plaintiffs seek a declaration that the Regulatory Plan of Punta Ventanas de Osa is absolutely null, for four specific reasons. In this sense, this Tribunal shall proceed to the analysis of each one of them in order to determine whether they are proper or not. Absence of competence to approve the Regulatory Plan. The plaintiff party alleges that the Municipality of Osa was incompetent to issue and approve the Regulatory Plan of Punta Ventanas de Osa, since, despite being a maritime-terrestrial zone, the lands covered by the cited Plan constitute Natural State Heritage (PNE), and therefore their administration would correspond to the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications and not to the municipal corporation. In the sub iúdice, it has been proven that, as already declared, the lands included in the Regulatory Plan of Punta Ventanas de Osa that constitute forested areas and areas with isolated trees are legally and immediately allocated to the Natural State Heritage, whose administration corresponds, in effect, to MINAET. Therefore, the Municipality of Osa lacked competence to administer those forest lands in the maritime-terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa, which implied, of course, the impossibility of issuing and approving a Coastal Regulatory Plan in that zone or granting concessions, and this Tribunal must so declare, with the consequent nullity of the cited planning instrument. It should also be noted, as already cited, that the Constitutional Chamber has recently ruled regarding the incompetence of Municipalities to administer forest areas in the maritime-terrestrial zone. In this sense, through Voto No. 16975-2008, of 14:53 hours on November 12, 2008, when annulling a Decree that affected forest areas in the maritime-terrestrial zone, it stated that "...On this point, the Decree exceeds the limits of the exercise of regulatory power, by attributing to Municipalities a competence that by law they do not have to administer and grant concessions over the Natural State Heritage in the coastlines (Protected Wild Areas and other public forests or forest lands)..." It should be noted, however, that in the remaining area of that maritime-terrestrial zone, that is, the area without forest, the administration is municipal, and that corporation must issue the corresponding Coastal Regulatory Plan, in absolute respect for the legal framework in force, if it intends the tourism development of that zone. Despite the nullity already declared, due to the manner in which this is resolved, this Tribunal deems it necessary to address the remaining grounds of legality alleged by the plaintiff party.

Regarding the Natural State Heritage certification: The plaintiff party indicated that another reason for the nullity of the Regulatory Plan is the fact that it was approved by the Municipality of Osa, the Costa Rican Institute of Tourism, and the National Institute of Housing and Urban Planning without the Natural State Heritage certification issued by MINAET, specifically by the National System of Conservation Areas. This Tribunal fully shares that statement.

It is insisted that, from the letter of articles 13 and 15 of the Forest Law (Ley Forestal), it is clearly evident that, prior to exchanging, transferring, selling, delivering, leasing, or generally disposing of rural lands under their ownership or administration, the organs, entities, or corporations of the Public Administration must request classification from MINAE in order to determine whether those lands constitute State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), as they are forests and forest lands. In the opinion of this Court, the rules are clear and impose a power-duty on the active Administration, whose fulfillment is unavoidable and its violation would imply a contravention of the principle of legality in its positive aspect. Under this reasoning, it is undeniable that prior to the approval of the Regulatory Plan for the Coastal Sector of Punta Ventanas de Osa, both the Municipality and the ICT and the INVU should have requested the aforementioned certification. Moreover, by virtue of the fact that these are powers as explained in Considerando IV, MINAE and SINAC themselves should have, ex officio, classified and determined the existence of forest in that area, in accordance with the provisions of the already-cited articles of the Forest Law and articles 21, 50, second and third paragraphs, and 89 of our Magna Carta. It is not legally acceptable that the governing bodies in environmental matters have not exercised ex officio and in a timely manner the powers that the legislator has entrusted to them. This constitutes an administrative omission that finds no justification in Law. An action in accordance with the law, diligently and in furtherance of the protection of the guarantee contemplated in article 50 of the Constitution by MINAE and SINAC would have meant that at the time of the issuance of the cited regulatory plan, the classification and delimitation of the State Natural Heritage would have been carried out, which would have prevented that planning instrument from being adopted. But reality shows us otherwise. The classification and delimitation were not carried out until 2006 and were certified until 2007. From the evidence presented at the sole hearing, the existing lack of knowledge on this matter was demonstrated, even by MINAE’s own authorities. In her statement, Mrs. Etilma Morales Mora, Director of the Osa Conservation Area (Área de Conservación de Osa), indicated that the study for the delimitation of PNE was requested by the Municipality of Osa (that is, at the request of a party) and that although the PNE survey report was submitted by Engineer Nombre140594 in October 2006, the certification was issued up to a year later, because it was not until that date that she was certain. On the other hand, Biologist Juan Sánchez indicated in his statement that before the 2004 opinion of the Procuraduría General de la República (to which this Court will refer subsequently), the classification process in the maritime-terrestrial zone was not always carried out. He also noted that despite the Forest Law, MINAE had not assumed it. Even the testimony of Nombre34625, when he indicated that the demarcation of the forest was a competence of MINAE for many years but that it did not do it. Now, the fact that MINAE or SINAC did not carry out the cited delimitation in no way justifies the omission of the Municipality of Osa, the ICT, and the INVU. All of them, in compliance with the legal framework in force at that date, should have verified the existence of the classification prior to its approval. The defendants argued that this was not a requirement that was demanded until after Opinion C-297-2004 of the Procuraduría General de la República. This Court cannot share this argument. It has been extensively explained that it is a legal requirement, whose fulfillment cannot be conditional on whether the Procuraduría indicates it or not. The defendant institutions should have complied with the provision of the rule and demanded it. To do otherwise would be to admit that lack of knowledge and ignorance of the laws justify their non-compliance and to admit violations of the legality framework in its positive aspect, a situation that this Court could in no way share. Nevertheless, from the case file it is evident that the cited planning instrument was approved by all the involved entities without said requirement, after the date of the referred opinion and with which they seek to justify the non-compliance. It has been accredited in the case file that the ICT gave the first approval to the cited plan in July 2002 but carried out the final approval on April 19, 2005; that the INVU approved said plan on October 27, 2004; and that the Municipality did so on December 22, 2004. From the above, it is strikingly clear that by the date of approval, the opinion already existed. In fact, although from the testimony of Don Nombre34625, an INVU official, it can be inferred that that institute became aware of the opinion in 2006, it is also true from his testimony and the documentary evidence that, already in the 1980s, when there was a first regulatory plan for the area that was submitted for study, both that institute and the ICT knew of the existence of the forest, and in the case of the INVU, it suspended its approval until it was determined who was going to administer that area (folios 10, 13, and 21 of the administrative file provided by the INVU). But it is insisted, the fulfillment of the requirement indicated by articles 13 and 15 of the Forest Law is imposed not by the cited Opinion C.297-2004, but by the legislative text itself, of which the Public Administration could not allege lack of knowledge. However, this Court cannot ignore that, as is also evident from the sole hearing, there was a lack of knowledge and a problem of interpretation of the Forest Law and the Maritime-Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre) by legal operators in the administrative sphere. But this justifies the non-compliance with powers that implied omissions that placed the forest ecosystem of Punta Ventanas de Osa in a highly vulnerable position, increasing its deterioration. The defendants also alleged that the certification of State Natural Heritage issued by Nombre140593 was null and void since it was issued using a methodology already repealed in 2008 and that the new Executive Decree No. 34295-MINAE, of January 29, 2008, required a reclassification to be carried out on lands where the methodology imposed in resolution R-SINAC-13-2006 had been applied. In this regard, this Court considers it appropriate to outline some clarifications. First. The PNE certification issued by Nombre140593 to classify the lands of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa was carried out using the methodology that SINAC approved through resolution R-SINAC-13-2006 and which was in force at the time of its adoption. Second. The cited resolution does not impose a single, mandatory methodology. This is because from the testimony of Engineer Nombre140594 it was clear that methodologies serve to unify criteria, but they are not what define the parameters for delimiting forested areas that constitute State Natural Heritage. Those parameters are in the legislation, for example, in the definition of forest and the qualitative and quantitative elements it involves. Likewise, the expert witnesses Etilma Morales, Nombre140594, and Juan Sánchez stated that both the methodology established in 2006 (in the resolution already cited) and the methodology established in Executive Decree No. 34295-MINAE, of 2008, are similar, since they adhere to the legal definition of forest. Third. Having assessed the testimonial evidence, this Court finds no defect in the cited certification issued by Nombre140593, since the methodology on which Engineer Nombre140594's Report is based and on which the cited certification is grounded was, it is insisted, in force at the time of certification, was extensively explained by the professional at trial, and complies with the aspects involved in the definition of forest. To the above it must be added that it was not possible to demonstrate that it had been challenged in the administrative sphere, nor that the Municipality of Osa had requested from SINAC the reclassification of the certification that classified the PNE on the lands of the maritime-terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa. Fourth. Articles IV, VII, as well as Transitorios II and III of the cited Decree, which generally refer to reclassification, the possibility for a private legal entity to certify the PNE, and the possibility of a positive silence (silencio positivo) operating, are challenged before the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), as recorded in case files No. 08-004934-0007-CO and 08-10781-0007-CO. For this reason, their immediate application is suspended, which would in any case prevent any reclassification until the unconstitutionality action is resolved. Given that these are procedural rules, their application would be barred from the very moment they must be applied in the course of the proceeding. For the reasons stated, this Court considers that the unconstitutionality actions filed do not suspend the issuance of this judgment, since, it is reiterated, the challenged rules are not questioned or applied in this proceeding. Sixth. This Court denies credibility to the certificate issued by Nombre126579 and appearing at folios 156 to 167 of the judicial file, for several reasons: At the date of issuance of the cited certification, the only entity competent to issue this type of certification was and continues to be to date, by virtue of the suspension of article IV of the cited Decree No. 34295-MINAE, MINAE through SINAC. In fact, Mr. Nombre140584 himself warned in his statement that he does not have public authority (fe pública) to issue this type of certification. Furthermore, he stated that they only refer to areas without forest. Finally, he was not very precise regarding the methodology he applied: he referred to Internet images but from years ago, and does not indicate how he measured the areas. The foregoing contrasts with the technical clarity with which Engineer Nombre140594 detailed his field work and allows this Court to undoubtedly grant greater probative value to the latter. For the reasons stated, the declaration of absolute nullity of the Plan is also imposed for having been adopted and approved without the PNE having been classified and the corresponding certification issued.

Regarding the absence of Environmental Viability Certification. A third ground for nullity of the Regulatory Plan of Punta Ventanas put forward by the plaintiff is that it was approved by the Municipality of Osa, the Instituto Costarricense de Turismo, and the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo without the environmental viability certification. In this sense and as was already explained, the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) is constituted as an environmental management instrument that, in an orderly and scientific manner, analyzes behaviors contemplating a double objective: to prevent, correct, and stop the degenerative process; and on the other hand, to ensure that future conduct does not contribute to that process. Said procedure is issued as a basis or prior requirement for subsequent ones and is issued by the competent public administrations with expertise in environmental matters. Seen this way, in simpler terms, it is the procedure by which the effects and consequences that a work project or human activity will generate on the environment are estimated. Given the importance of the protected legal good, its support is rooted in the doctrine of article 50 of the Political Constitution; therefore, as it is the State's duty to provide due, efficient, and timely protection of the environment, which includes natural and landscape resources, it is an important mechanism for exercising environmental policy, which has a direct and immediate application in productive activities, so as to achieve harmony and compatibility of these economic or social exploitations with the preservation of the environment, within a vision of sustainability. In terms of what is relevant, it is worth mentioning that article 17 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) states that ".... Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate residue, toxic or hazardous materials, will require an environmental impact assessment by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental created in this law. Its prior approval by this body will be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects. The laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects will require the environmental impact assessment...." For its part, the General Regulation on EIA Procedures (Reglamento General sobre Procedimientos de EIA), Executive Decree number 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, in its article 67 reiterates that obligation when it provides: "... Regulatory Plans established by the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) and by the Maritime-Terrestrial Zone Law, or any other land-use or territorial planning instrument, as a way of planning the development of human activities potentially impacting the environment, must comply with the requirement of integrating the environmental impact variable, which shall be subject to an environmental viability process by SETENA, prior to their approval by the respective authorities. The introduction of the environmental variable in regulatory plans or any other territorial planning instrument must be subject to the technical procedure for the introduction of the environmental variable in regulatory plans established in the Manual of Technical Instruments for the Process of Environmental Impact Assessment (Manual de EIA- Part III). This procedure may be applied both to those territorial planning instruments that are to be developed or are being developed, and to those already approved but that still do not have the environmental variable integrated into them. To introduce the environmental variable in master architectural plans, they must comply with the provisions of the indicated Manual of Technical Instruments for the Process of Environmental Impact Assessment (Manual de EIA - Part III), in order to become Environmental Development Plans...". As has been pointed out, the Costa Rican State has committed to an environmental protection policy that includes the protection of forest resources. From this perspective and considering the implications of human works on the environment, in the opinion of this Court, the evaluation of that impact on the environment is justified and required. From this standpoint, the requirement that the legal system imposes regarding the evaluation of environmental impact or viability by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) prior to the approval of any work or project is clear, which includes the approval of coastal regulatory plans. Thus, at the time of the approval of the Coastal Regulatory Plan of Punta Ventanas de Osa, the legal and regulatory provisions that imposed such a condition were already in force. Despite this, the Regulatory Plan was approved by all the involved entities without said requirement. It has been accredited in the case file that the ICT gave the first approval to the cited plan in July 2002 and carried out the final approval on April 19, 2005; that the INVU approved said plan on October 27, 2004; and that the Municipality did so on December 22, 2004. From the above, it can be inferred that even though the Organic Environmental Law has been in force since 1995 and already imposed the participation of Nombre3456 in the environmental impact assessment for this type of activities, which is reinforced by the Regulation already cited and in force since June 28, 2004, none of the mentioned entities verified compliance with said requirement at the time of approving said plan. It is also demonstrated that Nombre3456 has not issued, to date, any type of environmental impact assessment or environmental viability certificate for the plan analyzed here. This omission on the part of the municipal corporation, the INVU, and the ICT openly contravenes the legal framework in force and threatens the guarantee enshrined in article 50 of the Constitution, which, it is insisted, is a fundamental right of every person and functions as an unavoidable general principle, and in this matter, in the opinion of this Court, no exceptions can be made to exempt compliance with environmental obligations, as this could deconstitutionalize the cited guarantee of a State response in defense of the environment, forests, and forest resources. It is a regulatory plan that contemplates different land uses, tourism and urban projects, in a maritime-terrestrial zone, which is composed, as already declared, mostly of forested areas. Without a doubt, the human activities that the plan seeks to develop can alter or destroy elements of the prevailing ecosystem in the area, which inescapably required the carrying out of some assessment of their impact on the environment (whether called an EIA or environmental viability certificate). That omission, on its own, generates the absolute nullity of the formal conduct challenged here. This body does not find justification in the argument put forward by the INVU to the effect that within the requirements that the ICT demanded for the approval of the Regulatory Plan, this type of certification was not included. It is reiterated, the requirement was imposed by law and lack of knowledge or ignorance could not be alleged; in any case, the regulation was published prior to that institute's approval and it specifically reinforces compliance with integrating the environmental variable in regulatory plans. If the Coastal Regulatory Plan of Punta Ventanas de Osa submitted for the INVU's approval did not comply with the environmental viability process before SETENA, that institute should not have approved it and, rather, had the obligation to demand that it integrate the environmental variable prior to its approval, just as the legislation in force at that time, and to date, provided and provides. Although from the testimony of Nombre34625 it may be inferred that the INVU assessed the environmental variable at the time of approving the plan, the truth is that what was required was the environmental impact assessment or viability process by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) prior to the approval of the coastal regulatory plan. That was the competent body to determine the impact of the Regulatory Plan on the zone's ecosystem. The evidence brought to the proceedings reliably proves that Nombre3456 did not issue any type of environmental impact or viability assessment during the procedures that concluded with the approval of said plan (certification from Nombre3456, the Regulatory Plan itself). It must be borne in mind that it is the competent authorities that must issue administrative acts. Only they could have guaranteed that there was consistency between the potential environmental impact that the land uses contemplated by the Regulatory Plan would generate and the condition and quality of the ecosystem of Punta Ventanas de Osa. On the other hand, it is important to note that the cited article 67 of the General Regulation on EIA Procedures already transcribed allows integrating the environmental variable into regulatory plans that are already approved but that still do not have said variable. While it is reiterated that the Coastal Regulatory Plan analyzed here should have been approved with an environmental impact study or with the environmental variable duly integrated through the processes that Nombre3456 establishes for that purpose (since at the time of its approval this requirement had already been implemented by the legal framework), the truth is that, in an absolutely irregular manner, it was approved without it. Worse still, it was also not demonstrated that to date any of the entities involved in the approval of the regulatory plan have managed the introduction of this variable into it. This becomes important if one considers that said plan has been in force for more than three years. The foregoing demonstrates the absolute disinterest, particularly of the Municipality of Osa, the Instituto Costarricense de Turismo as the primary supervisor of the maritime-terrestrial zone, and the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo as the entity competent for land planning and use, in complying with legality and the effective protection of the environment, which, as public entities, they are obliged to do. Now, regarding the argument raised by the Municipality of Osa and the defendant companies that this omission does not generate absolute nullity but rather relative nullity since environmental integration is possible in environmental regulatory plans as permitted by the cited rule, this Court considers that the technical advisability of this is questionable. This is because the requirement regarding compliance with the cited pre-existing condition before the approval of the Regulatory Plan is not arbitrary; it responds to the preventive purpose of this type of instrument. The goal is that, prior to the planning and determination of land use, the existence of fragile ecosystems is considered and evaluated so that the development of the area is carried out in absolute harmony with the environment. In the specific case, it has been proven that most of the lands included in the Regulatory Plan of Punta Ventanas de Osa constitute PNE as they are forests, which accentuates the need for the environmental variable to have been duly weighed prior to the approval of the Regulatory Plan.

4. The preparation of the Regulatory Plan by private companies. The plaintiff alleges that the Regulatory Plan of Punta Ventanas de Osa was prepared by a private company. Additionally, said company was contracted and paid directly by the company Las Ventanas de Osa S.A., which implies a serious defect of nullity since that private company lacks competence, authority (investidura), and standing to exercise that power, which belongs to the Public Administration. In this sense, it must be noted that, as indicated by article 66 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), the exercise and fulfillment of public powers are non-renounceable, non-transferable, and imprescriptible. For this Court, there is no doubt that the power of territorial planning and land-use regulation is a public power. Likewise, an interpretation of article 169 of the Political Constitution, articles 15 and 17 of the Urban Planning Law, as well as canons 3 and 35 of the Maritime-Terrestrial Zone Law, and article 13 of the Municipal Code, allows us to affirm that the power to prepare, adopt, and issue territorial planning plans both in urban areas and in the maritime-terrestrial zone belongs exclusively to the Municipalities. It is a power that involves not only a final decision by the local corporation, but one that must be the result of the definition of policies and guidelines in relation to land use and in attention to public purposes or interests. Now, the legislator, foreseeing that local governments might have technical or economic deficiencies that would prevent them from carrying out planning and land-use regulation on the coasts within their jurisdiction, expressly regulated the possibility for local governments to request collaboration from other entities with competencies in those matters. Thus, in accordance with articles 26 and 38 of the Maritime-Terrestrial Zone Law in relation to canon 17 of its Regulation, said corporations may request the ICT or INVU to prepare coastal regulatory plans as a form of technical or economic institutional support. However, from the current legal framework, no type of normative authorization is evident for private legal entities to exercise said power. And it does not exist because it would violate article 66 of the LGAP already cited, as it would imply a renunciation or delegation of the power to plan the territory and regulate it for the benefit of the community. In the present proceeding, it has been accredited that the Coastal Regulatory Plan of Punta Ventanas de Osa was prepared by a private legal entity, namely, Desarrollos en Ecología, Paisajismo, Planificación, Arquitectura y Turismo S.A. DEPPAT, which in the opinion of this Court and in consideration of the foregoing would imply its nullity. The situation is aggravated if one takes into account that it is evident from the case file that the Municipality gave its consent (anuencia) to the company Las Ventanas de Osa S.A. (inferred from folios 94 and 95 of the administrative file presented by the ICT, from the cover page, and from the transcription of the agreement made in official letter of April 3, 2001, signed by Secretary I of the Municipality of Osa and appearing in the section corresponding to "Consentimiento Municipal" in Annex 1 of the Regulatory Plan file approved by the INVU and provided by that entity, from folios 56 A and B of the INVU's administrative file) who in turn contracted with the company DEPPAT S.A. for the preparation of the cited regulatory plan, with the result that, in the end, Ventanas de Osa S.A. entered into a concession with the municipal corporation for a parcel covering almost the entirety of the lands included in the regulatory plan of Puntas Ventanas de Osa. Approval by the Municipality was not sufficient; the exercise of the planning power, as explained, goes beyond that. The fact that it was prepared by a private legal entity implied, in the opinion of this body, a renunciation of the exercise of the public power that the legal system entrusted to local governments. Nor does this Court consider acceptable the arguments put forward by some of the defendants to the effect that there was no rule prohibiting a private legal entity from preparing regulatory plans. In accordance with articles 11 of the Political Constitution and of the General Law of Public Administration, the Administration's subjection to the Law is total, and only in the presence of an enabling rule is its action authorized. In this case, the enabling rule not only did not exist, but also a substantive rule of public law, namely article 66 of the cited General Law, expressly prohibited it. We are not in the domain of Private Law, where everything that is not expressly prohibited is permitted; we are in Public Law, where administrative conduct must be previously authorized in the legal system, and it is reiterated, in this case it was not. Finally, regarding the argument that this practice constituted an administrative custom until 2005, this Court insists that no validity can be granted to a custom that is clearly contra legem, in accordance with article 129, fifth paragraph of the Political Constitution. Even less can one attempt to justify with it a negligent administrative conduct, such as has occurred here.

Corollary: As a consequence of all the foregoing, it is appropriate to declare the absolute nullity of the Regulatory Plan of Punta Ventanas de Osa, with the consequent liability of the Municipality of Osa, ICT, and INVU, in the terms of articles 199 and 200 of the General Law of Public Administration. Likewise, it is not appropriate for this Court to modify or adapt the annulled administrative conduct, in the terms of article 122(c) of the Administrative Contentious Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), since the intended adjustment involves the exercise of administrative, as well as technical and scientific, powers that fall outside the competence of this Court, as it would amount to a substitution of the active Administration in this sense.

VIII.- ON THE VALIDITY OF THE CONCESSION CONTRACTS ENTERED INTO WITH THE COMPANIES LAS VENTANAS DE OSA AND SHARK BAY DOS MIL S.A.

It is now necessary to analyze the plaintiff's claim that the nullity be declared of the concession contracts to occupy parcels in the maritime-terrestrial zone entered into between the Municipality of Osa and the companies Shark Bay Dos Mil S.A and Las Ventanas de Osa S.A., given that they do not have the respective approval of the Instituto Costarricense de Turismo. In opposition to this argument, the mentioned companies state that they are actually concessions already granted since the 1980s which expired due to oversight and they applied for them again. On this point, the first thing to note is that, from the evidence contained in the case file, the defendants fail to demonstrate the existence of any concession to occupy the maritime-terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa in the name of the cited companies. Regarding the alleged concession granted in the 1980s to the company Las Ventanas de Osa S.A., it should be noted that from the administrative files provided by the Municipality, it can be deduced that although concession contracts were signed for said purposes, the truth is that there is no evidence that they were approved by the ICT. In folios 36 to 38 of the administrative file of Las Ventanas de Osa S.A. Volume 1 provided by the Municipality of Osa, the concession contract signed between the Municipality and the company appears, but the ICT approval space is not signed. If this evidentiary element is joined to the certification appearing at folio 134 of the judicial file and according to which there is no record before that institute of a file being processed for a concession in favor of the company Las Ventanas de Osa S.A.

in the coastal sector of Dirección16974, in the opinion of this Court, there is sufficient convincing evidence to rule out the existence of this administrative authorization. It must be borne in mind that the burden of proof regarding the existence of the concession fell exclusively on the defendant companies, and they fail to prove this fact. Although within the evidence provided by the defendants, visible on pages 208 to 210 of the judicial file, there is in principle a certified copy of the same concession contract provided by the Municipality, the truth is that a comparison of both documents reveals a fundamental difference: in the copy claimed to be a faithful copy of the original, in the space corresponding to the approval of the ICT there appears a signature, which, it is insisted, does not appear in the copy provided by the municipal corporation that guards the original document. Given the above dissimilarity, this Court gives greater credibility to the contract provided by the Municipality (which lacks ICT approval) together with the ICT certification (which certifies to a similar effect), since these are public documents issued by the competent entities charged with safeguarding this type of information. To this are added two important considerations: first, the fact that the argument of the existence of a concession, which was defended by the defendants with great vehemence in the response to the complaint, in the precautionary proceeding, and even while the admission of evidence was being resolved, disappears from the proceeding at the moment the discrepancy in both documents is discussed and is not mentioned again, neither in the initial arguments, nor in the evidentiary hearing, nor in the conclusions put forth by the concessionaires. Added to this, a legal element: in principle, it is legally impossible for such concessions to have existed since the sine qua non condition imposed by Article 38 of the Maritime Zone Law was not met, that is, the existence of a Coastal Regulatory Plan. At the time of signing the concession contracts, that is, September 11, 1981, there was no land-use planning instrument in Punta Ventanas de Osa S.A., which excludes the possibility of any validly approved concession. A second element of analysis is the concession contracts signed by the local government and the defendants in December 2006. In this regard, it is an undisputed fact, and it is also reaffirmed by the aforementioned ICT certification, that these contracts have not been approved by the ICT, and this is so, in the opinion of this Court, for a fundamental reason: the delimitation of forest zones and lands of forestry aptitude by MINAET, in the lands within the maritime zone of Punta Ventanas de Osa, has not been accredited before that institute. Moreover, pursuant to the "Institutional Procedure on Coastal Regulatory Plans approved prior to October 19, 2004," which the ICT approved as superior overseer of the maritime zone through Board of Directors agreement SJD-1165-2005, in ordinary session 5391, article 5, subsection III, of December 6, 2005, and which was agreed to be made known to all Municipalities with administration of the maritime zone, "….In the case of Regulatory Plans formalized through publication in the Official Gazette La Gaceta, the Municipalities may not grant concessions until the delimitation of forest zones and lands of forestry aptitude has been carried out by the Ministry of Environment and Energy, using the procedure established in the official Methodology for such purpose in the maritime zone covered by the regulatory plan in question..." If we start from the premise that the Regulatory Plan of Punta Ventanas de Osa, although approved and published after October 19, 2004, ultimately, and irregularly, as explained, was approved without the aforementioned delimitation of forest zones, it is evident that the municipal corporation should have complied with the procedure instituted by the superior overseer and refrained from authorizing any type of concession until it had the MINAET certification that delimited the forested areas on said lands. That was the proper conduct. Notwithstanding the foregoing, despite the fact that, as already demonstrated, the defendant companies had already requested that it ask MINAET for the aforementioned delimitation prior to the signing of the concession contracts; that the same Municipal Council agreed to request the certification from MINAET –SINAC; that the mayor manages before SINAC the classification of the PNE, and with the superior overseer having already indicated the impossibility of granting concessions until the aforementioned certification was obtained, unjustifiably and irresponsibly, the Municipality signed, on December 8, 2006, the concession contracts without SINAC having certified the existence of forest zones that form part of the State Natural Heritage on the lands included in the Regulatory Plan of Punta Ventanas de Osa. These types of administrative conducts are absolutely reprehensible, not only for being contrary to law but also because they evidence disrespect and mockery of the entire urban-environmental legal framework, besides placing assets of the PNE that belong to all Costa Ricans, such as the forests of the coastal zone of Punta Ventanas de Osa, in a condition of vulnerability. It is for this reason that the municipal corporation must answer, not only for the damage it may have caused to the concessionaire companies, but also for the damage it may have caused to the PNE. For the reasons stated, the concession contracts analyzed herein are absolutely null and void. Furthermore, it is evident that there is no concession that legitimizes the occupation that, to this day, the defendants have been carrying out on the lands of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa, since they have not complied with the indispensable prerequisite required by Article 42 of the Maritime Zone Law, namely, the approval of the ICT. It is also clear, as the Constitutional Chamber has already stated, that the mere request for a concession before the Municipality does not legitimize the occupation nor grant any right to the defendants. Nor was the existence of any municipal permit proven that could serve as an enabling title for the occupation carried out. Nor do the defendant companies demonstrate that they meet the requirements necessary to be considered as occupants or settlers of said companies, under the terms of Transitory Provisions VII and Article 70 of the Maritime Zone Law, this fundamentally because their occupation of the lands is subsequent to the entry into force of said Law. The immediate consequence of the foregoing is that this occupation that the defendants have carried out to date on the cited lands is illegitimate and must be declared so. Therefore, and as a reestablishment of the violated legality, both MINAET and the municipal corporation (each within its sphere of competence) must take the necessary actions for the cessation of said occupation, which includes, of course, ordering the immediate eviction of the defendant companies from said lands. A decision must now be made regarding the two buildings that exist in the area that the company Las Ventanas de Osa S.A. was illegitimately occupying. In this regard, this Court deems it necessary to make several considerations: First. As already indicated, the buildings are located in the area without forest cover of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa and do not constitute State Natural Heritage, so their administration corresponds exclusively to the Municipality of Osa. Second. Given that what has existed on the part of the company Las Ventanas de Osa constitutes an illegitimate occupation, the Municipality must order the immediate eviction of the buildings, with these passing to municipal administration. The foregoing by virtue of the Precautionary and In dubio pro natura Principles, since it will be until a Coastal Regulatory Plan is approved in that non-forested area (if the Municipality so decides) that concessions could be granted in that area. In the meantime, any occupation of the zone may be incompatible with the rest of the maritime zone that constitutes State Natural Heritage and cause irreversible damage therein. The Municipality must also, in coordination with MINAET, assess whether the constructed works are compatible with the forested nature of the rest of the lands. Third. It was accredited in the case file that the Municipality of Osa charged the defendant companies fees for supposed concessions in the maritime zone without those having actually been granted, as this Court has already declared. It is evident that the local government should have refrained from such collection, since, it is insisted, there was no concession to justify it, and that having done so constitutes an abuse of power by the public entity. However, the truth is that the payment of the fee in no way legitimizes the occupation and therefore does not prevent the reestablishment of legality. Likewise, this collegiate body considers that the refund of what was paid as a fee to the defendants is not appropriate. This is because, even if illegitimately, the truth is that the companies occupied lands in the maritime zone, which constitutes the factual prerequisite for the payment of the fee. To that extent, it would be an undue benefit to the defendants for the Municipality to return the monies paid for an occupation that, although de facto, was carried out. Fourth. It was also demonstrated in this proceeding that the Municipality of Osa charged the company Las Ventanas de Osa S.A. a liquor license fee during the years 2003 to 2008. In this sense, this Court considers that the taxable event of the tax was verified and therefore, what was paid for this item should not be returned to the company. In any case, it is insisted, the existence of payment of municipal taxes does not inhibit the local government from reestablishing legality and protecting the right to a healthy and ecologically balanced environment guaranteed by Article 50 of the Constitution. To that extent, what is due is the adjustment of the factual reality with the urban-environmental legal framework, both in the coastal zones that include forest zones and forest resources, and in those that do not. Fifth. Although the existence of municipal permits granted for the construction of the buildings analyzed herein could not be accredited, this collegiate body considers that this should not lead to the erroneous conclusion that the defendant Las Ventanas de Osa S.A. should not be compensated for the value of the buildings it constructed and that are located in the maritime zone of Punta Ventanas de Osa. It must be borne in mind that, as this Court could appreciate in the judicial inspection carried out in the area and as was accredited by the testimony of Nombre34625, we are in the presence of buildings that are more than twenty years old, and during the majority of those years, the defendant Municipality not only knew of their illegitimate existence but also tolerated and condoned, irregularly and irresponsibly, that situation, by charging the defendant Las Ventanas de Osa S.A. liquor license fees and maritime zone occupation fees. Under such an anti-juridical factual picture, it is disproportionate and unreasonable to subject the defendant company to proving the existence of municipal permits, which are presumed to have possibly been granted so many years ago, and the existence of which neither the plaintiff nor the Municipality of Osa could disprove, since it was also not accredited that permits were not granted for said constructions. These types of proofs constitute "diabolical" proofs and become, in the judgment of this Court, illogical and unnecessary since, it is reiterated, the constructions exist, the municipal Corporation knew of their existence, and never exercised the measures that the legal framework imposed on it in the case of buildings that had been erected without a municipal permit. Sixth. Evidently, the conduct of the Municipal Administration aimed at the adjustment or reestablishment of the urban-environmental legal framework, which entails, in this case, the cessation of the illegitimate occupation that the company Las Ventanas de Osa has carried out to date, and therefore, the exit and immediate vacating by that company, is imposed, in the judgment of this Court, as a lawful and normal conduct of the municipal corporation that generates damage in the sphere of the company Las Ventanas de Osa. This is because the prerequisites required by Article 194 of the General Law of Public Administration are verified. There is special damage by virtue of its exceptional intensity (the loss of the value of the buildings), which affects a small proportion of affected parties, in this case, the company Las Ventanas de Osa S.A., and which it is not obliged to bear, since, it is reiterated, the Municipality irregularly tolerated and permitted the construction. There is also a causal link between the due administrative conduct imposed by the legal system, i.e., the vacation of the property, and the certain, effective, and individualizable damage that, as a consequence of that lawful conduct of the Administration, is caused to the legal situation of the aforementioned company (which constitutes the value of the buildings). This being the case, the municipal corporation must compensate the defendant company only for the damage, that is, the value of the buildings, but not for lost profits. The amount of said compensation shall be determined in the enforcement of the judgment.

Corollary. The concession contracts to occupy parcels in the maritime zone, signed between the Municipality of Osa and the companies Shark Bay Dos Mil S.A and Las Ventanas de Osa S.A., are annulled. The occupation carried out by said companies is declared illegitimate, and the immediate vacating of both companies is ordered, both from the lands and from the existing buildings. The obligation of the Municipality of Osa to compensate the damage caused to the company Las Ventanas de Osa S.A., which is specified as the real value of the buildings it constructed, is declared. Said amount shall be determined in the enforcement of the judgment.

IX. ON THE CLAIMED DAMAGES AND LOSSES

Finally, the plaintiff seeks that the defendants be condemned in abstracto for the damages and losses that may have derived from the administrative legal relationship discussed herein and from the administrative conducts being challenged. This involves, it is insisted, a condemnation in abstracto, which Article 122, subsection m) of the Contentious-Administrative Procedural Code empowers the judge to make. In this aspect, this Court considers that the condemnation in abstracto is appropriate. The elements of conviction brought to the case file allow establishing that there were different formal and omissive administrative conducts that caused damages to the prevailing ecosystem in the forested lands included in Punta Ventanas de Osa, which entail the administrative responsibility of the linked bodies and entities. On the one hand, there is demonstrated damage, that is, the major alterations and deterioration in its biodiversity that the forested lands of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa have suffered during the period from 1979 to 2008, among which may be mentioned felled trees, cutting of roots and branches, accumulations of organic material in the public zone, restricted zone and near streams, clearings overlooking the sea both in the public zone and in the restricted zone, trails or paths going from the restricted zone to the public one. On the other hand, there are administrative conducts that constitute, in the judgment of this body, generating causes of the cited damage. The guiding principle that allows this Court to reach this conclusion is the duty of the State, imposed by the legal system, to ensure the rational use of the environment. Consistent with this, the State shall monitor the rational use of environmental elements in order to protect and improve the quality of life of the inhabitants of the national territory. In this sense, it is the primary obligor to foster economic and environmentally sustainable development that meets basic human needs without compromising the options of future generations, guaranteeing equity between generations. This duty obliges the State to coordinate environmental policies that guarantee, in addition to the foregoing, that the quality of our ecosystems does not deteriorate, that the prevention of harmful conducts is reinforced, the participation of individuals in environmental management, the strengthening of environmental responsibility, among others. One must not lose sight of the fact that, at its core, this is a guarantee of protection of the life and health of both Costa Ricans and the world community. Therefore, the violation of these precepts entails the possibility of injury or endangerment of environmental and ecological public interests in the short, medium, and long term. Well, in the proceeding before us, the State, through various bodies and entities, became the best instrument to injure these guarantees. There is a causal link between the various challenged conducts and the damages caused to the forested lands located in the maritime zone of Punta Ventanas de Osa. First. For this Court, it was reliably accredited that the majority of the lands comprised in the maritime zone of Punta Ventanas de Osa constitute forest. Additionally, from the judicial inspection conducted, this Court, without being an expert in the matter, was able to determine the presence of forest. However, inexplicably, all the public entities involved in the adoption and approval of the Regulatory Plan omit this circumstance. Let us see. In the case of the Municipality of Osa, even if the municipal personnel did not consider the existence of forest as a public and notorious fact, at least when in doubt as to whether they were in the presence of forested areas (which is obvious at a glance, as this Court verified in the judicial inspection), the duties of environmental protection and the express requirement imposed by Articles 13 and 15 of the Forestry Law, should have led them to have requested the State Natural Heritage classification certification and to act in defense of the ecosystem of the zone, as required by Articles 21, 50, second and third paragraphs, and 89 of the Political Constitution, as well as Article 11 of the Biodiversity Law. That was the conduct imposed by the legal system and it was omitted. But the violation of the duties imposed on the municipal corporation does not stop there: furthermore, they delegated the exercise of a non-delegable competence, such as land-use planning and zoning in that territory, to a private company that did not contemplate the vulnerability of the natural elements in that zone. The foregoing is aggravated if one considers that the company to which municipal consent was granted for the preparation of the regulatory plan (and which exercised the power of territorial planning and zoning) subsequently acquires, under concession, more than eighty percent of the lands. Additionally, they approved the Regulatory Plan without the requirement of an Environmental Impact Assessment or any type of environmental viability, compromising the fragile biodiversity prevailing there, since the impact of the proposed land use was not contemplated. A further example of their anti-juridical and negligent conduct is the fact that, having absolute clarity that they could not grant concessions until MINAET had certified the existence of forest on the lands included in the Regulatory Plan of Punta Ventanas de Osa, in a manner inexplicable to this Court, they signed concession contracts without waiting for said certification. Finally, the illegitimate practice of charging fees in the maritime zone and taxes for years, without a concession existing that permitted it, is also reprehensible. Before their sight and tolerance, buildings were constructed in the restricted zone without an enabling title existing for it, and they remain to this day without the powers corresponding to them by self-protection having been exercised. In the judgment of this Court, each of these manifestations of illegitimate and irresponsible administrative conduct become a sufficient and adequate cause for the detriment to the biodiversity of the mentioned zone, which was confirmed by this same body in the judicial inspection. If from the very first moment the Municipality had requested the classification and certification of the zone from MINAET, the presence of forest would have been confirmed, and a Regulatory Plan that is not compatible with the biodiversity or the forest resource prevailing in the zone would not have been approved. Consequently, neither would the clearings nor the tree felling that this Court observed exist, and in their place, there would be the forest that still characterizes some sectors of Punta Ventanas de Osa. It is evident that all this illegitimate, reckless, and thoughtless conduct of the Municipality of Osa produced a detriment to the forested zones of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa and the ecosystems prevailing there, also injuring the right of the inhabitants of the zone, of all Costa Ricans, and of the world community, to a healthy and ecologically balanced environment with rational and sustainable use of forest resources, injury that may even be irreversible; a reason for which it must answer, as required by Article 190 et seq. of the LGAP. Regarding the Costa Rican Tourism Institute, it approved the Regulatory Plan without the PNE certification or the environmental impact assessment or environmental viability and, for the same considerations already set forth, this formal conduct of approval constitutes a generating cause of the damage already stated. This Court cannot overlook that it is the superior overseer of the maritime zone established by Law 6043, and therefore, it did not adequately exercise the required oversight, especially in a zone with fragile ecosystems and in the face of an undeniable and reliably accredited presence of forest. If it did not have the technicians to confirm that condition, it could have sought them out, informed MINAET, or taken any other action in protection of the zone's biodiversity, and it did not. The omissive conduct of the imposed duties is also censured: a mere inspection of the zone during the years in which the Regulatory Plan was approved would have allowed verification of the existence of forest (as was accredited by the photographs), or at least given the doubt (and it is obvious even today, as was accredited by the judicial inspection), it should have acted as required by the regulations in force and not approved the Plan until the PNE classification certification was obtained. Its inactivity in its oversight and vigilance duties, as well as the formal conduct consisting of the approval of the Regulatory Plan, become in the same manner adequate and sufficient causes to generate the damage already described, and for this reason, that entity must also answer. Be that as it may, it is worth noting that, at least, it has denied its approval to the concessions already signed by the municipal corporation until it complies with the PNE certification, which has prevented an even more serious damage and, in some way, the consolidation of third-party rights under those conditions. In relation to the National Institute of Housing and Urbanism, what was stated for the ICT regarding the irregular approval of the Regulatory Plan is reiterated. With an aggravating factor: from the documentary evidence and the testimony of Nombre34625, it is evident that the INVU already knew with certainty since the eighties of the existence of forested zones on those lands. So much so that back then it did not approve the Regulatory Plan project for that same zone because the Forestry Division of the Ministry of Livestock did not clarify the management and control that was to be exercised over that resource. This Court therefore does not justify that, knowing of such a circumstance (because it was in its files), it approved the Regulatory Plan in 2004 without questioning or corroborating the matter of the PNE certification and the environmental impact assessment. Likewise, its conduct is a generating cause of the stated damage and it must answer accordingly. With respect to the State, this Court must censure a total inactivity in the making of decisions and execution of actions that would allow for the proper protection, as required by the legal system, of the forests of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa. Specifically, the National System of Conservation Areas has existed with clearly defined competences since 1998. This Court has set forth its thesis that the legal condition of PNE is legal and immediate, and that the administration of the zones comprised therein corresponds to MINAET. The classification through the certification that has been mentioned so many times constitutes merely an act of verification and classification. Therefore, if the forested lands of the maritime zone of Punta Ventanas constitute PNE, this collegiate body does not accept as justified that it was not until 2006, and at the urging of the Municipality of Osa (further induced by a request from a private law subject), that the certification classifying them as forested zones was issued. The question arises: where were the ex officio powers and the duties of environmental protection entrusted to SINAC? Why were they not exercised in a timely manner? This Court neither understands nor justifies it, especially when MINAET is the governing body in environmental matters. But even then, the certification was requested in 2006, and it was not issued until almost a year later, when, it is insisted, the existence of forest was tangible and evident. This Court cannot explain how Nombre140593 began to have a defined presence, as required by the legal framework, until 2005, if they have always been in the zone. Nor why it was not certified earlier and ex officio that those were forested zones, if precisely Nombre140593 must ensure the conservation of the zone's biodiversity, which of course included Punta Ventanas. All this formal and material inactivity also constitutes generating causes of the described damage. It is not enough that this body is currently complying with the imposed duties. The legal system granted it powers and authorizations in matters of biodiversity conservation that were not gratuitous, which had to be exercised, and their omission violated the legal framework in its positive aspect, causing damage that, with adequate and timely exercise of public powers, could have been avoided; a situation that this Court cannot justify and for which they must answer. Furthermore, reference must be made to the Office of the Attorney General of the Republic, and the powers it has specifically regarding the maritime zone. That representation stated that the function of said body is merely consultative, without being able to substitute the Active Administration, so that until the latter consults, they are prevented from acting. That assertion is partially shared by this Court. This is because, as mentioned in Considering V, the Maritime Zone Law grants the PGR a competence that goes beyond the merely consultative: it grants it the exercise of legal control for due compliance with the provisions, but not only upon request of a party, but also on its own, that is, ex officio. Therefore, even if it was not consulted, it should have exercised due legal control, not only a posteriori, which in the judgment of this Court it has also not done satisfactorily, since it was not until this year that the CGR, debuting a novel standing granted by the CPCA, filed this process to challenge these conducts, the same ones that, despite having been producing effects since 2004, were not challenged by the State. But neither has it exercised effective and efficient a priori legal control, which could have translated into adequate training for the linked Administrations regarding the scope and prohibitions of the Maritime Zone Law. The foregoing is fundamental if the technical, professional, and economic deficiencies that unfortunately characterize the majority of the Municipalities that administer coastal zones are taken into account. It was accredited in this proceeding that there was a total lack of knowledge on the part of municipal officials, the ICT, the INVU, and MINAET itself regarding the scope of the legislation in force on this matter. That lack of knowledge could have influenced the decisions. For that reason, it was fundamental that the advisor of the State play a more active role at that time. To that extent, its omission collaborates in generating the damage caused.

Based on the foregoing, if the public-law entities sued in this proceeding are entrusted with the power to preserve, guarantee, and protect, in this case, the forest ecosystem of Punta Ventanas de Osa; as well as the obligation to prevent deterioration to this asset that constitutes Natural Heritage of the State and, by virtue of their action or inaction, damage is generated, we can conclude that their functioning has been deficient, which necessarily implies their liability under the terms of Article 190 of the General Law of Public Administration. Finally, it is necessary to rule on whether there are conducts by the companies Las Ventanas de Osa S.A. and Shark Bay Dos Mil S.A., which, under Article 1045 of the Civil Code, constitute causes producing the damage that generate liability for said companies. In this regard, from the evidence brought to the proceedings, this Court finds no conduct whatsoever that would allow attributing such liability, since the subjective elements of willful misconduct (dolo) or gross negligence (culpa grave) that the legislation requires are not present. While it is true that Las Ventanas de Osa S.A. was contracted to prepare the Regulatory Plan, which was legally improper as explained, it was not demonstrated that this action, though illegitimate, was carried out with willful misconduct or gross negligence: it had municipal consent for it. Once the Regulatory Plan was approved and published, both companies managed the concessions; both also requested, before the contract was granted, the classification of Natural Heritage of the State. They paid an occupation fee and taxes that the Municipality charged them. Indeed, in general, they have complied with the precautionary measures imposed by this jurisdictional body. Although their occupation does not conform to the law, the truth is that it could not be demonstrated that it was carried out with willful misconduct or gross negligence that would allow attributing liability for the damage caused. The defendants submitted to what was required and permitted by the Administrations linked to the approval process of the Regulatory Plan and the concessions. In this regard, this Court must insist on the need for investors to be given transparent, lawful, and uniform rules and procedures, which must also be coordinated among the different institutions involved. This responds to principles such as simplification and efficiency, which in the case at hand were absent. For the benefit of the community and legality, no concession was approved for the defendant companies that would grant them an administrative real right to occupy the maritime-terrestrial zone, in this case, also Natural Heritage of the State; because that would necessarily introduce an additional variable that would have to be assessed when dimensioning decisions of this type. It is insisted, in this specific case, they do not exist, and therefore the restoration of the violated legality is imposed by itself.

X.- REGARDING THE ALLEGED SUBSTANTIVE DEFENSES.

Regarding the defense of expiration (caducidad). During the sole hearing, the defendant companies and the Costa Rican Tourism Board (ICT), in accordance with Article 67 of the CPCA, filed the defense of expiration of the action regarding the challenge of the agreement issued by the Board of Directors of the ICT approved in session No. 3092, agreement 4, held on June 23, 1980. Likewise, the sued companies presented the defense of expiration regarding the challenge of the Coastal Regulatory Plan of Punta Ventanas de Osa. This is because they are acts that became final before January 1, 2008, and for which the four-year challenge period established by both the General Law of Public Administration and the Regulatory Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction has been amply exceeded. In this sense, this Court considers it essential, in order to resolve the defense filed, to refer to two fundamental aspects. First. In the case of recovery and protection of public domain assets, prescription or expiration periods do not run. This is so due to the particular characteristics of this type of asset. In the same sense, the Contentious-Administrative Procedural Code expressly states in its Article 34.2 and numeral 14 of the Forestry Law (Ley Forestal). Second. As long as the act is absolutely producing effects, its annulment is possible. So also provides numeral 40 of the same Procedural Code and the same numeral 175 of the LGAP in force. Against this type of annulment claims (absolute nullity), the principle must prevail that acts vitiated by absolute nullity cannot be validated either by time or by legal act, nor can they be cured, as prescribed by Article 172 of the General Law of Public Administration. In the specific case, it is essential to consider these principles: conducts related to the protection of public domain assets are being challenged and, furthermore, they are producing effects to date: the Regulatory Plan was in force on the date the complaint was filed. Therefore, this Court considers that the defense of expiration filed is not applicable. Two additional arguments are also added: The Regulatory Plan produces its effects from its publication, which was February 22, 2005, and it is from that moment that it would be challengeable. Even disregarding Article 34.2 of the CPCA, which this Court insists is applicable, the four years established by the LGAP and the LRJCA would not have elapsed, since the complaint was filed on September 16, 2008. In relation to the ICT agreement, in addition to the foregoing, it must be borne in mind that, in any case, it constitutes a connected act, as will be explained, to those annulled herein, and under Article 122(k) of the CPCA, its suppression, even ex officio, is imposed by that fact alone. Based on the foregoing, and by virtue of the fact that the claims of the plaintiff parties are aimed at seeking the absolute nullity of administrative conducts that affect public domain assets and that, to date, are still producing effects, this Court having also verified such pathology and declared the absolute nullity of the Regulatory Plan of Punta Ventanas de Osa, among other formal conducts, the alleged defense of expiration is declared without merit.

Regarding other alleged substantive defenses. THE STATE filed the defense of lack of right and sine actione agit (against the claim for damages). In this regard, this Court considers that the defenses of lack of standing in its dual modality and lack of current interest must be rejected. The foregoing because, upon analyzing these elements, the conclusion is reached that, firstly, the plaintiff has sufficient active standing to participate in this process in light of Article 10.3 of the Contentious-Administrative Procedural Code. This is because it concerns the defense and protection of assets comprising the Public Treasury, as provided in Articles 8 and 9 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic, since we are in the presence of the recovery and protection of a public domain asset. Furthermore, the action is correctly directed against the State, as provided in Article 12, subsection 1) of the cited Code, by virtue of the State's omissive conduct (MINAET and PGR) that generated damages to the Natural Heritage of the State, as this Court has established. Moreover, the interest remains current, as long as the challenged conduct continues to produce effects and requires a jurisdictional resolution to resolve it. Finally, regarding the defense of lack of right, this collegiate body considers that it must be rejected because, as analyzed above, the State's omissive conduct effectively generated damages for which it must be held accountable. THE NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS filed the defense of lack of passive standing, which must be rejected since the omissive conduct of that body, as stated, generated damages to the Natural Heritage of the State. THE COSTA RICAN TOURISM BOARD presented the defense of lack of passive standing. Its rejection is appropriate since, in accordance with Article 12, it is the author of formal conducts challenged and annulled in this ruling: the agreement declaring the zone of tourist interest and the Coastal Regulatory Plan. Furthermore, its inactivity generated damages to the Natural Heritage of the State for which it must be held accountable. For its part, THE NATIONAL INSTITUTE OF HOUSING AND URBANISM files the defenses of Lack of Right, Lack of Capacity, Lack of Standing ad causam in its active and passive modality, and the generic Sine Actione Agit. In this regard, this collegiate body considers that the defenses of lack of standing in its dual modality and lack of current interest must be rejected. The foregoing because, upon analyzing these elements, the arguments indicated above are reiterated, referring to the sufficient active standing that the plaintiff has to participate in this process in light of Article 10.3 of the Contentious-Administrative Procedural Code and its Organic Law. Furthermore, the action is correctly directed against the INVU, as provided in Article 12, subsection 1) of the cited Code, as the author of one of the challenged conducts, namely, the Regulatory Plan. Likewise, the interest remains current, as long as the challenged conduct continues to produce effects and requires a jurisdictional resolution to resolve it. Regarding the lack of capacity, it is rejected because the Comptroller's Office has sufficient capacity to bring an action when it concerns the protection of the Public Treasury and, in general, the legal assets that form part of its legitimizing oversight framework, as is the case of the public domain. This is established by Articles 182 and 184 of the Political Constitution in relation to Articles 9 and 10 of the Contentious-Administrative Procedural Code in relation to Articles 35 and 36 of the Organic Law of that body. Finally, regarding the defense of lack of right, this collegiate body considers that it must be rejected because, as analyzed above, the challenged conduct effectively results absolutely null, and an omissive conduct by that Institute was also proven, which generated damages to the PNE for which it must respond. Regarding the MUNICIPALITY OF OSA, it filed the defense of Lack of Right, which must be rejected since the absolute nullity was declared of administrative conducts that this corporation issued in absolute disrespect for the legal system. Furthermore, its inactivity generated damages to the PNE, for which, as stated, it must respond. Finally, regarding the defense of lack of right filed by the companies LAS VENTANAS DE OSA S.A. and SHARK BAY DOS MIL S.A., this must be declared partially with merit. It is upheld insofar as it is not demonstrated that the cited companies generated damages to the Natural Heritage of the State, in light of Article 1045 of the Civil Code. It is rejected insofar as the occupation they had been carrying out in the coastal-marine zone (zona marítimo costera) of Punta Ventanas de Osa is declared illegitimate, ordering their immediate eviction. Likewise, the company Las Ventanas de Osa S.A. is ordered to be compensated, as damages and in accordance with Article 194 of the LGAP, the value of the buildings constructed in the area without forest cover (cobertura boscosa).

XI.- SUPPRESSION OF CONNECTED CONDUCTS. The Contentious-Administrative Procedural Code incorporates a series of substantial imperative pronouncements related to aspects of public interest or public order not subject to the claims of the parties and that obligate the judge to necessarily rule on them. Among these aspects, subsection k) of Article 122 of the cited Code stands out, according to which the judge must suppress, even ex officio, any administrative conduct directly related to the one subject to the proceedings, when it is contrary to the legal system. In this sense, this Court deems the connection and, therefore, the illegality of the following formal conducts to be established: 1) The municipal agreements adopted by the Municipal Council of Osa in ordinary sessions No. 51-2004, of December 22, 2004, as it approved the Regulatory Plan that is annulled, and No. 26-99, of June 30, 1999, as well as the one adopted in the extraordinary session No. 08-01, of April 30, 2001, as they granted consent for the company Las Ventanas de Osa S.A. to prepare the Regulatory Plan that is hereby annulled. Likewise, the administrative conduct manifested in the unnumbered official letter of July 26, 2005, signed by Nombre140596, at the time municipal mayor of Osa (folio 54 Volume 2 administrative file of Las Ventanas de Osa, provided by the Municipality). 2) The agreement issued by the Board of Directors of the ICT approved in session No. 3092, agreement 4, held on June 23, 1980, as it declares a zone of tourist interest, which, by virtue of the declaration of Natural Heritage of the State issued in this judgment and the annulment of the regulatory plan, differs from that nature. 3) Article 5, subsection IV of the ordinary session No. 5186, of the Board of Directors of the ICT and dated July 2, 2002, as they approve the annulled regulatory plan. 4) The administrative acts FOM-ZMT-210-2002, FOM-ZMT-211-2002, and FOM-ZMT-212-2002, as they communicate the agreement of the Board of Directors of the ICT that approves the annulled regulatory plan. 5) The content of the certification issued on October 18, 2007, and signed by the Director of the Osa Conservation Area (ACOSA) is partially annulled, solely regarding the hectares corresponding to forest zones, so that it is adapted and includes within that category both the hectares corresponding to primary forest and those relating to areas with isolated trees, as indicated in the Survey Report of the Natural Heritage of the State Areas in the Regulatory Plans of Ventanas de Osa and Shark Bay S.A. In this sense, given such connection with the challenged conducts, the annulment of said actions is imposed, under the stated grounds.

XII. COROLLARY

As a result of the foregoing, by virtue of the fact that the forested nature of the majority of the lands included in the maritime-terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa has been proven, it must be concluded that: 1) It is declared that the areas with natural forest and with isolated trees within the lands of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa constitute Natural Heritage of the State and their administration corresponds to MINAET, as indicated in Article 13 of the Forestry Law (Ley Forestal). 2) The remaining zone that corresponds to the area without forest cover does not constitute Natural Heritage of the State, being therefore under the administration of the Municipality of Osa, as provided in Article 3 of the Maritime-Terrestrial Zone Law. 3) The Coastal Regulatory Plan of Punta Ventanas de Osa, its zoning regulations, and the corresponding maps are declared absolutely null, since it was approved by the Municipality of Osa without having the competence to do so, as it planned lands that were not under its administration, but rather that of MINAET. Likewise, the nullity is declared because it was approved in violation of the legal system in force and in non-compliance with essential formalities such as: the certification of Natural Heritage of the State, the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) or certification of environmental viability, and it was prepared by private-law subjects, violating Article 66 of the General Law of Public Administration. 4) The absolute nullity is declared of the concession contracts signed by the Municipality of Osa and the company Las Ventanas de Osa S.A., on September 11, 1981, and December 8, 2006. Likewise, the concession contract signed by that same municipal corporation and the company Shark Bay Dos Mil S.A., on December 8, 2006, is annulled as illegal. This declaration encompasses the invalidity of the administrative conducts that served as the basis for those contractual instruments. 5) Due to connected conduct, the municipal agreements adopted by the Municipal Council of Osa in ordinary sessions No. 51-2004, of December 22, 2004, as it approved the Regulatory Plan that is annulled, and No. 26-99, of June 30, 1999, as well as the one adopted in the extraordinary session No. 08-01, of April 30, 2001, are annulled. Likewise, the administrative conduct manifested in the unnumbered official letter of July 26, 2005, signed by Nombre140596, at the time municipal mayor of Osa (folio 54 Volume 2 administrative file of Las Ventanas de Osa, provided by the Municipality), is annulled. Also annulled are the agreement issued by the Board of Directors of the ICT approved in session No. Placa27063, agreement 4, held on June 23, 1980, Article 5, subsection IV of ordinary session No. 5186, of that same Board, of July 2, 2002, and the administrative acts FOM-ZMT-210-2002, FOM-ZMT-211-2002, and FOM-ZMT-212-2002. 6) The content of the certification issued on October 18, 2007, and signed by the Director of the Osa Conservation Area (ACOSA) is partially annulled, solely regarding the hectares corresponding to forest zones, so that it is adapted and includes within that category both the hectares corresponding to primary forest and those relating to areas with isolated trees, as indicated in the Survey Report of the Natural Heritage of the State Areas in the Regulatory Plans of Ventanas de Osa and Shark Bay S.A. No. ACOSA-GMRN-O84, of October 24, 2006. 7) The occupation that, until today, the defendant companies have been carrying out on the lands of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa is declared illegitimate. To restore the violated urbanistic-environmental legality, both MINAET and the municipal corporation (each within the scope of its competence) must take the necessary actions for the cessation of said occupation, which includes, of course, ordering the immediate eviction of the defendant companies from said lands. 8) As long as a Regulatory Plan is not approved in the area of the maritime-terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa that does not constitute Natural Heritage of the State, the Municipality of Osa must refrain from authorizing any type of concession over it. Likewise, if the municipal corporation were to decide to grant any use permit (in precarious tenure) in the zone it administers, prior to its granting, it must coordinate with MINAET and SINAC the impact of that use on the forest ecosystems (which constitute PNE) surrounding that area, in order to guarantee the compatibility of the authorized use. 9) The municipal corporation, in coordination with MINAET and SINAC, must assess whether the buildings that will be left unoccupied in the area of the maritime zone that does not constitute Natural Heritage of the State are compatible with the forested nature of the rest of the lands that do constitute Natural Heritage of the State. 10) The obligation of the Municipality of Osa to compensate the damage caused to the company Las Ventanas de Osa S.A. is declared, as a consequence of the ordered eviction, specified as the real value of the buildings it constructed. Said amount will be determined in the execution of the judgment. 11) The administrative liability for unlawful conduct and abnormal functioning is declared for the Municipality of Osa, the Costa Rican Tourism Board, and the National Institute of Housing and Urbanism as authors of absolutely null administrative conducts and omissive conducts that caused damages to the forest ecosystem of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa that constitutes Natural Heritage of the State. Likewise, the administrative liability for abnormal functioning is declared for the State and the National System of Conservation Areas, as authors of the already described omissive conducts, which also constituted a cause generating damage to the forest ecosystem of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa that constitutes Natural Heritage of the State. 9) The sued public-law entities are condemned in the abstract to the payment of damages proven in Considering IX of this ruling. The determination of the quantum of those damages and the parameters for compensation shall be made in the execution of the judgment. 12) In accordance with the provisions of Article 122, subsections a and b, 130.3, and 131.1 of the Contentious-Administrative Procedural Code, the annulment decreed by this means will produce effects erga omnes, declaratory and retroactive to the date of the validity of the challenged provisions, without prejudice to rights acquired in good faith and consolidated legal situations. Likewise, once it has become final, the publication of this ruling in the Official Gazette La Gaceta must be ordered, at the expense of the Administrations that approved/enacted the annulled plan.

XIII.- REGARDING COSTS.

In accordance with numeral 193 of the Contentious-Administrative Procedural Code, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by the fact of being so. The exemption from this condemnation is only viable when there is, in the Court's judgment, sufficient reason to litigate or, when the judgment is issued based on evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, this collegiate body finds no reason to apply the exceptions established by the applicable regulation and break the principle of condemning the losing party with respect to the sued public bodies and entities. On the contrary, this jurisdictional body finds that the defendant companies litigated in good faith, therefore the exception contained in the cited Article 193 must be applied. Therefore, both costs are imposed on the sued public bodies and entities, and the companies Las Ventanas de Osa S.A. and Shark Bay Dos Mil S.A. are exempted from this burden.

THEREFORE

The defenses of lack of standing in their dual modality, lack of current interest, lack of right (improperly called sine actione agit), and lack of capacity alleged by the sued public bodies and entities are rejected. The defense of expiration (caducidad) filed by the ICT and the defendant companies is also rejected. The defense of lack of right filed by the companies Las Ventanas de Osa S.A. and Shark Bay Dos Mil S.A. is partially upheld, solely regarding that the area of the maritime-terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa in which no forest cover (cobertura boscosa) exists (as determined in the Survey Report of Natural Heritage of the State ACOSA-GMRN-084, of October 24, 2006) does not constitute Natural Heritage of the State, and that the sued companies are exempted from payment for the damages to the Natural Heritage of the State caused by the challenged administrative conducts. In all other respects, that defense is rejected. Consequently, the complaint is declared partially with merit in the following terms, it being understood as denied in what is not granted. 1) It is declared that the areas with natural forest and with isolated trees in the lands of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa, as classified in the Survey Report of Natural Heritage of the Regulatory Plans of Punta Ventanas and Shark Bay Dos Mil, No. ACOSA-GMRN-084, of October 24, 2006, constitute Natural Heritage of the State and their administration corresponds to MINAET, as indicated in Article 13 of the Forestry Law (Ley Forestal). 2) The remaining zone that, according to the same report, corresponds to the area without forest cover does not constitute Natural Heritage of the State, being therefore under the administration of the Municipality of Osa, as provided in Article 3 of the Maritime-Terrestrial Zone Law. 3) The Coastal Regulatory Plan of Punta Ventanas de Osa, its zoning regulations, and the corresponding maps are declared absolutely null. 4) The absolute nullity is declared of the concession contracts signed by the Municipality of Osa and the company Las Ventanas de Osa S.A., on September 11, 1981, and December 8, 2006. Likewise, the concession contract signed by that same municipal corporation and the company Shark Bay Dos Mil S.A., on December 8, 2006, is annulled as illegal. This declaration encompasses the invalidity of the administrative conducts that served as the basis for those contractual instruments. 5) Due to connected conduct, the municipal agreements adopted by the Municipal Council of Osa in ordinary sessions No. 51-2004, of December 22, 2004, as it approved the Regulatory Plan that is annulled, and No. 26-99, of June 30, 1999, as well as the one adopted in the extraordinary session No. 08-01, of April 30, 2001, are annulled. Likewise, the administrative conduct manifested in the unnumbered official letter of July 26, 2005, signed by Nombre140596, at the time municipal mayor of Osa (folio 54 Volume 2 administrative file of Las Ventanas de Osa, provided by the Municipality), is annulled. Also annulled are the agreement issued by the Board of Directors of the ICT approved in session No. 3092, agreement 4, held on June 23, 1980, Article 5, subsection IV of ordinary session No. 5186, of that same Board, of July 2, 2002, and the administrative acts FOM-ZMT-210-2002, FOM-ZMT-211-2002, and FOM-ZMT-212-2002. 6) The content of the certification issued on October 18, 2007, and signed by the Director of the Osa Conservation Area (ACOSA) is partially annulled, solely regarding the hectares corresponding to forest zones, so that it is adapted and includes within that category both the hectares corresponding to primary forest and those relating to areas with isolated trees, as indicated in the Survey Report of the Natural Heritage of the State Areas in the Regulatory Plans of Ventanas de Osa and Shark Bay S.A. No. ACOSA-GMRN-O84, of October 24, 2006. 7) The occupation that, until today, the defendant companies have been carrying out on the lands of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa is declared illegitimate. 8) To restore the violated urbanistic-environmental legality, MINAET and SINAC must take the necessary actions for the cessation of the occupation that, in the area constituting Natural Heritage of the State, the defendant companies have been carrying out. This includes, of course, ordering the immediate eviction of the sued companies from said lands. 9) Equally, the Municipality of Osa must take the necessary actions for the cessation of the occupation that, in the area that does not constitute Natural Heritage of the State, the company Las Ventanas de Osa S.A. has been carrying out; which includes ordering the immediate eviction of this company from said lands. 10) As long as a Regulatory Plan is not approved in the area of the maritime-terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa that does not constitute Natural Heritage of the State, the Municipality of Osa must refrain from authorizing any type of concession over it. Likewise, if that municipal corporation were to decide to grant any use permit (in precarious tenure) in the zone it administers, prior to its granting, it must coordinate with MINAET and SINAC the impact of that use on the forest ecosystems (which constitute PNE) surrounding that area, in order to guarantee the compatibility of the authorized use with the ecology of the zone. 11) The municipal corporation, in coordination with MINAET and SINAC, must assess whether the buildings that will be left unoccupied in the area of the maritime zone that does not constitute Natural Heritage of the State are compatible with the forested nature of the rest of the lands that do constitute Natural Heritage of the State. 12) The obligation of the Municipality of Osa to compensate the damage caused to the company Las Ventanas de Osa S.A. is declared, as a consequence of the ordered eviction, specified as the real value of the buildings it constructed, at the time this judgment becomes final. Said amount will be determined in the execution of the judgment. 13) The administrative liability is declared for the Municipality of Osa, the Costa Rican Tourism Board, and the National Institute of Housing and Urbanism as authors of absolutely null administrative conducts and omissive conducts that caused damages to the forest ecosystem of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa that constitutes Natural Heritage of the State. Likewise, the administrative liability is declared for the State and the National System of Conservation Areas, as authors of the already described omissive conducts, which also constituted a cause generating damage to the forest ecosystem of the maritime zone of Punta Ventanas de Osa that constitutes Natural Heritage of the State. 14) The sued public-law entities are condemned in the abstract to the payment of damages to the Natural Heritage of the State proven in Considering IX of this ruling, and which are a consequence of the administrative conduct subject to this process. The determination of the quantum of those damages shall be made in the execution of the judgment. 15) The Municipality of Osa and MINAET are ordered, as administrators of the maritime-terrestrial zone and the Natural Heritage of the State respectively, to guarantee free access via public street to the maritime-terrestrial zone of Punta Ventanas de Osa. For this purpose, they must coordinate measures that are compatible with the duty to preserve and conserve the ecosystem comprised in said zone.

16) Until this judgment becomes final, the precautionary measures already ordered shall remain in effect. 17) Both sets of costs shall be borne by the defendant public law entities, and the defendant private companies are exempted from this burden. 18) Once this judgment becomes final, its publication in the Official Gazette La Gaceta shall be ordered, at the expense of the defendant Administrations. NOTIFY.




Cynthia Abarca Gómez




Marianella Álvarez Molina                                               Otto González Vílchez



















  




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